SUMARIO

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Presidencia del diputado Emilio Chuayffet Chemor

ASISTENCIA

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 364 diputados; por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor(a las 11:30 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Tercer año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 4 de octubre de 2011

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Junta de Coordinación Política.

De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, por el que solicita el retiro de iniciativa.

De la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Con el que comunica la integración de su Mesa Directiva, que conducirá los trabajos del Canal del Congreso a partir del 1o. de octubre de 2011.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de agosto de 2011, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente con el mes de agosto de 2010.

Del Banco de México

Con el que remite informe sobre la ejecución de la política monetaria durante el primer semestre de 2011, y sobre la inflación del primero y segundo trimestres del año en curso, de conformidad con lo que establece el artículo 51, fracción II, de la Ley del Banco de México.

Del Instituto para las Mujeres Zacatecanas

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para erradicar la violencia institucional contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Del Instituto Estatal de las Mujeres del Estado de Nuevo León

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para erradicar la violencia en el noviazgo.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al programa denominado “Escuelas de Tiempo Completo”.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para que los proveedores de telefonía móvil digital, atiendan y solucionen el caso de comunidades rurales del País.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la protección y preservación de los sitios históricos y sagrados de los pueblos indígenas.

Con el que remite los indicadores operativos y financieros de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, correspondientes al primer semestre de 2011.

Con el que remite el cuadro relativo a las sanciones laborales, correspondiente al Quinto Informe de Labores de la Procuraduría General de la República.

De la Cámara de Senadores

Con el que devuelve expediente de la minuta con proyecto de decreto, que reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo tercero al artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, para los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Con el que devuelve expediente de la minuta con proyecto de decreto, que reforma el párrafo segundo del artículo 50 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, para destinar los recursos necesarios para constituir un fondo de emergencia para salvar al campo duranguense, presentada por el senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados asignar mayores recursos a la Comisión Nacional del Agua, dirección local en Colima para la elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción de la presa “Armería”, en Armería, Colima, presentada por la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados asignar mayores recursos a la Comisión Nacional del Agua, dirección local en Colima, destinados para la elaboración del estudio integral de escurrimientos y estructuras necesarias para el control y desalojo de las aguas en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, presentada por la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con el que remite Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a asignar mayores recursos presupuestales a la Universidad Autónoma Metropolitana, presentada por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar recursos para siete proyectos de modernización de caminos rurales en el municipio de Terrenate, Tlaxcala, presentada por la senadora Rosalía Peredo Aguilar.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Con el que remite acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2012, se asignen los recursos necesarios para la Ciudad de México.

Con el que remite acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2012, se asignen recursos para manutención y construcción de vialidades alrededor de la Central de Abastos.

Con el que remite acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2012, se destinen recursos para la inversión de infraestructura hidráulica de la Ciudad de México.

Del Congreso del Estado de Puebla

Con el que remite acuerdo por el que solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2012, aumente los recursos destinados al ramo de la ciencia y tecnología.

Del Congreso del Estado de Jalisco

Con el que remite acuerdo, por el que solicita a la Auditoria Superior de la Federación, la fiscalización de los recursos federales destinados al programa relativo a la Organización, desarrollo y coordinación de los Juegos Panamericanos en Guadalajara 2011.

Solicitud de licencia

Del diputado Raúl Domínguez Rex.

Toma de protesta de ciudadano diputado.

Minuta

Con proyecto de decreto que adiciona la fracción II del artículo 73 y un párrafo segundo al artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ley o de decreto de las legislaturas de los estados

Del Congreso del Estado de Jalisco

Con proyecto de decreto que reforma la fracción XIII del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que adiciona un párrafo a los artículos 62, 305 y 404 del Código Federal de Procedimientos Civiles. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ley o de decreto de los senadores

Con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 29-D, 29-E, 29-F y 29-G del Código Fiscal de la Federación y se reforma y adiciona el artículo 1-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por los Senadores Guillermo Tamborrel Suárez, Alberto Cárdenas Jiménez, Fernando Elizondo Barragán, Raúl José Mejía González y Francisco Javier Obregón Espinoza, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y del Trabajo. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Relativo a las comparecencias en comisiones de funcionarios del Ejecutivo Federal para el análisis del V Informe de Gobierno del Presidente de la República, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. (Votación)

Declaratorias de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 11, 12 y 13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona un cuarto párrafo al artículo 705 del Código Civil Federal.

De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que Expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 129 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al inciso a) de la fracción I del artículo 20 de la Ley de Nacionalidad.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De las Comisiones Unidas de Salud y de Ciencia y Tecnología, con Proyecto de Decreto, que adiciona la fracción IX BIS al artículo 3o.; un Titulo Quinto Bis y su capítulo Único; y el artículo 421 Ter a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.

De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 9 y 14 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo IV Bis, al Título Octavo del Libro Segundo del Código de Justicia Militar, adicionando los artículos 275 Bis y 275 Ter.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso para que los Ciudadanos Alicia Bárcena, Pedro José Armendariz Pardo y Vicente Martínez Barrientos, puedan aceptar y usar condecoraciones que en diversos grados les ofrecen el Gobierno de la República de Francia y el Gobierno de la Republica de Chile, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso para que los Ciudadanos Adriana del Carmen Adame Martínez, Marcos Abraham Barrera Vázquez, Carlos Manuel Berumen Domínguez, Juan José Boyoli Kaulitz, Manuel Fernando García de la Mora, Sandra Citlaly González Román, Thalia Turena Macedo Martínez, Miguel Angel Meza Rojas, César Olivo Sosa, Dolores Elizabeth Pacheco Alejandre, Adriana Ríos Torres, Carlos Rodríguez Ramírez, Oswaldo Salinas García, Karen Paola Serdán Corona, Sara Elizabeth Tapia Morales, Isaac Tinajero Castillo, Hilda Berenice Valdés López y Noemí Vázquez Pérez, puedan prestar sus servicios en la Embajada de Canadá, en México.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso para que los Ciudadanos Julio César Serrano Vázquez, Alejandro Joel Díaz Cofradía, Rodolfo Salazar González, Irene Vázquez Carrasco, Arizbé Mondragón Alvarado, Claudia Krings Heidel, Carlos Javier Garza Cantú, Mirna María Sotomayor Galindo y José Oscar Manríquez Montelongo, puedan prestar sus servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América y de Austria, en México, y en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León y Tijuana, Baja California, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso para que los Ciudadanos Diana Luz Martínez Uruñuela, Norma Gabriela Treviño Garza, Mario Abel Ortiz Estrada, Mario Vidaña Silva, Alejandra Yazmín Lozoya Martínez y Hannia Cruz Meza, puedan prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco, en Matamoros, Tamaulipas y en Monterrey, Nuevo León, respectivamente.

Dictámenes a discusión de proposiciones

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo al cumplimiento de compromisos internacionales por parte del Gobierno Federal, en materia de Cambio Climático.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo al impacto ambiental producido por las bolsas de plástico.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a incrementar los recursos destinados a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Estatal de los estados, para atender la salud de personas de escasos recursos y que carecen de seguridad social.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a fin de que elabore y remita a esta Soberanía un diagnóstico con datos reales y actualizados de la situación de violencia contra los menores.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Baja California, a reformar las disposiciones de su Código Penal, que contravienen principios fundamentales de igualdad, no discriminación y equidad previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo para que en el ámbito de sus respectivas competencias, instrumente las acciones y medidas necesarias tendientes a implantar un programa integral de Apoyo, Atención y Seguimiento a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Narcotráfico.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las Entidades Federativas y a las autoridades correspondientes del Distrito Federal y de los municipios, capacitar a los servidores públicos en materia de Derechos Humanos de las Mujeres y de Perspectiva de Género

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo relativo a la licitación propuesta por la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo, con la finalidad de que edifique una política pública en materia turística y en el cual se incentive la promoción como destino turístico, dentro de los programas regionales que opera esta Secretaría, uno relativo a Turismo Rural, y consecuentemente, se otorguen apoyos económicos a pequeños prestadores de servicios que lo abarquen.

Dictámenes a discusión negativos de iniciativas y minutas

De la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17 y 80 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desechan tres iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en Posesión de Órganos Públicos.

De la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8, 42, 48 y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

De la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

De la Comisión de Vivienda, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores.

De la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma diversos artículos a la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

Agenda política

Comentarios relativos al tema de Palestina, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Iniciativas

Que reforma el artículo 3o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2º de la Ley General de Bibliotecas, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 33 de la Ley General de Educación y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o., 104 y 112 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Ley General de Educación y 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, a cargo del diputado Óscar Lara Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y expide la Ley Federal de la Pirotecnia, a cargo del diputado Héctor Guevara Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. y 111 y adiciona un artículo 8 ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 167 de la Ley General de Salud y 8o. de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. y 24 de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo de la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 80 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Seguridad Alimentaria, a cargo de la diputada María Guadalupe García Almanza y suscrita por los diputados Laura Arizmendi Campos, Pedro Jiménez León y María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ricardo López Pescador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 307 de la Ley General de Salud y 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 11, 93 y 112 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrito por diputados integrantes de la Comisión Especial sobre Cambio Climático. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, a cargo del diputado Rafael Rodríguez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 225 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado J. Eduardo Yáñez Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Fideicomiso Público para la Defensa y Protección de la Economía Familiar, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Herón Agustín Escobar García y suscrita por el diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 19 de la Ley General de Desarrollo Social y 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Laura Felicitas García Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 578 y 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Herón Agustín Escobar García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Alejandro Cano Ricaud, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Jorge Rojo García de Alba, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Minera, a cargo del diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rodrigo Pérez-Alonso González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 85 y 90 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Isabel Meza Elizondo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ninfa Clara Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 105 y 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 52 y 87 de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Oscar González Yañez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5o., 23 y 24 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Sabino Bautista Concepción, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo de la diputada María Sandra Ugalde Basaldúa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Benjamín Clariond Reyes Retana y suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. y 31 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Sandra Ugalde Basaldúa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 63 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Armando Corona Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 30 y 54 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Sandra Ugalde Basaldúa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 24 y 46 de la Ley Minera, a cargo del diputado Luis Carlos Campos Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1165 del Código de Comercio, a cargo del diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 87 y 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo del diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 23 y 159 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y a la SEP a cargo de la conmemoración del Bicentenario del Inicio del Movimiento de la Independencia y del Centenario del Inicio del Movimiento de la Revolución Mexicana, para que rinda cuentas ante la opinión pública sobre las acciones realizadas y utilización del recurso del Fideicomiso creado para los festejos patrios 2010, asignado a la Comisión Nacional Organizadora, a cargo del diputado Óscar Lara Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público de esta Soberanía, para que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y el PEF 2012, contemplen los puntos de vista expresados por las Asociaciones y Cámaras Empresariales con la finalidad de facilitar la creación de empresas y empleos en México, a cargo de la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Gobiernos del estado de Baja California y del Ayuntamiento Municipal de Tijuana, detengan la destrucción de la Plaza Cívica “Benito Juárez” de la Ciudad de Tijuana, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General de Pemex, a mantener el suministro de gasolinas y diesel a todos sus distribuidores en la República Mexicana bajo el marco jurídico vigente, hasta en tanto se resuelvan de manera definitiva por el Poder Judicial de la Federación los procedimientos mediante los cuales se ha impugnado la legalidad de las disposiciones para llevar a cabo la distribución y comercialización de petrolíferos publicadas en el DOF el 30 de marzo de 2011, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades estatales y municipales, emprendan acciones relativas a la homologación salarial y prestaciones de los policías, a cargo del diputado Gerardo del Mazo Morales, Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que se apoye a las zonas afectadas, en el estado de Hidalgo, por los desastres climatológicos en las zonas rurales y se liberen los recursos del Fonden y del Fapracc, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, incremente las acciones para la detección, prevención, tratamiento y control del cáncer de pulmón con programas de difusión que sensibilicen a la población para estar alerta ante este padecimiento, a cargo del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, realice modificaciones y actualizaciones a la NOM 033-ZOO-1995, en lo relativo al sacrificio humanitario de animales de compañía, así como al Secretario de Salud, a efecto de que intervenga dentro del ámbito de su competencia y aporte opiniones, para la modificación del instrumento citado, a cargo de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a los métodos de laboratorio para la detección del Virus del Papiloma Humano, a cargo de la diputada María del Carmen Guzmán Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Gobierno del estado de Tlaxcala, para que lleve las acciones necesarias para contar con registros eficientes de información a efecto de conocer la situación de la trata de personas en dicho estado y permita tomar medidas para su prevención y combate, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Efemérides

Con motivo del trigésimo aniversario de la entrada en vigor de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), a cargo de la diputada Dolores de los Ángeles Názares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del 187 aniversario de la Federación de Chiapas en México, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del CCI aniversario del inicio de la lucha de Independencia, a cargo de la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Relativo a la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del LI aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica en México, a cargo del diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al aniversario luctuoso de Manuel J. Clouthier, a cargo del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del aniversario del 2 de octubre, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintinueve de septiembre de dos mil once, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura

Presidencia del diputadoEmilio Chuayffet Chemor

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 267 diputadas y diputados, a las 10 horas con 46 minutos del jueves 29 de septiembre de 2011, el presidente declaró abierta la sesión.

Desde sus curules realizaron comentarios relativos al orden del día y a diversos temas legislativos los diputados Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, en dos ocasiones.

A las 10 horas con 52 minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cerró el sistema electrónico de asistencia, con un registro de 293 diputadas y diputados.

Continúan las intervenciones los diputados Porfirio Muñoz Ledo, en tres ocasiones; Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo; Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Agustín Torres Ibarrola, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; Francisco Alejandro Moreno Merino, del Partido Revolucionario Institucional; Juan José Cuevas García, del Partido Acción Nacional; Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo; Marcos Carlos Cruz Martínez, del Partido de la Revolución Democrática. El presidente hizo aclaraciones y a las 11 horas con 24 minutos declaró un

Receso

A las 11 horas con 36 minutos se reanudó la sesión. El presidente hizo aclaraciones.

En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensó la lectura del orden del día y del acta derivada de la sesión anterior, y de la misma manera aprobó esta última.

Se dio cuenta con comunicaciones oficiales:

a) De la Secretaría de Cultura del gobierno del Distrito Federal:

• Por la que invita a la ceremonia cívica de Izamiento de Bandera con motivo del Día de Duelo en el Distrito Federal, por las víctimas de la masacre del 2 de octubre de 1968, que tendrá lugar el domingo 2 de octubre a las 8:00 horas, en la Plaza de las Tres Culturas. Se designó una comisión de representación.

• Por la que invita a la ceremonia cívica conmemorativa del ducentésimo tercer aniversario luctuoso de Francisco Primo de Verdad y Ramos, el martes 4 de octubre a las 10:00 horas, en el monumento erigido en su memoria. Se designó una comisión de representación.

b) Del diputado Antonio Benítez Lucho, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se remitió a la Cámara de Senadores para su atención.

c) De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con la que remite acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados, para que por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, analice la posibilidad de diseñar un instrumento de aplicación federal que garantice el incentivo a la utilización de medios de transporte distintos al automóvil particular. Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su atención.

d) De la Cámara de Senadores:

• Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Cámara de Diputados adicionar al presupuesto de la Universidad Autónoma Chapingo un monto de 130 millones de pesos para las actividades de investigación y vinculación que lleva a cabo el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral, presentada por la senadora Rosalía Peredo Aguilar, en nombre propio y de diversos senadores.

• Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a incrementar el presupuesto asignado al estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal dos mil doce, principalmente en los rubros de obra pública, agricultura, salud y educación; además para los proyectos de desarrollo del Puerto de Mazatlán, del corredor económico del norte y del CIP Teacapán, presentada por los senadores Margarita Villaescusa Rojo; Francisco Labastida Ochoa, ambos del Partido Revolucionario Institucional; María Serrano Serrano; y Gabriela Ruiz del Rincón, ambas del Partido Acción Nacional.

Se remitieron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su atención.

• Con el que remite solicitud de la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional, en relación con el proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 25; un artículo 47 Bis y reforma el primer párrafo del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio.

e) Del Poder Judicial de la federación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que en los sectores público, privado y social se fortalezca la permanencia, inserción, integración y promoción laboral de las personas con discapacidad. Se remitió a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su atención.

f) Del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para erradicar la violencia institucional contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se remitió a la Comisión de Equidad y Género para su atención.

g) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que remite contestaciones a punto de acuerdo, aprobado en la Comisión Permanente del Segundo Receso, relativo al monto subejercido del presupuesto en el primer semestre de dos mil once y el subejercicio a la fecha. Se remite a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; y de Hacienda y Crédito Público, para su estudio.

• Con la que remite el listado sobre las instituciones que llevarán a cabo la Evaluación de Consistencia y Resultados establecidos en el Programa Anual de Evaluación dos mil once de los programas, a cargo de la Secretaría de Economía. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

h) Del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el que remite el informe correspondiente al segundo trimestre 2011, sobre la composición y situación financiera de las inversiones del instituto. Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social para su conocimiento.

Se recibió comunicación del diputado Adán Augusto López Hernández, por el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas como diputado federal, electo en el cuarto distrito electoral de Tabasco, a partir del primero de octubre del presente año. En votación económica se aprobó. En su momento y desde sus respectivas curules realizaron comentarios los diputados Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática; Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; y Pedro Jiménez León, de Convergencia. El presidente hizo aclaraciones.

El presidente informó a la asamblea que el ciudadano Edgardo Chaire Chavero, diputado federal electo en la segunda circunscripción plurinominal, se encuentra a las puertas del salón de sesiones y designó una comisión para introducirlo al recinto, acto seguido rindió protesta de ley y entra en funciones.

Se recibió del Congreso de Tabasco, oficio con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

Se recibió de la Cámara de Senadores, oficio con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción I del artículo 2 A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el senador Alfonso Elías Serrano, del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

Se concedió el uso de la palabra a la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, para presentar el informe como representante del Poder Legislativo ante el Comité Técnico del Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964. Para referirse al informe intervinieron los diputados, José Antonio Arámbula López, del Partido Acción Nacional, en una segunda y tercera intervención para responder alusiones personales; María Hilaria Domínguez Arvizu, del Partido Revolucionario Institucional, desde su curul para responder alusiones personales; intervinieron desde la tribuna el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo, y desde su curul en una segunda y tercera ocasión, para responder alusiones personales; Óscar García Barrón; Edgardo Melhem Salinas, ambos del Partido Revolucionario Institucional; José María Torres Robledo, del Partido de la Revolución Democrática; Pedro Ávila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional. De enterado. Publíquese.

Se dio cuenta con acuerdos de la Junta de Coordinación Política, por los que se:

• Exhorta a los gobiernos de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua y Sonora, a llevar a cabo, en el marco de sus atribuciones, el registro de productores afectados por la sequía y se integre la documentación requerida para que reciban apoyos del Fondo de Desastres Naturales. Interviene en pro el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo. En votación económica se aprobó. Comuníquese.

Desde su curul realizó comentarios el diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Partido Acción Nacional.

• Crea la Comisión Especial para conmemorar el 150 aniversario de la Batalla de Puebla, realizada el 5 de mayo de 1862. Sin oradores registrados en votación económica se aprobó. Comuníquese.

La Secretaría dio lectura a los siguientes dictámenes con proyecto de decreto que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de las Comisiones:

a) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma el artículo 131 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

b) De Derechos Humanos, que reforma el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

c) De Salud:

• Que reforma la fracción séptima del artículo ciento quince de la Ley General de Salud.

• Que adiciona una fracción IV Bis al artículo 5 y el artículo 7 Ter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

d) De Derechos Humanos, que reforma el artículo 4o. de la Ley para prevenir y eliminar la Discriminación.

e) De la Función Pública, que reforma el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

f) Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología que adiciona una fracción VII al artículo 100 de la Ley General de Salud.

g) De Justicia, que reforma el inciso 19 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

h) De Comunicaciones, que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

La Presidencia informó que, de conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumplió la declaratoria de publicidad.

Se sometieron a discusión los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Derechos Humanos que adiciona una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación. Intervinieron en pro del dictamen las diputadas María Sandra Ugalde Basaldúa, del Partido Acción Nacional; María Guadalupe García Almanza, de Convergencia; y Olga Luz Espinosa Morales, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se consideró suficientemente discutido.

Presidencia del diputadoFelipe Amadeo Flores Espinosa

En votación nominal se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 369 votos a favor; y una abstención. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.

b) De Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que expide los Criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados. Para fundamentar y proponer modificación al dictamen en nombre de la comisión se concedió el uso de la palabra al diputado Jesús María Rodríguez Hernández. En votación económica se aceptó la propuesta de modificación. Se sometió a discusión en lo general e intervinieron en pro los diputados José Antonio Arámbula López, del Partido Acción Nacional; Luis Felipe Eguía Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; y Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo. En votación económica se consideró suficientemente discutido en lo general y en votación nominal se aprobó en lo general y en lo particular con la modificación aceptada el proyecto de decreto por 344 votos a favor; y una abstención. Se instruyó se publique en el Diario Oficial de la Federación.

c) De Economía, que reforma el artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Para fundamentar y proponer modificación al dictamen en nombre de la comisión se concedió el uso de la palabra a la diputada Susana Hurtado Vallejo. En votación económica se aceptó la propuesta de modificación. Se sometió a discusión en lo general y en lo particular con la modificación aceptada el proyecto de decreto e intervinieron en pro los diputados Raúl Gerardo Cuadra García, del Partido Acción Nacional; y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. En votación económica se consideró suficientemente discutido con la modificación aceptada por la asamblea y en votación nominal se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por unanimidad de 359 votos. Pasó al Senado, para sus efectos constitucionales.

d) De Derechos Humanos, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas. Se sometió a discusión en lo general e intervienen en pro las diputadas María del Carmen Guzmán Lozano, del Partido Acción Nacional; María Guadalupe García Almanza, de Convergencia; y Claudia Edith Anaya Mota, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se consideró suficientemente discutido en lo general y en votación nominal se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por unanimidad de 350 votos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Se dio cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que solicita la modificación del orden del día, para la inclusión de dos proposiciones con punto de acuerdo de urgente resolución. En votación económica se autorizó.

Se concedió el uso de la palabra para presentar proposición con punto de acuerdo al diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Energía y al director general de Petróleos Mexicanos, para que suspendan las medidas anunciadas de cortes de suministro de petrolíferos (gasolina Magna, Premium y diesel) a las estaciones de servicio de la franquicia Petróleos Mexicanos hasta que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emita la resolución definitiva. En votación económica se considera de urgente resolución e intervinieron los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; Nazario Norberto Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo; para responder alusiones personales; Ivideliza Reyes Hernández, del Partido Acción Nacional; y Juan Carlos Natale López, del Partido Verde Ecologista de México. En votación económica se consideró suficientemente discutido y en votación nominal se aprobó el punto de acuerdo por 331 votos a favor; y 3 abstenciones. Comuníquese.

Se concedió el uso de la palabra para presentar proposición con punto de acuerdo al diputado Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a la brevedad se firme un convenio modificatorio entre la empresa III Servicios, SA de CV, y el Fideicomiso del Bicentenario, para que se cancele de manera inmediata la “comisión” que cobrará dicha empresa por un monto equivalente al 13 por ciento sobre el costo total de los trabajos ejecutados para la construcción del Espacio Conmemorativo y Monumento Estela de Luz, que asciende a más de 79 millones de pesos; y quien aceptó interpelación del diputado Emilio Serrano Jiménez del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se consideró de urgente resolución e intervinieron los diputados Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo; Estela Damián Peralta, del Partido de la Revolución Democrática; José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Partido Acción Nacional; desde su curul para responder alusiones personales Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México; César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se consideró suficientemente discutido y en votación nominal se aprobó el punto de acuerdo por 268 votos a favor; y una abstención. Comuníquese.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizaron moción de procedimiento los diputados Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional; Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, en dos ocasiones; Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática; Miguel Ángel García Granados, del Partido Revolucionario Institucional; y Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo. El presidente hizo aclaraciones.

El presidente informó a la asamblea, que:

• En reunión de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, celebrada el 29 de septiembre del presente año, se acordó remitir comunicación a los presidentes de las comisiones para que se proceda a la entrega de sus programas anuales de trabajo y sus informes semestrales, en los términos que disponen los artículos 171, y 175 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

También se acordó signar atenta comunicación a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en cumplimiento de la obligación que refiere la fracción VI del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se remitan los dictámenes correspondientes a las Cuentas Públicas de los Ejercicios 2004, 2005, 2006, 2008, así como la relativa 2009 cuyo plazo fenece el 30 de septiembre de 2011.

• De conformidad con el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, el día de mañana, 30 de septiembre del presente año, se vence el plazo para que las iniciativas presentadas del 1 de septiembre de 2009 hasta la entrada en vigor del Reglamento de la Cámara de Diputados que no hayan sido dictaminadas, puedan solicitar a la Mesa Directiva, ser procesadas bajo las reglas del nuevo Reglamento.

• De conformidad con los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones registradas en el orden del día de esta sesión que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo de las que se haya recibido comunicación para ser registradas en la siguiente sesión, a saber:

a) Iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Eduardo Ledesma Romo, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

• Ninfa Clara Salinas Sada, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.

• Juan Carlos Natale López, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos 100 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

• Elsa María Martínez Peña, de Nueva Alianza, que reforma el artículo 4o. de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.

• Jorge Antonio Kahwagi Macari, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión. Se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía para dictamen.

• Liev Vladimir Ramos Cárdenas, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos. Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social para dictamen.

• María Isabel Pérez Santos, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 25 de la Ley General de Desarrollo Social. Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social para dictamen.

• Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Agraria. Se turnó a la Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria para dictamen.

• Efraín Ernesto Aguilar Góngora, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

• Ariel Gómez León, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo 18 de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas. Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen.

• Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.

• Vidal Llerenas Morales, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

• Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo de los diputados:

• Jaime Flores Castañeda, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública para que los agentes federales detenidos en Ciudad Juárez, el 20 de septiembre de 2011, sean juzgados y sentenciados por los delitos cometidos, en esa entidad. Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública para dictamen.

• Caritina Sáenz Vargas y suscrito por diversos diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que esta soberanía otorga un reconocimiento al periódico El Universal, por ser el primer medio de comunicación impreso en autorregularse con base en los artículos 5o. y 13, fracción III, de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, así como por su sensibilidad y compromiso social para prevenir y erradicar este grave delito que lacera a la sociedad. Se turnó a la Junta de Coordinación Pública para su atención.

• Pedro Ávila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional:

- Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a que instruya al director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a diseñar y poner en marcha una serie de acciones dirigidas a proteger los derechos de los trabajadores acreditados y orientar la operación del organismo hacia su misión original. Se turnó a la Comisión de Vivienda para dictamen.

- Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que en uso de sus facultades, determine la reducción de las tarifas de suministro de energía eléctrica que brinda la Comisión Federal de Electricidad. Se turnó a la Comisión de Energía para dictamen.

• Eviel Pérez Magaña, del Partido Revolucionario Institucional, para crear una comisión especial que se encargue de analizar y revisar el desarrollo de la actividad artesanal. Se turnó a la Junta de Coordinación Política para su atención.

• David Hernández Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía, para que al elaborar el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 considere adicionar los párrafos cuarto y quinto que ratifican los estímulos fiscales a la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

• Josefina Rodarte Ayala, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a que instruya a las dependencias que conforman el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales den cuenta a la opinión pública de los resultados sobre su funcionamiento. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.

• María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Cámara de Senadores, a que dictamine la minuta que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se remitió a la Cámara de Senadores para su atención.

El presidente clausuró la sesión a las 15 horas con 46 minutos y citó para la próxima que tendrá lugar el martes 4 de octubre de 2011, a las 10:00 horas.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Proceda la Secretaría poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobada el acta. Comunicaciones oficiales de la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE JALISCO

El diputado Salvador Caro Cabrera (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Perdón, tiene la palabra el diputado Salvador Caro.

El diputado Salvador Caro Cabrera(desde la curul): Señor presidente, para solicitarle, dado que desde hace algunos días en Jalisco se encuentran destacamentados cuerpos de la Policía Federal y ha sido recurrente el que se presenten acciones que violentan la legalidad y la tranquilidad del Estado por parte de esos cuerpos, es que quiero solicitarle sea el conducto para que la Junta de Coordinación Política —si usted así lo tiene a bien—, intervenga ante la Secretaría de Gobernación, a efecto de poner en orden y exigir el apego a la legalidad a los cuerpos de la Policía Federal presentes en el estado de Jalisco, con motivo de los Juegos Panamericanos.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Junta de Coordinación Políticael asunto tratado por el señor diputado. Adelante, señor secretario.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: De la Junta de Coordinación Política...

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES - TARIFAS ELECTRICAS

El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Perdón. Señor diputado don Pedro Ávila.

El diputado Pedro Ávila Nevárez(desde la curul): Señor presidente, con todo respeto, quiero pedirle su valiosa intervención, porque desde la semana pasada he estado tratando de subir a tribuna dos iniciativas que son de interés general; la primera, es una iniciativa para pedir a todo el pleno de la Cámara que se haga una prórroga a todos los trabajadores que tienen deudas con el Infonavit, porque en toda la República los están desalojando de sus casas.

El Infonavit, ya no es aquel Infonavit que creó nuestro Partido Revolucionario Institucional, con don Fidel Velázquez, ahora es una caja chica, es un banco donde se trata sólo de perjudicar a los trabajadores con despachos externos que los desalojan en una forma inmisericorde de sus casas y los desalojan. Por eso, yo pedía la intervención de la Presidencia.

La otra iniciativa es también de interés general. En toda la República, la Comisión Federal de Electricidad ya se ha convertido en una tienda de raya de las haciendas porfiristas, donde obligan a la gente que no puede pagar sus cuentas de energía eléctrica a que vayan abonando de 20 pesos, de 30, de 40. Son iniciativas que interesan a los trabajadores y que interesan al pueblo de México.

Sin embargo, se me ha negado, como diputado, subir a tribuna a exponer estos asuntos de interés general para la nación.

Con todo respeto y conociendo su forma de pensar en beneficio del pueblo, señor presidente, le pido que la Junta de Coordinación Política me dé oportunidad de subir a tribuna para defender al pueblo de México de estos atropellos, tanto a los trabajadores como a la gente, al pueblo, a ese pueblo que Adolfo López Mateos le nacionalizó la industria eléctrica para su beneficio.

Soy diputado, elegido por mayoría y no perdí una casilla en mi estado; por tal motivo y con ese valor moral, pido que se me dé oportunidad de defender al pueblo de México. A eso venimos los diputados aquí.

No quiero estar en un Parlamento donde nos tengan atados para no poder hablar y que se nos cierre la boca. Venimos a defender al pueblo en contra de los hambreadores y de los traidores que gobiernan nuestra patria. Por eso pido su intervención, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Acompaño su petición y la haré llegar a la Junta de Coordinación Política, para los fines que usted mismo ha explicado. Proceda, señor secretario.

CIERRE DE REGISTRO DE ASISTENCIA

(A las 11:33 horas, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia, con un registro de 364 diputadas y diputados)

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

• Que la diputada Dolores de los Ángeles Názares Jerónimo cause baja como integrante de la Comisión de Gobernación. (Integrante)

• Que el diputado Alejandro Encinas Rodríguez cause alta como integrante de la Comisión de Gobernación.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Palacio Legislativo, México, DF, a 4 de octubre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

• Que la diputada María Dina Herrera Soto cause baja, de la Comisión de Puntos Constitucionales. (Integrante)

• Que el diputado Alejandro Encinas Rodríguez cause alta como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Palacio Legislativo, México, DF, a 4 de octubre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De enterado. Comuníquese.Diputada Dina Herrera.

La diputada María Dina Herrera Soto (desde la curul): Pido la palabra, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: ¿Con qué objeto?

La diputada María Dina Herrera Soto(desde la curul): Con el objeto de apelar a esta honorable Cámara de Diputados, en esta sesión, para no ser destituida como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, por haber cumplido con mi deber como legisladora, y eso es votar como lo marca la ley, con el derecho que me da la Constitución de votar en tres sentidos legales: abstención, a favor o en contra. Eso fue lo que hice, ejercer mi derecho.

Considero que es una injusticia que se me esté destituyendo indebidamente, que presente el Grupo Parlamentario los fundamentos en los que se basa para tomar esta decisión que agravia y lesiona mis derechos como diputada federal. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Antes de seguir con la sesión quiero pedir a los medios de comunicación, dado que la sesión está abierta, respetuosamente, ocupar su lugar. Tiene la palabra la diputada Georgina Trujillo.

La diputada Georgina Trujillo Zentella(desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para consultarle a la Mesa Directiva si la Junta de Coordinación Política atendió, en los términos que fue solicitado, el cambio de la compañera María Dina. En virtud de que sabemos que es una potestad de los grupos parlamentarios enviar sus altas y bajas de los integrantes de comisiones. Simplemente quisiera saber si la Junta lo procesó, en los términos en que le fue solicitado, que era ponerla a su consideración.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Dé respuesta el señor secretario a la pregunta formulada por la diputada Trujillo.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Precisamente, diputada Trujillo, el oficio que se leyó fue enviado por la Junta de Coordinación Política.

La diputada Georgina Trujillo Zentella (desde la curul): Perdón, el oficio dice textualmente que el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD se permite solicitar se someta a consideración de la Junta de Coordinación Política el cambio. Estoy preguntando si la Junta de Coordinación Política procedió a atender la solicitud de aceptar o no dicho cambio.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Es un oficio que mandó el diputado Armando Ríos Piter a la Junta de Coordinación Política.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (desde la curul). Señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputada Diva Hadamira Gastélum.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo(desde la curul): Señor presidente, no cabe duda que una cosa es la bandera que usan los partidos y muy distinta la discriminación en contra de las mujeres. Quisiera que alguien me ilustrara cuál fue el error que cometió la diputada Dina, porque el hostigamiento de que ha sido objeto desde el día de la sesión de Puntos Constitucionales no tiene nombre. Pero es más desvergüenza poder venir aquí a destituirla, sin más, por un asunto que tiene que ver con un supuesto que están manejando en su grupo parlamentario.

Le pido, presidente, exactamente nos podamos circunscribir al tema de la discriminación de que está siendo objeto la diputada Dina. No me parece que en una lucha que hemos venido dando las mujeres, ese sea exactamente el escenario más ridículo, más exagerado, más atropellado que hemos podido ver.

El jueves no lo pudieron hacer, pero hoy lo están intentando y no lo vamos a permitir; no lo vamos a permitir, porque es un abuso en contra de una compañera, que lo único que ha hecho es dar la cara por un partido que se está escondiendo en las faldas para resolver un problema.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Gracias, presidente. Sólo pedirle que pudiéramos circunscribirnos a lo que respecta. Creo que cada bancada tendrá que decidir lo concerniente.

Sólo un planteamiento, presidente: no creo que esta Mesa Directiva pueda tomar en consideración el planteamiento de una discriminación por género. El tema debatido en la Comisión de Puntos Constitucionales fue el tema de la reelección y el PRI y la diputada con su voto, les cerraron la puerta a los ciudadanos para que pudieran decidir qué diputados se quedan o cuáles se van, según hagan su trabajo o no lo hagan.

De tal manera, que ahora que el PRI —porque la diputada entiendo que es del PRD, pero quien hace la defensa es el PRI—, lo que quiere es seguir diciendo que quiere seguirles cerrando la puerta a los ciudadanos; por tal motivo, presidente, no es un tema de género, es un tema de trámite administrativo, entiendo, inherente a cada bancada.

Lo que no permitiremos es que se lleve a un tema de género, cuando el tema es una discusión de carácter de la reforma política.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputada Diva Hadamira Gastélum.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo(desde la curul): Me parece que no hemos entendido el sentido de las cosas. Los acuerdos que en lo oculto hagan los partidos, es su bronca. No me quisiera meter al debate a donde creen los de la derecha que nos están llevando, al Grupo Parlamentario del PRI, porque lo único que estamos pidiendo es que se repita lo que los mexicanos están diciendo. El 70 por ciento de los mexicanos están diciendo que no quieren la reelección y estamos pidiendo una consulta, simplemente, no estamos pidiendo más. Pero no me voy a meter a este debate.

Señor presidente, le pido a usted que quede claro que ésta es una discriminación a todas luces. No tiene vuelta. Le aseguro, señor presidente, que si hubiera sido un varón, lo hubieran pensado para poder eliminar la posibilidad de la diputada Dina. Creo que todas las que estamos muy calladitas no debemos permitir el atropello de esa manera.

El tema aquí es que nos expliquen el motivo por el que se va. ¿Por qué se va? ¿Por qué no accedió en su momento a un acuerdo oculto? ¿Cuál es el motivo?

El resto de la discusión de la reelección es un asunto que compete a mi grupo parlamentario y mi grupo parlamentario está pidiendo consulta, porque la ciudadanía ha dicho que no.

La elite política de éste partido, la elite política de este país, es la que está diciendo lo contrario.

Le pido, Presidente, revise y baje ese atentado contra los derechos de una parlamentaria.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El diputado Acosta Naranjo.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo(desde la curul): Presidente, primero que nada clarificar que es una facultad expresa, en la Ley Orgánica de esta Cámara de Diputados, que los grupos parlamentarios tienen el derecho para nombrar a sus representantes ante las comisiones de esta Cámara de Diputados. Artículo 44, numeral 2.

Por lo tanto, no está a discusión, debate o aprobación del pleno una facultad que ha ejercido el PRI en distintas ocasiones de sustituir libremente a sus representantes, sin que ninguna otra fracción haya intervenido.

Segundo. Éste no es un asunto de género, es un asunto de posición política; en el PRD se respeta el libre voto de cada uno de los diputados. De distintas maneras y en distintas votaciones nuestra fracción parlamentaria siempre ha respetado el voto de conciencia en el pleno de esta Cámara de Diputados y eso consta en las distintas actas que se han levantado por esta soberanía.

Tercero. El PRD tiene una posición como fracción parlamentaria que quiere defender en las comisiones y el voto de conciencia lo ejercerá quien así lo desee, cuando se vote la minuta que se presente en su momento a esta soberanía, a esta Cámara de Diputados.

Cuarto, y último. Si alguna duda tenía que la sustitución era necesaria, esta encendida defensa del PRI me ha despejado cualquier duda. El PRD tiene toda la facultad de defender sus tesis y de llevarlas al pleno de las comisiones. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tengo varios oradores inscritos. De acuerdo al criterio de esta Presidencia daré a todos el uso de la palabra. Sólo quiero que primero concedamos la palabra a quien primero la solicitó y es, de todos, la única que recibe una afectación directa por la resolución de que se trata. Doña Dina, le concedo el uso de la palabra con relación al planteamiento de su sustitución; enseguida hablarán el resto de los diputados.

La diputada María Dina Herrera Soto(desde la curul): Gracias, presidente. Solamente quiero recordar y decirle a la fracción parlamentaria del PRD que ningún acuerdo, ningún grupo político, ninguna fracción en esta honorable Cámara de Diputados puede pasar por encima de nuestra Constitución; esa Constitución que hoy estamos aquí para garantizarla, como representantes del pueblo de México; por eso, es necesario que se diga la verdad.

También quiero agregar y que me explique el grupo parlamentario; primero, repito, ¿con qué fundamentos se me está destituyendo de una Comisión, que por ley puedo ser integrante?

Dos, si la agenda política del PRD no contempla la reelección, que me expliquen y que le expliquen al pueblo de México, ¿por qué antes no se hace una consulta para ver si querían tratar este tema o no? Pero lo importante aquí es que el grupo parlamentario presentó una agenda donde no se contempla la reelección.

Por eso, hoy apelo a la congruencia que nos debe distinguir como diputados, a lo que nos debemos como representantes de la nación: el que debemos de garantizarle al pueblo de México, que primero están sus intereses.

Hoy, agradezco la confianza de muchos compañeros, pero al pueblo de México me dirijo, que hasta hoy he sido una digna representante, que voy a seguir luchando, que les agradezco que me den la palabra y que es mi convicción.

En ningún momento nadie influyó en mi ni me indujo, fue mi convicción y desde antes le comenté al coordinador que no deseaba votar por la reelección, porque no es conveniente ni era prudente para el pueblo de México, sin que se realizara, previa consulta, una reelección que puede poner, no solamente en peligro nuestra conducta democrática en el país, sino muchas luchas que se dieron, como hace 100 años en que se votó, se perdió muchas vidas en la entrega para este pueblo de México, para que no hubiera reelección, para que fuera sufragio efectivo.

Hoy ratifico mi compromiso con el pueblo de México de decir: aquí estoy dando la cara y voy a seguir peleando. Les agradezco que ustedes tengan esa confianza y que no haya ninguna perversión en las comunicaciones, porque hoy más que nunca México necesita de la cordura, México necesita de la prudencia, de la congruencia que debemos de dar para poder tener un país mejor.

Por eso les pido nuevamente que esto sea votado, porque nada puede pasar por encima de la Constitución, ningún acuerdo y es en esta honorable Cámara de Diputados donde tiene que definirse y darse la última palabra. Gracias, presidente.

El diputado Carlos Flores Rico (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Carlos Flores Rico.

El diputado Carlos Flores Rico(desde la curul): Gracias, señor presidente. Solamente una aclaración de trámite. En seguimiento de la pregunta de la diputada Georgina Trujillo, le hago la pregunta también al señor presidente de la Junta de Coordinación, que nos pueda contestar, si este trámite —cuyo oficio tengo aquí en la mano—, que presentó ante la Junta, se realizó, y si la Junta aprobó o no dicha solicitud. Primero.

En segundo lugar, con relación a lo comentado por el diputado Acosta Naranjo, que nos antecedió en la palabra. Él ha citado como fundamento de esta solicitud o de este trámite el artículo 44, párrafo segundo, numeral 2 de la Ley Orgánica, que dice que el coordinador del Grupo Parlamentario al que pertenecen los diputados miembros de las comisiones podrá —podrá— solicitar su sustitución temporal o definitiva.

Es decir, podrá, no dice que solicitará o que lo va a probar, sino que podrá. Pero yo quiero acudir, señor presidente, con su gentiliza, al artículo 34 de la misma ley, numeral 1, que dice: A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes... Luego en el inciso c), que dice: Proponer al Pleno... Lo leo completo.

Artículo 34, numeral 1. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes:

Numeral 1.

c) Proponer al Pleno la integración de las comisiones, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas mesas directivas, así como la designación de delegaciones para atender la celebración de reuniones interparlamentarias con órganos nacionales de representación popular de otros países o de carácter multilateral; con respecto a estas reuniones, en los recesos, la Junta de Coordinación Política podrá hacer la designación a propuesta de su presidente

Conclusión. Esta es una atribución que la ley le establece al pleno a propuesta de la Junta. Reitero mi pregunta: ¿fue primero cubierto el procedimiento de que la Junta aprobase dicha solicitud? Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo(desde la curul): Presidente, por alusiones.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En primer lugar le concedo la palabra al diputado Acosta Naranjo, por alusiones personales.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo(desde la curul): Presidente, con mucho gusto, diputado. El trámite ha sido cubierto de manera correcta y en estricto apego a nuestra normatividad interna, y quisiera contestar con una pregunta a la Mesa Directiva: ¿cuántas sustituciones que se han hecho de comisiones por todos los grupos parlamentarios han sido debatidos y votados, como aquí se nos está solicitando por parte de la bancada del PRI?

Si es que una sola, una sola de las sustituciones a las que tienen derecho los grupos parlamentarios, haya pasado por el procedimiento que estamos en este momento cursando y que quieren que concluya con una votación.

A mi entender, pero me puedo equivocar, ninguna y todas sólo han sido notificaciones de los grupos parlamentarios, que por cierto, en el caso del PRD se reunió, discutió el tema y en su instancia interna lo decidió.

Segundo. Si de veras en el PRI hay tanta vocación por defender a las mujeres no hubieran votado ninguna sustitución de las llamadas Juanitas. Ahí es donde hubiéramos visto a las compañeras que hoy, con todo respeto, me dirijo; hubiesen levantado la voz para defender a quienes fueron utilizadas. Engañaron a la ley y al electorado para llegar a este lugar. Muchas gracias, señor diputado.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se ha hecho una pregunta a la Mesa Directiva. Efectivamente, en esta Legislatura no se ha hecho ninguna votación para aprobar la sustitución que un grupo parlamentario hace de los integrantes de las comisiones.

Y agrego, no para provocar tormentas, que a mí me tocó, como coordinador del PRI en la LIX Legislatura, argumentar varios cambios, y lo hice con el mismo argumento con el que usted está haciéndolo ahora; sin embargo, dos partidos objetaron la designación de los funcionarios y la sometieron a votación, pero en mi opinión el 44, numeral 2, es muy claro.

Se hizo también una pregunta a la Junta de Coordinación Política. No sé quién pueda responder. Ilich. Por favor, diputado Ilich, discúlpeme.

El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera(desde la curul): Gracias, presidente. Únicamente dar cuenta de la pregunta del diputado Rico, y decirle que no es facultad de la Junta de Coordinación Política el aprobar las sustituciones en las comisiones. El artículo al que el diputado hace referencia se refiere a la integración inicial de las comisiones que se vota en este pleno de la Cámara de Diputados.

La solicitud que amablemente le hacemos desde nuestro grupo parlamentario es que no se siente un mal precedente, señor presidente. Todo el mundo sabe, el propio Grupo Parlamentario del PRI lo sabe, que es una facultad exclusiva de los grupos parlamentarios el realizar las sustituciones de las comisiones.

Decirle, por último, que sí, esta decisión se tomó en el seno del Grupo Parlamentario del PRD; por lo tanto, pedimos que dejemos este debate estéril y le demos el trámite correspondiente que ha solicitado el coordinador de nuestro grupo parlamentario, y podamos proceder con el orden del día de esta sesión.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Pablo Escudero.

La diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández(desde la curul): Señor presidente, solicito el uso de la palabra.

La diputada Magdalena Torres Abarca (desde la curul): Solicito la palabra, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Están registradas, sólo que es una larga lista de oradores que estaban previamente registrados. Perdóneme diputada, tengo que seguir el orden.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias, presidente. Aquí el problema y la litis, presidente, es que se contradice lo que nos dice el diputado Ilich con lo que se recibe de manera oficial por parte del coordinador general del Grupo Parlamentario del PRD, el diputado Armando Ríos Piter.

Tengo el oficio en la mano, en el que manda a la Junta de Coordinación Política y leo textual: Por este conducto, me permito solicitar a usted someta a consideración de la Junta de Coordinación Política el siguiente cambio en comisiones. Es decir, es un oficio que se manda el propio coordinador, ahora a la otra cachucha que tiene como presidente de la Junta de Coordinación Política.

Entonces, sí existe un oficio que se tenía que haber sometido a consideración por la solicitud que nos hace el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD y que no fue procesada en la Junta de Coordinación Política. Ésa es la litis del tema, presidente. Gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: La diputada Adriana Hinojosa, por favor.

La diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (desde la curul): Presidente, nada...

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Perdón, diputada. Para alusiones personales, diputado Ilich.

El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera(desde la curul): Sí, presidente, decir que el único trámite que le puede dar la Junta de Coordinación Política es un trámite de enterado. Ya lo ha dicho muy bien el diputado Acosta Naranjo, lo que marca el artículo 15 de la Ley Orgánica como una facultad exclusiva de los grupos parlamentarios.

Señor presidente, reiterarle, podemos tener participaciones de 20 diputados más, pero usted ya mismo ha dado la razón jurídica a nuestro grupo parlamentario de cuál es el trámite conducente.

Le pediría, e insistiría amablemente, en que cerremos este debate estéril, presidente, y que el Grupo Parlamentario del PRI no intente tener una actitud injerencista de las cosas que exclusivamente le corresponden al Grupo Parlamentario del PRD.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputada Adriana Hinojosa.

La diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes(desde la curul): Presidente, para hacer una precisión. En el predictamen que se aprobó en Puntos Constitucionales se marca que las consultas populares no pueden ser sobre temas electorales; entonces, no creo que sea justo que sigamos engañando a la ciudadanía, diciendo que vamos a hacer una consulta popular sobre el tema de reelección. Eso por un lado.

Hacer público que en el PAN nunca hemos estado en contra de las mujeres. Somos el partido con más mujeres, en proporción, en esta bancada. No hemos tenido Juanitas y tenemos incluso una aspirante presidencial mujer. Esto no es un tema de género. Esto es un tema de legalidad.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: La diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera.

La diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández(desde la curul): Gracias, presidente. En primer lugar, quiero decir que conozco a la diputada Dina: es una mujer inteligente, capaz, independientemente de su género, desde luego. La conozco en la Comisión de Medio Ambiente y es capaz de poner posiciones firmes sobre sus opiniones. La felicito por eso y la conmino a que siga así.

Por otro lado, creo que hacer de éste un asunto de género —que no lo es—, desafortunadamente abarata la lucha de las mujeres.

Me extraña que una bancada que dice que las defiende y sobre todo una diputada, que a mí me consta que tiene iniciativas muy interesantes que avalan el avance de las mujeres, esté diciendo que esto es un asunto de género. Desde luego que no lo es.

Quiero, asimismo, defender a la bancada del PRD, en su derecho también de decidir cuándo un diputado, tal vez, ya no representa el sentir, el pensar y la filosofía del PRD en algunas de las comisiones. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias. La diputada Diva Hadamira.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo(desde la curul): Iba a decirles que el tema de las Juanitas el Diario de los Debates lo puede revisar. Quiénes luchamos, quiénes nos opusimos, quiénes presentamos iniciativa para que eso no prosperara.

Esto no es un asunto de memoria de teflón. Tengo muy clara la lucha que he dado. Así es y mi iniciativa está y la propuesta a cambiar el Reglamento es muy clara, mi propuesta y mi postura.

Pero sí quisiera clarificar lo siguiente. Quieren poner una cortina de humo diciendo que no es un tema de género. Claro que lo es. No escucho las voces del PRD, esas mujeres luchadoras y demás, a favor de las mujeres defendiendo una...

¿Me permiten? Le voy a decir una cosa, presidente. Le consta a usted que desde el jueves Dina ha sido sometida a una persecución, a una persecución diaria y sistemática. Por tanto, le pido, presidente, que se revise esta situación. Le aseguro que si fuera un varón la situación fuera distinta. A poco los señores no platican.

Le quiero decir —así como dijo Augusta—, que sí, ésa ha sido mi lucha, pero respeto a Dina y conozco su comportamiento, pero además, su defensa fue muy clara. No necesita que la lleven de la mano para decidir las cuestiones que ella tiene convicción.

Le pido, presidente, que quede registrado que éste es un atropello y una discriminación en contra de una mujer, que lo único que ha hecho es trabajar a favor del partido que representa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado Martel. Perdón, antes, para alusiones personales, la diputada Díaz de Rivera.

La diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández(desde la curul): Gracias, diputado. En primer lugar, ya oímos a la diputada Dina decir sus razones y nunca dijo que hubiera sido presionada. Insisto, estamos tratándola precisamente como no quiere la diputada que se le trate. Tratémosla como una persona pensante, como una persona que está diciendo lo que siente. Ella no ha dicho que ha sido presionada. Dijo que votó como votó porque ella quiso y decir que está siendo presionada porque es mujer, es precisamente ir en contra de sus derechos como mujer.

Ella tiene que decirlo, ella tiene sus razones, igual que las tiene la bancada del PRD. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias. Diputado Martel. Diputada Beatríz Paredes.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Sí, gracias, señor presidente. Creo que tendremos nuevamente que abonar a que esta honorable Cámara de Diputados pueda iniciar ya la discusión de los temas, que son las iniciativas que están enlistadas, para poder lograr que caminemos y que hagamos el trabajo que nos corresponde.

Es cierto, como se ha afirmado por varios de los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias. De acuerdo al 44, numeral 2, es facultad de una fracción sustituir a uno o una de sus integrantes. No estamos en ningún momento, nosotros, discutiendo o negando lo que en la práctica cotidianamente se hace y se deberá de seguir haciendo por todas y cada una de las fracciones parlamentarias. Es nuestro derecho.

El fraseo y el texto literal, que mandó el diputado Armando Ríos Piter, seguramente puede rápidamente subsanarse, puesto que no era necesario poner que se someta a consideración de la Junta de Coordinación Política este relevo. Así está fraseado en el oficio. La pregunta concreta fue que si así estaba fraseado el oficio, que se nos informara por parte de la Mesa si tenían o no un acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Sustituido este fraseo por la posibilidad que faculta a las fracciones parlamentarias para sustituir a sus integrantes, nosotros nos damos totalmente por satisfechos, porque es que prevalezca el derecho de cada fracción para poderlo seguir realizando.

Voy a reiterarles a todas las fracciones parlamentarias que hay espacios y momentos donde todos, seguramente, daremos nuevamente debates de acuerdo a nuestras convicciones. En la Comisión de Puntos Constitucionales ya tenemos un dictamen, donde hoy se posibilita, o un predictamen, que cuando vaya a comisiones unidas se convierta en dictamen, para que haya candidaturas ciudadanas, iniciativa popular, consulta popular.

Tenemos avances trascendentales para la vida nacional. En materia de reelección, por favor, por favor, supeditémonos a la voluntad mayoritaria del pueblo de México haciendo, si se aprueba de esta consulta, la primer consulta popular a los ciudadanos para que nos convirtamos en siervos de la nación y no presuntos tomadores de decisiones de algo que sería trascendental y que en la historia de México se demuestra, que ya ha tenido suficientes discusiones que nos llevaran inclusive a la pérdida de vidas humanas. Consúltesele al pueblo de México.

Viva la reforma política y viva la posibilidad de que cada fracción parlamentaria pueda sustituir a sus integrantes, pero de acuerdo a las facultades que les da y no las invocadas en un oficio que equivocadamente se mandó. Es cuanto.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputada Beatriz Paredes y enseguida, el diputado Gustavo González.

La diputada Leticia Quezada Contreras(desde la curul): ¿De qué manera se está llevando la lista, presidente?, porque hace tiempo le pedí la palabra.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Perdón. Usted está inscrita, doña Leticia, después de Óscar González, de Humberto Benítez Treviño y de Gustavo González.

La diputada Leticia Quezada Contreras(desde la curul): ¿Por qué?

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: ¿Por qué? Porque seguramente a ustedes les resulta difícil ver quiénes son los que levantan la mano en primer lugar, pero han sido muchos los diputados que quieren hacer uso de la palabra. A sus órdenes, diputada.

La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel (desde la curul): ¿Diputado Chuayffet, estoy en el turno?

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Está en el turno.

La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel(desde la curul): Gracias, diputado. En primer lugar, quiero expresar mi solidaridad personal y mi respeto por todas y todos aquellos legisladores que deciden en comisiones votar con plena libertad.

Los legisladores tienen la posibilidad —porque para ello los eligió el pueblo de México— de ejercer su criterio en el debate en comisiones. Si el derecho individual de opinar está cancelado, incluso en el debate de las comisiones, la verdad es que poco enriquecemos a la democracia.

En segundo lugar, quiero reconocer el valor personal de la diputada Dina. En muchos momentos de mi vida parlamentaria he votado de manera distinta en las comisiones e incluso en el pleno. Uno actúa así, porque considera que hacia el interior de las fuerzas políticas que representa —en cada caso específico—, puede haber debates y criterios que fortalezcan este debate democrático interior.

Cada grupo parlamentario tiene derecho de actuar como lo estime su estrategia política. Sólo reivindico el ejercicio de cada diputado para que su comportamiento en las comisiones corresponda a su conciencia.

Conozco a Dina, es una mujer que viene de una tradición cardenista crítica, importante y aportadora. La respeto y en términos personales, quiero expresarle mi solidaridad.

Entiendo también la dinámica que construye la articulación de esta Cámara de Diputados, que es el que los grupos parlamentarios, en función del Reglamento, tienen derechos adquiridos.

Pero éste no es un debate sobre Dina y sobre el procedimiento que pueda aplicar o no el PRD. Éste es un debate sobre si ni siquiera en las comisiones los diputados pueden ejercer su libertad.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Gustavo González.

El diputado Gustavo González Hernández(desde la curul): Gracias, señor presidente, con su permiso. Sí quisiera hacer una moción, de conformidad al artículo 115, una moción de orden, porque desde mi punto de vista ya nos estamos alejando de lo que marca el Reglamento y marca la ley.

El artículo 103 establece muy claramente que sólo están permitidos una serie de debates y discusiones y éste es el caso en el cual no está permitido. No está permitido, en primer lugar, porque como ya lo argumentó el diputado Martel, existe la atribución por parte de los grupos parlamentarios para hacer la modificación en la integración, integración que fue el acto original que efectivamente dice el diputado Ilich. Los grupos son los que tienen esa atribución.

Segundo, al pleno lo comunicará la Junta de Coordinación, que lo establece la ley en su artículo 34 dentro de sus atribuciones. Creo que nos estamos alejando de todo lo que marca el Reglamento y la ley.

También quiero hacer un comentario a lo que dijo el diputado Martel, en cuanto a la consulta. Hacer una consulta de materia electoral es lo que está prohibiendo precisamente el texto que ya discutimos en Puntos Constitucionales. Eso es una falacia; si se está diciendo que se quiere someter a una consulta popular el tema de la reelección, cuando dentro del texto que acabamos de aprobar estamos prohibiendo los temas electorales, realmente eso es una falacia, eso es una falsedad que debemos de sacar a la luz.

Segundo. Sí reto a la diputada Paredes a que deje a su bancada votar libremente. No sólo debatir y discutir libremente; que deje a su bancada votar, porque sé que hay muchos diputados del PRI que aprueban la reelección.

Por ejemplo, el diputado Omar Fayad, en el 2003 presentó una iniciativa para reelegir. Luego entonces, que deje a sus diputados votar en conciencia. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: La diputada Magdalena Torres Abarca.

La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca(desde la curul): Presidente, con todo respeto, compañeras y compañeros diputados, no coincido a que esto lo lleven en cuestión de género y no se vale que estén politizando esta situación.

En mi estado están pasando un spot de la compañera Dina. Ya déjenla en paz, por favor, compañeros diputados del PRI; déjenla en paz todos los compañeros, porque no se vale que estén pasando un spot de que la compañera ya se fue al PRI, y que está apoyando al candidato del PRI.

No se vale que quieran venir aquí a levantar la imagen de la mujer, cuando la han pisoteado.

Con toda la calidad moral que tengo, porque lo defendí, porque en mi partido dimos la batalla y tuvimos el apoyo de diputados y diputadas para no tener más agresiones en la propia Cámara.

En el PRD el Juanito no pasó. No se vale que dirigentes mujeres se hayan prestado para las mentadas Juanitas y ahorita quieran venirse a parar el cuello de otra manera.

En mi estado era una dirigente mujer del PRI y se lo dieron el espacio, a hombres del PRI, utilizando a familiares: a hermanas, a cuñadas, a primas; el género se defiende en todos los ámbitos.

Reconozco a mi compañera Dina también, reconozco su valentía, pero también hay acuerdos y los acuerdos se deben de respetar y en política hay disciplina y lealtades. Vuelvo a decir y le vuelvo a reconocer cuando dimos la batalla para defender a las Juanitas, porque lo hicimos y porque tengo la calidad moral para hablar en esta tribuna. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra la diputada Diva Hadamira Gastélum, para alusiones personales.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo(desde la curul): Si las alusiones son los comentarios que aquí se han hecho, yo solamente quiero pedirle, señor presidente, igual como lo han hecho todos, que ya concluyamos con esto.

La historia nadie la va a poder borrar y la historia está muy clara. Más allá de lo que se alegue aquí, cada quien tiene una vida personal que habla por sí sola de una lucha y de un afán y la solidaridad —como lo dijo la diputada Paredes—, no se regatea cuando se está consciente de lo que se quiere.

Aquí el asunto es cuándo sí defendemos a las mujeres. ¿Cuando hay una bandera electoral? O éste es el momento de defender a una mujer. Y fuera del PAN, o del Verde o del PT o quien sea, creo que esa es mi postura y la he mantenido y la voy a seguir manteniendo.

Quiero pedirle, presidente, de favor, como diputada y en mi derecho, que quede registrada mi participación, porque esto será histórico. Esto es peor que las Juanitas, porque así lo han dicho. ¿No tiene derecho una diputada, un diputado de cualquier partido a decidir libremente su voto y comisiones? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A cuál situación se refieren? Para retóricas trasnochadas cualquiera puede hablar, pero la hoja de vida refiere lo que ha luchado cada una de nosotras, cada uno de nosotros. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Quedan registradas todas las intervenciones que han tenido lugar con motivo de la sustitución de la diputada que ha iniciado este debate.

Voy a conceder el uso de la palabra a seis diputados más que están inscritos y preguntaré a la asamblea si considera suficientemente discutido o no este asunto. Tiene la palabra el diputado Humberto Benítez Treviño.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño(desde la curul): Presidente, quiero hacer un llamado a la prudencia y a la tolerancia de todos mis compañeros para que terminemos ya con este debate que considero, aparte de estéril, innecesario, señor presidente.

En técnica legislativa cada comisión es un pequeño Congreso, de tal manera que se ha dicho con razón que la esencia de la vida parlamentaria se da en las comisiones. El tema de la reforma política, en el que mi partido aprobó ocho de los 11 temas —lo quiero subrayar— se decidió por la voluntad mayoritaria de los miembros de la comisión, señor presidente, y si nosotros no respetamos —como lo decía mi compañera Beatriz Paredes—, la voluntad de cada uno de nosotros en las comisiones —por eso en técnica legislativa están reglamentados los votos particulares—, poco abonaríamos al debate en el Congreso.

¿En qué momento estamos del debate en la reforma política, señor presidente, compañeros? Ya se decidió en una de dos Comisiones Unidas. Se decidió en la Comisión de Puntos Constitucionales; falta que se decida en la Comisión de Gobernación.

Lo que sigue, procedimentalmente hablando, es en Comisiones Unidas y después ante el pleno de este Congreso.

El destinatario de la reelección, señor presidente, lo dije en comisiones, ¿quién es? ¿Son los partidos políticos? El destinatario de la reelección somos los diputados y los senadores. A nosotros nadie nos ha preguntado nuestra opinión. La vertí en la Comisión de Puntos Constitucionales. ¿Quiénes son sujetos de la reelección? Los diputados y los senadores.

En lo personal, señor presidente, le comparto a usted mi convicción. A mí nadie me ha preguntado si quiero que me reelijan. Les digo a todos ustedes: No quiero que me reelijan como diputado. No es una sanción, un premio o un castigo. Que nos pregunten primero a los diputados si queremos ser reelectos o no y después, que le pregunten al pueblo de México.

Me opongo a la reelección, señor presidente, porque la última vez que se aplicó la reelección y se vulneró este principio nos costó un millón de muertos, porque tenemos en los países hermanos de América Latina ejemplos de dictadura.

La reelección, compañeros, es la antesala de la dictadura. El presidente Chávez llegó al poder en 1999; lo primero que hizo fue plantearles la reelección a diputados y senadores, se aprobó en Venezuela y después los diputados y senadores, sumisos, plantearon la reelección de Chávez y ya no hallan cómo quitárselo. Ya tiene 12 años en el poder y ayer amenazaba a América Latina con que se va a quedar hasta el año 2030. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada.

La diputada Leticia Quezada Contreras(desde la curul): Diputado, muchas gracias por haberme dado la palabra, aunque quiero aclarar que la pedí desde un principio, pero, gracias por haberme dado la palabra.

Primero, queremos decir que así, con ese ímpetu con que las diputadas del PRI están defendiendo en este momento, quisiéramos que así defendieran a las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en este país; a las mujeres, pues han votado los diputados y las diputadas del PRI, en los estados, para que criminalicen a las mujeres por el aborto. Pero también queremos que así defiendan los cambios al Cofipe, para que realmente podamos avanzar las mujeres, no solamente en esta Cámara sino que en todas las Cámaras.

No se equivoquen, diputadas y diputados del PRI. No hagan un falso debate de esto. No se trata de que metan una cortina de humo ahorita, con la situación de que es discriminación; si fuera eso tengan la seguridad de que varias diputadas aquí en el grupo parlamentario seríamos las primeras, no solamente en venir a esta tribuna, sino que en nuestros órganos internos del partido ir a denunciar, si fuera ésta la cuestión. Así es que no se equivoquen.

Mejor queremos ver su posición pública en cuanto a los problemas del aborto, en cuanto a los problemas de feminicidios, que por supuesto, hay muchos en los estados del PRI y obviamente, el tema de las Juanitas. Así es que, si en verdad vamos a hablar de defender al género, vayamos con temas que realmente son relevantes para el país.

Aquí no se trata —y tampoco se confundan— de cómo votó la diputada. Todos en el PRD tenemos la libre decisión de votar como querramos; definimos nuestra votación en el grupo parlamentario y se define con acuerdo de todos, y en el mismo grupo quienes hemos votado en contra, porque soy un claro ejemplo y quiero decirlo públicamente, que no he votado conforme a la línea de mi partido y que aún así mi grupo parlamentario me ha respetado, porque he dado mis argumentos con mucha seriedad.

Aquí lo que se trata, aquí la diputada puede votar como quiera; aquí queremos denunciar que el PRI sí está sacando raja política de esto; que el PRI sí quiere utilizar esto políticamente. ¿A qué me refiero? Tenemos las pruebas de que el PRI está metiéndose hasta la cocina en la toma de decisiones del Grupo Parlamentario del PRD y se metió en la toma de decisión de la diputada, dándole línea política.

Queremos que cuando termine este debate, vamos a dar a conocer un video en donde el diputado Martel le está diciendo cómo votar a la diputada Dina. Ese es el debate que nosotros decimos, eso es lo que está detrás. Así es que no se confundan, diputados, no es una cuestión de género.

Diputada Diva, queremos que así como es ese ímpetu que está dando aquí —y que respeto muchísimo a la diputada porque es una gran mujer, la admiro muchísimo—, así le entremos a los temas de género. Así es que, no vayamos a hacer un falso debate, ni tampoco que se diga que en el grupo parlamentario estamos actuando mal. Se actuó bien, se dieron los trámites correspondientes. Es una facultad única y exclusiva del Grupo Parlamentario del PRD, jamás podríamos irnos a meter a una decisión del PRI o a una decisión del PAN o del PT o de Convergencia o del Verde o de cualquier partido, porque según el artículo 44, numeral 2, nosotros tenemos esa facultad. Si hay duda, pido que se lea por medio de la Secretaría, el 44, numeral 2.

Además, queremos comentar que en la cuestión de revocación de mandatos, el Grupo Parlamentario del PRD apenas estamos analizando; mañana y el jueves tenemos una reunión para definir cómo va a ir el grupo parlamentario en cuanto a la reelección o la revocación de mandato.

Así es que ése, perdón, es un falso muy falso debate, que por supuesto el grupo parlamentario reprobamos y que pedimos, exigimos que no haya intromisión, no a injerencias en las decisiones de cada grupo parlamentario y en específico, de mi Grupo Parlamentario del PRD. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Dé lectura la Secretaría al precepto invocado por la diputada Quezada.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Artículo 44, numeral 2: el coordinador del grupo parlamentario al que pertenezcan los diputados miembros de las comisiones podrán solicitar su sustitución temporal o definitiva.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene el uso de la palabra el diputado Martel, para alusiones personales.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Simple y llanamente para manifestar mi respeto para la diputada Leticia Quezada, que acaba de expresar con libertad lo que es su convicción. Manifestar mi respeto para la diputada Dina, quien también en su tiempo, hoy y otros días, con toda libertad se ha podido expresar de acuerdo a sus convicciones.

Seguiré defendiendo, como diputado que también a veces ha sido discordante en su votación con respecto a su propia bancada —y hay antecedentes—, la libertad individual de cada diputada o diputado para defender en el seno de las comisiones y en el pleno, la lucha para lograr influir a través de un voto por los compromisos que hacen por quienes nos eligen, ante quienes nos eligen y por nuestras convicciones.

Jamás, jamás me atreveré ni me he atrevido a tratar de influir en un voto de ningún diputado o diputada, porque tengo respeto por ustedes y reitero, mi única convicción seguirá seguir posibilitando acuerdos entre las fracciones parlamentarias, a fin de que podamos cumplirle al pueblo de México dándole mejores instrumentos legales para que se gobierne y se gobierne mejor, que por cierto, mucho nos hace falta, que a pesar de los instrumentos legales, se hagan las cosas de mejor manera.

Nunca, nadie, a través de prueba alguna, podrá afirmar que he influido con un comentario, que no sea el del respeto y solidaridad, a que un diputado o diputada vote de acuerdo a sus convicciones. Esto no es una cuestión de género. Es una cuestión de una auténtica convicción a que habemos legisladores de tiempo completo luchando por nuestras convicciones por el bien de la nación. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Óscar González Yáñez.

La diputada Leticia Quezada Contreras(desde la curul): Presidente, por alusiones personales.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Para alusiones personales, diputada.

La diputada Leticia Quezada Contreras(desde la curul): Muchas gracias, diputado, por darme la palabra por alusiones personales. Diputado Martel, usted sabe que lo respeto muchísimo y que además, lo considero un buen compañero, un buen amigo en esta Cámara de Diputados. Pero quiero decirle que el debate que se originó desde un principio fue completamente falso y conforme se fueron dando las participaciones, fue necesario aclarar por qué el Grupo Parlamentario del PRD reaccionaba de esa manera.

Por supuesto que nosotros vamos a defender siempre a nuestro grupo parlamentario, porque queremos respeto al igual que todos los grupos representados en esta Cámara de Diputados, respeto que además lo confiere la ley.

Quiero decirles que aquí tenemos el video y queremos hacerlo público —que ya se ha dado a conocer en algunos medios de comunicación—, pero que no vamos a permitir, porque esto puede sentar un pésimo precedente en esta Cámara de Diputados. Ningún grupo parlamentario puede injerir en otro grupo parlamentario. Muchas gracias, señor diputado.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: ¿Va a hacer uso de la palabra el diputado Martel o no? Para alusiones personales.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Le agradezco a la diputada sus comentarios y su tono. Desde luego, quizá valdría la pena subrayar que parlamentar es la posibilidad de dialogar, la posibilidad de intercambiar opiniones, convicciones y jamás...

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Permítame, diputado. Hemos escuchado a todos los oradores con respeto. Les ruego mantengamos este orden, que es precisamente el que dignifica, señor diputado, a la Cámara de Diputados. Proceda, licenciado Martel.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Gracias, señor presidente. Reitero y conmino. No renunciemos, señores legisladores a la posibilidad de parlamentar, de dialogar, de convencer para encontrar rumbos, para encontrar mayorías para legislar.

Subrayo, mi respeto a las expresiones vertidas y también afirmo categóricamente, busquemos el origen de este problema, que fue única y exclusivamente lo que ya dije que se debe de respetar: facultades del 44 para que las fracciones parlamentarias decidan acerca de los cambios.

Pero un documento que se sometió a la Junta, que siendo corregido nos llevará rápidamente a reencauzar lo que es un derecho de una fracción parlamentaria, que no juzgo el por qué lo ejerció. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias. Diputado González Yáñez.

El diputado Óscar González Yáñez(desde la curul): Gracias, señor presidente. Para fijar la posición de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo sobre este tema. Primero, reconocer a todos nuestros compañeros y compañeras, que cotidianamente, y no coyunturalmente, defienden los derechos de las mujeres en nuestro país, y que en ese sentido, cuenten en todo momento con la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.

Segundo. Comentarle a nuestra compañera Dina Herrera, que tiene algunas dudas que pueden ser válidas, pero estas dudas tendrían que ser aclaradas dentro de su grupo parlamentario y no en este pleno, por respeto a la misma.

Tres. Está claro que hay algunas fracciones parlamentarias que buscan influir, de una manera u otra, en el pensar de algunos compañeros legisladores o no, y esto podría ser válido también o no, y cada quien estaría en su nivel de dejarse influir o no, pero también hay una constancia pública de lo que pasó en la Comisión de Puntos Constitucionales y eso nosotros no lo vamos a juzgar, simplemente decimos que hay una constancia pública de los hechos que pasaron ahí y por eso se generan ciertas suspicacias.

Por último, es claro que es una potestad de las fracciones parlamentarias la sustitución de sus integrantes de las comisiones; por ello, pedimos respeto a todas las fracciones, el mismo que van a recibir por parte de nosotros cuando suceda este hecho.

Decirles a los compañeros del PRI, que el respeto a la fracción ajena es la paz y es la sana convivencia entre todos nosotros. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra la diputada Claudia Anaya.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota(desde la curul): Gracias, presidente. Como presidenta de la Comisión Especial sobre la no discriminación, clarificar qué es la discriminación. La discriminación es la negación o la coartación de un derecho. Me preocupa que estén tomando con tanta ligereza esta palabra y sobre todo, es una acción que lacera a todos los mexicanos por las conductas cotidianas que se realizan.

En este caso no aplica el hecho de ser una discriminación. Ya se han leído los fundamentos jurídicos en donde se clarifica que el grupo parlamentario tiene la potestad y el coordinador tiene la facultad de sustituir a los integrantes de las comisiones, según los propios acuerdos de los grupos parlamentarios.

La diputada Dina tuvo su derecho de votar como ella quiso y eso lo respetamos.

En el Grupo Parlamentario del PRD —ustedes lo pueden ver en cada votación—, me parece que es el único grupo parlamentario en donde siempre se vota de manera distinta, porque respetamos la forma de pensar, y así como respetamos nosotros, también queremos que nos respeten, particularmente el diputado Martel, en donde, como se ha dicho, está en un video la acción que él tuvo de presión sobre nuestra compañera diputada.

Este no es un tema de género, porque si lo fuera me estaría quejando en este momento de que se me dio la palabra en último momento por tener una discapacidad. Es ridículo que se esté hablando de género, de discriminación, en un tema en el que el PRI quiere sacar raja política.

Nosotros queremos respeto a nuestro grupo parlamentario y queremos respeto a nuestros compañeros diputados y diputadas. Así como nosotros nos hemos respetado los vamos a respetar. Decidamos que tratemos los temas de fondo y no de forma y no querramos desviar la atención.

Creo que el tratar de envolver este tema en una bandera de equidad de género es lastimar la inteligencia de Dina; es decir, como es mujer, entonces la sacaron. Es ridículo. Creo que nos estamos ofendiendo nosotras mismas si les planteamos que es por esa situación. Hay que respetar la condición de cada una de las personas.

Creo que hemos demostrado cada quien lo que somos aquí y por eso, tenemos que mantener ese respeto. Sería cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Víctor Castro Cosío.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío(desde la curul): Compañeras y compañeros, cuando los argumentos son demagógicos, cuando los argumentos son totalmente ajenos a la legalidad, estos pierden sentido.

El día de hoy, y frente a la historia de este país, creo que hay una tradición de disciplina, de dedazo, de historias mil, en donde nuestros compañeros del PRI han dejado una estela penosa a lo largo de la historia nacional, en política.

¿Cuántos casos hay de este tipo? ¿De penas nacionales por gente que ha votado en contra de la línea política, en contra de la disciplina férrea? Así esta Cámara, durante décadas fue testigo penoso de lo que el Ejecutivo enviaba y cómo se votaba. Nadie puede desconocer esa historia.

Hoy me asombro que se quiera argumentar en un asunto absolutamente reglamentario, en un asunto estrictamente de competencia partidaria, una serie de cuestiones absolutamente falsas, totalmente. Me da pena, de gente que respeto y admiro, que aquí venga a decirnos cómo ese partido, con algunas excepciones que se podrán dar el lujo de votar a conciencia, pero saben bien que hay temas nacionales en los que consta a esta Cámara la disciplina que ha habido.

Hoy he respetado mucho, compañeros, pero en el momento en que se plantea lo del video, me parece que eso lesiona, va más allá del debate político de esta concertación, de este argumento de que hay que parlar. Qué hay que parlar cuando se llega al grado de presionar de una manera como se ha descrito aquí, a un compañero o compañera.

Por eso, me parece que estas dos horas de debate nos enseñan dos cosas; primero, que hablemos sin hipocresías, hombre. Saben perfectamente bien, cuando se pierde la calidad —y la gente lo sabe en el pueblo—, la calidad moral para decir: aquí hay democracia, hay libertad de voto. Cuando eso es falso totalmente.

Por eso, quiero pedirles hoy que en este debate saquen las manos del PRD quienes las están metiendo, para llevar a sus conveniencias políticas, a sus posiciones políticas, el interés supremo de la nación, que es la libertad del pueblo de México de tomar las decisiones que este Congreso soberano pueda plantearle a la nación entera.

Creo que es cierto, compañeros, ni imposiciones pero tampoco claudicaciones. Pero tampoco aquí aceptaremos, en el PRD, que quede claro: hoy no aceptaremos, bajo ninguna regla ni demagogia ni artilugios de carácter legal, el que se violente el derecho legítimo de la bancada, de que sea hombre o mujer, quien exprese la línea política en contra, pueda estar en una comisión. Eso tiene que quedar claro a todas las bancadas: el PRD tiene el derecho de hacerse representar legítimamente en cada comisión por compañeras y compañeros que no lesionen los acuerdos, que no violenten la línea política del partido. Eso es elemental en política y eso lo seguiremos defendiendo, compañeras y compañeros.

Frente a este tipo de cuestiones no se vale, bajo ningún argumento, que se quiera aventar al PRD en una condición de debilidad.

Concluyo, señor presidente y le agradezco. Usted mostró hace más de una hora el carácter legal de la Mesa Directiva, el carácter legal de su Presidencia con su ejemplo. Creo que hay argumentos suficientes para este debate y además, ruego a mi bancada que exhiba públicamente el video, para que quede absolutamente claro que este video deja clarísimas las cosas para que no vuelva a suceder esta práctica entre nosotros. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra la diputada Dina Herrera Soto.

La diputada María Dina Herrera Soto(desde la curul): Pido el uso de la tribuna, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Desde su curul.

La diputada María Dina Herrera Soto(desde la curul): Quiero pedirle hacer uso de la tribuna.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Desde su curul diputada.

La diputada María Dina Herrera Soto(desde la curul): Gracias, presidente. Hoy estoy aquí —no frente a ustedes, compañeras y compañeros— frente al pueblo de México, porque es mi convicción manifestar mi opinión, porque bien sabe Dios que estoy diciendo la verdad y que fue mi convicción y no el diputado Martel, y tampoco se ha dicho aquí que el diputado Pocoroba estuvo a mi lado para que ratificara un voto, que lamentablemente en ese momento se confundió.

Si bien fue confundido de mi parte, lo lamento mucho, porque es mi deseo que no haya reelección en México. Hace más de 100 años una lucha se fraguó en este país para que se permitieran las elecciones libres y para que el pueblo de México tuviera el derecho de ir a emitir su voto y elegir a sus gobernantes.

Como michoacana, estoy consciente de que nuestro estado ha sido partícipe de luchas históricas en el país, y me hubiera sentido muy mal de haber entregado al pueblo de México una reelección para la que no estamos preparados.

Dije bien claro y no se ha publicado. Sería una grave trampa para el pueblo de México, en este momento, votar de manera irresponsable una reelección para la cual no se está preparado; primero, se tendría que dar educación de calidad al pueblo de México y que se cumpla, por cierto, la gratuidad de la educación.

Es algo que nos debe mover, es algo que nos debe hacer participar, porque no es posible que haya mucha gente viviendo en la miseria y que ni siquiera tiene un techo digno dónde vivir.

No es posible que muchos jóvenes no tenga opciones de vida, no es posible que los trabajadores se vean agraviados en sus derechos, no es posible que en México tengamos esa calidad de vida y que estemos viviendo en la miseria en medio de la abundancia, porque México tiene todo para ser líder en el mundo, para ser líder en Latinoamérica.

Tenemos que rescatar ese liderazgo, tenemos que volver a la democracia, que debe permitir a este país levantarse de la miseria, levantarse de la ignorancia y levantarse también y enfrentar esa corrupción de la que hoy somos objeto como pueblo.

Es mi deseo manifestar, porque además he honrado la memoria de mi padre, he honrado la memoria de mi madre. Mi padre siempre vivió entregado a las causas populares y eso es lo que me mueve, y hoy él, donde esté, sabe que no he traicionado su memoria, que llevo mi apellido, que llevo mi nombre con toda la dignidad que él me merece y que —si viviera—, estaría satisfecho de que he seguido sus enseñanzas y de que he seguido sus ejemplos.

Lamento que ese día tan fatal estuvieran estos diputados, porque ellos saben —a los cuales respeto—, que se haya tergiversado todo esto.

A propósito, sí he tenido esa persecución en muchos sentidos y sin embargo, la he enfrentado. Mucho pudiera decir y cuestionar a mi fracción; mucho pudiera decir y cuestionar al respecto de la lucha que nos mueve como gente de izquierda y que hoy hemos dejado atrás. Hoy hemos ido dejando a pedazos esa dignidad y ese derecho del pueblo de México.

No es mi deseo sobresalir. No busco aquí ningún reflector, solamente busco hacer mi trabajo como diputada. A muchos les dije: hagamos historia, hagamos algo por el pueblo de México en esta Legislatura, y no es cuestión hoy ni porque soy mujer ni de que si el PRI está sacando provecho de esto. Eso es mentira y aquí tendríamos que poner en tela de juicio muchas cosas.

Repito, ¿por qué, si la agenda política del PRD no contempla la reelección, por qué fue que se dijo: tienes que votar por la reelección? Eso no lo podemos permitir, porque eso no fue lo que me trajo. Fueron miles y miles de electores que confiaron y quienes saben cómo estuvo mi elección; saben que día con día me costó llegar, lograr y conquistar ese voto.

Por eso hoy quiero representarlos con toda la dignidad. No es verdad que haya acuerdos. Tampoco es verdad que dijeron que al otro día yo me iba al PRI. Eso no es verdad. El día que me vaya, como dije, llegué con honores y con honores me iré, pero será cuando yo lo decida.

Que la fracción también diga por qué retiró de la mesa de la dirección; que diga por qué retiró el punto de acuerdo donde pido que se vote de manera nominal mi salida. Ningún acuerdo por encima de la Constitución. Ningún acuerdo por encima del pueblo de México. Es mi derecho y hoy ese derecho ha sido agraviado.

Es mentira que yo haya tenido algún trato con alguien. Es mentira, también, que por parte del PRI se me esté acosando. El primer acoso es por parte de mi grupo parlamentario, porque sé bien que se han lastimado intereses. Pero primero aquí tenemos que ver qué cosa es lo que le conviene a la gente, qué le conviene al pueblo.

Por lo tanto, pido, señor presidente, de acuerdo al punto de acuerdo que fue retirado y que desapareció misteriosamente, que se vote aquí en esta sesión. Apelo a mis compañeros diputados a que hagamos y dignifiquemos esta lucha por el pueblo de México; no es por Dina Herrera, es por nuestro pueblo aunque les parezca un falso discurso.

Aquí lo que tenemos que hacer es hoy rescatar la dignidad de un pueblo que espera de todas y de todos nosotros lo mejor, que espera que lo representemos con dignidad, con ese espíritu que nos debe de mover.

Hoy por eso me pongo aquí a consideración de ustedes. Apelo a ese derecho, apelo al derecho que me otorga la Constitución, para que aquí se decida. Ya en otras ocasiones se ha decidido, como fue el caso del diputado Jaime, de Nueva Alianza.

Aquí estoy frente al pueblo de México, con mi verdad, con lo que yo quise votar en abstención, porque hay temas muy importantes como la rendición de cuentas, como las candidaturas ciudadanas, como la profesionalización del servicio público. Esos son temas que debemos tratar porque son de trascendencia para el país. Es lo que nos debe de mover.

Hoy nuevamente les pido, señor presidente, que ese punto de acuerdo que fue firmado por cinco diputados y que me permite la elección nominal de cada uno, que se someta a la consideración del pleno y yo aceptaré con gusto lo que en este pleno se decida, porque es el respeto a nuestra ley. Lo que debe de quedar siempre presente no es Dina Herrera, aquí primero está el pueblo de México. Ya lo decíamos: la patria —señores— es primero. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Ríos Piter.

El diputado Armando Ríos Piter(desde la curul): Señor Presidente, comentar con ustedes, con los compañeros diputados y diputadas, que se ha hecho de esto un debate innecesario. Pero me parece importante subrayar algunos temas que se han planteado en este debate y que son cuestiones de fondo.

Primero que nada se ha querido hacer ver que el tema del voto de la compañera, la diputada Dina Herrera, es la materia del conflicto y no lo es.

Lo digo con toda puntualidad, porque inclusive nosotros, al interior del grupo parlamentario y aquí mis compañeros me lo avalan perfectamente, hemos seguido debatiendo y discutiendo este tema de la reforma política.

Lo hacemos con la finalidad de que en la próxima discusión que se tenga en comisiones, precisamente tengamos el más amplio aireo para tener el más amplio de los consensos como grupo parlamentario.

Ese no es el tema de fondo. Nosotros seguimos procesando. Tampoco es la cortina de humo, con todo respeto, respecto al tema de la discriminación como mis compañeras puntualmente lo han señalado; si un grupo parlamentario y compañeras y compañeros hemos defendido el tema de equidad de género y de la no discriminación, ha sido el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. No ahondaré en ese tema, porque es caer, repito, en una cortina innecesaria de humo.

Pero sí, que lo que busca es tender una trampa para lo que realmente está en el fondo de este asunto. Lo digo con toda puntualidad, lo digo con todo respeto, pero con toda firmeza: el Partido de la Revolución Democrática y su grupo parlamentario aquí en la Cámara de Diputados, de ninguna manera aceptarán injerencia de ningún diputado o diputada y de ningún grupo parlamentario en las decisiones internas que tomemos.

Por esa razón, presidente, le pido a usted que demos por concluido un debate que, repito, era innecesario y estéril y que procedamos, que usted proceda, obviamente, a tener en consideración lo que ya se ha comentado: el artículo 44, numeral 2 del Reglamento, con la finalidad de que se dé trámite a la notificación correspondiente. Muchas gracias, compañeros y compañeras diputados.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Proceda el Secretario a tomar el parecer de la asamblea, en el sentido de si se considera o no suficientemente discutido este asunto.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si este asunto está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Habiendo concluido la discusión de este asunto y de conformidad con el artículo 44, numeral 2 de nuestra Ley Orgánica, se da por enterada esta Mesa Directiva y procede a comunicarlo en consecuencia.

La diputada María Dina Herrera Soto(desde la curul): Pido la palabra, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputada, no le voy a dar más el uso de la palabra, porque no le toca a esta Cámara juzgar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma vigente. Nos atenemos a la ley, porque es finalmente la que rige a éste y a los demás Poderes de la Unión. Muchas gracias.

La diputada Esthela Damián Peralta (desde la curul): Pido la palabra.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Dígame, diputada, ¿para qué objeto quiere hacer uso de la palabra?

La diputada Esthela Damián Peralta(desde la curul): Gracias. Quiero hacer uso de la palabra por un asunto que tenemos en trámite, como Comisión de Vigilancia y que hemos turnado dos documentos ante usted para la comparecencia del titular de Pemex. El tema es Repsol. Quiero compartirle este asunto, porque su servidora se encuentra exactamente en la posición más difícil...

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Perdóneme, diputada. No puedo seguirle concediendo la palabra, porque el orden del día tiene ya una secuencia y estamos dándole al orden del día la secuencia correspondiente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Continúe, señor Secretario.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA UNIDAD DE EVALUACION Y CONTROL DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

El artículo sexto transitorio de la vigente Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, ordena la actualización del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Dicha unidad, tal como establece el artículo 102 de la referida ley, apoya a esta comisión para que cumpla las tareas que le son encomendadas en el citado ordenamiento.

En ese orden de ideas, el 8 de septiembre de 2010, en la sexta sesión ordinaria, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación emitió el acuerdo número CVASF/ LXI/ 010/ 2010, en la que por mayoría de votos de los presentes se aprobó el proyecto del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el cual se puso a consideración del pleno, cuya iniciativa se publicó en la Gaceta Parlamentaria del 19 de octubre de 2010, año XIII, número 3120-II, y con esa fecha se turnó, para su dictamen, a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la cual no ha sido dictaminada.

Por otra parte, con fecha 13 de septiembre de 2011 se celebró la vigésima sesión ordinaria de esta comisión, en la cual se emitió el acuerdo número CVASF/ LXI/ 051/ 2011, a través del cual el pleno de la Comisión de Vigilancia aprobó lo siguiente:

Cuarto. Se aprueba el retiro de la iniciativa del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control previamente aprobado mediante el acuerdo número CVASF/ LXI/ 010/ 2010, en la sesión celebrada el 8 de septiembre de 2010. Para lo cual se deberá emitir el correspondiente oficio dirigido al presidente de la Mesa Directiva de esta soberanía informando de esta decisión.

Por todo lo anterior, y derivado del citado acuerdo CVASF/ LXI/ 051/ 2011 me permito solicitarle atentamente que sea retirada la iniciativa de Reglamento Interior previamente identificada con el acuerdo CVASF/ LXI/ 010/ 2010, del 8 de septiembre de 2010.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada y envío a usted un respetuoso saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a 23 de septiembre de 2011.— Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica), presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Acuerdo número CVASF/ LXI/ 051/ 2011, de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, emitido en la vigésima reunión ordinaria, para proponer la aprobación del proyecto de Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

Los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracciones II y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 39, numeral 1, 40, numeral 4, y 45, numerales 6, inciso g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM); 76, 77, fracción X, 102 y 103 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF); y 66, 67, 77, numeral 2, 80, 167, 168 y 169 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y

Considerando

Primero. En relación con la normatividad citada en el proemio de este acuerdo, la Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracciones II y VI, de la CPEUM, coordina y evalúa, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en los términos que disponga la LFRCF, por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, tal como lo establece el artículo 40, numeral 4, de la LOCGEUM.

Segundo. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para cumplir la atribución mencionada, de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la LFRCF, cuenta con la Unidad de Evaluación y Control (UEC), órgano técnico y especializado de evaluar y vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de la ASF.

Tercero. Con fecha 14 de noviembre de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, previa aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados. Una vez que se cumplieron los procedimientos administrativos correspondientes, fue designado por el propio pleno el titular de la Unidad de Evaluación y Control, y proporcionados los elementos materiales y financieros, entró en funciones el 20 de agosto de 2003.

Cuarto. El 7 de mayo de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de los artículos 74, fracciones IV y VI, 79 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo propósito fundamental es mejorar la calidad del gasto público y fortalecer la fiscalización superior en México.

Quinto. El 29 de mayo de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la LFRCF, la cual entró en vigor a partir del día siguiente. Con motivo de dicha expedición se abrogó la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. El artículo sexto transitorio del citado decreto ordena que la Unidad de Evaluación y Control actualice su Reglamento Interior conforme a lo previsto en la nueva LFRCF.

Sexto. La fracción X del artículo 77 de la LFRCF concede a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación la atribución para proponer al pleno de la Cámara el Reglamento Interior de la UEC.

Séptimo. En la sexta sesión ordinaria de la comisión, celebrada el 8 de septiembre de 2010, por mayoría de votos se emitió el acuerdo número CVASF/ LXI/ 010/ 2010, por el que se aprobó el proyecto de Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, el cual se puso a consideración del pleno de la Cámara de Diputados. Con fecha 19 de octubre de 2010 se publicó en la Gaceta Parlamentaria, año XIII, número 3120-II, la iniciativa del referido reglamento. Y en sesión del pleno del mismo día se sometió a consideración de esta soberanía, que la turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la cual se encuentra en proceso de estudio y discusión, por lo cual aún no ha sido dictaminada.

Octavo. En esta sesión fue puesto a consideración el proyecto de rediseño de la Unidad de Evaluación y Control con la finalidad de eficientar sus funciones y afrontar las nuevas atribuciones consideradas en la LFRCF. El proyecto fue aprobado con la presentación de una nueva redistribución de funciones y especialización de áreas de trabajo. Por ello se requiere que de la misma forma sea reflejado normativamente en un reglamento que sustente legalmente el rediseño aprobado. Por tal motivo, de dictaminarse favorablemente la iniciativa de reglamento identificado en el considerando anterior, la esencia del objetivo del rediseño se vería desvirtuada. Por eso, de ser aprobado el proyecto de reglamento, sería recomendable proponer el retiro de la iniciativa de Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia ya citada, en términos de lo establecido en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados en cuanto al derecho de retiro que tienen los autores de las iniciativas a ejercer hasta antes que ésta sea objeto de dictamen, acontecimiento que a la fecha no ha sucedido. Por ello, esta comisión, en su calidad de autora de la iniciativa del Reglamento Interior de la UEC, que fue remitida a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Practicas Parlamentarias, como ha quedado precisado en el considerando anterior, podrá hacer uso del derecho de retiro y así dar trámite al proyecto que será objeto de discusión y, en su caso, aprobación.

