SUMARIO
Sobre diversos asuntos, desde sus curules realizan comentarios, los diputados:
Jaime Fernando Cárdenas Gracia
Enoé Margarita Uranga Muñoz
José Gerardo de los Cobos Silva
Antonio Benítez Lucho
Domingo Rodríguez Martell
Filemón Navarro Aguilar
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Aviación Civil
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del art 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 Quáter de la Ley Federal de Protección al Consumidor
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de decreto que reforma los artículos 28 y 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 13 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de productos milagro
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 2 de la Ley General de Salud
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de cambio climático
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud
Discusión de dictamen de la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Turismo, en materia de turismo de la salud
El diputado Miguel Martínez Peñaloza, fundamenta el dictamen
Pablo Escudero Morales, desde su curul pide información sobre accidente del Secretario de Gobernación
Jaime Fernando Cárdenas Gracia
Lizbeth García Coronado
Miguel Antonio Osuna Millán
Se considera suficientemente discutido en lo general, y es aprobado en lo general y en lo particular de los artículos no reservados
A discusión en lo particular el diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina, presenta propuesta de modificación, que se desecha
Pasa a la Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales
Discusión de dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal
El diputado Arturo Zamora Jiménez, fundamenta el dictamen
Para la discusión, intervienen los diputados:
Pedro Vázquez González
Ezequiel Rétiz Gutiérrez
Víctor Humberto Benítez Treviño
Suficientemente discutido en lo general y en lo particular, es aprobado. Pasa a la Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales
Discusión de dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra el diputado Nazario Norberto Sánchez
Fijan la posición de sus respectivos grupos parlamentarios:
Pedro Vázquez González
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, desde su curul confirma accidente del Secretario de Gobernación y muerte del mismo
Eduardo Ledesma Romo
Agustín Guerrero Castillo
Desde sus curules se refieren al accidente donde pierde la vida el día de hoy, el Secretario de Gobernación y siete funcionarios más; los diputados:
Carlos Alberto Pérez Cuevas, quien solicita minuto de silencio que la Presidencia concede
Juan José Guerra Abud
Guadalupe Acosta Naranjo
José Ramón Martel López
César Augusto Santiago Ramírez
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña
Felipe Solís Acero
Sergio Tolento Hernández
Carlos Alberto Pérez Cuevas
Jorge Antonio Kahwagi Macari
Pedro Jiménez León
Pedro Vázquez González
Jorge Carlos Ramírez Marín
Miguel Angel García Granados
Beatriz Elena Paredes Rangel
Armando Ríos Piter
Rosi Orozco
Javier Corral Jurado
Humberto Lepe Lepe
Justino Eugenio Arriaga Rojas
Víctor Humberto Benítez Treviño
A discusión de dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, participan los diputados:
María Yolanda Valencia Vales
Oscar Martín Arce Paniagua
Jaime Fernando Cárdenas Gracia
Arturo Zamora Jiménez
Se considera suficientemente discutido es aprobado. Pasa a la Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales
Discusión de dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Francisco Edmundo Lechón Rosas para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Eslovaca en Cancún, con circunscripción consular en Quintana Roo y Yucatán
Discusión de dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a cuatro ciudadanos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas, respectivamente
Son aprobados en conjunto los anteriores dos dictámenes. Pasan a la Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales
Respecto al dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, desde su curul realiza comentarios el diputado Filemón Navarro Aguilar
Se reanuda la sesión
De conformidad con lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados, se publican las votaciones de los siguientes dictámenes:
De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Turismo, en materia de turismo de la salud (en lo general y en lo particular los artículos no reservados)
De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Turismo, en materia de turismo de la salud (en lo particular, el artículo 19 Bis 1, reservado, en sus términos)
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal, en materia de robo en transporte ferroviario (en lo general y en lo particular)
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de libertad de expresión (en lo general y en lo particular, con la modificación propuesta y aceptada por la asamblea)
ASISTENCIA
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 264 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor (a las 11:04 horas): Se abre la sesión
ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Consulte la Secretaría a la asamblea si dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa la lectura.
«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Tercer año de ejercicio.— LXI Legislatura.
Orden del día
Viernes 11 de noviembre de 2011
Lectura del acta de la sesión anterior.
Declaratorias de publicidad de dictámenes
De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Aviación Civil.
De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 Quáter de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
De la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de decreto que reforma los artículos 28 y 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 13 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de productos milagro.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 2o. de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en Materia de Cambio Climático.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud.
Dictámenes a discusión de leyes y decretos
De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Turismo, en materia de turismo de la salud.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal.
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al Ciudadano Francisco Edmundo Lechón Rosas, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Eslovaca en Cancún, con circunscripción consular en los Estados de Quintana Roo y Yucatán.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso para que los Ciudadanos: Marisol Reynal Baeza, Fermín Vantí Hernández, Erika de la Torre Crosse y María Isabel Olivares Jiménez, puedan prestar sus servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América y Kuwait en México, y en los Consulados Generales de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Guadalajara, Jalisco.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Cárdenas Gracia.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente, es muy importante. Muchos diputados y diputadas pensamos que se nos había citado para analizar el Presupuesto y nos encontramos con que el orden del día es distinto; estamos de acuerdo, desde luego, no tenemos objeción al mismo, pero sí creo que es importante que se nos informe, a las diputadas y a los diputados que no estamos en la Comisión de Presupuesto ni en las áreas de decisión de esta Cámara, o en las primeras áreas de decisión de esta Cámara, qué procedimiento está siguiendo el análisis del Presupuesto, cuándo va a concluir el análisis, cuándo va a presentar el dictamen la Comisión de Presupuesto a este pleno y cuándo estaremos discutiendo el Presupuesto, presidente.
Creo que es importante, porque muchos diputados han cancelado sus viajes a sus distritos; creo que merecemos, por respeto, todos los diputados, una información completa de lo que usted sepa en torno a la discusión del Presupuesto en la comisión respectiva, presidente. Gracias. *
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sí. La información de la que dispone esta Mesa no es mucho mayor de la que tiene cada uno de los señores diputados presentes; sé que la Comisión de Presupuesto ha sido convocada para la una de la tarde, a efecto de suscribir el acuerdo que daría pie a la discusión, al debate y a la aprobación, en su caso, con las reservas que procedan del Presupuesto de Egresos 2012.
Sé también, por los acuerdos previos que se han venido tomando, que sería una discusión no prolongada, sino manejable, en términos de poder acabar hoy la discusión del Presupuesto.
Sólo lo sé tentativamente, ¿por qué? Por la sencilla razón de que convergen muchas voluntades y son muchos los que tienen que ponerse de acuerdo para que haya este documento y posteriormente, una discusión.
Para no estar en los recesos que acostumbrábamos, sugerimos que hubiera discusión de dictámenes y aprovecháramos el tiempo, dado que estamos reunidos.
Doña Enoé Uranga.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): Presidente, en el mismo tema que aborda el diputado Cárdenas, sólo que en este caso para pedirle a usted que el ánimo al que se nos exhorte sea al de la calma; tenemos hasta el día 15 de noviembre para dictaminar y no creo que en estos temas la premura sea lo indicado, más aún cuando quedan tantos pendientes por resolver, en particular, de los temas que más le duelen al país, como es el de los pueblos indígenas.
Querría suponer que el dictamen llegará a esta soberanía hasta que el tema de los indígenas esté resuelto y por ello, asumiría que no será el día de hoy el día en que estaremos votando el Presupuesto; No entendería la prisa de votarlo el día de hoy, si los grandes temas del país, los que pueden costar vidas humanas por hambre, en un pueblo que se encuentra en crisis, como el nuestro, son obviados de la discusión de presupuestos, teniendo todavía bastantes días para ver cómo estiramos esa cobija tan pequeñita con la que tenemos el margen de revisar en la Cámara, presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, diputada. El diputado Gerardo de los Cobos.
El diputado José Gerardo de los Cobos Silva (desde la curul): Buenos días compañeros, para hacer una manifestación de solidaridad al pueblo de Celaya, porque en esta lucha cruenta que se tiene contra el crimen organizado, en días pasados cayeron varios delincuentes organizados en poder de las autoridades, y esto ha querido ser un caldo de cultivo para querer golpear a la administración de la alcaldesa de Celaya —de extracción panista—, lo cual consideramos que no es lo adecuado. Lo adecuado es que se hagan las investigaciones y que se determinen las responsabilidades para poder llegar a las conclusiones, que son las válidas.
Señor presidente, también nada más decirle que veo con preocupación que este año se nos va y que la reforma laboral no tiene para cuándo; si estuviera aquí presente don Tereso Medina, le podría decir —como se lo he dicho en muchas ocasiones—, que por favor nos presente un anteproyecto de dictamen para estar en posibilidad de dar este resultado, tan esperado para México. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. El diputado Antonio Benítez Lucho.
El diputado Antonio Benítez Lucho(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Quisiera rogarle, muy encarecidamente, señor presidente, que pudiera usted hacer un exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para el efecto de que no se presente el dictamen al pleno hasta que haya consenso en los estados.
¿Cuál sería la prisa de votar el Presupuesto, cuando tenemos de término hasta el 15 de este mes? Me parece inadmisible que haya áreas deficitarias del Presupuesto y que, en el caso de las áreas militarizadas, como es Procuraduría General de la República, como es Marina, como es Gobernación y haya un presupuesto deficitario, como es Comunicaciones y Transportes, como es Salud, como es Educación, ¿cuál es la prisa?
Especialmente, señor presidente, quisiera que usted fuera el conducto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que haya disposición de recursos financieros para la Lotería Nacional, una institución que tiene 241 años de servir a México y me parece que es un símbolo de la asistencia pública.
Si usted me da la oportunidad, quisiera que le rogara usted a la Secretaría si fuera tan amable en leer el artículo 79 constitucional, fracción IV. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Adelante la Secretaría.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la federación de la Cámara de Diputados tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.
Fracción IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades, promover las acciones de responsabilidad que refiere el título cuarto de esta Constitución y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley. Es cuanto, señor presidente.
El diputado Antonio Benítez Lucho(desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado Benítez Lucho, ¿con qué objeto?
El diputado Antonio Benítez Lucho (desde la curul): Para una corrección, señor presidente: 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción IV:
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Ese fue el que leyó, está satisfecha su petición. Tiene la palabra el diputado Domingo Rodríguez Martell.
El diputado Domingo Rodríguez Martell(desde la curul): Gracias, presidente. Primero que nada pedirle a usted, en su calidad de presidente de la Cámara, para que exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que pueda tomar en cuenta las demandas que presentamos el día de ayer para nuestros pueblos y comunidades indígenas.
Ayer accedimos al diálogo; estuvimos en la Comisión de Asuntos Indígenas y estuvieron integrantes de la Comisión de Presupuesto, pero hasta la madrugada de hoy no se ha resuelto absolutamente nada de lo que hemos venido planteando.
Quiero suplicarle a usted, señor presidente, haga todo lo posible para que esta Legislatura del Bicentenario no corra como si nada; esta Legislatura del Bicentenario tiene que ver mucho con la historia de nuestro país y con los pueblos y comunidades indígenas.
Consideramos que es justo, es importante que se tome en cuenta esta demanda de un Presupuesto digno, porque los pueblos y comunidades indígenas también somos parte de ese país; por lo tanto, suplico nuevamente que haga lo posible, haga un llamado para que la gente que integra esta comisión considere nuestra demanda.
También pedimos, que —en tanto esto no se resuelva— no se someta a votación el Presupuesto de Egresos de la Federación, hay cosas que aún no se resuelven. De lo contrario, nuevamente estaremos obligados a hacer acciones que no nos gustan, pero no nos queda de otra, porque los pueblos y comunidades hemos sido olvidados por muchos años; no me vengan ahora con la idea de la gradualidad, tenemos 500 años que no se nos ha tomado en cuenta; por eso es que atentamente reitero la petición, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se hará el exhorto correspondiente. Tiene la palabra el diputado Filemón Navarro Aguilar.
El diputado Filemón Navarro Aguilar (desde la curul): Gracias, presidente. En el mismo sentido de mi compañero diputado Domingo, manifestar mi preocupación respecto a la atención que hemos recibido como diputados de la Comisión de Asuntos Indígenas, que el día de ayer nos vimos obligados a tener que tomar la tribuna para que el tema se pudiera atender por esta Cámara de Diputados; ya casi un tema que se ha marginado dentro de la agenda legislativa de los grupos parlamentarios, pero que también ha sido marginado en la discusión del Presupuesto.
En los pueblos indígenas se concentra la mayor marginación y pobreza, la carencia de los servicios más indispensables; sin embargo, es donde menor cantidad de Presupuesto se le designa.
Como representantes de esos pueblos, no estamos dispuestos a tolerar que esta Cámara siga marginando a nuestras hermanas y a nuestros hermanos indígenas; por eso ayer nos vimos en la necesidad de tomar la tribuna, para que el tema sea considerado y tomado como un tema de seguridad nacional, porque si no se atiende de manera oportuna, puede al rato generar un estallido social y no queremos que se llegue a ese nivel.
Como representantes populares estamos obligados a darle la atención oportuna y ésta es mediante un Presupuesto digno para nuestras comunidades indígenas; por eso hacemos el llamado y apelamos a su sensibilidad, presidente, para que la Comisión de Presupuesto considere la petición que hemos planteado de que se dé un Presupuesto digno para nuestras comunidades indígenas. De lo contrario, no vamos a cejar en nuestra demanda de que se incremente el Presupuesto para pueblos indígenas y llevaremos nuestra lucha hasta las últimas consecuencias para que nuestras comunidades reciban este beneficio.
Estoy consciente de que no hay grupo parlamentario aquí que se oponga a que se destinen más recursos para los pueblos indígenas, pero quiero que lo concretemos en los hechos y que no lo dejemos sólo en el discurso. Es cuanto, presidente.
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves diez de noviembre de dos mil once, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.
Presidencia del diputadoEmilio Chuayffet Chemor
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos cincuenta y tres diputadas y diputados, a las diez horas con dieciséis minutos del jueves diez de noviembre de dos mil once, el Presidente declara abierta la sesión.
A las diez horas con veintitrés minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia, con un registro de doscientos ochenta y cinco diputadas y diputados.
En sendas votaciones económicas, la Asamblea dispensa la lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior, y de la misma manera aprueba esta última.
En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios con relación al orden del día y a diversos temas legislativos los diputados José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, ambos del Partido del Trabajo; César Augusto Santiago Ramírez, Pedro Ávila Nevárez, y Silvia Fernández Martínez, del Partido Revolucionario Institucional; Ramón Jiménez López, del Partido de la Revolución Democrática; Porfirio Muñoz Ledo, del Partido del Trabajo; y César Francisco Burelo Burelo, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.
Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:
a) De la Mesa Directiva:
• La Presidencia informa que se recibieron de la Cámara de Senadores, un Acuerdo aprobado y trece proposiciones con puntos de acuerdo, relativos al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil doce, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, los cuales fueron remitidos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
• En relación con modificación de turno de iniciativa. De conformidad con los artículos setenta y tres, y setenta y cuatro, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno y se instruye su publicación en el Diario de los Debates y la actualización los registros parlamentarios.
b) De la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de Integrantes de Comisiones Ordinarias. De enterado. Comuníquese.
c) Del diputado Maurilio Ochoa Millán, por la que solicita que su iniciativa presentada el once de octubre del año en curso, sea retirada de la Comisión de Seguridad Social. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.
d) Del Banco de México, con la que remite Informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país, del periodo comprendido de julio a septiembre de dos mil once. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
e) Dos de la Secretaría de Gobernación, con las que remite contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos a la emisión de Declaratoria de Emergencia por las lluvias severas y deslaves en Oaxaca; y para implementar políticas públicas para prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación en nuestro país. Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.
f) De diversas autoridades de los estados de Colima, Guanajuato, Morelos y Tabasco, con las que remiten contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos a la capacitación de los servidores públicos en materia de Derechos Humanos de las Mujeres y de Perspectiva de Género. Se remiten a la Comisión de Equidad y Género, para su conocimiento.
g) De la Cámara de Senadores, con la que remite Minutas con proyecto de decreto:
• Que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos setenta y cinco y ciento veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de la Función Pública, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
• Que establece las características de una Moneda Conmemorativa del CL Aniversario de la Batalla de Puebla del cinco de Mayo de mil ochocientos sesenta y dos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
h) Iniciativas con proyecto de decreto:
• Del Congreso del Estado de Chihuahua, con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Educación; de Cultura Física y Deporte; y para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, de Juventud y Deporte, y de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.
• Del Congreso del Estado de Yucatán, con Proyecto de Decreto que adiciona un séptimo párrafo a la fracción tercera del artículo ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
i) De la Cámara de Senadores, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción novena al artículo ciento setenta y seis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Desde su curul realiza moción de procedimiento el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.
Se someten a discusión los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:
a) Unidas de Salud y de Ciencia y Tecnología, que adiciona una fracción séptima, al artículo cien de la Ley General de Salud. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro los diputados Guadalupe Eduardo Robles Medina, del Partido Acción Nacional; y Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se considera suficientemente discutido, y en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos cuarenta y seis votos a favor; y una abstención. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.
b) De Derechos Humanos, que reforma y adiciona los artículos once, doce y trece de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro las diputadas Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, del Partido Acción Nacional; y Florentina Rosario Morales, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se considera suficientemente discutido, y en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos ochenta y dos votos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
Desde su curul realiza comentarios con relación a diversos temas legislativos el diputado José Narro Céspedes, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.
c) De Desarrollo Social, que Expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada Narcedalia Ramírez Pineda. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro los diputados Carlos Flores Rico, del Partido Revolucionario Institucional; Jaime Fernando Cárdenas Gracia, y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, ambos del Partido del Trabajo. En votación económica se considera suficientemente discutido, y en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos ochenta y dos votos a favor; y una abstención. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
d) Unidas de Economía, y de Fomento Cooperativo y Economía Social, con Proyecto de Decreto que expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del artículo veinticinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Ildefonso Guajardo Villarreal. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; Víctor Hugo Cirigo Vasquez, del Partido Verde Ecologista de México; Rodolfo Lara Lagunas, del Partido de la Revolución Democrática; Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, del Partido Acción Nacional; y José Manuel Agüero Tovar, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e interviene en contra el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, y en pro los diputados Víctor Hugo Cirigo Vasquez, del Partido Verde Ecologista de México; y Guadalupe Acosta Naranjo, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente informa a la Asamblea que a solicitud de coordinadores de los grupos parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política, se difiere la votación de este dictamen para la semana próxima, en los siguientes términos: se dará inicio con la votación en lo general, dado que la discusión ya fue agotada, y posteriormente se discutirán las reservas a los artículos dieciséis, fracción primera; y veinticinco fracción octava.
En su oportunidad y desde sus curules realizan moción de procedimiento los diputados Luis Enrique Mercado Sánchez, del Partido Acción Nacional; y Juan José Guerra Abud, del Partido Verde Ecologista de México. El Presidente hace aclaraciones.
e) De Economía, que reforma el artículo ciento veintinueve de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Alejandro Cano Ricaud. Se somete a discusión en lo general e interviene en contra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, y en pro el diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Partido Acción Nacional. En votación económica se considera suficientemente discutido, y en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos ochenta y tres votos a favor; dos en contra; y una abstención. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
f) De Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, que adiciona un segundo párrafo al inciso a) de la fracción primera del artículo veinte de la Ley de Nacionalidad. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro los diputados Norma Leticia Salazar Vázquez, del Partido Acción Nacional; y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. En votación económica se considera suficientemente discutido y en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos noventa y nueve votos a favor; y una abstención. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios relativos a la sequía en el norte del país los diputados Yolanda de la Torre Valdez, Óscar García Barrón, Pedro Ávila Nevárez, y Miguel Ángel García Granados, del Partido Revolucionario Institucional; Héctor Elías Barraza Chávez, del Partido de la Revolución Democrática; y Gerardo Sánchez García, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.
g) De Medio Ambiente y Recursos Naturales:
• Que reforma los artículos veintidós, veintidós Bis; cuarenta y uno y ciento dieciséis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro los diputados María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática.
Diputados de diversos grupos parlamentarios desde la tribuna realizan comentarios con relación al presupuesto destinado a los pueblos indígenas, y desde su curul interviene el diputado Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México. El Presidente hace aclaraciones y a las trece horas con catorce minutos declara un
Receso
A las trece horas con treinta y un minutos se reanuda la sesión.
Se continúa con la intervención en pro de la diputada Laura Arizmendi Campos, del Movimiento Ciudadano. En votación económica se considera suficientemente discutido, y en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos cuarenta y ocho votos a favor; y dos abstenciones. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
• Que reforma el artículo tercero de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro los diputados María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática; y Alejandro Bahena Flores, del Partido Acción Nacional. En votación económica se considera suficientemente discutido, y en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos cuarenta y tres votos a favor; y una abstención. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
h) Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública, que reforma la fracción tercera del artículo cincuenta y siete, de la Ley de Seguridad Nacional. Se somete a discusión en lo general e intervienen en contra los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia; Juan Enrique Ibarra Pedroza; y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, y en pro los diputados Bonifacio Herrera Rivera, del Partido Acción Nacional; y Nazario Norberto Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se considera suficientemente discutido, y en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos veintiún votos a favor; veintiséis en contra; y siete abstenciones. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
i) De Gobernación, que reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro los diputados Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Partido Acción Nacional; y Nazario Norberto Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se considera suficientemente discutido, y en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos veinticinco votos a favor; uno en contra y dos abstenciones. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.
En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios los diputados Tomás Gutiérrez Ramírez, del Partido Acción Nacional; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; Salvador Caro Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional; y José Narro Céspedes, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.
j) La Secretaría da lectura a los siguientes dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación, que concede permiso a los ciudadanos:
• Sandra Isabel Vázquez Castillo, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Belice en Veracruz, con Circunscripción Consular en el Estado de Veracruz y a Luis Augusto Lutteroth del Riego, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Japón en Tijuana Baja California, con Circunscripción Consular en el Estado de Baja California.
• Juan Manuel Guerrero López, Héctor Daniel Padilla Yáñez, José Hernández Herrera y Beatriz Adriana Reyes Espinoza, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, y sus Consulados Generales en Ciudad Juárez, Chihuahua y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Sin orador alguno, se consideran suficientemente discutidos y en votación nominal se aprueban los proyectos de decreto en lo general y en lo particular por trescientos cinco votos a favor; uno en contra y dos abstenciones. Pasan al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.
Se informa a la Asamblea que por disposición de la Mesa Directiva, y a petición de los diputados Óscar García Barrón, del Partido Revolucionario Institucional, y José Narro Céspedes, del Partido de la Revolución Democrática, se incluye en el turno de las siguientes iniciativas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que emita dictamen: por el que se integra un fondo especial de recursos económicos por diez mil millones de pesos para atender los daños ocasionados por las contingencias climatológicas de sequía en los estados de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y parte de Guanajuato; por las heladas en los estados de Tlaxcala, Puebla, estado de México e Hidalgo; y por inundaciones en el estado de Tabasco.
Se someten a discusión los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo, a cuyos encabezados se da lectura:
a) Del Distrito Federal, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que presente ante la Asamblea Legislativa una iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal para el Distrito Federal. Se somete a discusión e interviene en contra el diputado Agustín Guerrero Castillo, del Partido de la Revolución Democrática; y en pro el diputado Vidal Llerenas Morales, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica no se considera suficientemente discutido, se abre una segunda ronda e interviene en pro la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Partido Acción Nacional. Se concede el uso de la palabra para rectificación de hechos a los diputados Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo; y Avelino Méndez Rangel, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se considera suficientemente discutido, y de la misma forma se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.
b) Unidas de Economía, y de Energía, por los que solicita al Ejecutivo Federal, acreditar por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Energía, organismos de certificación que verifiquen el cumplimiento de la nom-017-ener/scfi- dos mil ocho, sobre lámparas fluorescentes compactas que se comercialicen en el territorio nacional. Se somete a discusión en lo general e interviene en pro el diputado Ramón Jiménez López, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se considera suficientemente discutido.
c) De Marina, por el que solicita a la Secretaría de Marina que realice y evalúe la viabilidad de instalar una estación naval en la presa “La Amistad”, ubicada en Acuña, Coahuila, a fin de reforzar las estrategias de Seguridad Nacional y combate a la delincuencia organizada en esa zona fronteriza. Sin orador alguno, se considera suficientemente discutido.
En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo. Comuníquense.
Se da cuenta con propuestas de acuerdo de la Junta de Coordinación Política:
• Por el que se exhorta a diversas secretarías de estado y la Procuraduría General de la República, a efecto de ampliar el operativo denominado ”Guerrero Seguro”, actualmente en aplicación en el municipio de Acapulco, al municipio de Zihuatanejo de Azueta y otras zonas del estado de Guerrero. Se somete a discusión en lo general e interviene en contra el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña del Partido del Trabajo. En votación económica se considera suficientemente discutido, de la misma forma se aprueba el acuerdo. Comuníquese.
• Por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública Federal para que se realicen los estudios técnicos, jurídicos y económicos que permitan el traslado de la población penitenciaria interna en el Centro Federal de Readaptación Social número cuatro, ubicado en Tepic, Nayarit, al complejo penitenciario de las Islas Marías. Desde su curul hace comentarios con relación al tema la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso, de Nueva Alianza. Se somete a discusión e interviene en contra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, y en pro el diputado Manuel Humberto Cota Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se considera suficientemente discutido, de la misma forma se aprueba el acuerdo. Comuníquese.
• Por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua, para que realice una investigación en la Barranca México sesenta y ocho, localizada en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, que permita establecer los límites comprendidos de la zona sujeta a conservación ambiental. Se somete a discusión e interviene desde su curul el diputado Sergio Mancilla Zayas, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se considera suficientemente discutido, de la misma forma se aprueba el acuerdo. Comuníquese.
En su oportunidad y desde su curul realizan rectificación de hechos los diputados José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; María Hilaria Domínguez Arvizu, y Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, ambos del Partido Revolucionario Institucional.
De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo de las que se haya recibido comunicación para ser registradas en la siguiente sesión, se turnan:
a) Iniciativas con proyecto de decreto, de los diputados:
• José Ignacio Pichardo Lechuga, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
• José Ramón Martel López, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo diecisiete de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
• Jorge Antonio Kahwagi Macari, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
• Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos tercero de la Ley General de Protección Civil y treinta y siete de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
• Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, que reforma los artículos segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
• Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo, que adiciona los artículos ciento cincuenta y siete Ter y ciento cincuenta y siete Quáter a la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
• Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
• Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, que reforma los artículos diez, veinticinco y veintinueve de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Se turna a la Comisión de la Función Pública, para dictamen.
• Jaime Flores Castañeda, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
• Norma Sánchez Romero, del Partido Acción Nacional, que adiciona un artículo mil trescientos setenta y ocho Bis y reforma el artículo mil trescientos noventa y nueve del Código de Comercio. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.
José Narro Céspedes, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos ciento nueve, ciento sesenta y siete y ciento noventa de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
• • Liborio Vidal Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
• Jaime Flores Castañeda, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley General de Protección Frente a la Violencia Ejercida en Contra de los Varones. Se turna a la Comisión de Equidad y Género, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
• Norma Sánchez Romero, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
• Ariel Gómez León, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos treinta y siete y cuarenta de la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para dictamen.
• Luis García Silva, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cincuenta de la Ley Aduanera. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
• Gerardo Sánchez García, del Partido Revolucionario Institucional, que crea el Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero, como un organismo público descentralizado del Gobierno Federal y expide su Ley Orgánica. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
• María Felicitas Parra Becerra, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.
• Alma Carolina Viggiano Austria, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
b) Proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:
• Jaime Flores Castañeda, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, supervise los servicios de dietas telefónicas que se ofrecen mediante spots transmitidos por radio y televisión, debido a que en México se están sufriendo serios trastornos alimenticios que perjudican a nuestra juventud y niñez. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
• Rosi Orozco, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Fiscalía de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Procuraduría General de Justicia del estado de Jalisco y a las autoridades de la Delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal, tomen las medidas correspondientes a fin de evitar que se utilicen las instalaciones de las mismas en actividades ajenas a su naturaleza y se sancione de manera enérgica a quienes incurran en dichas prácticas. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
• Ana Georgina Zapata Lucero, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, diseñe de manera coordinada con el Gobierno del estado de Chihuahua, políticas públicas y comerciales que coadyuven al mejor desarrollo económico del estado con el objeto de atraer mayor inversión nacional y extranjera y establecer canales para comercializar y posicionar los productos de exportación chihuahuenses en los diferentes países con los que México ha celebrado tratados de libre comercio. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.
• Jaime Oliva Ramírez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, para que los planes y programas de estudio para la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, comprendan lo relativo al conocimiento y dominio del idioma inglés, así como del uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, con base en los estándares que al efecto ha emitido la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
• Ana Georgina Zapata Lucero, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través del Consulado General de México en Raleigh, se brinde la asistencia y protección que requieran los mexicanos para garantizar el respeto a sus derechos, independientemente de su condición migratoria. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.
• Melchor Sánchez de la Fuente, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, instrumente un nuevo programa de chatarrización con el objeto de retirar unidades vehiculares con más de diez años de antigüedad de la circulación. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.
• José Ramón Martel López y suscrito por diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, declare el año dos mil doce como el del bicentenario del rompimiento del sitio de Cuautla de mil ochocientos doce. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
El Presidente clausura la sesión a las quince horas con treinta y cinco minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el día de mañana viernes once de noviembre de dos mil once a las once horas.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobada el acta. Declaratoria de publicidad de dictámenes. Proceda la Secretaría.
LEY DE AVIACION CIVIL
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Aviación Civil
Honorable Asamblea:
La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 87, 157, 158 y 167, numeral 4, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen:
Antecedentes
1. En sesión ordinaria de fecha 19 de enero de 2011, el diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometió a consideración de esta Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil.
2. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva acordó turnar la iniciativa que nos ocupa a la Comisión de Transportes para su estudio y dictamen, mediante expediente DGPL 61-II-7-811.
Derivado de lo anterior, esta Comisión realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.
Descripción de la iniciativa
Expone el diputado Guerra Abud que la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) indica que la aviación es una de las actividades más importantes en la economía mundial, ya que estimula el comercio y el turismo, genera oportunidades de negocio y mejora la calidad de vida de regiones desarrolladas y en desarrollo.
Actualmente, la aviación genera 32 millones de empleos y sus actividades contribuyen a generar cerca del 8 por ciento del producto interno bruto mundial; la aviación transporta anualmente 2 mil millones de pasajeros y 35 por ciento de los bienes exportados entre regiones. Además, 40 por ciento de los turistas internacionales viajan por aire. Sin embargo, IATA también reconoce que la aviación es una fuente importante de ruido y es responsable del 3 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. De estas emisiones, el 80 por ciento corresponde a vuelos de pasajeros, mayores a 1,500 kilómetros.
Debido a que la aviación comercial es la manera más efectiva de viajar grandes distancias en poco tiempo, no existen alternativas de sustitución; sin embargo, el sector está buscando la reducción de emisiones y ruido por otros métodos.
IATA, en colaboración con la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, por sus siglas en inglés), se ha comprometido a lograr que la aviación mundial tenga un crecimiento neutral en carbono, con una mejora promedio de 1.5 por ciento anual en la eficiencia de combustible entre 2009 y 2020, y una reducción de 50 por ciento de emisiones de C02 para el año 2050.
Para lograr lo anterior, se plantean las directrices observadas en la siguiente gráfica: renovación de flota, operaciones, infraestructura, tecnología en maquinaria y componentes de aeronaves, biocombustibles y mecanismos económicos.
Cabe mencionar que la renovación de flota es la directriz principal para lograr la reducción de ruido. Con esta medida se pretende disminuir en 50 por ciento el ruido ocasionado por los aviones para el año 2020.
Al respecto, México carece de políticas claras de mitigación de ruido y emisiones de la aviación. El Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012 (PECC), no contiene objetivos en este ámbito; sin embargo, sí contiene un objetivo, con sus respectivas estrategias, líneas de acción y metas, relativo a la adaptación al cambio climático en el sector de aeropuertos y trasportación aérea:
“Objetivo 3.6.3. Profundizar conocimientos sobre los impactos y la vulnerabilidad de la infraestructura aérea ante la variabilidad natural del clima y el cambio climático.”
Consideraciones de la Comisión
Primera. La infraestructura es fundamental para el desarrollo económico y social y provee el fundamento de la actividad económica moderna. México tiene rezagos en infraestructura que afectan la calidad de vida de la población, reduciendo la competitividad de su economía. Actualmente, coexisten necesidades de conservación, modernización y expansión de la infraestructura que deben ser atendidas.
Para el aumento de inversión en infraestructura, específicamente en su sector aeronáutico, se requiere el empleo de nuevos mecanismos para su desarrollo, perfeccionando distintos esquemas dentro de dicho sector, fortalecer su capacidad institucional y modernizar su marco legal y regulatorio, entre otros factores.
Segunda. En cuanto a la iniciativa de mérito, se conoce que desde la celebración de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, prácticamente todos los países del mundo se han involucrado en acciones y programas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y para reducir o evitar los impactos de los cambios que ya son inevitables. Para ello se han establecido dos grandes estrategias: la mitigación y la adaptación.
Tercero. En el contexto del cambio climático, la mitigación es la intervención antropogénica para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero, asimismo, es importante mencionar que el dióxido de carbono, junto al vapor de agua y otros gases, es uno de los gases de efecto invernadero (GEI), que contribuyen a que la Tierra tenga una temperatura habitable. Sin embargo, un exceso de dióxido de carbono se supone que acentuaría el fenómeno conocido como efecto invernadero, reduciendo la emisión de calor al espacio y provocando un mayor calentamiento del planeta.
Cuarta. Para la instrumentación de las acciones de mitigación acordadas en la Convención, se adoptó en 1997 en Kioto, Japón, el Protocolo de Kioto, entrando en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. Su naturaleza jurídica consiste en que es un acuerdo internacional que tiene por objeto reducir las emisiones de seis gases que causan el calentamiento global. Asimismo, se busca cumplir este propósito atendiendo al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que implica que aquellos países que han conseguido un alto nivel de desarrollo a costa de emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero, deben realizar más acciones frente al fenómeno.
Quinta. Los países en vías de desarrollo como México, no asumen dicho compromiso, pero sí reciben el exhorto de que adopten formas de producción y de generación de energía con bajos niveles de emisión de gases de efecto invernadero.
Sexta. Es por ello que en México se desarrollan ya múltiples acciones y programas encaminados a la mitigación de las condiciones que están acelerando el cambio climático. Estas iniciativas han sido promovidas y ejecutadas lo mismo por los diferentes niveles de gobierno que por el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación superior e instancias internacionales.
Séptima. Por lo anterior esta Comisión de Transportes considera viable la iniciativa presentada por el diputado Guerra Abud, toda vez que la propuesta instada, consiste en su parte medular en aplicar mecanismos como el impulsar a la eficiencia y tecnologías limpias, incluyendo las fuentes renovables para la generación de energía, la promoción del uso eficiente de energía en el ámbito de transporte aéreo; impulsar la adopción de estándares internacionales en materia de emisiones y específicamente actualizando la legislación federal en materia de mitigación de ruido y emisiones contaminantes de la aviación.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Transportes somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente:
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Aviación Civil
Artículo Único.Se reforman los artículos 6, fracción V; 15, fracción X, y 76, segundo párrafo; y se adicionaun artículo 76 Bis a la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:
Artículo 6....
I. a IV....
V. Expedir y aplicar, en coordinación con las Secretarías competentes, las medidas y normas de seguridad e higiene y en materia ambiental, que deben observarse en los servicios de transporte aéreo, así como verificar su cumplimiento;
VI. a XVI. ...
...
Artículo 15....
I. a IX....
X. Infringir las medidas y normas de seguridad, higiene y protección al ambiente en materia de aeronavegabilidad;
XI. a XIII. ...
Artículo 76....
La Secretaría fijará los plazos para que se realicen adecuaciones en las aeronaves que, para los efectos de este artículo, así lo requieran y, en su caso, establecerá los lineamientos para la sustitución de la flota aérea y para impulsar mejoras tecnológicas de las aeronaves y sus combustibles.
Artículo 76 Bis. La Secretaría establecerá convenios o acuerdos de coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para promover la eficiencia en las operaciones e infraestructura aeroportuaria, con el fin de reducir el ruido y las emisiones contaminantes en los servicios de transporte aéreo.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En el Programa Nacional de Normalización 2011 y subsecuentes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá contribuir en la formulación de Normas Oficiales Mexicanas relativas al contenido del presente decreto.
Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados, a 30 de marzo de 2011.
La Comisión de Transportes, diputados:Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Cuauhtémoc Salgado Romero, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González, Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villarreal, Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se cumple la declaratoria de publicidad.
LEY DE AGUAS NACIONALES
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales
A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respecto de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, presentada por el diputado Eduardo Mendoza Arellano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
En virtud del análisis y estudio de la iniciativa que se dictamina, esta Comisión Legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numeral 1 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157, numeral I, fracción I; 158, numeral I, fracción IV y 167, numeral 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:
I. Antecedentes
1. Con fecha 25 de noviembre del 2009, el diputado Eduardo Mendoza Arellano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la iniciativa que pretende reformar y adicionar diversas disposiciones la Ley de Aguas Nacionales.
2. Ese mismo día, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Recursos Hidráulicos para efecto de su dictaminación.
3. La iniciativa en estudio, materia del presente dictamen plantean el siguiente proyecto de decreto:
Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 6, fracción VII; 7, fracción VII; 7 BIS, fracción VII; 9, fracción XIV; 12 Bis 6, fracción VIII, 13 Bis 3, fracción XVII y 14 bis 5, fracción XII, 22, inciso e) segundo párrafo, 28, fracción VII BIS, 96 BIS 2, fracciones VII y VIII.
Artículo 6. Compete al Ejecutivo federal
I. a VI. ...
“VII. Aprobar el Programa Nacional Hídrico, conforme a lo previsto en la Ley de Planeación, y emitir políticas y lineamientos que orienten la gestión sustentable de las cuencas hidrológicas y de los recursos hídricos, considerándose a la extracción, distribución, reuso, e infiltración de aguas urbanas como parte integral del manejo sustentable de los recursos hídricos.”
Artículo 7. Se declara de utilidad pública
I. a VI. ...
“VII. El mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, la prevención y control de su contaminación, la recirculación, y el reuso de dichas aguas, así como la construcción y operación de obras de prevención, control y mitigación de la contaminación del agua, incluyendo plantas de tratamiento de aguas residuales así como sistemas para la infiltración de aguas urbanas residuales.”
Artículo 7 BIS. Se declara de interés público:
I. a VI. ...
“VII. El control de la extracción y de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas superficiales y del subsuelo. De igual manera, el reuso de las aguas urbanas residuales mediante previo tratamiento o infiltración para reabastecer los mantos acuíferos.”
Artículo 9. ...
