SUMARIO

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Presidencia del diputado Emilio Chuayffet Chemor

ASISTENCIA

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Se informa a la Presidencia que existen registrados 253 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor(a las 10:23 horas):Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Tercer año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 6 de octubre de 2011

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De los diputados Enrique Torres Delgado y Omar Fayad Meneses, por los que solicitan el retiro de sus iniciativas.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la creación del Hospital de la Universidad Michoacana.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Francisco Edmundo Lechón Rosas, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Eslovaca en Cancún, con Circunscripción Consular en los estados de Quintana Roo y Yucatán.

Por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Fermín Vantí Hernández, Marisol Reynal Baeza, Erika de la Torre Crosse, María Isabel Olivares Jiménez, puedan prestar servicios en las Embajadas del Estado de Kuwait, de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua y Guadalajara, Jalisco, respectivamente; e informa que la ciudadana Norma Patricia Ruíz Mora, deja de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

De la Cámara de Senadores

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2012, se destinen recursos para promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas, presentada por el senador Jaime Rafael Díaz Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a nombre propio y de senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte.

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2012, se considere la perspectiva de género, presentada por la senadora Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2012, se considere un incremento de los recursos federales destinados a la Universidad Nacional Autónoma de México, presentada por la senadora Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2012, se considere la creación de un Fideicomiso Especial para el Financiamiento de los Proyectos Estratégicos del Corredor Económico del Norte de México, presentada por el senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Del Congreso del Estado de Guanajuato

Con el que remite acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, se asignen mayores recursos en materia educativa.

Del Congreso del Estado de México

Con el que remite acuerdo, para que se asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, los recursos suficientes para atender las necesidades del Sistema Educativo Nacional.

Del Congreso del Estado de Sinaloa

Con el que remite Acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, se otorgue prioridad al sector educativo.

Minutas

Con proyecto de decreto, que reforma la fracción III del artículo 10 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Puertos. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ley o de decreto de los senadores

Con proyecto de decreto que adiciona un inciso d) a la fracción II del artículo 2o.A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por Senadores de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que adiciona un artículo 222 bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta; y los artículos 102 y 103 de la Ley del Seguro Social, presentada por el senador Carlos Navarrete Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratorias de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforman los artículos 22; 22 Bis; 41 y 116 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 224 Bis y 224 Bis1, a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 57, de la Ley de Seguridad Nacional.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Comunicaciones, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 bis y 128 y se adicionan los artículos 65 bis1, 65 bis 2, 65 bis 3, 65 bis 4, 65 bis 5, 65 bis 6 y 65 bis 7 a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona un cuarto párrafo al artículo 705 del Código Civil Federal.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que reforma la fracción XXIII del artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 9 y 14 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo IV Bis, al Título Octavo del Libro Segundo del Código de Justicia Militar, adicionando los artículos 275 Bis y 275 Ter.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso para que los Ciudadanos Alicia Bárcena, Pedro José Armendáriz Pardo y Vicente Martínez Barrientos, puedan aceptar y usar condecoraciones que en diversos grados les ofrecen el Gobierno de la República de Francia y el Gobierno de la Republica de Chile, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso para que los Ciudadanos Adriana del Carmen Adame Martínez, Marcos Abraham Barrera Vázquez, Carlos Manuel Berumen Domínguez, Juan José Boyoli Kaulitz, Manuel Fernando García de la Mora, Sandra Citlaly González Román, Thalía Turena Macedo Martínez, Miguel Ángel Meza Rojas, César Olivo Sosa, Dolores Elizabeth Pacheco Alejandre, Adriana Ríos Torres, Carlos Rodríguez Ramírez, Oswaldo Salinas García, Karen Paola Serdán Corona, Sara Elizabeth Tapia Morales, Isaac Tinajero Castillo, Hilda Berenice Valdés López y Noemí Vázquez Pérez, puedan prestar sus servicios en la Embajada de Canadá, en México.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso para que los Ciudadanos Julio César Serrano Vázquez, Alejandro Joel Díaz Cofradía, Rodolfo Salazar González, Irene Vázquez Carrasco, Arizbé Mondragón Alvarado, Claudia Krings Heidel, Carlos Javier Garza Cantú, Mirna María Sotomayor Galindo y José Oscar Manríquez Montelongo, puedan prestar sus servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América y de Austria, en México, y en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León y Tijuana, Baja California, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso para que los Ciudadanos Diana Luz Martínez Uruñuela, Norma Gabriela Treviño Garza, Mario Abel Ortiz Estrada, Mario Vidaña Silva, Alejandra Yazmín Lozoya Martínez y Hannia Cruz Meza, puedan prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco, en Matamoros, Tamaulipas y en Monterrey, Nuevo León, respectivamente.

Dictámenes a discusión de proposiciones

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo relativos al estero el salado, y los arroyos el contentillo y la virgen, ubicados en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua, y al Sistema Nacional de Protección Civil, a informar y atender el problema de azolvamiento de la bocabarra de Cerro Hermoso, Oaxaca.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo para apoyar y preservar la industria nacional de cuero-calzado-proveeduría-comercialización en México.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación a que en proceso de reglamentación de la Ley de Migración, se convoquen mesas de trabajo, en las que sean consultados todos los sectores interesados e involucrados en el tema migratorio y de protección a migrantes.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal, instrumente las medidas necesarias, para que a los connacionales que ingresan al país, le sean aceptadas las tarjetas de crédito o débito internacional, para cubrir el pago de los derechos por la importación temporal de sus vehículos.

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo para exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua, realice diversas acciones de inspección, vigilancia y saneamiento de las aguas residuales de la Cuenca del Ahogado.

De las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional de Migración, realice una revisión integral de las políticas y programas de protección a los derechos humanos de los migrantes que cruzan el territorio nacional.

Dictámenes a discusión negativos de iniciativas y minutas

De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley General de las Personas con Discapacidad y adiciona la fracción V al artículo 389 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Seguridad Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo décimo séptimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 25, 30, 43, 44 y 52 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8, 10, 17, 18 y 45 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 39 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 12 de la Ley de Asistencia Social.

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que Establece el Derecho al Ingreso Ciudadano Universal.

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desechan tres iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y los artículos 3, 31 y 41 de la Ley General de Desarrollo Social.

Agenda política

Comentarios relativos a la condición general del país, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Iniciativas

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Francisco José Rojas Gutiérrez, José Ramón Martel López, Beatríz Elena Paredes Rangel, César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Solís Acero, Jesús María Rodríguez Hernández y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Hugo Héctor Martínez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo de la diputada Josefina Rodarte Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que expide el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 33 de la Ley General de Educación y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o., 104 y 112 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Ley General de Educación y 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, a cargo del diputado Óscar Lara Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y expide la Ley Federal de la Pirotecnia, a cargo del diputado Héctor Guevara Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. y 111 y adiciona un artículo 8 ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 167 de la Ley General de Salud y 8o. de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. y 24 de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo de la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 80 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Seguridad Alimentaria, a cargo de la diputada María Guadalupe García Almanza y suscrita por los diputados Laura Arizmendi Campos, Pedro Jiménez León y María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ricardo López Pescador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 11, 93 y 112 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrito por diputados integrantes de la Comisión Especial sobre Cambio Climático. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, a cargo del diputado Rafael Rodríguez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Fideicomiso Público para la Defensa y Protección de la Economía Familiar, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Herón Agustín Escobar García y suscrita por el diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 19 de la Ley General de Desarrollo Social y 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Laura Felicitas García Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 578 y 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Herón Agustín Escobar García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 85 y 90 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 52 y 87 de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Benjamín Clariond Reyes Retana y suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 24 y 46 de la Ley Minera, a cargo del diputado Luis Carlos Campos Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 4o., 8o. y 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 38 y 43 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho y suscrita por el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 215 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 67-A a la Ley Federal de Derechos y reforma el artículo 2o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un Artículo Transitorio a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 109 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, solucione los problemas que presenta el Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia, relativo al pago de salarios que se adeuda al personal académico, a cargo del diputado José Trinidad Padilla López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo al desastre natural ocurrido el día 6 de septiembre de 2009 en los municipios de Tlalnepantla de Baz y Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a cargo del diputado Carlos Bello Otero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Oaxaca y al Gobierno Federal, que realicen todas las acciones que sean necesarias para enfrentar la situación de emergencia que enfrenta la población de Santa Cruz Mitlatongo, Oaxaca, para que emitir la declaratoria de desastre correspondiente y se liberen los recursos del Fonden, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador Constitucional del estado de San Luis Potosí y al Procurador General de Justicia del estado, realicen esfuerzos coordinados para el esclarecimiento de los hechos delictivos del secuestro y homicidio de la menor Adriana Martínez Campuzano, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a manifestar a través de la SRE, su indignación, rechazo y enérgica condena por la reciente aprobación de la Ley HB56 promulgada el 9 de junio pasado por el Gobernador de Alabama, Robert Bentley, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la Administración Pública Federal, para continuar realizando la medición y evaluación de las acciones de simplificación administrativa de los trámites federales, estatales y municipales relacionados con la apertura y operación de empresas en México en el ejercicio de 2012, a cargo de la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que en el seno de los países del G20, y como Presidente del mismo, se pronuncie en contra de las prácticas desleales de comercio ejercidas por la República Popular de China y se promueva el diálogo para que el Gobierno de ese país flexibilice su política cambiaria, a cargo del diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo al daño ambiental causado en la Bahía de Guaymas, Sonora, a cargo del diputado Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la elaboración y difusión de cápsulas informativas sobre los valores universales, a cargo de la diputada Diana Patricia González Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNDH, e invita a la ONU-DH, instituciones académicas y organizaciones sociales, a enviar sus propuestas en relación a lo dispuesto en artículos 2o., 3o., 4o., 5o. y 8o. transitorios del Decreto de fecha 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos, a cargo del diputado Noé Fernando Garza Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanía, para que en el PEF 2012, se incluya la distribución de los “tiempos de estado” cubiertos por las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal, a cargo del diputado Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Efemérides

Con motivo del trigésimo aniversario de la entrada en vigor de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), a cargo de la diputada Dolores de los Ángeles Názares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del 187 aniversario de la Federación de Chiapas en México, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del CCI aniversario del Inicio de la Lucha de Independencia, a cargo de la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Relativo a la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del LI aniversario de la Nacionalización de la Industria Eléctrica en México, a cargo del diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al aniversario luctuoso de Manuel J. Clouthier, a cargo del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del aniversario del 2 de Octubre, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.»

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sí, señor diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente, sobre el orden del día; nuevamente no aparece el tema de los consejeros electorales.

Sabemos que ha habido reuniones muy intensas entre los miembros de la Junta de Coordinación Política, y esperamos, los diputados, que el día de hoy la Junta de Coordinación Política por fin presente a este pleno la propuesta para la designación de los consejeros electorales. Ojalá que así sea, señor presidente de la Mesa Directiva.

Solamente auguramos un resultado. Ojalá que ese resultado lo tengamos el día de hoy y que no tengamos que posponer otra semana más la designación de los consejeros electorales.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Hago votos en el mismo sentido.

CIERRE DE REGISTRO DE ASISTENCIA

(A las 10:24 horas, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia, con un registro de 253 diputadas y diputados)

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes cuatro de octubre dos mil once, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputadoEmilio Chuayffet Chemor

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos sesenta y cuatro diputadas y diputados, a las once horas con treinta minutos del martes cuatro de octubre de septiembre de dos mil once, el Presidente declara abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas, la Asamblea dispensa la lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior, y de la misma manera aprueba esta última.

A las once horas con treinta y tres minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia, con un registro de trescientos sesenta y cuatro diputadas y diputados.

Desde su curul realizan comentarios con relación a diversos temas legislativos los diputados Salvador Caro Cabrera y Pedro Ávila Nevárez, ambos del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con comunicaciones oficiales:

a) De la Junta de Coordinación Política, con relación a cambios de integrantes en Comisiones Ordinarias. Desde su curul realizan comentarios sobre la integración de la Comisión de Puntos Constitucionales los diputados María Dina Herrera Soto, del Partido de la Revolución Democrática, en cuatro ocasiones; Georgina Trujillo Zentella, y Diva Hadamira Gastélum Bajo, en dos ocasiones, ambas del Partido Revolucionario Institucional; Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional; Guadalupe Acosta Naranjo, del Partido de la Revolución Democrática, en su segunda intervención para responder alusiones personales; Carlos Flores Rico, del Partido Revolucionario Institucional; Ilich Augusto Lozano Herrera, del Partido de la Revolución Democrática, en su segunda intervención para responder alusiones personales; Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México; Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, y Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, en su segunda intervención para responder alusiones personales, ambas del Partido Acción Nacional; José Ramón Martel López, en su segunda y tercera intervención para responder alusiones personales, y Beatriz Elena Paredes Rangel, ambos del Partido Revolucionario Institucional; Gustavo González Hernández, del Partido Acción Nacional; O. Magdalena Torres Abarca, del Partido de la Revolución Democrática; Víctor Humberto Benítez Treviño, del Partido Revolucionario Institucional; Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, en su segunda intervención para responder alusiones personales; Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo; Claudia Edith Anaya Mota, Víctor Manuel Castro Cosío y Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones. En votación económica se considera suficientemente discutido. De enterado. Comuníquese.

Desde su curul realiza comentarios en relación con el Orden del Día la diputada Esthela Damián Peralta, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

b) De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, por el que solicita que la iniciativa que expide el Reglamento Interior de la Unión de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, presentada el diecinueve de octubre de dos mil diez, sea retirada de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Se tiene por retirada y se instruye se actualicen los registros parlamentarios.

c) De la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el que comunica la integración de su Mesa Directiva, que conducirá los trabajos del Canal del Congreso a partir del primero de octubre de dos mil once. De enterado. Comuníquese.

d) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de agosto de dos mil once, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente con el mes de agosto de dos mil diez. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

e) Del Banco de México, con el que remite Informe sobre la ejecución de la política monetaria durante el primer semestre de dos mil once, y sobre la inflación del primero y segundo trimestres del año en curso, de conformidad con lo que establece el artículo cincuenta y uno, fracción segunda, de la Ley del Banco de México. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

f) Del Instituto para las Mujeres Zacatecanas, con el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para erradicar la violencia institucional contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se remite a la Comisión de Equidad y Género, para su conocimiento.

g) Del Instituto de las Mujeres del estado de Nuevo León, con el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para erradicar la violencia en el noviazgo. Se remite a la Comisión de Equidad y Género, para su conocimiento

h) De la Secretaría de Gobernación, con los que remite:

• Contestaciones a puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados:

– Relativa al programa denominado “Escuelas de Tiempo Completo”.

– Para que los proveedores de telefonía móvil digital, atiendan y solucionen el caso de comunidades rurales del País.

– Relativa a la protección y preservación de los sitios históricos y sagrados de los pueblos indígenas.

Se remiten a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento.

• Los Indicadores Operativos y Financieros de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondientes al primer semestre de dos mil once. Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

• El cuadro relativo a las sanciones laborales, correspondiente al Quinto Informe de Labores de la Procuraduría General de la República. De enterado. Se instruye se publique en la Gaceta Parlamentaria y se distribuya a las diputadas y diputados.

i) De la Cámara de Senadores, por los que se:

• Devuelven minutas con proyecto de decreto:

– Que reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo tercero al artículo ciento ochenta y dos-R del Código Federal de Procedimientos Penales, para los efectos de la fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

– Que reforma el párrafo segundo del artículo cincuenta Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los efectos de la fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos; y de Seguridad Pública, para dictamen.

• Remiten proposiciones con puntos de acuerdo:

– Para destinar los recursos necesarios para constituir un fondo de emergencia para salvar al campo duranguense, presentada por el senador Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo.

– Por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados asignar mayores recursos a la Comisión Nacional del Agua, dirección local en Colima para la elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción de la presa “Armería”, en Armería, Colima, presentada por la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional.

– Por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados asignar mayores recursos a la Comisión Nacional del Agua, dirección local en Colima, destinados para la elaboración del estudio integral de escurrimientos y estructuras necesarias para el control y desalojo de las aguas en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, presentada por la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional.

– Por el que se exhorta a asignar mayores recursos presupuestales a la Universidad Autónoma Metropolitana, presentada por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Partido de la Revolución Democrática.

– Por el que exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar recursos para siete proyectos de modernización de caminos rurales en el municipio de Terrenate, Tlaxcala, presentada por la senadora Rosalía Peredo Aguilar.

Se remiten a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

j) De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con los que remite acuerdos:

• Para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio dos mil doce, se asignen los recursos necesarios para la Ciudad de México.

• Para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio dos mil doce, se asignen recursos para manutención y construcción de vialidades alrededor de la Central de Abastos.

• Para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio dos mil doce, se destinen recursos para la inversión de infraestructura hidráulica de la Ciudad de México.

Se remiten a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

Se reciben oficios de los Congresos de los estados de:

• Puebla, con el que remite acuerdo por el que solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio dos mil doce, aumenten los recursos destinados al ramo de la ciencia y tecnología. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

• Jalisco, con el que remite acuerdo, por el que solicita a la Auditoría Superior de la Federación, la fiscalización de los recursos federales destinados al programa relativo a la organización, desarrollo y coordinación de los Juegos Panamericanos en Guadalajara dos mil once. Se remite a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su atención.

Se recibe comunicación del diputado Raúl Domínguez Rex, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas como diputado federal electo en el Segundo Distrito Electoral del Estado de México, a partir del cuatro de octubre al nueve de noviembre de dos mil once. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

El Presidente informa a la Asamblea que el ciudadano Alejandro de la Fuente Godínez, diputado federal suplente electo en el Cuarto Distrito del Estado de Tabasco, se encuentra a las puertas del Salón de Sesiones y designa una comisión para introducirlo al recinto, acto seguido rinde protesta de Ley y entra en funciones.

Se recibe de la Cámara de Senadores, comunicación con la que remite Minuta con proyecto de decreto que adiciona la fracción segunda del artículo setenta y tres y un párrafo segundo al artículo ciento veinticuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Se reciben oficios del Congreso del estado de Jalisco, con el que remite iniciativas con proyecto de decreto:

• Que reforma la fracción decimotercera del artículo ochenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Que adiciona un párrafo a los artículos sesenta y dos, trescientos cinco y cuatrocientos cuatro del Código Federal de Procedimientos Civiles. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Se recibe de la Cámara Senadores iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos veintinueve-D, veintinueve-E, veintinueve-F y veintinueve-G del Código Fiscal de la Federación y se reforma y adiciona el artículo uno-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por los senadores Guillermo Tamborrel Suárez, Alberto Cárdenas Jiménez, Fernando Elizondo Barragán, Raúl José Mejía González y Francisco Javier Obregón Espinoza, de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional; del Partido Revolucionario Institucional; y del Partido del Trabajo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a las comparecencias en comisiones de funcionarios del Ejecutivo Federal para el análisis del Quinto Informe de Gobierno del Presidente de la República, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Salazar Sáenz

Se somete a discusión e interviene en contra el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo; y en pro la diputada Esthela Damián Peralta, del Partido de la Revolución Democrática; desde su curul intervienen los diputados Pablo Escudero Morales; del Partido Verde Ecologista de México; y César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

La Secretaría da lectura a los siguientes dictámenes con proyecto de decreto que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de las Comisiones:

a) De Derechos Humanos, que reforma y adiciona los artículos once, doce y trece de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

b) De Justicia, que adiciona un cuarto párrafo al artículo setecientos cinco del Código Civil Federal.

c) De Desarrollo Social, que expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo.

d) De Economía, que reforma el artículo ciento veintinueve de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

e) De Justicia, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

f) De Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, que adiciona un segundo párrafo al inciso a) de la fracción primera del artículo veinte de la Ley de Nacionalidad.

La Presidencia informa que de conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad.

Se someten a discusión los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) Unidas de Salud y de Ciencia y Tecnología, que adiciona la fracción novena BIS al artículo tercero; un Titulo Quinto Bis y su capítulo Único; y el artículo cuatrocientos veintiuno Ter a la Ley General de Salud. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de las Comisiones al diputado Miguel Antonio Osuna Millán. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro los diputados Guadalupe Eduardo Robles Medina, del Partido Acción Nacional; Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática; Porfirio Muñoz Ledo, del Partido del Trabajo; y Rodrigo Reina Liceaga, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se considera suficientemente discutido y en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por unanimidad de trescientos ochenta y dos votos. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

En su oportunidad y desde sus curules realizan comentarios con relación a la comparecencia del Director General de Petróleos Mexicanos los diputados Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo; y Esthela Damián Peralta, del Partido de la Revolución Democrática.

b) De Turismo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. Se somete a discusión e intervienen en pro los diputados Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, del Partido Acción Nacional; Lizbeth García Coronado, del Partido de la Revolución Democrática; y en contra la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo. En votación económica se considera suficientemente discutido y en votación nominal se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por trescientos ochenta y nueve votos a favor; y una abstención. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

c) De Juventud y Deporte, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.  Se concede el uso de la tribuna para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro los diputados José Antonio Arámbula López, del Partido Acción Nacional; Pavel Díaz Juárez, del Partido de la Revolución Democrática; y José del Pilar Córdova Hernández, del Partido Revolucionario Institucional En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. El Presidente informa a la Asamblea de la reserva para su discusión en lo particular del artículo ciento seis del proyecto de decreto. En votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto por trescientos setenta y un votos a favor; y dos abstenciones. La Secretaría da lectura a la propuesta del diputado José del Pilar Córdova Hernández, de modificación al artículo ciento seis del proyecto de decreto. En votación económica se acepta la modificación; y en votación nominal se aprueba en lo particular el artículo reservado con la modificación aceptada por la Asamblea por trescientos cuarenta y tres votos a favor; y cuatro abstenciones. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Para hacer comentarios relativos al tema de Palestina se concede el uso de la tribuna al diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien acepta interpelación del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, ambos del Partido del Trabajo. Intervienen con relación al tema los diputados María del Pilar Torre Canales, de Nueva Alianza; Laura Arizmendi Campos, de Convergencia; Marcos Carlos Cruz Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; Arturo García Portillo, del Partido Acción Nacional; Sergio Mancilla Zayas, del Partido Revolucionario Institucional; en su oportunidad y desde sus respectivas curules responden alusiones personales los diputados Porfirio Muñoz Ledo, del Partido del Trabajo; y Marcos Carlos Cruz Martínez, del Partido de la Revolución Democrática.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a emitir conforme a Ley General de Protección Civil la declaratoria de desastre natural para los municipios de Asunción Nochixtlán y Magdalena Jaltepec, en el estado de Oaxaca, por la ocurrencia de lluvias severas y deslaves. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se someten a discusión los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo, a cuyos encabezados se da lectura:

a) De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales:

• Relativo al cumplimiento de compromisos internacionales por parte del Gobierno Federal, en materia de Cambio Climático.

• Relativo al impacto ambiental producido por las bolsas de plástico.

b) De la Comisión de Salud, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a incrementar los recursos destinados a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Estatal de los estados, para atender la salud de personas de escasos recursos y que carecen de seguridad social.

c) De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a fin de que elabore y remita a esta soberanía un diagnóstico con datos reales y actualizados de la situación de violencia contra los menores.

d) De la Comisión de Equidad y Género, por el que se exhorta al Congreso de Baja California, a reformar las disposiciones de su Código Penal, que contravienen principios fundamentales de igualdad, no discriminación y equidad previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

e) De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, instrumente las acciones y medidas necesarias tendientes a implantar un Programa Integral de Apoyo, Atención y Seguimiento a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Narcotráfico.

f) De la Comisión de Equidad y Género, por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las Entidades Federativas y a las autoridades correspondientes del Distrito Federal y a la de los municipios a capacitar a los servidores públicos en materia de Derechos Humanos de las Mujeres y de Perspectiva de Género.

Sin oradores registrados, en votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Sin oradores registrados, en votación económica se aprueban los siguientes dictámenes en sentido negativo con puntos de acuerdo por los que desechan iniciativas o minutas con Proyecto de Decreto de las Comisiones:

a) De Reforma Agraria, por el que se reforman los artículos diecisiete y ochenta de la Ley Agraria.

b) De Equidad y Género, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

c) De Salud:

• Que reforma el artículo trescientos siete de la Ley General de Salud.

• Por las que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

d) De Derechos Humanos, que adiciona una fracción décima segunda al artículo seis de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

e) De la Función Pública:

• Que expide la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en Posesión de Órganos Públicos.

• Que reforma los artículos ocho, cuarenta y dos, cuarenta y ocho, y cincuenta y tres de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

• Que reforma los artículos cincuenta y uno de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y cincuenta y cinco de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

• Que reforma los artículos ocho y trece de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

f) De Vivienda, que reforma el artículo cuarenta y uno de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores.

g) De Reforma Agraria, que reforma la fracción sexta del artículo ciento ochenta y cinco de la Ley Agraria.

h) De Agricultura y Ganadería, que reforma diversos artículos a la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

Archívense los expedientes como asuntos concluidos; por lo que se refiere a los dos últimos dictámenes se devuelve al Senado para los efectos de la fracción D, del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se somete a discusión y se da lectura a los encabezados de los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo reservados de las Comisiones:

• De Comunicaciones, relativo a la licitación propuesta por la Comisión Federal de Telecomunicaciones. En votación económica se considera suficientemente discutido.

• De Turismo, por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo, con la finalidad de que edifique una política pública en materia turística y en el cual se incentive la promoción como destino turístico, dentro de los programas regionales que opera esta Secretaría, uno relativo a Turismo Rural, y consecuentemente, se otorguen apoyos económicos a pequeños prestadores de servicios que lo abarquen. En votación económica se considera suficientemente discutido.

En votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios de integrantes y de Junta Directiva en Comisiones Ordinarias. Desde su curul realiza comentarios el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo de las que se haya recibido comunicación para ser registradas en la siguiente sesión, se turnan:

a) Iniciativas con proyecto de decreto, de los diputados:

• Mario Alberto Becerra Pocoroba, del Partido Acción Nacional y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito, que reforma el artículo tercero de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Público. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ochenta y uno de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Jorge Antonio Kahwagi Macari, de Nueva Alianza, que reforma el artículo segundo de la Ley General de Bibliotecas. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Omar Fayad Meneses, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Héctor Franco López, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos tercero y quince de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Francisco Saracho Navarro, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos trescientos siete de la Ley General de Salud y treinta y dos de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Economía, para dictamen.

• María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• J. Eduardo Yáñez Montaño, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un artículo doscientos veinticinco Bis al Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Alejandro Cano Ricaud, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Jorge Rojo García de Alba, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ochenta y cuatro de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

• Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Minera. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Economía, para dictamen.

• Rodrigo Pérez-Alonso González, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• José Isabel Meza Elizondo, de Nueva Alianza, que reforma el artículo doce de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Ninfa Clara Salinas Sada, del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos cien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ciento cinco y ciento ochenta y dos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, para dictamen.

• Jesús María Rodríguez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que expide la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Leonardo Arturo Guillén Medina, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos ciento noventa y dos y ciento noventa y tres de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Sabino Bautista Concepción, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos quinto, veintitrés y veinticuatro de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• María Sandra Ugalde Basaldúa, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• María Sandra Ugalde Basaldúa, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos séptimo y treinta y uno de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Armando Corona Rivera, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo sesenta y tres de la Ley Federal de Radio y Televisión. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para dictamen.

• María Sandra Ugalde Basaldúa, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos treinta y cincuenta y cuatro de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Leonardo Arturo Guillén Medina, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo mil ciento sesenta y cinco del Código de Comercio. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Leonardo Arturo Guillén Medina, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos ochenta y siete y doscientos trece de la Ley de la Propiedad Industrial. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Leonardo Arturo Guillén Medina, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos veintitrés y ciento cincuenta y nueve de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo, de los diputados:

• Óscar Lara Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Gobierno Federal y a la Secretaría de Educación Pública a cargo de la conmemoración del Bicentenario del Inicio del Movimiento de la Independencia y del Centenario del Inicio del Movimiento de la Revolución Mexicana, para que rinda cuentas ante la opinión pública sobre las acciones realizadas y utilización del recurso del Fideicomiso creado para los festejos patrios dos mil diez, asignado a la Comisión Nacional Organizadora. Se turna a la  Comisión de la Función Pública, para dictamen.

• Norma Sánchez Romero, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público de esta Soberanía, para que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación dos mil doce, contemplen los puntos de vista expresados por las Asociaciones y Cámaras Empresariales con la finalidad de facilitar la creación de empresas y empleos en México. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• José Narro Céspedes, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los Gobiernos del estado de Baja California y del Ayuntamiento Municipal de Tijuana, detengan la destrucción de la Plaza Cívica “Benito Juárez” de la Ciudad de Tijuana. Se turna a la  Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos, a mantener el suministro de gasolinas y diesel a todos sus distribuidores en la República Mexicana bajo el marco jurídico vigente, hasta en tanto se resuelvan de manera definitiva por el Poder Judicial de la Federación los procedimientos mediante los cuales se ha impugnado la legalidad de las disposiciones para llevar a cabo la distribución y comercialización de petrolíferos publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil once. Se turna a la  Comisión de Energía, para dictamen.

• Gerardo del Mazo Morales, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a las autoridades estatales y municipales, emprendan acciones relativas a la homologación salarial y prestaciones de los policías.  Se turna a la  Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Omar Fayad Meneses, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que se apoye a las zonas afectadas, en el estado de Hidalgo, por los desastres climatológicos en las zonas rurales y se liberen los recursos del Fondo de Desastres Naturales y del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas. Se turna a las  Comisiones Unidas de Gobernación y de Agricultura y Ganadería, para dictamen.

• Miguel Antonio Osuna Millán, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, incremente las acciones para la detección, prevención, tratamiento y control del cáncer de pulmón con programas de difusión que sensibilicen a la población para estar alerta ante este padecimiento. Se turna a la  Comisión de Salud, para dictamen.

• Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, realice modificaciones y actualizaciones a la NOM 033-ZOO-1995, en lo relativo al sacrificio humanitario de animales de compañía, así como al Secretario de Salud, a efecto de que intervenga dentro del ámbito de su competencia y aporte opiniones, para la modificación del instrumento citado. Se turna a las  Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Salud, para dictamen.

• María del Carmen Guzmán Lozano, del Partido Acción Nacional, relativo a los métodos de laboratorio para la detección del Virus del Papiloma Humano. Se turna a la  Comisión de Salud, para dictamen.

• Rosi Orozco, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular del Gobierno del estado de Tlaxcala, para que lleve las acciones necesarias para contar con registros eficientes de información a efecto de conocer la situación de la trata de personas en dicho estado y permita tomar medidas para su prevención y combate. Se turna a la  Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

El Presidente clausura la sesión a las dieciséis horas con once minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el jueves seis de octubre de dos mil once, a las diez horas.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta...

ORDEN DEL DIA

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Aquí, desde mi curul, aunque podría esta vez sí hacerlo desde la tribuna, diputado presidente. Es que no alcancé a llegar hace un momento.

El diputado Jaime Cárdenas —no es el taparte el acta—, comentó sobre la elección de los consejeros. Él ha sido muy tenaz exigiendo sesión tras sesión que se finiquite este procedimiento; hoy se cumple un año. Ya les mandé a traer un pastel a los coordinadores de los grupos parlamentarios para celebrar el primer aniversario del incumplimiento constitucional de este mandato, en un ratito llega.

No es sólo que hagamos votos, diputado presidente, le pido formalmente que se incluya el punto en el orden del día. No puede pasar de la sesión de hoy que se tome esa determinación.

Ya de por sí es una tragedia —termino el comentario—, que un órgano tan importante, como el IFE, sea una suma de parcialidades. Lo que no da imparcialidad. Ya es muy dramático que tengamos que ir con ese órgano a una elección tan importante como es la del año entrante y me parece lamentable que no esté considerado en el orden del día este punto, en este momento.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aun considerando su petición —que muchos de nosotros quisiéramos que se concretara—, no tendría materia, porque desde el punto de vista legal la terna la tiene que confeccionar la Junta de Coordinación Política y enviárnosla para votar. De otra suerte, careceríamos de competencia para ello.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobada el acta.Comunicaciones oficiales de los diputados Enrique Torres Delgado y Omar Fayad Meneses.

ARTICULO 4O. CONSTITUCIONAL - LEY DE COORDINACION FISCAL

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito solicitarle tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que la iniciativa suscrita por un servidor, que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, turnada en sesión del 27 de septiembre del año en curso, a la comisión correspondiente, sea retirada de ésta y de los registros parlamentarios correspondientes; en virtud de que deseo presentarla en tribuna.

Lo anterior con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular por el momento, me despido de usted, agradezco de antemano su atención, cooperación y apoyo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2011.— Diputado Enrique Torres Delgado (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, inciso 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por este medio le solicito de la manera más atenta que sea retirada la iniciativa presentada por quien suscribe y que a continuación se describe:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, para que los municipios sean incluidos en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Que fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, en la sesión del pleno de esta soberanía el pasado 4 de octubre del año en curso.

Sin más por el momento, le reitero la más alta de mis consideraciones.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2011.— Diputado Omar Fayad Meneses (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-6-1570, signado por los diputados Emilio Chuayffet Chemor y María Dolores del Río Sánchez, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/1047/2011, suscrito por el doctor José Luis Treviño Rodríguez, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la creación del hospital de la Universidad Michoacana.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

México, DF, a 30 de septiembre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo  de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia al punto de acuerdo presentado por el diputado José Manuel Hinojosa Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, aprobado el 8 de septiembre de los corrientes en los siguientes términos:

Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud Federal, al gobierno de Michoacán, al gobierno municipal de Morelia y a las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a realizar los trabajos necesarios en le creación del hospital de la Universidad Michoacana, y sea tomado en consideración en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2012.

Al respecto, me permito acompañar oficio número CAS/1389/11, suscrito por el maestro Ramiro Tamayo Rodríguez, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud.

Con base en lo anterior, he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de septiembre de 2011.— Doctor José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), director general adjunto.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor José Luis Treviño Rodríguez, director general adjunto de Vinculación Social.— Presente.

Por indicaciones de la doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud y en atención a su oficio número 170/UCVPS/ DGAVS/999/2011 de fecha 08 de septiembre de 2011, mediante el cual solicita información para desahogar el punto de acuerdo aprobado en la honorable Cámara de Diputados el 8 de septiembre del año en curso, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud, al gobierno de Michoacán, al gobierno municipal de Morelia y a las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a realizar los trabajos necesarios en la creación del hospital de la Universidad Michoacana, y sea tomado en consideración en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2012, presentado por el diputado federal José Manuel Hinojosa Pérez, PAN.

Con base en lo anterior, en el ámbito de competencia de esta subsecretaría, le informo lo siguiente:

• El artículo 13, inciso B, fracción II, de la Ley General de Salud establece que le corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del sistema nacional de salud, y planear, organizar y desarrollar sistemas estatales de salud.

• De acuerdo con los artículos 77 Bis 5, 77 Bis 10, 77 Bis 30 de la Ley General de Salud, se distribuyen las competencias de la Secretaría de Salud y de las entidades federativas, a fin de establecer la responsabilidad del sector central de integrar el plan maestro a nivel nacional, con la finalidad de fortalecer el mantenimiento y desarrollo de infraestructura en salud y los regímenes estatales de protección social en salud a través de transferencias presupuestales, las cuales deberán ser destinadas para la inversión en la infraestructura médica, de conformidad con el plan maestro que para el efecto elabore la Secretaría de Salud.

• Asimismo, el artículo 37 del señala que “la planeación de nuevos establecimientos para la atención médica y la adquisición de nuevas tecnologías, para su inclusión en el plan maestro de infraestructura deberá sustentarse en el certificado de necesidad que será expedido por la secretaría”, tomando en consideración diversos parámetros como información sociogeodemográfica, la función del perfil de salud de la población y el porcentaje de cobertura, entre otros.

• La Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, a través de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, le corresponde expedir el certificado de necesidad para la actualización del plan maestro de infraestructura física en salud, a fin de efectuar el reordenamiento de la actual infraestructura en salud y la construcción de infraestructura nueva, congruentes con la estrategia nacional de planeación.

• Por ello, la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, mediante oficio número 811­Bis, de fecha 19 de septiembre de 2011, requirió a la Secretaría de Salud de Michoacán emitir su opinión sobre el proyecto de creación del hospital de la Universidad Michoacana, se elabore el expediente técnico que permita conocer la magnitud de la propuesta y se solicite el respectivo certificado de necesidad ante dicha dirección general.

Cabe mencionar que la Secretaría de Salud cumple con el exhorto de la honorable Cámara de Diputados, asimismo, cuando se reciba la evaluación y dictamen de la solicitud requisitada por el área de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Michoacán, la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud indicará, si es el caso, el procedimiento correspondiente para desarrollar el proyecto de construcción del hospital universitario en aquella entidad federativa.

Lo anterior, a efecto que la información recabada sea de utilidad.

Atentamente

México, DF, a 22 de septiembre de 2011.— Maestro Ramiro Tamayo Rodríguez (rúbrica), coordinador de asesores.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud, para su conocimiento.

PERMISO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSUL HONORARIO

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-11468, el embajador Jorge Castro-Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción IV, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Francisco Edmundo Lechón Rosas, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Eslovaca en Cancún, con circunscripción consular en Quintana Roo y Yucatán.

Por lo anterior me permito anexar para la integración de su expediente, originales de la carta dirigida al honorable Congreso de la Unión con la que el interesado solicita el permiso respectivo y de la constancia de residencia, copia certificada del acta de nacimiento de dicha persona, así como copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de la República Eslovaca en México.

Atentamente

México, DF, a 4 de octubre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se turna a la Comisión de Gobernación, para su dictamen.

PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1629/11, Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Fermín Vantí Hernández.

Puesto: Chofer.

Lugar de trabajo: Embajada del Estado de Kuwait en México.

Nombre: Marisol Reynal Baeza.

Puesto: Investigadora de fraude criminal.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Erika de la Torre Crosse.

Puesto: Operadora de teléfonos.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nombre: María Isabel Olivares Jiménez.

Puesto: Asistente de servicios consulares especiales en la Agencia Consular.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan que se realicen los trámites correspondientes; así como copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo se informa que la persona que se cita a continuación solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Norma Patricia Ruiz Mora.

Puesto: Agente de compras.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Atentamente

México, DF, a 21 de septiembre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se turna a la Comisión de Gobernación, para su dictamen; y en que se refiere a la ciudadana que deja de prestar servicios, se remite a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y a la de Senadores, para su conocimiento.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2012

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jaime Rafael Díaz Ochoa, en nombre propio y de los senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a aprobar el monto de 8 millones 500 mil pesos para promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas, asimismo exhorta al titular del Ejecutivo federal a elaborar e implementar, dentro del Programa Nacional para prevenir y sancionar la Trata de Personas 2010­2012, una estrategia para la frontera norte de México.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión de Derechos Humanos los resolutivos segundo y tercero.

Atentamente

México, DF, a 4 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Jaime Rafael Díaz Ochoa, senador de la república, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en nombre propio y de los senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 8o., numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Cámara de Diputados a aprobar el monto de 8 millones 500 mil pesos para promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas, así como al titular del Ejecutivo federal a elaborar e implementar dentro del Programa Nacional para prevenir y sancionar la Trata de Personas 2010-2012 una estrategia para la frontera norte de México, con fundamento en las siguientes

Consideraciones

La trata de personas entendida como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra para propósitos de explotación, según lo establece el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, firmado por México en diciembre del 2000, es considerada por la Organización de las Naciones Unidas como una forma contemporánea de esclavitud, resultante de un engramado multifactorial, donde las vulnerabilidades culturales, socioeconómicas y legales a las que se afrontan las victimas representa la base de este atroz fenómeno que daña la integridad y dignidad de millones de personas que actualmente se encuentran sumergidas en ella.

De acuerdo con información de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), que lanzó en 2008 la campaña Corazón Azul, con el designio de despertar la conciencia de la población y movilizar las intervenciones de las organizaciones internacionales, los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y, en última instancia, cada individuo, en favor de la lucha contra la trata de personas y de la cual estados de la República Mexicana, como Baja California, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán, ya son participes desde 2010, las mujeres y las niñas constituyen alrededor del 80 por ciento de las víctimas identificadas dentro de este lacerante delito, y entre el 15 y el 20 por ciento equivale a niños varones, destacando que la trata infantil existe en todas las regiones del mundo y en algunos países es la modalidad principal de la trata de personas.

Si bien, esta transgresión a los derechos humanos abarca múltiples crímenes, la explotación sexual en 2009 representaba aproximadamente el 80 por ciento de los casos registrados a nivel internacional, y en lo referente a explotación laboral, la Organización Internacional del Trabajo estimó en 2005 unos 2.4 millones de personas permanentes que eran víctimas de trabajos forzados, aunque los expertos mencionan que las cifras son muy inferiores a la realidad.

A nivel nacional, nuestro país como territorio de origen, tránsito y destino de migrantes, lo es también de trata de personas, con por lo menos 20 mil individuos que anualmente son víctimas de ese flagelo, en su mayoría mujeres, niñas y niños, llegando a ocupar en 2010, de acuerdo con estudios de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina, el quinto lugar de los países latinoamericanos con mayores índices de explotación.

Ambas franjas fronterizas de México que lo enmarcan en una geografía particular proclive a la dinámica migratoria, son escenarios persistentes de este crimen, tal y como se reflejó en el Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, AC, que identificó las ciudades con mayor incidencia de casos de trata en el país, destacando la ciudad de Tapachula en el estado fronterizo del sur, Chiapas, pero sobre todo, las ciudades fronterizas del norte del país: Tijuana y Mexicali, en Baja California; Nogales, en Sonora; Ciudad Juárez, en Chihuahua; y Nuevo Laredo, en Tamaulipas.

De acuerdo con diversos estudios realizados, la población migrante presenta ciertas características específicas que la perfilan como blanco potencial de los tratantes de personas, siendo la principal razón que presenta a la Frontera Norte de México como la región más preocupante del país por su alta incidencia de casos, situación que se corrobora con el diagnóstico preliminar del proyecto denominado “Combate a la trata de mujeres, adolescentes, niños y niñas en México”, iniciado en 2004 por el gobierno mexicano, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización Internacional de la Migración (OIM), mismo que se enfocó particularmente en Baja California, concluyendo que la mayor parte de las víctimas son mujeres que desean migrar hacia Estados Unidos, de las cuales el 93 por ciento son mexicanas, y el resto provenientes de países como El Salvador, Guatemala, Brasil, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, España, Estados Unidos y China.

Por otro lado, se identificaron cinco rutas de la trata de personas en la frontera norte, donde la primera inicia en Sudamérica, llega al Distrito Federal o Puerto Vallarta, Jalisco, y de ahí va hacia Baja California; la segunda parte de Centroamérica hacia Tijuana directamente; la tercera se sitúa en el interior de Baja California, desde Tijuana a los otros cuatros municipios de la entidad; la cuarta es trazada desde Tijuana hasta Ciudad Juárez, Chihuahua y Sonora, pasando por Nogales, Caborca y Agua Prieta; y finalmente, la quinta ruta parte de Tijuana hacia Estados Unidos, por San Diego, la cual opera diversos puntos como La Escondida, Vista, Las Antenas, Carlsbad, Carrizales, Oceanside y Del Mar y Los Gatos en Valley Center.

El panorama se agudiza con los resultados arrojados por otra investigación financiada en parte por el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2004, a cargo de la dirigente del Corredor de Seguridad Binacional Tijuana-San Diego, organización que durante dos décadas ha trabajado en el rescate y asesoramiento de víctimas de tráfico y explotación humana, con la cual se vislumbró que la corrupción y participación de autoridades en el negocio criminal convertía a esas dos ciudades en mercados perfectos para llevar a cabo la trata de personas en toda su amplitud, desde explotación sexual hasta laboral.

Una segunda investigación llevada a cabo por la misma organización en 2008, que se centró en descubrir el sistema operativo de la trata de personas en Mexicali, Tecate y Tijuana, censó alrededor de 5 mil células inmiscuidas en este delito, evidenciando además, la íntima relación de la trata de personas con la delincuencia organizada, debido a que se observó que las grandes organizaciones son por lo general células que en origen se dedicaban al tráfico de estupefacientes y que ahora suelen ser las que dominan las rutas de trasiego, aseguramiento y explotación de humanos.

Por otra parte, la explotación laboral también se evidencia en la frontera norte con alarmantes cifras, como las resultantes de una encuesta realizada en 2010 por el conglomerado de organizaciones defensoras de los derechos humanos en San Diego, Centro de Promoción Social, a 505 migrantes residentes en Estados Unidos pero trasladados desde México la mayoría bajo engaños de los empleadores, de los cuales 321 reportaron información que los convierte en victimas de trata, al trabajar con pagas miserables y bajo amenaza; recibir cheques sin fondos; no recibir remuneración alguna y trabajar en zonas de alto riesgo amenazados con dañar a sus familias si desertaban.

Ante tan desolador escenario, un paso sin duda determinante hacia el combate de la trata de personas, fue la promulgación en 2007 de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, mediante la cual se otorgó protección jurídica a las víctimas de dicho delito, y en cuyo marco el pasado 6 de enero fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas 2010-2012 de la Comisión Intersecretarial para prevenir y sancionar la Trata de Personas.

Este programa cuenta con 56 acciones y cuatro objetivos específicos, con el propósito general de implementar las políticas públicas necesarias para prevenir, perseguir y sancionar la trata de personas a nivel nacional, siendo vinculante para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República y las unidades de la Presidencia de la República, quienes elaborarán sus respectivos programas anuales, que servirán de base para la integración de sus anteproyectos de presupuesto, a efecto de que se prevean los recursos presupuestarios necesarios para el eficaz cumplimiento de los objetivos y metas del programa, en concordancia con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

En este sentido, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinaron 2 millones 500 mil pesos para promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas, y hoy observamos con regocijo el compromiso y responsabilidad del Ejecutivo federal con las víctimas de este crimen al ampliar plausiblemente dichos recursos más de un 300 por ciento en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerció Fiscal de 2012, presentado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en el que se prevén 8 millones 500 mil pesos para el logro de tal fin, mismos que sin duda coadyuvan a continuar emprendiendo acciones a nivel nacional, como las llevadas a cabo en entidades de la frontera norte como Baja California, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas, para combatir la trata de personas, donde en coordinación con el gobierno federal se han llevado a cabo eventos, talleres de capacitación, entre otras actividades, enfocadas principalmente a educar a niños, adolecentes y jóvenes sobre la prevención de dicho delito, así como a capacitar a funcionarios públicos para atender a las personas que ya han sido víctimas.

Es con ese ánimo, pero sobre todo en aras de propiciar la colaboración y coordinación con los gobiernos locales de lo seis estados que conforman la zona norte del país para llevar a cabo un trabajo fortalecido a través de la unión, que contribuya a la eficaz erradicación de este flagelo en una región que constituye un nicho persistente para cometerlo, que los Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte, consideramos conveniente que dentro del Programa Nacional para prevenir y sancionar la Trata de Personas 2010-2012 se prevea una estrategia de combate a la trata de personas para la frontera norte de México, focalizada a diagnosticar la realidad particular de dicha franja e implementar políticas públicas acordes a la misma.

Además, en el mismo tenor, consideramos imperante para atender la trata de personas en su total amplío espectro íntimamente ligado con la migración, que dentro de la Estrategia propuesta, se realicen las gestiones pertinentes para concretar el memorándum de entendimiento relativo al programa OASISS sobre el procesamiento penal de traficantes y tratantes de personas que ponen en riesgo a migrantes, puesto en marcha en agosto de 2005 por los gobiernos de México y Estados Unidos de América, en aras de salvaguardar la integridad física de los migrantes, desalentar el tráfico y la trata de personas, evitar la impunidad y contribuir al fortalecimiento de la seguridad fronteriza. Al respecto, cabe mencionar que de acuerdo con el quinto Informe del Gobierno federal, en noviembre de 2010 funcionarios del Departamento de Seguridad Interna de nuestro vecino país se comprometieron a analizar la viabilidad de continuar con el proceso de negociación de dicho memorándum, sin embargo, a pocos meses de concluir el año 2011, no se tiene información de un avance al respecto.

La trata de personas es resultado de la vulnerabilidad colectiva resultante de una persistente desigualdad social y económica, pero preponderantemente, es en la enraizada corrupción dentro de las instituciones que debieran velar por la integridad de las personas, que este desdeñable negocio ha encontrado encubrimiento para continuar operando, constituyendo el mayor obstáculo para hacer frente a este crimen que quebranta la dignidad de sus víctimas, porque una raíz carente de integridad y honradez para cumplir con proteger a sus ciudadanos, impide el crecimiento de los frutos de políticas públicas implementadas, recursos económicos destinados y trabajo impulsado desde el seno de los tres órdenes de gobierno y los tres Poderes de la Unión.