Atentos a lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, una vez que conocieron y discutieron el proyecto de Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control, votaron y adoptaron los siguientes

Acuerdos

Primero. Se aprueba el proyecto de Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, el cual se anexa al presente, para que se someta a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados para los efectos legales conducentes.

Segundo. Durante los siguientes quince días naturales, contados a partir del presente, el titular de la Unidad de Evaluación y Control estará a disposición de los integrantes de esta Comisión de Vigilancia para recibir los comentarios y sugerencias o formular aclaraciones respecto del proyecto de reglamento aquí aprobado y, en su caso, realizará las adecuaciones en él.

Tercero. Transcurrido el plazo citado, expídase oficio, dirigido al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, anexando el proyecto de reglamento, para que se someta a consideración del pleno para el trámite que en derecho corresponde.

Cuarto. Se aprueba el retiro de la iniciativa del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control previamente aprobado mediante el acuerdo número CVASF/ LXI/ 010/ 2010, en la sesión celebrada el 8 de septiembre de 2010, para lo cual se deberá emitir el correspondiente oficio, dirigido al presidente de la Mesa Directiva de esta soberanía informando de esta decisión.

Quinto. Dese continuidad al trámite parlamentario correspondiente del referido reglamento hasta su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2011.

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputados:Esthela Damián Peralta (rúbrica), presidenta; Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (rúbrica), José Francisco Rábago Castillo (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Pablo Escudero Morales (rúbrica), Mario Alberto di Costanzo Armenta (rúbrica), Alejandro Gertz Manero (rúbrica), secretarios; Humberto Lepe Lepe, Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos, Margarita Liborio Arrazola, David Ricardo Sánchez Guevara, Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Luis Enrique Sánchez Mercado (rúbrica), Ovidio Cortazar Ramos, Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se tiene por retirada y actualícense los registros parlamentarios.

CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO GENERAL

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Estimado presidente:

Por este conducto le solicitamos atentamente hacer del conocimiento del honorable pleno de la Cámara de Diputados que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 132, numerales 1 y 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 13, inciso a), del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General, el 21 de septiembre del presente año se celebró la trigésima segunda sesión ordinaria de la comisión bicamaral y se eligió la nueva mesa directiva que conducirá los trabajos del Canal del Congreso a partir del 1 de octubre de 2011, para quedar de la siguiente manera:

Senador Carlos Jiménez Macías (PRI), presidente;

Diputada Leticia Quezada Contreras (PRD), secretaria;

Diputado Sixto Alfonso Zetina Soto (PAN), secretario.

Lo anterior, conforme al acuerdo número CB/LXII131/11, que se anexa al presente.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 23 de septiembre de 2011.— Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica), secretaria de la Comisión Bicamaral.»

«Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 132, numerales 1 y 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 13, inciso a), del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos toma el siguiente acuerdo para la integración de la mesa directiva de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de las siguientes:

Consideraciones

I. Que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la comisión bicamaral estará integrada por tres diputados y tres senadores electos por el pleno de cada Cámara a propuesta de las respectivas Juntas de Coordinación Política.

II. Que los integrantes de la comisión bicamaral fueron designados de conformidad con el pleno de la Cámara de Diputados en sesión del martes 2 de octubre de 2009, y con fundamento en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado por el pleno de la Cámara de Senadores en sesión del jueves 9 de noviembre de 2006.

III. Que los diputados integrantes designados para el desarrollo de los trabajos del Canal del Congreso en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión son José Ricardo López Pescador (PRI), Leticia Quezada Contreras (PRD) y Sixto Alfonso Zetina Soto (PAN); y los senadores nombrados para participar en la conducción del Canal del Congreso en la LX y LXI Legislaturas del Congreso de la Unión son Carlos Jiménez Macías (PRI), Carlos Sotelo García (PRD), con fecha 6 de septiembre de 2011, y Ricardo García Cervantes (PAN).

IV. Que el Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la comisión bicamaral tendrá una mesa directiva integrada por una Presidencia y dos Secretarías, electas de manera directa por los integrantes de ésta; dichas responsabilidades se ejercerán durante 12 meses y serán rotatorias entre los grupos parlamentarios representados en la Comisión alternada entre ambas Cámaras.

V. Que de conformidad con los precedentes existentes en anteriores legislaturas, le corresponde al Partido de la Revolucionario Institucional en el Senado de la República presidir los trabajos de conducción del órgano rector del Canal del Congreso.

Por lo expuesto se emite el siguiente

Acuerdo

Número CB/LXII131/11. Para integrar la mesa directiva de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se designa como presidente al senador Carlos Jiménez Macías, representante del Partido Revolucionario Institucional, a partir del 1 de octubre de 2011.

Como secretarios de la mesa directiva fungirán la diputada Leticia Quezada Contreras, representante del Partido de la Revolución Democrática, y el diputado Sixto Alfonso Zetina Soto, representante del Partido Acción Nacional.

Lo anterior, a fin de ser consecuentes con la pluralidad en la integración de las comisiones y subrayar el carácter bicamaral de esta comisión.

Senado de la República, a 21 de septiembre de 2011.— La Mesa Directiva de la Comisión Bicamaral, senadores: Carlos Jiménez Macías (rúbrica), Ricardo García Cervantes (rúbrica), Carlos Sotelo García;diputados: Leticia Quezada Contreras (rúbrica), José Ricardo López Pescador (rúbrica), Sixto Alfonso Zetina Soto (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De enterado.

DEUDA INTERNA Y EXTERNA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de agosto de 2011.

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de agosto de 2010.

De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para el mes de agosto de 2011.

Adicionalmente, se incluye la información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de agosto del año en curso.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 30 de septiembre de 2011.— José Antonio Meade Kuribreña (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

BANCO DE MEXICO

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Banco de México.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

El artículo 51 de la Ley del Banco de México contiene disposiciones para conciliar la autonomía de la institución central con la necesaria rendición de cuentas sobre su gestión. La fórmula que el Legislativo ha considerado más apropiada para tal fin es la presentación por el Banco Central de informes sobre sus políticas y actividades. El artículo citado señala, en su fracción II, que en septiembre de cada año esta institución central enviará al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión un informe sobre la ejecución de la política monetaria durante el primer semestre del ejercicio de que se trate.

En cumplimiento de lo anterior, y por acuerdo de la Junta de Gobierno de este instituto central, tomado con fundamento en la fracción IX del artículo 46 de la ley que lo rige, Banco de México envía, adjunto a la presente, el Informe sobre la Política Monetaria aplicada durante el primer semestre de dos mil once. En cumplimiento al citado ordenamiento legal, el informe se concentra en las acciones de política monetaria instrumentadas durante dicho semestre. Cabe mencionar que las referidas acciones fueron oportunamente reseñadas en los Informes sobre la Inflación del primero y segundo trimestres del año en curso, los cuales también se anexan a la presente comunicación.

Atentamente

Ciudad de México, DF, a 30 de septiembre de 2011.— Doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

VIOLENCIA CONTRA MUJERES

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo.— Instituto para las Mujeres Zacatecanas.

Diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, vicepresidente;diputada Laura Arizmendi Campos, secretaria de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura.— Presente.

En atención al oficio (D.G.P.l.61-II-3-1776) dirigido al licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, gobernador del estado en el que se transcribe el punto de acuerdo de la Cámara de Diputados, que exhorta a los gobiernos federal, estatales y municipales así como del Distrito Federal a crear, implantar o reforzar las acciones y políticas dirigidas a promover la igualdad entre mujeres y hombres, así como a erradicar la violencia institucional contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se me hizo llegar a través de la secretaria particular del gobernador, por este conducto me permito informarles sobre los avances logrados en la materia desde el Instituto para las Mujeres Zacatecanas:

I. Zacatecas cuenta con su Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres Zacatecanas (26 de diciembre del 2008) y con su Reglamento respectivo; con la Ley para la Igualdad entre las Mujeres y Hombres (24 de mayo del 2008), cuyo Reglamento se pondrá a consideración del sistema estatal correspondiente en la próxima reunión, para enviarlo al Congreso local.

A este respecto, me permito informarle que Zacatecas es una de las entidades federativas que emprendió tempranamente a nivel nacional, la creación, revisión y armonización de sus leyes y demás instrumentos jurídicos, para imponerles la perspectiva de género. Es decir, tenemos un sólido avance en normas secundarias, –armonizadas y con perspectiva de género–, las que garantizan formalmente la igualdad de oportunidades a las mujeres; (si bien es cierto que aún existen algunas iniciativas de reformas en el Congreso del estado pendientes de dictaminar, las que son propuestas de armonización). Todos lo anterior, constituye la red jurídica que garantiza los derechos humanos de las mujeres zacatecanas. Aunque por supuesto, respondiendo a nuestra tradición sexista –nacional y local–, todavía tenemos una larga ruta que recorrer para lograr la igualdad sustantiva entre los géneros.

II. En Zacatecas se elaboraron, y se cuenta ya con Programas Municipales para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, los que precisamente constituyen Planes de Acciones Afirmativas que se orientan a erradicar el fenómeno de la violencia contra las mujeres, desde el nivel municipal. Estos programas parten y se enfocan a abordar y solucionar la situación respecto de la violencia, desde las micro particularidades económicas, sociales y culturales del estado. Estos documentos fueron calificados por Inmujeres como innovadores, puesto que sólo nuestro estado cuenta con Programas de esta índole a nivel municipal y para toda la entidad.

III. El Inmuza también ha implementado una campaña de difusión masiva con cobertura en todo el estado, –a través de los medios masivos de comunicación–, dirigida especialmente a concientizar a la población zacatecana sobre lo que implica el fenómeno de la Violencia contra las Mujeres, y los beneficios que aporta el construir relaciones y dispositivos personales y sociales libres de violencia, y al margen de los tradicionales estereotipos sexistas. (Esta campaña se ejecutará con recursos federales del Programa Paimef-Indesol).

IV. Además, este año el Instituto para las Mujeres Zacatecanas descentralizó y regionalizó las 4 unidades itinerantes que-operan en la entidad para la atención de la violencia contra las mujeres; con ello hemos logrado hacer mucho más cercana, efectiva y continua la atención a las mujeres víctimas de violencia.

Sin otro particular por el momento y esperando haber dado puntual respuesta a la petición elaborada por la honorable LXI Legislatura, le reitero a usted la seguridad de mi atenta consideración.

Atentamente

Zacatecas, Zacatecas, a 26 de septiembre de 2011.— Licenciada Angélica Nañez Rodríguez (rúbrica), directora general del Instituto para las Mujeres Zacatecanas.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Equidad y Género, para su conocimiento.

VIOLENCIA EN NOVIAZGO

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo.— Nuevo León Unido.— Gobierno para Todos.

Diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.— Presente.

Con relación a su oficio número DGPL 61-II-2-1608, expediente 3723LXI, con el punto de acuerdo sobre la violencia en el noviazgo, envío a usted información básica autorizada por el gobernador, licenciado Rodrigo Medina de la Cruz.

Se anexan tres cuartillas.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Monterrey, NL, a 27 de septiembre de 2011.— Licenciada María Elena Chapa H. (rúbrica), presidenta ejecutiva.»

«Gobierno de Nuevo León

Información solicitada: violencia en el noviazgo

Comunicación y difusión

En materia de comunicación social, el gobierno de Nuevo León, a través del Instituto Estatal de las Mujeres (IEM), mantiene una campaña permanente de difusión de los derechos de las mujeres, especialmente el relativo a una vida libre de violencia, entre las que se emplean las siguientes estrategias y plataformas mediáticas:

Televisión

Programa Mujeralia

Producción del programa semanal, de una hora, en televisión Mujeralia, cuyos contenidos están dedicados a difundir, analizar y reflexionar acerca de los temas de la agenda de las mujeres en general, así como sobre la no violencia, la igualdad y la no discriminación. Al aire desde julio de 2004, se transmite los sábados, de las 11:00 a las 12:00 horas, en el Canal 28 de TV Nuevo León.

Videos y spots

Realización de spots de 30 segundos para televisión, por la no violencia y la no discriminación hacia las mujeres. Versiones: Violencia en el noviazgo/Los 5 tipos de violencia (uno por uno)/Las mujeres del cambio/ Retratos/Juguetes, los cuales se transmiten de forma permanente en el Sistema Estatal de Radio y Televisión.

Prensa

Premio Nuevo León al Periodismo por la igualdad de Género 2010

Presea que otorga el IEM a periodistas que aborden con excelencia asuntos de interés público que tengan que ver con la erradicación de la violencia y de la discriminación contra las mujeres. Se otorgó por primera ocasión en 2010, al reportaje sobre la trata de personas, realizado por Daniela Mendoza, del periódico Milenio Diario de Monterrey.

Publicaciones

El IEM cuenta con amplio catálogo editorial, cercano a 40 títulos, buena parte de los cuales está dedicada a estudiar la problemática de la violencia, su prevención y atención.

Disponibles para descarga y consulta en http://www.nl. gob.mx/?P=iem_publicaciones

Revista Violeta

Publicación de la revista trimestral Violeta, por una cultura de la equidad, desde 2004. En ella se abordan los temas siguientes: pobreza femenina; discriminación, educación, participación ciudadana, maltrato infantil; embarazo adolescente; trastornos de la alimentación; igualdad de género, un nuevo modelo de relación; publicidad sexista, la violencia masculina, la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres, trabajo y mujeres; y mujeres indígenas, entre otros. Con un tiro de 5 mil ejemplares cada uno, con distribución a comunidad abierta, sectores público y privado y comunidad estudiantil, su divulgación es permanente en versión electrónica a través del portal web del gobierno del estado, http://wwvl.nl.gob.mx/?P=iem_publicaciones

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Se han impreso y distribuido gratuitamente 8 mil ejemplares de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Nuevo León, y se divulga de manera permanente en versión electrónica a través del sitio web del gobierno del estado.

http//www.nl.gob.mx/?P=iem_publicaciones

Impresos diversos

Cada año se realizan dos campañas con impresos informativos (folletería, carteles y artículos promocionales diversos: postales, tiras cómicas, separadores de libros, abanicos, etcétera), con tiros y distribución masivos en diversas actividades y encuentros masivos, alusivos al Día Internacional de las Mujeres, Día de la Niñez, Día Internacional de la no Violencia contra las Mujeres.

Atentamente

Licenciada María Elena Chapa H. (rúbrica), presidenta ejecutiva.»

«Gobierno de Nuevo León.

Información solicitada: Violencia en el noviazgo.

Talleres impartidos de 2007

La violencia de género en el ámbito escolar, impartido a docentes de la Secretaría de Educación y profesores de preparatoria de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Taller La violencia en el noviazgo, Se imparte en los ámbitos académico y social

Atentamente

Licenciada María Elena Chapa H. (rúbrica), presidenta ejecutiva.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Equidad y Género, para su conocimiento.

ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-5-1750, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Dolores del Río Sánchez, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número UR 120/ UCE/ CECU/ 0461/ 11, suscrito por el licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al programa Escuelas de Tiempo Completo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de septiembre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Carlos Angulo Parra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Remito copia de la respuesta emitida por la Subsecretaría de Educación Básica de esta secretaría al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la sesión celebrada el 28 de abril de 2011, relacionado con la población escolar que ha beneficiado el programa Escuelas de Tiempo Completo.

Atentamente

México, DF, a 27 de septiembre de 2011.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva.— Presente.

En respuesta de su oficio número UR 120 UCE/ CECU/ 0250/ 11, referencia 0153, de fecha 4 de mayo de 2011; y del número SEL/ UEL/ 311/ 1263/ 11, mediante los cuales se nos informa que la Unidad de Enlace Legislativo de la Segob hace del conocimiento de la Secretaría de Educación Pública el punto de acuerdo, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del 27 de abril de 2011, en el que se solicita: “Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar cuál ha sido la población escolar que ha beneficiado el programa Escuelas de Tiempo Completo durante los ciclos escolares en que se haya aplicado. Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar en cuántos casos el sistema automático de inscripción y distribución ha asignado una escuela distinta de la de tiempo completo que han solicitado los padres o tutores de la menor o el menor. Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar del avance que han tenido en las entidades federativas con mayor demanda de las escuelas de tiempo completo. Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar de conformidad con el sistema automático de inscripción y distribución cuántas solicitudes de preinscripción tiene registradas para el ciclo escolar 2010-2011 en las escuelas de tiempo completo”, me permito poner a su consideración lo siguiente:

Por lo que se refiere a los exhortos primero y tercero del citado punto de acuerdo, en archivo anexo me permito compartir tablas con información correspondiente a la atención de alumnos y escuelas a escala nacional, así como el detalle por entidad federativa.

Para atender los exhortos segundo y cuarto, relativos a información que se deriva del sistema anticipado de inscripción y distribución (SAID), operado de manera directa en las entidades federativas, me permito poner a su consideración el proyecto de oficio que se anexa, en el cual se solicita la colaboración de las secretarías y de los institutos de educación estatales para que sus áreas de planeación y control escolar aporten los datos solicitados sobre los registros de preinscripción en las escuelas de tiempo completo. Cabe mencionar que la Coordinación Nacional del PETC ha solicitado esta información a las coordinaciones estatales del programa desde febrero pasado, pero a la fecha no hemos logrado integrar la información nacional, por lo que consideramos conveniente hacer la solicitud de manera oficial a los secretarios de Educación de las entidades federativas.

Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de septiembre de 2011.— Marcela Ramírez Jordán (rúbrica), coordinadora nacional de los programas Escuelas de Tiempo Completo y Escuela Siempre Abierta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Anexo

Maestro Francisco Javier Chávez Rangel, director general del Instituto de Educación en el Estado de Aguascalientes.

En el marco de las acciones que de manera coordinada rea-lizamos para el fortalecimiento del programa Escuelas de Tiempo Completo, y teniendo presente que la operación de las escuelas de educación básica y los procesos que les son inherentes están en el ámbito de competencia de las entidades federativas, me permito solicitar su colaboración para contar con la información que aportan el SAID o el sistema que opere a escala estatal para el registro de los procesos de preinscripción e inscripción de alumnos de educación básica a las escuelas de tiempo completo (ETC).

Lo anterior tiene el propósito de conocer, sistematizar y analizar el efecto que tienen las ETC en la demanda de inscripción de alumnos en escuelas públicas de educación preescolar, primaria y secundaria.

En particular, requerimos la siguiente información:

1. Número de alumnos que el SAID o el sistema estatal reporta con solicitud de preinscripción en las ETC de la entidad en los ciclos escolares 2010-2011 y 2011-2012.

2. Número de alumnos a los que, habiendo sido preinscritos en una ETC en el ciclo escolar 2010-2011, se asignó una escuela distinta de la de tiempo completo solicitada por los padres o tutores en ambos ciclos escolares.

Cualquier duda o aclaración relacionada con ese asunto será atendida por la maestra Marcela Ramírez Jordán, coordinadora nacional de los Programas Escuelas de Tiempo Completo y Escuela Siempre Abierta, al teléfono (55) 3601 1000, extensión 23891, o a la dirección electrónica mramirezj@sep.gob.mx

Agradezco su valioso apoyo y me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Juan Martín Martínez Becerra (rúbrica), Director General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

TELEFONIA MOVIL

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-1-1376, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cora Cecilia Pinedo Alonso, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1 00.2011.DGE. 768 suscrito por el ciudadano Rodrigo Ortega Cajigas, director general de Enlace de la Secretaría de Economía, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo relativo a los proveedores de telefonía móvil digital.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de septiembre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Carlos Angulo Parra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente

En atención al oficio SEL/UEL/311/869/11, del 24 de marzo del año en curso, mediante el cual se comunicó el acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por el que exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y de la Procuraduría Federal del Consumidor que realicen las acciones necesarias para que los proveedores de telefonía móvil digital atiendan y solucionen el caso de comunidades rurales del país, conminándolos a prestar los servicios sobre las bases y calidad contratadas por los usuarios de telefonía digital. Me permito enviar la opinión emitida por parte la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco):

La Subprocuraduría de Servicios de la Profeco atiende a los consumidores de bienes, productos o servicios cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados por las empresas; proporciona asesoría e información, recibe quejas e inicia los procedimientos conciliatorios conducentes. Los medios instrumentados son:

1. Teléfono del Consumidor: brinda asesoría e información telefónica de lunes a viernes de 9 a 19 horas, sábados, domingos y días festivos de 10 a 18 horas. Los números son 5568-8722 para el Distrito Federal y zona metropolitana, y 01800 4688722, lada sin costo, desde el interior de la República.

2. Teléfono del consumidor en línea: brinda asesoría e información vía chat, correo electrónico o voz IP de lunes a viernes de 9 a 19 horas; sábados, domingos y días festivos de 10 a 18 horas.

3. Quejas y procedimientos conciliatorios: las quejas pueden ser presentadas de forma personal o escrita en las Delegaciones y Subdelegaciones de la Profeco en toda la República. Mediante los procedimientos conciliatorios se busca la mejor situación a la reclamación de los consumidores, en conjunto con el proveedor, dentro de audiencias de conciliación personales.

4. Como excepción, para el caso de quejas contra Telcel se ofrece el servicio de presentación de quejas y audiencias de conciliación vía electrónica, a través del módulo virtual Concilianet http://concilianet.profeco. gob.mx

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 27 de septiembre de 2011.— Rodrigo Ortega Cajigas (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Profeco.

Bruno Noé Vite Ángeles, coordinador ejecutivo de la Subprocuraduría Jurídica.— Presente.

Hago referencia al volante de control de gestión de la oficina del ciudadano procurador 1001100285, relacionado con el punto de acuerdo en que se comunica el “exhorto a los titulares de la SCT, de la Cofetel y de Proteco para que realicen las acciones necesarias para que los proveedores de telefonía móvil digital, atiendan y solucionen el caso de comunidades rurales del país, conminándolos a prestar los servicios sobre las bases y calidad contratadas por los usuarios de telefonía digital”.

Al respecto, le informo que esta Subprocuraduría de Servicios atiende a los consumidores de bienes, productos o servicios cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados por las empresas, proporcionando asesoría e información, recibiendo quejas e iniciando los procedimientos conciliatorios, conducentes. Los medios de atención que se tienen instrumentados son:

1. Teléfono del Consumidor: que brinda asesoría e información telefónica en un horario de lunes a viernes de 9 a 19 horas, sábados, domingos y días festivos de 10 a 18 horas Los números son 55688722 para el Distrito Federal y zona metropolitana, y 01 800 4688722, lada sin costo desde el interior de la República.

2. Teléfono del Consumidor en línea: brinda asesoría e información vía chat, correo electrónico o voz IP en un horario de lunes a viernes de 9 a 1 9 horas, sábados, domingos y días festivos de 10 a 18 horas.

3. Quejas y procedimientos conciliatorios: las quejas pueden ser presentadas de forma personal o escrita en las delegaciones y subdelegaciones de la Profeco en toda la República; mediante los procedimientos conciliatorios se busca que los consumidores encuentren la mejor solución a su reclamación conjuntamente con el proveedor, dentro de audiencias de conciliación personales.

4. Como excepción, para el caso de quejas contra Telcel se ofrece el servicio de presentación de quejas y audiencias de conciliación vía electrónica a través del módulo virtual Concilianet http://concilianet. proteco.gob.mx

Finalmente, me permito informarle que la situación de inconformidad por el desuso de la tecnología digital y la migración a nuevas tecnologías, no es competencia de esta Procuraduría Federal del Consumidor.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de abril de 2011.— Martha Carrillo Alduenda (rúbrica), coordinadora ejecutiva de la Subprocuraduría de Servicios.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento.

SITIOS HISTORICOS Y SAGRADOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.61-II-9-3709, signado por los diputados Emilio Chuayffet Chemor y Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número I.110/14208/2011, suscrito por el licenciado Alberto Pérez Gasca, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las concesiones otorgadas para la exploración y explotación de recursos mineros en terrenos donde se localizan lugares sagrados, centros ceremoniales y sitios históricos de los pueblos indígenas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 28 de septiembre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de la Reforma Agraria.

Licenciado Carlos Angulo Parra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo en la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a su oficio SEL/UEL/311/3395/11 del 3 de los corrientes, por medio del cual hace del conocimiento de esta Jefatura de Unidad de Asuntos Jurídicos, que mediante oficio D.G.P. l.61-II-9-3709, los diputados Emilio Chuayffet Chemor y Cara Cecilia Pinedo Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunicaron a esa secretaría el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el día 22 del actual, el cual textualmente reza:

“ Único.- La Cámara de Diputados exhorta al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa para que instruya a los titulares de las Secretarías... de Reforma Agraria,... para que revisen todas aquellas concesiones otorgadas para la exploración y explotación de recursos mineros en terrenos donde se localizan lugares sagrados, centros ceremoniales y sitios históricos de los pueblos indígenas.”

Al efecto, le comento que, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta secretaría de Estado no emite ni otorga concesiones para la exploración y explotación de recursos mineros en terrenos donde se localizan lugares sagrados, centros ceremoniales y sitios históricos de los pueblos indígenas. En consecuencia esta secretaría de Estado no interviene en la integración de los expedientes que se instauren con motivo de las solicitudes que se realizan para que se otorgue este tipo de concesiones e inclusive, ni siquiera emite opinión alguna.

Por lo anterior, la Secretaría de Reforma Agraria está impedida para atender el exhorto de mérito.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 26 de septiembre de 2011.— Licenciado Alberto Pérez Gasca (rúbrica), jefe de Unidad de Asuntos Jurídicos.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Asuntos Indígenas, para su conocimiento.

PETROLEOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número100.UVEE.093/2011, el licenciado Luis Eduardo Lara Gutiérrez, jefe de la Unidad de Vinculación y Enlace Energético de la Secretaría de Energía, remite los indicadores operativos y financieros de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios correspondientes al primer semestre de 2011.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, envío para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de sus anexos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 28 de septiembre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Maestro Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

De conformidad con lo establecido en el artículo noveno transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, me permito enviarle los indicadores operativos y financieros de Petróleos Mexicanos, correspondientes al primer semestre de 2011, entregados por Pemex el 3 de agosto de 2011 a esta dependencia, en medio físico y digital.

Lo anterior con el objeto de que, por su amable conducto, se haga llegar dicha información al honorable Congreso de  la Unión y cumplir así con la mencionada disposición.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 20 de septiembre de 2011.— Licenciado Luis Eduardo Lara Gutiérrez (rúbrica), jefe de la Unidad de Vinculación y Enlace Energético.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DGPPCIN/2356/2011, la doctora Érika Santoyo Morales, directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, remite el cuadro relativo a las sanciones laborales, que fue omitido en la impresión del quinto Informe de Labores, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, de esa dependencia.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, envío para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 28 de septiembre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Maestro Carlos Fernando Angulo Parra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Con el gusto de saludarle, me permito informarle que la Procuraduría General de la República, en cumplimiento a las disposiciones legales en materia de planeación, transparencia, acceso a la información pública gubernamental y rendición de cuentas, presentó en este mes su quinto Informe de Labores, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011. Dicho informe fue remitido por su conducto, al Congreso Unión, para dar cumplimiento al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No obstante, hemos detectado una omisión en la impresión del mismo, referida al cuadro relativo a las sanciones laborales aplicadas por la Procuraduría General de la República, contenido en la página 160 de dicho Informe. Como podrá observar más adelante, se omitió una porción de la tabla que compone el total de sanciones, por lo que podría generarse una confusión. El total de sanciones es correcto.

Por tal motivo, con fundamento en el artículo 68, fracciones I y VIII del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, le solicito su amable intervención para comunicar en apego a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, la corrección que a continuación se señala a las instancias del Congreso de la Unión que estime pertinentes, con la atenta petición de que se haga también del conocimiento de las comisiones que, por su materia, podrían estar interesadas en ésta.

Dice:

• En materia jurídica laboral se han ejecutado, de septiembre de 2009 a junio de 2011, las siguientes sanciones:

Debe decir:

• En materia jurídica laboral se han ejecutado, de septiembre de 2009 a junio de 2011, las siguientes sanciones:

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de septiembre de 2011.— Doctora Érika Santoyo Morales (rúbrica), directora general.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De enterado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Distribúyase a las diputadas y diputados.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos por el que se desecha el proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y adiciona uno tercero al artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto en la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

México, DF, a 29 de septiembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos por el que se desecha el proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 50 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto en la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

México, DF, a 29 de septiembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos y de Seguridad Pública. Comuníquese.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2012

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó propuesta con puntos de acuerdo para destinar los recursos necesarios a fin de constituir un fondo de urgencia que salve el campo duranguense.

La Presidencia dispuso que dichos puntos de acuerdo, que se anexan, se turnaran a la Comisión de Protección Civil, los dos primeros resolutivos; y a la Cámara de Diputados, el tercero.

Atentamente

México, DF, a 29 de septiembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados destine los recursos necesarios a fin de constituir un fondo de emergencia para salvar el campo duranguense

Proposición que presenta el senador Alejandro González Yáñez, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que contiene puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 se considere destinar los recursos necesarios para constituir un fondo de urgencia que salve el campo duranguense.

Consideraciones

La situación económica de México es preocupante porque estamos enfrentando una crisis general y, también, una que el sector rural arrastra desde hace décadas.

Las políticas neoliberales de los últimos años han traído pobreza y desesperanza para los productores agrícolas y los campesinos mexicanos.

A la fecha se consideran en poco más de 52 millones los pobres en el país. Además, se calculan en alrededor de 12 millones los mexicanos migrantes en Estados Unidos, quienes buscan en su mayoría un empleo que les permita resarcir la marcada condición de marginalidad traída desde sus estados de origen.

Por si fuera poco, esta crisis en el medio rural se agrava y potencia con la sequía que se padece en diversas regiones del país.

Durango no es ajeno a la aguda sequía que azota al país.

Actualmente, Durango sufre en particular la sequía en la agricultura de temporal, que representa 79 por ciento de la superficie cosechable. La entidad se encuentra en una crisis rural y alimentaria en condiciones deplorables, aun peor de la que se vislumbra en todo el país.

Debemos decir que esta crisis no se refleja sólo en sequía sino también exhibe la pobreza y las enormes desigualdades existentes en el campo, todas ellas causadas por el pésimo modelo económico y de desarrollo de al menos tres décadas atrás.

Otra situación lamentable es la referente al esquema en cuanto a la vulnerabilidad alimenticia de los mexicanos, que se agudiza en Durango, donde se supera el promedio nacional, con 22 por ciento de la población en condiciones de pobreza alimentaria, lo que totaliza 340 mil durangueses a quienes no alcanza para hacer ni uno de los tres alimentos diarios.

El Estado mexicano persiste en la idea de seguir combatiendo la violencia con balas y no con proyectos que en definitiva logren rescatar los faltantes más graves de una política social que tiene en el abandono tanto a los duranguenses como a los mexicanos en general.

De esta forma, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo no cejamos en el esfuerzo de lograr una reconstrucción del medio rural, donde se revalore el papel de los pequeños agricultores, que propicie la asociación entre productores y la producción regional, así como canalizar las transferencias hacia programas productivos y dar mejor orientación a las políticas públicas hacia la inclusión social.

De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo, 21 por ciento del territorio agrícola es de riego; y el restante 79 por ciento, de temporal. No obstante, se calcula que apenas 15 por ciento de las unidades de producción utiliza el sistema de riego tecnificado, mientras que el restante está prácticamente en el olvido.

El año pasado, en Durango la producción agrícola fue de alrededor de 5 mil millones de pesos; y la ganadera, de casi 15 mil millones.

Si hacemos una estimación conservadora, donde apenas se alcanzara a rescatar 25 por ciento de la producción, podemos suponer que las pérdidas alcanzarán 15 mil millones de pesos, cifra que pone a los productores agrícolas en una situación desesperante y que tiene que ser atendida de manera urgente y prioritaria.

Asimismo, se presentan ya problemas de desabasto de alimentos, por lo que ciertas poblaciones del estado no tienen garantizado el abasto suficiente de productos alimenticios de primera necesidad y ello puede desatar un problema de hambruna. Urge tomar medidas para evitar que los pobladores pasen hambre.

La falta de agua ha provocado también problemas de salud, como deshidratación y males estomacales.

Compañeras y compañeros legisladores: es imprescindible tomar medidas urgentes para rescatar el campo de Durango; apelamos a su compromiso y responsabilidad a fin de promover un fondo de urgencia para rescatar al campo duranguense.

Las urgencias económica y alimentaria por las que atraviesa Durango requieren el apoyo decidido de los legisladores federales, del gobierno del estado y, por supuesto, del gobierno federal.

El objetivo de la proposición con puntos de acuerdo que estamos sometiendo a consideración de esta soberanía tiene que ver con que se haga un compromiso de destinar recursos al fondo de urgencia para salvar el campo duranguense.

Requerimos que con los recursos que se aprueben para dicho fondo puedan implantarse las siguientes acciones:

• Recursos para recuperar las cosechas que se han perdido;

• Recursos para recuperar las cabezas de ganado que se han perdido;

• Un programa de empleo temporal productivo, encaminado a generar empleos en el campo duranguense;

• Un programa urgente de alimentación para las comunidades que han sufrido desabasto de alimentos;

• La plantación a gran escala de árboles frutales;

• La construcción y rehabilitación de los bordos comunitarios; y

• La implantación de miniinvernaderos.

Por las consideraciones expuestas, sometemos a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno de Durango a llevar a cabo en el marco de sus atribuciones el registro de productores afectados por la sequía y se integre la documentación requerida para que reciban apoyos del Fondo de Desastres Naturales.

Segundo. Se exhorta al gobierno federal a emitir por la Secretaría de Gobernación y Protección Civil la declaratoria de emergencia y zona de desastre en el sector agrícola de Durango por la intensa sequía que ha azotado a dicha entidad federativa.

Tercero. Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a destinar los recursos necesarios a fin de implantar el fondo de urgencia para salvar el campo duranguense.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 29 de septiembre de 2011.— Senador Alejandro González Yáñez (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a asignar a la Comisión Nacional del Agua, dirección local en Colima, la cantidad de 7 millones de pesos, destinados para la realizar el estudio de factibilidad técnica económica para la construcción de la presa de almacenamiento “La Fundición”, así como para la elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción de la presa “Armería”, en el municipio de Armería, Colima.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de septiembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.— Presente.

La que suscribe, senadora Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o., numeral 1, fracción II, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2012, se asigne a la Comisión Nacional del Agua, dirección local en Colima, la cantidad de 7 millones de pesos, destinados para la realizar el estudio de factibilidad técnica económica para la construcción de la presa de almacenamiento “La Fundición”, así como, para la elaboración el proyecto ejecutivo para la construcción de la presa “Armería”, en el municipio de Armería, Colima, al tenor de los siguientes;

Consideraciones

La falta de agua potable es una necesidad básica para la sobrevivencia de la humanidad, por ello es de mencionar lo que la UNICEF, reporta que e una de las principales causas de  muerte  en el mundo, es la escasez de agua.

En este sentido, han existido diversas consideraciones de que este vital líquido debe ser un bien de derecho humano, por tal rezón México debe de fomentar e impulsar todas las políticas que sean necesarias para abastecer a todas las regiones de nuestro país, de este vital líquido.

En colima, como muchas regiones del país se carece de este vital líquido, por lo que es necesario potencializar y crear los medios para su abastecimiento en todas las poblaciones., en particular  en el municipio de Armería, que se encuentra ubicado geográficamente a 55 kilómetros de la capital del estado, la cabecera municipal limita al sur con el Océano Pacífico, al poniente con el municipio de Manzanillo, al norte con Coquimatlán y al oriente con su límite natural, el río Armería. Este municipio y el municipio de Tecomán es el de más reciente creación en la entidad que data del año 1967.

Como hidrología, este municipio tiene el río Armería siendo un río costero, con una superficie en Colima de mil 835.795 kilómetros cuadrados, conocido como San Pedro antes de penetrar en el estado, recorre un trayecto de 294 kilómetros desde su nacimiento hasta su desembocadura en Boca de Pascuales, siendo la principal fuente de abastecimiento acuífera y sus principales canales de riego se denominan: Periquillos, La Cañita, Independencia y Cuyutlán. Adicionalmente, no obstante el municipio cuenta con dos cuencas hidrológicas que le permiten contar con suficiente agua durante todo el año, la primera de ellas se denomina Armería que cubre el 73.7 por ciento de la superficie; el resto es ocupada por la cuenca Chacala-Purificación.

Sin embargo, Armería no cuenta con la infraestructura de abastecimiento para el consumo de agua potable en todas sus colonias ni tampoco con las reservas de riego en tiempo de estíos. Por otro lado es de destacar que la población está dedicada fundamentalmente a la agricultura, lo que hace prioritaria la necesidad de proveer el adecuado abastecimiento y aprovechamiento del agua. Por ello es necesario, necesario llevar a cabo la construcción de dos presas, La Derivadora de Armería y La Fundición, en aras de seguir consolidando el proceso de desarrollo y progreso para dicho municipio y su contribución productiva al estado de Colima.

De esta manera, es necesario considerar los recursos para construir la presa La Derivadora, con fines de riego, ya que se trata de agua rodada del río, aprovechando esta gran posibilidad del recurso líquido para el riego de una superficie de poco más de 2 mil 600 hectáreas, con un beneficio directo e inmediato de más a 300 familias, evitando con esto al menos un gasto anual de 200 mil pesos, que es el costo de la remoción de tierra en la presa que de manera artesanal se hace actualmente.

El contar con agua para riego de manera constante representa sin duda una inversión sustentable, pues si bien es cierto que el río cuenta con agua a lo largo del año, la precipitación pluvial es limitada; por otra parte el beneficio a la agricultura, particularmente al cultivo de limón, coco y plátano, sin dejar de mencionar que también se podrá beneficiar al rubro de la ganadería gracias a la irrigación de las praderas, es fundamental para el progreso del municipio, así como del propio estado de Colima.

Al mismo tiempo, respecto al agua de lluvia, está se pierde en el mar, por lo que considerando las condiciones geográficas de la zona del ejido Augusto Gómez Villanueva (antes Coalatilla) se encuentran que la zona de La Fundición, puede y debe aprovecharse el desnivel natural que oscila entre los 400 y 600 metros, lo que permitiría la construcción de una presa para agua potable.

Con esto se beneficiaría una zona de impacto poblacional  de cerca de 23 mil habitantes, en un área aprovechable de alrededor de 20 mil hectáreas con sistemas de riego presurizado, en el primero más grande de Colima y  el segundo ejido más grande del país, como lo es Cofradía de Juárez, lo que incluye un beneficio directo para las comunidades de Coalatilla, Periquillos, Cuyutlán, La Atravesada, Independencia y la propia cabecera municipal.

Se evitarían el bombeado de agua potable a base de energía eléctrica de pozos que en estiaje se agotan, a razón de 400 mil pesos mensuales, lo que representa un ahorro de aproximadamente 4 millones de pesos anuales, aprovechando al máximo las características naturales de La Fundición que permitiría, en este caso, el rodamiento de agua por gravedad y no bombeada, lo que justifica la la construcción de la presa La Fundición.

Finalmente, atendiendo que México se ha pronunciado a favor de los derechos humanos, tiene como deber impulsar todos los proyectos de construcción para se resuelva la escasez de agua potable, que como hemos mencionado es derecho y el estado debe garantizarlo.

Por ello solicito a la colegisladora, se sirva considerar el asignar recursos para realizar el estudio de factibilidad técnica económica para la construcción de la presa de almacenamiento La Fundición y para la elaboración del Proyecto Ejecutivo para la construcción de la presa La Derivadora “Armería”, que beneficiará la a calidad de vida digna de los colimenses.

Por lo expuesto solcito los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2012, se asigne a la Comisión Nacional del Agua, dirección local en Colima, la cantidad de 4 millones de pesos, destinados para realizar el estudio de factibilidad técnica económica para la construcción de la presa de almacenamiento “La Fundición”, en el municipio de Armería, Colima.

Segundo: Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2012, se asigne a la Comisión Nacional del Agua, dirección local en Colima, la cantidad de 3 millones de pesos, destinados para elaborar el proyecto ejecutivo para la construcción de la presa “Armería”, en el municipio de Armería, Colima.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a veintinueve días del mes de septiembre de 2011.— Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a asignar a la Comisión Nacional del Agua, dirección local en Colima, la cantidad de 5 millones de pesos, destinados para la elaboración del estudio integral de escurrimientos y estructuras necesarias para el control y desalojo de las aguas en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de septiembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«La que suscribe, senadora Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o., numeral 1, fracción II, 276; y 277 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal de 2012, se asigne a la Comisión Nacional del Agua, dirección local en Colima, la cantidad de 5 millones de pesos, destinados para la elaboración del estudio integral de escurrimientos y estructuras necesarias para el control y desalojo de las aguas en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, al tenor de los siguientes

Considerandos

La República Mexicana, debido a su ubicación geográfica, se encuentra en una zona propicia de ciclones tanto en los litorales del océano Pacifico como del Atlántico. Así, entre mayo y noviembre de cada año se presentan, por lo menos, 25 ciclones, de los cuales 15 ocurren en el océano Pacifico y 10 en el Atlántico; de los primeros, 4 inciden en el puerto de Manzanillo, afectando principalmente a los asentamientos humanos y convirtiéndose en una alerta para que se implementen nuevas plataformas de  urbanización.

Se recuerda que este municipio sufrió los más grandes estragos con el huracán Lynda, en octubre de 1959. Posteriormente, los acontecimientos suscitados en 1999 a consecuencia del huracán Greg, en el que se inundaron diferentes áreas del puerto de Manzanillo, siendo la más afectada la zona más grande conocida como “Valle de las Garzas”, además de Salagua y Santiago, pues el agua llegó a 1 metro de altura en la mayoría de las casas y todo esto por la intensa precipitación pluvial, las lluvias atípicas y la deficiencia en el sistema de drenaje.

Lo mismo sucedió en septiembre de 2006, con el huracán Lane, que nuevamente  afectó a los habitantes de este municipio, especialmente a las comunidades de Salagua y Barrios IV y V del Valle de la Garzas, lo que implicó una vulnerabilidad potencial de sus vidas y posesiones de tal suerte que muchos perdieron más de 30 por ciento de sus patrimonios.

Finalmente, en el mes de agosto pasado, se reportó nuevamente una intensa tormenta, que provocó inundaciones en colonias y afectó a las vialidades de tránsito vehicular, por lo que nuevamente hubo pérdidas materiales para muchas personas y automovilistas que se encontraban en el bulevar Miguel de la Madrid.

Antes estos hechos, es indudable que el municipio de Manzanillo, requiere sin dilaciones del impulso de proyectos que favorezcan la construcción de la  infraestructura de control fluvial y pluvial, con el fin de proteger las áreas productivas y habitacionales a través de estructuras de control y desalojo de aguas, que eviten desbordamientos e inundaciones provocadas en su mayoría por el paso de ciclones, pero también por una mala planificación urbana y de alcantarillado, que  ese mes por el desbordamiento del arroyo La Tigra y el canal pluvial del Barrio V, estuvo a punto de  haber afectado a más de 10 mil familias.

Es por ello que se considera necesaria, la realización de Estudios Integrales contra Inundaciones en el Puerto de Manzanillo, que eviten escurrimientos y favorezcan el desalojo de las aguas que se concentran hacia el distribuidor vial del Pez Vela y el bulevar Miguel de Madrid. Si bien la dirección local de la Conagua en Colima está realizando diversos estudios, se requiere de más de ellos para el mejoramiento del cauce del arroyo de Jalipa o Rancho Viejo, así como para la terminación del proyecto ejecutivo del encauzamiento y construcción  de un tramo faltante del arroyo La Tigra, como sigue:

• Proyecto ejecutivo para construir el cauce del arroyo La Tigra en su tramo faltante, adecuando sus estructuras conforme a las aportaciones hidráulicas,

• Proyecto ejecutivo para ampliar las bocas de tormenta, adecuando las alcantarillas para desfogar hasta la laguna de Tapeixtles.

• Proyecto ejecutivo para el mejoramiento hidráulico del arroyo Rancho Viejo o Jalipa, que incluya la protección marginal y revestimiento de la sección en un tramo aproximadamente de 2 kilómetros.

• Proyecto ejecutivo para ampliar la alcantarilla que cruza con la vía del ferrocarril.

Además, con ello se impulsaría y consolidaría la infraestructura de la ciudad y del puerto de Manzanillo, como parte del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, cuyo objetivo principal es la modernización de la infraestructura carretera, aeroportuaria, portuaria, energética e hidráulica del país, cuidando en todo momento la sustentabilidad ambiental y mejorando el desarrollo social de los mexicanos.

De tal manera, solicito muy atentamente, por la vía de este punto de acuerdo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que se sirva considerar el asignar recursos para el desarrollo de un estudio integral de escurrimientos y estructuras necesarias para el control y desalojo de las aguas en la ciudad y puerto de Manzanillo, que contribuirán al crecimiento sustentado y sostenible del estado de Colima en general, a la par que permitirá la protección y mantenimiento de una calidad de vida digna de los habitantes de la región.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal de 2012, se asigne a la Comisión Nacional del Agua, dirección local, en Colima, la cantidad de 5 millones de pesos, destinados para la elaboración del estudio integral de escurrimientos y estructuras necesarias para el control y desalojo de las aguas en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 29 de septiembre de 2011.— Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a asignar mayores recursos presupuestales a la Universidad Autónoma Metropolitana.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de septiembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, Francisco Javier Castellón Fonseca, senador de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la honorable Cámara de Diputados a que en el proceso de examen, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 se asignen mayores recursos a la Universidad Autónoma Metropolitana , al tenor de las siguientes

Consideraciones

La educación superior es un ámbito de desarrollo y crecimiento para el ser humano, en el cual se forma profesionalmente. Quienes hemos tenido la oportunidad de realizar estudios de nivel superior conocemos las oportunidades que ello nos brinda, pero también sabemos del compromiso social que tener este nivel de estudios nos exige.

De acuerdo con datos del V Informe de Gobierno, la cobertura en educación superior creció poco más del 5% en los últimos cinco años; sin embargo, solamente 3 de cada 10 mexicanos tiene un lugar en este nivel educativo.

De 2006 a 2011, le cobertura en educación superior pasó de 25.2% a 30.9%. Por su parte, y durante el mismo periodo, la cobertura en el nivel medio superior, es decir, preparatoria o bachillerato, creció de 58.6% a 66.7%; mientras que la de secundaria pasó de 91.8% a 95.9%.

Sin demeritar el crecimiento en la cobertura en la educación superior, ésta sigue siendo insuficiente, pues la imposibilidad de ofrecer un lugar para que los jóvenes mexicanos sigan sus estudios de nivel superior, ha provocado un lamentable abandono hacia este sector tan importantes de la población, induciendo a muchos de ellos a refugiarse en actividades ilícitas o a enrolarse en las filas de bandas criminales que les ofrecen salidas rápidas y fáciles, trayendo como consecuencia un ambiente cada vez más inseguro y violento.

A nivel mundial, en este rubro nos estamos rezagando como país, pues estamos muy lejos de Finlandia, Estados Unidos y Corea, donde la cobertura en educación superior llega al 94, 83 y 82%, respectivamente. Por su parte, en nuestro continente estamos muy por debajo de Argentina y Chile, que presentan una cobertura de 60 y 50%.

En el ciclo escolar 2010-2011, los estados que presentaron los niveles más altos en cuanto a cobertura de educación a nivel superior fueron, el Distrito Federal (58.9%), Nuevo León (39.6%) y Nayarit (38.9%). Del lado contrario, encontramos a estados como Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, que tienen los niveles de cobertura más bajo, 18.5, 18.2 y 16.8%, respectivamente.

A pesar de ser el Distrito Federal el primer lugar en cuanto a cobertura en educación superior, año con año enfrenta severos problemas debido a la falta de cupo y al alto número de estudiantes que son rechazados por las Instituciones de Educación Superior de la capital del país.

Derivado de ello, desde hace algunos años en el Distrito Federal, miles de estudiantes “rechazados” salen a las calles para exigir un lugar en alguna de las Universidades públicas. Ejemplo de ello fue que a finales de julio y principios de agosto de este año, miles de jóvenes protestaron al no obtener su acceso a las tres principales universidades públicas del DF, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Después de las protestas y de varias negociaciones entre el Movimiento de Estudiantes Excluidos de la Educación Superior (MAES) con autoridades de la Secretaría de Educación Pública y representantes de la UNAM, el IPN y la UAM, se firmó un acuerdo por el cual la UNAM abriría 1,400 lugares en su Sistema de Universidad Abierta (SUA), y por el que además, la misma Universidad y el Politécnico otorgarían 1,200 becas a los jóvenes inconformes para que cursaran dos semestres en escuelas privadas. La UAM, por su parte, se comprometió a llevar al máximo su capacidad en este ciclo escolar.

Debemos reconocer las enormes aportaciones que la UNAM, la UAM y el IPN han dado a esta ciudad y al país entero, pues estas tres instituciones educativas forman a más de 300 mil jóvenes a nivel superior. La UNAM cuenta con 172,444 alumnos en licenciatura; el Politécnico con 92,589, y la UAM tiene 40,712 alumnos en dicho nivel. Sin embargo, muchos jóvenes son rechazados. En este sentido, la UNAM rechaza al 90% de sus aspirantes, mientras que la Metropolitana al 83.58%.

Ante esta problemática, las instituciones educativas han establecido la estrategia de crecer fuera del Distrito Federal. Fue así que el IPN instauró en 2008 su primer campus fuera del DF, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería en Silao, Guanajuato. Por su parte, en marzo de 2011, el Consejo Universitario de la UNAM aprobó la creación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) en León, Guanajuato, la cual atenderá a 15 mil estudiantes.

En cuanto a la UAM, actualmente está trabajando para consolidar dos nuevas Unidades: Cuajimalpa y Lerma. Esta última ubicada en el estado de México, el más poblado del país y el que cuenta con una de las más bajas coberturas de educación superior, sólo el 22.8%.

La Universidad Autónoma Metropolitana es una de las universidades más importantes a nivel nacional. El 75.6% de su matrícula de licenciatura está inscrita en programas de calidad, en el caso del posgrado esta cifra alcanza el 87%. Cuenta con 2 mil 575 profesores de tiempo completo, de los cuales el 83.5% de ellos tiene estudios de posgrado y el 32.8% es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

En 2010 los profesores de la UAM presentaron casi 8 mil trabajos en eventos especializados, 1,447 reportes de investigación o técnicos, y publicaron 145 libros y 4,004 artículos especializados de investigación.

La calidad y estructura flexible de la UAM, que consiste en el establecimiento de unidades universitarias dotadas –por ley– de desconcentración funcional y administrativa, la ubican como una opción privilegiada para atender la creciente demanda de educación superior en el país y para coadyuvar a atender las inequidades existentes en la cobertura educativa (artículo 21 de la Ley Orgánica de la UAM).

Durante el Ejercicio Fiscal de 2009, la Casa Abierta al Tiempo (lema de origen náhuatl que siempre acompaña al logo de la universidad) contó con un presupuesto extraordinario de 350 millones de pesos, para iniciar la construcción de la Unidad Lerma. Con estos recursos se pretendía construir la primera etapa de una Unidad académica diseñada para 15,000 alumnos (20% de Postgrado), 800 profesores y 500 administrativos.

El proyecto arquitectónico de la UAM-Lerma contempla 145 mil metros cuadrados de construcción, en una superficie de casi 25 hectáreas en el municipio de Lerma de Villada, estado de México.

Para agosto 2011, se ha iniciado la construcción de dos edificios, en los que se pretende dar cabida a 800 alumnos, 70 profesores y cerca de 45 administrativos. Se contempla como fecha de entrega de la obra noviembre de este mismo año.

Actualmente se ofrecen tres carreras en la unidad Lerma: ingeniería en recursos hídricos; biología ambiental, y políticas públicas. Para la convocatoria del trimestre de primavera, 300 aspirantes aplicaron a esas tres licenciaturas. En la primera generación fueron aceptados 85 alumnos, los cuales tomaron clases en instalaciones temporales prestadas por los industriales de Lerma. Para el trimestre que acaba de iniciar la semana pasada, la demanda de candidatos se incrementó. Sin embargo, por las limitaciones de espacio en las instalaciones temporales, sólo se ha admitido a 90 alumnos, lo cual da como resultado una población de 180 alumnos activos en la UAM-Lerma para el presente año.

En lo concerniente al profesorado, la unidad Lerma cuenta con 15 profesores de tiempo completo, todos ellos con Postgrado.

La siguiente fase de la primera etapa contempla la construcción de dos edificios, el primero en el que se contemplan los servicios de información (biblioteca), librería, cómputo y enseñanza de lenguas nacionales y extranjeras. El segundo se destinará a instalaciones de comedor y talleres. El costo aproximado de esta segunda fase es equivalente a la primera, es decir, 350 millones de pesos.

Por tales motivos, presento esta proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 se le asignen mayores a la Universidad Autónoma Metropolitana, con el objeto de que continúe con la segunda fase de la construcción de la Unidad Lerma, estado de México, así como con los requerimientos necesarios para contar con un número mayor de plazas para profesores y personal de apoyo (intendentes, vigilantes, etc.), pues de esta manera podría aumentar el número de licenciaturas que ofrece y abrir más grupos.

Considero pertinente otorgar más recursos a la educación superior en nuestro país; y en caso específico a la Universidad Autónoma Metropolitana, la cual se fundó ante la necesidad de establecer una nueva Institución de Educación Superior en el área metropolitana de la ciudad de México, debido a la demanda por escolaridad superior y al impulso de un sistema innovador y en constante transformación.

No podemos olvidar que la UAM representó –desde su origen, en 1974– una oportunidad para modernizar la educación superior en México, pues las características de esta nueva universidad eran que fuese pública, metropolitana, autónoma e innovadora en lo educativo y en lo organizacional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados para que en el proceso de examen, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 se asignen mayores recursos presupuestales a la Universidad Autónoma Metropolitana, con el objeto de que continúe con la segunda fase de la construcción de la Unidad Lerma, estado de México, así como con los requerimientos necesarios para que dicha Unidad cuente con un número mayor de plazas para profesores y personal de apoyo, aumentando con ello el número de licenciaturas que ofrece y la matrícula que atiende, contribuyendo a la atención de la educación superior y abriendo nuevas oportunidades para los jóvenes mexicanos.

Dado en el salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil once.— Senador Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Rosalía Peredo Aguilar, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar recursos para siete proyectos de modernización de caminos rurales en el municipio de Terrenate, Tlaxcala.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de septiembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.— Presentes.

Rosalía Peredo Aguilar, senadora de la República por el Partido Nueva Alianza a la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar, en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2012, recursos para siete proyectos de modernización de caminos rurales en el municipio de Terrenate, Tlaxcala, bajo las siguientes

Consideraciones

Una adecuada cobertura de comunicaciones terrestres es en sí misma un agente acelerador del desarrollo, por lo tanto, la infraestructura carretera para un país es, sin lugar a dudas, una de las inversiones con mayor peso estratégico.

De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la red carretera del país cuenta con 360, 075 kilómetros. La longitud total de los caminos rurales es de 171 mil 157 kilómetros, de los cuales tan sólo 7.7 por ciento tiene una superficie de rodamiento pavimentada, mientras que 87.1 por ciento tiene una superficie de rodamiento revestida y 5.2 por ciento de terracería.

El estado de Tlaxcala cuenta con una longitud de 3 mil 882 kilómetros de infraestructura carretera, de los cuales mil 151 kilómetros corresponden a la red rural. Gradualmente, el foco de la inversión en infraestructura carretera ha ido reconociendo la importancia de las pequeñas obras a escala local.

Los caminos rurales son los tramos que comunican a las comunidades con los centros de población de mayor tamaño y con las vías de mayor importancia, lo que permite el desarrollo local. A través de ellos es posible la comunicación permanente entre los centros de población con los polos regionales de desarrollo, centros de consumo y de producción en el medio rural; así como acceso de la población a servicios básicos de salud y educación, así como a mayores oportunidades de empleo.

El municipio de Terrenate es un municipio eminentemente rural y está considerado por el Consejo Nacional de Población como de alta marginación; los índices de pobreza alimentaria, de oportunidades y patrimonial, se encuentran por arriba de la media estatal. Por lo tanto resulta urgente la inversión en infraestructura para este municipio a fin de sentar las bases para detonar su desarrollo. En este sentido, el municipio requiere de la modernización de los siguientes caminos rurales:

1. Lázaro Cárdenas-San José la Laguna-entronque (Xaloztoc-Toluca de Guadalupe).

2. Villarreal-entronque Emiliano Zapata, el cual presenta fallas en la estabilidad de los cortes del camino, concentración de agua ocasionando problemas consecuencia del tipo de terreno (lomerío y montañoso), provocando con esto las bajas velocidades y los elevados tiempos de recorrido que experimentan los usuarios que circulan por el camino actual. Lo anterior provoca que incurran en altos costos generalizados de viaje y aumenten la probabilidad de ocurrencia de accidentes.

3. El Rincón-entronque Terrenate; este camino es la única alternativa de acceso a Atotonilco, La Cienega y La Rosa, al municipio de Lázaro Cárdenas y a las poblaciones de la Palma, y Tepeyahualco, al mismo tiempo permite la comunicación con la cabecera municipal de Terrenate y comunidad de Villarreal.

4. Nicolás Bravo-Hermenegildo Galeana: la problemática está dada por la presencia de fallas en la estabilidad de los cortes del camino, concentración de agua ocasionando problemas consecuencia del tipo de terreno planicie y arenoso. Actualmente esta es la única vía de comunicación entre Nicolás Bravo, municipio de Terrenate y Hermenegildo Galeana, municipio de Huamantla, al mismo tiempo permite la comunicación con las cabeceras municipales de Terrenate, Huamantla, Xaloztoc, Apizaco y la capital, Tlaxcala.

5. Ranchería Guadalupe-El Potrero, entronque Villarreal: el camino presenta fallas en la estabilidad de los cortes del camino, concentración de agua ocasionando problemas (tipo de terreno lomerío y montañoso), provocando con esto las bajas velocidades y los elevados tiempos de recorrido. Este camino permite la comunicación con las cabeceras municipales de Terrenate y Emiliano Zapata.

6. Cortezco-entronque Terrenate, Los Ameles: es la única vía de comunicación entre estos puntos y permite la comunicación con Huamantla, Xaloztoc, Apizaco y la capital, Tlaxcala.

7. Capulín-El Molino: no existe alguna alternativa para comunicar a Atotonilco, La Cienega y La Rosa, al municipio de Lázaro Cárdenas y a las poblaciones de la Palma, y Tepeyahualco, al mismo tiempo permiten la comunicación con las cabeceras municipales de Terrenate y Huamantla.

La realización de estas obras resulta estratégica para el desarrollo de las comunidades que conforman al municipio, ya que cada uno de estos tramos de caminos rurales se justifica porque cumple su propósito de hacer más seguro y eficiente el movimiento de bienes y personas. Además, se tendrán beneficios para los usuarios al lograrse mayores velocidades de desplazamiento, lo que contribuye a la disminución de los costos de operación vehicular y los tiempos de recorrido.

Finalmente, al contar con un camino modernizado se logra una mayor competitividad en la economía de la región.

Aunado a las condiciones de transito antes descritas, se suma el beneficio que permitirá el flujo vehicular generando el desarrollo de las actividades de esta zona tales como la agricultura, ganadería, silvicultura, industria y el comercio.

Cabe mencionar que estudios de costo-beneficio realizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes han resultado favorables para cada una de las obras aquí mencionadas ya que estos caminos se ubican en áreas estratégicas para el desarrollo de la región.

Es por lo expuesto que someto a la consideración de esta asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 se consideren recursos por un monto de $45’000,000.00 (cuarenta y cinco millones de pesos) para la modernización del camino rural Lázaro Cárdenas-San José La Laguna, entronque (Xaloztoc-Toluca de Guadalupe) con 8.46 kilómetros de longitud, en el municipio de Terrenate, Tlaxcala.

Segundo. Se exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 se consideren recursos por un monto de $ 22750,373.00 (veintidós millones setecientos cincuenta mil trescientos setenta y tres pesos) para la modernización del camino alimentador: Villarreal-entronque Emiliano Zapata, en el municipio de Terrenate, Tlaxcala, ampliándolo a una sección de camino tipo C con 7.0 metros de ancho de calzada, y alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.

Tercero. Se exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 se consideren recursos por un monto de $ 4’948,011.00 (cuatro millones novecientos cuarenta y ocho mil once pesos) para la modernización del camino alimentador: El Rincón-entronque Terrenate, en el municipio de Terrenate, Tlaxcala, ampliándolo a una sección de camino tipo B con 7.0 metros de ancho de calzada, y alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.

Cuarto. Se exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 se consideren recursos por un monto de $ 4’948,010.00 (cuatro millones novecientos cuarenta y ocho mil diez pesos) para la modernización del camino alimentador: Nicolás Bravo-Hermenegildo Galeana, en el municipio de Terrenate, Tlaxcala, ampliándolo a una sección de camino tipo B con 7.0 metros de ancho de calzada, y alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.

Quinto. Se exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 se consideren recursos por un monto de $ 16’262,730 (dieciséis millones doscientos sesenta y dos mil setecientos treinta pesos) para modernización del camino alimentador: Ranchería Guadalupe-El Potrero entronque Villarreal Terrenate, en el municipio de Terrenate, Tlaxcala, ampliándolo a una sección de camino tipo C con 7.0 metros de ancho de calzada, y alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.

Sexto. Se exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 se consideren recursos por un monto de $ 4’948,010.00 (cuatro millones novecientos cuarenta y ocho mil diez pesos) para la modernización del camino alimentador: Cortezco-entronque Terrenate, Los Ameles, en el municipio de Terrenate, Tlaxcala, ampliándolo a una sección de camino tipo B con 7.0 metros de ancho de calzada, y alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.

Séptimo.- Se exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para e1 Ejercicio Fiscal de 2012 se consideren recursos por un monto de $ 4’948,010.00 (cuatro millones novecientos cuarenta y ocho mil diez pesos) para la modernización del camino alimentador: El Capulín-El Molino, en el municipio de Terrenate, Tlaxcala, ampliándolo a una sección de camino tipo B con 7.0 metros de ancho de calzada, y alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.

Senado de la República, a 29 septiembre de 2011.— Senadora Rosalía Peredo Aguilar (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítanse a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2012

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— V Legislatura.

Licenciado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción XXI, 36, fracciones V y XX, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 se asignen los recursos necesarios para la Ciudad de México, tomando en cuenta los pasivos históricos en cuanto a recursos insuficientes por inequidad de la fórmula aplicada, los recursos escatimados por concepto del FAIS y los costos de capitalidad no reconocidos hasta ahora, así como un criterio de equidad fiscal.

Segundo. Publíquese el punto de acuerdo al día siguiente de su aprobación en tres de los diarios de mayor circulación nacional.

Sírvase encontrar anexo al presente copia del punto de acuerdo para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Recinto Legislativo, a 27 de septiembre de 2011.— Diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— V Legislatura.

Los que suscriben, diputado Víctor Hugo Romo Guerra y diputado Erasto Ensástiga Santiago, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 17, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente

Proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al Congreso de la Unión a que en la próxima evaluación del Presupuesto de Egresos para 2012 se analicen las condiciones para una mejor asignación de recursos en vías de consolidar las finanzas y los programas sociales que lleva a cabo el Gobierno del Distrito Federal, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las fuentes de financiamiento del Gobierno del Distrito Federal para llevar a buen término las funciones ejecutivas se observan en dos ámbitos: el primero referente a los ingresos propios consolidados de manera eficiente en la presente administración; el segundo es el federal, el cual es muy importante y pieza clave para sustentar los programas y acciones de gobierno.

Del total recaudado por los impuestos federales tales como los impuestos sobre la renta, al activo, empresarial a tasa única, al valor agregado, y especial sobre producción y servicios, el DF recibe únicamente ocho centavos de cada peso, lo cual, denota una gran inequidad respecto a otras entidades como por ejemplo, México, Veracruz y Campeche, que han sido las más beneficiadas durante 2011, aunque el uso y destino de los recursos aportados a dichos estados sea distinto en relación al Distrito Federal, pues en ellos no existe el gran abanico de programas sociales que el Gobierno del Distrito Federal aplica en beneficio de sus habitantes.

Este hecho cobra relevancia toda vez las aportaciones al DF se han visto recortadas en las dos últimas administraciones federales, por ejemplo, el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS) en el período del 2000 a 2012 el recorte sufrido por el DF asciende a más de 9 mil millones de pesos.

Aunado al recorte de las aportaciones federales la situación presupuestaria del DF se verá más afectada con la eliminación de la tenencia vehicular que para el 2012 producirá un hoyo financiero de aproximadamente 6 mil millones de pesos.

Uno de los aspectos fundamentales a la hora de decidir el presupuesto del DF, que es la entidad del país que genera la quinta parte del producto interno bruto nacional, debería ser el costo de capitalidad, el cual asciende a más de 16 mil millones de pesos relacionados con una serie de costos adicionales por el hecho de ser el Distrito Federal la capital y centro económico, político y social del país, lo que le significa una mayor demanda de servicios públicos a la ciudad, mismos que tiene que solventar la administración pública del DF sin que dicho costo de capitalidad le sea reconocido por la Federación, como sucede en otras ciudades capitales del mundo.

Entre los conceptos que se refieren al costo de capitalidad, destacan:

1. Infraestructura vial y de transporte.

2. Gestión ambiental.

3. Beneficios prestados a población no residente (servicios médicos, educativos, culturales, etcétera).

4. Predial no cobrado a sedes de organismos y poderes federales.

5. Requerimientos de seguridad pública.

6. Protección civil.

7. Conservación de infraestructura cultural.

Es importante destacar lo hasta aquí planteado a fin de que, tanto en el proceso analítico del presupuesto para este ejercicio fiscal, como en la fase de aprobación por parte de la Cámara de Diputados, los legisladores federales tengan en cuenta que el Distrito Federal es la entidad que mayores ingresos aporta al erario federal, y la que más gastos realiza por ser la capital del país y sede de los poderes federales.

Lo que de no tomarse en cuenta tendrá repercusiones en detrimento de la calidad de vida de los habitantes del Distrito Federal, y los que se trasladan a realizar actividades productivas, dado que el gobierno de la ciudad se verá forzado a reducir cada vez más sus márgenes de acción a fin de atender las demandas de la ciudadanía.

Si bien es cierto que el Distrito Federal es la entidad que mayor eficiencia recaudatoria en ingresos locales tiene, la amplitud de su política social y de desarrollo de infraestructura, Impulsada por el Gobierno del Distrito Federal en beneficio de su población propia y de la que proviene de otros estados, dichos ingresos son insuficientes y requiere que se le entreguen los recursos federales a los que tiene derecho y que se le han venido escatimando para su desarrollo, y que dichos conceptos no sean utilizados por la Legislatura Federal como elemento de presión y negociación.

De no aprobarse los $16 000 000 000.00 (dieciséis mil millones de pesos) solicitados, se verán afectados los siguientes renglones:

1. Fondo Metropolitano.

2. La línea 12 del Metro.

3. Diversas acciones de protección civil.

4. Inversión en infraestructura educativa.

5. Recursos Delegacionales.

Por lo anterior, es primordial que los diferentes partidos representados en esta asamblea expresemos una posición clara y determinante en favor del exhorto a la Cámara de Diputados para la asignación de un presupuesto justo para la ciudad, pues con ello estaríamos apoyando a sus habitantes, que son a quienes nos debemos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable diputación ordinaria los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a que, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 se asignen los recursos necesarios para la Ciudad de México tomando en cuenta los pasivos históricos en cuanto a recursos insuficientes por inequidad de la fórmula aplicada, los recursos escatimados por concepto del FAIS y los costos de capitalidad no reconocidos hasta ahora, así como un criterio de equidad fiscal.

Segundo. Publíquese el punto de acuerdo al día siguiente de su aprobación en tres de los diarios de mayor circulación nacional.

Dado en el recinto parlamentario sede de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, a 27 de septiembre de 2011.— Diputados: Víctor Hugo Romo Guerra (rúbrica), Erasto Ensástiga Santiago.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— V Legislatura.

Licenciado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción XXI, 36, fracciones V y XX, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, solicita a las Comisiones de Transporte; del Distrito Federal; de Presupuesto y Cuenta Pública; y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que consideren etiquetar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, la cantidad de 92 millones de pesos para ampliación de carriles, construcción de un paso a desnivel y puente vehicular en el cruce de Eje 6 y avenida Javier Rojo Gómez, en la delegación Iztapalapa, Distrito Federal, y de 75 millones 246 mil 570 pesos para la pavimentación con cemento hidráulico de la vialidad principal en el circuito interior de la Central de Abastos del Distrito Federal.

Segundo.Se solicita al jefe de Gobierno Distrito Federal, a las Secretarías de Finanzas; de Obras y Servicios de igual manera del Gobierno del Distrito Federal que consideren incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para 2012 recursos para las obras descritas en el numeral que antecede, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Asamblea que considere etiquetar los recursos señalados para el presente asunto.

En tal virtud, me permito solicitar su intervención y apoyo a efecto de que se haga del conocimiento del diputado Javier Gil Ortiz, presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados. Sírvase encontrar anexo al presente copia del punto de acuerdo en comento para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Recinto Legislativo, a 27 de septiembre de 2011.— Diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— V Legislatura.

Licenciado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción XXI, 36, fracciones V y XX, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, solicita a las Comisiones de Transporte; del Distrito Federal; de Presupuesto y Cuenta Pública; y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que consideren etiquetar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, la cantidad de 92 millones de pesos para ampliación de carriles, construcción de un paso a desnivel y puente vehicular en el cruce de Eje 6 y avenida Javier Rojo Gómez, en la delegación Iztapalapa, Distrito Federal, y de 75 millones 246 mil 570 pesos para la pavimentación con cemento hidráulico de la vialidad principal en el circuito interior de la Central de Abastos del Distrito Federal.

Segundo.Se solicita al jefe de Gobierno Distrito Federal, a las Secretarías de Finanzas; de Obras y Servicios de igual manera del Gobierno del Distrito Federal que consideren incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para 2012 recursos para las obras descritas en el numeral que antecede, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Asamblea que considere etiquetar los recursos señalados para el presente asunto.

En tal virtud, me permito solicitar su intervención y apoyo a efecto de que se haga del conocimiento de la diputada Gabriela Cuevas Barron, presidenta de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados. Sírvase encontrar anexo al presente copia del punto de acuerdo en comento para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Recinto Legislativo, a 27 de septiembre de 2011.— Diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— V Legislatura.

Licenciado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción XXI, 36, fracciones V y XX, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, solicita a las Comisiones de Transporte; del Distrito Federal; de Presupuesto y Cuenta Pública; y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que consideren etiquetar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, la cantidad de 92 millones de pesos para ampliación de carriles, construcción de un paso a desnivel y puente vehicular en el cruce de Eje 6 y avenida Javier Rojo Gómez, en la delegación Iztapalapa, Distrito Federal, y de 75 millones 246 mil 570 pesos para la pavimentación con cemento hidráulico de la vialidad principal en el circuito interior de la Central de Abastos del Distrito Federal.

Segundo.Se solicita al jefe de Gobierno Distrito Federal, a las Secretarías de Finanzas; de Obras y Servicios de igual manera del Gobierno del Distrito Federal que consideren incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para 2012 recursos para las obras descritas en el numeral que antecede, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Asamblea que considere etiquetar los recursos señalados para el presente asunto.

En tal virtud, me permito solicitar su intervención y apoyo a efecto de que se haga del conocimiento del diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Sírvase encontrar anexo al presente copia del punto de acuerdo en comento para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Recinto Legislativo, a 27 de septiembre de 2011.— Diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— V Legislatura.

Licenciado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción XXI, 36, fracciones V y XX, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, solicita a las Comisiones de Transporte; del Distrito Federal; de Presupuesto y Cuenta Pública; y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que consideren etiquetar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, la cantidad de 92 millones de pesos para ampliación de carriles, construcción de un paso a desnivel y puente vehicular en el cruce de Eje 6 y avenida Javier Rojo Gómez, en la delegación Iztapalapa, Distrito Federal, y de 75 millones 246 mil 570 pesos para la pavimentación con cemento hidráulico de la vialidad principal en el circuito interior de la Central de Abastos del Distrito Federal.

Segundo.Se solicita al jefe de Gobierno Distrito Federal, a las Secretarías de Finanzas; de Obras y Servicios de igual manera del Gobierno del Distrito Federal que consideren incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para 2012 recursos para las obras descritas en el numeral que antecede, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Asamblea que considere etiquetar los recursos señalados para el presente asunto.

En tal virtud, me permito solicitar su intervención y apoyo a efecto de que se haga del conocimiento del diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Sírvase encontrar anexo al presente copia del punto de acuerdo en comento para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Recinto Legislativo, a 27 de septiembre de 2011.— Diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— V Legislatura.

Diputada Alejandra Barrales Magdaleno, Presidenta de la Mesa Directiva.— Presente.

Los que suscribimos, diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 10 y 17 de la Ley Orgánica y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de este pleno, como asunto de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Fideicomiso Central de Abasto de la Ciudad de México se constituyó mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de agosto de 1983, con una vigencia de 99 años, y con base en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Fue proyectada y construida para que en ella se efectúen operaciones al mayoreo y medio mayoreo de diversos productos.

En sus 327 hectáreas que representan 57 veces el espacio del zócalo capitalino, se ubican sectores especializados que generan un movimiento económico anual superior a los 8 mil millones de dólares, aforo de 300 mil personas y 59 mil vehículos diarios, es decir, más de 1 millón 770 mil vehículos al mes.

La Central de Abastos es concebida como un motor de la economía no sólo de la ciudad sino del país, es además un elemento para la atención de los problemas de intermediarismo por acaparadores, falta de locales para el desarrollo de la actividad comercial, reexpedición de mercancías; por ello justifica su importancia para nuestra capital.

Con cerca de 30 años de labor continua es necesario realizar inversiones importantes para su mantenimiento y realización de mejoras con perspectiva de futuro.

Es urgente la realización de obras tanto en las inmediaciones como en el interior de la Central de Abastos para brindar un servicio eficaz a la población.

En ese sentido es indispensable, por la enorme saturación vehicular de entrada y salida, la dotación de nueva infraestructura vial, cuyo objetivo será mejorar la vialidad en el cruce del Eje 6 y Avenida Rojo Gómez en la delegación Iztapalapa, ampliando la capacidad vial a 6 carriles con flujo vehicular proyectado de 23 mil vehículos por hora que mejore notablemente otros aspectos ambientales como es la volatilidad de emisiones contaminantes gracias a que reducirá el tiempo de vehículos estancados en el cruce.

Se trata de un proyecto carretero donde se construirá un paso a desnivel con una longitud de 400 metros en el Eje 6 Sur con una calzada de 18 metros de ancho que pasará por debajo de un puente vehicular de 25 metros de ancho en el Eje 5 Oriente a base de muros de contención de concreto armado, trabes y losas de concreto reforzado.

Por otro lado, y debido al paso del tiempo y el desgaste diario, la vida útil del asfalto, material utilizado en la pavimentación de la avenida principal de la central, ha llegado a su fin, ocasionando baches y deformaciones en la superficie de rodamiento.

Para resolver esta problemática, se requiere realizar la pavimentación de 67 mil 527 metros cuadrados en la vialidad principal con pavimento hidráulico a fin de facilitar el tránsito de vehículos, así como el acceso de personas para el desarrollo de sus actividades con mayor seguridad dentro de las distintas áreas que conforman el corredor comercial de la avenida principal.

La gran problemática planteada y sus alternativas de solución implican un gran reto para el presupuesto, sin embargo con acciones parlamentarias contundentes se debe reafirmar el compromiso con el empleo y el desarrollo de las actividades comerciales como elementos fundamentales para combatir la severa recesión que padece nuestro país.

La Ciudad de México requiere una central de abastos moderna, vigorosa, que compita con las grandes transnacionales, que abata vicios y rezagas, que permita acercar productos de calidad a precios accesibles estableciéndose como un factor de apoyo a la economía familiar en beneficio de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto es que formulamos la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, solicita a las Comisiones de Transporte; del Distrito Federal; de Presupuesto y Cuenta Pública; y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que consideren etiquetar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, la cantidad de 92 millones de pesos para ampliación de carriles, construcción de un paso a desnivel y puente vehicular en el cruce de Eje 6 y avenida Javier Rojo Gómez, en la delegación Iztapalapa, Distrito Federal, y de 75 millones 246 mil 570 pesos para la pavimentación con cemento hidráulico de la vialidad principal en el circuito interior de la Central de Abastos del Distrito Federal.

Segundo.Se solicita al jefe de Gobierno Distrito Federal, a las Secretarías de Finanzas; de Obras y Servicios de igual manera del Gobierno del Distrito Federal que consideren incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para 2012 recursos para las obras descritas en el numeral que antecede, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Asamblea que considere etiquetar los recursos señalados para el presente asunto.

Dado en el Recinto Legislativo, a los veintisiete días del mes de septiembre del año 2011.— Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— V Legislatura.

Licenciado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 10, fracción XXI, y 36, fracciones V y XX, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar mil 737 millones de pesos, cantidad igual a la aprobada para 2011, más 4 por ciento de inflación, que se destinarán a la inversión de infraestructura hidráulica de la Ciudad de México para el ejercicio de 2012.

En tal virtud, me permito solicitarle su intervención y -apoyo a efecto de que se haga del conocimiento del diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Sírvase encontrar anexa al presente copia del punto de acuerdo en comento para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Recinto Legislativo, a 22 de septiembre de 2011.— Diputada María Alejandra Barrales Magdaleno (rúbrica), presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— V Legislatura.

Diputada Alejandra Barrales Magdaleno, Presidenta de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la V Legislatura.

El suscrito, Víctor Gabriel Varela López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, somete a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar los recursos presupuestales destinados a la inversión en infraestructura hidráulica de la Ciudad de México para el ejercicio de 2012.

Consideraciones

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, que fue presentado a la Cámara de Diputados, se propuso disminuir en 756 millones de pesos el de los programas federales del sector hidráulico que opera el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

El presupuesto de los citados programas ha venido disminuyendo desde 2009, por lo que cada vez se canalizan menos recursos para el mantenimiento y la construcción de la infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento de la Ciudad de México.

Los 914 millones de pesos que se asignan a tales programas son 45 por ciento menores respecto al presupuesto aprobado en 2011 y 57 por ciento con relación al de 2009.

Para el programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), el Fondo Metropolitano, Emisor Central y Cultura del Agua, únicamente se asignan 554 millones de pesos, que significan 57.7 por ciento menos respecto a 2011.

Al Programa de Devolución de Derechos se asignan 360 millones de pesos, cantidad igual a la del ejercicio de 2011.

Si se recorta el presupuesto del programa APAZU, se afectará la inversión en las obras hidráulicas para el Distrito Federal, ya que con los recursos de este programa se financian la construcción y el mantenimiento de las obras siguientes: 1. Agua potable: Líneas de conducción, red de distribución, pozos de extracción y tanques, construcción de plantas potabilizadoras instalación y rehabilitación de micromedidores y macromedidores para registrar el consumo de agua potable, así como plantas de bombeo de agua potable que aseguran el abasto. 2. Drenaje: Construcción y mantenimiento de colectores, de red primaria, red secundaria, atarjeas, líneas de conducción a plantas de tratamiento, rehabilitación y construcción de plantas de tratamiento, construcción de colectores marginales para aguas residuales, rehabilitación de pozos de absorción, rehabilitación del sistema eléctrico en las plantas de bombeo del Gran Canal, y plantas de bombeo para el desalojo. 3. Saneamiento de colectores: Cauces y barrancas, construcciones marginales para el saneamiento. 4. Rehabilitación de manantiales, captaciones y conducción.

El descenso del presupuesto para el mantenimiento, la rehabilitación y la reposición de la infraestructura hidráulica, como muestran las cifras, afecta directamente el abasto de agua de la Ciudad de México, ya que se aplazan inversiones para reducir la sobreexplotación de los mantos acuíferos, mejorar la calidad del agua y distribuirla equitativamente en las zonas de la ciudad donde por décadas han sufrido la escasez de agua.

La disminución de recursos presupuestales ha frenado la atención de la red de drenaje, lo que ha propiciado que en temporadas de lluvias se presenten inundaciones.

Por la situación citada, estamos ciertos de que para resolver la problemática del agua en el Distrito Federal se requieren de mayores recursos presupuestales para lograr una distribución equitativa del agua para las presentes y futuras generaciones.

Por lo expuesto, se somete a consideración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar mil 737 millones de pesos, cantidad igual a la aprobada para 2011, más 4 por ciento de inflación, que se destinarán a la inversión en infraestructura hidráulica de la Ciudad de México para el ejercicio de 2012.

Recinto legislativo, a 22 de septiembre de 2011.— Diputados: Víctor Gabriel Varela López, Aleida Alavez Ruiz, Valentina Valia Batres Guadarrama, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbricas).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2012

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LVIII Legislatura del honorable Congreso del Estado de  Puebla.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En sesión de la Comisión Permanente de la Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, celebrada en esta fecha, se aprobó el acuerdo a través del cual en lo conducente resuelve lo siguiente:

Primero. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que en ejercicio de sus facultades modifique el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para aumentar el presupuesto destinado a ciencia y tecnología.

Segundo. Se envíe el presente punto a las legislaturas de los estados y a la Asamblea del Distrito Federal solicitando se adhieran al mismo.

Por lo anterior, se anexa a la presente copia simple del citado acuerdo para los efectos correspondientes.

Atentamente

Heroica Puebla de Zaragoza, a 21 de septiembre de 2011.— Comisión Permanente del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla:diputado Zeferino Martínez Rodríguez (rúbrica), presidente;diputada Ana María Jiménez Ortiz (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LVIII Legislatura del honorable Congreso del Estado de  Puebla.

Comisión Permanente de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado

Considerando

Que en sesión de la Comisión Permanente de esta fecha se acordó aprobar el punto de acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en ejercicio de sus facultades modifique el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para aumentar el presupuesto destinado a ciencia y tecnología.

De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a más tardar el ocho de septiembre de cada año, el Ejecutivo federal debe enviar al Congreso de la Unión los criterios generales de política económica, la estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano, la iniciativa de Ley de Ingresos, y el Presupuesto de Egresos los cuales deben aprobarse a más tardar el treinta y uno de octubre y el quince de noviembre respectivamente.

En este entendido el paquete económico para el ejercicio fiscal dos mil doce, se encuentra actualmente en estudio en la Cámara de Diputados; por lo que resulta oportuno realizar las siguientes consideraciones:

La Ley General de Educación en su artículo 25 y la Ley de Ciencia y Tecnología en su artículo 9 Bis, disponen respectivamente que, el Estado deberá gastar al menos el 1 por ciento del producto interno bruto en ciencia y tecnología, sin embargo según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, por sus siglas en ingles), el gasto en ciencia y tecnología en México alcanzó para dos mil ocho el 0.37 por ciento del producto interno bruto.

De acuerdo al estudio denominado El gasto en ciencia y tecnología en México, realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados Federal, de dos mil siete a dos mil once el presupuesto para ciencia y tecnología se ha incrementado cada año a una tasa de crecimiento de 1.8 por ciento anual respecto al año anterior, llegando en dos mil once a treinta y cuatro mil doscientos veintidós millones de pesos.

No obstante estas buenas cifras es innegable que no se ha cumplido la meta normativa del 1 por ciento del producto interno bruto, lo que compromete las metas a mediano y largo plazo de mejoramiento de competitividad. Según el estudio realizado que alude a las cifras de la OCDE, nuestro país se encuentra en este rubro en el último lugar de los treinta y nueve países miembros, que reporta además una inversión menor a la que realizaba en mil novecientos noventa y nueve, en cuyo año se invirtió el 0.39 por ciento del producto interno bruto, lo que refleja que en lugar de aumentar la inversión hemos ido en retroceso a tal grado que a pesar del aumento en los últimos años ni siquiera alcanzamos el porcentaje que se invertía hace más de diez años.

Para que nuestro país alcance un nivel de gasto igual al promedio de los países miembros de la OCDE, tendría que invertir 2.28 por ciento del producto interno bruto lo que se traduce para dos mil once en trescientos veintitrés mil seiscientos cincuenta y siete millones de pesos, es decir casi diez veces la cantidad presupuestada.

Por cada 1000 integrantes de la población económicamente activa nuestro país, sólo cuenta con 1.2 investigadores lo que lo sitúa en el penúltimo lugar de la OCDE en este rubro, siendo que en países como Finlandia cuentan con 15.6 investigadores por cada 1000 integrantes de la población económicamente activa.

El estudio en comento no solo refiere la escasez de investigadores sino también la reducida eficiencia de los mismos ya que sus aportaciones han sido mínimas en el rubro de patentes, aunado a que estas no se han destinado a los Estados con mayores niveles de pobreza lo que también representa un obstáculo para la ciencia y tecnología en nuestro país.

Si realmente deseamos avances considerables en innovación y productividad que nos permitan ser efectivamente competitivos a nivel mundial necesitamos aumentar la inversión en el rubro de ciencia y tecnología y cuidar que los recursos se destinen a los mejores fines con miras al desarrollo de México.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 93, fracción II, y 94 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se emiten los siguientes

Acuerdos

Primero. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que en ejercicio de sus facultades modifique el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para aumentar el presupuesto destinado a ciencia y tecnología.

Segundo. Se envíe el presente punto a las legislaturas de los estados y a la Asamblea del Distrito Federal solicitando se adhieran al mismo.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza, a veintiuno de septiembre de dos mil once.— Diputado Zeferino Martínez Rodríguez (rúbrica), presidente; diputada Ana María Jiménez Ortiz (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

XVI JUEGOS PANAMERICANOS, GUADALAJARA 2011

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el acuerdo legislativo número 1140-LIX-11, en el que de manera atenta y respetuosa se le exhorta a efecto de que por su conducto y dentro de su competencia instruya a la auditoria superior de la federación para la fiscalización de los recursos federales destinados al programa relativo a la organización, desarrollo y coordinación de los Juegos Panamericanos en Guadalajara 2011, por conducto de las instancias entidades públicas que hayan intervenido en su habilitación financiera, para su trámite y efecto correspondiente, en los términos que establece el acuerdo legislativo en comento y en función de su procedencia.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, adjuntándole copia del acuerdo legislativo de referencia, para efectos de la comunicación procesal respectiva.

Sin otro particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración y respeto.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara, Jalisco, a 13 de septiembre de 2011.— Licenciado José Manuel Correa Ceseña (rúbrica), secretario General del honorable Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Ciudadanos diputados del honorable Congreso de Jalisco.— Presentes.

La que suscribe, diputada Mariana Fernández Ramírez, haciendo uso de las facultades que me confiere el artículo 28, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, y demás ordenamientos aplicables, para tales efectos me permito presentar a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa de acuerdo legislativo, en los términos que establece el artículo 150 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco, para lo cual me permito hacer la siguiente

Exposición de Motivos

I. En recientes fechas, como ya ha empezado a ser una costumbre en la relación interinstitucional, entre poderes gubernamentales en Jalisco, se advirtió de una polémica declaración que el gobernador constitucional del estado, el licenciado Emilio González Márquez refirió, aludiendo a que el problema del déficit financiero tan complejo por el que atravesaba la organización de los Juegos Panamericanos se debía a que no se logró consensuar el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011 con el Congreso del estado.

II. Esta declaración, como ya estamos acostumbrados, no extraña si se enmarca dentro del contexto de la serie de eventos desafortunados que ha representado para Jalisco la organización de la justa deportiva, la cual, desde su anuncio y publicitación, ha estado plagada de señalamientos que pugnan por mayor transparencia, mayor coordinación entre entidades responsables y mayor responsabilidad en el ejercicio del gasto público, asignando criterios reales de verificación de estas condiciones. Por ello, como vemos, no nos sorprende que casi dos meses de su inauguración nos encontramos en el mismo punto de partida del debate de quienes buscan apropiarse de la estafeta de su organización y su prestigio.

III. Lo que resulta realmente extraño es que esta declaración se dé en el marco de una serie de cuestionamientos que se han vertido a la luz pública en los que se pone de manifiesto que las prioridades del ejercicio del recurso público asignado, distan mucho de asignarse a lo prioritario y se destinan, en su lugar, a lo superfluo. Más aún, si se atiende a que esta declaración pone en evidencia que aún restan muchos compromisos financieros por solventar y todavía no se conoce el resultado de la entrega de instalaciones deportivas, turísticas, de estancia y equipamiento correspondientes para certificar que, en efecto, como se aduce, éstas ya se encuentran terminadas y listas para el fin por el que fueron construidas.

IV. Es por ello que, antes que exponer el objetivo del presente acuerdo legislativo, buscamos hacer un somero análisis del comportamiento presupuestal que el ya conocido programa especial 22 relativo a los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 se ha comportado:

a) Poniendo especial énfasis en los referentes inmediatos del ejercicio fiscal 2010 y 2011, el gobierno del estado de Jalisco presupuesto para el primer ejercicio fiscal la cantidad total de 63 mil 759 millones 348 mil 400 pesos y para el Ejercicio Fiscal de 2011 la cantidad total de 65 mil 840 millones 412 mil 600 pesos. Esto nos arroja un incremento de 2 mil 81 millones 64 mil 200 pesos, que fueron proyectados para el ejercicio y funcionamiento total del proyecto de gobierno.

b) En este sentido, en el caso específico de los Juegos Panamericanos que se refiere al programa especial 22, sólo durante los ejercicios fiscales de 2010 y de 2011 se estimaron poco más 129 millones de pesos y 102 millones de pesos respectivamente como estimaciones de gasto sobre el rubro de la justa deportiva. No obstante, tal y como atestiguamos en el procedimiento de estudio de esta propuesta, a finales del año 2010, el presupuesto fue vetado y, de acuerdo a la disposición legal aplicada, en el 2011, los Juegos Panamericanos gozarían de la cantidad concreta de 129 millones 794 mil 270 pesos, los mismos que había recibido el año anterior.

c) En estos rubros, por supuesto, no se está contabilizando las aportaciones de otros ejercicios fiscales al mismo programa, así como tampoco la inyección de recursos públicos complementaria, adicional o programática existente que provenía de recursos y fondos incluso regionales para el fortalecimiento de infraestructura en los Municipios, tan sólo para el referido ejercicio fiscal.

d) En este sentido, analizando el contexto presupuestal y su marco legal correspondiente, en un escenario conservador, el cual ya había sido analizado con anterioridad en las comisiones de trabajo de esta soberanía y en esta misma tribuna, el Poder Ejecutivo del gobierno del estado podía esperar, de acuerdo a lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación, al menos un incremento porcentual de 4 por ciento equiparable, en términos generales, al incremento inflacionario que mínimamente las arcas públicas esperan, repito, en un escenario conservador, lo que representaría poco más de 2 mil 500 millones de pesos adicionales a su anterior presupuesto, el del 2010, y poco más de 400 millones de pesos de la propuesta remitida para 2011.