I. a XIII. ...
“XIV. Fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado, los de saneamiento, tratamiento, reuso e infiltración de aguas, los de riego o drenaje y los de control de avenidas y protección contra inundaciones en los casos previstos en la fracción IX del presente artículo; contratar concesionar o descentralizar la prestación de los servicios que sean de su competencia o que así convenga con los gobiernos estatales y, por conducto de estos, con los municipales o con terceros;”
Artículo 12 Bis 6. ...
I. a VII. ...
“VIII Fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado; los de saneamiento, tratamiento, infiltración y reuso de aguas; los de riego o drenaje y los de control de avenidas y protección contra inundaciones: en su caso, contratar o concesionar las prestación de los servicios que sean de su competencia o que así convenga con los gobiernos de los estados o con terceros;”
Artículo 13 Bis 3. Los Consejos de Cuenca tendrán a su cargo:..
I. a XVI. ...
“XVII. Impulsar el uso eficiente y sustentable del agua, y en forma específica impulsar el reuso, la recirculación e infiltración de aguas;
Artículo 14 Bis 5. Los principios que sustentan la política hídrica nacional son:
I. a XI. ...
“XII. El aprovechamiento del agua debe realizarse con eficiencia y debe promoverse su reuso, recirculación e infiltración para reabastecer los mantos acuíferos.
Artículo 22. “La autoridad del agua” deberá contestar las solicitudes dentro de un plazo que no excederá sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente.
a) a d)
e) Las condiciones particulares de descarga de agua residual a cuerpos receptores que hubieren sido dictadas por la autoridad.
...
La autoridad del agua establecerá estímulos fiscales en el pago de derechos, a aquellos usuarios cuyas descargas de agua residual previo tratamiento de acuerdo a las normas de calidad correspondientes se destinen a la infiltración individual de los acuíferos.
Artículo 28. Los concesionarios tendrán los siguientes derechos:
I. a VII. ...
VII Bis. Ser beneficiario de incentivos fiscales cuando el usuario destine las aguas a la infiltración previo tratamiento correspondiente.
Artículo 96 Bis 2. Se consideran como obras públicas necesarias que competen al Ejecutivo federal a través de la “Comisión”, las que:
I. a VI. ...
VII. Permitan llevar a cabo el aprovechamiento de aguas residuales mediante su reuso e infiltración a los mantos acuíferos.
VIII. Sean necesarias para el cumplimiento de esta ley y sus reglamentos.
Transitorio
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.
Para argumentar su iniciativa, el diputado Eduardo Mendoza Arellano señala lo siguiente:
La situación del agua en México, es uno de los problemas más urgentes a los que hace frente la sociedad. Dicho recurso ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo regional y nacional, ya que durante décadas el uso del agua en irrigación, ciudades e industrias, ha estado supeditado al desarrollo de infraestructura hidráulica; sin embargo, el crecimiento de la población y la urbanización han incrementado las demandas de agua, por lo que han surgido conflictos entre los usuarios urbanos y rurales, entre ciudades vecinas y, de manera más frecuente, entre los estados y las regiones vecinas.
Las brechas crecientes entre quienes tienen acceso al servicio de agua con los que no lo tienen, el mayor deterioro de la calidad del agua en los ríos y lagos, la degradación de los servicios de suministro de agua debida al deficiente mantenimiento de las instalaciones, así como a la poca capacidad tanto técnica como administrativa de las organizaciones encargadas de proporcionarlos; amén del desperdicio de agua o las prácticas de uso ineficiente del recurso, constituyen, entre otras cosas, problemas que exigen nuevos planteamientos para la regulación y administración del agua en México.
Como puede observarse el agua como elemento vital para la subsistencia del ser humano y el desarrollo de las civilizaciones, ha llevado, a través de la historia de nuestro país, a realizar grandes construcciones para el abastecimiento del agua, esto último se ha logrado cada vez con mayor trabajo y también con mayores costos; sin embargo el agotamiento de los medios tradicionales de abastecimiento como lo eran lagos, lagunas, ríos, entre otros, ha hecho cada vez más difícil la obtención del preciado recurso, lo que ha llevado a la explotación sin control de los mantos acuíferos.
Se calcula que en los últimos 40 años, los acuíferos en México han sido sobreexplotados y a pesar de esto se sigue extrayendo agua a un ritmo de 5 mil 400 millones de metros cúbicos por año.
De acuerdo a lo señalado por la Comisión Nacional del Agua, tenemos en el país 653 acuíferos, de los cuales 104 se encuentran sobreexplotados. Los acuíferos del Valle de México, los acuíferos de La Laguna, los acuíferos en el estado de Chihuahua y en general muchos de los acuíferos asociados a los distritos de riego, son los que están más sobreexplotados.
Esta sobreexplotación ha ocasionado la pérdida de ecosistemas, asentamientos, agrietamientos en la superficie, contaminación del agua subterránea, la intrusión de salinidad en acuíferos costeros además de un incremento en los costos de extracción.
México cuenta con una red hidrográfica de 633 mil kilómetros, donde destacan 50 ríos principales por los que fluye el 87 por ciento del escurrimiento superficial y cuyas cuencas cubren 65 por ciento de la superficie nacional, por lo que el agua subterránea solo proporciona 37 por ciento del volumen total concesionado para usos consuntivos.
Las actividades humanas en la superficie pueden constituir una amenaza a la calidad del agua subterránea. La contaminación de los mantos acuíferos ocurre cuando la carga de contaminantes sobre los subsuelos generados por descargas o lixiviados de actividades urbanas, industriales, agrícolas o mineras no es controlada adecuadamente, de tal manera que ciertos componentes exceden la capacidad natural de atenuación del subsuelo y estratos subyacentes.
Existe un gran desequilibrio entre disponibilidad de agua-actividad económica. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las zonas norte, centro y noroeste, donde se aglutina 77 por ciento de la población, en las que se genera 87 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), registran únicamente 31 por ciento del agua potable, mientras que las regiones sur y sureste, donde habita 23 por ciento de la población, se produce el 13 por ciento del PIB, concentrándose 69 por ciento. En 30 años el número de mantos acuíferos sobreexplotados ha ido en aumento; en 1975 había 32 en esta situación; actualmente existen 104 de un total de 653.
II. Consideraciones
Primera.Esta comisión dictaminadora considera que las reformas y adiciones son viables puesto que la sobreexplotación de los mantos acuíferos revela que estos no están siendo administrados de manera racional y sustentable; ya que el concepto de gestión hidráulica es de reciente cuño, éste inicia el desarrollo en nuestra sociedad de una cultura del agua que abarque no sólo la obtención y distribución de los recursos hidráulicos, contemplando el ciclo del agua para su reuso, recirculación, así como la infiltración del agua, como actividades necesarias en la conservación de esta fuente de vida.
Segunda. Así mismo, esta dictaminadora está de acuerdo en que existe una gran necesidad de llevar a cabo campañas y acciones prácticas destinadas a proteger la calidad natural del agua subterránea, las cuales se pueden justificar, sobre la base, tanto de criterios de sustentabilidad ambiental, como en el de atraer beneficios económicos. La infiltración de aguas residuales mediante su previo tratamiento, es una de las medidas que coadyuvarían a recuperar el nivel de los mantos acuíferos ante la sobreexplotación a la que están siendo sometidos y al respecto la Ley de Aguas Nacionales se refiere de manera difusa e inconexa al concepto de infiltración, sin darle mucha importancia al tema dentro de las políticas hídricas.
Tercera. De esta manera, el sentido de esta iniciativa tiene por objeto considerar a la infiltración de agua como una medida que coadyuve a mantener los niveles de los mantos acuíferos, mediante su recarga natural o artificial, utilizando las técnicas de las que se dispone en la actualidad, ya que al considerar esta acción como de utilidad e interés público, se establece en el futuro inmediato, la obligación de llevar a cabo acciones y estudios necesarios para el desarrollo de técnicas que mejoren esta actividad y que permitan abaratar los costos de operación.
Por lo anterior expuesto y fundado, la comisión de Recursos Hidráulicos somete a la consideración de sus integrantes el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales
Artículo Único. Se reforman: la fracción VII del artículo 6; la fracción VII del artículo 7; la fracción VII del artículo 7 BIS; la fracción XIV del artículo 9; la fracción VIII del artículo 12 BIS 6; la fracción XVII del artículo 13 BIS 3; la fracción XII del artículo 14 bis 5, y la fracción VII del artículo 28; y se adicionan un segundo párrafo al inciso e) del séptimo párrafo del artículo 22; una fracción VII BIS al artículo 28, y una fracción VII, recorriéndose la actual, del artículo 96 BIS 2, todos de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:
Artículo 6. ...
I. a VI. ...
VII. Aprobar el Programa Nacional Hídrico, conforme a lo previsto en la Ley de Planeación, y emitir políticas y lineamientos que orienten la gestión sustentable de las cuencas hidrológicas y de los recursos hídricos, considerándose a la extracción, distribución, reuso, e infiltración de aguas urbanas como parte integral del manejo sustentable de los recursos hídricos.
VIII. a XI. ...
Artículo 7. ...
I. a VI. ...
VII. El mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, la prevención y control de su contaminación, la recirculación, y el reuso de dichas aguas, así como la construcción y operación de obras de prevención, control y mitigación de la contaminación del agua, incluyendo plantas de tratamiento de aguas residuales; así como los sistemas para la infiltración de aguas urbanas residuales.
VIII. a XI. ...
Artículo 7 Bis. ...
I. a VI. ...
VII. El control de la extracción y de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas superficiales y del subsuelo. De igual manera, el reuso o infiltración de las aguas residuales previo tratamiento o infiltración para reabastecer los mantos acuíferos.
VIII. a X. ...
Artículo 9. ..
..
...
a ...
b ...
...
...
...
I. a XIII. ...
XIV. Fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado, los de saneamiento, tratamiento, reúso e infiltración de aguas, los de riego o drenaje y los de control de avenidas y protección contra inundaciones en los casos previstos en la fracción IX del presente artículo; contratar concesionar o descentralizar la prestación de los servicios que sean de su competencia o que así convenga con los Gobiernos Estatales y, por conducto de estos, con los municipales o con terceros;
XV. a LIV. ...
Artículo 12 BIS 6. ...
I. a VII. ...
VIII Fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado; los de saneamiento, tratamiento, infiltracióny reúso de aguas; los de riego o drenaje y los de control de avenidas y protección contra inundaciones: En su caso, contratar o concesionar las prestación de los servicios que sean de su competencia o que así convenga con los gobiernos de los estados o con terceros;
IX. a XXXIII. ...
Artículo 13 Bis 3. ...
I. a XVI. ...
XVII. Impulsar el uso eficiente y sustentable del agua, y en forma específica impulsar el reúso, la recirculación e infiltración de aguas;
XVIII. a XXV. ...
Artículo 14 Bis 5. ...
I. a XI. ...
XII. El aprovechamiento del agua debe realizarse con eficiencia y debe promoverse su reúso, recirculación e infiltración para reabastecer los mantos acuíferos.
XIII. a XXII. ...
Artículo 22. ..
..
..
..
..
...
I. ...
II. ...
...
a) a d) ...
e) ...
La autoridad del agua, establecerá estímulos fiscales en el pago de derechos, a aquellos usuarios cuyas descargas de agua residual, previo tratamiento de acuerdo a las normas de calidad correspondientes, se destinen a la infiltración individual de los acuíferos.
Artículo 28. ...
I. a VI. ...
VII. Solicitar, y en su caso, obtener prórroga de los títulos que les hubiesen sido expedidos, hasta por igual término de vigencia por el que se hubieran emitido y bajo las condiciones del título vigente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la presente ley;
VII BIS. Ser beneficiario de incentivos fiscales cuando el usuario destine las aguas a la infiltración previo tratamiento correspondiente, y
VIII. ...
Artículo 96 Bis 2. ...
I. a VI. ...
VII. Permitan llevar a cabo el aprovechamiento de aguas residuales mediante su reúso e infiltración a los mantos acuíferos, y
VIII. ...
Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.
Notas:
1 Situación de los recursos hídricos, Estadísticas del Agua en México 2008. Sistema Nacional de Información del Agua: www. conagua.com.mx
2 http:inegi.org.mx prod_serv/contenidos/español/biblioteca
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de junio del año 2011.
La Comisión de Recursos Hidráulicos, diputados:Óscar Javier Lara Aréchiga (rúbrica), presidente; Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga, Silvia Isabel Monge Villalobos (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Guillermo Cueva Sada (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villlalva, Francisco Javier Orduño Valdez, José Manuel Marroquín Toledo (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales, secretarios; Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Héctor Franco López, Jorge Rojo García de Alba, Benjamín Clariond Reyes Retana, Fausto Sergio Saldaña del Moral, Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, José Antonio Aysa Bernat, Edgardo Melhem Salinas, Rolando Zubía Rivera, Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Ramón Merino Loo (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Domingo Rodríguez Martell, Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Laura Viviana Agundiz Pérez (rúbrica), Sergio Gama Duour (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se cumple la declaratoria de publicidad.
LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Honorable Asamblea:
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción II, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El 29 de abril de 2011, la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y demás artículos relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los párrafos segundo del artículo 25 y primero del artículo 27, al que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (LCNDH).
2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la citada iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen.
Contenido de la iniciativa
La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena refiere en la iniciativa la importancia de brindar mayor protección a la población infantil en un marco de derechos humanos, dada su condición de vulnerabilidad. Esto, en virtud de que sus condiciones “dificultan su acceso a los mecanismos de protección de sus derechos cuando éstos son violentados, ya sea porque en muchas ocasiones estos mecanismos solicitan que (...) se presenten personalmente en sus oficinas y éstos no lo pueden hacer por sí mismos; o bien, por la falta de procedimientos ad hoc a las circunstancias de la infancia y la adolescencia”.
En virtud de lo anterior propone “la implantación de medidas especiales que garanticen” que la infancia pueda acceder a instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Por eso propone modificar la LCNDH para que “cuando se cometa una violación de los derechos de la infancia o la adolescencia, estos hechos puedan ser denunciados ante la citada comisión por parientes o vecinos, así como proveer a los menores de edad de la posibilidad de presentar quejas o reclamaciones vía electrónica o telefónica”.
Derivado del análisis de la iniciativa de mérito, la Comisión de Derechos Humanos formula las siguientes
Consideraciones
Efectivamente, como refiere la diputada Lucila Gallegos, la atención por brindar a los niños y a los adolescentes en el país debe garantizar el ejercicio de sus derechos en forma amplia y sin limitaciones. Sin embargo, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos estimamos indispensable señalar que para el análisis de la iniciativa de mérito, el interés superior del infante no debe verse desde una sola perspectiva, toda vez que este principio no sólo involucra una gama de derechos, como el de la alimentación, salud y sano esparcimiento sino que, además, conlleva un ejercicio amplio de derechos que implica la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y sus garantías.
En este sentido, el artículo 25 de la ley que nos ocupa señala:
Cualquier persona podrá denunciar presuntas violaciones de los derechos humanos y acudir ante las oficinas de la Comisión Nacional para presentar, ya sea directamente o por medio de representante, quejas contra dichas violaciones.
Cuando los interesados estén privados de la libertad o se desconozca su paradero, los hechos se podrán denunciar por los parientes o vecinos de los afectados, inclusive por menores de edad.
(...)
Al respecto, la diputada proponente sugiere la reforma del segundo párrafo del presente artículo, para quedar de la siguiente manera:
Cuando los interesados estén privados de la libertad, se desconozca su paradero o sean menores de edad, los hechos se podrán denunciar por los parientes o vecinos de los afectados.
En este orden de ideas, la reubicación que la proponente realiza para que se coloque a los menores de edad en el orden siguiente a las personas privadas de la libertad o de aquellas cuyo paradero se desconozca implica cambiar el sentido y la protección que la citada disposición brinda a quienes se encuentran en las condiciones enunciadas, toda vez que, de conformidad con la resolución 1/08 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relativa a los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, considera principios generales, entre otros, que
Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto de su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto arreglo a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
Toda persona privada de libertad será igual ante la ley, y tendrá derecho a igual protección de la ley (...) Tendrá derecho además a conservar sus garantías fundamentales y ejercer sus derechos (...)
De manera particular, la misma resolución dispone en el principio VII:
Las personas privadas de libertad tendrán el derecho de petición individual o colectiva, y a obtener respuesta ante las autoridades judiciales, administrativas y de otra índole. Este derecho podrá ser ejercido por terceras personas u organizaciones, de conformidad con la ley.
Este derecho comprende, entre otros, el derecho de presentar peticiones, denuncias o quejas ante las autoridades competentes (...)
Las personas privadas de libertad también tendrán derecho a presentar denuncias, peticiones o quejas ante las instituciones nacionales de derechos humanos (...)
Por lo que corresponde a las personas cuyo paradero se desconoce, el Código Civil Federal considera en el título undécimo a los ausentes e ignorados, cuya figura para efectos del tema que nos ocupa reviste características similares, toda vez que de conformidad con el artículo 649, “cuando una persona haya desaparecido y se ignore el lugar donde se halle y quien la represente, el juez, a petición de parte o de oficio, nombrará un depositario de sus bienes”, iniciando así la declaración judicial de ausencia.
Sumado a lo anterior, no pasa inadvertida para la dictaminadora la naturaleza del Ministerio Público Federal, cuya institución ejerce en el ámbito civil acciones en favor de los ausentes; verbigracia:
Código Civil Federal
Artículo 656. Tiene acción para pedir el nombramiento de depositario o de representante el Ministerio Público o cualquiera a quien interese tratar o litigar con el ausente o defender los intereses de éste.
Artículo 673. Pueden pedir la declaración de ausencia
(...)
IV. El Ministerio Público.
Artículo 722. El Ministerio Público velará por los intereses del ausente, será oído en todos los juicios que tengan relación con él, y en las declaraciones de ausencia y presunción de muerte.
Código Federal de Procedimientos Civiles
Artículo 532. Se oirá precisamente al Ministerio Público Federal
(...)
III. Cuando tenga relación con los derechos o bienes de un ausente; y
(...)
En esta tesitura, queda de manifiesto que el contenido y alcance del párrafo que la diputada iniciante pretende modificar excluirían el derecho que los menores de edad poseen para denunciar las violaciones de derechos humanos que se comenten en perjuicio de las personas supracitadas. Además, el ejercicio de este derecho de ninguna manera se contrapone con la propia potestad considerada en el párrafo primero del artículo 25 de la LCNDH, razón por la que esta dictaminadora estima improcedente la modificación que se propone.
Por lo que corresponde a la reforma que propone del primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la CNDH, a efecto de que “la instancia respectiva deberá presentarse por escrito; tratándose de menores de edad o casos urgentes podrá formularse por cualquier medio de comunicación electrónica o telefónica”, la primera sugerencia se considera inviable, en virtud de que el contenido de la citada disposición se refiere al requisito de admisibilidad de las quejas, así como a la mecánica de su presentación.
Respecto a la modificación que propone para que se adicione la vía telefónica como herramienta para la presentación de quejas en casos urgentes, aquélla es procedente porque el teléfono constituye un medio de comunicación efectivo. Y tratándose de violaciones de derechos humanos, su uso es indiscutible.
Por ello, la dictaminadora considera fundamental incorporar la adición que la diputada propone, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 27. La instancia respectiva deberá presentarse por escrito; en casos urgentes podrá formularse por cualquier medio de comunicación electrónica o telefónica. No se admitirán comunicaciones anónimas, por lo que toda queja o reclamación deberá ratificarse dentro de los tres días siguientes a su presentación, si el quejoso no se identifica y la suscribe en un primer momento.
(...)
3. Respecto a la adición que propone para integrar un segundo párrafo al artículo 27 de la LCNDH, con el propósito de recorrer el actual párrafo segundo, debido a su contenido se estima innecesario plasmar la redacción propuesta, que se cita a continuación:
En el caso de que un menor de edad no se presente en el término previsto en el párrafo anterior a ratificar su queja, la Comisión Nacional podrá iniciar el procedimiento en los términos del artículo 83 de esta ley, si en razón de los hechos narrados en la queja se advierte que se requiere intervención inmediata para asegurar el interés superior del mismo. En caso de que los hechos no correspondan a la competencia de la Comisión Nacional, ésta deberá dar parte de manera inmediata a las autoridades que resulten competentes, sin perjuicio de la orientación que se proporcione en términos del artículo 33 de esta ley.
La mención del artículo 83 que refiere la diputada en el párrafo que pretende adicionar carece de sustento jurídico, en virtud de que la LCNDH contiene 76 artículos. Por esa razón resulta improcedente la vinculación a una disposición inexistente en la ley vigente.
Empero, independientemente de lo anterior, el numeral 29 de la misma ley dispone que las quejas pueden presentarse ante la CNDH de manera oral, “cuando los comparecientes no puedan escribir o sean menores de edad”. Sumado a lo anterior, en la parte conducente, el artículo 4o. constitucional prevé que el “Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto de la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos”.
Luego entonces, tenemos que de conformidad con el criterio contenido en la Convención sobre los Derechos del Niño, debe entenderse como interés superior del niño la efectividad de todos y cada uno de sus derechos humanos. En otros términos: todas las decisiones que en la familia, la sociedad o el Estado afecten a una persona menor de 18 años de edad tendrán en cuenta, objetiva e indefectiblemente, la vigencia efectiva de la integralidad de tales derechos”.
Por tanto, esta dictaminadora estima necesario recordar que el Estado mexicano debe brindar una tutela efectiva e integral al principio superior de interés del infante, con objeto de no limitar el ejercicio de cualquiera de sus derechos. Esta tarea es competencia también de la CNDH, que desde 1993 ha instaurado el Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia, razón por la que esta propuesta resulta improcedente por lo mencionado.
Ahora bien, por lo que se refiere a la oración final de la propuesta para que se adicione “En caso de que los hechos no correspondan a la competencia de la Comisión Nacional, ésta deberá dar parte de manera inmediata a las autoridades que resulten competentes, sin perjuicio de la orientación que se proporcione en términos del artículo 33 de esta ley”, es importante considerar que la reforma que propone del artículo 27 de la LCNDH es inviable, toda vez que por cuestiones de técnica legislativa se requiere la modificación del numeral 33 que cita, que a la letra dice:
Artículo 33. Cuando la instancia sea inadmisible por ser manifiestamente improcedente o infundada, será rechazada de inmediato. Cuando no corresponda de manera ostensible a la competencia de la Comisión Nacional, se deberá proporcionar orientación al reclamante, a fin de que acuda a la autoridad o servidor público a quien corresponda conocer o resolver el asunto.
Por ello es de apreciarse que el contenido de la citada disposición se refiere a la competencia y atención que la CNDH debe realizar en casos de incompetencia. En este sentido, si esta comisión decidiera modificar la presente disposición, excedería de las facultades señaladas en su normativa, en virtud de que la reforma del citado numeral no se encuentra contenida en la iniciativa en análisis.
4. Respecto a la adición del artículo segundo transitorio, relativo al periodo con que contará la CNDH para “llevar a cabo las adecuaciones que requiera para el cumplimiento del presente decreto”, ello es improcedente, en virtud de que la reforma que se aprueba en el presente dictamen, relativo a la vía telefónica como medio de presentación de quejas, ya es realizada por el citado organismo, de conformidad con las disposiciones contenidas en su reglamento:
Artículo 76. (Principios que rigen los procedimientos)
Los procedimientos que se sigan ante la Comisión Nacional deberán ser breves y sencillos. Para ello se evitarán los formalismos (...) se procurará, en lo posible, la comunicación inmediata con los quejosos y con las autoridades, sea de manera personal, por teléfono, telégrafo, telefax, correo electrónico o por cualquier otro medio (...)
Artículo 80. (Requisitos de admisibilidad del escrito de queja)
...
En casos urgentes podrá admitirse una queja que se reciba por cualquier medio de comunicación electrónica, telefónica, o presentarse de manera verbal ante cualquier servidor público de la Comisión Nacional...
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos someten a consideración de la asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de
Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:
Artículo 27. La instancia respectiva deberá presentarse por escrito; en casos urgentes podrá formularse por cualquier medio de comunicación electrónica o telefónica. No se admitirán comunicaciones anónimas, por lo que toda queja o reclamación deberá ratificarse dentro de los tres días siguientes a su presentación, si el quejoso no se identifica y la suscribe en un primer momento.
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 Artículo 27 de la LCNDH, primer párrafo: “... No se admitirán comunicaciones anónimas, por lo que toda queja o reclamación deberá ratificarse dentro de los tres días siguientes a su presentación...”
2 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre el castigo corporal y los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, OEA/Ser.L/V/II.135, documento 14, 5 de agosto de 2009.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de junio de 2011.
La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Manuel Cadena Morales (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama, Rosi Orozco (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León, Sami David David (rúbrica), Margarita Gallegos Soto, Lizbeth García Coronado (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, Diana Patricia González Soto, María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Aránzazu Quintana Padilla, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se cumple la declaratoria de publicidad.
LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 Quáter de la Ley Federal de Protección al Consumidor
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 de su Reglamento, fue turnada para estudio y dictamen la “iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14 y 73 Quáter de la Ley Federal de Protección al Consumidor”, presentada por el diputado Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en fecha 6 de abril de 2011.
La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 66, 68, 157 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa mencionada, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados en fecha 6 de abril de 2011, sus secretarios dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la iniciativa con proyecto de decreto que se mencionó en el exordio del presente dictamen.
Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.
Tercero. El legislador propone en resumen lo siguiente:
• Reformar el artículo 14 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) para ampliar de 1 a 5 años el plazo de prescripción de los derechos y de las obligaciones derivados de dicha ley.
• Reformar el artículo 73 Quáter de la LFPC a efecto de ampliar de 1 a 5 años la vigencia de las garantías correspondientes a bienes inmuebles.
Consideraciones
Primera. De conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Economía es competente para conocer sobre la iniciativa con proyecto de decreto mencionada en el exordio del presente dictamen.
Segunda. Los integrantes de la Comisión de Economía coinciden con la preocupación del diputado Aarón Irízar López en el sentido de procurar mayor protección de los derechos de los consumidores tratándose de la adquisición de bienes inmuebles, como sería el caso de ampliar la vigencia mínima de las garantías. Sin embargo, no comparten la propuesta de ampliar el término de la prescripción para el ejercicio de los derechos y de las obligaciones derivados de la LFPC.
1. En efecto, actualmente el artículo 73 Quáter de la LFPC establece un plazo mínimo de garantía de un año para las transacciones de inmuebles, plazo en el cual el proveedor se encuentra obligado a realizar cualquier acto tendente a la reparación de fallas o defectos del bien.
Asimismo, la propuesta del diputado Aarón Irízar López pretende aumentar dicho plazo a cinco años, justificando su propuesta en que los defectos de este tipo de bienes se encuentran ocultos y no se hacen evidentes hasta pasado algún tiempo, el que en muchas ocasiones supera el año de garantía que ofrecen algunos desarrolladores, lo que termina por afectar el patrimonio de las familias mexicanas.
Ahora bien, los integrantes de la Comisión de Economía comparten la forma en que el proponente pretende dar solución al problema, aumentando el plazo mínimo de garantía de uno a cinco años, pues se considera que los vicios ocultos de la estructura del inmueble o los defectos o las fallas de la construcción no siempre son visibles durante el primer año, lo que genera graves efectos para la economía de los consumidores.
La necesidad de aumentar el término de garantía de los inmuebles se evidencia si se toma en cuenta que el término de garantía promedio para un vehículo es de dos años o que el de electrodomésticos de uno. Entonces, si se parte de que el promedio de vida de una vivienda es muy superior al de los referidos bienes, es lógico resolver que la garantía de un inmueble deba ser mayor.
Por otra parte, debe mencionarse que la Profeco, al emitir su opinión institucional, se pronunció en el mismo sentido y que incluso las opiniones técnicas de los órganos auxiliares de la Cámara de Diputados son coincidentes en este punto.
No obstante lo anterior, no es ajeno para los diputados de la Comisión de Economía el hecho de que los inmuebles se integran por una diversidad de materiales que no comparten el mismo tiempo de vida útil, como lámparas, llaves, manerales o regaderas, y que por tal motivo establecer una garantía mínima general podría resultar excesivo.
Por lo anterior se estima correcto hacer una diferenciación y aumentar el plazo mínimo de garantía a cinco años para daños estructurales, tres años para impermeabilización y mantener el mínimo de un año para los demás casos.
En este sentido, el primer párrafo del artículo 73 Quáter deberá quedar de la siguiente forma:
Todo bien inmueble cuya transacción esté regulada por esta ley deberá ofrecerse al consumidor con la garantía correspondiente, la cual no podrá ser inferior a cinco años para cuestiones estructurales y tres años para impermeabilización; para los demás elementos la garantía mínima será de un año. Todos los plazos serán contados a partir de la entrega real del bien. En el tiempo que dure la garantía, el proveedor tendrá la obligación de realizar sin costo alguno para el consumidor cualquier acto tendente a la reparación de los defectos o fallas presentados por el bien objeto del contrato.
2. Por otra parte, el legislador pretende reformar el artículo 14 de la LFPC a fin de aumentar de 1 a 5 años el plazo de prescripción de los derechos y de las obligaciones establecidos en dicha ley, ya que en su concepto es necesario armonizar dicho plazo con el de la garantía, si ésta se aumenta en los términos apuntados líneas arriba.
Lo anterior no es del todo acertado, ya que la “prescripción” y la “garantía” son figuras de naturaleza jurídica distinta, pues la primera se refiere al plazo que tiene el consumidor para hacer valer ante la Profeco los derechos que le otorga la LFPC y el segundo se refiere al periodo en que la aparición de defectos en un bien determinado se entiende responsabilidad del proveedor y, por ende, a su cargo las reparaciones.
De ahí que mantener el plazo de prescripción de 1 año establecido en el artículo 14 no afectaría en nada los derechos derivados de la vigencia de garantía de 5 años que se pretende establecer, pues la intención de ampliar la protección de los adquirentes de inmuebles queda cubierta con la sola modificación del artículo 73 Quáter.
Además de lo anterior, una reforma en el sentido pretendido sobre el artículo 14 de la LFPC afectaría todo el universo de derechos y obligaciones derivados de dicho cuerpo normativo, lo cual resultaría excesivo para algunos bienes y servicios de los que, por su naturaleza, habría concluido la vida útil.
Tercera. Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Economía se manifiestan por aprobar la iniciativa con proyecto de decreto en los términos establecidos, para quedar como sigue:
Decreto que reforma el artículo 73 Quáter de la Ley Federal de Protección al Consumidor
Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 73 Quáter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:
Artículo 73 Quáter. Todo bien inmueble cuya transacción esté regulada por esta ley deberá ofrecerse al consumidor con la garantía correspondiente, la cual no podrá ser inferior a cinco años para cuestiones estructurales y tres años para impermeabilización; para los demás elementos la garantía mínima será de un año. Todos los plazos serán contados a partir de la entrega real del bien. En el tiempo que dure la garantía, el proveedor tendrá la obligación de realizar sin costo alguno para el consumidor cualquier acto tendente a la reparación de los defectos o fallas presentados por el bien objeto del contrato.
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de agosto de 2011.
La Comisión de Economía, diputados:Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica en abstención), María Antonieta Pérez Reyes, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Pavel Díaz Juárez (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jorge Hernández Hernández, Susana Hurtado Vallejo, Ramón Jiménez López (rúbrica), Vidal Llerenas Morales (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), María Florentina Ocegueda Silva, David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se cumple la declaratoria de publicidad.
LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de decreto que reforma los artículos 28 y 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Equidad y Género de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 28 y 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 80, 82, 84, 85, 86, 182, 185 y 187 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a la consideración del honorable pleno el presente dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. Con fecha 4 de mayo del año en curso, las diputadas Guadalupe Pérez Domínguez, Narcedalia Ramírez Pineda y Margarita Gallegos Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), presentaron ante el pleno de la Comisión Permanente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 28 y 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Equidad y Género, para su análisis y dictamen.
Contenido de la iniciativa
Para las iniciadoras es menester que el Poder Legislativo se sume, desde el ámbito de nuestras competencias, al compromiso adquirido de erradicar la violencia contra las mujeres para permitir la construcción de una sociedad democrática más justa y avanzada.
Señalan que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estipula que las órdenes de protección de emergencia y preventivas tienen una temporalidad no mayor de 72 horas y deben expedirse dentro de las veinticuatro horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan.
Ello, manifiestan, incrementa considerablemente el riesgo de que el agresor tome represalias contra la denunciante y hacerle algún daño aún mayor, pues 24 horas es tiempo suficiente para que en caso de que la víctima regrese al hogar después de interponer la denuncia o bien el agresor por alguna razón la encontrara, pudiera éste lesionarla y hasta privarla de la vida. Por otra parte, al otorgar un plazo no mayor de 72 horas de restricción al agresor, la protección de la víctima dura sólo 3 días, tiempo insuficiente, lo que vuelve ineficaz la medida porque después de cumplido el plazo de restricción, la mujer vuelve a ser vulnerable y susceptible de ser atacada, incluso en mayor grado.
Por tanto, aducen, tomando en cuenta que la vida y la integridad física y psicológica de las personas son un bien jurídico tutelado por el estado, es menester, como representantes de la nación que trabajamos para mejorar el sistema legislativo y normativo, modificar y especificar la temporalidad de las medidas de protección de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para volver eficaz la ley, pero sobre todo para no exponer ni arriesgar a la víctima.
En ese sentido, exponen, la iniciativa con proyecto de decreto propone también que en los casos urgentes se reduzca el plazo de 24 a 8 horas para la ejecución de las medidas cautelares, permitiendo que la víctima que corre peligro de ser atacada o lesionada gravemente sea protegida por el estado cuanto antes.
Por otra parte, también se plantea que una vez iniciadas las medidas de protección, se amplíe el tiempo de restricción, considerando que la temporalidad establecida en las medidas cautelares otorgadas es el tiempo que tiene la víctima para estar a salvo.
En abundancia señalan que estas medidas de protección son únicamente para casos urgentes, entendiéndose que se deben aplicar según sea el caso y la inminencia del daño ocasionado a la mujer; es decir, de acuerdo con el riesgo o peligro existente para la vida de la víctima, el cual deben determinarlo las autoridades al momento de presentar la denuncia, a fin de que se cumplan los supuestos de toda medida cautelar: la verosimilitud del derecho y la urgencia de la medida.
Proponen, además, reformar las fracciones I y II del artículo 29 de la ley en cuestión, la orden explícita de realización “inmediata” de dichas medidas, toda vez que en la primera se señala que el agresor deberá desocupar el domicilio conyugal o donde habite la víctima, pero no especifica cuándo o en cuánto tiempo debe obedecer dicho señalamiento, malentendiéndose y dejándolo al arbitrio de la autoridad que el agresor puede hacerlo en el momento que desee. La omisión, arguyen, se repite en la segunda fracción del mismo artículo, que establece la prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, pero no se especifica en qué momento inicia la prohibición.
Por último, alegan, que sería de suma utilidad para nuestro fin de perfeccionar las medidas de protección, prevención y atención de los casos de mujeres que sufren violencia familiar de cualquier tipo en el país, añadir un párrafo al artículo 29 a fin de que la autoridad que emita la orden de protección de emergencia obligue al estado a brindar atención física y psicológica, la orientación e información que la víctima pueda necesitar al momento de otorgar dicha orden, así como su remisión a casas o centros de apoyo para los casos urgentes de mujeres que sufren de violencia familiar.
Contenido de la iniciativa
Se propone reformar el segundo párrafo del artículo 28 y las fracciones I y II del artículo 29; y se adiciona un párrafo al artículo 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:
Texto vigente
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Capítulo VI
De las órdenes de protección
Artículo 27. ...
Artículo 28. ...
I. a III. ...
Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan.
Artículo 29. Son órdenes de protección de emergencia las siguientes:
I. Desocupación por el agresor del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aun en los casos de arrendamiento del mismo;
II. Prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima;
III. y IV. ...
Propuesta
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Capítulo VI
De las órdenes de protección
Artículo 27. ...
Artículo 28. ...
I. a III. ...
Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad de 72 horas a 30 días naturales, dependiendo de la gravedad del caso, y deberán expedirse dentro de las 8 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan.
Artículo 29. Son órdenes de protección de emergencia las siguientes:
I. Desocupación inmediata por el agresor del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aun en los casos de arrendamiento del mismo;
II. Prohibición inmediata al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima;
III. y IV. ...
En cualquiera de los casos señalados en las fracciones anteriores, la autoridad deberá incluir, al momento de otorgar dicha orden, brindar atención física, psicológica, orientación e información que la víctima pueda necesitar, así como la remisión de la víctima a casas o centros de apoyo para los casos urgentes de mujeres que sufren de violencia familiar inmediata, siempre y cuando la víctima otorgue su consentimiento.
Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de equidad y Género de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes
Consideraciones
Primera. Durante el proceso de discusión que derivó en la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las y los legisladores tuvieron claro que las medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia tenían el propósito de salvaguardar su integridad física y psíquica, y de sus hijas e hijos, y su patrimonio, considerando las condiciones de vulnerabilidad real por las que atravesasen.
En este sentido, es notorio que la ejecución de las órdenes de emergencia citadas, otorgadas por la autoridad competente, tienen como condición básica el registro de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres, como lo establece el artículo 27 de la ley.
Concretamente, en el caso de las órdenes de emergencia, la ley prevé una temporalidad de hasta tres días y deben emitirse durante las primeras 24 horas posteriores al conocimiento de los hechos denunciados.
Así, la desocupación del domicilio conyugal por parte del agresor; la prohibición de acercarse al domicilio, lugar de trabajo y de estudios, entre otras órdenes de emergencia tienen una durabilidad de hasta tres días.
Al respecto, la Ley vigente establece que las mismas serán otorgadas por la autoridad competente, inmediatamente después que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres. Esto es a partir de la denuncia realizada.
Así, las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, otorgarán las órdenes emergentes en función de las valoraciones que hagan teniendo en cuenta primordialmente el riesgo o peligro existente y la seguridad de la víctima.
Por tanto, luego de la denuncia, el otorgamiento de las órdenes emergentes, la notificación y la ejecución se ciñe a un plazo máximo previsto en el artículo 28, dentro de las veinticuatro horas siguientes al conocimiento de los hechos que las propician.
Por ello, la propuesta para reformar el párrafo final del artículo 28 con el fin de incrementar la temporalidad de las órdenes de emergencia de tres a treinta días, no resulta viable porque suprime el carácter de emergente de las órdenes de protección, toda vez que la víctima no necesariamente debe permanecer en el domicilio conyugal, si nos atenemos a lo dispuesto en el Capítulo Cuarto denominado de la atención a las víctimas, del título III de la Ley que nos ocupa.
Específicamente, el artículo 51 establece que las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias deberán proporcionar a las víctimas un refugio seguro y atención médica, psicológica y jurídica, de manera integral, gratuita y expedita, entre otras.