Es por ello que tras conmemorar, el pasado viernes 23 de septiembre, un año más el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, es menester redoblar la lucha contra la trata de personas que afecta a familias y comunidades enteras, fracturando el tejido social y lacerando la condición de humanidad de quienes sufren este crimen.

En virtud de lo antes expuesto, ponemos a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a aprobar para el Presupuesto de Egresos 2012 el monto de 8 millones 500 mil pesos para promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a elaborar e implementar dentro del Programa Nacional para prevenir y sancionar la Trata de Personas 2010-2012 una estrategia de combate a la trata de personas para la frontera norte de México.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a llevar a cabo las gestiones y negociaciones pertinentes con Estados Unidos de América para concretar el memorándum de entendimiento relativo al programa OASISS sobre el procesamiento penal de traficantes y tratantes de personas que ponen en riesgo a migrantes.

La Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte, senadores: Jaime Rafael Díaz Ochoa, presidente; Jesús María Ramón Valdés, secretario; Lázara Nelly González Aguilar, integrante (rúbricas).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados para que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 se considere la perspectiva de género.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«La suscrita, senadora Claudia Sofía Corichi García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 73 y 76 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales.

En el caso de nuestro país, la igualdad entre hombres y mujeres se reconoce de facto en el artículo 10 de la Carta Magna, al señalar que “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

Así también, en el artículo 4o. de nuestro máximo ordenamiento jurídico, expresamente se establece que “el varón y la mujer son iguales ante la ley”.

Sin embargo, no basta con declarar la igualdad de trato, cuando en la realidad no existe igualdad de oportunidades; para alcanzar un desarrollo justo, equilibrado y productivo del país urge establecer condiciones de igualdad de trato entre hombres y mujeres, desarrollando políticas de igualdad de oportunidades.

2. La perspectiva de género supone considerar sistemáticamente las diferencias entre las condiciones, situaciones y necesidades respectivas de las mujeres y de los hombres, en las fases de planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas de desarrollo. En definitiva, exige el compromiso de todo tipo de organizaciones e instituciones para la modificación de la condición y posición de las mujeres, y en trabajar para lograr un sistema sexo-género equitativo justo y solidario.

3. Nuestro país, como suscriptor de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, adquirió la obligación internacional de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.

El Presupuesto de Egresos de la Federación es un instrumento del desarrollo, por ello debe favorecer un desarrollo más equitativo y democrático del conjunto de la sociedad, promoviendo la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres.

Esta exigencia se deriva de nuestro ordenamiento constitucional y es un genuino derecho de las mujeres, pero es a la vez un elemento de enriquecimiento de la propia sociedad mexicana, amén de que está probado que los programas sociales dirigidos a mujeres inciden de mayor manera en el bienestar familiar y de la sociedad en general.

En el Presupuesto de Egresos para 2012 se deben considerar recursos de forma transversal para acciones a favor de las mujeres, incluyéndolas en todos los programas de desarrollo proyectados.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados para que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2012 se considere la perspectiva de género, transversalmente en todos los programas, cumpliendo así con la obligación constitucional de igualdad que consagra el artículo 4o. de la Carta Magna.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de octubre de 2011.— Senadora Claudia Sofía Corichi García (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 se considere un incremento de los recursos federales destinados a la Universidad Nacional Autónoma de México.

Atentamente

México, DF, a 4 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«La suscrita senadora Claudia Sofía Corichi García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73 y 76 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue fundada el 21 de septiembre de 1551 con el nombre de la Real y Pontificia Universidad de México. Es la más grande e importante universidad de México e Iberoamérica. Tiene como propósito primordial estar al servicio del país y de la humanidad, formar profesionistas útiles a la sociedad, organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible, los beneficios de la cultura.

Como universidad autónoma es un organismo público, descentralizado del estado (artículo 1 de la Ley Orgánica de la UNAM), basada en los principios de libertad de cátedra y de investigación, e inspirada en todas las corrientes del pensamiento, sin tomar parte en actividades militantes y derrotando cualquier interés individual.

Es la universidad con mayor reconocimiento académico en América Latina así como también una de las más grandes y bellas.

La construcción de su campus principal al sur de la Ciudad de México, conocido como Ciudad Universitaria (CU), fue llevada a cabo por varios de los mejores arquitectos de México del siglo XX y por grandes artistas como Siqueiros y Diego Rivera. En 2007, su campus central fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

La historia de las movilizaciones sociales de los universitarios en México es muy amplia. Específicamente en la UNAM, las movilizaciones sociales ocurren a partir de 1929 en el marco de la reforma universitaria que se extendía por toda América Latina. La participación multitudinaria de estudiantes y profesores presionó para que el gobierno federal concediera el status de autonomía que la universidad gozó desde entonces. A partir de ese año, la universidad obtuvo su nombre definitivo: Universidad Nacional Autónoma de México.

En 1968, la UNAM se vio en el centro de las protestas estudiantiles que en unión con las más importantes universidades habidas entonces en la capital, como la Universidad Iberoamericana, El Colegio de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Bancaria y Comercial y La Salle, buscaban utópicamente que el gobierno desarmara su aparato represivo y que se diera paso a una verdadera democracia. El gobierno intentó durante largo tiempo debilitar el movimiento estudiantil con infiltrados, pero la unión estudiantil los superó. El gobierno al verse en gran disyuntiva y a semanas de que dieran inicio los primeros juegos olímpicos organizados por México, decidió frenar el movimiento con la Matanza de Tlatelolco ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre de 1968.

La UNAM ofrece más pregrados, grados y posgrados que cualquier otra institución en México; ofreciendo entre otros: 2 bachilleratos, 7 carreras técnicas, 77 licenciaturas, 161 especialidades, 82 maestrías y 48 doctorados.

Para 2011 la UNAM recibió 26 mil millones 283 mil 316 pesos de recursos federales.

Dichos recursos se destinaron para la docencia en sus niveles superior, medio superior y técnico, investigación, así como difusión cultural y extensión universitaria, gastos administrativos, materiales y financieros, vigilancia, dotación de servicios de mantenimiento y reacondicionamiento de la planta física.

Para 2012, .el gasto proyectado por el gobierno federal en el rubro de educación sólo crecería en 0.3 por ciento, al pasar de 530 mil 31.9 millones de pesos a 531 mil 758.1 millones de pesos, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.

Y aunque si bien, debemos reconocer que la educación media superior se vislumbra como el nivel privilegiado para 2012, ya que recibe un incremento de 7.7 por ciento respecto del año que culmina, no debemos olvidar la importancia de la educación superior en el desarrollo de un país.

Pues según el gasto proyectado, los recursos para licenciatura bajarían 1.9 por ciento y para posgrados, 7.5 por ciento, de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.

Resulta pues necesario, tomar las medidas adecuadas para que este recorte proyectado en el presupuesto a la educación superior en los grados de licenciatura y posgrado no afecte a instituciones que tanto han contribuido al desarrollo del país como la UNAM.

Recordemos que todos los mexicanos galardonados con el Premio Nobel son graduados de la UNAM: Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura; Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz, y Mario Molina, Premio Nobel de Química.

Así también, todos los mexicanos galardonados con el Premio Cervantes, considerado el más importante de la lengua castellana, son egresados de la UNAM: Octavio Paz, Carlos Fuentes, Sergio Pitol y José Emilio Pacheco.

A finales de 2005, la UNAM fue reconocida internacionalmente como la mejor universidad de Latinoamérica, España y Portugal (por el diario inglés The Times), y como la número 95 en el clasificación mundial.

En 2007, el panel intergubernamental del cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue premiado con el Premio Nobel de la Paz y 10 académicos de la UNAM son parte de este panel.

En 2009 fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Además es considerada como la mejor universidad de habla hispana por varias revistas, una de ellas la revista Times, y la quinta universidad más atractiva al turismo cultural en el mundo.

Genera numerosas publicaciones de interés general para todas las áreas del conocimiento, las cuales promueven el interés por la cultura y las ciencias.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados para que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, se considere un incremento de los recursos federales destinados a la Universidad Nacional Autónoma de México.

Senado de la República, a 3 de octubre de 2011.— Senadora Claudia Sofía Corichi García (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó propuesta con punto de acuerdo para constituir un fideicomiso especial destinado al financiamiento de los proyectos estratégicos del corredor económico del norte de México, a propósito de la puesta en marcha de la súper carretera Durango-Mazatlán, con el cual queda integrado el eje interoceánico del Pacífico y el Atlántico.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Proposición que presenta el senador Alejandro González Yáñez, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la honorable Cámara de Diputados para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 se considere constituir un fideicomiso especial para el financiamiento de los proyectos estratégicos del corredor económico del norte de México, a propósito de la puesta en marcha de la súper carretera Durango-Mazatlán, con el cual queda integrado el eje interoceánico del Pacífico y el Atlántico que es la obra de infraestructura carretera más importante del México contemporáneo y de América Latina y el Caribe, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El avance tecnológico, el mejoramiento y modernización de las comunicaciones marítimas, aéreas, terrestres y electrónicas –telefónicas e internet–, han acercado a las naciones, a los pueblos, a la sociedad y a las empresas de manera cada vez más rápida y con una eficiencia tal que el movimiento de bienes, personas, capitales y servicios se ha reducido en el tiempo, el espacio y en esfuerzo. Todo esto ha provocado que en las últimas dos décadas el intercambio comercial se haya multiplicado enormemente a nivel mundial gracias a dichos avances.

Cada vez más, los países se involucran en el comercio internacional de distintas maneras: una, puede ser aumentando su productividad y competitividad en los bienes y servicios que ofrece al mundo; otra, involucrándose ofreciendo mejores servicios en infraestructura en comunicaciones terrestres, aéreas o marítimas o proporcionando servicios aduanales, financieros o de seguridad, así como mano de obra o financiamiento a otras naciones.

Hasta ahora, una proporción muy importante del flujo comercial entre el sudeste asiático y el este de los Estados Unidos y Canadá, o desde Europa al oeste de la Unión Americana es transportado vía marítima a través del Canal de Panamá, lo cual implica más tiempo por la distancia recorrida a lo que se debe sumar lo que tardan en transitar por dicha infraestructura marítima del Pacífico al Atlántico o viceversa.

En el norte de México se ha planeado un proyecto integral que tiene como objetivo reducir el tiempo de recorrido terrestre entre el puerto de Mazatlán, Sinaloa y la ciudad de Matamoros, Tamaulipas; lo cual se logrará con la construcción del corredor interoceánico Mazatlán-Matamoros, derivado de la conclusión de la supercarretera Durango-Mazatlán, como detonador del desarrollo de una amplia región del norte del territorio nacional que involucra a siete entidades federativas: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, que comprende el cuarenta por ciento del territorio del país.

Estos estados cuentan con enorme potencial económico, tanto en recursos naturales como humanos que la sitúan en un lugar privilegiado para atraer inversión, tecnología y la instalación de empresas extranjeras que buscan, primordialmente, el mercado de los Estados Unidos. Lo que se está necesitando y lo que se está promoviendo, es mejorar las condiciones que permitan agilizar el tránsito terrestre y reducir los tiempos de recorrido carretero mejorando desde los movimientos de. carga y descarga de los buques en el Pacífico, hasta hacer lo propio en el Golfo, hacia ambos sentidos.

Con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se observa que en el año 2009 las entidades mencionadas participaron con el 21.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, con un crecimiento superior al promedio nacional durante los cinco años anteriores; pues mientras que en 2004 el PIB nacional aumentó 4.07 por ciento, el producto de la región lo hizo en 5.66 por ciento; en tanto que en 2008 el nacional creció 1.53 por ciento, en tanto que en la región señalada lo hizo en 2.27 por ciento.

Con la integración de estas siete entidades federativas se busca la expansión y modernización de la infraestructura de comunicación terrestre para el movimiento de bienes y servicios a través de: reducir tiempos y costos del transporte; incrementar la competitividad logística; mayor volumen de actividad económica, aumentar la rentabilidad de la región; incrementar la inversión y el empleo.

Este proyecto comprende la incorporación del país, de manera más activa, al tráfico comercial internacional, y cada entidad federativa desarrollará sus proyectos que se complementarán e integrarán a través de este corredor interoceánico, el cual permitirá no sólo agilizar el movimiento de bienes y servicios entre el este y el oeste de los Estados Unidos, sino que se estimulará enormemente las actividades económicas en los siete estados del norte del país, vigorizando y fortaleciendo la economía de las familias de esta extensa región de México

Para cada una de las entidades en lo individual, dado lo castigado de sus presupuestos federales y locales, resulta prácticamente inviable destinar recursos ya comprometidos a proyectos prioritarios que buscan reducir los grandes rezagos padecidos históricamente. Por ello, se pretende la asignación adicional de recursos financieros porque se trata también de proyectos que modernizarán la oferta de servicios e infraestructura para el futuro a mediano y largo plazos.

Uno de los principales proyectos carreteros en el que se encuentran involucrados los estados de Durango y Sinaloa es el de la conclusión de la súper carretera Mazatlán-Durango en 2012, que se conformará como centro neurálgico del corredor económico del norte, el cual conectará los mercados de Asia-Pacífico con los de la zona del Tratado de Libre Comercio y el Golfo de México. Este corredor abrirá oportunidades económicas que antes no se tenían en los estados del norte.

Con la modernización ferroviaria y multimodal de Durango, la ampliación de la Carretera Durango-Parral y los parques logísticos son un complemento obligado a la conclusión de la súper carretera Mazatlán-Durango, que es la obra de infraestructura carretera más importante del México contemporáneo y de América Latina y el Caribe.

Este proyecto conjunto, ya cuenta también del respaldo incondicional de los gobernadores de los estados que integran el corredor económico del norte, esto es fundamental para concertar recursos adicionales del Presupuesto de Egresos de la Federación y del Fondo Nacional de Infraestructura para el desarrollo de los proyectos.

Este proyecto de infraestructura de carácter interregional es un ejemplo de una nueva forma de hacer las cosas en el país donde, sobre el interés particular, exista la conciencia de colectividad, las coincidencias y la integración regional como eje fundamental para el desarrollo de regiones interestatales con objetivos comunes. Es promesa de progreso y emblema de unidad, colaboración y coordinación, en aras del bienestar colectivo incluye diecisiete proyectos: once carreteras, dos puertos marítimos, dos gasoductos, un proyecto de comunicación ferroviaria, y otro de desarrollo industrial que componen la cartera, están orientados a optimizar, construir y modernizar la infraestructura de cada una de estas entidades.

En Chihuahua y Coahuila los proyectos a impulsar son la modernización del eje carretero Ciudad Juárez-Durango, el puente internacional Acuña, el corredor Laguna-Norte, que va de la ciudad de Torreón a la frontera con Acuña y Piedras Negras, y la modernización de la aduana de Piedras Negras.

En Durango, la construcción de un sistema formado por un periférico ferroviario, una terminal ferroviaria y una multimodal, la construcción del periférico de la misma ciudad capital, y la modernización de la carretera Fresnillo-Durango-Parral.

Para Nuevo Leónse contempla la construcción del gasoducto de la zona citrícola, la construcción de la carretera La Gloria-Colombia, y la construcción de los accesos al interpuerto de Monterrey, en el tramo Salinas Victoria-Ciénega de Flores.

Asimismo, en Sinaloa, se considera la modernización integral del puerto de Mazatlán, como la puerta del corredor económico del norte.

En Tamaulipas, la construcción del eje carretero Saltillo-Matehuala-Tula-Altamira, la rehabilitación del puerto de Matamoros, y la modernización de la carretera Ciudad Victoria-límite con Nuevo León.

Mientras para Zacatecaslos proyectos son la creación del megaparque industrial Aeropuerto, la construcción del gasoducto de Aguascalientes al municipio zacatecano de Calera, y la modernización de la carretera 45 en el tramo Fresnillo-límite con Durango.

Como se observa, los proyectos mencionados se refieren a la creación y mejoramiento de infraestructura que hará más ágil la comunicación terrestre entre dos puntos focales de gran importancia para el tráfico de bienes y servicios en el norte del país.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta honorable Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 se considere la creación de un fideicomiso especial para el financiamiento de los proyectos estratégicos del corredor económico del norte de México, a propósito de la puesta en marcha de la súper carretera Durango-Mazatlán, con el cual queda integrado el eje interoceánico del Pacífico y el Atlántico,que es la obra de infraestructura carretera más importante del México contemporáneo y de América Latina y el Caribe.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, a los veintinueve días del mes de septiembre de 2011.— Senador Alejandro González Yáñez (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítanse a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.De los Congresos de los estados de Guanajuato, México y Sinaloa.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2012

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Para los efectos conducentes, con fundamento en el artículo 53, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, remitimos el acuerdo aprobado por la Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, y las consideraciones expuestas por los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, mediante el cual esta legislatura formula un respetuoso exhorto a esa soberanía y a las comisiones respectivas a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 mayores recursos en materia educativa para destinarlos a satisfacer sus requerimientos, con especial hincapié en la educación básica.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guanajuato, Guanajuato, a 29 de septiembre de 2011.— Diputados: Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, David Cabrera Morales, secretarios (rúbricas).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

Acuerdo

La Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato

Acuerda

Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Ciencia y Tecnología, de Cultura, de Juventud y Deporte, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 mayores recursos en materia educativa, para destinarlos a cubrir sus requerimientos, con especial hincapié en la educación básica.

Comuníquese el presente acuerdo, con sus consideraciones, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como a las legislaturas de las entidades federativas para su adhesión a él.

Guanajuato, Guanajuato, a 29 de septiembre de 2011.— Diputados: Alejandro Rangel Segovia, presidente; Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, David Cabrera Morales, secretarios (rúbricas).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

Presidente del Congreso de Guanajuato.— Presente.

Los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de Guanajuato suscribimos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 63, fracción XII, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y 155 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado libre y Soberano de Guanajuato, un punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Que una de las propuestas básicas de las plataformas políticas de todos los partidos políticos representados en la Sexagésima Primera Legislatura, y ratificada en cada uno de nuestros posicionamientos, es impulsar el cabal cumplimiento de la responsabilidad del Estado de impartir educación gratuita, laica, obligatoria y de calidad que impulse el desarrollo integral de las personas, contribuya a abatir la desigualdad social; promueva la justicia y la equidad y coadyuve a elevar la competitividad y productividad de la economía nacional, para lo cual debemos comprometernos a promover la asignación de recursos suficientes y crecientes a la educación.

Que coincidimos en que la educación es el motor principal del andamiaje social de una nación, por ser motivo y razón de nuestro ideario político. La educación que reciba cada mexicano y, por consecuencia, cada guanajuatense es una inversión que trasformará y sentará las bases para construir un país más fuerte. Invertir más en la educación de una nación es invertir en mayor justicia social e implica ampliar nuestras libertades, reducir la brecha social y generar más y mayores oportunidades de crecimiento sostenido.

Que desde la óptica política del Congreso de Guanajuato, la educación básica es piedra angular del desarrollo nacional y estatal, y es necesario ratificarla como política de Estado con acciones concretas que permitan una inversión sostenida.

Que la educación básica es la herramienta principal que proporciona elementos que nos permiten alcanzar la meta de un desarrollo humano sustentable, pues es imperativo eliminar rezagos y dar a la educación básica un lugar prioritario en nuestra agenda, en la cual nuestra participación como legisladores sea contundente para destinar más recursos mediante un presupuesto plurianual, ya que hoy por hoy el nuevo paradigma educativo nos exige ofrecer a los niños y a los jóvenes herramientas conceptuales, habilidades, conocimientos, competencias, valores y principios para enfrentar los retos del presente y construir un futuro digno, aunado a la infraestructura física que requiere la prestación de este servicio primordial.

Que Guanajuato ha tomado el reto de transformar su ley en la materia para establecer políticas públicas que estén a la altura de los retos que nos plantea la sociedad, haciendo hincapié en la educación básica, como acciones vinculantes del desarrollo nacional y estatal y buscando siempre la eficiencia y la calidad de los servicios educativos.

En razón de lo anterior, a través del presente punto de acuerdo exhortamos a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como a las comisiones pertinentes de ese órgano legislativo nacional, a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 mayores recursos al sector educativo para destinarlos a satisfacer los requerimientos en materia de educación básica, considerando que dichos recursos son los que demanda la realidad social del país.

En este contexto, eminentemente social, los diputados del Congreso de Guanajuato ratificamos nuestro inquebrantable compromiso con la educación y el objetivo de mejorar radicalmente su calidad en bien de Guanajuato y de México.

Por lo expuesto y fundado, atentamente sometemos a consideración de este pleno, solicitando que se dé el trámite de urgente y obvia resolución con base en lo establecido en el artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Ciencia y Tecnología, de Cultura, de Juventud y Deporte, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 mayores recursos en materia educativa para destinarlos a satisfacer sus requerimientos, con especial énfasis en la educación básica.

Comuníquese el presente acuerdo, junto con sus consideraciones, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como a las legislaturas de las entidades federativas para su adhesión a él.

México, DF, a 29 de septiembre de 2011.— La Junta de Gobierno y Coordinación Política, diputados: Gerardo Trujillo Flores, Héctor Hugo Varela Flores, David Cabrera Morales, José Luis Barbosa Hernández, Eduardo Ramírez Pérez, Héctor Astudillo García (rúbricas).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo.— Estado de México.— LVIII Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto, nos permitimos comunicar a ustedes que, la LVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, en sesión de esta fecha, tuvo a bien aprobar acuerdo, que en su parte conducente refiere lo siguiente:

“Único. La LVII Legislatura del estado de México, en un marco de respeto y colaboración, exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que, en el ámbito de sus atribuciones, asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, los recursos suficientes para atender las necesidades del sistema educativo nacional, con el propósito de consolidar una educación de calidad que permita atender los rezagos y solventar las necesidades educativas, particularmente del estado de México, en todos los niveles y modalidades, así como para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, procurando para ello una distribución presupuestaria justa, equitativa y responsable”.

Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos procedentes.

Se acompaña al presente, texto íntegro del acuerdo.

Sin otro particular, les expresamos nuestra elevada consideración.

Toluca de Lerdo, México, a 4 de octubre de 2011.—Diputado: Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Horacio Enrique Jiménez López (rúbrica), Francisco Javier Funtanet Mange (rúbrica), secretarios.»

«Escudo.— Estado de México.— LVIII Legislatura.

La LVII Legislatura del estado de México, con fundamento en los artículos 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 38, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, ha tenido a bien emitir el siguiente:

Acuerdo

Único. La LVII Legislatura del Estado de México, en un marco de respeto y colaboración, exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que, en el ámbito de sus atribuciones, asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, los recursos suficientes para atender las necesidades del sistema educativo nacional, con el propósito de consolidar una educación de calidad que permitan atender los rezagos y solventar las necesidades educativas, particularmente del estado de México, en todos los niveles y modalidades, así como para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, procurando para ello una distribución presupuestaria justa, equitativa y responsable.

Transitorios

Primero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta del Gobierno.

Segundo.Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente a su publicación en la Gaceta del Gobierno.

Tercero. Comuníquese el presente acuerdo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, estado de México, a 4 de octubre de 2011.

Diputado: Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Horacio Enrique Jiménez López (rúbrica), Francisco Javier Funtanet Mange (rúbrica), secretarios.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo.— Estado de México.— Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucción del diputado presidente de la diputación permanente y en ejercicio de las atribuciones que a la secretaría general confiere el artículo 96, fracciones V, VII XI y XIII de la Ley Orgánica del Congreso del estado de Sinaloa me permito remitir a usted punto de acuerdo número 72 aprobado por la diputación permanente de la LX Legislatura del Congreso del estado de Sinaloa en sesión pública ordinaria celebrada con esta misma fecha el que textualmente dice:

Único. La LX Legislatura del Congreso del estado de Sinaloa respetuosamente exhorta a la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura al Congreso de la Unión a que otorgue prioridad al sector educativo durante el proceso de discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, con el fin de garantizar incrementos reales que permitan a los mexicanos ejercer el derecho humano a la educación e impulsar con ello el desarrollo nacional sostenible para el mediano y largo plazos.

Lo que comunicamos a usted para su conocimiento y efectos correspondientes.

Atentamente

Culiacán, Sinaloa, a 28 de septiembre de 2011.— Licenciado Jacinto Pérez Gerardo (rúbrica), secretario general.»

«Escudo.— Estado de México.— Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.

La diputación permanente de la LX Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, ha tenido a bien expedir el siguiente

Punto de Acuerdo número 72

Único. La LX Legislatura del Congreso del estado de Sinaloa, respetuosamente exhorta a la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, a que otorgue prioridad al sector educativo durante el proceso de discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, con el fin de garantizar incrementos reales que permitan a los mexicanos ejercer el derecho humano a la educación e impulsar con ello el desarrollo nacional sostenible para el mediano y largo plazos.

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a 28 de septiembre de 2011.— Diputación Permanente del Congreso del estado de Sinaloa, diputado Cenovio Ruiz Zazueta (rúbrica), presidente;diputado Carlos Eduardo Felton González (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

DIPUTADA SUPLENTE QUE SE INCORPORA

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Toma de protesta de la ciudadana Juanita de Jesús Santillán Hernández, como diputada. Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Juanita de Jesús Santillán Hernández, diputada federal electa en el segundo distrito electoral del estado de México.

Se designa a los diputados Francisco Javier Landero Gutiérrez; Daniel Gabriel Ávila Ruiz y Jorge Herrera Martínez, para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones; por lo que les ruego cumplir con este cometido.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Se pide a la comisión cumplir con el encargo.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Ciudadana Juanita de Jesús Santillán Hernández, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La ciudadana Juanita de Jesús Santillán Hernández: Sí protesto.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.

Está solicitando el uso de la palabra la diputada Perla López Loyo. Le pregunto, ¿con qué objeto?

ARTICULOS 4O. Y 27 CONSTITUCIONALES

La diputada María Elena Perla López Loyo (desde la curul): Señor presidente, muy buenos días. Gracias. Sólo para plantearle una solicitud muy respetuosa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Adelante.

La diputada María Elena Perla López Loyo (desde la curul): Gracias. El pasado miércoles 17 de agosto, en el marco de la sesión de la Comisión Permanente, se dio cuenta de la aprobación del decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 4o., recorriéndose en el orden los subsecuentes, y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta reforma, que ya fue avalada por la mayoría de los Congresos estatales, eleva a rango constitucional el decreto a la alimentación; por lo que esto ya se constituye como una garantía en nuestra Carta Magna y quien lo garantiza en el Estado; es decir, que esto asegura, en lo que se refiere a la alimentación, dos condiciones básicas: que la alimentación sea adecuada y que en el abastecimiento de ella a la población haya sustentabilidad.

No obstante, dicha reforma de carácter constitucional no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación; por lo que respetuosamente le solicito, que en su carácter de presidente de esta Cámara de Diputados, haga un exhorto al gobierno federal para que publique, a la brevedad posible, este decreto que es de la mayor importancia para dar una respuesta efectiva, contundente e integral al problema de la falta de alimentación nutritiva, suficiente y de calidad para el país. Muchísimas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Haré lo conducente, diputada. Pero quiero hacer una observación: la solicitud, en los términos en que se ha presentado, en el fondo es absolutamente correcta, pero el momento procesal no lo era.

De suerte, que cuando conceda el uso de la palabra, le voy a pedir a cada diputada y a cada diputado que me diga de qué asunto se trata, para poder obsequiar la petición de hacer uso de la palabra. Adelante, la Secretaría.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto que reforma fracción III del artículo 10 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Atentamente

México, DF, a 4 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Que reforma la fracción III del artículo 10 de la Ley Federal de Telecomunicaciones

Artículo Único. Se reforma la fracción III del artículo 10 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 10. ...

I. y II. ...

III. Espectro para uso oficial: Son aquellas bandas de frecuencia destinadas para el uso exclusivo de la administración pública federal, gobiernos estatales y municipales, organismos autónomos constitucionales y concesionarios de servicios públicos, en éste último caso, cuando sean necesarias para la operación y seguridad del servicio de que se trate, otorgadas mediante asignación directa.

Los concesionarios de servicios públicos, previo a la asignación directa de las frecuencias destinadas para uso oficial, deberán haber acreditado ante la Secretaría, la necesidad de contar con el uso de dichas bandas de frecuencia, para la operación y seguridad del servicio que prestan y quedarán obligados a pagar por el uso de las bandas de frecuencia que se menciona en el párrafo que antecede, la contra prestación que fije la autoridad correspondiente y a no prestar comercialmente servicios de telecomunicaciones con el espectro para uso oficial que les sea asignado, no pudiendo compartirlo con terceros ya que será única y exclusivamente para la operación y seguridad del servicio público concesionado;

IV.y V. ...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría, en un plazo no mayor a 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, implementará todas y cada una de las acciones y medidas técnicas y operativas que resulten necesarias para realizar la asignación directa del espectro para uso oficial a los organismos autónomos constitucionales y a los concesionarios de servicios públicos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como las autoridades correspondientes, fijarán en un plazo no mayor a 60 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el monto de la contraprestación que los concesionarios de servicios público deban pagar al Estado por la asignación del espectro de uso oficial de conformidad con las leyes de la materia.

Tercero. Los concesionarios de servicios públicos deberán acreditar 30 días naturales antes de la fecha en que les sean asignadas las frecuencias para uso oficial, ante la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, de la Secretaría, la necesidad de contar con el uso de esas frecuencias, para la operación y seguridad del servicio que prestan, con la documentación que resulte idónea de acuerdo a los criterios elaborados para tal efecto por dicha dependencia y deberán de pagar la contra prestación por la asignación de dichas frecuencias en el plazo que tenga a bien determinar las autoridades correspondientes.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 4 de octubre de 2011.— Senador Ricardo García Cervantes (rúbrica), vicepresidente;senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

LEY DE PUERTOS

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Puertos.

Atentamente

México, DF, a 4 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Puertos

Artículo Único. Se reforman la fracción V del artículo 2o.; la fracción I del artículo 10; las fracciones II, V, VIII, IX del artículo 16; la fracción II del artículo 17; el primer, segundo y tercer párrafos del artículo 20; las fracciones II, IX y X del artículo 26; primer y tercer párrafo del artículo 28; el primer y segundo párrafos de la fracción II del artículo 41; el artículo 42; el artículo 54; se adicionan las fracciones II Bis y II Ter al 16; una nueva fracción III y un cuarto y quinto párrafos al artículo 20; un nuevo segundo párrafo al artículo 24; un tercer párrafo al artículo 51; un artículo 58 Bis; y se derogan las fracciones II y III del artículo 58, todos de la Ley de Puertos, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I.... a IV. ...

V. Marina: El conjunto de instalaciones portuarias y sus zonas de agua o tierra, destinadas a la organización especializada en la prestación de servicios a embarcaciones de recreo o deportivas.

VI. ... a IX. ...

Artículo 10. ...

I.Públicas, cuando se trate de terminales de contenedores y carga general o exista obligación de ponerlas a disposición de cualquier solicitante, y

II. Particulares, cuando el titular las destine para sus propios fines, y a los de terceros mediante contrato, siempre y cuando los servicios y la carga de que se trate sean de naturaleza similar a los autorizados originalmente para la terminal.

Artículo 16. ...

I. ...

II. Fomentar la participación de los sectores social y privado, así como de los gobiernos estatales y municipales, en la explotación de puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias, así como impulsar la competitividad de los puertos mexicanos en sus instalaciones, servicios y tarifas, atendiendo a los intereses de la nación;

II. Bis. Fomentar que los distintos tipos de servicios de transporte que convergen en los puertos nacionales se interconecten de manera eficiente;

II. Ter. Fomentar que los servicios mediante los cuales se atiendan embarcaciones, personas y bienes en navegación entre puertos o puntos nacionales, sean prestados de manera eficiente;

III. ... a IV. ...

V. Determinar las áreas e instalaciones de uso público así como las áreas, terminales o instalaciones que se destinen para la atención y servicios a embarcaciones, personas y bienes relacionados con la navegación de cabotaje;

VI. ... a VII. ...

VIII. Establecer, en su caso, las bases de regulación tarifaria, en el caso de que en determinado puerto, sólo exista una sola terminal, o una terminal dedicada a la atención de ciertas cargas, o un sólo prestador de servicios, la Secretaría podrá solicitar la intervención de la Comisión Federal de Competencia, para tal efecto;

IX. Expedir las normas oficiales mexicanas en materia portuaria, verificando y certificando su cumplimiento, además de que vigilará que en los puertos mexicanos sujetos a una Administración Portuaria Integral, todo proceso de mejora, implementación de procedimientos de calidad o la prestación de los servicios, se ajusten a lo establecido a la presente ley, su Reglamentó, a la Ley de Metrología y Normalización y a las normas oficiales mexicanas, en los casos en los que se traten aspectos previstos en las mismas;

X. ... a XIV. ...

Artículo 17. En cada puerto habilitado existirá una capitanía de puerto, encargada de ejercer la autoridad portuaria, a la que corresponderá:

I. ...

II. Vigilar que la navegación, atraque, permanencia de embarcaciones y los servicios de pilotaje y remolque en los puertos, se realicen en condiciones de seguridad, atendiendo a lo establecido en los criterios técnicos correspondientes;

III. ... a VI. ......

Artículo 20. Para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes del dominio público en los puertos, terminales y marinas, así como para la construcción de obras en los mismos y para la prestación de servicios portuarios, sólo se requerirá de concesión, permiso o autorización que otorgue la Secretaría conforme a lo siguiente:

I. ... a II. ...

III. Autorizaciones para obras marítimas o dragado.

Para construir y usar embarcaderos, atracaderos, botaderos y demás similares en las vías generales de comunicación por agua, fuera de puertos, terminales y marinas, se requerirá de permiso de la Secretaría, sin perjuicio de que los interesados obtengan, en su caso, la concesión de la zona federal marítimo-terrestre que otorgue la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Los interesados en ocupar áreas, construir y operar terminales, marinas e instalaciones portuarias o prestar servicios portuarios, dentro de las áreas concesionadas a una administración portuaria integral, celebrarán contratos de cesión parcial de derechos o de prestación de servicios, según el caso, en los términos previstos en esta ley y demás disposiciones aplicables.

Los concesionarios o cesionarios de terminales de cruceros y marinas, podrán a su vez celebrar con terceros, previa autorización de la Secretaría, contratos de uso, respecto de locales o espacios destinados a actividades relacionadas con el objeto de su concesión o contrato. En ningún caso, dichos contratos excederán los términos y condiciones de la concesión o contrato principal.

La Secretaría mediante reglas de carácter general podrá establecer que los procedimientos para la obtención de concesiones, permisos y autorizaciones del presente artículo se realicen a través de medios de comunicación electrónica.

Artículo 24. ...

I. ... a IX. ...

La solicitud de expedición de convocatoria pública para la adjudicación de concesiones y contratos de cesión parcial de derechos de terminales de contenedores y carga general, podrán negarse, cuando se afecten las políticas y programas de desarrollo del puerto de que se trate o del sistema portuario nacional.

Las concesiones...

Artículo 26. ...

...

II. La descripción de los bienes, obras e instalaciones del dominio público que se concesionan, así como los compromisos de mantenimiento, productividad y aprovechamiento de los mismos, así como los compromisos sobre áreas, prestación de servicios dentro del puerto, las terminales e instalaciones portuarias para la atención de embarcaciones, personas y bienes relacionados con la navegación de cabotaje o que requieran para su atención y los compromisos relacionados con tarifas, costos y usos necesario de los mismos para el cabotaje;

III. ... a VIII. ...

IX. El monto de la garantía que deberá otorgar el concesionario para el cumplimiento de su concesión, en los términos siguientes:

a) Se exhibirá garantía por un monto equivalente al 7% de la inversión que deberá mantenerse vigente durante la ejecución de las obras.

b) Al terminar la ejecución de las obras la garantía a que se refiere el inciso anterior se sustituirá por otra, para garantizar el cumplimiento de obligaciones, cuyo monto será equivalente a seis meses de la contraprestación fiscal que deba pagarse al gobierno federal conforme a la ley, por el uso, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio público concesionados.

El monto de la garantía deberá actualizarse anualmente conforme al artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación;

X. Las pólizas de seguros de daños a terceros en sus personas o bienes, y los que pudieren sufrir las construcciones e instalaciones. En el caso de marinas, el seguro de instalaciones comprenderá sólo aquellas que estén adheridas de manera permanente a los bienes de dominio público;

XI. ... a XII. ...

...

Artículo 28. Los permisos y autorizaciones a que se refiere el artículo 20 se otorgarán en los términos que establezcan los reglamentos de la presente ley, pero en todo caso la resolución de otorgamiento, deberá emitirse fundada y motivada, en un plazo que no exceda de noventa días naturales, contados a partir de aquél en que se hubiere presentado la solicitud debidamente requisitada, salvo que por la complejidad de la resolución sea necesario un plazo mayor, que no podrá exceder de 180 días naturales.

...

Los permisos a que se refiere el artículo 20, fracción II, inciso b, así como las autorizaciones, concesiones, contratos de cesión parcial de derechos y aquellos contratos que celebren las Administraciones Portuarias Integrales, para la prestación de servicios en el puerto, deberán contar con seguro de responsabilidad civil y daños a terceros y no podrán conferir derechos de exclusividad, por lo que se podrá otorgar otro u otros a favor de terceras personas para que exploten, en igualdad de circunstancias, número y características técnicas de los equipos, servicios idénticos o similares.

Artículo 41. ...

I. ...

II. Las medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación de los espacios portuarios, su desarrollo futuro, las instalaciones para recibir las embarcaciones en navegación de altura y cabotaje, los espacios necesarios para los bienes, y los servicios portuarios necesarios para la atención de las embarcaciones y la prestación de los servicios de cabotaje.

El programa maestro de desarrollo portuario y las modificaciones substanciales que se determinen en el reglamento de esta ley, a éste, serán elaborados por el administrador portuario, y autorizados por la Secretaría, con base en las políticas y programas para el desarrollo del sistema portuario nacional, con una visión de veinte años, revisable cada cinco años. La Secretaría deberá expedir la resolución correspondiente en un plazo máximo de 60 días hábiles, previas opiniones de las secretarías de Marina en lo que afecta a la seguridad nacional; de Medio Ambiente y Recursos Naturales en lo que se refiere a la ecología y de impacto ambiental, de Desarrollo Social en cuanto a los aspectos de desarrollo urbano. Estas opiniones deberán emitirse en un lapso no mayor de quince días hábiles a partir de que la Secretaría las solicite, si transcurrido dicho plazo no se ha emitido la opinión respectiva, se entenderá como favorable. En el caso de modificaciones menores, los cambios sólo deberán registrarse en la Secretaría.

...

...

Artículo 42. Para los puertos y terminales que cuenten con una administración portuaria integral, el gobierno de la entidad federativa correspondiente podrá constituir una comisión consultiva, formada con representantes de los gobiernos estatal y municipales, así como de las cámaras de comercio e industria de la región, de los usuarios, de los cesionarios y prestadores de servicios portuarios, del administrador portuario y de los sindicatos, así como de quienes, a propuesta del presidente, la comisión determine. La comisión será presidida por el representante de la entidad federativa que corresponda.

Artículo 51. ...

I. ... a V. ...

...

Cuando en los contratos de cesión se hubiere previsto prórroga, ésta se otorgará siempre que el titular del contrato respectivo se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones. Para el otorgamiento de la prórroga, el titular del contrato deberá presentar al administrador portuario un programa de inversión y de mantenimiento tanto en materia de infraestructura como de equipamiento.

Artículo 54. Cuando los interesados en operar una terminal o instalación, o en prestar servicios en el área a cargo de un administrador portuario, le soliciten la adjudicación directa del contrato respectivo o la apertura del concurso correspondiente, éste deberá dar respuesta a la solicitud en un plazo no mayor de 60 días hábiles. En caso de inconformidad, los interesados podrán recurrir a la Secretaría para que resuelva lo conducente.

Artículo 58. ...

I. ...

II. (Se deroga);

III. (Se deroga);

IV. ... a VIII. ...

Artículo 58 Bis. La planeación del puerto estará a cargo de un Comité de Planeación, que se integrará por el Administrador Portuario quien lo presidirá, por el Capitán de Puerto, un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y por los cesionarios o prestadores de servicios portuarios.

El Comité de Planeación conocerá, entre otros asuntos, del programa maestro de desarrollo portuario y sus modificaciones; de la asignación de áreas, terminales y contratos de servicios portuarios que realice el administrador portuario; así como de cualquier asunto que afecte la operatividad de largo plazo del puerto.

El Comité de Planeación se reunirá por lo menos tres veces al año o en cualquier tiempo, a solicitud de cualquiera de sus integrantes y sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los presentes.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que se opongan al presente decreto.

Tercero. El Ejecutivo federal y la Secretaría expedirán las modificaciones del Reglamento de la Ley de Puertos y de las disposiciones administrativas necesarias, respectivamente, que resulten necesarias para dar cumplimiento al presente decreto, en un plazo que no excederá de un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Cuarto. El Ejecutivo federal, a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 25 de la presente ley, publicará en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones reglamentarias, administrativas y técnicas que resulten necesarias para cumplir los fines señalados en dicha disposición.

Quinto. Las concesiones, permisos y contratos de cesión parcial de derechos y obligaciones de terminales otorgadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, continuarán con el uso para el cual fueron otorgadas hasta la conclusión de su vigencia o de prórroga en su caso.

Sexto. El Ejecutivo federal y la Secretaría, en un plazo no mayor a 120 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, incluirán en el Reglamento de la Ley de Puertos y en los ordenamientos administrativos, respectivamente, las disposiciones que resulten necesarias para el funcionamiento y organización del Comité de Planeación previsto en el artículo 58 Bis de la presente ley.

Séptimo. La Secretaría, cuando a su juicio existan condiciones y sea conveniente para el sistema portuario nacional, podrá autorizar por una sola vez la ampliación del área de las terminales e instalaciones portuarias de uso público, que hayan sido materia de contratos de cesión parcial de derechos, registrados ante la Secretaría y vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente decreto. Las superficies podrán crecer hasta en una posición adicional de atraque con una longitud máxima de 350 metros y sus respectivas superficies terrestres. Dichas ampliaciones se otorgarán siempre y cuando existan por lo menos dos terminales o instalaciones portuarias del mismo giro de distintos operadores en un puerto.

El Ejecutivo federal publicará en el Diario Oficial de la Federación las reglas de carácter general para tales fines.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 4 de octubre de 2011.— Senador Ricardo García Cervantes (rúbrica), vicepresidente;senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen, y a la Comisión de Marina, para opinión.

LEY GENERAL DE TRANSPORTE SUSTENTABLE URBANO Y SUBURBANO -LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, senadores de los grupos parlamentarios, presentaron iniciativa con proyecto de decreto para crear la Ley General de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano y adicionar un inciso d) a la fracción II del artículo 2o. A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La presidencia dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos el artículo primero del proyecto, a la Cámara de Diputados el segundo de ellos.

Atentamente

México, DF, a 4 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Los suscritos, Raúl Mejía González, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Carlos Navarrete Ruiz, Arturo Escobar y Vega, Dante Delgado Rannauro, Francisco Labastida Ochoa, Graco Ramírez Garrido Abreu, Luis Walton Aburto, Eugenio Govea Arcos, Ericel Gómez Nucamendi, María de los Ángeles Moreno Uriegas, Ramiro Hernández García, Rogelio Rueda Sánchez, Heladio Ramírez López, Fernando Baeza Meléndez, Francisco Agundis Arias, René Arce, Jorge Legorreta Ordorica, Javier Orozco Gómez, Manuel Velasco Coello, Fernando Castro Trenti, Cleominio Zoreda Novelo, Margarita Villaescusa Rojo, Melquiades Morales Flores y Francisco Arroyo Vieyra, senadores de la República de la LXI Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de este pleno, la iniciativa con proyecto de decreto para crear la Ley General de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano y adicionar un inciso d) a la fracción II del artículo 2o. A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La densidad urbana del país no ha dejado de aumentar a lo largo de decenios y en 2010, de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda ya era de 86.3 millones de habitantes, 77 por ciento del total. A su vez, 11 concentraciones de más de un millón de personas sumaban en ese año una población de 41.2 millones.

Estas tendencias se han reflejado en mayores necesidades de servicios de transporte urbano y suburbano.

La movilidad dentro de las ciudades es cada vez más un elemento importante de la calidad de vida y la salud de sus habitantes. El transporte es un componente significativo del gasto familiar, requiere de tiempos de traslado en aumento y deteriora el ambiente.

La economía urbana en su conjunto resulta afectada en su productividad con costos crecientes y menor rendimiento de la mano de obra. Asimismo, debe apuntarse que el transporte es una de las actividades con más participación en la emisión de compuestos de efecto invernadero, que están generando un cambio climático.

El parque vehicular nacional ha crecido 17.8 millones entre 2000 y 2010, pasando de 15.6 a 33.4 millones de vehículos. El promedio por cada mil habitantes subió de 160.1 a 297.4 vehículos. Un estudio del Banco Mundial (BM) señala que para 2030 este parque puede llegar a 70 millones.

Ese parque vehicular no sólo está congestionando las vialidades, con su efecto en costos y productividad, sino que también está aumentando la contaminación. En particular cabe considerar que el efecto de una mayor antigüedad del parque, sobre todo producto de un incremento de las importaciones de vehículos usados.

Entre 2000 y 2010 se vendieron en el interior del país cerca de 8 millones de vehículos nuevos y en cambio se importaron alrededor de 10 millones. Esta importación puede subir ya que a partir de 2009 se ha liberalizado la importación de vehículos usados, conforme al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica; Estados Unidos desecha anualmente 12 millones de vehículos.

Esta importación de vehículos usados eleva la antigüedad media del parque vehicular y hace del transporte un medio más contaminante y de menor eficiencia energética.

Como consecuencia del mayor parque vehicular, el consumo de gasolina y diesel creció en la misma década a tasas anuales de 3.8 y 2.5 por ciento, respectivamente. Se consumen ya 1, 175, 000 barriles diarios de gasolina y de diesel (186.8 millones de litros), casi la mitad de la plataforma petrolera del país.

Ese mismo aumento del parque vehicular ha ido provocando una menor velocidad del tráfico urbano, sobre todo en las concentraciones urbanas mayores. En particular, en la zona metropolitana del Valle de México, la velocidad media bajó de 38.5 a 17 kilómetros por hora, entre 1990 y 2007. El último año, el tiempo de traslado promedio llegó a 48 minutos para la mitad de los viajes, ascendiendo a dos horas para 5 por ciento de los traslados.

La congestión vial es creciente y compromete el funcionamiento mismo de las ciudades en un futuro no muy lejano. Además, multiplica las emisiones contaminantes del transporte.

A los fenómenos anteriores contribuyen los problemas y deficiencias del transporte de servicio público. Éste se realiza en su mayor parte en medios de baja capacidad, como taxis, peseros o microbuses. Además la integración intermodal del transporte urbano es deficiente y la oferta de transporte masivo limitada.

En los últimos años se han desarrollado varios proyectos de transporte masivo, en la zona metropolitana del Valle de México, en Jalisco, en Nuevo León y en Guanajuato. Sin embargo, no es suficiente, para mejorar el servicio de transporte en el volumen y calidad que se requiere.

Por otra parte, en toda la geografía del país se han incrementado sustancialmente las inversiones en vialidades para elevar la velocidad del tráfico, pero esto en general no se ha vinculado a crear infraestructura para el transporte masivo o a mejorar la integración intermodal del transporte.

Los combustibles empleados por el transporte han cambiado en los últimos años y tienen ahora especificaciones que afectan menos al medio ambiente, pero existen pendientes importantes. De hecho, la norma 86 sobre el contenido de azufre del diesel no se ha aplicado y no hay perspectiva cierta de cuándo ocurrirá.

De la misma manera, hay algunos avances en las especificaciones de los vehículos nuevos para disminuir sus emisiones y elevar la eficiencia energética, pero estamos a la zaga para incorporar vehículos híbridos, que consumen diesel y en general vehículos de mejores rendimientos. Incluso se da el caso de que se aplique un doble estándar, que permite la venta en México de vehículos de un mismo modelo que se vende en otros países con mejores especificaciones.

Es claro que, en diversos casos, hay una interrelación entre la disponibilidad de combustibles menos contaminantes y la utilización de vehículos con especificaciones más exigentes, en cuanto a su impacto ambiental. La aplicación de regulaciones en estas materias debe tener una sincronización adecuada para tener viabilidad.

Parte de la problemática del transporte deriva de la falta de coordinación de políticas públicas entre los niveles de gobierno, para que tenga la eficacia necesaria y la ponderación que requiere en el quehacer gubernamental.

En principio, el gobierno federal se vincula sobre todo con los energéticos que consume el transporte y con los vehículos que se producen, venden o importan. Los gobiernos municipales regulan principalmente el tráfico urbano y son responsables de las vialidades. Los gobiernos de las entidades federativas controlan el renglón más estratégico, la operación del transporte público urbano.