Esto, sin contar, por supuesto, con los recursos adicionales y complementarios que, derivados de las disposiciones que establece la ley referida, gozan todos los estados y los municipios y de los que ha la fecha el Congreso del estado difícilmente puede acceder al registro y verificación del destino de éstos.

e) La situación, como la observamos, la consideramos sumamente grave, toda vez que tan sólo hace fechas pasadas, nuevamente en declaraciones del Gobernador del Estado hacía mención que faltaban por costear para garantizar el desarrollo de los Juegos no sólo los 750 millones de pesos ya mencionados, sino mil millones de pesos más que se requieren y que han tenido que costear las necesidades con recursos propios, lo que cual se nos hace doblemente grave.

f) A nuestro punto de vista, en esta situación se está reconociendo una grave práctica que se encuentra prohibida por la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad, la que establece entre sus diversas prohibiciones la que no pueden utilizarse los montos financieros que fueron etiquetados para un capítulo, una partida o para determinada unidad presupuestal y tomarlos para dirigirlos a otra unidad de gasto, Más aún, específicamente el artículo 49 del citado ordenamiento, específicamente en su fracción I refiere que no pueden existir transferencias entre partidas que superen el 10% del total de las mismas antes de la transferencia, lo que a todas luces, puede estar ocurriendo en la glosa correspondiente de la cuenta pública del Estado de Jalisco para el actual ejercicio fiscal. En caso que estos porcentajes resultaran mayores, dichas modificaciones tendrían que ser hechas del conocimiento del Poder Legislativo, ya sea en la modificación al presupuesto, o si se justifica, incluso, la ampliación del mismo, pero a través de los mecanismos legales instituidos para tales efectos, y no de manera discrecional como hasta el momento se ha venido realizando.

g) En este sentido, como ejemplo podemos mencionar que, aún cuando la justificación administrativa y legal pueda solventarse en lo formal, existen muchas dudas que deben de aclararse, como el dictamen de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010, específicamente en los rubros del ejercicio del presupuesto de la unidad presupuesta referida a Juegos Panamericanos, es decir, el programa especial 22, el cual presupuestó poco más de 50 millones de pesos, y que el ejercicio total de fondos no sólo se agotó sino que recibió transferencias que representan más de un 800 por ciento del total de la partida referida.

h) Ahora bien, no creemos que la aritmética resulte suficiente para justificar que no se amplió el presupuesto de manera discrecional. Mucho menos, si las matemáticas no mienten, se podría justificar que no se transfirieron entre partidas más de 10 por ciento de sus respectivos montos, y que arrojaran estas transferencias más del 800 por ciento de sobre ejercicios.

i) Es en virtud de lo anterior que aunque en los distintos Poderes del Estado existan aliados que busquen a toda costa sumarse al apoyo y respaldo de los Juegos Panamericanos, tampoco puede pasarse por alto que resulta prioritario implementar un proceso integral, transparente y completo de fiscalización a la totalidad de los recursos financieros que se han ejercicio para la justa deportiva.

V. Vistos los puntos anteriores, lo que resta por analizar es la dinámica en la que se está realizando el proceso de la elaboración del presupuesto, toda vez que, como la norma así lo indica, los presupuestos para cada ejercicio fiscal siempre experimentan incrementos, razón que hace injustificable el que se soliciten montos menores, aun conociendo de la crisis financiera por la que atravesaría el programa multicitado, y posteriormente integrar al próximo presupuesto de egresos los adeudas fiscales anteriores, que no son otro reflejo que el de sobre ejercicios indebidos y el reconocimiento de la irresponsabilidad y falta de proyección en la construcción y ejercicio presupuestario de los recursos del Estado.

VI. A este respecto, la Ley de Presupuesto Público, Gasto y Contabilidad es muy específica en lo que su artículo 17 refiere en su último párrafo:

Artículo 17. ...

En ningún caso, los Presupuestos de los Poderes Legislativo y Judicial podrán ser inferiores al ejercido el año inmediato anterior actualizado con base en la cifra oficial de inflación que publique el Banco de México.”

VII. A su vez, el citado ordenamiento consigna lo siguiente respecto al ejercicio del Presupuesto de Egresos:

Artículo 47. A toda iniciativa de modificación al Presupuesto de Egresos que presente el titular del Poder Ejecutivo al Congreso del estado, que represente aumento del gasto público, deberá acompañarse la previsión de ingresos necesarios para sufragarlo.

El titular del Poder Ejecutivo del estado, estará facultado para que previa petición de las Dependencias y Entidades, de manera excepcional, y una vez evaluado por la Secretaría, incorpore al Presupuesto de Egresos partidas presupuesta les, observando desde luego, para dotarlas de recursos, las normas relativas a la transferencia de recursos entre partidas presupuestales y siempre y cuando no se rebase con ello los techos financieros autorizados para cada capítulo por el Congreso del Estado, ni se altere el equilibrio presupuestal.

...

Artículo 49. El titular del Poder Ejecutivo del estado, cuidará en todo tiempo por conducto de la Secretaría, que la aplicación de los recursos contenida en el presupuesto, cumpla de la manera más eficaz posible con el desarrollo de la programación oficial, evitando su uso inadecuado o deficiente, por lo que en casos de conveniencia general, previa comprobación de la disponibilidad de saldo, de acuerdo con los compromisos registrados por parte de la Secretaría, el propio titular del Poder Ejecutivo o el secretario de Finanzas podrán autorizar las transferencias entre las partidas que a su juicio se justifiquen conforme a las siguientes reglas:

I. Se permiten las transferencias entre partidas presupuesta les siempre y cuando en su conjunto no rebasen el 10 por ciento de los recursos presupuestados en la partida de origen;

...

VIII. Aunado a lo antes expuesto, es necesario considerar que, según datos referidos por el Congreso de la Unión, la aportación Federal para los Juegos Panamericanos hasta el momento, asciende a $2,300 millones de pesos y aún existen compromisos financieros por subsanar, según estimaciones por parte del Gobierno del Estado, el cual, acude de nueva cuenta a la Federación para solicitar $1,200 millones de pesos adicionales para solventar esta carencia financiera.

IX. El tema de la situación financiera por la que atraviesa el evento, es innegable, no encuentra otra responsabilidad salvo la de sus organizadores. La permanente insistencia de entidades públicas o privadas involucradas, e incluso la propia federación para transparentar los recursos tiene una plena justificación en razón de los antecedentes que aquí exponemos. A la fecha, la polémica de los Juegos Panamericanos sigue siendo la misma que aquella que se refiere a sus inicios, cuando el panorama financiero no era tan favorecedor y los compromisos se veían tan lejanos. Por tanto, la intención que motiva la presente iniciativa de acuerdo es que, derivado del anuncio ya por todos conocido del mandatario en el estado, esta soberanía, que entre sus facultades se encuentra la de implementar, por los mecanismos jurisdiccionales a su favor y dentro de su competencia, un proceso de revisión minucioso al proyecto especial 22, en lo referente a su ejercicio financiero y conocer, finalmente, la causa por la que ha sido tan problemático y deficiente su manejo financiero.

X. Por este motivo, en virtud de las consideraciones y motivos aquí planteados, haciendo uso de las atribuciones consignadas en el proemio de la presente iniciativa de acuerdo legislativo; y

Considerando

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 71, fracción III, reconoce la facultad de las legislaturas locales para iniciar leyes o decretos.

II. Que lo propio establece la Constitución local, en su artículo 28, fracción I, que consigna la atribución con la que cuentan los diputados del Congreso de Jalisco para la presentación de iniciativas, leyes, decretos y acuerdos.

III. Que, en este sentido, el artículo 150 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco establece lo que a la letra dice:

Artículo 150.

1. Es iniciativa de acuerdo legislativo la que tiene por objeto:

I. Establecer la posición política, económica, social o cultural del Poder Legislativo respecto de asuntos de interés público;

II. Emitir una resolución de carácter interno para el Congreso del Estado; o

III. Aprobar una resolución referente a las facultades del Congreso del Estado que, por su naturaleza, no requiera de sanción, promulgación o publicación.

Por lo expuesto, sometiendo a la consideración de esta honorable asamblea los puntos antes descritos, se propone el siguiente punto de

Acuerdos

Primero. Gírese atento y respetuoso oficio a la Auditoría Superior de Jalisco para que, dentro de los términos, atribuciones y facultades que le confiere la legislación aplicable, realice una minuciosa revisión y análisis al Programa Especial 22 del Plan Estatal de Desarrollo 2030 del Poder Ejecutivo del gobierno del estado de Jalisco, en lo relativo al ejercicio financiero de la organización, proyección, realización y ejecución de los Juegos Panamericanos en Guadalajara 2011, sus programas complementarios, adicionales, formales, institucionales, así como de los organismos y dependencias involucradas en los mismos, y los remita, mediante los procedimientos reconocidos a esta soberanía.

Segundo. Gírese atento y respetuoso exhorto al Congreso de la Unión para que, por su conducto, y de acuerdo a las atribuciones y facultades dentro de su competencia y de acuerdo las consideraciones que estime pertinentes, instruya las gestiones necesarias para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación la fiscalización de los recursos federales destinados al Programa relativo a la organización, desarrollo y coordinación de los Juegos Panamericanos en Guadalajara 2011, por conducto de las instancias y entidades públicas que hayan intervenido en su habilitación financiera, para su trámite y efecto correspondiente, en los términos que el presente acuerdo establece y en función de su procedencia.

Atentamente

2011, Año de los Juegos Panamericanos en Jalisco

Salón de sesiones, Guadalajara, Jalisco, a 23 de septiembre de 2011.—Diputados: Mariana Fernández Ramírez (rúbrica), Olga Gómez F. (rúbrica), Marco Barba M. (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítanse a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su atención.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Continuamos con la solicitud de licencia del diputado Raúl Domínguez Rex.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio del presente ocurso y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción XVI, 12, fracción V, y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y por así convenir a mis intereses, vengo a pedir a usted, que tenga a bien someter a la consideración del pleno que se apruebe mi solicitud de licencia temporal al cargo de diputado por el distrito electoral federal número 2, con cabecera en Teoloyucan, estado de México, con efectos a partir del 4 de octubre y hasta el 9 de noviembre de 2011.

Por lo expuesto y fundado, esperando que se me obsequie la solicitud planteada, agradezco a usted las atenciones brindadas al suscrito y quedo a sus apreciables órdenes.

Ciudad de México, Distrito Federal, a 3 de octubre de 2011.— Diputado Raúl Domínguez Rex (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia del 4 de octubre al 9 de noviembre de 2011, al diputado Raúl Domínguez Rex, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el II distrito electoral del estado de México.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobados, comuníquense.

DIPUTADO SUPLENTE QUE SE INCORPORA

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Alejandro de la Fuente Godínez, diputado federal electo en el IV distrito del estado de Tabasco.

Se designa en comisión, para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a las siguientes diputadas y diputados: Georgina Trujillo Zentella, Guadalupe Valenzuela Cabrales, Pilar Torre Canales, José del Pilar Córdova Hernández, César Francisco Burelo Burelo, Rigoberto Salgado Vázquez, Ariel Gómez León, Víctor Manuel Castro Cosío.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple su cometido)

Se invita a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Ciudadano Alejandro de la Fuente Godínez, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Alejandro de la Fuente Godínez: Sí, protesto.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.

Bienvenido. Continúe la Secretaría.

ARTICULOS 73 Y 124 CONSTITUCIONALES

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 73 y adiciona un párrafo segundo al artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente

México, DF, a 29 de septiembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Que reforma la fracción II del artículo 73 y adiciona un párrafo segundo al artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma la fracción II del artículo 73; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73....

I. ...

II. Para establecer en leyes generales las bases para la aplicación de los principios rectores de las relaciones entre los órdenes de gobierno federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, en los términos del artículo 124 de esta Constitución.

III. a la XXX. ...

Artículo 124. ...

Las relaciones entre los órdenes de gobierno federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, se regirán por los principios de cooperación, coordinación, subsidiariedad y corresponsabilidad.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente en que se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 29 de septiembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente;Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

ARTICULO 89 CONSTITUCIONAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el acuerdo legislativo número 1161-LlX-11, en el que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta soberanía, presentar a su consideración iniciativa de ley, que propone reformar la fracción XIII, del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos que se describen en el artículo único resolutivo del acuerdo legislativo de referencia.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, adjuntándole copia del acuerdo legislativo de referencia, para efectos de la comunicación procesal respectiva.

Sin otro particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración y respeto.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara, Jalisco, a 13 de septiembre de 2011.— Licenciado José Manuel Correa Ceseña (rúbrica), secretario general del honorable Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Ciudadanos diputados:

A la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, le fue turnada la iniciativa presentada por el diputado Jesús Casillas Romero, mediante la cual se pretende reformar el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual, los firmantes miembros de la referida Comisión Legislativa, nos permitimos presentar el Dictamen que la resuelve, conforme a lo siguiente:

Antecedentes

I. Que en ejercicio del derecho constitucional de presentar iniciativas de ley y decreto, contemplado en el artículo 28 fracción I de la Constitución local, se presentó el 7 de junio del 2011, la iniciativa de acuerdo legislativo que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por parte del diputado Jesús Casillas Romero.

II. La iniciativa mencionada en el punto inmediato anterior fue turnada en esa misma fecha a la Comisión’ de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, a efecto de que se elaborará el dictamen respectivo.

Consideraciones

I. De conformidad con el artículo 153, numeral 1 y 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco, es facultad del Congreso del estado presentar iniciativas de ley o decreto ante el Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como plantear al Congreso del estado de la Unión la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de leyes federales o artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, por así disponerlo el numeral 97 fracción I, II, de la citada Ley Orgánica Estatal, el estudio y dictamen o el conocimiento de los asuntos relacionados con reformas a las leyes reglamentarias u orgánicas de dispositivos de la Constitución Política del Estado y los que la Constitución Federal le autoricen reglamentar.

Para el estudio y análisis de esta iniciativa se tomaron en cuenta los siguientes argumentos, como a continuación se transcriben:

Exposición de Motivos

I. La Ley Aduanera obliga a quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, destinatarios remitentes apoderados agentes aduanales o cualesquiera personas que tengan intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías o en los demás actos o hechos que cita la misma ley.

II. Para el debido cumplimiento de estos lineamientos la Ley Aduanera establece que las mercancías podrán introducirse al territorio nacional o extraerse del mismo mediante el tráfico marítimo, terrestre, aéreo y fluvial, por otros medios de conducción y por la vía postal. Así pues, México cuenta con 19 aduanas en la frontera norte, 2 en la frontera sur, 17 marítimas y 11 aduanas interiores.

III. Las aduanas interiores en la República Mexicana son las siguientes: aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Aguascalientes, Chihuahua, Guadalajara, Guanajuato, México, Monterrey, Puebla, Querétaro, Toluca y Torreón.

IV. La Ley Aduanera en su artículo 143 establece las atribuciones del Ejecutivo como a continuación se transcribe:

Artículo 143. Además de las que le confieren otras leyes, son atribuciones del Poder Ejecutivo federal en materia aduanera:

I. Establecer o suprimir aduanas fronterizas, interiores y de tráfico aéreo y marítimo, así como designar su ubicación y funciones.

II. Suspender los servicios de las oficinas aduaneras por el tiempo que juzgue conveniente, cuando así lo exija el interés de la nación.

III. Autorizar que el despacho de mercancías por las aduanas fronterizas nacionales, pueda hacerse conjuntamente con las oficinas aduaneras de países vecinos.

IV. Establecer o suprimir regiones fronterizas.

V. Sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 89 fracción XIII, otorga al Ejecutivo la siguiente facultad:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:

I. a XII. ...

XIII. habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y designar su ubicación.

...

Como se desprende de la lectura de la Fracción XIII del artículo citado anteriormente de nuestra Carta Magna, el Presidente sólo tiene la facultad de establecer aduanas marítimas y fronterizas.

VI. Puede concluirse que el artículo 143 de la Ley Aduanera es Inconstitucional, dado que está ampliando las facultades del Ejecutivo, siendo incompetente para hacerla. Esto de conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgaran facultades extraordinarias para legislar.

Y al artículo 89, fracción primera, también de nuestra Carta Magna:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia;

VII. Sin embargo, las aduanas interiores son de suma importancia para el comercio en el País, para la importación y exportación de mercancías y para la recaudación de impuestos. Según los datos de la página oficial de aduanas de México, las aduanas interiores manejan un 20% de la mercancía que entra y sale del País, las más importantes siendo la de Guadalajara, la de Monterrey y la del aeropuerto del Distrito Federal.

VIII. El Abogado Rigoberto Reyes Altamirano, experto en Comercio Internacional y Derecho Aduanero, Catedrático del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, autor de entre otros del libro El aspecto fiscal de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,comenta en su página 203 respecto a la irregularidad antes expuesta que “lo anterior trae consecuencias muy delicadas para el sistema aduanero, en virtud de que tal y como está redactado el precepto constitucional, las aduanas interiores establecidas por el Presidente de la República tienen irregularidad constitucional, al haberse creado por una autoridad que carece de competencia para ello.” Concepto con el que coincido y es el que motiva la propuesta de reforma que de aprobarse elevaríamos a la consideración al Congreso de la Unión.

IX Así pues, partiendo el principio de la jerarquía de leyes, es importante que esta soberanía acuerde presentar la iniciativa de ley ante el constituyente federal, en el que se reforma la fracción XIII, del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En mérito de los fundamentos y razonamientos expuestos, someto a la elevada consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

La propuesta del autor queda como sigue:

Único. El Congreso del Estado de Jalisco eleva iniciativa de Ley a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por la que propone reformar la fracción XIII, artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Articulo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

I. a XII. ...

XIII. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas, fronterizas y todas aquellas que requiera el Sistema Aduanero, así como designar su ubicación;

XIV. a XX. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se instruye a la Secretaría General a efecto de que remita el presente Acuerdo Legislativo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Después de un profundo análisis de los argumentos que motivaron la propuesta de reforma ya mencionada, esta comisión dictaminadora emite las siguientes:

Conclusiones

Se considera pertinente remitir la presente iniciativa al H. Congreso de la Unión con el fin de que puedan emitir una resolución en cuestión a las reformas planteadas en la misma.

La presente iniciativa atiende primeramente a la jerarquía de leyes, principio que debe ser tomado en cuenta en nuestro Estado de derecho y en este caso en particular para mantener la constitucionalidad que impone cualquier marco normativo. La Ley Aduanera otorga facultades al Ejecutivo para establecer o suprimir aduanas fronterizas, interiores y de tráfico aéreo y marítimo, así como designar su ubicación y funciones, sin tener la competencia para hacerlo, dado que la propia Constitución Federal no le concede estas atribuciones como tal. Así pues analizando las posibles consecuencias administrativas, legislativas y definitivamente económicas que pudiera tener la Federación por falta de precisión en las obligaciones del Presidente de la República respecto de la habilitación de aduanas en todas sus modalidades, así pues consideramos pertinente se apruebe la presente reforma al artículo 89 de nuestra Carta Magna.

Es por esto que el Congreso del Estado de Jalisco, remite la presente Iniciativa al H. Congreso de la Unión para que siendo este el competente de formular un análisis y emitir una resolución en materia de nuestra Carta Magna, elabore un dictamen al respecto de este tema.

Parte resolutiva

Una vez analizada la iniciativa, los suscritos integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, sometemos a la elevada consideración de ustedes, ciudadanos diputados, el siguiente proyecto de Acuerdo Legislativo, que aprueba presentar al Congreso de la Unión, Iniciativa de:

Acuerdo legislativo

Único. Se aprueba presentar ante el Congreso de la Unión, en términos del artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la iniciativa que pretende reformar la fracción XIII, artículo 89, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. El Congreso del estado de Jalisco eleva iniciativa de Ley a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por la que propone reformar la fracción XIII, artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

I. a XII. ...

XIII. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas, fronterizas y todas aquellas que requiera el Sistema Aduanero, así como designar su ubicación;

XIV. a XX. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se instruye a la Secretaría General a efecto de que remita el presente acuerdo Legislativo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Atentamente

Salón de sesiones del honorable Congreso del estado de Jalisco.— Guadalajara, Jalisco, 22 de junio de 2011.— La Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos.— Diputados: Jesús Casillas Romero (rúbrica), presidente; Enrique Aubry de Castro Palomino, Carlos Alberto Briseño Becerra, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Mariana Fernández Ramírez (rúbrica), Javier Gil Olivo (rúbrica), Abraham Kunio González Uyeda, José María Martínez Martínez, Raúl Vargas López (rúbrica), vocales.»

«Propuesta de Modificación al acuerdo legislativo 5.42 de la Sesión del 13 de septiembre de 2011.

Acuerdo legislativo

Que aprueba presentar ante el Congreso de la Unión, en términos del artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciativa que reforma la fracción XIII, del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se aprueba presentar ante el Congreso de la Unión, en términos del artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente proyecto de

Decreto

Que reforma la fracción XIII, del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma la fracción XIII, del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

I. a la XII. [...]

XIII. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas, fronterizas y todas aquellas que requiera el sistema aduanero, así como designar su ubicación;

XIV. a la XX. [...]

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Palacio Legislativo de San Lázaro.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el acuerdo legislativo número 1160-LlX-11, en el que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, esta soberanía somete a su consideración iniciativa de decreto que propone adicionar un párrafo a los artículos 62, 305 y 404 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en términos que se describen en el acuerdo legislativo en comento.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, adjuntándole copia del acuerdo legislativo de referencia, para efectos de la comunicación procesal respectiva.

Sin otro particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración y respeto.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara, Jalisco, a 13 de septiembre de 2011.— Licenciado José Manuel Correa Ceseña, secretario general del Congreso del estado de Jalisco.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Ciudadanos Diputados

A la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos le fue turnada por acuerdo de la asamblea la iniciativa presentada por el entonces diputado Luis Manuel Vélez Fregoso, por la que se adiciona un párrafo a los artículos 62, 305 y 404 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por lo que se tomaron en cuenta para la elaboración del presente dictamen los siguientes

Antecedentes

I. Que en fecha 15 de enero del 2008, el entonces diputado Luis Manuel Vélez Fregoso presentó la iniciativa de ley que nos ocupa.

II. Que también el 15 de enero del 2008, le fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos por acuerdo de la asamblea, la presente iniciativa de decreto para su estudio y formulación del proyecto de dictamen, de conformidad con lo señalado en el artículo 107 de la Ley Orgánica de este Poder.

Ubicados los antecedentes de la iniciativa bajo proceso de estudio, es viable señalar que se tomaron en cuenta por esta comisión al momento de dictaminar conforme a las siguientes

Consideraciones

I. Que es facultad de los diputados presentar iniciativas de ley, decreto o acuerdos legislativos, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Constitución Política para el Estado de Jalisco y artículo 22, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

II. De conformidad a lo dispuesto por la fracción 1, numeral 1, del artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, es atribución de las comisiones legislativas, recibir, analizar, estudiar, discutir y dictaminar los asuntos que le turne la asamblea.

III. Corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos el estudio y dictamen o el conocimiento, del presente asunto, en los términos del artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

IV. En ese orden de ideas, se surten los extremos legales en los que, el autor de la iniciativa contaba al momento de su presentación, con facultades para presentar propuestas a través de iniciativas de ley, decreto o acuerdo legislativo, asimismo, la comisión legislativa que suscribe, cuenta con las facultades para conocer del asunto planteado.

Esta comisión dictaminadora para la elaboración del presente dictamen tomó en cuenta los argumentos de la autora de la iniciativa, de la cual se desprende lo siguiente de su:

Exposición de Motivos

“Primero. Que es facultad de los diputados presentar iniciativas de ley, decreto o acuerdo, en los términos de la fracción I del artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como lo dispuesto por el artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

Segundo. Que el 13 de junio de 2003, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, la reforma realizada a diversos artículos del Código de Comercio, en donde se deroga el concepto de norma supletoria al Código de Procedimientos Civiles de cada entidad federativa de que se trate, para que en su lugar aparezca el ordenamiento Código Federal de Procedimientos Civiles, como norma supletoria de este ordenamiento mercantil.

Tercero. En ese orden de ideas este acuerdo legislativo tiene dos enfoques, el primero de ellos se apoya en lo que establece el Enjuiciamiento Civil Local del Estado de Jalisco en sus artículos 77, fracción V, párrafo segundo y 118, establecen lo siguiente:

“ artículo 77. Son obligaciones de los secretarios:

...

V. Formular diariamente, por triplicado, autorizada con su firma y el sello del tribunal, una lista de los negocios acordados o resueltos, expresando en ella el número del expediente, la naturaleza del juicio y los nombres y apellidos de los interesados. Uno de los ejemplares se pondrá a disposición del público, antes de las trece horas, en un lugar de fácil acceso de sus oficinas; el otro se guardará en el archivo del juzgado; y el tercero se remitirá al boletín judicial para que se publique en el número del día siguiente, antes de las nueve de la mañana.

Por ningún motivo se incluirán en la lista los negocios o resoluciones que tengan por objeto el depósito de personas, el lanzamiento, el requerimiento de pago, el mandamiento de pago o aseguramiento de bienes o cualquier otra diligencia semejante de carácter reservado, a juicio del juez.”

“artículo 118. La segunda y ulteriores se harán personalmente a los interesados o a sus abogados patronos si concurren al tribunal o juzgado respectivo, hasta antes de las doce horas del tercer día, contado desde el mismo en que se dicten las resoluciones en que hayan de notificarse, en su defecto, la resolución se tendrá por notificada mediante su publicación en el boletín judicial o en la lista de acuerdos donde no existía éste y surtiera sus efectos a las doce horas del día siguiente de la misma.

No se incluirán en la lista, los juicios o resoluciones que tengan por objeto la separación de personas, requerimientos de pago, mandamiento de embargo, aseguramiento de bienes, otras diligencias semejantes o urgentes, a juicio del juez”

En atención a ello, tal disposición se hace necesaria en materia procesal civil y mercantil, ya que gracias a esta posibilidad de omitir en las listas (Boletín Judicial) los asuntos que por su naturaleza así lo requieren, los interesados sobre quienes se va a llevar a cabo tal actuación no tienen la misma ventaja de enterarse de las resoluciones que en algún determinado momento afectarán a su esfera jurídica; luego entonces con ello se está en aptitud de tener una diligencia con mayor éxito; así pues, esta disposición resulta de mucha ayuda para la parte que pretende realizar o que tenga por objeto las diligencias que por su naturaleza requieren tener éxito, máxime que en materia mercantil y por tratarse de asuntos u operaciones de comercio que siempre redundan en forma económica, resulta evidente que debiera de existir tal determinación, para con ello facilitar el objeto de la diligencia, que en esta materia podrían llegar a ser para el lanzamiento, requerimiento de pago, mandamiento de pago o aseguramiento de bienes o cualquier otra diligencia semejante o carácter urgente a juicio del juez.

El segundo punto a tratar, es en relación al embargo que se debe realizar, ya al inicio del procedimiento o en ejecución de sentencia, de donde podemos resaltar lo que establece el enjuiciamiento civil de esta entidad en sus numerales:

“ artículo 520. Una vez decretada la ejecución y practicando el requerimiento con las formalidades que este código establece, si el deudor no hace el pago, el ejecutor procederá al secuestro de bienes suficientes para cubrir el importe de las prestaciones reclamadas y sus consecuencias legales. El actor o su representante deberá asistir a la práctica de esta diligencia”

“ Artículo 523. El embargo sólo procede y subsiste en cuanto baste a cubrir la suerte principal y las costas, incluyéndose en aquellas los nuevos vencimientos y réditos hasta la total solución a menos que la ley disponga expresamente lo contrario.

Para calcular el importe de las prestaciones no vencidas se tomará en cuenta el equivalente de un año a partir del emplazamiento, si se trata de la iniciación del juicio, computando solo las sumas reclamadas, y seis meses si se trata de ejecución de sentencia”

De lo cual podemos advertir que al derogarse el Código de Procedimientos Civiles de cada entidad, como norma supletoria del Código de Comercio e implementarse en su lugar el Código Federal de Procedimientos Civiles, ha traído consigo múltiples problemas procesales, ya que este último ordenamiento no contempla absolutamente nada para calcular las prestaciones no vencidas en el procedimiento, ello porque en su arábigo 440 dispone lo siguiente:

“ artículo 440. El embargo sólo procede y subsiste en cuanto baste a cubrir la suerte principal, costas, gastos y daños y prejuicios, en su caso, incluyéndose los nuevos vencimientos y réditos hasta del procedimiento.

Ahora bien, como es sabido, el embargo resulta ser una figura de nuestro derecho que tiene gran importancia, ya que mediante este acto se logra garantizar lo adeudado como suerte principal, intereses y accesorios que pudiera haberse obligado al demandado, de la misma forma, el embargar estas prestaciones o conceptos, en la mayoría de los casos no sirve de nada, ya que sólo se garantiza lo adeudado hasta el momento de llevarse a cabo, sin importar lo que pueda durar el juicio y que al final del mismo lo embargado al inicio resulta mínimo para pagar la deuda total, sin contar con que el deudor haya dilapidado sus bienes para no hacer frente a sus obligaciones; así mismo, se podría dar el caso de que se embargaran en demasía bienes de los que realmente se deberían de embargar para garantizar el procedimiento y como consecuencia de ello, estaríamos frente a un abuso de la figura llamada embargo; en atención a ello, podemos ver que hace falta establecer de forma categórica los nuevos vencimientos y réditos, ya que al no establecerse se deja en un estado de indefensión, no procedimental interna, sino material, por lo cual se debe de tomar en cuenta el embargo ordenado para ejecutar la sentencia dictada; razón por la cual considero de suma importancia adicionar un párrafo más a dicho numeral, para que en el mismo se establezca el tiempo o monto a garantizar por las prestaciones aún no vencidas y que de alguna forma fueron pactadas por las partes y con esto cuantificar y obtener un buen éxito en el juicio, tanto al inicio, como al final.

De igual forma, y con el conocimiento de que en la actualidad, los procedimientos mercantiles no duran menos de dos años, ello hasta la debida conclusión y éxito del mismo, se propone una modificación de términos, para que en lugar de un año, se establezca que sea de año y medio, el cual se deberá de establecer por equivalente de 18 meses; lo anterior debido a que pensar que con un solo año se alcanza a garantizar el buen resultado del juicio, es desconocer lo que sucede en la realidad; debido a que es que los procedimientos no duran menos de dos años, ello in observar los procedimientos que duran de tres a cinco años, de lo cual considero prudente el establecer el tiempo señalado en esta iniciativa, sin dejar de largo los seis meses para calcular la ejecución de dicha resolución, ya que no se contempla en el ordenamiento a reformar y ello se hace necesario.

Cuarto. En otro orden de ideas, se señala que debido a la reforma apuntada del Código de Comercio como norma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, así como de otros ordenamientos de suma importancia, como lo es la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos entre otras; es de considerarse de suma importancia la reforma y adición que hoy se plantea a esta Soberanía; y en virtud de resultar de competencia federal es el Congreso de la Unión el Poder competente para resolver la procedencia e improcedencia de la misma, de igual forma y el medio idóneo para hacerla llegar, es por medio de un Acuerdo Legislativo presentado ante esta Asamblea, de tal suerte y de acuerdo a las facultades que me confieren los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , 28 en su fracción I de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Jalisco.”

En base a lo anterior, esta comisión dictaminadora emite las siguientes:

Conclusiones

Se considera pertinente remitir la presente iniciativa al Congreso de la Unión con el fin de que se encuentren en la aptitud de analizar y en su caso emitir una resolución relativa a las reformas planteadas en el cuerpo de la misma.

Esta comisión dictaminadora encuentra que es de aprobarse la iniciativa propuesta por el entonces diputado Manuel Vélez Fregoso toda vez que en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco en sus artículos 77 y 118, se establece la prohibición a incluir en la lista de acuerdos, los negocios o resoluciones que tengan por objeto el depósito de personas, lanzamiento, requerimiento de pago, aseguramiento de bienes, o cualquier acto semejante reservado a juicio del juez.

Asimismo, en el Código Federal de Procedimientos Civiles no se contempla la anterior prohibición, por lo que consideramos que el autor mediante esta propuesta pretende cumplir con el principal objetivo del legislador que es armonizar las leyes para su mayor entendimiento y eficacia, por lo que esta iniciativa evitaría confusiones y lagunas jurídicas.

Por otra parte, la presente reforma hace una aclaración acerca de cuál es el ordenamiento supletorio a recurrir en los juicios mercantiles, toda vez que el 13 de junio del 2003 se aprobó la reforma a diversos artículos del Código de Comercio mediante la cual ya no se debe recurrir a la norma supletoria del Código de Procedimientos Civiles de cada Estado, sino al Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que concordamos con el autor en cuanto a la necesidad existente en homologar el Código federal con el local.

En virtud de las consideraciones anteriores, esta comisión dictaminadora encuentra que es de aprobarse la propuesta del autor de la iniciativa, atendiendo a lo ya expresado en materia de supletoriedad de la ley y la necesidad de abonar a la armonía legislativa.

Por otra parte, concordamos con el autor, la reforma propuesta al artículo 440 de la multicitada ley para de esta manera agilizar los juicios haciendo así un verdadero ahorro para las partes y para el estado en su papel de juzgador.

Por lo anterior, esta comisión dictaminadora considera que es necesario hacer estas modificaciones a dicha ley, por lo que el Congreso del estado de Jalisco, remite la presente iniciativa al Congreso de la Unión para que siendo éste el competente de formular un análisis y emitir una resolución en materia de nuestra Carta Magna y de leyes federales, elabore un dictamen al respecto de este tema.

Parte Resolutiva

Una vez analizada la iniciativa, los suscritos integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, sometemos a la elevada consideración de ustedes, ciudadanos diputados, el siguiente proyecto de acuerdo legislativo, que aprueba presentar al Congreso de la Unión, iniciativa de

Acuerdo Legislativo

ÚNICO. Se aprueba presentar ante el Congreso de la Unión, en términos del artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un párrafo a los artículos 62, 305 y 404 del Código Federal de Procedimientos Civiles

Único. Se adiciona un párrafo a los artículos 62, 305 y 404 del Código de Procedimientos Civiles para quedar como sigue:

Artículo 62.

Por ningún motivo el secretario incluirá en la lista de acuerdos o su similar, los negocios o resoluciones que tengan por objeto la separación o depósito de personas, el lanzamiento, el requerimiento de pago, el mandamiento de pago o aseguramiento de bienes o cualquier otra diligencia de carácter semejante o urgente, a juicio del juez.

Artículo 305.

Por ningún motivo se incluirá en la lista de acuerdos o su similar, los negocios o resoluciones que tengan por objeto la separación o depósito de personas, el lanzamiento, el requerimiento de pago, el mandamiento de pago o aseguramiento de bienes o cualquier otra diligencia de carácter semejante o urgente, a juicio del juez.

Artículo 440.

Para calcular el importe de las prestaciones no vencidas, se tomará en cuenta el equivalente de dieciocho meses a partir del emplazamiento, si se trata de la iniciación del juicio, computando sólo las sumas reclamadas, y seis meses si se trata de ejecución de sentencia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente

Salón de sesiones del Congreso del Estado de Jalisco.— Guadalajara, Jalisco, a 25 de julio de 2011.— La Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, diputados: Jesús Casillas Romero (rúbrica), presidente; Javier Gil Olivo (rúbrica), Carlos Alberto Briseño Becerra, Mariana Fernández Ramírez (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), José María Martínez Martínez, Abraham Kunio González Uyeda, Enrique Aubry de Castro Palomino, Raúl Vargas López (rúbrica).»

«Propuesta de modificación al acuerdo legislativo 5.41 de la sesión del 13 de septiembre de 2011

Acuerdo Legislativo

Que aprueba presentar ante el Congreso de la Unión, en términos del artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciativa que adiciona un párrafo a los artículos 62, 305 y 404 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Único. Se aprueba presentar ante el Congreso de la Unión, en términos del artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona un párrafo a los artículos 62, 305 y 404 del Código Federal de Procedimientos Civiles

Único. Se adiciona un párrafo a los artículos 62, 305 y 404 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue:

Artículo 62. [...]

Por ningún motivo el secretario incluirá en la lista de acuerdos o su similar, los negocios o resoluciones que tengan por objeto la separación o depósito de personas, el lanzamiento, el requerimiento de pago, el mandamiento de pago o aseguramiento de bienes o cualquier otra diligencia de carácter semejante o urgente, a juicio del juez.

Artículo 305. [...]

Por ningún motivo se incluirá en la lista de acuerdos o su similar, los negocios o resoluciones que tengan por objeto la separación o depósito de personas, el lanzamiento, el requerimiento de pago, el mandamiento de pago o aseguramiento de bienes o cualquier otra diligencia de carácter semejante o urgente, a juicio del juez.

Artículo 440. [...]

Para calcular el importe de las prestaciones no vencidas, se tomará en cuenta el equivalente de dieciocho meses a partir del emplazamiento, si se trata de la iniciación del juicio, computando sólo las sumas reclamadas, y seis meses si se trata de ejecución de sentencia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

(Rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION - LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha los senadores Guillermo Enrique Tamborrel Suárez, Alberto Cárdenas Jiménez, Fernando Elizondo Barragán, Raúl José Mejía González y Francisco Javier Obregón Espinoza presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 29-D, 29-E, 29-F y 29-G del Código Fiscal de la Federación y se modifica y adiciona el artículo 1-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de septiembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.

Iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se adicionan los artículos 29-D, 29-E, 29-F y 29-G del Código Fiscal de la Federación y se modifica y adiciona el artículo 1-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Quienes suscriben Guillermo Tamborrel Suárez, Alberto Cárdenas Jiménez, Fernando Elizondo Barragán, Raúl José Mejía González y Francisco Javier Obregón Espinoza, senadores de la República de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1, y 169, numerales 1 y 4, del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se adicionan los artículos 29-D, 29-E, 29-F y 29-G del Código Fiscal de la Federación y se modifica y adiciona el artículo 1-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Derivada de la crisis económica mundial recientemente vivida y ante las circunstancias actuales de deterioro de los recursos naturales así como de la extrema pobreza en que se encuentran muchísimas personas, nace una nueva iniciativa desde la Organización de las Naciones Unidas que promueve la transición de las economías hacia una economía verde. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) considera que una economía verde debe “mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales de escases”.

Esta economía verde, tiene por objeto contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, específicamente en lo que se refiere a medio ambiente y los recursos naturales, pobreza y empleos verdes (sostenidos) así como a propiciar un mejor bienestar para la sociedad en general y las futuras generaciones.

El PNUMA establece una serie de condiciones favorables que deben existir a nivel nacional para lograr una verdadera economía verde, estas condiciones incluyen: cambios en la política fiscal, reforma y reducción de subsidios con efectos perjudiciales para el ambiente y mejora y ejecución de normas y regulaciones que favorezcan el medio ambiente, entre otras.

México no es la excepción de las circunstancias mundiales. Sin embargo, la transición a una economía verde requiere de diversos instrumentos que faciliten su implementación y coadyuven a un trabajo conjunto de empresas, sociedad y gobierno, para beneficio de todos.

El reciclaje, es una de las historias ambientales más exitosas de finales del siglo 20. Según datos del documento Hacia una economía verde, elaborado por el PNUMA, la industria del reciclaje da trabajo actualmente a 12 millones de personas únicamente en tres países (Brasil, China y Estados Unidos) y a nivel mundial representa un mercado estimado en 410,000 millones de dólares anuales.

El reciclaje torna los materiales que se hubiesen convertido en residuo, en recursos valiosos. De hecho, el recolectar los materiales reciclables es tan sólo un paso en una serie de acciones que generan una serie de ganancias desde el punto de vista financiero, ambiental y social, entre los que se encuentran:

• Protege y expande los empleos del sector manufacturero y aumenta la competitividad mexicana en el mercado global.

• Reduce la necesidad de los vertederos y la incineración.

• Ahora energía y evita la contaminación causada por la extracción y procesamiento de materiales vírgenes y la manufactura de productos utilizando materiales vírgenes.

• Disminuye las emisiones de gases de invernadero que contribuyen al cambio climatológico global.

• Conserva los recursos naturales como la energía, madera, el agua y los minerales, entre otros.

• Ayuda a sostener el medioambiente para generaciones futuras.

Algunos datos relevantes de los incisos anteriores son por ejemplo:

• Carbon foot print (huella de carbón) de la producción primaria (con mineral o material virgen) versus producción secundaria (con materiales reciclados) medido en emisiones de ton CO2eq / ton producto:

Requerimientos de Energía en la producción primaria (con mineral ó material virgen) vs producción secundaria (con materiales reciclados) medido en megajoules / ton producto:

Report on the Environmental Benefits of Recycling”, October 2008. Sue Grimes, John Donaldson and Doctor Gabriel Cebrián Gómez, Center for Sustainable Production & Resource Efficiency, Imperial College London for the Bureau of International Recycling.

En el caso del PET por ejemplo:

A nivel mundial existen ejemplos exitosos alrededor de la industria del reciclaje, en Brasil por citar alguno, este sector da trabajo a más de medio millón de personas, muchas de las cuales se han agrupado en cooperativas que les permiten cobrar más del doble que aquellos recogedores de basura que actúan de manera independiente. Cifras del PNUMA muestran que en el país amazónico se recicla cerca del 95% de las latas de aluminio y alrededor del 55% de las botellas de polietileno. Estas cifras se traducen en una generación de recursos de casi 2,000 millones de dólares anuales.

El 87% de la materia prima que utiliza la Industria del Papel en México es papel reciclado, lo que la coloca en el 5° lugar como país reciclador en el mundo, habiendo desarrollado desde hace muchos años una infraestructura nacional para el acopio y manejo de papel recuperado de desperdicio, de tal forma que de recuperar y reciclar 355,000 toneladas de papel y cartón de desperdicio en México en 1970, se pasó a recuperar y reciclar 3,232,000 toneladas en el año 2010. Si bien se han logrado importantes avances, se tienen también grandes oportunidades ya que el Consumo Aparente del papel fue de 6,677,000 toneladas en el año 2010.

Es necesario destacar que la recuperación y reciclaje del papel desechado evita la ocupación de los rellenos sanitarios a razón de 2.5 m3 por tonelada de desperdicio y la final descomposición en Bióxido de Carbono CO2 y Metano CH9 que son los principales gases de efecto invernadero (con índices de potencial de calentamiento de 1 y 21 respectivamente).

Hoy en día, pese a los grandes beneficios que aporta el reciclaje de los residuos y de los instrumentos que prevé la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos que promueve la aplicación de las tres erres (reutilizar, reducir y reciclar), los planes de manejo entre otros, no ha sido suficiente para mejorar el manejo integral de los residuos en el país, por lo que se requieren de instrumentos adicionales.

Por lo tanto, uno de los primeros pasos a instrumentar para la transición hacia una economía verde, es incentivar el acopio selectivo de los residuos para propiciar un mercado de reciclaje, dado que un mercado de ésta naturaleza coadyuvaría a la reducción de emisiones atmosféricas al utilizar la energía contenida dentro de los residuos y por otro, un coadyuvante adicional a la preservación de nuestros recursos naturales, potenciando los recursos ya extraídos y disminuyendo el consumo de nuevos recursos, entre otros beneficios que se enumeran más adelante.

La industria del reciclaje en México sigue siendo, en la práctica, un terreno en el que se mueven organizaciones de pepenadores, dirigidas casi en la sombra por unas cuantas personas; actividad en la que las cuentas son tan poco claras como una bolsa de basura y la regulación gubernamental es mínima, la tecnología escasa y la planeación muy limitada.

En el V Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón se estima que la generación nacional de basura para el año 2011 alcanza los 41,099,000 toneladas, es decir, 112 mil 600 toneladas diarias, lo que representa un aumento de 25.2% frente a la generación diaria registrada para el año 2000, asimismo, la generación anual per cápita de residuos sólidos urbanos (RSU) se incrementó de 315.7 kg en el año 2000 a 359.6 kg por habitante. Además de este incremento en la generación, es necesario señalar el cambio que ha sufrido la composición de RSU en el país, de acuerdo con el documento “El Medio Ambiente en México, 2009” elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); en la década de los cincuenta los residuos orgánicos representaban entre el 65% y el 70% del total, lo que los hacía fácilmente integrables a los ciclos de la naturaleza; pero en el año 2010 había disminuido hasta el 52%, integrando nuevos y múltiples elementos adicionales, cuya descomposición es lenta y requiere de procesos complementarios para efectuarse. Sin embargo, cerca del 35.2% de los RSU son potencialmente reciclables, compuestos por materiales como Papel y cartón (13.8%), Plásticos (10.8%), Vidrios (5.8%) y Metales (3.4%).

Aunado a lo anterior, la propia Semarnat reconoce en el documento El medio ambiente en México, 2009 que en el año 2008, a pesar de tener una tasa de recolección de RSU de 90.1%, únicamente se reciclaba el 3.6% de los mismos, por lo tanto, aún existe un gran potencial en este sector. Del total reciclado durante 2008, 42.1% correspondió a Papel y cartón, 28.7% a Vidrios, 27.8% a Metales, 1.3% a Plásticos y 0.2% a Textiles.

De seguir por este camino el panorama es desolador, el PNUMA calcula que hoy en día se recicla únicamente el 25% de los residuos generados a nivel mundial y bajo las condiciones actuales, para el año 2050 se estarían generando en el mundo más de 13,000 millones de toneladas anuales de residuos, 20% más que en 2009.

La simple enumeración de las cifras crea la idea de que reciclar desechos sólidos en México debería ser gran negocio, además de una necesidad ambiental, sobre todo si se toma en cuenta que al 2010 la Semarnat tenía registrados únicamente 206 sitios controlados con una capacidad de disposición de RSU de tan solo 28.2 millones de toneladas, cantidad a todas luces insuficiente para dar un correcto procesamiento a los más de 40 millones de toneladas generadas en el mismo año.

Una de las preocupaciones más importantes manifestadas por los sectores más significativos en el reciclaje: Plásticos, Hierro y acero, Papel y cartón, entre otros, es la falta de mecanismo para la retención de los impuestos al valor agregado y sobre la renta, y comprobación de adquisiciones, dado que hasta el año 2008, se permitió lo anterior, mediante una disposición transitoria de la resolución miscelánea fiscal, esto es, la deducción de la auto-facturación de desperdicios que podían ser procesados en plantas productivas tanto para efectos del impuesto sobre la renta como del impuesto empresarial a tasa única (IETU). No obstante que para el artículo 6º de la Ley del IETU no autoriza la deducción de erogaciones soportadas mediante la auto-facturación.

El esquema de la auto-facturación para el caso de subproductos se condicionó en su momento a que se cumpliera con los siguientes supuestos:

• Que se tratara de la primera enajenación realizada por personas físicas sin establecimiento fijo.

• Que la actividad preponderante de quienes adquirían los desperdicios fuera la de comercialización o industrialización de los desperdicios industriales.

• Que se retuviera y enterara el 5% por concepto de impuesto sobre la renta.

• Que la aplicación de la auto-facturación no excediera del 70% de total de las compras.

Estas facilidades que se otorgaron para la deducción de residuos contribuyeron a facilitar el proceso de compraventa de los mismos, propiciando así el reciclaje en el país, la conservación de recursos naturales y el ahorro de energía. Es muy importante mencionar que quienes ejercían la deducción de la auto-facturación son contribuyentes cautivos, a los que la autoridad tiene plenamente identificados y sobre los que se pueden ejercer actos de fiscalización. En tanto que no se tenía un adecuado control sobre las personas físicas que vendían por primera vez este tipo de productos.

Cabe señalar que por su propia naturaleza, el acopio y compra de estos materiales de reutilización se realiza en la mayoría de los casos con quienes de manera directa llevan a cabo la tarea de separar los desechos para identificar aquellos susceptibles de reciclaje, por lo que resulta materialmente imposible formalizar a estos pequeños “proveedores” a cumplir con las obligaciones fiscales.

Ante esta dificultad, anteriormente el adquirente de los productos del sector primario emitía una autofactura para deducir sus adquisiciones. Para hacerla válida tenía que presentar un aviso y unos meses más tarde, capturar toda la información de estos documentos en un programa.

No obstante, la SHCP eliminó este esquema de autofacturación para imponer uno en el que el adquirente del producto o del servicio, es el encargado de realizar el registro de su proveedor de bienes o servicios, producto de actividades primarias, en el que el adquirente, aprovechando que ya tiene contacto con el productor, captura los datos de éste en un programa de cómputo proporcionado por el SAT y solicita la inscripción del productor al RFC. El mismo adquirente, contrata los servicios de un Proveedor Autorizado de comprobantes fiscales digitales o facturación electrónica y con el RFC del productor, al momento de adquirir sus productos solicita la emisión de una factura electrónica.

Sin embargo, dicho esquema está habilitado por las ventas realizadas y servicios prestados en el sector primario, arrendadores y mineros; adquirentes de sus bienes o servicios. Actualmente no existe resolución alguna para el sector industrial en la adquisición de desperdicios y materiales de la industria del reciclaje. De 2008 a la fecha, ha sido muy complicado que el mercado pueda seguir creciendo, actualmente por ejemplo, en el 2005 se exportaron 63,665 toneladas de fibra de papel, en el 2010 se exportaron 177,858 y en el primer semestre de 2011 ya se exportaron 187,740 toneladas. La principal razón, es que para exportar no requieren factura y no se pagan impuestos. Los consumos nacionales de fibra requieren factura, se paga el IVA y se incrementa el precio por los intermediarios. La recaudación anual potencia sería de $ 16,48.8 millones pesos (ISR = $ 82,845 millones pesos x %10 utilidad x 28% ISR = $ 2,455 millones pesos; IVA = $ 82,845 millones pesos x 16% IVA = $ 14,028 millones pesos).

Por lo anterior, es de relevante importancia proponer un esquema alternativo para esta actividad, que permita estimular la formalidad del mercado del reciclaje con el doble beneficio que aporta:

• La protección y preservación de recursos naturales, resultado del retiro de materiales reutilizables que a falta de esta actividad terminarían contaminando el medio o saturando los rellenos sanitarios; y obligando a la extracción de nuevas materias primas.

• El estímulo de una actividad económica que incluye a la cadena de acopiadores de materiales reutilizables – industrialización – reutilización.

Las facilidades de deducción deben acompañarse de las medidas de control necesarias a fin de evitar abusos en el esquema.

La propuesta que se realiza por medio de la presentación de ésta Iniciativa, es una propuesta utilizada hoy en día en el sistema tributario mexicano para las ventas de primera mano del sector primario y tiene por objeto, incrementar el reciclaje y por ende la captación de impuestos y la generación de empleos lícitos, así como el aumento de la fiscalización, ya que la implementación de una carga tributaria elevada conlleva un alto riesgo de evasión, por la facilidad con que se realiza la enajenación de estos productos y la dificultad para detectar este tipo de operaciones.

Además, se facilitaría este tipo de operaciones ya que las personas que compran de primera mano los materiales de reuso no tienen la posibilidad de contar con una estructura administrativa para sobrellevar sus obligaciones fiscales.

La adopción de este mecanismo permitirá incrementar el número de Pequeños Contribuyentes (ingresos menores a 2 millones de pesos al año), quienes de acuerdo al documento Impuesto empresarial a tasa única (IETU): Un diagnóstico a tres años de su implementación, elaborado por la SHCP, actualmente aportan únicamente el 1% de la recaudación total del país y representan un importante potencial que a la fecha no se ha sabido aprovechar.

Asimismo, ayudará a solucionar el problema de la baja recaudación del IVA, que a pesar de la predicción para 2011 (3.9% del PIB) que hace la SHCP en el documento antes mencionado, durante el primer trimestre del mismo año sufrió una disminución de 3.5% anual en términos reales, según datos del “Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública”.

Como puede verse, la adopción del mecanismo propuesto permitirá compensar en su proporción adecuada, los bajos niveles de recaudación que imperan en el país y que ubican a México como uno de los peores en este rubro entre los estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Otro aspecto donde esta iniciativa busca influir de manera positiva es el que se refiere a las tasas de informalidad y desempleo que existen en el país. El PNUMA establece que el empleo en el sector de la gestión de residuos y el reciclaje crecerá de manera notable en los próximos años como respuesta al crecimiento demográfico y económico que se está dando a nivel global así como la inserción de cambios de política promovido a través de la Economía Verde.

En materia de informalidad, hoy en día el Inegi calcula que el porcentaje de la población ocupada en el sector informal alcanza el 28.8% del total de la población ocupada, cifra superior al 27.9% y 27.1% registrados durante el tercer y cuarto trimestre de 2010, respectivamente.

Si a lo anterior se añade que a Junio de 2011 el número de trabajadores en el sector informal rebasó al número de los trabajadores permanentes asegurados por el IMSS; esto es, 13 millones 385 mil 674 trabajadores en el sector informal contra 13 millones 81 mil 753 trabajadores permanentes asegurados ante el IMSS según datos del Inegi, el panorama resulta poco alentador.

De acuerdo a los datos más recientes publicados por la Organización Internacional del Trabajo, México ocupa el 4º lugar de los países analizados por este organismo en cuanto al tamaño de la población ocupada en el sector informal de la economía, superado únicamente por India (134.3 millones), Brasil (18.6 millones) y Pakistán (16.6 millones).

Según el estudio “Economía informal: evolución reciente y perspectivas” realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, anualmente el sector informal de México absorbe en promedio el 31.5% del aumento que se registra en la población ocupada total.

Si a estos argumentos en materia de empleo e informalidad se añade el hecho que la clasificación y el procesamiento de materiales reciclables ocupa a diez veces más personas por tonelada métrica que la incineración o los rellenos sanitarios, estamos ante un sector con un alto potencial para la generación de empleo.

De adoptarse el mecanismo que se está promoviendo a través de esta iniciativa, automáticamente se estarían incorporando al sistema formal miles de trabajadores del sector de la recolección de residuos que a la fecha no tienen ningún incentivo para formar parte del sector formal de la economía.

Por si resultaran insuficientes los argumentos expuestos hasta el momento, existe un elemento de vital importancia que, dadas las circunstancias actuales del país en materia de inseguridad, representa un serio riesgo para algunos sectores específicos de la población así como para la economía nacional: lavado de dinero y extorsión.

Como ya se mencionó anteriormente, para quienes se dedican a la recolección y comercialización de materiales de reuso les es muy difícil cumplir con toda la serie de requisitos que les exige la autoridad en materia fiscal, lo que al mismo tiempo ocasiona un serio predicamento para los adquirientes de dichos materiales ya que estos no cuentan con una forma legalmente válida para comprobar sus erogaciones por la compra de estos insumos.

Es en este momento del proceso donde detectamos el grave riesgo de que el crimen organizado tome ventaja de las necesidades tanto de pepenadores de materiales de reuso que se encuentran en la informalidad como de recicladores formales. La primera operación consiste en que una empresa intermedia compra el insumo en efectivo a los recolectores de materiales ya que éstos no están bancarizados quedando la compra sin registro bancario ni fiscal. En una siguiente operación, el material se vende al industrializador, quien exige una factura y debe ser expedida por el intermediario. De esta forma tenemos a un intermediario formal que requiere expedir facturas pero que no cuenta con el mecanismo para deducir fiscalmente las compras que hizo a los pepenadores y proveedores informales por no contar con una factura requisitada. ¿Cómo comprueba fiscalmente sus compras esta empresa intermedia? Es complicado.

De seguir funcionando el esquema descrito, se corre el grave riesgo de que el crimen organizado encuentre atractivo el participar en este sector con fines de lavado de dinero, actividad que según el estudio “El lavado de Dinero en México, escenarios, marco legal y propuestas legislativas” elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, inyecta en el sistema financiero mexicano entre 25 mil y 45 mil millones de dólares al año.

El crimen organizado podría actuar mediante la creación de empresas fantasmas que se dediquen a proveer de facturas falsas al intermediario con el objeto de blanquear el dinero.

Con la implementación de mecanismos como el contenido en esta iniciativa, otorga legalidad y transparencia a la operación de todo el sector del reciclaje, que además de incrementar fuertemente la eficiencia y la recaudación fiscal, dificultaría mucho la posibilidad de lavar dinero del crimen organizado. También se reduce la corrupción, se tendrá mayor recaudación de los impuestos, tanto de IVA como ISR que serían retenidos al final de la cadena de reciclaje por las empresas consumidoras de estas materias primas, quienes son normalmente grandes y fácilmente fiscalizables, quitando la necesidad de auditar y recaudar de miles de pequeños negocios difíciles de fiscalizar, dado que estos no tienen grandes instalaciones y pueden cambiar de domicilio y nombre con facilidad.

Finalmente y con el objetivo de la oportunidad de empezar bien y atraer el beneficio de aumentar la base gravable, mayor recaudación y combate a la corrupción se propone en los artículos transitorios, un indulto para quienes en la industria del reciclaje, se incorporen a la formalidad, pues de lo contrario muchos de ellos por temor no se incorporarían a la formalidad.

En virtud de lo anterior, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por virtud del cual se adicionan los artículos 29-D, 29-E, 29-F y 29-G del Código Fiscal de la Federación, y se reforma y adiciona el artículo 1-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Primero. Se adicionan los artículos 29-D, 29-E, 29-F y 29-G en los siguientes términos:

Artículo 29-D. Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del presente Código, los contribuyentes que adquieran de personas físicas desperdicios y materiales de primera mano en la industria del reciclaje, podrán comprobar las erogaciones realizadas por dichos conceptos con comprobante fiscal digital emitido a través de un proveedor de servicios de generación y envío de comprobantes fiscales digitales a que se refiere las disposiciones fiscales vigentes, únicamente cuando cumplan con lo siguiente:

a) Que entre sus actividades se incluya el acopio, la enajenación, la comercialización o industrialización de los desperdicios y materiales para reciclaje,

b) Que cumplan con la opción a que se refiere el artículo 29-F siguiente, en caso de que la persona física de la que adquieran los desperdicios y materiales de primera mano en la industria del reciclaje no cuente con RFC,

c) Que cumplan con la obligación de retención prevista en el artículo 1-A, fracción V de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 29-E. Los contribuyentes que hayan optado por comprobar las adquisiciones efectuadas en términos del artículo 29-D, tendrán las siguientes obligaciones:

a) Retener por concepto de ISR el 3% del monto total de la operación realizada, retención que tendrá carácter de pago definitivo. Deberán enterar la retención conjuntamente con su declaración de pago provisional correspondiente al periodo en que se efectúe la citada operación, incluyendo dicha retención en el concepto identificado como “ISR otras retenciones” en la aplicación electrónica correspondiente.

Artículo 29-F. Para los efectos del artículo 27, podrán inscribirse en el RFC a través de los adquirentes de sus productos, los contribuyentes, personas físicas que enajenen desperdicios y materiales de primera mano en la industrial del reciclaje y que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que su actividad preponderante sea la enajenación de desperdicios y material para reciclaje.

b) Que se trate de enajenaciones de primera mano.

c) Que no tengan la obligación de presentar declaraciones periódicas.

Los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en esta regla, deberán proporcionar a dichos adquirentes lo siguiente:

a) Nombre.

b) CURP o copia del acta de nacimiento.

c) Domicilio fiscal.

d) RFC, cuando ya hubieran sido inscritos con anterioridad, bajo el esquema del presente artículo.

Las personas físicas que opten por inscribirse en el RFC de acuerdo a este artículo, quedarán relevadas de presentar declaraciones ante el SAT.

Artículo 29-G. Para los efectos de los artículos 29 y 29-A, para la expedición de los comprobantes fiscales digitales que amparen las erogaciones por adquirir de las personas físicas a que se refieren los artículos que anteceden, sobre los desperdicios y materiales de primera mano en la industria del reciclaje, los adquirentes deberán cumplir con lo siguiente:

I. Para cada operación realizada con las personas físicas a que se refiere este artículo, solicitar al proveedor de servicios de generación y envió de comprobantes fiscales digitales contratado, la generación y emisión del comprobante fiscal digital, utilizando para ello el certificado de sello digital de solicitud de comprobantes, para lo cual deberán proporcionarle al proveedor del servicio la información lo siguiente:

Del enajenante:

a) Nombre, RFC y domicilio.

b) Lugar y fecha de la operación.

c) Cantidad, unidad y descripción del producto.

d) Precio unitario.

e) Total de la operación.

Del adquirente:

a) Clave del RFC:

II. Recibir los archivos electrónicos de los comprobantes emitidos por el proveedor de servicios de generación y envío de comprobantes fiscales digitales contratado y conservarlos en su contabilidad.

III. La solicitud de comprobante fiscal digital y el comprobante fiscal digital deberán conservarse como parte de la contabilidad del adquirente.

IV. La fecha de expedición del comprobante fiscal digital deberá ser como máximo la del 31 de diciembre del ejercicio al que corresponda.

Segundo. Se deroga el inciso b) de la fracción II del artículo 1-A para quedar como sigue:

Artículo 1-A. Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:

I. Sean instituciones de crédito que adquieran bienes mediante dación en pago o adjudicación judicial o fiduciaria.

II. Sean personas morales que:

a) Reciban servicios personales independientes, o usen o gocen temporalmente bienes, prestados u otorgados por personas físicas, respectivamente.

b) Adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para su comercialización. Se deroga

c) Reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes, prestados por personas físicas o morales.

d) Reciban servicios prestados por comisionistas, cuando éstos sean personas físicas.

III. Sean personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles, o los usen o gocen temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país.

IV. Sean personas morales que cuenten con un programa autorizado conforme al Decreto que Establece Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación o al Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación, o tengan un régimen similar en los términos de la legislación aduanera, o sean empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte o de autopartes para su introducción a depósito fiscal, cuando adquieran bienes autorizados en sus programas de proveedores nacionales.

Tercero. Se adiciona la fracción V al artículo 1-A, así como los tres párrafos siguientes, para quedar como:

V. Sean personas físicas con actividad empresarial o morales, que adquieran desperdicios y/o materiales de la industria del reciclaje, para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para su comercialización.

Para los efectos del párrafo anterior la retención del impuesto por la enajenación de desperdicios y materiales de la industria del reciclaje adquiridos por personas morales y físicas con actividad empresarial para ser utilizados como insumos en actividades industriales o para su comercialización, se deberá efectuar independientemente de la forma en que se presenten los desperdicios y materiales de la industria del reciclaje, ya sea en pacas, placas o cualquier otra forma o que se trate de productos que conlleven un proceso de selección, limpieza, compactación, trituración o cualquier tratamiento que permita su reutilización o reciclaje.

Para efectos de esta fracción (V) se considera desperdicio cualquier bien, aleación, materia o material que sea considerado como residuo, sobra, sobrante, recorte, merma o deshecho que resulte de cualquier proceso, incluyendo mercancías que se encuentren rotas, desgastadas, obsoletas o inutilizables y las que ya manufacturadas no pasan el control de calidad por avances tecnológicos. Y se consideran materiales de la industria del reciclaje cualquier bien, aleación, materia o material reciclable o reciclado, a partir de que entran a la cadena comercial del reciclaje, indistintamente de su presentación y transformación física; y dejará de ser considerado material de la industria del reciclaje hasta ser fundido nuevamente, o transformado en celulosa o papel nuevo, o haber sufrido cualquier transformación y por cualquier medio, convirtiéndolo en un producto diferente o en materia prima, siempre y cuando esta nueva fusión, o transformación en celulosa o papel nuevo, o transformación en producto diferente o materia prima, sea realizada en las propias instalaciones de la persona moral o física y no por un proceso de maquila en instalaciones de otra persona moral o física, ya que en el caso de fusión o transformación por maquila, seguirá siendo considerado material de la industria del reciclaje.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto legislativo del Senado de la República, a 29 de septiembre de 2011.— Senadores: Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), Alberto Cárdenas Jiménez (rúbrica), Fernando Elizondo Barragán (rúbrica), Raúl José Mejía González (rúbrica), Francisco Javier Obregón Espinoza.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

ANALISIS V INFORME DE GOBIERNO

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a las comparecencias en comisiones de funcionarios del Ejecutivo federal para el análisis del quinto Informe de Gobierno del presidente de la República, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 7o., numeral 4, 33 y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 198 y 199 del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes

Considerandos

I. Que el pasado 1 de septiembre de 2011 el presidente de los Estados Unidos Mexicanos entregó al Congreso de la Unión su V Informe de Gobierno, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Que el numeral 4 del artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que las Cámaras analizarán el informe presentado por el presidente de la república, clasificándose por materias en política interior, política económica, política social y política exterior.

III. Que en el marco de lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para efectos del análisis del informe de gobierno, cada Cámara podrá citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República y a los directores de las entidades paraestatales.

IV. Que de acuerdo con los artículos 33 y 34 de la propia Ley Orgánica, la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano en el que se impulsan los entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar los acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. De igual manera, tiene la atribución de presentar puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones.

V. Que la Cámara de Diputados inició, en su sesión del 13 de septiembre de 2011, el análisis del V Informe de Gobierno del presidente de la república.

VI. Que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, en su reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2011, acordó que para continuar con el análisis del V Informe de Gobierno, se realicen comparecencias de servidores públicos del Ejecutivo federal, al seno de diversas comisiones.

VII. Que con el ánimo de profundizar dicho análisis y establecer un diálogo constructivo entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, esta Junta de Coordinación Política ha considerado pertinente citar a comparecer a los titulares de distintas dependencias de la administración pública.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 7o., numeral 4, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 198 y 199 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados acuerda celebrar en el seno de sus comisiones las comparecencias de los servidores públicos del Ejecutivo federal, a efecto de realizar el análisis del V Informe de Gobierno del Presidente de la República, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 4 del artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y dentro del marco regulado por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Las comparecencias que deberán celebrarse son las siguientes:

Tercero. Los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina podrán ser citados a comparecer en las respectivas comisiones, en términos del presente acuerdo y de los antecedentes de este tipo de reuniones.

Cuarto. Los funcionarios comparecientes rendirán protesta de decir verdad, como señala el artículo 69 de la Constitución Política, ante las comisiones respectivas.

Quinto. Como lo establece el artículo 199 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el formato de las comparecencias será acordado por la Junta Directiva o Juntas Directivas de las comisiones correspondientes y sometido a la votación del pleno de la Comisión o comisiones involucradas. La junta directiva o juntas directivas informarán a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva el formato convenido, que reflejará el criterio de proporcionalidad y procurará incluir a los diputados y diputadas sin partido.

Sexto. Se determina que podrán participar en las comparecencias con derecho de voz, los diputados que designe cada grupo parlamentario aun cuando no formen parte de los órganos legislativos involucrados, en cuyo caso, deberá notificarse con la debida anticipación a la presidencia de la o de las comisiones respectivas, los nombres de los participantes, y éstos se sujeten a los procedimientos e intervenciones establecidos.

Séptimo. En los casos en los que se presenten solicitudes de preguntas por escrito en los términos del artículo 69 Constitucional, las comisiones deberán informarlo a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, a efecto de que dicho órgano defina lo conducente conforme al Reglamento de la Cámara de Diputados.

Octavo. Lo no previsto por el presente acuerdo será resuelto por la Conferencia consultando al respecto a los presidentes de las comisiones involucradas, de conformidad con el numeral 3 del artículo 198 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Noveno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que haga del conocimiento del Ejecutivo federal los términos del presente acuerdo, a efecto de que se notifique a los secretarios correspondientes.

Décimo. Comuníquese y publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Pedro Jiménez León,  (rúbrica; faltan los secretarios de Defensa Nacional y de Marina), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia;Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, (rúbrica; observación hecha de buscar comisión con Defensa Nacional y Marina), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se han registrado los siguientes oradores; el diputado Enrique Ibarra, para hablar en contra y la diputada Esthela Damián Peralta, para hablar en pro.

Tiene la palabra el diputado Enrique Ibarra, hasta por 3 minutos.

En lo que se presenta el señor diputado, permítanme enviar un saludo a invitados especiales de Cuautitlán Izcalli, que han sido invitados por el diputado Francisco Rojas San Román. Así como invitados especiales a invitación de la diputada Daniela Nadal Riquelme. También, integrantes de la casa hogar Amaneceres Santísima Trinidad, de la diputada Margarita Liborio Arrazola. Sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

Adelante, diputado Ibarra.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza:Gracias, señor presidente. De acuerdo al artículo 128 de nuestro Reglamento, que contempla la moción de ilustración al pleno, le pediría, señor presidente, que me permitiera que la Secretaría leyera el primer párrafo del artículo 69 de la Constitución y posteriormente, una acepción del Diccionario de la Lengua Española. Evidentemente, el tiempo no me lo cuentan.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: No cuenta el tiempo. Se obsequia la petición del diputado, en su moción de ilustración al pleno. Adelante.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de Estado, al procurador General de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informe bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y su Reglamento regularán el ejercicio de esta facultad.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Le pediría ahora si instruye a la Secretaría, del Diccionario de la Real Academia Española, lea el término del vocablo comparecencia, en lo que se refiere a su acepción parlamentaria.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Adelante, diputado secretario.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Comparecencia: Acción y efecto de comparecer. Presentación del gobierno, de sus miembros, así como de otros cargos, ante los órganos parlamentarios a efecto de informe y debate.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Enrique Ibarra.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza:¿Por cinco minutos, presidente?

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Habíamos decidido que el tiempo que se otorgaría sería de tres minutos, pero si usted lo solicita, tiene por cinco minutos, como una consideración. Adelante, diputado.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Gracias por su generosidad, ciudadano presidente. Miren, acaban ustedes de escuchar el contenido del artículo 69 de la Constitución, donde el Ejecutivo tiene la obligación de rendir un informe. En el segundo párrafo se establece que cada una de las Cámaras puede citar a comparecer y a rendir su informe del estado que guarda el ramo respectivo.

De ahí que en este momento vayamos a votar un proyecto de la Junta de Coordinación Política, que a juicio nuestro quebranta lo que es el propósito del artículo 69 constitucional, porque se está procesando un acuerdo para que diversos secretarios titulares de ministerios del Ejecutivo comparezcan a la rendición de cuentas.

Casualmente, el área del Ejecutivo, que es la más fuerte ante la opinión pública y de mayor interés, que debería ser para esta representación, no está considerada. Me refiero a que no se está convocando a los secretarios de la Defensa Nacional y a los de la Secretaría de Marina y, ¿cuál es el tema central en nuestro país? Es precisamente el combate a la delincuencia organizada, y a los responsables en esa lucha contra la delincuencia y el narcotráfico se les da un trato de excepción.

Aquí se han enlistado una serie de secretarios que tendrán que comparecer ante las comisiones. En lo que ha sido una reiterada petición nuestra: que vengan a la rendición de cuentas, a someterse a esta representación popular, a los titulares de la Defensa Nacional y de Marina, se les está excepcionando, se les está excluyendo.

Aquí se frasea, en una de las partes, que podrá hablarse con los responsables de las Fuerzas Armadas, pero atendiendo los antecedentes de los años previos con esos titulares. ¿Cuáles son esos antecedentes? Que los diputados, en nuestro caso, que integramos la Comisión de la Defensa Nacional, tenemos que ir a las instalaciones del secretario y ahí conversar con él. Pero no han venido a esta representación ni a esta asamblea. Es una reiteración nuestra que debamos hacerlo. Además, he de decir que en las pláticas que se han tenido con el secretario de la Defensa, él no se niega a venir, pero desde luego, tiene que ser esta Cámara la convocante.

En la semana anterior, que vimos este tema en la Junta de Coordinación Política, todos los partidos, con excepción del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de Acción Nacional, se negaron a que se incluyeran —a que vinieran en su condición de secretarios de Estado, de la Defensa y de la Marina— a esos titulares.

El resto de las fuerzas políticas de la Junta, todos, afirmamos y demandamos que esta representación tenga también el informe y la rendición de cuentas, el diálogo, el debate, como se dice en la propia Constitución, como es una comparecencia, que el servidor público tiene que rendir protesta de decir verdad, y hay caso omiso para convocarlos, a los titulares de la Defensa y de la Marina.

Por ello, nuestra petición es que se modifique y que se incluya para esas comparecencias a ambos secretarios de Estado. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra para hablar en pro del acuerdo la diputada Esthela Damián Peralta, hasta por tres minutos.

La diputada Esthela Damián Peralta:Gracias, diputado presidente. Hace un momento intervine, no concluí porque no correspondía al orden del día. Sin embargo, aprovecho esta posibilidad de hablar de comparecencias para señalar una que tiene pendiente la Comisión de Vigilancia y que ha mandado dos documentos al presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, para solicitar con diferentes propuestas la presencia en este lugar y ante la Comisión de Vigilancia del titular de Petróleos Mexicanos.

Explícitamente el documento que enviamos dice: Lo anterior, en virtud del interés que tiene esta comisión de conocer los objetivos, beneficios, características e implicaciones de la operación y la veracidad y en su caso, las implicaciones del acuerdo por el que Pemex y Sacyr ValleHermoso ejercerán de facto el control de Repsol.

Hemos revisado y encontramos que Petróleos Mexicanos comparece el 19 de octubre de este año ante la Comisión de Energía y de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, señor presidente, lo que nosotros o su servidora le viene a solicitar es de sus buenos oficios para que este asunto no se siga dilatando.

La comisión tenía planteado desahogar esta comparecencia hoy a las 5:00 de la tarde. Eso no está sucediendo y lamentablemente ésta es una de tantas ocasiones en que el Ejecutivo no contesta las solicitudes que realiza esta Cámara.

Me parece inaudito que hasta estas fechas, después de haber solicitado y después de que el acuerdo ya tiene varios días en proceso, no tengamos una fecha y una hora para desahogar este tema. No es un asunto que implique o que tenga que ver con la glosa, tienen que ver con una operación que se está ventilando en los medios de comunicación, en mi opinión, muy delicado.

En lo particular, decirle que su servidora se encuentra en la peor de las posiciones: por una parte no nos obsequian la fecha de la comparecencia y por otro lado, tengo a mis compañeros diputados pidiéndome las fechas para desahogar este tema.

Señor presidente, le solicito amablemente que me pueda apoyar para que a la brevedad tengamos esta comparecencia que solicitó, que aprobó y que hemos estado enviando oficios de manera reiterativa de parte de la Comisión de Vigilancia para desahogar este punto. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Con mucho gusto recogemos su petición, diputada. Le haremos llegar la respuesta en el momento oportuno. No habiendo más oradores inscritos...

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Dígame, diputado Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias, presidente. Para sumarnos a la propuesta —más bien exigencia— que hace la presidenta de la Comisión de Vigilancia, en la que la acompañamos desde la secretaría. Evidentemente se han hecho muchas solicitudes para que pueda comparecer el director de Pemex y pareciera ser que no entienden que están obligados a venir a rendir cuentas a esta Cámara. Nos sumamos a su solicitud y le pedimos sus buenos oficios para que esta comparecencia se pueda celebrar de manera inmediata, como lo pide la diputada Esthela Damián. Gracias, presidente.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Con mucho gusto, señor diputado, atenderemos su petición. Diputado César Augusto Santiago, adelante por favor.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez(desde la curul): Señor presidente, simplemente quiero decir que lo planteado por la diputada Esthela Damián no es un asunto menor. Me parece que lo debiera ver la Mesa Directiva con la mayor seriedad. Es un asunto que interesa mucho a quienes estamos interesados en el tema energético de este país.

Nos pareció que era un trámite muy sencillo el invitar al director de Pemex a que acudiera a la Comisión de Vigilancia a que nos explique dos o tres asuntos, que no es el caso ventilar en este momento en el pleno.

Decirle, presidente, que si es usted tan amable de tener mi punto de vista y pedirle al presidente de la Mesa Directiva que obsequie la petición de la diputada Damián, ya que me parece de lo más correcto y apropiado. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados por la negativa.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobado. Comuníquese.

El siguiente capítulo es la Declaratoria de publicidad de dictámenes. Adelante la Secretaría.

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 11 a 13 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El 8 de diciembre de 2010, la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

2. Esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Derechos Humanos (expediente 3422), para el análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de la iniciativa

La diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero en su iniciativa propone incorporar de manera plena un lenguaje incluyente, el principio de no discriminación y el interés superior de la infancia que permitan vivir una vida libre de violencia. Para ello, con el propósito de garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres, niños y personas mayores de 60 años, sugiere diversas modificaciones a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), mismas que se analizan en el presente dictamen, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. La diputada proponente sugiere incorporar en el artículo 5 de la LFPED relativo a las conductas que no se considerarán discriminatorias “el trato diferenciado que en su caso reciba una persona discapacitada”. Al respecto, esta comisión dictaminadora considera necesario destacar el contenido del párrafo quinto del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone:

Artículo 1o. ...

...

...

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Y por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), en sus dos primeros artículos estipula:

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de interés social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

Artículo 2. Corresponde al estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.

De manera particular el artículo 5 de la LFPED, contempla en su fracción II, que no serán consideradas conductas discriminatorias las “distinciones basadas en capacidades o conocimientos especializados para desempeñar una actividad determinada.”

Sumado a lo anterior, en el artículo 13 de esta misma ley, se establece como una obligación para los órganos públicos y las autoridades federales, dentro de su competencia, llevar a cabo diversas medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, cuyo listado es enunciativo más no limitativo. Dentro de estas medidas, se pretende colocar a las personas con discapacidad en condiciones que les permitan ejercer los derechos reconocidos constitucionalmente, dentro de un principio de no discriminación.

Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por nuestro país mediante decreto publicado el 24 de octubre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, dispone en su artículo 4, numeral 1 que:

1. Los estados parte se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad...

En este sentido, esta dictaminadora estima pertinente recordar que siempre debe prevalecer en nuestro marco jurídico para que a todas las personas les sea respetado su derecho a la dignidad, como una base y condición de los demás derechos fundamentales.

Luego entonces, resulta innecesario adicionar la fracción que se propone, toda vez que de conformidad con los criterios legales antes señalados, además del objetivo y contenido de la LFPED, el trato diferenciado que se brinda a las personas con discapacidad no constituye una conducta discriminatoria, toda vez que dentro de una cultura de no discriminación inmersa en la citada ley, se pretende consolidar la exigencia constitucional e internacional de brindar trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, sin que esto implique la necesidad de especificar, de manera reiterada, el trato que se debe brindar a las personas con discapacidad.

2. La propuesta de reforma que realiza la diputada Camacho, a la fracción III del artículo 10, relativa a las medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres, con el fin de que se realice “la promoción de campañas de sensibilización en los medios de comunicación para prevenir y eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres”, fortalece los criterios y disposiciones contenidos en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuyo instrumento entró en vigor para el Estado mexicano el 3 de septiembre de 1981.

Este instrumento internacional contempla, entre otros principios, la adopción de las medidas necesarias que tengan como propósito suprimir la discriminación hacia las mujeres en todas sus formas y manifestaciones, razón por la que los estados parte, “convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer”. Por lo que, para el tema que nos ocupa, asumen el compromiso de:

Artículo 2. ...

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

En este mismo sentido, el artículo 10 de este instrumento mandata que los estados parte, “adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.” De manera particular, en el inciso h de este artículo prevé el “acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia.”

Por lo anterior, esta dictaminadora como lo manifestó en su sesión del 2 de junio de 2011, al aprobar la adición de la fracción V al artículo 10 de la LFPED, consideró fundamental establecer como una medida positiva y compensatoria a favor de la igualdad de las mujeres, ofrecer “información completa y actualizada sobre los derechos de las mujeres y la forma e instituciones ante los cuales pueden ejercerse”. En tal virtud, la propuesta que se hace en la presente iniciativa es innecesaria retomarla en el presente dictamen, en virtud de la aprobación antes referida.

Por lo tanto, esta comisión comparte el criterio de la diputada Camacho al proponer la adición, en este mismo artículo, de la “...promoción de campañas de sensibilización en los medios de comunicación para prevenir y eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres”. Cuya sugerencia se encuentra implícita en la aprobación de la reforma antes mencionada, en virtud de que la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres y su correspondiente sensibilización, se encuentran contempladas dentro de los derechos de las mujeres. Por ende, hablar de “información completa y actualizada” en la difusión de tales derechos, conlleva la realización de distintas acciones de política pública que se deben realizar para dar mayor certeza al ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres.

3. De las propuestas que realiza la diputada en su iniciativa, relativas a las reformas al artículo 11 de la LFPED, esta dictaminadora expone el análisis correspondiente de cada una. Al efecto, el texto vigente contempla, en su parte conducente, lo siguiente:

Texto vigente

Artículo 11. Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de las niñas y los niños:

I. ...

II. ...

III. Promover el acceso a centros de desarrollo infantil, incluyendo a menores con discapacidad;

IV. Promover las condiciones necesarias para que los menores puedan convivir con sus padres o tutores, incluyendo políticas públicas de reunificación familiar para migrantes y personas privadas de la libertad;

V. ...;

VI. Alentar la producción y difusión de libros para niños y niñas;

VII. Promover la creación de instituciones que tutelen a los menores privados de su medio familiar, incluyendo hogares de guarda y albergues para estancias temporales;

VIII. Promover la recuperación física, psicológica y la integración social de todo menor víctima de abandono, explotación, malos tratos o conflictos armados, y

IX. Proporcionar, en los términos de la legislación en la materia, asistencia legal y psicológica gratuita e intérprete, en los procedimientos judiciales o administrativos, en que sea procedente.

Propuesta

Artículo 11. ...

I. ...

II. ...

III. Promover el acceso a centros de desarrollo infantil a todas las niñas y niños sin ejercer ninguna forma de discriminación.

IV. Promover las condiciones necesarias para que la niñez pueda convivir con sus padres o tutores, incluyendo políticas públicas de reunificación familiar para migrantes y personas privadas de la libertad;

V. ...

VI. Alentar la producción y difusión de libros para niños y niñas, entre ellos los que promuevan y difundan los derechos humanos, de manera particular los derechos humanos de la infancia, y fomenten los principios de igualdad y no discriminación.

VII. Promover la creación de instituciones que tutelen la calidad de vida de las niñas y niños de su medio familiar, incluyendo hogares de guarda y albergues para estancias temporales;

VIII. Promover la recuperación física, psicológica y la integración social de todas las niñas y niños víctimas de abandono, explotación, malos tratos o conflictos armados,

IX. Proporcionar, en los términos de la legislación en la materia, asistencia legal y psicológica gratuita e intérprete, en los procedimientos judiciales o administrativos, en que sea procedente, y

X. Promover campañas de sensibilización en los medios de comunicación para prevenir y eliminar toda forma de discriminación y violencia contra las niñas y los niños.

Al respecto, en relación a la adición que propone para la fracción III esta dictaminadora considera que la especificación para que se promueva el acceso a los centros de desarrollo infantil “a todas las niñas y niños sin ejercer ninguna forma de discriminación” es innecesaria en virtud de que reitera la misión y naturaleza de la LFPED, toda vez que su contenido busca evitar cualquier acto de discriminación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de esta ley, citado con antelación.

Y en todo caso, al proponer la eliminación de la especificación para que se incluya a menores con discapacidad, en la promoción de acceso a centros de desarrollo infantil conlleva un acto precisamente de discriminación en contra de esta población.

Por lo que se refiere a la modificación dentro de la fracción IV para sustituir el término de “los menores” por el de “la niñez”, cabe señalar que el Código Civil federal establece la expresión de “menor” tratándose de infantes. En este mismo tenor, los conceptos de “menor” y “niñez” son figuras análogas que de igual manera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha considerado en sus distintas tesis jurisprudenciales.

Por su parte, en el ámbito internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño dispone en su artículo 1 que “Para los efectos de la presente convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.”

Y dentro de la ley que nos ocupa, se menciona a los “menores” sin que se especifique entre niños, niñas, adolescentes o menores, razón por la que de estimarse necesario se tendría que sustituir la denominación de “menor” por la de “niñez” en las distintas disposiciones de esta ley, lo que evidentemente implica que esta dictaminadora exceda las facultades que tiene concedidas para dictaminar la iniciativa en estudio.

De la propuesta que realiza en la fracción VI, se estima aprobarla con modificaciones en virtud del contenido y alcance que la misma fracción puede incidir en la difusión de los derechos humanos, particularmente de aquellos que se dirigen a infantes y adolescentes, como un ejercicio para el conocimiento pleno de sus derechos. Al efecto se propone la siguiente redacción:

VI. Alentar la producción y difusión de libros para niños y niñas, particularmente de aquellos que promuevan y difundan sus derechos humanos y fomenten los principios contenidos en esta ley.

Por lo que corresponde a la reforma de la fracción VII, el contenido de la citada disposición contempla la “creación de instituciones que tutelen a los menores privados de su medio familiar, incluyendo hogares de guarda y albergues para estancias temporales;” por lo que a criterio de esta comisión el contenido de esta disposición, implica el beneficio que se busca brindar a la infancia que se encuentra impedida de estar en su medio familiar. En tal virtud, excluir ésta condición privativa, como se sugiere en la iniciativa, se eliminaría la posibilidad de brindar protección adicional a los menores que se encuentran alejados de su medio familiar, razón por la que en el texto vigente se busca crear espacios apropiados para la población que se encuentra en dicha condición.

Empero, la propuesta de la diputada Camacho para encaminar el objetivo de estas instituciones resulta loable e incluso indispensable, de conformidad con el principio 6 contenido en la Declaración de los Derechos del Niño que estipula:

El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; (...) La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. (...)

Asimismo, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en su resolución 41/85 del 3 de diciembre de 1986 emitió la “Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos relativos a la Protección y el Bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional”, cuyo instrumento contempla para el tema que nos ocupa lo siguiente:

Artículo 5

En todas las cuestiones relativas al cuidado de un niño por personas distintas de sus propios padres, los intereses del niño, en particular su necesidad de recibir afecto y su derecho a la seguridad y al cuidado continuado, deber ser la consideración fundamental.

Artículo 6

Los encargados de los procedimientos de adopción y de colocación en hogares de guarda deberán haber recibido capacitación profesional u otro tipo de capacitación apropiada.

Lo anterior, indica que en el caso concreto y con el propósito de brindar mayor certeza jurídica a los derechos y principios contemplados en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, esta dictaminadora estima viable su aprobación con la misma denominación genérica contemplada en el texto vigente; lo anterior, en virtud de que al especificar “las niñas y niños” deja de lado a las y los adolescentes, además de que en términos legales, como se ha señalado, se reconoce a los menores indistintamente de las niñas y niños e incluso de los adolescentes. Por lo anterior, se propone la siguiente reforma:

VII. Promover la creación de instituciones que tutelen la calidad de vida de los menores privados de su medio familiar, incluyendo hogares de guarda y albergues para estancias temporales;

Respecto a la reforma a la fracción VIII, de nueva cuenta se considera innecesaria la modificación para incorporar “todas las niñas y niños”, esto de conformidad con las consideraciones antes enunciadas, respecto a lo innecesario que implica especificar en cada disposición tal denominación.

En lo que corresponde a la adición de la fracción X al artículo 11, es de aprobarse con la respectiva modificación, a fin de mantener el concepto señalado en el texto vigente y por las razones multicitadas, en torno a la terminología. En consecuencia se propone:

X. Promover campañas de sensibilización en los medios de comunicación para prevenir y eliminar toda forma de discriminación y violencia contra infantes y adolescentes.

4. Las reformas y adiciones que propone a las fracciones del artículo 12 de la LFPED, se analizan a continuación en comparación con el texto vigente:

Texto vigente

Artículo 12. Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las personas mayores de 60 años:

I. Garantizar el acceso a los servicios de atención médica y seguridad social, según lo dispuesto en la normatividad en la materia;

II. Procurar un nivel mínimo y decoroso de ingresos a través de programas, conforme a las reglas de operación que al efecto se establezcan:

a) De apoyo financiero directo y ayudas en especie y

b) De capacitación para el trabajo y de fomento a la creación de empleos, y

III. Garantizar, conforme a la legislación aplicable, asesoría jurídica gratuita así como la asistencia de un representante legal cuando el afectado lo requiera.

Propuesta

Artículo 12. ...

I. Garantizar el acceso a los servicios de atención médica y seguridad social, según lo dispuesto en la normatividad en la materia sin ejercer ninguna forma de discriminación;

II. Procurar un nivel mínimo y decoroso de ingresos que garanticen un nivel de vida adecuado a través de programas, conforme a las reglas de operación que al efecto se establezcan:

a)...

b)...

c) De acceso, permanencia y ascenso en el trabajo y

d) De accesibilidad en instalaciones públicas, privadas y transportes, y

III. Garantizar, conforme a la legislación aplicable, asesoría jurídica gratuita así como la asistencia de un representante legal cuando la persona afectada así lo requiera.

IV. Promover la creación de centros de gerontología para su atención, misma que deberá de cubrir las necesidades de prevención y atención de la salud diferenciada por género.

V. Promover programas recreativos y culturales para las personas mayores de 60 años.

VI. Promover campañas de información en los medios de comunicación y en las escuelas, a fin de sensibilizar a la sociedad sobre los derechos humanos de las personas mayores de 60 años y de eliminar toda forma de discriminación y violencia en su contra.

VII. Promover campañas de prevención y sensibilización a fin de eliminar toda forma de discriminación y violencia contra las personas mayores de 60 años.

La propuesta que realiza a la fracción I para adicionar la posibilidad de que no se ejercerá “ninguna forma de discriminación” en el acceso a los servicios de atención médica y seguridad social, la LPED contempla dentro de sus objetivos evitar cualquier acto de discriminación, independientemente de la población que se vea afectada, en virtud de que esta ley se encuentra dirigida a todas las personas, motivo por el que es innecesaria esta propuesta.

La reforma y adiciones que propone a la fracción II e incisos c y d, respectivamente, carecen de soporte jurídico en razón de que garantizar “un nivel de vida adecuado” a favor de las personas mayores de 60 años, implica un criterio subjetivo que no permite distinguir los parámetros que permitirán gozar del nivel de vida que pretende la diputada.

Lo anterior no implica que esta dictaminadora no coincida con la preocupación e interés de la diputada proponente para garantizar mejores condiciones de vida para la población adulta, mayor de 60 años. Sin embargo, no es factible su aprobación de conformidad con lo expresado en el párrafo que antecede.

Por lo que se refiere al contenido de las disposiciones que sugiere incorporar en los incisos c y d, cabe mencionar que éstas se encuentran consideradas en el artículo 9 de la LFPED, mismo que para el tema que nos ocupa se citan a continuación:

Artículo 9. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.

A efecto de lo anterior, se consideran como conductas discriminatorias:

...

III. Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo;

IV. Establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales;

V. Limitar el acceso a los programas de capacitación y de formación profesional;

...

XXII. Impedir el acceso a cualquier servicio público o institución privada que preste servicios al público, así como limitar el acceso y libre desplazamiento en los espacios públicos;

...

Particularmente, en lo relativo al “acceso, permanencia y ascenso en el trabajo”, éstos criterios se encuentran contemplados en la Ley Federal del Trabajo los cuales, de manera ejemplificativa, se contemplan dentro de los artículos 3o., 5o., 56 y 133, entre otros, cuyos numerales estipulan consideraciones en torno a la edad de las y los trabajadores, mismos que en términos genéricos se relacionan con actos discriminatorios que no pueden externarse en consideración a los parámetros de edad.

De la modificación que propone a la fracción III, se considera innecesaria toda vez que “la persona afectada” en lugar de “el afectado” no implica un cambio que impacte en la efectividad de la ley, en virtud de que ésta denominación se vincula con la tutela que el estado debe brindar con el propósito de garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos y sus garantías, señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo que se refiere a las fracciones IV y V, estas propuestas ya se encuentran contempladas en las distintas disposiciones contenidas en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, dentro de las que se encuentra la población que sugiere la diputada en su iniciativa. Por ende, esta dictaminadora considera innecesaria su aprobación en el presente dictamen.

Y por lo que corresponde a las propuestas de adición contenidas en las fracciones VI y VII, dado el contenido de su similitud y de conformidad con la propuesta de reforma considerada en la fracción X del artículo 11, señalada con antelación, se estima viable su aprobación por las razones referidas en el orden correspondiente a las fracciones del artículo de mérito, motivo por el cual se sugiere la siguiente redacción:

IV. Promover campañas de sensibilización en los medios de comunicación para prevenir y eliminar toda forma de discriminación y violencia en contra de las personas mayores de 60 años.

5. Respecto a las reformas que propone a las fracciones del artículo 13 de la LFPED, se expone su análisis a continuación:

Texto vigente

Artículo 13. Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad:

I. Promover un entorno que permita el libre acceso y desplazamiento;

II. Procurar su incorporación, permanencia y participación en las actividades educativas regulares en todos los niveles;

III. a IX. ...

X. Promover que en las unidades del sistema nacional de salud y de seguridad social reciban regularmente el tratamiento y medicamentos necesarios para mantener y aumentar su capacidad funcional y su calidad de vida.

Propuesta

Artículo 13. ...

I. ...

II. Asegurar su incorporación, permanencia y participación en las actividades educativas regulares en todos los niveles;

III. a IX. ...

X. Promover su acceso en las unidades del sistema nacional de salud y de seguridad social para que reciban sin discriminación alguna el tratamiento y medicamentos necesarios para mantener y aumentar su capacidad funcional y su calidad de vida.

XI. Garantizar el acceso a la información a personas con discapacidad visual y auditiva.

XII. Promover campañas de información en los medios de comunicación para sensibilizar a la sociedad, a fin de prevenir y eliminar toda forma de discriminación y violencia contra las personas con discapacidad.

XIII. Promover en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, programas de educación especial atendiendo a lo señalado en la Ley General de las Personas con Discapacidad.

De las propuestas que se mencionan en las fracciones II y X se considera parcialmente viable su aprobación, en virtud de que los términos que incorpora la diputada Camacho en su iniciativa, permite garantizar la efectividad de los derechos contemplados en el citado artículo. Al respecto, se propone la siguiente modificación en virtud de que la propuesta que realiza en la fracción X, resulta reiterativa de conformidad con la naturaleza de la LFPED:

X. Promover su acceso en las unidades del sistema nacional de salud y de seguridad social para que reciban regularmente el tratamiento y medicamentos necesarios para mantener y aumentar su capacidad funcional y su calidad de vida.