Asimismo, en el artículo 52 se estipula que las víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán derecho a contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades, a recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de atención; a contar con asesoría jurídica gratuita y expedita, a recibir información médica y psicológica, a contar con un refugio, mientras lo necesite, incluso podrán acudir a los mismos, en caso de violencia familiar, en compañía de sus hijas e hijos; asimismo, no será obligada a participar en mecanismos de conciliación con su agresor.
Segunda. Por demás, la propuesta de acortar el tiempo de expedición de las órdenes de protección de emergencia y preventivas, de veinticuatro a ocho horas, correspondiente al mismo párrafo del artículo 28, recupera la intención del artículo 27 –el cual señala que las órdenes de protección deberán otorgarse por la autoridad competente, en función del interés superior de la víctima, de manera inmediata a partir de conocer los hechos denunciados– y obliga a la autoridad a ser expedita en la atención de la violencia contra las mujeres, razón por la cual esta comisión dictaminadora considera viable la propuesta de las diputadas iniciantes.
Por lo que corresponde a la reforma de las fracciones I y II del artículo 29, para que el agresor desocupe inmediatamente el domicilio conyugal, y para prohibirle de manera inmediata acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima, está acorde con lo dispuesto en artículo 27 y con la propuesta de acortar el tiempo de expedición de las órdenes de protección; por tanto, las y los legisladores de la Comisión de Equidad y Género las consideran viables.
Tercera. Finalmente, la adición de un párrafo final al artículo 29 –para establecer que en cualquiera de los casos señalados en las fracciones anteriores, la autoridad deberá incluir al momento de otorgar dicha orden brindar atención física, psicológica, orientación e información que la víctima pueda necesitar, así como la remisión de la víctima a casas o centros de apoyo para los casos urgentes de mujeres que sufren de violencia familiar inmediata, siempre y cuando la víctima otorgue su consentimiento—esta comisión dictaminadora considera que es inviable la propuesta, toda vez que son aspectos que ya se encuentran contemplados en los artículos 51 y 52 dentro del capítulo de atención a las víctimas de la ley en comento.
En razón de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Equidad y Género somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 28 y 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Artículo Único. Se reforman los artículos 28, párrafo segundo y 29, fracciones I y II de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:
Artículo 28. ...
I. a III. ...
Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 8 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan.
Artículo 29. Son órdenes de protección de emergencia las siguientes:
I. Desocupación inmediata por el agresor del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aun en los casos de arrendamiento del mismo;
II. Prohibición inmediata al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima;
III. y IV. ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, julio de 2011.
La Comisión de Equidad y Género, diputadas y diputados:Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), presidenta; Ana Estela Duran Rico (rúbrica), Felipe Kuri Grajales, Elvia Hernández García, Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbrica), Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica), Tomasa Vives Preciado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Arizmendi Campos (rúbrica), Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Margarita Gallegos Soto, Laura Felícitas García Dávila, Luis García Silva, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Marcela Guerra Castillo (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Juan Carlos Natale López (rúbrica), María Elena Pérez de Tejada Romero (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Adela Robles Morales (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se cumple la declaratoria de publicidad.
LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VI al artículo 13 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 de su Reglamento, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente
“Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2o., 6o. y la fracción II del artículo 13 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, presentada por el diputado Carlos Manuel Joaquín González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en fecha 28 de abril de 2011.
La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 66, 68, 157 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa mencionada al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados en fecha 28 de abril de 2011, los ciudadanos secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la iniciativa con proyecto de decreto que se mencionó en el exordio del presente dictamen.
Segundo. El ciudadano presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.
Tercero. El legislador propone en resumen lo siguiente:
• Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (LDCMIPYME) incluya al sector turístico dentro de los sectores prioritarios para desarrollar acciones que permitan a las empresas turísticas incrementar su competitividad.
Consideraciones
Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Púbica Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 6 y la fracción II del artículo 13 de la LDCMIPYME.
Segunda. Que los diputados que integran la Comisión de Economía comparten las inquietudes manifestadas en la iniciativa consistentes en tomar medidas para fortalecer al sector turístico, a través de la incorporación de un mayor número de micro, pequeñas y medianas empresas rentables y competitivas a este sector, para lo que el proponente plantea reformar la LDCMIPYME para establecer instrumentos que favorezcan el desarrollo de acciones que incrementen la competitividad de las Mipymes turísticas.
No obstante, también se estima que las propuestas contenidas en la iniciativa que se dictamina, de aprobarse en sus términos, modificarían el sentido de la ley que se pretende reformar, pues se acentuaría la aplicación de dicho cuerpo normativo en Mipymes dedicadas al turismo, dejando fuera a todas las otras que tuvieren un giro diferente; sin embargo, al compartir con el promovente la idea de que es necesario impulsar al sector turístico, se propone modificar la propuesta adicionando la facultad a la Secretaría de Economía para celebrar convenios con las dependencias de la administración pública a fin de impulsar la creación y desarrollo de Mipymes turísticas.
En efecto, el objetivo de LDCMIPYME, es promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad, así como incrementar su participación en los mercados, en un marco de crecientes encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional.
En ese sentido, el artículo 11 de la LDCMIPYME indica los programas de apoyo que deberán aplicarse a los sectores para cumplir con los objetivos establecidos por la ley, los cuales son al tenor de:
“Artículo 11. Para la ejecución de las políticas y acciones contenidas en el artículo anterior, deberán considerarse los siguientes Programas:
I. Capacitación y formación empresarial, así como de asesoría y consultoría para las Mipymes;
II. Fomento para la constitución de incubadoras de empresas y formación de emprendedores;
III. Formación, integración y apoyo a las cadenas productivas, agrupamientos empresariales y vocaciones productivas locales y regionales;
IV. Promover una cultura tecnológica en las Mipymes; modernización, innovación y desarrollo tecnológico;
V. Desarrollo de proveedores y distribuidores con las Mipymes;
VI. Consolidación de oferta exportable;
VII. Información general en materia económica acordes a las necesidades de las Mipymes, y
VIII. Fomento para el desarrollo sustentable en el marco de la normativa ecológica aplicable.
Adicionalmente, la Secretaría promoverá esquemas para facilitar el acceso al financiamiento público y privado a las Mipymes.”
Entonces, las propuestas establecidas en la iniciativa reciben de los diputados que integran la Comisión de Economía las siguientes observaciones:
1. La propuesta de la iniciativa de reformar el artículo 2 de la LDCMIPYME es la siguiente:
“Artículo 2. La autoridad encargada de la aplicación de esta Ley es la Secretaría de Economía quien, en el ámbito de su competencia, celebrará convenios para establecer los procedimientos de coordinación en materia de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, entre las Autoridades Federales, Estatales, del Distrito Federal y Municipales, para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada Entidad Federativa, del Distrito Federal y de los Municipios, en congruencia con la planeación nacional.
La Secretaría de Economía en el ámbito de su competencia, podrá convenir con particulares para concertar las acciones necesarias para la coordinación en materia de apoyos a la micro, pequeña y mediana empresa.
La Secretaría de Economía establecerá entre los sectores de relevancia al sector turístico, para el desarrollo de acciones que permitan a la micro, pequeña y mediana empresa turística incrementar su competitividad.”
Ahora bien, la LDCMIPYME reconoce como sectores a los establecidos en el artículo 3 que a continuación se cita:
“Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
V. Sector Público: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como del Distrito Federal;
VI. Sectores: Los sectores privado, social y del conocimiento.”
Asimismo, debe decirse que la clasificación citada obedece a la que la Constitución menciona en su artículo 25, es decir, al sector público, privado y social. Y debe aclararse que la LDCMIPYME incluye al sector del conocimiento en virtud de la necesidad de fomentar acciones de capacitación o tecnológicas que contribuyan al desarrollo y competitividad de las Mipymes.
De lo anterior, se puede concluir que incluir al sector turístico, rompería con la arquitectura adoptada por la ley, pues las actividades turísticas ya se encuentran contempladas atendiendo al sector que las realiza y daría lugar a que otros sectores dedicados a otras actividades económicas diferentes, también pretendan ser nombrados expresamente a fin de recibir de forma particular los beneficios de dicho cuerpo normativo.
2. Asimismo, se propone reformar el artículo 6 y la fracción II del artículo 13 de la LDCMIPYME en los siguientes términos:
“Artículo 6. La Secretaría en el ámbito de su competencia, promoverá la participación de los sectores para facilitar a las Mipymes el acceso a programas previstos en la presente Ley. De igual manera promoverá la participación del sector turístico en el desarrollo de acciones que permitan las Mipymes turísticas mejorar su desempeño.”
“Artículo 13. La Secretaría promoverá la participación de las Entidades Federativas, del Distrito Federal y de los Municipios, a través de los convenios que celebre para la consecución de los objetivos de la presente Ley, de acuerdo a lo siguiente:
II. La celebración de acuerdos con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las Entidades Federativas, el Distrito Federal, los Municipios o grupos de Municipios, para una promoción coordinada de las acciones de fomento para la competitividad de las Mipymes, que desarrollen las propuestas regionales y la concurrencia de programas y proyectos, en relevancia con el desarrollo del sector turístico...”
Como se desprende de lo anterior, las reformas propuestas no concuerdan con el sentido de los dispositivos que se pretenden modificar, pues al ser estos de aplicación general para todos los sectores contemplados por la ley, resultaría inadecuado acentuar la aplicación de estos al sector turístico, de manera que se convierta en un sector prioritario sobre los demás.
3. No obstante lo anterior, como ya se ha señalado, esta comisión considera que las finalidades que se persiguen en esta iniciativa son plausibles, pues van encaminadas a ayudar al desarrollo del sector turístico utilizando a las Mipymes como un soporte estratégico de la actividad turística, aprovechando las ventajas naturales que tiene nuestro país.
Por lo anterior y en concordancia con los objetivos y programas establecidos en la LDCMIPYME, la Comisión de Economía plantea modificar la iniciativa descartando los términos de la propuesta para adicionar una fracción VI al artículo 13 a la ley que nos ocupa en los siguientes términos:
“Artículo 13. La Secretaría promoverá la participación de las Entidades Federativas, del Distrito Federal y de los Municipios, a través de los convenios que celebre para la consecución de los objetivos de la presente Ley, de acuerdo a lo siguiente:
VI. Impulsar la creación, desarrollo y crecimiento de Mipymes localizadas en regiones turísticas, a fin de incrementar su productividad y competitividad”
Dicha adición permitirá generar mecanismos de coordinación entre las dependencias de la Administración Pública y la Secretaría de Economía para impulsar la creación y el desarrollo de las Mipymes turísticas, atendiendo así las inquietudes del proponente de manera congruente con el marco normativo aplicable y acorde a los objetivos y criterios establecidos en este.
Tercera. Por lo que en virtud de lo anterior, esta Comisión de Economía se manifiesta por aprobar el siguiente
Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 13 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Único. Se adiciona la fracción VI al artículo 13 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:
Artículo 13.
I. a III. ...
IV. El diseño de esquemas que fomenten el desarrollo de proveedores y distribuidores locales del sector público y de los Sectores;
V. La generación de políticas y Programas de apoyo a las Mipymes en sus respectivos ámbitos de competencia, y
VI. Impulsar la creación, desarrollo y crecimiento de Mipymes localizadas en regiones turísticas, a fin de incrementar su productividad y competitividad.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de julio de 2011.
La Comisión de Economía, diputados:Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud, Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez, María Antonieta Pérez Reyes, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, José Antonio Arámbula López, Raúl Gerardo Cuadra García, Pavel Díaz Juárez, Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Vidal Llerenas Morales, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), María Florentina Ocegueda Silva (rúbrica), David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se cumple la declaratoria de publicidad.
LEY GENERAL DE SALUD
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de productos milagro
Honorable Asamblea:
La Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 3, 43, 45, numerales 6, inciso f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:
I. Antecedentes
1. Con fecha 17 de febrero de 2011, el diputado Eduardo Ledesma Romo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de suplementos alimenticios.
2. Con fecha 17 de febrero de 2011, la diputada María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 301 y 421 y adiciona un artículo 421 Ter a la Ley General de Salud, en materia de productos milagro.
3. Con fecha 22 de febrero de 2011, el diputado Miguel Antonio Osuna Millán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 301, 306 y 421 Bis de la Ley General de Salud, en materia de productos milagro.
4. Este órgano Legislativo, turnó la mencionadas iniciativas a la Comisión de Salud, para su estudio y posterior dictamen.
II. Contenido de las iniciativas
Iniciativa del diputado Eduardo Ledesma Romo
Establecer que los suplementos alimenticios serán motivo de control sanitario, los cuales se consideran insumos para la salud. Así como facultar a la Secretaría de Salud para conceder autorización para la venta o suministro de suplementos alimenticios cuando reúnan las características de seguridad, eficacia y calidad exigidas; no se les podrá atribuir ninguna acción terapéutica, ya sea en el nombre, indicaciones, instrucciones para su empleo o publicidad. Los suplementos alimenticios que contengan substancias con acción terapéutica serán considerados medicamentos. Prohibir la venta y suministro de suplementos alimenticios con fecha de caducidad vencida. Prever como requisito para el registro sanitario de los suplementos alimenticios que la clave de registro será única, no se podrá aplicar la misma a dos productos que se distingan en su formulación.
Iniciativa diputada María Cristina Díaz Salazar
Facultar a la Secretaría de Salud para que en caso de que tenga conocimiento de que la publicidad no es acorde con los requisitos señalados, procederá de inmediato a revocar la autorización emitida e iniciará el procedimiento administrativo correspondiente a efecto de imponer las sanciones que procedan. Adicionar un artículo con el objeto de sancionar, con multa hasta por el cinco por ciento de las ventas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior, la publicidad de remedios herbolarios, suplementos alimenticios o productos de perfumería y belleza que se realice en contravención con los requisitos establecidos en la ley, y se procederá al aseguramiento del producto. Facultar a la Secretaría de Salud para que en caso de que tenga conocimiento de que la publicidad no es acorde con los requisitos señalados, procederá de inmediato a revocar la autorización emitida e iniciará el procedimiento administrativo correspondiente a efecto de imponer las sanciones que procedan. Adicionar un artículo con el objeto de sancionar, con multa hasta por el cinco por ciento de las ventas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior, la publicidad de remedios herbolarios, suplementos alimenticios o productos de perfumería y belleza que se realice en contravención con los requisitos establecidos en la ley, y se procederá al aseguramiento del producto.
Iniciativa diputado Miguel Antonio Osuna Millán
Explicitar dentro de los requisitos de publicidad, que la información contenida en el mensaje sobre calidad, origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficios de empleo en materia de “productos milagro” deberá ser comprobable y acotada a las características del insumo, producto, artículo o servicio, “sin exaltaciones exageradas ni magnificadas”, que el mensaje deberá tener contenido orientador y educativo, evitando, en todo momento, la generación de confusiones en el consumidor, que puedan generar un daño a su salud o constituirse en riesgo para la misma.
III. Consideraciones
Primera Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.
Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.
El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.
En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.
Segunda. La promoción y comercialización de los llamados “productos milagro” no son un tema reciente, desde hace varios años atrás, era normal que la mayoría de las farmacéuticas anunciaran en las publicaciones de la época todo tipo de remedios a los que le atribuían alivios casi instantáneos, un mismo remedio aliviaba desde un resfriado hasta un mal degenerativo, todo gracias a sus misteriosos, elementos curativos descubiertos por algún científico del momento. De la misma manera cientos de estos productos se comercializaban con gran éxito en tiendas y boticas establecidas principalmente en el centro de la ciudad de México, dichos productos llegaban desde Estados Unidos, Europa e incluso de Asia.
Acostumbradamente nadie debatía sus resultados milagrosos ni ponía en duda que el producto era resultado de investigaciones profundas o de legados de hombres de ciencia que a lo largo de la historia habían pasado los secretos curativos o correctivos de generación en generación.
Los anunciantes sólo basaban el éxito de sus productos en sus dichos en las ilustraciones que se colocaban para convencer a sus potenciales clientes.
Aseguraba que este producto estaba admitido en todos los hospitales de Francia y que se encuentra en todas las buenas farmacias de México.
Los productos milagro no son nuevos, y la evidencia de que éstos han existido por años han quedado registrados en anuncios de todo tipo, no muy diferentes a los que hoy día se difunden en casi todos los medios electrónicos.
Tercera. En México circulan sin control más de 21 mil productos que obtienen su registro como suplementos alimenticios pero que a la población se vende como “medicamentos milagrosos”.
La publicidad de los “productos milagro” es vista por casi 112 millones de personas en México y otros 50 millones en Estados Unidos, lo que da una idea de la magnitud del negocio que dichos productos y servicios representan para los medios de comunicación.
Cuarta. El pasado 15 de febrero, la Cofepris publico un listado de algunos productos para retirarlas del mercado, a los cuales los fabricantes les atribuyen propiedades terapéuticas, preventivas y/o rehabilitatorias, mismas que no cuentan con una base científica que lo sustente y que carecen de autorización para su comercialización por esta Autoridad Sanitaria, por lo tanto se recomienda a la población no utilizarlos.
• Acti Sex Forte • Adelgac120 • Adelgaza Line • Alcachofa (En Todas Sus Marcas) • Alcachofa Gel. Oasis Al Sistema Integral Sano, SA de CV • Alcachofa. Gn+Vida Solución Ingerible • Alcachofa. Neo Alcachofa Slim • Alcachofa Plus Supl. Alim. • Alcachofa Reforzada Ampolletas • Alcachofa Reforzada Capsulas • Alcachofa Reforzada Oasis • Alcachofa Tecnonatura • Alcachofa Unisex • Alexin Supl. Alim. • Ambi Sexual • Ami-No-Gras • Ampolleta Geriátrica Geysson • Antidiabetikoo • Anahuac Neo Alcachofa Slim • Artridyn Extracto Fluido • Artriosis Superflex • Artrireumafin • Atrapa Grass Linaza Golden • Balan Xc Supreme • Bebida de Sábila. Flor de Aloe • Bio Nopal • Bio Toronja • Biocare Artritis • Biocare Calci Magnum • Biocare Cardio • Biocare Celu Clear • Biocare Colon • Biocare Digestión • Biocare Focus • Biocare Inmune • Biocare Menopause • Biocare Próstata • Biocare Slim • Body Line • Boldo Extracto Fluido • Boldo Sanativo • Boldofilina • Brilhar Propoleo Concentrado • Bromelain Slim • Capsulas de Bromelina • Celostres • Chardon de Marie • Chromium 400 • Cianonervol Nueva Fórmula • Colicol • Cold Heat Extreme • Compuesto Vegetal Broncopulmonar Expectorante • Compuesto Vegetal de la Salud Cv Salut • Compuesto Vegetal del Indio Fajardo • Compuesto Vegetal del Indio Fajardo • Compuesto Vegetal Lidia E. Pinkham • Compuesto Vital Doble Quinado • Controdiab Wereke • Cuatecomate Ocotzotl • Demograss • Demol-Grass • Deprerycum • Dispan Doble • Dormital • Damiana de California Reforzado • Enebro Reforzado Extracto Fluido • Enermax • Eucatoss Jarabe Reforzado con Propoleo y Vitamina C • Eucatoss Jarabe Reforzado • Extracto de Flor de Jamaica Elixir Realeza Mixteca • Extracto Fluido Disipán Reforzado • Extracto Fluido Pasiflora Reforzado • Extracto Fluido Pasiflorina • F&Nt • Fajardo Ovario Fértil • Fenogreco Germinado • Fero Jugo Orgánico Artesanal Nopal • Formunat Tonico Reconstituyente • Fortiginseng • Fosfo Nervón • Fosfo Nervon Reforzado • Fussion, Funde tus Deseos • Gastrinol Suplemento Alimenticio • Gerovital H3 • Ginkgo Biloba Reconstituyente • Ginkgo Gl Geysson • Glucosartri • Gota Azul • Gotas Americanas de la Salud • Gotas Azules de la Cruz • Gotas Calcio de Coral • Gotas Maravillosas 100% Naturales • Gotas Tepezcohuite • Gotas Uña de Gato • Herba-Prolax • Hiel Ayudada Colagogo y Coleretico • Hiel de Toro Vitaminada • Hiel de Toro Vitaminada Misionera • Hierba de San Juan • Hierba de San Juan Jarabe • Hierba de San Juan Suplemento • Hongo Michoacano • Hongo Charakani • Inmunoforte • Instantáneo Slim Destruye Grass • Jarabe de la Tía Trini • Jarabe de Nervios El Oasis • Jarabe de Várices • Jarabe Matabichos • Jarabe Nutrimel • Kier Lu’u Flor Vnx Jamaica Orgánica • La Diabetes Wereque • Laxisan Light • Lecitina de Soya • Less Kilos • Limpia Lex (“Limpieza Intestina”) • Linaza Golden Canadian Flaxseed Linaza Golden • Luna Llena • Magna Vida Reforzada con Uña de Gato • Malunggay • Megaforte • Melatonina Reforzada • Mente Ágil • Metabolito Adelgazante • Mezcla de Hierbas Expectorantes • Miel de Agave Tukari sin Azúcar • Moinsage • Mosca China • Mosca Ibérica • Natural Diuretty. • Neo Sen • Nervo Tiamin Jarabe • Neuro Óseo Artrit • Neuro Tiamina • Neurotiaminal Plus • Optilux • Opti-Pms Tabletas • Organic Peach Sweet Lexf Icead Tea • Ovulasan • P .N.H.X20-Mujer • Panax Ginseng Extractum • Para La Tos Ajolotius Jarabe Bronquial • Paroxin Desparasitante • Penquila Jarabe • Perla de Salmón • Perla de Tiburón • Perla de Tortuga • Phytolax • Píldoras de Castaña de la India • Pildoras de Tiro Seguro • Pilz Hongo Michoacano • Potencia 2000 Plus • Potencia Tnt • Potencia Tnt Plus • Power Newron • Pro Nopal • Propóleo Concentrado • Prostaliv • Prostamax • P-So Exacto • Puassanse • Pulmo Calcio Jarabe Vitaminado • Puré Glutámico • Pure Glutamivit • Purifhigado • Química del Amor Jri • Raíz de Nopal Virgen • Redu Sí Express • Rejuvital • Resceratrol Caps • Reumax Spray • Reumetan • Reumetan Indometacina • Reumetan Indometacina + Antiácido • Reumetazol Reforzado • Reumetazol Reforzado Jesmar • Revenox Melatonina • Riñón Vida • R-M-Tan • R-M-Tazol • S X Pronto • Sal Hepática de Boldo de Hiel de Toro • Sangre de Toro Fajardo • Secreto Maya • Sexo Viril • Shukubu • Skinny Shot • Silax Forte • Silver Gold • Simetric • Simi Red • Sin Grip • Sintos Jarabe Con Equinacea • Sistolin Forte • Slim Ice • Spiruforte • Spiruginseng • Subyou X Energy Drink • Sunka Herbal Tea Diet Organic • Sunka Herbal Tea Organic Gripal • Sunka Herbal Tea Organic Relajante • Super Limpiadora de Órganos • Sweet Drink Brilhar Jarabe Dulce Con Miel de Abeja • Takinka • Tártaro Emetico Soluto Vital • Te Chino del Follaje Verde • Té Reumetán • Tecnonatura Alcachofa Suspensión Ingerible • Tepezcohuite Gotas • Tlanchalagua Reforzado Extaracto Fluido • T-Lirol-Kilos • Tónico Concentrado de Raiz de Uña de Gato • Tónico de Rábano Negro Con Enebro • Tónico Rábano Negro Enebro Fajardo • Tres Bailarinas, Extracto Vegetal • Tumba Gras • Uña de Gato El Oasis • Vida Fenogreco Reforzado Remedio Herbolario. • Vida Megavit-H3 • Vigor Cerebral • Vigoron • Vino Drenarrenal Riñones de Vida Y • Viracebrol • Vita Bon B12 • Vita Hierro Quinado Fórmula Mejorada • Vitahierro Quinado • Vitalito H3 Plus • Werenim • Wereque Compuesto • Wereque La Diabetes • Werextreme • Xotzil Luna Llena • Xyngripal • Yohimbina • Zalvozam • Zutrax Prostamax
La Cofepris hizo dos recomendaciones:
1. Desconfiar de los productos que dicen solucionar o combatir enfermedades (obesidad, diabetes, cáncer, alzhaimer, etcétera) o mejorar diferentes funciones corporales inmediatamente o en corto tiempo (perder peso, reducir el colesterol, regenerar el hígado, entre otros)
2. Las leyendas como producto 100% natural, de origen natural, elaborado con base en una sustancia de origen natural, entre otras, no significan que el producto no provocará ningún efecto secundario.
Sin embargo esto no es suficiente, ya que a pesar del retiro de 250 productos, en el mercado circulan casi 10 mil productos sin ningún control.
Quinta.Con respecto a la iniciativa del diputado Eduardo Ledesma se considera lo siguiente:
1. Los suplementos alimenticios se definen en la fracción V del artículo 215 de la Ley General de Salud vigente como:
“Productos a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o no, de vitaminas o minerales, que se puedan presentar en forma farmacéutica y cuya finalidad de uso sea incrementar la ingesta dietética total, complementarla o suplir alguno de sus componentes”.
Como es bien sabido los suplementos alimenticios, actualmente se encuentran reglamentados actualmente, uno de ellos es el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, el cual en su Título Décimo Noveno exclusivo para suplementos alimenticios, da las instrucciones para la regulación, control y fomento sanitario del proceso, importación y exportación, así como de las actividades, servicios y establecimientos, de dichos productos. Asimismo la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Practicas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, sin embargo solo se limita a establece los requisitos mínimos de buenas prácticas de higiene que deben observarse en el proceso estos productos, así como sus materias primas con la finalidad de evitar su contaminación a lo largo de su proceso.
2. Desafortunadamente, en México hoy por hoy, los productos milagro se registran y se introducen al mercado como suplementos alimenticios porque si se intentan meter como medicamentos no pasarían las pruebas para que la Cofepris los autorizare para su venta, es por ello que la propuesta de los artículos 194, 194 Bis, 198, 204, la cual pretende agregar a los “suplementos alimenticios”, es viable y necesaria ya que se necesita ejercer mas más control sobre la elaboración de los suplementos alimenticios, para de esta manera evitar en lo mayor de lo posible que por esta laguna legislativa, es importante dar las herramientas para tener un país con un verdadero Estado de derecho donde se hable con la verdad y que no se diga que algunos productos tienen poderes terapéuticos, cuando son simplemente suplementos alimenticios.
3. Respecto al artículo 216 Bis, es preciso hacer hincapié de ciertas cuestiones, empezando con el primer párrafo q se propone el cual dice:
La Secretaría de Salud sólo concederá la autorización correspondiente y suplementos alimenticios, cuando se demuestre que éstos, sus procesos de producción y las sustancias que contengan reúnan las características de seguridad, eficacia y calidad exigidas, que cumple con lo establecido en esta ley y demás disposiciones generales.
Para el otorgamiento de registro sanitario a cualquier suplemento alimenticio, se verificará previamente el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación y del proceso de producción del medicamento así como la certificación de sus principios activos. Las verificaciones se llevarán a cabo por la secretaría o sus terceros autorizados o, de ser el caso, se dará reconocimiento al certificado respectivo expedido por la autoridad competente del país de origen, siempre y cuando existan acuerdos de reconocimiento en esta materia entre las autoridades competentes de ambos países.
Es importante mencionar que se está proponiendo un registro equiparado al que se pide para los medicamentos como se puede observar en el siguiente comparativo:
Sin embargo, la autorización sanitaria para suplementos alimenticios y la autorización sanitaria para medicamentos tienen una diferente tramitación, primeramente es de mencionarse que el propósito de que los procesos de producción que contengan seguridad, eficiencia y calidad exigidas, no pueden ser así considerados para los suplementos alimenticios.
Lo que corresponde a seguridad, eficacia y calidad, se puede mencionar que son cuestiones internacionales que han sido introducidas por nuestro derecho interno, las cuales están establecidas por la OMS. Por ejemplo se pide seguridad para los medicamentos debido a que es parte esencial para los pacientes. A escala mundial, depende de la existencia de sistemas nacionales sólidos que permitan vigilar el desarrollo y la calidad de los medicamentos, informar sobre sus efectos perjudiciales y facilitar información precisa para su uso seguro. y evitar que dichos medicamentos provoquen las reacciones perjudiciales e inesperadas a medicamentos administrados a las dosis habituales con fines terapéuticos.
Además el promovente, dentro de su iniciativa contempla que los suplementos alimenticios requieren autorización sanitaria, dice:
Artículo 204.Los medicamentos y otros insumos para la salud, los estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que los contengan, los suplementos alimenticios, así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas, para su venta o suministro deberán contar con autorización sanitaria, en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables.
Es por ello que la introducción de este artículo se considera inviable e innecesaria, en virtud de lo ya mencionado, así también el artículo 376 propuesto, enfocado a registro sanitario.
4. Con respecto a la adición de un artículo 216 Ter, el cual propone lo siguiente.
“No podrá atribuirse a los suplementos alimenticios ninguna acción terapéutica, ya sea en el nombre, indicaciones, instrucciones para su empleo o publicidad. Los suplementos alimenticios que contengan substancias con acción terapéutica serán considerados medicamentos y deberán sujetarse a lo previsto en el capítulo IV de este título”.
Es importante señalar que los Diputados de esta legislatura, el pasado 15 de diciembre de 2010, votaron un dictamen el cual amplia el concepto de suplementos alimenticios, dicho dictamen se encuentra en el Senado para su análisis y discusión, la definición amplia el término de suplementos alimenticios, el cual quedo con la siguiente redacción:
“V. Suplementos alimenticios: Productos a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o no, de vitaminas o minerales , y cuya finalidad de uso sea incrementar la ingesta dietética total, complementarla o suplir alguno de sus componentes y no se les podrá atribuir propiedades farmacológicas o fines terapéuticos”.
Se comparten los mismos puntos en cuanto a no atribuirle propiedades farmacológicas o fines terapéuticos, es por ello que se considera necesaria, en virtud que se está trabajando una definición similar y no empalmar las definiciones.
Sexta. Con respecto a la iniciativa de la diputada María Cristina Díaz, se considera lo siguiente:
1. Con respecto a la siguiente modificación que se propone del artículo 301 de la Ley General de Salud:
Los integrantes de la comisión consideran dicho artículo, viable, sin embargo es preciso señalar que la importancia de la modificación radica en que no podrán publicitarse hasta que cumplan con los requisitos aplicables a la clasificación sanitaria o producto bajo el cual se ostentan.
2. Con relación al artículo 421 los integrantes consideran viable y necesaria agravar la sanción de una multa equivalente de diez mil hasta quince mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona.
3. Con respecto al artículo 421 Ter se considera viable sin embargo, y para que esto es necesario que dicha sanción vaya relacionada con el producto o servicio obtenido por el infractor, además de adecuar términos tal y como se aprobó en el diario de la federación del 7 de junio de 2011, el termino de “productos Cosméticos” y no el de “Productos de Perfumería y Belleza”.
Séptima. Con respecto a la iniciativa del diputado Osuna Millán, se considera lo siguiente:
1. Con respecto a la siguiente modificación que se propone del artículo 301 de la Ley General de Salud:
Estos cambios en virtud de que no generen una confusión con otros productos, y de esta manera no salirse de la competencia de la Ley General de Salud.
Los integrantes de esta comisión, consideran necesaria la legislación para atacar de manera frontal los llamados “productos milagros”, que su única finalidad es lucrar con productos que no cumplen las propiedades que se dicen tener y que la población consume, se considera viable modificar la Ley general de salud para que se sancione a quienes realizan publicidad que confunde a la población de productos como: remedios herbolarios, suplementos alimenticios o productos cosméticos.
En mérito de lo antes expuesto, esta Comisión de Salud, se permiten someter a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de productos milagro.
Artículo Único. Se reforman los artículos 306, fracciones I y II y 421; y se adicionan los artículos 301, con un segundo párrafo y 421 Ter a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 301. ...
Aquellos productos que ofrezcan beneficios que no corresponden a sus clasificación sanitaria, función o uso, no podrán publicitarse hasta que cumplan con los requisitos aplicables a la clasificación sanitaria o producto bajo el cual se ostentan.
Artículo 306. La publicidad a que se refiere esta Ley se sujetará a los siguientes requisitos:
I. La información contenida en el mensaje sobre calidad, origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficios de empleo deberá ser comprobable y acotada a las características del insumo, producto, artículo o servicio, sin exaltaciones exageradas ni magnificadas, que provoquen riesgo a la salud;
II. El mensaje deberá tener contenido orientador y educativo, evitando, en todo momento, la generación de confusiones en el consumidor, que puedan generar daños a la salud;
III. a VI. ...
Artículo 421. Se sancionará con una multa equivalente de diez mil hasta quince mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 67, 101, 125, 127, 149, 193, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 233, 237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 252, 255, 256, 258, 266, 301, 308, 309, 315, 317, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338, último párrafo, 342, 348, primer párrafo, 350 bis 1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 y 413 de esta Ley.
Artículo 421 Ter. Se sancionará con multa hasta por el cinco por ciento de las ventas anuales relacionadas con el producto o servicio obtenidas por productores y distribuidores durante el ejercicio fiscal anterior a la publicidad de remedios herbolarios, suplementos alimenticios o productos cosméticos que se realice en contravención de lo dispuesto por el artículo 306 de esta Ley, y se procederá al aseguramiento del producto con base en lo establecido en el artículo 414 Bis de esta Ley.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo, a los 7 días del mes de septiembre de 2011.
La Comisión de Salud, diputados:Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Rosalina Mazari Espín, Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez, Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Oralia López Hernández (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se cumple la declaratoria de publicidad.
LEY GENERAL DE SALUD
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 2o. de la Ley General de Salud
Honorable Asamblea:
La Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 56, 87, 88 y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan el siguiente dictamen:
I. Antecedentes
1. Con fecha 28 de octubre de 2010, la diputada María Joann Novoa Mossberger, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley General de Salud.
2. Con misma fecha el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen.
II. Contenido de la iniciativa
Establecer que la protección de la salud tiene como finalidad el bienestar físico y mental de las mujeres, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, así como que el sistema nacional de salud contará con un sistema e información de salud con enfoque de género.
III. Consideraciones
Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... y establecer la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.
Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.
El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.
En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.
Segunda.Los integrantes de la comisión de salud coinciden con el espíritu que anima la propuesta para establecer la obligación de que exista la equidad de género en nuestro país, se considera un tema importante que en México se respete y a su vez exista la equidad de género.
Si bien en la exposición de motivo se explica la igualdad no es una cualidad de una persona, sino que es una relación que se da entre mujeres y hombre, se debe empezar legislando por el principio de igualdad para no afectar a las personas que se encuentren en alguna situación o circunstancias desiguales, ya que es un principio rector para una sociedad sin discriminación. Uno de los factores importantes en estos tiempos es la salud.
Tercera.Es preciso señalar que de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución General de la República establece que está prohibida toda clase de discriminación, entre la que se menciona la de género o cualquier que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas y dice textualmente:
Artículo 1o.
...
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Cuarta. Esto implica que todas las leyes deben cumplir con este ordenamiento, sin necesidad de especificar algún género, pues habla de “todos los individuos”, como bien refería el Doctor Ignacio Burgoa Orihuela “personalidad humana en su aspecto universal abstracto, eliminando toda diferencia entre grupos humanos e individuos desde el punto de raza, nacionalidad, religión, posición económica etc.”
Y la igualdad constitucional es referente o pertenece a sujetos de una misma y específica situación jurídica, más aún el artículo 4º de nuestra Ley Suprema refiere que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.”, sin hacer ninguna distinción de género”, pues de aprobarse la reforma propuesta se restringiría el concepto de persona a tan solo el género “hombre” “mujer” o masculino y femenino, y haciendo alusión a Aristóteles” La desigualdad entre iguales, y la disparidad entre pares es contraria a la naturaleza: y ninguna cosa contraria a la naturaleza es honesta”, es por ello que los integrantes de esta comisión consideran que es un tema relevante y proponen la siguiente modificación, con la finalidad de abarcar un término mas general sin descartar el objetivo principal que es la necesidad de que a toda persona se le procure un estado de perfecto bienestar físico, y mental, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades:
Artículo 2o. ...
I. El bienestar físico y mental de la persona,para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;
Quinta. Con lo que respecta a la fracción IX del artículo 6, no es recomendable, ya que al incorporar en el sistema de información en salud el enfoque de género, restaría objetividad a los datos e información que este Sistema debe aportar y que son necesarios para adoptar las políticas en materia de salud pública más acordes a nuestra realidad, lo cual no se lograría en caso de obtenerse información sesgada.
Sexta.Los integrantes de esta comisión consideran que dicha iniciativa es viable con modificaciones debido a que debemos considerar a la equidad como un componente en la interacción de los problemas en la salud, a fin de brindar un trato digno y oportuno, a las personas, sin importar si son hombres o mujeres en el acceso y el cuidado de su salud.
En mérito de lo antes expuesto, la Comisión de Salud se permite someter a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente
Proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 2o., de la Ley General de Salud
Artículo Único. Se reforma la fracción I del artículo 2o., de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 2o. ...
I. El bienestar físico y mental de la persona,para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;
II. a VII. ...
Transitorio
Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo, a los 7 días del mes de septiembre de 2011.
La Comisión de Salud, diputados:Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Rosalina Mazari Espín, Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz, José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez, Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Oralia López Hernández (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se cumple la declaratoria de publicidad.
LEY GENERAL DE SALUD
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de cambio climático
Honorable Asamblea:
La Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 56, 87, 88 y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan el siguiente dictamen:
I. Antecedentes
1. Con fecha 19 de enero de 2010, los Diputados Carlos Alberto Ezeta Salcedo y Alejandro del Mazo Maza, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de cambio climático.
2. Con misma fecha el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen.
II. Contenido de la iniciativa
Incluir en los objetivos del sistema nacional de salud, así como en la investigación, promoción y educación de la salud las medidas de adaptación de la población a los efectos del cambio climático. Facultar a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, para desarrollar investigación permanente y sistemática de los riesgos y daños para la salud de la población que originen la contaminación del ambiente y los efectos del cambio climático.
III. Consideraciones
Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.
Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.
El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.
En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.
Segunda. Los embates del cambio climático han sido de significativa cuantía, con fuerte impacto en la sociedad más vulnerable, y han puesto en evidencia la alta fragilidad de los ecosistemas sobre los cuales se han hecho manifiesto. También, producto de estos patrones climáticos, la degradación de los recursos naturales y específicamente en los países en vías de desarrollo, ha adquirido proporciones alarmantes. Por ejemplo, en México, la deforestación ha impactado a la diversidad biológica alterando el clima regional en un ciclo vicioso; la erosión de los suelos ha reducido la capacidad de satisfacer las crecientes demandas de alimentos; además, la deposición de sedimentos en obras de almacenamiento de agua ha reducido la capacidad de extracción del vital líquido para diversos propósitos.
Tercera. En México hay 23 millones de personas en situación de vulnerabilidad, principalmente en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Querétaro, Puebla, Estado de México, Chiapas, Tabasco y Oaxaca, entre otros. Por esto urge establecer mecanismos de prevención de desastres por eventos extremos del clima, así como proyectos de planeación del ordenamiento territorial. Según la Organización Meteorológica Mundial “la prevención tiene un costo seis veces menor al de la respuesta a una emergencia”.