Lo anterior, no obsta para que el gobierno federal y las entidades federativas desarrollen o apoyen proyectos de transporte público, en especial el masivo, e incluso se involucren en la construcción de infraestructura o en su financiamiento.

La solución integral de los problemas del transporte urbano y suburbano es compleja y tiene que ver con todo lo que determina el desarrollo urbano, su densidad, las conurbaciones, la extensión de las áreas urbanas, la planeación de la infraestructura vial y su operación, etcétera.

También es fundamental el modelo industrial y energético, que determina la disponibilidad del equipo, su eficiencia energética y su efecto contaminante.

No menos significativa es la variable de las finanzas públicas, pues el financiamiento necesario es muy elevado y rebasa las posibilidades de los gobiernos locales.

Los problemas son pues financieros, de regulación, de ejecución de proyectos, de planeación, de coordinación de acciones.

La iniciativa de ley que se propone se vincula con dos aspectos centrales, ligados a los procesos de inversión y a los de regulación del transporte y su infraestructura. Con este propósito se proyecta expedir una nueva Ley General de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano y modificar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Con la nueva ley se pretende elevar sustancialmente las inversiones en transporte urbano y suburbano, a fin de motivar la participación de los tres niveles de gobierno, transfiriendo recursos públicos no recuperables a proyectos estatales y municipales, con el complemento de inversiones gubernamentales y privadas y, en su caso, con financiamiento bancario.

Asimismo, se pretende inducir una mejor y más amplia regulación del transporte urbano y suburbano. Esta regulación se haría por la federación, a partir de mandatos de esta ley y por los gobiernos de las entidades federativas y municipios mediante la emisión de disposiciones por adhesión.

Con esas dos líneas de acción, se busca organizar un esfuerzo nacional, con un papel definido para cada nivel de gobierno. Las entidades federativas conducirían las acciones de inversión de los gobiernos locales. Los municipios participarían en la ejecución de los proyectos, con capacidad de propuesta, además de emitir y aplicar regulaciones. La federación apoyaría con la coordinación técnica de las acciones y en la instrumentación de la regulación federal.

La ley tiene como objetivos mejorar la calidad de vida, reducir el efecto contaminante del transporte y elevar la competitividad de la economía promoviendo la eficiencia energética y la productividad.

Para ello se apoyan las inversiones en transporte masivo, tanto en infraestructura como en equipo. Con ello, se puede lograr sustituir viajes en transporte individual, bajando los tiempos promedio de los traslados y los costos de los mismos, además de abatir las emisiones de efecto invernadero y mejorar la fluidez del tráfico urbano y la eficiencia energética.

También se impulsan las inversiones en vialidades que tengan impacto significativo en el reordenamiento y velocidad del tráfico, con los mismos propósitos.

Esa inversión en vialidades se complementa con proyectos para desarrollar ciclovías, que estimulen el uso de la bicicleta, transporte limpio y benéfico para la salud.

Los apoyos de inversión se dirigen además a la renovación del equipo de transporte público de baja capacidad, que es un medio con altas emisiones contaminantes, por su antigüedad y deficiencias de mantenimiento. Estos apoyos ayudarán, asimismo, a obtener una oferta suficiente del servicio.

Estos apoyos a la inversión, complementados con otros recursos gubernamentales y privados, aumentarán la formación de capital y la demanda agregada y el empleo, dando preferencia a las empresas nacionales en el desarrollo de los proyectos, lo que constituirá un gran estímulo a la ingeniería nacional.

Se prevé asimismo apoyar proyectos para conurbaciones en una o más entidades federativas, con el propósito de facilitar la acción coordinada de gobiernos en relación con un mismo servicio o una infraestructura necesariamente conectada.

Cabe destacar que los apoyos están previstos sólo para inversión, sin poder destinar los recursos a gastos de operación de los proyectos, o para cubrir adeudas de los gobiernos estatales y municipales o para adquirir inmuebles y derechos de vía necesarios para los proyectos, o incluso para la elaboración de los mismos proyectos; en el último caso se exceptúan los proyectos de transporte masivo, cuya elaboración es de alta complejidad técnica y de costo significativo.

Los apoyos son no recuperables, con un claro espíritu de fomento de la ley y con la convicción de que los servicios públicos requieren financiamiento gubernamental. Se trata, por supuesto, de recursos federales fiscalizables y además con la previsión de contar con auditoría externa, sin excepción.

Los fondos provendrían de una cuota adicional de cincuenta centavos a la gasolina, aplicada gradualmente, con el doble propósito de contar con una fuente adicional de financiamiento, claramente dirigida a compensar los servicios que el uso del automóvil requiere y a la vez disminuir los niveles de subsidio con que se venden los combustibles, que son inequitativos en las finanzas públicas y en este caso estimulan un modelo de transporte no sustentable, en términos ambientales, económicos, energéticos y de funcionamiento del tráfico urbano mismo.

El arreglo institucional está diseñado para encargar la conducción de estas acciones a una Comisión Nacional de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano. Se trata de una instancia de coordinación y toma de decisiones, para aprobar un programa nacional en la materia, y autorizar tanto la aplicación de recursos como las regulaciones por adhesión de los gobiernos locales.

La comisión está concebida para funcionar ágilmente, con la participación de todas las entidades federativas, en un esquema regional, contando con once integrantes designados bianualmente en forma rotatoria.

Cada región se integra con tres entidades contiguas, excepto una región con dos, el Distrito Federal y el estado de México, por su peso demográfico, urbano y económico, además de tener una conurbación de proporciones mayores.

Los recursos financieros para los apoyos se distribuyen entre todas las entidades y sus municipios, a efecto de no concentrarlos en función de su capacidad para elaborar proyectos, por las aportaciones complementarias para ejecutarlas, por su demografía o por cualquier otro factor que pudiera incidir en un acceso no proporcional a los fondos de inversión.

Cada entidad tendrá certidumbre de que puede contar con un apoyo determinado del Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Urbano y Suburbano, al presentar proyectos que cumplan con los términos de referencia para su elaboración y los criterios de evaluación, que la propia comisión aprobará.

Para darle operatividad a la comisión, así como un sustento adecuado para enfocar sus trabajos con una visión nacional, se propone una secretaría técnica, cuyo titular sea designado sexenalmente por el gobierno federal y ratificado por el Senado, además de tener un perfil adecuado para la tarea, conforme se especifica en la iniciativa.

Esta secretaría técnica se encargará de proveer los elementos básicos de decisión de la comisión, como las propuestas de programa nacional, la aplicación de recursos por entidad federativa, la evaluación de los proyectos individuales y las regulaciones por adhesión de entidades federativas y municipios.

El órgano de apoyo cubrirá su presupuesto con recursos del fondo nacional, sin poder ejercer más de 1 por ciento de sus ingresos anuales.

La iniciativa incluye mandatos a la federación para supervisar periódicamente diversas regulaciones, o emitir nuevas. Las materias de regulación son las relativas a los combustibles que consume el transporte, los vehículos que utiliza la administración pública federal y las especificaciones de eficiencia energética o de límites de emisiones contaminantes, tanto de los vehículos nuevos que se vendan en el país, como de los vehículos usados que se importen.

Este conjunto regulatorio federal no es suficiente para atender todas las necesidades regulatorias de un transporte urbano sustentable. A nivel de las entidades federativas y de los municipios se encuentra la capacidad de regular diversos elementos del tráfico urbano, el uso de vialidades, los vehículos en circulación y la operación del servicio público de transporte.

Por ello, la iniciativa incluye previsiones de regulaciones locales, como parte de las acciones para lograr un transporte sustentable.

Las condiciones locales del transporte tienen elementos comunes, a la vez que rasgos de diferencia. Por lo mismo, se propone se elaboren regulaciones básicas de aplicación general, sin demérito de lo que se pueda agregar en función de la circunstancia particular por entidades o municipios.

Se añade el concepto de adhesión para reconocer en plenitud el espíritu de la soberanía de las entidades federativas. Sin embargo, queda establecido como requisito emitir dichas regulaciones para acceder a los apoyos del Fondo Nacional de Inversiones. Esto no implica forzar las acciones desde el nivel federal, pues a fin de cuentas sería una instancia representativa de las entidades federativas la que tomaría las decisiones sobre el contenido de dichas regulaciones.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley General de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano y para adicionar la fracción II del artículo 2o. A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue

Decreto

Artículo Primero. Se expide la Ley General de Transporte Urbano y Suburbano, para quedar como sigue:

Ley General de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano

Capítulo Primero Disposiciones Generales

Artículo 1o. La presente Ley es de interés público y de observancia general.

Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto fomentar el transporte sustentable urbano y suburbano público y privado, organizar la coordinación de acciones con ese propósito de la federación, las entidades federativas y los municipios, establecer y prever regulaciones federales sobre dicho transporte, incluyendo los energéticos que utiliza y definir el marco de concertación de regulaciones de entidades federativas y municipios sobre la misma actividad.

Artículo 3o. Las acciones de fomento y regulación previstas en esta Ley tendrán como objetivos:

I. Mejorar la calidad de vida urbana, protegiendo la salud de la población y disminuyendo tiempos y costos de traslado al utilizar el transporte público y el privado;

II. Reducir las emisiones de compuestos de efecto invernadero del transporte, y

III. Elevar la competitividad con una mayor eficiencia energética del transporte e incrementando la productividad de la economía.

Artículo 4o. Para la consecución de los objetivos anteriores las acciones se orientarán preferentemente a:

I.Fomentar el desarrollo y la mejora del transporte masivo urbano y suburbano, como el medio principal para reducir los tiempos de traslado, el costo unitario del transporte y el consumo de energía, sustituir viajes de transporte individual, reducir el congestionamiento del trafico y disminuir la contaminación ambiental y la emisión de compuestos de efecto invernadero que genera el transporte;

II.Utilizar transportes y combustibles menos contaminantes por sus emisiones de compuestos de efecto invernadero, incluyendo el abatimiento de la antigüedad del parque vehicular y una mayor utilización de la bicicleta, y

III.Ampliar y mejorar la infraestructura de vialidades para propiciar el desarrollo de transporte masivo, mejorar la fluidez del transporte en general y reducir sus efectos contaminantes.

Artículo 5o. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Comisión: la Comisión Nacional de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano;

II. Entidades federativas: los treinta y un estados y el Distrito Federal;

III. Fondo Nacional: el Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Urbano y Suburbano;

IV. Programa Nacional: el Programa Nacional de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano;

V. Regulaciones por adhesión: las emitidas por las entidades federativas y los municipios, a propuesta de la Comisión y registradas por la Secretaría Técnica, y

VI.- Secretaría Técnica: el órgano de la Comisión para apoyar sus tareas.

Capítulo Segundo De la Comisión Nacional de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano

Artículo 6o. La Comisión es una instancia de coordinación de acciones entre federación, entidades federativas y municipios.

Para su operación contará con un órgano de apoyo denominado Secretaría Técnica.

Artículo 7o. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

I. Aprobar el Programa Nacional de Transporte Urbano y Suburbano, así como las revisiones y actualizaciones del mismo en forma bianual;

II. Aprobar los montos base de recursos anuales del Fondo Nacional que corresponden por entidad federativa, para apoyar proyectos de los gobiernos de las mismas y de los municipios;

III. Aprobar la aplicación de recursos del Fondo Nacional para apoyar los proyectos de inversión de las entidades federativas y de los municipios;

IV. Aprobar los términos de referencia de presentación de los diversos géneros de proyectos de inversión a que se refiere esta Ley y los criterios generales de evaluación de los mismos;

V. Aprobar los criterios y requisitos para obtener el registro en el padrón de auditores externos de los proyectos de inversión a que se refiere esta Ley;

VI. Aprobar las propuestas de regulación que se sometan a las entidades federativas y a los municipios para ser suscritos por adhesión;

VII. Aprobar el programa anual de trabajo, los estudios sobre transporte urbano y suburbano y los informes de actividades trimestrales de la Secretaría Técnica;

VIII. Aprobar el Reglamento Interno de la Comisión, y

IX. Las demás que establezcan esta y otras leyes.

Artículo 8o. La Comisión se integrará por once delegados regionales. Dichos delegados corresponderán a las siguientes regiones o grupos de entidades federativas:

Región 1: Baja California, Baja California Sur y Sonora;

Región 2: Jalisco, Nayarit y Sinaloa;

Región 3: Chihuahua, Coahuila y Durango;

Región 4: Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas;

Región 5: Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas;

Región 6: Hidalgo, Querétaro y Veracruz;

Región 7: Colima, Guerrero y Michoacán;

Región 8: Morelos, Puebla y Tlaxcala;

Región 9: Chiapas, Oaxaca y Tabasco;

Región 10: Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y

Región 11: Distrito Federal y estado de México.

Artículo 9o.- Los delegados regionales durarán en su encargo dos años y serán designados en forma rotatoria por los gobiernos de las entidades federativas de cada región.

A las sesiones de la Comisión podrán asistir sendos representantes de la Secretaría de Desarrollo Social y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, con voz pero sin voto.

Las sesiones de la Comisión serán presididas y convocadas por un delegado regional. Dicho encargo corresponderá anualmente al delgado de cada una de las regiones, alternadamente y en forma rotatoria.

El titular de la Secretaría Técnica fungirá como secretario de actas y de acuerdos de las sesiones de la Comisión.

Artículo 10. La Comisión tendrá sesiones de carácter ordinario los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año, además de las sesiones extraordinarias que se requieran en los términos de su reglamento interno.

Artículo 11.- La Secretaría Técnica tendrá las funciones siguientes:

I. Elaborar el proyecto de Programa Nacional en los términos del artículo 3o. de esta Ley y someterlo a la aprobación de la Comisión, así como las revisiones y actualizaciones del mismo que la Comisión instruya;

II. Proponer a la Comisión los montos base de recursos anuales del Fondo Nacional que corresponden por entidad federativa, para apoyar proyectos de los gobiernos de las mismas y de los municipios;

III. Evaluar los proyectos de inversión de las entidades federativas y de los municipios y presentarlos a la Comisión;

IV. Proponer a la Comisión los términos de referencia de presentación de los diversos géneros de proyectos de inversión a que se refiere esta Ley y los criterios generales de evaluación de los mismos;

V. Integrar el Registro de Proyectos de Inversión que reciba e informar a la Comisión de los movimientos del mismo;

VI. Solicitar a las entidades federativas y municipios informes sobre el avance financiero y físico de los proyectos de inversión;

VII. Proponer a la Comisión los criterios y requisitos para registrar a los auditores externos de los proyectos de inversión a que se refiere esta Ley e integrar el registro correspondiente;

VIII. Elaborar las propuestas de Regulación por Adhesión para proponerlas a la Comisión;

IX. Integrar el Registro de las Regulaciones por Adhesión emitidas y la suscripción correspondiente;

X. Realizar directamente estudios sobre el transporte urbano y suburbano o proponer a la Comisión se contrate la elaboración de estudios con cargo al presupuesto de la misma Secretaría Técnica, y

XI. Las demás que le encomiende la Comisión.

Artículo 12. El titular de la Secretaría Técnica será designado por el Ejecutivo Federal con el carácter de servidor público federal. La duración del encargo será de seis años y podrá ser designado por una segunda ocasión en forma consecutiva. La designación será sometida a la Cámara de Senadores o, en sus recesos, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para su ratificación por mayoría absoluta.

Artículo 13. El titular de la Secretaría Técnica de la Comisión será denominado Secretario Técnico y para su designación deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Contar con título profesional o de postgrado en las áreas de ingeniería civil, arquitectura, economía, administración pública, contaduría o materias afines al servicio de transporte urbano y suburbano o a la evaluación de proyectos de inversión;

III. Haberse desempeñado, durante al menos diez años, en el ámbito profesional, docente o de investigación o en actividades que proporcionen la experiencia necesaria para desarrollar las funciones de Secretario Técnico;

IV. No haber ocupado cargos directivos en partido político alguno ni de elección popular, en los tres años anteriores al día de su designación, y

V. No ser accionista, consejero, directivo, asesor, comisario o apoderado de empresas privadas del transporte urbano y suburbano, de la industria fabricante de equipo para ese transporte o de la industria de la construcción.

Capítulo Tercero Del Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Urbano y Suburbano

Artículo 14.EI Fondo Nacional se constituirá como un fideicomiso en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y podrá tener aportaciones por los siguientes conceptos:

I. El rendimiento de los impuestos a la gasolina que apruebe el Congreso de la Unión para destino general en este Fondo Nacional;

II. Las transferencias señaladas por el Presupuesto de Egresos de la Federación para destino general o para destino específico, y

III. Otras aportaciones públicas o privadas de personas o instituciones nacionales o de terceros países, para destino general o para destino específico, no reintegrables.

Artículo 15. Las aportaciones con destino general podrán distribuirse anualmente entre las Entidades Federativas y los municipios correspondientes, una vez cubierto el presupuesto de la Secretaría Técnica, cuyo monto no podrá ser mayor al 1 por ciento de estas aportaciones.

Los montos anuales base por entidad federativa se calcularán con el mismo porcentaje de participación que haya correspondido el año anterior a cada entidad federativa en el Fondo General de Participaciones, que establece la Ley de Coordinación Fiscal.

Los saldos de recursos no ejercidos del año anterior se podrán distribuir en la misma proporción establecida en el párrafo precedente.

Artículo 16. Las aportaciones con destino específico se distribuirán para apoyar proyectos de inversión individuales o de un género determinado dentro de los previstos en esta Ley. La aplicación de recursos será aprobada por la Comisión a propuesta de la Secretaría Técnica.

Artículo 17. Los proyectos de inversión que la Comisión apruebe podrán recibir apoyos financieros del Fondo Nacional no reintegrables por las entidades federativas y los municipios. Los apoyos serán fiscalizables en los términos de la legislación federal correspondiente.

Lo apoyos se entregarán en el curso del año conforme al calendario aprobado como parte del proyecto.

Los proyectos de ejecución multianual especificarán los apoyos requeridos para cada ejercicio. Los montos de apoyo anual tendrán como límite el monto asignado para el proyecto correspondiente, dentro del monto anual base de destino general, o en su caso del monto disponible para destino específico.

Los recursos con destino general que correspondan a las entidades federativas y sus municipios para apoyar proyectos de inversión se destinarán, en primer término, a cubrir los requerimientos de los proyectos multianuales en ejecución. Del saldo resultante, los apoyos se aplicarán de manera preferente a los proyectos de transporte masivo.

Artículo 18. Los proyectos de inversión que podrán recibir apoyos del Fondo Nacional deberán corresponder a los siguientes géneros:

I. Inversiones para construcción, ampliación, modificación, mantenimiento mayor y elaboración de proyectos de infraestructura para sistemas de transporte masivo urbano y suburbano;

II. Inversiones para construcción, ampliación y modificación de vialidades que tengan un impacto significativo en la fluidez o reordenamiento del tráfico urbano y suburbano, incluyendo puentes y pasos deprimidos o elevados;

III. Inversiones para construcción, ampliación y modificación de ciclovías;

IV. Inversiones para equipo de transporte masivo y para equipo para controlar su tráfico, y

V. Inversiones para adquirir o renovar equipo de transporte público no masivo, a fin de reducir emisiones de efecto invernadero.

Artículo 19. Los apoyos del Fondo Nacional de destino general serán en las siguientes proporciones de los montos de inversión para cada proyecto, de acuerdo con los géneros establecidos en el artículo anterior:

a) 80 por ciento para las inversiones de las fracciones I y IV;

b) 75 por ciento para las inversiones de la fracciones II y III, y

c) 30 por ciento para las inversiones de la fracción V.

Las entidades federativas y los municipios podrán solicitar apoyos para los proyectos de inversión en menor proporción a la señalada en este artículo.

El complemento de la inversión podrá provenir de apoyos del Fondo Nacional para destino específico, de recursos de las entidades federativas o de los municipios, de inversión privada o de créditos, que en ningún caso serán suscritos para comprometer recursos del Fondo Nacional.

En los proyectos con contenido de inversión privada, las cuotas o tarifas de recuperación se fijarán tomando en cuenta a favor del usuario los apoyos del Fondo Nacional a través de las Entidades Federativas y los municipios. Los criterios de evaluación de dichos proyectos incluirán el análisis y ponderación de las cuotas y tarifas así determinadas.

Artículo 20. Los proyectos de carácter estatal serán los convenidos con los municipios y propuestos a la Comisión directamente por las entidades federativas. Los proyectos de los municipios se canalizarán a la Comisión a través de las entidades federativas en un plazo no mayor a sesenta días, a partir de su recepción, con su opinión sobre los mismos. Los municipios podrán presentar directamente a la Comisión los proyectos de inversión, si así lo acuerda el gobierno de la Entidad Federativa o si éste no lo ha canalizado a la Comisión en el plazo señalado.

Artículo 21. Los proyectos de inversión podrán corresponder a conurbaciones de dos o más municipios, tendrán carácter estatal y serán convenidos con los municipios. En el caso de conurbaciones que involucren a más de una Entidad Federativa, los proyectos deberán tener una presentación conjunta ante la Comisión, incluyendo la solicitud de apoyo para cada Entidad Federativa dentro del proyecto, así como la legislación aplicable en materia de obras públicas.

Artículo 22. Excepto por lo señalado en la fracción I en el artículo 17 de esta Ley, en ningún caso se otorgarán apoyos para sufragar gastos de operación de los proyectos de inversión, o para realizar gastos vinculados a los mismos como estudios de preinversión, elaboración, presentación o promoción de los proyectos, o para cubrir adeudas de proyectos realizados o en proceso de ejecución a cargo de entidades federativas o municipios, o para cubrir indemnizaciones o pagos para adquirir derechos de vía o inmuebles para realizar los proyectos.

Artículo 23.- Para la aprobación de apoyos a proyectos de inversión, la Comisión deberá verificar que se cumpla previamente con lo siguiente:

I. Que las entidades federativas y los municipios hayan emitido y registrado ante la Secretaría Técnica las Regulaciones por Adhesión aprobadas por la Comisión;

II. Que los proyectos de inversión estén previstos en los planes de desarrollo urbano correspondientes, y

III. Que las entidades federativas y los municipios hayan entregado la información sobre la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión que hayan recibido apoyo del Fondo Nacional.

Artículo 24. Los apoyos para los proyectos de inversión serán transferidos del Fondo Nacional a las entidades federativas o a los municipios ejecutores de los mismos para destinarlos exclusivamente a dichos proyectos. En el caso de las conurbaciones los proyectos harán explícito el ejecutor o ejecutores del proyecto y la proporción correspondiente de aplicación de recursos y el objeto de dicha aplicación.

La aplicación de recursos por las entidades federativas y los municipios dará preferencia a la participación de empresas nacionales en el desarrollo de los proyectos.

Artículo 25. Los proyectos deberán presentarse conforme a los términos de referencia aprobados por la Comisión.

Los proyectos deberán incluir el costo de auditoría externa anual y de conclusión del mismo. Dicho costo se sufragará con cargo a las transferencias del Fondo Nacional para cada proyecto. La Secretaría Técnica dará cuenta a la Comisión de los informes de auditoría correspondientes y remitirá un ejemplar de dichos informes a la Auditoría Superior de la Federación.

Los auditores externos deberán contratarse entre los inscritos en el padrón correspondiente.

Artículo 26. El comité técnico del fideicomiso del Fondo Nacional se integrará con los delegados regionales que formen parte de la Comisión, cuyo presidente de sesiones presidirá también este comité.

A las sesiones del comité técnico podrán asistir sendos representantes de la Secretaría de Desarrollo Social y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

El titular de la Secretaría Técnica será el secretario del comité técnico.

Artículo 27. El comité técnico del fideicomiso autorizará las transferencias de recursos de los apoyos aprobados por la Comisión para los proyectos de inversión, así como la organización, las plazas y el presupuesto de la Secretaría Técnica.

Capítulo Tercero De las Regulaciones al Transporte Urbano y Suburbano

Artículo 28. Las regulaciones previstas en esta Ley no son excluyentes de las emitidas por el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus atribuciones.

Artículo 29.- Las Regulaciones por Adhesión se circunscribirán a las atribuciones conferidas a los municipios y a las no reservadas al gobierno federal por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las Regulaciones por Adhesión podrán incluir normas generales en relación con:

a)El ordenamiento del tráfico urbano y suburbano y el aprovechamiento de las vialidades correspondientes;

b)La circulación de vehículos y los requisitos que deben cubrir para circular;

c)La operación del transporte público de pasajeros y las características de dicho transporte, y

d)Las especificaciones de los vehículos para uso de los gobiernos de las entidades federativas y los municipios.

Las normas de las Regulaciones por Adhesión se orientarán a:

a)Agilizar el tráfico y procurar que éste genere la menor proporción posible de compuestos de efecto invernadero;

b)Inducir la utilización de vehículos con mayor eficiencia energética, incluyendo la verificación de cumplimiento de normas sobre emisiones contaminantes, eficiencia energética y seguridad mecánica, así como medidas que propicien un mayor uso de la bicicleta, y

c)El reordenamiento del transporte de carga urbano y suburbano.

Las Regulaciones por Adhesión se revisarán al menos cada cinco años, después de ser aprobadas por la Comisión.

Artículo 30. A fin de reducir la contaminación y la emisión de compuestos de efecto invernadero del transporte, así como elevar su eficiencia energética, el Ejecutivo federal, a través de sus dependencias, en el ámbito de sus atribuciones y observando lo prescrito en esta Ley, emitirá normas y disposiciones, o revisará al menos cada cinco años las vigentes, en relación con la regulación en las siguientes materias:

I. La calidad de los energéticos que consume el transporte, de manera prioritaria para disminuir el contenido de azufre de los mismos o de cualquier otro compuesto o elemento que afecte negativamente el desempeño energético y ambiental de los motores de combustión interna;

II. La adquisición de vehículos para uso de la administración pública federal;

III. La importación de vehículos usados, para ser sometidos a verificación de emisiones contaminantes, eficiencia energética, y seguridad mecánica, y

IV. Venta en el país de vehículos nuevos, producidos internamente o de importación, para que cumplan con especificaciones de emisiones contaminantes y eficiencia energética y éstas no sean menores que las de los mismos modelos en los países productores con regulaciones al respecto o que impliquen un retroceso a las condiciones de la oferta comercial existente en el mercado nacional.

Cada una de las normas y disposiciones tendrán plazos determinados para el inicio de aplicación de las mismas.

Transitorios

Primero. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo no mayor a treinta días de la entrada en vigor de la presente Ley, la Secretaría de Desarrollo Social convocará a los gobiernos de las entidades federativas para que designen a un delegado regional, a fin de proceder a la integración de la Comisión.

Tercero. En un plazo no mayor a sesenta días la Secretaría de Hacienda y Crédito Público constituirá en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos el fideicomiso del Fondo Nacional.

Cuarto. En un plazo no mayor a sesenta días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Ejecutivo federal designará al titular de la Secretaría Técnica y remitirá la designación al Senado, o en su caso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para su ratificación.

Quinto. En un plazo no mayor a ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las dependencias del Ejecutivo federal que correspondan emitirán o revisarán las normas y disposiciones referidas en el artículo 29 de esta Ley. El Ejecutivo federal remitirá al Congreso de la Unión un informe sobre las normas y disposiciones emitidas o revisadas incluyendo un análisis de las mismas, de su funcionamiento y de los objetivos que se pretende alcanzar con ellas.

Sexto. En un plazo no mayor a un año de la entrada en vigor de la presente Ley, la Comisión, por conducto de la Secretaría Técnica, enviará al Congreso de la Unión un estudio de las características y resultados alcanzables de las Regulaciones por Adhesión, así como el avance de su formulación y suscripción.

Séptimo. La Comisión, por conducto de la Secretaría Técnica, enviará al Congreso de la Unión, en el mes de febrero de cada año, un informe de actividades y aplicación de recursos.

Octavo. El orden de designación de los delegados regionales será el determinado de manera inicial a través de una insaculación.

Noveno. La presidencia de la Comisión será determinada inicialmente mediante insaculación.

Artículo Segundo. Se adiciona un inciso d) a la fracción II del artículo 2o. A de la Ley del Impuestos Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o. A. ...

I. ...

II. ...

a) a c ). ...

d) Adicional de 50 centavos por litro a gasolina Magna y gasolina Premium.

...

...

...

Transitorio

Único. La cuota establecida en el inciso d) de la fracción II, del artículo 2o. A se aplicará a partir de cinco centavos por litro el primer mes de vigencia del presente Decreto, incrementándose cinco centavos cada mes, hasta llegar al nivel de cincuenta centavos en el décimo mes de su aplicación.

La recaudación derivada de la aplicación de la cuota referida en el párrafo anterior se destinará al Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Urbano y Suburbano.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senadores: Raúl Mejía González (rúbrica), Manlio Fabio Beltrones Rivera, Carlos Navarrete Ruiz (rúbrica), Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Dante Delgado Rannauro (rúbrica), Francisco Labastida Ochoa (rúbrica), Graco Ramírez Garrido Abreu (rúbrica), Luis Walton Aburto (rúbrica), Eugenio Govea Arcos (rúbrica), Francisco Alcibíades García Lizardi (rúbrica), Ericel Gómez Nucamendi (rúbrica), María de los Ángeles Moreno Uriegas, Ramiro Hernández García (rúbrica), Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Heladio Ramírez López, Fernando Baeza Meléndez (rúbrica), Francisco Agundis Arias (rúbrica), René Arce (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Manuel Velasco Coello, Fernando Castro Trenti (rúbrica), Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Margarita Villaescusa Rojo (rúbrica), Melquiades Morales Flores (rúbrica), Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Adolfo Toledo (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - LEY DEL SEGURO SOCIAL

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Carlos Navarrete Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 222 Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta; y se reforman los artículos 102 y 103 de la Ley del Seguro Social.

La presidencia dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, senador Carlos Navarrete Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 222 Bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta; y se reforman los artículos 102 y 103 de la Ley del Seguro Social, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La incorporación de la mujer al mundo laboral es cada vez más notable y adquiere mayor importancia en la economía nacional. De acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2009) por cada diez personas económicamente activas, seis son hombres (62.7 por ciento) y cuatro son mujeres (37.3 por ciento). Además, la mujer dedica cerca de 92 horas semanales al trabajo del mercado y del hogar, superando con 25 horas más el trabajo del varón.

96.1 por ciento de las mujeres que viven en México, especialmente las madres, aportan su tiempo con esfuerzo y dedicación al trabajo del hogar. Una labor que se traduce en la educación de los hijos, el cuidado a los integrantes de la familia, la organización y dirección de los quehaceres familiares, como proporcionar alimentación, limpieza y arreglo de la vivienda, cuidado de la ropa y calzado, compras y pagos, entre otros.

El tiempo invertido en dichas labores, al no ser remunerado económicamente, suele ser menospreciado; sin embargo, resulta ampliamente productivo para la economía del hogar y nacional. Un estudio elaborado en México por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 2008) analiza la importancia de la producción no remunerada dentro del hogar en términos económicos y estima que aproximadamente ésta representa 20 por ciento del producto interno bruto (PIB). Aunque en la tercera parte de los hogares la contribución de la mujer es secundaria, se ha incrementado la proporción de los hogares donde la aportación monetaria de las mujeres es la fuente principal de ingresos de 9.9 por ciento en 1992 a 15.2 por ciento en 2005.

Estas cifras muestran la importancia del trabajo femenino para la economía nacional, no obstante, la mujer se enfrenta ante retos y circunstancias que llegan a frenar su crecimiento y desarrollo.

Ante la actual crisis económica mundial, las mujeres son las más afectadas. Durante las épocas de crisis se ha observado un incremento en el número de trabajadores no remunerados y desempleados. A este respecto, tenemos que la crisis financiera afecta más a las mujeres, debido a que ellas viven una situación de desigualdad en el mercado laboral, porque la mayoría de las veces las empresas ante la necesidad de disminuir su personal, despide primero a las mujeres. La crisis genera mayor incertidumbre en las mujeres, debido a que ellas son las responsables del gasto diario y del bienestar de los hogares, son las que finalmente resuelven los problemas cotidianos. La crisis incrementa la carga de su trabajo doméstico.

La doble jornada que representa el trabajo doméstico, aunado a la crisis económica, apremia la necesidad de impulsar acciones que fomenten la corresponsabilidad de los géneros en las labores del hogar y a la dignificación del trabajo.

Otro reto que enfrenta la mujer en el mundo laboral, consiste en lograr la concordancia familia-trabajo. Reto que corresponde a la iniciativa privada, al estado, a la sociedad y por supuesto a las mujeres. Entre las acciones necesarias para revertir dicha situación, resulta indispensable mejorar las prestaciones laborales como son el establecimiento de jornadas de trabajo más reducidas, horarios flexibles, permisos por paternidad/maternidad, entre otros.

La incorporación de la mujer al mercado laboral ha transformado a la sociedad actual pero aún son pocas las mujeres que trabajan durante el embarazo y, sólo unas cuantas reanudan su actividad laboral durante la lactancia.

La gestación y el trabajo son compatibles, pero debido a los cambios fisiológicos, anatómicos y psicológicos que las mujeres experimentan durante el embarazo, adquieren una especial sensibilidad ante condiciones y factores de riesgo de su puesto de trabajo que en otras circunstancias serían considerados como aceptables.

En el tema de maternidad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha establecido nuevas medidas para la protección de la mujer durante y después del embarazo. Recomienda que se otorgue una licencia de maternidad de al menos 14 semanas con goce de sueldo; así como, la no discriminación laboral, es decir, garantizar que la maternidad no constituya un pretexto a causa de discriminación en el acceso al empleo y se prohíbe que se exija a una mujer que solicita un empleo someterse a examen de no gravidez.

A la fecha, el gobierno mexicano no ha ratificado dicho convenio y la legislación mexicana en la materia, otorga únicamente 12 semanas de licencia de maternidad. Asimismo no se ha logrado una reforma a la Ley Federal del Trabajo para evitar la discriminación en los centros de trabajo, donde en algunos casos siguen requiriendo el certificado de no gravidez a las mujeres que solicitan empleo.

Las empresas establecidas en México con frecuencia rechazan la contratación de mujeres jóvenes, en edad fértil o que tengan o se pueda intuir la intención de tener hijos a corto plazo. Este rechazo posee un carácter económico, porque de hacerla, la empresa pierde dinero con una posible baja por incapacidad por maternidad.

Para algunos patrones contratar a una mujer representa un riesgo económico latente por la hipotética suspensión del contrato laboral durante el periodo de baja maternal y periodo de lactancia. Durante este tiempo, la nómina de la mujer que causa baja temporal por maternidad la paga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero el patrón tendría que asumir el pago de la seguridad social, porque la mujer seguiría cotizando en el mismo.

Además de este costo directo el patrón tendría que desembolsar el costo del remplazo temporal de la mujer durante esas 12 semanas. La incorporación de una persona que sustituya a la mujer embarazada implica una selección y una formación adecuada para el puesto.

Esta visión del patrón es más frecuente en las pequeñas y medianas empresas, donde los reemplazos de trabajadoras embarazadas son más complicados.

La propuesta de incentivar fiscalmente al patrón que contrate mujeres embarazadas y/o madres solteras surge con el fin de impulsar la incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo; es decir, se pretende conceder beneficios impositivos a los empleadores que otorguen trabajo a mujeres desempleadas en estas circunstancias.

La propuesta de modificar la Ley del Seguro Social en sus artículos 102 y 103 tiene como objeto garantizar los derechos de las mujeres y evitar la discriminación.

Para que el patrón no tenga que pagar el subsidio de maternidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103 de la Ley del Seguro Social, éste deberá asegurar a su empleada a más tardar dentro de los primeros quince días de embarazo. Esta medida alenta la mala práctica discriminatoria de solicitar a la mujer que busca empleo un certificado de ingravidez, a pesar de estar estrictamente prohibido.

Para contrarrestar esta medida y evitar así la discriminación de las mujeres que buscan un empleo se propone reformar el segundo párrafo del artículo 103, a fin de que el patrón cubra 50 por ciento del subsidio por maternidad y el Instituto Mexicano del Seguro Social el otro 50 por ciento, cuando la asegurada no cumpla con el requisito establecido en la fracción I del artículo 102 del mismo ordenamiento legal.

En opinión de algunos expertos, señalan que el subsidio de maternidad constituye un beneficio para las mujeres aseguradas, siempre y cuando hayan alcanzado a cotizar las 30 semanas establecidas por el artículo 102 de la Ley del Seguro Social. Por el contrario, la disposición del último párrafo del artículo 103 de la Ley del Seguro Social hace que la solicitante sea rechazada, este es el motivo por el que se propone reformar el artículo 102, reduciendo el número de semanas a 20. Con esta propuesta el patrón podría contratar a mujeres embarazadas sabiendo que no tendría que financiar la mitad de los gastos por subsidio.

La presente iniciativa toma en consideración las dificultades de las mujeres mexicanas en el momento de buscar empleo, donde deben afrontar los problemas derivados del encasillamiento en sectores profesionales, las menores posibilidades de promoción laboral y retribuciones inferiores en iguales puestos de trabajo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 222 Bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta; y se reforman los artículos 102 y 103 de la Ley del Seguro Social

Artículo Primero. Se adiciona un capítulo IV del título VII, recorriéndose en su orden los subsecuentes; y se adiciona el artículo 222 Bis, ambos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Capítulo IVDe los patrones que contraten a mujeres embarazadas y madres solteras

Artículo 222 Bis. El patrón que contrate a mujeres que se encuentren embarazadas o en la etapa de puerperio podrá deducir de sus ingresos un monto equivalente a 100 por ciento del Impuesto Sobre la Renta de estas trabajadoras, retenido y enterado conforme al capítulo I del título IV de esta ley, siempre y cuando el patrón cumpla con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, y además obtenga del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado de incapacidad por maternidad de la trabajadora.

El patrón que haga uso de este estímulo podrá extenderla hasta un año después de ocurrido el parto.

En el caso de que el patrón contrate a madres solteras, podrá deducir de sus ingresos un monto equivalente a 50 por ciento del Impuesto Sobre la Renta de estas trabajadoras, retenido y enterado conforme al capítulo I del título IV de esta ley, siempre y cuando el patrón cumpla con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social.

Artículo Segundo. Se reforman la fracción I del artículo 102, y primer párrafo del artículo 103, ambos de la Ley de Seguro Social, para quedar como sigue:

“Artículo 102. Para que la asegurada tenga derecho al subsidio que se señala en el artículo anterior, se requiere:

I. Que haya cubierto por lo menos veinte cotizaciones semanales en el periodo de doce meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio;

...”

“Artículo 103. El goce por parte de la asegurada del subsidio establecido en el artículo 101, exime al patrón de la obligación del pago del salario íntegro a que se refiere la fracción V del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, hasta los límites establecidos por esta ley.

Cuando la asegurada no cumpla con lo establecido en la fracción I del artículo anterior, quedará a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y del patrón, el pago del subsidio por maternidad en proporciones iguales de 50 por ciento.”

Senado de la República, a 4 de octubre de 2011.— Senador Carlos Navarrete Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para dictamen.

En el punto de propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno, hasta el momento no ha llegado ninguno; por lo que proceda la Secretaría al punto siguiente, que es el desahogo de la declaratoria de publicidad de dictámenes.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación

Honorable Asamblea

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción I y 72 apartado H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presentó iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.

Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que suscriben, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44, 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 81, 82, 84, 85, 182 y demás aplicables del  Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocaron al análisis de la iniciativa antes señalada, y conforme a las deliberaciones que de ésta realizaron sus miembros reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

Con fecha 8 de septiembre de 2011, el Ejecutivo federal presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.

En sesión de fecha 13 de septiembre del mismo año, el presidente de la mesa directiva de la honorable Cámara de Diputados instruyó turnar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la iniciativa en comento para su estudio y dictamen.

Los diputados de la comisión dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a ésta, e integrar el presente dictamen.

Descripción de la iniciativa

La iniciativa del Ejecutivo federal, propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación con la intención de implementar, entre otras medidas, las siguientes:

• Medidas de simplificación administrativa sobre la vigencia de los certificados de firma electrónica avanzada que confirman el vínculo entre los firmantes de los documentos digitales y los datos de creación de su firma electrónica;

• Medidas que faciliten el pago de productos y aprovechamientos mediante la utilización de sistemas electrónicos;

• Una regla de redondeo para la obtención de la tasa de recargos por mora;

• Mantener como forma de pago de las devoluciones el depósito en la cuenta del contribuyente que las solicita;

• La actualización de diversas disposiciones para aclarar que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y no el Banco de México, el encargado de elaborar el Índice Nacional de Precios al Consumidor;

• Simplificar las normas aplicables a los comprobantes fiscales;

• Establecer el fundamento legal para actualizar el monto de las multas y cantidades en moneda nacional previstas en la Ley Aduanera, y

• En materia de prescripción de la acción penal en los delitos fiscales, modificaciones a fin de precisar las reglas con las que opera dicha figura jurídica.

Los argumentos que sustentan la iniciativa son los siguientes:

En cuanto a los certificados de firma electrónica avanzada, el proponente señala que, actualmente, cada dos años los contribuyentes tienen que solicitar al Servicio de Administración Tributaria un nuevo certificado de firma electrónica avanzada, dado a su vigencia que es de 2 años, con la consecuente carga administrativa que esto representa tanto para los contribuyentes como para el citado órgano desconcentrado.

Argumenta que no existen datos específicos que determinen la necesidad de mantener el periodo de vigencia antes señalado. Por lo que, a fin de disminuir la carga administrativa a los contribuyentes en la renovación de su certificado de firma electrónica avanzada, propone el Ejecutivo Federal ampliar el periodo de vigencia de éste de dos a cuatro años, en razón de que con la reforma propuesta no se pone en riesgo la confidencialidad de la información proporcionada por los contribuyentes, toda vez que el Código Fiscal de la Federación establece la posibilidad de que éstos soliciten al Servicio de Administración Tributaria que deje sin efectos sus certificados cuando consideren que se han presentado problemas de seguridad, como sería el caso de que un tercero conociera los datos de creación de su firma electrónica avanzada.

En cuanto al pago de productos y aprovechamientos, refiere el proponente que conforme a lo previsto en el Código Fiscal de la Federación, se acepta la utilización de diversos medios de pago de las contribuciones, incluidos los sistemas electrónicos, como es la transferencia electrónica de fondos, sin embargo éstos no se contemplan para el pago de productos y aprovechamientos. Por lo anterior, se propone modificar el citado ordenamiento para permitir que se utilicen los medios de pago antes descritos para cubrir productos y aprovechamientos.

Por otro lado, se propone que se reforme el primer párrafo del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación para establecer que la tasa de recargos por mora cuando los contribuyentes no cubran las contribuciones o aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo establecido en las disposiciones fiscales, debe considerarse hasta la centésima y, en su caso, ajustarse a la centésima inmediata superior cuando el dígito de las milésimas sea igual o mayor a 5 y cuando la milésima sea menor a 5 se mantendrá la tasa a la centésima que haya resultado, lo anterior en virtud de que actualmente el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación establece que cuando no se cubran las contribuciones o aprovechamientos, se deben cubrir recargos por concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno.

Por otro lado, propone el Ejecutivo reformar el artículo 22-B del Código Fiscal de la Federación, con el fin de mantener como forma de pago de las devoluciones, el depósito en la cuenta del contribuyente que las solicita y eliminar al cheque nominativo y a los certificados especiales, lo anterior, de acuerdo con el proponente, debido al incremento del número de contribuyentes que han abierto una cuenta en las instituciones financieras, las facilidades que actualmente proporcionan dichas instituciones para la apertura de cuentas, así como al gran esfuerzo que ha venido haciendo el gobierno federal para utilizar los recursos tecnológicos en operaciones bancarias y financieras, entre otras razones.

Resalta el titular del Ejecutivo federal que la propuesta de eliminar al cheque nominativo como medio de pago de las devoluciones se debe a que actualmente presenta ciertos inconvenientes, como el hecho de que tiene caducidad de 180 días y debe estar vinculado con una cuenta a nombre del beneficiario para que se realice el abono correspondiente.

Igualmente, se propone en la Iniciativa de estudio, eliminar como forma de pago de las devoluciones a los certificados especiales, ya que ésta resulta obsoleta, pues no ha sido requerida por los contribuyentes desde hace más de 8 años y su permanencia en los sistemas electrónicos de la Tesorería de la Federación genera costos de mantenimiento, así como gastos de operación ante el Banco de México para mantener vigente dicho esquema.

Asimismo, propone modificar el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, a fin de establecer que la presentación extemporánea del dictamen y de la información relacionada con el mismo no surtirá efectos fiscales, tal y como ocurre tratándose de las revisiones secuenciales a los dictámenes de los contadores públicos registrados, con el fin de otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que dictaminen sus estados financieros.

En otro orden de ideas, señala el proponente que en la actualidad, el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación prevé las sanciones a las que se hacen acreedores los contadores públicos registrados por no cumplir con lo previsto por dicho artículo o no aplicar las normas y procedimientos de auditoría y en el Reglamento del citado Código se pormenoriza el procedimiento sancionatorio. Dicho lo anterior, se propone regular en la disposición antes citada los requisitos que deberán cumplir las autoridades fiscales al realizar el procedimiento sancionatorio referido. Lo anterior, según el proponente, a fin de otorgar mayor certeza jurídica para los contadores públicos registrados respecto de los requisitos y formalidades que todo procedimiento sancionatorio debe contener.

En relación con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, propone la iniciativa de mérito reformar diversas disposiciones para precisar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía es la autoridad competente para calcular el Índice Nacional de Precios al Consumidor, facultad conferida a través del artículo 59, fracción III, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Lo anterior con la finalidad de adecuar lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación a la legislación vigente en la materia.

En relación con los comprobantes fiscales, la propuesta que se presenta tiene como objetivo simplificar la legislación vigente con respecto a los requisitos que deben contener los comprobantes fiscales, a efecto de que los mismos queden establecidos de manera clara y sencilla, con lo cual se otorga mayor seguridad jurídica a los contribuyentes en relación con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. En algunos casos se propone elevar a rango legal disposiciones que se encuentran en reglas de carácter general relativas a requisitos de los comprobantes fiscales y estados de cuenta emitidos por instituciones de crédito y otras personas autorizadas para ello.

Adicionalmente, se plantea suprimir algunos requisitos de los comprobantes fiscales como son el nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal de quien los expide y conservar solamente su clave del registro federal de contribuyentes.

Cabe destacar que acorde con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, específicamente en el Eje 1. “Estado de derecho y seguridad”, el 30 de junio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas en materia de simplificación tributaria”, a través del cual se eliminaron para los contribuyentes diversas obligaciones de carácter formal.

Asimismo, el Congreso de la Unión aprobó diversas reformas a la Ley Federal de Derechos, consistentes en eliminar trámites administrativos que no eran indispensables para la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2010, con lo cual se benefició a los contribuyentes al generarse un ahorro tanto en el pago de sus contribuciones como en los tiempos que destinan para el cumplimiento de las normas tributarias.

Si bien lo anterior ha significado un gran avance para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, resulta conveniente continuar con una política de simplificación que se traduzca en un marco normativo tributario claro, sencillo y de fácil cumplimiento.

En materia de comprobantes fiscales, del análisis a la legislación tributaria vigente, se observa que los requisitos de los mismos se encuentran dispersos en diversas disposiciones tributarias, tales como; leyes, reglamentos, resolución miscelánea fiscal, reglas de carácter general en materia de comercio exterior y facilidades administrativas, situación que genera una carga administrativa para los contribuyentes, dada la complejidad para el cumplimiento de sus obligaciones en la materia.

Argumenta el proponente que, existen 158 requisitos de comprobantes fiscales, los cuales se encuentran dispersos en 27 artículos y 24 reglas.

Consideraciones de la comisión

Primera. La Comisión de Hacienda y Crédito Público comparte la idea del Ejecutivo federal en relación con la reforma propuesta a los certificados de firma electrónica avanzada que establece que, en la actualidad cada dos años los contribuyentes tienen que solicitar al Servicio de Administración Tributaria un nuevo certificado de firma electrónica avanzada, dado que éstos tienen una vigencia máxima de dos años contados a partir de la fecha en que fueron expedidos, con la consecuente carga administrativa que esto representa, tanto para los contribuyentes como para el citado órgano desconcentrado, al respecto, esta comisión considera acertada la implantación de un esquema de simplificación administrativa en el sentido de continuar y reforzar la política de simplificación y modernización de la regulación, la gestión y los procesos de la administración pública federal, a efecto de reducir la carga fiscal y administrativa que enfrentan los particulares al solicitar los servicios públicos a las distintas dependencias que la conforman.