Quedando la fracción XI en los términos sugeridos por la proponente.

Por lo que corresponde a las adiciones de las fracciones XI, XII y XIII, la primera de ellas se considera viable, toda vez que el derecho a la información constituye uno de los derechos fundamentales que son indispensables para un estado democrático. Y respecto a la fracción XII, de conformidad con los criterios mencionados con antelación, resulta necesaria su incorporación con el propósito de consolidar una cultura de la no discriminación, sin que sea necesario aprobarla en su totalidad, en virtud de que sería reiterativo señalar la parte relativa a las “personas con discapacidad”.

Respecto a la propuesta contenida en la fracción XIII, ésta se considera improcedente en virtud de que su contenido ya se encuentra contemplado en la Ley General de Educación, dentro de los artículos 2o., 80 y 30, el acceso a la educación, sin distinción de ningún tipo, cuyas disposiciones en su parte conducente señalan:

Artículo 2o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

(...)

(...)

Artículo 8o. El criterio que orientará a la educación que el estado y sus organismos descentralizados impartan –así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan– se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

I. (...)

II. (...)

III. Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

Artículo 30. Las instituciones educativas establecidas por el estado, por sus organismos descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, otorgarán a las autoridades educativas todas las facilidades y colaboración para la evaluación a que esta sección se refiere.

(...)

Sin menoscabo de lo señalado en los párrafos anteriores, las instituciones a que se refiere este artículo están obligadas a generar indicadores sobre su avance en la aplicación de métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y de violencia, con la finalidad de que sean sujetas a evaluación sobre la materia. Tales indicadores serán de dominio público y se difundirán por los medios disponibles.

Y en todo caso, la mención que hace la proponente de vincularlo a la Ley General de las Personas con Discapacidad ha quedado sin materia, de conformidad con la abrogación de la citada ley por la vigencia de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011.

Finalmente esta dictaminadora estima que la aplicación de las reformas que en el presente dictamen se aprueban, no ameritan impacto presupuestal en virtud de que únicamente se requiere encauzar la política pública necesaria para dar cumplimiento a los objetivos y alcance contenidos en el presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona los artículos 11, 12 y 13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Artículo Único. Se reforman los artículos 11, fracciones VI y VII; y 13, fracciones II y X; y se adicionan los artículos 11, fracción X; 12, fracción IV y 13 fracciones XI y XII, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 11. ...

I. a V. ...

VI. Alentar la producción y difusión de libros, programas educativos, y juegos didácticos para niños y niñas, particularmente de aquellos que promuevan y difundan sus derechos humanos y fomenten los principios contenidos en esta ley;

VII. Promover la creación de instituciones que tutelen la calidad de vida de los menores privados de su medio familiar, incluyendo hogares de guarda y albergues para estancias temporales;

VIII. Promover la recuperación física, psicológica y la integración social de todo menor víctima de abandono, explotación, malos tratos o conflictos armados;

IX. Proporcionar, en los términos de la legislación en la materia, asistencia legal y psicológica gratuita e intérprete, en los procedimientos judiciales o administrativos, en que sea procedente, y

X. Promover campañas de sensibilización en los medios de comunicación para prevenir y eliminar toda forma de discriminación y violencia contra infantes y adolescentes.

Artículo 12. ...

I. ...

II. ...

a) ...

b) De capacitación para el trabajo y de fomento a la creación de empleos;

III. Garantizar, conforme a la legislación aplicable, asesoría jurídica gratuita así como la asistencia de un representante legal cuando el afectado lo requiera, y

IV. Promover campañas de sensibilización en los medios de comunicación para prevenir y eliminar toda forma de discriminación y violencia en contra de las personas mayores de 60 años.

Artículo 13. ...

I. ...

II. Asegurar su incorporación, permanencia y participación en las actividades educativas regulares en todos los niveles;

III. a VIII. ...

IX. Informar y asesorar a los profesionales de la construcción acerca de los requisitos para facilitar el acceso y uso de inmuebles;

X. Promover su acceso en las unidades del sistema nacional de salud y de seguridad social para que reciban regularmente el tratamiento y medicamentos necesarios para mantener y aumentar su capacidad funcional y su calidad de vida;

XI. Garantizar el acceso a la información a personas con discapacidad visual y auditiva, y

XII. Promover campañas de información en los medios de comunicación para sensibilizar a la sociedad, a fin de prevenir y eliminar toda forma de discriminación y violencia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de agosto de 2011.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Manuel Cadena Morales (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (abstención), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez, Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León, Sami David David, Margarita Gallegos Soto, Lizbeth García Coronado (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, Diana Patricia González Soto (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Aránzazu Quintana Padilla (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Florentina Rosario Morales, Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa, Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

CODIGO CIVIL FEDERAL

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona un cuarto párrafo al artículo 705 del Código Civil Federal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LXI Legislatura fue turnada para estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se adiciona el artículo 705 del Código Civil Federal, en materia de presunción de muerte.

La Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2010, el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se adiciona el artículo 705 del Código Civil Federal, en materia de presunción de muerte.

Segundo. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en esa fecha turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Justicia para estudio y dictamen correspondiente.

Contenido de la iniciativa

Señala el proponente que la ausencia sirve para designar la situación jurídica de una persona que ha desaparecido de su domicilio y cuya existencia se duda, y que tiene por objeto dotar de certeza jurídica a los familiares y acreedores de un individuo que se ausenta de su lugar de residencia habitual, sin que se tenga noticia de su paradero.

El Código Civil Federal señala que habiendo transcurrido un periodo determinado podrá declararse la ausencia, y los posibles sucesores podrán entrar en posesión provisional de los bienes del ausente. Transcurrido un plazo adicional sin que el ausente se presente, se podrá presumir su fallecimiento, y los herederos y demás interesados entrarán en la posesión definitiva de sus bienes. A fin de proteger los derechos del ausente, se establece que para iniciar estos procedimientos se debe esperar un periodo considerable, de hasta tres y seis años, respectivamente.

La ley establece una excepción cuando la desaparición sea consecuencia de incendio, explosión, terremoto o catástrofe aérea o ferroviaria, y exista fundada presunción de que el desaparecido se encontraba en el lugar del siniestro o catástrofe, en cuyo caso bastará el transcurso de seis meses para declarar la presunción de muerte.

Es necesario considerar que el azote de la delincuencia organizada es un factor que influye actualmente en todos los sectores de la vida en sociedad. El modus operandi de los grupos criminales actualmente incluye la modalidad de secuestrar una persona para posteriormente privarla de la vida y desaparecer los restos mortales.

Esta conducta es particularmente nociva, toda vez que no solamente se daña a la víctima o su patrimonio sino que sus efectos negativos se prolongan en el tiempo debido a que la incertidumbre continúa afectando a sus deudos por un periodo prolongado.

Asimismo, señala el iniciante que los integrantes de los órganos de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas, con motivo del ejercicio de sus funciones, continuamente se encuentran en situación de riesgo. Se han presentado casos en que miembros de dichas corporaciones han sido sustraídos por grupos de delincuentes sin poder recuperar los restos mortales, por lo que se hace necesario dar protección a sus deudos y familiares; en este caso, otorgando seguridad jurídica respecto a los bienes, los derechos y las obligaciones del desaparecido.

En los casos descritos, aun cuando se tiene la plena certeza de las causas de la desaparición de la persona y, por ende, la fuerte presunción de su fallecimiento, con la misma e incluso mayor certeza que en caso de un siniestro o catástrofe natural, la ley actualmente remite a los familiares de las víctimas de estas modalidades de secuestro a la regla general para la declaración de ausencia y posterior presunción de muerte.

La falta de seguridad jurídica no solamente limita la posibilidad de disponer de los bienes del ausente sino que afecta la posibilidad de los deudos de ejercer derechos en materia de salud, seguridad social, cobro de seguros y otros tantos que permitan garantizar a tiempo el sustento y el acceso a los servicios necesarios para un adecuado desarrollo social.

Por tal motivo, propone adicionar un párrafo cuarto al artículo 705 del Código Civil Federal, a fin de hacer más expedito el trámite de la presunción de muerte de las personas que desaparezcan con motivo de la comisión de delitos en materia de secuestro, así como en el caso de miembros de corporaciones de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas que sean sustraídos en el ejercicio de sus funciones, remitiéndolos al procedimiento establecido en el párrafo tercero del mismo artículo para los casos en que la desaparición sea consecuencia de incendio, explosión, terremoto o catástrofe aérea o ferroviaria.

Análisis comparativo de la propuesta de reforma

Texto vigente

Código Civil Federal

Artículo 705. Cuando hayan transcurrido seis años desde la declaración de ausencia, el juez, a instancia de parte interesada, declarará la presunción de muerte.

Respecto de los individuos que hayan desaparecido al tomar parte en una guerra, o por encontrarse a bordo de un buque que naufrague, o al verificarse una inundación u otro siniestro semejante, bastará que hayan transcurrido dos años, contados desde su desaparición, para que pueda hacerse la declaración de presunción de muerte, sin que en estos casos sea necesario que previamente se declare su ausencia, pero sí se tomarán medidas provisionales autorizadas en el capítulo I de este título.

Cuando la desaparición sea consecuencia de incendio, explosión, terremoto o catástrofe aérea o ferroviaria, y exista fundada presunción de que el desaparecido se encontraba en el lugar del siniestro o catástrofe, bastará el transcurso de seis meses, contados a partir del trágico acontecimiento, para que el juez de lo familiar declare la presunción de muerte. En estos casos, el juez acordará la publicación de la solicitud de declaración de presunción de muerte, sin costo alguno y hasta por tres veces durante el procedimiento, que en ningún caso excederá de treinta días.

Propuesta

Código Civil Federal

Artículo 705. ...

...

...

Cuando la desaparición sea consecuencia de la comisión de delitos en materia de secuestro, así como en el caso de miembros de corporaciones de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas que sean sustraídos con motivo del ejercicio de sus funciones, bastará el transcurso de seis meses, contados a partir de la fecha en que se tuvo noticia de su paradero por última ocasión, para que se declare la presunción de muerte.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Justicia exponemos las siguientes

Consideraciones

Después de haber analizado los argumentos vertidos en la iniciativa que nos ocupa, la comisión considera procedente la reforma planteada por las siguientes consideraciones:

Primera. El Diccionario de la Real Academia Española define presumir como “sospechar, juzgar o conjeturar algo por tener indicios o señales de ello”.

Jurídicamente, la presunción se asume como un hecho que la ley tiene por cierto sin necesidad de que sea probado; es decir, se juzga o conjetura un hecho por indicios o señales, se deduce un hecho desconocido basándose en hechos conocidos.

De esa manera, las presunciones sirven como mecanismo para definir situaciones jurídicas, otorgando certeza al dotar de fuerza jurídica a situaciones o hechos que solamente pueden ser presumidos.

Segunda. La presunción de muerte es la última etapa del procedimiento de ausencia, sus efectos son abrir el testamento, los poseedores provisionales adquieren el carácter de definitivos y se cancelan las garantías que éstos hubieran constituido.

En caso de que el presuntamente muerto se presentara tendrá derecho a recobrar sus bienes en el estado en que se encuentren y el precio de los que se hubieren enajenado. No podrá reclamar rentas ni frutos. Los poseedores definitivos de los bienes del presunto muerto están obligados a rendir cuentas a éste o a sus herederos si se prueba su muerte real.

La sentencia de presunción de muerte pone fin a la sociedad conyugal y es causal de divorcio.

Actualmente, esta figura se contiene en el artículo 705 del Código Civil Federal, que señala:

Artículo 705. Cuando hayan transcurrido seis años desde la declaración de ausencia, el juez, a instancia de parte interesada, declarará la presunción de muerte.

Respecto de los individuos que hayan desaparecido al tomar parte en una guerra, o por encontrarse a bordo de un buque que naufrague, o al verificarse una inundación u otro siniestro semejante, bastará que hayan transcurrido dos años, contados desde su desaparición, para que pueda hacerse la declaración de presunción de muerte, sin que en estos casos sea necesario que previamente se declare su ausencia, pero sí se tomarán medidas provisionales autorizadas en el capítulo I de este título.

Cuando la desaparición sea consecuencia de incendio, explosión, terremoto o catástrofe aérea o ferroviaria, y exista fundada presunción de que el desaparecido se encontraba en el lugar del siniestro o catástrofe, bastará el transcurso de seis meses, contados a partir del trágico acontecimiento, para que el juez de lo familiar declare la presunción de muerte. En estos casos, el juez acordará la publicación de la solicitud de declaración de presunción de muerte, sin costo alguno y hasta por tres veces durante el procedimiento, que en ningún caso excederá de treinta días.

Como puede advertirse, el legislador decidió otorgar un plazo amplio de seis años con posterioridad a la declaración de ausencia antes que se pueda presumir la muerte del ausente; ello, con la finalidad de otorgar la mayor protección a sus intereses, fijando un periodo suficientemente amplio para que pudiera tenerse noticia del paradero del ausente, tomando en consideración las limitaciones de la época por lo que a medios de comunicación y de transporte se refiere. Al respecto, vale la pena considerar que los avances en cuanto a accesibilidad, cobertura y velocidad de las comunicaciones y medios de transporte actuales permiten reconsiderar la necesidad de un plazo tan amplio.

No obstante, reconoció la posibilidad de que la desaparición se presentara en circunstancias particulares que fortalecieran la presunción del deceso, por lo que se redujo el plazo a dos años en los supuestos del párrafo segundo del artículo 705, y de seis meses para los supuestos del párrafo tercero del mismo dispositivo, contados a partir de la desaparición; es decir, no es necesario realizar previamente la declaración de ausencia.

Es de destacar que el legislador ordinario estableció plazos suficientemente amplios para que por los medios de comunicación

Tercera. Como señala el iniciante, la falta de certeza respecto a la existencia de una persona tiene otras consecuencias jurídicas, aparte de las de materia sucesoria, que se prolongan en el tiempo y resultan particularmente perniciosas.

Las consecuencias se trasladan a la esfera de la seguridad social, en la que los presuntos deudos se ven entorpecidos o francamente imposibilitados para recibir las prestaciones en materia de salud, así como pensiones, bonos por defunción, etcétera. Asimismo, se ven imposibilitados para realizar las reclamaciones en materia de seguros a que tendrían derecho con motivo de deceso.

Cuarta. Se coincide con el autor de la iniciativa en que además de los supuestos contenidos en los párrafos segundo y tercero del artículo 705 de Código Civil Federal vigente, hay circunstancias de hecho que ante la desaparición de una persona hacen presumible su deceso.

De tal manera, en los casos en que la presunción del deceso está sostenida por indicios o hechos conocidos que le otorgan un elevado grado de certeza, se considera inconveniente sujetar a los sucesores, beneficiarios y acreedores a un largo proceso legal para ver satisfechas sus necesidades y aspiraciones respecto a los bienes y derechos del ausente.

El legislador ordinario consideró que la presencia de catástrofes naturales; o bien, siniestros como incendios, naufragios, accidentes aéreos u otros similares en que tenga lugar la desaparición de una persona, fortalecen la presunción sobre su deceso, por lo que flexibiliza los requisitos para la declaratoria.

No obstante, se considera que el catálogo de estos siniestros debe ser actualizado, a fin de considerar otro tipo de circunstancias en que se produzca la desaparición de una persona y que pueden asimismo fortalecer la presunción de muerte.

Quinta. Tomando como base los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en años recientes se ha percibido un notorio incremento de la incidencia del delito de secuestro a escala nacional. En 2008 se presentaron 907 denuncias por este delito y mil 163 en 2009, así como mil 262 secuestros denunciados en 2010 y 633 de enero a mayo de 2011.

Estas cifras indican un incremento cuantitativo, mas no reflejan un importante elemento cualitativo, que tiene que ver con la aparición de nuevos modos de operación de la delincuencia organizada para la comisión de este delito.

Con relación a este fenómeno delictivo, además de la aplicación de métodos cada vez más violentos para la privación de la libertad de las víctimas, se presenta un elevado número de casos en que la víctima no es restituida, aun cuando se presenta el pago de un rescate.

Ha trascendido la implantación por parte de los delincuentes de técnicas tendentes a desaparecer los cuerpos de las víctimas, actos que resultan particularmente nocivos al perpetuar los efectos del hecho delictivo en el tiempo, al carecer de certeza sobre la existencia de la persona privada de la libertad.

Asimismo, se han presentado numerosos casos de miembros de corporaciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, así como de elementos de las Fuerzas Armadas, que en el ejercicio de sus funciones son sustraídos por miembros de la delincuencia organizada, sin que sean restituidos o recuperados con vida, lo que coloca a los deudos en el supuesto del párrafo anterior.

Cabe destacar que la aparición de nuevos modos de operación de la delincuencia organizada y el notorio incremento de la incidencia de este delito motivaron la expedición de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2011.

Sexta. De conformidad con lo señalado en el numeral que antecede, se considera que en los casos en que la desaparición de una persona es motivada por la comisión de delitos en materia de secuestro; o bien, la sustracción se cometió contra elementos de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus funciones, y transcurridos seis meses no hay noticias sobre su paradero, se fortalece la presunción de que han sido privados de la vida.

Cabe destacar que únicamente podría hacerse la presunción cuando se presenten las circunstancias de hecho que prueben de manera fehaciente que la persona fue ilegalmente privada de la libertad, y no haya elementos para suponer que el ausente es mantenido en cautiverio. Por tal motivo, el cómputo del plazo correría a partir de la última noticia sobre su paradero; o bien, el último contacto con los que manifiesten tener en cautiverio al ausente.

Séptima. La comisión de delitos en materia de secuestro genera un daño adicional a los familiares de la víctima, por la incertidumbre jurídica que se produce en los casos en que la persona no es restituida, y no es posible recuperar los restos mortales.

Por tal motivo se considera conveniente sujetar a los familiares de la víctima de este hecho delictivo a un proceso expedito para la declaración de la presunción de muerte, que otorgue la certeza jurídica necesaria para permitirles gozar de los derechos sucesorios, garantías de seguridad social, cobro de seguros y otros beneficios a que tengan derecho con motivo del fallecimiento de la víctima.

Por lo que se refiere a los miembros de corporaciones de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas que son asimismo sustraídos en el ejercicio de sus funciones, la afectación de sus deudos es idéntica, y se considera que el ejercicio de la trascendente labor de dotar de seguridad a los mexicanos debe acompañarse de las garantías de bienestar y seguridad social para con los familiares de quienes ponen en riesgo la vida al servicio de la nación.

Octava. Por técnica legislativa, se considera conveniente eliminar el reenvío al párrafo tercero, para hacer referencia de que bastará el transcurso de seis meses, contados a partir de la fecha en que se tuvo noticia del paradero por última ocasión, para que se declare la presunción de muerte.

Por lo expuesto, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por virtud del cual se adiciona el artículo 705 del Código Civil Federal

Único.Se adiciona el artículo 705 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 705. ...

...

...

Cuando la desaparición sea consecuencia de la comisión de delitos en materia de secuestro, así como en el caso de miembros de corporaciones de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas que sean sustraídos con motivo del ejercicio de sus funciones, bastará el transcurso de seis meses, contados a partir de la fecha en que se tuvo noticia de su paradero por última ocasión, para que se declare la presunción de muerte.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2011.

La Comisión de Justicia, diputados:Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato García (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Juanita Arcelia Cruz Cruz, Eduardo Ledesma Romo, secretarios; Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa, Nancy González Ulloa, Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Gregorio Hurtado Leija (rúbrica en abstención), Israel Madrigal Ceja, Sonia Mendoza Díaz, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica en abstención), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Norma Leticia Salazar Vázquez, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), Josué Cirino Valdez Huezo (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), Pedro Vázquez González, J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY DE APOYO SOLIDARIO PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CAMPO

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo

Honorable Asamblea

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable Asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fue instalada el 6 de octubre de 2009.

La Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio DGPL 61-II-8-310 de fecha 16 de marzo de 2010, turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su estudio y dictamen, el expediente número 1606, que contiene iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo, presentada por los diputados Narcedalia Ramírez Pineda y Luis Videgaray Caso, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, durante la sesión de la misma fecha.

El 23 de junio de 2010, se recibió el oficio CPCP/ST/310/ 10 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en donde se remite, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la opinión de impacto presupuestario que emite la Comisión de citada con fundamento en la valoración que fue elaborada por el Centro de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputado la cual fue dictaminada en sentido positivo.

Con estos antecedentes, la Comisión, realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Iniciativa con proyecto de decreto referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa en comento apunta que en toda la geografía rural de nuestra patria, sobre todo en las miles de pequeñas poblaciones menores de 2,500 habitantes, los mexicanos de 70 o más años de edad, padecen lacerantes condiciones de pobreza extrema, prácticamente excluidos de los programas gubernamentales y con pocas perspectivas de superar las condiciones de precariedad de su existencia y el abandono en que viven.

El Consejo Nacional de Población estima que, debido al aumento de la esperanza de vida, en las zonas rurales del país la población de adultos mayores de 70 años de edad será de 1,632,000 este año, de 1,930,000 en el 2015 y de 3,594,000 en el 2030.

En los hogares de estos mexicanos, el ingreso es extremadamente inferior al indispensable para atender sus necesidades alimentarias. Sin embargo, su pobreza no es sólo la carencia de satisfactores materiales. Su miseria implica también exclusión social, negación de oportunidades para llevar una vida plena, es discriminación e incluso rechazo familiar.

Esta condición de vulnerabilidad, asociada a la falta de independencia, confianza y autoestima, nos confirma que la pobreza no es sólo un problema de falta de ingresos o de desarrollo humano. Para estos hombres y mujeres que dejaron atrás su edad productiva, esta situación social implica también carencia de representación para hacer escuchar sus voces de inconformidad y exigir sus derechos.

Los diputados proponentes señalan que el problema de fondo es la desigualdad. La estructura socioeconómica del campo es inequitativa e injusta. De las 4,500,000 unidades productivas con que cuenta el país, bajo diferentes modalidades jurídicas de propiedad y tenencia, 3 millones corresponden a parcelas de ejidatarios, la mayoría de ellas minifundios de escasa productividad; 1,335,000 a productores medianos; 150,000 a pequeños productores; y sólo 15,000 a grandes negocios o empresas.

Esta estructura piramidal de la propiedad y uso de la tierra campesina, de base muy ancha y de cúpula privilegiada, hace que los campesinos involucrados también difieran grandemente en cuanto a su potencial productivo y económico. Aproximadamente el 90% sólo produce para el autoconsumo. Ante lo exiguo de su ingreso, la inmensa mayoría –si no es que la totalidad– de los adultos mayores del campo, no pudieron, a lo largo de su vida, cotizar en un esquema de seguridad social que les otorgara un ingreso permanente para enfrentar los riesgos de su vejez, discapacidad o invalidez.

Así, los logros sociales mayores del siglo XX, como son la Reforma Agraria y la seguridad social universal, prácticamente no llegaron a este olvidado grupo social de nuestra patria y su situación de miseria y marginación a lo largo y ancho de nuestro territorio, es hoy una dramática denuncia que no podemos desoír, sino, antes bien, nos compromete política e ideológicamente a enfrentar con determinación para saldar la añeja e insoluta deuda que tiene nuestra sociedad con todos esos mexicanos que merecen toda nuestra solidaridad.

Los diputados proponentes parten de la idea de que la Seguridad Social de la que hoy se benefician los obreros y los trabajadores al servicio del Estado, no sólo no ha llegado a los adultos mayores del campo, sino incluso ha sido omisa o ha retrocedido en el aseguramiento de los trabajadores agrícolas, pues de los 3.7 millones que venden su fuerza asalariada en los campos productivos de nuestro país, a más de medio siglo de haber sido creado el Instituto Mexicano del Seguro Social, apenas se encuentran afiliados 450 mil, que representan únicamente un 12% de ese universo.

En la actualidad, 20 millones de personas del agro mexicano no tienen acceso a la seguridad social y sólo dos de cada cien pesos que entran como cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social provienen de ese sector. Son datos duros que desafortunadamente comprueban que si el mundo rural en general está desprotegido, el segmento de población mayor a los 70 años vive una auténtica soledad social.

No existe una política de Estado en materia de seguridad social para los campesinos y las familias rurales, desatendiéndose asuntos como las pensiones y jubilaciones por cesantía, que hagan posible el sostenimiento de los adultos mayores que ya no están en condiciones de trabajar y que, en consecuencia, no pueden valerse por sí mismos.

La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares más reciente destaca que sólo el 10% de los ingresos por pensiones fueron captados por los hogares ubicados en localidades rurales, y, en el caso de los segmentos de hogares más pobres, que se ubican en comunidades de hasta 2,500 habitantes, esta participación es de sólo 0.1%.

La seguridad social para los campesinos que sólo dependen de su tierra y de su fuerza de trabajo es la que les ofrece el Seguro Popular en materia de atención a la salud. Los demás beneficios que implica la seguridad social, como la pensión por vejez, el seguro de vida y el pago de marcha, de los que sí se benefician otros sectores, son inexistentes para este sector.

En la exposición de motivos de la iniciativa en dictamen, se señala que la Organización Internacional del Trabajo define la seguridad social como “la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.” Para los adultos mayores del campo mexicano esta definición es sólo una buena y remota intención que no está presente en sus vidas ni en sus familias.

Lo mismo ocurre con el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual establece que “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”

En cuanto al aspecto normativo, la exposición de motivos señala que rigen también en nuestro país los convenios 35 (1933), 36 (1933), 48 (1935), 128 y 131 (1967) de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales nos comprometen a garantizar la seguridad social y las pensiones para los ancianos mayores de 65 años de edad.

Por su parte, nuestra Constitución Política establece claros mandatos a favor del bienestar y la seguridad social de los campesinos, que esperan la acción efectiva del Estado y de las Leyes para hacerse realidad. En su artículo primero la Constitución establece que “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.” Asimismo, el Apartado B en su artículo segundo dispone con claridad que “La Federación, los Estados y los Municipios, (...) tienen la obligación de (...) III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.” Y en su artículo cuarto establece que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

Y si bien el artículo 123 de nuestra Constitución regula las relaciones laborales y el derecho de los trabajadores a la protección social para todos, incluidos los trabajadores del campo y jornaleros agrícolas, esta disposición tiene escasa aplicación en las comunidades rurales, y es letra muerta en el caso de los ancianos y discapacitados que viven en esas comunidades.

Lo mismo ocurre con la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que definen las modalidades para llevar diversos bienes públicos, entre ellos los de la seguridad social, a campesinos, trabajadores del campo, indígenas y pequeños productores; señalan la obligatoriedad para los programas del Gobierno Federal de impulsarla, lo mismo que la salud, la educación, la alimentación y la atención a personas de la tercera edad. Estas disposiciones reflejan el interés del Estado mexicano por la población rural, pero en la realidad sus beneficios no están a la altura de las intenciones ni se traducen en una vida más digna para los campesinos y sus familias, especialmente de los que más necesitan el apoyo del Estado.

Entre otras disposiciones pertinentes, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece en su artículo 154 que “Los programas del Gobierno Federal, impulsarán una adecuada integración de los factores del bienestar social como son la salud, la seguridad social, la educación, la alimentación, la vivienda, la equidad de género, la atención a los jóvenes, personas de la tercera edad, grupos vulnerables, jornaleros agrícolas y migrantes, los derechos de los pueblos indígenas, la cultura y la recreación; mismos que deberán aplicarse con criterios de equidad.”

La iniciativa plantea que si estos mandatos legales y otros similares no fueran suficientes, el Acuerdo Nacional para el Campo, suscrito en el 2003, asume el objetivo de “alcanzar un desarrollo rural sustentable que garantice una redimensión social, productiva y económica de la población campesina, bajo el criterio de paridad urbano-rural que ha sido enunciado como principio rector del Acuerdo Nacional para el Campo, a través de la promoción y transformación productiva del sector primario, así como de actividades económicas alternativas y de un acceso justo a los más elementales satisfactores y servicios públicos, que el Estado está obligado a proporcionar a todos los mexicanos por igual, sin importar su ubicación territorial, urbana o rural”.

A pesar de estas justas y humanitarias intenciones, acuerdos y normas jurídicas, en las comunidades campesinas e indígenas de México, por ausencia de políticas e insuficiencias administrativas, los dispositivos emanados de los mismos e incluso de recientes programas de gobierno, como el denominado “70 y Mas”, originalmente destinado a los ancianos de las localidades rurales con hasta 2,500 habitantes, se quedan sólo en la intención. Lo mismo ocurre con lo dispuesto en la Ley del Seguro Social que extiende la seguridad social al campo mexicano, al señalar claramente que son sujetos de ella las mujeres y los hombres del campo que tengan el carácter de trabajadores independientes; o con la declaración de que los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios; los ejidos y otras formas superiores de organización, podrán acceder a la seguridad social.

A nivel mundial, por el contrario los apoyos económicos y la seguridad social a los grupos vulnerables se ha ido convirtiendo en una política de Estado bajo el criterio de que ése es el medio más idóneo para redistribuir mejor el ingreso y luchar más eficazmente contra la pobreza. Así, en Europa se tiende a garantizar el derecho de todos a recibir un ingreso permanente y ser objeto de atención especializada a determinada edad.

Lo mismo sucede en diversos países de América Latina en los que existen Leyes, políticas y programas que otorgan diversos beneficios, incluyendo un apoyo económico a los adultos mayores, por los cuales no se requiere ningún pago de cuotas para tener derecho al mismo.

Gracias a la introducción de pensiones no contributivas para adultos mayores, Brasil ha alcanzado una cobertura excepcional de su régimen de seguridad social, principalmente en el área rural.

En Argentina se otorga pensiones asistenciales por vejez e invalidez a las personas mayores de 70 años que no cuentan con algún tipo de beneficio previsional o de retiro; tampoco con bienes, ingresos ni recursos de cualquier tipo que les permitan la subsistencia de su grupo familiar. La pensión de vejez es un monto fijo mensual que incluye servicios médicos, y es financiada con recursos provenientes de impuestos generales.

Los bolivianos mayores cuentan con el Bonasol, un programa que transfiere dinero en efectivo a todos los ciudadanos residentes que tienen 65 o más años de edad, y que incluye gastos funerarios equivalentes a nuestro “pago de marcha”. El Bonasol es financiado con el Fondo creado por la privatización de empresas estatales.

En Chile existe la pensión básica solidaria de vejez e invalidez. Para la pensión de vejez el beneficiario debe tener 65 años de edad y no estar inscrito en otro régimen previsional. Los beneficiarios carentes de recursos tienen, adicionalmente, derecho a una asignación por muerte y están exentos de la cotización del 7% para salud.

En Costa Rica el sistema de seguridad social no contributiva incluye una pensión mensual, el pago de un décimo tercer mes, un seguro de salud y acceso a las prestaciones sociales. El sistema es financiado con recursos de impuestos generales: 20% del total recaudado por concepto de impuesto sobre ventas y un recargo del 5% del total de sueldos y salarios que empleadores públicos y privados pagan a sus trabajadores.

En Uruguay existe un programa de carácter no contributivo, que incluye beneficios especiales para la rehabilitación de los pensionados por invalidez. La edad mínima para acceder a este beneficio es de 70 años. Esta prestación se ajusta de acuerdo a la variación del índice medio de salarios. El financiamiento total se cubre con los impuestos generales y está supeditado a un examen de ingresos familiares.

De acuerdo con diversas investigaciones, estos apoyos a la población de adultos mayores en los países mencionados han contribuido a aminorar los índices de pobreza nacional de forma importante, y a reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza.

En México por el contrario los esfuerzos realizados hasta hoy con esa finalidad, han sido atomizados, esporádicos y un tanto voluntaristas, sin la integralidad, intencionalidad y complementariedad requeridas.

Así, en la ciudad de México la “Pensión Alimenticia para los Adultos Mayores de 70 años, residentes en el DF”, consiste en un apoyo de medio salario mínimo que se otorga a quienes habitan en unidades territoriales clasificadas como de muy alta, alta y media marginación.

Por su parte, el Estado de México tiene el programa “Pensión Alimenticia para Adultos Mayores”, que otorga un apoyo de 400 pesos mensuales para las personas mayores de 60 años que no cuenten con servicios de seguridad social y vivan en comunidades de alta marginación.

En el orden federal, el Programa Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Social en su componente de “Adultos Mayores”, que operó entre el 2006 y el 2007, ofrecía un “apoyo alimentario” a los residentes de las comunidades rurales de hasta 2,500 habitantes, mayores de 70 años, materializando la entrega, con transferencias bimestrales en efectivo de 2 550 pesos en el curso del año.

En septiembre del 2006, la Secretaría de la Reforma Agraria puso en marcha el programa “Fondo de Tierras y Joven Emprendedor Rural”, el cual otorga una pensión dirigida a campesinos de 65 años o más, a cambio de la venta de sus tierras a jóvenes capacitados por ese programa. Al aporte producto de esa venta, se suma un subsidio de 50 000 pesos, misma que les aseguraría una pensión vitalicia garantizada por un salario mínimo mensual. El esquema, además de ser contributivo por los requisitos que impone a sus posibles beneficiarios, ha tenido poco éxito dada la resistencia de los ejidatarios a ceder sus derechos agrarios.

En el año 2007, la propia Secretaría de Desarrollo Social puso en marcha el Programa “70 y Más”. Inicialmente dirigido a los adultos mayores que viven en localidades rurales de hasta 2,500 habitantes, este programa amplió su cobertura en el año 2009 a las localidades de hasta 30 mil habitantes.

Es de destacarse sin embargo que, de acuerdo con diversas evaluaciones, “70 y Más” no ha alcanzado sus metas, concentrándose sus mayores insuficiencias en las comunidades de 2,500 habitantes o menos, tanto por ineficiencia operativa, como por las dificultades reales que representa la extrema dispersión de los asentamientos humanos que existen en ese ámbito. De allí que no se justifica, pero se explica, que en la actualidad las acciones se concentren en localidades de hasta 30 000 habitantes, que son de más fácil acceso y operacionalidad. Es evidente, sin embargo, que, con ello, el programa se aleja del objetivo más sentido y del grupo social más agraviado de más de un millón de adultos mayores de 70 años y más que es el que vive en esas dispersas y alejadas comunidades con menos de 2,500 habitantes.

Ello, no obstante que este programa ha contado con asignaciones importantes de recursos para su operación que se elevaron durante el ejercicio fiscal del 2009 a 12 509 millones de pesos; si bien para el presente ejercicio sufrieron una merma del 8% al habérsele autorizado en el Presupuesto de Egresos para el 2010, solo 11 551.1 millones de pesos.

Como se desprende de lo anterior, en México la problemática que aqueja a los adultos mayores, y muy en particular la de los que habitan en el medio rural, sólo muy recientemente ha pasado a formar parte de la agenda pública y, sin duda, los programas pertinentes han adolecido de falta de articulación, integralidad, permanencia y direccionamiento, lo que en la práctica ha impedido que se conviertan en una genuina política de Estado.

Es obvio que no habrá justicia plena para este desprotegido sector de mexicanos, mientras persistan estas deficiencias. Los apoyos a los adultos mayores no pueden minimizarse y los programas que los favorezcan no deben menospreciarse disminuyendo sus presupuestos ni menos manipularse como instrumentos puramente asistencialistas o con un ánimo de clientelismo electoral.

Al contrario. Las altas tasas de pobreza en esas comunidades, -significativamente más altas que en las zonas urbanas-, y el acelerado envejecimiento demográfico, obligan al Estado a garantizar a los hombres y mujeres de 70 años o más un apoyo económico permanente y universal, como primer paso para construir una cultura de respeto y solidaridad hacia ellos.

Con ese propósito, es imperativo promover las reformas jurídicas e institucionales indispensables para que los ancianos campesinos no sigan condenados a un destino que no es inevitable, sino producto de la pobreza y la ineficacia de las instituciones, así como de la falta de instrumentos normativos que se traduzcan en políticas públicas y programas específicamente destinados a atender el desamparo y la dura problemática de los campesinos ancianos.

Como garante de los derechos ciudadanos, al Estado compete la responsabilidad de implementar acciones que promuevan la protección y seguridad social, no sólo por razones éticas y humanitarias, sino por expreso mandato constitucional y compromisos internacionales suscritos.

Eliminar toda forma de discriminación hacia las personas adultas mayores debe ser una condición fundamental de la acción de gobierno. Adoptar las medidas necesarias que les garanticen el acceso a un esquema de apoyo universal, es un paso crucial para poder brindarles una vejez con justicia, dignidad y respeto, en su diversidad social y cultural.

La iniciativa tiene como propósito ordenar y concertar la dispersa y heterogénea acción gubernamental en sus tres niveles a favor de los ancianos del campo. Su pretensión es que los apoyos que hoy se ofrecen a este sector de la población no se queden en el marco de simples programas asistenciales atomizados, sino que se articulen y complementen para que se conviertan en una consistente y vigorosa política de Estado.

La iniciativa, fundada en criterios de justicia, equidad y sustentabilidad fiscal, propone garantizar y atender con prioridad a todos los adultos del campo de 70 o más años, pero en primer término a los que viven en comunidades rurales de 2,500 habitantes o menos, eliminando con ello los errores de exclusión en los cuales han incurrido los programas vigentes, tergiversándose así el espíritu del que debiera estar revestida una política social a favor de este sector altamente vulnerable y marginado.

La propuesta busca asegurar beneficios que actualmente están incluidos en los programas asistenciales del Gobierno Federal y de los estados del país, asegurándoles un estatus legal; una pensión vitalicia a los adultos mayores de 70 años; un seguro de vida que se traduzca en una transferencia en efectivo por única vez al momento del deceso, en beneficio de su cónyuge o sus descendientes; y un pago de marcha, también en efectivo, a la ocurrencia del fallecimiento del beneficiario, para cubrir los gastos funerarios.

En el artículo tercero de la iniciativa se propone que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, sea la responsable de la organización, administración y entrega de los apoyos solidarios; esta dependencia deberá coordinarse en su caso con las demás instancias del Gobierno Federal y los gobiernos estatales y municipales.

El objetivo central de la iniciativa es garantizar que los apoyos económicos a los adultos mayores del campo y los demás beneficios que conlleva la seguridad social, no sean un acto de voluntarismo aislado, o un juego retórico con ánimo partidario para fines electorales, sino una consistente política de Estado, un mandamiento expreso de Ley que reivindique la dignidad y los derechos humanos de quienes han esperado históricamente la justicia social.

En las conclusiones de la exposición de motivos, los diputados proponentes señalan que esta iniciativa tiene por objeto normar y garantizar, en beneficio de los adultos mayores de setenta años residentes en centros de población del medio rural menores a los dos mil quinientos habitantes: una pensión vitalicia; servicios integrales de salud en el marco del Seguro Popular; un seguro de vida al momento del deceso del beneficiario a favor de su cónyuge; y un pago de marcha para la cobertura de gastos funerarios ante el fallecimiento del beneficiario.

Consideraciones de la comisión dictaminadora

1. La Comisión de Desarrollo Social considera positiva la iniciativa planteada y que cumple con una suficiente fundamentación y motivación. Además, se cuenta con la opinión de su viabilidad presupuestaria por parte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados, lo que hace factible la expedición de este nuevo ordenamiento legal.

2. Crear un marco legal que de certeza a la protección de los adultos mayores en el campo, resulta un objetivo compatible plenamente con el marco constitucional. Además es a todas luces construir y garantizar un mínimo de vida digna para uno de los grupos más desprotegidos y vulnerables en el país.

3. Cuidar de las generaciones que construyeron nuestro país, debe ser una tarea de justicia social y de agradecimiento colectivo por la contribución que realizaron a lo largo de su vida los adultos mayores del campo.

4. Bajo los argumentos expuestos, y una vez analizada y discutida la iniciativa en análisis, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó en sesión ordinaria de fecha 17 de agosto del año en curso, aprobar la iniciativa con proyecto decreto que crea la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo, presentada por los diputados Narcedalia Ramírez Pineda y Luis Videgaray Caso.

Por los argumentos anteriormente expuestos, la Comisión de Desarrollo Social, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo.

Artículo Único. Se expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo.

Título PrimeroDisposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana, en la forma y términos que la misma establece.

Artículo 2. La Ley tiene por objeto normar y garantizar, en beneficio de los adultos mayores de setenta años residentes en centros de población del medio rural menores a los 2,500 habitantes: una pensión vitalicia; servicios integrales de salud en el marco del Seguro Popular; un seguro de vida al momento del deceso del beneficiario a favor de su cónyuge; y un pago de marcha para la cobertura de gastos funerarios ante el fallecimiento del beneficiario.

Artículo 3. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, será responsable de la organización, administración y entrega de los apoyos solidarios, así como del cumplimiento, aplicación e interpretación de la presente Ley en el marco de sus atribuciones, en coordinación, en su caso, con los gobiernos de las entidades federativas.

Artículo 4. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Adultos Mayores: Las personas con setenta o más años de edad;

II. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Social;

III. Apoyo solidario: Beneficios en dinero por concepto de pensión vitalicia, servicios de salud, y otras ayudas sociales en favor de las personas de setenta o más años de edad en localidades del medio rural de hasta 2,500 habitantes, incluyendo un seguro de vida y un pago de marcha en caso de fallecimiento del beneficiario;

IV. Población objetivo: Las personas adultas mayores de setenta o más años de edad susceptibles del apoyo solidario, de acuerdo a lo establecido en esta Ley y su Reglamento;

V. Beneficiario: Las personas de setenta o más años de edad que reciban el apoyo solidario;

VI. Padrón de beneficiarios: Base de datos que contiene la información necesaria de los beneficiarios, así como del apoyo que reciben;

VII. Residente: Persona que acredite su residencia en localidades del ámbito rural de hasta 2,500 habitantes, de acuerdo al catálogo único homologado de claves de entidades federativas, municipios y localidades conforme a los criterios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía;

VIII. Representante acreditado: El familiar o la persona autorizada por el adulto mayor para realizar trámites y cobros ante la Secretaría con motivo del otorgamiento y la vigencia del apoyo solidario; y

IX. Solicitante: Persona que presenta su solicitud para ser incluido en el padrón de beneficiarios.

Artículo 5. Son susceptibles de los beneficios que otorga esta Ley todos los adultos de setenta o más años de edad, residentes en las comunidades rurales consideradas y registradas como tales por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como las consideradas como de alta o muy alta marginalidad por el Consejo Nacional de Población.

Los beneficiarios tienen derecho a recibir del Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría, los apoyos solidarios que se establecen en el Capítulo Uno del Título Tercero de la presente Ley, en los términos y condiciones que ésta y su Reglamento establecen. Estos beneficios se complementan con los otorgados por el Seguro Popular adscrito a la Secretaría de Salud.

Los beneficiarios deberán cumplir con los requisitos establecidos por esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 6. La inscripción en el padrón de beneficiarios, la entrega del apoyo solidario y cualquier otro trámite o solicitud relacionado con dicho apoyo, serán gratuitos y no estarán sujetos a ningún tipo de condicionamiento.

Título SegundoDe la Competencia, Concurrencia y Participación Social

Capítulo UnoDe las Atribuciones de la Secretaría

Artículo 7. Corresponde al Gobierno Federal, a través de la Secretaría:

I. Otorgar el apoyo solidario a los beneficiarios;

II. Administrar y actualizar el padrón de beneficiarios, pudiendo utilizar, en su caso, la información proporcionada por las entidades federativas y municipios;

III. Expedir el Reglamento de esta Ley;

IV. Verificar el cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios, conforme a lo establecido en la presente Ley;

V. Diseñar el formato de solicitud para la inscripción al padrón de beneficiarios;

VI. Atender las solicitudes de inscripción al padrón de beneficiarios, de asesoría y orientación a los solicitantes y beneficiarios, así como las peticiones de información pública y la resolución de recursos de quejas e impugnación;

VII. Realizar estudios e investigaciones, con apoyo de instituciones públicas y centros de educación superior, para mejorar las políticas de atención a las personas de setenta o más años de edad, con particular referencia a los que viven en localidades de hasta 2,500 habitantes;

VIII. Establecer mecanismos de participación social entre las personas de setenta o más años de edad, congruentes con la política pública dirigida a este grupo de la población, los cuales deberán quedar especificados y explicados en el Reglamento de esta Ley;

IX. Evaluar las políticas y procedimientos relativos al pago del apoyo económico;

X. Diseñar e implementar indicadores de gestión que permitan dar seguimiento y evaluar los beneficios resultados de la aplicación de esta Ley;

XI. Establecer convenios de colaboración con instituciones y organismos públicos, federales, estatales y municipales, para la mejor eficiencia y agilidad en la entrega de este apoyo solidario y, en general, para la atención a las necesidades de las personas de setenta o más años de edad;

XII. Rendir un informe trimestral al Congreso de la Unión, conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables, en el que se detalle la situación financiera de la entrega de los apoyos, el ejercicio del gasto administrativo relacionado con el mismo, el número total de beneficiarios, su distribución por entidad federativa, las altas y bajas del padrón de beneficiarios, y el impacto social y económico derivado de la aplicación de la presente Ley;

XIII. Evaluar la suficiencia del apoyo solidario y los criterios de cobertura, a fin de proponer al Congreso de la Unión las adecuaciones que considere pertinentes para garantizar la suficiencia y, de ser necesario, la ampliación de la cobertura así como la inclusión de otros apoyos cuyo propósito sea lograr el constante bienestar de la población objetivo, así como la gradual y efectiva universalización de los beneficios de la seguridad social en los términos señalados por la Ley, y

XIV. Las demás que le señalen la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Capítulo DosDe la Concurrencia

Artículo 8. La Federación garantizará el pago de los apoyos solidarios, tomando en cuenta las particularidades demográficas, económicas y sociales de la población de cada entidad federativa o región.

Artículo 9. Cuando las disposiciones de esta Ley comprendan materias y acciones que incidan en las atribuciones de otras dependencias de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios, se aplicarán y ejecutarán mediante convenios generales y específicos que suscriban las partes interesadas. Esta disposición se hará extensiva a los organismos descentralizados del Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios.

Artículo 10. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, podrá celebrar convenios con los gobiernos de las entidades federativas, en los que se establezcan procedimientos de cooperación, administración y ejecución de los dispositivos de esta Ley.

Los gobiernos de las entidades federativas, previo convenio con la Secretaría, podrán aportar recursos para hacer cada vez mayores y más efectivos los apoyos solidarios que esta Ley establece.

Artículo 11. La Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, deberá realizar informes trimestrales sobre los resultados derivados de la aplicación de esta Ley, en materia de combate a la pobreza, así como coadyuvar en la elaboración de los indicadores a los que hace referencia la fracción X del artículo 7 de esta Ley.

Capítulo TresDe la Participación Social

Artículo 12. El Gobierno Federal, a través de la Secretaría, garantizará el derecho de las personas de setenta o más años de edad a participar de manera activa y corresponsable en la gestión de los apoyos solidarios, en los términos y condiciones que establezca el Reglamento que al efecto se expida. Este derecho se entenderá otorgado a los individuos, a las familias o a las organizaciones civiles y privadas que tengan como objeto el mejoramiento de las condiciones de vida de los residentes del campo objetos de esta Ley.

Artículo 13. La Secretaría establecerá las disposiciones y mecanismos más adecuados tendientes a garantizar la atención oportuna y eficaz de las quejas, denuncias, peticiones y sugerencias que respecto a los apoyos solidarios que establece esta Ley, presenten los beneficiarios, sus representantes acreditados, organizaciones de la sociedad civil o el público en general.

Título TerceroDel Apoyo Solidario

Capítulo UnoDe los Componentes y Montos

Artículo 14.El apoyo solidario que establece esta Ley consiste en lo siguiente:

I. Una pensión vitalicia, consistente en el pago a cada beneficiario equivalente a 8.5 salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal al mes, en efectivo, mediante entregas bimestrales. Este apoyo será inembargable e intransferible;

II. Un seguro de vida que se pagará en caso de fallecimiento del beneficiario. Dicho seguro consistirá en el pago en efectivo y en una sola exhibición, del equivalente a cuatrocientos noventa y cinco salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal, el cual será sólo a favor del cónyuge sobreviviente;

III. Un pago de marcha que tendrá lugar al ocurrir el deceso del beneficiario, en una cantidad equivalente a cuarenta salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal, y que se entregará al cónyuge sobreviviente del beneficiario, o en su defecto, al familiar más cercano que asumirá, con ese apoyo, los gastos correspondientes al sepelio del beneficiario fallecido, y

IV. Los derechos a la salud preventiva y curativa, hasta el tercer nivel, a través del Seguro Popular, incluyendo el acceso al cuadro básico de medicamentos, actualizado y seleccionado regionalmente para la efectividad terapéutica.

Artículo 15. El otorgamiento del apoyo solidario materia de esta Ley, es incompatible con el disfrute de otras pensiones, subsidios o ayudas en efectivo otorgadas por instituciones federales de seguridad social y de asistencia social, así como por gobiernos estatales o municipales, salvo cuando la ayuda económica que se establezca en dichos casos sea menor a la contenida en esta Ley, en cuyo caso el apoyo solidario se determinará por la diferencia que exista entre los recursos que establece el artículo 13 de esta Ley, y el total de los apoyos en efectivo que establezcan los gobiernos estatales o municipales para el beneficiario que corresponda.

Capítulo DosDe los Beneficiarios

Artículo 16.Para ser beneficiario, el adulto mayor deberá cumplir con los siguientes requisitos y condiciones:

I. Tener setenta o más años de edad cumplidos al momento de solicitar su inscripción en el padrón de beneficiarios;

II. Tener su residencia permanente en localidades rurales de hasta 2,500 habitantes;

III. Encontrarse en situación de pobreza, de acuerdo con los criterios previstos en la Ley General de Desarrollo Social;

IV. Informar, mediante la solicitud de inscripción a los beneficios que establece esta Ley, sobre el disfrute de pensiones, subsidios o ayudas en efectivo otorgadas por instituciones federales de seguridad social y de asistencia social, así como por gobiernos estatales o municipales, y

V. Aceptar y cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley y su Reglamento.

Artículo 17. La acreditación de los requisitos establecidos en las fracciones I y II del artículo anterior, deberá realizarse mediante identificación oficial. A falta de lo anterior y en los casos previstos en la legislación común y en el Reglamento de esta Ley, la acreditación se hará mediante la presentación de dos testigos de la comunidad bajo protesta de decir verdad.

Artículo 18. En caso de que el adulto mayor tenga algún impedimento físico, mental o de salud para presentar personalmente la solicitud de inscripción al padrón de beneficiarios, lo podrá hacer su representante acreditado mediante identificación oficial y documento expedido por la Secretaría, en los términos previstos por el Reglamento de esta Ley.

Capítulo TresDel Financiamiento

Artículo 19. El Presupuesto de Egresos de la Federación asignará cada ejercicio fiscal, recursos para cubrir los apoyos solidarios que esta Ley consigna. Para tal efecto, el Ejecutivo Federal deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda, la estimación, así como un estudio sobre la población objetivo y el número de beneficiarios, desglosando los recursos que se deberán asignar a los conceptos que señala el artículo 14 de esta Ley.

Capítulo CuatroDe la Vigencia de Derechos

Artículo 20. La Secretaría tendrá un plazo no mayor a tres meses a partir de la recepción de la solicitud correspondiente, para corroborar el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de los apoyos solidarios. En caso de que la Secretaría haya aprobado la solicitud, deberá hacer entrega de los apoyos solidarios en un plazo no mayor a tres meses a partir de la aprobación de la solicitud.

El beneficiario tendrá derecho a los apoyos solidarios correspondientes, a partir de la fecha en que hubiere entregado la solicitud y hubiere cumplido con los requisitos y condiciones que establece el artículo 16 de esta Ley, y los demás que establezca su Reglamento.

Artículo 21. El beneficiario, por sí o mediante su representante, deberá comunicar, en un plazo no mayor a treinta días del momento en que se produzca, cualquier modificación en su condición económica, residencial o estado civil. La falta de esta notificación dará lugar a la suspensión de los apoyos solidarios, así como una notificación, en su caso y si así lo comprueban las visitas domiciliarias señaladas en los artículos 22 y 23 de esta Ley, en el sentido de que se han alterado las condiciones del beneficiario, en cuanto a los requisitos que lo hacen merecedor de los derechos amparados por el presente ordenamiento.

Artículo 22. Durante la vigencia, la Secretaría podrá realizar visitas de verificación, seguimiento y evaluación del otorgamiento de los apoyos. El personal que realice estas visitas deberá contar con una identificación expedida por la Secretaría, la que deberá mostrar al beneficiario, a su representante y a sus familiares al momento de la visita.

Artículo 23. Las visitas a que se refiere el artículo anterior tendrán como objeto verificar el cabal cumplimiento de los fines y disposiciones reglamentarias que regulen el apoyo solidario, y atender dudas o problemas relacionados con la entrega del mismo. Durante las visitas se podrá recopilar información que requiera la Secretaría para implementar acciones y estrategias orientadas a mejorar el otorgamiento de los apoyos solidarios.

Capítulo CincoDe la Suspensión y Cancelación de los Apoyos Solidarios

Artículo 24. La suspensión y, en su caso, cancelación de los apoyos solidarios tendrá lugar por las siguientes causas:

I. Cuando después de al menos tres visitas domiciliarias consecutivas en días y horarios diferentes, el beneficiario no sea localizado en el domicilio reportado como residencia del mismo, sin que exista motivo que lo justifique a juicio de los visitadores;

II. Cuando se compruebe que el beneficiario se haya inscrito, con intención dolosa, más de una vez en el padrón;

III. Cuando se compruebe que el beneficiario no cumple con los requisitos de edad y residencia establecidos en el artículo 16 de esta Ley;

IV. Cuando el domicilio señalado por el solicitante o beneficiario como lugar de residencia no exista;

V. En el caso del apoyo mensual y otros beneficios pertinentes, cuando el adulto mayor haya fallecido;

VI. Cuando el beneficiario no pueda ser calificado como en situación de pobreza, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 15 de esta Ley y de otros ordenamientos aplicables;

VII. Cuando el fallecimiento del beneficiario, cause su baja del padrón, y una vez que se hayan cubierto las cantidades correspondientes a los conceptos de seguro de vida y pago de marcha conforme a lo establecido en esta Ley.

Artículo 25. Las causas para la cancelación de los apoyos, con excepción de los fallecimientos que deberán ser notificados por el representante acreditado, serán corroboradas por la Secretaría mediante las visitas domiciliarias a que se refieren los artículos 22 y 23 de esta Ley.

Artículo 26. La cancelación de los apoyos solidarios deberá notificarse por escrito al beneficiario o a su representante acreditado.

Artículo 27. En caso de que el adulto mayor sea remitido a un asilo o sea hospitalizado, el representante acreditado o un familiar notificarán a la Secretaría esta situación, mediante documentación oficial, para que conserve el derecho al beneficio.

Artículo 28. El rechazo a la inscripción en el padrón de beneficiarios o la baja del mismo podrán ser impugnadas por el beneficiario por sí o por su representante mediante los mecanismos jurídicos, administrativos y reglamentarios previstos en la Ley General de Desarrollo Social relativos a la denuncia popular, así como en la legislación común o directamente al Órgano Interno de Control de la Secretaría. La respuesta que al efecto emita la autoridad competente deberá estar debidamente fundada.

Título CuartoDel Padrón de Beneficiarios, la Transparencia y el Acceso a la Información

Capítulo Único

Artículo 29. La Secretaría establecerá y mantendrá el padrón de beneficiarios, construido de acuerdo a lo establecido en los “Lineamientos normativos para la integración, mantenimiento y consulta del padrón de beneficiarios de programas de Desarrollo Social” y demás normatividad aplicable.

El padrón de beneficiarios estará conformado por la información individual de cada uno de éstos para el registro, control y certificación de la asignación, continuación, suspensión y/o cancelación de los apoyos solidarios.

Artículo 30. La información contenida en el padrón de beneficiarios será pública, con las reservas y los criterios de confidencialidad que prevé la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 31. La información contenida en el padrón de beneficiarios no podrá ser destinada a otro fin que el establecido en la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias, por lo que queda prohibida su utilización para fines políticos, electorales, de lucro o cualquier otro ajeno al objeto de esta Ley.

Artículo 32. La Secretaría, a través de su página de Internet, deberá publicar trimestralmente los movimientos de baja y alta del padrón, estableciendo, para el caso de la cancelación de los apoyos solidarios y por cada beneficiario, las causas que la originaron.

Título QuintoDe las Responsabilidades

Capítulo Único

Artículo 33. Los servidores públicos responsables de la aplicación de los procedimientos de la presente Ley deberán cumplir sus actividades observando los principios de respeto a la dignidad humana, imparcialidad, apego a derecho y veracidad.

Artículo 34. La falta de cumplimiento de los principios mencionados en el artículo anterior será sancionada, según sea el caso, de acuerdo a lo que establecen el Código Penal Federal, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Transitorios

Primero.La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se regirán por la presente Ley todos los programas y servicios del Estado orientados a los mismos fines en cuanto estén asignados al sector rural y al segmento de la población referida.

Tercero.El titular del Poder Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un plazo no mayor de noventa días naturales a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Cuarto. La convocatoria pública para la inscripción al padrón de beneficiarios se hará en un plazo no mayor a noventa días naturales posteriores a la publicación del presente Decreto.

Quinto.El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del año fiscal posterior a la entrada en vigor del presente Decreto contendrá las partidas a que hace referencia el Capítulo Uno del Título Tercero de la presente Ley.

Sexto. La Secretaría de Desarrollo Social dispondrá de un plazo máximo de noventa días contados a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, para el diseño y puesta en operación del padrón de beneficiarios de los apoyos solidarios estipulados en esta Ley, así como para la ejecución de ésta.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de junio de 2011.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados:José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera, Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González, Carlos Luis Meillón Johnston, Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Carlos Flores Rico (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica).»

«Opinión de impacto presupuestario que emite la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con fundamento en la valoración del impacto presupuestario que elabora el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en relación a la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo, que suscriben la diputada Narcedalia Ramírez Pineda y el diputado Luis Videgaray Caso.

Honorable Asamblea:

A esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente a la LXI Legislatura de la H. Cámara de Diputados, le fue turnada para su opinión la iniciativa que expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo, suscrita por la diputada Narcedalia Ramírez Pineda y por el diputado Luis Videgaray Caso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXVIII; 45, numeral 6, incisos e) y f) y 49, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como con base en los artículos 18 párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 1 y 42 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa anteriormente descrita al tenor de los siguientes:

Antecedentes

I. Con fecha 16 de marzo de 2010, la diputada Narcedalia Ramírez Pineda del Grupo Parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional, integrante de la LXI Legislatura, presentó la iniciativa que expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo.

II. En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para efectos de su estudio y dictamen correspondientes.

III. Con base en el tercer párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública solicitó al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, mediante oficio de fecha 18 de marzo de 2010, la valoración del impacto presupuestario.

IV. Esta Comisión recibió el 27 de abril de 2010 por parte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, la mencionada valoración de impacto presupuestario de la iniciativa en comento, la cual sirve de fundamento para la presente opinión.

Objetivo de la iniciativa

El objetivo de la Iniciativa materia de la presente opinión consiste en ordenar y concertar la dispersa y heterogénea acción gubernamental en sus tres niveles a favor de los ancianos del campo; se busca que los programas asistenciales se articulen y complementen para que se conviertan en una consistente y vigorosa política de Estado.

La iniciativa propone garantizar y atender con prioridad a todos los adultos del campo de 70 o más años, pero en primer término a los que viven en comunidades rurales de 2,500 habitantes o menos; busca normar y garantizar una pensión vitalicia; servicios integrales de salud en el marco del Seguro Popular; un seguro de vida al momento del deceso del beneficiario a favor de su cónyuge; y un pago de marcha para la cobertura de gastos funerarios ante el fallecimiento del beneficiario.

Consideraciones

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, con base en estadísticas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008 y del Consejo Nacional de Población, realizó una valoración de impacto presupuestario de la iniciativa materia de la presente opinión, realizando estimaciones para el periodo 2010-2015.

En la siguiente tabla se muestra la información agregada de la estimación del impacto presupuestal realizada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas:

Con base en lo anterior, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en la valoración de impacto presupuestario emitido por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y del análisis realizado a la iniciativa, observa que la misma tiene un impacto presupuestario de alrededor de 3,200 millones de pesos anuales (en pesos de 2010) entre 2010 y 2015 para cubrir los gastos de la pensión vitalicia, seguro de vida y el pago de marcha para los adultos mayores de 70 años o más que viven en el campo, por lo que implica un impacto presupuestario.

Por todo lo anterior, es de emitirse la siguiente:

Opinión

Primero. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en los artículos, 39 numeral 1 y 45, numeral 6 incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 18 párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con base en la valoración realizada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, opina que la iniciativa que expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo, suscrita por la diputada Narcedalia Ramírez Pineda y por el diputado Luis Videgaray Caso, implica impacto presupuestario de 3,238 millones de pesos en promedio anual para el periodo 2010-2015, en pesos de 2010.

Segundo. La presente opinión se formula, solamente en la materia de la competencia de esta Comisión, tomando como base la valoración del impacto presupuestario que elaboró el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, por lo que el sentido del dictamen que se dicte respecto de la iniciativa que expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo, es de la exclusiva competencia de la Comisión de Desarrollo Social.

Tercero. Remítase la presente opinión a la Comisión de Desarrollo Social.

Cuarto. Por oficio, comuníquese la presente opinión a la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de junio de 2010.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputados:Luis Videgaray Caso (rúbrica), presidente; Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Felipe Enríquez Hernández, Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), Rolando Rodrigo Zapata Bello (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Sergio Gutiérrez Villanueva, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), María del Rosario Brindis Álvarez (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Pedro Jiménez León, secretarios; Cruz López Aguilar (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, María Esther Sherman Leaño (rúbrica), Miguel Ángel Riquelme Solís, Óscar Guillermo Levin Coppel (rúbrica), Óscar Javier Lara Aréchiga (rúbrica), Roberto Albores Gleason (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Francisco Javier Orduño Valdez, J. Guadalupe Vera Hernández (rúbrica), Marcos Pérez Esquer (rúbrica), Mario Alberto Becerra Pocoroba, Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica), Rigoberto Salgado Vázquez, Armando Ríos Piter, Claudia Anaya Mota, Emiliano Velázquez Esquivel, Marcos Covarrubias Villaseñor, Juan José Guerra Abud (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 129 de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 de su Reglamento, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 129 de la Ley Federal de Protección al Consumidor”, presentada por el diputado Jorge Kahwagi Macari, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza en fecha 17 de agosto de 2011.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 66, 68, 157 y 158 numeral 1 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa mencionada al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados, en fecha 17 de agosto de 2011, los secretarios de ésta dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la iniciativa con proyecto de decreto que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero. En resumen, el legislador propone lo siguiente:

• Adicionar un segundo párrafo al artículo 129 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), a fin de establecer que los proveedores sancionados publiquen en un diario de circulación nacional, un extracto de la sentencia condenatoria donde conste la infracción cometida, los hechos que la constituyen, así como la sanción impuesta.

Consideraciones

Primera. De conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Economía es competente para conocer sobre la iniciativa con proyecto de decreto mencionada en el exordio del presente dictamen.

Segunda. Los diputados que integran la Comisión de Economía estiman legítimo el espíritu de la iniciativa en el sentido de dar publicidad a las resoluciones que sancionen en grado de reincidencia a los proveedores de bienes y servicios, por lo que se pronuncian por aprobar la propuesta en los términos del presente dictamen.

En efecto, la propuesta del legislador consiste en adicionar un párrafo al artículo 129 de la LFPC, que establece las sanciones aplicables en los casos de reincidencia, en los términos siguientes:

...Además, la Procuraduría deberá ordenar una vez ejecutada la sentencia condenatoria, que el proveedor sancionado, publique por cuenta propia en un diario de circulación nacional a través de aviso destacado, un extracto de la sentencia conteniendo los hechos constitutivos de la infracción, la infracción cometida, así como la sanción impuesta.

Ahora bien, si bien se coincide con la finalidad que persigue el diputado proponente, la Comisión de Economía considera que se deben realizar los ajustes que a continuación se enuncian:

1. El término “sentencia condenatoria” que se utiliza en la propuesta es incorrecto, pues dicho término se refiere a resoluciones definitivas emitidas por órganos jurisdiccionales; en este sentido, si la iniciativa implica modificaciones a las atribuciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), entonces el término adecuado es el de “resolución administrativa”, que es el que la ley de la materia ya refiere en los artículos 131 y 135.

2. La propuesta establece que será obligación del proveedor sancionado publicar un extracto de la resolución con sus propios medios; lo que se estima inadecuado, pues el cumplimiento del dispositivo estaría supeditado a que el proveedor fuera anuente con la obligación de la norma, lo que llevaría a implementar la carga de verificación para la Profeco, cuando la finalidad legislativa es hacer más eficiente la aplicación de la ley.

Por lo anterior, se estima que sería más adecuado establecer como facultad de la Profeco, la publicación de las resoluciones administrativas que se dicten en grado de reincidencia.

3. No se comparte la propuesta en el sentido de que la publicación del extracto de la resolución, se realice en un “diario de circulación nacional”, pues esta referencia es ambigua, ya que no se establece un parámetro para determinar qué periódico tiene dicha característica.

En ese sentido, se considera adecuado establecer que la publicidad de la sentencia se realizará en el portal electrónico de la Profeco y que podrá reproducirse en medios masivos, armonizando este dispositivo con el actual artículo 98 BIS, que establece que cuando con motivo de una verificación la Profeco detecte violaciones a la LFPC, podrá ordenar se informe a los consumidores individual o colectivamente, inclusive a través de medios de comunicación masiva, sobre las acciones u omisiones de los proveedores que afecten sus intereses o derechos.

4. Se considera que el momento adecuado para publicar la resolución administrativa es cuando “causa estado” y no cuando es “ejecutada”, como lo propone el legislador. Pues de esta manera se evita que la publicación de la resolución se retarde por maniobras evasivas del infractor para que no sea ejecutada la sanción. Además, debe decirse que lo anterior es congruente con la Ley Federal de de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que las resoluciones o sentencias definitivas podrán ser objeto de publicación.

5. La propuesta pretende incluir un artículo Transitorio que defina la reincidencia, cuando el actual artículo 130 de la LFCP, ya establece una definición para dicho término, por lo que se estima eliminar dicho dispositivo transitorio.

Con las modificaciones apuntadas se estima que la reforma logrará fortalecer a la Profeco, pues se amplían las herramientas para promover y proteger los derechos de los consumidores, informándolos sobre los proveedores que de manera reiterada violentan sus prerrogativas.

Tercera. Por lo expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Economía, se manifiestan por aprobar la Iniciativa con proyecto de decreto mencionada en el exordio del presente dictamen, en los términos siguientes:

Decreto por el que se reforma el artículo 129 de la Ley Federal de Protección al Consumido

Artículo Único. Se adiciona un párrafo al artículo 129 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 129....

Además, la Procuraduría deberá publicar la resolución administrativa correspondiente, una vez que haya causado estado, en su portal electrónico de internet, y podrá reproducirla en los medios de comunicación masiva. La publicación deberá consistir en un extracto de la resolución y deberá contener los hechos constitutivos de la infracción, el proveedor sancionado, así como la sanción impuesta.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de septiembre de 2011.

La Comisión de Economía, diputados:Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero, Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, José Antonio Arámbula López, Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Pavel Díaz Juárez (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo, Ramón Jiménez López, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), María Florentina Ocegueda Silva, David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, David Ricardo Sánchez Guevara, Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, así como de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Honorable Asamblea:

Las Comisión de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 87, 157, 158 y 167, numeral 4 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea, el siguiente:

Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente, con fecha 10 de agosto de 2011, el diputado Juan José Guerra Abud del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sometió a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para sancionar el Delito de Robo al Autotransporte Federal.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva acordó turnar la iniciativa, que nos ocupa a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente.

Derivado de lo anterior, dicha Comisión realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa del diputado propone federalizar el delito de robo al autotransporte, estableciendo un capítulo especial en el Código Penal Federal denominado “Del Robo al Autotransporte Federal”.

Asimismo, el legislador señala como prioritario considerarlo, en los casos que especifica, como un delito grave y que cuando el mismo sea cometido por quienes formen parte o se encuentren vinculados con la delincuencia organizada, se castigue a sus perpetradores en términos del artículo 2º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

El diputado señala que: “actualmente el delito de robo al autotransporte federal ocasiona grandes pérdidas tanto al sector transportista como a las empresas que emplean sus servicios. La investigación y persecución de este delito corresponde a las instancias del fuero común, lo que dificulta su combate dado que en la mayoría de los casos la perpetración y los efectos del delito trascienden los límites territoriales de las entidades federativas, lo que dificulta la investigación y persecución de este delito y propicia, en consecuencia, campos de impunidad que deben ser eliminados...”

Esta Comisión coincide con el proponente al señalar que el robo al autotransporte se ha venido incrementando y su incidencia representa una problemática global en la cual, México no es una excepción.

Asimismo, esta Comisión concuerda en la necesidad de fortalecer el marco de protección jurídica en materia de autotransporte, dado que es uno de los sectores más afectados por delitos como el robo a nivel nacional, de la misma forma que otros sectores del autotransporte federal, como los de pasajeros y turismo, se ven igualmente afectados.

Para tal fin, el diputado que suscribe la iniciativa, señala que si bien el Título Vigésimo Segundo del Código Penal Federal, contiene un catalogo de delitos en contra de las personas en su patrimonio, entre los que se tipifica el robo, debiéndose considerarse por ese hecho que la materia es federal. Sin embargo, bajo los argumentos por él expuestos en la iniciativa referida, la investigación y persecución del robo al autotransporte, aun tratándose de aquel que es regulado por leyes federales, se ha dejado en manos de las autoridades estatales.

De acuerdo al legislador, lo anterior, se corrobora con los informes de incidencia delictiva del fuero común que presentó en marzo de 2011, el Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que entre otros reporta que en el año 2010 se denunciaron a nivel nacional ante las Procuradurías Generales de Justicia del País 2,142 robos en carretera de los cuales 1,905 se cometieron con violencia y 237 se efectuaron sin ella.

Asimismo y de acuerdo a la iniciativa, el reporte referido revela que. “ de los 2,142 robos denunciados como cometidos en carretera en el año 2010, 580 se hicieron con violencia sobre camiones de carga, en tanto que los que se denunciaron como cometidos sin violencia sobre camiones de carga fueron apenas 78; esto es, se denunciaron 658 robos cometidos en contra de camiones de carga del total de robos denunciados como cometidos en carreteras, en tanto que el resto de los cometidos en carreteras correspondió a denuncias por robos cometidos en contra autobuses, vehículos particulares y otros.”

En primer lugar, un elemento adicional mencionado por el legislador y que justifica la propuesta de federalizar el delito de robo al autotransporte federal, se refiere a que diversas organizaciones de transportistas pertenecientes a las diferentes modalidades de transporte, como lo son aquellas que prestan los servicios públicos de de carga, de pasajeros y turismo, manifiestan su preocupación dado que “ el índice de robo de camiones de carga se disparó en todas las carreteras del país, al pasar de 580 a más de 800 unidades en hurto (38%), lo que deja cuantiosas pérdidas a la industria, razón por la que consideran que la atención a este fenómeno delictivo debe estar a cargo de las autoridades federales...

Lo anterior, no solo por el aumento considerable de su incidencia, sino también porque ante los incrementos en los robos al autotransporte aumentó también el costo de seguridad para las empresas el cual ha pasado del 6 al 12 por ciento en el mismo periodo, lo que sin duda afecta la competitividad del sector; pero sobre todo porque, de acuerdo al modus operandi de quienes cometen estos ilícitos, resulta que “en una entidad federativa se puede encontrar la mercancía robada, en otra el remolque de la unidad y en una más el camión, por lo que resulta necesario levantar múltiples denuncias en diferentes órdenes de gobierno.”, lo que se evitaría si de este delito conocieran las instancias federales reduciendo también el margen de impunidad que en la realidad dicha situación genera.”

En segundo lugar, y de acuerdo a la iniciativa, otros sectores como lo es el de seguridad privada e industria satelital, se han manifestado en el mismo sentido de la propuesta, señalando que “... al concluir 2010, el robo a camiones de carga registró un incremento de 52.1% con respecto al 2009. Se hurtaron principalmente electrodomésticos, cómputo, fármacos, ropa, abarrotes, materiales de construcción y varilla, conceptos que representan el 50% del total de robos registrados...”

A fin de abundar en lo anterior se arguye también que “los delincuentes tienen un nuevo modus operandi, pues ahora al hurtar un tractocamión si sospechan que tiene monitoreo satelital, cambian el remolque que cuenta con un dispositivo de seguridad (cintos, candados, etc.) a otro automotor que no lo posee. Hecho el cambio, los tractos que cuentan con un sistema de rastreo satelital continúan su ruta, lo que impide saber si la unidad fue robada, puesto que el sistema no identifica si salió de su camino.”

Ante tales premisas es que dichas organizaciones consideran importante elevar el delito del robo a autotransporte a un nivel federal con el fin de proteger a este sector, a empresarios, hombres-camión y automovilistas que transitan en carretera en todo el país.”

Especial atención merece por parte de los integrantes de esta Comisión dictaminadora, el señalamiento que hace el legislador proponente al referir que el costo de la inseguridad en México es muy alto, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) se calcula que en México este problema representa al año un costo de 770 dólares por habitante, lo que equivale al 7% del Producto Interno Bruto (PIB).

De esos 770 dólares, el 2.1% estaría destinado al concepto de transferencias (víctimas a victimarios); alrededor del 0.8% al pago de seguros contra la inseguridad y el resto a la contratación de policías privados y públicos, según refiere el IMCO.

Por ello coincidimos con la iniciativa objeto del presente dictamen en que las acciones de tipo empresarial deben ser reforzadas con una política de Estado que evite que el robo al autotransporte, llegue a representar la segunda actividad ilícita más lucrativa después del narcotráfico.

Los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora coinciden en la necesidad de federalizar este delito ya que la cadena de conductas relacionadas con esta problemática que da origen a esta iniciativa, concluyen en muchos casos, con delitos como homicidio de operadores transportistas y con vínculos con el mercado informal de venta de artículos robados y la delincuencia organizada que ha diversificado sus fuentes de ingreso mediante este tipo de delitos. Como la propia iniciativa comenta:

“No podemos pasar por alto el hecho de que en la mayoría de los casos, estos crímenes son cometidos por miembros de la delincuencia organizada, quienes valiéndose de diversas circunstancias tales como falsos operativos de revisión por parte de presuntos policías, el empleo de licencias federales falsas para pasar como operadores regulares, la utilización de armas de alto calibre, en los momentos en que los operadores paran frente a una vía o cruce o para revisar una llanta o fallas mecánicas, aprovechan el estado de vulnerabilidad en que se encuentran para perpetrar el o los ilícitos que les permitirán apoderarse de las mercancías...”

Una razón que la Comisión determina primordial al considerar la federalización de este tipo de delitos es la dispersión y diversidad de criterios existentes en cada entidad federativa, lo que genera espacios de corrupción e impunidad en su castigo, aunado a las dificultades que se presentan en los procesos de la denuncia, investigación y persecución referidos en la iniciativa.

El robo se encuentra dentro de los delitos considerados como patrimoniales o contra el patrimonio, es decir aquellos que atentan o dañan la integridad del patrimonio de las personas.

En materia federal, priva la noción relativa a que un delito patrimonial debe ser investigado por las autoridades de este nivel de gobierno, principalmente cuando repercute o lesiona el patrimonio de la Federación o en los casos de los cometidos por servidores públicos de la Federación, en ejercicio de sus funciones, en contra de los particulares. Así lo demuestra la referencia que se hace de este tipo delitos en el portal de la Procuraduría General de la República, que sobre el particular señala:

“Los delitos patrimoniales que prevé el Código Penal Federal en su título vigésimo segundo, son los cometidos por particulares en contra del patrimonio de la Federación, o los cometidos por servidores públicos de la Federación en contra de particulares, encontrándose contemplados, el robo, abuso de confianza, fraude, extorsión, despojo de cosas inmuebles o de aguas y daño en propiedad ajena, delitos previstos en los artículos 367 al 399 bis de dicho código.

Las penas aplicables a cada uno de los delitos enunciados difiere según la gravedad y cuantía del quebranto patrimonial sufrido por su comisión.

Los delitos patrimoniales más comunes son el robo, que es el apoderamiento de un bien mueble ajeno propiedad de una Institución gubernamental federal, sin derecho ni consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley; y el delito de daño en propiedad ajena, que es el daño causado por particulares en contra de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado, debiendo considerarse principalmente el daño ocasionado a la red carretera nacional en su cinta asfáltica y señalamientos, o bien los accidentes producidos en la conducción de vehículos automotores.”

En consecuencia con lo anterior el proponente refiere que “no obstante que el Título Vigésimo Segundo del Código Penal Federal, contiene un catalogo de delitos en contra de las personas en su patrimonio, bajo la premisa que referimos con antelación, la investigación y persecución del robo al autotransporte, aun el federal, se ha dejado en manos de las autoridades estatales, lo cual se corrobora con los informes de incidencia delictiva del fuero común que presentó en marzo de 2011, el Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que entre otros reporta que en el año 2010 se denunciaron a nivel nacional ante las Procuradurías Generales de Justicia del País 2,142 robos en carretera de los cuales 1,905 se cometieron con violencia y 237 se efectuaron sin ella. Asimismo, revela que de los 2,142 robos denunciados como cometidos en carretera en el año 2010, 580 se hicieron con violencia sobre camiones de carga, en tanto que los que se denunciaron como cometidos sin violencia sobre camiones de carga fueron apenas 78; esto es, se denunciaron 658 robos cometidos en contra de camiones de carga del total de robos denunciados como cometidos en carreteras, en tanto que el resto de los cometidos en carreteras correspondió a denuncias por robos cometidos en contra autobuses, vehículos particulares y otros.

Ante premisa, esta Comisión considera, en concordancia con lo que expone el legislador proponente, que si bien diversas disposiciones vigentes el Código Penal Federal aluden a conductas que lesionan los bienes jurídicos de los transportistas, la tutela que establece dicho cuerpo legal, es dispersa e insuficiente para otorgar un marco de protección efectivo al sector del autotransporte federal, el cual se verá robustecido con las propuestas contenidas en la iniciativa objeto de este dictamen

Análisis comparativo

Respecto a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la iniciativa propone las siguientes modificaciones:

Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 73 fracción XXI, señala que corresponde al Congreso de la Unión establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse, así como determinar la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; de igual forma, legislar en materia de delincuencia organizada.

En este contexto, la comisión dictaminadora estima que la iniciativa en comento es susceptible de ser analizada al ser el Congreso de la Unión un órgano competente para legislar en materias relacionadas con la aplicación de leyes federales y establecer delitos que lesionen a sujetos que realicen actividades reguladas por las mismas, como en el caso del robo al autotransporte federal.

Segunda. De la misma manera, la Comisión considera pertinente y coincide en que se justifica ampliamente la necesidad de que sean las autoridades federales a quienes corresponda el combate a este delito, si tomamos en cuenta que el daño patrimonial que se ocasiona las víctimas u ofendidos por el mismo, al final repercute en contra de un sector muy importante de la economía nacional, como lo es el sector del autotransporte y sus correlaciones con la protección del mercado formal y el empleo de los mexicanos.

Asimismo, existe coincidencia en la importancia del transporte carretero, dado que por razones históricas, geográficas y económicas, el transporte carretero es el modo de transporte que sostiene la mayor parte de flujo de personas y de bienes. El sistema productivo depende, junto con algunos otros elementos fundamentales, de la posibilidad de movilización de las personas y la de transportar los insumos necesarios para producir los bienes y posteriormente trasladarlos hasta donde se consumen, lo que significa que todos los bienes y servicios tienen un componente de costo de transporte que afecta directamente el costo final y consecuentemente la productividad y competitividad integral de la economía.

Tercera. No pasa inadvertido para esta Comisión la referencia que hace el proponente a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de junio de 2010 en la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, en Materia de Delitos contra el Transporte Ferroviario, en el que, entre otras, se establece en el artículo 286 una calificativa para sancionar a quien en una vía general de comunicación haga uso de violencia para conseguir los propósitos a que se refiere al primer párrafo de dicho artículo, como son causar un mal, obtener un lucro o de exigir su asentimiento para cualquier fin.

Si bien, esta reforma representó un avance importante, se considera y con ello coincidimos con el Legislador en que dicha reforma es insuficiente para sancionar las conductas relacionadas con el robo al autotransporte federal, que por obvias razones utiliza las vías generales de comunicación, toda vez que el bien jurídico que tutela el artículo 286, ubicado dentro del Capítulo denominado “Allanamiento de morada” consiste en proteger la seguridad de las personas; en tanto que, con el tipo penal específico de “robo al autotransporte federal”, se protege el patrimonio de las personas que prestan o utilizan los servicios de autotransporte regulados por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Por consiguiente, se considera necesario establecer para tales efectos, dentro del título Vigésimo Segundo del Código Penal Federal, un capítulo especial al que se denominará “Del Robo al Autotransporte Federal”, se lleven a cabo las modificaciones legales necesarias para que se le considere como un delito grave y que cuando el mismo sea cometido por quienes formen parte o se encuentren vinculados con la delincuencia organizada, se castigue a sus perpetradores en términos del artículo 2º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Cuarta. La Comisión de Justicia, considera de suma importancia llevar a cabo la tipificación del delito de robo al autotransporte regulado por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, toda vez que los integrantes de la misma, han tomado en cuenta la gran movilización en carreteras federales de mercancías de toda índole y con un gran valor, resultando que sea una zona asediada y perseguida por la delincuencia organizada, el cual buscan con ello, mayores beneficios en su actividad ilegal.

Es por ello, que actualmente el sector empresarial se ha visto obligado a eficientar los sistemas de protección a través de la utilización de la más avanzada tecnología, lo que sin duda ha afectado sus costos de transportación.

Por lo que es procedente tipificar con la presente propuesta como conducta antijurídica, el apoderamiento ilícito de mercancías o bienes que se transportan en vehículos de carga, así como el robo de pertenencias u objetos que llevan las personas que viajan en autobuses de pasajeros o turismo.

Ahora bien, el Código Penal Federal en el Título Vigésimo Segundo denominado “Delitos en Contra de las Personas en su Patrimonio”, en el Capítulo I “Robo” describe el tipo base de esta conducta delictiva en los términos siguientes:

Artículo 367. Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley.

En opinión de esta instancia dictaminadora, nada impide que el legislador secundario establezca en la ley penal modalidades de un delito, cuando por situaciones de orden social y económico que justifican la existencia y la necesidad de un tipo penal que sancione conductas especificas, ya sea por las circunstancias especiales en que se cometen o por los bienes jurídicos que lesionan.

En este orden de ideas se considera viable la adición del Capítulo I Bis al Titulo Vigésimo Segundo del Código Penal Federal, en los términos que propone el diputado promovente de la iniciativa, para quedar como sigue:

“CAPITULO I BisDel robo al autotransporte federal

Artículo 381 Ter. Al que cometa el delito de robo en contra de personas que presten o utilicen por sí o por un tercero los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros o turismo, regulados conforme a la ley de la materia o sus servicios auxiliares, se le impondrá una pena de 6 a 12 años de prisión cuando el objeto del robo sea exclusivamente las mercancías y de 2 a 7 años de prisión cuando se trate únicamente de equipaje o valores de turistas o pasajeros, en cualquier lugar durante el trayecto del viaje, con independencia del valor de lo robado.

Cuando el objeto del robo sea el vehículo automotor se aplicará lo dispuesto en los artículos 376 bis y 377 de este Código, sin perjuicio de que se acumulen las penas que correspondan por otras conductas ilícitas que concurran en la realización del delito, incluyendo las previstas en el párrafo anterior del presente artículo.”

Destaca de esta propuesta de redacción del artículo 381 Ter que se pretende adicionar, lo siguiente:

A) El sujeto activo del delito del robo al autotransporte federal puede ser cualquier persona imputable en términos de las disposiciones penales.

B) El sujeto pasivo del delito o la victima requieren una calidad especial: ser prestadores de cualquiera de los servicios de autotransporte público que sean sujetos de regulación de la ley en la materia; esto es, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF), lo que a decir de la propia descripción de la propuesta, consiste en servicios de autotransporte de carga, pasaje o turismo o de los que presten sus servicios auxiliares, los cuales, de conformidad con el artículo 52 de la LCPAF consisten en:

a) Terminales de pasajeros;

b) Terminales interiores de carga;

c) Arrastre, salvamento y depósito de vehículos;

d) Unidades de verificación; y

e) Paquetería y mensajería

C) No se sancionará conforme a las reglas del artículo 381 Ter que se comenta, el robo de la unidad automotriz en el que se preste el servicio de autotransporte federal, toda vez que de la redacción del párrafo segundo de dicho artículo, se advierte con claridad que cuando el objeto del robo sea el vehículo automotor se aplicará lo dispuesto en los artículos 376 bis y 377 de este Código, disposiciones jurídicas que a la letra señalan:

Artículo 376 Bis. Cuando el objeto robado sea un vehículo automotor terrestre que sea objeto de registro conforme a la ley de la materia, con excepción de las motocicletas, la pena será de siete a quince años de prisión y de mil quinientos a dos mil días multa.

La pena prevista en el párrafo anterior se aumentará en una mitad, cuando en el robo participe algún servidor público que tenga a su cargo funciones de prevención, persecución o sanción del delito o ejecución de penas y, además se le aplicará destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

Artículo 377. Se sancionará con pena de cinco a quince años de prisión y hasta mil días multa, al que a sabiendas y con independencia de las penas que le correspondan por la comisión de otros delitos:

I. Desmantele algún o algunos vehículos robados o comercialice conjunta o separadamente sus partes;

II. Enajene o trafique de cualquier manera con vehículo o vehículos robados;

III. Detente, posea, custodie, altere o modifique de cualquier manera la documentación que acredite la propiedad o identificación de un vehículo robado;

IV. Traslade el o los vehículos robados a otra entidad federativa o al extranjero, y

V. Utilice el o los vehículos robados en la comisión de otro u otros delitos.

A quien aporte recursos económicos o de cualquier índole, para la ejecución de las actividades descritas en las fracciones anteriores, se le considerará copartícipe en los términos del artículo 13 de este Código.

Si en los actos mencionados participa algún servidor público que tenga a su cargo funciones de prevención, persecución o sanción del delito o de ejecución de penas, además de las sanciones a que se refiere este artículo, se le aumentará pena de prisión hasta en una mitad más y se le inhabilitará para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un período igual a la pena de prisión impuesta.

Razón por la cual es concordante como señala la propuesta de artículo objeto de análisis, que se apliquen las reglas de acumulación de penas.

Quinta. Como refiere el autor de la iniciativa, la misma tiene como objetivo tipificar en el Código Penal Federal, diversas conductas relacionadas con el robo al autotransporte federal, por tratarse de un delito que lesiona el patrimonio de las personas que prestan el servicio público de autotransporte federal o quienes utilizan sus servicios.

Por ello, la iniciativa propone que se apliquen penas que van de 6 a 12 años de prisión cuando el objeto del robo sea exclusivamente las mercancías y de 2 a 7 años de prisión cuando se trate únicamente de equipaje o valores de turistas o pasajeros, en cualquier lugar durante el trayecto del viaje, con independencia del valor de lo robado.

Sobre el particular, cabe hacer referencia a un estudio realizado por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados, en el que, consultado sobre aspectos relacionados con el tema, refirió:

“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 22, párrafo primero, señala que “toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado”; esta relación entre pena y delito es calificada, por la doctrina penal, como el principio de proporcionalidad, a través del cual “el legislador secundario al crear un delito, la pena que disponga para éste, debe ser proporcional al delito de que se trate y a la gravedad del bien jurídico afectado o a la gravedad de su puesta en peligro”.

En este sentido, Luigi Ferrajoli advierte que “el principio de proporcionalidad expresado en la antigua máxima poena debet commensurari delicto es en suma un corolario de los principios de legalidad y de retributividad, que tiene en éstos su fundamento lógico y axiológico”; además, “el problema [continúa el maestro de Florencia] de la justificación del tipo y de la medida de la pena aplicables en cada caso, como por lo demás el apenas discutido de los límites máximos de la pena sea cual fuere el delito cometido, es un problema moral y político, es decir, exclusivamente de legitimación externa”.

Asimismo, señala que el problema de la justificación de la medida de la pena puede ser dividido en tres sub-problemas: “el de la pre-determinación por el legislador del tipo y la medida máxima y mínima de la pena para cada tipo de delito; el de la determinación por parte del juez de la naturaleza y medida de la pena para cada delito concreto; el de la post-determinación, en la fase ejecutiva, de la duración de la pena efectivamente sufrida”.* Por razones obvias sólo haremos referencia al primero de los sub-problemas antes señalados.

Así, el primer inconveniente originado por el problema de la elección por el legislador de la entidad de la pena en relación con la gravedad del delito corresponde a la noción de “gravedad” del delito. En ese sentido existen dos tendencias diversas: “una objetivista, que mide la gravedad del delito y por consiguiente la de la pena por la entidad del daño; otra subjetivista, que la mide por el grado de la culpabilidad. También la elección de uno de estos dos criterios, así como del criterio de su equilibramiento, requiere decisiones basadas en opciones de valor”.

En el caso del problema de las medidas máximas y mínimas de la pena determinables conforme a los criterios antes aludidos, es aún más difícil, pues “si, en efecto, la pena es cuantificable, no es cuantificable el delito. Y han fracasado todos los esfuerzos realizados hasta la fecha para colmar esta heterogeneidad mediantes técnicas para medir la gravedad de los delitos, tanto las referidas a los grados del daño como sobre todo los de la culpabilidad”.

Ahora bien, el profesor italiano nos advierte que

...Aunque sea imposible medir la gravedad de un delito singularmente considerado, es posible, por tanto, afirmar, conforme al principio de proporcionalidad, que desde el punto de vista interno, si dos delitos se castigan con la misma pena, es que el legislador los considera de gravedad equivalente, mientras que si la pena prevista para un delito es más severa que la prevista para otro, el primer delito es considerado más grave que el segundo. De ello se sigue que si desde el punto de vista externo dos delitos no son considerados de la misma gravedad o uno se estima menos grave que el otro, es contrario al principio de proporcionalidad que sean castigados con la misma pena o, peor aún, el primero con una pena más elevada que la prevista para el segundo. En todos los casos el principio de proporcionalidad equivale al principio de igualdad en materia penal.

El Código Penal Federal describe a la prisión como “la privación de la libertad corporal”; además, indica que su duración será de tres días a sesenta años, y sólo podrá imponerse una pena adicional al límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión. Así, el mismo ordenamiento legal dispone que al responsable de un homicidio calificado se le sanciona con una pena que puede ir de treinta a sesenta años de prisión; en consecuencia, la vida es el bien jurídico de mayor valía que tutela el derecho penal en nuestro país, y ese puede ser un parámetro para graduar la gravedad de los ilícitos en nuestro sistema jurídico.”

En el caso de las penas propuestas en la iniciativa objeto del presente dictamen esta Comisión valora que se cumple con los principios de proporcionalidad y retributividad, a los que se hizo alusión en los párrafos anteriores, por lo que en dicho concepto que coincide con el proponente. Máxime que de un análisis comparativo presentado por el propio CEDIP, en diversas entidades federativas del país que cuyas legislaciones tipifican conductas similares, se puede observar que las penas que dichas legislaciones imponen guardan proporción equitativa a las que se proponen en el artículo 381 Ter, que se pretende adicionar al Código Penal Federal para sanciona el delito de robo al Autotransporte, tal como se observa en el siguiente cuadro:

Sexta. Por otra parte la iniciativa, pretende incluir el robo al autotransporte federal como un delito cometido por la delincuencia organizada, en este caso, también propone modificar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para adicionar la fracción III Bis al artículo 2 del referido ordenamiento, para incluir en dicha categoría el caso del robo al autotransporte federal, previsto en la fracción III del artículo 381 Quáter del Código Penal Federal que también propone adicionar y cuya redacción establece: La pena de prisión se aumentará en dos terceras partes, al que habiendo cometido el robo o participado en él, forme parte o se encuentre vinculado con la delincuencia organizada; así, la comparación entre los delitos cometidos por la delincuencia organizada, el bien jurídico tutelado y la pena que se impone pueden ser otro parámetro comparativo para evaluar si la sanción que se propone puede ser calificada como excesiva o considerar que se ajusta al principio de proporcionalidad arriba referido.