Cuarta. La Organización Panamericana de la Salud /OMS considera que el cambio climático es una amenaza significativa para la salud y ha sido la voz líder en las implicaciones de salud del cambio climático, dentro y fuera del sistema de Naciones Unidas (UN, por sus siglas en inglés). OPS/OMS ha recopilado y reportado la evidencia de los vínculos del cambio climático en la salud, cuantificado los impactos en el pasado y los que se tienen proyectados para el futuro, identificado las poblaciones vulnerables y servido de guía al evaluar los riesgos climáticos y responder a amenazas específicas, como las olas de calor, las inundaciones y enfermedades transmitidas por vectores. En septiembre del 2008, el Consejo Directivo de OPS aprobó un Plan Regional de Acción sobre el Cambio Climático y la Salud Humana, el cual está completamente acorde al Plan de Acción Global de OMS y dentro del cual se están realizando diversas actividades de manera conjunta.
Quinta. Es importante mencionar que la respuesta más efectiva al presente cambio climático se está dando a través del reforzamiento de las intervenciones básicas de salud pública que existen actualmente, protegiendo la salud del cambio climático, a lo cual ya estamos comprometidos, apoyando “nuevas” intervenciones para riesgo específicos y alentando las conductas que sean benéficas para la salud y el medio ambiente. Una de las más importantes maneras de manejar la amenaza del cambio climático es un cambio en la conducta de salud, a través de la promoción de la salud.
1. El Protocolo de Kyoto es un acuerdo adoptado por la comunidad internacional en 1997, bajo el auspicio de Naciones Unidas, en el que las partes firmantes se comprometían a un recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos el 5,2% con respecto a los niveles de 1990. Estos objetivos debían conseguirse entre 2008 y 2012, periodo de vigencia del protocolo.
2. En mayo del 2008 la Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución (WHA61.19) en la que le solicita al director general de la Organización Mundial de la Salud lo siguiente:
• Llevar a la atención del público y de los legisladores el grave riesgo del cambio climático en la salud mundial y para el logro de las Metas de Desarrollo del Milenio relacionadas con la salud.
• Participar activamente en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del Programa de Trabajo de Nairobi sobre Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático.
• Trabajar en promover la consideración de los impactos en salud del cambio climático.
• Desarrollar la capacidad para evaluar los riesgos del cambio climático en la salud humana e implementar medidas de respuesta efectiva.
• Consultar a los Estados Miembros sobre la elaboración de un plan de trabajo.
3. Acorde con esta resolución, OPS desarrolló un Plan Regional de Acción que tiene como meta empoderar, equipar y reforzar la capacidad de los sistemas de salud a nivel local y nacional, para proteger la salud humana de los riesgos relacionados con el cambio climático. Los objetivos específicos son:
• Asegurar que la preocupación sobre la seguridad de salud pública se sitúe en el centro de la respuesta para el cambio climático,
• Apoyar el desarrollo y la implementación de estrategias de adaptación a nivel local, nacional y regional para minimizar los impactos del cambio climático en la salud, y
• Fomentar la adopción de medidas de energía para atenuar el cambio climático y evitar mayores impactos que sean potencialmente adversos en la salud.
Bajo estos fines, existen cinco objetivos estratégicos:
A. Evidencia: Promover y apoyar la generación de conocimiento sobre los riesgos de salud, asociados con el cambio climático y en la respuesta del sector de salud pública a este fenómeno. Bajo este objetivo, las acciones específicas son: crear un observatorio del clima y de la salud para establecer y reforzar Sistemas de Vigilancia; fomentar la investigación; generar información, e intercambio de información.
B. Sensibilización: Crear conciencia de los efectos del cambio climático sobre la salud, tanto en el público en general como en los diferentes sectores, incluyendo el personal del sector salud, promoviendo la comunicación y difusión de información con un enfoque multidisciplinario. Bajo este objetivo, las acciones específicas son: aumentar la conciencia; promover la educación; la información y las estrategias de comunicación de riesgo; y desarrollar las guías de educación, capacitación e información.
4. En la reciente cumbre de Cancún, se considero tema prioritario en la agenda de la ONU, el cambio climático y las repercusiones que hay en la salud, es por ello, que en la última semana de la reunión de Cambio Climático de la COP-16, se llevo a cabo una conferencia referente a cambio climático y salud.
En el seminario satelital, que se llevo a cabo el martes 7 de diciembre, sobre el impacto de salud que tiene el cambio climático, seis secretarios de salud, uno de medio ambiente y otro del interior compartieron experiencias sobre el tema, en particular en México sobre inundaciones y dengue.
Se afirmo que México está preparado para enfrentar los efectos del cambio climático en materia de salud, quedando demostrado al no haber tenido ninguna epidemia por las inundaciones, así como la reducción de 50 por ciento en casos de dengue.
Sexta. En los últimos 30 años la legislación en México ha reconocido el derecho fundamental de todas las personas a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, impulsando la creación de sistemas jurídicos que regulan el desarrollo a partir del adecuado aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Hoy en día, las últimas incorporaciones al marco normativo que impulsan la lucha contra el cambio climático han logrado, entre otras cosas, la valoración de las repercusiones a la salud ocasionadas por los efectos del cambio climático, así como la puesta en marcha de instrumentos de política ambiental que pretenden garantizar la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero al ambiente.
Séptima. Referente a la Propuesta del promovente es preciso mencionar que el tema cambio climático y la Salud, es de carácter internacional, y al quererlo insertar a nuestro derecho interno,
Octava. Es preciso mencionar también que esta propuesta va acorde a la problemática que se aborda en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y dentro del Programa Especial de Cambio Climático, instrumentos de gestión que han estado exclusivamente bajo el liderazgo de medio ambiente, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la cual se sumó hace dos años la Secretaría de Salud, pero no de manera oficial, es hasta el año en curso cuando se han incorporado como integrante de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, no obstante ha venido realizando el planteamiento de estrategias para prevenir y mitigar los efectos del cambio climático en la salud de la población, particularmente de la población vulnerable.
Es por ello que acorde a lo anterior, se consideran únicamente innecesarios los artículos 6 , 96, 112 y 116 propuestos en la iniciativa, por los siguientes motivos:
La Cofepris coordina diferentes acciones de prevención ante el cambio climático en conjunto con la Dirección General de Epidemiología, Dirección General de Promoción de la Salud, Instituto Nacional de Salud Pública y el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica, las cuales se citan a continuación:
1. Evaluación de escenarios de cambio climático en distintos grupos sociales en cuenta proyecciones demográficas
Elaboración de cartografía de zonas vulnerables
A través de la construcción del Atlas Nacional de Riesgos Sanitarios (Cofepris), que permite prevenir y controlar los efectos nocivos de los factores ambientales en la población expuesta, alertando y previniendo de manera oportuna a la población en episodios de riesgos ambientales.
Se hace de la siguiente manera, al contar con información sobre la población expuesta a riesgos, entre otros, los provenientes de quema de combustibles fósiles y biomasa, la calidad de agua para consumo humano, la infraestructura de atención hospitalaria, contaminantes ambientales intra y extramuros, a través de la creación de:
a. Mapas temáticos de morbilidad y mortalidad asociación a los principales riesgos sanitarios.
b. Modelos de pronósticos de evaluación de riesgo.
c. Escenarios económicos sobre los efectos en la salud por la exposición a diversos contaminantes ambientales.
2. Desarrollar planes de actuación en salud pública a partir de sistemas de alerta temprana
Construir y desarrollar sistemas de vigilancia epidemiológica para identificar y proteger a la población en sitios vulnerables a los efectos del cambio climático (inundaciones), así como para prevenir el decremento o incremento de temperatura en el país.
Indicadores:
a. Población vulnerable
b. Tasa de morbilidad de padecimientos respiratorios por decremento de temperatura.
c. Tasa de mortalidad por incremento de temperatura
3. Establecer programas de vigilancia de enfermedades de transmisión por vectores
A desarrollar por el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades
4. Desarrollar actividades para incrementar la conciencia y participación ciudadana ante riesgos en la salud de la población
5. Evaluación del riesgo sanitario por exposición a sustancias tóxicas o peligrosas
Al disminuir las concentraciones y volúmenes de gases efecto invernadero, proteger a la población contra riesgos por sustancias o agentes físicos, químicos o biológicos, producto del impacto de plaguicidas, fertilizantes, precursores químicos esenciales.
Realizar la identificación y Planes de Manejo de sustancias tóxicas, plaguicidas fertilizantes, precursores químicos y químicos esenciales prioritarios en el ambiente a nivel local, regional y global.
6. Riesgos derivados de factores ambientales
Disminuir la emisión de gases efecto invernadero a la atmósfera producto de procesos de combustión (industrias, vehículos, quema de biomasa).
Establecer medidas e indicadores de impacto de riesgo en la salud de la población por exposición a sustancias y emisiones producto de procesos de combustión.
7. Diseñar planes de actuación en salud pública a partir de sistemas de alerta temprana por medio de:
Saneamiento básico
Al coadyuvar a la disminución la generación de gases efecto invernadero provenientes de residuos generados entre otros, en establecimientos como hospitales, rastros, etc.
Disminución de las emisiones provenientes de la quema de residuos peligrosos.
Disminución de emisiones de CO2 producto de la combustión de biomasa en las zonas rurales del país.
Realizar campañas para evitar la exposición a agentes nocivos para salud; así como intensificar el reciclado y reusó de materiales.
Para llevar a cabo la instrumentación adecuada y contar con la capacidad institucional para afrontar los problemas de salud derivados del cambio climático, la Secretaría de Salud a través de su titular nos ha instruido para incluir el tema de cambio climático dentro del Programa de Acción Específico 2007-2012 con el objetivo de prevenir y atender los riesgos sanitarios derivados del cambio climático y contribuir así a mejorar la salud de la población.
Novena. Es relevante destacar, que en las Comisión de Medio Ambiente del Congreso de la Unión se está llevando a cabo el análisis de dos iniciativas de ley en las cuales van más acorde al espíritu de la iniciativa e incluso se está adoptando en ambas, como lo es Ley General de Cambio Climático y Ley General de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.
Décima. Los integrantes de esta comisión estamos enteramente comprometidos con el derecho de las personas a gozar de un medio ambiente sano, impulsando cambios en la legislación mexicana de manera que se fortalezca la educación y cultura ambiental de manera conjunta, que se preserve la biodiversidad y sobre todo que se asegure una justicia ambiental dentro y fuera del territorio nacional que garantice que lo incentivos e instrumentos de mercado que surjan para mitigar los efectos del cambio climático generen desarrollo para todos los mexicanos. Estamos consientes de la dimensión del problema, sin embargo consideramos que es necesario que se creen diversas directrices que contemplen la creación un marco normativo más acorde para nuestro país.
La iniciativa en comento es viable con las siguientes modificaciones:
1. Con respecto al artículo 111 de la Ley General de Salud, se considera importante, por lo anterior mencionado que de la misma manea se sigan promoviendo estrategias de mitigación.
2. Con respecto al artículo 119, es más conveniente agregar un I Bis el cual contemple la formulación de programas en pro de los efectos nocivos del ambiente en la salud, es también importante señalar que acorde con esta modificación al 119, se estima necesaria la adición de un III Bis al artículo 119 de la Ley General de Salud.
Es menes ter señalar q dichas modificaciones tendrían impacto de prevención y promoción de la salud, los integrantes de esta comisión consideramos viable con modificaciones dicha iniciativa.
En mérito de lo antes expuesto, la Comisión de Salud se permite someter a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente:
Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de cambio climático.
Artículo Único. Se reforma la fracción III del artículo 111; y se adicionan una fracción III Bis al artículo 118 y una fracción I Bis al artículo 119 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 111. La promoción de la salud comprende:
I. a II. ...
III. Control de los efectos nocivos del ambiente en la salud, adoptando medidas y promoviendo estrategias de mitigación y de adaptación a los efectos del cambio climático;
IV. a V. ...
Articulo 118.Corresponde a la Secretaría de Salud:
I. a III. ...
III Bis. Determinar y evaluar los riesgos sanitarios a los que se encuentra expuesta la población en caso de eventos provocados por fenómenos naturales originados por cambio climático.
IV. a VII. ...
Artículo 119. Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia:
I. ...
I Bis. Formular programas para la atención y control de los efectos nocivos del ambiente en la salud, que consideren entre otros aspectos del cambio climático.
II. a IV. ...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En un plazo no mayor a un año, posterior a la publicación del presente decreto, la Secretaría de Salud deberá actualizar el marco normativo y programático a que haya lugar en materia de riesgo sanitario.
Palacio Legislativo, a los 7 días del mes de septiembre de 2011.
La Comisión de Salud, diputados:Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica en abstención), Rosalina Mazari Espín, Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez, Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Oralia López Hernández (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se cumple la declaratoria de publicidad.
LEY GENERAL DE SALUD
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud
Honorable Asamblea:
La Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 56, 87, 88 y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan el siguiente dictamen:
I. Antecedentes
1. En sesión celebrada con fecha 8 de marzo de 2011, la diputada María de Lourdes Reynoso Femat, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 2o. de la Ley General de Salud.
2. Con la misma fecha la Mesa Directiva de este órgano legislativo turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud, para su estudio y posterior dictamen.
II. Contenido de la iniciativa
La creación, la generación, el desarrollo y la administración del conocimiento se convierten en el eje fundamental de corresponsabilidad entre el sector público y el sector privado para optimizar el crecimiento económico. Tomando en cuenta lo anterior, las nuevas tecnologías han permitido el desarrollo, entre otras cosas, de lo que hoy se conoce como “gobierno electrónico” o “e-gobierno”. El manejo de estas nuevas innovaciones tecnológicas de la información y la comunicación permiten tener una línea de contacto con la ciudadanía, con el objetivo de tener un contacto directo de los gobernados con sus gobernantes y, así, propiciar la mejora de las condiciones de calidad de vida de la población. Es por lo anterior, que la iniciante considera de suma importancia que el gobierno mexicano, dentro del sector salud particularmente, tome las medidas necesarias para tener un continuo aprovechamiento de las herramientas tecnológicas de vanguardia.
III. Consideraciones
Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.
Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.
El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.
En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.
Segunda. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son el conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones.
Las TIC se basan en el uso de la tecnología electrónica para el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el gobierno electrónico o e-gobierno, es aquel que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) para transformar sus relaciones internas y externas. La utilización del gobierno electrónico permite que se sigan llevando a cabo las funciones básicas de los gobiernos, pero permiten que se aumenten las expectativas de desempeño y resultado público. Por otro lado también se considera que las TIC son tanto un fruto del desarrollo como un motor de este.
Tercera. Algunos de los beneficios que aportan las tecnologías de la información y la comunicación tanto a la sociedad como al gobierno son:
• Fácil acceso a la información
• Instrumentos para el proceso de datos
• Canales de comunicación
• Almacenamiento de información
• Automatización de tareas
Estos beneficios permitirán que los ciudadanos tengan más información sobre lo que pasa en el ámbito de la salud y a su vez que se mejoren los servicios de salud lo cual implicaría una mejora en la salud de la población.
Cuarta. De acuerdo con el Network Readiness Index (NRI) que es el índice que evalúa el impacto que tienen las TIC en los procesos de desarrollo de los países, este es publicado cada año por el Foro Económico Mundial. México ocupa el lugar 78, de 133 países, y entre la publicación de 2008-2009 y la de 2009-2010 cayó 11 posiciones. Como puede verse es muy importante que se sigan aplicando las tecnologías de la información y de la comunicación en todos los ámbitos gubernamentales ya que estas generan a su vez desarrollo y crecimiento económico.
Algunos de los beneficios que pueden surgir a partir de la implementación de herramientas tecnológicas al ámbito de la salud, las cuales se conocen como e-health (e-salud), son:
• Eficiencia. Se puede aumentar la eficiencia, disminuyendo costos, por ejemplo evitando que se tengan que realizar varias consultas a un mismo paciente, esto se puede crear logrando que se abran canales de comunicación, más directos, entre los proveedores de servicios de salud y los pacientes.
• Mejora en la calidad de los servicios. Esto se puede lograr haciendo una comparación transparente entre distintos proveedores de servicios.
• Empoderamiento del paciente. Haciendo público y transparente los procesos médicos, algunos, es que los pacientes contaran con el poder de tomar las mejores decisiones y hacerlo de manera conjunta con los proveedores de salud.
• Educación. Con las nuevas tecnologías se puede dar un continuo mejoramiento de la educación de los médicos.
• Ampliación de los servicios de salud. Gracias a estas nuevas herramientas es que se puede llegar a cualquier lugar y de esta forma especialistas médicos pueden dar su opinión sobre distintos casos a cualquier parte del país.
Quinta. Las tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al campo de la salud tienen muchas y variadas herramientas, algunas de ellas son:
• La receta electrónica, la cual permite que los pacientes puedan acudir a cualquier farmacia a surtir su receta.
• La firma electrónica digital permitiría que todos los médicos, que tengan cedula profesional, puedan realizar recetas electrónicas.
Estos son dos ejemplos de cómo la tecnología puede ayudar a mejorar la calidad de la atención de la población dentro del sector salud, ya que habrá un mayor control en el consumo y en la compra de medicamentos.
Es importante reconocer que en México se ha hecho un esfuerzo importante por mantenerse en la vanguardia tecnológica, a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación, pero también se considera que la tecnología avanza a pasos agigantados por lo que es necesario seguir impulsando el progreso de estas herramientas.
Sexta. Con respecto a la modificación que se propone en el artículo 2° de la ley general de salud:
Artículo 2o. El derecho a la protección de la salud tiene las siguientes finalidades:
I. a V. ...
VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, incluida la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación; y
VII. ...
Es necesario señalar que dicha propuesta se debe reforzar haciéndola un objetivo del Sistema Nacional de Salud, comprometidos con el espíritu de la iniciativa, se propone la siguiente modificación, a fin de seguir promoviendo, el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud, de la siguiente manera:
Artículo 6o . El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:
I a VIII...
IX. Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud.
Artículo 7o. La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:
I a VIII...
VIII Bis. Promover la incorporación, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en los servicios de Salud.
En mérito de lo antes expuesto, la Comisión de Salud se permite someter a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud
Artículo Único.Se adicionan los artículos 6o., con una fracción IX y 7o., con una fracción IX a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 6o. El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:
I. a VIII. ...
IX. Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud.
Artículo 7o. La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:
I. a VIII. ...
VIII Bis. Promover la incorporación, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en los servicios de Salud;
IX. a XV. ...
Transitorio
Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 Gobierno Electrónico en América Latina. www.eclac.cl/ilpes/noticias/paginas/4/13514/Gobierno_Electronico_jc_bonnefoy.pp s
2 What is e-heatlh? G. Eysenbach. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1761894/
Palacio Legislativo, a los 7 días del mes de septiembre de 2011.
La Comisión de Salud, diputados:Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Rosalina Mazari Espín, Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez, Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Oralia López Hernández (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se cumple la declaratoria de publicidad.
LEY GENERAL DE TURISMO
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Turismo, en materia de turismo de la salud
La Comisión de Turismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente:
Antecedentes
I. A la Comisión de Turismo le fue turnado para su estudio y dictamen, las siguientes iniciativas:
1. Iniciativa que reforma y adiciona diversa disposiciones de la Ley General de Turismo, presentada por el diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en fecha 15 de diciembre de 2010.
2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7, fracción XVIII, de la Ley General de Turismo, presentada por el diputado Miguel Martínez Peñaloza, del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en fecha 25 de Noviembre de 2010.
II. Las iniciativas planteadas en el apartado de Antecedentes.
Materia de las iniciativas
La iniciativa que suscribe el diputado Osuna Millán, esencialmente propone definir el turismo de la salud como la actividad turística generada por las personas que viajan para recibir servicios, tratamientos o intervenciones relacionadas con la salud, ya sea de tipo preventivo, curativo, de cuidados paliativos o rehabilitación, así como adicionar un Capítulo IV Bis, denominado “Del Turismo de la Salud”, con el objeto de que la Secretaría de Turismo impulse, fomente y apoye el turismo de la salud en nuestro país, en estrecha coordinación con la Secretaría de Salud y que los prestadores de servicios relacionados con el turismo de la salud se sujeten a las normas, lineamientos y disposiciones que emitan las autoridades correspondientes.
Por lo que se refiere a la segunda iniciativa, propuesta del diputado Martínez Peñaloza, facultar a la secretaría para que, en coordinación con las Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público y de Economía, fomente la creación de las políticas públicas necesarias para la promoción y pleno desarrollo del turismo médico en todo el país.
Consideraciones
Esta comisión dictaminadora, convencida de que el turismo en México es una actividad económica decisiva para el país y es una de las mayores en el mundo, por lo cual es colocada en octavo lugar a nivel mundial en términos de llegadas de turistas internacionales, con 21,4 millones de visitantes, y es el primer destino para turistas extranjeros dentro de América Latina. Los ingresos provenientes de los turistas extranjeros alcanzaron USD 12,17 mil millones en 2006, y México capturó el 15,7% del segmento de mercado turístico de América en términos de llegadas de turistas extranjeros, colocado en segundo lugar en el continente, detrás de Estados Unidos.
La Comisión que tiene el compromiso de impulsar el turismo en la actualidad se plantea como la mejor opción para generar crecimiento económico con desarrollo social y cuidado del medio ambiente y los recursos naturales en general, y como una medida específica para enfrentar el reto de disminuir la pobreza y reactivar la economía nacional de manera estructural.
Las principales atracciones turísticas de México son las ruinas arqueológicas de la cultura mesoamericana, las ciudades coloniales y los complejos turísticos de playa. El clima templado del país, junto con su herencia histórica cultural; la fusión de la cultura europea (particularmente la española) con la cultura mesoamericana; también hacen de México un atractivo destino turístico a nivel mundial. La gran mayoría de los turistas extranjeros que visitan México provienen de los Estados Unidos y Canadá. El siguiente grupo en importancia son visitantes de Europa y América Latina. Un número reducido de turistas también proviene de los países de Asia.
De acuerdo a datos emitidos por el Banco de México en el 2010, el turismo representó la tercera fuente de ingresos del país, con 9% del producto interno bruto y aproximadamente siete y medio millones de empleos directos e indirectos. La Cuenta Satélite del Turismo establece que el mercado interno explica más del 80% del consumo turístico. De acuerdo con estos datos, es relevante analizar la dinámica de crecimiento del “Índice de los ingresos totales por la prestación de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas” que elabora y difunde mensualmente el Inegi y que, en línea con los indicadores antes comentados, muestra un crecimiento favorable a partir de mayo de 2009, aunque aún no se ha llegado a los niveles de los primeros meses de 2008.
De acuerdo a los últimos datos disponibles en la Cuenta Satélite del Turismo, en 2008 el consumo doméstico participa con el 87% del consumo turístico total. Durante 2010 el número de turistas domésticos se estimó en 161 millones, mientras que los turistas internacionales fueron 22.4 millones.
Los últimos reportes del Índice de Competitividad de Viajes y Turismo indican que México ocupa el lugar 4 de 25 en América. Nuestro país ha subido 8 lugares en la comparación a nivel mundial del 2009 al 2011, ocupando el lugar número 43. En el ranking países de América, ocupa el lugar número 4, superando a Costa Rica y Brasil.
De tal modo que México ocupa el lugar 43 de 139 países en el Ranking Global de Competitividad en Viajes y Turismo 2011 en el ranking de los países de América, México ocupa el lugar 4 de 25.
Las áreas que requieren mayor atención en México son: Infraestructura del Transporte Terrestre (lugar 79), insuficiente Salud e Higiene (lugar 64), Sustentabilidad Ambiental (114) y problemas de Seguridad en el país (lugar 128).
En el ranking de los países de América:
México ocupa el lugar 4 de 25 en América. Nuestro país ha subido 8 lugares en la comparación a nivel mundial del 2009 al 2011, ocupando el lugar número 43. En el ranking países de América, ocupa el lugar número 4, superando a Costa Rica y Brasil.
México obtuvo estos lugares debido a sus Recursos Naturales (ocupa el lugar número 10 en este indicador) y muestra una mejora desde la última evaluación, con muchos sitios naturales considerados como Patrimonio de la Humanidad, además de tener una rica fauna. Los Recursos Culturales también están entre los mejores del mundo (ocupando el lugar 19), con 33 sitios de culturales considerados Patrimonio de la Humanidad, Ferias Internacionales y Exhibiciones, así como Industrias Creativas. Estas fortalezas están reforzadas por las prioridades que se han establecido en el país para impulsar el Turismo (lugar 30), con una promoción y campañas de marca para atraer a los turistas y esfuerzos significativos para recolectar datos del Sector Turístico ( Travel & Tourism, T&T) de una manera integral y oportuna.
Las iniciativas materia del presente dictamen conciben el turismo de salud como el término para describir la práctica rápidamente creciente de viajar fuera del lugar de residencia para someterse a (atención profesional) y/o un cuidado médico integral.
En cuanto a los beneficios que el Turismo de Salud aporta se tiene registro de que en los últimos años, y gracias a la globalización ha habido una mejora y aumento de la tecnología, en la capacidad de los médicos y los estándares del cuidado de salud en muchos países en el mundo. Esto aunado con el alto costo de los cuidados y servicios médicos en otros países, ha resultado en que más gente está buscando el turismo en salud. El fenómeno es muy sencillo porque se define cuando alguien viaja a otra región o país para obtener algún servicio de salud y bienestar.
Con el objetivo de fortalecer el turismo de salud en nuestro país, en fechas recientes en Monterrey, Nuevo León, se llevo a cabo el primer Foro de turismo de salud, en el que los titulares de las Secretarías de Turismo y de Salud aseguraron que México cuenta con todas las condiciones para ser líder en este segmento. La Secretaría de Turismo coincide con que el turismo de salud permitirá atraer a un mayor número de visitantes, elevar el gasto en esta actividad y generar más fuentes de empleo, así mismo se expuso que a nivel mundial más de 40 millones de personas salen de su país en busca de servicios médicos y que solamente para 2012 se espera que 1.6 millones de estadounidenses vayan a otra nación a realizarse algún tratamiento, por lo que México tiene grandes posibilidades de crecimiento en este rubro.
Para fortalecer a este sector, la Secretaría de Turismo llevará a cabo acciones decisivas para certificar que las instalaciones turísticas sean adecuadas para los pacientes, lo que fomentará la creación de una oferta integrada al combinar los servicios de salud y los relacionados con el turismo.
El Consejo de Salubridad General certificará a los hospitales privados interesados, lo que permitirá contar con información detallada de las atenciones médicas, así como generar incentivos para que la iniciativa privada corrobore la calidad y garantía de los servicios que ofrecen las instituciones. Coordinando las mencionadas acciones, con la reformas propuestas en el presente dictamen con la finalidad de dar certeza jurídica se avanza en los objetivos planteados en Acuerdo Nacional por el Turismo, el cual fue firmado el pasado 28 de febrero por el presidente Felipe Calderón Hinojosa.
La propuesta de esta comisión dictaminadora es la de realizar las reformas necesarias que partan de reconocer el potencial de la actividad, reoriente propósitos e instituciones, garantice el carácter transversal del turismo y su operación, y sin duda, fortalezca su presupuesto.
En algunos estados del norte del país se cuenta con personal médico de primera calidad, así como con especialistas con reconocimiento internacional, y miles de personas que trabajan alrededor de los servicios médicos, enfermeros y enfermeras de primer nivel, así como universidades de calidad internacional.
Los diputados integrantes de la Comisión de Turismo comprometidos a trabajar para colocar al turismo como motor de crecimiento de México, en virtud de que esta actividad representa el nueve por ciento del producto interno bruto y genera 7.5 millones de empleos.
El principal beneficio para los usuarios del Turismo de Salud es el menor costo al que pueden obtener los servicios de salud de calidad. Que en ocasiones los ahorros en el costo de los servicios de salud pueden variar entre 30% a 70% y esto definitivamente es un beneficio muy grande para la persona que va a viajar por algún tratamiento médico. Porque aún incluyendo los costos de transporte, hospedaje y otros gastos adicionales, se puede obtener un gran ahorro total.
El segundo mayor beneficio de la industria del Turismo de Salud, es la atención oportuna de alguna situación en particular. En países en donde los servicios médicos están saturados, las listas de espera para algunos tratamientos médicos o cirugías es tan larga que puede llegar a ser de 6 a 18 o incluso 24 meses de espera. En los países que están ofreciendo el Turismo en Salud, generalmente se tienen sistemas de salud complejos en donde los servicios privados tienen una capacidad instalada para atender a sus pacientes de forma inmediata.
Un último beneficio a mencionar es la posibilidad de recuperarse en un ambiente de vacaciones o relajante, en donde también puede combinarse actividades placenteras y viajes de turismo.
Las modificaciones propuestas a la Ley General de Turismo se exponen en el siguiente cuadro comparativo:
La cadena de servicios que implica la actividad del turismo genera una derrama económica de considerable importancia, así como la derrama económica que es posible que genere el negocio del turismo de salud para México y sus empresas por lo cual se han hecho cálculos de gasto aproximados a:
• Agencias de Viajes para la compra de boletos e información sobre el destino $300 a 600 dólares
• Taxi para traslados terrestres: aeropuerto-hotel-aeropuerto $50 dólares
• Hotel, condominio, casa: para hospedaje de recuperación (de 1 a 2 semanas) $100.00 dólares por día para 2 personas = a $1,200.00 dólares aproximadamente
• Hospital o clínica para tratamiento médico es de $5,000 dólares a $12,000.00
• Ambulancia (opcional) para los traslados hospital-hotel $200.00 dólares
• Laboratorios para exámenes clínicos es de $200.00 dólares a $400.00 dólares
• Farmacia para la compra de medicina es de $200.00 dólares a $400.00 dólares
• Enfermera privada (opcional) para la atención personalizada 30 dólares por día = a $300.00 dólares aproximadamente
• Restaurantes: por lo menos cenará una vez fuera del hotel, condominio o casa por 2 personas $100.00 dólares
• Recorridos turísticos (opcional) por lo menos tomara un tour por 2 personas $100.00 dólares
• Compra de artesanías: realizara una compra de $100.00 dólares
Gasto promedio por paciente internacional $13,000.00 dólares.
Dentro de las acciones en materia de política Turística en el país se han efectuado ya algunas gestiones, así como lo es el punto de acuerdo presentado en la Cámara de Senadores por el senador Jaime Rafael Díaz Ochoa e impulsado por Luis Coppola Joffroy, el cual se aprobó en votación económica solicitar al titular del Ejecutivo federal la implementación de una política pública interinstitucional de fomento al turismo de salud que permita el aprovechamiento del potencial que tiene México en esa materia.
También se exhortó a la Secretaría de Turismo para que lleve a cabo campañas masivas que promuevan y difundan las ofertas, los servicios médicos y la infraestructura hospitalaria de primer nivel que ofrecen los estados de la frontera norte dentro del esquema de turismo de salud, así como para que informe los avances de la estrategia implementada para impulsar el turismo de salud en el país además, se invitó al Ejecutivo federal para que instruya al Consejo de Salubridad General a que promueva en los estados de la frontera norte, la certificación de sus hospitales públicos y privados, por parte del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica, así como el reconocimiento de dicha certificación por parte de las aseguradoras extranjeras.
México es un país que, de manera similar a la industria turística, tiene una industria médica o de la salud. Por otro lado, la inversión anual en infraestructura médica es cada vez mayor, tanto en el sector público como privado, por lo que es necesario aprovechar las ventajas con que cuenta nuestro país tanto en materia de infraestructura turística como de infraestructura medica.
El turismo de salud, por sus cualidades intrínsecas sería uno de los de mayor gasto por parte de los turistas internacionales, ya que en busca de mejores condiciones económicas migran de sus países en busca de atención médica más económica, pero, por su naturaleza, mayor en gasto que una internación turística de recreación.
En Latinoamérica, los países que está tratando a pacientes extranjeros son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá, Perú y Uruguay.
Se estima que los consumidores de turismo de salud en busca de valor comentaron ahorros en costos promedian de entre 30-70% de precios americanos.
Los americanos, particularmente los que viven cerca de la frontera mexicana, cruzan rutinariamente a México para obtener cuidados médicos. Las especialidades más populares incluyen: cirugía dental y cirugía plástica.
De acuerdo al Centro de Estudios Superiores de Turismo, a nivel mundial más de 40 millones de personas salen de su país en busca de servicios médicos y que solamente para 2012 se espera que 1.6 millones de estadounidenses vayan a otra nación a realizarse algún tratamiento.
Esta actividad económica, generada por las personas que viajan por todo el mundo para recibir servicios de salud, tiene un potencial vasto, que podría generar una derrama económica y generación de empleos sumamente importante, mucho mayor a lo que tenemos en la actualidad, considerando que los costos de los procedimientos tanto médicos como quirúrgicos en México son mucho más económicos que en Estados Unidos de América, nuestro principal mercado para ello, lo que nos sitúa en un escenario de ventajas competitivas.
El diputado proponente expone que se estima que tan sólo en nuestro país vecino, existe un potencial de cerca de 6 millones de personas que podrían estar en condiciones de buscar soluciones y atención médica en el exterior.
Por tanto, para poder preservar y hacer crecer y multiplicar el turismo de la Salud en nuestro país, tenemos el reto y la obligación de generar condiciones que permitan maximizar las posibilidades de esta actividad, a fin de atraer y generar la confianza tanto de inversionistas y empresarios, como de los clientes, consumidores y turistas de dicha rama.
Si bien el turismo médico se ha venido consolidando como práctica, mediante la cual una cantidad cada vez mayor de personas en todo el mundo viajan a algún país distinto al suyo para obtener cuidados y servicios médicos, incluyendo procedimientos y cirugías diversas, como cardiaca, dental o cosméticas, el impulso y fomento al Turismo de la Salud representa la oportunidad de atraer una gran cantidad de nuevas inversiones, desarrollar auténticos polos de desarrollo, y contribuir al engrandecimiento del turismo en México. Por ello, el Poder Legislativo tiene un peso específico estratégico en esta gran tarea.
Las investigaciones de mercado sugieren que los principales mercados de turistas de la salud provienen de Estados Unidos de América, Canadá, Inglaterra, Italia y Australia, y que los servicios más demandados son aquellos relacionados con la odontología, oftalmología y cirugías.
Estudios Internacionales demuestran que aquellos países que diseñan e implementan estrategias innovadoras, consistentes, ambiciosas e integrales, para promover, atraer y captar los flujos y beneficios del turismo de la salud, pueden obtener un éxito importante, benéfico para sus habitantes. Los casos más emblemáticos son los de Colombia, Cuba, El Salvador, Puerto Rico y Uruguay.
Colombia posee alrededor de 5 por ciento del mercado mundial del turismo generado a partir de la medicina curativa, debido entre otros factores, a la amplitud de su cobertura de tratamientos de alta calidad, así como su estructura. Los costos de los procedimientos médicos en este país son menores hasta en un 35 por ciento que en los Estados Unidos de América, fuente principal del mercado de turistas de la salud. Además, los componentes de la innovación y el de la obtención de certificados y reconocimiento internacional a la calidad médica, representan sin duda elementos que facilitan e incentivan esta industria.
El Turismo de Salud es un término acuñado inicialmente por las agencias de viajes y los medios de comunicación para describir la práctica rápidamente creciente de viajar a través de las fronteras internacionales para obtener atención de salud.También se refiere a la práctica de los profesionales sanitarios viajan al extranjero para ofrecer asistencia sanitaria.
Más de 50 países han identificado el turismo médico como una industria nacional. Cuba es, sin lugar a dudas, el destino médico del turismo por excelencia. Cuando los pacientes internacionales piensan en médicos de alta calidad y costos bajos, el primer país que aparece es Cuba. No sólo está la reputación de los doctores cubanos, sino la ventaja de las playas cubanas, que hábilmente son promocionadas como lugares propicios para la fase de recuperación, después de la operación médica.
Las estadísticas de salud indican también una ventaja competitiva, al:
Tener: 5.91 médicos por cada mil habitantes;
Una esperanza de vida de 75 años para hombres y
De 79 años para mujeres; y
Finalmente, una tasa de mortalidad infantil de tan sólo 6 por ciento.
Todas esas cifras son propias de los países que cuentan con un alto nivel de desarrollo humano, por lo que Cuba tiene argumentos sólidos para posicionarse a nivel mundial en el Turismo de Salud.
El Salvador es un ejemplo en la promoción del Turismo de Salud principalmente en lo que se refiere a la articulación de instituciones y de operadores turísticos especializados en la materia. La labor de promocionar los servicios médicos para atraer turistas internacionales, la realizan en conjunto la Cámara de Exportadores de Servicios de Salud, la Agencia de Promoción de Exportaciones, la Agencia de Promoción de Inversiones y el Ministerio de Salud de dicho país. De esta manera, El Salvador cuenta con un auténtico plan estratégico.
En el caso de Puerto Rico, el éxito que han obtenido se explica, además de la calidad y el bajo costo de sus servicios, en el aspecto tecnológico, y también debido a que la preparación de una gran cantidad de sus doctores y profesionales de la salud han estudiado y se han preparado en Estados Unidos. Así mismo, este país ha tomado muy en serio su participación activa en todo tipo de asociaciones internacionales relacionadas con el turismo de la salud, como lo es la Asociación de Turismo Médico Internacional (MTA, por sus siglas en inglés).
Uruguay, un referente más bien emergente del Turismo de Salud, se ha distinguido en particular por dos aspectos: una infraestructura hotelera importante y servicios médicos de gran nivel, además de contar con un clima de seguridad reconocido que concita la confianza de los turistas.
En consecuencia, retomando los mejores ejemplos internacionales en el campo del Turismo de la Salud, valdría la pena considerar algunas lecciones para ser aplicadas y replicadas en nuestro país, tales como las siguientes:
• Tomar en consideración aspectos como el tener hotelería especializada, servicios a la medida, operadores turísticos y centros de rehabilitación.
• El tomar medidas para reducir los costos y ser más competitivos en términos de tratamientos médicos y cirugías.
• Mejorar la conectividad para la atención de los pacientes internacionales, especialmente en cuantos a los vuelos.
Dadas las potencialidades que se han encontrado en este mercado para la actividad turística del país previo a un amplio análisis esta comisión propone NO modificar el Art. 3 fracción XIX de la Ley General de Turismo toda vez que la propia Secretaría de Turismo ya concibe el Turismo de Salud en sus Planes y Programas.