Asimismo, es importante señalar que desde el inicio de su gestión, el gobierno federal ha implantado diversos mecanismos con la finalidad de lograr una simplificación administrativa regulatoria, misma intención que se ha visto reflejada, entre otras, en el lanzamiento en el año 2009 del programa de Regulación Base Cero, dicho programa tiene como objetivo primordial simplificar y mejorar la regulación en el país, de modo que se eliminen normas redundantes, procesos y actividades ineficientes y trámites burocráticos que causan costos a los ciudadanos y las empresas, por lo que resulta coherente la propuesta contenida en la Iniciativa en estudio.

Aunado a lo anterior, y en razón de que, de acuerdo al Ejecutivo federal, no se tiene conocimiento de que los mencionados certificados hayan generado problemas de seguridad para los contribuyentes que cumplen sus obligaciones fiscales a través de documentos digitales que contienen firma electrónica avanzada amparada con esos certificados, ni para el Servicio de Administración Tributaria que recibe esos documentos, que determine la necesidad de mantener el periodo de vigencia antes señalado, y además de que con la reforma propuesta no se pone en riesgo la confidencialidad de la información proporcionada por los contribuyentes, esta dictaminadora considera viable la propuesta de ampliar el periodo de vigencia de los certificados de dos a cuatro años, con la intención de disminuir la carga administrativa a los obligados tributarios en la renovación de su certificado  de firma electrónica avanzada.

Segunda. La Comisión de Hacienda y Crédito Público comparte la idea del Ejecutivo federal, con relación a la reforma propuesta al pago de productos y aprovechamientos, para permitir que se utilicen los medios de pago a través de sistemas electrónicos, tales como la transferencia electrónica de fondos.

En efecto, como bien lo refiere el proponente, actualmente, conforme a lo previsto en el Código Fiscal de la Federación, no se contemplan dichos medios de pago para los productos y aprovechamientos.

Al respecto, la comisión dictaminadora considera viable la propuesta descrita, no solo por la simplificación administrativa que genera, sino porque, tal y como lo determina la corte, el SAT tiene la obligación de determinar y recaudar dichos conceptos, lo anterior simplificaría el trabajo del citado órgano desconcentrado. En tal sentido, se cita el siguiente criterio de jurisprudencia.

Registro número 183281

Localización:

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XVIII, Septiembre de 2003

Página: 359

Tesis: 2a./J. 75/2003

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

Impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios. Su determinación, liquidación y recaudación corresponden en exclusiva al Servicio de Administración Tributaria. Si se toma en consideración, por un lado, que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 49/2003 sostuvo que, del examen de los artículos 1o., 2o., 3o., 6o., 7o., fracciones I, IV y XIII, y tercero transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, el Servicio de Administración Tributaria se creó como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con carácter de autoridad fiscal, encargado en forma exclusiva y especial de determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, aprovechamientos federales y sus accesorios, reservándose a la Tesorería de la Federación el carácter de asesor y auxiliar gratuito de ese órgano y, por otro, que en las ejecutorias que dieron lugar a la integración de la jurisprudencia mencionada se especificó que las multas constituyen créditos fiscales que forman parte de los aprovechamientos que puede percibir el Estado y que éstas deben hacerse efectivas por el referido Servicio de Administración Tributaria; y, toda vez que los artículos 2o. y 7o. de la ley de la materia disponen que el Servicio de Administración Tributaria tiene por objeto la realización de una actividad estratégica del Estado consistente en la determinación, liquidación y recaudación de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios para el gasto público; en consecuencia, resulta claro que toca de manera exclusiva al mencionado órgano desconcentrado efectuar los actos encaminados a la determinación, liquidación y recaudación de las cargas tributarias de referencia, a fin de dar cumplimiento a la actividad estratégica del Estado para la que fue creado.

Contradicción de tesis 14/2003-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito. 15 de agosto de 2003. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Delgado Durán.

Tesis de jurisprudencia 75/2003. Aprobada por la Segunda Sala de esta Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de agosto de dos mil tres.

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 49/2003 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 226, con el rubro: “Multas impuestas por el Poder Judicial de la federación. Compete hacerlas efectivas a la administración local de recaudación del Servicio de Administración Tributaria correspondiente”.

Tercera. Esta comisión que dictamina, considera acertada la propuesta de reformar el primer párrafo del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, con la finalidad de establecer que la tasa de recargos por mora debe considerarse hasta la centésima y, en su caso, ajustarse a la centésima inmediata superior cuando el dígito de las milésimas sea igual o mayor a 5 y cuando la milésima sea menor a 5 se mantendrá la tasa a la centésima que haya resultado.

Lo anterior, con la firme convicción de crear un mecanismo para dilucidar o esclarecer la mecánica para el cálculo de la tasa de mora de las contribuciones o aprovechamientos, en atención de que dicho precepto es en muchas ocasiones tildado de inconstitucional, al respecto se transcribe un fragmento de la tesis aislada con número de registro 179484, misma que establece:

Es inexacto que el mencionado precepto genere incertidumbre jurídica a los gobernados y, por ende, resulte inconstitucional, por el hecho de no señalar en qué ley del Congreso de la Unión se prevé la tasa de los recargos que los contribuyentes deben cubrir al fisco por el pago inoportuno de alguna contribución, ya que el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación se refiere claramente a la Ley de Ingresos de la Federación, pues a través de este ordenamiento el Congreso de la Unión establece los ingresos que, derivados de contribuciones y sus accesorios, deberá recaudar el Estado, entre ellos, los recargos.

No obstante que hay jurisprudencia en la materia que determina la proporcionalidad y equidad de lo dispuesto por el artículo 21 del CFF, se reitera la postura de esta Dictaminadora, en relación a clarificar el cálculo previsto en el citado precepto, ahora bien, para reforzar la legalidad de dicho precepto, se cita el siguiente criterio de la Corte:

Registro número 167402

Localización:

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXIX, Abril de 2009

Página: 722

Tesis: 2a./J. 33/2009

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional, Administrativa

Recargos fiscales por mora. Los previstos en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación no violan los principios de proporcionalidad y equidad tributarias consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución. El artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación determina que los recargos y sanciones son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas, de lo que deriva que los recargos por mora, regulados por el artículo 21 del código citado, están sujetos a los principios de proporcionalidad y equidad tributarias consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, en atención a que para analizar la constitucionalidad de los citados recargos por mora, tales principios no deben apreciarse como si se tratara de contribuciones, pues en materia de recargos se cumplen de manera especial, ya que deben considerarse elementos esencialmente iguales a los que corresponden para la determinación de intereses o réditos, tales como: a) el monto de la cantidad adeudada en concepto de crédito fiscal principal, b) el lapso de la mora, y c) los tipos de tasa de interés manejados o determinados durante la mora. En consecuencia, el artículo 21 del mencionado código, no viola los principios constitucionales de referencia, pues el hecho de que exista un sistema de actualización de contribuciones y otro diferente para los recargos, no evidencia la inequidad de dicho numeral, ya que con la actualización de las contribuciones no se pretende establecer un valor real en términos cifrados, sino económicos, con respecto al monto de éstas, mientras que con los recargos se busca indemnizar al fisco por el retardo del contribuyente en el cumplimiento oportuno de sus obligaciones fiscales de pago, por lo que no es verdad que se trate de una misma situación regulada con dos reglas distintas, sino más bien, de dos situaciones diferentes, regidas por normas diversas, y cuya distinción es evidente si se analizan las características de uno y otro caso; además, el sistema de recargos fiscales se aplica a todos los contribuyentes por igual siempre que incurran en mora, motivo por el cual no se transgrede el principio de equidad tributaria.

Amparo en revisión 450/2001. Alfaro, Pérez, Vite y Asociados, SC. 25 de octubre de 2002. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero.

Amparo directo en revisión 315/2003. Campak, SA de CV. 5 de septiembre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Fernando Mendoza Rodríguez.

Cuarta. Esta comisión dictaminadora, comparte la preocupación del Ejecutivo federal con relación a la reforma propuesta al artículo 22-B del Código Fiscal de la Federación, con el fin de mantener como forma de pago de las devoluciones, el depósito en la cuenta del contribuyente que las solicita y eliminar al cheque nominativo y a los certificados especiales.

En la misma tesitura, resulta evidente que, como bien lo manifiesta el Ejecutivo federal en la iniciativa de mérito, existe un incremento del número de contribuyentes que han abierto una cuenta en las instituciones financieras, las facilidades que actualmente proporcionan dichas instituciones para la apertura de cuentas, así como al gran esfuerzo que ha venido haciendo el gobierno federal para utilizar los recursos tecnológicos en operaciones bancarias y financieras, y que en efecto, lo anterior se traduce en que el pago mediante abono en cuenta representa una mayor seguridad para el contribuyente y para la autoridad al momento de llevar a cabo una devolución, aunado de que el cheque nominativo actualmente presenta un gran número de inconvenientes, tales como los descritos en la exposición de motivos de la Iniciativa. Dicho lo anterior, la que dictamina considera viable la propuesta en estudio.

Igualmente, se propone eliminar como forma de pago de las devoluciones a los certificados especiales, ya que ésta resulta obsoleta.

En efecto, la comisión que dictamina coincide con el proponente en razón de que no ha sido requerida por los contribuyentes desde hace más de 8 años la permanencia de los certificados especiales en los sistemas electrónicos de la Tesorería de la Federación, lo que genera costos de mantenimiento, así como gastos de operación ante el Banco de México para mantener vigente dicho esquema.

Al respecto, esta comisión considera viable la propuesta en razón de que, efectivamente, como lo determina el proponente, hay un incremento del número de contribuyentes que han abierto una cuenta en las instituciones financieras. Cabe destacar que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), es una institución pública dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que desarrolla dos tipos de acciones primordialmente:

• Preventivas (orientar, informar, promover la Educación Financiera), y

• Correctivas (atender y resolver las quejas y reclamaciones de los usuarios de servicios y productos financieros).

Los objetivos de la Condusef, son: fomentar la educación financiera entre la población; continuar con el desarrollo de productos y herramientas que apoyen, asesoren y orienten a los usuarios de servicios financieros; y buscar siempre una relación justa y equitativa entre los usuarios y las instituciones financieras.

Por tanto, existe un organismo dependiente de la SHCP encargado de fomentar la educación financiera. En tal caso, no se ve impedimento para considerar el pago de las devoluciones a través de transferencias bancarias, ya que tal y como se ha argumentado, dicho mecanismo constituye una facilidad administrativa en beneficio no sólo del SAT, sino también de la persona física o moral afecta a la devolución.

Quinta. La Comisión de Hacienda y Crédito Público considera necesario que se reforme el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, a fin de otorgar mayor certeza jurídica para los contadores públicos registrados, respecto de los requisitos y formalidades que todo procedimiento sancionatorio debe contener.

En efecto, cabe señalar que, actualmente el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, prevé las sanciones a las que se hacen acreedores los contadores públicos registrados por no cumplir con lo previsto por dicho artículo, o no aplicar las normas y procedimientos de auditoría estipulados en el Reglamento del citado Código, mismo que pormenoriza el procedimiento sancionatorio.

En tal sentido, a pesar de que en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación se establece con claridad y precisión el procedimiento de revisión al dictamen, así como el mecanismo para sancionar a los contadores públicos registrados esta Comisión considera atinado que se incorpore al citado Código el procedimiento sancionatorio.

Bajo dicha línea del pensamiento, la que dictamina hace el señalamiento de forma para modificar la propuesta original del ejecutivo que el proceso sancionatorio propuesto se establezca con incisos en lugar de fracciones, ya que de lo contrario se causaría confusión con las fracciones ya previstas por el propio artículo, lo anterior por simple técnica legislativa; además la que dictamina considera adecuado precisar en el ahora inciso a), que la notificación de la irregularidad al contador público registrado, la misma no excederá de seis meses contados a partir de la terminación de la revisión del dictamen.

De acuerdo con lo expuesto, se modifica el artículo 52, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación para quedar como sigue:

Artículo 52.

Cuando el contador público registrado no dé cumplimiento a las disposiciones referidas en este artículo, en el Reglamento de este Código o en reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria o no aplique las normas o procedimientos de auditoría, la autoridad fiscal, previa audiencia, exhortará o amonestará al contador público registrado o suspenderá hasta por dos años los efectos de su registro, conforme a lo establecido en este Código y su Reglamento. Si hubiera reincidencia o el contador hubiere participado en la comisión de un delito de carácter fiscal o no exhiba, a requerimiento de autoridad, los papeles de trabajo que elaboró con motivo de la auditoría practicada a los estados financieros del contribuyente para efectos fiscales, se procederá a la cancelación definitiva de dicho registro. En estos casos se dará inmediatamente aviso por escrito al colegio profesional y, en su caso, a la Federación de Colegios Profesionales a que pertenezca el contador público en cuestión; para llevar a cabo las facultades a que se refiere este párrafo, el Servicio de Administración Tributaria deberá observar el siguiente procedimiento:

a) Determinada la irregularidad, ésta será notificada al contador público registrado en un plazo que no excederá de seis meses contados a partir de la terminación de la revisión del dictamen, a efecto de que en un plazo de quince días siguientes a que surta efectos dicha notificación manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, y ofrezca y exhiba las pruebas que considere pertinentes.

La autoridad fiscal admitirá toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. Las pruebas se valorarán en los términos del artículo 130 de este Código.

b) Agotado el periodo probatorio a que se refiere la fracción anterior, con vista en los elementos que obren en el expediente, la autoridad fiscal emitirá la resolución que proceda.

c) La resolución del procedimiento se notificará en un plazo que no excederá de doce meses, contado a partir del día siguiente a aquél en que se agote el plazo señalado en la fracción I que antecede.

...

Sexta. La comisión que dictamina, con relación a la reforma propuesta al Código Fiscal de la Federación, respecto a precisar en dicho Código que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía es la autoridad competente para calcular el Índice Nacional de Precios al Consumidor, considera que es indispensable en términos de coherencia legislativa, en virtud de que, como bien lo señala el Ejecutivo Federal, y de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2008, se confirieron al Inegi, entre otras facultades, la de elaborar el Índice Nacional de Precios al Consumidor,  tal y como lo determina el artículo 59, fracción III, que a la letra de la ley dispone:

Artículo 59. El instituto tendrá las siguientes facultades exclusivas:

I. Realizar los censos nacionales;

II. Integrar el sistema de cuentas nacionales, y

III. Elaborar los índices nacionales de precios siguientes:

a. Índice Nacional de Precios al Consumidor, e

...

Dicho lo anterior, resalta la necesidad de adecuar las disposiciones legales contenidas en los ordenamientos jurídicos vigentes en el país, por lo que es necesario establecer en el Código Fiscal de la Federación que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es la autoridad competente para calcular el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Séptima. La comisión dictaminadora, con el ánimo de otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes en relación con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, considera adecuada la reforma propuesta a los comprobantes fiscales, lo cual implicaría una simplificación respecto a los requisitos que deben contener los mismos, al establecerlos de manera clara y sencilla, que traería como consecuencia un incentivo a los contribuyentes en el cumplimiento de dicha obligación.

Lo anterior, en atención al “decreto por el que se otorgan facilidades administrativas en materia de simplificación tributaria” de fecha 30 de Junio de 2010, a través del cual se eliminaron para los contribuyentes diversas obligaciones de carácter formal y que sustancialmente establece:

Que la estructura actual de nuestro sistema fiscal resulta, en algunos casos, compleja y onerosa, tanto para el contribuyente como para la autoridad fiscal;

Que derivado de un diagnóstico al referido sistema fiscal realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismo que tomó en consideración diversos estudios efectuados por organismos internacionales, así como por organizaciones y cámaras que agrupan a algunos sectores de contribuyentes de México, se advirtió que la complejidad mencionada provoca que los contribuyentes dediquen mayor tiempo al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en comparación con otros sistemas tributarios.

Ahora bien, esta comisión considera que si bien es cierto que lo anterior ha significado un gran avance para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, resulta conveniente continuar con una política de simplificación que se traduzca en un marco normativo tributario claro, sencillo y de fácil cumplimiento.

En materia de comprobantes fiscales, del análisis a la legislación tributaria vigente elaborado por el Ejecutivo federal, se observa que los requisitos de los mismos se encuentran dispersos en diversas disposiciones tributarias, tales como; leyes, reglamentos, resolución miscelánea fiscal, reglas de carácter general en materia de comercio exterior y facilidades administrativas, situación que genera una carga administrativa para los contribuyentes, dada la complejidad para el cumplimiento de sus obligaciones en la materia.

En efecto, cabe destacar que existen 158 requisitos de comprobantes fiscales, los cuales se encuentran dispersos en 27 artículos y 24 reglas, además de que se contemplan diversos requisitos innecesarios o que se encuentran duplicados en las disposiciones fiscales.

Aunado a lo anterior, tal y como lo refiere el proponente, no existe uniformidad en la denominación de los comprobantes fiscales, ya que se usan indistintamente los términos facturas, recibos, documentación comprobatoria, nota de venta, entre otros, situación que hace complejo el cumplimiento de obligaciones para los contribuyentes.

En ese contexto, resulta conveniente simplificar los requisitos que deben contener los comprobantes fiscales y compilarlos en el Código Fiscal de la Federación a efecto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes en esta materia, sin que con ello se modifiquen los esquemas actuales que fueron aprobados por este Congreso de la Unión y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009.

Conforme a lo señalado, se considera viable que se mantenga en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, la regla general de emitir los comprobantes fiscales en documento digital por medio de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, con el fin de otorgarle seguridad jurídica al adquirente del bien o servicio, estableciendo un plazo razonable para la entrega o envío del comprobante fiscal.

Asimismo, esta comisión considera adecuado mantener únicamente los requisitos indispensables, entre los que se encuentran la regulación de la emisión de comprobantes fiscales tratándose del pago en una exhibición y en parcialidades y el señalar el régimen fiscal en que tributen los contribuyentes conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, supuesto que ya se encontraba previsto en otras disposiciones fiscales y se plasmaba por medio de leyendas. Aunado a lo anterior, es acertado, en términos de la simplificación que se alude, suprimir los datos del nombre, denominación o razón social y del domicilio fiscal de los contribuyentes que expiden los comprobantes fiscales digitales, en virtud de que el Servicio de Administración Tributaria ya cuenta con dicha información en sus bases de datos, por lo que esta comisión considera que es suficiente que el comprobante contenga el requisito de la clave del registro federal de contribuyentes de quien lo expide.

Además, es dable establecer en el Código en estudio la opción de señalar un registro federal de contribuyentes genérico para el caso de que la persona a favor de quien se expida el comprobante sea un extranjero o una persona no obligada a inscribirse en dicho registro, en cuyo caso el comprobante fiscal que se emita se considera simplificado y no podrá deducirse o acreditarse, salvo para las devoluciones del impuesto al valor agregado que soliciten los turistas extranjeros.

Por otro lado, la que dictamina considera necesario conservar la obligación de incluir algunas especificaciones dependiendo del tipo de actividades que amparan, tales como devoluciones del impuesto al valor agregado a los turistas extranjeros, enajenaciones de tabacos labrados, operaciones pendientes de cobro, entre otras.

Ahora bien, por lo que se refiere a formas alternas de comprobación fiscal, esta Comisión considera apropiado:

• Reubicar los requisitos de los comprobantes fiscales en forma impresa en el artículo 29-B, fracción I del Código Fiscal de la Federación.

• Precisar que el dispositivo de seguridad de los comprobantes fiscales en forma impresa será proporcionado directamente por el Servicio de Administración Tributaria y no por terceros y que el mismo pierde vigencia al transcurrir un plazo de dos años a partir de dicho momento.

• Aclarar que la información correspondiente a los comprobantes fiscales en forma impresa que se hayan expedido con los folios asignados se presentará a través de declaraciones informativas.

• Simplificar en forma importante los requisitos para que los estados de cuenta que expidan las entidades financieras y otras personas autorizadas para ello, puedan ser utilizados como comprobantes fiscales sin que en los mismos se tengan que consignar los impuestos trasladados, para lo cual el Servicio de Administración Tributaria sólo deberá señalar las actividades gravadas con las tasas y montos máximos mediante reglas de carácter general.

Es clara la viabilidad de la propuesta en estudio en términos de simplificación administrativa y tributaria, además de que, esta Comisión considera que de aprobarse, otorgaría mayor certeza jurídica, tanto para el contribuyente como para el Servicio de Administración Tributaria.

Por otro lado, con relación a los comprobantes fiscales simplificados, esta Comisión que dictamina, considera pertinente, por un lado, concentrar sus requisitos y regulación en el artículo 29-C del Código Fiscal de la Federación, para lo cual se toman en consideración las regulaciones generales que se encuentran dispersas en el artículo 29 del citado Código vigente, así como en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a efecto de crear una regulación única para comprobantes fiscales simplificados, la cual resultará aplicable para todos los casos y privilegiar el uso de los comprobantes fiscales simplificados que se emiten a través de máquinas registradoras, equipos o sistemas de comprobación fiscal, liberando de su emisión cuando el pago se realice con transferencias electrónicas mediante teléfonos móviles o con tarjetas de crédito, de débito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos que autorice el Servicio de Administración Tributaria y cuando se trate de montos mínimos, en virtud de que éstos medios de pago dan certeza respecto de la acumulación de los ingresos y, por su naturaleza, los comprobantes simplificados no pueden ser utilizados para efectuar deducciones o acreditamientos, por lo que no es necesaria la expedición de los mismos.

En la misma tesitura, esta comisión considera acertada la mecánica propuesta por el Ejecutivo Federal, de simplificar la regulación de la documentación que debe exhibirse al transportar mercancías por territorio nacional, para lo cual, de manera precisa, se remite a la Ley Aduanera la regulación del transporte de mercancías de comercio exterior.

Es de destacar que uno de los principales beneficios de la reforma que se plantea, consiste en eliminar requisitos de los comprobantes fiscales que no son necesarios para la autoridad fiscal y, por ende, no será sancionable su omisión; no obstante, de conformidad con los usos comerciales y sus actividades mercantiles, los contribuyentes que lo deseen podrán incorporar información adicional que no tendrá efectos fiscales, lo cual resulta coherente a la simplificación administrativa a que se ha hecho referencia en el presente dictamen.

Asimismo, la que dictamina considera propicio adecuar diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, relativas a las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, infracciones, multas y delitos, así como al procedimiento administrativo de ejecución a fin de que sean acordes con el nuevo esquema de comprobantes fiscales que se propone.

Sin embargo, se estima que por lo que hace la presentación extemporánea del dictamen fiscal formulado por contador público registrado y la información relacionada con el mismo a que se refiere el artículo 32-A del Código en estudio, es más adecuado mantener el texto vigente, ya que la reforma planteada incorpora un elemento que puede dar lugar a incertidumbre jurídica, toda vez que pretende sancionar a quien presente el dictamen fiscal fuera del plazo, desconociendo su presentación, por lo que la que dictamina propone mantener el texto vigente, que dice:

Artículo 32-A. ...

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá señalar periodos para la presentación del dictamen por grupos de contribuyentes, tomando en consideración el registro federal de contribuyentes que corresponda a los contribuyentes que presenten dictamen.

...

En la misma tesitura, la que dictamina estima prudente, por coherencia legislativa que se modifique la redacción de la propuesta del Ejecutivo federal, precisando con relación a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 47, no será aplicable, cuando a juicio de las autoridades fiscales, la información proporcionada no sea suficiente para conocer la situación fiscal del contribuyente, cuando no presente dentro de los plazos establecidos en dicho Código, la información o documentación solicitada, cuando en el dictamen exista abstención de opinión, opinión negativa o salvedades, que tengan implicaciones fiscales, ni cuando el dictamen se presente fuera de los plazos previstos, por lo que la que dictamina propone la siguiente redacción:

Artículo 47. Las autoridades fiscales deberán concluir anticipadamente las visitas en los domicilios fiscales que hayan ordenado, cuando el visitado se encuentre obligado a dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado o cuando el contribuyente haya ejercido la opción a que se refiere el párrafo quinto del artículo 32-A de este Código. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable cuando a juicio de las autoridades fiscales la información proporcionada en los términos del artículo 52-A de este Código por el contador público que haya dictaminado, no sea suficiente para conocer la situación fiscal del contribuyente, cuando no presente dentro de los plazos que establece el artículo 53-A, la información o documentación solicitada, cuando en el dictamen exista abstención de opinión, opinión negativa o salvedades, que tengan implicaciones fiscales, ni cuando el dictamen se presente fuera de los plazos previstos en este Código.

No obstante lo anterior, respecto de las adecuaciones que se proponen al artículo 84-B, fracción VII del Código Fiscal de la Federación, esta Comisión Dictaminadora coincide con la propuesta relativa a incrementar el monto de la multa a las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo que no proporcionen la información a la que están obligadas de conformidad con el artículo 32-B del ordenamiento referido.

Sin embargo, se estima que por lo que hace al monto de la sanción por no expedir estados de cuenta conforme a las disposiciones aplicables, es más adecuado mantener el texto vigente que establece un parámetro de 70 a 140 pesos por cada estado de cuenta que no se emita en términos del referido artículo 32-B del Código citado en el párrafo que antecede.

Por otra parte, se advierte que en los artículos 84-J y 84-L del Código Fiscal de la Federación se regulan las mismas conductas infractoras para las personas que emitan tarjetas de crédito, de débito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos, por lo cual se estima adecuado reformar ambas disposiciones a fin de homologarlas con las modificaciones que propone esta comisión al artículo 84-B, fracción VII de dicho Código.

En este orden de ideas, la que dictamina considera necesario modificar los artículos 84-B, fracción VII, 84-J y 84-L del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 84-B. ...

VII. De $70.00 a $140.00, por cada estado de cuenta no emitido en términos del artículo 32-B de este Código, y de $279,507.00 a $559,014.00,a las establecidas por no proporcionar la información, a las señaladas en la fracción VII.

...

Artículo 84-J. A las personas morales que cometan la infracción a que se refiere el artículo 84-I de este Código, se les impondrá una multa de $70.00 a $140.00 porcada operación que no cumpla con los requisitos a que se refiere estado de cuenta no emitido en términos del artículo 32-E de este Código, asentada en un estado de cuenta.

Artículo 84-L. A las personas morales a que se refiere el artículo 84-I de este Código, que cometan la infracción a que se refiere el artículo 84-K de este Código se les impondrá una multa de$50,000.00279 mil 507.00 a$60,000.00559 mil 14 pesos, por no proporcionar la información del estado de cuenta que se haya requerido.”

Bajo dicho contexto la que dictamina considera viable las reformas propuestas, en atención al “decreto por el que se otorgan facilidades administrativas en materia de simplificación tributaria”, publicado el 30 de junio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, y que tiene como objetivo facilitar el cumplimiento espontáneo de las obligaciones fiscales a los sujetos, que en términos del artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran.

Octava. La Comisión de Hacienda y Crédito Público coincide con la propuesta del Ejecutivo federal, en relación con la reforma propuesta al artículo 70 del Código Fiscal, que tiene estrecha relación respecto de la actualización de multas y cantidades establecidas en el artículo 5, primer párrafo de la Ley Aduanera, que tal y como dice el artículo primero, fracción I, de las disposiciones transitorias del “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002;

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día 1o. de enero del 2003, excepto por lo que se refiere a:

I. La modificación al artículo 5o. de la Ley Aduanera, entrará en vigor en la fecha que entren en vigor las modificaciones al artículo 70 del Código Fiscal de la Federación, relativas a la actualización de multas.

En atención a lo anterior, la que dictamina coincide con la propuesta del Ejecutivo federal, de modificar el artículo 70 del Código Fiscal de la Federación para establecer, que el  monto de las multas y cantidades en moneda nacional contenidos en la citada Ley se actualizarán conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 17-A del Código mencionado.

Novena. Por otra parte, esta dictaminadora está de acuerdo con las modificaciones consistentes en aclarar expresamente que la consecuencia que debe tener el no presentar oportunamente el dictamen para efectos fiscales y la información relacionada con el mismo es tenerlos por no presentados y por lo tanto, no surtirán efectos fiscales, así como con la medida relativa a precisar que también es delito fiscal el omitir presentar, por más de doce meses, las declaraciones mensuales cuando dicha conducta implique dejar de pagar la contribución correspondiente.

Décima. En relación con la reforma propuesta a la Prescripción de la acción penal (artículo 100 CFF); la propuesta del Ejecutivo federal pretende fijar el plazo de prescripción de la acción penal con base en la pena máxima de delitos fiscales, lo cual, la comisión que dictamina considera que  se torna desproporcionado en relación con el mecanismo aritmético aplicado en el sistema procesal penal mexicano.

En efecto, esta comisión dictaminadora considera que no es viable la propuesta en estudio de reformar el artículo 100 del CFF, en virtud de que dicho precepto regula la prescripción de la acción penal, no así en derecho a formular querella, y en virtud de que la propuesta en estudio pretende establecer la existencia de un plazo único y no dependiente de la pena aplicable, resulta excesivo el plazo de 8 años propuesto comparado con el plazo de prescripción de la acción penal aplicable para otros delitos de igual o mayor gravedad.

Aunado a lo anterior, en virtud del trabajo jurisprudencial de la SCJN, en el tema relativo a la prescripción de la acción penal y, en específico, en relación a los delitos fiscales, se requiere reformar las disposiciones relativas del CFF para dotar de certeza jurídica a la institución de la prescripción y llenar las lagunas existentes en la actual regulación, por lo que la Comisión de Hacienda y Crédito Público propone la siguiente redacción:

Artículo 100. El derecho a formular la querella, la declaratoria y la declaratoria de perjuicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público precluye y, por lo tanto, se extingue la acción penal, en cinco años, que se computarán a partir de la comisión del delito. Este plazo será continuo y en ningún caso se interrumpirá.

La acción penal en los delitos fiscales prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que señala este Código para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de cinco años.

Con excepción de lo dispuesto por los artículos 105 y 107, primer párrafo, del Código Penal Federal, la acción penal en los delitos fiscales prescribirá conforme a las reglas aplicables previstas por dicho Código.

En la misma tesitura, la que dictamina considera razonable establecer una vatio legis suficiente para otorgar certeza jurídica, tanto a la autoridad como a los contribuyentes, y que puedan familiarizarse y medir los tiempos establecidos en el precepto en estudio, al 31 de agosto de 2012, por lo que esta comisión propone la siguiente redacción:

Transitorio

Octavo. La reforma al artículo 100 del presente Código, relativa a la Prescripción de la acción penal, entrará en vigor el 31 de agosto de 2012.

Undécima. La comisión que dictamina considera, con relación a la propuesta realizada por el Ejecutivo Federal al artículo 109, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, que la misma se podría interpretar incorrectamente como la creación de un nuevo tipo penal o, peor aún, que basta con que se omita presentar una declaración en un mes determinado para que de inmediato proceda la acción penal. Sin embargo esta Comisión estima que ello no es el objetivo de la modificación.

En efecto, es importante aclarar que toda vez que, a diferencia del ISR que se declara por el ejercicio fiscal (anual), las declaraciones por concepto de IVA y IEPS son mensuales y definitivas. En tal virtud, para este impuesto lo que se sancionaría es la omisión del contribuyente de una declaración pero siempre y cuando tal omisión se prolongue por un plazo mayor de doce meses. Finalmente, es importante señalar que se mantiene el requisito ahora vigente de que para que se dé el tipo penal no sólo basta la omisión de la declaración sino que además es menester que hay un adeudo o impuesto a pagar.

Por todo lo anterior, esta comisión considera pertinente modificar la propuesta del Ejecutivo Federal para que quede de la siguiente manera:

Artículo 109. ...

V. Sea responsable por omitir presentar por más de doce meses las declaraciones que tengan carácter de definitivas, así como las de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente.

Por lo expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a la consideración del pleno el siguiente

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación

Artículo Único. Se reforman los artículos 14, segundo párrafo; 16-C, fracción III; 17-A, segundo párrafo; 17-D, décimo párrafo; 20, segundo párrafo; 20-Bis, primer párrafo, fracción II y segundo párrafo; 21, primer párrafo; 22-B; 27, primer párrafo; 28, cuarto párrafo; 29; 29-A; 29-B; 29-C; 32-B, fracción VII; 32-E, primer párrafo; 42, fracción V, primer párrafo; 47, primer párrafo; 52, tercer párrafo; 63, sexto párrafo; 69, primer párrafo; 70, tercer párrafo; 81, fracciones IX, XXXII y XXXV; 82, fracción XXXV; 83, fracciones VII, IX y XI; 84, fracciones IV y X; 84-B, fracción VII; 84-I; 84-J; 84-L; 100; 109, fracciones V y VII, y 185, segundo párrafo; se adicionan los artículos 20, con un décimo segundo párrafo, pasando el actual décimo segundo a ser décimo tercer párrafo; 28, con un quinto párrafo; 29-D, y 70, con un sexto párrafo, y se derogan los artículos 81, fracción XXXIII; 82, fracción XXXIII; 83, fracción XIV; 84, fracción XII; 109, fracción VI, y 113, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo14. ...

Se entiende que se efectúan enajenaciones a plazo con pago diferido o en parcialidades, cuando se efectúen con clientes que sean público en general, se difiera más del 35% del precio para después del sexto mes y el plazo pactado exceda de doce meses. Se consideran operaciones efectuadas con el público en general cuando por las mismas se expidan los comprobantes fiscales simplificados a que se refiere este Código.

...

Artículo 16-C. ...

III. En el caso de índices de precios, éstos deberán ser publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por la autoridad monetaria equivalente o por la institución competente para calcularlos, para que se considere al subyacente como determinado en un mercado reconocido. Tratándose de operaciones financieras derivadas referidas a tasas de interés, al tipo de cambio de una moneda o a otro indicador, se entenderá que los instrumentos subyacentes se negocian o determinan en un mercado reconocido cuando la información respecto de dichos indicadores sea del conocimiento público y publicada en un medio impreso, cuya fuente sea una institución reconocida en el mercado de que se trate.

Artículo 17-A. ...

En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo, no haya sido publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado.

...

Artículo 17- D. ...

Para los efectos fiscales, los certificados tendrán una vigencia máxima de cuatro años, contados a partir de la fecha en que se hayan expedido. Antes de que concluya el periodo de vigencia de un certificado, su titular podrá solicitar uno nuevo. En el supuesto mencionado el Servicio de Administración Tributaria podrá, mediante reglas de carácter general, relevar a los titulares del certificado de la comparecencia personal ante dicho órgano para acreditar su identidad y, en el caso de las personas morales, la representación legal correspondiente, cuando los contribuyentes cumplan con los requisitos que se establezcan en las propias reglas. Si dicho órgano no emite las reglas de carácter general, se estará a lo dispuesto en los párrafos sexto y séptimo de este artículo.

...

Artículo 20. ...

En los casos en que las leyes fiscales así lo establezcan, a fin de determinar las contribuciones y sus accesorios se aplicará el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el cual será calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y se publicará en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda.

...

Los medios de pago señalados en el séptimo párrafo de este artículo, también serán aplicables a los productos y aprovechamientos.

...

Artículo 20-Bis. El Índice Nacional de Precios al Consumidor a que se refiere el segundo párrafo del artículo 20 de este Código, que calcula el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se sujeta a lo siguiente:

...

II. Deberán cotizarse los precios correspondientes a cuando menos 1000 productos y servicios específicos agrupados en 250 conceptos de consumo, los cuales abarcarán al menos 35 ramas de los sectores agrícola, ganadero, industrial y de servicios, conforme al catálogo de actividades económicas elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

...

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicará en el Diario Oficial de la Federación las entidades federativas, zonas conurbadas, ciudades, artículos, servicios, conceptos de consumo y ramas a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, así como las cotizaciones utilizadas para calcular el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Artículo 21. Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año para cada uno de los meses transcurridos en el periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será la que resulte de incrementar en 50% a la que mediante Ley fije anualmente el Congreso de la Unión, para tal efecto, la tasa se considerará hasta la centésima y, en su caso, se ajustará a la centésima inmediata superior cuando el dígito de la milésima sea igual o mayor a 5 y cuando la milésima sea menor a 5 se mantendrá la tasa a la centésima que haya resultado.

...

Artículo 22-B. Las autoridades fiscales efectuarán la devolución mediante depósito en la cuenta del contribuyente que la solicita, para lo cual, éste deberá proporcionar en la solicitud de devolución o en la declaración correspondiente el número de su cuenta en los términos señalados en el párrafo sexto del artículo 22 de este Código. Para estos efectos, los estados de cuenta que expidan las instituciones financieras serán considerados como comprobante del pago de la devolución respectiva. En los casos en los que el día que venza el plazo a que se refiere el precepto citado no sea posible efectuar el depósito por causas imputables a la institución financiera designada por el contribuyente, dicho plazo se suspenderá hasta en tanto pueda efectuarse el depósito. También se suspenderá el plazo mencionado cuando no sea posible efectuar el depósito en la cuenta proporcionada por el contribuyente por ser ésta inexistente o haberse cancelado o cuando el número de la cuenta proporcionado por el contribuyente sea erróneo, hasta en tanto el contribuyente proporcione un número de cuenta válido.

Artículo 27. Las personas morales, así como las personas físicas que deban presentar declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen o por los ingresos que perciban, deberán solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes y su certificado de firma electrónica avanzada, así como proporcionar la información relacionada con su identidad, su domicilio y en general sobre su situación fiscal mediante los avisos que se establecen en el Reglamento de este Código. Asimismo, las personas a que se refiere este párrafo estarán obligadas a manifestar al registro federal de contribuyentes su domicilio fiscal, en caso de cambio de domicilio fiscal deberán presentar el aviso correspondiente dentro del mes siguiente al día en el que tenga lugar dicho cambio, salvo que al contribuyente se le hayan iniciado facultades de comprobación y no se le haya notificado la resolución a que se refiere el artículo 50 de este Código, en cuyo caso deberá presentar el aviso previo a dicho cambio con cinco días de anticipación. La autoridad fiscal podrá considerar como domicilio fiscal del contribuyente aquél en el que se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 de este Código, cuando el manifestado en las solicitudes y avisos a que se refiere este artículo no corresponda a alguno de los supuestos de dicho precepto.

...

Artículo 28. ...

En los casos en que las disposiciones fiscales hagan referencia a la contabilidad, se entenderá que la misma se integra por los sistemas y registros contables a que se refiere la fracción I de este artículo, los papeles de trabajo, registros, cuentas especiales, libros y registros sociales señalados en el párrafo precedente, así como por los comprobantes fiscales o documentación comprobatoria de ingresos y deducciones y, en su caso, las máquinas registradoras de comprobación fiscal, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos.

Cuando en la contabilidad se plasmen datos en idioma distinto al español o los valores se consignen en moneda extranjera, las autoridades fiscales podrán solicitar su traducción y que se proporcione el tipo de cambio utilizado, según sea el caso.

Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen o por los ingresos que se perciban, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal o reciban servicios deberán solicitar el comprobante fiscal digital respectivo.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las obligaciones siguientes:

I. Contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente.

II. Tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria el certificado para el uso de los sellos digitales.

Los contribuyentes podrán optar por el uso de uno o más certificados de sellos digitales que se utilizarán exclusivamente para la expedición de los comprobantes fiscales mediante documentos digitales. El sello digital permitirá acreditar la autoría de los comprobantes fiscales digitales que expidan las personas físicas y morales, el cual queda sujeto a la regulación aplicable al uso de la firma electrónica avanzada.

Los contribuyentes podrán tramitar la obtención de un certificado de sello digital para ser utilizado por todos sus establecimientos o locales, o bien, tramitar la obtención de un certificado de sello digital por cada uno de sus establecimientos. El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas de carácter general los requisitos de control e identificación a que se sujetará el uso del sello digital de los contribuyentes.

La tramitación de un certificado de sello digital sólo podrá efectuarse mediante formato electrónico que cuente con la firma electrónica avanzada de la persona solicitante.

III. Cumplir los requisitos establecidos en el artículo 29-A de este Código.

IV. Remitir al Servicio de Administración Tributaria, antes de su expedición, el comprobante fiscal digital respectivo a través de los mecanismos digitales que para tal efecto determine dicho órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general, con el objeto de que éste proceda a:

a) Validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29-A de este Código.

b) Asignar el folio del comprobante fiscal digital.

c) Incorporar el sello digital del Servicio de Administración Tributaria.

El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar a proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales para que efectúen la validación, asignación de folio e incorporación del sello a que se refiere esta fracción.

Los proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales a que se refiere el párrafo anterior deberán estar previamente autorizados por el Servicio de Administración Tributaria y cumplir con los requisitos que al efecto establezca dicho órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general.

El Servicio de Administración Tributaria podrá revocar las autorizaciones emitidas a los proveedores a que se refiere esta fracción, cuando incumplan con alguna de las obligaciones establecidas en este artículo o en las reglas de carácter general que les sean aplicables.

Para los efectos del segundo párrafo de esta fracción, el Servicio de Administración Tributaria podrá proporcionar la información necesaria a los proveedores autorizados de certificación de comprobantes fiscales digitales.

V. Entregar o enviar a sus clientes el comprobante fiscal digital a más tardar dentro de los tres días siguientes a aquél en que se realice la operación y, en su caso, proporcionarles una representación impresa del comprobante fiscal digital cuando les sea solicitado. El Servicio de Administración Tributaria determinará, mediante reglas de carácter general, las especificaciones que deberá reunir la representación impresa de los comprobantes fiscales digitales.

VI. Cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

Los contribuyentes que deduzcan o acrediten fiscalmente con base en los comprobantes fiscales digitales, incluso cuando éstos consten en representación impresa, podrán comprobar su autenticidad consultando en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria si el número de folio que ampara el comprobante fiscal digital fue autorizado al emisor y si al momento de la emisión del comprobante fiscal digital el certificado que ampare el sello digital se encontraba vigente y registrado en dicho órgano desconcentrado.

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá establecer facilidades administrativas para que los contribuyentes emitan sus comprobantes fiscales digitales por medios propios o a través de proveedores de servicios.

Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código, deberán contener los siguientes requisitos:

I. La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales.

II. El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, referidos en la fracción IV, incisos b) y c) del artículo 29 de este Código, así como el sello digital del contribuyente que lo expide.

III. El lugar y fecha de expedición.

IV. La clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida.

Cuando no se cuente con la clave del registro federal de contribuyentes a que se refiere esta fracción, se señalará la clave genérica que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, los comprobantes fiscales que se expidan en estos términos serán considerados como comprobantes fiscales simplificados por lo que las operaciones que amparen se entenderán realizadas con el público en general y no podrán acreditarse o deducirse las cantidades que en ellos se registren.

Tratándose de comprobantes fiscales que se utilicen para solicitar la devolución del impuesto al valor agregado a turistas extranjeros o que amparen ventas efectuadas a pasajeros internacionales que salgan del país vía aérea, terrestre o marítima, así como ventas en establecimientos autorizados para la exposición y ventas de mercancías extranjeras o nacionales a pasajeros que arriben al país en puertos aéreos internacionales, conjuntamente con la clave genérica a que se refiere el párrafo anterior deberán contener los datos de identificación del turista o pasajero, del medio de transporte en que éste salga o arribe al país, según sea el caso, además de cumplir con los requisitos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

V. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen.

Los comprobantes que se expidan en los supuestos que a continuación se indican, deberán cumplir adicionalmente con lo que en cada caso se especifica:

a) Los que expidan las personas físicas que cumplan sus obligaciones fiscales por conducto del coordinado, las cuales hayan optado por pagar el impuesto individualmente de conformidad con lo establecido por el artículo 83, séptimo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán identificar el vehículo que les corresponda.

b) Los que amparen donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán señalar expresamente tal situación y contener el número y fecha del oficio constancia de la autorización para recibir dichos donativos o, en su caso, del oficio de renovación correspondiente. Cuando amparen bienes que hayan sido deducidos previamente, para los efectos del impuesto sobre la renta, se indicará que el donativo no es deducible.

c) Los que se expidan por la obtención de ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, deberán contener el número de cuenta predial del inmueble de que se trate o, en su caso, los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable.

d) Los que expidan los contribuyentes sujetos al impuesto especial sobre producción y servicios que ena-jenen tabacos labrados de conformidad con lo establecido por el artículo 19, fracción II, último párrafo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, deberán especificar el peso total de tabaco contenido en los tabacos labrados enajenados o, en su caso, la cantidad de cigarros enajenados.

e) Los que expidan los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados de automóviles nuevos, así como aquéllos que importen automóviles para permanecer en forma definitiva en la franja fronteriza norte del país y en los Estados de Baja California, Baja California Sur y la región parcial del Estado de Sonora, deberán contener la clave vehicular que corresponda a la versión enajenada, de conformidad con las reglas de carácter general que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

Cuando los bienes o las mercancías no puedan ser identificados individualmente, se hará el señalamiento expreso de tal situación.

VI. El valor unitario consignado en número.

Los comprobantes que se expidan en los supuestos que a continuación se indican, deberán cumplir adicionalmente con lo que en cada caso se especifica:

a) Los que expidan los contribuyentes que enajenen lentes ópticos graduados, deberán separar el monto que corresponda por dicho concepto.

b) Los que expidan los contribuyentes que presten el servicio de transportación escolar, deberán separar el monto que corresponda por dicho concepto.

c) Los relacionados con las operaciones que dieron lugar a la emisión de los documentos pendientes de cobro de conformidad con lo establecido por el artículo 1o.-C, fracción III de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, deberán consignar la cantidad efectivamente pagada por el deudor cuando los adquirentes hayan otorgado descuentos, rebajas o bonificaciones.

VII. El importe total consignado en número o letra, conforme a lo siguiente:

a) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el comprobante fiscal se señalará expresamente dicha situación, además se indicará el importe total de la operación y, cuando así proceda, el monto de los impuestos trasladados desglosados con cada una de las tasas del impuesto correspondiente y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos.

Los contribuyentes que realicen las operaciones a que se refieren los artículos 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; 19, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y 11, tercer párrafo de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, no trasladarán el impuesto en forma expresa y por separado, salvo tratándose de la enajenación de los bienes a que se refiere el artículo 2o., fracción I, incisos A) y F), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, cuando el adquirente sea, a su vez, contribuyente de este impuesto por dichos bienes y así lo solicite.

Tratándose de contribuyentes que presten servicios personales, cada pago que perciban por la prestación de servicios se considerará como una sola exhibición y no como una parcialidad.

b) Cuando la contraprestación se pague en parcialidades, se emitirá un comprobante fiscal por el valor total de la operación de que se trate en el que se indicará expresamente tal situación y se expedirá un comprobante fiscal por cada parcialidad. Estos últimos comprobantes deberán contener los requisitos previstos en las fracciones I, II, III y IV de este artículo, además de señalar el número y fecha del comprobante fiscal que se hubiese expedido por el valor total de la operación, el importe total de la operación, el monto de la parcialidad que ampara y el monto de los impuestos retenidos, así como de los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto correspondiente, con las excepciones precisadas en el inciso anterior.

c) Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencias electrónicas de fondos, cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos que autorice el Servicio de Administración Tributaria, indicando al menos los últimos cuatro dígitos del número de cuenta o de la tarjeta correspondiente.

VIII. El número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano de mercancías de importación.

Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito de los establecidos en esta disposición o en los artículos 29 ó 29-B de este Código, según sea el caso, o cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente.

Artículo 29-B. Los contribuyentes, en lugar de aplicar lo señalado en los artículos 29 y 29-A de este Código, podrán optar por las siguientes formas de comprobación fiscal:

I. Comprobantes fiscales en forma impresa por medios propios o a través de terceros, tratándose de contribuyentes cuyos ingresos para efectos del impuesto sobre la renta, declarados en el ejercicio inmediato anterior, no excedan de la cantidad que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Dichos comprobantes deberán expedirse y entregarse al realizar los actos o actividades o al percibir los ingresos, y cumplir con los requisitos siguientes:

a) Los establecidos en el artículo 29-A de este Código, con excepción del previsto en la fracción II del citado artículo.

b) Contar con un dispositivo de seguridad, mismo que será proporcionado por el Servicio de Administración Tributaria, el cual deberá cumplir con los requisitos y características que al efecto establezca el citado órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general.

Los dispositivos de seguridad a que se refiere este inciso deberán ser utilizados dentro de los dos años siguientes a que sean proporcionados por el Servicio de Administración Tributaria, en el comprobante respectivo se deberá señalar dicha vigencia.

c) Contar con un número de folio que será proporcionado por el Servicio de Administración Tributaria, a través del procedimiento que para tal efecto establezca el citado órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general.

Los contribuyentes deberán presentar trimestralmente al Servicio de Administración Tributaria declaración informativa con la información correspondiente a los comprobantes fiscales que hayan expedido con los folios asignados. En caso de que no se proporcione dicha información no se autorizarán nuevos folios.