Para ilustrar dicha circunstancia se acude al cuadro siguiente:

Séptima. La iniciativa en comento propone adicionar el numeral 26 Bis al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales a fin de que el robo al autotransporte federal previsto en el párrafo primero del artículo 381 Ter que también se propone adicionar al Código Penal Federal, sea considerado como delito grave.

Al respecto es de señalar que, en función de los argumentos expuestos por el proponente, se estima que existen elementos de convicción suficientes para que así sea considerado.

En cuanto a la exclusión que la propuesta hace respecto a los casos de robo a equipaje y valores de turistas o pasajeros se considera que es congruente dicha excepción, atendiendo también que en la propia inactiva se propone, en el artículo. 381 Quintus que, en los casos en los que el objeto del robo sea el equipaje o valores de turista o pasajeros, solo se procederá contra su perpetrador a petición de parte ofendida, esto es que si se considera que en estos casos, el valor de lo robado puede ser mínimo o de poca consideración para proceder de oficio contra su perpetrador, es necesario la querella de parte ofendida y en congruencia, resulta atinado, por ende, no considerar estos caso como delitos graves.

Octava. La iniciativa propone derogar las fracciones VII y XIII y reformar fracción XVI del artículo 381 con el fin de armonizar la misma al texto íntegro del Código Penal Federal en materia de robo de autotransporte. De tal suerte que, los supuestos que se describen en las dos fracciones derogadas quedan comprendidos en la redacción del artículo 381 Ter, en tanto que la reforma a la fracción XVI del artículo 381 consiste en prever el supuesto en el que la penalidad se agrava por el robo cometido en carreteras y caminos de jurisdicción federal pero respecto de sujetos distintos a los que protege el artículo 381 Ter, es decir cualquier persona no regulada por la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia, considera viable y procedente la presente iniciativa, toda vez que con la misma, se propone federalizar el delito de robo al autotransporte y considerarlo como delito grave para perseguirse de oficio. Asimismo, al no estar previsto actualmente en la legislación en comento un capítulo que especifique los delitos contra el autotransporte federal, es necesario preverlo en la misma.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Justicia somete a la consideración del pleno de esta honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Artículo Primero. Se reforma el artículo 381, primer párrafo y la fracción XVI; se adiciona un Capítulo I Bis, que se denominará “Del robo al autotransporte federal” al Título Vigésimo Segundo, con los artículos 381 Ter, 381 Quáter, 381 Quintus y 381 Sextus y, se derogan las fracciones VII y XIII del artículo 381 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 381. Además de la pena que le corresponda conforme a los artículos 370, 371 y el primer párrafo del artículo 381 Ter, se aplicarán al delincuente las penas previstas en este artículo, en los casos siguientes:

I. a VI. ...

VII. Se deroga.

VIII. a XII. ...

XIII. Se deroga

XIV. y XV. ...

XVI. Cuando se cometa en caminos o carreteras de jurisdicción federal y la víctima sea una persona distinta a las que se refiere el primer párrafo del artículo 381 Ter;

XVII. ...

...

...

CAPITULO I BisDel robo al autotransporte federal

Artículo 381 Ter. Al que cometa el delito de robo en contra de personas que presten o utilicen por sí o por un tercero los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros o turismo, regulados conforme a la ley de la materia o sus servicios auxiliares, se le impondrá una pena de 6 a 12 años de prisión cuando el objeto del robo sea exclusivamente las mercancías y de 2 a 7 años de prisión cuando se trate únicamente de equipaje o valores de turistas o pasajeros, en cualquier lugar durante el trayecto del viaje, con independencia del valor de lo robado.

Cuando el objeto del robo sea el vehículo automotor se aplicará lo dispuesto en los artículos 376 bis y 377 de este Código, sin perjuicio de que se acumulen las penas que correspondan por otras conductas ilícitas que concurran en la realización del delito, incluyendo las previstas en el párrafo anterior del presente artículo.

Artículo 381 Quater. Además de la pena que le corresponda conforme al primer párrafo del artículo anterior, se aplicarán las previstas en este artículo, en los casos siguientes:

I. De uno a tres años de prisión cuando exista apoderamiento del remolque o semirremolque.

II. La pena de prisión se aumentará en una mitad, al servidor público que cometa o participe en el robo y que tenga a su cargo funciones de prevención, persecución o sanción del delito o ejecución de penas y, además se le aplicará destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

III. La pena de prisión se aumentará en dos terceras partes, al que habiendo cometido el robo o participado en él, forme parte o se encuentre vinculado con la delincuencia organizada.

Artículo 381 Quintus. En los casos en los que el objeto del robo sea el equipaje o valores de turista o pasajeros, solo se procederá contra su perpetrador a petición de parte ofendida.

Artículo 381 Sextus. En todo lo no previsto en el presente Capítulo se aplicarán, en lo que no se opongan, las reglas del Capítulo I del Presente Título.

Artículo Segundo. Se adiciona el numeral 26 Bis a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194. ...

I. ...

1) a 26) ...

26 Bis) El robo al autotransporte federal previsto en el párrafo primero del artículo 381 Ter, salvo en los casos de robo a equipaje y valores de turistas o pasajeros.

27) a 36) ...

II. a la XVIII. ...

...

Artículo Tercero.Se reforma la fracción V del artículo 2° de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a IV. ...

V. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tiene capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; Asalto, previsto en los artículos 286 y 287; Tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter, Robo de vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 377, y Robo de autotransporte federal previsto en la fracción III del artículo 381 Quáter del Código Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito Federal;

VI. a VII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal, realizará las adecuaciones reglamentarias que resulten necesarias para crear y/o adscribir las unidades para la atención a los delitos previstos en el presente decreto, con los recursos que cuente dentro de su presupuesto aprobado.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas:

1 http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/R esource/131/1/images/IDFComun_21022011.pdf

2 http://eleconomista.com.mx/industrias/2010/11/29/robo-transportes-carga-se-disp ara

3 http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/cerro-2010-robo-a-transporte-c on-52-de-incremento. Publicado el 24 de enero de 2010.

4 Visible en:http://www.pgr.gob.mx/Combate%20a%20la%20Delincuencia/Delitos%20Federales/De litos%20Patrimoniales.asp

5 http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/R esource/131/1/images/IDFComun_21022011.pdf

6 Uribe Benítez, Oscar, “Los principios constitucionales rectores del sistema penal acusatorio”, Quórum Legislativo, México, núm. 101, abril-junio de 2010, p. 137.

7 Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, 7ª ed., Madrid, Trotta, 2005, p. 398.

8 Ibidem, pp. 398-399.

9 Ibidem, p. 399.

10 Idem.

11 Ibidem, p. 402.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2011.

La Comisión de Justicia, diputados:Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato García (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Juanita Arcelia Cruz Cruz (rúbrica), Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), secretarios; Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina, Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Israel Madrigal Ceja (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica en abstención), Rodrigo Pérez-Alonso González, Norma Leticia Salazar Vázquez, Cuauhtémoc Salgado Romero, Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria, Pedro Vázquez González (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY DE NACIONALIDAD

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al inciso a) de la fracción I del artículo 20 de la Ley de Nacionalidad

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de conformidad con lo establecido en los artículos 30, incisos 1) y 2), fracción XXVII, 45, fracción 6), incisos e) y f), todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente dictamen a la  siguiente iniciativa que adiciona un párrafo al inciso a) de la fracción I del artículo 20 de la Ley de Nacionalidad.

Antecedentes

Que en fecha 6 de julio de 2011, se presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al inciso a) de la fracción I del artículo 20 de la Ley de Nacionalidad, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez.

Que en esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dictó el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa presentada por la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, en su exposición de motivos, señala la intención de que se pueda otorgar la nacionalidad mexicana a aquellas personas que no nacieron en México, pero que son descendientes directos en segundo grado de mexicanos nacidos en  territorio nacional.

La propuesta se basa en las acciones que están tomando diversos estados del vecino país del norte, las cuales están obligando a mexicanos a salir de ese territorio, toda vez que las leyes creadas en esas entidades no permiten la estancia a personas que no cuenten con la documentación que acredite su legal estancia.

Por ello la iniciativa pretende que queden exentos de comprobar la residencia que establece la fracción I, aquellos descendientes en línea recta en segundo grado de un mexicano por nacimiento, siempre que no cuente con otra nacionalidad al momento de realizar la solicitud.

Consideraciones de la comisión

Esta comisión considera importante y trascendental que el Estado mexicano lleve a cabo acciones que otorguen certeza jurídica a los connacionales y a sus descendientes que se encuentran fuera de territorio nacional, a fin de que sus derechos sean respetados en cualquier parte del mundo, principalmente en Estados Unidos, país donde se encuentran residiendo una gran cantidad de mexicanos e hijos de éstos, a quienes por la creación de nuevas leyes, no les es permitido acceder a la ciudadanía de aquel país por no acreditar la legal estancia de los padres.

Dada la importancia del tema, la proponente pretende que se faciliten  los medios a los hijos de los connacionales que se encuentran fuera del territorio nacional, a fin de que puedan obtener la nacionalidad mexicana de una manera eficiente, si así lo desean, teniendo la oportunidad de ingresar a nuestro país cuando ellos así lo deseen o lo requieran.

Es importante mencionar que en algunos estados del vecino país del norte, como California, se dio entrada a una propuesta para eliminar la ciudadanía  a los hijos de indocumentados; asimismo, en Arizona existen medidas referentes a la petición de despojar de la ciudadanía a niños nacidos de padres indocumentados, siendo estas acciones las causas principales que orillan a los connacionales a buscar otras opciones para poder llevar a cabo sus actividades con plena seguridad jurídica.

Cabe señalar que el artículo 20 de la Ley de Nacionalidad menciona la estancia de dos años anteriores a la fecha de una solicitud de naturalización, siempre y cuando el peticionario sea descendiente en línea recta de un mexicano por nacimiento, situación que ocasiona que tanto los hijos como los nietos no tengan la nacionalidad mexicana por diversos motivos.

Con base en lo anterior, y con la aprobación parcial de la Ley SB1070 en el estado de Arizona y de otras acciones en la misma entidad, puede provocar un gran retorno de muchas personas que actualmente se encuentran radicando en esa localidad y en otros estados del vecino país del norte, lo cual ocasionaría una gran cantidad de solicitudes de naturalización, por lo que al pretender ingresar a territorio nacional muchas de estas personas no contarán con alguna nacionalidad al momento de ser expulsados de Estados Unidos.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios considera importante y trascendental la presente iniciativa, toda vez que los nietos de mexicanos nacidos en territorio nacional, podrán quedar exentos de la comprobación  mínima de 2 años de residencia previos a la solicitud, pudiendo adquirir de ésta manera la nacionalidad mexicana.

Por otro lado, debemos considerar que el Congreso de la Unión debe ser visionario, así como proactivo a las circunstancias que se enfrentarían los descendientes de los connacionales y el gobierno, si se aprobaran o siguieran impulsando en los próximos meses o años,  iniciativas que promuevan la deportación de aquellos mexicanos que no cuenten con una estancia regular en los Estados Unidos.

Asimismo, la presente reforma pretende garantizar una nacionalidad a los descendientes de los connacionales, ya que en caso de dejar los marcos legales como se encuentran actualmente, muchas personas quedarían como apátridas y en consecuencia, sin el apoyo de las instituciones por no contar con un documento que compruebe su nacionalidad.

No obstante, los integrantes de esta comisión, manifestamos y coincidimos en que si bien, el pedir un mínimo de años de residencia a los descendientes de mexicanos por nacimiento, previos a la presentación de su solicitud, tiene como trasfondo el de poder crear pertenencia o arraigo a las costumbres y tradiciones, así como a la historia de nuestro país, lo cual es de gran relevancia e importancia cuando alguien quiere obtener la nacionalidad mexicana.

En el mismo tenor, la aprobación de la presente Iniciativa tiene como objetivo el atender de una manera puntal las inquietudes expresadas por algunos integrantes del CCIME, ante las cada vez más frecuentes iniciativas en contra de los migrantes, así como de prever que en un futuro lleguen a aplicarse reformas de fondo en otros países.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes  de esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios sometemos a consideración de la honorables asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona un segundo párrafo al inciso a) de la fracción I del artículo 20 de la Ley de Nacionalidad

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al inciso a) de la fracción I del artículo 20 de la Ley de Nacionalidad, para quedar como sigue:

Artículo 20. ...

I. ...

a)...

Quedarán exentos de comprobar la residencia que establece la fracción I, aquellos descendientes en línea recta en segundo grado de un mexicano por nacimiento, siempre que no cuente con otra nacionalidad al momento de la solicitud; o bien no le sean reconocidos los derechos adquiridos a partir de su nacimiento;

b) a d) ...

II. y III. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal contará con un plazo de 45 días para realizar las adecuaciones al reglamento de la ley, con el objetivo de garantizar la viabilidad y aplicación del presente decreto.

Palacio Legislativo, a 28 de septiembre de 2011.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, diputados:Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), presidenta; Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica), Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Guillermina Casique Vences (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, Olivia Guillén Padilla (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Héctor Pedraza Olguín (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), María Yolanda Valencia Vales (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Ariel Gómez León (rúbrica), José M. Torres Robledo (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), Rafael Rodríguez González.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX Bis al artículo 3o., el título quinto Bis y su capítulo único; y el artículo 421 Ter de la Ley General de Salud.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX Bis al artículo 3o., el título quinto Bis y su capítulo único, y el artículo 421 Ter de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

Las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 25 de septiembre del 2001, el diputado Francisco Patiño Cardona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó el proyecto de Ley sobre la Investigación, el Fomento, el Desarrollo, Control y Regulación del Genoma Humano que fue turnada, por la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, a las Comisiones de Salud, y de Ciencia y Tecnología para su estudio y dictamen.

2. Con fecha 14 de diciembre del 2001, el Dip. Manuel Wistano Orozco Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó el una Iniciativa que reforma la Ley General de Salud, adicionando un título decimoctavo, referente al Genoma Humano, la cual fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, a las Comisiones de Salud, y de Ciencia y Tecnología para su estudio y dictamen.

3. Con fecha 27 de noviembre del año 2002, las Comisiones de Salud y de Ciencia y Tecnología, aprobaron las iniciativas referidas enviándolo a la Mesa Directiva para el trámite legislativo respectivo.

4. Con fecha 2 de diciembre del año 2003, se presentó a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el dictamen de las Comisiones de Salud, y de Ciencia y Tecnología, que fue aprobado y remitido a la Cámara de Senadores para sus efectos correspondientes.

5. En la sesión plenaria del Senado de la República, celebrada con fecha 4 de diciembre del año 2003, se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción IX Bis al artículo tercero; un Título Quinto Bis y su Capítulo Único; y el artículo 421 Bis, de la Ley General de Salud, la cual se turno para su estudio y dictamen a se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social y de Estudios Legislativos, solicitándose durante la sesión, la ampliación del turno a la Comisión de Ciencia y Tecnología, misma que fue concedida.

6. En sesión celebrada con fecha 3 de abril de 2008, fue aprobado el dictamen que presentaron las Comisiones Unidas de Salud, de Estudios Legislativos, y de Ciencia y Tecnología respecto a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX Bis al artículo tercero; un Título Quinto Bis y su Capítulo Único; y el artículo 421 Ter, de la Ley General de Salud.

7. Con fecha 8 de abril de 2008, la honorable Cámara de Diputados dio cuenta del oficio por el que el Senado de la Republica devuelve la minuta en estudio para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 Constitucional, siendo turnada por la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología.

8. Con fecha 10 de junio de 2008, la Comisión de Salud aprobó el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología respecto a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX Bis al artículo tercero; un Título Quinto Bis y su Capítulo Único; y el artículo 421 Ter, de la Ley General de Salud.

9. La presidencia de la Comisión de Salud, el 26 de junio de 2008, envió expediente número M019-LX a la Comisión de Ciencia y Tecnología, con el dictamen respectivo, para continuar con el trámite legislativo.

10. La presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología mediante oficio número LX/CCyT/1000/09 el 15 de abril de 2009, remitió a la presidencia de la Comisión de Salud el dictamen respectivo lo anterior para la continuidad del trámite legislativo.

11. En sesión celebrada el 30 abril de 2009, se puso a discusión el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología respecto a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX Bis al artículo tercero; un Título Quinto Bis y su Capítulo Único; y el artículo 421 Ter, de la Ley General de Salud, pero quedo pendiente, y devuelto a la Comisión de Salud de la LXI Legislatura.

II. Contenido de la minuta

La minuta en estudio adiciona un Título Quinto Bis a la Ley General de Salud para establecer un marco jurídico para el genoma humano, incluyéndolo como materia de salubridad general, la definición, las bases para la investigación y las sanciones a quien incumpla los preceptos señalados por la ley, esto con la finalidad de reconocer la importancia de proteger los datos genéticos de cada individuo a terceras personas físicas ó morales, ya que esto es un grave atentado a la intimidad y pone en peligro expectativas de las personas afectadas; en su entorno familiar, educativo, de salud, laboral, mercantil entre otros.

III. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. La palabra “genoma” se acuñó en 1930, aproximadamente, aunque los científicos no sabían de qué estaba hecho el genoma. Sólo sabían que el genoma era lo suficientemente importante, fuera lo que fuera, para tener un nombre.

El genoma es todo el material genético contenido en las células de un organismo en particular. El genoma humano, es evidentemente el genoma de la especie humana, está compuesto por 24 secuencias cromosómicas distintas; 22 autosomas + 2 cromosomas sexuales: X, Y; y tiene un tamaño aproximado de 3 mil 200 millones de pares de bases de ADN (3200 Mb) que contienen entre unos 20 mil o 25 mil genes. El proyecto genoma humano produjo una secuencia de referencia del genoma humano eucromático, usado en todo el mundo en las ciencias biomédicas.

La secuenciación completa del genoma humano significó la culminación de adelantos sin precedente en la ciencia; disponer de las secuencias génicas de gran número de organismos repercutirá –de forma importante– en el mejoramiento de la salud, y son muchos quienes han predicho que la elucidación de esas secuencias revolucionará las investigaciones médicas y la atención a los pacientes.

Tercera. En la Declaración Universal sobre el Genoma Humano se establece que el genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad y diversidad intrínsecas. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad.

Así, en su artículo 2 señala que cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos, cualesquiera que sean sus características genéticas. Y que esta dignidad impone que no se reduzca a los individuos a sus características genéticas y que se respete su carácter único y su diversidad.

La declaración indica los principios que –internacionalmente– deben respetarse en cuanto a la investigación del genoma humano, incluyendo la dignidad humana, derechos de las personas interesadas, condiciones de ejercicio de la actividad científica, la solidaridad y cooperación internacional así como el fomento de los principios de la propia declaración.

Lo anterior sólo es una ejemplo de la importancia que tiene para el desarrollo de la humanidad el estudio del genoma humano; motivo por el cual fue reformada la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, dando lugar a la creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica, y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2004.

A pesar de lo anterior y de que la mencionada institución se encuentra en funcionamiento, convirtiéndose en la vanguardia de la investigación genómica en el país, la Ley General de Salud vigente carece de un marco regulatorio para el genoma humano.

Resulta imprescindible dotar a las instituciones de certidumbre jurídica, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano establece en el artículo 4 que el genoma humano, en su estado natural, no puede dar lugar a beneficios pecuniarios.

También señala que una investigación, un tratamiento o un diagnóstico en relación con el genoma de un individuo sólo podrán efectuarse previa evaluación rigurosa de los riesgos y las ventajas que entrañe y de conformidad con cualquier otra exigencia de la legislación nacional, precepto que se ve evidentemente afectado al no contar con el marco jurídico correspondiente.

La declaración referida establece, en su artículo 10, que ninguna investigación relativa al genoma humano ni sus aplicaciones, en particular en la esfera de la biología, la genética y la medicina, podrán prevalecer sobre el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales y de la dignidad humana de los individuo o, si procede, de los grupos humanos.

La propia declaración establece en su artículo 7 que ninguna investigación relativa al genoma humano ni sus aplicaciones, en particular en la esfera de la biología, la genética y la medicina, podrán prevalecer sobre el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales y de la dignidad humana de los individuo o, si procede, de los grupos humanos.

Es necesario garantizar la confidencialidad de las características genéticas del cada individuo ya que así garantizamos el derecho a no saber aquellas enfermedades a las que se puede estar predispuesto. Este descubrimiento podría aumentar las enormes diferencias que existen actualmente entre los países de primer mundo y los del tercer mundo.

Resulta primordial, como lo señala la declaración, respetar a los derechos del individuo, al tiempo que avanza el conocimiento científico del genoma y sus aplicaciones en la medicina.

En este texto se prohíbe toda forma de discriminación de una persona a causa de su patrimonio genético. Las Partes signatarias de la declaración protegerán al ser humano en su dignidad y su identidad y garantizarán a toda persona, sin discriminación alguna, el respeto a su integridad y a sus demás derechos y libertades fundamentales con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina.

Resulta evidente, como ya lo referimos en el artículo 4 de la declaración que no es posible patentar el genoma humano. A pesar de lo anterior, se corre el riesgo, si no existe un marco jurídico preciso, de que se busquen formas indebidas de lucro con descubrimientos científicos que pueden ser de utilidad para toda la humanidad.

Según el informe del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias de la OMS, la situación actual en lo que se refiere a la concesión de patentes sobre los genes ha ido demasiado lejos en la promulgación de una cultura de la propiedad, y si se permite que continúe provocará inevitablemente más desigualdades en materia de atención de salud en todo el mundo. Se requiere con urgencia un marco normativo coherente para asegurar que la concesión de patentes sobre el ADN estimule el progreso científico y económico reforzando la contribución de la comunidad investigadora mundial a la creación y la aplicación de tecnología médica para los problemas sanitarios de los países en desarrollo.

Las empresas dedicadas a la biotecnología necesitan grandes inversiones y sus resultados no se ven a corto plazo, sino que se verá en unos años; los analistas financieros tienen fe en estas empresas y en su potencial; y aquéllas que consigan ser las primeras en adquirir conocimientos básicos de genómica (sobre todo, la identificación de los genes y sus utilidades) y las que logren transformar esta cantidad enorme de datos en medicamentos y tratamientos para poder tener una excelente calidad de vida se convertirán en auténticas minas de oro para sus accionistas. Estas actividades no son ilegales y promueven el desarrollo del país, pero resulta indispensable contar con un marco jurídico adecuado para dar certidumbre a las empresas, a los investigadores y ante todo a la población que se verá beneficiada con los progresos de la medicina genómica.

Debido al avance en la medicina genómica se podrá realizar un diagnóstico genómico basado en la prevención y el diagnóstico personalizado. El conocer la combinación exacta de mutaciones que tienen las células ayudará a que el médico decida el tratamiento óptimo para cada tumor o enfermedad de cada paciente.

El informe referido señala que se ha presentado un cuadro excesivamente optimista de las aplicaciones y los beneficios de las investigaciones genéticas. Las aplicaciones médicas potenciales de la genómica son considerables y darán lugar a importantes adelantos en la práctica clínica, pero es difícil hacer predicciones acerca de los plazos.

Según el propio Comité algunos resultados de los proyectos sobre el genoma ya tienen aplicación médica. Están muy adelantados el diagnóstico, la prevención y, en cierta medida, el tratamiento de enfermedades hereditarias comunes causadas por el fallo de un solo gen. Es probable que en los próximos años se disponga de nuevos medios de diagnóstico, vacunas y agentes terapéuticos para las enfermedades transmisibles. Sin embargo, es mucho menos previsible que en el corto plazo se produzcan avances trascendentales en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer o se disponga de nuevos tratamientos para las enfermedades crónicas.

Asimismo establece algo sumamente importante para los países en desarrollo, ya que afirma que ha llegado el momento de planificar el modo de distribuir de forma justa entre la población del mundo la tecnología del ADN recombinante y sus beneficios clínicos potenciales. De lo contrario, este nuevo sector ampliará la brecha que en materia de atención de salud separa a los países ricos y los países pobres del mundo.

Otra de las recomendaciones del comité es establecer políticas, estrategias y mecanismos nacionales para evaluar las tecnologías pertinentes, la costo-eficacia, las estructuras de revisión ética, las repercusiones jurídicas, sociales y económicas, los sistemas de reglamentación y la necesidad de preparar a la sociedad sensibilizando efectivamente al público. Resulta evidente que la aprobación de la minuta en estudio esta encaminada a cumplir con estos objetivos.

Con la aprobación de la minuta, se establecerá como materia de salubridad general al genoma humano. Aunado a lo anterior se adiciona un Título Quinto Bis, cuyo Capítulo Único se denominará El Genoma Humano.

En la propuesta de adición del artículo 103 Bis se incluye una definición de genoma que respeta plenamente la referida en la Declaración Universal del Genoma Humano.

La adición del artículo 103 Bis 1 también es congruente con la Declaración y establece claramente que el genoma individual de cada ser humano, le pertenece a cada persona.

De igual forma, el texto propuesto para el artículo 103 Bis 2. concuerda con los principios de no discriminación de la Declaración, al igual que los requisitos establecidos en el texto de los artículos 103 Bis 3, y 103 Bis 4, que corresponden a los principios señalados en el artículo 5 de la Declaración.

El artículo 103 Bis 5 propuesto señala que la investigación científica, innovación, desarrollo tecnológico y aplicaciones del genoma humano, estarán orientadas a la protección de la salud, prevaleciendo el respeto a los derechos humanos, la libertad y la dignidad del individuo; quedando sujetos al marco normativo respectivo; respetando de este modo lo que estipula la declaración en su artículo 10 al que nos referimos con antelación.

Por lo que respecta a la adición del artículo 103 Bis 6, con su redacción se dota a la Secretaría de Salud de una facultad para controlar las investigaciones, en caso de así requerirlo, con la finalidad de privilegiar siempre el respeto a los derechos humanos.

Asimismo, se establecen en los artículos 103 Bis 7 y 421 Ter las sanciones para quienes no cumplan con lo establecido en la ley, perfeccionándose de este modo la norma.

Coincidimos con respecto a la urgencia de aprobar esta minuta por lo que nos manifestamos a favor de la misma en los términos en los que fue devuelta a ésta soberanía.

En mérito de lo antes expuesto y para los efectos de la fracción A, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones de Salud y de Ciencia y Tecnología, se permiten someter a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción IX Bis al artículo 3o.; se adiciona un Título Quinto Bis y su Capítulo Único; y el artículo 421 Ter de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se adiciona una fracción IX Bis al artículo 3o.; se adiciona un Título Quinto Bis y su Capítulo Único denominado “El Genoma Humano” con los artículos 103 Bis, 103 Bis 1, 103 Bis 2, 103 Bis 3, 103 Bis 4, 103 Bis 5, 103 Bis 6 y 103 Bis 7, y el artículo 421 Ter, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a IX. ...

IX Bis. El genoma humano;

X. a XXXI. ...

Título Quinto BisEl Genoma Humano

Capítulo Único

Artículo 103 Bis. El genoma humano es el material genético que caracteriza a la especie humana y que contiene toda la información genética del individuo, considerándosele como la base de la unidad biológica fundamental del ser humano y su diversidad.

Artículo 103 Bis 1. El genoma humano y el conocimiento sobre este es patrimonio de la humanidad. El genoma individual de cada ser humano pertenece a cada individuo.

Artículo 103 Bis 2. Nadie podrá ser objeto de discriminación, conculcación de derechos, libertades o dignidad con motivo de sus caracteres genéticos.

Artículo 103 Bis 3.Todo estudio en este campo deberá contar con la aceptación expresa de la persona sujeta al mismo o de su representante legal en términos de la legislación aplicable.

En el manejo de la información deberá salvaguardarse la confidencialidad de los datos genéticos de todo grupo o individuo, obtenidos o conservados con fines de diagnóstico y prevención, investigación, terapéuticos o cualquier otro propósito, salvo en los casos que exista orden judicial.

Artículo 103 Bis 4.Se debe respetar el derecho de toda persona a decidir, incluso por tercera persona legalmente autorizada, que se le informe o no de los resultados de su examen genético y sus consecuencias.

Artículo 103 Bis 5. La investigación científica, innovación, desarrollo tecnológico y aplicaciones del genoma humano, estarán orientadas a la protección de la salud, prevaleciendo el respeto a los derechos humanos, la libertad y la dignidad del individuo; quedando sujetos al marco normativo respectivo.

Artículo 103 Bis 6. A efecto de preservar el interés público y sentido ético, en el estudio, investigación y desarrollo del genoma humano como materia de salubridad general la Secretaría de Salud establecerá aquellos casos en los que se requiera control en la materia, asegurándose de no limitar la libertad en la investigación correspondiente de conformidad con el artículo tercero constitucional.

Artículo 103 Bis 7. Quien infrinja los preceptos de este capítulo, se hará acreedor a las sanciones que establezca la ley.

Artículo 421 Ter.Se sancionará con multa equivalente de doce mil hasta dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate e inhabilitación de siete a diez años, en el desempeño de empleo, profesión o cargo público, a quien infrinja las disposiciones contenidas en el capítulo único del Titulo Quinto Bis de esta ley, o la cancelación de la cédula con efectos de patente, la concesión o autorización respectiva según sea el caso. Lo anterior, sin afectar el derecho del o los afectados, de presentar denuncia por el delito o delitos de que se trate.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión de Salud, diputados:Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho, Rosalina Mazari Espín, Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz, José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo, María del Pilar Torre Canales, secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales, Leandro Rafael García Bringas (rúbrica), Clara Gómez Caro, Delia Guerrero Coronado (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), José Luis Marcos León Perea, Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina, Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo, Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Oralia López Hernández (rúbrica).

La Comisión de Ciencia y Tecnología, diputados:Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), presidente; Blanca Juana Soria Morales (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas, Óscar Román Rosas (rúbrica), secretarios; Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Alejandro del Mazo Maza (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza, Aarón Irízar López (rúbrica), José Francisco Landero Gutiérrez, Óscar Lara Salazar, Ana Luz Lobato Ramírez, Oralia López Hernández (rúbrica), José Trinidad Padilla López (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán, María Isabel Pérez Santos, Jorge Romero Romero, José Luis Velasco Lino, José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra para fundamentar a nombre de la comisión, el diputado Miguel Antonio Osuna Millán, hasta por cinco minutos.

No se encuentra en salón; por lo tanto, está a discusión en lo general. Esta Presidencia informa que se han registrado para... Perdón, adelante, diputado Osuna, para fundamentar a nombre de la comisión.

PETROLEOS MEXICANOS

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Di Costanzo, dígame.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente, estaba en la reunión de la Comisión de Hacienda y me avisan que la diputada Esthela Damián, a su vez, está avisando que se cancela la comparecencia del director general de Pemex.

Quiero decirle que no es que haya cancelado Suárez Coppel. Aquí estamos en una maniobra en donde el PAN y la presidenta de la Comisión de Vigilancia están protegiendo al director general de Pemex.

Es lamentable que la presidenta de la Comisión de Vigilancia se preste a este tipo de artimañas y que estén protegiendo el asunto sin ninguna base.

La comparecencia estaba oficialmente programada para hoy a las cinco de la tarde y Esthela Damián, en exceso del uso de sus atribuciones, unilateralmente y con el objeto de proteger a Suárez Coppel y a solicitud del propio Acción Nacional, están protegiéndolo; cobijado también por algunos diputados del PRI.

Me parece lamentable que nos prestemos a ese tipo de jugarretas. No hay ningún motivo para cancelar esta comparecencia.

Tengo en mi mano información que ha sido publicada en España, que el señor Coppel ni siquiera se ha dado a la tarea de entregar a esta Cámara de Diputados. Me parece muy lamentable que se estén dando este tipo de cosas y de actos en la Cámara de Diputados y que la presidenta de la Comisión de Vigilancia se preste a este tipo de cosas por andar en su campaña. Me parece lamentable.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Señor diputado, el tema ya ha sido votado. Tomamos nota de su intervención pero, para alusiones personales, le damos la palabra a la diputada Damián Peralta.

La diputada Esthela Damián Peralta(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Qué bueno que pude participar en tribuna para exponer y solicitar de sus buenos oficios para la comparecencia.

Quiero señalar que en estos momentos nunca he tenido una respuesta oficial, con fecha y hora. Hemos tenido trabajos paralelos y coordinados, sin ningún documento oficial. Hemos entregado a mis compañeros secretarios de la comisión acuerdos, que son turnados a la Mesa Directiva en donde se establece fecha y hora y hemos sabido que el oficio en el que se establece la hora para que venga el titular de Pemex, ese documento hasta este momento no ha llegado a la Cámara.

Por eso señalé en tribuna que me parece que somos objeto de burla, como Legislativo, que no se nos obsequie una petición que hemos estado entregando de manera reiterada a la Mesa Directiva.

Lo último que quisiera señalar es que la más interesada en que este asunto se desahogue es su servidora. Hay tres temas elementales y coyunturales por los que esta Cámara y en particular, Vigilancia debe conocer del asunto.

Invito a mis compañeros, como lo han hecho otros que me antecedieron en la palabra, a que señalen públicamente cuál es la situación que guarda esta comparecencia para que sepamos que aquí están las peticiones que se han exigido, que se han buscado y que no tenemos fecha en concreto.

Sin embargo, hemos trabajado a marchas forzadas para que, de darse la cita, tengamos todo preparado, incluso sin un documento oficial de parte de esta Mesa Directiva. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tenga usted la seguridad, diputada, que haremos nuestros mejores oficios para lograr lo que usted ha pedido.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Continuamos, diputado Osuna.

El diputado Miguel Antonio Osuna Millán:Con su venia, diputado presidente. Compañeros y compañeras diputados: el proyecto internacional del genoma humano se realizó bajo la hipótesis de que sus resultados serán muy benéficos para la humanidad; sin embargo, como cualquiera otra tecnología, plantea situaciones que deben discutirse a fondo, por lo que en 1993 la UNESCO integró un grupo multinacional dedicado a discutir los problemas bioéticos planteados por este proyecto internacional.

Su mandato inicial fue el de hacer un documento que se llamó precisamente: La Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, siendo el mérito indiscutible de este texto el equilibrio que se establece entre la garantía del respeto de los derechos fundamentales y la necesidad de garantizar la libertad de investigación.

A pesar de lo anterior, México no cuenta aún con un marco jurídico seguro que garantice los principios de desarrollo individual y dignidad; por lo que es necesario señalar que en esta reforma se deben invocar los principios democráticos de la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo entre los hombres.

En el artículo 103 Bis de la Ley General de Salud se propone que nadie podrá ser objeto de discriminación, conculcación de derechos, libertades o dignidad con motivo de sus caracteres genéticos.

Este artículo tiene su respaldo en los siguientes ordenamientos internacionales: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 2, 3, 7 y 25; y la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, que en su artículo 7 establece que se debe garantizar que los datos genéticos humanos y los datos proteómicos no se utilicen con fines que discriminen al tener por objeto o consecuencia la violación de los derechos humanos, las libertades fundamentales o la dignidad humana; o que provoquen, asimismo, la estigmatización de una persona, una familia, un grupo o una comunidad.

También la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial nos establece que todo estudio en este campo debe contar con la aceptación expresa de la persona sujeta al mismo o de su representante legal en términos de la legislación aplicable.

Además, que en el manejo de la información debe salvaguardarse la confidencialidad de los datos genéticos de todo grupo o individuo obtenidos o conservados con fines de diagnóstico y prevención, investigación o cualquier otro propósito, salvo aquellos casos en los que exista orden judicial previa.

Dicha reforma, compañeros, encuentra su fundamento en la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos que en su artículo 1o., inciso a), establece que los objetivos de esta declaración son: el velar por el respeto de la dignidad humana y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación de los datos genéticos del ser humano.

Los datos proteómicos humanos y las muestras biológicas de los que esos datos provengan, en adelante denominadas muestras biológicas, atendiendo a los imperativos de igualdad, justicia y solidaridad y a la vez, prestando la debida consideración a la libertad de pensamiento y de expresión, comprendida la libertad de investigación.

Asimismo, la reforma propuesta en el 103 Bis IV, encuentra su principio en el artículo 8 de la misma Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, el cual señala que para la recolección de datos genéticos humanos debe obtenerse, previo el consentimiento libre, informado y expreso de la persona interesada, sin tratar de influir en su decisión mediante incentivos económicos o cualquier otro beneficio personal.

Todo ello refiere expresa o tácitamente que las investigaciones sobre el genoma humano y sus aplicaciones abren inmensas perspectivas de mejora en la salud de los individuos y de toda la humanidad; pero destaca que deben respetarse primordialmente la dignidad, la libertad y los derechos del ser humano, y prohibir enérgicamente toda forma de discriminación fundada en características genéticas.

Es fundamental la presente reforma, compañeros legisladores, no debemos retrasarla más y debemos dar ese gran paso para implementar las acciones legislativas. De esta manera, proteger el conocimiento del genoma humano, todo esto con una visión clara en pro del bienestar de las futuras generaciones, juntamente con derechos y la dignidad del ser humano. La libertad de la investigación con un adecuado marco bioético y las exigencias de la solidaridad. Muchísimas gracias, compañeros diputados.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputado. En consecuencia está a discusión en lo general. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se ha registrado para la discusión en lo general, el diputado, doctor Eduardo Robles Medina, del Partido Acción Nacional, quien tiene la palabra hasta por 3 minutos.

El diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la palabra genoma se acuñó en 1930. El genoma es todo el material genético contenido en las células de un organismo en particular.

En la Declaración Universal sobre el Genoma Humano se establece que éste es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad y diversidad intrínsecas. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad.

La Declaración indica que los principios que internacionalmente deben respetarse en cuanto a la investigación del genoma humano, incluyendo la dignidad humana, derechos de las personas interesadas, condiciones de ejercicios de la actividad científica, la solidaridad y cooperación internacional, así como el fomento de los principios de la propia declaración.

El 20 de julio de 2004, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud; a través de ello, se decreto la creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica, una de las principales aportaciones del gobierno del cambio a la modernización de nuestro sistema nacional de salud.

Resulta incuestionable que hoy en día el tema del genoma humano ha consolidado su lugar en la agenda de salud, como una de las más relevantes e imprescindibles. Lo cual ha generado las condiciones para que dicho instituto se haya dado a la tarea de investigar el mapa genético de los mexicanos y en ello, las enfermedades a las que nos encontramos más predispuestos.

Acción Nacional ratifica su compromiso con el apoyo al desarrollo de los temas de salud, que permitan la creación de mejores condiciones de salud y su efectiva protección en beneficio de las personas, siempre bajo los más altos principios bioéticos que marcan un recto camino a favor de la vida y de la dignidad humana.

La iniciativa que hoy se someterá a votación en este pleno, adiciona un título quinto Bis a la Ley General de Salud estableciendo un marco jurídico para el genoma humano. En él se incluye al genoma como materia de salubridad general, se definen las bases para la investigación y se establecen sanciones a quien incumpla los preceptos señalados en la ley.

Un elemento muy importante de este dictamen es que reconoce la importancia que reviste la protección de los datos genéticos de cada individuo frente a terceras personas, físicas o morales, a fin de proteger su intimidad, sus expectativas de desarrollo personal, su entorno familiar y su salud.

Es importante destacar que el decreto que hoy se vota, sostiene que la investigación científica, innovación, desarrollo tecnológico y aplicaciones del genoma humano, estarán orientadas a la protección de la salud, prevaleciendo el respeto a los derechos humanos, la libertad y la dignidad del individuo. Que se debe respetar el derecho de toda persona a decidir, incluso, por tercera persona legalmente autorizada, que se le informe o no de los resultados de su examen genético y sus consecuencias. Estos dos elementos los consideramos fundamentales en el dictamen. Sin embargo...

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Concluya, señor diputado.

El diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina:Concluyo, diputado presidente. Consideramos que éste constituye un primer paso hacia la construcción de un andamiaje legislativo para que nuestro país cuente con un marco legal suficiente y efectivo para evitar la práctica de abusos contra las personas que someten a estudios genómicos.

Es por ello que en Acción Nacional votaremos a favor del dictamen, porque estamos comprometidos con el ejercicio cabal del derecho a la protección de la salud para todas las personas, con la protección de su dignidad y con todo aquello que permita su desarrollo como ser humano, bio-psicosocial y espiritual.

Como integrante de las Comisiones de Salud y de Ciencia y Tecnología, solicito su voto a favor del dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Emilio Serrano, del PRD, a favor del dictamen.

El diputado Emilio Serrano Jiménez:Con su venia, diputado presidente. El Partido de la Revolución Democrática siempre ha estado a favor del avance en la ciencia y la tecnología, y este tema, que sin lugar a dudas es de gran importancia para la humanidad, creemos que es importante también que lo apoyemos.

Hace años, la esperanza de vida en México era de 54 años, después 60 y gracias a la ciencia y la tecnología es que ahora en México la esperanza de vida es de 77 años las mujeres, 75 los hombres.

Creemos que estos grandes avances que se dan en la ciencia deben de apoyarse, debe de estar México a la altura de los países vanguardistas en la ciencia y tecnología, en la medicina.

Cuba, que se dice que es un país más pobre que México, es puntero en la medicina internacional. Han dedicado recursos a la investigación, han dedicado el apoyo del gobierno, ¿y por qué en México no lo tenemos? Creo que éste es un paso trascendental que estamos dando en el tema del genoma humano.

La creación del marco jurídico, para que se tenga un control en quienes aplican los exámenes, pues obtienen los resultados de cada uno de los pacientes o personas que van a hacerse el examen, es mucho muy importante. Hace falta la regulación. Es el por qué nosotros vamos a votar a favor en apoyo a la ciencia y la tecnología, a favor de la vida humana.

Hacen falta más recursos, más apoyo y qué mejor que en esta Cámara de Diputados se dé como debe de ser; que no se escatime, que no se especule, que de veras el apoyo sea en beneficio de la vida humana. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputado. Diputado Muñoz Ledo, ¿con qué objeto? A favor. Tiene usted la palabra, hasta por tres minutos.

Le enviamos un saludo a un grupo de empresarios turcos, que nos visitan por invitación del presidente del Grupo de Amistad México-Turquía, el diputado José Francisco Rábago. Sean ustedes bienvenidos.

Igualmente a líderes de Ecatepec, del estado de México, que han sido invitados por el diputado Noé Martín Vázquez Pérez, y a alumnos y maestros de la Universidad Anáhuac, que han sido invitados por el diputado Francisco Landero Gutiérrez. Tiene la palabra el diputado Muñoz Ledo.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Señor presidente, sólo para apoyar con tres reflexiones esta reforma que se propone.

Primera. Efectivamente, el descubrimiento del genoma humano es uno de los grandes avances científicos de los tiempos modernos; prueba al mismo tiempo la identidad y la diversidad del género humano; combate de raíz, por la ciencia, los prejuicios y los racismos: 97.6 por ciento de los rasgos del genoma humano nos son absolutamente comunes a todos los seres humanos que habitamos el planeta. Hay en efecto una identidad esencial del género humano puesta en duda, por los prejuicios de todo género.

El 3 por ciento que resta señala y subraya la inmensa diferenciación, ya que no hay ningún ser humano idéntico a otro.

Pero, asómbrense, en el 72 por ciento somos iguales a todos los seres animales. También hay una identidad genérica de los seres animales sobre el planeta.

Segundo. Esta reforma es un comienzo hacia la desmitificación de un tema que ha sido satanizado por varias razones; una, por las aplicaciones genéticas a la modificación de las plantas y a la naturaleza y su entorno; el otro, por el tema de la clonación.

Ergo, lo que se ha recomendado no es sólo que se legisle sobre la materia, sino que se establezca una autoridad científica de carácter nacional que tenga el suficiente poder, capacidad de decisión para incorporar y flexibilizar sus decisiones conforme avanza el desarrollo de la ciencia, pero que tenga como tarea también evitar usos indebidos de la ciencia que se va a generar de genoma humano.

La tercera reflexión es la democratización de estas investigaciones. El genoma humano aparece en un chip que cada individuo puede portar y con el cual en caso de enfermedad o en caso de compra de medicamentos tiene rasgos o datos que permiten la prevención y la diferenciación del tratamiento a las enfermedades.

Sin embargo, el costo de obtener un chip con el genoma humano es altísimo y sus aplicaciones del descubrimiento del genoma humano en materia médica por ahora es medicina para gente de extraordinarios recursos económicos.

Entonces, tres son los puntos; uno que haya una autoridad científica; dos, que la regulación sea más completa, y; tres, que las organizaciones e instituciones de la medicina pública provean al uso adecuado y a la democratización de este conocimiento científico. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputado. El diputado Rodrigo Reina, del Partido Revolucionario Institucional, tiene la palabra hasta por tres minutos.

El diputado Rodrigo Reina Liceaga:Con su venia, señor presidente. Definitivamente en el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor. Estamos a favor, no nada más de darle certidumbre, reconocer la importancia de proteger los datos genéticos de cada individuo, estamos a favor y lo que se demuestra hoy es que en esta Cámara de Diputados los acuerdos, los consensos son posibles.

Lo que se demuestra es que cuando el interés es superior a cualquier color, a cualquier tinte, esta Cámara de Diputados demuestra que podemos tomar los acuerdos y ser contundentes en la dictaminación de leyes e iniciativas que dan protección desde el inicio, desde el principio, desde el ser mismo.

Es por eso que hoy nos congratulamos de poder votar y decirle que todos los diputados del PRI iremos a favor de este dictamen, que ha sido un consenso y fue un trabajo que se hizo por todos los integrantes de la Comisión de Salud.

Como secretario de esta comisión, tuvimos un extenso, no debate, sino enriquecimiento de todo lo que se pronuncia en esta tribuna.

Decirles que los consensos son posibles. Invitarlos a que sigamos así, trabajando; de que esta Cámara continúe con estas mayorías, generando iniciativas que den un beneficio a favor de los mexicanos, a favor de México, a favor de nuestra gente. Por mi cuenta es tanto y nosotros votaremos a favor, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Suficientemente discutido en lo general. En virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Falta un minuto para que se cierre el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Liborio Vidal Aguilar (desde la curul): A favor.

El diputado Eviel Pérez Magaña (desde la curul): A favor.

La diputada María del Pilar Torre Canales(desde la curul): A favor.

El diputado Silvio Lagos Galindo(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:Diputado Neyra, ¿va a cambiar el sentido de su voto?

El diputado Armando Neyra Chávez(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:De abstención pasa a favor.

La diputada Tomasa Vives Preciado(desde la curul): A favor.

El diputado Arturo Ramírez Bucio(desde la curul): A favor.

El diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa(desde la curul): A favor.

El diputado Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh(desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Soto Oseguera(desde la curul): A favor.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu(desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Hernández Hernández(desde la curul): A favor.

La diputada Olga Luz Espinosa Morales(desde la curul): A favor.

La diputada María Guadalupe García Almanza(desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Álvarez Martínez(desde la curul): A favor.

El diputado Patricio Chirinos del Ángel (desde la curul): A favor.

La diputada Norma Leticia Orozco Torres(desde la curul): A favor.

El diputado Enrique Torres Delgado (desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Ovando Patrón(desde la curul). A favor.

La diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz(desde la curul): A favor.

La diputada María Dina Herrera Soto (desde la curul): A favor.

La diputada Silvia Esther Pérez Ceballos(desde la curul): A favor.

La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal(desde la curul): A favor.

El diputado Heriberto Ambrosio Cipriano(desde la curul): A favor.

La diputada Laura Elena Estrada Rodríguez(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto?

El diputado Ricardo Urzúa Rivera (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Diputado presidente, se emitieron un total de 382 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobado en lo general y en lo particular por 382 votos el proyecto de decreto que adiciona la fracción IX Bis al artículo 3o.; un título quinto Bis, y su capítulo único; y el artículo 421 Ter de la Ley General de Salud. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE TURISMO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo

Honorable Asamblea:

La Comisión de Turismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados fue turnado para estudio y dictamen el expediente número DGPL 61II6 0909, que contiene la iniciativa por la cual se reforman las fracciones X al artículo 3, VII al artículo 9, VII al artículo 10, y II y III al artículo 23, así como el párrafo primero y la fracción II al artículo 28, las fracciones I, II y III al artículo 29, y el artículo 30; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 26 de la Ley General de Turismo, presentada por el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Consideraciones

I. Materia de la iniciativa

La iniciativa propone incluir en el término ordenamiento turístico del territorio que la política turística se llevará a cabo con criterios ecológicos y de sustentabilidad, en compatibilidad y de conformidad con los usos y las reservas determinados en el ordenamiento ecológico del territorio, así como facultar a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal para formular, expedir y ejecutar programas de ordenamiento turístico regional que abarquen la totalidad o una parte del territorio de una entidad federativa y a los municipios programas de ordenamiento turístico local.

Explicitar que en la formulación del ordenamiento turístico del territorio deberán considerarse criterios, de la vocación de cada zona o región, en función de su estado de preservación, considerando los recursos turísticos, la distribución de la población, las actividades económicas predominantes, su vulnerabilidad, y capacidad de adaptación y mitigación al cambio climático, los ecológicos y de sustentabilidad de conformidad con las leyes en la materia, considerando especialmente la capacidad de carga de los ecosistemas, sus procesos ecológicos y el mantenimiento de su integralidad, así como la naturaleza y las características de la biodiversidad que habita la zona o región para su preservación.

II. Considerandos

Primero. El diputado propone reformar diferentes artículos de la Ley General de Turismo. Toda vez que la materia de análisis es uniforme y previo estudio pertinente llevado a cabo, la comisión dictamina con fundamento de lo establecido en los artículos 82, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El presente dictamen propone una aprobación parcial de la iniciativa materia del presente dictamen. En consecuencia, lo no considerado conveniente se tendrá por desechado.

De manera particular, la comisión expone ante esta soberanía el siguiente

Cuadro con modificaciones y propuesta de redacción

La comisión coincide con la propuesta del diputado Báez en el sentido de adicionar en el término ordenamiento turístico del territorio que la política turística se llevará a cabo con criterios ecológicos y de sustentabilidad, así como facultar a los gobiernos de los estados, de los municipios y del Distrito Federal para formular, expedir y ejecutar programas de ordenamiento turístico regional.

Segundo. Elementos de la propuesta

A. Sustentabilidad

En 1993, la OMT definió el concepto de turismo sostenible: “El desarrollo turístico sostenible responde a las necesidades de los turistas actuales y las regiones receptivas, protegiendo y agrandando las oportunidades del futuro. Se le presenta como rector de todos los recursos de modo que las necesidades económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechas manteniendo la integridad cultural de los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas en defensa de la vida”.

El desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es decir, ha de ser aportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y social para las comunidades locales. El desarrollo sostenible es un proceso orientado que contempla una gestión global de los recursos con el fin de asegurar su durabilidad, permitiendo conservar nuestro patrimonio natural y cultural, incluyendo las áreas protegidas. Siendo el turismo un potente instrumento de desarrollo, puede y debe participar activamente en la estrategia de desarrollo sostenible.

La sustentabilidad tiene relación con

La planeación y el ordenamiento turísticos, la competitividad e inversión, la educación, la seguridad, la promoción turística, el turismo social, los turistas y los prestadores de servicios turísticos, las zonas de desarrollo turístico sustentable, las atribuciones de la Sectur, las del Ejecutivo federal, las de los estados y el Distrito Federal y las de los municipios.

La Ley General de Turismo define las zonas de desarrollo turístico sustentable: las fracciones del territorio nacional, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que por sus características naturales o culturales constituyen un atractivo turístico. Se establecerán mediante declaratoria específica, que emitirá el presidente de la República, a solicitud de la secretaría.

La sustentabilidad ambiental requiere así una estrecha coordinación de las políticas públicas en el mediano y largo plazos. Ésta es una premisa fundamental para los gobiernos, así como en el Plan Nacional de Desarrollo se traduce en esfuerzos para mejorar la coordinación interinstitucional y la integración intersectorial. La sustentabilidad ambiental debe ser un criterio rector en el fomento de las actividades productivas, por lo que en la toma de decisiones de políticas públicas se incorporarán consideraciones de impacto y riesgo ambientales, así como de uso eficiente y racional de los recursos naturales.

Por los razonamientos expuestos consideramos viable la propuesta del diputado promovente.

B. Del ordenamiento turístico

En este sentido, la planeación de la actividad turística según el esquema del desarrollo sustentable implica una nueva forma de el desarrollo regional, buscando la preservación de los recursos naturales y culturales, el aprovechamiento racional de los mismos, la atención de las necesidades de la población local, la generación de beneficio económico a las localidades derivado de las actividades relacionadas con el turismo, así como generar la satisfacción del turista, entre otras cosas.

Autores como Bocco: 2004, Rotler y Priego: 2002, Hall y Lew: 1998, Enkerlin: 1997 y Rodríguez: 2002 concuerdan en que cuando se busca un desarrollo sustentable del turismo, no es posible considerar el sitio de destino turístico como un marco específico óptimo de análisis, ya que necesariamente tendrá que agregarse a ello el marco regional, que soporta y proporciona el entorno para el sitio de destino turístico, lo que significa que el análisis de la región implicará el estudio de los impactos económicos, ambientales y socioculturales del turismo, aun cuando sea de manera indirecta.

Una propuesta que considera abordar desde un enfoque integrador los elementos que intervienen en el fenómeno turístico es la del ordenamiento territorial, ya que éste es un instrumento que da un tratamiento específico a la situación particular de las regiones donde la actividad turística se incorpora a una visión ligada al paradigma del desarrollo sustentable.

El ordenamiento territorial es un instrumento de planeación que reconoce el territorio como un sistema complejo, abierto a perturbaciones naturales, económicas, sociales y políticas, el cual tiene determinada una frontera histórica, que comprende distintos niveles de aproximación en el análisis de los subsistemas, y que reconoce los procesos primordiales que les dan explicación causal y que se expresan geográficamente (García, 1986).

C. De los estados y municipios

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Título QuintoDe los Estados de la Federación y del Distrito Federal

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

V. Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la federación o los estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios;

La anterior disposición constitucional sustenta la reforma propuesta por el diputado Báez, en virtud de que la figura de “localidad”, en la Constitución, es inexistente. La Carta Magna reconoce tres órdenes de gobierno: la federación, el estado y el municipio; es de ampliar esta argumentación señalando que todo el marco jurídico nacional reconoce estos tres órdenes.

De no realizar la modificación propuesta por el promovente, se prestaría a confusión en la aplicación de la norma al confundir la localidad con la región, con la zona, con la comarca, complicando la asignación de recursos, los límites de la política pública, la delimitación de beneficiarios, aplicación de subsidios o financiamientos derivados de programas de apoyo, la invasión constante de competencias territoriales, entre otras.

Con esta modificación estaríamos solventando un posible vicio de inconstitucionalidad de la norma en comento.

Por eso podemos afirmar que las reformas planteadas son procedentes.

La comisión dictaminadora, derivado del análisis realizado en los considerandos anteriores, concluye que son viables de aprobar las modificaciones propuestas por el diputado Báez respecto a los artículos 3, fracción X, 9, fracción VII, 23, fracciones II y III, la adición de un párrafo al artículo 26 y reformas de las fracciones II del artículo 28, y II y III del artículo 29 y artículo 30.

Por las consideraciones expuestas, la comisión somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman, y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Turismo

Artículo Único. Se reforman los artículos 3, fracción X, 9, fracción VII, 23, fracciones II y III, 28, fracción II, 29, fracciones II y III, y 30; y se adicionan los artículos 9, con una fracción VII Bis, y 26, con un segundo párrafo, a la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por

I. a IX. ...

X. Ordenamiento turístico del territorio: instrumento de la política turística bajo el enfoque social, ambiental y territorial, cuya finalidad es conocer, planificar , e inducir el uso de suelo y las actividades productivas, con el propósito de lograr el aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos, en compatibilidad y de conformidad con los usos y reservas determinados en el ordenamiento ecológico del territorio, y demás disposiciones jurídicas aplicables en materia de medio ambiente y de asentamientos humanos;

XI. a XXI. ...

Artículo 9. Corresponden a los estados y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en materia turística, las siguientes atribuciones:

I. a VI. ...

VII. Formular, evaluar y ejecutar los programas locales de ordenamiento turístico del territorio, con la participación que corresponda a los municipios respectivos;

VII Bis. Participar en la formulación, expedición ejecución y elaboración de los programas de ordenamiento turístico regional en coordinación con el Ejecutivo federal o las autoridades municipales comprendidas en el respectivo territorio y en el ámbito de sus competencias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de esta ley.

VIII. a XXI. ...

Artículo 23. En la formulación del ordenamiento turístico del territorio deberán considerarse los siguientes criterios:

I. ...

II. La vocación de cada zona o región, en función de su estado de preservación, considerando los recursos turísticos, la distribución de la población, las actividades económicas predominantes, su vulnerabilidad, y capacidad de adaptación y mitigación al cambio climático;

III. Los ecológicos y de sustentabilidad de conformidad con las leyes en la materia, considerando especialmente la capacidad de carga de los ecosistemas, sus procesos ecológicos y el mantenimiento de su integralidad, así como la naturaleza y características de la biodiversidad que habita la zona o región para su preservación;

IV. a VIII. ...

...

Artículo 26. ...

Los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, en los términos del párrafo anterior, podrán formular, expedir y ejecutar programas de ordenamiento turístico regional, que abarquen la totalidad o una parte del territorio de una entidad federativa.

Artículo 28. Los programas de ordenamiento turístico local serán expedidos por las autoridades de los estados y del Distrito Federal con la participación de los municipios y tendrán por objeto:

I. ...

II. Proponer los criterios de ordenamiento turístico, de conformidad con los determinados en los ordenamientos ecológicos del territorio y los planes o programas de desarrollo urbano, así como de uso del suelo, con el propósito de preservar los recursos naturales y aprovechar de manera ordenada y sustentable los recursos turísticos respectivos; y

III. ...

Artículo 29. Los procedimientos bajo los cuales serán formulados, aprobados, expedidos, evaluados y modificados los programas de ordenamiento turístico local serán determinados por las leyes de los estados y del Distrito Federal en la materia, conforme a las siguientes bases:

II. Las autoridades municipales harán compatibles sus ordenamientos turísticos del territorio con los ordenamientos ecológicos del territorio, y sus planes o programas de desarrollo urbano y uso del suelo.

...

III. Cuando un programa de ordenamiento turístico local incluya una zona de desarrollo turístico sustentable, el programa será elaborado y aprobado en forma conjunta por la secretaría y los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, según corresponda;

IV. ...

...

Artículo 30. La secretaría deberá definir la postura técnica que respalde a favor o en contra, según sea el caso, respecto de la formulación y ejecución de los programas de ordenamiento turístico regional y local, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2011.

La Comisión de Turismo, diputados:Carlos Joaquín González (rúbrica), presidente; Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Noé Martín Vázquez Pérez (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga, Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica), Gustavo Antonio Ortega Joaquín (rúbrica), Miguel Martínez Peñaloza (rúbrica), Lizbeth García Coronado (rúbrica), José Alfredo González Díaz (rúbrica), Laura Arizmendi Campos (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano, Efraín Ernesto Aguilar Góngora, Cecilia Soledad Arévalo Sosa (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza, Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Juan José Cuevas García (rúbrica), José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Baltazar Martínez Montemayor, Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez, José Ignacio Seara Sierra (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez, Luis Alejandro Guevara Cobos.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se han registrado para hablar en pro del dictamen, los siguientes diputados: Diputado Ortega Joaquín, del Partido Acción Nacional y la diputada Lizbeth García Coronado, del PRD. Se concede la palabra al diputado Gustavo Ortega Joaquín, hasta por tres minutos.

El diputado Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín:Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, la Ley General de Turismo es de orden público, de interés social, de observancia general en toda la República en materia turística, correspondiendo su aplicación de forma concurrente al Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Turismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias a las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como a los estados, municipios y el Distrito Federal.

La interpretación en el ámbito administrativo, corresponderá al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Turismo.

El objeto de la ley en comento tiene como propósito establecer las bases generales de coordinación, las facultades concurrentes entre el Ejecutivo federal, estados, municipios y el Distrito Federal, así como la participación de los sectores social y privado. Asimismo la ley tiende a establecer las bases para la política, planeación y programación, en todo el territorio nacional, de la actividad turística, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los estados, municipios y el Distrito Federal, a corto, mediano y largo plazo.

Asimismo formular las reglas y procedimientos para establecer el ordenamiento turístico del territorio nacional.

En ese sentido, la propuesta que nos corresponde aprobar, es que viene a establecer aspectos ecológicos al ordenamiento territorial, lo que consideramos que es factible debido a que debemos de ser responsables en la aplicación de políticas públicas que estén encaminadas a considerar el equilibrio ecológico y el medio ambiente.

Por otro lado, si consideramos que el hecho de formular, evaluar y ejecutar los programas locales de ordenamiento turístico regional, es necesario que los estados y el Distrito Federal participen de manera coordinada para la formulación, expedición, ejecución y elaboración de los programas de ordenamiento turístico regional, en coordinación con el Ejecutivo federal o las autoridades municipales comprendidas en el respectivo territorio y en el ámbito de sus competencias para mejorar el desarrollo del turismo en nuestro país.

Vemos con optimismo que dentro del ordenamiento turístico se incorporen dentro de los criterios la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación y mitigación al cambio climático, así como también aspectos ecológicos y de sustentabilidad, de conformidad con las leyes en la materia, considerando especialmente la capacidad de carga de los ecosistemas, sus procesos ecológicos y el mantenimiento de su territorialidad, así como la naturaleza y características de la biodiversidad que habita la zona o región, para su preservación.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional apoyará toda propuesta que venga a incorporar elementos que permitan mejorar el ordenamiento turístico del territorio, además de que promuevan una mejor coordinación entre los tres órdenes de gobierno, a fin de que las políticas que se implementen mejoren la actividad turística, la cual tiene un peso importante en la actividad económica de nuestro país, ya que representa alrededor del 90 por ciento del PIB.

Por último, es importante que con estas reformas los gobiernos de los estados y el Distrito Federal adopten las disposiciones en la ley y se comprometan para que el ordenamiento turístico del territorio sea congruente con el cuidado del equilibrio ecológico y del medio ambiente. Por su atención muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra, para hablar en contra del dictamen, la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, hasta por tres minutos.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez:Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Efectivamente, me apunté en este tema, porque me parece un tema fundamental que tiene que ver con el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial. De acuerdo con las mismas disposiciones que hay en el Reglamento, se tiene que apuntar uno a favor o en contra y ya no tenía la posibilidad de hacerlo a favor.

Lo importante es señalar —me parece—, que hay un problema de raíz en cómo se han venido planeando, si es que se le puede denominar planeación, los desarrollos turísticos en nuestro país. Cómo se ha venido deteriorando ecológicamente todo nuestro territorio.

Podemos observar que una de las políticas que se impulsaron también fue que a través de créditos del Fovissste, de créditos del Infonavit, se pudiera adquirir una vivienda turística, ¿por qué? Porque no había la capacidad para estar ofertando en el mercado proyectos que tuvieran que ver, efectivamente, con viviendas adecuadas de acuerdo con la capacidad que tenían para obtener ese crédito, de acuerdo con su puntuación y de acuerdo con lo que existía de oferta en el mercado.

Esto ha traído como consecuencia una proliferación de conjuntos habitacionales turísticos en distintas partes de nuestro país, pero evidentemente en zonas turísticas como es el caso de Acapulco, como podíamos señalar el caso de Morelos en los diferentes municipios, como podemos estar hablando de Nayarit, como podemos estar hablando de Baja California y de muchos lugares de nuestro país, con una consecuencia verdaderamente lamentable, que nos encontramos con que existe una gran cantidad de viviendas abandonadas, viviendas que no están ocupadas, viviendas que al no ser una prioridad para la familia son viviendas que se encuentran también chatarrizadas, viviendas a las cuales no se les está dando el mantenimiento adecuado.

Por tal motivo, podemos observar, sobre todo en las carreteras, en los caminos de nuestro país cómo existen conjuntos habitacionales que supuestamente son turísticos, que realmente son conjuntos fantasmas. También a eso responde a la situación relacionada con el número que da el Inegi, de viviendas desocupadas, que son alrededor de 5 millones.

Es un asunto que se tiene que tomar en consideración y que además, desde las mismas cámaras de turismo han estado observando como una competencia —que podríamos decir— desleal, frente a lo que han estado desarrollando los hoteleros.

Me parece que un problema grave, que existe también en nuestro país, es el desmantelamiento que hubo de esta política y de esta visión con relación a la planeación; si recordamos, existió la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, que tomaba en consideración esos elementos, o la misma Sedue, a nivel federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

Ahora el problema que existe es que hay distintas partes, distintos parches, donde se están atendiendo los asuntos, y no hay un liderazgo real y una visión integradora de lo que tiene que ser una política de planeación urbana y ecológica en nuestro país, que es lo que tendría verdaderamente que regir el desarrollo para que pudiera ser sustentable.

Ahí es donde estriba la falla, y la falla también estriba en que desde la Secretaría de Desarrollo Social se tenga el control, a partir de una subsecretaría de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Concluya, diputada, por favor.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez:El problema es un problema de raíz, es un problema más profundo, que de ninguna manera considero que se pueda resolver a partir de la iniciativa que se está planteando. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra para hablar en pro del dictamen la diputada Lizbeth García Coronado, del PRD.

Enviamos un saludo afectuoso a alumnos y maestros de la Escuela Preparatoria Oficial número 174, de la comunidad de San Lorenzo Tlacotepec, estado de México, que han sido invitados por el diputado Emilio Chuayffet Chemor.

Igualmente, han sido invitados por el mismo diputado, alumnos y maestros de la escuela secundaria General Emiliano Zapata, de la comunidad de San Francisco de la Loma, Atlacomulco, estado de México.

Igualmente, damos la bienvenida a maestros y alumnos de la preparatoria Forjadores de la Tierra, a invitación del diputado Ramón Jiménez López. Sean ustedes bienvenidos.

Adelante, diputada.

La diputada Lizbeth García Coronado:Gracias, diputado presidente. Con su permiso. Es ampliamente reconocida la importancia de la actividad turística que tiene tanto en el aspecto económico como en el social. Esta actividad es la tercera fuente de ingresos de divisas para el país.

También genera ingresos en el mercado interno para quienes se dedican a la prestación de servicios turísticos y juega un papel destacado en las actividades recreativas de muchos mexicanos, de todas las regiones del país, de todos los extractos socioeconómicos.

Como una forma de reforzamiento y apoyo a dichas actividades del diputado perredista Víctor Manuel Báez Ceja, hemos tenido a bien proponer ante esta soberanía una iniciativa que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. A través de estas nuevas medidas, la actividad turística puede recibir un nuevo impulso, en tanto que las autoridades locales adquieren nuevas facultades en la materia.

Así, por ejemplo, de aprobarse esta iniciativa tendremos esta nueva definición de ordenamiento turístico del territorio. La cual será un instrumento de la política de territorio; la cual bajo el enfoque social, ambiental y territorial, cuya finalidad es conocer, planificar e inducir el uso de suelo y las actividades productivas con el propósito de lograr el aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos, en compatibilidad y de conformidad con los usos y reservas determinados en el ordenamiento ecológico del territorio.

Resulta importante el señalamiento para que corresponda a los estados y al Distrito Federal, de acuerdo con las leyes locales en materias turísticas, las atribuciones de formular, evaluar y ejecutar los programas locales de ordenamiento turístico del territorio en la participación que corresponda a los municipios respectivos. Los municipios podrían entonces participar en la formulación, expedición, ejecución y elaboración de los programas de ordenamiento turístico regional, en coordinación con el Ejecutivo federal o las autoridades municipales comprendidas en el respectivo territorio.

Como un nuevo enfoque se considera y da prioridad en materia a la vocación de cada zona o región, en función de su estado de preservación, considerando los recursos turísticos, la distribución de la población, las actividades económicas predominantes, su vulnerabilidad y capacidad de adaptación y mitigación al cambio climático. La inclusión de esta nueva visión, que incluye los temas de federalismo, medio ambiente y cambio climático hacen de la iniciativa en comento un adelanto.

Por todo lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros, es que los invito a que votemos a favor de este dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputada. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Suficientemente discutido en lo general. En virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Liborio Vidal Aguilar(desde la curul): A favor.

La diputada Dina Herrera Soto (desde la curul): A favor.

El diputado Héctor Fernández Aguirre(desde la curul): A favor.

El diputado Ariel Gómez León (desde la curul): A favor.

El diputado Melchor Sánchez de la Fuente(desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Luis Meillón Johnston (desde la curul): A favor.

El diputado Martín Rico Jiménez (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Javier Orduño Valdez (desde la curul): A favor.

La diputada Elsa María Martínez Peña (desde la curul): A favor.

El diputado Miguel Ángel Luna Munguía (desde la curul): A favor.

El diputado Sergio Mancilla Zayas(desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Íñiguez Gámez(desde la curul): A favor.

La diputada María de Jesús Mendoza Sánchez(desde la curul): A favor.

El diputado Armando Ríos Piter (desde la curul): A favor.

El diputado Julio Castellanos Ramírez (desde la curul): A favor.

El diputado José Narro Céspedes(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Diputado presidente, el resultado de la votación es la siguiente. 389 a favor, 0 en contra, 1 abstención.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobado en lo general y en lo particular por 389 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. Pasa al Senado, para los efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, 85, 157, fracción I, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

A la Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fueron turnados para estudio y dictamen

I. El expediente número 4360, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 106 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentada por el diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, y suscrita por la diputada Rosalina Mazari Espín, del mismo grupo parlamentario, el 24 de marzo de 2011; y

II. El expediente número 4804, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 51, 56 y 65 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentada por la diputada Yulenny Guylaine Cortés León, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 29 de abril de 2011.

I. En la parte sustantiva de la propuesta citada en la fracción I, el legislador destaca

Que se ha confirmado la importancia de la práctica deportiva como elemento coadyuvante a la salud física y mental de quienes lo practican, y como un factor de corrección de desequilibrios sociales, al crear hábitos favorables de inserción social. Por ello señala que es necesario que el Estado le otorgue la debida importancia para favorecer su práctica por todos los ciudadanos.

Que la importancia del fenómeno del deporte también radica en que es un vínculo que abre nuevos horizontes, promueve la educación, fortalece los lazos entre las comunidades, entre otros beneficios.

Que el deporte es fuente de salud y desarrollo no sólo para los individuos sino también para la sociedad.

Que el deporte engloba los principios e ideales que tanto valoramos, como el juego limpio, el trabajo en equipo, la solidaridad, la victoria con humildad, el respeto de las reglas y, en general, un mundo más pacífico para los niños y los jóvenes.

Que la motivación es parte fundamental en la formación de los futuros deportistas.

Que en el país, “para motivar a los deportistas de alto rendimiento se les otorgan apoyos económicos, a lo cual deben responder participando en los eventos deportivos convocados por la Conade (sic)... Sin embargo, se necesita otro compromiso de parte de los deportistas de alto rendimiento, es importante que contribuyan a la formación de los niños y jóvenes en el ámbito deportivo (sic)”. Esta participación, expresa el diputado, contribuirá a la obligación establecida en el artículo 5 de la ley en comento para fomentar la cultura física y el deporte.

Con base en estos argumentos, el legislador propone que todos los deportistas señalados en el artículo 106, es decir, de alto rendimiento, tengan el compromiso de visitar las escuelas, instituciones deportivas y demás organizaciones no lucrativas que fomenten en deporte con la finalidad de convivir con los niños y los jóvenes, compartir sus experiencias, elevar sus expectativas y ser un ejemplo a seguir para la vida futura, ya que el deporte, expone el promovente, implica una vida saludable en muchos aspectos, el niño se verá motivado a mejorar y a esforzarse por alcanzar sus metas, lo cual no puede ser más que positivo en la formación de los futuros mexicanos.

La modificación propuesta por el legislador consiste en adicionar un párrafo segundo al artículo 106 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 106. Los deportistas y entrenadores de alto rendimiento que gocen de apoyos económicos y materiales a que se refiere el presente capítulo deberán participar en los eventos nacionales e internacionales a que convoque la Conade.

Tendrán también la obligación de realizar visitas periódicas a las instituciones educativas del país y organizaciones no lucrativas que fomenten el deporte, para convivir y dar pláticas a los estudiantes.

II. En la parte sustantiva de la propuesta citada en la fracción II, la diputada expone

Que el deporte ha adquirido cada vez mayor importancia, ya que su práctica regular contribuye a preservar la salud física y mental, al prevenir el desarrollo de enfermedades como el sobre peso y la obesidad, además de constituir un medio importante para alejar a los jóvenes de las adicciones y para la prevención del delito; y en general, señala la diputada, contribuye a desarrollar una mejor calidad de vida.

Que la Ley General de Cultura Física y Deporte tiene la finalidad de dirigir y regular el deporte, siendo uno de sus objetivos fomentar, ordenar y regular las asociaciones deportivas, deportivo-recreativas, del deporte en la rehabilitación y de la cultura física y deporte.

Que las asociaciones deportivas son muy importantes en el desarrollo del deporte en el país, ya que son las encargadas de fomentar el deporte en todo el territorio nacional por ser la máxima instancia técnica en su disciplina y representar a un solo deporte en todas sus modalidades y manifestaciones, siendo las únicas facultadas para convocar a campeonatos nacionales.

Que dichas asociaciones reciben apoyos y estímulos del gobierno federal, a través de la Conade, pero que requieren fortalecer sus mecanismos a fin de lograr mayor transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos que les son asignados.

Que la transparencia, de acuerdo con Salvador Nava, está asociada de manera notable con la idea de rendición de cuentas. Que la transparencia significa que las razones de toda decisión gubernamental y administrativa, así como los costos y recursos comprometidos en esa decisión y aplicación, están accesibles, son claros y se comunican al público en general. Y por rendición de cuentas se entiende la obligación permanente de los mandatarios o agentes para informar a sus mandantes o principales de los actos que llevan a cabo como resultado de una delegación de autoridad que se realiza mediante un contrato formal o informal y que implica sanciones en caso de incumplimiento.

Que la transparencia y la rendición de cuentas forman parte de los objetivos a alcanzar del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2008-2012, y además responde al objetivo del Plan Nacional de Desarrollo de emprender un cambio profundo en las formas del ejercicio de la gestión pública, propiciando una actuación de gobierno clara, honesta y eficiente que promueva una coparticipación comprometida de los distintos órdenes de gobierno y de la ciudadanía.

Que el programa prevé que la Conade deberá observar el cumplimiento estricto de la normatividad que obliga a dichas asociaciones a comprobar el gasto de los recursos asignados.

En este orden de ideas, la diputada señala que se requiere reforzar el texto de la Ley General de Cultura Física y Deporte a fin de garantizar la transparencia y eficiencia en el ejercicio de los recursos que la Conade proporciona a las asociaciones deportivas nacionales, destacando que se trata de facilitar la revisión del gasto de los recursos federales otorgados por la Conade.

Finalmente, la promovente expone que la rendición de cuentas clara y suficiente permitirá identificar nuevos desafíos, reorientar las políticas en materia de cultura física y deporte y sobre todo, contribuirá a mejorar la toma de decisiones y reanimar la credibilidad social en las instituciones.

Con estos argumentos, la legisladora propone modificar los artículos 51, 56 y 65 de la ley en comento, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 51. La presente ley reconoce a las federaciones deportivas mexicanas el carácter de asociaciones deportivas nacionales, por lo que todo lo previsto en esta ley para las asociaciones deportivas les será aplicable.

Las asociaciones deportivas nacionales regularán su estructura interna y funcionamiento a través de sus estatutos sociales, de acuerdo con los principios de democracia, representatividad , eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

Artículo 56. Las asociaciones deportivas nacionales, para ser sujetos de los apoyos y estímulos que en su caso acuerde el Ejecutivo federal, deberán estar registradas como tales por la Conade, cumplir lo previsto en la presente ley, el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, las obligaciones que se les imponga como integrantes del Sinade, las derivadas del estatuto de la Codeme y demás disposiciones aplicables en materia presupuestaria, incluyendo el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que anualmente expida el Congreso de la Unión.

La Conade entregará los estímulos y apoyos directamente a las asociaciones deportivas nacionales que cumplan lo previsto en el presente artículo, mediante la celebración de convenios de colaboración y concertación, en los que se definirán el objetivo, los montos y los criterios de transparencia y rendición de cuentas en cuanto a la distribución, aplicación y comprobación de resultados en el ejercicio de dichos recursos.

La Conade podrá suspender o cancelar la entrega de los estímulos y apoyos cuando no se cumpla lo previsto en dichos convenios, sin menoscabo de las disposiciones y responsabilidades aplicables.

Artículo 65. Cualquier órgano ya sea público o privado de los reconocidos en este título que reciba recursos del erario deberá presentar un informe semestral sobre la aplicación de los mismos y estarán sujetos a las auditorías financieras y evaluaciones que determine la Conade , o las autoridades competentes en la materia.

La Comisión de Juventud y Deporte procedió al estudio y análisis de las iniciativas de referencia, tomando como eje rector la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 51 y 65 y adiciona el 56 a la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentada por la diputada Yulenny Guylaine Cortés León, última iniciativa presentada durante la presente legislatura con el tema en común de impulso y fomento del deporte nacional, la que facilitó alcanzar el dictamen que hoy se presenta, con las siguientes

Consideraciones

El impulso del deporte en cualquier sociedad es fundamental para el bienestar de su población. Tradicionalmente, el deporte implica juego, ejercicio y competición. Tal trilogía muestra a simple vista las bondades de éste. Para muestra basta comentar que más allá de ser sólo un medio de recreación, representa un instrumento eficiente y eficaz de organización y cohesión social al desempeñar una clara función integradora y socializadora; permite a la persona desarrollar y preservar aptitudes físicas, intelectuales, morales y conductas decorosas que conllevan a mejorar su calidad de vida; juega un papel preponderante para preservar la salud, prevenir o controlar diversas enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, además de constituir una de las acciones más importantes de prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares; y que es uno de los medios idóneos para prevenir e inhibir la comisión de delitos.

Siendo éstas las principales bondades del deporte para la sociedad, para el Estado mexicano es prioritario el impulso del deporte nacional entre la población, y precisamente uno de sus objetivos está enfocado a promover que cada vez más personas, principalmente niños y jóvenes, tengan el hábito de realizar actividad física o practicar habitualmente un deporte.

Por su relevancia para el Estado mexicano, el Congreso de la Unión está facultado exclusivamente para legislar en materia de deporte (artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción XXI-J). Derivado de lo anterior se expidió la Ley General de Cultura Física y Deporte, materia del presente análisis, la cual tiene como objeto establecer las bases generales de coordinación y colaboración entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como de la concertación para la participación de los sectores social y privado en materia de cultura física y deporte, teniendo entre sus principales finalidades las de fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones, así como elevar, por medio de la cultura física y el deporte, el nivel de vida social y cultural de los habitantes, entre otras.

De acuerdo con estas consideraciones y conforme al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Juventud y Deporte es un órgano constituido por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, en materia de juventud y deporte, contribuye a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

Considerando los anteriores razonamientos, este órgano legislativo procedió al análisis de las iniciativas referidas en los antecedentes del presente dictamen, tenido a bien referirse a cada una de ellas en los términos siguientes:

Sobre la propuesta citada en la fracción I:

La Comisión de Juventud y Deporte coincide con las ideas expuestas por el promovente sobre la importancia de la práctica del deporte, el cual es un instrumento coadyuvante a la salud física y mental de quienes lo practican, y como un factor de corrección de desequilibrios sociales, al crear hábitos favorables de inserción social; asimismo, que el deporte es un vínculo que abre nuevos horizontes, promueve la educación y fortalece los lazos entre las comunidades; que el deporte no solo es fuente de salud y desarrollo para los individuos sino también para la sociedad; que el deporte engloba los principios e ideales que tanto valoramos como el juego limpio, el trabajo en equipo, la solidaridad, la victoria con humildad, el respeto de las reglas y en general un mundo más pacífico para los niños y jóvenes; y en resumen, que el deporte tiene beneficios sociales que conllevan hacia un mejor desarrollo.

Asimismo, es de destacar que el titular del Poder Ejecutivo federal ha expresado su prioridad por el impulso del deporte en beneficio de la población mexicana.

Este órgano legislativo también coincide con el diputado promovente y subraya que la motivación es un factor clave para la formación de los futuros deportistas, y que ésta tiene mayor efecto cuando viene de figuras deportivas que constituyen verdaderos ejemplos a seguir, es decir, de deportistas destacados.

En este orden de ideas, es importante destacar que la ley en estudio prevé diversos apoyos y estímulos para el desarrollo de los deportistas de alto rendimiento. Sin embargo, siendo una prioridad del gobierno federal la promoción y el impulso del deporte entre toda la población mexicana, resulta fundamental implantar estrategias que permitan avanzar eficazmente en la masificación deportiva, principalmente entre niños y jóvenes de toda la República Mexicana.

Por lo anterior, la iniciativa del diputado José del Pilar, por la cual propone que todos los deportistas de alto rendimiento tengan el compromiso de visitar las escuelas, instituciones deportivas y demás organizaciones no lucrativas que fomenten el deporte con el objeto de de convivir con los niños y los jóvenes, compartir sus experiencias, elevar sus expectativas y ser un ejemplo a seguir para la vida futura, es bienvenida ya que, estamos seguros, contribuirá de manera importante a estos fines y desde luego de manera destacada al fomento de la práctica de la actividad física y del deporte.

Desde luego, la obligación deberá quedar sujeta a la convocatoria de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y a los recursos disponibles al efecto.

Por lo anterior, la Comisión de Juventud y Deporte considera oportuna y jurídicamente viable la propuesta del diputado José del Pilar, por lo que la aprueba en los términos siguientes:

Artículo 106. Los deportistas y entrenadores de alto rendimiento que gocen de apoyos económicos y materiales a que se refiere el presente capítulo, deberán participar en los eventos nacionales e internacionales a que convoque la Conade.

Asimismo, tendrán la obligación de atender a las convocatorias de la Conade para realizar visitas a las instituciones educativas del país y organizaciones no lucrativas que fomenten el deporte, a fin de convivir y dar pláticas a los estudiantes que fomenten la recreación física, el deporte, y los valores sociales.

Sobre la propuesta citada en la fracción II:

La Comisión de Juventud y Deporte comparte la visión de la legisladora quien también resalta algunos de los beneficios que se encuentran en el deporte, entre los que destaca que su práctica regular contribuye a preservar la salud física y mental al prevenir el desarrollo de enfermedades como el sobre peso y la obesidad, además de constituir un medio importante para alejar a las y los jóvenes de las adicciones y para la prevención del delito, y –en general– contribuye a desarrollar una mejor calidad de vida.

En este contexto, para su promoción e impulso, como acertadamente señala la legisladora, las asociaciones deportivas nacionales tienen un papel clave y de mucha trascendencia, y es que por disposición del artículo 53 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, son la máxima instancia técnica de su disciplina y deberán representar a un solo deporte en todas sus modalidades y especialidades. De conformidad con el artículo 52 del mismo ordenamiento, ejercen por delegación funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores del gobierno federal, por lo que dicha actuación se considerará de utilidad pública. Además de las actividades propias de gobierno, administración, gestión, organización y reglamentación de las especialidades que corresponden a cada una de sus disciplinas deportivas, ejercen con la coordinación de la Conade las siguientes funciones públicas de carácter administrativo: I. Calificar y organizar en su caso, las actividades y competiciones deportivas oficiales; II. Actuar en coordinación con sus asociados en la promoción general de su disciplina deportiva en todo el territorio nacional; y III. Colaborar con la administración de la federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios en la formación de técnicos deportivos y en la prevención, control y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte.

Para llevar a cabo sus finalidades, la ley en estudio prevé que puedan tener acceso a estímulos y apoyos económicos del gobierno federal todas las asociaciones deportivas nacionales que estén reconocidas por la Conade y cumplan el encargo señalado.

En este orden de ideas, la Comisión de Juventud y Deporte comparte la propuesta de la diputada en el sentido de fortalecer la Ley General de Cultura Física y Deporte con la finalidad de lograr mayor transparencia y rendición de cuentas por las asociaciones deportivas nacionales en el ejercicio de los recursos públicos que les son otorgados, ya que actualmente dicha ley carece de disposiciones que conlleven a estos fines, situando a diversas asociaciones deportivas en un estado de opacidad en materia del uso de recursos públicos y en muchos casos poniendo en duda su trabajo y administración, siendo que por su propia y especial naturaleza surgen con fines puramente deportivos y no de lucro.

Como expone la diputada, la transparencia, entendida como el acceso a toda información generada por las asociaciones deportivas en el cumplimiento de sus fines; y la rendición de cuentas, entendida como la obligación permanente de las asociaciones deportivas de informar al gobierno de los actos que llevan a cabo como consecuencia de su encargo, son fundamentales para garantizar la transparencia y eficiencia en el ejercicio de los recursos que la Conade les proporciona a las asociaciones deportivas nacionales, facilitan la revisión del gasto de los recursos federales otorgados por la Conade y desde luego, propicia la credibilidad y confianza en las instituciones y asociaciones deportivas.

Asimismo, la propuesta de la legisladora encuentra mayor viabilidad al formar parte de los objetivos del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2008-2012, y responder al objetivo del Plan Nacional de Desarrollo de emprender un cambio profundo en las formas del ejercicio de la gestión pública, propiciando una actuación de gobierno clara, honesta y eficiente que promueva una coparticipación comprometida de los distintos órdenes de gobierno y de la ciudadanía.

Por todo lo anterior, la Comisión de Juventud y Deporte encuentra viable y enriquecedora la propuesta de la diputada promovente, segura de que la transparencia y la rendición de cuentas clara y suficiente permitirán identificar nuevos desafíos, reorientar las políticas en materia de cultura física y deporte y sobre todo, contribuirá a mejorar la toma de decisiones, y recuperar la confianza de la población en nuestras instituciones y asociaciones deportivas nacionales.

Por todo lo anterior, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Artículo Único. Se reforman los artículos 51 y 65; y se adicionan el 56, con los párrafos segundo y tercero, y 106, con un párrafo segundo, a la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 51. ...

Las asociaciones deportivas nacionales regularán su estructura interna y funcionamiento a través de sus estatutos sociales, de acuerdo con los principios de democracia, representatividad , eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

Artículo 56. ...

La Conade entregará los estímulos y apoyos directamente a las asociaciones deportivas nacionales que cumplan lo previsto en el presente artículo, mediante la celebración de convenios de colaboración y concertación, en los que se definirán los criterios de transparencia y rendición de cuentas en cuanto a la distribución, aplicación y comprobación de resultados en el ejercicio de dichos recursos, además de los requisitos previstos en otros ordenamientos aplicables.

La Conade podrá suspender o cancelar la entrega de los estímulos y apoyos cuando no se cumpla lo previsto en dichos convenios, sin menoscabo de las disposiciones y responsabilidades aplicables.

Artículo 65. Cualquier órgano ya sea público o privado de los reconocidos en este título que reciba recursos del erario público, deberá presentar un informe semestral sobre la aplicación de los mismos y estarán sujetos a las auditorías financieras y evaluaciones que determine la Conade , o las autoridades competentes en la materia.

Artículo 106. ...

Asimismo, tendrán la obligación de atender a las convocatorias de la Conade para realizar visitas a las instituciones educativas del país y organizaciones no lucrativas que fomenten el deporte, a fin de convivir y dar pláticas a los estudiantes, que fomenten la recreación física, el deporte, y los valores sociales.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las acciones que deba realizar la Conade para cumplir lo previsto en el artículo 106 que en virtud de este decreto se establecen deberán solventarse atendiendo a sus recursos disponibles.

Notas:

1 Nava Gomar, Salvador; Villanueva, Ernesto. Derecho de acceso a la información, Porrúa, México, 2006, página 20.

2 Elías, N. (1992) Refiriéndose a la aportación social del deporte, comenta que lejos de significar un pasatiempo inocuo e intrascendente, es una más de las claves sociales que nos permiten comprender el origen y la evolución de los tiempos modernos: “La deportivización fue como un empuje civilizador comparable por su dirección global a la cortesanización de los guerreros, proceso en el que las opresivas reglas de la etiqueta desempeñaron un papel significativo... es posible pensar que las sociedades europeas, desde el siglo XV en adelante, sufrieran una transformación que imponía a sus miembros una reglamentación cada vez mayor de su conducta y sus sentimientos... el progresivo refuerzo de los controles reguladores sobre las conductas de las personas y la correspondiente formación de la conciencia, la interiorización de las normas que regulan más detalladamente todas las esferas de la vida, garantizaba a las personas mayor seguridad y estabilidad en sus agradables asociadas con formas de conducta más sencillas y espontáneas. El deporte fue una de las soluciones a este problema”. Confr. Lagardera Otero, Francisco. La sociología y el deporte, op. cit., páginas 21 y 22.

3 Revista Deporte Federado, Codeme, año 4, número 19, febrero de 2005.

Salón de sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte, Palacio Legislativo de San Lázaro, a treinta y uno de mayo de dos mil once.

La Comisión de Juventud y Deporte, diputados:José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), presidente; Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Nely Edith Miranda Herrera (rúbrica), Juan José Cuevas García (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), Sixto Alfonso Zetina Soto, Pavel Díaz Juárez (rúbrica), Juan Carlos Natale López (rúbrica), secretarios; Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Víctor Alejandro Balderas Vaquera (rúbrica), Andrés Aguirre Romero, Noé Martín Vázquez Pérez, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Rolando Bojórquez Gutiérrez, Onésimo Mariscales Delgadillo, Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Laura Felícitas García Dávila (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, Lizbeth García Coronado (rúbrica), Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Jesús Gerardo Cortés Mendoza (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Ilich Augusto Lozano Herrera, Jorge Herrera Martínez.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Tiene usted la palabra, diputada, hasta por cinco minutos.

La diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados, me da mucho gusto hacer uso de esta tribuna a nombre de la Comisión de Juventud y Deporte, para presentarles el dictamen que está a su consideración, por el cual se propone reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte en dos temas importantes que tienen que ver con el impulso al deporte, en temas que estamos seguros contribuirán a la reconstrucción del tejido social.

Primero. Se propone que todos los deportistas de alto rendimiento tengan el compromiso de visitar las escuelas, instituciones deportivas y demás organizaciones no lucrativas que fomenten el deporte, con el objeto de convivir con los alumnos, compartir sus experiencias, elevar sus expectativas y ser un ejemplo a seguir.

Con esta adición contribuimos al cumplimiento de un objetivo primordial: fomentar la práctica de la cultura física y el deporte eficazmente. Además, socialmente estaremos cumpliendo con una función trascendental: retribuir a niños y jóvenes de este país la inversión que el Estado hace en los deportistas de alto rendimiento, sobre todo, en estos momentos en los que atravesamos por una etapa de rompimiento del tejido social.

Es por ello, muy importante recuperar el principio de solidaridad y fomento al sentido de la vida en los jóvenes. Con esas modificaciones estamos contribuyendo a la formación de nuestros niños y jóvenes, valiéndonos de nuestras mejores cartas, que son los deportistas mexicanos que han destacado y que son verdaderas figuras y ejemplos a seguir.

Segundo. Se plantea adicionar a la ley, para que todas las federaciones deportivas hagan uso de los recursos federales de manera eficiente, transparente y bajo, un esquema de rendición de cuentas que permita conocer en qué se están gastando los recursos públicos.

Con estas modificaciones a la ley habrá mayor transparencia y contaremos con mayor información por parte de las federaciones deportivas en el ejercicio de los recursos públicos que le son asignados.

Desde la administración estas modificaciones permitirán dos cosas concretas; primero, eficientar el ejercicio de los recursos públicos otorgados por el Estado a las federaciones deportivas para el cumplimiento de sus objetivos; segundo, fortalecer la credibilidad y confianza de las instituciones y asociaciones deportivas.

Durante los últimos ejercicios presupuestales los recursos destinados al fomento de la cultura física y deporte se han incrementado sustancialmente año con año. Como ejemplo, en 2006 se destinaron a este rubro 759 millones; en el 2008 fueron 3 mil 460 millones y para este año, 2011, se incrementaron los recursos hasta los 5 mil 490 millones. Pero ahora, en el 2012, el Ejecutivo federal propone destinar recursos para el deporte sólo por 3 mil 800 millones.