No obstante se propone una modificación a la redacción en la propuesta que se refiere al artículo 7 fracción XVIII que conste en ampliar la participación que puedan tener otras secretarías, suplementariamente se plantea generar una estrecha coordinación con la Secretaria de Salud para impulsar, fomentar y apoyar al Turismo de Salud, esta comisión considera importante adicionar a esta coordinación de acciones a las dependencias que puedan tener un papel de involucramiento para que los servicios relacionados a este segmento se encuentren en optimas condiciones y adecuadas para su impulso.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente
Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Turismo, en materia de turismo de la salud
Artículo Único. Se adicionan el artículo 7, con una fracción XVIII, recorriéndose la actual en su orden, y un Capítulo IV Bis, denominado “Del Turismo de la Salud”, que comprende los artículos 19 Bis y 19 Bis 1, a la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:
Articulo 7.Para dar cumplimiento de la presente Ley, le corresponde a la Secretaría:
I. a XVI. ...
XVII. Promover en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; el desarrollo de la pesca deportivo-recreativa, conforme lo dispuesto en esta Ley, su reglamento y en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable;
XVIII. La Secretaría, se encargará en coordinación con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía, y todas aquellas dependencias que tengan injerencia para que los servicios relacionados se encuentren en condiciones optimas y adecuadas para su impulso, de fomentar la creación de las políticas públicas necesarias para la promoción y pleno desarrollo del Turismo de Salud en todo el país, y
XIX. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.
Capítulo IV BisDel Turismo de la Salud
Artículo 19 Bis. La Secretaría impulsará, fomentará y apoyará el Turismo de la Salud en nuestro país, en estrecha coordinación con la Secretaría de Salud.
Artículo 19 Bis 1. Los prestadores de servicios relacionados con el turismo de la salud se sujetarán a las normas, lineamientos y disposiciones que para tales efectos emitan las autoridades correspondientes.
Transitorio
Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2011.
La Comisión de Turismo, diputados:Carlos Manuel Joaquín González (rúbrica), Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Noé Martín Vázquez Pérez (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), Miguel Martínez Peñaloza (rúbrica), Lizbeth García Coronado (rúbrica), José Alfredo González Díaz (rúbrica), María Guadalupe García Almanza (rúbrica), secretarios; Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Efraín Ernesto Aguilar Góngora (rúbrica), Cecilia Soledad Arévalo Sosa (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza, Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Juan José Cuevas García, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor, Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez (rúbrica), José Ignacio Seara Sierra, Emilio Serrano Jiménez, Luis Alejandro Guevara Cobos, Silvia Isabel Monge Villalobos (rúbrica), Marta Elena García Gómez, Iridia Salazar Blanco.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Miguel Martínez Peñaloza para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Miguel Martínez Peñaloza:Gracias. Buen día. Con su venia, señor presidente. El dictamen que hoy se discute, que es el de establecer que la Secretaría de Turismo se encargue, en coordinación con la Secretaría de Salud, la de Hacienda y Crédito Público y la de Economía, de fomentar la creación de las políticas públicas necesarias para la promoción y pleno desarrollo del turismo de salud en todo el país.
Esta iniciativa, que fue aprobada en Comisión de Turismo por unanimidad, es una iniciativa muy importante para quienes estamos trabajando en este sector, en este ramo de la economía, que es la del turismo; el turismo de la salud es una actividad que realizan las personas que viajan de un lugar a otro para recibir servicios, tratamientos o intervenciones relacionadas con la salud, ya sea de tipo preventivo, curativo, de cuidados paliativos o de rehabilitación.
Todos sabemos que el turismo es una actividad económica decisiva para el país; es una de las mayores del mundo. Tan sólo México es colocado en el lugar número ocho a nivel mundial de la llegada de turistas, con 21.4 millones de personas; México es considerado el primer lugar en destino turístico para América Latina y es el segundo lugar del continente, después de Estados Unidos de América.
En México, el turismo representa el 9 por ciento del producto interno bruto y crea alrededor de 7 millones y medio de empleos directos e indirectos; el adicionar a la Ley General de Turismo el concepto de turismo de la salud le traerá enormes beneficios a nuestro país, porque tendremos entonces la posibilidad de competir con países como Cuba, como Costa Rica, como Brasil en este concepto, y llegar del lugar número ocho al lugar número cinco, que es lo que pretendemos con todas las acciones que en este año del turismo estamos emprendiendo en México.
Por tanto, pido a todas las diputadas y diputados que nos ayuden a fortalecer esta actividad, en esta iniciativa, que hoy sin duda, con el apoyo de todos ustedes, se estará impulsando y se aprobará. Por su atención, muchas gracias.
El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Martínez Peñaloza, quiere formular una pregunta a usted el diputado Pablo Escudero, ¿la acepta?
El diputado Miguel Martínez Peñaloza(desde la curul): Sí, por supuesto.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Por favor, diputado Pablo Escudero.
El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): No, presidente, es a usted; la pregunta es un tema delicado, quisiera pedirle que nos hiciera el favor de verificar alguna información que parece un rumor, pero es un tema muy delicado: que no aparece el helicóptero del secretario Blake.
Le pido, simplemente, para que todos estemos tranquilos, si nos puede verificar la información, insisto, no es un tema menor. Es cuanto, presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Perdón, diputado, no tengo conocimiento del tema; haré que en este momento se haga la investigación correspondiente. Diputado Martínez Peñaloza, disculpe usted la confusión y le agradezco su intervención en tribuna.
Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia, para hablar en contra, hasta por tres minutos.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. El dictamen que se propone a nosotros para discutirlo y en su caso, votarlo, es un dictamen desde luego positivo en cuanto a sus intenciones, porque se trata de impulsar el turismo de la salud de nuestro país.
Lo que no me parece del dictamen —y por eso pedí hablar en contra del mismo— es, porque el artículo 19 Bis 1, delega en autoridades administrativas la expedición de normas, lineamientos y disposiciones en materia de turismo de la salud y aquí sí tenemos un problema jurídico; el problema jurídico que tiene este dictamen consiste en lo siguiente: el artículo 4o. de nuestra Constitución, al igual que el artículo 73, fracción XVI y el artículo 73, fracción XXIX, inciso k), establecen que la salud es una materia reservada a la ley, entonces, no podemos delegar en autoridades administrativas tareas que corresponde normar, regular, a este órgano legislativo; es decir, al Congreso de la Unión. Esa es la razón de mi oposición al dictamen.
Creo que es muy importante que los legisladores, cuando presentemos dictámenes, revisemos con mucho cuidado si esa materia que estamos legislando está exclusivamente reservada al legislador, a la ley, o si mediante disposiciones administrativas, reglamentos, lineamientos, etcétera, puede delegarse a otras autoridades, de carácter administrativo, la regulación correspondiente.
Repito, en materia de salud es totalmente expresa nuestra Constitución, es totalmente clara la Carta Magna en el artículo 4o. y en el artículo 73, fracción XVI, para determinar que la materia de salud es exclusiva competencia del legislador; por lo tanto, no podríamos estar delegando en autoridades administrativas cuestiones que competen regular al Congreso de la Unión; por eso votaré en contra de este dictamen, porque se está violando en el artículo 19 Bis 1, el principio de reserva de ley en materia de salud. Por su atención compañeras y compañeras, muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Lizbeth García Coronado, para hablar en pro del dictamen.
La diputada Lizbeth García Coronado: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la iniciativa en materia de salud se presenta en el marco del proyecto de decreto que ahora analizamos, a efecto de reformar la Ley General de Turismo.
Incursiona en un campo hasta ahora relativamente novedoso para nuestro país y al mismo tiempo prometedor, ya que abre nuevas vías de desarrollo económico en ambas materias, en beneficio de toda la población mexicana.
En el proyecto de decreto a discusión, se plantea definir al turismo de la salud como una actividad turística generada por las personas que viajan para recibir servicios relacionados con la salud, en todas sus modalidades. Asimismo, adicionar un Capítulo IV Bis, denominado Del turismo de la salud, con el objeto de que la Secretaría de Turismo impulse, fomente y apoye el fomento de la salud en nuestro país en coordinación con la Secretaría de Salud, para que los prestadores de servicios relacionados con el turismo de salud se sujeten a las normas, lineamientos y disposiciones que emitan las autoridades correspondientes.
Del mismo modo, se plantea que la Secretaría de Turismo, en coordinación con las Secretarías de Salud, Hacienda y Crédito Público y de Economía, fomenten el diseño de políticas públicas necesarias para promover y desarrollar el turismo médico en nuestro país.
Siguiendo la experiencia exitosa de diversos países en materia de turismo de la salud como una fuente adicional de recursos y divisas, y teniendo en cuenta que el turismo, en general, es una fuente importante de ingresos de divisas en México, impulsar y reglamentar un subsector específico de turismo de salud para nuestro país tendría grandes beneficios económicos. De hecho, esta actividad ya existe en la práctica de manera informal en zonas fronterizas mexicanas con el país del norte, pero hacerlo de manera consciente, ordenada y planificada, a través de su inclusión en la legislación y simultáneamente mediante la promoción de políticas específicas, con toda seguridad dará el impulso indispensable necesario para consolidar dichas actividades en el marco de un nuevo enfoque integral.
Seguramente la aprobación hoy y la posterior puesta en práctica de las reformas y medidas incluidas en comento, tendrán efectos benéficos para el conjunto de nuestra economía.
Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros, es que les pido el voto a favor de este dictamen, ya que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor de éste. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra, en pro del dictamen, el diputado Miguel Osuna.
El diputado Miguel Antonio Osuna Millán:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, es momento de que nuestro país gire la mirada al turismo de la salud.
Como todos sabemos esta actividad económica, generada por las personas que viajan por todo el mundo para recibir servicios de salud, tiene un potencial vasto que podría generar una derrama económica y generación de empleos sumamente importante para México mucho mayor, por supuesto, a la que tenemos hoy en día, considerando que los costos de los procedimientos médico-quirúrgicos, en México, son solamente una fracción del costo que tienen en Europa y especialmente los Estados Unidos de América, nuestro principal mercado, sin duda, para esta actividad. Esto nos sitúa en un escenario de ventajas competitivas claras.
El turismo en México es una actividad económica decisiva para el país y es una de las mayores en el mundo, por lo cual es colocado en octavo lugar mundial, en términos de llegada de turistas internacionales; la experiencia internacional nos demuestra que aquellos países que diseñaron e implementaron estrategias innovadoras consistentes e integrales para promover, atraer y captar los flujos y beneficios del turismo de la salud, han obtenido un éxito importante en la captación de divisas, en la generación de empleo y beneficios para sus habitantes.
Los casos más emblemáticos en nuestro continente son: Colombia, Cuba, Costa Rica y el Uruguay; se estima que tan sólo en nuestro vecino país, los Estados Unidos de América, existe un potencial de cerca de 6 millones de personas que estarían en condiciones de buscar servicios a un mejor costo en nuestro país.
Valdría la pena considerar algunas lecciones para ser aplicadas y replicadas en nuestro país, tales como las siguientes: tomar en consideración aspectos como el de impulsar una hotelería especializada, servicios a la medida, operadores turísticos y el tomar medidas para reducir costos y ser más competitivos en términos de tratamientos médicos quirúrgicos; por supuesto, mejorar la conectividad para la atención de los pacientes internacionales, especialmente en cuanto a los vuelos; el incrementar el número de unidades médicas con certificación internacional, principalmente en las zonas turísticas, aunado a fortalecer su infraestructura médica; sin duda, la calidad de los tratamientos y la reputación de nuestros especialistas médicos, ya que los pacientes no estarían dispuestos a poner en riesgo ni su salud ni su economía. Los costos y las posibilidades de obtener ahorros son fundamentales.
Quiero felicitar a la Comisión de Turismo, por haber aprobado por unanimidad esta importante iniciativa, para poder preservar y hacer crecer y multiplicar el turismo de la salud en nuestro país; tenemos el reto y la obligación de generar condiciones que permitan maximizar las posibilidades de esta actividad, a fin de atraer y generar la confianza, tanto de inversionistas y de visitantes, generando un impacto positivo en nuestra economía gracias a este importante derrame económico que conlleva esta importante reforma. Por su atención, muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento, se han reservado para su discusión el artículo 19 Bis 1 por parte del diputado Eduardo Robles Medina, del Partido Acción Nacional.
Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
Señores diputados, sigue abierto el sistema electrónico, favor de emitir su voto. Señores diputados, vamos a cerrar el sistema electrónico. Está abierto el sistema electrónico, señores diputados. Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, tenemos 318 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados, por 318 votos.
De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Eduardo Robles Medina, del Partido Acción Nacional, para presentar su propuesta de modificación al artículo 19 Bis 1.
El diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados, la reserva en cuestión es referente al dictamen modificado sobre la Ley General de Turismo en materia de turismo médico, presentado por la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, haciendo notar lo siguiente.
De la manera como fue redactado en el dictamen el artículo 19 Bis 1 de la Ley General de Turismo, pareciera desprenderse la creación de una nueva figura jurídica relacionada con los servicios turísticos, denominada —entrecomillado—: prestadores de servicios relacionados con el turismo de la salud, dentro de la cual pudiera entenderse que quedan comprendidas todas aquellas personas que brindan cualquier tipo de servicio a los turistas que llegan a nuestro país, con la finalidad de recibir servicio de atención médica, incluidos los prestadores de servicios de salud, a los que hace referencia el artículo 78 de la Ley General de Salud, apreciación que resultaría incorrecta en atención de la Ley General de Salud, en cuanto a que el ejercicio de las actividades de profesionales técnicos y auxiliares para la salud de los sectores público, social y privado se rige por las disposiciones de la Ley General de Salud y por los ordenamientos que de ella emanan.
Por lo que el citado artículo del predictamen que nos ocupa debe ser lo suficientemente claro, a efecto de no generar incertidumbre respecto de las disposiciones que le son aplicables a los profesionales técnicos y auxiliares de la salud, que llegaran a prestar servicios de salud a turistas.
En ese orden de ideas, reiteramos la necesidad de que la prestación de servicios de atención médica debe estar sujeta a los requisitos y lineamientos que se establecen en la Ley General de Salud y de más disposiciones aplicables, a lo que determine la Secretaría de Salud, facultad que por su alcance técnico debe estar separadas de aquellas otras que por su ámbito de competencia corresponda a otras dependencias; por lo cual, sugerimos que se impulse la siguiente adecuación:
Artículo 19 Bis. La prestación de servicio de atención médica, relacionados con el turismo de la salud, se sujetará a lo previsto en la Ley General de Salud y de más disposiciones aplicables, así como a lo que determine la Secretaría de Salud. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutida la reserva presentada al artículo 19 Bis 1.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutida la reserva del artículo 19 Bis 1. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Proceda la Secretaría a dar lectura a la propuesta de modificación presentada por el diputado Robles Medina.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:Artículo 19 Bis 1 —debe decir—: La prestación de servicios de atención médica, relacionados con el turismo de la salud, se sujetará a lo previsto en la Ley General de Salud y de más disposiciones aplicables, así como a lo que determine la Secretaría de Salud. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: ¿Es negativa o positiva?
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se acepta la modificación al artículo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en términos del dictamen, de conformidad con el artículo 112 del Reglamento. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación de los artículos.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación del artículo 19 Bis, numeral 1.
(Votación)
Señores diputados, está abierto el sistema electrónico, favor de emitir su voto. Se va a cerrar el sistema electrónico, señores diputados. Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, tenemos 322 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobados los artículos en términos del dictamen por 322 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Turismo. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
CODIGO PENAL FEDERAL
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Justicia de la LXI Legislatura le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se reforma y adiciona el artículo 381 del Código Penal Federal en materia de robo en transporte ferroviario.
Esta Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión ordinaria de la honorable Cámara de Diputados de fecha 22 de septiembre de 2011, el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 del Código Penal Federal, en materia de robo en transporte ferroviario.
Segundo. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en esa misma fecha turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.
Contenido de la iniciativa
Expone el autor que el transporte ferroviario resulta particularmente importante para el desarrollo económico, ya que se trata de un transporte con ventajas comparativas en ciertos aspectos, tales como el consumo de combustible por tonelada/kilómetro transportada, la entidad del impacto ambiental que causa o la posibilidad de realizar transportes masivos.
Continúa señalando que en años recientes, las empresas concesionadas han tenido que sufrir incontables actos delictivos que atentan contra su patrimonio, el de sus usuarios, las mercancías que transporte y contra la prestación del servicio en sí misma.
Asimismo, se percibe una clara reincidencia por parte de quienes realizan dichas conductas, y existen evidencias de que se trata de una actividad ilícita organizada, y se percibe la existencia de canales para la comercialización de los bienes sustraídos del ferrocarril.
Se advierte que la redacción actual de la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal es objeto de interpretaciones in malam parte, ya que si bien hace referencia al objeto de apoderamiento, posteriormente refiere a que sea en vías o equipo ferroviario, lo que excluye el robo de las mercancías o bienes que se transportan por este medio.
Considera el proponente que a fin de cumplir con el principio de estricta legalidad y para no dejar lugar a dudas al intérprete de la norma es necesario perfeccionar el tipo penal de robo en contra del transporte ferroviario, así como los bienes, valores y mercancías que son transportados a través de éste; por lo que se refiere al objeto material sobre el que recae la conducta, que por su conducto daña de manera intensa el bien jurídico que se pretende tutelar a través de la finalidad de autor, que con su conducta afecta el patrimonio.
Por tal motivo, se considera necesario reformar y adicionar la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal para especificar que la conducta de apoderamiento se realice no sólo sobre las partes integrantes de las vías o equipo ferroviario, sino también sobre el equipaje, equipo, mercancías o cualesquiera otros bienes que se transporten por éste medio.
Texto de la iniciativa
Propuesta. Se reforma la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal para quedar como sigue:
Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Justicia de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, que suscriben el presente dictamen, consideran procedente la reforma planteada por las siguientes
Consideraciones
Se coincide con el promovente en el sentido de que el transporte ferroviario tiene una importancia trascendental para el desarrollo del país, por tratarse del medio de transporte terrestre con mayor capacidad de carga, permitiendo el intercambio comercial de un mayor volumen de mercancías, con el beneficio de implica para los sectores agrícola, comercial, industrial, y de prestación de servicios.
De tal suerte, resulta de suma importancia realizar las adecuaciones a nuestro marco jurídico que son necesarias para proteger de manera efectiva la prestación de este servicio público de carácter federal, así como el patrimonio de las empresas concesionarias y los particulares que hacen uso de este medio para el transporte de bienes y mercancías.
Segunda
La Federación es competente para establecer la normatividad en materia de vías generales de comunicación, de conformidad con el artículo 73 fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone:
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y sobre postas y correos, para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.
Asimismo, el numeral XXI de ese mismo dispositivo constitucional estipula la facultad del Poder Legislativo federal para:
XXI. Para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse; expedir leyes generales en materias de secuestro, y trata de personas, que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; así como legislar en materia de delincuencia organizada.
De conformidad con lo anterior, se considera procedente que el Congreso de la Unión legisle en materia de delitos cometidos en contra del transporte ferroviario, y por tanto, tipifique aquellos delitos de carácter patrimonial que se cometan en contra de los bienes afectos a la prestación de este servicio, así como aquellos que son objeto del mismo, esto es, los bienes y mercancías que se transportan por su conducto.
Tercera
No pasa desadvertido para esta Comisión la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de junio de 2010 de la reforma y adición de diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, en Materia de Delitos contra el Transporte Ferroviario, en el que, entre otras cosas, se sanciona en el artículo 381, fracción XVII, el robo cometido en vías o equipo ferroviario.
Cabe destacar que como se tiene redactado actualmente el tipo, la aplicación de dicho dispositivo ha sido objeto de interpretaciones que no protegen los bienes y valores jurídicos que deben ser tutelados.
De conformidad con estas consideraciones, se advierte claramente la necesidad de tipificar adecuadamente el artículo 381 fracción XVII a fin de determinar de manera clara el objeto material sobre el cuál recae la conducta de apoderamiento, y proteger de manera más intensa los bienes, valores y mercancías que son objeto de la prestación del servicio de transporte ferroviario.
Cuarta
Para determinar el objeto material sobre el cuál debe recaer la protección, es pertinente la lectura del artículo 5o. de la Ley de Vías General de Comunicación que dispone:
Artículo 5o. Corresponderá a los Tribunales Federales conocer de todas las controversias del orden civil en que fuere parte actora, demandada o tercera opositora una empresa de vías generales de comunicación, así como de los delitos contra la seguridad o integridad de las obras o contra la explotación de las vías, y los que se intenten o consumen con motivo del funcionamiento de sus servicios, o en menoscabo de los derechos o bienes muebles o inmuebles propiedad de las empresas o que estén bajo su responsabilidad.
De conformidad con lo anterior, resulta evidente que la competencia federal surge no sólo cuando se trata de vías o equipo ferroviario, sino los bienes muebles que se encuentren bajo la responsabilidad de las empresas de transporte, esto es, los bienes mercancías o valores que se transportan por su conducto.
El criterio que se sustenta se fortalece de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 50, fracción I, inciso h), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que dispone:
Artículo 50. Los jueces federales penales conocerán:
I. De los delitos del orden federal.
h) Los perpetrados con motivo del funcionamiento de un servicio público federal, aunque dicho servicio esté descentralizado o concesionado;
Quinta
Es de explorado derecho que la doctrina penal, la jurisprudencia y las normas fundamentales establecen que la aplicación e interpretación de las normas penales es restrictiva a partir del reconocimiento del principio de legalidad en el artículo 14 de la norma constitucional, que señala:
Artículo 14. ...
...
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
...
El principio de legalidad es interpretado de acuerdo a su significado etimológico en los siguientes términos:
Nullum poena, nullum crimen sine lege; “No hay Pena, no hay delito sin ley”.
De conformidad con lo anterior, si bien de la lectura de los dispositivos transcritos en la consideración que antecede se advierte claramente la competencia federal para conocer del apoderamiento ilícito de bienes que son objeto de transporte por conducto del sistema ferroviario, en aplicación del principio de estricta legalidad se hace necesario especificar a nivel del tipo penal que el objeto material sobre el que puede recaer la conducta lo son no sólo las vías o equipo ferroviario, sino los bienes, valores o mercancías que se transportan por este medio.
El objeto material del delito se identifica con el objeto corporal o material hacia donde se realiza la acción, siendo un elemento distinto al bien jurídico que es el objeto de protección.
Para el caso que nos ocupa, el objeto material son las vías o el equipo ferroviario, así como los bienes, valores o mercancías que se transportan por este medio, mientras que el bien jurídico protegido será en todos los casos el patrimonio, y por tanto se trata de bienes necesitados de protección distintos a los ya protegidos en materia de ataques a las vías generales de comunicación.
Sexta
De conformidad con las consideraciones anteriores, esta Comisión dictaminadora coincide con el promovente en la necesidad de tipificar de manera más clara la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal, a fin de evitar la impunidad en que se ha caído respecto del robo sobre bienes transportados por conducto del sistema ferroviario, por falta de especificación en el objeto material sobre el cuál recae la conducta de apoderamiento.
No obstante, atendiendo a la intención del promovente, esta Comisión considera necesario mejorar la redacción y adicionar al texto propuesto, la posibilidad de que la conducta de apoderamiento ilícito recaiga también sobre valores o mercancías, otorgando de este modo un mayor grado de certeza sobre los bienes que son objeto de tutela.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia, somete a la consideración de esta asamblea, el siguiente
Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal
Único. Se reforma la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal para quedar como sigue:
Artículo 381.- Además de la pena que le corresponda conforme a los artículos 370 y 371, se aplicarán al delincuente las penas previstas en este artículo, en los casos siguientes:
I. a XVI. ...
XVII. Cuando el objeto de apoderamiento sean vías, sus partes o equipo ferroviario, los bienes, valores o mercancías que se transporten por éste medio.
...
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2011.
La Comisión de Justicia, diputados:Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato García, Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Juanita Arcelia Cruz Cruz, Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), secretarios; María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Nancy González Ulloa, Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Gregorio Hurtado Leija, Israel Madrigal Ceja (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, María Antonieta Pérez Reyes, Rodrigo Pérez-Alonso González, Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Miguel Ángel Terrón Mendoza (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz, Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Arturo Zamora Jiménez para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Arturo Zamora Jiménez:Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el transporte ferroviario tiene una importancia de gran trascendencia para el desarrollo del país por tratarse de un medio de transporte terrestre, que es el que tiene la mayor capacidad de desplazamiento, permitiendo con ello el intercambio comercial de un mayor volumen de mercancías.
Treinta y tres mil kilómetros de red ferroviaria unen al país de norte a sur y del Pacífico al Golfo de México, no obstante, en años recientes, las empresas concesionarias han tenido que sufrir incontables actos delictivos que atentan contra el patrimonio y las personas que realizan esta actividad: 20 robos a ferrocarril se denuncian al día, unos son cometidos por bandas de delincuentes, que no tienen nada que ver con el robo por necesidad o por el robo por pobreza; 700 toneladas de maíz son robadas al mes en las rutas de ferrocarril; 95 millones de dólares son pérdidas económicas que se han registrado de enero a septiembre, nada más por este concepto.
Se pagan en las empresas de ferrocarril 19 millones de pesos anualmente para la protección de las mercancías que se desplazan, y las rutas que tienen más incidencia en este tipo de robos son la costa del Pacífico, desde Sinaloa hasta Hidalgo, pasando por el Valle de México; Veracruz-Perote; Celaya-Irapuato, en Guanajuato; la zona de las Juntas, en Tlaquepaque, Jalisco; la zona metropolitana de Monterrey, en Nuevo León.
En materia de robo a ferrocarril, el código penal, actualmente en el artículo 381, determina que el objeto de apoderamiento se castigará con penas hasta de 15 años de prisión cuando suceda en vías o equipo ferroviario; cabe destacar que como se tiene redactado actualmente el tipo penal, la aplicación de dicho dispositivo ha sido objeto de interpretaciones que no tutelan de manera efectiva los bienes, las mercancías, los valores o incluso, las personas que laboran en este tipo de actividad en el desplazamiento de estos bienes y valores.
De conformidad con lo anterior, se advierte claramente la necesidad de tipificar de manera certera y adecuada el artículo 381 en su fracción XVII, a fin de determinar claramente el objeto material del autor del delito de robo y proteger de manera efectiva cierta e intensa los bienes y valores que están necesitados de protección.
Por esta razón, estimadas diputadas y diputados, se establece que cuando el objeto de apoderamiento en lo sucesivo sean las vías, sus partes, equipo ferroviario, los bienes, valores, mercancías que se transporten por este medio, serán motivo de sanción hasta con 15 años de prisión.
De esta suerte, en la Comisión de Justicia, que preside el doctor Víctor Humberto Benítez Treviño, y las compañeras y compañeros, hemos decidido votar de manera unánime este proyecto de iniciativa para perfeccionar el tipo penal del delito de robo en transporte ferroviario, a fin de no dejar vacíos o lagunas de ley que de alguna manera promuevan la impunidad y con la finalidad de proteger de manera más efectiva, en forma adecuada, los bienes, valores, personas y mercancías que son transportados a través de este medio.
Por lo anterior, amigas y amigos diputados y en agradecimiento a todos los grupos políticos de esta Cámara de Diputados y a la Comisión de Justicia, es que estamos solicitando a nombre de la comisión su voto a favor de este dictamen, por medio del cual estaremos protegiendo adecuadamente el desarrollo de la economía de nuestro país, el consumo nacional y los bienes que son propiedad privada; en este sentido, amigas y amigos diputados, es que estamos solicitando a nombre de la Comisión de Justicia su voto a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. Esta Presidencia, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, tiene registrados para la discusión en lo general y en lo particular a los siguientes diputados: en contra, diputado Pedro Vázquez González; en pro, los diputados Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Humberto Benítez Treviño y Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo. Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Vázquez González.
El diputado Pedro Vázquez González(desde la curul): Voy a favor.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: ¿Es a favor? Lo tengo registrado en contra, pero haga usted uso de la palabra.
El diputado Pedro Vázquez González:Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. Acudo a esta tribuna para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en este dictamen que presenta la Comisión de Justicia; el presente dictamen tiene como finalidad reformar la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal, en materia de robo a transporte ferroviario.
En nuestra opinión, las empresas concesionadas han tenido que sufrir actos delictivos que atentan en contra de su patrimonio, el de sus usuarios, las mercancías que transporta y contra la prestación del mismo servicio; en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo observamos una clara reincidencia por parte de quienes realizan dichas conductas delictivas, existen evidencias de que se trata de una actividad ilícita del crimen organizado y que percibe la existencia de canales para la comercialización de los bienes sustraídos al ferrocarril.
Como lo señalamos al interior de la Comisión de Justicia, nos manifestamos a favor del presente dictamen, toda vez que consideramos de suma importancia la realización de las adecuaciones al marco jurídico, que son necesarias para proteger de manera efectiva la prestación de este servicio público de carácter federal, así como el del patrimonio de las empresas concesionarias y los particulares que hacen uso de este medio de transporte para bienes y mercancías.
Con la presente reforma daremos certeza jurídica a los jueces federales en sus resoluciones, ya que define de manera más precisa el tipo penal y así evitaremos la impunidad en la que se ha caído respecto del robo sobre bienes transportados por conducto del sistema ferroviario, por la falta de especificación en el objeto, material sobre el cual recae la conducta de apoderamiento; por estas consideraciones, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo los invita a votar a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente y por su atención, muchas gracias.
Presidencia del diputado Jesús María Rodríguez Hernández
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra, para hablar a favor del dictamen, el diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez.
El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez:Con su venia, diputado presidente. A través de los años ha sido de suma importancia para nuestro país los servicios que nos brindan los servicios de transporte, no sólo como vías de comunicación, sino por el importante papel que juegan en el ámbito productivo y económico.
En específico, el ferrocarril ha sido históricamente, en nuestro país, uno de los más antiguos y eficaces medios de transporte, tanto para trasladar pasajeros, como para transportar mercancías a diversos rincones de la nación y facilitar a los mexicanos el acceso a éstas, además de generar importantes fuentes de empleo.
Lamentablemente este importante medio de transporte se ha visto afectado por la delincuencia organizada, los robos al ferrocarril o a los objetos, que en ese transporte han sido blanco de diversas formas delictivas; debe ser motivo de preocupación para nosotros la creación de leyes y disposiciones que velen por el bien común de los mexicanos, así como procurar que este importante medio de transporte siga siendo tan eficaz, como hasta ahora en el trascendente servicio que nos proporciona.
Como antecedente de lo anterior, buscando dotar de condiciones más seguras a este servicio, gracias a la labor legislativa de esta Cámara, a partir del 19 de junio de 2010 entraron en vigor diversas modificaciones y adiciones a la legislación penal federal, para sancionar en forma grave el robo de carga y la infraestructura ferroviaria.
Sin embargo, no debemos escatimar esfuerzos para consolidar al ferrocarril como un medio productivo, eficaz y seguro para nuestro país; por tal motivo, resulta importante impulsar el presente dictamen que ahora se nos presenta y se pone a nuestra consideración, toda vez que con esta reforma se clarificará como delito sancionable el robo de partes, integrantes de las vías o equipo de ferroviario, así como también el equipaje, equipo, mercancías o cualesquiera otros bienes que se transporten por este importante medio.
De esta forma, compañeras y compañeros, al aprobar esta reforma, estaremos concretizando acciones de suma importancia para la protección de los ferrocarriles, sus vías, embarques, y de los usuarios particulares de dicho medio de transporte tan necesario.
En nuestro país, con la seguridad de que este tipo de medidas es en beneficio de todos los mexicanos, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votaremos, sin duda, a favor del presente dictamen, esto en virtud de la prioridad que nos merece la ciudadanía, así como todos los sectores productivos del país. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra, para hablar a favor del dictamen, la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, hasta por tres minutos. Al no encontrarse la oradora, tiene la palabra el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, hasta por tres minutos, a favor del dictamen.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño:Distinguidas diputadas, compañeros diputados. Con su permiso, señor presidente. A nombre de mi grupo parlamentario, del Partido Revolucionario Institucional, vengo a invitarlos, igual que todos mis compañeros integrantes de la Comisión de Justicia, a votar a favor este dictamen.
No sin antes recordarles, compañeros, que ya el 18 de junio de 2010 —por mandato de esta soberanía— ustedes reformaron y adicionaron el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales para sancionar en manera ejemplar este ilícito.
Sin embargo, en términos del artículo 14 constitucional, que establece el principio de legalidad, no puede en materia penal aplicarse una ley por mayoría de razón o analogía, tiene que ser una ley precisa, aprobada con anterioridad al hecho; por eso es que los jueces, en una interpretación, en mi concepto, in malam partem, no sancionaron el robo de mercancías a ferrocarriles o a las propias vías de ferrocarril o equipos de ferrocarril, por la redacción de la fracción XXI del artículo 381. Esa es la razón de ser, compañeras y compañeros diputados, de esta reforma.
Estamos precisando que no solamente son las vías, porque déjenme decirles: se roban las vías del ferrocarril; se roban 700 toneladas de maíz al mes; 95 millones de pesos son las pérdidas económicas reportadas de enero a septiembre y las empresas ferrocarrileras han pagado 19 millones de pesos anualmente para guardias de seguridad.
No es menor esta reforma, compañeras y compañeros diputados; por eso es que los invito a votar a favor, porque le estamos dando competencia a los tribunales federales, en términos del artículo 73 constitucional; a los jueces federales, en términos del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y queremos que se sancione este tipo de conductas delictivas, que si no existieran en el año 2011, pensaría que son historias del viejo oeste, como se siguen robando las vías, los ferrocarriles y los bienes, mercancías y servicios; por eso los invito a votar a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias, señor diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias, diputados. Diputadas y diputados por la negativa. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, hasta por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortes: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
Ciérrese el sistema de votación. Diputado presidente, el resultado de la votación es 336 votos a favor, 1 abstención, 0 en contra.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Señor secretario, hay algunos compañeros que faltaron de votar.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:De viva voz.
El diputado Enrique Torres Delgado (desde la curul): A favor.
El diputado Julio Castellanos Ramírez (desde la curul): A favor.
La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso(desde la curul): A favor.
El diputado José Luis Jaime Correa(desde la curul): A favor.
El diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez(desde la curul): A favor.
La diputada Paula Angélica Hernández Olmos (desde la curul): A favor...
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Diputado presidente, rectificamos el número de votos: 343 a favor, 1 abstención, 0 en contra.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 343 votos el proyecto de decreto que reforma la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
HONORABLE ASAMBLEA:
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y con opinión de la de Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 40 y 45, numeral , incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 84, 85 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía, el siguiente:
DICTAMEN
I. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
1. El 30 de octubre de 2008, el Ejecutivo Federal presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia con opinión de Derechos Humanos, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
2. El 12 de octubre del 2010, el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
3. En fecha 4 de marzo de 2011, se recibió de la Comisión de Derechos Humanos, Opinión relativa al proyecto de decreto en estudio, misma que fue aprobada en Comisión el 23 de febrero de 2011, la cual se agrega al presente para los efectos conducentes.
4.Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y opinión de Derechos Humanos, en sesión celebrada el 27 de octubre de 2011, aprobaron dictamen en sentido positivo.
II. Contenido de las iniciativas
1. El Titular del Poder Ejecutivo Federal, argumenta que el Estado mexicano tiene el imperativo de garantizar a la ciudadanía las condiciones mínimas de sociabilidad. Por ello, es necesario responder efectivamente para combatir cualquier acción que vulnere la paz social.
Asimismo, señala que existen compromisos internacionales adquiridos por México en la celebración de diversos tratados y convenciones internacionales para tipificar como delitos ciertas conductas que atenten contra la seguridad pública, la seguridad nacional, los derechos humanos y la libertad de expresión.
Como ejemplo, hace alusión a los casos de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establecen el deber del Estado de respetar y proteger la libertad de expresión, así como prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación del daño adecuada.
Por otra parte, señala que la iniciativa busca generar un mecanismo de excepción, por el cual se faculte a las autoridades federales a conocer de delitos del fuero común relacionados con la protección a la seguridad pública, la seguridad nacional, los derechos humanos y la libertad de expresión, con objeto de evitar la impunidad en este tipo de ilícitos y dar pleno cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en el reconocimiento y protección de tales derechos.
De la misma forma, el promovente, menciona que la seguridad pública constituye un deber del Estado en sus diferentes niveles, y este concepto implica en sentido amplio: prevención y persecución de delitos y responsables, imposición de las penas y sanciones administrativas, así como la reintegración social del delincuente. Es decir, pretende regular todas las actividades que contribuyan a alcanzar la integridad y los derechos de las personas para preservar su libertad, el orden y la paz pública.
Refiere la iniciativa, que con el fin de salvaguardar la integridad de los órganos supremos de gobierno, es necesario que se tomen las acciones pertinentes para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Por ello, la iniciativa busca proteger la nación mexicana, preservando la soberanía e independencia.
Por todos estos motivos, el autor de la iniciativa concluye que es necesario precisar en la ley los supuestos en los que la autoridad federal podrá ejercitar la facultad de atracción, aduciendo que los delitos de fuero común trascienden al ámbito de los Estados o del Distrito Federal, por su efecto nacional o internacional, ya sea porque el conocimiento de éstos es necesario para dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por México, o bien, para garantizar a los gobernadores el acceso a la justicia, en aras de salvaguardar la autonomía de los estados, y sólo utilizar como excepción este nuevo supuesto de procedencia de la facultad de atracción con miras a no debilitar la consolidación del federalismo a la que todos los actores políticos y de la sociedad que aspiramos es necesario armonizar los derechos.
2. La iniciativa del Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, en lo general, establece lo siguiente:
“México ha sido declarado como el segundo país más riesgoso para los periodistas, y el llevar al fuero federal los delitos que se cometen contra la libertad de expresión, ha sido una meta del gremio periodístico durante más de 20 años.
Los periodistas mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad, por lo que las investigaciones que se lleven a cabo relacionadas con hechos que atenten contra los derechos de los periodistas o comunicadores, deben entenderse como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares.
De conformidad con el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público y que el derecho a la información será garantizado por el Estado”.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano permite al Poder Legislativo de la Unión, establecer los delitos y faltas contra la Federación, y fijar las sanciones que por ellos deben imponerse; sin embargo, la capacidad de legislar en materia penal tiene un carácter concurrente, es decir, que las entidades federativas están en posibilidad de tipificar las conductas que atentan en contra de los bienes jurídicos fundamentales cuya salvaguarda está a su cargo.
Por lo anterior, y teniendo en consideración que la Constitución General faculta al Congreso de la Unión para establecer los delitos y faltas contra la federación así como fijar las sanciones que por ellos deba imponerse, se propone reformar el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y facultar a las autoridades federales para conocer de delitos que atenten contra los derechos humanos y la liberad de expresión.
III. CONSIDERACIONES
En primer término, se atiende lo expresado por la Comisión de Derechos Humanos, respecto de la Opinión emitida, el 23 de febrero de 2011, la cual en sus considerandos y resolutivos expone:
Es necesario resaltar que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las “facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”
En este sentido, el Congreso de la Unión tiene facultad para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse, de conformidad con lo dispuesto por el propio artículo 73, fracción XXI, de la Constitución. Esto significa que, en materia penal, el Congreso de la Unión puede legislar en el ámbito del fuero federal y las legislaturas de los estados lo pueden hacer en el ámbito del fuero común.