Para poder deducir o acreditar fiscalmente con base en los comprobantes fiscales a que se refiere esta fracción, quien los utilice deberá cerciorarse que la clave del registro federal de contribuyentes de quien los expide es correcta y podrán verificar la autenticidad del dispositivo de seguridad a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.

II. Los estados de cuenta impresos o electrónicos que expidan las entidades financieras, las sociedades financieras comunitarias y los organismos de integración financiera rural a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, o las personas morales que emitan tarjetas de crédito, de débito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria, siempre que en el estado de cuenta se consignen los impuestos que se trasladan desglosados por tasa aplicable, contenga la clave de inscripción en el registro federal de contribuyentes tanto de quien enajene los bienes, otorgue su uso o goce o preste el servicio, como de quien los adquiera, disfrute su uso o goce o reciba el servicio, y estos últimos registren en su contabilidad las operaciones amparadas en el estado de cuenta.

Los estados de cuenta a que se refiere el párrafo anterior que se expidan sin que contengan los impuestos que se trasladan desglosados por tasa aplicable, también podrán utilizarse como medio de comprobación para los efectos de las deducciones o acreditamientos autorizados en las leyes fiscales, siempre que se trate de actividades gravadas con las tasas y por los montos máximos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

III. Los comprobantes fiscales emitidos conforme a las facilidades administrativas que mediante reglas de carácter general determine el Servicio de Administración Tributaria.

Artículo 29-C. Los contribuyentes que realicen operaciones con el público en general y los que se encuentren obligados por las leyes fiscales, deberán expedir comprobantes fiscales simplificados en los términos siguientes:

I. Cuando utilicen o estén obligados a utilizar máquinas registradoras de comprobación fiscal o equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal, los comprobantes fiscales que emitan dichas máquinas, equipos o sistemas, deberán cumplir con los requisitos siguientes:

a) Los establecidos en el artículo 29-A, fracciones I y III de este Código.

b) El número de folio.

c) El valor total de los actos o actividades realizados.

d) La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen.

e) El número de registro de la máquina, equipo o sistema y, en su caso, el logotipo fiscal.

II. Comprobantes fiscales impresos por medios propios, por medios electrónicos o a través de terceros, los cuales deberán contener los requisitos siguientes:

a) Los establecidos en el artículo 29-A, fracciones I y III de este Código.

b) El número de folio.

c) El valor total de los actos o actividades realizados, sin que se haga la separación expresa entre el valor de la contraprestación pactada y el monto de los impuestos que se trasladen. Cuando el comprobante fiscal simplificado sea expedido por algún contribuyente obligado al pago de impuestos que se trasladen, dicho impuesto se incluirá en el precio de los bienes, mercancías o servicios que ampare el comprobante.

d) La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen.

Los contribuyentes que realicen operaciones con el público en general, salvo los que tributen conforme al Título IV, Capítulo II, Sección III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán expedir comprobantes fiscales cuando el adquirente de los bienes o mercancías o el usuario del servicio los solicite para efectuar deducciones o acreditamientos de contribuciones.

Los contribuyentes que realicen operaciones con el público en general quedarán liberados de la obligación de expedir comprobantes fiscales simplificados cuando las operaciones se realicen con transferencias electrónicas mediante teléfonos móviles o con tarjetas de crédito, de débito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria. Asimismo, dicho órgano desconcentrado podrá establecer mediante reglas de carácter general facilidades para la emisión de los comprobantes fiscales simplificados a que se refiere este artículo o liberar de su emisión cuando se trate de operaciones menores a la contraprestación que se determine en las citadas reglas.

Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales simplificados no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente.

Artículo 29-D. En el transporte de mercancías sus propietarios o poseedores deberán acompañarlas con la documentación siguiente:

I. Tratándose del transporte de mercancías de procedencia extranjera por el territorio nacional, con la documentación comprobatoria a que se refiere la Ley Aduanera.

II. Tratándose del transporte de mercancías nacionales, con el comprobante fiscal que cumpla con los requisitos establecidos en este Código.

Los propietarios de las mercancías deberán proporcionar a quienes las transporten la documentación con que deberán acompañarlas.

No se tendrá la obligación de amparar el transporte de mercancías o bienes cuando éstos sean para uso personal o menaje de casa, así como tratándose de productos perecederos, dinero o títulos valor y mercancías transportadas en vehículos pertenecientes a la Federación, las entidades federativas o los municipios, siempre que dichos vehículos ostenten el logotipo que los identifique como tales.

Cuando el transporte de las mercancías no esté amparado con la documentación a que se refiere la Ley Aduanera y este artículo, o cuando dicha documentación sea insuficiente para acreditar la legal importación o tenencia de las mismas, quienes transporten las mercancías estarán obligados a efectuar el traslado de las mismas y de sus medios de transporte al recinto fiscal que la autoridad les indique, a fin de que dicha autoridad proceda conforme a lo dispuesto en las disposiciones aplicables.

La verificación del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere este artículo sólo podrá efectuarse por las autoridades competentes, de conformidad con las leyes fiscales federales y cuando se trate de mercancías de procedencia extranjera, resultará aplicable la regulación que para tal efecto establezca la Ley Aduanera.

Artículo 32-B. ...

VII. Expedir los estados de cuenta cumpliendo con lo previsto en el artículo 29-B, fracción II de este Código.

...

Artículo 32-E. Las personas morales que emitan tarjetas de crédito, de débito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria deberán expedir los estados de cuenta en términos de las disposiciones aplicables y de acuerdo con lo previsto en el artículo 29-B fracción II de este Código.

...

Artículo 42. ...

V. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de expedición de comprobantes fiscales y de presentación de solicitudes o avisos en materia del registro federal de contribuyentes; el cumplimiento de obligaciones en materia aduanera derivadas de autorizaciones o concesiones o de cualquier padrón o registro establecidos en las disposiciones relativas a dicha materia; verificar que la operación de las máquinas, sistemas y registros electrónicos, que estén obligados a llevar los contribuyentes, se realice conforme lo establecen las disposiciones fiscales; así como para solicitar la exhibición de la documentación o los comprobantes que amparen la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de las mercancías, y verificar que los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten con el marbete o precinto correspondiente o, en su caso, que los envases que contenían dichas bebidas hayan sido destruidos, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 49 de este Código.

...

Artículo 47. Las autoridades fiscales deberán concluir anticipadamente las visitas en los domicilios fiscales que hayan ordenado, cuando el visitado se encuentre obligado a dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado o cuando el contribuyente haya ejercido la opción a que se refiere el párrafo quinto del artículo 32-A de este Código. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable cuando a juicio de las autoridades fiscales la información proporcionada en los términos del artículo 52-A de este Código por el contador público que haya dictaminado, no sea suficiente para conocer la situación fiscal del contribuyente, cuando no presente dentro de los plazos que establece el artículo 53-A, la información o documentación solicitada, cuando en el dictamen exista abstención de opinión, opinión negativa o salvedades, que tengan implicaciones fiscales, ni cuando el dictamen se presente fuera de los plazos previstos en este Código.

...

Artículo 52. ...

Cuando el contador público registrado no dé cumplimiento a las disposiciones referidas en este artículo, en el Reglamento de este Código o en reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria o no aplique las normas o procedimientos de auditoría, la autoridad fiscal, previa audiencia, exhortará o amonestará al contador público registrado o suspenderá hasta por dos años los efectos de su registro, conforme a lo establecido en este Código y su Reglamento. Si hubiera reincidencia o el contador hubiere participado en la comisión de un delito de carácter fiscal o no exhiba, a requerimiento de autoridad, los papeles de trabajo que elaboró con motivo de la auditoría practicada a los estados financieros del contribuyente para efectos fiscales, se procederá a la cancelación definitiva de dicho registro. En estos casos se dará inmediatamente aviso por escrito al colegio profesional y, en su caso, a la Federación de Colegios Profesionales a que pertenezca el contador público en cuestión; para llevar a cabo las facultades a que se refiere este párrafo, el Servicio de Administración Tributaria deberá observar el siguiente procedimiento:

a) Determinada la irregularidad, ésta será notificada al contador público registrado en un plazo que no excederá de seis meses contados a partir de la terminación de la revisión del dictamen, a efecto de que en un plazo de quince días siguientes a que surta efectos dicha notificación manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, y ofrezca y exhiba las pruebas que considere pertinentes.

La autoridad fiscal admitirá toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. Las pruebas se valorarán en los términos del artículo 130 de este Código.

b)Agotado el periodo probatorio a que se refiere la fracción anterior, con vista en los elementos que obren en el expediente, la autoridad fiscal emitirá la resolución que proceda.

c)La resolución del procedimiento se notificará en un plazo que no excederá de doce meses, contado a partir del día siguiente a aquél en que se agote el plazo señalado en la fracción I que antecede.

...

Artículo 63. ...

Las autoridades fiscales presumirán como cierta la información contenida en los comprobantes fiscales y en las bases de datos que lleven o tengan en su poder o a las que tengan acceso.

Artículo 69. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los Tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias o en el supuesto previsto en el artículo 63 de este Código. Dicha reserva tampoco comprenderá la información relativa a los créditos fiscales firmes de los contribuyentes, que las autoridades fiscales proporcionen a las sociedades de información crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, ni la que se proporcione para efectos de la notificación por terceros a que se refiere el último párrafo del artículo 134 de este Código, ni la que se proporcione a un contribuyente para verificar la información contenida en los comprobantes fiscales que se pretenda deducir o acreditar, expedidos a su nombre en los términos de este ordenamiento.

...

Artículo 70. ...

Para efectuar el pago de las cantidades que resulten en los términos de este artículo, las mismas se ajustarán de conformidad con el décimo párrafo del artículo 20 de este Código.

...

El monto de las multas y cantidades en moneda nacional establecidas en la Ley Aduanera se actualizarán conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 17-A de este Código, relativas a la actualización de cantidades en moneda nacional que se establecen en este ordenamiento.

Artículo 81. ...

IX. No proporcionar la información a que se refiere el artículo 20, décimo primer párrafo de este Código, en los plazos que establecen las disposiciones fiscales.

...

XXXII. No proporcionar la información a que se refiere el artículo 29-B, fracción I, inciso c), segundo párrafo de este Código.

XXXIII. (Se deroga)

...

XXXV. Utilizar dispositivos de seguridad que no se encuentren vigentes en términos del artículo 29-B, fracción I, inciso b), segundo párrafo de este Código.

Artículo 82. ...

XXXIII. (Se deroga)

...

XXXV. De $8 000.00 a $15 000.00 por cada dispositivo de seguridad que se utilice sin que se encuentre vigente, para la establecida en la fracción XXXV.

...

Artículo 83. ...

VII. No expedir, no entregar o no enviar los comprobantes fiscales de sus actividades, cuando las disposiciones fiscales lo establezcan, o expedirlos sin que cumplan los requisitos señalados en este Código, su Reglamento o en las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

...

IX. Expedir comprobantes fiscales asentando la clave del registro federal de contribuyentes de persona distinta a la que adquiere el bien o el servicio, o a la que contrate el uso o goce temporal de bienes.

...

XI. Expedir comprobantes fiscales que señalen corresponder a donativos deducibles sin contar con la autorización para recibir donativos deducibles a que se refieren los artículos 95, 96, 97, 98 y 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 31 y 114 del Reglamento de dicha Ley, según sea el caso.

...

XIV. (Se deroga)

...

Artículo 84. ...

IV. Para el supuesto de la fracción VII, las siguientes, según corresponda:

a) De $12 000 070.00 a $69 000.00. En caso de reincidencia, las autoridades fiscales podrán, adicionalmente, clausurar preventivamente el establecimiento del contribuyente por un plazo de tres a quince días; para determinar dicho plazo, se tomará en consideración lo previsto por el artículo 75 de este Código.

b) De $1 210.00 a $2 410.00 tratándose de contribuyentes que tributen conforme al Título IV, Capítulo II, Sección III de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En caso de reincidencia, adicionalmente las autoridades fiscales podrán aplicar la clausura preventiva a que se refiere el inciso anterior.

c) De $12 070.00 a $69 000.00 tratándose de contribuyentes que cuenten con la autorización para recibir donativos deducibles a que se refieren los artículos 95, 96, 97, 98 y 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 31 y 114 del Reglamento de dicha Ley, según corresponda. En caso de reincidencia, además se revocará la autorización para recibir donativos deducibles...

X. De tres a cinco veces el monto o valor señalado en el comprobante fiscal que ampare el donativo, a la comprendida en la fracción XI.

...

XII. (Se deroga)

...

Artículo 84-B. ...

VII. De $70.00 a $140.00, por cada estado de cuenta no emitido en términos del artículo 32-B de este Código, y de $279 507.00 a $559 014.00, por no proporcionar la información, a las señaladas en la fracción VII.

...

Artículo 84-I. Se considera infracción en la que pueden incurrir las personas que emitan tarjetas de crédito, de débito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria, en relación con las obligaciones a que se refiere el artículo 32-E de este Código, el no expedir los estados de cuenta cumpliendo con lo previsto en el artículo 29-B, fracción II de este Código.

Artículo 84-J. A las personas morales que cometan la infracción a que se refiere el artículo 84-I de este Código, se les impondrá una multa de $70.00 a $140.00 por cada estado de cuenta no emitido en términos del artículo 32-E de este Código.

Artículo 84-L. A las personas morales a que se refiere el artículo 84-I de este Código, que cometan la infracción a que se refiere el artículo 84-K de este Código se les impondrá una multa de 279,507.00 a 559,014.00, por no proporcionar la información del estado de cuenta que se haya requerido.

Artículo 100. El derecho a formular la querella, la declaratoria y la declaratoria de perjuicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público precluye y, por lo tanto, se extingue la acción penal, en cinco años, que se computarán a partir de la comisión del delito. Este plazo será continuo y en ningún caso se interrumpirá.

La acción penal en los delitos fiscales prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que señala este Código para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de cinco años.

Con excepción de lo dispuesto por los artículos 105 y 107, primer párrafo, del Código Penal Federal, la acción penal en los delitos fiscales prescribirá conforme a las reglas aplicables previstas por dicho Código.

Artículo 109. ...

V. Sea responsable por omitir presentar por más de doce meses las declaraciones que tengan carácter de definitivas, así como las de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente.

VI. (Se deroga)

VII. Dé efectos fiscales a los comprobantes en forma impresa cuando no reúnan los requisitos del artículo 29-B, fracción I de este Código.

...

Artículo 113. ...

III. (Se deroga)

Artículo 185. ...

Tan pronto como el postor cumpla con el requisito a que se refiere el párrafo anterior, se citará al contribuyente para que, dentro de un plazo de tres días hábiles, entregue los comprobantes fiscales de la enajenación, los cuales deberán expedirse cumpliendo, en lo conducente, con los requisitos a que se refiere este Código, apercibido de que si no lo hace, la autoridad ejecutora emitirá el documento correspondiente en su rebeldía.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2012.

Segundo. La reforma al décimo párrafo del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación será aplicable a los certificados de firma electrónica avanzada que se expidan a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará sin perjuicio de que los certificados a que dicho párrafo se refiere queden sin efectos de conformidad con los supuestos establecidos en el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación.

Tercero. A partir del 1 de enero de 2012, las disposiciones que establece el Código Fiscal de la Federación en materia de comprobantes fiscales prevalecerán sobre aquéllas que en materia de comprobantes fiscales se establecen en las leyes fiscales federales, sin que los aspectos diversos a los requisitos de los comprobantes fiscales se alteren por las disposiciones del presente decreto.

Adicionalmente se estará a lo siguiente:

I. Las referencias que en la Ley del Impuesto sobre la Renta se hacen a los términos comprobante, comprobantes, comprobante de pago, documentación, documentación comprobatoria, documentación que reúna los requisitos de las disposiciones fiscales, recibos o recibos por honorarios, contenidas en los artículos 18, fracciones I, inciso a) y II; 20, fracción IX; 31, fracciones III, primer párrafo, VI, VII, primer párrafo, IX, segundo párrafo, XIX, primer y segundo párrafos y XXIII inciso b), numeral 4, segundo párrafo; 32, fracciones V, segundo, tercero y quinto párrafos y XXVII, segundo párrafo; 36, quinto párrafo; 81, sexto párrafo; 82, fracción III; 83, séptimo párrafo; 84, fracciones I y II, y su segundo y tercer párrafos; 86, fracción II; 101, fracciones II y V; 102, primer párrafo; 106, sexto párrafo; 109, fracciones XIII y XXVIII, primer párrafo; 121, fracción IV; 125, fracciones I, segundo párrafo y VIII; 133, fracción III; 139, fracciones III y IV, segundo párrafo; 140, tercer párrafo; 145, fracción III, y su segundo párrafo; 172, fracciones IV, primer párrafo, IX, X, segundo párrafo y XV; 176, tercer párrafo; 183, cuarto párrafo, y 186, cuarto párrafo, se entenderán hechas al comprobante fiscal regulado en el Código Fiscal de la Federación, excepto cuando se trate de erogaciones por viáticos o gastos de viaje en el extranjero, en cuyo caso subsistirá la referencia a documentación comprobatoria. Las referencias a la nota de venta se entenderán hechas al comprobante fiscal simplificado previsto en el artículo 29-C del Código Fiscal de la Federación.

II. Para los efectos del artículo 139, fracción IV, tercer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes que reciban pagos con transferencias electrónicas mediante teléfonos móviles o tarjetas de crédito, de débito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria, no dejarán de tributar en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.

III. Cuando la Ley del Impuesto sobre la Renta haga referencia a traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, incluso del propio contribuyente, se entenderán comprendidas las transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México.

La relación de operaciones que entregue la integradora a sus integradas en los términos del artículo 84, fracción II y su segundo y tercer párrafos, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberá reunir los requisitos del comprobante fiscal a que se refiere el artículo 29-B, fracción I, inciso a) del Código Fiscal de la Federación.

IV. La referencia al término comprobantes que se hace en los artículos 6, fracción IV, primer párrafo y 18, fracción II de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única se entenderá hecha al comprobante fiscal previsto en el Código Fiscal de la Federación. La referencia al comprobante que reúna requisitos fiscales que se hace en el artículo 17, séptimo párrafo de la Ley antes citada, se entenderá hecha al comprobante fiscal simplificado previsto en el artículo 29-C del Código referido.

V. Las referencias que se hacen a los artículos 1o.-C, fracción III, primer párrafo; 5, fracción II; 32, fracciones III y V, primer párrafo, y 33, primer párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado a los términos comprobante, comprobantes, documento o documentación, se entenderán hechas al comprobante fiscal previsto en el Código Fiscal de la Federación. Tratándose del comprobante fiscal a que se refiere el artículo 2o.-C, sexto y séptimo párrafos de la Ley antes citada, la referencia a comprobantes se entenderá hecha al comprobante fiscal simplificado a que se refiere el artículo 29-C del Código Fiscal de la Federación.

La referencia al término estados de cuenta mensuales en los que se asentarán las cantidades que se hayan cobrado en el mes inmediato anterior, que se hace en el artículo 1o.-C de la Ley mencionada en el párrafo que antecede se entenderá  hecha a la relación mensual en la que se asienten las cantidades cobradas en el mes inmediato anterior.

VI. Las referencias que se hacen en los artículos 4, fracción III; 8, fracciones I, inciso d) y IV, inciso d), segundo párrafo, y 19, fracciones II, primer y segundo párrafos y VI, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a los términos comprobantes o comprobante de enajenación se entenderán hechas al comprobante fiscal previsto en el Código Fiscal de la Federación.

VII. La referencia a los términos comprobante y documento que ampare la enajenación que se hace en los artículos 9, fracción III y 13, primer párrafo de la Ley Federal sobre Automóviles Nuevos se entenderán hechas al comprobante fiscal previsto en el Código Fiscal de la Federación.

Cuarto. Para los efectos de la actualización del monto de las multas y cantidades en moneda nacional prevista en el artículo 70, último párrafo, en relación con el artículo 17-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, se considerará que la actualización de dichos montos se realizó por última vez en julio de 2003, que se dieron a conocer en el “Anexo 2 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio  Exterior para 2003”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2003, modificado mediante resolución publicada en el referido órgano informativo el 29 de julio del mismo año y como último Índice Nacional de Precios al Consumidor que se utilizó para la actualización mencionada el correspondiente a mayo de 2003.

Quinto. Para los efectos del artículo 70, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, las cantidades establecidas en los artículos 16-A y 16-B de la Ley Aduanera se actualizarán de conformidad con lo dispuesto en el séptimo párrafo del artículo 17-A del Código referido.

Sexto. La primera actualización del monto de las multas y cantidades establecidas en la Ley Aduanera que se realice con motivo de la adición al artículo 70 del Código Fiscal de la Federación prevista en el presente decreto, entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2012 y para su determinación se considerará el periodo comprendido desde el último mes cuyo Índice Nacional de Precios al Consumidor se utilizó para el cálculo de la última actualización y el mes inmediato anterior a la entrada en vigor del presente decreto. Para estos efectos, el factor de actualización se obtendrá de conformidad con lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 17-A del citado Código.

Séptimo. Para los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación que se hayan cometido con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto se aplicarán los plazos de prescripción y las reglas de cómputo de los mismos, previstos en las disposiciones vigentes al momento en que se hubieren llevado a cabo, por lo que para ellos se seguirá considerando como la fecha en la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público toma conocimiento del delito y del delincuente la de la emisión del Dictamen Técnico Contable elaborado por el Servicio de Administración Tributaria.

Octavo. La reforma al artículo 100 del presente Código, relativa a la prescripción de la acción penal, entrará en vigor el 31 de agosto de 2012.

Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados, a 4 de octubre de 2011.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados:Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Ovidio Cortázar Ramos (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Adriana Sarur Torre (rúbrica), Óscar González Yáñez (rúbrica), Alejandro Gertz Manero (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), Ricardo Ahued Bardahuil, Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez, Óscar Saúl Castillo Andrade, Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Mario Alberto di Costanzo Armenta (rúbrica), Martín Rico Jiménez (rúbrica), Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (rúbrica),Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), María Marcela Torres Peimbert (rúbrica), José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 22, 22 Bis, 41 y 116 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Honorable Asamblea

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 229 CP que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 1 y reforman los artículos 22, la fracción I del 22-Bis, el 41 y la fracción III del 116 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, promovida por la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

En virtud del análisis y estudio de la iniciativa que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que se le confiere en la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico; los artículos 39 numerales 1 y 2 fracción XXIV y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 78, 80, numeral 1, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 84, numeral 1, y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 26 de mayo de 2010, por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó iniciativa por la que se adiciona una fracción VIII al artículo 1 y reforman los artículos 22, la fracción I del 22-Bis, el 41 y la fracción III del 116 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

2. En esa misma fecha, fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa propone modificar diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, adicionar una fracción VIII al artículo 1o. recorriendo las subsecuentes; reformar el artículo 22, la fracción I del 22 Bis, el artículo 41 y por último la fracción III del artículo 116.

La propuesta tiene como objetivo impulsar y apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en materia ambiental, tomando como punto de partida lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo; que considera estratégico establecer las condiciones para que México se inserte en la vanguardia tecnológica, lo que resulta esencial para promover el desarrollo integral del país de forma sustentable.

La promovente señala que México requiere que exista una mayor vinculación entre la investigación y las políticas públicas, propiciar la innovación tecnológica ambiental sustentable con la que se logren abatir las problemáticas urgentes que el país debe atender y, que además esté respaldada por un compromiso social.

Para lograr lo anterior la diputada promovente sugiere las siguientes reformas:

Comparativo

• Texto vigente

Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:

I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar;

II. Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación;

III. La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;

IV.La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas;

V. El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas;

VI. La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;

VII. Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;

VIII. El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la federación, los estados, el distrito federal y los municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX-G de la Constitución;

IX. El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, en materia ambiental, y

X. El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y penales que correspondan.

En todo lo no previsto en la presente ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en otras leyes relacionadas con las materias que regula este ordenamiento.

(Artículo reformado, DOF del 13 de diciembre de 1996.)

Artículo 22. Se consideran instrumentos económicos los mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las personas asumen los beneficios y costos ambientales que generen sus actividades económicas, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el ambiente.

Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental. En ningún caso, estos instrumentos se establecerán con fines exclusivamente recaudatorios.

Son instrumentos financieros los créditos, las fianzas, los seguros de responsabilidad civil, los fondos y los fideicomisos, cuando sus objetivos estén dirigidos a la preservación, protección, restauración o aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el ambiente, así como al financiamiento de programas, proyectos, estudios e investigación científica y tecnológica para la preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente.

Son instrumentos de mercado las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos que corresponden a volúmenes preestablecidos de emisiones de contaminantes en el aire, agua o suelo, o bien, que establecen los límites de aprovechamiento de recursos naturales, o de construcción en áreas naturales protegidas o en zonas cuya preservación y protección se considere relevante desde el punto de vista ambiental.

Las prerrogativas derivadas de los instrumentos económicos de mercado serán transferibles, no gravables y quedarán sujetos al interés público y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

(Artículo reformado, DOF del 13 de diciembre de 1996.)

Artículo 22 Bis. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con:

I. La investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental, así como el uso eficiente de recursos naturales y de energía;

II. La investigación e incorporación de sistemas de ahorro de energía y de utilización de fuentes de energía menos contaminantes;

III. El ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del agua;

IV. La ubicación y reubicación de instalaciones industriales, comerciales y de servicios en áreas ambientalmente adecuadas;

V. El establecimiento, manejo y vigilancia de áreas naturales protegidas, y

VI. Los procesos, productos y servicios que, conforme a la normatividad aplicable, hayan sido certificados ambientalmente, y

(Fracción adicionada, DOF del 5 de julio de 2007.)

VII. En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

(Fracción reformada, DOF del 5 de julio de 2007 –se recorre)

(Artículo adicionado DOF, 13 de diciembre de 1996.)

Artículo 41. El gobierno federal, las entidades federativas y los municipios con arreglo a lo que dispongan las legislaturas locales, fomentarán investigaciones científicas y promoverán programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento racional de los recursos y proteger los ecosistemas, determinar la vulnerabilidad, así como las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Para ello, se podrán celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones del sector social y privado, investigadores y especialistas en la materia.

(Artículo reformado, DOF 28 de enero de 2011.)

Artículo 116. Para el otorgamiento de estímulos fiscales, las autoridades competentes considerarán a quienes:

I. Adquieran, instalen u operen equipo para el control de emisiones contaminantes a la atmósfera;

II. Fabriquen, instalen o proporcionen mantenimiento a equipo de filtrado, combustión, control, y en general, de tratamiento de emisiones que contaminen la atmósfera;

III. Realicen investigaciones de tecnología cuya aplicación disminuya la generación de emisiones contaminantes; y

IV. Ubiquen o relocalicen sus instalaciones para evitar emisiones contaminantes en zonas urbanas.

• Iniciativa

Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:

I. a VII. ...

VIII. Impulsar y apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en materia ambiental.

IX. a XI. ...

En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en otras leyes relacionadas con las materias que regula este ordenamiento.

(Artículo reformado. DOF del 13 de diciembre de 1996.)

Este artículo señala de manera general los principios que establece el artículo 4o. constitucional

...

...

Artículo 22. ...

...

Son instrumentos financieros los créditos, las fianzas, los seguros de responsabilidad civil, los fondos y los fideicomisos, cuando sus objetivos estén dirigidos a la preservación, protección, restauración o aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el ambiente, así como al financiamiento de programas, proyectos, estudios e investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación para la preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente.

......

Artículo 22 Bis. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con:

I. La investigación, incorporación, innovación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental, así como el uso eficiente de recursos naturales y de energía;

II. a VII. ...

Artículo 41. El gobierno federal, las entidades federativas y los municipios con arreglo a lo que dispongan las legislaturas locales, fomentarán investigaciones científicas, desarrollo tecnológico e innovación para el perfeccionamiento y promoverán programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento racional de los recursos y proteger los ecosistemas, determinar la vulnerabilidad, así como las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Para ello, se podrán celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones del sector social y privado, investigadores y especialistas en la materia.

Artículo 116. Para el otorgamiento de estímulos fiscales, las autoridades competentes considerarán a quienes:

I. Adquieran, instalen u operen equipo para el control de emisiones contaminantes a la atmósfera;

II. Fabriquen, instalen o proporcionen mantenimiento a equipo de filtrado, combustión, control, y en general, de tratamiento de emisiones que contaminen la atmósfera;

III. Realicen investigaciones de tecnología e innovación cuya aplicación disminuya la generación de emisiones contaminantes; y

IV. Ubiquen o relocalicen sus instalaciones para evitar emisiones contaminantes en zonas urbanas.

Consideraciones

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el Capítulo IV Instrumentos de Política Ambiental, comprende una Sección VIII relativa a la Investigación y Educación Ecológica, en el cual se destaca la importancia que la introducción y desarrollo de las tecnologías estén acordes con las necesidades de la nación, principal reto para enfrentar el deterioro ambiental; y que la relación entre centros de investigación y esferas de gobierno, permitan proteger, preservar y restaurar el medio ambiente.

Ahora bien, el interés de la diputada de adicionar el concepto de innovación es determinante para lograr dicho fin, pues innovar significa tornarse nuevo, renovar, o introducir una novedad. No basta con inventar algo, sino que el proceso avanza hasta introducirlo e implementarlo, por lo que la innovación se ve transformada en una actividad interdisciplinaria ya que convergen en ella metodología, teoría y concepto, generando resultados más coherentes e integrados, es decir, el elemento no necesita ser enteramente nuevo o desconocido a los miembros de la unidad, pero debe implicar algún cambio discernible o reto en el status quo.

Michael A. West, y James L. Farr, en su libro Innovation and Creativity at Work: Psychological and Organizational Strategies, publicado en 1990 señalan que la innovación es la secuencia de actividades por las cuales un nuevo elemento es introducido en una unidad social con la intención de beneficiar la unidad, una parte de ella o a la sociedad en conjunto.

Mientras que dentro del Manual de Oslo, elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos en 2005, se define a “la innovación como la introducción de un nuevo, o significantemente mejorado, producto (bien o servicio) de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores”.

La innovación se enfoca en la creación o modificación de un producto, proceso o servicios, en cambios que introduzcan novedades que, para el caso que nos ocupa, permitan preservar, proteger y restaurar el medio ambiente.

Dentro de nuestro ámbito jurídico nacional, la innovación no es considerada un asunto menor, prueba de ello lo constituye la reforma y actualización que se hiciera a la Ley de Ciencia y Tecnología de fecha 12 de junio de 2009, promovida entre otros muchos propósitos para impulsar el desarrollo en México por la vía de la actividad innovadora, con el objeto de incorporar los procesos de innovación dentro del desarrollo científico y tecnológico. Según lo establece el artículo 4 de dicho ordenamiento la innovación es la capacidad de generar un nuevo producto, diseño, proceso, servicio, método u organización o añadir valor a los existentes.

Asimismo, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tiene como objetivo, de acuerdo al artículo 2o., promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país.

Es importante destacar que el proyecto de decreto es congruente con el objetivo 13 del Plan Nacional de Desarrollo, que destaca la necesidad de generar procesos de investigación científica, tecnológica y de innovación y con ello alcanzar una verdadera sustentabilidad ambiental que permita el avance del conocimiento sobre los aspectos ambientales prioritarios para apoyar la toma de decisiones.

Por lo anterior, la comisión considera procedente la propuesta de la legisladora, pues resulta necesario dar continuidad y permanencia a los planes y programas en materia ambiental, que promuevan el conocimiento, la educación, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en el quehacer gubernamental. Sin embargo, por lo que hace a la adición de la fracción VII en el artículo 1o. es de señalar que dicho artículo forma parte del Capítulo I de Normas Preliminares del Título Primero, correspondiente a las Disposiciones Generales, el cual conforma los principios y objetivos base sobre los que se van a fundamentar el resto de las disposiciones de la ley marco, así como sus instrumentos reglamentarios, por lo que no es viable adicionar un proceso o acción, como es la innovación, en el artículo 1o.

Ahora bien, esta comisión dictaminadora, con el fin de dar un enfoque integral y sólido al objetivo de la diputada promovente, considera necesario reformar y adicionar los siguientes aspectos:

• Aprovechamiento racional por: Aprovechamiento sustentable; y

• Proteger los ecosistemas por: preservar, proteger y restaurar los ecosistemas para prevenir desequilibrios ecológicos y daños ambientales.

Lo anterior, con el fin de cumplir con el objetivo general de la ley marco, establecido en el artículo 1o., que es el de propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:

• La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;

• La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas;

• El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas;

• La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo.

Es importante contemplar los 4 conceptos que se establecen en la Ley marco: aprovechamiento sustentable, preservación, protección y restauración, ya que toman en cuentan diversas maneras de manejo de los ecosistemas. Lo anterior, de acuerdo a lo que señala el artículo 3o. del propio ordenamiento:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por:

...

III. Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos;

...

XXV. Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitat naturales;

...

XXVII. Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro;

...

XXXIV. Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales;

Asimismo, se retoma lo establecido en el principio XX del artículo 15o., relativo a los principios que el Ejecutivo federal deberá observar en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente:

Artículo 15. Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios:

...

XX. La educación es un medio para valorar la vida a través de la prevención del deterioro ambiental, preservación, restauración y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y con ello evitar los desequilibrios ecológicos y daños ambientales.

Por lo motivado y fundado, los integrantes de la comisión dictaminadora se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman el artículo 22, la fracción I del artículo 22 Bis, el artículo 41 y la fracción III del artículo 116 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Único: Se reforma el artículo 22, la fracción I del artículo 22 Bis, el artículo 41 y la fracción III del artículo 116 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 22. ...

...

Son instrumentos financieros los créditos, las fianzas, los seguros de responsabilidad civil, los fondos y los fideicomisos, cuando sus objetivos estén dirigidos a la preservación, protección, restauración o aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el ambiente, así como al financiamiento de programas, proyectos, estudios, investigación científica, desarrollo tecnológico e innovaciónpara la preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente.

...

...

Artículo 22 Bis. ...

I. La investigación científica y tecnológica, incorporación, innovación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por objetivo evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental, así como el uso eficiente de recursos naturales y de energía;

II. a VII, ...

Artículo 41. El gobierno federal, las entidades federativas y los municipios con arreglo a lo que dispongan las legislaturas locales, fomentarán la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, asimismo promoverán programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, preservar, proteger y restaurar los ecosistemas para prevenir desequilibrios ecológicos y daños ambientales, determinar la vulnerabilidad, así como las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Para ello, se podrán celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones del sector social y privado, investigadores y especialistas en la materia.

Artículo 116....

I. y II. ...

III. Realicen investigación científica y tecnológica e innovación, cuya aplicación disminuya la generación de emisiones contaminantes; y

IV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/542/15.pdf

2 http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/sustentabilodad-ambiental. html.

Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados, el 27 de septiembre de 2011.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros, secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade, Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, José Manuel Hinojosa Pérez, Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), Marcela Vieyra Alamilla (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 4577, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 5o. de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentada por el diputado Andrés Aguirre Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En virtud del análisis y estudio de la iniciativa que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que le confiere la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico; los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 78, 80, numeral 1, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85, 157 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión celebrada el día 13 de abril de 2011, la Mesa Directiva recibió una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y 5 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y

Segundo. En esa misma fecha, dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, iniciándose un cuidadoso proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El presente dictamen tiene por objeto atender la solicitud del diputado Andrés Aguirre Romero, quien considera procedente reformar el artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y el artículo 5o. de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) a efecto de homologar la definición de residuos peligrosos en las leyes con antelación mencionadas.

En ese tenor, el diputado promovente refiere que la definición propuesta deberá contener los siguientes elementos:

– Peligrosidad (corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y patogenicidad).

– Hacer énfasis a lo infeccioso, relacionado con la patogenicidad (capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en un huésped susceptible).

– Estado físico en que se encuentran los residuos (entrando todos los estados físicos no encuentra limitante).

– Incorporar que esos residuos representan un riesgo, para aquellos sujetos que se han de exponer a ellos.

– Añadir en la definición la leyenda “No se incluyen los residuos reactivos” (esta mención no afecta de manera alguna en la definición en virtud de que el manejo de estos residuos recae en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de la Secretaría de Energía (SENER).

Así, el texto propuesto por el diputado Aguirre a la letra señala:

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo 3o.

XXXII. Residuos peligrosos:Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, representen un riesgo al ser humano, al medio ambiente y a los bienes. No se incluyen los residuos radiactivos.

XXXIII. (...)

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Artículo 5o.

XXXII. Residuos peligrosos:Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, representen un riesgo al ser humano, al medio ambiente y a los bienes. No se incluyen los residuos radiactivos.

XXXIII. (...)

En atención a dicha solicitud la Comisión Legislativa que elabora el presente Dictamen procede a iniciar su análisis.

De manera formal, los residuos peligrosos (RP) se definen como aquellos que, sustancial o potencialmente, ponen en peligro la salud humana o el medio ambiente cuando son manejados en forma inadecuada y poseen una o más características CRETIB, es decir tiene alguna de las siguientes propiedades: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico-infeccioso (precisando que los residuos radioactivos por sus características de alto riesgo son regulados en otra legislación y manejados por el ramo de energía).

De forma particular, la NOM-052-SEMARNAT-2005 establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de estos residuos.

Por sus características de corrosividad, reactividad, explosividad o inflamabilidad, un manejo inadecuado de los residuos peligrosos puede ocasionar accidentes severos. Los residuos peligrosos que tienen características de toxicidad y la inclusión de agentes infecciosos pueden afectar a la población y demás elementos de los ecosistemas a través de la contaminación de las fuentes de agua, tanto superficial como subterránea.

La problemática asociada a los residuos peligrosos tiene dos grandes líneas; por un lado, la que se deriva de la presencia de sitios ya contaminados y que requieren su remediación y por el otro, aquella orientada a la prevención de la contaminación proveniente de las fuentes en operación.

En México, hasta el año 2004, se tenían identificados 297 sitios contaminados con RP, de los cuales 119 se habían caracterizado -esto es, se clasificaron y priorizaron de acuerdo al grado de riesgo que representan para la salud y el ambiente-, y 12 se consideraban como rehabilitados o en proceso de rehabilitación.

Los riesgos al medio ambiente causados por los residuos peligrosos son un foco de atención, no sólo en México, sino a nivel mundial, que ha propiciado que se generen disposiciones regulatorias (leyes, reglamentos y normas) y establezcan políticas públicas para garantizar su manejo adecuado a fin de prevenir riesgos, a la vez que fijan límites de exposición o alternativas de tratamiento y disposición final para reducir su volumen y peligrosidad. Esta preocupación que nació en los países con mayor desarrollo económico, obligó a encarar problemas de contaminación del medio ambiente y sus consecuentes efectos adversos en la salud pública.

El manejo y/o disposición seguro de los residuos peligrosos se aborda de tres maneras. La primera es a través de acciones de prevención orientadas a la reducción de los volúmenes de generación de los RP que se liberan al ambiente. Entre las alternativas para la reducción del volumen de este tipo de residuos está la minimización de su generación, ya sea por reducción o eliminación de residuos derivados del cambio de tecnologías de producción. Otra estrategia consiste en la reducción de los RP por medio de su reciclaje y reúso, lo que maximiza su utilización antes de su tratamiento y disposición final.

Los programas de manejo y control deben tener como sustento fundamental, una legislación que defina con precisión que se entiende como residuos peligrosos. Al respecto es menester mencionar que la legislación nacional establece dos conceptos de residuos peligrosos distintos.

En primera instancia, la LGEEPA en su artículo 3o., fracción XXXIII, lo define a la letra como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por:

....

XXXIII. Residuos peligrosos: Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente

Por su parte, la LGPGIR establece en su artículo 5o., fracción XXXII una definición propia de residuos peligrosos señalando a la letra lo siguiente:

Artículo 5o. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

...

XXXII. Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se establece en esta Ley;

En atención a esa discrepancia, la iniciativa propone homologar el concepto de residuos peligrosos a fin de homogeneizar ambas definiciones y dar claridad al marco jurídico ambiental.

Al respecto, esta Comisión Legislativa estima procedente la propuesta, a fin de dar claridad al marco jurídico nacional. Sin embargo, sería viable solo adecuar el concepto de RP en la LGEEPA, retomando lo dispuesto en la LGPGIR, a efecto de enriquecer la propuesta del diputado promovente.

En el mismo sentido, esta Comisión estima que no es necesario señalar expresamente que los residuos radioactivos no se consideran como residuos peligrosos.

Lo anterior es así, en virtud de que en México desde el año de 1956 se inició el control sobre la utilización y disposición de isótopos radiactivos, creando para tal la Comisión Nacional de Energía Nuclear, encargada de atender su manejo adecuado.

Actualmente, las Secretarías de Salud y de Energía son las autoridades competentes en este ámbito, tal y como se desprende de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que en sus artículos 33 y 39 determina a la letra lo siguiente:

Artículo 33. A la Secretaría de Energía le corresponde el Despacho de los siguientes asuntos:

“I. Establecer y conducir la política energética del país, así como supervisar su cumplimiento con prioridad en la seguridad y diversificación energéticas, el ahorro de energía y la protección del medio ambiente...”

Cualquier otra aplicación de la energía nuclear y radioisótopos es competencia de la Secretaría de Energía a través de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (Conasenusa).

Artículo 39. A la Secretaría de Salud le corresponde el Despacho de los siguientes asuntos:

“I. Establecer y conducir la política nacional, en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad en general...”

La Secretaría de Salud regula la utilización, disposición, importación, y exportación de materiales radiactivos y fuentes de radiación ionizante destinadas a usos médicos, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Salud.

Así, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a que corresponde a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones con otros propósitos, se publicó la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia Nuclear, en la cual se determinan el manejo de los materiales radioactivos incluidos los residuos generados.

Finalmente, la LGPGIR en su artículo 4 exceptúa de la aplicación de esta Ley a los residuos radioactivos. En consecuencia, resulta reiterativo, señalar que los residuos peligrosos no incluyen los residuos radioactivos.

En el mismo sentido, es de señalarse que esta materia se encuentra regulada por las Normas Oficiales Mexicanas NOM-004-NUCL-1994 y NOM-019-NUCL-1995.

Ahora bien, esta Comisión estima procedente dar claridad en relación a que los residuos peligrosos podrían ser todos aquellos residuos que por sus características CRETIB representen un peligro al ser humano, al ambiente o a los bienes.

Lo anterior es así, en virtud de que deban ser considerados como residuos peligrosos aquellos que representen un riesgo a la salud humana o a los bienes son criterios subjetivos que podrían generar confusión.

De la revisión de la propuesta se estima que lo más acertado sería retomar la definición establecida en la ley especial, es decir en la LGPGIR en virtud de que retoma diversos elementos siendo uno de ellos la cuestión de peligrosidad. En primera instancia, es indispensable que la definición a homologar contemple que tienen la característica como residuos peligrosos los envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, toda vez que de no contemplarlos, implicaría que los recipientes que han utilizado durante el manejo y hasta la disposición final, queden exentos del tratamiento como residuos peligrosos.

En ese tenor, esta comisión propone el siguiente texto alterno:

XXXIII. Residuos peligrosos: son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que le confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio y por tanto, representan un peligro al equilibrio ecológico o el ambiente;

Baste precisar que la reforma al artículo 3o. de la LGEEPA se incluye en la fracción XXXIII y no en la XXXII, atendiendo a la última reforma de ese precepto legal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2011.

Finalmente, es de señalarse que resulta acertada la propuesta del diputado promovente pues la LGEEPA es la ley marco en nuestro sistema jurídico, en ésta se incluyen las bases generales y los instrumentos que conducen la política nacional. Más aún, dicha ley refiere en diversas disposiciones el término “residuos peligrosos”, por lo que se debe dar certeza jurídica definiendo los conceptos que pudieran generar confusión.

Tal es el caso de este término, utilizado en el artículo 28, fracción IV de la LGEEPA que establece que se requiere autorización en materia de impacto ambiental para instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos.

Es evidente que no existe un conflicto de leyes respecto la aplicación de una u otra ley, pues resulta aplicable el principio general del Derecho de especialidad que establece lex especialis sobre la lex generalis, es decir norma especial primar sobre norma general.

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente

Decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

Artículo Único.Se reforma la fracción XXXIII del artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. a XXXII...

XXXIII. Residuos peligrosos:son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que le confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio y por tanto, representan un peligro al equilibrio ecológico o el ambiente;

XXXIV. a XXXVIII.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.definicion.org/diccionario/260

2 http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_04/08_residuos/cap8_ 2.html

3 http://campus.usal.es/~retribucionesysalud/ssalud/calid_amb/manual.htm#introduc cion

4 http://www.sener.gob.mx/portal/Default.aspx?id=1608&cx=01604-11372917247626 91%3At7lsrffmdbw&cof=FORID%3A11&palabras=&q=residuos+radioactivos+s ite%3Awww.energia.gob.mx&x=0&y=0#1209

5 http://www.cnsns.gob.mx/acerca_cnsns/marco_normativo.php

6 Zegarra Vílchez, Juan Carlos. Aplicación del principio de especialidad.

Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados, el día 27 septiembre de 2011.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros, secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Marcela Vieyra Alamilla (rúbrica), Víctor Manuel anastasio Galicia Ávila (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade, Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, José Manuel Hinojosa Pérez, Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 224 Bis y 224 Bis 1 a la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f) y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada con fecha 22 de febrero del 2011, el diputado Miguel Antonio Osuna Millán del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha la Mesa Directiva de este órgano Legislativo, turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud, para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

Facultar a la Secretaría de Salud para implantar las medidas y acciones necesarias a efecto de impulsar y fomentar la disponibilidad de los medicamentos huérfanos, haciéndolos asequibles para la población, y concederles el reconocimiento sanitario, o en su caso, el registro sanitario, de acuerdo con los lineamientos que para tales efectos sean emitidos. Asimismo, la secretaría facilitará los procedimientos y trámites en materia de autorizaciones para este tipo de medicamentos, y podrá emitir recomendaciones a los institutos nacionales de salud para la investigación y el desarrollo de los medicamentos con potencial en su efectividad. Definir a los medicamentos huérfanos como los productos que estén destinados a curar o tratar enfermedades con baja prevalencia, que afecten a menos de cinco personas por cada diez mil habitantes, y cuya disponibilidad en el país sea limitada o nula, o bien, del que no haya una estimación razonable de que pueda ser desarrollado en el ámbito nacional por la industria farmacéutica.

III. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4°:

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Los medicamentos huérfanos, son productos destinados al tratamiento de enfermedades raras que afectan a un pequeño número de personas y generalmente son debilitantes o amenazan la vida.

Existen alrededor de 5,000 enfermedades raras en el mundo, 80% de ellas son de origen genético y su tratamiento se lleva a cabo con medicamentos de origen biotecnológico.

Tercera. Debido a la baja incidencia suele haber poco interés y poco presupuesto para la investigación y desarrollo de los medicamentos por parte de la industria farmacéutica (de ahí el nombre de huérfanos). Además, faltan centros especializados para la atención de estas enfermedades, no hay facilidades para el diagnóstico temprano y las instituciones públicas de salud no suelen tener presupuesto para los medicamentos que suelen ser costosos.

El bajo consumo de estos medicamentos hace que sea poco atractivo para la industria producirlos y comercializarlos para pocos pacientes, pero al reunir a los enfermos de muchas naciones, se torna económicamente viable. Por este motivo suelen ser pocos los fabricantes en el mundo, por lo que para acceder a este tipo de medicamentos deben ser importados.

Cuarta. El uso, registro, compra-venta e importaciones de estos productos no se ajustan bien a la regulación sanitaria actual, lo que ocasiona conflictos que complican su accesibilidad a los pacientes:

• No cumplen con todos los requisitos para obtener el registro sanitario de medicamentos en México, sin embargo su comercialización lo requiere.

• Las razones para importar medicamentos sin registros sanitarios (art.132 del RIS) no justifican explícitamente su importación.

• Las instituciones de salud pueden comprar los productos provenientes del extranjero, pero la población no asegurada tiene dificultades para acceder a estos medicamentos que son esenciales para mantener la salud y la vida.

• La importación de los productos biológicos requiere de la liberación lote a lote previas pruebas de laboratorio, lo cual no podría cumplirse en virtud del volumen de muestras que se requieren para las pruebas y la dificultad de su análisis.

Quinta. En la mayor parte de los países el concepto de medicamentos huérfanos es útil principalmente para apoyar con recursos financieros, técnicos y asesoría para su desarrollo desde la investigación hasta su comercialización. No existe esta figura en la regulación sanitaria de nuestro país, aun cuando existen mecanismos que permiten disponer de este tipo de medicamentos. Por lo que se cree conveniente definirla y establecer las condiciones regulatorias adecuadas en la Ley General de Salud.