Por ello, la Comisión de Juventud y Deporte, consciente del papel que juega el deporte como un instrumento social, durante el próximo ejercicio presupuestal propondrá un incremento responsable de 2 mil 200 millones de pesos, que serán destinados, principalmente, a la preparación de nuestros atletas de alto rendimiento con miras a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, para la creación de mayores espacios deportivos y el mantenimiento de éstos. Todo ello con la finalidad de continuar impulsando de manera importante la cultura física y el deporte.

Es por esto que, siendo congruentes con el impulso para la asignación de recursos, debemos establecer los mecanismos legales para eficientar y transparentar su ejercicio.

Con estas modificaciones, a las que llamamos quirúrgicas, porque son pequeñas y estratégicas, pero producen el mayor beneficio social, estaremos generando mecanismos que, sin duda alguna, aportarán en la reconstrucción del tejido social que hoy en día se encuentra muy afectado.

Por todo lo anterior, la Comisión de Juventud y Deporte aprobó este dictamen y pido su voto en el mismo sentido. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: En consecuencia, está a discusión en lo general.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión, en lo general, los siguientes diputados: el diputado José Antonio Arámbula López, del Partido Acción Nacional; el diputado Pavel Díaz Juárez, del PRD; el diputado José del Pilar Córdova Hernández, del PRI, todos ellos en pro del dictamen. Tiene la palabra el diputado Arámbula, por 3 minutos.

El diputado José Antonio Arámbula López:Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros, el tema relativo a la cultura física y el deporte ha cobrado una gran importancia, no sólo en nuestro país sino en el ámbito internacional. Esto, sin duda alguna, debido a la gran aportación que genera su práctica de manera regular entre la población, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida y de salud de las personas.

En el desarrollo del deporte nacional destaca la participación de diversas asociaciones deportivas. Es decir, personas morales, que independientemente de su estructura, denominación y naturaleza jurídica tienen el objetivo social de promover, fomentar o contribuir al desarrollo del deporte sin fines preponderantemente económicos.

Las asociaciones deportivas nacionales son la máxima instancia técnica de cada una de las disciplinas deportivas. Además, son las únicas facultadas, por disposición de ley, para convocar a competiciones nacionales realizadas bajo la denominación de campeonato nacional en nuestro país.

En este contexto, las asociaciones deportivas nacionales juegan un papel importante en el desarrollo del deporte. Por lo que a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte les son otorgados apoyos y estímulos para el desarrollo de sus actividades y funciones. Es decir, que reciben recursos públicos.

De ahí la importancia de la Conade como organismo rector de la política nacional en materia de cultura física y deporte. Que vigile y observe el cumplimiento estricto de la normatividad que obliga a dichas asociaciones a comprobar el gasto de los recursos asignados.

Sin duda alguna el dictamen que hoy se somete a nuestra consideración y que impulsó fuertemente Yulenny Cortés, de Colima, desde la Comisión del Deporte, constituye un avance relevante a fin de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de las asociaciones deportivas nacionales al establecer expresamente en la ley estos dos principios como ejes de su funcionamiento.

Asimismo, esta reforma contribuirá a contar con mecanismos más eficaces para transparentar el ejercicio de los recursos públicos que le son asignados a estas importantes asociaciones deportivas, propiciando una actuación clara, honesta y eficiente de las mismas. A su vez se fortalecerá el ejercicio de las atribuciones conferidas a la Conade, como son la de fiscalizar la correcta aplicación y ejercicio de los recursos públicos.

Las diputadas y los diputados de Acción Nacional votaremos a favor de este dictamen, ya que estamos convencidos de que la transparencia y la rendición de cuentas son un binomio inseparable en el actuar de cualquier institución, máxime cuando se ejercen recursos públicos que aporta la sociedad.

Además, consideramos de gran relevancia continuar generando acciones a fin de fomentar entre la población, particularmente entre el sector estudiantil, la importancia de la recreación física, el deporte y los valores sociales, tal y como lo propone el presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Pavel Díaz Juárez, del PRD, hasta por tres minutos.

Nos visitan, señoras diputadas y señores diputados, vecinos de la delegación de Tláhuac del Distrito Federal, a invitación de la diputada Kenia López Rabadán.

Igualmente se encuentran con nosotros un grupo de estudiantes de la Universidad Insurgentes, campus Tlalpan, invitados por el señor diputado Guillermo Cueva Sada. Todos ustedes sean bienvenidos. Adelante, señor diputado.

El diputado Pavel Díaz Juárez:Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. En nuestro país el problema social más grave, origen de muchos otros, es el desempleo, en general.

Concretamente el desempleo entre los jóvenes, dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nuestro país ocupa el segundo lugar en iniciativa juvenil; por lo que urge la construcción de una auténtica política de Estado que permita a los jóvenes a acceder a un empleo seguro y productivo, y a un salario digno. Así la nación aprovechará el actual bono demográfico, impidiendo que los jóvenes opten por la migración, la criminalidad o la informalidad.

Con ese objeto se adiciona al artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, con dos propósitos: otorgar facultades a este instituto a fin de que promuevan entre los jóvenes los diversos programas federales ya existentes, que buscan la incorporación de los jóvenes al mundo laboral, ya que muchos ignoran su existencia y reglas de operación. Será atribución de este instituto integrar, actualizar y publicar un catálogo nacional de programas y proyectos federales, de fomento al empleo y autoempleo juvenil.

En segundo lugar, el instituto tendrá también atribución para emprender acciones transversales con la administración pública, especialmente con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía, Relaciones Exteriores, Reforma Agraria, y Comunicaciones y Transportes, para proponer programas y proyectos para el fomento del empleo y autoempleo de los jóvenes. Todo lo cual es positivo, pero eficiente para ver la escasez presupuestal de estos programas de empleo y autoempleo de los jóvenes.

Ante la gravedad de la situación de los jóvenes, debería valorarse la posibilidad de crear una Secretaría de la Juventud.

Es por lo que la fracción del PRD dictamina el voto a favor y pide su voto a consideración de ustedes. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. Hasta por tres minutos, tiene la palabra el diputado José del Pilar Córdova Hernández, del PRI. Adelante, señor diputado.

El diputado José del Pilar Córdova Hernández:Presidente, le pido cinco minutos.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Si usted lo pide, tiene cinco minutos, sí señor.

El diputado José del Pilar Córdova Hernández:Antes que nada quiero agradecer a todos los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte por su acertada decisión para fomentar más la cultura deportiva con este dictamen positivo.

Hoy en día la práctica deportiva constituye un fenómeno social de especial trascendencia; por una parte, se ha confirmado su importancia como elemento coadyuvante a la salud física y mental de quienes lo practican; por otro lado, se ha revelado como un gran factor de corrección de desequilibrios sociales que crea hábitos favorecedores de la inserción social y fomenta la solidaridad, mediante su práctica en grupo o en equipo.

En consecuencia, es necesario que el Estado le otorgue la debida importancia al fomento del deporte. La importancia del fomento al deporte radica en que éste es un vínculo que reúne a las personas para intercambiar opiniones, crear alianzas y abrir nuevos horizontes.

A través del deporte se proporciona a la gente capacidad de liderazgo, se promueve la educación, se crean pequeñas empresas que dan trabajo a cientos de personas, además se utiliza para fortalecer los lazos entre las comunidades.

El deporte no es sólo fuente de salud y desarrollo para los individuos, sino también para la sociedad. Es cierto que se debe promover el desarrollo social, pero también el desarrollo económico. Cuando se amplían las oportunidades para el deporte, se favorece igualmente la base económica: se crean empleos, empresas y se fortalece y sostiene la economía local.

El deporte engloba los principios e ideales que tanto valoramos: el juego limpio, el trabajo en equipo, la solidaridad, la victoria con humildad, la derrota con dignidad, el respeto de las reglas del juego y un mundo más pacíficos para los niños y los jóvenes.

En la Ley General de Cultura Física y Deporte se otorgan diferentes beneficios para los deportistas y entrenadores de alto rendimiento. Estos son tanto económicos como materiales y se otorgan con la finalidad de motivar a los deportistas de alto rendimiento.

De acuerdo a esta ley, en su artículo 106, los deportistas deben de responder participando en los eventos deportivos convocados por la Conade. Sin embargo, se necesita otro compromiso de parte de los deportistas de alto rendimiento: es importante que contribuyan a la formación de los niños y jóvenes en el ámbito deportivo.

Por ello, el presente dictamen propone que todos los deportistas señalados en el artículo 106 de la ley, además de las obligaciones ya establecidas, tengan el compromiso de visitar las escuelas, instituciones deportivas y demás organizaciones no lucrativas que fomenten el deporte, con la finalidad de convivir con los niños y jóvenes, compartir sus experiencias, elevar sus expectativas y ser un ejemplo a seguir para la vida futura, ya que el deporte implica una vida saludable en muchos aspectos.

El niño se verá motivado a mejorar y a esforzarse por alcanzar sus metas. Lo cual no puede ser más que positivo en la formación de los futuros mexicanos.

Por ello, les invito a votar a favor de este dictamen que establece como una de las obligaciones de los deportistas de alto rendimiento que reciben apoyos de la federación, a atender a las convocatorias de la Conade para realizar visitas a las instituciones educativas del país y organizaciones no lucrativas que fomenten el deporte, a fin de convivir y dar pláticas a los estudiantes.

Compañeras y compañeros integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte; compañeras y compañeros diputados, propongo una modificación a la redacción que hicieron al artículo 106, por un detalle que estoy observando en cuestión de repetición de palabras y redundancias. Dice la propuesta de la comisión y lo someto al pleno: Asimismo tendrán la obligación de atender a las convocatorias de la Conade para realizar visitas a las instituciones educativas del país y organizaciones no lucrativas que fomenten el deporte a fin de convivir y dar pláticas a los estudiantes que fomenten la educación física, el deporte y los valores sociales.

Hay que realizar un cambio de la palabra fomentar por promover, dado que se repite en la línea inmediata anterior. Se propone también que se agregue la palabra para, con el fin de que quede explícito que ésa es la finalidad de dar pláticas en cuestión.

Mi propuesta en concreto sería: Asimismo, tendrán la obligación de atender a las convocatorias de la Conade para rea-lizar visitas a las instituciones educativas del país y organizaciones no lucrativas que fomenten el deporte, a fin de convivir y dar pláticas a los estudiantes para promover la recreación física, el deporte y los valores sociales. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Entiendo, señor diputado, que usted ha hecho una reserva al artículo 106.

El diputado José del Pilar Córdova Hernández:Así es.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: En votación económica se pregunta a la asamblea si considera que ha sido suficientemente discutido el presente dictamen en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ha reservado para su discusión el artículo 106 por el diputado José del Pilar Córdova Hernández.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

¿Algún diputado o diputada falta por emitir su voto? Adelante, continúa abierto el sistema. ¿Algún diputado que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Liborio Vidal Aguilar(desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave(desde la curul): A favor.

La diputada Margarita Liborio Arrazola(desde la curul): A favor.

El diputado José Antonio Arámbula López (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Diputado presidente, le informo que se emitieron 371 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 371 votos.

El señor diputado José del Pilar Córdova Hernández ha enviado su propuesta de reserva al artículo 106. Le pido a la Secretaría que haga favor de dar lectura a la propuesta del diputado Córdova Hernández.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Con gusto, diputado presidente. La propuesta dice:

«Asimismo, tendrán la obligación de atender a las convocatorias de la Conade para realizar visitas a las instituciones educativas del país y organizaciones no lucrativas que fomenten el deporte, a fin de convivir y dar pláticas a los estudiantes, para promover la recreación física, el deporte, y los valores sociales.

Hay que realizar un cambio de la palabra “fomentar” por “promover” dado que se repite en la línea inmediata anterior. Se propone también que se agregue la palabra “para”con el fin de que quede explícito que esa es la finalidad de las “pláticas” en cuestión.

Diputado José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: No habiendo oradores en pro ni en contra, consulte la Secretaría a la asamblea, si se acepta la modificación al artículo 106, presentada por el diputado Córdova Hernández.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación propuesta por el diputado José del Pilar Córdova. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se acepta. Por tanto, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la votación del artículo 106 reservado, con la modificación aceptada por esta asamblea.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la votación de los artículos 106, con la modificación aceptada.

(Votación)

¿Falta algún diputado por emitir su voto? Está abierto el sistema electrónico. Ciérrese el sistema de votación electrónico.

El diputado Liborio Vidal Aguilar(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Diputada Cora Pinedo —una servidora—, corrige el sentido de su voto, que por error del sistema se marco en abstención. A favor.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Martínez Martínez(desde la curul): Rectificar el sentido de mi voto, es a favor.

El diputado Humberto Lepe Lepe(desde la curul): A favor.

La diputada Adela Robles Morales(desde la curul): A favor.

El diputado Antonio Benítez Lucho (desde la curul): A favor.

La diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva(desde la curul): A favor.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes(desde la curul): A favor.

El diputado Enrique Torres Delgado(desde la curul): A favor.

El diputado Ramón Jiménez Fuentes(desde la curul): A favor.

El diputado Eric Luis Rubio Barthell (desde la curul): A favor.

El diputado Fausto Sergio Saldaña del Moral (desde la curul): A favor.

El diputado Arturo Ramírez Bucio(desde la curul): A favor.

El diputado José Gerardo de los Cobos Silva(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Se emitieron 343 a favor, 0 en contra y 4 abstenciones, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobado el artículo 106 reservado por 343 votos, con la modificación aceptada por la asamblea. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Pasa al Senado, para los efectos constitucionales.

ESTADO PALESTINO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Pasamos ahora, señoras y señores diputados, al capítulo de agenda política. El siguiente punto del orden del día es, comentarios relativos al tema de Palestina, a cargo de los grupos parlamentarios.

Tiene la palabra, por diez minutos, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Compañeras y compañeros diputados, si tan solo pudiéramos fingir que tenemos interés en los grandes problemas del país, ayudaríamos a la imagen de esta Cámara. Pareciera que hay una conspiración para que tengamos un Parlamento fantasma, para su descrédito, para que siga legislando por chisguete y para que se eviten los grandes debates.

El tema es, desde el 8 de septiembre, aquí y en la Cámara de Senadores, se depositaron sendos puntos de acuerdo cuando uno era oportuno para instar al gobierno de México anunciar un voto favorable respecto del ingreso pleno del Estado palestino a la Organización de las Naciones Unidas.

Después de entonces se ha venido degradando el proyecto, hasta que no hay punto de acuerdo a debate, hay sólo este debate pactado.

Primera falacia. Que no correspondía a esta Cámara de Diputados la discusión de un tema de política exterior, ignorando que todos los años tenemos aquí, a debatir, a la secretaria de Relaciones en comparecencia y que esta tarde, hoy mismo, a las cinco, el subsecretario de Relaciones Multilaterales vendrá a discutir con la comisión el tema de Palestina.

Segunda falacia. Que México no reconoce gobierno. Claro que México no reconoce gobiernos, es la Doctrina Estrada; para evitar las presiones de las grandes potencias que sólo reconocían a los gobiernos cuando éstos cedían a sus intereses, México inventó una doctrina según la cual México sólo retira o acredita agentes diplomáticos.

Esto no es un reconocimiento de un gobierno. Esto es el ingreso de un Estado, no de un gobierno, de un Estado a las Naciones Unidas. Aunque no tengamos relaciones diplomáticas con un gobierno bilateral tenemos relaciones con todos los Estados, con los 192 Estados que forma la organización.

Tercera falacia. Que México nunca ha promovido el ingreso de Estados a la organización. Podría probar que ningún país ha promovido tantos ingresos como México a la organización, porque fue 40 años pionero de la descolonización, desde la época gloriosa de don Luis Padilla Nervo.

A mí solamente me tocó en un año, como embajador, proponer el ingreso de Belice, el de Zimbabwe, dos, y el de Namibia. En un año y medio México promovió por iniciativa propia el ingreso de tres Estados.

Otra falacia, que lo que se tiene que recomendar es la negociación y no el ingreso del Estado palestino, y que México no puede tomar partido entre dos Estados. Esto es falso. México desde 1947 concurrió en la resolución 181 a la creación de dos Estados: el Estado israelí y el Estado palestino, en el territorio antes ocupado por el llamado mandato británico. Desde entonces México ha votado siempre, siempre, por la existencia del Estado palestino.

Igual en la resolución 242, que es la vigente respecto de la Guerra de los Seis Días, cuando los israelitas ocuparon casi todo el territorio de Palestina y a otros países árabes.

México apoyó los acuerdos de Campo David, por los cuales liberamos las alturas del Golán y la península del Sinaí, que devolvimos a Siria y a Egipto.

México aceptó en medio de enormes presiones la presidencia de la Comisión de Vigilancia de los Territorios Árabes Ocupados, que me tocó presidir durante dos años.

Es falso que las relaciones con el Estado de Israel puedan agriarse, porque nosotros tenemos posiciones multilaterales definidas.

Estuve de visita varias veces en Israel, crucé el Gaza y vi tanto a Shimon Peres, hoy presidente de Israel, como a Yasser Arafat en la Franja del Gaza.

Dígame, por favor.

Presidente, me están haciendo una pregunta.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Ibarra, dígame, ¿con qué objeto?

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): El posicionamiento del legislador Muñoz Ledo, creo que sería muy interesante si me permitiera formularle una pregunta para que ilustrara a este pleno de su argumentación.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: ¿Acepta usted la pregunta, diputado?

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega: Sí, con mucho gusto. Nada más en voz alta, porque no oigo bien.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Adelante, diputado Ibarra.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza(desde la curul): Gracias, diputado Muñoz Ledo. Le preguntaría, con todas las vivencias y experiencias que ha tenido usted y que ha participado en este tema desde hace un tiempo considerable, ¿cree usted que postergar la inclusión de Palestina en las Naciones Unidas tiene por objeto permitir que el gobierno israelí continúe con los asentamientos judíos en territorio palestino, con la construcción del Muro de la Infamia y con el despliegue de operaciones militares en contra de la población civil?

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega: Ése es el tema. Ocurre que el año pasado el presidente Obama, de los Estados Unidos de América, y la Unión Europea en su conjunto, aprobaron o apoyaron las fronteras anteriores a 1967. Esto es, las fronteras anteriores a la Guerra de los Seis Días.

El temor del ala derecha del gobierno israelí, porque está gobernado por la derecha. También hay varias posiciones en Israel. La posición del presidente de la República no es la misma que la de primer ministro. Cuidado, el presidente de la República es socialdemócrata, Shimon Peres.

Entonces, ellos temen que al entrar como miembro pleno, que además es absurdo que en 48 se haya reconocido al Estado de Israel y haya entrado a la Organización y han pasado 64 años y el otro no haya entrado. Ellos temen que queden congeladas las fronteras. No sé si me explico.

Quiero hacerme eco también de lo que piensan los judíos, de distintas creencias, y también han discutido conmigo, claro que sí, pero nosotros no aceptamos la influencia de ninguna comunidad —que respetamos muchísimo—, en la política exterior de México. Nunca lo hemos hecho. Ellos temen que al quedar las fronteras del 67 tengan que sacar todos los asentamientos, y hay algunos que ellos consideran que ni con grúa van a poder sacar.

Entonces, hay una posición intermedia que está en un artículo que aquí traigo del ex presidente de Finlandia, Martti Ahtisaari, y del ex jefe de la diplomacia de europea, Javier Solana, donde dice que debe ser: reconocerlas como base de la negociación y hacer ajustes circunstanciales, en el sentido que pueden cederse de los dos lados. Quizás la solución al final vaya por allá.

El tema es que si se alienta a los extremistas sólo tenemos el escenario del terrorismo; el tema es que ninguna de las negociaciones que han ocurrido hasta ahora ha sido dentro de las Naciones Unidas, ni los diálogos de Oslo ni la Conferencia de Madrid ni la hoja de ruta de la Unión Europea ni el cuarteto del Medio Oriente, ninguna ha sido en Naciones Unidas.

Al entrar el Estado de Palestina se empareja el terreno y se hacen negociaciones, como Dios manda, dentro de la organización; si entre las partes deciden —lo dejo claro—, cederse mutuamente terreno para evitar mayores complicaciones, esto es una cuestión de las partes en conflicto. De acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Adelante, diputado.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega: Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Adelante.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega: Sí. Entonces, hay una novedad en la región, que es la que está determinando el cambio político que ahora se observa. Esa novedad en la región es la primavera árabe, cualquiera que sea el desenlace o haya sido en los países afectados en el Medio Oriente por la ola de democratización, llámese Libia, llámese al principio Túnez, llámese Egipto, llámese Siria, llámese Marruecos, llámese Argelia, hay evidentemente el surgimiento de una nueva generación política y de regímenes no fundamentalistas.

Lo que se están acabando son los antiguos modelos autoritarios monárquicos o falsamente republicanos, que proliferaron en la época de no alineamiento. Esto hace que el peso relativo de Israel en la región cada vez sea menor y que se abran las posibilidades de una democratización en Israel, porque hay también indignados en Tel Aviv, y de una democratización no fundamentalista.

Ayuda, ayuda al bando moderado, al bando negociador en Palestina; es un reconocimiento también de que el Estado palestino se ha consolidado y hoy tienen una gran capacidad de negociación. Dígame, compañero.

El diputado Arturo Ramírez Bucio(desde la curul): Para hacer una pregunta, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí. No, señor diputado. Fuimos condescendientes en la pregunta anterior, pero el Reglamento no nos permite en una situación de deliberación aceptar preguntas. Ya no vamos aceptar más preguntas. Continúe, señor diputado.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega: Mire, presidente, con todo el respeto y aprecio que le tengo, este es un tema poco conocido, este no es un montaje. Me han preguntado muchos diputados de varias bancadas sobre estos temas entonces, si tienen dudas por qué no satisfacerlas, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Le pido a la Secretaría que dé lectura al artículo 101 de nuestro Reglamento.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega: No. Son temas importantes para el país. Ojalá te inscribas y, se me ocurre, no sería malo para ti; te serviría de algo. Muchas gracias, nunca lo fui. Bueno, lean el artículo por favor.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Artículo 101. La Agenda política se integrará hasta por dos temas de interés general y sólo tendrá una finalidad deliberativa. Un integrante de cada grupo en orden creciente, de acuerdo a su representatividad en la Cámara podrá fijar su postura al respecto.

Dos. El coordinador de cada grupo será quien inscriba...

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputada, con eso es suficiente. Tiene una finalidad deliberativa. Adelante, diputado Muñoz Ledo, continúe.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega: Perdón, ¿lo deliberativo es contrario a lo interrogativo? ¿Por qué no lo vemos a la luz del diccionario? ¿La deliberación no puede implicar también interrogación?

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Si quiere usted leemos los artículos más adelante en donde se fija esto. Adelante, señor diputado, continúe. Regresen el reloj a 3:22.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega: No quisiera polemizar con el presidente, pero que quede constancia que las dudas no han sido satisfechas.

Me voy a concretar a lo fundamental. ¿Qué es lo que está planteado? El ingreso del Estado palestino. ¿Qué efecto produciría? Un fortalecimiento de un Estado que ha sido combatido, que ha sido saboteado y la posibilidad, por vez primera, de una negociación en plan de igualdad.

Segundo. Hay 132 Estados que han anunciado su voto a favor. ¿Por qué lo han anunciado? Porque cambia la correlación de fuerzas.

México ha tomado una posición que nunca había tomado el gobierno mexicano: agacharse y esperar a que pasen las cosas, a sabiendas de que, como ya lo dijo el presidente Abás, si se plantea el ingreso será primero ante el Consejo de Seguridad.

Estados Unidos de América ya ha anunciado su veto, porque presionaron a Obama; entonces, si hay veto en el consejo, no pasa a la asamblea general y entonces, no entra.

Tiene una posibilidad Palestina, conformarse con el estatuto de Estado observador; hoy es entidad observadora y antes fue OLP, que es el mismo estatuto del Vaticano. No sé qué tiene que ver con el Vaticano, que eso es, que es Estado pero que está allá arriba, no está aquí, está en el balcón, y dos, que tiene posibilidad de ingresar a otras agencias del hemisferio. Esto no resuelve el problema de negociación. México debe hacer pesar su posición, como siempre lo ha hecho.

Hay 17 países latinoamericanos que no se caracterizaban en el pasado por estos principios de descolonización. Estamos violentado tres principios de política exterior contenidos en el artículo 89 de la Constitución: la igualdad jurídica de los Estados; la solución pacífica de las controversias y la autodeterminación de los pueblos. Es directamente contrario al mandato constitucional.

La última falacia es decir que no nos vamos a pelear con los israelíes. Nunca la colonia israelí ha tenido una injerencia en la vida política exterior del país. Han actuado siempre como mexicanos. Aquí es una deferencia hacia la posición adoptada por el gobierno de Obama.

Finalmente, lo que traía un proyecto de punto de acuerdo que se quería contraponer al nuestro, alentar a la negociación. Pero si las negociaciones están clausuradas; si la única manera de reabrir las negociaciones es por medio del ingreso del Estado palestino.

Hago un llamado a las señoras y a los señores diputados, porque estos temas fundamentales para la vida del país, sean objeto de un debate serio y real. No podemos seguir siendo una Cámara fantasma ni podemos argumentar la ignorancia como pretexto para no debatir. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputado. Para continuar con los comentarios relativos al tema de Palestina, tiene la palabra la diputada Pilar Torre Canales, de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.

La diputada María del Pilar Torre Canales:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza compartimos el criterio del Ejecutivo federal, en el sentido de que la Organización de las Naciones Unidas tiene la responsabilidad de resolver de manera pacífica el conflicto histórico entre Israel y Palestina, con una resolución que posibilite la existencia de dos Estados, reafirme el reconocimiento al derecho de la existencia de Israel y que haga realidad el establecimiento del derecho del Estado palestino al reconocer internacionalmente, sus fronteras como nación.

Por ello, como representantes del pueblo mexicano alzamos la voz para que la decisión de México, como integrante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se fundamente en la participación histórica que nuestro país ha tenido como miembro fundador de la ONU.

Consideramos que en la primera década del presente siglo México debe superar ya la posición que ha mantenido desde 1967 al no reconocer a la nación Palestina como Estado soberano.

Por lo anterior, desde Nueva Alianza exhortamos respetuosamente al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para votar a favor de la solicitud de la Autoridad Nacional Palestina al Consejo de Seguridad de la ONU, para ingresar como Estado pleno al máximo órgano de la comunidad mundial.

La ONU no puede faltar a su compromiso histórico y menos aún tratándose del Estado mexicano, como un aspirante del Consejo de Seguridad, que aspira —desde el interior— a una reforma integral, para mejorar la representación y la capacidad de acción de las naciones en el siglo XXI. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra la diputada Laura Arizmendi Campos, de Convergencia, hasta por cinco minutos.

La diputada Laura Arizmendi Campos:Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados: el derecho que le asiste a cualquier legislador en lo que concierne a proponer el análisis de los más diversos temas, tanto en la agenda nacional como en la agenda internacional, ha peligrado en el tema que hoy nos ocupa.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo ha impulsado en distintas ocasiones la inclusión de un tema sustantivo en las relaciones internacionales y en la paz mundial. Nos referimos a la creación del Estado palestino; por ello celebramos que luego de sortear interpretaciones rigoristas del Reglamento de esta soberanía, pueda abordarse dicho tema.

Más allá de las interpretaciones cargadas de orientaciones religiosas o de destinos manifiestos, resulta claro que el origen de uno de los más graves conflictos que tiene como escenario el Medio Oriente surgió como resultado de una decisión que se adoptó en el año de 1947 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, referente a la aprobación del plan de partición de Palestina a fin de que ese territorio albergara en un 57 por ciento al futuro Estado de Israel, mientras que el 42 por ciento restante correspondería a un futuro Estado palestino y un 1 por ciento a la ciudad de Jerusalén.

Lamentablemente, como es de todo conocido, luego de este acontecimiento se suscitó una serie de confrontaciones árabe-israelíes con los saldos que conocemos, pese al intento de censura informativa con que se ha tratado de cubrir lo que ocurre en esa parte del mundo.

Sucesos como el de la denominada Guerra de los Seis Días, en el año de 1967, que significó la ocupación israelí del 100 por ciento del territorio palestino, vino a dar un serio revés a cualquier intento por recuperar la paz perdida en la región.

Son múltiples las resoluciones de la ONU exigiendo a Israel la devolución de los territorios ocupados, encontrando siempre la misma respuesta: el incumplimiento y el desdén.

Luego de diversos intentos y en condiciones sumamente adversas que han atentado gravemente contra las condiciones de vida del pueblo palestino y atendiendo un reconocimiento de una muy significativa mayoría de la comunidad internacional, la Autoridad Nacional Palestina ha planteado presentar ante la Asamblea General de la ONU un proyecto de resolución para solicitar su ingreso ante dicho organismo como un Estado palestino libre, con la delimitación territorial que prevalecía antes de la Guerra de los Seis Días.

Por ello el Grupo Parlamentario de Convergencia respalda sin ninguna condicionante que se concrete la creación del Estado palestino libre, pues las razones argumentadas para impedirlo nunca han tenido razón de ser y se fundan sólo en la fuerza, contraviniendo un gran número de resoluciones de la ONU y afectando severamente las más elementales condiciones de vida de los palestinos.

Consideramos que el pronunciamiento a favor por parte del Estado mexicano contribuiría a proseguir una larga trayectoria en materia de política exterior que siempre ha postulado la autodeterminación de los pueblos. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Marcos Carlos Cruz Martínez, del PRD, hasta por 5 minutos.

El diputado Marcos Carlos Cruz Martínez:Con su permiso. Compañeras y compañeros diputados. La propuesta priista con relación al caso palestino es una copia fiel de la postura judía y norteamericana.

Lo que plantea el PRI es exactamente lo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, respondió a la propuesta del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, cuando este último planteó ante la ONU la solicitud de que Palestina sea considerada un miembro con plenos derechos en esta organización y con las fronteras que tenía su territorio antes de la invasión militar de Israel, en 1967. La respuesta del primer ministro judío fue invitar nuevamente a ese diálogo de sordos que la diplomacia norteamericana ha llamado cumbres bilaterales por la paz en el Medio Oriente, porque desde la invasión a Israel a los territorios palestinos de 1967, ahí se vive una ocupación militar total y los palestinos no tienen ni una pulgada de soberanía en la tierra que han vivido por miles de años.

Ésa ha sido la estrategia judía durante muchos años en respuesta a la presión internacional: llamar al diálogo; pero en los hechos ellos siguen colonizando territorios que no pertenecen a Israel, provocando el desplazamiento de millones de refugiados palestinos a otros Estados vecinos.

Por negociaciones de paz los palestinos ya están hasta el cansancio, un tortuoso proceso de negociación que ha durado más de 20 años sólo ha servido para que Israel gane tiempo y siga colonizando territorios.

Estas cumbres comenzaron con la Conferencia de Madrid en 1991, luego los Acuerdos de Oslo, en 1993, después Camp David en el 2000, etcétera. Como muestra de esta gran hipocresía, el pasado martes 27 de septiembre el Comité Regional de Planificación de Jerusalén aprobó la construcción de mil 100 nuevas viviendas para israelíes en Gilo, un barrio que, según la ONU y la legislación internacional, es territorio ocupado.

El reclamo palestino de ser miembros de la ONU es legítimo y se enmarca en un esfuerzo pacífico de homologar el reconocimiento que 130 países ya le otorgan al mantener diversos grados de relaciones diplomáticas con la Autoridad Nacional Palestina. No olvidemos que en 1947, Israel surgió como Estado a partir de una resolución de la ONU, a partir de dividir el territorio que por siglos fuera la patria de los palestinos.

Lo que hoy plantea el PRI es justificar la ocupación militar inmoral que Israel tiene por 44 años en territorios palestinos. Esto es contrario a los principios que deben inspirar la política exterior mexicana, las cuales se establecen en el artículo 89 constitucional que, por cierto, fueron propuestos por un presidente priísta en 1986.

Por lo que llama la atención y nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta, ¿por qué los priistas defienden los intereses de la política exterior norteamericana? La respuesta es muy sencilla, el priismo de Peña Nieto, busca enfermizamente el poder a toda costa y para ellos es importantísimo granjearse la simpatía de Washington y de los lores judíos, que son tan poderosos y tan generosos en el financiamiento de campañas electorales.

Estados Unidos de América jamás permitirá que la ONU reconozca el estatus de Estado con pleno derecho a Palestina, y para ello utiliza su veto en el Consejo de Seguridad aun y cuando en la Asamblea General esta iniciativa tiene un respaldo mayoritario de 130 votos, de los 193 posibles.

Hoy en día, Barack Obama y sus aliados son el principal obstáculo de los palestinos para lograr su reconocimiento, porque es del dominio público que Israel es un enclave militar estadounidense que tiene como propósito salvaguardar los intereses petroleros y energéticos de Estados Unidos de América y porque ambos países son socios de la gran industria militar, al grado de que Israel posee bombas nucleares con tecnología norteamericana.

Por lo pronto, Obama ya empezó a pagar las facturas de sus mentiras, porque fue él precisamente, que el 23 de septiembre del año pasado, hablando en la Asamblea General de la ONU...

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Concluya, señor diputado.

El diputado Marcos Carlos Cruz Martínez:...dijo que su deseo era que Palestina fuera un Estado soberano e independiente.

Termino, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Su tiempo ha terminado, señor.

El diputado Marcos Carlos Cruz Martínez: Pregunto, ¿qué recibimos a cambio de apoyar la política exterior norteamericana? Respondo: más deportaciones, más tráfico de armas para los carteles y por lo tanto más violencia, más legislaciones antiinmigrantes y sobre todo, más mentiras que habrá una reforma migratoria para millones de paisanos.

Por lo tanto hago un llamado a todos los legisladores para que apoyemos la propuesta del diputado Porfirio Muñoz Ledo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra, el diputado Arturo García Portillo, del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos.

El diputado Arturo García Portillo:Buenas tardes, señoras y señores diputados; presidente. Sí es necesario poner claridad en este debate y sí es necesario poner las cosas en su lugar. Tratándose de un tema que toca fibras tan sensibles, que se arraigan en milenios, en el tiempo y que toca fronteras tan delicadas, que debe ser abordada con todo cuidado. No en la manera tan primaria y tan racista como acabo de escuchar al diputado Marcos Cruz.

El primer punto a establecer es el estatus de la situación. En este momento no ha sido sometido al pleno de la Asamblea General de la ONU ningún proyecto de resolución. Por tanto —por tanto—, todavía no podemos entrar al debate tan delicado, porque debemos de dar la oportunidad, precisamente, a que con el grupo de trabajo que se ha establecido, y entendiendo la enorme la dificultad y las aristas tan delicadas que se tocan con este tipo de temas, le demos todavía una oportunidad a la vía diplomática y esperemos a conocer una propuesta que pueda ser debatida y sobre la cual pueda pronunciarse nuestro país con toda claridad sobre una serie de principios que deben ser, por supuesto, claros e irrenunciables.

Por ejemplo, el primer punto y el principio al que hay que aludir es el de la existencia de dos Estados. No estamos hablando aquí solamente de la existencia del Estado palestino, sino también de la existencia del Estado de Israel, que no es reconocido por la Autoridad Palestina. Es reconocer el derecho de existencia del Estado de Israel, así como de un Estado palestino política y económicamente viable.

Segundo, que estos dos Estados puedan convivir en paz dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas.

Tercero, que esto sea el resultado de un proceso de solución viable y negociado. Ningún favor le hacemos a los pueblos de Oriente Medio, ningún favor le hacemos a la causa de los derechos humanos ni a la paz del mundo si llega a terminar por imponerse una decisión que no sea fruto de una situación consensuada por todos los actores involucrados.

Ninguna solución puede encontrarse mientras integrantes de una u otra de las partes pretendan explícita e implícitamente la eliminación de la otra.

México ha respetado los múltiples esfuerzos internacionales para restablecer el proceso de paz, desde la Conferencia de Paz de Madrid de 91, los Acuerdos de Oslo en 93, la Iniciativa Árabe de Paz de 2002 y la Hoja de Ruta, por supuesto.

Así es que, señoras y señores legisladores, y finalmente para concluir, hoy en la tarde ya está programada —también diputado Muñoz Ledo— en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores, una reunión de trabajo con el subsecretario Gómez Robledo, para abordar precisamente el tema, dada la oportunidad que aún tenemos a la vista de que no existe el texto de propuesta de resolución de las Naciones Unidas.

Así es que, no nos equivoquemos en abordar desde una perspectiva parcial, desde una perspectiva simplista esta solución y hay que abordarlo sí, justamente, desde la perspectiva del derecho internacional de la paz del mundo y de la solución negociada de los conflictos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, señor diputado.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Muñoz Ledo, ¿con qué objeto?

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega (desde la curul): Para alusiones personales.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Por alusiones personales tiene usted la palabra.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega(desde la curul): Mención personal, más que alusión mención. Con todo respeto por mi compañero de comisión, García Portillo.

Primero. No hay un solo caso, perdonen, en la historia de las Naciones Unidas, en el cual el ingreso de un Estado esté sujeto a la negociación con un tercero. Es como si el ingreso de Belice dependiera de que lo aprobara Guatemala. Eso no existe y menos un Estado vecino.

Decir que primero tiene que haber una negociación bilateral antes de que ingrese un Estado, con el mayor respeto que le tengo, es una barrabasada, eso no es cierto. Yo no puedo someter mi derecho a ingresar a la Organización siendo un Estado constituido, por una resolución de las propias Naciones Unidas a que me autoricen.

Segundo. No estamos afectando los derechos de ningún Estado ni estamos provocando una ofensa contra el Estado de Israel; estamos reconociendo lo que la propia Organización ha dicho.

Por último, no puedo aceptar que sólo —porque lo discutido, usted lo verá en la tarde con el subsecretario, con el cual he hablado varias veces—, México como todos los Estados, en asuntos fundamentales, anuncia su voto en el caso de que sea sometido.

Claro que sí, 132 Estados lo han hecho de un lado y 46 del otro. Hay un grupito de agachones. Estados Unidos de América ya anunció su voto; Gran Bretaña ya anunció su voto; Francia ya anunció su voto.

México anunció su voto en el caso de China en 71, cuando no estaba resuelto el procedimiento, y en el sexenio pasado Fox anunció el voto sobre Irak, aunque no había, no se había celebrado una reunión del Consejo de Seguridad.

Es más, no se celebró y no hubo voto, pero los Estados, todos, lo anunció Chile, el profesor Ricardo Lagos; lo anunció Francia. Los votos en cuestiones fundamentales se anuncian. No se está esperando a ver si de rebote me la hacen buena.

He estado ahí mucho tiempo, eso es desdoro, eso es falta de vergüenza, eso no es digno de un país como México. Me da vergüenza como embajador. ¿No lo entiende? Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Sergio Mancilla Zayas, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Marcos Carlos Cruz Martínez (desde la curul): Señor presidente, para alusiones personales.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: No hay alusiones. Usted no ha sido aludido, señor diputado. No lo oí, pero si usted dice lo que aludieron le creo. Tiene usted la palabra desde su curul, por tres minutos.

El diputado Marcos Carlos Cruz Martínez(desde la curul): Nada más para abundar en los argumentos que ha dado el diputado Porfirio Muñoz Ledo, en el sentido de que la inmensa mayoría de los Estados ya han dado a conocer cuál es la posición de su voto, y entre ellos precisamente es el de Brasil, que es miembro no permanente del Consejo de Seguridad, que precisamente es el que ha estado tomando liderazgo en América Latina, porque la política exterior mexicana, alineada a los intereses de los Estados Unidos de América, es lo que ha permitido eso; una pérdida de liderazgo de México en el concierto internacional.

Por lo demás, quisiera decir que no puede estar sujeto a una negociación el reconocimiento del Estado palestino, porque además hay una gran asimetría entre un país ocupado y un país ocupante; Israel tiene hasta bomba atómica; la desproporción militar de recursos es totalmente asimétrica; por lo tanto, no puede estar, de ninguna manera, sujeto a una negociación. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputado. Adelante, diputado Mancilla Zayas.

El diputado Sergio Mancilla Zayas:Gracias. Con el permiso del diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el tema que nos toca el día de hoy, que nos aboca el día de hoy, es un tema sumamente complicado, complejo y quiero tratar de ser sumamente claro y contundente respecto al posicionamiento de mi Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Nosotros siempre hemos creído que la diplomacia es el único camino para afianzar la paz, dar certidumbre legal a las fronteras políticas y saber delinear el entendimiento entre las partes. Hoy no puede ser la excepción en el caso palestino-israelí.

La Organización de las Naciones Unidas es el mayor espacio de la diplomacia multilateral para las negociaciones, que de la mano del andamiaje del derecho internacional y de la voluntad política de las partes representaría el primer paso para un entendimiento entre los líderes palestinos e israelí, pero también para abrir espacios de respeto entre los pueblos representados por sus altos dirigentes y diplomacia.

La aceptación de los acuerdos amparados bajo el multilateralismo es la mejor garantía para fortalecer la certidumbre y afianzamiento de una tan demandada paz en la región del Medio Oriente, particularmente en las milenarias tierras palestinas e israelí.

El diálogo bilateral, a efecto de lograr una solución viable a la petición formulada por el presidente de la Autoridad Palestina ante el secretario general de la ONU, el pasado 23 de septiembre, en Nueva York, debe ser la mayor divisa en todo momento.

El líder palestino Mahmud Abbas, promovió ante la Asamblea General de la ONU el reconocimiento mutuo entre el pueblo palestino, las naciones árabes y el Estado de Israel y su coexistencia pacífica dentro de fronteras seguras y reconocidas. Esta materia debe de tener seguro negociaciones bilaterales que busquen una solución y sepan edificar espacios para la paz y gobernabilidad.

Como toda negociación diplomática que requiere paciencia, constancia y voluntad, el Grupo Parlamentario del PRI, hace un llamado a las partes para lograr entendimientos, que así como buscan la construcción de la paz, también sepan construir las herramientas de desarrollo integral que merecen ambos pueblos; el reconocimiento a la pluralidad y respeto entre vecinos es el principal garante para una paz de largo plazo, que impida volver a bruscas regresiones que nadie quiere.

Es cierto que la comunidad internacional presenta nuevos riesgos y desafíos. La agenda global no es un bálsamo de tranquilidad en la comunidad internacional. Es una realidad a la que en sus diversos temas hay que saber tener respuestas realistas.

Cuando hay diversos focos de tensión en el orbe y cuando la diplomacia logra sentar a las partes en una mesa para iniciar el diálogo, ya hay un avance que congratula a todos los que buscamos, desde cualquier latitud, ausentar el trago amargo de la violencia y la guerra.

El Grupo Parlamentario del PRI, reconociendo los genuinos aportes de las comunidades de Israel y de Palestina que han dado a México en diversos aspectos de la vida nacional, hace votos para que inicien ambas partes un diálogo directo que ayude a lograr acuerdos que deben estar llamados a hacer historia, por la razón de buscar la pacificación en condiciones de equilibrio, donde nadie, absolutamente nadie, salga perjudicado.

Contribuimos a ese deseo creyendo que la pacificación y acuerdo no sólo beneficiarían a palestinos, a israelíes o a la comunidad árabe, también estarán contribuyendo a la tan demandada gobernabilidad global. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 9 y 14 de la Ley General de Educación. Sí, dígame diputada Araceli Vázquez.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho (desde la curul): Quiero compartir mi pensamiento sobre este tema. Sé que hay un acuerdo, que ya pasaron los posicionamientos de los partidos, pero me gustaría que me concediera unos minutos.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputada, el Reglamento y el acuerdo es muy claro en ese sentido, que solamente se permite un orador por cada grupo parlamentario. Le suplico que me disculpe, diputada.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega (desde la curul): Para hechos.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Ya terminamos el tema, señor diputado Muñoz Ledo. El tema de Palestina ha sido terminado.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Permítame, Secretaría. Nos acaba de llegar un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Le pido a la Secretaría dé lectura a la comunicación.

ESTADO DE OAXACA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para exhortar al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a emitir –conforme a la Ley General de Protección Civil– la declaratoria de desastre natural para los municipios de Asunción, Nochixtlán, y Magdalena Jaltepec, en Oaxaca, por la ocurrencia de lluvias severas y deslaves

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que sustenta la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que se somete a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, con pleno respeto al ámbito de sus respectivas competencias, solicita a la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de emergencia para el municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, de acuerdo con lo establecido por el artículo 33 de la Ley General de Protección Civil, por la ocurrencia de lluvias severas y deslaves.

Segundo.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, con pleno respeto al ámbito de sus respectivas competencias, solicita a la Secretaría de Gobernación emita y publique en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de desastre natural para los municipios de Asunción, Nochixtlán, y Magdalena Jaltepec, Oaxaca, de conformidad con lo establecido por el artículo 32 de la Ley General de Protección Civil, por la ocurrencia de lluvias severas y deslaves.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia;Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: No habiéndose registrado oradores en este tema consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de esta Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aprueba. Quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor secretario. Aprobado. Comuníquese.

CAMBIO CLIMATICO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. Se informa a la asamblea que, en cumplimiento al artículo 87, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes con punto de acuerdo que a continuación se discutirán. Proceda la Secretaría a dar lectura a los encabezados de los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo al cumplimiento de compromisos internacionales en materia de cambio climático por el gobierno federal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 1412, que contiene la proposición con punto de acuerdo relativo al incumplimiento del gobierno federal del envío del Plan de Reducción de Emisiones a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC), presentada por el diputado Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numeral 1, 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 79, 80 numeral 1, 82 numeral 1, 84 numeral 1, 85, 100 y 157 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Primero. El 25 de febrero del 2010, el diputado Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó punto de acuerdo relativo al incumplimiento del gobierno federal del envío del Plan de Reducción de Emisiones a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC).

Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva, turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

El presente dictamen tiene por objeto atender la solicitud del diputado Flores Ramírez quien manifiesta en su punto de acuerdo que es importante que el gobierno mexicano cumpla con los compromisos adquiridos en la reunión número 15a. de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Copenhague en diciembre de 2009. Específicamente el establecido en la declaratoria número 5 para los países no anexo 1 (países en desarrollo) en la que se comprometen a aplicar medidas de mitigación, mismas que se presentarán ante la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, antes del 31 de enero de 2010.

En virtud de lo anterior el diputado promovente sugiere los siguientes resolutivos:

Primero. La Cámara de Diputados condena la falta de cumplimiento del titular del Ejecutivo federal para entregar en tiempo y forma el plan de reducción de emisiones conforme a la declaratoria número 5 del Acuerdo de Copenhague.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a enviar a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático el compromiso adquirido en la declaratoria número 5 del Acuerdo de Copenhague, referente a las medidas de mitigación de gases efecto invernadero, haciendo públicos a la sociedad mexicana su envío y entrega.

En atención a dicha solicitud la comisión legislativa que elabora el presente dictamen procede a iniciar su análisis.

La capa de la atmósfera, está constituida de manera natural principalmente por oxígeno y nitrógeno (99.03 por ciento) existen además otros gases en concentraciones más bajas –Bióxido de carbono (CO2), vapor de agua, ozono (O3), óxido nitroso (N2O), metano (CH4) y clorofluorocarbonos (CFCs), estos últimos en cantidades traza– localizados en la parte más cercana a la tierra, llamada troposfera. Estos gases tienen la capacidad de retener parte de la energía, que refleja la tierra, proveniente del sol y remitirla como radiación infrarroja, produciendo un efecto neto de calentamiento. Por lo que son conocidos como gases de efecto invernadero (GEI).

Sin ese efecto, la vida no sería posible en la tierra, ya que la temperatura promedio sería de -13 grados centígrados. Sin embargo, se ha detectado que las concentraciones de GEI se incrementan año con año, principalmente por la quema de combustibles fósiles y por el cambio de uso de suelo, permaneciendo y acumulándose en la atmósfera por cientos de años, provocando aumentos en la temperatura, fenómeno que da lugar al Cambio Climático Global.

Atendiendo a los impactos que puede producir ese fenómeno, y a los que ya se han estado presentando en nuestro planeta, durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, las naciones del mundo se adhirieron a la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC), cuyo objetivo era estabilizar la concentración de gases de tipo invernadero en la atmósfera a un nivel que no cause una peligrosa interferencia con el sistema climático. México firmó la Convención el 13 de junio de 1992 y lo ratificó el 3 de diciembre del mismo año. Una vez ratificada la Convención por el número de países requerido, entró en vigor el 21 de marzo de 1994, iniciándose con ello la secuencia anual de Conferencias de las Partes (CoP)

Años más tarde y durante la Tercera CoP, celebrada en 1997 en Kioto, Japón, se adoptó el texto del Protocolo del mismo nombre, mediante el cual los países ratificantes se comprometían a controlar las emisiones de 6 gases de efecto invernadero: bióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFCS), perfluorocarbonos (PFCs) y hexafluoruro de azufre (SF6) a través de diversos mecanismos descritos en ese Protocolo.

La CoP se ha reunido durante 16 años consecutivos, dentro de esas reuniones se han diseñado e implementado políticas para detener los efectos del cambio climático así como medidas de mitigación y adaptación a ese fenómeno. De forma particular, la Reunión número XV que tuvo lugar en la ciudad de Copenhague, Dinamarca; del 7 al 18 de diciembre de 2009, había generado grandes expectativas, pues se pretendía que en esa reunión se consiguiera un nuevo acuerdo para los años siguientes.

Al respecto, Yvo de Boer, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático manifestó que para que el acuerdo adoptado entre en vigor a nivel mundial antes del año 2013, el acuerdo de Copenhague debía ser preciso en los objetivos planteados, vinculante, tener claridad en materia de financiamiento, así como promover la gobernanza, pluralidad y equidad.

No obstante las expectativas que generó la CoP XV, sus alcances se redujeron a la firma del denominado Acuerdo de Copenhague, respecto del cual el diputado promovente refiere que México no ha cumplido con uno de los compromisos asumidos que es enviar a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático el compromiso adquirido en la declaratoria número 5 de dicho Acuerdo antes del día 31 de enero de 2010.

Al respecto es preciso señalar que en México se han realizado diversas acciones para cumplir con los compromisos internacionales que ha asumido, a través de la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático (CICC).

El grupo de trabajo de la CICC integró la Estrategia Nacional de Cambio Climático en el que se establecen las políticas y estrategias que el gobierno mexicano implementa a través del Programa Especial de Cambio Climático (PECC).

El Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2009, determina a través de cuatro componentes fundamentales: visión de largo plazo, mitigación, adaptación, y elementos de política transversal ,así como de sus 105 objetivos y 294 metas, las acciones que el gobierno federal impulsará ante ese desafío.

No obstante que esa información ha sido publicada y entregada a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el diputado promovente es puntual al referir que el gobierno mexicano no ha atendido el Acuerdo de Copenhague, suscrito el 18 de diciembre de 2009 y en el que se lee en su numeral 5 a la letra lo siguiente:

Decisión 2/CP.15:

...

5. , para su recopilación en un documento de la serie INF, de conformidad con los párrafos 1 y 7 del artículo 4 y en el contexto del desarrollo sostenible. Los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo podrán adoptar medidas con carácter voluntario y sobre la base del apoyo que reciban. Las medidas de mitigación que las partes no incluidas en el anexo I prevean y adopten posteriormente, así como los informes del inventario nacional, deberán transmitirse a través de las comunicaciones nacionales, de conformidad con el párrafo 1 b) del artículo 12, cada dos años y con arreglo a las directrices que apruebe la Conferencia de las Partes. Las medidas de mitigación que se indiquen en las comunicaciones nacionales o que se notifiquen de otro modo a la secretaría se añadirán a la lista del apéndice II. Las medidas de mitigación que adopten las partes no incluidas en el anexo I serán objeto de medición, notificación y verificación a nivel nacional, y los resultados se consignarán en las comunicaciones nacionales cada dos años. Esas partes presentarán información sobre la aplicación de sus medidas a través de las comunicaciones nacionales, y se dispondrán consultas y análisis internacionales con arreglo a directrices claramente definidas que garanticen el respeto de la soberanía nacional. Las medidas de mitigación apropiadas para cada país respecto de las cuales se solicite apoyo internacional se inscribirán en un registro, junto con el correspondiente apoyo en forma de tecnología, financiación y fomento de la capacidad. Las medidas que reciban apoyo se añadirán a la lista del apéndice II. Esas medidas de mitigación beneficiarias de apoyo serán objeto de medición, notificación y verificación a nivel internacional de conformidad con las directrices que apruebe la Conferencia de las Partes;

De la lectura del numeral citado se advierte que la entrega del informe de las medidas de mitigación que las partes no incluidas en el anexo I debían entregar a la Convención antes del 31 de enero de 2010, podría o no utilizarse el apéndice al que se hace referencia.

Al respecto es oportuno referir que el gobierno mexicano ha elaborado y entregado la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) y el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), en las que se definen líneas de acción, políticas y estrategias para lograr metas claras para la mitigación y de adaptación de los aspectos adversos del cambio climático. Sin embargo, esta comisión legislativa estima procedente solicitar al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en su carácter de presidente de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático informe a esta soberanía si se realizó la entrega de la información a la que hace referencia el resolutivo 5 del Acuerdo de Copenhague o bien, si se tiene como cumplida esa obligación con la información que ha remitido anteriormente a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, garantizando así que México cumple con los compromisos que ha asumido en la materia.

Asimismo, es de señalarse que esta solicitud fue enviada a la Coordinación del Programa de Cambio Climático del Instituto Nacional de Ecología, mediante oficio número HCD/CMARN/0117/11 de fecha 7 de marzo de 2011, sin que hasta a la fecha haya sido atendida.

Por las consideraciones expuestas los integrantes de esta comisión nos permitimos someter a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su carácter de presidente de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, informe a la población si se realizó la entrega de la información a la que hace referencia el resolutivo 5 del Acuerdo de Copenhague o bien, si se tiene como cumplida esa obligación con la información que ha remitido anteriormente a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Notas:

1. Fernández, Adrián y Julia, Martínez, “Cambio climático y acciones para enfrentarlo”. Libro del seminario Temas Selectos de medio ambiente, Senado de la República, LX Legislatura, Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

2. Semarnat, Op. Cit. P. 341.

3. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La gestión ambiental en México.

4. Yvo de Boer, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Disponible en http://es.cop15. dk/news/view+news?newsid=991

5. La Comisión Intersecretarial del Cambio Climático se creó con el objeto de coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal para promover el desarrollo de programas y estrategias de acción climática relativas al cumplimiento de los compromisos suscritos por México en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y los demás instrumentos derivados de ella, particularmente el Protocolo de Kyoto.

6. CICC, 2007. Estrategia Nacional de Cambio Climático, Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Semarnat. México.

7. Programa Especial de Cambio Climático (2009-2012). Disponible en:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5107404&fecha= 28/08/2009

8. http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/spa/11a01s.pdf#page=15

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de julio de 2011.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade, Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica).»

BOLSAS DE PLASTICO

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo al impacto ambiental producido por las bolsas de plástico

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada, para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 2388, que contiene la proposición con punto de acuerdo para que a través de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Hacienda y Crédito Público, realicen estudios pertinentes para determinar el impacto ambiental y económico que provoca la fabricación y disposición final de las bolsas de plástico, presentada por la diputada Tomasa Vives Preciado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 79, 80, numeral 1, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85, 100 y 157 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Primero.El 29 de abril de 2010, la diputada Tomasa Vives Preciado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para que a través de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Hacienda y Crédito Público, realicen estudios pertinentes para determinar el impacto ambiental y económico que provoca la fabricación y disposición final de las bolsas de plástico.

Segundo.En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El presente dictamen tiene por objeto atender la solicitud de la diputada Vives Preciado quien manifiesta en su punto de acuerdo que se ha incrementado la producción y uso de las bolsas de plástico en nuestro país, generando un problema ambiental serio pues desde su proceso productivo hasta su disposición final es muy contaminante.

En ese contexto y retomando las acciones que se han realizado en otras partes del mundo como Irlanda o Escocia, considera procedente exhortar al gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realicen los estudios necesarios para desalentar su consumo y promover el desarrollo de nuevas tecnologías para la producción ambientalmente sustentable de bolsas de plástico.

En virtud de lo anterior la diputada promovente sugiere los siguientes resolutivos:

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales se realicen los estudios pertinentes para determinar el impacto ambiental y económico que provoca la fabricación y disposición final de las bolsas de plástico; para que, con base en estos estudios, se expida una norma que regule los niveles de toxicidad generados por las bolsas de plástico y su disposición final.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a realizar los estudios y análisis pertinentes para desincentivar el consumo de bolsas de plástico no biodegradables, a través del establecimiento de un impuesto o cuota al consumo de estos productos, basados en un análisis económico y ambiental que no perjudique a la industria nacional y pueda erradicar la contaminación ambiental causada por la disposición final de estos productos.

Al respecto la comisión legislativa que elabora el presente dictamen considera procedente antes de iniciar el análisis técnico jurídico de ese punto de acuerdo, señalar que esta comisión se abocará exclusivamente a la parte ambiental de éste.

Lo anterior es así, atendiendo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que establece las facultades y competencia de las Comisiones Ordinarias por correspondencia en lo general, con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En ese sentido, a esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponde la dictaminación de las materias especificadas en el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Una vez hecha esa aclaración, esta comisión ordinaria procede a iniciar el siguiente análisis.

Los residuos sólidos urbanos constituyen quizá uno de los problemas ambientales más visibles y cercanos al ciudadano común, así como también uno de los problemas que demanda atención prioritaria en función de su volumen y su convivencia directa con el colectivo social.

En México, durante el año 2008 se generaron 37.6 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, 2.2 por ciento más que los 36.8 millones de toneladas producidos en 2007.

Uno de los residuos que han motivado el interés de los ciudadanos y legisladores son  las bolsas de plásticos. Esos objetos introducidos aproximadamente en los años 70, hoy se han convertido en un objeto cotidiano utilizado para transportar diferentes mercancías y que podemos tras su corto uso, identificar fácilmente en calles, tiraderos a cielo abierto y rellenos sanitarios.

La mayoría de las bolsas de plástico están fabricadas de polietileno de baja densidad, polietileno lineal, polietileno de alta densidad o de polipropileno, conocidos como polímeros de plástico, que son sintetizados a partir del petróleo por la industria petroquímica, y cuya descomposición puede tomar hasta 400 años. El proceso de fabricación de una bolsa de plástico incluye la extrusión de la resina, ya sea por el método conocido de soplado o por medio de un dado; la impresión puede ser por el método de flexografía o de fotograbado que también se le conoce como huecograbado; en ésta, también puede haber un proceso de barnizado o laminación, que incluye otra capa de plástico, y finalmente el proceso conocido como de soldado o sellado, que se hace por medio de calor, agregando presión.

Anualmente, circulan en todo el mundo entre 500 mil millones y un billón de bolsas de plástico, en 1997, se precisó que el consumo que había generado la Ciudad de México equivalía a 29 kilogramos per Es por ello que resulta necesario conocer el grado de contaminación que generan la fabricación y la inadecuada disposición final de las bolsas de plástico.

Por otro lado, la proliferación del plástico es creciente y los basureros y rellenos sanitarios no se dan abasto para contener tal cantidad de material, menos aun cuando únicamente el 1 por ciento de estas bolsas se recicla; además, dada la extrema ligereza y delgadez de algunos de estos productos, sobre todo de aquellos que tienen un espesor menor a 3 milímetros, así como su inadecuada disposición final, ocasiona que sean volátiles y se esparzan por el medio ambiente, generando obstrucción en las tuberías y los sistemas de drenaje.

Debido a una inadecuada disposición final propiciada en su mayoría por el usuario, las bolsas de plástico por su ligereza, terminan dentro de los ríos o mares, lo que provoca que especies marinas como los delfines, las tortugas, las ballenas, incluso las aves marinas, mueran al ingerirlas o por asfixia al ser envueltas por ellas; siendo las cualidades de su estabilidad y resistencia que convierten a los plásticos en materiales tan útiles, pero a su vez las hacen problemáticas una vez que han cumplido su función y se desechan con descuido.

En México, el Instituto Nacional de Ecología (INE) publicó en el año 2009, el informe final del Estudio comparativo de bolsas de plástico degradables versus convencionales mediante la herramienta de análisis de ciclo de vida, tras una investigación dirigida a determinar las ventajas y desventajas de las bolsas de plástico tradicionales, degradables, biodegradables y reusables de polipropileno, el INE determinó las posibles cargas ambientales asociadas en el ámbito nacional.

En el resumen ejecutivo señala que “de los hallazgos derivados del estudio se encontró que la etapa de extracción y producción de materias primas es la etapa con mayores impactos del ciclo de vida de las bolsas estudiadas debido al uso de combustible, seguido por el transporte de materias primas, ya que la mayoría son importadas. Por otro lado, la bolsa reutilizable genera menores impactos ambientales en la mayoría de las categorías de impacto.

Asimismo, se concluyó que no existe una diferencia significativa sobre el desempeño ambiental de las bolsas de PEAD y PEBDcon y sin aditivo oxo en todo su ciclo de vida, para los escenarios considerados en el estudio. Por lo que prohibir un tipo de bolsa de plástico para favorecer las del tipo degradables, desde una perspectiva ambiental, no tiene un fundamento técnico sólido y, por ende, se corre el riesgo de incrementar el consumo de las bolsas que requieren ser manejadas adecuadamente una vez que son dispuestas, como lo son las bolsas tanto PEAD y PEBD en su versión oxodegradable.”

En ese sentido, aun cuando las bolsas de plástico representan sólo el 1por ciento del total de residuos que se desechan en todo el país, pues de acuerdo con su peso, de los 135 millones de toneladas de residuos que se generan al año en México, sólo 107 mil 513 toneladas son bolsas de plástico, es imprescindible implementar acciones para su manejo adecuado, como lo refiere el Instituto Nacional de Ecología en el Informe anteriormente citado.

Así, la comisión legislativa que elabora el presente dictamen estima procedente dirigir un respetuoso exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informe a la población el resultado del Estudio comparativo de bolsas de plástico degradables versus convencionales mediante la herramienta de análisis de ciclo de vida, con objeto de que la población tome decisiones e inicie acciones para el uso responsable de bolsas de plástico.

Asimismo, y en atención a lo expuesto en el estudio comparativo en comento, promueva acciones para la disposición adecuada de las bolsas de plástico, que se desechan diariamente.

Por las consideraciones expuestas los integrantes de esta comisión nos permitimos someter a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informe a la población el resultado del Estudio comparativo de bolsas de plástico degradables versus convencionales mediante la herramienta de análisis de ciclo de vida, con objeto de que la población tome decisiones e inicie acciones para el uso responsable de bolsas de plástico.

Asimismo, promueva acciones para la disposición adecuada de las bolsas de plástico que se desechan diariamente.

Notas:

1 Residuos sólidos urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole.

Artículo 5, fracción XXXIII, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

2 La extrusión de polímeros es un proceso industrial, en donde se realiza una acción de prensado, moldeado del plástico, que por flujo continuo con presión y empuje, se lo hace pasar por un molde encargado de darle la forma deseada. El polímero fundido (o en estado ahulado) es forzado a pasar a través de un Dado también llamado boquilla, por medio del empuje generado por la acción giratoria de un husillo (tornillo de Arquímedes) que gira concéntricamente en una cámara a temperaturas controladas llamada cañón, con una separación milimétrica entre ambos elementos. El material polimérico es alimentado por medio de una tolva en un extremo de la máquina y debido a la acción de empuje se funde, fluye y mezcla en el cañón y se obtiene por el otro lado con un perfil geométrico preestablecido.

3 Es una técnica de impresión en relieve, que las zonas impresas de la forma están realzadas respecto de las zonas no impresas.

4 Es una técnica de impresión en la cual las imágenes son transferidas al papel a partir de una superficie cuyas depresiones contienen tinta, a diferencia del grabado tipográfico, en el que la impresión se realiza a partir de una superficie plana cuyas líneas entintadas están en relieve.

5 http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/gacetas/422/envases.html

6 Proceso que consiste en someter a un proceso fisicoquímico o mecánico a una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto.

7 Instituto Nacional de Ecología, Dirección de Investigación en Residuos y Sitios Contaminados. Estudio comparativo de bolsas de plástico degradables versus convencionales mediante la herramienta de análisis de ciclo de vida. Disponible enwww.ine.gob.mx/descargas/ dgcenica/estudio_comp_bolsas.pdf

8 La unidad funcional seleccionada en el estudio fue el contener y transportar 9,568 litros de compras al año, considerando 52 compras al año y un promedio de compra semanal de 14 bolsas de asa y 16 bolsas rectangulares.

Los materiales evaluados fueron: (1) Bolsa de un solo uso, de polietileno de alta densidad (PEAD), (2) bolsa de un solo uso, de polietileno de baja densidad (PEBD), (3) bolsa de un solo uso de PEAD con aditivo oxo-degradable, (4) bolsa de un solo uso de PEBD, con aditivo oxo-degradable, y (5) bolsa reutilizable de polipropileno no tejido, conocida como “bolsa verde”.

Asimismo, las categorías de impacto se seleccionaron en función de los temas prioritarios en la agenda ambiental nacional, así como las categorías de impacto comunes a los estudios internacionales de ACV para bolsas, las cuales fueron agotamiento de la capa de ozono, agotamiento de recursos abióticos, acidificación, cambio climático, ecotoxicidad acuática y eutrofización.

9 Los materiales evaluados fueron: (1) Bolsa de un solo uso, de polietileno de alta densidad (PEAD), (2) bolsa de un solo uso, de polietileno de baja densidad (PEBD), (3) bolsa de un solo uso de PEAD con aditivo oxo-degradable, (4) bolsa de un solo uso de PEBD, con aditivo oxo-degradable, y (5) bolsa reutilizable de polipropileno no tejido, conocida como “bolsa verde”.

10 Alcantara, 2009. Alcántara, Liliana. Entrevista realizada a Sandra Herrera Flores, subsecretaria de Fomento y Normatividad de la Semarnat, y publicada en el diario El Universal el 16 de febrero de 2009. Disponible en  http://www.el-universal.com.mx/notas/577104.html

Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados, septiembre de 2011.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica).»

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incrementar los recursos destinados a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de los estados para atender la salud de personas de escasos recursos y carentes de seguridad social

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud federal a incrementar los recursos destinados a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de San Luis Potosí para atender la salud de personas de escasos recursos y que carecen de seguridad social.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 3, 43, 45, numerales 6, inciso f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, se presenta el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. En sesión del 2 de marzo de 2010, la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Salud a incrementar los recursos para la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de San Luis Potosí.

2. En la misma fecha, el punto de acuerdo fue turnado a esta comisión para estudio y dictamen.

II. Consideraciones

Primera. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

La proposición con punto de acuerdo que se dictamina exhorta a la Secretaría de Salud a incrementar los recursos asignados a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de San Luis Potosí.

Segunda. La Beneficencia Pública es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud que tiene la facultad de administrar los bienes y recursos que recibe de la beneficencia pública, por concepto de donaciones, herencias, legados, etcétera. Tiene como misión generar y canalizar recursos a la atención en salud de personas en situación de pobreza carentes de seguridad social.

Tercera. Algunos de los objetivos que tiene la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública son éstos:

• Autorizar recursos a proyectos de coinversión desarrollados por organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro. Por otro lado, deben realizar un control y seguimiento de estos recursos.

• Autorizar ayudas en especie a personas de escasos recursos sin seguridad social.

• Elaborar y publicar convocatorias en apoyo de proyectos en temas de salud.

Pese a contar con estas atribuciones, el mayor beneficio que ofrecen es el que dan a las personas de escasos recursos que no cuentan con seguridad social, permitiéndoles tener acceso a servicios de salud y mejorando así su calidad de vida.

Cuarta. La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública identificó líneas de acción para así realizar su labor de la forma más eficiente:

Filantropía a personas físicas y organizaciones.Con la finalidad de apoyar la prevención, atención y rehabilitación, se asignan de manera eficiente recursos monetarios o materiales. Esto, a través de organizaciones de la sociedad civil o directamente con los beneficiarios.

Fortalecer la inversión en recursos humanos, investigación e infraestructura en salud.Se asignaron recursos con el objetivo de mejorar la calidad de la educación de los profesionales de la salud.

Administración de bienes bajo su tutela. Se busca captar, generar e incrementar los recursos con que cuenta.

Control y transparencia. La finalidad es asegurarse de que los recursos asignados se aplican de acuerdo con los objetivos principales y, por otro lado, trazarse nuevos objetivos.

Como se ve, el principal objetivo de este órgano es beneficiar a la población que no cuenta con recursos suficientes para asegurarse una buena salud y, a su vez, una buena calidad de vida. Debido a la importancia que tiene la labor que se realiza, es necesario que cuenten con más recursos.

Quinta. Los recursos con que cuenta la dependencia están previstos en la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal:

Artículo 39. A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

III. Aplicar a la Asistencia Pública los fondos que le proporcionen la Lotería Nacional y los Pronósticos para la Asistencia Pública; y administrar el patrimonio de la Beneficencia Pública en el Distrito Federal, en los términos de las disposiciones legales aplicables, a fin de apoyar los programas de servicios de salud;

Como se ve, en la ley está considerado que la Beneficencia Pública reciba recursos; pero teniendo en cuenta la gran necesidad existente en el país, es importante que se incrementen los recursos que se asignan a este órgano para que pueda seguir realizando tan loable labor.

Sexta. Esta comisión considera que el trabajo que realiza la Beneficencia Pública es de gran importancia, ya que llega a las personas de escasos recursos que no cuentan con seguridad social, se encarga de que tengan al menos la posibilidad de acceder a servicios de salud. Lo anterior es de suma importancia, ya que contar con acceso a servicios médicos implica un cambio radical en las expectativas de las personas y en las posibilidades de mejorar su calidad de vida.

En mérito de lo expuesto, la comisión dictaminadora se permite someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud federal a incrementar los recursos destinados a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de los estados para atender la salud de personas de escasos recursos y que carecen de seguridad social.

Palacio Legislativo, a 22 de junio de 2011.

La Comisión de Salud, diputados:Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho, Rosalina Mazari Espín, Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo, María del Pilar Torre Canales, secretarios; Felipe Borja Texocotitla, Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales, Leandro Rafael García Bringas (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado, José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea, Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina, Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Oralia López Hernández (rúbrica).»

MALTRATO A NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a elaborar y remitir a esta soberanía un diagnóstico con datos reales y actualizados de la situación de violencia contra menores

Honorable Asamblea:

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 80, numeral VI, 82, numeral 1, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de fecha 29 de abril de 2010, el diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Salud (SS) y a la Procuraduría General de la República (PGR) a fin de identificar a los niños, niñas y adolescentes que vivan alguna situación de maltrato, así como sancionar a los responsables, haciendo cumplir las leyes correspondientes en la materia.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó dicha proposición a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El proponente plantea que en 2001, la Asamblea General pidió al titular de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que realizara un estudio sobre la violencia contra los niños, con frecuencia escondida y a menudo socialmente aprobada en todo el mundo. Dicho estudio fue encomendado al experto Paulo Sergio Pinheiro (Brasil), en colaboración con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Señala que de conformidad con la OMS, el maltrato infantil o la vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que origine un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

Destaca que el estudio publicado por la ONU combina perspectivas de derechos humanos, salud pública y protección de la infancia, y se centra en cinco principales escenarios en que se genera la violencia: el hogar y la familia; la escuela y los centros educativos; las instituciones alternativas de acogida y los centros de detención; los lugares de trabajo y la comunidad.

Continua exponiendo el proponente que el análisis realizado cataloga desde el abuso sexual en el hogar hasta los castigos corporales y humillantes en la escuela; desde el uso de restricciones físicas en los hogares de niños, hasta la brutalidad de los oficiales encargados de hacer cumplir la ley; desde el abuso y la negligencia de las instituciones contra la violencia callejera, en los lugares donde los niños juegan y trabajan, hasta el infanticidio y los llamados “crímenes de honor“.

Asimismo, señala que la Secretaría de Salud elaboró en México un informe nacional sobre violencia y salud en 2008, el cual compila investigaciones anteriores del Unicef, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), del Instituto Federal Electoral y del Sistema Nacional de Información en Salud, y afirma que nuestro país es uno de los más violentos.

Expresa que el maltrato produce daños físicos, emocionales y sociales. A nivel físico, los daños que se pueden ocasionar van desde rasguños, heridas, cortadas, quemaduras,  fracturas y heridas internas, hasta la muerte. La consecuencia inmediata es el dolor pero los daños pueden permanecer mucho más allá de las cicatrices.

Los niños pequeños están más expuestos a sufrir daños neurológicos de largo plazo, incluyendo  irritabilidad, letargia, temblores y vómitos. En el síndrome de sacudimiento, los niños pequeños pueden sufrir desde sordera o ceguera permanente, parálisis, incluso la muerte.

En México existe la Ley de Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Además, el Código Penal Federal establece una serie de sanciones contra quienes maltratan a los menores.  Sin embargo, por ser uno de los grupos más vulnerable en el país, es necesario establecer medidas de prevención y vigilancia para detener las prácticas de maltrato, tanto físicas y psicológicas por parte de padres de familia, profesores, familiares y la comunidad contra los infantes.

Menciona también que en México no se cuenta con un registro nacional adecuado de todos los casos de maltrato infantil que son reportados a las distintas autoridades (salud, educación, protección a la infancia o justicia), además de no conocer si los casos que se reportan en cada uno de esos sectores son los mismo registrados en otros, así como considerar que no todos los casos son reportados, quedando fuera de los registros.

En este sentido  se somete la proposición con punto de acuerdo para quedar como sigue:

“Único. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública, y de Salud, así como al de la PGR a efecto de que:

1. En los centros educativos se incorporen especialistas en salud mental para identificar a los niños y a los adolescentes que vivían en situación de maltrato, ya sea físico o psicológico, por profesores o familiares, a fin de brindarles la atención necesaria y evitar consecuencias emocionales de largo plazo.

2. En las comunidades rurales del país se implante el servicio social comunitario con psicólogos, con el objetivo de realizar campañas que permitan un acercamiento a la problemática que viven los niños y los adolescentes, los familiares y la comunidad, quienes recibirán la atención necesaria en caso de observar alguna situación de maltrato.

3. Elaborar un diagnóstico que nos permita obtener datos reales y actualizados de la situación de violencia contra los menores; asimismo, que sea una herramienta para identificar situaciones de explotación, violación, abuso, homicidio, sancionando a los culpables y haciendo cumplir lo establecido en las leyes de protección de los menores en el Código Penal Federal.”

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora considera de suma importancia el establecer mecanismos para salvaguardar los derechos de la infancia, sin embargo, es pertinente hacer las siguientes observaciones:

1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en los artículos 38 y 39, se determinan las funciones de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Salud, respectivamente, y se transcriben a continuación textualmente los artículos mencionados para su pronta referencia:

“Artículo 38. A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas;

a) La enseñanza preescolar, primaria, secundaria y normal, urbana, semiurbana y rural.

b) La enseñanza que se imparta en las escuelas, a que se refiere la fracción XII del artículo 123 constitucional.

c) La enseñanza técnica, industrial, comercial y de artes y oficios, incluida la educación que se imparta a los adultos.

d) La enseñanza agrícola, con la cooperación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

e) La enseñanza superior y profesional.

f) La enseñanza deportiva y militar, y la cultura física en general;

II. Organizar y desarrollar la educación artística que se imparta en las escuelas e institutos oficiales, incorporados o reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes y de las artes populares;

III. Crear y mantener las escuelas oficiales en el Distrito Federal, excluidas las que dependen de otras dependencias;

IV. Crear y mantener, en su caso, escuelas de todas clases que funcionen en la república, dependientes de la federación, exceptuadas las que por la Ley estén adscritas a otras dependencias del gobierno federal;

V. Vigilar que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la educación preescolar, primaria, secundaria, técnica y normal, establecidas en la Constitución y prescribir las normas a que debe ajustarse la incorporación de las escuelas particulares al sistema educativo nacional;

VI. Ejercer la supervisión y vigilancia que proceda en los planteles que impartan educación en la República, conforme a lo prescrito por el artículo 3o. constitucional;

VII. Organizar, administrar y enriquecer sistemáticamente las bibliotecas generales o especializadas que sostenga la propia Secretaría o que formen parte de sus dependencias;

VIII. Promover la creación de institutos de investigación científica y técnica, y el establecimiento de laboratorios, observatorios, planetarios y demás centros que requiera el desarrollo de la educación primaria, secundaria, normal, técnica y superior; orientar, en coordinación con las dependencias competentes del gobierno federal y con las entidades públicas y privadas el desarrollo de la investigación científica y tecnológica;

IX. Patrocinar la realización de congresos, asambleas y reuniones, eventos, competencias y concursos de carácter científico, técnico, cultural, educativo y artístico;

X. Fomentar las relaciones de orden cultural con los países extranjeros, con la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores;

XI. Mantener al corriente el escalafón del magisterio y el seguro del maestro, y crear un sistema de compensaciones y estímulos para el profesorado; atendiendo a las directrices que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el sistema general de administración y desarrollo de personal;

XII. Organizar, controlar y mantener al corriente el registro de la propiedad literaria y artística;

XIII. Otorgar becas para que los estudiantes de nacionalidad mexicana puedan realizar investigaciones o completar ciclos de estudios en el extranjero;

XIV. Estimular el desarrollo del teatro en el país y organizar concursos para autores, actores y escenógrafos y en general promover su mejoramiento;

XV. Revalidar estudios y títulos, y conceder autorización para el ejercicio de las capacidades que acrediten;

XVI. Vigilar, con auxilio de las asociaciones de profesionistas, el correcto ejercicio de las profesiones;

XVII. Organizar misiones culturales;

XVIII. Formular el catálogo del patrimonio histórico nacional;

XIX. Formular y manejar el catálogo de los monumentos nacionales;

XX. Organizar, sostener y administrar museos históricos, arqueológicos y artísticos, pinacotecas y galerías, a efecto de cuidar la integridad, mantenimiento y conservación de tesoros históricos y artísticos del patrimonio cultural del país;

XXI. Conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la Nación, atendiendo las disposiciones legales en la materia;

XXII. Organizar exposiciones artísticas, ferias, certámenes, concursos, audiciones, representaciones teatrales y exhibiciones cinematográficas de interés cultural;

XXIII. Determinar y organizar la participación oficial del país en competencias deportivas internacionales, organizar desfiles atléticos y todo género de eventos deportivos, cuando no corresponda hacerlo expresamente a otra dependencia del gobierno federal;

XXIV. Cooperar en las tareas que desempeñe la Confederación Deportiva y mantener la Escuela de Educación Física;

XXV. Formular normas y programas, y ejecutar acciones para promover la educación física, el deporte para todos, el deporte estudiantil y el deporte selectivo; promover y en su caso, organizar la formación y capacitación de instructores, entrenadores, profesores y licenciados en especialidades de cultura física y deporte; fomentar los estudios de posgrado y la investigación de las ciencias del deporte; así como la creación de esquemas de financiamiento al deporte con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades de la administración pública federal;

XXVI. (Se deroga).

XXVII. Organizar, promover y supervisar programas de capacitación y adiestramiento en coordinación con las dependencias del gobierno federal, los gobiernos de los estados y de los municipios, las entidades públicas y privadas, así como los fideicomisos creados con tal propósito. A este fin organizará, igualmente, sistemas de orientación vocacional de enseñanza abierta y de acreditación de estudios;

XXVIII. Orientar las actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas que realice el sector público federal;

XXIX. Establecer los criterios educativos y culturales en la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la industria editorial;

XXX. Organizar y promover acciones tendentes al pleno desarrollo de la juventud y a su incorporación a las tareas nacionales, estableciendo para ello sistemas de servicio social, centro de estudio, programas de recreación y de atención a los problemas de los jóvenes. Crear y organizar a este fin sistemas de enseñanza especial para niños, adolescentes y jóvenes que lo requieran, y

XXX Bis. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y de la industria editorial, con apego a lo dispuesto por el artículo 3o. constitucional cuando se trate de cuestiones educativas; dirigir y coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo federal, con exclusión de las que dependan de otras secretarías de Estado y departamentos administrativos; y

XXXI. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.”

“Artículo 39. A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente; y coordinar los programas de servicios a la salud de la administración pública federal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen.

II. Crear y administrar establecimientos de salubridad, de asistencia pública y de terapia social en cualquier lugar del territorio nacional y organizar la asistencia pública en el Distrito Federal;

III. Aplicar a la asistencia pública los fondos que le proporcionen la Lotería Nacional y los Pronósticos para la Asistencia Pública; y administrar el patrimonio de la beneficencia pública en el Distrito Federal, en los términos de las disposiciones legales aplicables, a fin de apoyar los programas de servicios de salud;

IV. Organizar y vigilar las instituciones de beneficencia privada, en los términos de las leyes relativas, e integrar sus patronatos, respetando la voluntad de los fundadores;

V. Administrar los bienes y fondos que el gobierno federal destine para la atención de los servicios de asistencia pública;

VI. Planear, normar, coordinar y evaluar el sistema nacional de salud y proveer a la adecuada participación de las dependencias y entidades públicas que presten servicios de salud, a fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud. Asimismo, propiciará y coordinará la participación de los sectores social y privado en dicho sistema nacional de salud y determinará las políticas y acciones de inducción y concertación correspondientes;

VII. Planear, normar y controlar los servicios de atención médica, salud pública, asistencia social y regulación sanitaria que correspondan al sistema nacional de salud;

VIII. Dictar las normas técnicas a que quedará sujeta la prestación de servicios de salud en las materias de salubridad general, incluyendo las de asistencia social, por parte de los sectores público, social y privado, y verificar su cumplimiento;

IX. Organizar y administrar servicios sanitarios generales en toda la república;

X. Dirigir la policía sanitaria general de la república, con excepción de la agropecuaria, salvo cuando se trate de preservar la salud humana;

XI. Dirigir la policía sanitaria especial en los puertos, costas y fronteras, con excepción de la agropecuaria, salvo cuando afecte o pueda afectar a la salud humana;

XII. Realizar el control higiénico e inspección sobre preparación, posesión, uso, suministro, importación, exportación y circulación de comestibles y bebidas;

XIII. Realizar el control de la preparación, aplicación, importación y exportación de productos biológicos, excepción hecha de los de uso veterinario;

XIV. Regular la higiene veterinaria exclusivamente en lo que se relaciona con los alimentos que puedan afectar a la salud humana;

XV. Ejecutar el control sobre preparación, posesión, uso, suministro, importación, exportación y distribución de drogas y productos medicinales, a excepción de los de uso veterinario que no estén comprendidos en la Convención de Ginebra;

XVI. Estudiar, adaptar y poner en vigor las medidas necesarias para luchar contra las enfermedades transmisibles, contra las plagas sociales que afecten la salud, contra el alcoholismo y las toxicomanías y otros vicios sociales, y contra la mendicidad;

XVII. Poner en práctica las medidas tendientes a conservar la salud y la vida de los trabajadores del campo y de la ciudad y la higiene industrial, con excepción de lo que se relaciona con la previsión social en el trabajo;

XVIII. Administrar y controlar las escuelas, institutos y servicios de higiene establecidos por la federación en toda la república, exceptuando aquellos que se relacionan exclusivamente con la sanidad animal;

XIX. Organizar congresos sanitarios y asistenciales;

XX. Prestar los servicios de su competencia, directamente o en coordinación con los gobiernos de los estados y del Distrito Federal;

XXI. Actuar como autoridad sanitaria, ejercer las facultades en materia de salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo federal, vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables y ejercer la acción extraordinaria en materia de salubridad general;

XXII. Establecer las normas que deben orientar los servicios de asistencia social que presten las dependencias y entidades federales y proveer a su cumplimiento;

XXIII. Establecer y ejecutar con la participación que corresponda a otras dependencias asistenciales, públicas y privadas, planes y programas para la asistencia, prevención, atención y tratamiento a los discapacitados; y

XXIV. Las demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.”

De las disposiciones normativas anteriores se desprende que las dependencias a exhortar en relación con la proposición con punto de acuerdo, tienen distintas facultades por lo cual no puede realizarse un exhorto conjunto y, por otra parte, no es aplicable los puntos 1, 2 y 3 del exhorto en virtud de que no son ámbito de la esfera de competencia de la Secretaría de Salud.

2. En cuanto a lo relativo con la prestación del servicio social comunitario con psicólogos, propuesto en el punto 2 del exhorto, con el objetivo de realizar campañas que permitan un acercamiento a la problemática que viven los niños y los adolescentes, los familiares y la comunidad, para recibir la atención necesaria en caso de observar alguna situación de maltrato, es importante señalar que la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, dispone que las disposiciones contenidas en el ordenamiento legal rijan para el Distrito Federal en asuntos del orden común y en toda la república en asuntos del orden federal. Asimismo, esta ley en, el artículo 59, dispone que cuando el servicio social absorba totalmente las actividades del estudiante o profesionista, deberá tener una remuneración suficiente para satisfacer decorosamente sus necesidades.

3. Para mayor referencia, se transcriben textualmente los artículos antes referidos de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativos al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal:

“Artículo 7o. Las disposiciones de esta ley regirán en el Distrito Federal en asuntos de orden común, y en toda la república en asuntos de orden federal.”

“Artículo 53. Se entiende por servicio social el trabajo de carácter temporal y mediante retribución que ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado.”

“Artículo 59. Cuando el servicio social absorba totalmente las actividades del estudiante o del profesionista, la remuneración respectiva deberá ser suficiente para satisfacer decorosamente sus necesidades.”

4. De lo antes señalado,  la comisión dictaminadora considera que la intención del proponente requeriría de la disposición de recursos económicos para el fin propuesto a efecto del pago de prestadores de servicio social, así como para el pago de los especialistas que propone establecer en los términos del punto número 1 del exhorto, por lo que se requiere realizar un impacto presupuestal que en este momento no se encuentra contemplado.

Sin embargo, la comisión coincide con el proponente sobre la necesidad de tener referencias claras de la situación que se presenta en nuestro país sobre el maltrato infantil, ya que actualmente no se cuenta con datos pertinentes y veraces emitidos por una dependencia de gobierno.

Por las razones expuestas, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de las dependencias correspondientes remita a esta soberanía un diagnóstico sobre la situación de violencia y maltrato contra las niñas, niños y adolescentes en el país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de agosto de 2011.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), presidenta; Delia Guerrero Coronado, Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Daniela Nadal Riquelme (rúbrica), María Joann Novoa Mossberger (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Carlos Bello Otero (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Hilda Ceballos Llerenas (rúbrica), Olga Luz Espinosa Morales, Laura Felícitas García Dávila (rúbrica), Luis García Silva (rúbrica), Diana Patricia González Soto (rúbrica), Inocencio Ibarra Piña (rúbrica), Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbrica), Margarita Liborio Arrazola, Rosalina Mazari Espín, Nely Edith Miranda Herrera, Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), María Isabel Pérez Santos (rúbrica), Caritina Sáenz Vargas (rúbrica), Laura Margarita Suárez González, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica).»

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Congreso de Baja California a reformar las disposiciones de su Código Penal que contravienen principios fundamentales de igualdad, no discriminación y equidad previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género de la LXI Legislatura le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Baja California a reformar las disposiciones de su Código Penal que contravienen principios fundamentales de igualdad, no discriminación y equidad previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 84, 85, 86, 157, 162, y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 9 de noviembre de 2010, el diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Baja California a reformar las disposiciones de su Código Penal que contravienen principios fundamentales de igualdad, no discriminación y equidad previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite a la proposición de referencia, turnándola a la Comisión de Equidad y Género para su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

En la justificación de la proposición, el legislador señala que según resultados de la Encuesta  Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006, en Baja California, de cada 100 mujeres de 15 años y más, 62 han padecido algún incidente de violencia ya sea por parte de su pareja o de otras personas en los espacios comunitario, laboral, familiar, patrimonial o escolar.

Sostiene el iniciante que, de acuerdo con la misma encuesta, “34.6% de las mujeres declararon haber tenido incidentes de violencia a lo largo de la relación con su última pareja y las mujeres alguna vez unidas (divorciadas, separadas y viudas) presentan niveles más altos de violencia que los reportados por casadas o unidas y solteras.”

Destaca el legislador que en las muertes por violencia, el homicidio ocupa el primer lugar como causa de muerte y en segundo lugar se encuentra el suicidio y que en 2008, Baja California ocupó el segundo lugar nacional en la tasa de homicidios de mujeres con 5.4 muertes por cada 100 mil mujeres.

El promovente menciona que la frecuencia de los homicidios y suicidios presentan una tendencia a la alza, ya que entre 1990 y 2008 la tasa de homicidios de mujeres ascendió de 3.8 a 5.4 muertes por cada 100 mil mujeres.

De lo expuesto señala que se desprende que en esa entidad federativa, se realizan conductas que corresponden a los diferentes tipos de violencia que se ejerce en contra de las mujeres: física, psicológica, sexual, económica y social a que se refiere el artículo 6º de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El autor de la proposición menciona que a pesar que estas conductas atentan contra la dignidad humana y la libertad de las mujeres, en el artículo 154 del Código Penal de Baja California se tipifica el homicidio y las lesiones por infidelidad conyugal y en el artículo 182 el delito de estupro, para el cual se establece que la menor de 18 años con que se realice cópula deberá ser casta y honesta, aun cuando se haya obtenido su consentimiento por medio de la seducción o el engaño.

Enfatiza el legislador que la descripción típica de esos delitos contraviene algunos principios fundamentales como la igualdad, la no discriminación y la equidad que se prevén en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano y en leyes como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Que, en razón de lo anterior, dicho autor propone la aprobación del siguiente resolutivo:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Baja California a reformr las disposiciones de su Código Penal que contravienen principios fundamentales como la igualdad, la no discriminación y la equidad que se prevén en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente los que se establecen en los artículos 154 relativo a los delitos de homicidios o lesiones por infidelidad conyugal y 182 que regula el delito de estupro, por tratarse de descripciones típicas que atentan contra la dignidad y los derechos humanos de las mujeres.

Consideraciones

La comisión dictaminadora expone las siguientes valoraciones de la proposición:

Primera. Diversos instrumentos internacionales establecen los derechos de igualdad y no discriminación aplicables a las mujeres tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos que señala en su artículo 7 que todos son iguales ante la ley y que tienen derecho a igual protección contra toda discriminación.

Por su parte, la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece en el artículo 24 que todas las personas son iguales ante la ley y, en consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley, de igual forma el artículo 3o. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece el mismo principio.

Al respecto, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belem do Para”, ratificada por nuestro país el 12 de noviembre de 1998, establece en su artículo 4º que toda mujer tiene derecho al ejercicio y protección de todos los derechos humanos, entre ellos, el derecho a que se respete su vida y el derecho a que se respete su integridad, física, psíquica y moral.

Por otro lado, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer ratificada por nuestro país el 23 de marzo de 1981, obliga a los Estados parte a adoptar medidas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer.

Segunda. De lo expuesto, esta comisión dictaminadora advierte el derecho de las mujeres a la igualdad ante la ley y a la protección de sus derechos, y reconoce la obligación internacional del Estado mexicano de eliminar la discriminación contra la mujer, así como derogar leyes que la constituyan.

En este tenor, esta comisión dictaminadora concuerda con el diputado promovente al señalar que la igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo.

Al respecto, el artículo 4o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece “la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer y la no discriminación” como principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia, que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales.

Tercera. De acuerdo con el artículo 1o. de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, vinculante para México, la “discriminación contra la mujer” denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

De lo anterior, se colige que la discriminación de género y la violencia contra las mujeres constituyen obstáculos para alcanzar el principio universal de igualdad de derechos de hombres y mujeres y que para eliminarlos en el ámbito legislativo, se requiere un análisis de las normas jurídicas que mantienen desigualdades por razón de género.

Cuarta. En este sentido, en el Código Penal de Baja California aún se regula en su artículo 154 el “homicidio por infidelidad conyugal” para el cual se establece una pena de 3 a 8 años de prisión, la cual es menor que la prevista para el homicidio simple que tiene una penalidad de 8 a 15 años de prisión.

De igual forma en dicho precepto se establece una pena de prisión menor para quien infiera lesiones por infidelidad conyugal, en cuyo supuesto la pena se  reduce a la mitad de la sanción que corresponda al tipo de lesiones inferidas.

También el código punitivo estatal prevé un tipo penal que atenta contra el principio de igualdad con respecto a las garantías que la Constitución Federal otorga y es el relativo al delito de estupro, para el cual se establece que la menor de 18 años con la que se realice cópula deberá ser casta y honesta, aún cuando se haya obtenido su consentimiento por medio de la seducción o el engaño.