Si bien esta Comisión comparte la preocupación del Ejecutivo federal de que el Estado mexicano debe garantizar a la ciudadanía las condiciones mínimas de sociabilidad, combatiendo cualquier acción que vulnere la paz social, se advierte que la propuesta de establecer un nuevo supuesto de procedencia de la facultad de atracción, concede un margen de discrecionalidad muy amplia a la autoridad federal y en consecuencia atenta contra la soberanía de los estados y debilita el federalismo.
Por su parte, el Poder Judicial de la Federación ha establecido que la naturaleza del delito del orden federal, se determina por el lugar en donde se cometió; al respecto, se cita el siguiente criterio judicial:
Conforme al segundo párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, en caso de concurso de delitos los jueces federales son competentes para juzgar los del fuero común que tengan conexidad con ilícitos federales (...) pues la naturaleza del delito se determina por el lugar en donde se cometió, a menos que surta alguna causal por la que el delito deba considerarse federal, conforme al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
De lo anterior se desprende que la ley establece los supuestos en que las autoridades federales podrán conocer de delitos del fuero común, cuando estos tienen conexidad con delitos del fuero federal.
Por otra parte, la propuesta del Ejecutivo federal para que las autoridades federales puedan ejercer la facultad de atracción, contiene supuestos que por su propia naturaleza tienen conexidad con los delitos federales; es decir, si hablamos de delitos que atenten contra la seguridad nacional, estos son propiamente de carácter federal.
Lo anterior sustenta con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional, el cual señala el concepto de seguridad nacional, de que se desprende que es un asunto de orden federal, en consecuencia, toda amenaza a la seguridad nacional es también delito del orden federal.
Aunado a lo anterior, el artículo 102, apartado A, señala en su segundo párrafo que: “Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal”
En el mismo orden de ideas, cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, en las que están involucradas autoridades del orden federal, podrá intervenir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual está facultada para formular denuncias ante las autoridades competentes.
Por ello, esta Comisión considera que la propuesta del ejecutivo federal es innecesaria toda vez que el texto vigente del segundo párrafo de la fracción XXI del artículo 73 constitucional ya faculta a las autoridades federales para que puedan conocer de los delitos del fuero común cuando estos tengan conexidad con delitos federales.
Por otro lado, si se tratará de precisar los supuestos de atracción de las autoridades federales, deberán proponerse modificaciones a la legislación reglamentaria, como lo manifiesta el propio proponente en su exposición de motivos.
En consecuencia, esta Comisión considera que el contenido de la iniciativa del Ejecutivo federal no es procedente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Derechos Humanos emite la siguiente:
. Deséchese la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 fracción XXI, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentadas por el Ejecutivo federal.
. Comuníquese a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia para los efectos legales a que haya lugar.
. Comuníquese a la Presidencia de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados. Para los efectos legales a que haya lugar.”
No obstante la Opinión de Derechos Humanos, expresada en sentido negativo, los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, comparten la visión de los promoventes, pues resulta necesario garantizar y fortalecer la legislación, para que permita atraer competencias entre las autoridades Federales, Estatales, del Distrito Federal y Municipales, en tratándose de conductas que atenten contra la libertad de expresión en sus diversas modalidades, que transgredan las garantías individuales y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y otras legislaciones.
La naturaleza de las iniciativas consiste en establecer diversos supuestos de procedencia, en los cuales, las autoridades federales estarían facultadas para investigar delitos del fuero común, al momento de que estos supuestos se actualicen.
Tales supuestos de procedencia, son los siguientes:
Los integrantes de las Comisiones Unidas, han resuelto únicamente entrar al estudio del supuesto de procedencia, cuando se ataque lo anterior en aras de dar respuesta al reclamo social, relativo a evitar y sancionar los atentados contra el Derecho a la libertad de expresión, los demás supuestos de procedencia, serán materia de estudio en dictamen posterior.
La iniciativa busca mediante reforma al artículo 73 constitucional, facultar a las Autoridades Federales, para que puedan atraer e investigar los delitos en los que se vean involucrados como víctimas reporteros, periodistas, o cualquier persona, en el que se adviertan atentados contra la libertad de expresión.
En este sentido, el valor protegido de esta reforma reviste una trascendencia sustancial dentro del marco jurídico mexicano, ya que en ella se establecerán los mecanismos que permitirán la correcta y debida protección de los mencionados derechos.
Los periodistas y defensores civiles de los Derechos Humanos se encuentran en el peor momento de su vida profesional; no sólo las agresiones al gremio periodístico representan un ataque directo a la vigencia del Estado de Derecho, sino también la inacción de las autoridades competentes, lo cual se traduce en impunidad. Afectar la libertad de expresión, es una de las formas de destruir la democracia y la sana convivencia que demanda el país.
Por tanto, es necesario reconocer la posición de los periodistas como un sector contra el que se han venido acentuando las agresiones y violaciones a sus Derechos Humanos, por lo que resulta imperativo proteger la actividad esencial que realizan en beneficio de la vida pública del país, en especial en los casos en que los profesionales de la información cubren situaciones de alto riesgo.
En este sentido cobra relevancia el informe presentado por la Federación Latinoamericana de periodistas, ante la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, sobre la situación del periodismo en México al primer trimestre de 2010, en el que revela cifras alarmantes que obligan a atender el asunto de manera urgente e inmediata: 67 asesinatos y 12 desapariciones forzadas de periodistas y trabajadores de prensa ocurridas durante el sexenio de Vicente Fox Quesada y en lo que va del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
México ocupa el primer lugar como el más peligroso en el mundo, para ejercer el periodismo, después de Iraq, tras la ocupación de Estados Unidos, en 2003, según la organización Campaña Emblema de Prensa (PEC, por sus siglas en inglés), con sede en Ginebra.
Para los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, tales antecedentes son un llamado de alerta que amerita sin demora la renovación del marco normativo que permita a las autoridades competentes en los distintos ámbitos, accionar de manera inmediata en contra de aquellos que atentan contra la libertad de expresión.
En este contexto, es ilustrativo señalar que la comunidad internacional ha trabajado a favor de la protección a la vida y los derechos humanos, en donde nuestro país, no ha sido ajeno a estas políticas, y ha suscrito diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Por esto es necesario señalarlos en este documento como sigue:
• La Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrito en el año de 1948 y con entrada en vigor en el mismo año, y que establece:
“Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a lalibertad de opinión y de expresión;este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
“Artículo 29
En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin deasegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.”
• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;suscrito el 23 de marzo de 1981 y con entrada en vigor el 23 de junio del mismo año, y que establece:
“Artículo 19
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tienederecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b)La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.
• Convención Americana Sobre Derechos Humanos;suscrita el 24 de marzo de 1981 y con entrada en vigor en esa misma fecha, que a la letra dice:
“Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, en 1948, la cual:
“Artículo IV
Toda persona tienederecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”.
• La Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; suscrita el 20 de febrero de 1975 y con entrada en vigor el 20 de marzo del mismo año, el cual establece en su artículo 5°, lo siguiente:
“Artículo 5°:
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color u origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:
VIII) El derecho a la libertad de opinión y de expresión.”
• Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de San José Costa Rica, aprobada por Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante 108° periodo ordinario de sesiones, Washington D.C., octubre 2000, el cual menciona que:
1. “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”.
9. “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las victimas una reparación adecuada”.
Es claro que la posición del Estado Mexicano, ha sido coa-dyuvar con la comunidad internacional para proteger los derechos esenciales del hombre. Siendo el común denominador la suscripción de los diversos instrumentos internacionales, cuya voluntad de nuestro País, es ser coincidente con la comunidad internacional, en cuanto a su espíritu humanista.
Hay que recordar las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos, que incorporaron los tratados a nuestro derecho interno, obligan al Estado mexicano a darles cabal cumplimiento.
Debido a ello, la intención de los miembros de estas Comisiones dictaminadoras es la de incorporar expresamente en nuestro derecho, figuras sustantivas y adjetivas que regulen la coordinación entre los tres niveles de gobierno para efecto de que sus autoridades actúen debidamente para proteger a los habitantes del país, cuando ocurran atentados contra la libertad de expresión.
La libre manifestación de ideas, en todas sus posibilidades y alternativas, permite que las sociedades avancen en la construcción de diálogo, y de una opinión que respete la pluralidad de ideas, que a su vez, permita el desarrollo de una cultura política y participativa necesaria en la consolidación de un Estado Democrático de Derecho. Así, la libertad de expresión es un indicador del nivel de consolidación de la democracia en un país y un fiel reflejo del ejercicio de otros derechos fundamentales.
De manera específica, las personas dedicadas al ejercicio de la actividad periodística en sus diferentes manifestaciones y alternativas son las encargadas de informar y dar a conocer la expresión del pensamiento ajeno y proveer de información a la sociedad para facultarla a llamar a la rendición de cuentas y así promover la participación política informada. Así, toda la sociedad es víctima en caso de una violación a la libertad de expresión. Por ello, la violación a la libertad de expresión de quienes ejercen esta función, representa una afectación a la sociedad en su conjunto.
Como se ha mencionado, en los últimos años, organizaciones nacionales e internacionales, han dado cuenta del incremento de los ataques, amenazas y actos de intimidación en contra de personas que ejercen la labor periodística y los medios de comunicación en América Latina. Dentro de este contexto México es considerado como el país más peligroso para ejercer el periodismo en la región.
Este fenómeno en México ha despertado la preocupación mundial de tal manera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos, así como el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas, elaboraron sendos informes para explicar la razón real desatada en contra de la libertad de opinión y de expresión.
Para estas Comisiones resulta imperante hacer constar en este dictamen, por la importancia y trascendencia que tiene esta reforma, los informes elaborados por los Organismos Internacionales, que son del tenor siguiente:
INFORME DE LA RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DRA. CATALINA BOTERO:
815. Con base en la información recabada con ocasión de su visita in loco a México, y en atención a la situación que guarda la libertad de expresión en el país que precisa de acciones urgentes, la Relatoría aprovecha para reiterar muchas de las conclusiones y recomendaciones emitidas al finalizar su visita oficial al país en agosto de 2010. La Relatoría se pone nuevamente a disposición del Estado mexicano y ofrece su asistencia para que las recomendaciones se atiendan a la brevedad posible.
816. La Relatoría considera que la libertad de expresión en México enfrenta graves obstáculos, principalmente por los actos de violencia e intimidación que sufren los periodistas en el país. Según la información recibida, entre 2000 y julio de 2010 64 periodistas fueron asesinados y 11 desaparecidos, ubicando a México como el país más peligroso para el ejercicio del periodismo en las Américas. La situación de seguridad de los y las periodistas sigue siendo crítica; en 2010 la Relatoría registró 13 asesinatos de periodistas en el país, además de desapariciones, secuestros, ataques armados contra medios, y numerosas amenazas y hostigamientos. La Relatoría ha constatado que en los últimos años la mayor parte de los asesinatos, desapariciones y secuestros de periodistas se concentran en entidades federativas que cuentan con fuerte presencia del crimen organizado, incluyendo, entre otros, a los Estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. En algunos de dichos Estados hay comunidades totalmente silenciadas por el efecto paralizante que genera el clima de violencia e impunidad.
817. La ausencia de investigaciones concluidas en la gran mayoría de los casos impide determinar con exactitud las causas y responsables de estos crímenes. No obstante, la información recibida por la Relatoría permite afirmar que en estos lugares el crimen organizado representa la mayor amenaza a la vida e integridad física de los y las periodistas, especialmente de aquellos/as que cubren noticias locales sobre corrupción administrativa, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados.
818. La Relatoría está consciente de que el problema de la violencia en México afecta a todos los sectores de la población. Sin embargo, observa que las agresiones contra periodistas y comunicadores tienen efectos multiplicadores que impactan a los demás periodistas y comunicadores, genera zozobra y autocensura, priva a la sociedad en general de su derecho a estar informada y desalienta la denuncia, todo lo cual incrementa la impunidad. Por ello, saluda la adopción, en noviembre de 2010, del Convenio de Coordinación para la Implementación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas, el cual representa el primer paso para la creación de un mecanismo nacional de protección de periodistas y comunicadores.
819. La Relatoría está convencida de que la protección del derecho a la libertad de expresión debe formar parte fundamental de la agenda de seguridad ciudadana en México. En este sentido, saluda la existencia de una Fiscalía Especializada y la mencionada adopción de un Convenio que busca la protección de las y los periodistas. Sin embargo, de particular gravedad resulta para la Relatoría el constatar la impunidad que caracteriza los crímenes contra periodistas en México, fenómeno que alienta de manera perversa la reproducción de este tipo de crímenes.
820. Sin una política pública integral dirigida a garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información a través de cualquier medio es imposible que la sociedad mexicana pueda contribuir a combatir la delincuencia y la corrupción, y que ejerza un control activo e informado sobre las acciones del Estado para enfrentar el crimen y proteger a la población.
821. Por lo anterior, la Relatoría recomienda particularmente:
• Reconocer, desde las más altas esferas del Estado, la legitimidad y el valor de la labor periodística, y condenar las agresiones cometidas como represalia al ejercicio de la libertad de expresión.
• Recopilar estadísticas criminalísticas detalladas y desagregadas sobre la violencia contra periodistas y la persecución penal de estos crímenes.
• Fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República y a los órganos locales de procuración y administración de justicia. Especialmente, se recomienda adoptar las reformas necesarias para permitir el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión, y garantizar que las posibles violaciones de este derecho sean siempre investigadas por la jurisdicción penal ordinaria.
• Dotar a la Fiscalía Especial y a las procuradurías locales de mayor autonomía y mayores recursos, así como adoptar protocolos especiales de investigación para crímenes cometidos contra periodistas, en virtud de los cuales la hipótesis según la cual el crimen habría sido cometido con motivo de su actividad profesional sea necesariamente agotada.
• Fortalecer la capacidad de acción de los organismos públicos de derechos humanos, mediante, entre otros, la aprobación de la propuesta de reforma constitucional en derechos humanos actualmente pendiente.
• Implementar el Convenio de Coordinación para la Implementación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas como mecanismo nacional de protección de periodistas y comunicadores. La aplicación del Convenio debe tener en cuenta: 1) la necesidad de asegurar los recursos financieros y personales necesarios para la implementación adecuada del mecanismo; 2) la necesidad de asegurar una efectiva coordinación entre las entidades responsables de la implementación de medidas de prevención y protección; 3) la necesidad de definir adecuadamente las medidas de protección contempladas por el mecanismo y el procedimiento para su adopción; 4) la necesidad de garantizar la plena participación de los periodistas, la sociedad civil y los beneficiarios en la implementación y funcionamiento del mecanismo; y 5) la conveniencia de buscar el apoyo de la comunidad internacional para el funcionamiento del mecanismo.
• Capacitar en materia de libertad de expresión a la fuerza pública.
822. En torno a la regulación del espectro radioeléctrico y la aplicación de las disposiciones sobre radiodifusión, la Relatoría observa que existe una alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se ha asignado frecuencias radioeléctricas.
823. Asimismo, advierte que no existe un órgano regulador independiente, y que el marco jurídico vigente no ofrece garantías de certidumbre, pluralismo y diversidad. En particular, no existe un marco legal que reconozca a las emisoras comunitarias y establezca procedimientos claros, precisos y equitativos por medio de los cuales dichas emisoras puedan solicitar y obtener frecuencias para operar.
824. Con relación a la publicidad oficial, el gasto es alto y tiende a incrementarse. La ausencia de un marco regulatorio adecuado ha permitido que la asignación de publicidad oficial sea utilizada discrecionalmente, y por consiguiente pueda ser empleada para presionar, castigar, premiar o privilegiar a medios de comunicación en función de sus líneas informativas.
825. Por lo anterior, la Relatoría recomienda particularmente:
• Adoptar un marco normativo que brinde certeza, promueva la desconcentración de la radio y la televisión y contribuya a generar un espacio mediático plural y accesible a todos los sectores de la población, especialmente a la radiodifusión comunitaria para que pueda operar sin discriminación.
• Garantizar que la asignación de licencias en radio o televisión sea regulada por ley de manera completa, clara y transparente, y en virtud de criterios objetivos, claros, públicos y democráticos.
• Establecer un órgano público independiente del Gobierno que regule la radio y la televisión.
• Establecer mecanismos legales para garantizar que la transición a los servicios de radiodifusión digitales garantice la mayor pluralidad y diversidad posible en el uso del espectro.
• Establecer criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad oficial para todos los niveles y órdenes de gobierno.
826. La Relatoría reconoce los avances registrados a nivel federal y en muchas de las entidades federativas relativos a la despenalización de los delitos de calumnia, difamación e injurias. Sin embargo, aún existen tipos penales que permiten criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión.
Preocupa a la Relatoría el uso de figuras penales en contra de periodistas que abordan asuntos de interés público, personas que trabajan en radios comunitarias y activistas sociales en el marco de actos de protesta social.
827. La Relatoría está preocupada por las acciones legales de carácter civil contra periodistas y medios en un marco jurídico carente de estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad ulterior de quienes difunden información sobre asuntos de interés general o de crítica política. Además, la Relatoría recibió información sobre acciones civiles que podrían tener el propósito de hostigar y silenciar la crítica, y que habrían sido interpuestas contra periodistas y medios de comunicación.
828. Por lo anterior, la Relatoría recomienda particularmente:
• Derogar los tipos penales que criminalizan la expresión, entre ellos los contenidos en la
Ley sobre Delitos de Imprenta de 1917 y en los códigos penales estatales, así como abstenerse de recurrir a otras figuras penales para reprimir el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
• Garantizar que las y los periodistas no sean sometidos a acoso judicial u otro tipo de hostigamiento jurídico como represalia por su trabajo, estableciendo estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad civil ulterior, incluyendo el estándar de la real malicia y la estricta proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones ulteriores.
829. La Relatoría reconoce los notables avances logrados por el Estado mexicano en los últimos años, los cuales han convertido al país en un referente en materia de acceso a la información. Al mismo tiempo, observan que el marco jurídico e institucional que garantiza el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información ante el Ejecutivo Federal, no siempre existe a nivel estatal y municipal. La Relatoría también fue informada sobre la existencia de normas estatales así como sobre la interposición de recursos judiciales que pretenden revertir el carácter definitivo e inatacable de las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y de los órganos de transparencia de las entidades federativas.
830. La Relatoría fue informada sobre prácticas que limitan la transparencia en el sistema de procuración y administración de justicia. Así, por ejemplo, en algunos Estados el Poder Judicial mantiene como reservadas las sentencias de instancia que han sido recurridas, hasta tanto no se agoten todas las etapas del correspondiente proceso. Asimismo, con base en una reforma reciente al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, las averiguaciones previas se mantienen reservadas hasta que haya trascurrido un plazo igual al de la prescripción de los delitos de que se trate. Esta norma es actualmente objeto de análisis por la Suprema Corte.
831. Por lo anterior, la Relatoría recomienda particularmente:
• Preservar los avances en materia de acceso a la información, garantizando que los órganos de transparencia sean autónomos, que tengan presupuestos adecuados y estables, y que sus resoluciones sean definitivas e inatacables.
• Seguir expandiendo el acceso real al derecho de acceso a la información pública, fortaleciendo la capacidad institucional a todos los niveles de gobierno para responder adecuada y oportunamente a solicitudes de información, y estableciendo mecanismos sencillos (que incluyen, pero no se limitan, a Internet) para realizar dichas solicitudes.
• Profundizar la transparencia en el sistema de procuración y administración de justicia, garantizando el acceso a las sentencias de los órganos judiciales y a una versión pública de las averiguaciones previas concluidas o inactivas durante un plazo no razonable.
832. La Relatoría se siente privilegiada de haber presenciado una emergente solidaridad entre las y los periodistas en México. El 7 de agosto de 2010, el día antes de su llegada al país para realizar la visita in loco, reporteros, camarógrafos, fotógrafos y columnistas de diversos medios de comunicación realizaron manifestaciones públicas en 14 ciudades para reclamar condiciones de seguridad en el ejercicio de su actividad y protestar por el secuestro de cuatro periodistas en Gómez Palacio, Estado de Durango, por parte de quienes exigían la difusión de videos a cambio de su libertad. La Relatoría hace un reconocimiento y un llamado especial a las y los periodistas a continuar y profundizar estos procesos de solidaridad y apoyo mutuo. También expresa su admiración hacia los y las periodistas que conoció—y a muchos que no conoció—, que ejercen su profesión con gran dignidad y dedicación, no obstante las condiciones difíciles y riesgosas a las que están sometidos. Expresa, además, su solidaridad con las y los periodistas que han sido víctimas de violencia y con sus familiares.
833. Durante su visita la Relatoría recibió información de ciertas iniciativas adoptadas por algunos medios de comunicación para mejorar las condiciones laborales y de seguridad de sus periodistas. Posteriormente a la visita recibió además información sobre una iniciativa de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión para elaborar un protocolo de seguridad para la protección de comunicadores en contra de agresiones y amenazas del crimen organizado. La Relatoría invita a los propietarios de los medios de comunicación a proveer el apoyo apropiado a las y los periodistas, incluyendo protocolos de seguridad y capacitación adecuada para aminorar los riesgos. Asimismo, las y los periodistas y sus familiares deberían contar con medidas de seguridad social.
834. Adicionalmente, la Relatoría reconoce la importancia fundamental de la labor ejercida por las organizaciones de la sociedad civil que monitorean el estado de la libertad de expresión en México en todas sus facetas, incluyendo las agresiones contra las y los periodistas. Considera esencial que estas organizaciones continúen realizando esta importante labor en condiciones de seguridad e instan a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional a seguir apoyando sus esfuerzos.
835. Finalmente, la Relatoría reconoce una vez más la apertura del Estado mexicano al haberle invitado a realizar una visita oficial al país, y expresa su voluntad para seguir apoyando todos los esfuerzos que el Estado emprenda para fortalecer la libertad de expresión de todas las mexicanas y los mexicanos. Respetuosamente, la Relatoría insta al Estado mexicano a atender a la brevedad posible estas recomendaciones y se ofrece nuevamente para participar en el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones ofrecido por el Gobierno al finalizar la visita in loco. La situación apremiante por la que atraviesa la libertad de expresión en México precisa de acciones efectivas e inmediatas como las aquí señaladas.”.
INFORME DEL RELATOR ESPECIAL SOBRE LA LIBIERTTAD DE EXPRESIÓN Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, FRANK LA RUE
70. Con base en la información recabada antes, durante y después de la visita, y en atención a la situación que guarda la libertad de expresión en el país, el Relator Especial formula las conclusiones siguientes:
71. Aunque el actual problema de la violencia en México afecta a todos los sectores de la población, las agresiones contra periodistas y comunicadores sociales tienen efectos multiplicadores que impactan a los demás miembros de la profesión; generan zozobra y autocensura; privan al conjunto de la sociedad de su derecho fundamental a la información, y desalientan la denuncia, todo lo cual incrementa la impunidad.
72. La impunidad que caracteriza los crímenes contra periodistas y comunicadores sociales en México alienta de manera perversa la reproducción de este tipo de crímenes.
73. La libertad de expresión en México enfrenta graves obstáculos, principalmente por los actos de intimidación y violencia que sufren las y los periodistas. En los últimos 10 años, 66 periodistas han sido asesinados y 12 han sido desaparecidos. México ha devenido así en el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas.
74. La mayor parte de los asesinatos, desapariciones y secuestros de periodistas se concentran en entidades federativas que cuentan con una fuerte presencia del crimen organizado, incluyendo, entre otros, a los Estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. En algunas de dichas entidades federativas existen actualmente comunidades totalmente silenciadas por el efecto paralizante que genera el clima de impunidad y violencia.
75. En estas entidades federativas, el crimen organizado representa la mayor amenaza a la vida y a la integridad física de las y los periodistas, especialmente de aquellas y aquellos que cubren noticias locales sobre corrupción administrativa, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos conexos. La ausencia de investigaciones concluidas en la gran mayoría de los casos impide determinar con exactitud las causas y los responsables de estos crímenes.
76. Sin una política pública integral dirigida a garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información a través de cualquier medio, es imposible que la sociedad mexicana pueda contribuir a combatir el crimen organizado, la delincuencia y la corrupción, y que ejerza un control activo e informado sobre las acciones del Estado para enfrentar el crimen y proteger a la población. La protección del derecho a la libertad de expresión debe formar parte fundamental de la agenda de seguridad ciudadana en México.
77. Por tal razón, el Relator Especial saluda la existencia de una Fiscalía Especializada y las incipientes discusiones en torno a la creación de un mecanismo de protección para periodistas tanto a nivel nacional como en algunas entidades federativas.
78. En México prevalece un contexto adverso para la diversidad y el pluralismo. En relación a la regulación del espectro radioeléctrico y la aplicación de las disposiciones legales sobre radiodifusión, el Relator Especial observa que existe una alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se ha asignado frecuencias radioeléctricas. El marco jurídico vigente no ofrece garantías de certidumbre, pluralismo y diversidad. No existe tampoco un órgano regulador independiente.
79. En relación a las emisoras comunitarias, no existe un marco legal para reconocerlas ni procedimientos claros, precisos y equitativos para otorgarles frecuencias para operar. Existe simplemente la figura legal del permiso para las estaciones no comerciales de carácter cultural.
80. Respecto a la publicidad oficial, el gasto es alto y tiende a incrementarse. La ausencia de un marco regulatorio ha permitido que la asignación de publicidad oficial sea utilizada discrecionalmente. Ello permite que la asignación de la publicidad oficial pueda ser utilizada para presionar, premiar, castigar o privilegiar a medios de comunicación en función de sus líneas informativas.
81. El Relator Especial reconoce los avances registrados a nivel federal y en la mayoría de las entidades federativas en la despenalización de la calumnia, la difamación e injurias. Sin embargo, existen todavía tipos penales que permiten criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión. Continúan utilizándose figuras penales en contra de periodistas que abordan asuntos de interés público, de personas que trabajan en radios comunitarias y de activistas sociales en el marco de actos de protesta social.
82. Las presiones directas o indirectas encaminadas a silenciar la labor informativa de los periodistas son incompatibles con la libertad de expresión de acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La cobertura noticiosa de denuncias o la expresión de opiniones críticas sobre funcionarias y funcionarios se encuentran ampliamente protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos.
83. De acuerdo a los más altos estándares internacionales en materia de libertad de expresión, quienes ejercen una función pública tienen el deber de soportar un mayor nivel de crítica y cuestionamiento que el resto de la sociedad porque han asumido voluntariamente responsabilidades de carácter público.
84. Continúan ejerciéndose acciones legales de carácter civil contra periodistas y medios de comunicación en un entorno jurídico carente de estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad ulterior de quienes difunden información sobre asuntos de interés general o de crítica política. Se han ejercido acciones de carácter civil contra periodistas y medios de comunicación con el presunto propósito de hostigar y aún de silenciar la crítica.
85. México se ha convertido en los últimos años en un referente mundial en materia de acceso a la información. No obstante, el marco institucional y jurídico que garantiza el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información ante el Ejecutivo Federal, no siempre existe a nivel estatal y municipal. Se han promulgado normas estatales e interpuesto recursos judiciales que pretenden revertir el carácter definitivo e inatacable de las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y de los órganos de transparencia de las entidades federativas.
86. Se dan prácticas que limitan la transparencia en el sistema de procuración y administración de justicia. En algunas entidades federativas, el Poder Judicial mantiene como reservadas las sentencias de instancia que han sido recurridas, hasta tanto no se agoten todas las etapas del correspondiente proceso. Asimismo, con base en una reforma reciente del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, las averiguaciones previas se mantienen reservadas hasta que haya transcurrido un plazo igual al de la prescripción de los delitos de que se trate. Esta norma es actualmente objeto de análisis por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
87. El Relator Especial reconoce la importancia fundamental de la labor ejercida por las organizaciones de la sociedad civil que monitorean el goce de la libertad de expresión en México en todas sus facetas, incluyendo las agresiones contra las y los periodistas.
88. Con base en las conclusiones anteriores, el Relator Especial estima oportuno formular las siguientes recomendaciones a la par que reitera su entera disposición para colaborar con el Estado mexicano en la implementación de las mismas:
89. El Estado parte debería acelerar la aprobación y entrada en vigor de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo, y emitir la legislación secundaria correspondiente a la brevedad posible a afecto de reptar y garantizar plenamente el derecho a la libertad de expresión.
90. El Relator Especial recomienda:
a) Reconocer la importancia de la labor periodística y condenar enérgicamente las agresiones cometidas en contra de la prensa;
b) Fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República así como a los órganos locales de procuración y administración de justicia;
c) Adoptar las medidas necesarias para permitir el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión;
d) Dotar a la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República y a las procuradurías locales de mayor autonomía y mayores recursos;
e) Adoptar protocolos especiales de investigación para crímenes y delitos cometidos contra periodistas en virtud de los cuales la hipótesis según la cual el crimen o delito habría sido cometido con motivo de su actividad profesional sea necesariamente privilegiada y agotada;
f) Fortalecer a los organismos públicos de derechos humanos y crear programas especializados sobre libertad de expresión y protección a periodistas en las comisiones estatales de derechos humanos;
g) Establecer un mecanismo nacional de protección a periodistas. Dicho mecanismo debería ser implementado a través de un comité oficial e interinstitucional de alto nivel; ser liderado por una autoridad federal; contar con capacidad de coordinación entre las diversas autoridades y órdenes de gobierno; gozar de recursos propios y suficientes; y garantizar la participación de periodistas y organizaciones de la sociedad civil en su diseño, funcionamiento y evaluación. El Relator Especial toma nota de la suscripción, el 3 de noviembre de 2010, del Convenio de Colaboración para la Implementación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas entre las Secretarías de Relaciones Exteriores, Seguridad Pública Federal, Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
h) Capacitar a las fuerzas de seguridad en materia de libertad de expresión.
91. El Relator Especial recomienda:
a) Adoptar un marco normativo que brinde certeza jurídica; promueva la desconcentración de la radio y la televisión y contribuya a generar un espacio mediático plural y accesible a todos los sectores de la población;
b) Asegurar la existencia de medios públicos verdaderamente independientes del Gobierno, con el objetivo de fomentar la diversidad y garantizar a la sociedad, entre otros, ciertos servicios educativos y culturales;
c) Crear un marco legal claro, preestablecido, preciso y razonable que reconozca las características especiales de la radiodifusión comunitaria y que contenga procedimientos sencillos y accesibles para la obtención de frecuencias;
d) Crear un órgano público independiente del Gobierno que regule la radio y la televisión;
e) Establecer criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad oficial para todos los niveles y órdenes de gobierno.
C. Acciones legales relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión
92. El Relator Especial recomienda:
a) Derogar los tipos penales que criminalizan la expresión en los códigos penales estatales, así como no recurrir a otras figuras penales para reprimir el ejercicio legítimo de la libertad de expresión;
b) Derogar la Ley Sobre Delitos de Imprenta de 1917;
c) Garantizar que las y los periodistas no sean sometidos a acoso judicial u otro tipo de hostigamiento jurídico como represalia por su trabajo, estableciéndose estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad civil ulterior e incluyendo el estándar de la real malicia y la estricta proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones ulteriores;
d) Emitir la legislación reglamentaria del derecho de réplica de conformidad con el artículo 6º constitucional y los estándares internacionales;
e) Asegurarse que el ejercicio de la radiodifusión comunitaria no sea objeto de persecución penal;
f) Garantizar el derecho a la libertad de expresión en el marco del ejercicio legítimo de actos de protesta social.
93. El Relator Especial recomienda:
a) Preservar los avances en materia de acceso a la información;
b) Garantizar que las resoluciones de los órganos de transparencia sean definitivas e inatacables;
c) Asegurar que las resoluciones de los órganos de transparencia no sean desafiadas por las autoridades;
d) Dotar de autonomía constitucional a los órganos de transparencia a efecto de que puedan desarrollar sus funciones de promoción y vigilancia sobre todos los sujetos obligados por la legislación de acceso a la información;
e) Considerar como sujetos obligados por la legislación de acceso a la información a las entidades de interés público, particularmente a los partidos políticos, así como a otros entes que reciben financiamiento público;
f) Profundizar la transparencia en el sistema de procuración y administración de justicia, garantizando el acceso a las sentencias de los órganos judiciales y a una versión pública de las averiguaciones previas concluidas o inactivas durante un plazo no razonable.
94. El Relator Especial invoca a los propietarios de los medios de comunicación a proveer el apoyo apropiado a las y los periodistas, incluyendo protocolos de seguridad y capacitación adecuada para aminorar los riesgos. Las y los periodistas y sus familiares deberían contar con medidas de seguridad social.
95. El Relator Especial insta a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional a continuar apoyando la labor y los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil que monitorean el goce de la libertad de expresión en México. Estas organizaciones deben realizar su labor en condiciones de seguridad.
96. El Relator Especial formula un llamamiento especial a las y los periodistas a continuar y profundizar los procesos de solidaridad y apoyo mutuo.”.
Por su parte México a través de la Procuraduría General de la República, dio a conocer en su Quinto Informe de Labores, los resultados estadísticos en materia de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión, durante el ejercicio comprendido del 1º de septiembre de 2010 al 30 de junio de 2011, información que pone en evidencia la imperiosa necesidad de llevar a cabo la reforma constitucional que se propone y se dictamina, resultados que son del tenor siguiente:
El 5 de julio de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo A/145/10 del Procurador General de la República, por el que se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que sustituye a la Fiscalía Especial para la atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), y con base en el Plan de Trabajo 2010-2012 desarrollado por ésta última, los resultados generados en el periodo que abarca del 1º de septiembre de 2010 al 30 de junio de 2011, son los siguientes:
Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva.
Enfocar el sistema de procuración de justicia a favor de la víctima, identidad. (sic.)
Durante el periodo que se informa, se han iniciado investigaciones sin prejuzgar sobre la competencia, en virtud de que esta Fiscalía Especial no decide a priori si los hechos denunciados son o no materia federal, por lo que efectúa la práctica de diligencias a efecto de integrar debidamente la indagatoria y de esta manera estar en aptitud de resolver sobre la competencia de cada caso concreto, y tal como lo establece la jurisprudencia que a continuación se cita:
Controversias constitucionales. La Procuraduría General de la República no puede decidir a priori si se trata de delitos federales o locales sin que antes se averigüe y determine que existe algún ilícito.Ante la denuncia de los hechos que pudieren llegar a constituir delitos, conforme al imperativo del artículo 118 del Código Federal de Procedimientos Penales, el Ministerio Público Federal no puede decidir a priori si esos hechos merecen el calificativo de delictivos y, menos aún, en caso de que se reputaran criminosos, si corresponden a la órbita competencial de la Federación o de los estados, pues para llegar a definir una u otra cosa sólo es jurídico realizarlo a través de una averiguación previa que permita precisar el tipo de la conducta desplegada por el agente activo del ilícito. De esa manera, el órgano a quien compete asumir el papel de investigador, auxiliándose de todos los medios probatorios previstos en la ley, podrá determinar a posteriori si los hechos descritos o narrados en la denuncia respectiva son o no susceptibles de encuadrárseles en la tipología penal y, en su caso, si se trata de delitos federales o de orden común. En resumen: a la Procuraduría General de la República, en este caso, sólo le es dable diferenciar si concurren delitos del fuero federal y del común, a condición de que primero determine si los hechos denunciados son constitutivos de algún ilícito penal. Por lógica, primero habría que precisar si hay delitos para después determinar a qué fuero corresponden; adoptar la proposición inversa sería antijurídico y descansaría en una petición de principio.
Localización: Controversia constitucional 11/95. Roberto Madrazo Pintado, Pedro Jiménez León y Andrés Madrigal Sánchez, en su carácter de Gobernador, Presidente del Congreso y Procurador General de Justicia del Estado de Tabasco, respectivamente, contra el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Procurador General de la República. 26 de marzo de 1996. Unanimidad de 11 votos. Ponente: Presidente José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Jesús Casarrubias Ortega. Novena Época. Registro 200109. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: III, junio de 1996. Materia: Constitucional. Tesis P./J.36/96. página. 393.
En este mismo sentido y en el marco de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, la Fiscalía en vía de colaboración y asistencia con las autoridades locales, ha procedido cada vez que se lo han solicitado, a efectuar las diligencias y/o análisis detallados de las evidencias e investigaciones que se integran en el fuero común. Lo anterior, a efecto de colaborar con los estados, y cuando así proceda legalmente ejercer la facultad de atracción federal.
Actualmente la Fiscalía cuenta con un control automatizado de registros que parten del año 2000, respecto a los homicidios y desapariciones de periodistas, que permiten identificar a las víctimas por entidad federativa, año, zona o región geográfica, medio de comunicación al que pertenecían, entre otros.”
De lo anterior, estas Comisiones Unidas coinciden con las iniciativas en estudio y consientes del contenido de los informes que han quedado detallados sobre la situación de riesgo y agresiones contra el ejercicio de la libertad de expresión, comparten la urgente necesidad de aprobar la norma constitucional en estudio.
Es por ello, que consideran pertinente que cuando estos delitos trasciendan al ámbito de las entidades federativas o tengan efecto a nivel internacional sean investigados, perseguidos y sancionados por las autoridades federales, quienes con esta reforma podrán ejercer de oficio la facultad de atracción, y combatir con mayor eficacia los delitos contra periodistas en el ejercicio de la libertad de expresión, información e imprenta, que tengan conexidad con delitos del fuero común.
A pesar de que la libertad de expresión, es parte del concepto de derechos humanos, otorgar competencia para la Federación evitará que estos queden impunes y garantizará imparcialidad, lo que repercute directamente en mejorar la procuración y administración de la justicia para las víctimas y sus familiares.
Facultad de atracción del Órgano Investigador Federal.
Resulta claro que la facultad de atracción, ya existe en nuestro sistema jurídico, como facultades de algunas autoridades, para conocer excepcionalmente de asuntos que por mandato legal, le competería a otra autoridad, ya sea diversa o en su caso de distinto nivel de gobierno.
Para efectos del presente dictamen, los miembros de estas Comisiones Unidas, coinciden en la necesidad de generar un mecanismo de excepción por el cual, se faculte a las autoridades federales para conocer de ciertos delitos, que ya sea por sus características de ejecución, su relevancia social o su impacto en el ejercicio de la libertad de expresión, trasciendan el ámbito de las entidades federativas, asegurando que de ninguna forma se debilite el pacto federal, pues se insiste, se trata de una facultad excepcional.
La Ley Suprema establece el federalismo como la forma de organización política, jurídica y social del Estado mexicano, dentro del cual existen tres órdenes de gobierno, que son la Federación, los Estados miembros y los Municipios, los cuales actúan de manera independiente, sin estar subordinados unos a otros.
El Constituyente Permanente justificó la actuación de las autoridades federales respecto de los delitos normalmente considerados del fuero común ante la presencia de delitos conexos, o sea, de hechos relacionados con delitos del orden federal y local, principio de conexidad que ya se encuentra establecido para delito diverso, y que con la presente reforma se ampliará en materia de atentados contra la libertad de expresión y otros supuestos.