Sexta. No obstante lo anterior, esta dictaminadora considera que la definición de medicamento huérfano que propone el legislador, cuya frase señala “... y cuya disponibilidad en el país sea limitada o nula, o bien, del que no haya una estimación razonable de que pueda ser desarrollado en al ámbito nacional por la industria farmacéutica”, es muy general, toda vez que puede propiciar que cualquier medicamento con una molécula nueva o cualquier medicamento que no se fabrique en el país (por ejemplo las vacunas) podría ser considerado como un medicamento huérfano.

Por otra parte, se considera importante incluir dentro de la definición la frase “destinados a la prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades raras”, términos utilizados por los ministerios de salud que se encuentran a la vanguardia en la regulación de medicamentos huérfanos, como son la Comunidad Europea y los Estados de Unidos de América.

Séptima. En este sentido y con la finalidad de que la definición se encuentre homologada a la regulación internacional se propone la siguiente definición de medicamentos huérfanos y se considera más adecuado que dicha definición se adicione como un artículo Bis y Bis 1 al artículo 224 del ordenamiento jurídico en comento y no como un cuarto párrafo al artículo 222.

En mérito de lo antes expuesto, la Comisión de Salud se permite someter a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente:

Decreto por el que se adicionan los artículos 224 Bis y 224 Bis 1 a la Ley General de Salud

Artículo Único. Se adicionan los artículos 224 Bis y 224 Bis 1, a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

224 Bis. Medicamentos huérfanos: A los medicamentos que estén destinados a la prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades raras, las cuales tienen una prevalencia de no más de 5 personas por cada 10, 000 habitantes.

224 Bis 1. La Secretaría de Salud implementará las medidas y acciones necesarias a efecto de impulsar y fomentar la disponibilidad de los medicamentos huérfanos, haciéndolos asequibles para la población. Asimismo, la Secretaría de Salud podrá emitir recomendaciones a los Institutos Nacionales de Salud para la investigación y el desarrollo de medicamentos con potencial en su efectividad.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las acciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la administración pública federal, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente decreto, deberán cubrirse en función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de Ingresos de la Federación y sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria.

Palacio Legislativo, a los 22 días del mes de junio de 2011.

La Comisión de Salud, diputados:Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho, Rosalina Mazari Espín, Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo, María del Pilar Torre Canales, secretarios; Felipe Borja Texocotitla, Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales, Leandro Rafael García Bringas (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado, José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea, Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina, Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Oralia López Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Honorable Asamblea:

Los integrantes de la Comisión de Transportes, con base en las facultades que les confieren los artículos 39, y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 81, 84, 85, 157, 158 y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

1. En sesión ordinaria de fecha 8 de marzo de 2011, la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometió a consideración de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para establecer una cuota de peaje diferenciada para automóviles y motocicletas.

2. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva acordó turnar la iniciativa que nos ocupa a la Comisión de Transportes, para su estudio y dictamen, mediante oficio DGPL 61-II-1-1313.

3. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 25 de mayo de 2011, el diputado Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometió a consideración la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

4. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), y 122, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva acordó turnar la iniciativa que nos ocupa a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen, mediante oficio CP2R2A.-331.

Derivado de lo anterior esta comisión realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Descripción de las iniciativas

La diputada Quiñones Cornejo expone en su iniciativa que las vías de comunicación son un importante detonador del crecimiento de nuestro país con una superficie de 1.9 millones de kilómetros cuadrados, ocupando el décimo quinto lugar a nivel mundial.

Asimismo, menciona que en México, el sistema carretero se encuentra conformado por autopistas operadas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, por el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas y por otros concesionarios. Además, considera que un sistema eficiente de peaje en las autopistas promovería el crecimiento del comercio y turismo, fuentes para el crecimiento económico de nuestro país.

La iniciativa en estudio señala que actualmente la ley no establece los parámetros para diferenciar las cuotas de peaje entre las motocicletas y los automóviles en las casetas de cobro de las carreteras del país, inhibiendo el uso de las motocicletas y agrega que algunas variables que se toman en consideración para el establecimiento de tarifas carreteras son: la longitud del recorrido, el costo de la infraestructura, costos de mantenimiento y operativos, incluyendo costos de desgaste, y tránsito esperado.

Indica la diputada Quiñones Cornejo que el desgaste de la red carretera está en función del tránsito de vehículos y de su peso, y éste a su vez se clasifica en relación al número de ejes de los vehículos.

En ese sentido, menciona la iniciativa que considerar el peso de los vehículos con relación al número de ejes que tiene cada vehículo, resulta inequitativo para los conductores de motocicletas, ya que éstas reciben el mismo trato tarifario que los automóviles, a pesar del evidente menor desgaste que las motocicletas causan a la red carretera derivado de su menor peso, el material más blando de sus neumáticos y su menor área de contacto en el rodamiento.

Por tal razón, la diputada Quiñones Cornejo plantea modificar la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenga la atribución de establecer equitativamente las bases generales de regulación tarifaria para la determinación del monto por peaje que deban cubrir las motocicletas, tomando en consideración la longitud del recorrido, los costos de infraestructura, mantenimiento y operativos, así como el desgaste de las carreteras provocados por cada vehículo automotor; lo anterior, a fin de reconocer el menor desgaste que causan, así como incrementar el turismo nacional e internacional en el territorio nacional e incentivar el uso de un medio de transporte menos contaminante.

Por otra parte, el diputado Alejandro del Mazo Maza indica en su iniciativa que el desgaste de la red carretera está en función del tránsito de vehículos y de su peso, el cual está contemplado en relación con el número de ejes de los vehículos y esta situación resulta en un tratamiento inequitativo para los conductores de motocicletas, ya que éstas han recibido el mismo trato tarifario que los automóviles, a pesar del menor desgaste que las motocicletas causan a la red carretera.

Asimismo, el diputado del Mazo Maza indica que en los últimos años se ha presentado un incremento en la utilización de motocicletas como medio de transporte que son aprovechadas incluso, en algunas zonas del país, como transporte de servicio público. Incremento que se explica por la facilidad de adquisición, bajo costo de mantenimiento, bajo consumo de combustible y la agilidad en el desplazamiento que hay en las ciudades mexicanas cada día más colapsadas en sus vías públicas.

A ese respecto, la iniciativa en análisis indica que existen elementos para considerar la reducción en 50 por ciento del peaje actualmente cobrado a motocicletas, tales como el menor desgaste provocado por las motocicletas a las autopistas donde circulan, por lo que los costos de mantenimiento de las carreteras son menores y, que el seguro otorgado es menor en costo considerando que también el daño que puede llegar a causar una moto es menor que el de un vehículo más pesado.

Agrega la iniciativa del diputado del Mazo Maza, que las motocicletas cuentan con dos ejes al igual que los automóviles, pero desgastan en menor proporción las carreteras, y pagan la misma tarifa que los automóviles, sean estos tipo sedan o camionetas, por lo que considerar el peso de los vehículos con relación al número de ejes que tiene cada vehículo ha resultado en un tratamiento inequitativo para los conductores de motocicletas, ya que éstas han recibido el mismo trato tarifario que los automóviles, a pesar del evidente menor desgaste que las motocicletas causan a la red carretera.

En ese sentido, la iniciativa en comento plantea reformar la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establezca las bases generales de regulación tarifaria, tomando en consideración la longitud del recorrido, los costos de infraestructura, mantenimiento y operativos, así como el desgaste que los vehículos automotores provocan a las carreteras, exceptuando a las motocicletas que pagarían la mitad de lo que pague un vehículo con dos ejes; asimismo, considera que la medida coadyuvará al impulso del turismo nacional e internacional en nuestro país al incrementarse el número de viajeros en motocicletas.

Consideraciones de la comisión

La Comisión de Transportes que suscribe considera importante destacar que en los últimos años las autopistas y puentes de cuota han contribuido de forma considerable en el desarrollo económico del país, participando en el proceso de integración nacional.

A partir de la década de 1990, en México se aceleró la construcción de infraestructura carretera considerada de altas especificaciones técnicas, mediante el otorgamiento de concesiones por parte del gobierno federal para la construcción, operación, explotación y conservación del sistema carretero.

El esquema de carreteras concesionadas ha posibilitado una asociación financiera de carácter público-privada en donde los recursos públicos permiten que el resto de la inversión, aportada por empresarios privados y bancos que les otorgan créditos, sea recuperable y obtenga un rendimiento dentro del plazo de la concesión.

Esta participación del capital privado en el ramo carretero se ha convertido en un instrumento de importancia para el financiamiento, desarrollo y operación en dicho sector, cuyo objeto ha sido dotar eficientemente al país con vías de comunicación terrestres, elevar la cobertura y calidad de los servicios, y al mismo tiempo generar beneficios sociales. Es así que en los últimos años las autopistas y puentes de cuota han contribuido de forma considerable en el desarrollo económico del país, participando en el proceso de integración nacional.

La infraestructura carretera posibilita el traslado de las personas y mercancías, fomentando así el comercio y el turismo tanto nacional como internacional. En México el sistema carretero se encuentra conformado por autopistas operadas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), por el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas (Farac) y por otros concesionarios.

En ese sentido, cabe aclarar que las tarifas de peaje son fijadas por el organismo responsable de su operación. En el caso de las carreteras construidas por el estado y que han sido entregadas a Capufe para su administración, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autoriza la tarifa; para el caso de las autopistas manejadas por el Farac, es el comité técnico del fideicomiso el que determina la tarifa, y para las autopistas concesionadas es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien determina la tarifa bajo reglas específicas.

Por su parte, el concesionario desarrolla un esquema de negocio basado en la tarifa promedio máxima fijada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entidad que ha tenido especial cuidado en fijar ese límite con base en las características de la vía, en las condiciones económicas de la zona de que se trate y con la capacidad de pago demostrada por los diferentes segmentos del mercado.

No debe soslayarse que el pago de la tarifa de peaje por el uso de la infraestructura carretera es necesario, toda vez que los recursos obtenidos por este concepto se utilizan para el pago de la inversión, operación y mantenimiento de las autopistas, esto con el objeto de que el concesionario esté en condiciones de proporcionar un servicio de calidad.

Al respecto, las tarifas de peaje para cada tipo de vehículo se determinan por los costos derivados de la prestación de servicios carreteros. Los costos de administración, operación (que incluye señalización, comunicación, servicio médico, pintura, grúas, seguros, sanitarios, torres de auxilio, recolección de cuotas, etcétera.) y obligaciones fiscales, son asignados de manera uniforme entre los diferentes tipos de usuarios.

Los costos de mantenimiento mayor y menor y los costos de modernización de las autopistas, sin embargo, se asignan por el factor de daño que los vehículos ocasionan a la carpeta asfáltica de las autopistas.

Sin embargo, aunque en la mayoría de los casos el desgaste de las carreteras es proporcional al número de ejes por la relación de éstos con el peso de los vehículos, este argumento no aplica para el caso de las motocicletas, pues éstas cuentan con 2 ejes al igual que los automóviles, camionetas pickups y vagonetas, en cuyo caso todos pagan una misma tarifa de peaje.

Sobre el particular, desde 1996 la Asociación Mexicana de Motociclistas AC (AMMAC), apoyada por la Federación Mexicana de Motociclismo AC (FMM), presentaron ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un estudio técnico en el que demostraban bajo una serie de argumentos, que las motocicletas desgastan proporcionalmente menos las carreteras, en comparación con los automóviles y las vagonetas y por lo tanto, el que las motos paguen el mismo peaje que los otros vehículos de 2 ejes, resulta injusto e inequitativo.

El estudio citado concluye que a pesar de que las motocicletas tienen el mismo número de ejes que los autos, pickups y vagonetas, éstas desgastan menos las autopistas, debido a que tienen un peso menor; porque el material de los neumáticos de las motos, al ser más blando, desgasta menos que los neumáticos del resto de los vehículos y porque el área de contacto entre la superficie de las carreteras y los neumáticos de las motos es menor que el área de éstas con los neumáticos de los automóviles o vagonetas.

Al respecto, es necesario considerar que las motocicletas circulan en dos ruedas, lo que reduce en 70 por ciento el área de contacto contra el pavimento, con un peso promedio de 300 kilogramos, mientras que el de un automóvil es de mil 500 kilogramos.

Existe un factor de uso internacional que se refiere a la equivalencia de cargas en ejes sencillos, factor ESAL (por las siglas de la expresión “ Equivalent Single Axel Loads”), el cual permite comparar el efecto que tiene la carga y rodaje sobre el desgaste del asfalto entre diferentes tipos de vehículos, por ejemplo:

• En un autobús de 18.3 metros de longitud, con pasajeros, el factor ESAL es de 5.11

• En un autobús de 12.2 metros de longitud, con pasajeros, el factor ESAL es de 1.85

• En un camión de 18 ruedas, cargado el factor ESAL es de 1.35

• En un camión de entregas, el factor ESAL es de 0.10

• En un automóvil el factor ESAL es de .0007

• En una motocicleta el factor ESAL es de .00017

Esto significa que la motocicleta provoca mucho menor deterioro a la carpeta asfáltica que cualquier otro medio de transporte y por sus dimensiones representa menores asentamientos de tránsito.

En consideración de lo anterior, la comisión que dictamina considera necesario actualizar el marco jurídico para que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal reconozca esos factores y se establezca una tarifa justa para las motocicletas que circulan por las autopistas de nuestro país. Sin embargo, derivado de las deliberaciones que esta comisión dictaminadora ha realizado, se estima necesario modificar la propuesta de redacción para que sea de la manera siguiente:

“ Artículo 5o. ...

...

I. a VII. ...

VIII. ...

Las motocicletas deberán pagar 50 por ciento del peaje que paguen los automóviles; y

IX. ...”

Lo anterior propiciará que las motocicletas paguen un peaje justo y proporcional al desgaste que éstas causan a las autopistas y dar un impulso al turismo nacional e internacional en nuestro país para todos aquellos viajeros que lo hacen a través de motocicletas, sin contar que también se agilizará el tránsito en estas vías de comunicación al favorecer el uso de vehículos de menores dimensiones en viajes cortos.

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Transportes consideran adecuado aprobar la iniciativa materia de este dictamen, por lo que someten a la consideración del pleno de esta asamblea, para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente

Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 5o. ...

...

I. a VII. ...

VIII. Establecer las bases generales de regulación tarifaria.

Las motocicletas deberán pagar 50 por ciento del peaje que paguen los automóviles, y

IX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2011.

La Comisión de Transportes, diputados:Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Cuauhtémoc Salgado Romero, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López, Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica en abstención), Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica), Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, Óscar Román Rosas González, Ricardo Urzúa Rivera (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica), Ángel Aguirre Herrera.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 57 de la Ley de Seguridad Nacional

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Seguridad Publica de la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones  de la Ley de Seguridad Nacional y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa  de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el  presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el 18 de febrero de 2010, el Diputado Jaime Francisco Cárdenas Gracia, integrante de Grupo Parlamentario, del Partido del Trabajo, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento al Pleno de la Cámara de Diputados, la Iniciativa que reforma diversas disposiciones  de la Ley de Seguridad Nacional y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En la misma fecha el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, y Seguridad Pública para su estudio y dictamen correspondiente.

El 21 de abril del 2010, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, éste dictamen fue aprobado en sentido positivo por 19 votos a favor y una abstención.

El 21 de septiembre del 2011, en sesión plenaria de la Comisión de Gobernación, fue aprobado en sentido positivo.

Contenido de la iniciativa

1. El propósito de esta iniciativa es fortalecer la facultad de control y supervisión del Poder Legislativo, particularmente por lo que hace al tema de la seguridad nacional y la seguridad pública en México.

2. El proponente argumenta que es un hecho que la Cámara de Diputados no cuenta con elementos suficientes para dar seguimiento a las políticas que en materia de seguridad nacional y seguridad pública que ha implantado el Ejecutivo federal. Los mecanismos que dispone la legislación vigente para obligar a los secretarios de despacho a rendir informes y proporcionar documentación e información están siempre sujetos a los acuerdos de la mayoría en el pleno de la Cámara de Diputados; lo mismo sucede si se trata de que las comisiones ordinarias hagan valer su derecho de evaluar los programas y el desempeño de los funcionarios públicos.

3. Advierte que la Cámara de Diputados, a través de las comisiones, puede solicitar la comparecencia de funcionarios y no sólo en el marco de la glosa del Informe presidencial, sino que es dable formular invitaciones a los funcionarios públicos para que en reuniones de trabajo se les solicite información, opinión o aclaración sobre asuntos de su competencia. De igual forma, es posible que la comisión evalúe periódicamente las políticas públicas en lo concerniente al área de su competencia. Sin embargo, se requiere necesariamente el acuerdo de la comisión, lo que limita la facultad de control, supervisión y evaluación que debería tener la Cámara de Diputados sobre el funcionamiento de todas las áreas del Gobierno Federal.

4. Pretende que con esta iniciativa la Comisión Bicamaral encargada del control y de la evaluación de las políticas y acciones vinculadas con la seguridad nacional del país sea un órgano plural y que se encuentren representadas en ella todas las fuerzas políticas y de representación popular en ambas Cámaras del Congreso, y que cuente además con la facultad de emitir opinión sobre los informes que se le remitan.

5. Advierte que de la revisión de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se colige que no hay obligación de los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública de rendir informes o proporcionar información al Poder Legislativo, por lo que consideramos que el informe a que se refiere el artículo 93 de la Constitución Política y que rinde cada año el Secretario de Seguridad Pública no es suficiente ni compete en su totalidad a una dependencia del Ejecutivo federal.

6.- Finalmente explica que la Seguridad Pública es un asunto en el que convergen múltiples niveles de gobierno y diversas dependencias del Ejecutivo. En este esquema de ejecución y coordinación sólo ha quedado marginado el Poder Legislativo, por lo que en la iniciativa en comento se propone que el Consejo Nacional de Seguridad Pública rinda a la Cámara de Diputados, a través del Secretariado Ejecutivo, un informe trimestral que contenga las principales actividades y estrategias del ramo.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes

Consideraciones

1. Las comisiones dictaminadoras coinciden en la necesidad de mejorar la legislación en lo referente a transparentar las acciones y políticas en materia de seguridad pública y seguridad nacional, así como asegurar un verdadero equilibrio de poderes.

2. Dentro de la organización institucional parlamentaria se encuentran las comisiones bicamarales, las cuales históricamente y por acuerdos de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión se ha establecido que su composición sea de tres senadores y tres diputados, situación que se advierte en diversas leyes dentro de su articulado, como lo es la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 132 dice lo siguiente:

1. Para la conducción de las actividades que desarrolla el canal, se constituye la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión.

2. La comisión estará integrada por tres diputados y tres senadores electos por el pleno de cada Cámara a propuesta de las respectivas Juntas de Coordinación Política. En su caso, los legisladores de la Comisión representarán a sus grupos parlamentarios en ambas Cámaras.

3. La comisión informará al inicio de cada periodo ordinario de sesiones en cada Cámara, a través de las respectivas mesas directivas, sobre el desarrollo de las actividades del canal.

4. Los coordinadores de los grupos parlamentarios de ambas Cámaras podrán solicitar al responsable del canal copia de las video grabaciones transmitidas a través del mismo.

5. La organización y funcionamiento del Canal se sujetarán a las disposiciones legales aplicables y a las reglamentarias específicas que al efecto dicte el Congreso de la Unión, así como a las políticas internas de orden general y programas de trabajo que apruebe la Comisión Bicamaral...”

Por tal motivo no se considera pertinente modificar el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional, con el objetivo  de incrementar el número de integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.

3. Por otro lado, las comisiones unidas considera oportuna la propuesta contenida en el  artículo 57 de la Ley de Seguridad Nacional, para facultar a la comisión bicamaral a emitir opinión al informe que hace referencia el artículo 58, dado que no existe fundamento jurídico que no lo permita, de esta manera se podrá transparentar y en su caso realizar las observaciones que se consideren necesarias en la materia.

4. No se considera procedente la redacción propuesta al artículo 60 de la Ley de Seguridad Nacional que introduce el enunciado “cuando sea reservada o confidencial de conformidad con lo dispuesto en la ley de la materia”, ya que toda la información y documentación proporcionada a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional debe ser resguardada, protegida y deberá evitarse su uso indebido, independientemente de que sea reservada o confidencial.

5. Por lo que hace a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esta comisión considera improcedente modificar los artículos 14 y 18 de ésta, bajo los términos que establece el diputado promovente, dado que las dependencias del Ejecutivo federal deberán planificar sus actividades de forma programada, tal como lo establece el artículo noveno de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 9o. Las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal conducirán sus actividades en forma programada, con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación nacional del desarrollo, establezca el Ejecutivo federal.

Dicha programación y planeación se realiza de forma anual, así como los informes del avance del cumplimiento de los objetivos fijados, no así de forma trimestral, ya  que el artículo octavo de la Ley de Planeación menciona lo siguiente:

Artículo 8o. Los Secretarios de Estado y los Jefes de los Departamentos Administrativos, al dar cuenta anualmente al Congreso de la Unión del estado que guardan sus respectivos ramos, informarán del avance y grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades fijados en la planeación nacional que, por razón de su competencia, les correspondan y de los resultados de las acciones previstas.”

6. Por otro lado, en cuanto a  los informes trimestrales para dar observancia de la evolución del presupuesto, cabe aclarar que ya está contemplado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual los define en su artículo 2 numeral XXIX de la siguiente manera:

Artículo 2. ...

XXIX. Los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que el Ejecutivo federal presenta trimestralmente al Congreso de la Unión.

7. Finalmente, los informes de resultados de las políticas públicas realizadas en materia de Seguridad Pública se integran en el informe del Ejecutivo Federal, el cual se presenta bajo los términos que establece el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 69. En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

En mérito de lo expuesto, las comisiones dictaminadoras, con base en las consideraciones anteriores y el análisis de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Decreto por el que se reforma el artículo 57, fracción III, de la Ley de Seguridad Nacional

Único. Se reforma el artículo 57, fracción III, de la Ley de Seguridad Nacional, para quedar como sigue:

Artículo 57. ...

I. y II. ...

III. Conocer el informe a que hace referencia el artículo 58 de esta ley y emitir opinión al respecto;

IV. a IX. ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a los veintiún días del mes de septiembre de dos mil once.

La Comisión de Gobernación, diputados:Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica en abstención), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza, Francisco Ramos Montaño, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex, secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica), José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Carlos Oznerol Pacheco Castro, Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica). María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica).

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Alejandro Gertz Manero, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica en abstención), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Omar Fayad Meneses (rúbrica), Jorge Fernando Franco Vargas, Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz, Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco, Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, María Antonieta Pérez Reyes, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro, Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura fue turnada para estudio, análisis y dictamen correspondiente la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, es competente para analizar, valorar y elaborar el dictamen correspondiente, con base en los siguientes

Antecedentes

Primero.En sesión celebrada en la Cámara de Senadores el 21 de julio de 2010, los senadores Luis Máximo García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; y Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles sobre el Premio Nacional del Deporte y la adición del Premio del Mérito Deportivo.

Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que la iniciativa mencionada fuera turnada a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Estudios Legislativos, para estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Tercero. El 23 de noviembre de 2010, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen emitido por la Comisión de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República por 76 votos en pro.

Cuarto. El 25 de noviembre de 2010 se presentó ante esta soberanía la minuta enviada por el Senado de la República, turnándola a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

Quinto. El 5 de abril de 2011, en sesión celebrada por la Cámara de Diputados se dio cuenta del oficio de la Cámara de Senadores donde se remite la solicitud de los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la colegisladora para dictaminar la minuta proyecto de decreto materia del presente dictamen, ordenándose que la excitativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación para su atención.

Sexto. En sesión de 2011, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

Establecidos los antecedentes, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados exponen el contenido de la minuta objeto del presente dictamen:

Contenido de la minuta

a) Objeto de la iniciativa

De la lectura del dictamen de las Comisiones de Juventud y Deporte, y de Estudios Legislativos de la colegisladora se desprende que el objetivo de la iniciativa es reformular y replantear los mecanismos, así como la normatividad que permitan resurgir y recuperar al Premio Nacional de Deportes el atractivo social que dio origen a dicho reconocimiento, permitiendo a una actividad como el deporte seguir formando parte de las más amplias y valoradas actuaciones de la sociedad en cuanto a desempeño y logro obtenido.

Las últimas ediciones relacionadas con la entrega del Premio Nacional de Deportes han sido motivo de cuestionamientos, en virtud de la amplia gama de interpretaciones de que ha sido objeto por quienes la aplican y ejecutan previamente a su tramitación. Lo anterior ha puesto en duda la imparcialidad y el mérito de sus acreedores, ocasionando una amplia y dura crítica sobre este reconocimiento.

Por tanto, es clara la necesidad de reformular y replantear los mecanismos considerados en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles con relación al Premio Nacional de Deportes. Para mejorar y facilitar el cumplimiento de sus fines y dada la trascendencia de la actividad deportiva y la necesidad de instaurar un día específico al año para reconocer a nuestros atletas debe cambiarse la fecha establecida desde la creación del premio por una que permita dar mayor relevancia a dicha celebración.

b) Consideraciones de la colegisladora

El Premio Nacional de Deportes es el máximo reconocimiento público que se otorga a quienes se desarrollan en el ámbito deportivo, por haber destacado en alguna de sus distinciones, de manera que su desempeño o logro, como reflejo de su conducta y dedicación a una disciplina o especialidad cause entusiasmo y admiración entre sus contemporáneos y pueda considerarse ejemplo estimulante para crear y desarrollar motivos de superación personal o de progreso de la comunidad deportiva y de la sociedad en general.

Mantener en constante actualización y transparencia los procedimientos y mecanismos sobre el reconocimiento por el Estado de la actividad deportiva en el país es responsabilidad obligada de quienes como legisladores no sólo son testigos de dicha entrega sino que al formar parte de algún consejo de premiación observan la necesidad de actualizar y otorgar mayor certeza a las normas que rigen los premios y estímulos de quienes forman el deporte nacional.

Una vez realizado un exhaustivo análisis y estudio de la consulta nacional relativa al Premio Nacional de Deportes elaboradapor la Asociación de Medallistas Olímpicos, de las iniciativas planteadas en ambas Cámaras, ponderado la opinión de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y habiendo llegado a los consensos y acuerdos necesarios con la mesa directiva de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, estimamos necesario tomar en consideración la valoración de ambas propuestas, a fin de plasmar de la mejor manera posible las reformas necesarias que permitan enriquecer y fortalecer el marco jurídico que sustenta el Premio Nacional de Deportes.

Por lo anterior, la colegisladora considera conveniente reformar el contenido del capítulo IX, relativo al Premio Nacional de Deportes, y adicionar dos capítulos, creando el IX Bis, denominado “Premio Nacional de Mérito Deportivo”; y el IX Ter, que contiene las disposiciones comunes para ambos premios.

Coincide con el planteamiento de suprimir del artículo 6 la excepción relativa a una segunda o más entregas de dicho premio en un mismo campo, dejando abierta la posibilidad de obtenerlo en otro; es decir, que con ello alguien que lo recibió por su actuación deportiva sólo podrá recibirlo en un futuro como entrenador, juez, por fomento o por trayectoria. Sin duda, ello permitirá resurgir y recuperar al Premio Nacional de Deporte el atractivo social que dio origen a dicho reconocimiento.

Asimismo, el Senado respalda la propuesta de los diputados proponentes respecto al artículo 56 para premiar a los principales actores del ámbito deportivo; es decir, deportistas profesionales, deportistas no profesionales y deportistas paralímpicos, incorporando además la propuesta del Senado de premiar a los entrenadores y al juez o árbitro.

De gran importancia es la creación del capítulo IX Bis, relativo al Premio Nacional de Mérito Deportivo, así como la reforma propuesta de los artículo 57 y 58, que corresponden a dicho capítulo, estableciendo la posibilidad de otorgar el premio por actuación y trayectoria destacada en el deporte mexicano, y por el fomento, la protección y el impulso de la práctica de los deportes.

También se propone la creación del capítulo IX Ter, “Disposiciones comunes para los Premios Nacionales de Deportes y de Mérito Deportivo”, en el que se destacan entre otras disposiciones lo referente al consejo de premiación, el que funcionará para ambos premios. Con lo anterior se otorga certidumbre en cuanto a la representación del Poder Legislativo en la formación del consejo al establecerse que los presidentes de las Comisiones de Juventud y Deporte de ambas Cámaras del Congreso de la Unión se integren a éste.

Respecto a la integración del jurado, establecido en el artículo 63 del proyecto resalta el dictamen, la integración expresa a él por un integrante del Comité Paralímpico como el de un medallista paralímpico, lo cual representa un amplio reconocimiento a su ámbito y espacio en el deporte del país, así como la incorporación de un ex galardonado del Premio Nacional de Mérito Deportivo.

Comparte el Senado de la República el planteamiento propuesto por la iniciativa de los diputados, en el sentido de modificar la fecha de entrega establecida desde la creación e instauración de dicho premio, cambiando su celebración al primer domingo de diciembre de cada año, así como las fechas de recepción e integración de expedientes, su deliberación y correspondiente dictamen.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la minuta, los miembros de la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes

Consideraciones

1.La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la vigésima reunión, llevada a cabo París del 24 de octubre al 28 de noviembre de 1978, proclamó la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, en la cual se manifestó a favor de que una de las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos humanos depende de la posibilidad brindada a todos y a cada uno de desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas, intelectuales y morales y que, en consecuencia, se debería dar y garantizar a todos la posibilidad de acceder a la educación física y al deporte. Afirma que la educación física y el deporte deben reforzar su acción formativa y favorecer los valores humanos fundamentales, que sirven de base al pleno desarrollo de los pueblos y teniendo en cuenta la diversidad de los modelos y modos de formación y de educación existentes en el mundo, pero comprobando que, pese a las diferencias de las estructuras deportivas nacionales, es patente que la educación física y el deporte, además de la importancia que revisten para el cuerpo y la salud, contribuyen al desarrollo completo y armonioso del ser humano.

2. La Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2003, en el artículo 4 define educación físicacomo el proceso por medio del cual se adquiere, transmite y acrecienta la cultura física. Por su parte, la cultura física es el conjunto de bienes, entendiéndose por tales los conocimientos, las ideas, los valores y los elementos materiales que el hombre ha producido con relación al movimiento y uso de su cuerpo.

3. La citada ley define el deporte como la actividad institucionalizada y reglamentada, desarrollada en competiciones que tienen por objeto lograr el máximo rendimiento.

4. Esta comisión ya se ha pronunciado en el sentido de que el deporte es factor de identificación local y nacional, así como de integración familiar, social y comunitaria; es de gran importancia para la formación de valores desde la niñez, pues contribuye a desarrollar hábitos como la constancia, la disciplina, la tenacidad, la fijación de objetivos y de metas, y permite establecer claramente la relación entre el esfuerzo y los resultados.

5.Asimismo, que la educación física constituye un proceso educativo permanente que promueve la salud corporal, la habilidad física, la versatilidad y la adaptabilidad mediante prácticas imaginativas y creativas que estimulan la autodisciplina, la coordinación psicomotriz y el trabajo en equipo, contribuye al desarrollo armónico del ser humano y favorece el crecimiento sano del organismo. Es también un medio para promover la formación de actitudes y valores, como la confianza, la seguridad en sí mismo, la conciencia de las posibilidades propias, el respeto de las posibilidades de los demás y la solidaridad humana.

6. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el rubro “Igualdad de oportunidades”, en el apartado “Cultura, arte, deporte y recreación”, establece como objetivo fomentar una cultura física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.

7. Por lo anterior se establece como estrategia estimular la formación y consolidación de una cultura deportiva entre todos los grupos sociales y de edad en todas las regiones del país.

8.Esta dictaminadora considera de gran importancia fortalecer esta política de Estado, con el reconocimiento que se haga a las personas sobresalientes en la materia, y coincide con la colegisladora en la necesidad de hacer dicho reconocimiento según reglas precisas en su otorgamiento.

9. La Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1975, determina las normas que regulan el reconocimiento público que haga el Estado de las personas que por su conducta, actos u obras merezcan los premios, los estímulos y las recompensas que ésta establece, como fiel reflejo de su contribución ciudadana en bien del desarrollo del país, a través de la destacada labor o el eficiente impulso de alguna actividad en diversos ámbitos de la sociedad.

10. Lo anterior significa un aliciente y una constante invitación a todos los mexicanos que día tras día se entregan y dedican gran parte de su vida a la realización o el impulso de alguna actividad cuyos logros trascienden más allá de lo individual y en ocasiones de lo nacional, mostrando al exterior la entrega, tenacidad y perseverancia de nuestra sociedad.

11. Esta comisión dictaminadora coincide plenamente con la minuta enviada por la colegisladora y ha considerado favorable el objetivo fundamental de la iniciativa en estudio.

Cabe mencionar que el 28 de septiembre de 2010, los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, la que comparte el sentido de la minuta que hoy se estudia y que demuestra la importancia que sobre el tema se tiene en la Cámara de Diputados.

Por lo anterior, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura, para los efectos del artículo 72, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea el siguiente

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles

Artículo Único. Se reforman los artículos 6, último párrafo, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63; y se adicionan los artículos 6, con una fracción V Bis, el artículo 63 Bis, el capítulo IX Bis, “Premio Nacional de Mérito Deportivo”, que comprende los artículos 57 y 58, y el capítulo IX Ter, “Disposiciones comunes para los Premios Nacionales de Deportes y de Mérito Deportivo”, que comprende los artículos 59 a 63 Bis, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

I. a V. ...

V Bis. De Mérito Deportivo;

VI. a XVII. ...

La misma persona puede recibir dos o más premios distintos, pero sólo una vez el premio correspondiente a uno de los campos de los conceptos instituidos, o a un solo concepto si éste no se divide en campos, con excepción del Premio Nacional de la Cerámica, el cual podrá otorgarse a una misma persona las veces que lo amerite, considerando su desempeño, virtud, actuación y trayectoria.

Capítulo IXPremio Nacional de Deportes

Artículo 56. El Premio Nacional de Deportes se concederá a quienes por su actuación y desempeño hayan resaltado o sobresalido en el año que se califica dentro del ámbito deportivo, en cualquiera de las siguientes modalidades:

a) En el deporte no profesional;

b) En el deporte profesional;

c) En el deporte paralímpico;

d) Al entrenador; y

e) Al juez-árbitro.

Las modalidades previstas en los incisos a), c), d) y e) podrán hacerse acompañar de numerario, cuyo monto será determinado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Para la modalidad prevista en el inciso b) no se acompañará numerario alguno.

El otorgamiento del Premio Nacional de Deportes obtenido en grupo no será impedimento para ser premiado de manera individual, pero cuando se otorgue por segunda o más ocasiones a la misma persona no se acompañará de numerario.

Capítulo IX BisPremio Nacional de Mérito Deportivo

Artículo 57.El Premio Nacional de Mérito Deportivo se concederá en las siguientes categorías:

I. Por actuación y trayectoria destacada en el deporte mexicano; y

II. Por el fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes.

La categoría prevista en la fracción I podrá hacerse acompañar de numerario, cuyo monto será determinado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Para la categoría prevista en la fracción II no se acompañará numerario alguno.

Cuando el premio se otorgue por segunda o más ocasiones a la misma persona no se acompañará de numerario.

Artículo 58. El Premio Nacional de Mérito Deportivo a que se refiere la fracción II del artículo anterior se otorgará a un solo aspirante de entre las asociaciones y sociedades deportivas, así como entes de promoción deportiva a que se refiere la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Capítulo IX TerDisposiciones Comunes para los Premios Nacionales de Deportes y de Mérito Deportivo

Artículo 59. El mismo consejo de premiación designado para el Premio Nacional de Deportes funcionará para el Premio Nacional de Mérito Deportivo.

Éste se integrará por el secretario de Educación Pública, quien lo presidirá, y por los titulares de las Comisiones de Juventud y Deporte de las Cámaras de Diputados y de Senadores, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, de la Confederación Deportiva Mexicana, AC, del Comité Olímpico Mexicano, AC, y del Comité Paralímpico Mexicano, AC.

Cualquier controversia será resuelta por el Consejo.

Artículo 60. Los premios consistirán en medalla de primera clase y se tramitarán ante la Secretaría de Educación Pública, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Si el premio se otorga a un grupo o equipo de deportistas, el conjunto recibirá un diploma y cada uno de los individuos medalla.

Artículo 61. Por cada año habrá una asignación de premios determinados atendiendo a lo establecido en la ley y con base en las definiciones del jurado y del consejo de premiación; si ocurrieren vacantes de los premios en alguno de los campos, modalidades o categorías, así lo declarará el consejo de premiación, fundando y motivando tal determinación.

Artículo 62. Estos premios se concederán exclusivamente a candidatos propuestos por asociaciones deportivas nacionales y asociaciones deportivas registradas ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y reconocidas ante la Confederación Deportiva Mexicana, AC, o por los responsables de la información deportiva difundida por prensa escrita, radio o televisión, que lo podrán proponer a través de las asociaciones deportivas nacionales o asociaciones deportivas registradas.

Las candidaturas se propondrán al consejo de premiación dentro del periodo comprendido del primero de octubre al cinco de noviembre de cada año. El consejo integrará los expedientes que procedan dentro de los diez días naturales siguientes y a continuación los pondrá en manos del jurado, que entregará su dictamen, debidamente fundado, motivado y por escrito al consejo, a más tardar el 28 de noviembre.

Una vez que el consejo conozca los nombres de quienes serán premiados se los hará de su conocimiento inmediatamente.

Artículo 63. Habrá un solo jurado para los dos premios, que se integrará por un representante de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, uno de la Confederación Deportiva Mexicana, AC, uno del Comité Olímpico Mexicano, AC, y uno del Comité Paralímpico Mexicano, AC, quienes serán designados por los titulares de dichos organismos, respectivamente. Asimismo, por un ex galardonado del Premio Nacional de Deportes, un ex galardonado del Premio Nacional de Mérito Deportivo, un medallista olímpico, un medallista paralímpico, un representante de la prensa escrita, un representante de la televisión y un representante de la radio.

Los miembros del jurado deberán conducirse con imparcialidad, legalidad y equidad, y su actuación en los asuntos que conozcan en el ejercicio de sus funciones estará sujeta al secreto, a la ética y a la confidencialidad. Su incumplimiento será motivo de expulsión a consideración del consejo que, en su caso, ordenará la reposición de las actuaciones afectadas por la falta de los miembros.

Además de las disposiciones previstas en esta ley, el jurado podrá proponer la entrega de premios adicionales en una misma modalidad y categoría.

Artículo 63 Bis. Los premios se entregarán el primer domingo de diciembre de cada año.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Si a la fecha en que la presente reforma inicie su vigencia se han iniciado los trámites para la entrega del Premio Nacional de Deportes instituido en la ley vigente, correspondiente al año que se curse, las disposiciones de esta reforma se aplicarán a partir del año siguiente.

Tercero.Durante el primer año de vigencia de la presente reforma, la formación del jurado previsto en el artículo 63, referente a los ex galardonados, se integrará por única vez por dos ex galardonados del Premio Nacional de Deportes.

Cuarto. Cuando el primer domingo de diciembre al que se refiere el artículo 63 Bis coincida con el día del cambio del titular del Poder Ejecutivo, la entrega de los premios se recorrerá al siguiente domingo.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 17 de mayo de 2011.

La Comisión de Gobernación, diputados:Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Luciano Cornejo Barrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija, Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex, secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Vidal Llerenas Morales (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía, José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Nazario Norberto Sánchez, Beatriz Paredes Rangel (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro, Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley General de Telecomunicaciones.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 67, 68, 78, 80, 82, 84, 85 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; la Comisión de Comunicaciones somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. En sesión celebrada en fecha 22 de agosto de 2007, se dio cuenta a la Asamblea de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el diputado Abundio Peregrino García y el senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el Oficio No. CP2R1A-2086, instruyó el turno de la iniciativa de referencia a la Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictaminación.

II. En sesión celebrada en fecha 11 de octubre de 2007, se dio cuenta a la Asamblea de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de la Iniciativa que reforma los artículos 3 y 60 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por la Diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el Oficio No. D.G.P.L. 60-II-2-976, instruyó el turno de la iniciativa de referencia a la Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictaminación.

III. En sesión celebrada en fecha 30 de abril de 2008, se dio cuenta a la Asamblea de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de la Iniciativa que reforma los artículos 43 y 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por la Diputada Adriana Dávila Fernández y diversos diputados de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y de Nueva Alianza. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el Oficio No. D.G.P.L. 60-II-3-1643, instruyó el turno de la iniciativa de referencia a la Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictaminación.

IV. En sesión celebrada en fecha 19 de noviembre de 2008, se dio cuenta a la Asamblea de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de la Iniciativa que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el diputado José Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el Oficio No. D.G.P.L. 60-II-5-2161, instruyó el turno de la iniciativa de referencia a la Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictaminación.

V. En sesión celebrada en fecha 24 de noviembre de 2009, se dio cuenta a la Asamblea de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de la Iniciativa que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el diputado Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el Oficio No. D.G.P.L. 61-II-2-191, instruyó el turno de la iniciativa de referencia a la Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictaminación.

VI. En sesión celebrada en fecha 27 de enero de 2010, se dio cuenta a la Asamblea de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de la Iniciativa que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por los Diputados Jorge Humberto López Portillo y Arturo Zamora Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el Oficio No. D.G.P.L. 61-II-7-238, instruyó el turno de la iniciativa de referencia a la Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictaminación.

VII. En sesión celebrada en fecha 4 de febrero de 2010, se dio cuenta a la Asamblea de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de la Iniciativa que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el diputado Eric Rubio Barthell, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el Oficio No. D.G.P.L. 61-II-8-234, instruyó el turno de la iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Gobernación para su estudio y dictaminación.

VIII. En sesión celebrada en fecha 16 de febrero de 2010, se dio cuenta a la Asamblea de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el diputado Enrique Castillo Ruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el Oficio No. D.G.P.L. 61-II-5-523, instruyó el turno de la iniciativa de referencia a la Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictaminación.

IX. En sesión celebrada en fecha 9 de marzo de 2010, se dio cuenta a la Asamblea de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de la Iniciativa que reforma los artículos 60 y 61 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por la Diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el Oficio No. D.G.P.L. 61-II-6-0334, instruyó el turno de la iniciativa de referencia a la Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictaminación.

X. En sesión celebrada en fecha 08 de abril de 2010, se dio cuenta a la Asamblea de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de la Iniciativa que expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales; y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Vías Generales de Comunicación, y Federal del Derecho de Autor, suscrita por el Diputado Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del PAN; misma que en su artículo 125 plantea lo siguiente:

“Artículo 125. Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones deberán interconectar sus redes, y a tal efecto suscribirán un convenio. Dicho convenio deberá cumplir con las condiciones técnicas indispensables, así como con el modelo de costos que establezca el Instituto para la determinación de las tarifas de interconexión, de conformidad con el artículo 126.

El Instituto dentro del primer trimestre de cada año, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y en su página de Internet, la resolución administrativa mediante la cual se establezcan las condiciones técnicas indispensables y las tarifas que resulten de los modelos de costos determinados por el Instituto. En caso que se utilice el tiempo para determinar la contraprestación económica por la prestación de los servicios de interconexión, la unidad de medida será el segundo, sin perjuicio de que también se puedan cobrar por capacidad, evento o cualquier otra unidad de medida que atienda a los principios, tendencias y mejores prácticas internacionales”.

Es importante destacar que la iniciativa presentada por el diputado Corral Jurado, se encuentra actualmente en proceso de análisis, discusión y dictaminación, al interior de la propia Comisión de Comunicaciones; sin embargo y considerando que la misma aborda el tema en comento, para efectos del presente dictamen es importante tomar en cuenta el planteamiento del diputado Corral Jurado; específicamente en lo que se refiere al segundo como unidad de medida, para el caso en que se utilice el tiempo para determinar la contraprestación económica por la prestación de los servicios de interconexión.

XI. Con base en lo anterior, la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura procedió a la revisión de los expedientes, al análisis de las iniciativas y a la elaboración del presente dictamen.

Contenido de las iniciativas

1. El senador Alejandro González Yáñez y el diputado Abundio Peregrino García, refieren que el sector servicios ha registrado en los últimos años un importante crecimiento, hasta colocarse a la par o por encima de otros sectores económicos, como el industrial y el agropecuario.

Asimismo, exponen que los crecimientos más significativos en cuanto a usuarios se han dado en cuatro momentos muy concretos de desarrollo de la industria: en 1996, cuando se introdujo la tarjeta de prepago; en 1997, con la introducción de descuentos en llamadas entrantes; en 1999, con la entrada en funcionamiento de la modalidad “el que llama paga”; y en 2007, con la modalidad “el que llama paga nacional”.

Resaltan que, al tener libertad las compañías concesionarias para el establecimiento de las tarifas, hay gran margen de discrecionalidad por dichas empresas para determinar los montos y las condiciones sobre las cuales se fijan sus precios y se presta el servicio.

Aunando a lo anterior, los legisladores señalan que entre las condiciones que fijan las compañías al establecer las tarifas, las cuales son avaladas por la Cofetel, están las relativas a la medición y facturación del tiempo aire que los usuarios consumen. Las tarifas establecen que el tiempo de llamada será facturado por minuto, sin importar que el usuario no hable la totalidad del mismo, es decir, el tiempo de la llamada se redondea al minuto superior siguiente.

Por lo que los autores proponen adicionar un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, donde se establezca la obligación de los concesionarios y permisionarios de telefonía local móvil de facturar a los usuarios el tiempo aire efectivo de llamada, para quedar como sigue:

Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 60. ...

Sin menoscabo de lo señalado en el párrafo primero, para el caso de la telefonía local móvil el parámetro para fijar la tarifa será la facturación del tiempo aire efectivo de llamada, eliminando el cobro por redondeo de llamada.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las compañías que gozan de una concesión para prestar los servicios de telefonía local móvil contarán con 180 días naturales a partir de la publicación del presente decreto para hacer los ajustes necesarios a los sistemas de facturación que se derivan de la adición planteada en el presente decreto.

2. Por su parte la diputada Irma Piñeyro Arias señala que durante 2006, el 48 por ciento del total de los ingresos de telecomunicaciones fueron aportados por el mercado de telefonía móvil, acorde con los informes presentados por la Cofetel.

Agrega, que el redondeo es un sistema de cobro que ha permitido a las compañías de celulares obtener ganancias extraordinarias por un tiempo de servicio que no prestaron. Según algunas estimaciones, cada usuario hace en promedio cinco llamadas de su celular por día, de las cuales la mayoría utiliza 30 segundos, que son cobrados como minuto completo.

En este escenario, se calcula que para 2007 los 61 millones de usuarios pagaron 30 segundos de tiempo no utilizado; es decir, pagaron en promedio 2.85 pesos más, ya que el minuto tenía un costo aproximado de 5.70 pesos. Esto implica que cada cliente pago por las cinco llamadas 14.25 pesos al día, por un servicio que no recibió. Esto significa que 61 millones de usuarios proporcionaron, durante 2007, a las empresas de telefonía celular 869 millones de pesos diarios y 317 mil millones de pesos anuales, de ganancias extraordinarias.

La diputada Piñeyro propone una regulación en el cobro del servicio y evitar que se apliquen tarifas de redondeo, ya que este sistema de cobro es injusto, porque basta que el usuario haga la llamada para que la empresa cobre el minuto completo, lo cual resulta un atentado económico para los consumidores.

Por lo expuesto, plantea adicionar las fracciones XVII y XVIII al artículo 3o. y el artículo 60 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar en los siguientes términos:

Decreto por el que se adicionan las fracciones XVII y XVIII al artículo 3o. y el artículo 60 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones

Artículo Primero. Se adicionan las fracciones XVII y XVIII al artículo 3o. de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. a XVI. ...

XVII. Servicio de telefonía celular, al sistema de comunicación de alta tecnología telefónica, que se transmite de manera inalámbrica, utilizando ondas electromagnéticas que viajan por aire.

XVIII. Tarifa es la cantidad que se cobra por comunicación o información emitida o recibida.

Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 60 Bis a la ley mencionada en el artículo precedente, para quedar de la siguiente forma;

Artículo 60 Bis. Los cobros que se realicen por los servicios prestados en telefonía celular o móvil se aplicarán por tiempo consumido. La base de la unidad de medida para el cobro de la tarifa será el “segundo”.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

3. En tanto la diputada Adriana Dávila Fernández expone que, una de las grandes confusiones de las iniciativas que los legisladores han propuesto es situar el cambio o modificación en el Capítulo V de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que se refiere al aspecto tarifario, y en este sentido no se trata de cambiar las tarifas sino que el punto central es el sistema de medición de la operación de los servicios de telefonía. Por tanto, se debería situar en el Capítulo IV, en particular en los artículos 43 y 44, el primero de los cuales se refiere a los convenios de interconexión, y el segundo, a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones.