Este delito previsto en el artículo 182 del Código Penal estatal constituye un acto de discriminación para la víctima, al tratarse de una norma que establece un trato diferenciado no razonable o desproporcionado entre las personas, como sería la discriminación por género, prohibida expresamente en el párrafo tercero del artículo 1o. de nuestra Carta Magna. Más aún se atenta contra los derechos humanos de las mujeres al fomentar ese código sustantivo el matrimonio forzado de menores al extinguir la acción penal cuando el victimario contrae matrimonio con la menor de 18 años.

En consecuencia, de los artículos descritos se desprende que la violencia sexual contra las mujeres se sanciona como un delito contra el honor y no propiamente como una violación al derecho de las mujeres a su integridad corporal o bien, se permite la reducción de la pena cuando el victimario contrae nupcias con la víctima menor de edad.

Quinta. Derivado del análisis de los artículos 154 y 182 del Código Penal del Estado de Baja California se desprende que continúan vigentes normas penales que protegen la dominación masculina dentro de la familia en perjuicio de la seguridad de mujeres y niñas.

Es así, que se reconoce que aún cuando en el Estado de Baja California se han emprendido diversas acciones como propuestas de reformas legales, creación de instituciones, programas, y sensibilización de funcionarios públicos, las mujeres siguen sufriendo discriminación por razón de género.

Por lo anterior, las diputadas y diputados de esta Comisión dictaminadora coinciden con el promovemente al señalar que “la violencia contra las mujeres y la discriminación de género constituyen obstáculos para alcanzar el principio universal de igualdad de derechos de hombres y mujeres, el cual encuentra su fundamento en los artículos 1º y 4º de nuestra Carta Magna y en diversos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará)”.

Esta comisión dictaminadora está convencida que las desi-gualdades entre los hombres y las mujeres no sólo se han perpetuado por cuestiones culturales sino también institucionales, por ello resulta procedente exhortar al Congreso del Estado de Baja California reforme su legislación penal, a efecto de garantizar que el derecho no sea un instrumento para acentuar las desigualdades entre los hombres y las mujeres por razones de género.

En términos del artículo 2o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las entidades federativas, entre ellas Baja California, tienen el deber de expedir las normas legales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.

De conformidad con el artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, México como Estado Parte está obligado a abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación, así como adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer.

Por contravenir el principio universal de igualdad de derechos de hombres y mujeres y por tratarse de conductas discriminatorias que atentan contra la dignidad humana y los derechos de las mujeres, esta Comisión dictaminadora estima viable exhortar respetuosamente al Congreso del estado de Baja California para que reforme las disposiciones del Código Penal del Estado que resultan violatorias de los derechos humanos de las mujeres.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género nos permitimos someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Baja California reforme las disposiciones de su Código Penal que contravienen principios fundamentales como la igualdad, la no discriminación y la equidad que se prevén en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente los que se establecen en los artículos 154, relativo a los delitos de homicidios o lesiones por infidelidad conyugal, y 182, que regula el delito de estupro, por tratarse de descripciones típicas que atentan contra la dignidad y los derechos humanos de las mujeres.

Notas:

1 Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Mujer. Datos de Baja California. Comunicado de 8 de marzo de 2010. Inegi.

2 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III) de 10 de diciembre de 1948.

La Comisión de Equidad y Género, diputadas y diputados:Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), presidenta; Ana Estela Duran Rico (rúbrica), Elvia Hernández García, Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbrica), Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica), Tomasa Vives Preciado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera, secretarias; Fidel Kuri Grajales, secretario; Laura Arizmendi Campos (rúbrica), Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Margarita Gallegos Soto, Laura Felícitas García Dávila, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Marcela Guerra Castillo (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Juan Carlos Natale López (rúbrica), María Elena Pérez de Tejada Romero (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Adela Robles Morales (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica),  Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica).»

ATENCION Y SEGUIMIENTO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DEL NARCOTRAFICO

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo para que el titular del Poder Ejecutivo federal instaure en el ámbito de su competencia acciones y medidas tendentes a implantar un programa integral de apoyo, atención y seguimiento de niños y de adolescentes víctimas del narcotráfico

Honorable Asamblea:

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 82, numeral 1, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 15 de diciembre de 2010, la diputada Yolanda del Carmen Montalvo López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la PGR, a la Secretaría de Salud y al DIF a fin de que implanten un programa integral de apoyo, atención y seguimiento para niños y adolescentes víctimas del narcotráfico.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha Proposición a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido del punto de acuerdo

La proponente considera que la Carta Magna en su artículo 4o., párrafos sexto y octavo se funda la obligación que tiene el Estado para garantizar la procuración y el cumplimiento de los derechos de las niñas y niños mexicanos. También hace alusión que desde 1990, México, promovió la realización de la cumbre mundial en favor de la infancia, para temas relacionados con problemas de la niñez.

De igual manera, señala que en la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 19, establece: “los países miembros tomarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas encaminadas para proteger al niño ante la violencia física o mental, en especial del abuso sexual, mientras se encuentre bajo la custodia y el cuidado de sus padres, de un representante legal”.

Argumenta que en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el artículo 7, párrafo primero, señala la atribución de las autoridades o instancias federales, del Distrito Federal, estatales y municipales, la necesidad de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos; aunado a esto, en el mismo artículo, refiere que el gobierno federal impulsará la adopción de un Programa Nacional para la Atención de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, en el que se incluirá la participación de los estados, municipios, el sector privado y social, con el fin de crear políticas y estrategias que contribuyan al cumplimiento de la presente ley y garantice el mejoramiento de la condición social.

Dentro de la citada ley en su artículo 19, resume el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes a vivir en condiciones propias para su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, moral y social; asimismo, señala que en el artículo 50 se establece que el gobierno federal impulsará convenios de coordinación con los gobiernos del Distrito Federal, estados y municipios, con el objetivo de realizar acciones conjuntas para la procuración, protección y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La proponente, hace alusión histórica de la creación por decreto presidencial de 1977 del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y es a partir de ese momento que la institución es el organismo público encargado de instrumentar, aplicar y dar dimensión a las políticas públicas en el ámbito de la asistencia social.

Señala que de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en su artículo 6, numeral X, determina que: “Son atribuciones indelegables del Procurador General de la República, celebrar acuerdos, bases de colaboración, convenios y demás instrumentos jurídicos con autoridades federales y con los gobiernos del Distrito Federal, de los estados integrantes de la federación y municipios, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, así como con organizaciones de los sectores social y privado.”

Concluye diciendo que la violencia contra los niños y niñas ocasionado por el narcotráfico ha ocasionado orfandad, abandono o tratamiento negligente de niños y adolescentes y se ha afectado la salud física y mental; para después devenir en probables explotaciones y abuso sexual, o bien,  perjudica su habilidad para aprender y socializar; repercutiendo en su vida adulta.

Por lo anterior, la diputada Montalvo, hizo la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, instruya a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a efecto de que instrumenten las acciones y medidas necesarias tendentes a implantar un programa integral de apoyo, atención y seguimiento a las niñas, niños y adolescentes víctimas del narcotráfico.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos del Distrito Federal, estados y municipios, para que en el ámbito de sus atribuciones, y una vez implantado dicho programa, instrumenten las políticas y estrategias necesarias que contribuyan a su cumplimiento, y garanticen el mejoramiento de la condición social de niñas, niños y adolescentes.

Consideraciones

I. El narcotráfico es considerado como un problema que afecta la seguridad nacional y esta actividad ilícita tiene una relación muy amplia entre otros delitos: tráfico de personas, tráfico de armas, lavado de dinero, corrupción, entre otras.

II. Existe un gran esfuerzo del gobierno por hacer frente a este conflicto desde varias instancias, entre ellos los programas sociales orientados a la prevención del consumo, en escuelas, la vigilancia de los espacios en los que se ubica la población de riesgo, como niños y jóvenes, así como una lucha frontal para la identificación de las formas de operar.

Citando algunos ejemplos, se da cuenta que:

La Procuraduría General de la República tiene un Programa Nacional para el Control de Drogas, cuyo objetivo es el de prevenir y abatir el consumo y combatir la producción, procesamiento tráfico y comercialización de drogas.

La Secretaría de Salud cuenta con Programas especiales para  la prevención de las adicciones como los Centros de Nueva Vida.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia al tener como función la promoción del desarrollo sano e integral de la niñez mexicana también ha establecido programas de apoyo a niños y adolescentes.

III. Sin embargo, a pesar de las acciones mencionadas, esta Comisión considera que no existe un programa integral de apoyo, atención y seguimiento para niños y adolescentes víctimas del narcotráfico.

Por lo anterior, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables coincide con la propuesta de la diputada Montalvo López respecto de instrumentar políticas públicas a fin de dar atención y seguimiento a las niñas y los niños que de alguna forma han sido víctimas del narcotráfico desde un esfuerzo integral de las diferentes dependencias del gobierno de la República.

Por lo que la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, resuelve:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, instrumente las acciones y medidas necesarias tendentes a implantar un programa integral de apoyo, atención y seguimiento a las niñas, niños y adolescentes víctimas del narcotráfico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de agosto de 2011.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), presidenta; Delia Guerrero Coronado, Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Daniela Nadal Riquelme (rúbrica), María Joann Novoa Mossberger (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Carlos Bello Otero (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Hilda Ceballos Lleneras (rúbrica), Luz Espinosa Morales, Laura Felícitas García Dávila (rúbrica), Luis García Silva (rúbrica), Diana Patricia González Soto (rúbrica), Inocencio Ibarra Piña (rúbrica), Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbrica), Margarita Liborio Arrazola, Rosalina Mazari Espín, Nely Edith Miranda Herrera, Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), María Isabel Pérez Santos (rúbrica), Caritina Sáenz Vargas (rúbrica), Laura Margarita Suárez González, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica).»

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y DE PERSPECTIVA DE GENERO

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas, así como a las autoridades correspondientes del Distrito Federal y de los municipios, a capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres y de perspectiva de género

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas y a las autoridades correspondientes del Distrito Federal a capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres y de perspectiva de género.

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 84, 85, 86, 157, 162, y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 28 de octubre de 2010, la diputada Gallegos Camarena Lucila del Carmen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas y a las autoridades correspondientes del Distrito Federal a capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres y de perspectiva de género.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

Expone la diputada proponente que la perspectiva de género es un enfoque analítico y metodológico que tiene como fundamento la teoría de género y responde a la necesidad de abordar de manera integral, histórica y dialéctica, la sexualidad humana, así como sus implicaciones económicas, políticas, psicológicas y culturales en la organización social.

Tal enfoque, aduce, visualiza a hombres y mujeres en tanto sujetos históricos, construidos socialmente, producto de una organización social determinada; ofrece una explicación integral de cómo se desarrollan las relaciones de producción y reproducción, al igual que sus implicaciones en las personas de uno y otro sexo.

La aplicación de la perspectiva de género, para el análisis de la sociedad y la promoción y respeto de los principios de equidad e igualdad, está estrechamente vinculada con la idea de construir una democracia más integral y progresista.

En abundancia, destacan en el ámbito internacional las conferencias mundiales sobre la Mujer (México, 1975; Copenhague, 1980; Nairobi, 1985; y Pekín, 1995), y sus respectivos planes de acción, han marcado objetivos y estándares para la igualdad, la equidad de género y el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, pasando de una concepción relacionada con la igualdad de oportunidades, a la perspectiva de la transversalización de género.

Otro instrumento internacional que dispone la transversalización de la perspectiva de género en todos los planes, acciones y programas de los estados es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual enuncia, en forma jurídicamente vinculante, los principios aceptados internacionalmente sobre los derechos de la mujer, bajo una premisa básica de prohibir todas las formas de discriminación contra la mujer.

Entre las obligaciones que emanan de la CEDAW, afirma, se encuentran las establecidas en sus artículos 2 y 3, que a la letra versan:

Los estados parte condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.

Los estados parte tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Para la proponente, los compromisos adquiridos internacionalmente no sólo vinculan al gobierno federal, obligan también a los Poderes Legislativo y Judicial en los tres niveles de gobierno, es decir, los tres poderes de la federación, estados y municipios deben observar estas disposiciones.

Lamenta que, aun cuando nuestro país forma parte de la CEDAW y ha participado y sido sede de las conferencias antes citadas, México aún enfrenta limitaciones para la aplicación de la legislación internacional y los planes de acción derivados de las conferencias, que permitan el reconocimiento y ejercicio de la ciudadanía de las mujeres; entre ellos, destacan los contenidos legislativos que impiden el reconocimiento de iguales derechos para las mujeres o mantienen diversas formas de exclusión o discriminación.

Estas limitaciones han sido del conocimiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, mecanismo de seguimiento al cumplimiento de la CEDAW, con motivo del análisis del sexto informe periódico de México, quien emitió sus observaciones finales, entre las que destacan las siguientes:

8. El Comité observa con preocupación que no haya una armonización sistemática de la legislación y de otras normas federales, estatales y municipales con la convención, lo cual tiene como consecuencia la persistencia de leyes discriminatorias en varios estados y dificulta la aplicación efectiva de la convención. El comité lamenta las escasas explicaciones proporcionadas sobre los mecanismos existentes para que los estados cumplan las leyes federales y los tratados internacionales de derechos humanos en que México es parte, así como sobre las medidas que se toman cuando los estados y municipios no adoptan las reformas legislativas necesarias para garantizar su cumplimiento.

9. El comité insta al estado parte a que conceda una alta prioridad a la armonización de las leyes y las normas federales, estatales y municipales con la convención, en particular mediante la revisión de las disposiciones discriminatorias vigentes, con el fin de garantizar que toda la legislación se adecue plenamente al artículo 2 y a otras disposiciones pertinentes de la convención. El comité insta al estado parte a que ponga en marcha un mecanismo eficaz para asegurar y supervisar este proceso de armonización.

Recomienda que el estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones generales del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el Poder Judicial y los abogados a nivel federal, estatal y municipal.

En tanto, precisa, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, elaboró un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México en el cual se identificaron los escollos existentes en materia de los derechos humanos de las mujeres y a partir de esta identificación se formularon propuestas que tienen en cuenta las recomendaciones emitidas por los comités de seguimiento de la CEDAW y de los pactos de derechos humanos, así como las que surgen de las conferencias internacionales de población y de la mujer, entre éstas se encuentran las siguientes:

1. Promover la incorporación de las prescripciones de las convenciones internacionales (CEDAW y Belém do Pará) en la legislación nacional y estatal y su debido cumplimiento.

2. Incorporar la perspectiva de género en las políticas, los programas, los presupuestos y la gestión de instituciones públicas, en todos los niveles de gobierno y en los tres poderes del Estado mexicano.

4. Promover la eliminación de estereotipos de género y realizar campañas de sensibilización e información.

7. Adoptar todas las medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de sus derechos económicos, sociales y culturales.

8. Asegurar a las mujeres igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación.

9. Eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país.

10. Promover la igualdad de derechos de hombres y mujeres en la vida de las familias.

Por ello, la promovente señala que la proposición tiene como uno de sus objetivos primordiales impulsar la transversalización de la perspectiva de género en todas las acciones, programas y legislación de los 31 estados que conforman el territorio nacional y del Distrito Federal, para lo cual resulta indispensable que los encargados de su diseño cuenten con los elementos conceptuales necesarios, razón por la que la capacitación de los servidores públicos es otro elemento de esta proposición.

En consecuencia, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas y a las autoridades correspondientes del Distrito Federal a capacitar a sus servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres y de perspectiva de género y a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, incorporen estos temas en su trabajo cotidiano.

Consideraciones

Primera. Esta comisión dictaminadora comparte la preocupación central de la proponente cuando señala que la capacitación de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y de los tres Poderes de la Unión es una tarea imprescindible para la protección de los derechos humanos de las mujeres, previstos en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano. De igual manera, es de llamar la atención que en dicha capacitación se incluyan las garantías establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese tenor, para esta comisión dictaminadora resulta relevante examinar que disponen, en materia de capacitación las leyes de orden federal vigentes, ello con el fin de contrastarlas con la propuesta de la diputada proponente.

Segunda. La Ley General de Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia establece que el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (artículo 38) contendrá las acciones con perspectiva de género para no solamente impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las mujeres, sino para educar y capacitar en materia de derechos humanos al personal encargado de la procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres. Asimismo, para educar y capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres al personal encargado de la impartición de justicia, a fin de dotarles de instrumentos que les permita juzgar con perspectiva de género.

En el mismo sentido, el artículo 44 establece que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública capacitar al personal de las diferentes instancias policiales para atender los casos de violencia contra las mujeres.

Por su parte, el artículo 45 de la citada ley estipula que corresponde a la Secretaría de Educación Pública definir en las políticas educativas los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres y el respeto pleno a los derechos humanos, así como capacitar al personal docente en derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Igualmente, el artículo 46 dispone que a la Secretaría de Salud le corresponde crear programas de capacitación para el personal del sector salud, respecto de la violencia contra las mujeres y se garanticen la atención a las víctimas y la aplicación de las normas oficiales mexicanas vigentes en la materia, y c apacitar al personal del sector salud, con la finalidad de que detecten la violencia contra las mujeres;

En tanto, la Ley General de Acceso dispone que a las entidades federativas y al Distrito Federal les concierna la promoción, en coordinación con la federación, programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las mujeres y de la no violencia, de acuerdo con el Programa Integral.

Por último, el artículo 50 precisa que a los municipios les corresponde, de conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia y acorde con la perspectiva de género, promover, en coordinación con las entidades federativas, cursos de capacitación a las personas que atienden a víctimas, entre otras tareas.

Tercera. En tanto, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres contempla en su artículo 25 que a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres le corresponderá apoyar la coordinación entre las instituciones de la administración pública federal para formar y capacitar a su personal en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

La misma ley dispone en los artículos 39 y 40, que la política nacional orientada a promover y procurar la igualdad en la vida civil de mujeres y hombres tendrá como objetivos evaluar la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, promover los derechos específicos de las mujeres como derechos humanos universales, y erradicar las distintas modalidades de violencia de género, por lo que, entre otras acciones, las autoridades correspondientes impulsarán la capacitación del personal encargado de la procuración y administración de justicia en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Cuarta. Por lo que toca a la capacitación en materia de no discriminación, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, establece en el artículo 14 que los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para la población indígena, crear programas permanentes de capacitación y actualización para los funcionarios públicos sobre la diversidad cultural.

Además, en el artículo 20 se establece que al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación tiene como facultades las de verificar la adopción de medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación en las instituciones y organizaciones públicas y privadas, así como expedir los reconocimientos respectivos.

También, desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre las prácticas discriminatorias en los ámbitos político, económico, social y cultural, así como divulgar los compromisos asumidos por el Estado mexicano en los instrumentos internacionales que establecen disposiciones en la materia, y promover su cumplimiento en los diferentes ámbitos de gobierno.

Quinta. De suyo, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres lo mandata, en el artículo 6, a promover, proteger y difundir los derechos de las mujeres y de las niñas consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratificados por México, en particular los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres.

A promover la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las mujeres y de la equidad de género para el fortalecimiento de la democracia, así como a promover y monitorear el cumplimiento de los tratados internacionales celebrados en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Igualmente, lo faculta para llevar a cabo la ejecución de programas de difusión e información para las mujeres de carácter gratuito y alcance nacional, que informen acerca de los derechos de las mujeres, procedimientos de impartición de justicia y, proporcionen orientación sobre el conjunto de políticas públicas y programas de organismos no gubernamentales y privados para la equidad de género.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) tiene como atribución, artículo 7, la de impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional del desarrollo, programación y presupuesto de egresos de la federación,y actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de las autoridades estatales, municipales, y de los sectores social y privado, en materia de equidad de género y de igualdad de oportunidades para las mujeres, cuando así lo requieran.

Sexta. La Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, dispone que el gobierno federal organice una comisión intersecretarial, ello en el artículo 10, como un ente coordinador que elabore y ejecute Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la cual tendrá como facultades la de informar y capacitar con perspectiva de género, de derechos humanos y conforme al interés superior de la infancia, sobre los conceptos fundamentales y las implicaciones de la trata de personas y de los instrumentos internacionales relacionados con la materia al personal de la administración pública federal relacionado con este fenómeno delictivo(artículo 12)

El artículo 13 establece que la comisión intersecretarial, en la formulación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, contemplará, entre otros rubros, el de fomentar el diseño, evaluación y actualización de los planes y programas de capacitación y formación de servidores públicos, principalmente de las instituciones del gobierno federal vinculadas a la seguridad pública, procuración, impartición de justicia y migración.

El mismo artículo precisa que la capacitación y formación incluirán los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, trata de personas y derechos de los refugiados, y la legislación nacional, con especial referencia a la atención y protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores de sesenta años, de los indígenas, de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de quienes tienen alguna discapacidad.

Séptima. Por otro lado, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, establece que los órganos dependientes del Ejecutivo federal relacionados con la procuración de justicia llevarán a cabo programas permanentes y establecerán procedimientos para capacitar a su personal en materia del respeto de los derechos humanos, para la profesionalización de sus cuerpos policiales y de los servidores públicos que participan en la custodia y tratamiento de toda persona sometida a arresto, detención o prisión (artículo 2)

Octava. De las acciones prácticas –derivadas del ejercicio presupuestal, al término del primer semestre del presente año, Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Primer Trimestre de 2011, Secretaría de Hacienda y Crédito Público– se da cuenta de algunas de ellas:

Dentro del programa Promover la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) tenemos:

• En el mes de marzo, la Conavim y la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, organizaron el Foro Regional de Capacitación 2011 “Reinserción Social y Perspectiva de Género en el Sistema Acusatorio”, donde se capacitaron a 75 jueces, magistrados y secretarios de acuerdo de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas; 48 mujeres y 27 hombres (anexo 2 del avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y la igualdad de género)

En la Defensa Nacional, dentro del programa Capacitación y sensibilización para efectivos en perspectiva de género, tenemos:

• Las Jornadas de Capacitación y Vinculación Ciudadana es un proyecto tiene como objetivo capacitar y sensibilizar a los mandos superiores militares, para establecer criterios que promuevan la igualdad de género, el respeto a los derechos humanos y la no discriminación, asimismo fortalecer la vinculación cívico militar con actores de la sociedad que contribuyan al cumplimiento de las misiones asignadas al instituto armado, por lo que para registrar el avance del indicador, las actividades a realizarse como parte de la Jornada de Capacitación y Vinculación Ciudadana, consiste en doce jornadas, una por cada región militar donde de acuerdo a la disponibilidad de personal se realizarán talleres de capacitación y sensibilización para 90 generales y 90 coroneles en perspectiva de género y derechos humanos; reuniones con líderes y formadores de opinión en cada región militar, participando 120 personas entre civiles y militares, y reuniones con organizaciones de la sociedad civil, participando 120 personas entre civiles y militares (anexo 2 del avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y la igualdad de género)

En el Poder Judicial de la Federación, dos actividades dan muestra fehaciente del compromiso para sensibilizar, capacitar y formar al personal:

• “Seminario taller Herramientas para incorporar la perspectiva de género en el clima institucional de las salas regionales”, cuyo objetivo fundamental fue la sensibilización en materia de género del personal de la sala regional, en su desarrollo participaron 20 servidores públicos de mando medio y superior.

• Cátedra Virtual: “La Mujer en la Administración de la Justicia”, con el objetivo de dar a conocer las experiencias y buenas prácticas que faciliten la incorporación de la perspectiva de género en la administración de justicia.

Cabe destacar que en el mismo Poder Judicial se institucionalizó la perspectiva de género (PEG), como lo consigna el documento 7o. y 8o. Informes consolidados de México sobre cumplimiento de la CEDAW:

47. Institucionalización de la Perspectiva de Género (PEG) en el Poder Judicial de la Federación (PJF). De 2008 a 2010 se asignó al PJF presupuesto etiquetado con el fin de realizar acciones para sensibilizar, capacitar y formar a funcionarias y funcionarios públicos en PEG. Como resultado, se creó la Coordinación General del Programa de Equidad de Género del PJF y se integraron tres direcciones de equidad de género: en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Asimismo, se creó un Comité Interinstitucional de Equidad de Género del PJF, institución rectora de la política en materia de equidad de género en el PJF.

Lo anterior, sin detallar las acciones de capacitación en el ámbito de la Secretaría de Turismo, del Instituto Federal Electoral, de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Energía, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Educación Pública, en el sector salud, etcétera.

Novena. Por lo que toca a las entidades federativas, de los 7o. y 8o. Informes consolidados de México sobre cumplimiento de la CEDAW, se desprende lo siguiente:

45. Institucionalización de la perspectiva de género ( PEG) en la Administración Pública Estatal y Municipal. El Fondo de Fomento para la Transversalidad de la PEG, fue creado en 2008 para el desarrollo de proyectos en coordinación con las Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas (IMEF). En 2009 se fusionó con el Fondo de Apoyo a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas para la Atención Integral de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Ese año se tuvo incidencia en 1,300 municipios. En 2010, el fondo se estructuró como Programa de Fortalecimiento para la Transversalidad de la PEG,sujeto a reglas de operación. Con fines similares, desde 2006 el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) opera el Programa de Apoyo para las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas ( PAIMEF),para apoyar acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

El mismo documento, refiere la actuación del Inmujeres trabajando coordinadamente con las entidades federativas:

: El 24 de diciembre de 2009, se crea el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (antes Fondo de Fomento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género), cuyo objetivo es contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas en las entidades federativas para lograr la disminución de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Este programa opera en las 32 instancias de las mujeres en las entidades federativas para que lleven a cabo acciones específicas de transversalidad de la perspectiva de género en la administración pública estatal y municipal.

Las instancias de las mujeres en las entidades federativas han generado, desde la creación del fondo, ahora Programa de Transversalidad, diversas acciones de coordinación intersectorial e interinstitucional con organismos estatales con el fin de instrumentar actividades conjuntas que permiten dar respuesta a las Leyes Generales de Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La acciones de coordinación son entre otras: sistemas de igualdad, mesas interinstitucionales, o intersectoriales; acciones de procesamiento de información y de difusión. Asimismo se han realizado, 220 diagnósticos, aproximadamente, 1,700 actividades de formación y profesionalización para el desarrollo de capacidades, en materia de género, del personal de la administración pública estatal y municipal, además de 112 propuestas de armonización en materia igualdad, de derechos humanos y violencia de género.

Décima. En suma, la incorporación de la perspectiva de género y las tareas de capacitación de funcionarios de los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, ya se encuentran establecidas en las leyes federales, y de ello dan cuenta los documentos denominados Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y la igualdad de género, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los informes consolidados de México sobre cumplimiento de la CEDAW.

Undécima. Pese a ello, recientemente, las y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género expresamos públicamente nuestra más profunda preocupación y rechazo a las cada vez más frecuentes acciones discriminatorias, agresivas y retrógradas contra las mujeres de nuestro país, lo que constituye una muestra de violaciones flagrantes a sus derechos humanos y libertades plenas que deben gozar. En abundancia, expresamos que dichas acciones resultan doblemente preocupantes cuando son expresadas por servidores públicos, quienes están obligados por ley a promover y dar cumplimiento irrestricto a los diversos ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales que establecen la igualdad de trato entre hombres y mujeres, la no discriminación y la no violencia contra las mujeres.

Al respecto, dimos cuenta de diversos casos, entre ellos el del jefe de departamento de recursos humanos del Ayuntamiento de Santa María Huatulco, Oaxaca, que dispuso aplicar prohibiciones al personal femenino en lo relativo a su vestimenta; el del subdirector de cultura del ayuntamiento de Mérida y coordinador del Museo de la Ciudad quien usó un lenguaje soez y discriminatorio contra un investigadora; el del munícipe de la capital queretana, quien al pretender reconocer el trabajo de una delegada señaló que puede hacer bien las cosas aunque sea mujer. Otro más, fue el del secretario de Seguridad Pública de Guerrero quien afirmó que integraría una policía turística de Acapulco con mujeres, de preferencia guapas.

En este tenor, considerando de manera inequívoca que los servidores públicos, de todos los ámbitos, deben ser ejemplo de la observancia de las leyes en materia de no discriminación y promotores de una cultura de respeto de la dignidad de las mujeres, esta comisión dictaminadora retoma la inquietud de la diputada proponente con el fin de exhortar a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas y a las autoridades correspondientes del Distrito Federal a capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres y de perspectiva de género.

El reforzamiento de las tareas de capacitación permanente de los servidores públicos cobran especial relevancia a la luz de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos con las cuales se estableció que las y los mexicanos gozarán de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y de las garantías para su protección.

En razón de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Equidad y Género somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas, a las autoridades correspondientes del Distrito Federal y a las de los municipios a capacitar a sus servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres y de perspectiva de género y a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, incorporen estos temas en su trabajo cotidiano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, julio de 2011.

La Comisión de Equidad y Género, diputadas y diputados:Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), presidenta; Ana Estela Duran Rico (rúbrica), Fidel Kuri Grajales, Elvia Hernández García, Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbrica), Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica), Tomasa Vives Preciado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Arizmendi Campos (rúbrica), Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Margarita Gallegos Soto, Laura Felícitas García Dávila, Luis García Silva, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Marcela Guerra Castillo (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Juan Carlos Natale López (rúbrica), María Elena Pérez de Tejada Romero (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Adela Robles Morales (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si son de aprobarse estos puntos de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

LEY AGRARIA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El siguiente punto del orden del día es dictámenes en sentido negativo. Se informa a la asamblea que en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes en sentido negativo que a continuación se discutirán. Proceda la Secretaría a dar lectura a los encabezados de los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17 y 80 de la Ley Agraria

A la Comisión de Reforma Agraria fue turnada, para dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17 y 80 de la Ley Agraria.

La Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157, numeral 1, fracción 1, 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

1. Con fecha 19 de abril de 2011, la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, mediante oficio número D.G.P.L.61-II-7-1346, turnó para dictamen a la Comisión de Reforma Agraria, el expediente 4780 que contiene la Iniciativa que reforma los artículos 17 y 80 de la Ley Agraria, que suscriben Oralia López Hernández, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo y Fernando Santamaría Prieto, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y que someten a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

2. El 13 de mayo del mismo año, la Comisión de Reforma Agraria acusa recibo del expediente citado y del trámite de turno para dictamen, mismo que reproduce y pone a consideración de sus diputados integrantes, a través de su Secretaría Técnica.

3. Esta Comisión, integra a través de su Secretaría Técnica las opiniones de sus diputados integrantes y formula proyecto de dictamen.

4. Con fecha 10 de agosto de 2011, se reúne en pleno la Comisión de Reforma Agraria para conocer el proyecto de dictamen, estudiarlo, analizarlo y en su caso aprobarlo, mismo que además de los antecedentes que aquí se reseñan, se estudiaron de la Iniciativa las siguientes motivaciones.

Contenido de la iniciativa

a) Exposición de motivos

El artículo 17 de la Ley Agraria establece la figura del testamento agrario o lista de sucesión agraria, como un régimen especial y flexible para transmitir bienes agrarios, ordenando la forma de elaborar dicha lista de sucesión, figura que aspira a garantizar que haya plena seguridad jurídica en la transmisión de bienes por causa de muerte del ejidatario.

Por otra parte, el artículo 80 de la Ley Agraria establece la figura de la enajenación de derechos parcelarios entre ejidatarios y avecindados del mismo núcleo agrario, estableciendo los requisitos legales para llevarla a cabo, entre los cuales destaca que la voluntad de las partes que celebran dicha enajenación deberá constar por escrito ante dos testigos y debiendo ser ratificada ante fedatario público.

En tal tesitura, el objeto de la iniciativa es realizar adecuaciones y precisiones a ambas instituciones jurídicas: el testamento agrario y la enajenación de derechos parcelarios, de acuerdo a lo siguiente:

a) En la regulación del testamento agrario, establecer expresamente que en caso de que un ejidatario sea titular de dos o más parcelas, éste podrá formular una lista de sucesión por cada parcela de la cual sea titular.

b) Y por lo que hace a la enajenación de derechos, facilitar que dicha manifestación de voluntad de las partes se pueda ratificar ante el Registro Agrario Nacional, y no sólo ante fedatario público.

Por tanto, se trata de un proyecto que persigue la certeza jurídica en la transmisión de parcelas ejidales, sea que se realice a través del testamento agrario, o bien a través de un contrato de enajenación de derechos.

Entrando en materia, por lo que corresponde a la lista de sucesión agraria o testamento agrario, en la actualidad toda la masa hereditaria, queda a nombre del sucesor preferente, es decir de la persona que aparece en primer lugar en la lista de sucesión, y en caso de faltar, aquel sujeto que siga en la designación hecha en la citada lista, a continuación se transcribe textualmente el texto vigente del artículo 17 de la Ley Agraria:

Artículo 17. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona.

La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior.

Ante lo anterior, se propone modificar el artículo 17 de la Ley Agraria, a fin de que el ejidatario pueda designar la sucesión de derechos de cada parcela que posea, para que al fallecimiento del ejidatario cada beneficiario sea cónyuge, concubina, concubinario hija o hijo, pueda recibir los derechos de sucesión agrarios (sobre los certificados de derechos agrarios, de derechos parcelarios, de derechos comunes o de aquellos adquiridos a través de sentencia o resolución relativa del tribunal agrario), de manera individual y los demás inherentes en su calidad de ejidatario.

Esta reforma busca que el ejidatario estando en pleno uso de su capacidad de goce y de ejercicio pueda designar libremente sucesor para cada parcela en forma individual, para que cuando el llegue a fallecer, los sucesores de cada parcela agrícola asuman la sucesión, Con ello se evitará que al faltar el ejidatario, quien encabece la lista de sucesión tenga un derecho absoluto sobre la sucesión de los bienes ejidales.

Asimismo, evitara que la voluntad de quien fallece esté sujeta a ser cumplida o respetada bajo la voluntad del nuevo representante ejidal, el cual puede decidir si compartir o no la sucesión de los bienes con la madre, el padre, los hijos o hijas y las o los hermanos, según sea el caso, generando con esto en muchas ocasiones el apoderamiento de los bienes en su totalidad, provocando un conflicto familiar muy grave.

Por lo que atañe al artículo 80 de la Ley Agraria, que previene la enajenación de derechos parcelarios entre ejidatarios y avecindados del mismo núcleo de población, se exige como requisito de validez en el inciso a), que la manifestación de voluntad de las partes que intervienen conste por escrito ante dos testigos y sea ratificada ante fedatario público, a continuación se cita el precepto de marras:

Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población.

Para la validez de la enajenación se requiere:

a) La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario público;

b) La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional; y

c) Dar aviso por escrito al comisariado ejidal.

Realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional procederá a inscribirla y expedirá los nuevos certificados parcelarios, cancelando los anteriores. Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo.

En este supuesto, se propone que el Registro Agrario Nacional pueda dar fe de la manifestación de conformidad de las partes a que alude el inciso a) del artículo 80, y se pueda ratificar ante dicho Registro la celebración de la enajenación de derechos.

Lo anterior se justifica, ya que para realizar la multicitada enajenación de derechos parcelarios, los ejidatarios requieren tal y como se señala en el inciso a) que se he mencionado; la ratificación ante fedatario público del acto que se va a realizar, esto implica que el ejidatario tenga que acudir a realizar dicha ratificación ante un notario público, y el costo que deba pagar por dicho tramite encarece o puede imposibilitar el trámite de enajenación de derechos parcelarios.

Se estima que lo anterior es posible, ya que el Registro Agrario Nacional cuenta con un registrador agrario en cada entidad, y que al estar dotado de dicha facultad, los ejidatarios podrán acudir ratificar la enajenación de los derechos parcelarios en esa instancia, por lo que tendrá como consecuencia un beneficio y certeza jurídica de los ejidatarios.

Por lo expuesto, se propone lo siguiente

B) Reforma propuesta

Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 17 y el inciso a) del artículo 80, ambos de la Ley Agraria

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 17 y el inciso a) del artículo 80, ambos de la Ley Agraria para quedar en los siguientes términos:

Artículo 17. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. En caso de que el ejidatario sea titular de dos o más parcelas, podrá formular una lista de sucesión para cada una de ellas, entendiéndose que hereda los derechos inherentes a su calidad de ejidatario con relación a cada parcela.

La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior.

Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población.

Para la validez de la enajenación se requiere:

a) La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario público o ante el Registro Agrario Nacional;

b) ...

c) ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril del 2011.

Diputados: Oralia López Hernández (rúbrica), Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, Fernando Santamaría Prieto.

Hasta aquí expuesto el contenido completo de la Iniciativa, su estudio por la Comisión de Reforma Agraria, dio origen a las siguientes

Consideraciones

Primera. En relación a la reforma al artículo 17 de la Ley Agraria, debe reconoce primero que la Ley Agraria habla de la sucesión de una pluralidad de derechos sobre la parcela y los que son inherentes a la calidad de ejidatario. Bajo el principio de indivisibilidad de la parcela, la sucesión versa sobre los derechos de uso y disfrute sobre la parcela, los derechos que el reglamento interno de cada ejido otorgue al ejidatario sobre las demás tierras ejidales y los demás dice el artículo 14 de la Ley Agraria. Derechos sobre la parcela y derechos inherentes a la calidad de ejidatario y los demás, constituyen un todo, una unidad de sucesión.

Segunda. El artículo 18 del mismo ordenamiento, da cuenta de la intención del legislador de mantener la relación de una sola masa de derechos para un solo ejidatario. Prevé la posibilidad de una multiplicidad de personas con derecho a heredar, - situación que se puede presentar cuando el ejidatario no ha hecho designación- una masa hereditaria constituida por diversos derechos frente a una multiplicidad de personas con derecho a heredar. Este artículo les da tres meses para ponerse de acuerdo, para decidir quién, de entre ellos, conservará los derechos ejidales. En el caso de no ponerse de acuerdo, se repartirá el producto de la venta de los derechos en subasta pública, por partes iguales y en el caso de igualdad de posturas en la subasta –dice la Ley- tendrá preferencia cualquiera de los herederos. Este artículo ilustra que es preferible cualquier cosa, menos permitir la división de la masa hereditaria.

Tercera. Hasta aquí el modelo es: un titular de derechos ejidales sobre una parcela, frente a una multiplicidad de sucesores de esos derechos. Es decir, no existen disposiciones en la Ley Agraria que prevean la existencia de la titularidad de un mismo ejidatario sobre dos o más parcelas, dos o más solares urbanos, o sobre dos o más derechos sobre las tierras de uso común. Los preceptos existentes casi siempre suponen una relación de uno a uno entre titular y conjunto de derechos ejidales; es decir, a cada ejidatario corresponden los derechos sobre una parcela, sobre un solar urbano, sobre un derecho sobre las tierras de uso común.

Cuarta. Sin embargo, el artículo 47 de la Ley Agraria, admite la posibilidad de la desigualdad entre ejidatarios en extensión territorial y en proporción de las tierras ejidales de un mismo ejido, pero no en número de parcelas. En efecto ésta posibilidad se expresa en el precepto que a la letra dice: “Dentro de un mismo ejido, ningún ejidatario podrá ser titular de derechos parcelarios sobre una extensión mayor que la equivalente al cinco por ciento de las tierras ejidales, ni de más superficie que la equivalente a la pequeña propiedad. ...”.

Quinta. Si la legislación agraria, para efectos del reparto, parte del supuesto de la igualdad entre ejidatarios a poseer una parcela, con el precepto anterior, admite la posibilidad del rompimiento de ese supuesto para dar lugar a la acumulación y la desigualdad en extensión territorial, esto es, a los procesos de concentración y de acumulación de tierras.

Sexta. La realidad actual reflejada en las estadísticas de la Procuraduría Agraria, dan cuenta de que la proporción de ejidatarios que tiene dos o más parcelas es el mismo porcentaje del grupo de ejidatarios que tiene una sola parcela. Esto es, ambas proporciones son del 38 por ciento para cada uno de los grupos. Partiendo de la base de 2.5 millones de ejidatarios con derechos parcelarios certificados. Y existe consecuentemente el 24 por ciento restante de ejidatarios que ya perdió la parcela y que no tienen parcela que heredar.

Séptima. Si nos guiamos por las estadísticas, el 68 por ciento de los ejidatarios tampoco tiene solar urbano que heredar porque esta proporción de ejidatarios no tienen solar urbano. Sólo el 5.7 por ciento tiene dos más solares, En cambio, una proporción similar al 68 por ciento que no tiene solar urbano, es decir, el 68.3 por ciento de los ejidatarios si tiene derechos en las tierras de uso común.

Octava. En resumen, la Iniciativa está orientada a beneficiar sobre todo, al 38 por ciento de ejidatarios que tiene más de una parcela que heredar y que seguramente este porcentaje queda comprendido en el 68 por ciento que también tiene derechos en las tierras de uso común donde el porcentaje de ejidatarios casi duplica el 38 por ciento de referencia parcelaria.

Novena. No obstante que la Iniciativa no es de interés para todos los ejidatarios, es posible esperar que esta reforma al artículo 17 de la Ley Agraria, que permite dividir la masa hereditaria en varias listas de sucesión para los ejidatarios que tienen más de una parcela que heredar y derechos en las tierras de uso común, pudiera tener el efecto de revertir el proceso de concentración y acumulación de tierras que ya alcanza a más de un tercio de la propiedad ejidal y que cuestiona la razón de ser y el escenario esperado de la reforma agraria de la revolución mexicana, a casi un siglo de la Ley Agraria de 1915.

Décima. Pero también fomenta con más obstáculos el desarrollo del campo mexicano fortaleciendo el minifundismo, abona a este fenómeno que se desarrolla conjuntamente con su opuesto, la concentración de tierras en ascenso en la propiedad social, con la excesiva fragmentación de la propiedad que evoluciona reduciendo el número de hectáreas promedio de las unidades productivas y la concentración de parcelas ejidales se está profundizando el desarrollo de una polarización que significaría un retroceso al proyecto que para el campo perfila la Ley Agraria.

Undécima. Los derechos inherentes del ejidatario son indivisibles y no se limitan a la posesión de cada parcela. Así ocurre con el derecho de participar en la asamblea, el derecho al uso común, en caso de expropiaciones, el derecho a la indemnización el derecho a las determinaciones de las parcelas con uso específico, entre otros más. De proceder la Iniciativa, fomenta aún más el minifundismo, obstaculiza la búsqueda y logro de la productividad, complica los procesos administrativos de registro y resguardo de la documentación así como de los servicios que en base a ellos se proporcionan por las dependencias gubernamentales relacionadas con el campo. También complica y multiplica por algún factor difícil de calcular en materia de controversias judiciales que también tienen su origen en las sucesiones.

Duodécimo. Respecto a la Iniciativa de reformar el artículo 80, se considera improcedente porque las funciones registrales no son supletorias de la fe pública y para su viabilidad sería necesario previamente facultar al Registro Agrario Nacional a efecto de que cuente con fe pública lo que lesiona el derecho notarial vigente. Se complementa esta consideración fundamental con las mismas razones de complicación de los procedimientos administrativos, por lo que su beneficio a la legislación vigente y a los derechos establecidos es cuestionable.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Reforma Agraria somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 17 y 80 de la Ley Agraria, presentada por la diputada Oralia López Hernández y suscrita por los diputados Javier Bernardo Usabiaga Arroyo y Fernando Santamaría Prieto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 29 de abril de 2011.

Segundo. Comuníquese y archívese como asunto totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de agosto de 2011.

La Comisión de Reforma Agraria, diputados:Óscar García Barrón (rúbrica), presidente; María Hilaria Domínguez Arvizu, María Estela de la Fuente Dagdug, Joel González Díaz (rúbrica), Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Luis Hernández Cruz (rúbrica), secretarios; Víctor Manuel Galicia Ávila (rúbrica), Gumersindo Castellanos Flores, Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), María Felícitas Parra Becerra (rúbrica en abstención), José Manuel Marroquín Toledo, Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica), Domingo Rodríguez Martell (rúbrica), Fernando Santamaría Prieto, María Esther Terán Velázquez, Héctor Eduardo Velazco Monroy (rúbrica), Moisés Villanueva de la Luz (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Felipe Cervera Hernández (rúbrica), Josefina Rodarte Ayala (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez (rúbrica), Rafael Rodríguez González, Héctor Fernández Aguirre (rúbrica), Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes, Carlos Luis Meillón Johnston, Filemón Navarro Aguilar.»

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género fue turnada para análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por el diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, 84, 85, 86, 182, 185 y 187 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 25 de febrero de 2010, el diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del PVEM, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite a la iniciativa de referencia, turnándola a la Comisión de Equidad y Género para análisis y dictamen.

Contenido de la iniciativa

Para el iniciador, la violencia en México es una realidad que daña cotidianamente a la población femenina en todo el país y vulnera de manera significativa sus derechos.

Señala que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006, 10 millones 88 mil 340 mujeres casadas o unidas de 15 años o más fueron violentadas a lo largo de su relación. De esa cifra, 44.6 por ciento ha sufrido agresiones físicas y 84.3 por ciento ha padecido violencia psicológica.

Precisa que una de las formas más frecuente de violencia que sufren las mujeres es la proveniente del esposo o la persona con que se encuentran unidas afectivamente. Las manifestaciones de violencia no se reducen al maltrato físico, que va desde golpes y lesiones hasta el homicidio, sino que comprenden actos psicológicos y sexualmente coercitivos, como insultos, desprecios o devaluación.

Por consiguiente, aduce, la amenaza de violencia contra la integridad o la vida de las mujeres se encuentra en su hogar; así, nueve de cada diez mujeres víctimas de violencia familiar no denuncian por temor a que el agresor incremente la violencia que ejerce sobre ellas o por falta de recursos económicos propios para subsistir con los hijos fuera del hogar conyugal.

Para el promovente, con su iniciativa se reconoce que los problemas fundamentales que enfrentan las mujeres víctimas de violencia familiar son la falta de denuncia ante el Ministerio Público por temor al agresor, la falta de autonomía económica, no tener una vivienda propia y no contar con redes familiares y sociales de apoyo.

Por ello considera que es obligación del Estado crear condiciones que garanticen a la mujer una vida libre de violencia. Una de las formas más efectivas de lograrlo es poniendo especial énfasis en la necesidad de implantar programas efectivos y de largo alcance que atiendan uno de los problemas principales que impide a las mujeres dejar una relación de violencia: la carencia de recursos económicos propios.

Por tanto, propone reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a efecto de que, en un marco de coordinación, las entidades federativas establezcan programas de apoyo económico temporal dirigido a víctimas de violencia familiar que hayan denunciado ante la autoridad competente ese delito y que no cuenten con recursos económicos ni sociales que permitan condiciones mínimas de independencia, con la obligación de participar en un tratamiento psicológico especializado y gratuito, que favorezca su empoderamiento y repare el daño causado por la violencia.

Asimismo, se propone establecer que las entidades federativas, en el marco de su competencia, garanticen la seguridad e integridad física de las víctimas que denuncian a través de las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública, y que se ordene que se les brinde protección en los casos en que haya un riesgo objetivo para su vida o integridad corporal.

En suma, somete a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto

Contenido de la iniciativa

a) Se propone adicionar las fracciones VI, recorriéndose las demás en el orden, al artículo 8 y XXI, recorriéndose las demás en el orden, al artículo 49; y se propone reformar las fracciones V del artículo 8, VII del artículo 47 y XX y el último párrafo del artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Equidad y Género de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes

Consideraciones

Primera. La comisión dictaminadora tiene claro que en el artículo 8 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se comprenden los modelos de atención, prevención y sanción, entendidos como el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar.

Que en virtud de ello, la federación, las entidades federativas y el Distrito Federal, al establecerlos, deberán considerar diversas medidas que efectivamente pongan salvo la integridad física y sicológica de las víctimas.

Segunda. Entre las medidas por considerar para la formulación y ejecución de los modelos de atención, prevención y sanción tenemos la de proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializados y gratuitos a las víctimas.

Otra medida atañe directamente al agresor, a quien se brindarán los servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos para eliminar los estereotipos y patrones que justifican su violencia. También, deben evitar establecer procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima.

Además, los modelos citados deben favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios secretos para las víctimas y sus hijos, donde se les brindarán apoyos psicológico y jurídico, especializados y gratuitos.

Tercera. En este tenor, una de las acciones que el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es diseñar un modelo integral de atención a los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres que deberán instaurar las instituciones, los centros de atención y los refugios que atiendan a víctimas (artículo 38, fracción XIII).

Igualmente, el artículo 48 dispone en la fracción X que al Instituto Nacional de las Mujeres, le corresponda impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema Nacional. En consecuencia, el artículo 50 establece que corresponde a los municipios apoyar la creación refugios seguros para víctimas.

Cuarta. Más aún, la Ley General de Acceso de las Mujeres tiene el capítulo específico “De la atención a las víctimas”, en el cual se establece que las autoridades respectivas deberán proteger a las víctimas mediante la adopción y aplicación de acciones y programas, como proporcionar atención médica, psicológica y jurídica, de manera integral, gratuita y expedita; y proporcionar un refugio seguro a las víctimas (artículo 51).

Por su parte, el artículo 52 establece que los derechos de las víctimas de violencia son el ser tratada con respeto de su integridad y del ejercicio pleno de sus derechos; contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades; recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de atención; contar con asesoría jurídica gratuita y expedita; recibir información médica y psicológica; contar con un refugio, mientras lo necesite; ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

También, que en los casos de violencia familiar, las mujeres que tengan hijos podrán acudir a los refugios con éstos, y que la víctima no será obligada a participar en mecanismos de conciliación con su agresor.

Por último, en el artículo 53 se establece que el agresor deberá participar obligatoriamente en los programas de reeducación integral, por mandato de autoridad competente.

Quinta. Medularmente, en este aspecto, la Ley General de Acceso de las Mujeres considera un capítulo relativo a la organización de los refugios para las víctimas de violencia y de los servicios que deberán prestar.

Así, en el artículo 54 se establece que a los refugios corresponderá velar por la seguridad de las mujeres que se encuentren en ellos; proporcionar a las mujeres la atención necesaria para su recuperación física y psicológica, que les permita participar plenamente en la vida pública, social y privada; dar información a las víctimas sobre las instituciones encargadas de prestar asesoría jurídica gratuita; y brindar a las víctimas la información necesaria que les permita decidir sobre las opciones de atención, entre otros.

En el artículo 55 se dispone que los refugios deban ser lugares seguros para las víctimas, por lo que no se podrá proporcionar su ubicación a personas no autorizadas para acudir a ellos.

Enseguida, en el artículo 56 se enumeran los servicios especializados y gratuitos que deberán proporcionarse en los refugios: hospedaje, alimentación, vestido y calzado, servicio médico, asesoría jurídica, apoyo psicológico; programas reeducativos integrales a fin de que logren estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública, social y privada; capacitación, para que puedan adquirir conocimientos para el desempeño de una actividad laboral, así como bolsa de trabajo, con la finalidad de que puedan tener una actividad laboral remunerada en caso de que lo soliciten.

Asimismo, en los artículos 57 a 59 se señala que la permanencia de las víctimas en los refugios será voluntaria y no podrá ser mayor a tres meses, a menos de que persista su inestabilidad física, psicológica o su situación de riesgo. Por eso, en esta última situación el personal médico, psicológico y jurídico del refugio evaluará la condición de las víctimas.

Sexta. En este tenor, la propuesta de reformar la fracción V del artículo 8, para otorgar apoyo económico temporal a las víctimas, y la de adicionar la fracción VI, para que la autoridad correspondiente garantice la seguridad de las víctimas, esta Comisión de Equidad y Género estima que estas disposiciones ya se encuentran previstas en los artículos 54, 55, 56, 57, 58 y 59 concernientes al capítulo “De los refugios para las víctimas de violencia” de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Concretamente, los refugios deben brindar, hasta por tres meses, hospedaje, alimentación, vestido y calzado, servicio médico, asesoría jurídica y apoyo psicológico; también, programas reeducativos integrales que las preparen para participar plenamente en la vida pública, social y privada; así como capacitación y bolsa de trabajo.

Por consiguiente, la propuesta de reformar la fracción VII del artículo 47 y de adicionar la fracción XXI al artículo 49, relativo al establecimiento de programas de apoyo económico temporal, así como de adicionar la fracción XXII, la Comisión de Equidad y Género estima que son inviables por las razones aducidas en los párrafos precedentes.

Por lo que toca a la adición de los incisos c) y d) al artículo 49 para facultar a las entidades federativas y al Distrito Federal para tipificar la violencia familiar como un delito grave, esta Comisión de Equidad y Género estima que ya se encuentra previsto en el artículo 9 de la Ley General de Acceso de las Mujeres, el cual señala que con el fin de contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres dentro de la familia, los Poderes Legislativos federal y locales, en el respectivo ámbito de sus competencias, considerarán la tipificación del delito de violencia familiar. En consecuencia, de aprobarse las reformas y adiciones propuestas se estaría generando una duplicidad de normas jurídicas.

Por añadidura, la ley mandata a entidades federativas y al Distrito Federal –artículo 49, fracción XX– para “impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, así como para establecer como agravantes los delitos contra la vida y la integridad cuando estos sean cometidos contra mujeres, por su condición de género”.

Más aún, el último párrafo del citado artículo establece que las “autoridades federales harán las gestiones necesarias para propiciar que las autoridades locales reformen su legislación, para considerar como agravantes los delitos contra la vida y la integridad corporal cometidos contra mujeres”.

En razón de lo expuesto, la Comisión de Equidad y Género somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por el diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 25 de febrero de 2010.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, julio de 2011.

La Comisión de Equidad y Género, diputados:Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), presidenta; Ana Estela Durán Rico (rúbrica), Fidel Kuri Grajales, Elvia Hernández García, Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbrica), Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica), Tomasa Vives Preciado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera, secretarios; Laura Arizmendi Campos (rúbrica), Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Margarita Gallegos Soto, Laura Felícitas García Dávila, Luis García Silva, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Marcela Guerra Castillo (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Juan Carlos Natale López (rúbrica), María Elena Pérez de Tejada Romero (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Adela Robles Morales (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica).»

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada con fecha 30 de abril de 2008, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha la Mesa Directiva de este órgano legislativo turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud, para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

La presente propuesta de reforma tiene como objetivo demostrar que la exposición del niño a diversos comerciales de refrescos en la televisión está aunado con el desarrollo de la obesidad, y que, entre más tiempo se le dedique a la televisión, más notorias son las posibilidades de desarrollar la obesidad y que la misma permanezca en la adultez si no se atiende a tiempo. Por lo tanto se deduce que los mecanismos participantes en este proceso pueden ser tanto la inactividad física que promueve el uso de este medio de comunicación, como también el papel de los anuncios publicitarios que apuntan a niños cada vez más pequeños y promueven el consumo de refrescos y alimentos hipercalóricos a través de diversos caminos.

III. Consideraciones

Primera Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Intenta reformar el artículo 307 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

“Artículo 307....

I.

II.

III.

IV. La publicidad televisiva de bebidas no alcohólicas especialmente refrescos, deberá estar dirigida a una población mayor de 18 años, prohibiendo todos los anuncios de este productos en programas que ven regularmente grupos de niñas, niños y adolescentes menores a esta edad”.

Tercera. En un estudio (Ensanut) de niños de la ciudad de México reportó que el tiempo promedio que veían televisión era de 4.1 horas al día (28.7 horas/semana). Los estudiantes pasaban en promedio 2.4 horas al día viendo programas de televisión y 1.7 hr al día viendo videos o películas. Los niños que ven cuatro o más horas de televisión al día presentan mayor Índice de Masa Corporal (IMC) y adiposidad medido a través de pliegues cutáneos; por el contrario, aquellos que ven menos de una hora tienen menores IMC.

Dieta:

La dieta de un niño en la etapa lactancia a preescolar es 100% brindada por la madre. Posteriormente en la etapa escolar en horarios del colegio, los niños tienen la capacidad de elegir que es lo que van a ingerir, aún siendo que la madre le haya mandado lunch. Asimismo la dieta de cualquier persona se basa en las siguientes características:

El sabor; se refiere a la capacidad de los alimentos para estimular el sentido del gusto a través de la palatibilidad, aroma y textura.

La percepción del valor del alimento; se refiere al costo por unidad de energía.

Comodidad; se refiere a la elección de aquellos alimentos que implican un ahorro en el tiempo para comprarlos, prepararlos y cocinarlos, como los industrializados, congelados o empaquetados.

Valor nutritivo; se refiere a la cantidad y proporción de nutrimentos que contiene el alimento.

Una revisión sistemática que evaluó la fuerza de asociación entre las características de la alimentación y la génesis de obesidad infantil clasificó como factores fuertemente implicados al consumo de alimentos con alta densidad energética; como probablemente implicados a la publicidad y a la ingestión de bebidas refrescantes azucaradas; y como posiblemente asociados al aumento en el tamaño de las porciones. La ingestión de fruta, verdura y leche es mucho menor a la que tenían los niños hace algunas décadas. Los alimentos que consumen fuera de casa también han incrementado, muchas veces en restaurantes de comida rápida, en donde abundan los alimentos con bajo valor nutritivo, como aquellos densamente energéticos (altos en grasa y azúcares)

Ambiente

También llamado contexto social o nicho ecológico, se le puede calificar actualmente como “ambiente obesogénico” por la suma de influencias que rodean al individuo y generan oportunidades y condiciones de vida que provocan aumento de peso en individuos o poblaciones. Engloba los factores económicos (costo de alimentos, ingreso familiar), políticos (formales: leyes y políticas públicas; e informales: reglas institucionales, incluidas las del hogar), socioculturales (valores, influencia de amigos, familiares, escuela, hogar y vecindario) y físicos (disponibilidad de alimentos en la casa, escuela, publicidad, trabajo, propaganda comercial) en los que se desenvuelve el huésped y que tienen poderosas influencias sobre la conducta.

a. Factores socioculturales y demográficos.

Transición nutricional. En las últimas tres décadas han ocurrido cambios importantes a nivel mundial:

1. Transición demográfica, reducción de la tasa de natalidad, incremento en la esperanza de vida y, como consecuencia, modificaciones en la pirámide poblacional.

2. Transición epidemiológica, aumento de las enfermedades crónico degenerativas y disminución de las infecciosas.

3. Transición nutricional, los patrones dietarios que tradicionalmente se basaban en cereales se han modificado, con un mayor consumo de azúcar y grasa a través de alimentos industrializados.

El incremento en la popularidad de la comida rápida y el comer fuera del hogar se debe, en parte, a que cada vez más mujeres se han incorporado a la fuerza laboral y cuentan con menos tiempo disponible para actividades relacionadas con la preparación de los alimentos. Debido a las nuevas prácticas de cultivo, los subsidios y las innovaciones en el procesamiento, empaque, preservación y refrigeración, existe un incremento en la variedad de alimentos disponibles, sobre todo los que se consumen fuera del hogar o que no requieren tiempo en su preparación. En México, datos del Inegi reportan que las mujeres en 1995 realizaban 45.08 horas/semana de trabajos domésticos, de las cuales al menos 10.3 horas eran para cocinar, y en 1999 había disminuido a 43.13 horas/semana. En México, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a través del Programa de Desayunos Escolares, distribuye, en un intento de subsanar los problemas de desnutrición en los niños que acuden a escuelas públicas, desayunos en la modalidad de caliente y frío.

Obesidad en los padres

El sobrepeso en los padres es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de obesidad en los niños. Las madres obesas tienden a proporcionar raciones de alimentos mayores de las que los niños necesitan. Se ha observado que el grado de adiposidad de los padres es un marcador de la preferencia por grasa dietaria en los hijos.

Factores físicos

Publicidad

La industria y los servicios de alimentos gastan en todo el mundo millones de dólares en propaganda en los medios de comunicación. Muchas compañías enfocan sus campañas publicitarias en los niños, en un esfuerzo por conseguir lealtad “de por vida” con la marca. La publicidad de alimentos con alta densidad energética se incluye en lo que implica un “ambiente obesogénico”, ya que dificulta que los niños hagan elecciones saludables en cuestión de alimentos. La OMS publicó en 2004 una revisión extensa sobre publicidad de alimentos y bebidas dirigida a los niños, donde destacan anuncios en televisión, internet, venta directa en las cooperativas escolares, patrocinios y el uso de logos, mensajes o imágenes de sus productos dentro de los programas de televisión o películas, para que éstos formen parte del programa sin que el televidente se sienta bombardeado por la publicidad. En algunos países estas estrategias comerciales ya están reguladas a fin de reducir la presión comercial, evitar mensajes falsos o engañosos que, por estar dirigidos a una población vulnerable de ser explotada por su credulidad, se dañe su salud física, mental o moral, además de prevenir que se induzcan presiones para los padres para que le compren un determinado producto o se les haga sentir inferiores en caso de no tenerlo. En México no tenemos una evaluación de los comerciales que se transmiten en las horas de programación infantil. El uso de etiquetas comerciales, como las que califican a algunos productos de “bajos en grasa”, “light”, etcétera, crea un mensaje inconsciente que lleva a consumir mayor cantidad de éstos. Sin embargo, algunos productos reducidos en grasa presentan un alto contenido de azúcares, por lo que su densidad energética total no se modifica.

Ambiente familiar y escolar

En las etapas preescolar y escolar se forman los hábitos alimentarios que predominarán durante toda la vida, los cuales pueden ser parcialmente atribuidos a factores familiares (selección del tipo y cantidad de alimento), heredados y ambientales (interacciones entre padres e hijos, incluyendo información de cuándo iniciar y terminar de comer). Las madres suelen ser las primeras cuidadoras y establecen la estructura del patrón de dieta, ofreciendo algunos alimentos y otros no, regulando los horarios de comida, sobre todo el desayuno, permitiendo el consumo de bebidas azucaradas, etcétera. Los padres tienden a sobrealimentar a sus hijos como una forma de disipar sus culpas, como expresión de sus propias necesidades no satisfechas o como una manifestación deformada de cariño. Es frecuente que en los niños obesos la comida se utilice para premiar, calmar, amenazar o controlar su conducta. La obesidad y la falta de actividad física pueden surgir por estrés o duelo, por ruptura de la unidad familiar, o por presiones o fracasos escolares y laborales. Para involucrar a los padres en el problema de obesidad, resulta indispensable que los padres reconozcan el problema y sus posibles consecuencias, por lo que los profesionales de la salud deben sensibilizarlos al respecto. Los niños de familiar que cuentan con la oportunidad de comer juntos son menos propensos a padecer sobrepeso u obesidad.

Factores económicos

La epidemia de obesidad no sólo es consecuencia de alteraciones biológicas, sino también es un fenómeno económico y social. Existe evidencia que propone una relación entre pobreza y obesidad, ya que: en poblaciones con tasas altas de pobreza y bajo nivel educativo se observa una mayor prevalencia de obesidad; hay una relación inversa entre la densidad energética y el consumo de alimentos; la alta densidad energética y palatibilidad de los edulcorantes y grasas están asociados con mayor ingestión de energía y la pobreza y la inseguridad alimentaria están asociados con un menor gasto en alimentos y pobre calidad en la dieta.

Cuarta. En el entendido que la obesidad y el sobrepeso son de origen claramente multifactorial, se considera que no los son solo el refresco y el sedentarismo televisivo como lo propone la iniciativa. Se deben impulsar cambios en la Ley General que abarquen la problemática en su totalidad. Así mismo, como bien se expone al inicio de la exposición de motivos, somos el segundo país que presenta obesidad, esto significa obesidad generalizada, no solo obesidad infantil, se debe de combatir el problema actual y no dejar avanzarlo. Si se quiere educar al paciente debe ser por medio de programas educativos en las escuelas, centros educativos, etc., no por medio de la televisión.

Quinta. En la exposición de motivos no expresan la fuente de su bibliografía en la mayoría de sus datos porcentuales, los términos son indeterminados para profundizar en el tema; es por eso que la información que se brinda no se determina como científicamente validada.

En mérito de lo antes expuesto, la Comisión de Salud se permite someter a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa proyecto de decreto que reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud, presentada por la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 30 de abril de 2008.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo, a los 7 días del mes de septiembre de 2011.

La Comisión de Salud, diputados:Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica en abstención), Rosalina Mazari Espín, Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez, Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica en abstención), Oralia López Hernández (rúbrica).»

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desechan tres iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada con fecha 28 de abril de 2011, el pleno de esta honorable Cámara de Diputados aprobó un dictamen en materia de donación y el trasplante de órganos.

2. En sesión celebrada con fecha 29 de abril de 2011, el diputado Aarón Irízar López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa que reforma los artículos 320 y 324 de la Ley General de Salud, en materia de trasplantes.

3. En sesión celebrada con fecha 25 de mayo de 2011, el diputado Jorge Kahwagi Macari integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presento la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 324, 329, 334 y 345 de la Ley General de Salud, en materia de trasplantes.

4. En sesión celebrada con fecha 15 de junio de 2011, el diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en su Título Décimo Cuarto, referente a la donación.

5. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de este órgano Legislativo, turnó las mencionadas iniciativas a la Comisión de Salud, para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido de las iniciativas

Iniciativa 29 del diputado Aarón Irízar López

Prever que toda persona que desee donar o no donar su cuerpo total o parcialmente deberá, manifestar su voluntad ante la Secretaría de Salud, de no hacerlo, habrá consentimiento tácito.

Iniciativa de diputado Jorge Kahwagi Macari

Establecer que cuando se trate de personas sujetas a interdicción o menores de edad donantes será necesario obtener el consentimiento explicito de su representante legal o disponente secundario para donar sus órganos. Prever que el Centro Nacional de Trasplantes expedirá un documento oficial a las personas que no deseen donar. Incluir en los requisitos para realizar trasplantes de donantes que hayan perdido la vida, no constar con revocación del consentimiento tácito o explícito por parte de la autoridad correspondiente del sector salud ni del ministerio público para la donación de sus órganos y tejidos. Considerar que no existirá impedimento alguno para que a solicitud y con la autorización de un disponente secundario se prescinda de los medios artificiales cuando se presente la muerte encefálica.

Iniciativa del diputado Cuauhtémoc Salgado Romero

Establecer que el presunto donador sólo aplicará para la donación de órganos y tejidos una vez que se confirme la pérdida de la vida de éste y sus órganos y tejidos sólo podrán extraerse cuando se requieran para fines de trasplante. Prever que el Centro Nacional de Trasplantes se encargará de expedir el documento oficial mediante el cual se manifieste la negativa de donación de sus órganos después de la muerte. Establecer que el consentimiento expreso para donar en vida los órganos, tejidos y células, constará por escrito y podrá señalarse que éste se hace a favor de determinadas personas o instituciones y podrá expresar el donante, las circunstancias de modo, lugar y tiempo y cualquier otra que condicione la donación; asimismo, cuando corresponda a mayores de edad con capacidad jurídica, no podrá ser revocado por terceros, pero el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin responsabilidad de su parte.

Prever que la negativa de donación constará por escrito público o privado y deberá estar firmado por éste; asimismo, podrá ser limitada cuando se refiera a la disposición de determinados componentes y, en este caso, se podrá hacer a favor de determinadas personas o instituciones y podrá expresar el donante, las circunstancias de modo, lugar y tiempo y cualquier otra que condicione la donación.

III. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda.La donación y el trasplante de órganos en nuestro país, se ha convertido en un grave problema de salud pública. A pesar de que existe ya un sistema nacional de trasplantes, desde hace mucho tiempo se requería de la revisión y actualización del marco regulatorio de la donación y los trasplantes, específicamente en la Ley General de Salud.

El proceso de un trasplante inicia cuando el médico diagnostica un padecimiento que ha afectado gravemente un órgano o tejido específico de un paciente, quien unas vez remitido al especialista correspondiente, éste deberá determinar si existen razones médicas para que el problema pudiera ser tratado mediante un trasplante.

Tercera.La problemática en esta materia cobra especial relevancia debido a que muchos mexicanos han perdido y están perdiendo sus vidas dada la escasez de órganos y una baja tasa de donación, considerando que en México tenemos a más de 12 mil personas en espera de un trasplante; así mismo, nuestro país se encuentra muy por debajo de su potencial en la materia, ya que la tasa de donación llega a ser apenas del orden de 9 personas por cada millón de habitantes, en el mejor de los casos.

Cuarta. Las iniciativas en materia de donación y el trasplante de órganos que se dictaminan se consideran innecesarias, en virtud de que el 28 de Abril de 2011 esta H. Cámara de Diputados aprobó una reforma legislativa que fue conformada con la finalidad de dar solución a este grave problema, en la cual se han avalado reformas a 16 artículos de la Ley General de Salud, incorporado 11 nuevos artículos, además de que se han adicionando 23 fracciones y párrafos a artículos ya existentes en la misma ley. Dentro de estas modificaciones se contemplan las propuestas de los diputados promovente, incluso se rebasan, como lo son: Facilita y fortalece algo que resulta fundamental, que es el consentimiento tácito, mediante el cual todo mexicano puede ser considerado donante al fallecer, siempre y cuando no haya manifestado su negativa en vida, y se cuente con el consentimiento de los familiares. Fomenta la cultura de la donación, e impulsa la multiplicación de donantes al momento de la realización de trámites públicos o cuando los ciudadanos acuden a obtener documentos oficiales. Consolida el Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes, no solamente a nivel federal, sino en las entidades federativas, a través de los Centros Estatales de Trasplantes. Establece nuevas figuras y conceptos, como el del coordinador hospitalario de donación de órganos y tejidos para trasplantes, mismos que deberán estar debidamente capacitados y disponibles de manera permanente. Establece la realización de campañas permanentes de concientización sobre la importancia de la donación y los trasplantes. Pone especial énfasis en la coordinación entre las distintas instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y con los gobiernos de las entidades federativas. Mejora significativamente todos los procesos relativos a la asignación, distribución, procuración y trazabilidad de órganos y tejidos.

Quinta. Es por ello que los Integrantes de esta Comisión, para no entorpecer el procedimiento que se lleva actualmente en el Senado de la Republica en calidad de Minuta, debido a que dicha reforma de la Ley General de Salud sentará las bases para convertir a México en un líder mundial en el campo de la donación y el trasplante de órganos.

En mérito de lo antes expuesto, la Comisión de Salud se permite someter a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Resolutivo

Primero. Se desecha la Iniciativa que reforma los artículos 320 y 324 de la Ley General de Salud, en materia de trasplantes, presentada por el diputado Aarón Irízar López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 29 de abril de 2011.

Segundo. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 324, 329, 334 y 345 de la Ley General de Salud, en materia de trasplantes presentada por el diputadoJorge Kahwagi Macari, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el 25 de mayo de 2011.

Tercero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en su título Décimo Cuarto, referente a la donación, presentada por el diputado Cuauhtémoc Salgado Romero integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 15 de junio de 2011.

Cuarto. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo, a los 7 días del mes de septiembre de 2011.

La Comisión de Salud, diputados:Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica en abstención), Rosalina Mazari Espín, Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez, Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Oralia López Hernández (rúbrica).»

LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XII al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Expediente número 3426

Gaceta Parlamentaria número 3153-VI

1. El día 8 de diciembre del 2010, la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción XII del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (LCNDH).

2. Esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turno la presente iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos, para el análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de la iniciativa

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún refiere en su iniciativa, la preocupación por el incremento de la criminalidad en México, considerando que es consecuencia de la información lesiva que existe actualmente en los sistemas de radio, televisión y prensa en nuestro país, cuando se dan a conocer: actividades ilícitas, delincuenciales, etcétera.

Agrega la legisladora que algunas letras de canciones populares, fomentan la acción delictiva en los jóvenes e incluso logran que éstos muestren rasgos de devoción hacia personajes dedicados a actividades criminales, ocasionando que algunas personas se dediquen a ellas como un medio para mejorar su nivel económico.

Por lo tanto, la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún propone decreto que

Modifica la fracción XII del artículo 6, pasando la fracción XII a ser la XIII, recorriéndose las demás en su orden:

Artículo 6. La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XI. ...

XII. Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema informativo, televisivo, radiofónico y periodístico del país;

XIII. a XV.

Consideraciones

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano señala en el tercer párrafo del artículo 1:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

2. El derecho a la información es hoy una garantía protegida constitucionalmente en forma tribológica: el derecho de informar, el derecho a ser informado y derecho a atraerse información, además de que está regulada por leyes secundarias como la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT).

Artículo 5o. La radio y la televisión, tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana. Al efecto, a través de sus transmisiones, procurarán:

I. Afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares;

II. Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud;

III. Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana.

...

3. Así mismo la función social  de la vigilancia sobre las transmisiones de los medios ya se encuentra regulada y supervisada por la SEGOB, de acuerdo al artículo 10 de la LFRT, el cual dispone:

Artículo 10. Compete a la Secretaría de Gobernación:

I. Vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la dignidad personal y a la moral, y no ataquen los derechos de tercero, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden y la paz públicos;

II. Vigilar que las transmisiones de radio y televisión dirigidos a la población infantil propicien su desarrollo armónico, estimulen la creatividad y la solidaridad humana, procuren la comprensión de los valores nacionales...

4. El licenciado Raúl Arroyo González, ombudsman del Estado de Hidalgo, en su comparecencia a la reunión de consulta de la Ley de Seguridad Nacional ante la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, de fecha 15 de junio del 2011, expresó lo siguiente:

Yo no soy partidario de que a los medios de comunicación se les regule a través del ombudsman mexicano porque ello implicaría el riesgo de caer en la censura, más bien considero, que debería de trabajarse más en la ética de los medios de comunicación y en este sentido creo que los medios de comunicación deben ser ellos mismos quienes deben discernir su actuación pues su formación en el mundo de la comunicación se los permite.

Con base en los numerales anteriores es importante destacar que las funciones de vigilancia están por ley atribuidas a otras instancias dentro de la administración pública federal; que la difusión o publicación de “nota roja”, no necesariamente afecta los derechos humanos, pues atraviesa también el derecho a la información.

Por otro lado, considerando las experiencias de otros países, es parte de la agenda de discusión establecer un acuerdo para no prestarse a una especie de promoción, información del crimen organizado y las bandas delincuenciales; existiendo diversos tipos de propuestas que no han sido materializadas en posiciones definitivas por los medios de comunicación, en virtud del derecho consagrado en el artículo 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la libertad de expresión.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentada por la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 8 de diciembre de 2010.

Segundo. Comuníquese a la Mesa Directiva y a la Presidencia de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, ambos de la Cámara de Diputados para los efectos legales a que haya lugar.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a diez de agosto de 2011.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Manuel Cadena Morales (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez, Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León, Sami David David, Margarita Gallegos Soto, Lizbeth García Coronado (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, Diana Patricia González Soto (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Héctor Hernández Silva, Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Aránzazu Quintana Padilla (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica en contra), Florentina Rosario Morales, Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa, Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica).»

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE ORGANOS PUBLICOS

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en Posesión de Órganos Públicos

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública de la honorable Cámara de Diputados dictaminando de forma única, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1 y 2, fracción XVIII, 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, 84, 85, 176, 177, 180, 182, 183, 187, 188, 190 y 191 demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en Posesión de Órganos Públicos.

Antecedentes

1. El 30 de abril de 2009 fue presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por los diputados Luis Gustavo Parra Noriega y Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en Posesión de Órganos Públicos.

2. Con fecha 30 de abril de 2009 la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la turno para su análisis y dictamen a la Comisión de la Función Pública bajo el número de expediente número 6025.

3. Los iniciantes pretenden crear un ordenamiento reglamentario tanto de los artículos 6o. segundo párrafo, así como 16 segundo párrafo en materia de protección de datos personales, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el cual se establece una nueva estructura del proyecto de ley, dividida en libros, títulos y capítulos.

4. En la iniciativa los diputados que la suscriben, establecen la distinción entre órgano y organismo garante; proponen un plazo de tres meses para la actualización de la información contenida en los portales electrónicos. Precisan que los sujetos obligados pueden emitir disposiciones generales y no sólo reglamentos. Se establece la figura de la positiva ficta en vez de la negativa ficta que opera actualmente.

5. La iniciativa también considera en materia de datos personales, que se agregue una nueva causal en base a la reforma constitucional, asi mismo respecto de los órganos garantes, se unifica la integración y conformación de éstos, sobre la base de tres miembros, dos no deben ni debieron ser servidores públicos en dicha institución; salvo en el caso de los sujetos impartidores de justicia; se propone dotar de claridad en la estructura del IFAI, respecto de su naturaleza; Establecen impedimentos para que un comisionado conozca y resuelva sobre un asunto; se establece el periodo de reserva a diez años; se eliminó el desechamiento de solicitudes por ser frívolas o notoriamente improcedentes; se incorporó que los sujetos obligados brinden asesoría en materia de solicitudes vía telefónica.

6. Se incorpora la potestad de que los órganos a cargo da la prevención y persecución del delito, publiquen las fotografías o retratos hablados de los individuos que se les haya dictado sentencia condenatoria firme, y que se encuentren sustraídos de la justicia de la justicia, en tanto no haya prescrito la pena, y que por su peligrosidad sea necesaria la divulgación de la imagen para facilitar su identificación y ubicación.

7. En el tema de averiguaciones previas, hacen un reenvío al tratamiento que les da el Código Federal de Procedimientos Penales, cuya reforma al artículo 16 fue recientemente aprobada por el Congreso.

8. Los iniciantes señalan que “reconocemos que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente, representa un valioso avance legislativo en la materia, durante el tiempo que ha estado en vigor, ha hecho posible hacer transparente la actividad del gobierno y al mismo tiempo ha puesto de manifiesto que el derecho de acceso a la información, está en plena etapa de construcción en nuestro país, por lo que es necesario perfeccionar la legislación actual, para dar una cabal vigencia a los principios en materia de transparencia y protección de datos personales”.

Consideraciones

Primera. La iniciativa en estudio tiene por objeto expedir una nueva ley en materia de transparencia, acceso a la información y datos personales, con el propósito de que ese ordenamiento guarde congruencia con los preceptos introducidos en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese sentido, cabe señalar que las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de julio de 2010 a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para dar cumplimiento al decreto de aprobación expedido por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dejó la presente iniciativa sin materia.

Segunda. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental fue reformada en sus artículos 2 fracción II y VII y 33, para reconocer la protección de los datos personales en poder de las dependencias y entidades, por lo que a juicio de los integrantes de este órgano legislativos las reformas descritas atienden de manera cabal la protección de los datos personales, siendo esta la naturaleza y objetivo que pretendía la presente iniciativa en estudio, lo que da a lugar que la misma haya quedado rebasada y por consecuencia, esta quedara sin materia.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de la Comisión de la Función Pública presentan al pleno de esta soberanía para su aprobación, los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa que expide la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en Posesión de Órganos Públicos, presentada por los diputados Obdulio Ávila Mayo y Luis Gustavo Parra Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 30 de abril de 2009.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Salón de sesiones de la Comisión, Palacio Legislativo de San Lázaro, México Distrito Federal, a 9 de febrero de 2011.

La Comisión de la Función Pública, diputados:Pablo Escudero Morales (rubrica), presidente; Patricio Chirinos del Ángel (rubrica), Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Marcos Pérez Esquer (rubrica), Juan Carlos López Fernández, secretarios; Janet Graciela González Tostado, Agustín Guerrero Castillo, Sergio Lobato García (rúbrica), Kenia López Rabadán, Tereso Medina Ramírez, Pedro Peralta Rivas (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández, José Francisco Rábago Castillo (rubrica), Fausto Sergio Saldaña del Moral (rubrica), Enrique Torres Delgado (rubrica), Esthela Damián Peralta (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rubrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María de Jesús Mendoza Sánchez, Josefina Rodarte Ayala (rúbrica), Héctor Pedroza Jiménez (rúbrica), Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila (rúbrica).»

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SERVICIO PUBLICO

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8, 42, 48 y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública de esta honorable Cámara de Diputados dictaminando de forma única, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XVIII, 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, 84, 85, 176, 177, 180, 182, 183, 187, 188, 190 y 191 demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen:

De la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 8, 42, 48 y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Antecedentes

1. El día 3 de septiembre de dos mil siete fue presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el diputado Isidro Pedraza Chávez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 8, 42, 48 y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

2. Con fecha 3 de septiembre de dos mil siete la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la turno para su análisis y dictamen a la Comisión de la Función Pública bajo el número de expediente número 2259.

3. La iniciativa, pretende añadir y modificar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, según cita su autor: “en el ánimo de coadyuvar en el cumplimiento de los mandatos constitucionales, mediante el otorgamiento de exenciones en materia de garantías y de penalizaciones, en las relaciones comerciales entre los grupos de campesinos o grupos urbanos marginados y las instancias públicas”.

4. El iniciante manifiesta que la agricultura y en general las actividades agroalimentarias, tienen un carácter estratégico, señalando que son componentes primarios de un concepto de desarrollo nacional que entraña, en su esencia, la satisfacción de las necesidades alimentarias y nutricionales de la población.

5. Considera que el carácter estratégico de la alimentación y nutrición de la población, las inscribe dentro del marco de seguridad nacional, y desde esta visión pertenecen a las obligaciones más importantes del Estado mexicano.

6. Asimismo puntualiza que dentro del desarrollo económico, el campo mexicano ha jugado un papel fundamental, aportando los bienes alimentarios socialmente necesarios, a precios subsidiados por los productores rurales, habiéndose transferido una importante porción del excedente económico generado en el campo a las áreas urbanas, sin que haya existido reciprocidad en los flujos netos de recursos públicos, que hayan permitido un desarrollo equilibrado campo-ciudad. “Lo anterior ha implicado un flujo financiero neto desfavorable al campo, lo que ha traído como consecuencia la creciente descapitalización, atraso relativo en materia tecnológica, menor productividad relativa y falta de competitividad, dando como resultado ingresos insuficientes para la satisfacción de las necesidades sociales fundamentales, siendo precisamente en las zonas rurales donde se localiza la mayor proporción de pobreza extrema en el país, es decir alrededor del 68% de los casi 24 millones de habitantes en pobreza extrema oficialmente reportados para el año 2000”.

7. Considera que las políticas públicas vigentes, no han reconocido las profundas diferencias que existen en el campo mexicano, esto lleva implícito la ejecución de políticas “iguales para los desiguales”, lo que trae como consecuencia la reproducción y ampliación de las desigualdades prevalecientes en el ámbito rural, debido a que tal tipo de políticas, favorecen generalmente a los actores rurales con mayores recursos.

Consideraciones

Primera. La iniciativa de merito tiene por objeto reformar los artículos 8, primer párrafo; 42, último párrafo; 48, segundo párrafo, y 53, primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el propósito de coadyuvar en el cumplimiento de los mandatos constitucionales previstos en los artículos 25 y 27, fracción XX, mediante el otorgamiento de exenciones en materia de garantías y de penalizaciones, en las relaciones comerciales entre grupos de campesinos o grupos urbanos marginados y las instancias públicas.

Lo anterior, en virtud de que el Ejecutivo federal dispone de una serie de políticas e instrumentos que pueden ser utilizados para dar cauce al acatamiento de los mandatos constitucionales aludidos, entre los que se encuentran los diversos programas de adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento de sus funciones sustantivas, reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y en el universo de proveedores de las dependencias y entidades del sector público, se hace referencia a los campesinos o grupos urbanos marginados, y si bien lo que la Ley pretende, en los hechos se queda en buenos deseos: dar a tales grupos, debido a su situación de marginación, facilidades en las relaciones comerciales que con ellos establezcan las instancias públicas, en materia de garantía de contratos y de penalizaciones por su incumplimiento, sin embargo, las decisiones correspondientes las sujeta a la determinación del servidor público respectivo, quien actúa bajo su responsabilidad, lo que le ha impedido en la práctica, el goce, por parte de tales grupos, de esas facilidades, según lo afirma el iniciante en la correspondiente exposición de motivos.

La iniciativa de mérito no resulta contar con los elementos necesarios para ser aprobada por esta comisión dictaminadora, en virtud de que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, así como la prestación de servicios de cualquier naturaleza que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, y cuando dichas licitaciones no sean idóneas para asegurar las condiciones mencionadas, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado, como lo dispone el artículo 134 constitucional.

Segunda. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, retoma los principios constitucionales para realizar las adquisiciones, arrendamientos y servicios, indicando que en los procedimientos de contratación respectivos, deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere, entre otras, a penas convencionales y garantías, debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada a dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.

Al respecto, se estima conveniente que en forma previa a la formulación de los argumentos que fijen la postura de esta Comisión en relación con la iniciativa que nos ocupa, se proceda a transcribir el texto propuesto por el diputado Isidro Pedraza Chávez.

Así pues, encontramos que la iniciativa se formula en los términos siguientes:

“Artículo Único. Se reforman los artículos 8, primer párrafo; 42, último párrafo; 48, segundo párrafo; y 53, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue”:

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público

Título PrimeroDisposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 8. Atendiendo a las disposiciones de esta ley y a las demás que de ella emanen, la Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas, otorgándoseles condiciones preferenciales a las del ámbito rural.

Capítulo SegundoDe la Licitación Pública

Capítulo Tercero De las Excepciones a la Licitación Pública

Artículo 42.

Para fomentar el desarrollo y la participación de las empresas nacionales micro, pequeñas y medianas, con atención preferencial a los de tipo rural, las dependencias y entidades estarán sujetas a que las operaciones comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que a se refiere este artículo, sean adjudicadas a aquellas cuando menos el cincuenta por ciento del valor de las adquisiciones.

Título CuartoDe los Contratos

Capítulo Único

Artículo 48.

Para los efectos de este artículo, los titulares de las dependencias o los órganos de gobierno de las entidades, fijarán las bases, forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse. En los casos señalados en los artículos 41, fracciones IV y XIV, y 42 de esta Ley, el servidor público que deba firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar al proveedor, de presentar la garantía de cumplimiento del contrato respectivo; tratándose del caso referido en la fracción XI del artículo 41 de esta Ley, la excepción no tendrá ninguna restricción.

Artículo 53. Las dependencias y entidades deberán pactar penas convencionales a cargo del proveedor por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, las que no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, y serán determinadas en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente. En las operaciones en las que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado. Estas disposiciones no aplican para el caso previsto en la fracción XI del artículo 41 de esta Ley.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercera. Del análisis a la exposición de motivos, así como de la reforma a los artículos 8, primer párrafo; 42, último párrafo; 48, segundo párrafo; y 53, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se desprende lo siguiente:

Toda vez que en México la pobreza extrema, rural y urbana, expresa una realidad lacerante, prevaleciendo condiciones de mayor marginación en el medio rural, que se acentúa en la mayoría de los pequeños productores con tierras lejanas a los servicios y mercados, las reformas propuestas pretenden privilegiar la contratación de las empresas de tipo rural, con el objeto de que el Estado cumpla con los mandatos constitucionales establecidos en los artículos 25 y 27 fracción XX.

Al respecto, es importante considerar que el artículo 25 Constitucional señala que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución.

Por su parte, la fracción XX del artículo 27 de la Carta Magna, se refiere a que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

En este sentido, se considera que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, si bien prevé la existencia de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas, así como adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación se realice con campesinos o grupos urbanos marginados, el ordenamiento jurídico que establece las normas y principios básicos para el desarrollo integral del país, es la Ley de Planeación.

Cuarta. Asimismo, como ya se mencionó con anterioridad, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, retoma los principios constitucionales establecidos en el artículo 134, aplicables a las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, así como la prestación de servicios de cualquier naturaleza que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, indicando que en los procedimientos de contratación respectivos, deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere, entre otras, a penas convencionales y garantías, debiendo proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada a dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.

Quinta. En lo referente a la reforma del artículo 8, es importante hacer notar que la referencia a las empresas del ámbito rural no es necesaria, ya que éstas se encuentran consideradas en el concepto de Mipymes, establecido el artículo 3, fracción III, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Sexta. Por lo que se refiere al artículo 42, se estima que la propuesta de señalar que las operaciones que se adjudicarán a las micro, pequeñas y medianas empresas, será al menos el cincuenta por ciento de “las adquisiciones”, en lugar de “los contratos”, limitará los beneficios que actualmente se otorgan a dichas empresas por parte de la Ley, ya que en el concepto “contratos”, se incluyen los relativos a las adquisiciones, arrendamientos y servicios, en tanto que el concepto “adquisiciones”, estaría referido sólo a la adquisición de bienes.

Séptima. La propuesta de reformas a los artículos 48 y 53, en virtud de que la Ley es de orden público y por ello su interés es garantizar que la adquisición de bienes o servicios por parte del Estado, se realice en las mejores condiciones posibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias, no resultaría procedente establecer la obligación de exceptuar de garantías a los campesinos o grupos urbanos marginados con quienes se contrate, así como de la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes o en la prestación de los servicios.

Octava. Aunado a lo anterior la LAASSP ya prevé normas que tienden a favorecer o estimular la participación de esa clase de grupos en los procedimientos de contratación pública, de ahí que la reforma resulta innecesaria. En efecto los artículos 8, 23, 28 y 36 Bis de la LAASSP, establecen diversas disposiciones tendientes a promover y favorecer la participación de la micro, pequeñas y medianas empresas nacionales en los procedimientos de contratación pública.

Novena. El artículo 8 determina que “la Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente las micro, pequeñas y medianas. Adicionalmente, las dependencias y entidades deberán diseñar y ejecutar programas de desarrollo de proveedores de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales para genera cadenas de economía tomará en cuenta la opinión de la Secretaría de la Función Pública.

Décima. El artículo 23 en sus fracciones II y V, determina que el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, determinará las dependencias y entidades que deberán instalar comisiones consultivas mixtas de abastecimiento, en función del volumen, características e importancia de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que contraten. Dichas Comisiones tendrán por objeto, entre otros aspectos, colaborar en la instrumentación de programas de desarrollo de proveedores nacionales; y promover acciones que propicien la proveeduría con micro, pequeñas y medianas empresas, así como el consumo por parte de otras empresas de los bienes o servicios que produzcan o presten aquellas.

Décima Primera. Por su parte, el artículo 28 de la LAASSP establece que tratándose de licitaciones públicas en las que participen de manera individual micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, no se aplicara la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento, que evidentemente, favorecen la competitividad ente las grandes empresas.

Décima Segunda. El artículo 36 Bis de la ley, señala que una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente, y que en caso de existir igualdad de condiciones se dará preferencia a las personas que integran el sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales; y que de subsistir el empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación se efectuara a favor del licitante que resulte ganador del sorteo que se realice en términos del reglamento de la ley.

Décima Tercera. Adicionalmente a esas normas tendientes a favorecer y promover la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, los numerales 41, fracciones IX y XI y 48 de la LAASSP, disponen con claridad que las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa cuando “se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o semi procesados, semovientes”, o bien cuando “se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación se realice con campesinos o grupos urbanos marginados, como personas físicas o morales”.

Décima Cuarta. Asimismo el citado numeral 48, que regula las figuras de las garantías por anticipos y para el cumplimiento de los contratos, establece que los titulares de las dependencias o los órganos de gobierno de las entidades, fijaran las bases, forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deben constituirse, considerando los antecedentes de cumplimiento de los proveedores en los contratos celebrados con las dependencias y entidades, a efecto de determinar montos menores para estos, de acuerdo a los lineamientos que al efecto emita la responsabilidad, podrá exceptuar al proveedor, de prestar la garantía de cumplimiento del contrato respectivo, entre otros casos, cuando se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación se realice con campesinos o grupos urbanos marginados, como personas físicas o morales.

Décima Quinta. En este sentido, conforme a lo establecido en los párrafos anteriores, se considera que la LAASSP ya prevé las normas que favorecen o promueven la participación de grupos campesinos o marginados en los procedimientos de contrataciones públicas por lo que la propuesta de reformas que nos ocupa no resultaría procedente por ser innecesaria.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de la Comisión de la Función Pública presentan al pleno de esta Soberanía para su aprobación, el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma los artículos 8, 42, 48 y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentada por el diputado Isidro Pedraza Chávez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 3 de septiembre de 2007.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Salón de sesiones de la comisión, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 9 de febrero de 2011.

La Comisión de la Función Pública, diputados:Pablo Escudero Morales (rúbrica), presidente; Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Marcos Pérez Esquer (rúbrica), Juan Carlos López Fernández, secretarios; Janet Graciela González Tostado, Agustín Guerrero Castillo, Sergio Lobato García (rúbrica), Kenia López Rabadán (rúbrica), Tereso Medina Ramírez, Pedro Peralta Rivas (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández, José Francisco Rábago Castillo (rúbrica), Fausto Sergio Saldaña del Moral (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Esthela Damián Peralta (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María de Jesús Mendoza Sánchez, Josefina Rodarte Ayala (rúbrica), Héctor Pedroza Jiménez (rúbrica), Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila (rúbrica).»