Estas Comisiones Unidas enfatizan que la propuesta de otorgar a las autoridades federales tal facultad de atracción, no tiene el objetivo de invadir a las entidades federativas en el conocimiento de asuntos que son de su competencia, sino que pretende que la Federación se constituya en un soporte para la resolución de asuntos que por su naturaleza, de conformidad con los propios límites establecidos, trasciendan en el ámbito de las entidades federativas.
Así las cosas, los miembros de estas Comisiones Unidas consideran que la facultad de atracción con la que se dotaría a las autoridades federales, tiene entre sus objetivos, enfrentar el problema que surge cuando existen elementos suficientes que presupongan la necesidad de que sea la Federación la encargada de investigar, perseguir y sancionar algún delito que sea de competencia de las entidades federativas, para lo cual deberá desarrollarse el mecanismo y los supuestos para su procedencia en la legislación secundaria. Así las cosas, podría establecerse que esta facultad será ejercida en aquellos casos en que las mismas autoridades estatales lo soliciten, o bien a petición de la víctima u ofendido, cuando el sujeto activo del delito sea un servidor público local.
En este sentido, estas Comisiones consideran pertinente expresar en la Constitución, las facultades a la Federación, ya que como los promoventes reconocen, existe un incremento en los delitos que afectan más a la sociedad y que atentan en contra de valores jurídicos cuya salvaguarda corresponde a las entidades federativas, pero qué, dado su relevancia e impacto, así como su efecto para el Estado de Derecho, se reconoce la necesidad de que sea la Federación, para que conozca y persiga estos ilícitos.
Por tanto, es viable que las instituciones como Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Sistema Nacional de Seguridad Pública, Centro Nacional de Información, que cuentan con estructuras sólidas en materia de inteligencia, energías técnicas y capacidad de investigación avanzada, darán respuesta en la prevención, y el abatimiento de los delitos cometidos contra el ejercicio a la libertad de expresión e información.
Esto es así, ya que las labores de inteligencia en contra de la delincuencia organizada y desorganizada, constituyen la articulación de sistemas e instrumentos tecnológicos que apoyan las labores de los órganos ministeriales y policiales, en términos de la legislación constitucional y secundaria, en términos del artículo 21 inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del acuerdo por el que se crea la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional del Control de Investigación y Seguridad Nacional, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Ley de Seguridad Nacional, Ley de la Policía Federal, Reglamento de la Ley de la Policía Federal y el Plan Nacional de Desarrollo.
Por último, estas Comisiones dictaminadoras, considerando que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, debe cumplir con su obligación constitucional de brindar leyes claras y eficaces que representen un desarrollo adecuado de los individuos dentro de la sociedad en irrestricto respeto de las garantías fundamentales y derechos humanos de nuestro Estado de Derecho, cumpliendo a cabalidad los principios a técnica legislativa, se proponen una modificación a la iniciativa que se dictamina, en cuanto al artículo transitorio propuesto.
Lo anterior es así, ya que para efectos del proyecto de decreto, no se requiere que las legislaturas de las entidades federativas, incluyendo la del Distrito Federal, realicen modificación alguna a sus ordenamientos locales para que la Federación pueda ejercer la facultad de atracción a que alude la reforma.
Esto es, para que el texto sea armónico y no incongruente o contradictorio, basta con que en la legislación federal se establezcan los casos específicos y supuestos en que el Ministerio Público conocerá; por su parte, a la autoridad local le corresponderá por mandato constitucional hacer entrega de la información que se requiera sin que tenga necesidad de señalar expresamente en su legislación lo que ya ordena la Constitución.
Los diputados firmantes de este dictamen, coinciden en el hecho de obligar al órgano legislativo federal a realizar las reformas precisas en los cuerpos normativos conducentes, para que las autoridades federales puedan ejercer la facultad de atracción, cuando de los delitos de su competencia se deriven otros del orden común. Sin embargo y derivado de la relevancia del tema se considera oportuno establecer un plazo certero para legislar dichas modificaciones en el ámbito federal. Toda vez, que con esta reforma se busca cumplir con los principios constitucionales de administración e impartición de justicia pronta y expedita.
Es por ello que se propone establecer un término de máximo de un año para que el Congreso de la Unión realice las reformas adecuadas para la correcta aplicación de la presente reforma.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea de la Cámara de Diputados, el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Artículo Único.Se adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 73. ...
I a XX. ...
XXI. ...
Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, en el ejercicio de las libertades de expresión, información e imprenta.
...
XXII. a XXX. ...
TRANSITORIOS
Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a las leyes secundarias que correspondan en un plazo máximo de hasta seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.
Tercero.Las autoridades federales podrán ejercer la facultad de atracción a que se refiere el presente Decreto, después de la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria, que al efecto expida el Honorable Congreso de la Unión.
Nota:
1 Semanario Judicial de la Federación, Gaceta XXXI, Tesis: 1ª./J45/2010. Conexidad de delitos. La facultad del Juez de Distrito para conocer de los del fuero común que tengan conexidad con ilícitos federales, no implica que las conductas deban analizarse a la luz de la descripción típica prevista en el Código Penal Federal. Registro No. 164486, Novena Época. Primera Sala, junio de 2010, página 6.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2011.
La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), presidente; Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Gustavo González Hernández (rúbrica), Carlos Alberto Pérez Cuevas, Rafael Pacchiano Alamán, Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), secretarios; José Luis Jaime Correa (rúbrica), Rolando Rodrigo Zapata Bello (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Justino Eugenio Arraiga Rojas, Víctor Alejandro Balderas Vaquera (rúbrica), Maricarmen Valls Esponda (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica; con precisiones), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Laura Viviana Pérez (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Rafael Rodríguez González, José Ricardo López Pescador (rúbrica), Felipe Solís Acero (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín, Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica), Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), Jorge Rojo García de Alba, Fernando Ferreyra Olivares (rúbrica).
La Comisión de Justicia, diputados:Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato García (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica; con reservas), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz, Eduardo Ledesma Romo, secretarios; María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Gregorio Hurtado Leija, Israel Madrigal Ceja, Sonia Mendoza Díaz, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyez, Rodrigo Pérez-Alonso González, Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Miguel Ángel Terrón Mendoza, Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica; con las observaciones hechas en la reunión), Josué Cirino Valdés Huezo, Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»
«Opinión de la Comisión de Derechos Humanos por la que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Ejecutivo Federal
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia:
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 157, numeral 1, fracción IV y 158 numeral 1, fracción IX, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración la presente opinión, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. En sesión celebrada el 30 de octubre de 2008, el Ejecutivo federal, con fundamento en el artículo 71 fracción II, presentó iniciativa que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.
Contenido de la iniciativa
El Ejecutivo federal en su exposición de motivos señala que:
La Constitución general faculta al Poder Legislativo de la Unión para establecer los delitos y faltas contra la federación, y fijar las sanciones que por ellos deben imponerse; sin embargo, la capacidad de legislar en materia penal tiene un carácter concurrente, es decir, que las entidades federativas están en posibilidad de tipificar las conductas que atentan en contra de los bienes jurídicos fundamentales cuya salvaguarda está a su cargo.
Por ello pretende, a través de su iniciativa, facultar a las autoridades federales a conocer de delitos del fuero común relacionados con la protección a la seguridad pública, la seguridad nacional, los derechos humanos y la libertad de expresión.
Asimismo, manifiesta el Ejecutivo en su exposición de motivos que:
Es necesario precisar en la ley los supuestos en los que la autoridad federal podrá ejercitar la facultad de atracción, aduciendo que los delitos del fuero común trascienden al ámbito de los estados o del Distrito Federal, por su efecto nacional o internacional, ya se aporque el conocimiento de éstos es necesario para dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por México, o bien, para garantizar a los gobernado0res el acceso a la justicia, en aras de salvaguardar la autonomía de los estados, y sólo utilizar como excepción este nuevo supuesto de procedencia de la facultad de atracción con miras a no debilitar la consolidación del federalismo a la que todos los actores políticos y de la sociedad aspiramos.
Para la mejor comprensión de la propuesta se expone un cuadro comparativo que contiene el texto vigente y la propuesta de reforma del artículo en comento.
Derivado del análisis de la iniciativa de mérito, esta Comisión formula las siguientes
Consideraciones
1. Es necesario resaltar que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos establece que las “facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”
En este sentido, el Congreso de la Unión tiene facultad para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse, de conformidad con lo dispuesto por el propio artículo 73, fracción XXI, de la Constitución. Esto significa que, en materia penal, el Congreso de la Unión puede legislar en el ámbito del fuero federal y las legislaturas de los estados lo pueden hacer en el ámbito del fuero común.
Si bien esta Comisión comparte la preocupación del Ejecutivo federal de que el Estado mexicano debe garantizar a la ciudadanía las condiciones mínimas de sociabilidad, combatiendo cualquier acción que vulnere la paz social, se advierte que la propuesta de establecer un nuevo supuesto de procedencia de la facultad de atracción, concede un margen de discrecionalidad muy amplia a la autoridad federal y en consecuencia atenta contra la soberanía de los estados y debilita el federalismo.
Por su parte, el Poder Judicial de la Federación ha establecido que la naturaleza del delito del orden federal, se determina por el lugar en donde se cometió; al respecto, se cita el siguiente criterio jurisprudencial:
Conforme al asegundo párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, en caso de concurso de delitos los jueces federales son competentes para juzgar los del fuero común que tengan conexidad con ilícitos federales (...) pues la naturaleza del delito se determinan por el lugar en donde se cometió, a menos que se surta alguna causal por la que el delito deba considerarse federal, conforme al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
De lo anterior se desprende que la ley establece los supuestos en que las autoridades federales podrán conocer de delitos de fuero común, cuando estos tienen conexidad con los delitos del fuero federal.
2. Por otra parte, la propuesta del Ejecutivo federal para que las autoridades federales puedan ejercer la facultad de atracción, contiene supuestos que por su propia naturaleza tienen conexidad con los delitos federales; es decir, si hablamos de delitos que atentan contra la seguridad nacional, estos son propiamente de carácter federal.
Lo anterior se sustenta con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional, el cual señala el concepto de seguridad nacional, del que se desprende que es un asunto de orden federal, en consecuencia, toda amenaza a la seguridad nacional es también delito de orden federal.
Aunado a lo anterior, el artículo 102, apartado A, señala en su segundo párrafo que: “Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos de orden federal”
En el mismo orden de ideas, cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, en las que están involucradas autoridades de orden federal, podrá intervenir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual está facultada para formular denuncias ante las autoridades competentes.
Por ello, esta Comisión considera que la propuesta del ejecutivo federal es innecesaria toda vez que el texto vigente del segundo párrafo de la fracción XXI del artículo 73 constitucional ya faculta a las autoridades federales para que pueda conocer de los delitos de fuero común cuando estos tengan conexidad con los delitos federales.
Por otro lado, si se tratara de presenciar los supuestos de atracción de las autoridades federales, deberán proponerse modificaciones a la legislación reglamentaria, como lo manifiesta el propio proponente en su exposición de motivos.
En consecuencia, esta Comisión considera que el contenido de la iniciativa del Ejecutivo federal no es procedente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Derechos Humanos emite la siguiente:
Opinión
Primero.Deséchense la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 fracción XXI, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentadas por el Ejecutivo federal.
Segundo.Comuníquese a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia para los efectos legales a que haya lugar.
Tercero.Comuníquese a la Presidencia de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados. Para los efectos legales que haya lugar.
Nota:
1 Seminario Judicial de la Federación, Gaceta XXXI, Tesis: 1ª. /J45/2010. Conexidad de delitos. La facultad del Juez de Distrito para conocer de los del fuero común que tengan conexidad con ilícitos federales, no implica que las conductas deban analizarse a la luz de la descripción típica prevista en el Código Penal Federal. Registro No. 164486, Novena Época. Primera Sala, junio de 2010 página 6.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero de 2011.
La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama, Rosi Orozco (rúbrica en contra), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez, Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica en contra), Sami David David (rúbrica), Margarita Gallegos Soto (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Lizbeth García Coronado (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica en contra), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica en contra), Aránzazu Quintana Padilla, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Gloria Romero León (rúbrica en contra), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica en contra), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica en contra), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Diana Patricia González Soto (rúbrica).»
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Tiene la palabra, hasta por siete minutos, para fundamentar el dictamen, en términos del artículo 230, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el diputado Nazario Norberto Sánchez.
El diputado Nazario Norberto Sánchez:Con su permiso, diputado presidente. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, con opinión de la de Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos al Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía el siguiente dictamen.
Este dictamen que se va a aprobar el día de hoy tiene más de dos años y medio que fue presentado, tanto por el Ejecutivo federal como por el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Partido Acción Nacional; este dictamen, que ha sido detenido y que se va a adicionar un párrafo al artículo 73 de la Constitución Política Mexicana, es precisamente un artículo en donde se va a dar protección a todos los periodistas, a todas las personas, a los camarógrafos, a los reporteros; es un dictamen que es histórico para todos los periodistas y para todas las personas que de una u otra forma ejercen esta noble labor.
Es importante resaltar que la propuesta que ha sido sometida a esta consideración es muy importante, la cual reforma —como lo habíamos dicho— el artículo 73 de la Constitución.
La libertad de expresión en México pasa por una de las etapas más críticas, más críticas de los años recientes; los crímenes contra periodistas se han incrementado año con año, en forma notoria; por lo cual, esta iniciativa busca mediante una reforma al artículo 73 constitucional facultar a las autoridades federales para que puedan atraer e investigar los delitos en los que se vean involucrados, como son los reporteros, periodistas o cualquier persona en la que se adviertan atentados contra la libertad de expresión.
El asesinato y rapto de periodistas y comunicadores sociales es la forma más violenta de vulnerar el derecho a la libertad de expresión, ya que no solamente se anula el derecho a la vida de la víctima, sino que afecta el derecho a la integridad psíquica y moral, psíquica y moral de su familia y priva a la sociedad de una fuente de opinión e información.
La carencia de investigaciones adecuadas y la impunidad que se genera, en relación con los asesinatos de periodistas, motivados por su labor periodística, pueden tener el efecto de propiciar que otros reporteros sean asesinados y de fomentar la autocensura, lo cual —vuelvo a repetir— restringe la libertad de expresión.
En este sentido, el valor protegido de esta reforma reviste una trascendencia sustancial dentro del marco jurídico mexicano, ya que en ella se establecerán los mecanismos que permitirán la correcta y debida protección de todos y cada uno de los periodistas, así como también la protección a los derechos y ver sus instrumentos internacionales, en materia de derechos humanos, suscritos por nuestro país, tales como la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, entre otros, que ya contemplan el derecho a la libertad de expresión.
Los periodistas y defensores civiles de los derechos humanos se encuentran en el peor momento de su vida profesional, no sólo por las agresiones al gremio periodístico que representan un ataque directo a la vigencia del Estado de derecho, sino también la pasividad a las autoridades competentes. Lo cual se traduce, obviamente, en impunidad.
Por tanto, es necesario reconocer la posición de los periodistas como un sector contra el que se han venido acentuando las agresiones y violaciones a sus derechos humanos, por lo que resulta imperioso proteger la actividad esencial que realizan en beneficio de la vida pública del país, en especial en los casos en que los profesionales de la información cubren situaciones de alto riesgo.
Antes de someterlo a la consideración de los señores legisladores me permito hacer las siguientes consideraciones: este proyecto de dictamen, que reforma el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de suma importancia, pues se considera que en México la libertad de expresión enfrenta graves obstáculos, principalmente por los actos de violencia e intimidación que sufren todos y cada uno de los periodistas.
El problema de violencia en México afecta a todos los sectores de la población; sin embargo, las agresiones contra los periodistas y comunicadores tienen efectos multiplicadores que impactan a los demás profesionistas que se dedican a esta tarea tan importante, es decir, se priva a la sociedad, en general, de su derecho a estar informada y desalienta la denuncia provocando la impunidad.
Darle competencia a la federación para que atraiga las averiguaciones previas por los delitos contra periodistas, no se trata de una invasión de competencias, sino que constituye una coadyuvancia de la federación con las entidades federativas, en donde la federación podrá hacer uso de todas las estructuras con las que cuenta en materia de inteligencia, energías, técnicas y capacidad de investigación avanzada, que darán respuesta en la prevención y el abatimiento de los delitos cometidos contra el ejercicio de la libertad de expresión e información; por lo cual, pido su voto a favor de esta iniciativa. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias, señor diputado. Por las comisiones unidas para fundamentar el dictamen, en términos del artículo 230, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado las siguientes diputadas y diputados: por el Partido del Trabajo, el diputado Pedro Vázquez González; por el Partido Verde Ecologista de México, el diputado Eduardo Ledesma Romo; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Agustín Guerrero Castillo; por el Partido Acción Nacional, el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, y por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Humberto Benítez Treviño.
Para su discusión, a favor de este dictamen, se han inscrito la diputada María Yolanda Valencia Vales, el diputado Óscar Martín Arce Paniagua, el diputado Jaime Cárdenas Gracia y el diputado Arturo Zamora Jiménez.
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Pedro Vázquez González.
El diputado Pedro Vázquez González:Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna para fijar la posición del Partido del Trabajo acerca del dictamen que nos presentan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, al tenor de las siguientes consideraciones.
En nuestra opinión, la actividad periodística se ha convertido en un oficio de alto riesgo; sin temor a equivocarme, México es el país con más periodistas asesinados en el mundo; nuestro país le arrebató desgraciadamente a Colombia el tercer lugar como el país más peligroso del planeta para el ejercicio del periodismo en el 2004.
Sin duda, nuestro país enfrenta una lamentable situación por los ataques y agresiones en contra de este gremio; por ese motivo nos manifestamos a favor de crear mecanismos de protección para la labor periodística y para los periodistas.
Los periodistas y defensores civiles de los derechos humanos se encuentran en el peor momento de su vida profesional; en nuestra opinión, las agresiones al gremio periodístico representan un ataque directo a la vigencia del Estado de derecho; por tanto, es necesario reconocer la posición de los periodistas como un sector contra el que se han venido acentuando las agresiones y violaciones a sus derechos humanos, por lo que resulta imperativo proteger la actividad esencial que realizan, en beneficio de la vida pública del país, en especial en los casos en que los profesionales de la información cubren situaciones de alto riesgo.
En la discusión de ambas comisiones consideramos un exceso el plazo de un año para las reformas secundarias; por esta razón, formulé la propuesta al artículo segundo transitorio del proyecto del dictamen para reducir el plazo de un año a seis meses para que el Congreso de la Unión realice las reformas a las leyes secundarias, propuesta que fue aprobada por unanimidad. De igual manera, participamos con otros compañeros legisladores para que se precisara que las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando estos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas en el ejercicio de las libertades de expresión, información e imprenta.
Para nuestro Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo resulta necesario garantizar y fortalecer la legislación federal que permita atraer competencias entre las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, tratándose de conductas que atenten contra la libertad de expresión en sus diversas modalidades que transgredan las garantías individuales y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los tratados internacionales y otras legislaciones.
Por estas consideraciones, compañeras y compañeros legisladores, el Partido del Trabajo votará a favor del presente dictamen, los invitamos a que hagan lo mismo. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Eduardo Ledesma Romo, hasta por cinco minutos.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Diputado Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Diputado presidente, quisiera solicitarle que una vez que acabe este tema, han confirmado ya los medios el fallecimiento del secretario de Gobernación.
Dicen que no.
No voy a comentar sobre el tema; si Acción Nacional dice que aun no, espero.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Moción de orden. Vamos a continuar con el desahogo de la sesión, si no tienen inconveniente. Adelante, señor diputado.
El diputado Eduardo Ledesma Romo:Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladores, México ha sido calificado por la Organización de las Naciones Unidas como un país de alto riesgo para ejercer el periodismo, ocupamos el quinto lugar en altos índices de violencia contra el periodismo —según mediciones de la ONU— y el primer lugar en el continente.
La violencia que se comete contra los comunicadores en nuestro país ha dejado al menos 75 muertos desde el 2000 y en lo que va del año se han registrado al menos 13 homicidios, sin contar la desaparición forzada de que han sido objeto.
Compañeros legisladores, la libertad de expresión es fundamental para la vigencia de una sociedad democrática; el Estado mexicano está obligado a garantizar su respeto y protección; diversos compromisos internacionales nos obligan a adoptar medidas, entre ellos el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
Hoy, con el dictamen que se somete a discusión, atendemos un reclamo social e internacional: facultar a las autoridades federales para que puedan atraer e investigar los delitos en los que se vean involucrados como víctimas reporteros, periodistas o cualquier persona en ejercicio de la libertad de expresión, de información e imprenta.
La facultad de atracción con la que se dotaría a las autoridades federales, a través de las reformas constitucionales que hoy discutimos, tiene entre sus objetivos enfrentar el problema que surge cuando existen elementos suficientes que presupongan las necesidades de que sea la federación la encargada de investigar, perseguir y sancionar algún delito que sea de competencia de las entidades federativas.
Finalmente, la libertad de expresión es unificadora del nivel de consideración de la democracia en un país; quienes ejercen el periodismo proveen información a la sociedad; si se transgrede el derecho, se afecta a la sociedad, en conjunto; todo delito que se cometa contra quienes ejercen el periodismo debe ser investigado, ya sea por las autoridades locales o por la federación. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Agustín Guerrero Castillo, hasta por cinco minutos, para hablar a favor del dictamen.
El diputado Agustín Guerrero Castillo:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que se somete a la consideración de este pleno propone reformar la fracción XXI del artículo 73 constitucional para que las autoridades federales puedan conocer de los delitos del fuero común cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o contra los periodistas en el ejercicio de las libertades de información, expresión e imprenta.
Se trata de una reforma fundamental para el desempeño de las actividades de los profesionales de la comunicación en momentos cuando la violencia y la inseguridad han llevado a que México sea considerado como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y el quinto en el mundo. De ello dan cuenta los asesinatos y desapariciones en contra de periodistas y los ataques a instalaciones de diversos medios de comunicación.
En México, datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señalan que del año 2000 al 2010, 66 periodistas fueron asesinados; esta cifra, de acuerdo con diversas organizaciones gremiales de periodistas nos reportan el número de 74 personas asesinadas en este mismo periodo.
Entre los años 2005 y 2010, 12 comunicadores han sido desaparecidos, a estas cifras deben añadirse 18 ataques en contra de instalaciones de medios de comunicación registrados en los últimos años y las amenazas y hostigamientos a los que son sometidos quienes ejercen el periodismo en las entidades federativas que cubren las fuentes de seguridad pública, narcotráfico, corrupción, delincuencia organizada y que por temor o desconfianza no denuncian los delitos.
A partir del 5 de julio de 2010 se creó una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión, la cual desde su creación no ha logrado la sanción penal de un solo responsable y ha sido evidente su tendencia de declinar su competencia hacia las autoridades locales.
Esta fiscalía —según los datos del V Informe de Gobierno— señala que de septiembre de 2010 a junio de 2011, de las 92 averiguaciones previas iniciadas, únicamente determinó el ejercicio de la acción penal en 15 casos, de los cuales 13 fueron sin detenido y únicamente 2 con detenido.
Los escasos resultados de esta fiscalía son atribuibles, según el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión...
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Concluya el orador.
El diputado Agustín Guerrero Castillo:Perdón. Según el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, en parte por la falta de voluntad de los fiscales para atraer las investigaciones, pero también a la falta de autonomía y de recursos y a la deficiente definición de la competencia del fuero local o del fuero federal. De ahí que el presente dictamen pretende subsanar tales deficiencias al dotar a la federación de una facultad de atracción, la cual permite que sea la federación la encargada de investigar, perseguir y sancionar algún delito en contra de los periodistas.
Así las cosas, podría establecerse que esta facultad será ejercida en aquellos casos en que las mismas autoridades estatales lo soliciten o bien, a petición de la víctima u ofendido, cuando el sujeto activo del delito sea un servidor público local.
Por tanto, el voto de nuestro grupo parlamentario es a favor del presente dictamen; no sin antes manifestar que en materia de libertad de expresión aún quedan pendientes muchos temas que atender, como son la altísima concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación, la falta de transparencia y regulación en las concesiones de frecuencias radioeléctricas, el impulso de radios comunitarias, el excesivo gasto público en la publicidad oficial y erradicar la impunidad que caracteriza los crímenes contra periodistas y comunicadores; el voto de nuestro voto grupo, en este caso de este dictamen, será a favor y les pedimos también que lo acompañen. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Francisco Ramírez Acuña. El diputado Pérez Cuevas.
JOSE FRANCISCO BLAKE MORA
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Con una gran pena y dolor, como bancada, como personas y como amigos, una vez que se ha confirmado por fuentes oficiales que en el desplome del helicóptero donde se transportaba el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora; el subsecretario de Derechos Humanos, Felipe Zamora, y su director de Comunicación, José Alfredo García Medina, más sus acompañantes y tripulación de la aeronave, se ha confirmado que han perdido la vida, lo que la bancada de Acción Nacional le pide a esta Cámara de Diputados, una vez que no sólo es luto para el Partido Acción Nacional, sino también para México, por tratarse del secretario de Gobernación, queremos mandar un respetuoso y sentido pésame a los familiares de quienes han fallecido en este lamentable acontecimiento.
Pedir también, muy respetuosamente —dado que así ha sido el protocolo que ha establecido el Ejecutivo, que será la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la que seguirá dando información—, pedir, dado que no tenemos en este momento elementos sobre la investigación, que esta pueda respetarse, pueda realizarse, pueda agotarse y entonces, sean los conductos de la autoridad investigadora la que pueda dar las causas de este hecho.
Lamentamos profundamente el fallecimiento del secretario de Gobernación y sus acompañantes: el pésame para sus familias.
Le pedimos, presidente, un muy sentido minuto de silencio para nuestro compañero Francisco Blake Mora, el subsecretario Felipe Zamora, su jefe de medios y todos los acompañantes que venían en la aeronave.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Esta Presidencia resuelve acompañar a los familiares del secretario de Gobernación, al titular del Poder Ejecutivo federal e invita a los presentes a guardar un minuto de silencio.
(Minuto de silencio)
Ha solicitado la palabra el diputado Juan José Guerra Abud, enseguida el diputado Acosta Naranjo y el diputado César Augusto Santiago.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Lo anotamos, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Juan José Guerra.
El diputado Juan José Guerra Abud (desde la curul): Gracias, presidente. Desde luego que la bancada del Partido Verde nos unimos con profunda pena a las condolencias, no solamente a la familia del secretario Blake, sino a las familias de todos quienes lo acompañaban.
Siento, colega presidente, colegas diputados, que cuando todos los mexicanos enfrentamos desgracias comunes, como ésta que estamos enfrentando hoy, tenemos que estar más unidos que nunca y tenemos que estar juntos apoyando a las instituciones de este país.
Nosotros, colega presidente, insisto, expresamos nuestras condolencias a todos ellos, a los familiares, al señor presidente de la República y esperemos la resignación para todos ellos. Es cuanto.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: El diputado Acosta Naranjo.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): A nombre de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, manifestar nuestras condolencias a todos los familiares de las personas que hoy fallecieron en este lamentable accidente, particularmente a la familia del secretario de Gobernación, al titular del Poder Ejecutivo, a sus amigos, a sus compañeros de partido.
Estamos consternados por estos hechos y con responsabilidad esperaremos la información oficial que las autoridades competentes den sobre estos lamentables acontecimientos y con responsabilidad actuaremos para bien de la República. Nuestro más sentido pésame.
El diputado José Ramón Martel López (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: El diputado José Ramón Martel.
El diputado José Ramón Martel López (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Nuestra fracción parlamentaria quiere manifestar primero que nada nuestra solidaridad a la familia del señor secretario Francisco Blake, a su esposa, a sus hijos, nuestras condolencias y nuestra solidaridad.
Quiero compartir con la honorable Cámara de Diputados que la República pierde a un hombre, no tan sólo en el cumplimiento de su deber, a un hombre que con nuestra fracción parlamentaria siempre buscó el diálogo, el acuerdo y la lucha con respeto por los intereses superiores de la nación.
Perdemos a un colaborador del presidente, lo pierde el presidente; perdemos a un demócrata de convicciones probadas, y pierde su familia a un padre ejemplar y a un esposo ejemplar. Nuestra solidaridad y que hagamos de esta tragedia, en honor a él y a quienes hoy fallecieron, posibilidades de con dignidad, con seriedad, tratar de hacer algo más por la patria con la sensibilidad humana que una pena de esta naturaleza nos deja. Gracias, señor presidente.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez(desde la curul): Presidente.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: El diputado César Augusto Santiago y después el diputado Gerardo Fernández Noroña.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez(desde la curul): Gracias, señor presidente. Con gran pena personal, quiero decirles que solicité la palabra de inicio para decir que este muy desafortunado suceso enluta al país una vez más y que pienso que con toda propiedad debemos —todos los grupos parlamentarios de esta Cámara— esperar prudentemente, responsablemente la información oficial del gobierno de la República.
Francisco Blake, en efecto, fue un hombre respetable y estimado; quizá en su desempeño enfrentó discrepancias con todos, pero eso no niega su sentido humano y su característica de hombre público, que hoy lamentamos su desaparición.
Reciba pues el Partido Acción Nacional nuestras condolencias, y a sus familiares también la solidaridad de quienes tratamos en nuestro trabajo cotidiano de honrar a la política. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: El diputado Gerardo Fernández Noroña y en seguida, el diputado Felipe Solís Acero.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Quiero manifestar mi absoluta solidaridad con la familia del secretario Blake, de los funcionarios de la Secretaría de Gobernación, que perdieron la vida.
Hace un momento pedí la palabra, porque trasladándome hacia la Cámara de Diputados había recibido la información oficial por los medios, por eso es que había planteado; cuando Acción Nacional planteó que esperara, no tuve ningún inconveniente, porque mi única finalidad era hacer lo que han hecho los compañeros de Acción Nacional: manifestar la solidaridad, pedir el minuto de silencio.
Creo que debimos haber manifestado nuestras posiciones desde tribuna, me parece un hecho gravísimo la pérdida de la vida de estos funcionarios; estoy de acuerdo en que debemos de esperar a su momento para analizar la situación política de fondo, pero combatí a Blake por lo que representaba.
He manifestado aquí reiteradamente que no es un asunto personal, no es un asunto de esa naturaleza; son discusiones políticas, son posiciones políticas, son principios lo que se defiende, y en una tragedia de esta naturaleza no se puede escatimar en ningún momento la solidaridad, la cercanía con las familias de los fallecidos. Quiero externar de todo corazón mi solidaridad.
Lamento profundamente el accidente, la muerte de estos funcionarios —que ya nos informarán lo que haya sucedido—.
Me atrevo a plantearlo extensivo, sé que va a hablar mi coordinador, pero es extensivo a todos los compañeros y compañeras del Partido del Trabajo, que reitero, las posiciones políticas, las discusiones, los debates tienen su contexto y su momento; las tragedias humanas nos obligan siempre a ser solidarios con compañeros y compañeras de diferentes formaciones políticas.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: El diputado Solís Acero y después de él han solicitado el uso de la palabra los diputados Sergio Tolento, Roberto Pérez de Alva, Jorge Carlos Ramírez Marín, Miguel Ángel García Granados y el diputado Pedro Vázquez.
El diputado Felipe Solís Acero(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Con profunda pena, con enorme respeto, quiero compartir nuestro dolor y nuestra solidaridad con los familiares, con los amigos y con los correligionarios del secretario Blake, del subsecretario Zamora y del resto de acompañantes, que lamentablemente fallecieron en este dramático accidente.
Quiero hacerlo especialmente en el caso del secretario Blake, quien fuera diputado federal en la LVIII Legislatura, compañero nuestro; aquí en esta Cámara debe recordársele como uno de los legisladores que han pasado por esta representación popular.
Aquí habemos, en el Grupo Parlamentario del PRI, varios legisladores de la LVIII Legislatura, como el diputado Ramírez Marín, el diputado Ildefonso Guajardo, el diputado Omar Fayad, el diputado César Augusto Santiago, el diputado David Penchyna, la diputada Viggiano y seguramente algunos otros que en estos momentos no recuerdo, que compartimos con el entonces diputado federal Blake Mora, las responsabilidades de la LVIII Legislatura.
En lo personal, tuve incluso la oportunidad de que fuéramos compañeros en algunas comisiones de trabajo en la LVIII Legislatura; lo recuerdo con un gran afecto, como lo que fue: un hombre dedicado a su trabajo al 100 por ciento, respetuoso, compartido, solidario.
Me parece que la Cámara debe también recordar, con igual sentido de gratitud, al licenciado Felipe Zamora Castro, quien fuera director de Asuntos Jurídicos de esta Cámara de Diputados en la LIX Legislatura, a quien recuerdo también porque tuve oportunidad, siendo secretario técnico de la Presidencia de la Mesa Directiva, de compartir responsabilidades profesionales con el licenciado Zamora Castro, cumpliendo él tareas como director de Asuntos Jurídicos de esta Cámara de Diputados; seguramente en el área de la Secretaría General y de Servicios Parlamentarios lo recuerdan como yo, con afecto, con respeto, por su entrega, por su dedicación.
Vaya nuestro más sentido pésame y recuerdo afectuoso, respetuoso y la mayor de las condolencias, la más sincera, la de mayor corazón, para sus familiares, para sus amigos, para sus correligionarios.
Al gobierno de la República, al Grupo Parlamentario del PAN, al partido en el que militaban algunos de los que hoy han fallecido y para los amigos y familiares de todos ellos, nuestro respeto, nuestra consideración y nuestra solidaridad. Muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene el uso la palabra el diputado Sergio Tolento Hernández.
El diputado Sergio Tolento Hernández: Con su permiso, compañero presidente. El día de hoy México pierde a un gran mexicano; el día de hoy la bancada de Acción Nacional y en especial la bancada de Baja California, quiere dar el más sentido pésame; en primer lugar, a Gloria, la compañera de nuestro compañero.
Es por eso que la bancada de Acción Nacional de Baja California nos unimos a la pena y consternación que en estos momentos acoge a México, por el fallecimiento de un gran bajacaliforniano comprometido con el país y comprometido con México.
El licenciado Francisco Blake Mora, amigo nuestro, fue un hombre de diálogo y de consensos, que en momentos difíciles buscó con entusiasmo mejorar las condiciones, las condiciones de vida de nuestro país, de Baja California y de todos los mexicanos.
Su legado, al igual de los que nos dejan como Felipe Zamora, Alfredo García y sus acompañantes, perdurará en la memoria de los bajacalifornianos y del Partido Acción Nacional, y de todos nosotros los mexicanos.
Descanse en paz nuestro amigo, nuestro compañero y una persona que luchó por el bienestar de México, por el bienestar de los mexicanos y de todos y cada uno de los integrantes de este país.
Muchísimas, muchísimas gracias, por esta atención que nos ponen a todos los bajacalifornianos y a todos los mexicanos.
Pido ahora, no un minuto de silencio, sino un fuerte aplauso para nuestro amigo y compañero Francisco Blake Mora. Muchísimas gracias, compañeros diputados.
(Aplausos)
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Pérez Cuevas.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Quisiéramos pedirle a la Mesa Directiva y a nuestros compañeros legisladores, como una muestra de honrar la memoria del secretario de Gobernación Francisco Blake Mora y las personas que fallecieron, que lo acompañaban, que dado que este lamentable hecho se da en cumplimiento de su trabajo y de su deber al dirigirse a una reunión con integrantes de los poderes judiciales, que esta Cámara de Diputados, en honor a la memoria de todos los que en ese accidente fallecieron, sigamos trabajando, presidente y que honremos la memoria continuando con los trabajos y también por el bien de este país, para sacar los pendientes que tenemos. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. Hay cinco oradores más inscritos y enseguida, daremos cuenta del orden del día como se había iniciado la reunión de hoy, la sesión de hoy. Tiene la palabra el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari.
El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari(desde la curul): La verdad, para nosotros es una noticia muy mala, estamos muy tristes; tuve la fortuna de ser amigo del señor secretario, y todos los integrantes de la fracción del Partido Nueva Alianza estamos consternados por la muerte del secretario de Gobernación, del subsecretario, de los acompañantes, que venían en el cumplimiento de su deber en este helicóptero.
Estamos convencidos que hay mucho más gente buena que mala en nuestro país, y se han ido mexicanos buenos, mexicanos que han trabajado porque México salga adelante, porque México salga adelante, porque México sea un país más justo.
El secretario de Gobernación trató —durante su gestión— de tender puentes con todos; era un hombre que trataba de armonizar y de verdaderamente ver por México.
A nosotros nos parece un hecho gravísimo lo que acaba de suceder, muy triste; nos solidarizamos, por supuesto, con su familia, con Gloria su mujer, con sus hijos, con el señor presidente de la República —que ésta es una pérdida mayor para el gobierno federal—, con los compañeros del PAN también nos solidarizamos, por supuesto y bueno, escucho que ellos piden que sigamos trabajando en honor al secretario de Gobernación, pues así lo haremos.
Tenía pensado pedir que se suspendiera la sesión dada la gravedad del asunto, porque es el secretario de Gobernación y se van a tener que tomar decisiones importantes en estos próximos minutos, en estas próximas horas y para nosotros, nosotros creemos que se tendría que suspender la sesión, pero bueno, los compañeros del PAN piensan distinto y los acompañamos en lo que ellos piensan. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Tiene la palabra el diputado Pedro Jiménez León.
El diputado Pedro Jiménez León (desde la curul): Cuando termina una vida se cierra un ciclo, pero cuando este ciclo se cierra y las personas están en plenitud de facultades físicas y mentales, como estaban las personas que hoy lamentablemente perdieron la vida, se truncan sueños, se estrechan límites, se cierran posibilidades, y esto es lo que causa dolor, esto es lo que genera sufrimiento.
En razón de ello, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano expresa a los familiares del ex secretario de Gobernación, de sus colaboradores y de los miembros de la tripulación, nuestras condolencias.
También al titular del Ejecutivo y creo que vale la pena hacerlo a toda la sociedad mexicana; quienes fallecieron, lo hicieron en cumplimiento de las acciones con las que le servían a México desde el punto de vista ideológico que ellos representaban, pero me parece que nuestra solidaridad no solamente es como seres humanos, como servidores públicos, sino también reconocer el trabajo que hicieron, a pesar de que en muchas ocasiones no estuvimos de acuerdo, me parece que la emoción en la que ellos estaban instalados siempre era hacer lo mejor para México y en razón de eso, se los reconocemos.
También nuestra solidaridad a los miembros del Partido Acción Nacional, ya que el secretario Blake Mora, era militante de este partido político.
Creo que esto nos compromete más a seguir trabajando por México, a encontrar acuerdos, a encontrar los puntos que nos permitan darle a los mexicanos la certeza y la seguridad de que las instituciones van a permanecer y podrán hacer de este país un país más seguro para todos. Muchas gracias.
Presidencia del diputado Emilio Chuayffet Chemor
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, don Pedro. Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Vázquez González.