Argumenta que, el sector de la telefonía móvil se mantiene como el sector más dinámico de la industria de las telecomunicaciones, por el crecimiento del número de usuarios, por la cobertura que proporciona a éstos y por el tráfico de minutos registrados anualmente.

Indica que el problema radica en la aplicación de los criterios de la contabilización de los minutos transcurridos en una conferencia, y su posterior facturación y cobranza. Concretamente, la disputa versa a razón de que las fracciones del minuto registrado, actualmente, se cobran como minuto completo, aplicando el mecanismo del redondeo.

Resalta que, el redondeo no es parte de la libertad tarifaria de que gozan las compañías, dado que el sistema de medición de las conferencias afecta directamente el bolsillo de los usuarios al cobrarles segundos que no están consumiendo en las llamadas telefónicas que realizan.

La diputada Dávila propone la reforma de los artículos 43 y 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para que los concesionarios y los permisionarios cobren a los usuarios lo que realmente están consumiendo en cada conferencia que realicen, y con ello eliminar el mecanismo del redondeo, injusto en su aplicación porque se cobra fracciones de tiempo que no fueron consumidas, y que afectan la economía familiar de los usuarios.

Derivado de lo anterior, la legisladora propone el siguiente:

Decreto por el que se reforman los artículos 43 y 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones

Artículo 43. En los convenios de interconexión a que se refiere el artículo anterior, las partes deberán:

I. a XI. ...

XII. Utilizar el segundo como medida de tiempo para calcular la contraprestación económica por la prestación efectiva de los servicios de interconexión, sin perjuicio de que en la interconexión se pueda cobrar por capacidad.

Artículo 44. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán:

I. a VI. ... VII. Prestar los servicios sobre las bases tarifarias y de calidad contratadas por los usuarios. Cuando el concesionario convenga con el usuario utilizar el tiempo consumido como medida para determinar el monto de la contraprestación por la provisión de los servicios de telecomunicaciones, éste deberá contabilizar únicamente la unidad por segundo que duró la prestación efectiva del servicio.

VIII. a XI. ...

Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

4. El diputado José Edmundo Ramírez Martínez; señala que la telefonía celular ha contribuido al desarrollo de aquellos lugares donde las redes telefónicas tradicionales no alcanzan a cubrir las necesidades de comunicación de la población, y que al paso del tiempo se ha convertido en un servicio de primera necesidad, en comparación con la telefonía fija.

Esta iniciativa prevé modificar los artículos 60 y 61 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para que las compañías de telefonía celular no fijen sus tarifas libremente, tal como lo estipula la actual legislación, sino que sea el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la autoridad que establezca una tarifa que vaya de acuerdo con la economía de la población y que garantice la competitividad, la seguridad y permanencia así como servicios de calidad, para quedar como sigue:

Decreto

Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 60. Los concesionarios y permisionarios fijarán las tarifas de los servicios de telecomunicaciones de conformidad con la lista de tarifas emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

Las tarifas y los términos en que se presten los servicios señalados en el párrafo anterior atenderán en todo momento a las necesidades de los usuarios.

Transitorios

Primero. Quedará sin efecto cualquier disposición que se oponga al presente ordenamiento.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. La reglamentación y normatividad en la materia deberá adecuarse en un plazo no mayor de 30 días naturales, una vez publicado el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Cuarto. Las empresas dedicadas a la prestación de servicios de telefonía celular contarán con un plazo no mayor a 30 días naturales para adecuarse a la normatividad correspondiente y subsanar sus deficiencias.

Quinto. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá publicar, en un periodo no mayor a 60 días naturales, la lista de las tarifas autorizadas para telefonía móvil y celular.

5. En su oportunidad, el diputado Oscar González Yáñez resalta la importancia de la aportación que hace el sector de comunicaciones y transportes a la producción de riqueza nacional. Señala que en 2007 el producto interno bruto (PIB) del sector representó el 13.4 por ciento del total de la economía; y el PIB del sector de comunicaciones fue de 6.2 por ciento en relación con el nacional, de acuerdo con lo reportado en el III Informe de Gobierno.

Indica el diputado proponente que en el anexo estadístico del III Informe de Gobierno de la presente administración reporta, que a marzo de este año existen 79.8 millones de usuarios de telefonía móvil, mientras que en el año 2000 había 14.1 millones, esto significa que en 9 años se ha quintuplicado el número de usuarios. En contraste las líneas fijas para 2009 fueron de 20 millones.

Agrega que los usuarios de telefonía en México gastaban un promedio mensual de 491.7 pesos de acuerdo conforme a datos señalados en la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto 2008 de los Hogares, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Mientras que en 2004, gastaban en el mismo rubro 286 pesos, lo que significó un incremento del 58 por ciento en 4 años.

La reforma propuesta por el diputado González Yáñez, consiste en adicionar un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para quedar como sigue:

Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones

Artículo 60. ...

Sin menoscabo de lo señalado en el párrafo primero, para el caso de la telefonía local móvil, el parámetro para fijar la tarifa será la facturación del tiempo aire efectivo de llamada, eliminando el cobro por redondeo de llamada.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las compañías que gozan de una concesión para prestar los servicios de telefonía local móvil contarán con 15 días hábiles a partir de la publicación del presente decreto para hacer los ajustes necesarios a los sistemas de facturación que se derivan de la adición planteada en el presente decreto.

6. En tanto, los diputados Jorge Humberto López-Portillo Basave y Arturo Zamora Jiménez proponen que la oferta comercial, en aras a permitir el mayor acceso a usuarios a los servicios de telecomunicaciones, así como de fomentar la sana competencia entre los operadores, debe verse complementada por planes y tarifas donde la medición, tasación y cobro de los servicios local y de larga distancia se encuentren basados en el tiempo real de consumo, tomando como unidad de medida el segundo, lo cual, por una parte fomentará la capacidad de elección de los usuarios, quienes podrán decidir además de otros criterios de calidad y precio, por aquél criterio de medición y cobro, que mejor se acomode a sus necesidades particulares y presupuestos, así como por otra en materia de competencia entre operadores; que creará un entorno adicional a considerar y que conducirá a mejores condiciones para los usuarios.

Expresan que su propuesta es perfectamente compatible con lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones, en cuyo artículo séptimo señala como uno de sus objetivos: promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, así como el de fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuario, que es precisamente lo que aquí se propone.

Además, los proponentes indican que la iniciativa en estudio es congruente con el objetivo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el sentido de garantizar el acceso a servicios de comunicaciones a fin de que los mexicanos puedan comunicarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo; y es compatible con la estrategia de incrementar la competencia entre operadores con la finalidad de aumentar la cobertura de los servicios en el país y contribuir a que las tarifas permitan el acceso de un mayor número de usuarios al servicio.

Agregan los diputados Basave y Zamora que su propuesta no atenta contra la libertad tarifaria prevista en la Ley Federal de Telecomunicaciones que establece en su artículo 60 la posibilidad de que los concesionarios y permisionarios fijen libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia, por lo que el principio de libertad tarifaria se encuentra subordinado a la consecución de los objetivos planteados en la propia ley. Se trata de un tema de medición y cobro del servicio por el tiempo efectivamente utilizado y de la disponibilidad de planes y tarifas basadas en el principio del cobro por segundo como unidad de medida.

Derivado de lo anterior, el legislador propone la modificación al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, bajo el siguiente esquema:

Decreto

Artículo Único: Se adicionan un segundo, tercer y cuarto párrafos al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 60. ...

Tanto para el caso de la telefonía sea fija o móvil, tratándose del servicio local como el de larga distancia, el parámetro para fijar la tarifa y su cobro será aquél que de acuerdo con la fracción VII del artículo 44 de esta Ley, sea contratado por el usuario de entre los planes y tarifas que al efecto tenga disponibles el operador del que se trate.

Al efecto, los operadores de servicios de telecomunicaciones tanto del servicio local como de larga distancia, sean concesionarios o permisionarios, deberán incorporar a su oferta comercial el tiempo real en segundos, como medio de tasación y cobro para el servicio de voz tanto local como de larga distancia, estableciendo al efecto planes y tarifas que estén basados o tengan tal opción de cobro, sin perjuicio de la existencia de planes y tarifas basadas para su medición y cobro por minuto, por evento, por capacidad, o cualquier otra modalidad, dando al usuario la opción de elegir el que más convenga a sus intereses y fomentando con ello la competencia entre operadores.

Los operadores de los servicios de telecomunicaciones tendrán la obligación de informar a sus usuarios los planes y tarifas disponibles, incluyendo aquellos que incluyan la oferta de servicios de voz local como de larga distancia empleando el segundo como criterio de medición.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los ciento ochenta días posteriores al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de que los operadores de redes Públicas de Telecomunicaciones que presten el servicio local y/o el servicio de larga distancia realicen las adecuaciones necesarias a sus sistemas de facturación e infraestructura, elaboren los planes y tarifas considerando el segundo como criterio de medición y cobro, así como para que presenten para su registro, previo a su puesta en vigor, de acuerdo con lo señalado en los artículos 61 y 64 fracción VIII de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Segundo. Sin perjuicio de las atribuciones de verificación y sanción conferidas a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 8, 13, 24 y demás aplicables de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal de Consumidor, podrá realizar las acciones conducentes a efecto de verificar el establecimiento y aplicación de planes y tarifas basados en segundo por parte de los operadores en la prestación de servicio local y de larga distancia.

7. El legislador Eric Rubio Barthell refiere el reporte emitido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en 2009, en el cual México se mantiene entre los primeros lugares de los países con las tarifas más altas de los servicios de telecomunicaciones, sobre todo en banda ancha y telefonía móvil.

Señala que pese a que ha habido reducciones importantes, el consumo empeoró la posición del país frente al resto de las naciones en términos de tarifas. Un ejemplo de lo anterior, es que en las canastas del servicio telefónico móvil de medio y alto consumo en el reporte de 2007, México aparecía en la mitad de la tabla, mientras que en el reporte de 2009, nos encontramos entre los primeros lugares de los más caros.

El autor propone modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones, a fin de que se fijen tarifas de acuerdo al tiempo utilizado, es decir, si la llamada es de un minuto 30 segundos se tomará como un minuto, y si pasa de los 30 segundos se redondeará al minuto siguiente. Esto representará que los usuarios paguen tarifas menos excesivas, cuenten con un cobro más equitativo en el servicio de telefonía móvil.

Decreto

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo y tres fracciones al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 60. Sin menoscabo de lo señalado en el párrafo primero, para el caso de la telefonía móvil nacional, el parámetro para fijar la tarifa de facturación por tiempo de llamada, será de la siguiente manera:

a) El primer minuto se cobrará sin importar las fracciones utilizadas del mismo.

b) Si el último minuto llega a .5 de minuto (30 segundos) se cobrará el anterior.

c) Si en el último minuto pasa de .5 de minuto (30 segundos) se cobrará el minuto posterior.

Transitorios

Primero. Quedará sin efecto cualquier disposición que se ponga al presente ordenamiento.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. La reglamentación y normatividad en la materia, deberá adecuarse en un plazo no mayor de 30 días naturales, una vez publicado el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Cuarto. Las empresas dedicadas a la prestación de servicios de telefonía celular, contarán con un plazo no mayor a 30 días naturales para adecuarse a la normatividad correspondiente, y subsanar sus deficiencias.

8. En el mismo sentido, el diputado Enrique Castillo Ruz, señala que las empresas de telefonía celular ofrecen el servicio en dos modalidades: prepago, en el que el usuario paga una tarifa promedio de 5 pesos el minuto usado; y pospago, en el que el usuario paga en promedio 2.5 pesos el minuto. En la modalidad de prepago se ubican 71 millones de usuarios; los restantes, 7 millones han contratado la modalidad de pospago.

Menciona también, que los 79 millones de usuarios de telefonía celular realizan durante el día un promedio de cinco llamadas con 1.5 minutos de duración cada una. En un solo día se realizan en promedio 395 millones de llamadas, que representan más de 592 millones de minutos de tráfico de llamadas por día. De estos más de 197 millones de minutos corresponden a las fracciones de segundos que son redondeados a minuto y facturados de esta forma, con lo que las empresas prestadoras del servicio obtienen una ganancia estimada de más de 987 millones de pesos por día, al mes más de 29 mil millones de pesos y al año más de 355 mil millones de pesos facturado. Ingresos facturados u obtenidos por un tiempo que no consumió el usuario.

Por lo anterior, propone que las tarifas para el servicio de telefonía celular se determinen y cobren por el tiempo real; es decir, en minutos y segundos exactamente usados. Instituir además la obligación de los concesionarios y permisionarios en el sentido de la disposición de referencia, estableciendo expresamente la sanción por la infracción de dicha norma e incluso la obligación para devolver lo cobrado indebidamente al usuario, para quedar como sigue:

Decreto por el que se adicionan un tercer y cuarto párrafo, al artículo 12; el artículo 60 Bis; y la fracción V al inciso C) del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones

Artículo Primero. Se adiciona un tercer y cuarto párrafo al artículo 12 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para quedar como sigue

Artículo 12. ...

...

Los concesionarios y permisionarios de telefonía celular cobrarán el tiempo exactamente usados por el usuario. Teniendo al segundo como base de la unidad de medida para el cobro de la tarifa.

En los estados de facturación la cantidad de llamadas realizadas por el usuario, especificando el tiempo en minutos y segundos consumidos, y la cantidad a pagar que del tiempo utilizado.

Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 60 Bis a la ley mencionada en el artículo anterior para quedar de la siguiente forma.

Artículo 60 Bis. El servicio de telefonía celular o móvil, se determinará y cobrará por el tiempo real que el usuario haya consumido. Teniendo al segundo como base de la unidad de medida para el cobro.

Artículo Tercero. Se adiciona la fracción V, recorriendo la numeración subsiguiente, del inciso C) del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue

Artículo 71. ...

A y B. ...

C. ...

I. a IV. ...

V. Por infringir lo dispuesto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 12 y 60 Bis de esta ley.

VI. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

9. Finalmente, la diputada Ana Estela Durán Rico, expresa que el escenario del uso de telefonía móvil en el país no es muy alentador, ya que según datos recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el quinto lugar de sus países miembros respecto a las tarifas más altas en el servicio. De acuerdo con el informe del año pasado, se formuló una canasta de bajo uso de la telefonía móvil por persona, de la cual se calculó el costo anual en dólares; la cifra para México fue de 231.77 dólares, muy por encima de Japón, que la obtuvo de 168.41 (63.36 dólares menos).

Propone reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones a fin de que el Estado imponga a las compañías concesionarias del servicio de telefonía móvil la obligación de cobrar únicamente el tiempo efectivo de uso del servicio, con objeto de proteger la economía de la población que menos tiene. Esta medida ayudará a que aumente el uso de la telefonía móvil en sectores sociales más numerosos.

Resalta la legisladora proponente, que la iniciativa plan- teada intenta establecer que por ministerio de ley, los usuarios de telefonía móvil comercial paguen proporcionalmente lo que consumen, es decir, por segundo, lo que favorecerá un incremento en el uso de la telefonía móvil, debiéndose cobrar únicamente el tiempo efectivo utilizando, es decir, cobrando por segundo las llamadas, eliminando el redondeo, otorgando al usuario la elección del servicio que desee contratar de acuerdo con sus necesidades y posibilidades.

Por lo que la legisladora plantea el siguiente:

Decreto que adiciona un segundo párrafo a los artículos 60 y 61 de la Ley Federal de Telecomunicaciones

Único. Se adiciona un segundo párrafo a los artículos 60 y 61 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 60. ...

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo primero, para el caso de la telefonía local móvil la unidad de medida para fijar la tarifa será el segundo para la facturación del servicio.

Artículo 61. ...

La secretaría podrá denegar el registro de las tarifas fijadas por los concesionarios si éstas implican prácticas discriminatorias, depredatorias, de carácter monopólico, de dominancia en el mercado o una competencia desleal que impida la permanencia en el mercado de otros concesionarios, y podrá establecer niveles tarifarios mínimos o máximos, según sea el caso, para los servicios respectivos, a fin de ordenar dichos niveles, con objeto de fomentar la sana competencia.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las compañías que gozan de una concesión para prestar los servicios de telefonía local móvil contarán con 180 días naturales, contados a partir de la publicación del presente decreto, para hacer los ajustes necesarios a los sistemas de facturación que se deriven de las reformas y adiciones planteadas en el presente decreto.

Consideraciones de la comisión

1. Esta comisión dictaminadora coincide plenamente en la necesidad de legislar en beneficio de los usuarios no sólo en el sector de telefonía móvil y fija, sino en toda la industria de las tecnologías de información.

Los integrantes de esta comisión consideramos importante resaltar lo expuesto por la diputada Adriana Dávila Fernández, al señalar que el sector de la telefonía móvil se mantiene como el sector más dinámico de la industria de las telecomunicaciones, por el crecimiento del número de usuarios, por la cobertura que proporciona a éstos y por el tráfico de minutos registrados anualmente.

Que durante 2009, la industria de las telecomunicaciones en nuestro país generó ingresos superiores a los 359 mil millones de pesos, de los cuales 295 mil 332 millones de pesos fueron generados por servicios de telefonía. Mientras que en 2010, se invirtieron en esta misma industria poco más de 45 mil millones de pesos.

Que de acuerdo a datos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), los usuarios de telefonía móvil pasaron de 66.6 millones durante 2008 a casi 93 millones de usuarios para febrero de 2011. Obteniendo una densidad de 70 usuarios por cada 100 habitantes en 2008 a 81 usuarios para 2010. Sin embargo, esta densidad de telefonía móvil está muy por debajo de países como Rusia que tiene una penetración de 163 usuarios por cada 100 habitantes o Italia con 151.

Que el tráfico de minutos de la telefonía móvil pasó de 14.3 millones en febrero de 2010 a 16.5 millones para el mismo mes de 2011. Según datos de la propia Cofetel, el tráfico de telefonía móvil creció 15.1 % con respecto al cuarto trimestre de 2009.

Aunado a lo anterior, esta comisión dictaminadora coincide con el diputado Oscar González Yáñez, al manifestar la importancia del sector de comunicaciones y transportes a la producción de riqueza nacional, ya que durante 2007 el producto interno bruto (PIB) del sector representó el 13.4 por ciento del total de la economía; y el PIB del sector de comunicaciones fue de 6.2 por ciento en relación con el nacional.

Adicionalmente los diputados Gerardo Flores Ramírez y Adriana Sarur Torre expresan que, en México la política económica promueve el libre mercado y la competencia entre las empresas, por lo cual el presente dictamen debe enfocarse a privilegiar la libertad tarifaria en un sector como el de las telecomunicaciones, ya que dicho principio promueve la innovación tecnológica y la sana competencia dentro del sector.

Asimismo, señalan que gracias a la libertad tarifaria que prevalece, los concesionarios y permisionarios tienen el incentivo para armar o diseñar diferentes ofertas a los consumidores, las cuales incluyen cobro por minuto, por capacidad o por evento. En tal sentido, el presente proyecto debe establecer la obligación a los concesionarios y permisionarios de incluir como una alternativa planes y/o paquetes donde la modalidad de cobro sea por segundo; con lo cual se logra que los consumidores finales puedan elegir, entre diferentes opciones, la que más se ajuste a sus necesidades.

De la misma forma, indican que es necesario que quienes ofrecen servicios de telecomunicaciones, al diseñar su oferta comercial, no discriminen entre los diferentes tipos de usuarios que adquieren sus servicios. Lo anterior, con el objeto de que esta posibilidad de elección, es decir la modalidad de cobro por segundo, esté abierta a todos los usuarios y no sólo a unos cuantos. Es así, como los concesionarios, respetando siempre el principio de libertad tarifaria, deberán ofrecer planes y tarifas cuya tasación esté basada en el segundo tanto para usuarios de postpago como para usuarios de prepago.

2. Que la Ley Federal de Telecomunicaciones establece en sus artículos 7, 44, 60 y 61:

Artículo 7. La presente Ley tiene como objetivos promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones; ejercer la rectoría del Estado en la materia, para garantizar la soberanía nacional; fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios, y promover una adecuada cobertura social.

Artículo 44. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán:

I. Permitir a concesionarios y permisionarios que comercialicen los servicios y capacidad que hayan adquirido de sus redes públicas de telecomunicaciones;

II. Abstenerse de interrumpir el tráfico de señales de telecomunicaciones entre concesionarios interconectados, sin la previa autorización de la Secretaría;

III. Abstenerse de realizar modificaciones a su red que afecten el funcionamiento de los equipos de los usuarios o de las redes con las que esté interconectada, sin contar con la anuencia de las partes afectadas y sin la aprobación previa de la Secretaría;

IV. Llevar contabilidad separada por servicios y atribuirse a sí mismo y a sus subsidiarias y filiales, tarifas desagregadas y no discriminatorias por los diferentes servicios de interconexión;

V. Permitir la portabilidad de números cuando, a juicio de la Secretaría, esto sea técnica y económicamente factible;

VI. Proporcionar de acuerdo a lo que establezcan los títulos de concesión respectivos, los servicios al público de manera no discriminatoria;

VII.             Prestar los servicios sobre las bases tarifarias y de calidad contratadas con los usuarios;

VIII. Permitir la conexión de equipos terminales, cableados internos y redes privadas de los usuarios, que cumplan con las normas establecidas;

IX. Abstenerse de establecer barreras contractuales, técnicas o de cualquier naturaleza a la conexión de cableados ubicados dentro del domicilio de un usuario con otros concesionarios de redes públicas;

X. Actuar sobre bases no discriminatorias al proporcionar información de carácter comercial, respecto de sus suscriptores, a filiales, subsidiarias o terceros;

...

XII. a XVI. ...

Artículo 60. Los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

Artículo 61. Las tarifas deberán registrarse ante la Secretaría previamente a su puesta en vigor. Los operadores no podrán adoptar prácticas discriminatorias en la aplicación de las tarifas autorizadas.

3. Esta Comisión dictaminadora considera improcedente el texto normativo planteado en las iniciativas presentadas por los siguientes legisladores: Diputado Abundio Peregrino García y el senador Alejandro González Yáñez, ambos del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza; Diputada Adriana Dávila Fernández y diversos diputados de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y de Nueva Alianza; Diputado José Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Eric Rubio Barthell, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Enrique Castillo Ruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y por la Diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Lo anterior debido a que el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones dispone, que los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

En ese sentido, cualquier restricción que se pretenda imponer a los concesionarios y permisionarios, estaría en contra del espíritu de libertad tarifaria establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones.

4. Sin embargo, los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos con la propuesta de los diputados Jorge Humberto López-Portillo Basave y Arturo Zamora Jiménez, al señalar que la oferta comercial, en aras a permitir el mayor acceso a usuarios a los servicios de telecomunicaciones, así como de fomentar la sana competencia entre los operadores, debe verse complementada por planes y tarifas donde la medición, tasación y cobro de los servicios local y de larga distancia se encuentren basados en el tiempo real de consumo, tomando como unidad de medida el segundo, lo cual, por una parte fomentará la capacidad de elección de los usuarios, quienes podrán decidir además de otros criterios de calidad y precio, por aquél criterio de medición y cobro, que mejor se acomode a sus necesidades particulares y presupuestos.

De la misma forma, consideramos que el proyecto es perfectamente compatible con lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones, en cuyo artículo séptimo establece entre sus objetivos el promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, así como el de fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuario.

En el dictamen, se considera procedente la iniciativa presentada por los diputados Jorge Humberto López-Portillo Basave y Arturo Zamora Jiménez, con la salvedad de aplicar una modificación a la redacción del texto normativo que propone los iniciantes, para quedar como sigue:

Decreto

Artículo Único: Se adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 60.Los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

En el caso de servicios de telecomunicaciones que se ofrecen al público consumidor con cargos por concepto de la duración de las comunicaciones, los concesionarios y permisionarios deberán incluir dentro de su oferta comercial de planes y/o tarifas, el cobro por segundo, sin perjuicio de otros que se basen en el cobro por minuto, por evento, por capacidad o cualquier otra modalidad.

En mérito de lo antes expuesto, la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 60. ...

En el caso de servicios de telecomunicaciones que se ofrecen al público consumidor con cargos por concepto de la duración de las comunicaciones, los concesionarios y permisionarios deberán incluir dentro de su oferta comercial de planes y tarifas, el cobro por segundo, sin perjuicio de otros que se basen en el cobro por minuto, por evento, por capacidad o cualquier otra modalidad.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones, realizaran las adecuaciones necesarias a sus sistemas de facturación e infraestructura, elaboren los planes y tarifas considerando el segundo como criterio de medición y cobro, así como para que presenten para su registro, previo a su puesta en vigor, de acuerdo con lo señalado en los artículos 61 y 64, fracción VIII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2011.

La Comisión de Comunicaciones, diputados:José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), presidente; Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Arturo García Portillo (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández, Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Fernando Ferreira Olivares (rúbrica), José M. Torres Robledo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales, Adriana Fuentes Cortés, secretarios; Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Rogelio Cerda Pérez, Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Ricardo Ahued Bardahuil, Sofía Castro Ríos (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez, Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre, Ana Estela Durán Rico, Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Javier Corral Jurado (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), Aranzazu Quintanilla Padilla (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Martín García Avilés, Maricarmen Valls Esponda (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: No tenemos ningún orador registrado en lo general ni en lo particular. En virtud de lo cual, con base en el artículo 109 del Reglamento de la Cámara, solicito a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? Sigue abierto el sistema electrónico. Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz.

La diputada Juanita de Jesús Santillán Hernández (desde la curul): A favor.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): A favor.

El diputado Óscar Lara Salazar (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se emitieron 327 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 327 votos el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 60, de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Pasa el Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión de un dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 Bis y 128; y adiciona los artículos 65 Bis 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Ha sido retirado del orden del día por la comisión correspondiente.

CODIGO CIVIL FEDERAL

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo cuarto al artículo 705 del Código Civil Federal.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona un cuarto párrafo al artículo 705 del Código Civil Federal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LXI Legislatura fue turnada para estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se adiciona el artículo 705 del Código Civil Federal, en materia de presunción de muerte.

La Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2010, el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se adiciona el artículo 705 del Código Civil Federal, en materia de presunción de muerte.

Segundo. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en esa fecha turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Justicia para estudio y dictamen correspondiente.

Contenido de la iniciativa

Señala el proponente que la ausencia sirve para designar la situación jurídica de una persona que ha desaparecido de su domicilio y cuya existencia se duda, y que tiene por objeto dotar de certeza jurídica a los familiares y acreedores de un individuo que se ausenta de su lugar de residencia habitual, sin que se tenga noticia de su paradero.

El Código Civil Federal señala que habiendo transcurrido un periodo determinado podrá declararse la ausencia, y los posibles sucesores podrán entrar en posesión provisional de los bienes del ausente. Transcurrido un plazo adicional sin que el ausente se presente, se podrá presumir su fallecimiento, y los herederos y demás interesados entrarán en la posesión definitiva de sus bienes. A fin de proteger los derechos del ausente, se establece que para iniciar estos procedimientos se debe esperar un periodo considerable, de hasta tres y seis años, respectivamente.

La ley establece una excepción cuando la desaparición sea consecuencia de incendio, explosión, terremoto o catástrofe aérea o ferroviaria, y exista fundada presunción de que el desaparecido se encontraba en el lugar del siniestro o catástrofe, en cuyo caso bastará el transcurso de seis meses para declarar la presunción de muerte.

Es necesario considerar que el azote de la delincuencia organizada es un factor que influye actualmente en todos los sectores de la vida en sociedad. El modus operandi de los grupos criminales actualmente incluye la modalidad de secuestrar una persona para posteriormente privarla de la vida y desaparecer los restos mortales.

Esta conducta es particularmente nociva, toda vez que no solamente se daña a la víctima o su patrimonio sino que sus efectos negativos se prolongan en el tiempo debido a que la incertidumbre continúa afectando a sus deudos por un periodo prolongado.

Asimismo, señala el iniciante que los integrantes de los órganos de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas, con motivo del ejercicio de sus funciones, continuamente se encuentran en situación de riesgo. Se han presentado casos en que miembros de dichas corporaciones han sido sustraídos por grupos de delincuentes sin poder recuperar los restos mortales, por lo que se hace necesario dar protección a sus deudos y familiares; en este caso, otorgando seguridad jurídica respecto a los bienes, los derechos y las obligaciones del desaparecido.

En los casos descritos, aun cuando se tiene la plena certeza de las causas de la desaparición de la persona y, por ende, la fuerte presunción de su fallecimiento, con la misma e incluso mayor certeza que en caso de un siniestro o catástrofe natural, la ley actualmente remite a los familiares de las víctimas de estas modalidades de secuestro a la regla general para la declaración de ausencia y posterior presunción de muerte.

La falta de seguridad jurídica no solamente limita la posibilidad de disponer de los bienes del ausente sino que afecta la posibilidad de los deudos de ejercer derechos en materia de salud, seguridad social, cobro de seguros y otros tantos que permitan garantizar a tiempo el sustento y el acceso a los servicios necesarios para un adecuado desarrollo social.

Por tal motivo, propone adicionar un párrafo cuarto al artículo 705 del Código Civil Federal, a fin de hacer más expedito el trámite de la presunción de muerte de las personas que desaparezcan con motivo de la comisión de delitos en materia de secuestro, así como en el caso de miembros de corporaciones de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas que sean sustraídos en el ejercicio de sus funciones, remitiéndolos al procedimiento establecido en el párrafo tercero del mismo artículo para los casos en que la desaparición sea consecuencia de incendio, explosión, terremoto o catástrofe aérea o ferroviaria.

Análisis comparativo de la propuesta de reforma

Texto vigente

Código Civil Federal

Artículo 705. Cuando hayan transcurrido seis años desde la declaración de ausencia, el juez, a instancia de parte interesada, declarará la presunción de muerte.

Respecto de los individuos que hayan desaparecido al tomar parte en una guerra, o por encontrarse a bordo de un buque que naufrague, o al verificarse una inundación u otro siniestro semejante, bastará que hayan transcurrido dos años, contados desde su desaparición, para que pueda hacerse la declaración de presunción de muerte, sin que en estos casos sea necesario que previamente se declare su ausencia, pero sí se tomarán medidas provisionales autorizadas en el capítulo I de este título.

Cuando la desaparición sea consecuencia de incendio, explosión, terremoto o catástrofe aérea o ferroviaria, y exista fundada presunción de que el desaparecido se encontraba en el lugar del siniestro o catástrofe, bastará el transcurso de seis meses, contados a partir del trágico acontecimiento, para que el juez de lo familiar declare la presunción de muerte. En estos casos, el juez acordará la publicación de la solicitud de declaración de presunción de muerte, sin costo alguno y hasta por tres veces durante el procedimiento, que en ningún caso excederá de treinta días.

Propuesta

Código Civil Federal

Artículo 705. ...

...

...

Cuando la desaparición sea consecuencia de la comisión de delitos en materia de secuestro, así como en el caso de miembros de corporaciones de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas que sean sustraídos con motivo del ejercicio de sus funciones, bastará el transcurso de seis meses, contados a partir de la fecha en que se tuvo noticia de su paradero por última ocasión, para que se declare la presunción de muerte.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Justicia exponemos las siguientes

Consideraciones

Después de haber analizado los argumentos vertidos en la iniciativa que nos ocupa, la comisión considera procedente la reforma planteada por las siguientes consideraciones:

Primera. El Diccionario de la Real Academia Española define presumir como “sospechar, juzgar o conjeturar algo por tener indicios o señales de ello”.

Jurídicamente, la presunción se asume como un hecho que la ley tiene por cierto sin necesidad de que sea probado; es decir, se juzga o conjetura un hecho por indicios o señales, se deduce un hecho desconocido basándose en hechos conocidos.

De esa manera, las presunciones sirven como mecanismo para definir situaciones jurídicas, otorgando certeza al dotar de fuerza jurídica a situaciones o hechos que solamente pueden ser presumidos.

Segunda. La presunción de muerte es la última etapa del procedimiento de ausencia, sus efectos son abrir el testamento, los poseedores provisionales adquieren el carácter de definitivos y se cancelan las garantías que éstos hubieran constituido.

En caso de que el presuntamente muerto se presentara tendrá derecho a recobrar sus bienes en el estado en que se encuentren y el precio de los que se hubieren enajenado. No podrá reclamar rentas ni frutos. Los poseedores definitivos de los bienes del presunto muerto están obligados a rendir cuentas a éste o a sus herederos si se prueba su muerte real.

La sentencia de presunción de muerte pone fin a la sociedad conyugal y es causal de divorcio.

Actualmente, esta figura se contiene en el artículo 705 del Código Civil Federal, que señala:

Artículo 705. Cuando hayan transcurrido seis años desde la declaración de ausencia, el juez, a instancia de parte interesada, declarará la presunción de muerte.

Respecto de los individuos que hayan desaparecido al tomar parte en una guerra, o por encontrarse a bordo de un buque que naufrague, o al verificarse una inundación u otro siniestro semejante, bastará que hayan transcurrido dos años, contados desde su desaparición, para que pueda hacerse la declaración de presunción de muerte, sin que en estos casos sea necesario que previamente se declare su ausencia, pero sí se tomarán medidas provisionales autorizadas en el capítulo I de este título.

Cuando la desaparición sea consecuencia de incendio, explosión, terremoto o catástrofe aérea o ferroviaria, y exista fundada presunción de que el desaparecido se encontraba en el lugar del siniestro o catástrofe, bastará el transcurso de seis meses, contados a partir del trágico acontecimiento, para que el juez de lo familiar declare la presunción de muerte. En estos casos, el juez acordará la publicación de la solicitud de declaración de presunción de muerte, sin costo alguno y hasta por tres veces durante el procedimiento, que en ningún caso excederá de treinta días.

Como puede advertirse, el legislador decidió otorgar un plazo amplio de seis años con posterioridad a la declaración de ausencia antes que se pueda presumir la muerte del ausente; ello, con la finalidad de otorgar la mayor protección a sus intereses, fijando un periodo suficientemente amplio para que pudiera tenerse noticia del paradero del ausente, tomando en consideración las limitaciones de la época por lo que a medios de comunicación y de transporte se refiere. Al respecto, vale la pena considerar que los avances en cuanto a accesibilidad, cobertura y velocidad de las comunicaciones y medios de transporte actuales permiten reconsiderar la necesidad de un plazo tan amplio.

No obstante, reconoció la posibilidad de que la desaparición se presentara en circunstancias particulares que fortalecieran la presunción del deceso, por lo que se redujo el plazo a dos años en los supuestos del párrafo segundo del artículo 705, y de seis meses para los supuestos del párrafo tercero del mismo dispositivo, contados a partir de la desaparición; es decir, no es necesario realizar previamente la declaración de ausencia.

Es de destacar que el legislador ordinario estableció plazos suficientemente amplios para que por los medios de comunicación

Tercera. Como señala el iniciante, la falta de certeza respecto a la existencia de una persona tiene otras consecuencias jurídicas, aparte de las de materia sucesoria, que se prolongan en el tiempo y resultan particularmente perniciosas.

Las consecuencias se trasladan a la esfera de la seguridad social, en la que los presuntos deudos se ven entorpecidos o francamente imposibilitados para recibir las prestaciones en materia de salud, así como pensiones, bonos por defunción, etcétera. Asimismo, se ven imposibilitados para realizar las reclamaciones en materia de seguros a que tendrían derecho con motivo de deceso.

Cuarta. Se coincide con el autor de la iniciativa en que además de los supuestos contenidos en los párrafos segundo y tercero del artículo 705 de Código Civil Federal vigente, hay circunstancias de hecho que ante la desaparición de una persona hacen presumible su deceso.

De tal manera, en los casos en que la presunción del deceso está sostenida por indicios o hechos conocidos que le otorgan un elevado grado de certeza, se considera inconveniente sujetar a los sucesores, beneficiarios y acreedores a un largo proceso legal para ver satisfechas sus necesidades y aspiraciones respecto a los bienes y derechos del ausente.

El legislador ordinario consideró que la presencia de catástrofes naturales; o bien, siniestros como incendios, naufragios, accidentes aéreos u otros similares en que tenga lugar la desaparición de una persona, fortalecen la presunción sobre su deceso, por lo que flexibiliza los requisitos para la declaratoria.

No obstante, se considera que el catálogo de estos siniestros debe ser actualizado, a fin de considerar otro tipo de circunstancias en que se produzca la desaparición de una persona y que pueden asimismo fortalecer la presunción de muerte.

Quinta. Tomando como base los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en años recientes se ha percibido un notorio incremento de la incidencia del delito de secuestro a escala nacional. En 2008 se presentaron 907 denuncias por este delito y mil 163 en 2009, así como mil 262 secuestros denunciados en 2010 y 633 de enero a mayo de 2011.

Estas cifras indican un incremento cuantitativo, mas no reflejan un importante elemento cualitativo, que tiene que ver con la aparición de nuevos modos de operación de la delincuencia organizada para la comisión de este delito.

Con relación a este fenómeno delictivo, además de la aplicación de métodos cada vez más violentos para la privación de la libertad de las víctimas, se presenta un elevado número de casos en que la víctima no es restituida, aun cuando se presenta el pago de un rescate.

Ha trascendido la implantación por parte de los delincuentes de técnicas tendentes a desaparecer los cuerpos de las víctimas, actos que resultan particularmente nocivos al perpetuar los efectos del hecho delictivo en el tiempo, al carecer de certeza sobre la existencia de la persona privada de la libertad.

Asimismo, se han presentado numerosos casos de miembros de corporaciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, así como de elementos de las Fuerzas Armadas, que en el ejercicio de sus funciones son sustraídos por miembros de la delincuencia organizada, sin que sean restituidos o recuperados con vida, lo que coloca a los deudos en el supuesto del párrafo anterior.

Cabe destacar que la aparición de nuevos modos de operación de la delincuencia organizada y el notorio incremento de la incidencia de este delito motivaron la expedición de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2011.

Sexta. De conformidad con lo señalado en el numeral que antecede, se considera que en los casos en que la desaparición de una persona es motivada por la comisión de delitos en materia de secuestro; o bien, la sustracción se cometió contra elementos de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus funciones, y transcurridos seis meses no hay noticias sobre su paradero, se fortalece la presunción de que han sido privados de la vida.

Cabe destacar que únicamente podría hacerse la presunción cuando se presenten las circunstancias de hecho que prueben de manera fehaciente que la persona fue ilegalmente privada de la libertad, y no haya elementos para suponer que el ausente es mantenido en cautiverio. Por tal motivo, el cómputo del plazo correría a partir de la última noticia sobre su paradero; o bien, el último contacto con los que manifiesten tener en cautiverio al ausente.

Séptima. La comisión de delitos en materia de secuestro genera un daño adicional a los familiares de la víctima, por la incertidumbre jurídica que se produce en los casos en que la persona no es restituida, y no es posible recuperar los restos mortales.

Por tal motivo se considera conveniente sujetar a los familiares de la víctima de este hecho delictivo a un proceso expedito para la declaración de la presunción de muerte, que otorgue la certeza jurídica necesaria para permitirles gozar de los derechos sucesorios, garantías de seguridad social, cobro de seguros y otros beneficios a que tengan derecho con motivo del fallecimiento de la víctima.

Por lo que se refiere a los miembros de corporaciones de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas que son asimismo sustraídos en el ejercicio de sus funciones, la afectación de sus deudos es idéntica, y se considera que el ejercicio de la trascendente labor de dotar de seguridad a los mexicanos debe acompañarse de las garantías de bienestar y seguridad social para con los familiares de quienes ponen en riesgo la vida al servicio de la nación.

Octava. Por técnica legislativa, se considera conveniente eliminar el reenvío al párrafo tercero, para hacer referencia de que bastará el transcurso de seis meses, contados a partir de la fecha en que se tuvo noticia del paradero por última ocasión, para que se declare la presunción de muerte.

Por lo expuesto, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por virtud del cual se adiciona el artículo 705 del Código Civil Federal

Único.Se adiciona el artículo 705 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 705. ...

...

...

Cuando la desaparición sea consecuencia de la comisión de delitos en materia de secuestro, así como en el caso de miembros de corporaciones de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas que sean sustraídos con motivo del ejercicio de sus funciones, bastará el transcurso de seis meses, contados a partir de la fecha en que se tuvo noticia de su paradero por última ocasión, para que se declare la presunción de muerte.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2011.

La Comisión de Justicia, diputados:Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato García (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Juanita Arcelia Cruz Cruz, Eduardo Ledesma Romo, secretarios; Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa, Nancy González Ulloa, Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Gregorio Hurtado Leija (rúbrica en abstención), Israel Madrigal Ceja, Sonia Mendoza Díaz, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica en abstención), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Norma Leticia Salazar Vázquez, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), Josué Cirino Valdez Huezo (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), Pedro Vázquez González, J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul). Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Cárdenas Gracia, ¿con qué objeto?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Era para solicitar eso, presidente, porque me queda la duda de por qué son seis meses. ¿Cuál es la argumentación, la justificación para determinar seis meses de plazo, presidente?

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Precisamente, tiene la palabra, hasta por cinco minutos para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento, el diputado Arturo Zamora Jiménez.

El diputado Arturo Zamora Jiménez:Muchas gracias, presidente. Distinguidas diputadas y diputados, precisamente y a partir de una serie de acontecimientos que han venido ocurriendo en el contexto nacional, que han generado la desaparición de personas, y de acuerdo a las reglas del Código Civil, que establece dos figuras muy importantes; una de ellas es la presunción de muerte, establece plazos que se prolongan incluso hasta por ocho años.

Quisiera compartir con ustedes, diputadas y diputados, que en efecto originalmente hemos presentado y se ha aprobado en la Comisión de Justicia la reducción de estos plazos, habida cuenta de que existen personas, ciudadanos normales, que han sido víctimas de desaparición, y los derechos que tienen sus familias, los derechos que tienen a la sucesión, los derechos que tienen a la obtención de beneficios sociales, los derechos que tienen adquiridos a través incluso de compromisos, de contratos para el pago de seguros de vida, se prolongan, de tal manera, que el efecto positivo que pudiesen tener las familias de víctimas de este fenómeno, de desapariciones, no se está dando.

Las desapariciones en el país no solamente ocurren a cualquier ciudadano, sino también en el caso de personas, que siendo autoridades en las tres esferas de gobierno, autoridades de las Fuerzas Armadas, también están sufriendo este fenómeno y todo el efecto de consecuencias finalmente son las que padecen las personas y sus familiares.

Quisiera pedirle, señor presidente, en consonancia a la intervención del diputado Cárdenas Gracia, me permita presentar una reserva precisamente en este dictamen para que el plazo de seis meses sea aumentado hasta de nueve meses, toda vez que hemos tomado en consideración dos cuestiones muy importantes: una de ellas es precisamente el tiempo que —en un momento dado— se tiene que dar de tolerancia para poder determinar, en un momento dado, la declaración de ausencia y pasar a la presunción de muerte, como una figura jurídica que establece el Código Civil.

¿Por qué pretendemos ampliarlo? En virtud de que precisamente estamos escuchando también voces que tienen que ver precisamente con el fenómeno de personas que pueden en un momento dado ser encontradas.

Este plazo me parece que es un plazo oportuno, muy razonable, que genera en todo caso la certeza a las personas para los beneficios, como consecuencia de una presunción de muerte.

Por esa razón, señor presidente y precisamente en una consulta que hemos estado haciendo, pediría la reserva para que se aumente el plazo que hemos establecido y que hemos dictaminado en la propia Comisión de Justicia para que sea hasta de nueve meses.

Dicho lo anterior, quisiera poner a consideración de las distinguidas diputadas y diputados este dictamen, porque nos damos cuenta —lo debo decir con toda claridad y franqueza—, que hay personas que han sido, de alguna manera, coloquialmente se habla levantadas, y los extinguen con métodos que todos hemos conocido a través de los medios de comunicación.

Esto ha producido, en todos esos procedimientos sucesorios o procedimientos en donde se trata de obtener los beneficios sociales a sus familiares, un trámite que se prolonga incluso hasta por ocho años. Esa es la razón fundamental por la que sabemos que en ocasiones, incluso en averiguaciones, está claramente confeso el autor de un delito de esta naturaleza y plantea cómo, utilizando sustancias químicas, ha logrado la extinción de una persona sin que se tenga la evidencia de muerte.

Esa es la razón fundamental por la que apelo a la comprensión de esta soberanía para que el dictamen que se emitió en la Comisión de Justicia, que preside el doctor Humberto Benítez Treviño, sea aprobado en esos términos, con la reserva que acabo de presentar, en el sentido de que el plazo de seis meses aumente hasta a nueve meses. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular. Don Pedro Vázquez.

El diputado Pedro Vázquez Jiménez (desde la curul): Solicito la voz a nombre de la comisión para presentar dos adiciones al dictamen, que presentaré por escrito.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Para plantear una reserva, le ruego que observemos primero el turno de quienes han hecho su inscripción para hacer uso de la tribuna en pro del dictamen. Está usted registrado, don Pedro.

Hablarán a favor del dictamen Humberto Benítez Treviño, Camilo Ramírez Puente y Óscar Arce. Para hacer la reserva que corresponda, el señor diputado, don Pedro Vázquez. Se concede el uso de la palabra, hasta por tres minutos, al licenciado Humberto Benítez Treviño.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Gracias, señor presidente. Hemos consensuado los miembros de la Comisión de Justicia, a través de nuestro compañero diputado Pedro Vázquez, dos adiciones al dictamen, si usted me lo permite.

Entonces, en voz del diputado Pedro Vázquez, haremos los planteamientos correspondientes. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: ¿Esto significa que se retiran del orden de oradores?

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Así es.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muy bien. El único orador registrado es don Pedro Vázquez.

El diputado Pedro Vázquez González: Presidente, a nombre de la Comisión de Justicia queremos hacer el siguiente planteamiento. En el caso del término de los seis meses estamos considerando que se amplíe a un año. Ahí la corrección sería que en lugar de seis meses —un poco también basado en la inquietud del diputado Jaime Cárdenas—, la presunción de muerte se pudiera fincar en el término de un año, a partir del planteamiento que hagan los familiares y se pueda empezar a contabilizar.

El segundo es, en el punto único, donde se señala que se adiciona el artículo 705 del Código Civil Federal para quedar como sigue, hacer la siguiente modificación. Deberá de decir:

Único. Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 705 del Código Civil Federal para quedar como sigue:

Luego ya, en el orden en que viene planteado, porque lo que estamos haciendo es adicionar un párrafo cuarto. Ésas serían las dos adiciones que le solicitamos atentamente, señor presidente, que pudieran someterse a la consideración de la asamblea. Es cuanto.

«Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted para proponer una reserva en relación con el párrafo primero del artículo único.

Dice:

Único.Se adiciona el artículo 705 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 705. ...

...

...

...

Debe decir:

Único. Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 705 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 705. ...

...

...

...

Cuando la desaparición sea consecuencia de la comisión de delitos en materia de secuestro, así como en el caso de miembros de corporaciones de seguridad pública o de las fuerzas armadas que sean sustraídos con motivo del ejercicio de sus funciones, bastará el transcurso de un año contado a partir de la fecha en que se tuvo noticia de su paradero por última ocasión, para que se declare la presunción de muerte.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2011.— Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica).»

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado Benítez Treviño.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Está conmigo el diputado iniciante y a nombre de la Comisión de Justicia nos allanamos al plazo perentorio de un año y a la adición al párrafo cuarto, como lo ha planteado adecuadamente el diputado Pedro Vázquez, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se ha hecho entrega, por escrito, de las reservas correspondientes; por lo que pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Pedro Vázquez.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si son de aprobarse las modificaciones que han sido presentadas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Han sido aprobadas las reservas correspondientes y en consecuencia, está a discusión en lo general con las modificaciones hechas por el diputado Pedro Vázquez, en nombre de la comisión y aceptadas por la asamblea, el proyecto de dictamen correspondiente.

Ruego a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico, hasta por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La SecretarIa diputada Laura Arizmendi Campos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, hasta por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Aún está abierto el tablero, diputada. Ciérrese el sistema. De viva voz:

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): A favor.

La diputada Juanita de Jesús Santillán Hernández (desde la curul): A favor.

El diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz (desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Íñiguez Gámez (desde la curul): Para corrección de voto, a favor.

El diputado Francisco Javier Orduño Valdez (desde la curul): A favor.

El diputado José César Nava Vázquez(desde la curul): A favor.

El diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (desde la curul): A favor.

El diputado Jaime Oliva Ramírez(desde la curul): A favor.

La diputada María Joann Novoa Mossberger(desde la curul): A favor.

El diputado Oscar Saúl Castillo Andrade (desde la curul: A favor.

El diputado Ovidio Cortazar Ramos (desde la curul): A favor.

La diputada María de Lourdes Reynoso Femat (desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Roberto Silva Chacón (desde la curul): A favor.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (desde la curul): A favor.