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO - LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, dictaminando de forma única, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XVIII, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, 84, 85, 176, 177, 180, 182, 183, 187, 188, 190, 191 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Antecedentes

1. El 16 de octubre de 2007 fue presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por la diputada Mónica Tzasna Arriola Gordillo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

2. Con fecha 16 de octubre de 2007, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la turnó para análisis y dictamen a la Comisión de la Función Pública, con el número de expediente 2561.

3. La iniciativa pretende reformar los artículos 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, y 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin de evitar que en los contratos en lo particular se pueda modificar o renunciar la obligación del Estado de pagar los gastos financieros en los que incurra, con la consideración que lo dispuesto en ambas leyes, ya que son disposiciones de orden público y no quedan al albedrío de las partes su modificación o renuncia por pacto, incluso expreso posterior.

4. Asimismo, la iniciante señala que “al dejar clara esta disposición, se evita a las partes contratantes accionar tanto la vía administrativa como la judicial para solución de controversias, incurriendo en costos innecesarios e incrementos para ambas partes”, por lo que propone reformar el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue: Artículo 51. ... En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, la dependencia o entidad, a solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales , sin que la liquidación de los mismos sea renunciable o modificable por pacto entre las partes. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor.

5. Asimismo, propone reformar el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue: Artículo 55. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la dependencia o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales , sin que la liquidación de los mismos sea renunciable o modificable por pacto entre las partes. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe por pagar, y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del contratista.

Consideraciones

Primera. La iniciativa de mérito tiene por objeto reformar los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), con objeto de evitar que en los contratos en lo particular se pueda modificar o renunciar la obligación del Estado de pagar los gastos financieros en que se incurra.

Segunda. La iniciativa de mérito no cuenta con los elementos necesarios para ser aprobada, en virtud de que las disposiciones contenidas en la LAASSP y en la LOPSRM tienen por objeto regular no sólo las acciones relativas a la planeación, a la programación, a la presupuestación y a la contratación de las materias que éstas comprenden sino, también, las referentes al gasto, a la ejecución y al control de las propias contrataciones.

Al respecto, se estima conveniente que en forma previa a la formulación de los argumentos que fijen la postura de esta comisión en relación con la iniciativa que nos ocupa, se proceda a transcribir el texto propuesto.

Así pues, encontramos que la iniciativa se formula en los términos siguientes:

Primero. Se reforma el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 51. ...

En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, la dependencia o entidad, a solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales , sin que la liquidación de los mismos sea renunciable o modificable por pacto entre las partes. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor.

...

...

...

Segundo. Se reforma el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:

Artículo 55. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la dependencia o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales , sin que la liquidación de los mismos sea renunciable o modificable por pacto entre las partes. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe por pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del contratista.

...

...

Del análisis de la exposición de motivos y de la reforma propuesta se desprende lo siguiente:

Se indica que, tradicionalmente, en materia de contratos administrativos entre los gastos derivados de los contratos de obra pública se considera el pago de estimaciones o los respectivos ajustes en los costos de la obra en cuestión. De esa forma, en el rubro de gastos financieros se incluyen, entre otros, conceptos como intereses, gastos y comisiones bancarias, pagadas por gastos por fluctuaciones de las tasas de cambio, multas, sanciones, morosidad, indemnizaciones, descuentos por pronto pago, bonificaciones concedidas a los clientes y la cancelación de cuentas por cobrar, cuando no se ha creado la provisión correspondiente.

Cuarta. Asimismo, se menciona que una de las causales más frecuentes de controversias es la generación de éstos por no poner a disposición del contratista, conforme a lo estipulado en el contrato, los anticipos para la compra y la producción de materiales de construcción, adquisición de equipos y demás insumos necesarios para la obra. De ahí que se demande el pago de los gastos financieros al contratista (administración pública) y que su costo se cubra por los servidores públicos responsables del atraso del pago y se busque además fincar la responsabilidad que corresponda conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

De esa forma, se señala que el incumplimiento de pago es originado recurrentemente por la tardía liberación y radicación de recursos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la Tesorería de la Federación, por lo que sólo resulta procedente lo establecido en los artículos señalados, en el caso que habiéndose autorizado y radicado los recursos correspondientes por morosidad, negligencia o ineptitud de los servidores públicos, no se efectúen los pagos correspondientes.

Quinta. En razón de lo anterior, la iniciante propone reformar los artículos en comento, a fin de dar mayor seguridad jurídica a los contratantes, con el afán de impulsar los compromisos que en materia de infraestructura asumirán el gobierno y la cadena productiva de la industria de la construcción en lo sucesivo, así como para evitar que en los contratos en lo particular pueda modificar o renunciar la obligación del Estado de pagar los gastos financieros en que se incurra, con la consideración de que lo dispuesto en ambas leyes es de orden público y no quedan al albedrío de las partes su modificación o renuncia por pacto (incluso expreso) posterior. Asimismo, indica que al dejar clara esta disposición se evita a las partes contratantes accionar tanto la vía administrativa como la judicial para la solución de controversias, incurriendo en costos innecesarios e incrementándolos para ambas partes.

Sexta. Ahora bien, de la lectura de las reformas propuestas se advierten como motivos principales la necesidad de garantizar la eficiencia en la contratación pública y la de otorgar mayor seguridad jurídica a los proveedores y contratistas, en específico para los efectos de que en ambos ordenamientos se establezca expresamente que la liquidación de los gastos financieros a que se hace referencia en los artículos que nos ocupan corresponde a un derecho irrenunciable, que no puede modificarse por pacto entre las partes.

Es importante considerar que tanto la LAASSP como la LOPSRM precisan el contenido mínimo que deberán prever las dependencias y las entidades en los contratos que al amparo de ambos ordenamientos se celebren.

Séptima. Asimismo, como parte de la regulación de las acciones de control y ejecución de las contrataciones, la LAASSP, la LOPSRM y sus respectivos reglamentos establecen disposiciones generales a que deben sujetarse invariablemente las dependencias y las entidades, así como los proveedores y los contratistas, como en caso de atraso en la entrega del anticipo se prorroga en igual tiempo el cumplimiento de las obligaciones asumidas por del contratista; en el supuesto de no poner a disposición el inmueble en que deban ejecutarse los trabajos, se prorrogará la fecha para la conclusión de los mismos; así como, en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación de los trabajos o la prestación del servicio, el contratista o proveedor podrá optar por no ejecutarlos y en el caso de servicios se puede prorrogar la fecha de cumplimiento.

En este tenor, conforme a las disposiciones contenidas en las leyes que nos ocupan, las dependencias y las entidades elaboran los contratos administrativos cuyo contenido salvaguarda los intereses de ambas partes.

Octava. En razón de lo expuesto se considera que la reforma que nos ocupa resulta innecesaria, toda vez que dichos conceptos y principios en su totalidad son comprendidos en diversos ordenamientos, por lo cual son obligatorios. Aun cuando no se transcriban en su totalidad en los contratos que las dependencias o entidades celebren, estos principios deben ser observados.

Novena. De tal forma, de llevarse a cabo dicha reforma, se generaría incertidumbre respecto a la observancia y aplicación del resto de las disposiciones contenidas en ambas leyes, toda vez que podría interpretarse que, al establecerse expresamente que determinada disposición no es renunciable y que por consiguiente no procede pacto en contrario, se entendería que la LAASSP y la LOPSRM contienen disposiciones que sí resultarían renunciables, no se puede perder de vista que las normas son de orden público y de observancia obligatoria, de ahí que no puede existir pacto en contrario, porque éste sería nulo. Luego, resulta innecesaria la reforma porque no se requiere precisar que la obligación de pagar los gastos financieros no puede ser materia de transacción entre las partes, dado que la propia norma obliga a la dependencia o entidad a pagarlos cuando se da el supuesto legal respectivo.

Décima. Adicionalmente, hay una incongruencia entre la exposición de motivos presentada por la iniciante y el mismo contenido de la iniciativa, ya que la entrega tardía del anticipo en un contrato no se vincula con la obligación a cargo de la entidad o dependencia de pagar los gastos financieros. Además, diversas normas en las propias leyes que se pretende reformar establecen disposiciones generales a que deben sujetarse las dependencias y entidades y que salvaguardan los intereses de ambas partes, como son los siguientes: a) que en caso de atraso en la entrega de anticipo, se prorrogará en igual tiempo el plazo para el cumplimiento de las obligaciones; b) que en caso de no poner a disposición el inmueble en que deban ejecutarse los trabajos, se prorrogará la fecha d para la conclusión de los trabajos; y c) que en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación de los trabajos o la prestación del servicio, el contratista o proveedor podrá optar por no ejecutarlos, y en el caso de los servicios, se podrá prorrogar la fecha de cumplimiento.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de la Comisión de la Función Pública presentan al pleno de esta soberanía, para aprobación, los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, presentada por la diputada Mónica Arriola Gordillo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el 16 de octubre de 2007.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Salón de sesiones de la comisión, Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 9 de febrero de 2011.

La Comisión de la Función Pública, diputados:Pablo Escudero Morales (rúbrica), presidente; Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Marcos Pérez Esquer (rúbrica), Juan Carlos López Fernández, secretarios; Janet Graciela González Tostado, Agustín Guerrero Castillo, Sergio Lobato García (rúbrica), Kenia López Rabadán (rúbrica), Tereso Medina Ramírez, Pedro Peralta Rivas (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández, José Francisco Rábago Castillo (rúbrica), Fausto Sergio Saldaña del Moral (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Esthela Damián Peralta (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María de Jesús Mendoza Sánchez, Josefina Rodarte Ayala (rúbrica), Héctor Pedroza Jiménez (rúbrica), Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila (rúbrica).»

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública de esta honorable Cámara de Diputados, dictaminando de forma única, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción  XVIII, 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, 84, 85, 176, 177, 180, 182, 183, 187, 188, 190 y 191, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

De la iniciativa con proyecto de decreto que reformay adiciona los artículos 21, 25, 26, 27 y 28 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Antecedentes

1.El veinticuatro de febrero de dos mil nueve fue presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 21, 25, 26, 27 y 28 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

2.Con fecha veinticuatro de febrero de 2009, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la turno para su análisis y dictamen a la Comisión de la Función Pública bajo el número de expediente número 5535.

 3.La iniciativa pretende establecer que deberá notificase al quejoso o denunciante, sobre todo lo actuado durante el proceso del recurso de queja o denuncia que haya interpuesto, así como facultarlo para ofrecer pruebas.

4.También propone que cuando se amplíe el plazo para dictar la resolución a dicho recurso, la notificación que se haga al quejoso deberá estar fundada y motivada.

5.Asimismo, propone modificar diversas disposiciones relativas a la interposición, requisitos y alcances del recurso de revocación.

6.La proponente señala que el hecho de que una norma formalice jurídicamente una conducta no implica su cumplimiento. En este sentido, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es una legislación carente de fuerza normativa, afectada por elementos extrajurídicos, como intereses políticos, personales e ideológicos, que impiden su cumplimiento y la aplicación de sanciones.

7.Considera que un aspecto preocupante en estos procedimientos radica en la desigualdad jurídica entre las partes, se señala en la iniciativa que la ley no garantiza la igualdad ni el debido proceso. En el procedimiento ante la Secretaría de la Función Pública, el ciudadano común se enfrenta a muchas dificultades para interponer la queja o denuncia y no se encuentra en igualdad de condiciones frente al servidor público.

8.Entre las deficiencias del procedimiento que destaca la proponente se encuentran las siguientes:

1) “La queja o denuncia se interpone ante la Secretaría de la Función Pública y se turna al órgano interno de control que se ubica en la institución a la que se encuentra adscrito el servidor público presuntamente responsable, esto puede afectar la imparcialidad del órgano interno de control, más aún cuando se refiere a un funcionario de alto nivel. Sin embargo, el que el órgano interno de control se encuentre en las mismas instalaciones donde labora el funcionario público presuntamente responsable no tendría que representar un problema si no fuera porque la investigación y todo el procedimiento se lleva a cabo sin transparencia y en completa secrecía para la persona denunciante o quejosa, quien no tiene posibilidades de intervenir de forma alguna en el proceso, es decir, presenta la denuncia o la queja y solamente se le envía el acuse de recibido y de que se turnó al órgano interno de control.”

“En el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se establece el procedimiento a través del cual se impondrán las sanciones administrativas, el cual se integra de las siguientes etapas:

a) Se cita al presunto responsable a una audiencia para que rinda su declaración en torno a los hechos que se le imputan.

b) Concluida la audiencia se le concede al presunto responsable un plazo de cinco días hábiles para ofrecer las pruebas que estime pertinentes y que tengan relación con los hechos que se le atribuyen.

 c) Desahogadas las pruebas que fueren admitidas, la secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades resolverán dentro de los 45 días hábiles siguientes.

El quejoso o denunciante no tiene conocimiento de las actuaciones de las autoridades durante el procedimiento y únicamente se le informa de la resolución; más grave aún, no tiene el derecho a ofrecer pruebas mientras que la o el servidor público sí puede hacerlo.

A partir de que se interpone la queja o denuncia, quien lo hizo desaparece del procedimiento y reaparece cuando se le notifica la resolución; no se le informa de la fecha de la audiencia, tampoco se le notifican los avances de la investigación del órgano interno de control. La falta de transparencia lleva al quejoso y a la comunidad en general a dudar sobre la objetividad de la investigación. Por ello es necesario transparentar el procedimiento, el cual actualmente violenta los principios de imparcialidad, debido proceso administrativo, celeridad, eficacia, entre otros.”

2) “Esta desigualdad se agrava debido a que el ciudadano que interpuso la queja o denuncia no se entera de absolutamente nada hasta que se dicta la resolución; mientras que el servidor público durante todo el procedimiento sigue ostentado su cargo y, sin lugar a dudas, el poder y las relaciones necesarias para evitar que se le finque responsabilidad.

“El proceso se prolonga y aumentan las posibilidades de evadir la responsabilidad debido al texto actual del artículo 21, fracción tercera, que establece que el proceso se desarrolla normalmente en 65 días, pero son las autoridades, bajo causa justificada, quienes pueden prorrogarlo por 45 días más para emitir la resolución. Entonces el procedimiento puede llegar a prolongarse hasta 110 días hábiles, es decir, 5 meses; empero, el acto de autoridad de la prórroga no tiene que fundarse ni motivarse, por lo que generalmente se otorga injustificadamente, sólo para dilatar el proceso. Frente a esta irregularidad debe exigirse que la prórroga este debidamente fundada y motivada, de lo contrario se continuaría violentando sistemáticamente el artículo16 constitucional.”

3) “Aunado a todo lo anterior claramente atentatorio del principio de igualdad entre las partes, la situación se agrava al tampoco fundar y motivar la resolución final (o el acuerdo de archivo) ni mencionar los elementos probatorios obtenidos y valorados durante la investigación. Como se ha demostrado, el procedimiento es violatorio de los artículos 14 y 16 constitucional y pone en duda la objetividad e imparcialidad de los órganos internos de control.

9.Continúa señalando que en la legislación vigente existen disposiciones que prevén el derecho subjetivo del particular a la prestación correspondiente en caso de una actividad administrativa irregular. Señala que tal es el caso de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y el artículo 77 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Con base en lo anterior, la diputada señala que el procedimiento de responsabilidades administrativas genera un estado de impunidad y arbitrariedad “debido a la falta de investigación real y a la ausencia de transparencia” de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

10.Considera que con esto no solamente se vulneran los derechos del quejoso o denunciante, sino también se afecta a la sociedad en su conjunto al preservar en el cargo a un servidor público que no acata los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad ni eficiencia previstos en la ley, además de que su sueldo proviene del erario público.

Consideraciones

Primera. La iniciativa de merito, tiene por objeto reformar los artículos 21, 25, 26, 27 y 28 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP), con objeto de establecer la facultad por parte del quejoso o denunciante de hechos presuntamente irregulares cometidos por servidores públicos, para constituirse como partes dentro del procedimiento administrativo de responsabilidades previsto en la LFRASP.

Al respecto, y atendiendo a la naturaleza jurídica de dicho procedimiento, se estima que resulta inexacto pretender otorgarles tal potestad a los quejosos o denunciantes. Ello en razón de las siguientes consideraciones:

El Estado, en el ejercicio de la función pública, desarrolla una serie de actividades las cuales tienen como fin preponderante la consecución del bien común, y en ese sentido, si bien es cierto que dicho cometido del Estado es realizado a través de individuos —servidores públicos—, ello no implica que la actuación de éstos responda a intereses personales sino a un interés público que se encuentra por encima de cualquier interés privado o particular.

Es así, que el régimen administrativo de responsabilidades de los servidores públicos surge de la relación jurídica que se establece entre el Estado y sus servidores públicos, los cuales se encuentran obligados a cumplir sus respectivos empleos, cargos o comisiones en apego a los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen la función pública.

Por tal virtud, el procedimiento administrativo de responsabilidades de los servidores públicos, constituye un acto de control interno que el Estado realiza a través de un órgano disciplinario del gobierno, el cual tiene como objetivo proteger el orden interno y preservar la prestación óptima del servicio público, pues no debe soslayarse que la función pública responde a un interés público.

Segunda.Bajo este marco, atendiendo al interés público que prevalece en el ejercicio de la función pública, se advierte que en la prestación del servicio público intervienen como partes el Estado, a quien corresponde la titularidad de la potestad disciplinaria en la administración pública, y los servidores públicos, quienes con motivo de sus funciones se encuentran constreñidos a cumplir una serie de obligaciones y deberes, los cuales se establecen precisamente en las disposiciones normativas que componen el régimen de responsabilidad administrativa de los servidores públicos.

Tercera. De tal manera que, si partimos del hecho de que las normas que componen el régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos no tutelan intereses individuales sino de la colectividad en general, se estima que la participación que a los quejosos o denunciantes pretende otorgarse en los procedimientos administrativos disciplinarios se encuentra fuera de contexto y no corresponde a la naturaleza de dichos procedimientos, los cuales tienen que ver con el control jurídico por parte del Estado respecto de sus servidores públicos y con la eficacia de la actuación de éstos, y no con la satisfacción de intereses individuales.

Cuarta. Sirvan para reforzar las anteriores consideraciones, los criterios judiciales sustentados por el Poder Judicial Federal respecto a la naturaleza y contenido de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos y del procedimiento para determinar ésta, mismos que son del tenor literal siguiente:

Número de registro: 921,877

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Apéndice (actualización 2002)

Tomo: III, Administrativa, P.R. SCJN

Tesis: 26

Página: 171

Responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Objetivo del procedimiento relativo.

Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el Estado vigile que su desempeño corresponda a los intereses de la colectividad; de ahí que se establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a  acreditar su responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectiblemente de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con exactitud si se cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta.

Número de registro: 184,396

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XVII, Abril de 2003

Tesis: I.4o.A.J/22

Página: 1030

Servidores públicos. Su responsabilidad administrativa surge como consecuencia de los actos u omisiones previstos en la legislación que rige la prestación del servicio público y su relación con el Estado.

La responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia de los actos u omisiones —que se definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento del funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por las que se contemplan en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos— pues, de no considerarse así, bastaría que el ordenamiento jurídico respectivo no previera las obligaciones o deberes que a cada funcionario le corresponden, para dejar impunes prácticas contrarias a la legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia que orientan a la administración pública y que garantizan el buen servicio público, bajo el principio unitario de coherencia entre la actuación de los servidores públicos y los valores constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato de deberes generales y la exigibilidad activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, en su artículo 109, fracción III, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, lo que constriñe a todo servidor público a acatar y observar el contexto general de disposiciones legales que normen y orienten su conducta, a fin de salvaguardar los principios que la propia Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado de derecho, pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta con las normas propias o estatutos que rigen la prestación del servicio público y la relación laboral y administrativa entre el servidor público y el Estado.

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Quinta. Así también se robustece lo anterior con los dos criterios del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro enseguida se reproduce:

Responsabilidades administrativas de los servidores públicos. El denunciante de la queja administrativa carece de interés jurídico para impugnar en amparo la omisión de la autoridad de iniciar el procedimiento sancionador respectivo.

Conforme al artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, cualquier interesado puede presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, empero, una vez presentadas aquéllas debe atenderse a que el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público correspondiente, de tal forma que aun cuando el orden jurídico otorga a los particulares la facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, ello no significa que aquéllos puedan exigir de la autoridad determinada actuación respecto de sus pretensiones, por lo que carecen de interés jurídico para impugnar en amparo la omisión de la autoridad responsable de ajustar su actuación a lo previsto en los artículos 19, 20 y 21 de la propia Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, e iniciar el procedimiento sancionador previsto en el último precepto legal citado.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. Amparo en revisión 220/2009. José Francisco Campos Sánchez y otros. 23 de septiembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretario: Alejandro Andraca Carrera. Registro número 166080. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, octubre de 2009. Página: 1639. Tesis: VI.1o.A.279 A. Tesis Aislada. Materia(s): Administrativa; y

Responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Quien presenta una denuncia o queja carece de interés jurídico para reclamar en amparo la resolución que determina la inexistencia de aquélla.

En términos de los artículos 109, último párrafo, de la Constitución Federal, y 10 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, cualquier interesado puede presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, las que serán atendidas y resueltas conforme a las normas y procedimientos establecidos, sin que dichas disposiciones —u otras de la citada ley— establezcan el derecho del denunciante o quejoso de exigir que se finque responsabilidad administrativa. En consecuencia, si no se prevé ese derecho subjetivo en favor de aquéllos, es inconcuso que carecen de interés jurídico para reclamar en amparo la resolución que determina la inexistencia de responsabilidad del servidor público denunciado pues, además, no se actualiza un perjuicio o agravio personal y directo en su esfera jurídica.

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo en revisión (improcedencia) 504/2006. Ingeniería Diesel y Gasolina, SA de CV. 4 de enero de 2007. Mayoría de votos. Disidente: Jean Claude Tron Petit. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Víctor Octavio Luna Escobedo. Registro número 172916. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXV, marzo de 2007. Página: 1765. Tesis: I.4o.A.572 A. Tesis Aislada. Materia(s): Administrativa.

Sexta.En efecto, tomando en consideración que los particulares no forman parte de la relación jurídica que se establece entre el Estado y sus servidores públicos con motivo del ejercicio de la función pública, resultaría inexacto pretender otorgarles el carácter de coadyuvantes en los procedimientos administrativos disciplinarios, pues en todo caso, y de resultar afectados intereses individuales con la actuación del servidor público, existen otros tipos de responsabilidad, además de la administrativa, como son la civil y la penal, por virtud de las cuales el particular tiene un interés legítimo, protegido por las normas que regulan dichas materias, que lo faculta para participar dentro de los procedimientos respectivos.

Séptima. A mayor abundamiento y en el caso de que los particulares resultaran afectados en sus bienes y derechos como consecuencia de una actividad administrativa irregular por parte del Estado, es de mencionarse que éstos tienen derecho a una indemnización previa sustanciación del procedimiento previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en términos del cual se previene su participación directa dentro del procedimiento.

Octava.Ahora bien, se estima que el segundo aspecto de la propuesta también debe desecharse toda vez que usualmente la determinación de la autoridad administrativa o jurisdiccional en el sentido de ampliar un plazo para la realización de algún acto procesal o procedimental, constituye el ejercicio de una facultad discrecional, cuya base toral es la libertad de apreciación que se le otorga para actuar o abstenerse con el propósito de lograr la finalidad que la propia ley señala. Tratándose de este tipo de facultades, los criterios del Poder Judicial de la Federación exigen –para evitar la emisión de actos arbitrarios- una motivación debida al momento de su ejercicio, que en el caso de este tipo de atribuciones implica, necesariamente, la aptitud de optar, de elegir, entre dos o más opciones.

Novena.Si bien se coincide con la diputada proponente de que la ampliación del plazo para resolver el procedimiento disciplinario debe fundarse y motivarse, sin que pueda decretarse de manera injustificada; se considera que una reforma al artículo 21, fracción III, de la LFRASP en ese sentido es innecesaria, dado que este actualmente establece lo siguiente:

III. desahogadas las pruebas que fueron admitidas, la Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades resolverán dentro de los cuarenta y cinco día hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o impondrá al infractor las sanciones administrativas correspondientes y le notificará la resolución en un plazo no mayor de diez días hábiles. Dicha resolución, en su caso, se notificará para los efectos de su ejecución al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, según corresponda, en un plazo no mayor de diez días hábiles.

La Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán ampliar el plazo para dictar la resolución a que se refiere el párrafo anterior, por única vez, hasta por cuarenta y cinco días hábiles, cuando exista causa justificada a juicio de las propias autoridades.

De lo anterior se sigue que el precepto vigente ya prevé la obligación a cargo de la autoridad de justificar debidamente su decisión de ampliar el plazo para resolver.

Decima.Resultan improcedentes las reformas propuestas en la Iniciativa de mérito, toda vez que trastocarían la naturaleza del procedimiento administrativo disciplinario previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, cuyo objetivo primordial no es la satisfacción de intereses individuales, sino proteger el orden interno y preservar la prestación óptima del servicio público, es decir, constituye un medio de control jurídico por parte del Estado respecto de sus servidores públicos y la eficacia de la actuación de éstos.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de la Comisión de la Función Pública presentan al pleno de esta soberanía para su aprobación los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, presentada por la diputada Holly Matus Toledo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 24 de febrero de 2009.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Salón de sesiones de la comisión, Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 9 de febrero de 2011.

La Comisión de la Función Pública, diputados:Pablo Escudero Morales (rúbrica), presidente; Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Marcos Pérez Esquer (rúbrica), Juan Carlos López Fernández, Janet Graciela González Tostado, Agustín Guerrero Castillo, Sergio Lobato García (rúbrica), Kenia López Rabadán (rúbrica), Tereso Medina Ramírez, Pedro Peralta Rivas (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández, José Francisco Rábago Castillo (rúbrica), Fausto Sergio Saldaña del Moral (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Esthela Damián Peralta (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María de Jesús Mendoza Sánchez, Josefina Rodarte Ayala (rúbrica), Héctor Pedroza Jiménez (rúbrica), Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila (rúbrica).»

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública de la honorable Cámara de Diputados dictaminando de forma única, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XVIII, 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, 84, 85, 176, 177, 180, 182, 183, 187, 188, 190 y 191 demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

De la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Antecedentes

1. El 30 de abril de 2009 fue presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el diputado Robinson Uscanga Cruz, del Grupo Parlamentario de Convergencia, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, LFRASP.

2. Con fecha 30 de abril de 2009 la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la turno para su análisis y dictamen a la Comisión de la Función Pública bajo el número de expediente número 6082.

3. La iniciativa, pretende reformar la LFRASP incluyendo una fracción XXV al artículo 8, en la cual se incluiría el concepto de “abstenerse de aplicar, ordenar o acatar cualquier instrucción, acción u omisión que implique el incumplimiento o la violación de disposiciones que en materia de gasto público contenga el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado por la Cámara de Diputados”. El cual considera necesario ya que considera imperante la necesidad de que los responsables de la aplicación del presupuesto se ciñan estrictamente a lo que los diputados federales establecen en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

4. Señala que “la aprobación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación es resultado de un intenso dialogo e intercambio de opiniones y puntos de vista entre las fuerzas políticas con representación en la Cámara de Diputados y con los representantes de las diferentes dependencias del Ejecutivo federal, así como con el Poder Judicial de la federación; es decir, este acto legislativo se funda en una amplia legitimación producto de un sólido ejercicio de concertación política entre los Poderes de la Unión”.

5. Manifiesta en el cuerpo de su iniciativa que “el subejercicio es una posibilidad que se contempla en todo presupuesto, no obstante, éste debiera ser una excepción más que una constante, toda vez que al presentarse una tendencia contraria se tiene un signo de ineficiencia, en el mejor de los casos; pero lo que se ha detectado es una amplia discrecionalidad de servidores públicos que en aras de impulsar, apoyar o acelerar algún programa, realizan u omiten acciones de transferencias de recursos entre un programa y otro, sin que medie una justificación aceptable, y, mucho menos, una sanción por alterar un instrumento legal como lo es el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación”.

6. Plantea que “el gobierno federal de manera unilateral decide la modificación, alteración o suspensión de proyectos de inversión establecidos en el decreto en comento, así como cancelar diversas erogaciones en rubros fundamentales que afectan directamente a amplios sectores de la población”.

7. Concluye señalando que “esta situación de suspicacia se acentúa aun más en tiempos de procesos electorales, tanto federales como locales, en los que se intensifican y se acrecientan de manera inexplicable algunos apoyos a programas sociales en zonas específicas del país, en donde se concentra una intensa competencia electoral. Es ineludible que la ley marque con precisión las prohibiciones que en esta materia deben tener los servidores públicos, así como las sanciones que, en su caso, serían aplicables”.

Consideraciones

Primera. La iniciativa de merito, tiene por objeto reformar los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP), en los siguientes términos:

“Artículo 8. ...

I. a XXIV. ...

XXV. Abstenerse de aplicar, ordenar o acatar cualquier instrucción, acción u omisión que implique el incumplimiento o la violación de disposiciones que en materia de gasto público contenga el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado por la Cámara de Diputados.

Artículo 13. ...

I. a IV. ...

V. En todo caso ... y XXV de esta ley.”

Sobre el particular, se advierte que el propósito de las reformas propuestas a la LFRASP, se centra en establecer dentro del catálogo de obligaciones que todo servidor público debe observar durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión, la de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento o violación a las disposiciones que en materia de gasto público contenga el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Asimismo, en atribuirle el carácter de grave a dicha obligación.

En este sentido, se estima que las referidas reformas resultan innecesarias toda vez que el artículo 8 de la LFRASP vigente, ya establece en su fracción II, la obligación que tiene todo servidor público de “formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y la normatividad que determinen el manejo de recursos económicos públicos”.

Segunda. En efecto, se considera que la hipótesis normativa que pretende adicionarse a través de la fracción XXV del artículo 8 de la LFRASP, ya se encuentra contenida en el texto de la citada fracción II del propio numeral.

Tercera. Ahora bien, en lo que respecta a la propuesta de calificar como grave, el incumplimiento de la referida obligación, cabe destacar que si bien el texto vigente del antepenúltimo párrafo del artículo 13 de la LFRASP –el cual señala las fracciones del artículo 8 que contienen las obligaciones cuyo incumplimiento, en todo caso se considerará como grave–, no contempla a la fracción II del propio artículo 8, ello no obsta para que, atendiendo a las particularidades del caso y con base en los elementos que asistan al incumplimiento de obligaciones de esa naturaleza, la autoridad estime procedente calificar como grave la conducta, y en consecuencia determine establecer una sanción en los mismos términos que cuando se trata de infracciones expresamente señaladas como graves por dicho artículo 13.

Derivado de las anteriores consideraciones, se estima que las reformas propuestas a la LFRASP en la Iniciativa que nos ocupa, resultan innecesarias e improcedentes.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de la Comisión de la Función Pública presentan al pleno de esta soberanía para su aprobación, los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la Iniciativa que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada por el diputado Robinson Uscanga Cruz del Grupo Parlamentario de Convergencia, el 30 de abril de 2009.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Salón de sesiones de la comisión, Palacio Legislativo de San Lázaro, México Distrito Federal, a 9 de febrero de 2011.

La Comisión de la Función Pública, diputados:Pablo Escudero Morales (rúbrica), presidente; Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Marcos Pérez Esquer (rúbrica), Juan Carlos López Fernández, secretarios; Janet Graciela González Tostado, Agustín Guerrero Castillo, Sergio Lobato García (rúbrica), Kenia López Rabadán (rúbrica), Tereso Medina Ramírez, Pedro Peralta Rivas (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández, José Francisco Rábago Castillo (rúbrica), Fausto Sergio Saldaña del Moral (rubrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Esthela Damián Peralta (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María de Jesús Mendoza Sánchez, Josefina Rodarte Ayala (rúbrica), Héctor Pedroza Jiménez (rúbrica), Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila (rúbrica).»

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Vivienda, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracciones II y III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) perteneciente a la LXI Legislatura, presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

La comisión que suscribe, con fundamento en los artículos 39, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85, 182 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, vigente a partir del 1 de enero de 2011, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados el 23 de marzo de 2010, la Mesa Directiva recibió y dio cuenta al pleno de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Ley del Infonavit, del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del PRI.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Vivienda”.

Descripción de la iniciativa

Propone reformar el artículo 41 de la Ley del Infonavit, a fin de que se adicione un párrafo cuarto a dicho ordenamiento, estableciendo que las prórrogas que se otorguen al trabajador por haber dejado de percibir ingresos salariales podrán ampliarse cuando se decrete una situación de efecto económico negativo generalizado, un estado de salubridad general causado por una epidemia o por contingencias de la naturaleza.

Consideraciones de la comisión

Primera. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Vivienda, con las atribuciones señaladas, se abocó a dictaminar la iniciativa de referencia.

Segunda. Que la misión del Infonavit es contribuir al bienestar de sus trabajadores y sus familias, poniendo a su alcance productos de crédito e información que les permitan tomar la mejor decisión para satisfacer sus necesidades de vivienda y constituir un patrimonio familiar de acuerdo con sus intereses; impulsar la creación de espacios habitacionales sustentables y competitivos que generen bienestar social, propicios para el desarrollo de comunidades más humanas y armónicas; y enriquecer el conocimiento de los trabajadores y sus familias.

Tercera. Que el concepto de “prórroga”, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, se define como la “continuación de algo por un tiempo determinado”, en el entendido de que hay un plazo para cumplir el mismo. Asimismo, el Infonavit lo define como un apoyo temporal que ofrece por ley para no exigir el pago del crédito en caso de perder el trabajo y no poder hacer los pagos mensuales, en forma directa. Esta prórroga puede utilizarse hasta por 12 meses continuos y en 2 ocasiones a lo largo de la vida del crédito. En total, pueden acumularse hasta 24 meses en diferentes periodos, sin que se excedan de 12 meses seguidos.

Cuarta. Que a lo largo de los últimos años, por haber pérdidas de fuentes de empleo, varios trabajadores tienen prioridades como alimentación, vestido, transporte, salud, y educación, y dejan a un lado el puntual pago del crédito de vivienda de interés social, siendo que de éste depende el bienestar emocional de tener un techo propio del cual depende que puedan llevar a cabo las demás prioridades.

Quinta. Que el Infonavit garantiza apoyos a sus acreditados con problemas de pago, toda vez que existe el Consejo de Administración que cuenta con la emisión de la Garantía Infonavit, la cual asegura a todos los acreditados una alternativa cuando no puedan hacer frente a sus pagos, ya sea por pérdida de la relación laboral o disminución de ingresos, así como beneficios por mantenerse al corriente de los pagos.

Sexta. Que de igual forma, en el Infonavit hay el beneficio de poder otorgar a los derechohabientes hasta 10 por ciento de descuento por liquidación anticipada a préstamos con dos años de pago ininterrumpido, lo cual antes requería 10 años de pago continuo para obtener el beneficio.

Séptima. Que la prórroga que se solicita en la iniciativa del promovente, referente a una “situación de impacto económico negativo generalizado”, o por “contingencias de la naturaleza”, aplicaría única y exclusivamente para el supuesto de cuando el trabajador deje de percibir ingresos salariales (dinero), y en la iniciativa no establecen cuáles son dichos aspectos, en qué términos aplicarían y quién los determinaría, ya que se hace referencia a la pérdida de empleos en 2009 a raíz de la crisis económica, de la influenza humana AH1N1, que fue una emergencia sanitaria y podría ser parte de “contingencias de la naturaleza” y del caso de alguna epidemia, sin que en ningún apartado de la iniciativa se haga referencia a algún otro caso en particular.

Octava. Que particularizar los supuestos en que se otorgaría la prórroga solicitada implicaría hacer un catálogo exhaustivo de casos acontecidos a escala nacional, y de casos particulares aplicables únicamente para el Distrito Federal.

En virtud de lo expuesto, la Comisión de Vivienda somete a consideración de esta asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presentada por el diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de fecha 23 de marzo de 2010, turnada a la Comisión de Vivienda.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2011.

La Comisión de Vivienda, diputados:Martín Rico Jiménez (rúbrica), presidente; Efraín Ernesto Aguilar Góngora (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), David Hernández Vallín (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez, Enrique Torres Delgado (rúbrica), Norma Leticia Orozco Torres, Rigoberto Salgado Vázquez, J. Guadalupe Vera Hernández (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), secretarios; José Óscar Aguilar González (rúbrica), Laura Arizmendi Campos, Héctor Elías Barraza Chávez, Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez, Marcos Carlos Cruz Martínez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala, Paula Angélica Hernández Olmos, Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica), José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Pedro Peralta Rivas (rúbrica), Silvia Puppo Gastélum (rúbrica), Adela Robles Morales (rúbrica), Maricela Serrano Hernández, Sergio Tolento Hernández (rúbrica).»

LEY AGRARIA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Reforma Agraria fue turnada para dictamen la minuta de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria

La Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción 1, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, para efectos del artículo 72, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. A la Comisión de Reforma Agraria fue turnado con fecha 29 de marzo de 2011, mediante el oficio número DGPL 61-II.1.1402 para estudio y dictamen, el expediente número 4389, que contiene la minuta con proyecto de decreto de la Cámara de Senadores por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria.

2. Examinando el expediente se encuentra que contiene

a) Oficio número DGPL 2P2A.-7389, de fecha 22 de marzo de 2011, de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores que remite a la Cámara de Diputados el expediente que contiene la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria.

b) Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria.

c) Oficio número 096, de fecha 20 de mayo de 2008, por el que el senador Renán Cleominio Zoreda Novelo solicita al licenciado Víctor M. Orduña Muñoz, secretario técnico de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, inscribir en el proyecto del orden del día de la Comisión Permanente del miércoles 21 de mayo de 2008, entre otros documentos, la iniciativa del senador Mario López Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 185 de la Ley Agraria.

d) Iniciativa y turno de la Presidencia de la Mesa Directiva de fecha 21 de mayo de 2008, para las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Recursos Hidráulicos, de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores.

e) Oficios de fecha 21 de mayo de 2008, firmados por la diputada Liliana Carbajal Méndez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dirigidos a los presidentes de las Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Recursos Hidráulicos, de Reforma Agraria, y de Estudios Legislativos, Segunda, mediante los cuales comunica el acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva con anexo de la iniciativa.

f) Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria, de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Recursos Hidráulicos, y de Estudios Legislativos Segunda, que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria.

g) Modificación del texto del dictamen de las comisiones unidas dictaminadoras, que el senador Tomás Torres Mercado reservó para su discusión en lo particular y fue aprobada.

3. Con fecha 1 de junio de 2011 se sometió a estudio de los integrantes de la comisión el expediente turnado, apoyando éste sobre todo en el análisis realizado y el material de opiniones recopilado por las comisiones unidas dictaminadoras del Senado de la República, contenidos en el expediente.

Contenido de la iniciativa

A) Motivación

a) La garantía individual que consiste en administrar justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial no deja de ser un buen deseo en numerosos casos.

b) Frecuentemente, la poca voluntad de las partes impide la pronta solución de los conflictos.

c) Algunas entidades del país han realizado apreciables esfuerzos para hacer efectivo el contenido del dispositivo constitucional, por medio de la justicia alternativa.

d) El uso de los medios alternativos de solución se ha extendido al grado que diversas entidades ya cuentan con ordenamientos puntuales.

e) Es necesario, sin embargo, profundizar su uso en beneficio de quienes se encuentren en una situación de desventaja económica, como ocurre en los tribunales agrarios.

f) Debemos procurar que las leyes en sus partes procesales privilegien las formas de solución de controversias que eviten la generación de conflictos.

g) La aceptación de la composición procesal contenida en el artículo 185 de la Ley Agraria ayuda al abatimiento de la carga de trabajo de los tribunales.

h) Se propone dar mayor tiempo a las partes para que lleguen a una solución consensuada, no limitar su voluntad de llegar a una composición amigable.

B) Propuesta de reforma

Artículo 185. El tribunal abrirá la audiencia y en ella se observarán las siguientes prevenciones:

I. a V. ...

VI. En cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de que el fallo pronunciado cause ejecutoria, el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. Si se lograra la avenencia, se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el que una vez calificado y, en su caso, aprobado por el tribunal, tendrá el carácter de sentencia. En caso contrario, el tribunal oirá los alegatos de las partes, para lo cual concederá el tiempo necesario a cada una y en seguida pronunciará su fallo en presencia de ellas de una manera clara y sencilla.

...

El dictamen de las comisiones unidas del Senado de la República

Las comisiones dictaminadoras advierten “lo confuso de su redacción y su conexa interpretación, porque el juicio agrario para ese instante se encuentra concluido, al existir ya un pronunciamiento jurisdiccional por excelencia, que está poniendo fin al fondo del litigio planteado”, por lo que consideran más conveniente “elevar el convenio derivado a categoría de sentencia definitiva o cosa juzgada, para no dar lugar en la praxis a situaciones problemáticas con su interpretación, y sobre todo poner en tela de juicio si las sentencias dictadas por los tribunales agrarios ponen o no fin a las controversias planteadas”.

La Comisión de Reforma Agraria, al hacer el examen del dictamen de las comisiones unidas del Senado, asume como propios los considerandos de los numerales que van del II al VI y reconoce el esfuerzo realizado en la consulta de opiniones calificadas. Valorando el proceso legislativo seguido y todo el material contenido en el expediente, ha resuelto fundamentar su resolución en los numerales citados y en los siguientes

Considerandos

1. La expresión “en cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de que el fallo pronunciado cause ejecutoria o sea material o jurídicamente ejecutado” propuesta en la minuta que se examina y que contiene el núcleo principal de la reforma de la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria supone en efecto que ya se pronunció un fallo y se dio por terminado el juicio, a diferencia de la redacción vigente.

2. Las expresiones siguientes: “el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable” es aplicable en la audiencia que se realiza por y para el fallo que da por concluido el juicio, y existe precisamente para materializar la posibilidad de celebración de un convenio entre las partes para poner fin al juicio y también para orientar al magistrado en la búsqueda de la verdad.

3. Para hacer efectivos los principios rectores de oralidad, inmediación, publicidad y concentración que caracterizan el juicio agrario, la Ley Agraria dispone que las actuaciones que demandan la intervención de los magistrados se realicen con las formalidades propias de una audiencia.

4. En la audiencia se concentran todos los actos de juzgamiento, con aplicación plena de los principios anteriores. Durante ella, las partes enfrentadas en el proceso exponen su teoría o versión del caso, y los hechos y argumentos jurídicos y probatorios con que pretendan sacar avante sus tesis. El magistrado tendrá la mejor posibilidad de adoptar una decisión en derecho, con arreglo a las pruebas que tenga ocasión de apreciar en forma directa.

5. En esta audiencia se produce la exhortación del tribunal para la composición amigable, lograr la avenencia y suscribir un convenio. De producirse este resultado entre las partes, lo acordado se incorpora a la sentencia. La reforma pretende prolongar esta exhortación, aun después de pronunciada la sentencia, la que una vez pronunciada determina la relación del derecho controvertido con el sujeto o parte en el juicio que se hace merecedor de ese derecho; es decir, después que la contienda termina precisamente cuando se produce el fallo judicial en beneficio de una de las partes.

6. Conforme a nuestra legislación vigente, el fallo judicial supone siempre la posibilidad de ser resultado de un convenio de las partes o una resolución judicial sin esta institución, o también de una combinación de ambos procedimientos. La resolución judicial que se produce en ausencia o sin la participación de convenio de las partes da cuenta de que no tuvo éxito en la audiencia la exhortación del tribunal a la composición amigable a que lo obliga la legislación vigente.

7. En el procedimiento definido por el derecho agrario adjetivo está determinado el hecho de que el momento procesal oportuno para la conciliación de las partes es la audiencia formal, que al realizarse se cumplen los mandatos constitucionales de los artículos 14 y 16 y debe tener lugar antes de pronunciar sentencia para ofrecer al juzgador el material convenido para dictar su resolución y lo convenido entre las partes se considere en la sentencia. La reforma que se propone pretende prolongar este momento procesal de la conciliación más allá de pronunciada la sentencia.

8. Existe una condición de incertidumbre inicial que caracteriza esta etapa procesal del juicio de a qué parte de los contendientes corresponde el derecho controvertido. La sentencia define y supera esta condición de incertidumbre inicial. Esta condición por sí misma es ventajosa para la composición amigable y, consecuentemente, para la celebración de un convenio. Una vez que la sentencia da certidumbre al derecho de una de las partes, se convierte en obstáculo para un convenio posterior.

9. Si se lograra la avenencia de las partes después de pronunciado el fallo y éstas celebran un convenio, y la sentencia todavía no causa ejecutoria, el convenio o lo convenido puede ser igual o similar al fallo. En tal caso, no agrega nada al procedimiento, más que la reafirmación y el reconocimiento de que la sentencia es satisfactoria para las partes contendientes y resuelve una situación conflictiva, resuelve la controversia. Puede ser diferente y hasta estar en oposición con la sentencia que pone fin al juicio; en estos últimos casos, el convenio cuestiona el fallo, genera una contradicción entre el fallo judicial y el convenio.

10. La posibilidad de la contradicción entre convenio y sentencia, que no existe en los supuestos del procedimiento vigente en efecto, como reconoce la minuta, complica y pone en entredicho la función judicial procesal. Cuestiona que el procedimiento judicial cumple a cabalidad sus condiciones y su objetivo y su función de medio idóneo para la solución del conflicto. Desacredita la ventaja de la economía procesal que se busca en el procedimiento judicial.

11. Las partes pueden siempre convenir en forma particular o privada sin la intervención judicial, con arreglo al derecho civil; pero si acuden a esta instancia del derecho agrario es porque además de que corresponde la materia a este ordenamiento jurídico, es porque por sí mismos no lo han logrado, si es que se conocen y conocen su controversia y lo han intentado, o porque las partes no se conocían y no existían posibilidades de convenir y se conocen y se enfrentan en el juicio por primera vez.

12. Es menos posible que fuera de la audiencia y del control judicial que ésta ejerce entre los participantes puedan convenir las partes. La celebración de la audiencia exige condiciones que sólo pueden satisfacerse en el marco de la formalidad. Cualquiera que sean sus tiempos, se rige por los siguientes principios: equidad, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad, empoderamiento o simetría de poder, buena fe y veracidad.

13. En la audiencia, el magistrado es garante del cumplimiento de los citados principios. El magistrado, entre otras cosas, interviene como tercero neutral exhortando a las partes contendientes a buscar una solución convenida. El magistrado en funciones de conciliador no propone alternativas de solución, como ha confirmado la abundante jurisprudencia al respecto. Fuera de la audiencia y de sus condiciones, es menos factible lo pretendido por la reforma.

14. De acuerdo con lo anterior, tampoco es procedente la propuesta de reforma siguiente: “El convenio a que hace referencia el párrafo anterior deberá contener los acuerdos tomados y los lineamientos generales para ejecutarlo, así como las sanciones en caso de incumplimiento”, que prescribe elementos operativos o de instrumentación eficaz de los acuerdos.

15. La propuesta de reforma deja fuera de lugar total y absolutamente sin sentido la última frase con que se cierra la fracción IV del artículo 185 vigente en la ley, que dice: “En caso contrario, el tribunal oirá los alegatos de las partes, para lo cual concederá el tiempo necesario a cada una y enseguida pronunciará su fallo en presencia de ellas de una manera clara y sencilla”. Esta redacción sólo es compatible lógicamente con la redacción vigente.

16. La reforma propuesta, en suma, introduce elementos de confusión, es muy controvertible su eficacia para el propósito que se busca, es audazmente innovadora, pero genera contradicciones difíciles de superar, que en vez de que resuelva controversias, genera más controversias, ahora en el proceso que se supone es el dispositivo para las soluciones.

Por lo expuesto, la Comisión de Reforma Agraria somete a consideración del pleno de esta asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha en todos sus términos la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria.

Segundo. Comuníquese a la Cámara de Senadores para efectos de lo dispuesto en el artículo 72, apartado d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de agosto de 2011.

La Comisión de Reforma Agraria, diputados:Óscar García Barrón (rúbrica), presidente; María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Joel González Díaz (rúbrica), María Estela de la Fuente Dagdug, Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica), Luis Hernández Cruz (rúbrica), secretarios; Rafael Rodríguez González, Felipe Cervera Hernández (rúbrica), Fernando Santamaría Prieto, María Felícitas Parra Becerra (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston, Gumercindo Castellanos Flores, José Manuel Marroquín Toledo, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Domingo Rodríguez Martell (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes, Filemón Navarro Aguilar, Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez (rúbrica), Héctor Fernández Aguirre (rúbrica), Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Víctor Manuel Galicia Ávila (rúbrica), María Esther Terán Velázquez, Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica), Josefina Rodarte Ayala (rúbrica), Moisés Villanueva de la Luz (rúbrica).»

LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZUCAR

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados fue turnada, para estudio y dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto por el que reforma el segundo párrafo del artículo 34, el primer párrafo del artículo 44, el primero y segundo párrafos del artículo 46, el artículo 47, el segundo párrafo del artículo 50, el artículo 56 y el artículo 125; y se adicionan la fracción III del artículo 42, y el segundo párrafo del artículo 44, todos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

Los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LXI Legislatura nos hemos avocado con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;  80, 81, 82, 84, 85, 102, 157, 176 y 180 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Metodología

Para dar cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la comisión presenta el siguiente dictamen en cuatro apartados, a saber:

I. El apartado “Antecedentes” de la propuesta en estudio en el que se da constancia del inicio y desarrollo del proceso legislativo.

II. El apartado “Contenido de la minuta” sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el apartado “Consideraciones” se expresan los motivos y fundamentos que sustentan la resolución de esta comisión dictaminadora.

I. Antecedentes

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, el 14 de abril del 2011, mediante oficio de la Mesa Directiva número DGPL 61-II-2-1261, año segundo, sección segunda y número de expediente 4600, fue turnada la minuta para su estudio y dictamen correspondiente.

I. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Agricultura y Ganadería para estudio y dictamen.

II. El 20 de enero de 2010, el senador Juan Bueno Torio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores, la iniciativa de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

III. El 3 de diciembre de 2010 se llevó a cabo una reunión de trabajo donde se analizó el contenido de la iniciativa, con el personal jurídico del senador Juan Bueno Torio (proponente) y el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a través de la Dirección Jurídica del organismo.

IV. El 16 de diciembre de 2010 se realizó una mesa de trabajo con representantes del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar; de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar-CNC; de la Unión Nacional de Cañeros, AC; y de la Cámara Azucarera, donde se analizaron y discutieron las diversas reformas y adiciones que se proponen para modificar la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

V. El 20 de enero de 2011, en la séptima reunión ordinaria de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado, se analizó, discutió y se sometió a votación el proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

VI. Del análisis, discusión y votación de la iniciativa en referencia, los integrantes de la Comisión de Agricultura del Senado aceptaron el proyecto en lo general; en lo particular se reservaron firmar el proyecto, hasta atender la propuesta de adecuar los artículos que versan sobre los periodos de inicio de la zafra (septiembre de cada año) con la entrega del padrón de abastecedores de caña (último día de agosto), estas adecuaciones deben ser coherentes para no afectar el estimado de producción en la zafra que corresponda.

VII. El 23 de febrero de 2011 se realizó una segunda mesa de trabajo con representantes de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar-CNC; de la Unión Nacional de Cañeros, AC; y de la Cámara Azucarera, donde se analizaron y discutieron las diversas propuestas para adecuar las reservas a la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

VIII. Iniciativa presentada por el senador Juan Bueno Torio (PAN) el 20 de enero de 2010 (LXI Legislatura).

IX. Dictamen de primera lectura presentado el 5 de abril de 2011 (LXI Legislatura).

X. Dictamen a discusión presentado el 13 de abril de 2011. Proyecto de decreto aprobado por 90 votos. Pasa a la Cámara de Diputados para los efectos del apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (LXI Legislatura).

II. Contenido de la minuta

El objeto de la presente es establecer que las solicitudes de afiliación o renuncia de los abastecedores de caña, por sí o por conducto de las organizaciones, deberán presentarse ante el Registro a más tardar el 31 de agosto, previo al inicio del ciclo azucarero. En su caso, las organizaciones deberán presentar ante el Registro, mediante escrito, el aviso de no movimientos en su padrón. Si alguna organización local no proporciona esta información dentro del plazo concedido, el registro de oficio procederá a requerir su entrega, concediéndole al efecto un plazo no mayor de cinco días hábiles.

Por otra parte, si la organización local de que se trate no cumple en tiempo con el requerimiento, el Registro informará a la Secretaría, para los efectos de que ésta promueva la imposición de una multa, ésta no libera a la organización de la obligación de proporcionar la información que se indica. Asimismo, los Ingenios tendrán la obligación de entregar al comité y al Registro a más tardar el 31 de julio de cada año y sin necesidad de requerimiento previo, la relación de la totalidad de sus abastecedores de caña de azúcar.

Asimismo, en caso de que el ingenio no proporcione esta información dentro del plazo establecido, el Registro directamente o a solicitud de cualquiera de las organizaciones locales de abastecedores, procederá a requerir su entrega, concediéndole al efecto un plazo no mayor de cinco días hábiles. Si el ingenio no cumple en tiempo con el requerimiento, el Registro informará a la Secretaría, para los efectos de que ésta promueva la imposición de una multa, ésta no libera al ingenio de la obligación de proporcionar la información que se indica.

Como resultado de la acción promovida por la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 50, segundo párrafo, última parte, 56, 119 y 125 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, considerando que es inconstitucional que la ley prevea la intervención obligatoria de la junta permanente para resolver los conflictos entre cañeros e industriales, aún cuando dicha Junta podría actuar como árbitro si las partes se someten libremente al arbitraje.

III. Consideraciones

Primera.Que en el marco de los artículos 25 y 27, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 22 de agosto de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar”, cuyo objetivo es normar las actividades asociadas a la agricultura de contrato y a la integración sustentable de la caña de azúcar, de los procesos de la siembra, el cultivo, la cosecha, la industrialización y la comercialización de la caña de azúcar, sus productos, subproductos, coproductos y derivados.

Segunda.Que esta ley establece en el artículo 9 la constitución del “Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar”, como un organismo público descentralizado, dependiente de la administración pública federal, cuyo objeto será la coordinación y la realización de todas las actividades previstas en ella relacionadas con la agroindustria de la caña de azúcar.

Tercera.Que la agroindustria azucarera es uno de los principales motores económicos de muchas regiones del país, ya que genera en su conjunto el 0.06 por ciento del producto interno bruto nacional (PIB),1 el 11.6 por ciento del PIB del sector primario y el 2.5 por ciento del PIB manufacturero.

Cuarta.Que la producción y el número de ingenios de caña de azúcar se registra en 15 estados del país: Campeche (1), Colima (1), Chiapas (2), Jalisco (6), Michoacán (3), Morelos (2), Nayarit (2), Oaxaca (3), Puebla (2), Quintana Roo (1), Sinaloa (3), San Luis Potosí (4), Tabasco (3) y Tamaulipas (2), y de Veracruz (21). Actualmente en México operan 57 ingenios azucareros.2

En la zafra 2007-2008 se produjeron 5 millones 520 mil toneladas de azúcar, y en la zafra 2008-2009, la producción alcanzó 4 millones 96 toneladas.

Quinta. Que según informes del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, al término del primer cuatrimestre del presente año, la producción acumulada de azúcar presenta una recuperación, ya que los datos disponibles correspondientes a la zafra 2009-2010 muestran una producción de 4 millones 300 mil toneladas.3 Ello demuestra la importancia de la agroindustria de la caña de azúcar en el país.

Sexta.Que el sector cañero y azucarero del país, genera actualmente 450 mil empleos directos y, de manera indirecta, dependen de él 2.2 millones de personas en 15 estados del país,4 por lo que la cadena productiva de la caña es de suma importancia para el sector primario y manufacturero mexicano.

Séptima.Que la cadena de la agroindustria azucarera se integra por productores de caña, cortadores, transportistas, propietarios de ingenios, trabajadores de fábrica, abastecedores de insumos y proveedores de maquinaria y herramientas, entre otros, dando sustento a más de 440 mil familias con empleos permanentes en el campo, la fábrica, los almacenes y en el proceso de comercialización del dulce y sus derivados.5

Octava.Que la toma de decisiones del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar se realiza a través de su junta directiva, la que actualmente se integra por el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como por representantes de la Cámara Azucarera y representantes de las organizaciones nacionales de abastecedores de caña de azúcar.

Novena.Que en términos de lo dispuesto por el artículo 24 de la ley de mérito, los citados comités de producción y calidad cañera se integran con los representantes de los ingenios y también con los representantes de los abastecedores, éstos últimos por conducto de cada una de las organizaciones locales de abastecedores de caña de azúcar; debiendo tomar en cuenta que conforme a lo establecido por el artículo 26 del mismo ordenamiento legal, los comités de referencia, son los órganos encargados de vigilar el cumplimiento de la propia ley; teniendo, entre otras, las siguientes facultades y obligaciones:

Formular los programas de operación de campo relativos a la siembra de caña de azúcar, actividades agrícolas, mecanización del campo, cosecha y molienda de caña para la zafra;

Expedir las órdenes de suspensión de riegos, de quemas y de corte;

Determinar el monto de los castigos a que se hagan acreedores los abastecedores de caña o el industrial;

Aprobar el control y rotación de estibas de caña en el batey del ingenio;

Aprobar la distribución de todos los gastos prorrateables efectuados durante los periodos de pre zafra y zafra que deban ser aplicados a la masa común de caña liquidable;

Coadyuvar en su ámbito de acción con las medidas necesarias que le den viabilidad a las actividades que contribuyan al desarrollo sustentable de la caña de azúcar.

Para la realización oportuna y eficiente de las actividades certificadoras en la materia, se hace indispensable que el Registro cuente oportunamente con la relación de la totalidad de los abastecedores de caña de azúcar de cada uno de los ingenios en el país, los cuales son definidos por el artículo 35, fracción X, de la ley en la materia, como las plantas industriales dedicadas al procesamiento, transformación e industrialización de la caña de azúcar y que en la actualidad ascienden a 57 a nivel nacional; e igualmente se hace indispensable que las organizaciones locales de abastecedores de caña presenten al Registro las altas y bajas de sus abastecedores afiliados.

Décima.Que a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, se promovieron diversos juicios de amparo en su contra y la Procuraduría General de la República promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Undécima.Que como resultado de la acción promovida por la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 50, segundo párrafo, última parte, 56, 119 y 125 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, considerando que es inconstitucional que la ley prevea la intervención obligatoria de la Junta Permanente para resolver los conflictos entre cañeros e industriales, aún cuando dicha Junta podría actuar como árbitro si las partes se someten libremente al arbitraje.

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la misma resolución aclaró el alcance del artículo 98 de la ley citada, señalando que las aportaciones que los industriales y las organizaciones de abastecedores hagan al Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar tendrán el carácter de voluntarias y no podrán ser obligatorias, ya que dicha institución no es un organismo público.

Duodécima.Que la reformas al artículo 34, surgen a razón de obtener y mantener el registro de las organizaciones locales, cuyo requisito es que estas organizaciones cuenten con una membrecía equivalente al 10 por ciento del padrón total de abastecedores de cada ingenio del que se trate, además del 10 por ciento del volumen total de la caña a industrializarse y deberán estar inscritas en el Registro. Esta modificación se deriva a la reforma del artículo 42.

El artículo 42 de la ley establece el procedimiento que debe seguir los abastecedores de caña que tengan interés en constituir una organización o de renunciar a la que pertenezcan, deberán presentar la solicitud de afiliación o renuncia.

Decimotercera. Que esta comisión dictaminadora considera que esta modificación no contribuye a dar certidumbre de los padrones de abastecedores de caña. Ya que el artículo 47 de la ley en comento dispone:

“Artículo 47. Los padrones de abastecedores de caña de azúcar por ingenio se actualizarán anualmente; de no presentarse modificación alguna una vez iniciado el ciclo azucarero, prevalecerá el padrón del ciclo anterior.”

Es decir, no hay ninguna necesidad de establecer una nueva obligación y, peor aún, multa, a las organizaciones de Abastecedores de Caña que no entreguen las solicitudes y/o renuncias, puesto que este artículo 47 ya dispone que, si no se presenta modificación, debe prevalecer el padrón del ciclo anterior.

Decimocuarta.En relación con a la propuesta de reforma al artículo 44 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, en el precepto se incorporan la obligación para que los ingenios, entreguen al Registro y al Comité, la relación de la totalidad de sus abastecedores de caña, a más tardar el 31 de julio de cada año. Sobre la información que emitan los ingenios deberán contener los mismos requisitos mínimos que contengan los datos suficientes que permitan su plena identificación.

En cuanto a este primer párrafo, en su primera parte, sólo pretende detallar los datos que debe contener la relación entregada por el ingenio, lo cual así sucede actualmente.

Que lo realmente importante y trascendente es su segunda parte, la cual es improcedente, puesto que, para que una organización de abastecedores de caña reciba el listado de abastecedores de caña del ingenio que corresponda, debe demostrar su interés jurídico en obtenerlos y para ello debe cumplir con los requisitos que la misma ley señala para poder ser considerada como tal, es decir, como organización de abastecedores de caña de azúcar, no simplemente estar “constituida legalmente ante notario público”.

Que en cuanto a las obligaciones y en su caso multa al ingenio, es  un factor de orden y procura el cumplimiento en los tiempos, para facilitar una adecuada ejecución en las funciones de registro.

Decimoquinta.Que la reforma al artículo 46 de la Ley, remite a la fecha establecida en la fracción III del artículo 42 de la ley, pero como ya señalamos es improcedente por tanto es innecesario la modificación que se propone en este artículo.

Decimosexta.Que la reforma al contenido del artículo 47 de la ley, de los padrones de abastecedores de caña de azúcar por ingenio se actualizarán anualmente y deberán publicarse en el mismo ingenio correspondiente y en la página de Internet de la Secretaría.

En este sentido la comisión analizó la propuesta y considera que es inconveniente, ya que ante el clima de violencia e inseguridad que se vive actualmente en nuestro país, vulnera y pone en peligro la privacidad y seguridad personal de cada uno de los abastecedores de caña.

Por otra parte, al no justificarse la adición al artículo 42, no es procedente hacer la adición relativa en este artículo.

Decimoséptima.Que referente a la reforma al artículo 50, donde estipula que el contrato que deben celebrar los industriales con los abastecedores de caña es el instrumento jurídico que regula las relaciones entre ambos respecto de la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar; será uniforme para todos los ingenios del país, se sujetará a los términos que se establecen en esta ley y requerirá la sanción del comité correspondiente, entregándose copia del mismo a las partes.

Deberá contener, como mínimo, la personalidad de los contratantes, la identificación del ingenio y del terreno contratado para producción de caña de azúcar, la vigencia del contrato, la forma de pago de la caña, el pago de intereses ordinarios o moratorios, las causales de rescisión, el sometimiento expreso de las partes a los acuerdos del Comité Nacional y del Comité, de conformidad con sus facultades y atribuciones.

En este sentido la comisión dictaminadora considera que las reformas que se proponen no subsanan la declaración de inconstitucionalidad dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al sometimiento de las partes a la jurisdicción de la Junta Permanente, acción de inconstitucionalidad 27/2005, publicada en el diario oficial de la federación el 7 de diciembre de 2007.

Que se debe considerar que la situación que se prevé en este artículo ha sido superada en el contrato uniforme que tienen celebrado los abastecedores de caña y cada uno de los ingenios, pues en su cláusula vigésima cuarta se establece:

“En caso de controversia derivada de la ejecución y cumplimiento del presente contrato que no pueda ser resuelta conciliatoriamente ante el comité de producción y calidad cañera, las partes aceptan  someterse  a la jurisdicción de la junta permanente de arbitraje de la agroindustria de la caña de azúcar, en los términos del compromiso arbitral que al efecto celebren.”

Decimoctava.Que para el caso de la reforma al artículo 56 aprobada por el Senado retoma y mantiene la esencia del artículo original que fue declarado inconstitucional por la sentencia de la SCJN, dado que establece como principal posibilidad el sometimiento de los ingenios y abastecedores de caña a la jurisdicción de la Junta Permanente con el objeto de dirimir las controversias que surjan por el incumplimiento de la ley o del contrato, sin establecer un mecanismo donde la jurisdicción de la Junta Permanente deje de tener prioridad sobre otras opciones.

Decimonovena.Finalmente en cuanto a la reforma al artículo 125, que también fue declarado inconstitucional  por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el tema de obligación a someterse a la jurisdicción de la Junta Permanente. En consecuencia el dictamen aprobado por el Senado retoma el contenido original del artículo 125 y le da viabilidad legal estableciendo que los abastecedores de caña, y los industriales podrán someterse a la jurisdicción de la Junta Permanente, cambiando en la iniciativa la obligatoriedad por la posibilidad al sustituir el deberán por el podrán, sin embargo esto resulta insuficiente para subsanar la inconstitucionalidad declarada por la Corte, toda vez que someten la realización del mandato establecido en el 125 a otros artículos contenidos dentro de la misma Ley los cuales de acuerdo a la Corte también son inconstitucionales

Por otra parte, debemos considerar que la situación que se prevé en este artículo ha sido superada en el contrato uniforme que tienen celebrado los abastecedores de caña y cada uno de los ingenios, pues en su cláusula vigésima cuarta se establece:

“En caso de controversia derivada de la ejecución y cumplimiento del presente contrato que no pueda ser resuelta conciliatoriamente ante el comité de producción y calidad cañera, las partes aceptan  someterse  a la jurisdicción de la junta permanente de arbitraje de la agroindustria de la caña de azúcar, en los términos del compromiso arbitral que al efecto celebren.” Visible en

http://www.conadesuca.gob.mx/marco%20 juridico/formato_contrato_uniforme_ 16  de_julio _2008[1].pdf

Por lo expuesto y para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72, fracción D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LXI Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente

IV. Acuerdo

Único. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 34, el primer párrafo del artículo 44, el primero y segundo párrafos del artículo 46, el artículo 47, el segundo párrafo del artículo 50, el artículo 56 y el artículo 125; y se adicionan la fracción III del artículo 42, y el segundo párrafo del artículo 44, todos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, remitida por la honorable Cámara de Senadores el 14 de abril de 2011.

Notas:

1 Según datos de la Unión de Cañeros, AC-CNPR.

2 Manual Azucarero Mexicano 2009, página 66.

3 “Registra zafra avance de 4.3 millones de toneladas de azúcar”, http://www.presidencia.gob.mx/prensa/sagarpa/?contenido=56351, 19 de julio de 2010.

4 “La zafra 2008-2009 avanza conforme a lo programado: ya se molieron más de 2.2 millones de toneladas de caña”, http://www.presidencia.gob.mx/prensa/sagarpa/?contenido=41228, 19 de julio de 2010.

5 Ibídem, “Agroindustria azucarera espera producción cercana a los cinco millones de toneladas”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de agosto de 2011.

La Comisión de Agricultura y Ganadería, diputados:Cruz López Aguilar (rúbrica), presidente; Manuel Humberto Cota Jiménez, Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica), Fermín Montes Cavazos (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa, Rolando Zubía Rivera (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón (rúbrica), Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), José M. Torres Robledo, secretarios; Óscar García Barrón, Joel González Díaz (rúbrica), Héctor Elías Barraza Chávez (rúbrica), Narcedalia  Ramírez Pineda (rúbrica), Jorge  Rojo García de Alba, Gerardo  Sánchez García, Héctor Eduardo Velasco Monroy, Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez (rúbrica), José Luis Íñiguez Gámez (rúbrica), Fernando Santamaría Prieto, Benigno Quezada Naranjo, Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Ramón  Jiménez Fuentes (rúbrica), José María Valencia Barajas, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de esta Presidencia se consulta a la asamblea si se aprueban estos puntos de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Por lo que se refiere a los dos últimos dictámenes, devuélvanse al Senado para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.

COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo relativo a la licitación propuesta por la Comisión Federal de Telecomunicaciones

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; la Comisión de Comunicaciones somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

I. En sesión ordinaria celebrada en fecha 31 de marzo de 2011, se dio cuenta a la asamblea de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la proposición con punto de acuerdo relativo a la licitación propuesta por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), suscrito por el diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

II. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el oficio número D.G.P.L. 61-II-7-1119, instruyó el turno del primer y segundo resolutivo de la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Comunicaciones, para su estudio y dictaminación.

III. Con base en lo anterior, la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, procedió al análisis y elaboración del presente dictamen.

Contenido de la proposición

El legislador expone que, en días recientes se hizo público la posibilidad de que América Móvil participe en la televisión pública en cadena nacional. Indica el diputado Herrera Chávez que Telmex tiene un impedimento en su título de concesión para poder prestar este servicio. Uno de los argumentos esgrimidos tiene que ver con el tema de la concentración. La revista Forbes señala al empresario Carlos Slim Helú como el hombre más rico del mundo. La acumulación de su fortuna no podría entenderse, de acuerdo al legislador, sin la alta concentración del mercado que sus empresas ejercen en diversos sectores, pero particularmente en el de las telecomunicaciones.

El autor resalta que, las altas tarifas de interconexión es la causa de reclamos por parte de la Cofetel así como de los demás operadores hacia Telmex. Insiste que en ningún momento la preocupación fundamental es el impacto que esto tiene en los usuarios de estos servicios. Que es sumamente lamentable que los costos de operación se trasladen al último eslabón de la cadena de los servicios de telecomunicación.

Aunado a lo anterior, el legislador expresa que la parcialidad de la autoridad en la materia, queda demostrada en la polémica licitación 21.

Agrega que los medios de comunicación señalan que Telcel tiene interés en entrar al mercado de la televisión de paga, por lo que la verdadera razón de la pelea de las televisoras, cableras y otros operadores de telecomunicaciones, contra esta empresa y Telmex no son las tarifas de interconexión, sino retrasar la entrada de ambos operadores a este segmento del mercado.

Por otro lado, el iniciante señala que Telcel ha presentado 75 denuncias contra Axtel y Maxcom ante la Cofetel, por manipular el tráfico de larga distancia, prácticas de by pass, que afectan la interconexión con la empresa móvil e incluso a los usuarios, por lo que solicitó la revocación de sus títulos de concesión.

El diputado Herrera Chávez hace referencia a los reportes de la Cofetel que señalan que en nuestro país existen 746 estaciones de televisión de las cuales 461 son concesionadas. Refiere de la misma forma que es un sector con altos índices de concentración en el que importantes ciudades del país cuentan exclusivamente con dos opciones comerciales.

Concluye exponiendo que, los estudios técnicos señalan la posibilidad de licitar dos cadenas digitales de televisión con cobertura de 92.6 y 82.6 por ciento respectivamente entre los canales 20 a 51 UHF. Que si bien la tendencia mundial y propiamente la nacional nos conduce a la capacidad espectral digital, la viabilidad en el ámbito analógico arroja un 57.9 por ciento. Además como lo indica la Cofetel, los canales podrían ser nacionales o regionales, pero deberán utilizar como mínimo el estándar ATSC53, que es un estándar internacional.

Consideraciones

1. Los integrantes de la Comisión de Comunicaciones, coinciden con el legislador proponente, respecto de que el punto central debería ser los daños, que los conflictos entre las diferentes empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, pudieran causar al usuario.

2. El presente punto de acuerdo, en sus resolutivos propone: la Cofetel realice la consulta pública y estudios de mercador para dar certeza a los participantes de dicha licitación; y hacer público los perfiles de quienes podrán acceder a la licitación.

Sin embargo, los artículos 9-A, 14, 16 y 17 de la Ley Federal de Telecomunicaciones establecen:

Artículo 9-A. La Comisión Federal de Telecomunicaciones es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, y tendrá autonomía plena para dictar sus resoluciones. Para el logro de estos objetivos, corresponde a la citada comisión el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I. a IV...

V. Someter a la aprobación de la Secretaría, el programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados, con sus correspondientes modalidades de uso y coberturas geográficas que serán materia de licitación pública; así como coordinar los procesos de licitación correspondientes;

Artículo 14. Las concesiones sobre bandas de frecuencias del espectro para usos determinados se otorgarán mediante licitación pública. El Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la concesión correspondiente.

Artículo 16. Para llevar a cabo el procedimiento de licitación pública a que se refiere el artículo 14 de esta Ley, la Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de la entidad o entidades federativas cuya zona geográfica sea cubierta por las bandas de frecuencia objeto de concesión, convocatoria para que cualquier interesado obtenga las bases correspondientes.

Las bases de licitación pública incluirán como mínimo:

I. Los requisitos que deberán cumplir los interesados para participar en la licitación, entre los que se incluirán:

A. Los programas y compromisos de inversión, de cobertura y calidad de los servicios que se pretenden prestar;

B. El plan de negocios;

C. Las especificaciones técnicas de los proyectos;

D. En el caso de los servicios de telecomunicaciones, las acciones coordinadas con la autoridad correspondiente, que permitan combatir los delitos de extorsión, amenazas, el secuestro en cualquiera de sus modalidades o algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada, así como las medidas necesarias para llevar un registro pormenorizado y preciso sobre los usuarios de teléfonos móviles, así como los nuevos cuentahabientes de este servicio, con la debida protección de datos, y

E. Opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia.

II. Las bandas de frecuencias objeto de concesión, sus modalidades de uso y zonas geográficas en que pueden ser utilizadas;

III. El período de vigencia de la concesión, y

IV. Los criterios para seleccionar al ganador.

Artículo 17. Cuando las proposiciones presentadas en la licitación pública no aseguren las mejores condiciones para la prestación de los servicios, las contraprestaciones ofrecidas no sean satisfactorias a juicio de la Secretaría o no cumplan con los requisitos establecidos en las bases de la licitación, se declarará desierta la licitación y podrá expedirse una nueva convocatoria.

3. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora, consideramos que el objeto de la Proposición con Punto de Acuerdo es procedente en lo esencial, con la salvedad de aplicar una modificación al texto propuesto por el iniciante, para quedar como sigue:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a que las licitaciones públicas, de la concesiones sobre bandas de frecuencias del espectro para usos determinados, se realicen en estricto apego a los ordenamientos jurídicos vigentes.

En mérito de lo antes expuesto, la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a que las licitaciones públicas, de la concesiones sobre bandas de frecuencias del espectro para usos determinados, se realicen en estricto apego a los ordenamientos jurídicos vigentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2011.

La Comisión de Comunicaciones, diputados:José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), presidente; Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Arturo García Portillo (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández, Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Fernando Ferreyra Olivares (rúbrica), José M. Torres Robledo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), Adriana Fuentes Cortés (rúbrica), secretarios; Hugo Héctor Martínez González, Rogelio Cerda Pérez, Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Ricardo Ahued Bardahuil, Sofía Castro Ríos (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Janet Graciela González Tostado, Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Ana Estela Durán Rico (rúbrica), Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Javier Corral Jurado, Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), Aranzazu Quintanilla Padilla (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Martín García Avilés.»

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:De la Comisión de Comunicaciones, relativo a la licitación propuesta por la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Está a discusión el punto de acuerdo. No hay oradores registrados. Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Suficientemente discutido. Se reserva para su votación económica en conjunto. Proceda la Secretaría a dar lectura al encabezado del punto de acuerdo.

TURISMO RURAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a establecer una política en la materia que estimule, entre los programas regionales operados por ella, uno relativo a turismo rural y –consecuentemente– que proporcione apoyos económicos a pequeños prestadores de servicios que lo abarquen

La Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 167, numeral 4, y demás referentes al Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Primero. El 7 de abril de 2011, la diputada Laura Viviana Agúndiz Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó a la asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a edificar una política pública en materia turística, en la cual se incentive la promoción como destino turístico, en los programas regionales que opera esta secretaría, uno relativo a turismo rural y, consecuentemente, se otorguen apoyos económicos a pequeños prestadores de servicios que abarquen el turismo rural.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura, con número de oficio DGPL 61-II-8-1090, expediente número 4531, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Es evidente la necesidad de implantar acciones ágiles y eficientes, en el marco de las responsabilidades correspondientes a cada uno de los órdenes de gobierno, alcanzando la coordinación elemental para fomentar la actividad turística en el país y el extranjero.

Gran parte de la riqueza cultural y social del país se encuentra enquistada en sus pueblos, con su gente, hay capillas centenarias regadas por un gran número de pueblos, como costumbres milenarias, fiestas y tradiciones, así como una rica diversidad gastronómica, que esperan pacientemente a visitantes nacionales e internacionales.

La diputada promovente refiere que no es casual que los municipios pequeños, por sus características económicas y sociales, carezcan de posibilidades para explotar el rubro del turismo en su localidad, en vista de que no hay grandes inversiones en su circunscripción, generalmente no son una opción para que entidades federales, como la Secretaría de Turismo, enfoque políticas públicas mediante las cuales puedan favorecerse con la atracción de turismo.

Coincidimos en que hay un espacio de desarrollo que puede combinar las características de municipios pequeños y turismo. No requiere las grandiosas inversiones de los inmensos complejos turísticos, y con un poco de inversión y promoción traerían grandes beneficios a la población en su conjunto; éste es el turismo rural.

El turismo rural es una actividad turística que se realiza habitualmente en pequeñas localidades (menores de mil o 2 mil habitantes) o fuera del casco urbano en localidades de mayor tamaño. Las instalaciones suelen ser antiguas, como caseríos y haciendas que, una vez rehabilitados, reformados y adaptados, suelen ser trabajados en forma familiar, ofreciendo un servicio de calidad, en ocasiones por los mismos propietarios.

Las características descritas encajan de forma plena en los requerimientos que presentan los municipios pequeños, para poder explotar un sector económico de su productividad en la rama del turismo.

Para potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana y lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos, es necesario continuar impulsando políticas públicas en beneficio del sector. En ese sentido es el exhorto a la Secretaría de Turismo federal, sobre una política pública en materia turística en la cual se incentive la promoción como destino turístico, en los programas regionales que opera esta secretaría, uno relativo a turismo rural y, consecuentemente, se otorguen apoyos económicos a pequeños prestadores de servicios que abarquen el turismo rural, con objeto de impulsar acciones que contribuyan a la conservación y al aprovechamiento racional de los recursos naturales, el desarrollo de las comunidades rurales e indígenas, así como la rentabilidad de las empresas turísticas.

Con base en lo anterior, la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura considera procedente dirigir un respetuoso exhorto a la Secretaría de Turismo.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Turismo a edificar una política pública en materia turística, en la cual se incentive la promoción como destino turístico, en los programas regionales que opera esta secretaría, uno relativo a turismo rural; y, consecuentemente, a otorgar apoyos económicos a pequeños prestadores de servicios que abarquen el turismo rural.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2011.

La Comisión de Turismo, diputados:Carlos Joaquín González (rúbrica), presidente; Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Noé Martín Vázquez Pérez (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica), Gustavo Antonio Ortega Joaquín (rúbrica), Miguel Martínez Peñaloza (rúbrica), Lizbeth García Coronado (rúbrica), José Alfredo González Díaz (rúbrica), Laura Arizmendi Campos (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano, Efraín Ernesto Aguilar Góngora (rúbrica), Cecilia Soledad Arévalo Sosa (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío, Juan José Cuevas García (rúbrica), José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez, José Ignacio Seara Sierra (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiéndose registrado oradores, consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba este punto de acuerdo y el anteriormente reservado.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba este punto de acuerdo y el anteriormente reservado. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Diputadas y diputados por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Dé lectura la Secretaría a la comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación con el cambio de integrantes de comisiones especiales y de integrantes de las juntas directivas de comisiones.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el diputado José Ramón Martel López, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Raúl Domínguez Rex cause baja como secretario de la Comisión de Gobernación.

• Que el diputado Sergio Mancilla Zayas cause alta como secretario de la Comisión de Gobernación.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Palacio Legislativo, México, DF, a 4 de octubre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente movimiento solicitados por el diputado José Ramón Martel López, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Georgina Trujillo Zentella cause alta como secretaria de la Comisión de Energía.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Palacio Legislativo, México, DF, a 4 de octubre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse esta comunicación de la Junta de Coordinación Política. Permítame, secretario. Dígame, diputado Acosta Naranjo.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo(desde la curul): Solamente para manifestar nuestro respaldo a la decisión que acaba de tomar el Grupo Parlamentario del PRI, de sustituir libremente a integrantes de sus comisiones, sin ninguna cortapisa. Nuestro apoyo.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Queda registrada su intervención. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobada, comuníquense.

* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: En los términos de los artículos 100 y 102 del reglamento, las iniciativas y las proposiciones que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, comunicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo de las que se haya recibido comunicación para ser registradas en la siguiente sesión.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva, por la que informa del turno correspondiente a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 4 de octubre de 2011, de conformidad con los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Con fundamento en los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea de los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo que no fueron abordadas en el orden del día del martes 4 de octubre de 2011, para su remisión a las comisiones correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2011.— Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma el artículo 3° de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

2. Que reforma el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

3. Que reforma el artículo 2º de la Ley General de Bibliotecas, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

4. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

5. Que reforma los artículos 3° y 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

6. Que reforma los artículos 307 de la Ley General de Salud y 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Turno: Comisiones Unidas de Salud y de Economía, para dictamen.

7. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

8. Que adiciona un artículo 225 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado J. Eduardo Yáñez Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

9. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Alejandro Cano Ricaud, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

10. Que reforma el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Jorge Rojo García de Alba, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

11. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Minera, a cargo del diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Economía, para dictamen.

12. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rodrigo Pérez-Alonso González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

13. Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Isabel Meza Elizondo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

14. Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ninfa Clara Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

15. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

16. Que reforma los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 105 y 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, para dictamen.

17. Que expide la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Turno: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

18. Que reforma los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

19. Que reforma los artículos 5°, 23 y 24 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Sabino Bautista Concepción, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

20. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo de la diputada María Sandra Ugalde Basaldúa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

21. Que reforma los artículos 7° y 31 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Sandra Ugalde Basaldúa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

22. Que reforma el artículo 63 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Armando Corona Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para dictamen.

23. Que reforma los artículos 30 y 54 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Sandra Ugalde Basaldúa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

24. Que reforma el artículo 1165 del Código de Comercio, a cargo del diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Economía, para dictamen.

25. Que reforma los artículos 87 y 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo del diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Economía, para dictamen.

26. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

27. Que reforma los artículos 23 y 159 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal y a la SEP a cargo de la conmemoración del Bicentenario del Inicio del Movimiento de la Independencia y del Centenario del Inicio del Movimiento de la Revolución Mexicana, para que rinda cuentas ante la opinión pública sobre las acciones realizadas y utilización del recurso del Fideicomiso creado para los festejos patrios 2010, asignado a la Comisión Nacional Organizadora, a cargo del diputado Óscar Lara Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de la Función Pública, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público de esta Soberanía, para que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y el PEF 2012, contemplen los puntos de vista expresados por las Asociaciones y Cámaras Empresariales con la finalidad de facilitar la creación de empresas y empleos en México, a cargo de la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Gobiernos del estado de Baja California y del Ayuntamiento Municipal de Tijuana, detengan la destrucción de la Plaza Cívica ?Benito Juárez? de la Ciudad de Tijuana, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Director General de PEMEX, a mantener el suministro de gasolinas y diesel a todos sus distribuidores en la República Mexicana bajo el marco jurídico vigente, hasta en tanto se resuelvan de manera definitiva por el Poder Judicial de la Federación los procedimientos mediante los cuales se ha impugnado la legalidad de las disposiciones para llevar a cabo la distribución y comercialización de petrolíferos publicadas en el DOF el 30 de marzo de 2011, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades estatales y municipales, emprendan acciones relativas a la homologación salarial y prestaciones de los policías, a cargo del diputado Gerardo del Mazo Morales, Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno: Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que se apoye a las zonas afectadas, en el estado de Hidalgo, por los desastres climatológicos en las zonas rurales y se liberen los recursos del FONDEN y del FAPRACC, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisiones Unidas de Gobernación y de Agricultura y Ganadería, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, incremente las acciones para la detección, prevención, tratamiento y control del cáncer de pulmón con programas de difusión que sensibilicen a la población para estar alerta ante este padecimiento, a cargo del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SAGARPA, realice modificaciones y actualizaciones a la NOM 033-ZOO-1995, en lo relativo al sacrificio humanitario de animales de compañía, así como al Secretario de Salud, a efecto de que intervenga dentro del ámbito de su competencia y aporte opiniones, para la modificación del instrumento citado, a cargo de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Salud, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, relativo a los métodos de laboratorio para la detección del Virus del Papiloma Humano, a cargo de la diputada María del Carmen Guzmán Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Gobierno del estado de Tlaxcala, para que lleve las acciones necesarias para contar con registros eficientes de información a efecto de conocer la situación de la trata de personas en dicho estado y permita tomar medidas para su prevención y combate, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Diputado presidente, se informa que se han agotado los asuntos en cartera.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz(a las 16:11 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 6 de octubre del 2011, a las 10 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.

————— O —————

RESUMEN DE ACTIVIDADES - Tiempo de duración: 4 horas 41 minutos - Quórum a la apertura de sesión: 364 diputados - Asistencia al cierre de registro: 364 diputados - Diputado que solicita licencia: 1 - Diputado suplente que se incorpora: 1 - Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1 - Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 2 - Número de diputados que participaron o aportaron algún tema: 89 PRI 28 PAN 23 PRD 22 PVEM 4 PT 8 Convergencia 1 Nueva Alianza 3 Se recibió o presentó: - 4 oficios de la Junta de Coordinación Política por los que comunica cambios de integrantes en las Comisiones de: Energía, Gobernación y de Puntos Constitucionales; - 1 comunicación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación por la que solicita sea retirada iniciativa con proyecto de decreto que expide el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados; - 1 comunicación de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la que comunica la integración de la mesa directiva que conducirá los trabajos del Canal a partir del 1 de octubre de 2011; - 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes a agosto de 2011; - 1 oficio del Banco de México, con la que remite el informe sobre la ejecución de la política monetaria durante el primer semestre de 2011; - 1 oficio del Instituto para las Mujeres Zacatecanas con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; - 1 oficio del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; - 3 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados; - 1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que se remite los indicadores operativos y financieros de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, correspondientes al primer semestre de 2011; - 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el cuadro relativo a las sanciones laborales, correspondiente al V Informe de Labores de la Procuraduría General de la República; - 2 minutas con proyectos de decreto para los efectos de la fracción D) del artículo 72 constitucional; - 5 oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite proposiciones con relación al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012; - 3 oficios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con los que remite proposiciones con relación al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012; - 1 oficio del Congreso del estado de Puebla con el que remite acuerdo con relación al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012; - 1 oficio del Congreso del estado de Jalisco, con el que remite acuerdo por el que solicita a la Auditoría Superior de la Federación, la fiscalización de los recursos federales destinados al programa relativo a la organización, desarrollo y coordinación de los XVI Juegos Panamericanos, en Guadalajara, 2011; - 1 minuta con proyecto de decreto; - 2 iniciativas del Congreso del estado de Jalisco; - 1 iniciativa de senadores de diversos Grupos Parlamentarios; - 11 iniciativas del PRI; - 12 iniciativas del PAN; - 2 iniciativas del PVEM; - 2 iniciativas de Nueva Alianza; - 10 proposiciones con puntos de acuerdo Declaratoria de publicidad de dictamen: - 1 de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 11, 12 y 13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; - 1 de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona un cuarto párrafo al artículo 705 del Código Civil Federal; - 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo; - 1 de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 129 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; - 1 de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; - 1 de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al inciso a) de la fracción I del artículo 20 de la Ley de Nacionalidad - 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo, relativo al incumplimiento del gobierno federal del envío del Plan de Reducción de Emisiones a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático; - 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informe a la población el resultado del "Estudio comparativo de bolsas de plástico degradables versus convencionales mediante la herramienta de análisis de ciclo de vida", con objeto de que la población tome decisiones e inicie acciones para el uso responsable de bolsas de plástico; - 1 de la Comisión de Salud con punto de acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Salud federal a incrementar los recursos destinados a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de los estados para atender la salud de personas de escasos recursos y que carecen de seguridad social; - 1 de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con punto de acuerdo, que exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de las dependencias correspondientes remita a esta soberanía un diagnóstico sobre la situación de violencia y maltrato contra las niñas, niños y adolescentes en el país; - 1 de la Comisión de Equidad y Género con punto de acuerdo, exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Baja California reforme las disposiciones de su Código Penal que contravienen principios fundamentales como la igualdad, la no discriminación y la equidad que se prevén en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente los delitos de homicidios o lesiones por infidelidad conyugal, los que atentan contra la dignidad y los derechos humanos de las mujeres; - 1 de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con punto de acuerdo, que exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, instrumente las acciones y medidas necesarias tendentes a implantar un programa integral de apoyo, atención y seguimiento a las niñas, niños y adolescentes víctimas del narcotráfico; - 1 de la Comisión de Equidad y Género con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas, a las autoridades correspondientes del Distrito Federal y a las de los municipios a capacitar a sus servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres y de perspectiva de género - 1 de la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17 y 80 de la Ley Agraria; - 1 de la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; - 1 de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud; - 1 de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desechan tres iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud; - 1 de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; - 1 de la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en Posesión de Órganos Públicos; - 1 de la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8, 42, 48 y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Servicio Público; - 1 de la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público; y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; - 1 de la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; - 1 de la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; - 1 de la Comisión de Vivienda, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores; - 1 de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria; - 1 de la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos a la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar - 1 de la Comisión de Comunicaciones con punto de acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a que las licitaciones públicas, de la concesiones sobre bandas de frecuencias del espectro para usos determinados, se realicen en estricto apego a los ordenamientos jurídicos vigentes; - 1 de la Comisión de Turismo con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a edificar una política pública en materia turística, en la cual se incentive la promoción como destino turístico lo relativo a turismo rural; y otorgar apoyos económicos a pequeños prestadores de servicios que abarquen el turismo rural Dictámenes aprobados: - 1 de las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX Bis al artículo 3o., el título quinto Bis y su capítulo único, y el artículo 421 Ter de la Ley General de Salud; - 1 de la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo; - 1 de la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte - 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo, relativo al incumplimiento del gobierno federal del envío del Plan de Reducción de Emisiones a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático; - 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informe a la población el resultado del "Estudio comparativo de bolsas de plástico degradables versus convencionales mediante la herramienta de análisis de ciclo de vida", con objeto de que la población tome decisiones e inicie acciones para el uso responsable de bolsas de plástico; - 1 de la Comisión de Salud con punto de acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Salud federal a incrementar los recursos destinados a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de los estados para atender la salud de personas de escasos recursos y que carecen de seguridad social; - 1 de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con punto de acuerdo, que exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de las dependencias correspondientes remita a esta soberanía un diagnóstico sobre la situación de violencia y maltrato contra las niñas, niños y adolescentes en el país; - 1 de la Comisión de Equidad y Género con punto de acuerdo, exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Baja California reforme las disposiciones de su Código Penal que contravienen principios fundamentales como la igualdad, la no discriminación y la equidad que se prevén en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente los delitos de homicidios o lesiones por infidelidad conyugal, los que atentan contra la dignidad y los derechos humanos de las mujeres; - 1 de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con punto de acuerdo, que exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, instrumente las acciones y medidas necesarias tendentes a implantar un programa integral de apoyo, atención y seguimiento a las niñas, niños y adolescentes víctimas del narcotráfico; - 1 de la Comisión de Equidad y Género con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas, a las autoridades correspondientes del Distrito Federal y a las de los municipios a capacitar a sus servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres y de perspectiva de género - 1 de la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17 y 80 de la Ley Agraria; - 1 de la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; - 1 de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud; - 1 de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desechan tres iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud; - 1 de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; - 1 de la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en Posesión de Órganos Públicos; - 1 de la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8, 42, 48 y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Servicio Público; - 1 de la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público; y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; - 1 de la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; - 1 de la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; - 1 de la Comisión de Vivienda, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores; - 1 de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria; - 1 de la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos a la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar - 1 de la Comisión de Comunicaciones con punto de acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a que las licitaciones públicas, de la concesiones sobre bandas de frecuencias del espectro para usos determinados, se realicen en estricto apego a los ordenamientos jurídicos vigentes; - 1 de la Comisión de Turismo con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a edificar una política pública en materia turística, en la cual se incentive la promoción como destino turístico lo relativo a turismo rural; y otorgar apoyos económicos a pequeños prestadores de servicios que abarquen el turismo rural.