El diputado Pedro Vázquez González(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en esta Cámara de Diputados, y también lo expreso a nombre de la dirigencia y militancia del Partido del Trabajo, deseo expresar nuestras más sinceras condolencias a los familiares, a los amigos, a los compañeros de trabajo y a la militancia y dirigencia del Partido Acción Nacional, por este lamentable accidente en el que pierde la vida el señor secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y ese grupo de colaboradores, así como también los tripulantes de esta aeronave, quienes en el cumplimiento de sus tareas propias del encargo se dirigían al estado de Morelos.
Expresamos estas condolencias de la manera más sincera y deseamos una pronta resignación a todos los familiares de estos funcionarios fallecidos, así como también a sus amigos y a sus correligionarios.
Esperamos también de las autoridades competentes la información necesaria y suficiente en su momento, para que todo México sepamos la verdad de estos lamentables acontecimientos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Gracias, señor presidente. Es la gratitud la que obliga esta intervención; quiero dejar expresa, dar cuenta de mi gratitud personal a todas las atenciones que en mi calidad de presidente de la Cámara de Diputados recibí del licenciado José Francisco Blake Mora, amigo mí durante la LVIII Legislatura, como diputados, que coincidimos en ella; llegamos como dos nuevos y recién llegados funcionarios a las fiestas del bicentenario.
En el mercado de vanidad y de incertidumbre, que suele ser la política, encontrar una mano amiga en esos momentos de inicio es muy valioso.
No olvidaré que después de mucho tiempo la actitud de don José Francisco Blake siempre fue ayudar, ayudar y ayudar; cuando necesitamos la intervención de la fuerza pública, cuando necesitamos la intervención de una fuerza de gestión, cuando necesitamos que se abrieran espacios de diálogo, supo ser siempre funcionario, mantenerse firme en sus principios y respetar los principios de los demás; pudimos hacer algunos acercamientos y lograr que algunas cosas caminaran gracias a ese espíritu.
No lo voy a olvidar en lo personal, en lo personal lamento su pérdida, como amigo lamento su pérdida y me sumo a las condolencias que todos han expresado a su familia. Pero me deja claramente la lección de cómo, en el trabajo que nos toca hacer como políticos, no hay nada más importante que mantener un lado humano absolutamente transparente y firme; es el caso de Blake y en esos términos no voy a olvidar nunca su presencia. Muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel García Granados.
El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Muchas gracias, presiente. En lo personal, también me sumo lógicamente al dolor por la pérdida del secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, pero quiero también referirme a que Sinaloa ha perdido el día de hoy a un extraordinario elemento, a Felipe Zamora, un joven que estaba entregándose afanosamente a servir a la patria.
No era casual la entrega permanente de Felipe, porque Felipe era hijo de un extraordinario sinaloense, originario de Angostura, fundador de un periódico en Sinaloa, que es: Noroeste; tribuno, periodista, ex diputado federal y un extraordinario columnista.
Desde aquí envío las más sinceras condolencias para su padre, que todavía vive, que fue diputado federal y que ahora escribe para la nación.
Sinaloa hace años había perdido a un extraordinario sinaloense para que lo ganara alguien, que desde su origen fue fundador del Partido Acción Nacional, pero que sin distingos de colores partidarios hemos aprendido a reconocer a los buenos elementos que existen en todos y cada uno de los partidos políticos de este país; moralmente ejemplar y político en esto, como es su padre, así también era Felipe.
Desde aquí, en lo personal y estoy seguro que la bancada sinaloense coincidirá conmigo, nos duele esta pérdida y queremos manifestarlo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra la diputada Beatriz Paredes Rangel.
La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel (desde la curul): Gracias, señor presidente. Me trasladé de una reunión de la Comisión de Educación a este pleno, donde recibimos la noticia, hace unos tres cuartos de hora, y con enorme preocupación tratamos de verificar la información.
Compañera también de José Francisco Blake en la LVIII Legislatura.
A su arribo a la Secretaría de Gobernación pude constatar su sencillez, su compromiso para encontrar soluciones a temas muy complejos, su experiencia de político local trasladado al ámbito nacional; un hombre respetuoso, constructivo, que fue factor fundamental para que la nueva Ley de Migración, que es un hito en el respeto a los derechos humanos, fuese una realidad.
Quiero, a sus familiares, a los familiares de todo el equipo de distinguidos mexicanos que falleció el día de hoy, expresar mi solidaridad y respeto personal; mi dolor por la pérdida de personas valiosas y expresar —en mi calidad de miembro de un partido político— la certeza de que México está por encima de cualquier circunstancia dramática o de cualquier accidente, por doloroso que sea y por grave que sea, que las instituciones mexicanas prevalecerán y que estaremos atentos a acompañar las decisiones del gobierno de la República, para que ningún incidente, por grave que sea, lesione la estabilidad y la gobernabilidad de nuestro país. Mis sinceras condolencias a nuestros compañeros de Acción Nacional.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Armando Ríos Piter.
El diputado Armando Ríos Piter(desde la curul): Tuve la oportunidad de cenar el día de ayer con el licenciado Francisco Blake y no dejo de pensar en que todo el tiempo que estuvimos platicando lo que logré encontrar en él —que no fue la única vez—, siempre era la actitud de un orgulloso profesionista, de un padre de familia comprometido —platicamos ayer básicamente de sus dos hijos, de ocho y 11 años— y me parece que la pérdida de un hombre que, como nosotros, se dedica a la vida pública, debe llevarnos a una reflexión muy importante, que es la gran fragilidad que tenemos todos como seres humanos y que muchas veces, por solamente estarnos viendo las narices, no logramos encontrar que aquéllos que están al lado de nosotros también tienen sueños, tienen familia, tienen ganas de servir, tienen ganas de construir.
Lo que quiero aportar a la memoria de Francisco Blake y obviamente también de quienes con él perdieron la vida, es que nos sirva para reflexionar en salirnos de esa mezquindad que muchas veces nos rodea a todos y entender que la reflexión colectiva tiene que permitirnos en este momento buscar un contexto nuevo de diálogo. Creo que así es como recordaremos bien y realmente le haremos honor a alguien que a eso se dedicaba: a construir, a ser padre de familia y a dedicarle su vida con pasión a ayudar al país.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias. Tiene la palabra la diputada Rosi Orozco.
La diputada Rosi Orozco(desde la curul): Gracias, presidente. Para todos los que luchamos en cuestión de derechos humanos, la pérdida de ambos, del secretario Blake y del subsecretario Zamora, es una gran pérdida para México; eran antorchas brillando en la oscuridad, personas que realmente supieron escuchar el dolor de la gente más necesitada.
El secretario Blake permitió que el tema de trata fuera hoy parte ya de la mesa de seguridad nacional y el subsecretario Zamora, que nunca jamás se quitó su corazón azul en contra de la trata y que luchó también por los derechos de los periodistas para que no fueran más agredidos, son dos antorchas que hoy —estoy segura—, que como los grandes líderes, han formado mucha gente a su alrededor que levantará esas antorchas para que en México esa luz siga brillando y los derechos humanos de los más vulnerables sean defendidos también por otros, como lo estamos haciendo en esta cámara. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Javier Corral.
El diputado Javier Corral Jurado(desde la curul): Gracias, presidente. Quiero expresar mis sinceras condolencias a todos los familiares de las víctimas de este lamentable hecho; hecho funesto en el que han perdido la vida el secretario de Gobernación, el subsecretario Zamora y sus colaboradores.
Quiero hacer una reflexión desde mi posición como presidente de la Comisión de Gobernación, porque creo éste el momento más propicio para hacerlo; quiero ofrecer a esta asamblea un testimonio de reconocimiento al trato respetuoso, cordial, pulcro que siempre tuvo conmigo el secretario de Gobernación y la coordinación que tuvimos para el tratamiento de varios temas delicados en la vida del país.
Nunca de su parte recibí ninguna propuesta que no militara en el interés público y en medio de coincidencias y de diferencias debo reconocer el trato de un demócrata a otro compañero de partido; en ese sentido, expreso que el secretario de Gobernación, que fue Francisco Blake Mora, fue un secretario de Gobernación respetuoso del Poder Legislativo y del presidente y los miembros de la Comisión de Gobernación.
De manera especial quiero expresar una condolencia y mi pésame por el fallecimiento de Felipe Zamora; se trata de un joven demócrata, de un comprometido con el sistema de los derechos humanos en su integralidad; un militante de Acción Nacional de los del ideal.
Exactamente como lo definió Miguel Ángel García Granados, de esa cadena de convicción, de compromiso, que le heredó con toda dignidad y valor Esteban Zamora; periodista enorme, militante de gran prestigio en Acción Nacional.
Al presidente de la República le expreso mi más sentida condolencia; el presidente Calderón pierde hoy a un secretario de Gobernación por segunda ocasión.
El momento obliga a la reflexión y a la mayor responsabilidad; esperaremos en esa reflexión y bajo esa responsabilidad la información completa de los hechos acaecidos esta mañana, pero cierro y expreso a todos los miembros de Acción Nacional, a los miembros y militantes del partido en Baja California, a todos los familiares de las víctimas de este día, mi más sentido pésame.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Humberto Lepe Lepe.
El diputado Humberto Lepe Lepe (desde la curul): Gracias, señor presidente. Los hechos que hoy enlutan a nuestro país, y lo expreso en esos términos porque el licenciado José Francisco Blake Mora era un bajacaliforniano ejemplar, un destacado alumno de la Universidad Autónoma de Baja California, un hombre que sirvió a la municipalidad donde nació, al estado de Baja California, al país como diputado de la nación en la LVIII Legislatura y hoy, como secretario de Gobernación y Enlace de Comunicación y de trabajo del gabinete del presidente Calderón.
Francisco Blake Mora, destaco su gran preocupación y su recia vocación por el servicio público; su responsabilidad el día de hoy, que lo llevaba a cumplir una misión que le había encargado el titular del Ejecutivo, este hecho muy lamentable; le expreso a sus familiares, mi dolor, a sus compañeros de partido, a los bajacalifornianos y finalmente, a quienes tenemos la vocación por el servicio público.
Espero que la familia de Blake Mora, su esposa, sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus más cercanos amigos encuentren pronta recuperación.
Igualmente le expreso al gabinete del presidente Calderón y al propio ciudadano presidente, mis condolencias como bajacaliforniano. Qué en paz descanse quien sirvió a las instituciones en mi estado y en el país.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias. Regresando a la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, se concede la palabra, hasta por cinco minutos, al diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas.
El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros, antes que nada, también me uno a la lista de compañeros y de las expresiones: mi más sentido pésame a los familiares de las víctimas, del hecho, como mencionó el diputado Javier Corral, donde muere el secretario de Gobernación, el subsecretario Felipe Zamora y los demás compañeros, servidores públicos que dieron su vida por este país.
El tema de la defensa de los derechos de los periodistas en este país ha sido ampliamente discutido en esta LXI Legislatura; el ser humano ha nacido libre por naturaleza; sin embargo, la mala sangre de muchos ha logrado poner cadenas a muchas mujeres y hombres.
Históricamente las diversas sociedades del mundo y en especial la de México, ha luchado por ser digna de su libertad y por ello, la ha buscado y la ha conquistado día con día; se trata de una búsqueda continúa e incesante que debe culminar con la consecución de los derechos que son propiedad de nuestro pueblo; de ese conjunto de derechos emerge el de la libertad de expresión, como la posibilidad de poder expresar las ideas, los pensamientos o transmitir información. De esta manera, estamos hablando de uno de los derechos más preciados del hombre para poder manifestar sus pensamientos u opiniones.
En México nuestra Constitución le reconoce ese derecho humano a cada uno de los mexicanos y mexicanas; por eso nosotros, hoy como legisladores, debemos poner especial atención en perfeccionar el marco jurídico vigente, a efecto de que los ciudadanos tengan la posibilidad de gozar plenamente de su libertad de expresión, de la libertad de expresión incluyendo a los sectores sociales como los periodistas, como base fundamental de la labor que desempeñan.
Lamentablemente, hoy día el crimen organizado ha tenido el atrevimiento para atentar contra la vida de quienes, en ejercicio de su libertad de expresión, opinan en contra de los intereses de las bandas delictivas.
De ninguna manera podemos permitir que quienes de por sí ya han alterado la vida de nuestro país, llevando a cabo actividades tendientes a amordazar el pueblo de México —nosotros tenemos en este momento la posibilidad de cambiarlo—, simplemente jamás podemos permitir que nuestro país pierda la posibilidad de hablar, de opinar, de informar o ser informado; nuestro país nunca puede vivir bajo ése régimen.
Compañeras y compañeros legisladores, en nuestra patria debe morar la libertad de expresión sin cortapisas ni obstáculo alguno; en Acción Nacional estamos seguros de que con la aprobación del presente dictamen se establecerá la posibilidad de que las autoridades federales excepcionalmente conozcan de los delitos de competencia de los estados que tengan por propósito impedir, limitar o menoscabar el ejercicio de todas las actividades relacionadas con la libertad de expresión, incluyendo las libertades de información, expresión e imprenta.
Además, por tratarse de una reforma constitucional, se establece un mayor rango de protección a la libertad de expresión, ya que se trata de la ley suprema de la Unión y por ende, tiene efectos en todo el país.
Quiero también dar un reconocimiento muy especial a la Comisión Especial que da seguimiento a la agresión a los periodistas, que encabeza mi compañera Mary Yoli, que está aquí presente, igual con la participación activa de los diputados Jaime Cárdenas, Agustín Guerrero y Manuel Clouthier y una serie de compañeros que estamos trabajando muy fuerte en el tema del derecho a los medios de comunicación, un reconocimiento a esta comisión especial, un gran avance.
También un reconocimiento a los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, a la Comisión de Justicia, donde estuvimos ahí trabajando y debatiendo ampliamente este dictamen.
Por lo anterior, el Partido Acción Nacional reitera y confirma con actos concretos, su compromiso por proteger las libertades que al pueblo de México le corresponden, con los periodistas y con todo aquél que ejerza su libre derecho a expresarse.
De ninguna manera podemos permitir que el crimen organizado calle a nuestra patria. Es cuanto, señor presidente, gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Humberto Benítez Treviño.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño: Gracias, señor presidente. Antes de que empiece a contar severamente mi tiempo, quisiera que la Secretaría diera lectura al artículo 6o. constitucional.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Proceda la Secretaría.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero; provoque algún delito o perturbe el orden público, el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Es cuanto.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño:Gracias, señor presidente. El derecho a la información —dice el mandato constitucional— será garantizado por el Estado; por eso es que les pido, a nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional, que votemos a favor esta reforma constitucional a la fracción XXI del artículo 73 constitucional, que emana de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Puntos Constitucionales.
En este momento aciago en el que está viviendo el país, los legisladores tenemos que responder y ésta es una muestra de ello, con herramientas eficaces, contundentes, enérgicas para proteger la labor de los periodistas, de los camarógrafos, de aquellos que estén en las imprentas, en las redacciones, en una función, compañeros diputados, que ha sido declarada como la segunda —desgraciadamente para nuestro país— más peligrosa en México después de Irak, en plena guerra, la actividad más peligrosa en América que se desarrolla en México.
Por eso es que el artículo 73, que establece las atribuciones del Congreso, nos ha permitido incluir la fracción XXI para establecer que es competencia de las autoridades federales conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra las personas en el ejercicio de las libertades de información y expresión e imprenta.
Estamos estableciendo competencia concurrente, compañeras y compañeros legisladores, porque hemos visto la incapacidad de las autoridades municipales —y debo subrayarlo—, de las autoridades estatales para proteger la labor del periodismo y de los periodistas.
Hoy veía una información, tenemos más de 100 periodistas privados de la libertad en México; es un momento de emergencia y es un momento de urgencia, nosotros tenemos que responder federalizando los delitos cometidos en agravio de los periodistas.
No omito, compañeras y compañeros diputados, recordarles que presenté ante esta soberanía una iniciativa para federalizar los delitos cometidos contra los periodistas; esta iniciativa sin duda nos servirá para convertirse en la columna vertebral de la ley federal, que habremos de expedir en un término menor a los seis meses, para hacer eficaz, para hacer asequible el procedimiento de protección al ejercicio de su deber, su profesión, de todos y todas las periodistas de este país.
Por eso, compañeras y compañeros, que en estos momentos críticos que está viviendo el país, tenemos que responder —como lo estamos haciendo—, con una reforma constitucional para preservar la función, el ejercicio de la profesión del periodista, de los periodistas y de todos aquellos que ejercen libremente el ejercicio libre del pensamiento y de la información en este país. Es cuanto, señor presidente.
ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado. De conformidad con lo que establece el Reglamento de la Cámara, se han inscrito, en pro del dictamen, la diputada María Yolanda Valencia Vales, el diputado Óscar Martín Arce Paniagua, el diputado Jaime Cárdenas Gracia y el diputado Arturo Zamora Jiménez. Tiene el uso de la palabra la diputada María Yolanda Valencia Vales.
La diputada María Yolanda Valencia Vales:Con se venia, señor presidente. A nombre de la Comisión Especial para dar seguimiento a agresiones a periodistas y medios de comunicación, extendemos nuestras más sinceras condolencias al presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, a los familiares del secretario Blake, del subsecretario Zamora, del licenciado José Alfredo García, a los familiares de todas las personas que los acompañaban, que perecieron y que hoy no están con nosotros. Para ellos, abrazos directos al corazón.
Estimadas diputadas y diputados, vengo a esta tribuna a nombre de la Comisión Especial para dar seguimiento a agresiones a periodistas y medios de comunicación, para felicitar a todos los diputados integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, por aprobar la adición al artículo 73, fracción XXI de la Constitución.
Desde que comenzó esta Legislatura la comisión especial estuvo pugnando porque se federalizaran los delitos contra periodistas, ya que en algunos estados los comunicadores han optado por no denunciar las agresiones a que han sido objeto, debido a que no confían en esas autoridades y los que llegan a denunciar se encuentran con la falta de voluntad política en la importación de justicia.
Cabe señalar que la adición realizada no pretende vulnerar la autonomía de los estados y mucho menos quitarle la responsabilidad, que por naturaleza les corresponde, de dar solución a los casos.
La adición al artículo 73, fracción XXI, es una propuesta responsable que pretende inhibir el que se siga agrediendo a los informadores en diferentes zonas del país; pretende evitar que las mafias locales presionen o alteren la capacidad de investigación de las autoridades locales poniendo distancia entre el lugar del suceso de la agresión y la autoridad que resolverá dicho acto para impedir que prevalezca la impunidad, como ha sucedido en la mayoría de los casos.
Esta adición es un gran avance, aunque considero que es limitativa, ya que le faltó que se le añadiera la protección a medios de comunicación.
Sin embargo, lo que quiero manifestar es que con cada una de las agresiones se vulnera el derecho de la información de todos los mexicanos al estar creciendo las zonas de silencio informativo en más entidades del país.
Muchas entidades caen constantemente en el delito de omisión, por no implementar medidas efectivas que frenan la escalada de violencia contra los comunicadores; su responsabilidad debe estar centrada en actuar con medidas contundentes de prevención, de investigación de los hechos que atentan contra la sociedad al obstruírseles los canales de información y comunicación a los que tienen derecho.
Resulta inconcebible que los periodistas, además de preocuparse por la ola de violencia e inseguridad por la que están pasando, tengan ahora que estar huyendo de sus entidades por las escasas condiciones de seguridad en que se tiene que ejercer el periodismo.
Las faltas de medidas de prevención, asociadas a la falta de eficiencia y prontitud en esclarecimiento de los asesinatos, desapariciones, intimidaciones y toda clase de agravios perpetrados contra los periodistas, sólo ha desembocado en impunidad y corrupción.
Lo grave es que no hablamos de estadísticas, sino hablamos de hombres y mujeres con nombre y apellido, de familias enteras que se han visto vulneradas con la pérdida de algunos de sus integrantes o viven en el constante temor.
Hay que reconocer que para México ésta es una situación atípica, pues no estábamos preparados para enfrentar lo que hoy estamos viviendo.
La Comisión Especial en innumerables ocasiones ha exigido a los gobernadores y procuradores de justicia, donde han ocurrido agresiones contra periodistas, el pronto esclarecimiento y condena de estos delitos y sobre todo, que asuman su responsabilidad de cara a la nación, sin minimizar o negar tan dolorosos acontecimientos, y que le den la importancia que merecen, pues pareciera que sólo les importa a los que integran el gremio, cuando en realidad es un tema tan preocupante que nos incumbe a todos como sociedad, pues garantizar la seguridad de los periodistas es mantener vivo el pilar más importante de la democracia: la libertad de expresión.
Alcemos la voz y no permitamos un solo caso más de intimidación, desaparición o asesinato en contra de periodistas, y no permitamos el incremento de la impunidad, que sólo puede ser combatida con una justicia pronta y expedita. En nuestro país, las plumas libres no deben ser el blanco de la delincuencia; por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Óscar Martín Arce Paniagua, hasta por tres minutos.
El diputado Óscar Martín Arce Paniagua: Presidente, corrigiendo nada más el trámite, es una reserva que presento en nombre de varios compañeros, del diputado Arturo Zamora Jiménez, del diputado Nazario Norberto Sánchez y del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, en donde hemos llegado a un consenso, independientemente de varios más diputados que colaboraron en la misma, de todas las bancadas, y agregamos al texto no solamente la palabra periodista, sino también las instalaciones de los medios de comunicación que sean afectadas, para que en ese caso pudiese atraer la Procuraduría General de la República o el ente correspondiente, las averiguaciones correspondientes.
Entonces, es conforme a esta reserva que pedimos, en nombre de los firmantes y de las bancadas, se vote a favor.
El artículo 73 quedaría de esta manera. Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión e imprenta.
Consideramos que este contenido que tiene la redacción abarca en un aspecto mucho más amplio, no solamente a los periodistas, porque en este caso quedaríamos constreñidos posiblemente a una interpretación, que periodista es quien cursa una escuela de periodismo y no cualquier persona que desarrolla la actividad de informar —como bien lo comentaba el diputado Benítez—, camarógrafos, gente que hace deportes gráficos, investigaciones especiales, gente que utiliza nuevos mecanismos en las redes sociales para comunicar.
Este espectro es mucho más amplio, creemos que esta reforma y con esta adición en esta reserva dará mucho más margen para que todas las personas que se dedican a la labor de comunicar estén protegidas; por tanto, les pediría a los compañeros, en ánimo del consenso construido para reformar este artículo, que votemos a favor de la reserva consensada, presidente y retiraríamos las otras reservas que estaban pendientes, en el mismo tenor. Es cuanto, presidente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.
Los suscritos diputados federales integrantes del PAN, PRI, PRD y PT de la LXI Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109, 110 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta Cámara, la reserva mediante la cual se propone la adición a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para su discusión y votación en lo particular, a efecto de que sea incorporado en el dictamen de mérito.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2011.— Diputados: Oscar Martín Arce Paniagua, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Arturo Zamora Jiménez y Nazario Norberto Sánchez.»
«Reserva que propone la adición de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con fundamento en lo que se establece en artículos 109, 110 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, acudo a esta tribuna para fundamentar la reserva respecto de la adición a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Justicia, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos, respecto del dictamen que contiene las iniciativas que reforman la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y actualmente en proceso de aprobación.
En el segundo párrafo del artículo 73, fracción XXI, contenido en el dictamen en comento, se establece que:
“Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra los periodistas en ejercicio de las libertades de información, expresión e imprenta.”
Con base en lo anterior, hago de su conocimiento los argumentos que sustentan la propuesta de reforma, al tenor de lo siguiente:
El derecho mexicano es un sistema de normas que tiene en su cúspide a la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos como norma fundamental. Este sistema se integra, además, de las normas generales y las normas particulares que regulan las actividades del Estado mexicano con el objetivo de garantizar la paz y felicidad del pueblo de México.
Para autores como Schmitt, la Constitución puede significar un sistema de normas supremas, últimas y fundamentales. Para el mismo autor, cuando hablamos de la Constitución, hacemos referencia a una norma que implica la regulación total de la vida del Estado; asimismo, se convierte en la ley fundamental toda vez que el resto de las leyes y normas deben tener como fundamento o referencia a esa Constitución.
En ese sentido, la existencia de la Constitución mexicana se basa en el principio de la supremacía constitucional y, por tanto, posee la característica de ser superior a todas las demás leyes existentes. Por su parte, Kelsen refiere que una de las características importantes de la Constitución es la de ser básica o fundante, porque es la fuente común de la validez de todas las normas pertenecientes al mismo orden jurídico.
Tomando en cuenta lo anterior, es posible señalar que el contenido de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, es decir, sus principios, sus normas y sus ideales, son la base del resto de normas jurídicas y actos de autoridad que de ella se derivan por obligación.
De la misma forma, nuestra Carta Magna es un silogismo fundante para el resto del sistema jurídico. Esto implica que el contenido de las leyes secundarias esta determinado por la Constitución. Es por esta razón que cuando se pretende reformar o adicionar la Ley Suprema de la Unión, debemos ser muy cuidadosos y procurar que los términos, facultades y demás principios que la integran sean precisos y con la extensión adecuada en su significado para lograr inferir normas secundarias congruentes y lógicas.
El dictamen que ahora nos ocupa, pretende salvaguardar uno de los derechos humanos que más vidas han costado en la historia de México y de la humanidad. Lo anterior es una pretensión loable debido a los derechos humanos forman parte de las constituciones de corte democrático y México forma parte de este tipo de estados.
No cabe duda de que los acontecimientos recientes en donde, en especial los periodistas, quienes ejercen su libertad de expresión han sido agredidos por la delincuencia hace necesario que las autoridades federales tengan la posibilidad de conocer de estos delitos, aún cuando sean de competencia de los estados.
Recordemos que el ser humano es libre por naturaleza, y esa libertad existe mientras no exista una norma que la someta y la limite. Por eso, es muy oportuno que a través de la aprobación del presente dictamen se dé una protección federal adecuada y eficaz a quienes ejercen su libertad de expresión.
En el caso de los periodistas, estos son quienes le dan la posibilidad a los mexicanos de estar enterados de los diferentes acontecimientos que influyen en la vida de nuestro país y del mundo entero.
No obstante, debemos ser precisos en las palabras utilizadas. El dictamen que ahora se somete a consideración propone establecer que las autoridades federales podrán conocer de delitos cometidos en contra de periodistas, lo cual generaría un mundo de exclusión al dejar fuera de esta protección federal al resto de las personas que se dedican a la publicación de artículos, de opiniones o simplemente manifiestan sus ideas sin ser periodistas, propiamente.
Vinculado con esto último, y citando a Ferdinand Lasalle, para que la Constitución sea una ley fundamental es necesario que sea una ley que ahonde más que las leyes corrientes y que constituya el verdadero fundamento de otras legislaciones. De esta forma y al tratarse de la protección de un derecho humano, es oportuno señalar que la adición que estamos por aprobar debe contener un lenguaje extenso que procure que todos aquellas personas que ejerzan su libertad de expresión tengan la confianza de que las autoridades federales pueden proporcionales protección y ayuda en caso de que un delitos se cometa en contra de ellos.
En tal virtud, es necesario que los efectos de la adición planteada se vean reflejados o concretizados en una protección lo suficientemente amplia, sin delimitar sus alcances.
Por todo lo anterior, reiteramos nuestro compromiso por salvaguardar los derechos de los periodistas quienes por la naturaleza de su labor quedan expuestos a las agresiones por parte de los criminales; pero, también, es importante que al ser la libertad de expresión un derecho que corresponde a todos los mexicanos, todos ellos se vean beneficiados por las normas constitucionales.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su honorable consideración, la adición a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Dice:
Artículo 73. . . .
I. a XX. . . .
XXI. . . .
Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, en el ejercicio de las libertades de información, expresión e imprenta.
. . .
XXII. a XXX. . . .
Debe decir:
Artículo 73. . . .
I. a XX. . . .
XXI. . . .
Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.
. . .
XXII. a XXX. . . .
Notas:
1 Schmitt, Carl, Teoría de la Constitución,España, Alianza Editorial, Sexta Reimpresión, 2009, p.33.
2 Idem.
3 Jellinek, Georg, Teoría del Estado, México,Fondo de Cultura Económica, 2004, Segunda Reimpresión, p. 480.
4 Kelsen, Hans, Teoría pura del Derecho,México, Porrúa, 2007, p. 202.
5 Ibidem, p. 88.
6. Lasalle, Ferdinand, Qué es una Constitución, México, Ediciones Coyoacán, Decimoséptima reimpresión, 2010, p. 44.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2011.— Diputados: Oscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica) y Nazario Norberto Sánchez (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra, para hablar en pro del dictamen, el diputado Jaime Cárdenas Gracia.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Antes de que corra mi tiempo, quisiera también dar un pésame, un sentido pésame por la muerte del secretario de Gobernación y de los funcionarios y miembros de la tripulación que lo acompañaban; es un hecho lamentable en la historia reciente de nuestro país y esperemos que de este hecho lamentable se generen condiciones de diálogo entre las fuerzas políticas.
Respecto al dictamen que estamos discutiendo, nuestra posición, como ya lo expresó el coordinador de mi bancada, el diputado Pedro Vázquez, es a favor de este dictamen; este dictamen tiene dos grandes méritos, el primer mérito consiste en sostener que son la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de imprenta, la base, el fundamento del sistema democrático, y estos tres derechos: información, libertad de expresión y de imprenta son también el basamento del ejercicio de los demás derechos fundamentales.
No es casual, por ejemplo, que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos señale, en su Primera Enmienda, la defensa o la garantía a la libertad de expresión como prerrequisito o precondición para el ejercicio de los demás derechos fundamentales.
Una sociedad es libre, es democrática, es garantista y comprometida con los derechos fundamentales cuando defiende, en primer lugar, los derechos a la libertad de expresión, a la imprenta y el derecho a la información.
El segundo mérito de esta propuesta, de este dictamen de reforma constitucional es el combate a la impunidad; se está proponiendo federalizar estos delitos en contra de periodistas y medios de comunicación, porque no siempre en los estados de la República, en las procuradurías estatales estos delitos reciben la atención debida por parte de las procuradurías de los estados y de las autoridades judiciales.
Buscamos, con esta reforma, no solamente fortalecer las atribuciones el Congreso de la Unión para legislar en la materia, sino también fortalecer las atribuciones de la Procuraduría General de la República en la materia y de los jueces federales, para que puedan conocer de delitos contra periodistas y medios de comunicación que afecten, limiten, menoscaben el derecho a la información, la libertad de expresión y la libertad de imprenta. Por su atención, esperamos un voto a favor de este importante dictamen.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado. Finalmente, tiene la palabra en pro del dictamen, el diputado Arturo Zamora Jiménez.
El diputado Arturo Zamora Jiménez:Me sumo a la pena y al luto nacional por los acontecimientos que ya fueron mencionados. Distinguidas diputadas y distinguidos diputados, amigas legisladoras y amigos legisladores, esta reforma constitucional por supuesto permitirá abrir el cauce para que las autoridades federales tengan la capacidad de atracción en hechos en los cuales son víctimas los que ejercen la actividad del periodismo.
Las personas que todos los días están alrededor de la noticia, aquéllos que son los —pudiéramos decir— reporteros gráficos, los que están atrás de una cámara, aquéllos que laboran de alguna manera las participaciones en los programas de radio, televisión, la prensa escrita y en general todos aquéllos que de alguna manera están ejerciendo las libertades que se encuentran debidamente tuteladas en la propia Constitución General de la República.
La reforma que se hace al artículo 73, con la reserva que suscribimos los diputados Óscar Martín Arce Paniagua, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, el diputado Nazario Norberto Sánchez y quien habla, considera precisamente una figura que permitirá en el ámbito del derecho penal evitar interpretaciones in malam partem, evitar interpretaciones que puedan convertirse en vacíos o lagunas de la norma que promuevan la impunidad en una cuestión tan importante para todos nosotros, los mexicanos.
En estos tiempos aciagos, en estos tiempos de conflicto, por supuesto lo más importante es que los mexicanos tengamos garantizado el derecho a estar informados y también quienes son el medio para la obtención de esta información, los que ejercen la actividad del periodismo, tengan todo el marco de libertad que les permita ejercer precisamente y tutelar adecuadamente los bienes y valores de estas actividades y que son fundamentalmente el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de opinión y por el lado de los receptores —que somos todos nosotros— el derecho a tener información veraz y oportuna.
De tal suerte que entonces, con la reforma que se pretende al artículo 73, fracción XXI de la Constitución General de la República, queremos, con el voto de ustedes, distinguidas diputadas y diputados, hacer patente lo que ya se ha mencionado en tribuna por quienes me han antecedido en la palabra.
En este sentido, el Grupo Parlamentario del PRI está a favor de tutelar adecuadamente las libertades de expresión, el derecho a la información, el derecho de opinión y por supuesto, el derecho de los mexicanos a estar informados; por esa razón, venimos a solicitar el voto a favor de este dictamen tan importante. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con el artículo 232, numeral 1, se pide a la Secretaría consulte, en votación económica, si se acepta la modificación a la que dio lectura el señor diputado Oscar Martín Arce Paniagua.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se acepta la modificación propuesta por el diputado Arce Paniagua. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo que dispone nuestro Reglamento, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, con la modificación formulada por el diputado Oscar Martín Arce Paniagua y otros diputados.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
Señor Presidente, se ha emitido un total de 362 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 362 votos, mayoría calificada, el proyecto de decreto que adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
PERMISO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSUL HONORARIO
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que conceden permisos a ciudadanos mexicanos para desempeñar el cargo de cónsul honorario y para prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México. Proceda la Secretaría a dar lectura a los proyectos de decreto.
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea:
La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
En sesión celebrada el 6 de octubre del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Francisco Edmundo Lechón Rosas pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Eslovaca en Cancún, con circunscripción consular en Quintana Roo y Yucatán, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen el expediente relativo.
Consideraciones
De la revisión del expediente se desprende que el peticionario acreditó su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento; la residencia en la circunscripción consular con la constancia de residencia; y el nombramiento con la nota formulada por la Embajada de la República Eslovaca en México,
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción IV del apartado C del artículo 37 constitucional, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Francisco Edmundo Lechón Rosas para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Eslovaca en Cancún, con circunscripción consular en Quintana Roo y Yucatán.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 12 de octubre de 2011.
La Comisión de Gobernación, diputados:Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza, Francisco Ramos Montaño (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas, Sergio Mancillas Zayas (rúbrica) secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo, Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Teresa Incháustegui Romero (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía, José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández, Nazario Norberto Sánchez, Carlos Oznerol Pacheco Castro (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas(rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez.»
PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea:
La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
En sesión celebrada el 6 de octubre del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Marisol Reynal Baeza, Fermín Vantí Hernández, Érika de la Torre Crosse y María Isabel Olivares Jiménez puedan prestar servicios de carácter administrativo en las Embajadas de Estadas Unidos de América, y del Estado de Kuwait, en México, y en los Consulados de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Guadalajara, Jalisco, respectivamente.
Consideraciones
De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Marisol Reynal Baeza para prestar servicios como investigadora de fraude criminal en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Fermín Vantí Hernández para prestar servicios como chofer en la Embajada del Estado de Kuwait en México.
Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Érika de la Torre Crosse para prestar servicios como operadora de teléfonos en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana María Isabel Olivares Jiménez para prestar servicios como asistente de servicios consulares especiales en la agencia consular, en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 12 octubre de 2011.
La Comisión de Gobernación, diputados:Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Luis Carlos Campos Villegas, Raúl Domínguez Rex, Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza, secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo, Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Teresa Incháustegui Romero (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía, José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Nazario Norberto Sánchez, Carlos Oznerol Pacheco Castro (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Están a discusión los dictámenes. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se reserva algún artículo para discutirlo en lo particular.
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si se reserva algún artículo en particular. Ninguno, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En virtud de que no se ha reservado artículo alguno, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los proyectos de decreto.
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los proyectos de decreto.
(Votación)
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Damos la más cordial bienvenida a la escuela secundaria oficial 0311, Leonardo Bravo, de San Francisco Chejé, municipio de Jocotitlán, estado de México, y a la secundaria oficial 0915, José María Luis Mora, de Yondece del Cedro, San José del Rincón, estado de México. Ambas, invitadas por su servidor. Sean ustedes cordialmente bienvenidos.
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 347 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.
La diputada María Estela de la Fuente Dagdug (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diga, diputada.
La diputada María Estela de la Fuente Dagdug (desde la curul): Para votar, a favor.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Quiere votar la diputada.
La diputada María Estela de la Fuente Dagdug(desde la curul): A favor.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): A favor.
La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): A favor.
El diputado Benjamín Clariond Reyes Retana (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Falta la diputada Paz Cortina.
La diputada Paz Gutiérrez Cortina (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Señor presidente, finalmente se han emitido 352 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobados en lo general y en lo particular por 352 votos los proyectos de decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos para desempeñar el cargo de cónsul honorario y para prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México. Pasan al Senado, para sus efectos constitucionales.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2012
El diputado Filemón Navarro Aguilar(desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sí, diputado Filemón.
El diputado Filemón Navarro Aguilar (desde la curul): Gracias, presidente. Con la preocupación que hemos manifestado desde la mañana los diputados indígenas, de que no estamos recibiendo la atención por parte de la Comisión de Presupuesto y que nos preocupa, porque se está aproximando la fecha para el momento de la aprobación y no se está considerando la petición que hemos planteado a esta Cámara.
El día de ayer accedimos a retirarnos de la tribuna, en el ánimo de generar condiciones de negociación que permitieran encontrar una respuesta favorable para los pueblos indígenas; sin embargo, nuestra preocupación es latente, porque hasta el momento no estamos recibiendo esa atención, no tenemos información de qué respuesta se nos va a dar a esta demanda que ha encontrado gran eco en esta Cámara de Diputados, pero que no se está concretando de manera material y que los pueblos indígenas esperan de sus representantes en este Poder Legislativo, que llevemos una respuesta positiva.
Entonces externarle esa preocupación, que nuestra lucha no ha terminado, pero que nos preocupa también la falta de atención.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Haré de nueva cuenta —porque ya lo hice— la exhortación correspondiente. Le pido que los coordinadores parlamentarios de los diputados indígenas hagan lo propio para fortalecer esta gestión. Muchas gracias.
RECESO
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor(a las 13:59 horas): Esta Presidencia abre un receso de 15 minutos, en virtud de que no tenemos información sobre los trabajos de la Comisión de Presupuesto. Al término de estos 15 minutos haré saber al pleno, de acuerdo con la información que se recabe, en qué momento procesal se encuentra la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y cuál es la decisión que tomamos frente a ese momento procesal. Muchas gracias.
Invito a los miembros de la Mesa Directiva a acompañarme a una reunión en el salón tras banderas.
(Receso)
(A las 14:34 horas): Se reanuda la sesión. Proceda la Secretaría.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Diputado presidente, se informa que se han agotado los asuntos en cartera.
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor (a las 14:35): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana sábado 12 de noviembre de 2011, a las 12:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 10:00 horas.
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