El diputado Germán Contreras García(desde la curul): A favor.

El diputado José Manuel Marroquín Toledo (desde la curul): A favor.

La diputada Norma Leticia Orozco Torres(desde la curul): A favor.

El diputado Rigoberto Salgado Vázquez(desde la curul): A favor.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): A favor.

El diputado Pavel Díaz Juárez(desde la curul): A favor.

La diputada María Elena Perla López Loyo(desde la curul): A favor.

La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo(desde la curul): A favor.

La diputada Leticia Quezada Contreras(desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Ahued Bardahuil(desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): A favor.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): A favor.

La diputada Guillermina Casique Vences(desde la curul): A favor.

El diputado José M. Torres Robledo(desde la curul): A favor.

El diputado Martín García Avilés(desde la curul): A favor.

El diputado Arturo Ramírez Bucio(desde la curul): A favor.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: El diputado Luis Enrique Mercado cambió su sentido del voto; estaba en abstención, lo cambió a favor.

El diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas(desde la curul): A favor.

La diputada Silvia Isabel Monge Villalobos(desde la curul): A favor.

El diputado Baltazar Martínez Montemayor(desde la curul): A favor.

La diputada Laura Elena Estrada Rodríguez(desde la curul): Cambio del sentido de mi voto. A favor.

El diputado Francisco Hernández Juárez(desde la curul): A favor.

La diputada Laura Viviana Agúndiz Pérez(desde la curul): A favor.

La diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza(desde la curul): A favor.

El diputado Ramón Merino Loo (desde la curul): A favor.

La diputada Gloria Romero León(desde la curul): A favor.

El diputado Bonifacio Herrera Rivera(desde la curul): A favor.

El diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello(desde la curul): A favor.

El diputado Alejandro del Mazo Maza(desde la curul): A favor.

La diputada María Isabel Pérez Santos(desde la curul): A favor.

El diputado José Francisco Yunes Zorrilla(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Diputado presidente, se emitieron 350 votos, de los cuales 349 son a favor, 0 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 349 votos el proyecto de decreto que adiciona un cuarto párrafo al artículo 705 del Código Civil Federal. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, así como de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Honorable Asamblea:

Las Comisión de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 87, 157, 158 y 167, numeral 4 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea, el siguiente:

Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente, con fecha 10 de agosto de 2011, el diputado Juan José Guerra Abud del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sometió a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para sancionar el Delito de Robo al Autotransporte Federal.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva acordó turnar la iniciativa, que nos ocupa a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente.

Derivado de lo anterior, dicha Comisión realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa del diputado propone federalizar el delito de robo al autotransporte, estableciendo un capítulo especial en el Código Penal Federal denominado “Del Robo al Autotransporte Federal”.

Asimismo, el legislador señala como prioritario considerarlo, en los casos que especifica, como un delito grave y que cuando el mismo sea cometido por quienes formen parte o se encuentren vinculados con la delincuencia organizada, se castigue a sus perpetradores en términos del artículo 2º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

El diputado señala que: “actualmente el delito de robo al autotransporte federal ocasiona grandes pérdidas tanto al sector transportista como a las empresas que emplean sus servicios. La investigación y persecución de este delito corresponde a las instancias del fuero común, lo que dificulta su combate dado que en la mayoría de los casos la perpetración y los efectos del delito trascienden los límites territoriales de las entidades federativas, lo que dificulta la investigación y persecución de este delito y propicia, en consecuencia, campos de impunidad que deben ser eliminados...”

Esta Comisión coincide con el proponente al señalar que el robo al autotransporte se ha venido incrementando y su incidencia representa una problemática global en la cual, México no es una excepción.

Asimismo, esta Comisión concuerda en la necesidad de fortalecer el marco de protección jurídica en materia de autotransporte, dado que es uno de los sectores más afectados por delitos como el robo a nivel nacional, de la misma forma que otros sectores del autotransporte federal, como los de pasajeros y turismo, se ven igualmente afectados.

Para tal fin, el diputado que suscribe la iniciativa, señala que si bien el Título Vigésimo Segundo del Código Penal Federal, contiene un catalogo de delitos en contra de las personas en su patrimonio, entre los que se tipifica el robo, debiéndose considerarse por ese hecho que la materia es federal. Sin embargo, bajo los argumentos por él expuestos en la iniciativa referida, la investigación y persecución del robo al autotransporte, aun tratándose de aquel que es regulado por leyes federales, se ha dejado en manos de las autoridades estatales.

De acuerdo al legislador, lo anterior, se corrobora con los informes de incidencia delictiva del fuero común que presentó en marzo de 2011, el Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que entre otros reporta que en el año 2010 se denunciaron a nivel nacional ante las Procuradurías Generales de Justicia del País 2,142 robos en carretera de los cuales 1,905 se cometieron con violencia y 237 se efectuaron sin ella.

Asimismo y de acuerdo a la iniciativa, el reporte referido revela que. “ de los 2,142 robos denunciados como cometidos en carretera en el año 2010, 580 se hicieron con violencia sobre camiones de carga, en tanto que los que se denunciaron como cometidos sin violencia sobre camiones de carga fueron apenas 78; esto es, se denunciaron 658 robos cometidos en contra de camiones de carga del total de robos denunciados como cometidos en carreteras, en tanto que el resto de los cometidos en carreteras correspondió a denuncias por robos cometidos en contra autobuses, vehículos particulares y otros.”

En primer lugar, un elemento adicional mencionado por el legislador y que justifica la propuesta de federalizar el delito de robo al autotransporte federal, se refiere a que diversas organizaciones de transportistas pertenecientes a las diferentes modalidades de transporte, como lo son aquellas que prestan los servicios públicos de de carga, de pasajeros y turismo, manifiestan su preocupación dado que “ el índice de robo de camiones de carga se disparó en todas las carreteras del país, al pasar de 580 a más de 800 unidades en hurto (38%), lo que deja cuantiosas pérdidas a la industria, razón por la que consideran que la atención a este fenómeno delictivo debe estar a cargo de las autoridades federales...

Lo anterior, no solo por el aumento considerable de su incidencia, sino también porque ante los incrementos en los robos al autotransporte aumentó también el costo de seguridad para las empresas el cual ha pasado del 6 al 12 por ciento en el mismo periodo, lo que sin duda afecta la competitividad del sector; pero sobre todo porque, de acuerdo al modus operandi de quienes cometen estos ilícitos, resulta que “en una entidad federativa se puede encontrar la mercancía robada, en otra el remolque de la unidad y en una más el camión, por lo que resulta necesario levantar múltiples denuncias en diferentes órdenes de gobierno.”, lo que se evitaría si de este delito conocieran las instancias federales reduciendo también el margen de impunidad que en la realidad dicha situación genera.”

En segundo lugar, y de acuerdo a la iniciativa, otros sectores como lo es el de seguridad privada e industria satelital, se han manifestado en el mismo sentido de la propuesta, señalando que “... al concluir 2010, el robo a camiones de carga registró un incremento de 52.1% con respecto al 2009. Se hurtaron principalmente electrodomésticos, cómputo, fármacos, ropa, abarrotes, materiales de construcción y varilla, conceptos que representan el 50% del total de robos registrados...”

A fin de abundar en lo anterior se arguye también que “los delincuentes tienen un nuevo modus operandi, pues ahora al hurtar un tractocamión si sospechan que tiene monitoreo satelital, cambian el remolque que cuenta con un dispositivo de seguridad (cintos, candados, etc.) a otro automotor que no lo posee. Hecho el cambio, los tractos que cuentan con un sistema de rastreo satelital continúan su ruta, lo que impide saber si la unidad fue robada, puesto que el sistema no identifica si salió de su camino.”

Ante tales premisas es que dichas organizaciones consideran importante elevar el delito del robo a autotransporte a un nivel federal con el fin de proteger a este sector, a empresarios, hombres-camión y automovilistas que transitan en carretera en todo el país.”

Especial atención merece por parte de los integrantes de esta Comisión dictaminadora, el señalamiento que hace el legislador proponente al referir que el costo de la inseguridad en México es muy alto, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) se calcula que en México este problema representa al año un costo de 770 dólares por habitante, lo que equivale al 7% del Producto Interno Bruto (PIB).

De esos 770 dólares, el 2.1% estaría destinado al concepto de transferencias (víctimas a victimarios); alrededor del 0.8% al pago de seguros contra la inseguridad y el resto a la contratación de policías privados y públicos, según refiere el IMCO.

Por ello coincidimos con la iniciativa objeto del presente dictamen en que las acciones de tipo empresarial deben ser reforzadas con una política de Estado que evite que el robo al autotransporte, llegue a representar la segunda actividad ilícita más lucrativa después del narcotráfico.

Los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora coinciden en la necesidad de federalizar este delito ya que la cadena de conductas relacionadas con esta problemática que da origen a esta iniciativa, concluyen en muchos casos, con delitos como homicidio de operadores transportistas y con vínculos con el mercado informal de venta de artículos robados y la delincuencia organizada que ha diversificado sus fuentes de ingreso mediante este tipo de delitos. Como la propia iniciativa comenta:

“No podemos pasar por alto el hecho de que en la mayoría de los casos, estos crímenes son cometidos por miembros de la delincuencia organizada, quienes valiéndose de diversas circunstancias tales como falsos operativos de revisión por parte de presuntos policías, el empleo de licencias federales falsas para pasar como operadores regulares, la utilización de armas de alto calibre, en los momentos en que los operadores paran frente a una vía o cruce o para revisar una llanta o fallas mecánicas, aprovechan el estado de vulnerabilidad en que se encuentran para perpetrar el o los ilícitos que les permitirán apoderarse de las mercancías...”

Una razón que la Comisión determina primordial al considerar la federalización de este tipo de delitos es la dispersión y diversidad de criterios existentes en cada entidad federativa, lo que genera espacios de corrupción e impunidad en su castigo, aunado a las dificultades que se presentan en los procesos de la denuncia, investigación y persecución referidos en la iniciativa.

El robo se encuentra dentro de los delitos considerados como patrimoniales o contra el patrimonio, es decir aquellos que atentan o dañan la integridad del patrimonio de las personas.

En materia federal, priva la noción relativa a que un delito patrimonial debe ser investigado por las autoridades de este nivel de gobierno, principalmente cuando repercute o lesiona el patrimonio de la Federación o en los casos de los cometidos por servidores públicos de la Federación, en ejercicio de sus funciones, en contra de los particulares. Así lo demuestra la referencia que se hace de este tipo delitos en el portal de la Procuraduría General de la República, que sobre el particular señala:

“Los delitos patrimoniales que prevé el Código Penal Federal en su título vigésimo segundo, son los cometidos por particulares en contra del patrimonio de la Federación, o los cometidos por servidores públicos de la Federación en contra de particulares, encontrándose contemplados, el robo, abuso de confianza, fraude, extorsión, despojo de cosas inmuebles o de aguas y daño en propiedad ajena, delitos previstos en los artículos 367 al 399 bis de dicho código.

Las penas aplicables a cada uno de los delitos enunciados difiere según la gravedad y cuantía del quebranto patrimonial sufrido por su comisión.

Los delitos patrimoniales más comunes son el robo, que es el apoderamiento de un bien mueble ajeno propiedad de una Institución gubernamental federal, sin derecho ni consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley; y el delito de daño en propiedad ajena, que es el daño causado por particulares en contra de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado, debiendo considerarse principalmente el daño ocasionado a la red carretera nacional en su cinta asfáltica y señalamientos, o bien los accidentes producidos en la conducción de vehículos automotores.”

En consecuencia con lo anterior el proponente refiere que “no obstante que el Título Vigésimo Segundo del Código Penal Federal, contiene un catalogo de delitos en contra de las personas en su patrimonio, bajo la premisa que referimos con antelación, la investigación y persecución del robo al autotransporte, aun el federal, se ha dejado en manos de las autoridades estatales, lo cual se corrobora con los informes de incidencia delictiva del fuero común que presentó en marzo de 2011, el Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que entre otros reporta que en el año 2010 se denunciaron a nivel nacional ante las Procuradurías Generales de Justicia del País 2,142 robos en carretera de los cuales 1,905 se cometieron con violencia y 237 se efectuaron sin ella. Asimismo, revela que de los 2,142 robos denunciados como cometidos en carretera en el año 2010, 580 se hicieron con violencia sobre camiones de carga, en tanto que los que se denunciaron como cometidos sin violencia sobre camiones de carga fueron apenas 78; esto es, se denunciaron 658 robos cometidos en contra de camiones de carga del total de robos denunciados como cometidos en carreteras, en tanto que el resto de los cometidos en carreteras correspondió a denuncias por robos cometidos en contra autobuses, vehículos particulares y otros.

Ante premisa, esta Comisión considera, en concordancia con lo que expone el legislador proponente, que si bien diversas disposiciones vigentes el Código Penal Federal aluden a conductas que lesionan los bienes jurídicos de los transportistas, la tutela que establece dicho cuerpo legal, es dispersa e insuficiente para otorgar un marco de protección efectivo al sector del autotransporte federal, el cual se verá robustecido con las propuestas contenidas en la iniciativa objeto de este dictamen

Análisis comparativo

Respecto a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la iniciativa propone las siguientes modificaciones:

Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 73 fracción XXI, señala que corresponde al Congreso de la Unión establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse, así como determinar la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; de igual forma, legislar en materia de delincuencia organizada.

En este contexto, la comisión dictaminadora estima que la iniciativa en comento es susceptible de ser analizada al ser el Congreso de la Unión un órgano competente para legislar en materias relacionadas con la aplicación de leyes federales y establecer delitos que lesionen a sujetos que realicen actividades reguladas por las mismas, como en el caso del robo al autotransporte federal.

Segunda. De la misma manera, la Comisión considera pertinente y coincide en que se justifica ampliamente la necesidad de que sean las autoridades federales a quienes corresponda el combate a este delito, si tomamos en cuenta que el daño patrimonial que se ocasiona las víctimas u ofendidos por el mismo, al final repercute en contra de un sector muy importante de la economía nacional, como lo es el sector del autotransporte y sus correlaciones con la protección del mercado formal y el empleo de los mexicanos.

Asimismo, existe coincidencia en la importancia del transporte carretero, dado que por razones históricas, geográficas y económicas, el transporte carretero es el modo de transporte que sostiene la mayor parte de flujo de personas y de bienes. El sistema productivo depende, junto con algunos otros elementos fundamentales, de la posibilidad de movilización de las personas y la de transportar los insumos necesarios para producir los bienes y posteriormente trasladarlos hasta donde se consumen, lo que significa que todos los bienes y servicios tienen un componente de costo de transporte que afecta directamente el costo final y consecuentemente la productividad y competitividad integral de la economía.

Tercera. No pasa inadvertido para esta Comisión la referencia que hace el proponente a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de junio de 2010 en la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, en Materia de Delitos contra el Transporte Ferroviario, en el que, entre otras, se establece en el artículo 286 una calificativa para sancionar a quien en una vía general de comunicación haga uso de violencia para conseguir los propósitos a que se refiere al primer párrafo de dicho artículo, como son causar un mal, obtener un lucro o de exigir su asentimiento para cualquier fin.

Si bien, esta reforma representó un avance importante, se considera y con ello coincidimos con el Legislador en que dicha reforma es insuficiente para sancionar las conductas relacionadas con el robo al autotransporte federal, que por obvias razones utiliza las vías generales de comunicación, toda vez que el bien jurídico que tutela el artículo 286, ubicado dentro del Capítulo denominado “Allanamiento de morada” consiste en proteger la seguridad de las personas; en tanto que, con el tipo penal específico de “robo al autotransporte federal”, se protege el patrimonio de las personas que prestan o utilizan los servicios de autotransporte regulados por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Por consiguiente, se considera necesario establecer para tales efectos, dentro del título Vigésimo Segundo del Código Penal Federal, un capítulo especial al que se denominará “Del Robo al Autotransporte Federal”, se lleven a cabo las modificaciones legales necesarias para que se le considere como un delito grave y que cuando el mismo sea cometido por quienes formen parte o se encuentren vinculados con la delincuencia organizada, se castigue a sus perpetradores en términos del artículo 2º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Cuarta. La Comisión de Justicia, considera de suma importancia llevar a cabo la tipificación del delito de robo al autotransporte regulado por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, toda vez que los integrantes de la misma, han tomado en cuenta la gran movilización en carreteras federales de mercancías de toda índole y con un gran valor, resultando que sea una zona asediada y perseguida por la delincuencia organizada, el cual buscan con ello, mayores beneficios en su actividad ilegal.

Es por ello, que actualmente el sector empresarial se ha visto obligado a eficientar los sistemas de protección a través de la utilización de la más avanzada tecnología, lo que sin duda ha afectado sus costos de transportación.

Por lo que es procedente tipificar con la presente propuesta como conducta antijurídica, el apoderamiento ilícito de mercancías o bienes que se transportan en vehículos de carga, así como el robo de pertenencias u objetos que llevan las personas que viajan en autobuses de pasajeros o turismo.

Ahora bien, el Código Penal Federal en el Título Vigésimo Segundo denominado “Delitos en Contra de las Personas en su Patrimonio”, en el Capítulo I “Robo” describe el tipo base de esta conducta delictiva en los términos siguientes:

Artículo 367. Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley.

En opinión de esta instancia dictaminadora, nada impide que el legislador secundario establezca en la ley penal modalidades de un delito, cuando por situaciones de orden social y económico que justifican la existencia y la necesidad de un tipo penal que sancione conductas especificas, ya sea por las circunstancias especiales en que se cometen o por los bienes jurídicos que lesionan.

En este orden de ideas se considera viable la adición del Capítulo I Bis al Titulo Vigésimo Segundo del Código Penal Federal, en los términos que propone el diputado promovente de la iniciativa, para quedar como sigue:

“CAPITULO I BisDel robo al autotransporte federal

Artículo 381 Ter. Al que cometa el delito de robo en contra de personas que presten o utilicen por sí o por un tercero los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros o turismo, regulados conforme a la ley de la materia o sus servicios auxiliares, se le impondrá una pena de 6 a 12 años de prisión cuando el objeto del robo sea exclusivamente las mercancías y de 2 a 7 años de prisión cuando se trate únicamente de equipaje o valores de turistas o pasajeros, en cualquier lugar durante el trayecto del viaje, con independencia del valor de lo robado.

Cuando el objeto del robo sea el vehículo automotor se aplicará lo dispuesto en los artículos 376 bis y 377 de este Código, sin perjuicio de que se acumulen las penas que correspondan por otras conductas ilícitas que concurran en la realización del delito, incluyendo las previstas en el párrafo anterior del presente artículo.”

Destaca de esta propuesta de redacción del artículo 381 Ter que se pretende adicionar, lo siguiente:

A) El sujeto activo del delito del robo al autotransporte federal puede ser cualquier persona imputable en términos de las disposiciones penales.

B) El sujeto pasivo del delito o la victima requieren una calidad especial: ser prestadores de cualquiera de los servicios de autotransporte público que sean sujetos de regulación de la ley en la materia; esto es, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF), lo que a decir de la propia descripción de la propuesta, consiste en servicios de autotransporte de carga, pasaje o turismo o de los que presten sus servicios auxiliares, los cuales, de conformidad con el artículo 52 de la LCPAF consisten en:

a) Terminales de pasajeros;

b) Terminales interiores de carga;

c) Arrastre, salvamento y depósito de vehículos;

d) Unidades de verificación; y

e) Paquetería y mensajería

C) No se sancionará conforme a las reglas del artículo 381 Ter que se comenta, el robo de la unidad automotriz en el que se preste el servicio de autotransporte federal, toda vez que de la redacción del párrafo segundo de dicho artículo, se advierte con claridad que cuando el objeto del robo sea el vehículo automotor se aplicará lo dispuesto en los artículos 376 bis y 377 de este Código, disposiciones jurídicas que a la letra señalan:

Artículo 376 Bis. Cuando el objeto robado sea un vehículo automotor terrestre que sea objeto de registro conforme a la ley de la materia, con excepción de las motocicletas, la pena será de siete a quince años de prisión y de mil quinientos a dos mil días multa.

La pena prevista en el párrafo anterior se aumentará en una mitad, cuando en el robo participe algún servidor público que tenga a su cargo funciones de prevención, persecución o sanción del delito o ejecución de penas y, además se le aplicará destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

Artículo 377. Se sancionará con pena de cinco a quince años de prisión y hasta mil días multa, al que a sabiendas y con independencia de las penas que le correspondan por la comisión de otros delitos:

I. Desmantele algún o algunos vehículos robados o comercialice conjunta o separadamente sus partes;

II. Enajene o trafique de cualquier manera con vehículo o vehículos robados;

III. Detente, posea, custodie, altere o modifique de cualquier manera la documentación que acredite la propiedad o identificación de un vehículo robado;

IV. Traslade el o los vehículos robados a otra entidad federativa o al extranjero, y

V. Utilice el o los vehículos robados en la comisión de otro u otros delitos.

A quien aporte recursos económicos o de cualquier índole, para la ejecución de las actividades descritas en las fracciones anteriores, se le considerará copartícipe en los términos del artículo 13 de este Código.

Si en los actos mencionados participa algún servidor público que tenga a su cargo funciones de prevención, persecución o sanción del delito o de ejecución de penas, además de las sanciones a que se refiere este artículo, se le aumentará pena de prisión hasta en una mitad más y se le inhabilitará para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un período igual a la pena de prisión impuesta.

Razón por la cual es concordante como señala la propuesta de artículo objeto de análisis, que se apliquen las reglas de acumulación de penas.

Quinta. Como refiere el autor de la iniciativa, la misma tiene como objetivo tipificar en el Código Penal Federal, diversas conductas relacionadas con el robo al autotransporte federal, por tratarse de un delito que lesiona el patrimonio de las personas que prestan el servicio público de autotransporte federal o quienes utilizan sus servicios.

Por ello, la iniciativa propone que se apliquen penas que van de 6 a 12 años de prisión cuando el objeto del robo sea exclusivamente las mercancías y de 2 a 7 años de prisión cuando se trate únicamente de equipaje o valores de turistas o pasajeros, en cualquier lugar durante el trayecto del viaje, con independencia del valor de lo robado.

Sobre el particular, cabe hacer referencia a un estudio realizado por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados, en el que, consultado sobre aspectos relacionados con el tema, refirió:

“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 22, párrafo primero, señala que “toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado”; esta relación entre pena y delito es calificada, por la doctrina penal, como el principio de proporcionalidad, a través del cual “el legislador secundario al crear un delito, la pena que disponga para éste, debe ser proporcional al delito de que se trate y a la gravedad del bien jurídico afectado o a la gravedad de su puesta en peligro”.

En este sentido, Luigi Ferrajoli advierte que “el principio de proporcionalidad expresado en la antigua máxima poena debet commensurari delicto es en suma un corolario de los principios de legalidad y de retributividad, que tiene en éstos su fundamento lógico y axiológico”; además, “el problema [continúa el maestro de Florencia] de la justificación del tipo y de la medida de la pena aplicables en cada caso, como por lo demás el apenas discutido de los límites máximos de la pena sea cual fuere el delito cometido, es un problema moral y político, es decir, exclusivamente de legitimación externa”.

Asimismo, señala que el problema de la justificación de la medida de la pena puede ser dividido en tres sub-problemas: “el de la pre-determinación por el legislador del tipo y la medida máxima y mínima de la pena para cada tipo de delito; el de la determinación por parte del juez de la naturaleza y medida de la pena para cada delito concreto; el de la post-determinación, en la fase ejecutiva, de la duración de la pena efectivamente sufrida”.* Por razones obvias sólo haremos referencia al primero de los sub-problemas antes señalados.

Así, el primer inconveniente originado por el problema de la elección por el legislador de la entidad de la pena en relación con la gravedad del delito corresponde a la noción de “gravedad” del delito. En ese sentido existen dos tendencias diversas: “una objetivista, que mide la gravedad del delito y por consiguiente la de la pena por la entidad del daño; otra subjetivista, que la mide por el grado de la culpabilidad. También la elección de uno de estos dos criterios, así como del criterio de su equilibramiento, requiere decisiones basadas en opciones de valor”.

En el caso del problema de las medidas máximas y mínimas de la pena determinables conforme a los criterios antes aludidos, es aún más difícil, pues “si, en efecto, la pena es cuantificable, no es cuantificable el delito. Y han fracasado todos los esfuerzos realizados hasta la fecha para colmar esta heterogeneidad mediantes técnicas para medir la gravedad de los delitos, tanto las referidas a los grados del daño como sobre todo los de la culpabilidad”.

Ahora bien, el profesor italiano nos advierte que

...Aunque sea imposible medir la gravedad de un delito singularmente considerado, es posible, por tanto, afirmar, conforme al principio de proporcionalidad, que desde el punto de vista interno, si dos delitos se castigan con la misma pena, es que el legislador los considera de gravedad equivalente, mientras que si la pena prevista para un delito es más severa que la prevista para otro, el primer delito es considerado más grave que el segundo. De ello se sigue que si desde el punto de vista externo dos delitos no son considerados de la misma gravedad o uno se estima menos grave que el otro, es contrario al principio de proporcionalidad que sean castigados con la misma pena o, peor aún, el primero con una pena más elevada que la prevista para el segundo. En todos los casos el principio de proporcionalidad equivale al principio de igualdad en materia penal.

El Código Penal Federal describe a la prisión como “la privación de la libertad corporal”; además, indica que su duración será de tres días a sesenta años, y sólo podrá imponerse una pena adicional al límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión. Así, el mismo ordenamiento legal dispone que al responsable de un homicidio calificado se le sanciona con una pena que puede ir de treinta a sesenta años de prisión; en consecuencia, la vida es el bien jurídico de mayor valía que tutela el derecho penal en nuestro país, y ese puede ser un parámetro para graduar la gravedad de los ilícitos en nuestro sistema jurídico.”

En el caso de las penas propuestas en la iniciativa objeto del presente dictamen esta Comisión valora que se cumple con los principios de proporcionalidad y retributividad, a los que se hizo alusión en los párrafos anteriores, por lo que en dicho concepto que coincide con el proponente. Máxime que de un análisis comparativo presentado por el propio CEDIP, en diversas entidades federativas del país que cuyas legislaciones tipifican conductas similares, se puede observar que las penas que dichas legislaciones imponen guardan proporción equitativa a las que se proponen en el artículo 381 Ter, que se pretende adicionar al Código Penal Federal para sanciona el delito de robo al Autotransporte, tal como se observa en el siguiente cuadro:

Sexta. Por otra parte la iniciativa, pretende incluir el robo al autotransporte federal como un delito cometido por la delincuencia organizada, en este caso, también propone modificar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para adicionar la fracción III Bis al artículo 2 del referido ordenamiento, para incluir en dicha categoría el caso del robo al autotransporte federal, previsto en la fracción III del artículo 381 Quáter del Código Penal Federal que también propone adicionar y cuya redacción establece: La pena de prisión se aumentará en dos terceras partes, al que habiendo cometido el robo o participado en él, forme parte o se encuentre vinculado con la delincuencia organizada; así, la comparación entre los delitos cometidos por la delincuencia organizada, el bien jurídico tutelado y la pena que se impone pueden ser otro parámetro comparativo para evaluar si la sanción que se propone puede ser calificada como excesiva o considerar que se ajusta al principio de proporcionalidad arriba referido.

Para ilustrar dicha circunstancia se acude al cuadro siguiente:

Séptima. La iniciativa en comento propone adicionar el numeral 26 Bis al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales a fin de que el robo al autotransporte federal previsto en el párrafo primero del artículo 381 Ter que también se propone adicionar al Código Penal Federal, sea considerado como delito grave.

Al respecto es de señalar que, en función de los argumentos expuestos por el proponente, se estima que existen elementos de convicción suficientes para que así sea considerado.

En cuanto a la exclusión que la propuesta hace respecto a los casos de robo a equipaje y valores de turistas o pasajeros se considera que es congruente dicha excepción, atendiendo también que en la propia inactiva se propone, en el artículo. 381 Quintus que, en los casos en los que el objeto del robo sea el equipaje o valores de turista o pasajeros, solo se procederá contra su perpetrador a petición de parte ofendida, esto es que si se considera que en estos casos, el valor de lo robado puede ser mínimo o de poca consideración para proceder de oficio contra su perpetrador, es necesario la querella de parte ofendida y en congruencia, resulta atinado, por ende, no considerar estos caso como delitos graves.

Octava. La iniciativa propone derogar las fracciones VII y XIII y reformar fracción XVI del artículo 381 con el fin de armonizar la misma al texto íntegro del Código Penal Federal en materia de robo de autotransporte. De tal suerte que, los supuestos que se describen en las dos fracciones derogadas quedan comprendidos en la redacción del artículo 381 Ter, en tanto que la reforma a la fracción XVI del artículo 381 consiste en prever el supuesto en el que la penalidad se agrava por el robo cometido en carreteras y caminos de jurisdicción federal pero respecto de sujetos distintos a los que protege el artículo 381 Ter, es decir cualquier persona no regulada por la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia, considera viable y procedente la presente iniciativa, toda vez que con la misma, se propone federalizar el delito de robo al autotransporte y considerarlo como delito grave para perseguirse de oficio. Asimismo, al no estar previsto actualmente en la legislación en comento un capítulo que especifique los delitos contra el autotransporte federal, es necesario preverlo en la misma.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Justicia somete a la consideración del pleno de esta honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Artículo Primero. Se reforma el artículo 381, primer párrafo y la fracción XVI; se adiciona un Capítulo I Bis, que se denominará “Del robo al autotransporte federal” al Título Vigésimo Segundo, con los artículos 381 Ter, 381 Quáter, 381 Quintus y 381 Sextus y, se derogan las fracciones VII y XIII del artículo 381 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 381. Además de la pena que le corresponda conforme a los artículos 370, 371 y el primer párrafo del artículo 381 Ter, se aplicarán al delincuente las penas previstas en este artículo, en los casos siguientes:

I. a VI. ...

VII. Se deroga.

VIII. a XII. ...

XIII. Se deroga

XIV. y XV. ...

XVI. Cuando se cometa en caminos o carreteras de jurisdicción federal y la víctima sea una persona distinta a las que se refiere el primer párrafo del artículo 381 Ter;

XVII. ...

...

...

CAPITULO I BisDel robo al autotransporte federal

Artículo 381 Ter. Al que cometa el delito de robo en contra de personas que presten o utilicen por sí o por un tercero los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros o turismo, regulados conforme a la ley de la materia o sus servicios auxiliares, se le impondrá una pena de 6 a 12 años de prisión cuando el objeto del robo sea exclusivamente las mercancías y de 2 a 7 años de prisión cuando se trate únicamente de equipaje o valores de turistas o pasajeros, en cualquier lugar durante el trayecto del viaje, con independencia del valor de lo robado.

Cuando el objeto del robo sea el vehículo automotor se aplicará lo dispuesto en los artículos 376 bis y 377 de este Código, sin perjuicio de que se acumulen las penas que correspondan por otras conductas ilícitas que concurran en la realización del delito, incluyendo las previstas en el párrafo anterior del presente artículo.

Artículo 381 Quater. Además de la pena que le corresponda conforme al primer párrafo del artículo anterior, se aplicarán las previstas en este artículo, en los casos siguientes:

I. De uno a tres años de prisión cuando exista apoderamiento del remolque o semirremolque.

II. La pena de prisión se aumentará en una mitad, al servidor público que cometa o participe en el robo y que tenga a su cargo funciones de prevención, persecución o sanción del delito o ejecución de penas y, además se le aplicará destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

III. La pena de prisión se aumentará en dos terceras partes, al que habiendo cometido el robo o participado en él, forme parte o se encuentre vinculado con la delincuencia organizada.

Artículo 381 Quintus. En los casos en los que el objeto del robo sea el equipaje o valores de turista o pasajeros, solo se procederá contra su perpetrador a petición de parte ofendida.

Artículo 381 Sextus. En todo lo no previsto en el presente Capítulo se aplicarán, en lo que no se opongan, las reglas del Capítulo I del Presente Título.

Artículo Segundo. Se adiciona el numeral 26 Bis a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194. ...

I. ...

1) a 26) ...

26 Bis) El robo al autotransporte federal previsto en el párrafo primero del artículo 381 Ter, salvo en los casos de robo a equipaje y valores de turistas o pasajeros.

27) a 36) ...

II. a la XVIII. ...

...

Artículo Tercero.Se reforma la fracción V del artículo 2° de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a IV. ...

V. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tiene capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; Asalto, previsto en los artículos 286 y 287; Tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter, Robo de vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 377, y Robo de autotransporte federal previsto en la fracción III del artículo 381 Quáter del Código Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito Federal;

VI. a VII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal, realizará las adecuaciones reglamentarias que resulten necesarias para crear y/o adscribir las unidades para la atención a los delitos previstos en el presente decreto, con los recursos que cuente dentro de su presupuesto aprobado.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas:

1 http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/R esource/131/1/images/IDFComun_21022011.pdf

2 http://eleconomista.com.mx/industrias/2010/11/29/robo-transportes-carga-se-disp ara

3 http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/cerro-2010-robo-a-transporte-c on-52-de-incremento. Publicado el 24 de enero de 2010.

4 Visible en:http://www.pgr.gob.mx/Combate%20a%20la%20Delincuencia/Delitos%20Federales/De litos%20Patrimoniales.asp

5 http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/R esource/131/1/images/IDFComun_21022011.pdf

6 Uribe Benítez, Oscar, “Los principios constitucionales rectores del sistema penal acusatorio”, Quórum Legislativo, México, núm. 101, abril-junio de 2010, p. 137.

7 Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, 7ª ed., Madrid, Trotta, 2005, p. 398.

8 Ibidem, pp. 398-399.

9 Ibidem, p. 399.

10 Idem.

11 Ibidem, p. 402.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2011.

La Comisión de Justicia, diputados:Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato García (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Juanita Arcelia Cruz Cruz (rúbrica), Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), secretarios; Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina, Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Israel Madrigal Ceja (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica en abstención), Rodrigo Pérez-Alonso González, Norma Leticia Salazar Vázquez, Cuauhtémoc Salgado Romero, Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria, Pedro Vázquez González (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Humberto Benítez Treviño.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Perdón que lo haya interrumpido antes de pasar a ese punto, diputado presidente. Lo prometido es deuda. Hoy se cumple un año de que no se han elegido los consejeros del IFE y les traje su pastel a los de la Junta de Coordinación Política, pero no veo a ninguno. Se los voy a dejar ahí para que lo pasen a recoger. De los que tienen el cochupo de la cúpula del PRI y del PAN. Ahí les entrego el pastel, diputado presidente.

CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Humberto Benítez Treviño para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño: Gracias, señor presidente. Distinguidas diputadas, compañeros diputados, creo que este pastel también es para los miembros de la Comisión de Justicia, porque con el dictamen que estoy fundamentando, estamos reformando el Código Penal Federal, el Código Penal de Procedimientos Penales Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para dar respuesta a uno de los graves problemas que enfrenta el país: el robo al autotransporte federal, que se comete, con la sustracción por bandas de delincuencia organizada; que tiene una incidencia de 2 mil asaltos a autotransporte federal, en el año 2010; que se duplicó esa incidencia en un año, que desaparecen las cajas de los camiones de autotransporte federal y les cambian los chips de geolocalización y que está causando un grave daño a la economía nacional y a las empresas privadas de carga.

Por eso, compañeros diputados, una vez más mi reconocimiento a los integrantes de la Comisión de Justicia, del Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional y de mi partido, el Revolucionario Institucional.

Con este dictamen estamos enfrentando un grave delito, que amenaza con ser el segundo delito después del narcotráfico. Esa es la dimensión de este delito y el impacto para la economía nacional.

En consecuencia, compañeros diputados, les pido su voto favorable para esta reforma histórica de combate a la delincuencia organizada. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se ha inscrito para hablar en contra del dictamen, el diputado Jaime Cárdenas Gracia; y en pro, la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, el diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez y el diputado Pedro Vázquez González. Hace uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Cárdenas Gracia. El diputado Fernández Noroña se inscribe también en contra.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Mi voto en contra es a partir de tres consideraciones; la primera, de carácter político-criminal, porque en este dictamen —como en otros—, la finalidad del sistema jurídico mexicano parece ser exclusivamente la del endurecimiento de las penas para resolver los graves y grandes problemas nacionales.

Nosotros no estamos de acuerdo en que ésta sea la vía para cambiar la realidad de nuestro país. La vía tiene que consistir en conceder oportunidades a los mexicanos y no solamente —como se propone en este dictamen y en otros—, el camino represivo del derecho penal, que incrementa las penas de manera sistemática en todas las reformas que aprobamos a las leyes penales de la materia.

Las otras dos consideraciones son de carácter jurídico. La primera consideración de carácter jurídico surge desde el punto de vista competencial de las atribuciones de los estados y de las atribuciones de la federación; el secuestro, efectivamente, es un delito por las reformas que hemos aprobado de carácter concurrente, porque las autoridades federales y estatales participan en el conocimiento del delito de secuestro. Pero, hasta donde tenemos noticia, el delito de robo sigue siendo una atribución exclusivamente estatal.

Sin embargo, en este dictamen se propone una forma de delito de robo, que se llama del robo del autotransporte federal y se le dan competencias a la federación en la materia, cuando —desde nuestro punto de vista— habría que atender con mucha precisión y claridad lo que establece la fracción XXI del artículo 73, respecto a los delitos que tengan conexidad con delitos federales o las materias concurrentes previstas en la Constitución.

Creemos que hay una invasión de esferas de competencia de la federación a los estados al estar regulándose el delito de autotransporte federal.

El segundo argumento jurídico tiene que ver con el artículo 18 de la Constitución, porque el artículo 381 Quáter establece una pena de inhabilitación para ejercer el empleo, cargo o comisión pública a los servidores públicos que realicen estos delitos. Nos parece que esto impide la reinserción social de las personas mediante el trabajo.

Por estas razones, porque se violan competencias de los estados y porque se impide la reinserción social de los servidores públicos, privándoles de su empleo, cargo o comisión federal por un tiempo igual al que fije la sentencia respectiva, es que votaré en contra de este dictamen. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz.

La diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, este dictamen tiene como objetivo sancionar conductas delictivas específicas en lo referente al robo de autotransporte federal pues en los últimos años ha habido un aumento en su incidencia, generando a su vez el costo que tienen que destinar las empresas del ramo en seguridad para evitar el daño a su patrimonio, gasto que puede ser hasta del doble de lo que con anterioridad estas empresas debían erogar por ese concepto.

Tal situación afecta de manera grave y sentida la competitividad del autotransporte que transita en las carreteras de nuestro país, pues el consumidor final es el que termina pagando los altos costos del robo al autotransporte ya que las empresas del ramo en muchos de los casos se ven obligadas a erogar el gasto de contratar seguridad privada. Asimismo, las primas de seguro son más onerosas debido a que el riesgo de robo es alto.

En el dictamen que se discute se hace referencia al costo de la inseguridad en México, siendo este muy alto, pues según cálculos del Instituto Mexicano de la Competitividad el costo puede llegar hasta el 7 por ciento del PIB.

Propongo además la federalización de las conductas punibles. Al ser contempladas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se facilita la investigación de delitos, pues en muchos casos la mercancía que es robada aparece en algún estado de la República, en otro estado aparece el remolque y en otro estado el tractocamión. Situación que puede conllevar a la necesidad de que las víctimas de este delito inicien una serie de denuncias penales y con la coordinación entre las entidades federativas, al ser federalizado el delito, ayuda a que no quede en la impunidad este delito.

Otra razón para que sea necesaria la federalización de este tipo de conductas punibles obedece a la dispersión y variedad de criterios que existen por parte de cada autoridad responsable de la procuración de justicia, situación que finalmente dificulta la investigación del robo al autotransporte federal, provocando de esta manera la impunidad.

Resulta necesario considerar como federal este delito cuando sea la delincuencia organizada; estos actos ilícitos, en muchos de los casos, se relacionan con otros delitos como homicidio de operadores transportistas y con la distribución de las mercancías robadas a través del mercado informal. La delincuencia organizada, en su diversificación de actividades ilícitas, ha encontrado una fuente de ingreso mediante este tipo de delitos.

Debido al daño que se causa a los pasivos del delito, se propone a este pleno la aplicación de penas que van de 6 a 12 años de prisión cuando el objeto del robo sea exclusivamente de las mercancías y de 2 a 7 años de prisión cuando se trata de equipaje o valores de turistas o pasajeros, independientemente del valor de lo robado.

Asimismo, es conveniente adicionar el numeral 26 Bis al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, con el objetivo de que el robo al autotransporte federal que se encuentra vinculado con la delincuencia organizada sea considerado como delito grave.

Por lo antes expuesto, compañeras y compañeros, el voto de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática será a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene el uso de la palabra, para hablar en contra del dictamen, el diputado Gerardo Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros diputados y compañeras diputadas, éste es uno de los temas que hemos, insistentemente, tratado, donde nuestra posición tiene que explicarse con mucha puntualidad para que no se hagan estas interpretaciones majaderas de que se está protegiendo a la delincuencia, al robo —me decía mi compañero Jaime Cárdenas, que él es abogado y yo no—, que es un delito del fuero común, ahora lo quieren hacer del fuero federal.

Sigue esta tendencia fascista, derechosa, de incrementar las penas para plantear que de esta manera le van a dar seguridad a la gente, en una visión, francamente de corta distancia, sobre cómo enfrentar los problemas.

Aquí esta soberanía ha aprobado, por ejemplo, que la piratería sea un delito federal y sea perseguida de oficio, y así muchos pobres que andan ahí vendiendo productos piratas pueden ser enviados a la cárcel por —supuestamente— incurrir en el delito de la piratería.

Aquí también se prohibió las publicaciones de sexoservidoras y hoy no pueden hacer las publicaciones en los medios de comunicación, y siguen intocadas las grandes mafias de la trata de menores y de la trata de blancas. Esos están haciendo su negocio como siempre, como las grandes mafias de la piratería están haciendo su negocio como siempre.

Se han incrementado las penas para los secuestradores, pero los grandes grupos siguen haciendo lo que les viene en gana.

Hoy se plantea la misma fórmula, la misma salida simplona, de que duplicando las penas para el delito de robo en autotransportes se va a resolver el problema.

Cuándo se ha visto, en qué país, que con este tipo de medidas se llegue a resolver la esencia de un deterioro político, económico y social brutal que hay en nuestro país y que requiere en realidad de la creación de empleo bien pagado, de empleo con prestaciones, de acceso a educación, de acceso a salud y de acceso a vivienda. Si tú generas mejores condiciones de vida para la gente puedes tener otro escenario.

Me recuerdan, lo vuelvo a repetir —estoy viendo que eran tres minutos y no cinco—, me recuerdan el tránsito del feudalismo al capitalismo, cuando primero absorbían grandes cantidades de fuerza de trabajo el campo y luego, entra la maquinaria y mandan a la gente a la calle y la empiezan a perseguir por vagabundaje, y la empiezan a marcar con hierro candente en la cara, porque esta gente que fue enviada al desempleo, andaba sin trabajar.

Así estamos, compañeros diputados, compañeras diputadas, sancionando la pobreza, sancionando la desigualdad, sancionando la injusticia y dejando intocados los elementos que generan esta situación de descomposición brutal que estamos viviendo en el país.

Por su no atención, muchas gracias, compañeros diputados, compañeras diputadas.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra en pro del dictamen, el diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez.

El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez:Con su venia, diputado presidente. En primer lugar, habría que señalar que éste es un delito que ya está contemplado en la legislación federal. No estamos regulando ningún aspecto de carácter local, y en esta Cámara se tratan asuntos federales.

El dictamen de la Comisión de Justicia, sometido a consideración de este honorable pleno, representa un logro significativo para combatir una de las formas delictivas de la delincuencia que aquejan a nuestro país a lo largo de sus caminos y carreteras, como es el robo de autotransporte, tanto de mercancías como de pertenencias u objetos de personas que viajan en autobuses de pasajeros o de turismo.

Nuestra tranquilidad se ha visto amenazada por el fenómeno delictivo de la delincuencia organizada. La reacción estatal ha sido importante para enfrentar y controlar el auge de violencia y de la comisión de delitos relacionados con este tipo de delincuencia. Sin embargo, ante las acciones de las autoridades en contra de estos grupos, el crimen organizado ha diversificado sus actividades delictivas con el objeto de allegarse de recursos económicos de manera ilícita, para incrementar sus ganancias.

Desafortunadamente, esta comisión de conductas delictivas se ha incrementado en los últimos cinco años en un 700 por ciento, en materia de robo de autotransporte, principalmente de mercancías, con el objeto de vender lo robado en el mercado negro a costos inferiores y obtener altas ganancias, sin ningún costo de producción.

En este sentido, como acertadamente se destaca en el dictamen, el robo de autotransporte representa un detrimento patrimonial para las víctimas u ofendidos por el mismo, pero también repercute negativamente en el sector de autotransporte, en la estabilidad de los precios en la mercancías, en la seguridad de mercados formales y en el empleo de los mexicanos, situaciones que al sumar sus consecuencias representan una afectación grave en la economía nacional.

El dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y Código Federal de Procedimientos Penales, así como de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, elaborado por la Comisión de Justicia, contiene finalidades precisas y concretas.

Destaca la creación de un capítulo especial denominado: Del robo al autotransporte federal, en el que la legislación penal federal, así como la tipificación específica del robo en contra de personas que presten o utilicen los servicios de autotransporte federal, de carga, pasajeros o turismo, sin importar el lugar donde cometa ni el valor de lo robado.

Igualmente, se considera oportuno, tanto considerar el robo al autotransporte federal como delito de comisión en delincuencia organizada, como el establecer como delito grave el robo de mercancías o bienes que se transporten en vehículos de carga, ya que permitirá su efectiva persecución y castigo a los autores y partícipes de dichas conductas.

Por lo anterior, el presente dictamen permite atender la problemática del robo de autotransporte de forma más específica por las autoridades federales, además establece sanciones acordes el daño causado a los bienes jurídico-tutelados.

Por estas razones, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González.

El diputado Pedro Vázquez González(desde la curul): Señor presidente, de manera muy respetuosa le solicito lo siguiente. Declinar mi turno y si usted a bien lo tiene, acordar cedérselo al diputado Juan José Guerra, ya que él es el iniciante de esta reforma; entonces, si usted no tiene inconveniente, el diputado Juan José Guerra utilizaría mi turno, que me fue concedido por usted generosamente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Así lo haremos. Tiene la palabra el diputado Cárdenas Gracia. ¿Para qué objeto, diputado?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Para alusiones personales, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Desde su curul, diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Aquí hay una discusión en torno a la competencia federal o local o estatal en la materia. Si uno revisa con atención lo que establece la Constitución, en el artículo 73, fracción XVII, dice ejemplo: el Congreso tendrá facultad para dictar leyes sobre vías generales de comunicación y sobre postas y correos.

Me pregunto si todas las vías de comunicación en el país son de carácter federal o hay vías de comunicación que no tengan carácter federal.

En segundo lugar, presidente. La fracción XXI del artículo 73 dice que hay delitos y faltas contra la federación. ¿Esto significa que el delito de robo al autotransporte se entiende como un delito contra la federación, o es de los delitos que tienen que ver con el secuestro? Recuerdo que en materia de secuestro hay competencia no solamente federal sino también estatal, etcétera.

Luego, el párrafo segundo de la fracción XXI del 73, habla de la conexidad, donde las autoridades federales pueden conocer de delitos del fuero común, y también se habla de materias concurrentes en el párrafo tercero de la fracción XXI del 73, en donde se establece que habrá competencia también estatal en estos rubros.

Lo que no queda claro en este dictamen es si estamos hablando solamente de una competencia federal o es una competencia concurrente, o es una competencia conexa.

Entiendo que aquí puede haber intervención de las autoridades estatales, haciendo una interpretación, tanto del artículo 73 constitucional como del artículo 124 de nuestra Carta Magna. Eso es lo que quería comentar, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado Juan José Guerra.

El diputado Juan José Guerra Abud:Gracias, presidente. Gracias, don Pedro, por cederme el espacio. Estimados colegas, los quiero invitar a que voten a favor de esta iniciativa. Creo que desde el punto de vista jurídico, es poco a lo que, con la sapiencia y la precisión que caracteriza al doctor Benítez Treviño y a quienes me han antecedido en la palabra, pudiera yo agregar.

Lo que yo quiero señalar es que el autotransporte de personas y mercancías, como lo he dicho en ocasiones anteriores en esta tribuna, es fundamental para el desarrollo de nuestro país.

Quiero que sepan, colegas, que según datos de la SCT, en el año 2010 se movieron en el país 836 millones de toneladas de carga. De éstas, el 56 por ciento se hizo a través del autotransporte, pero si quitamos la carga marítima, que generalmente es para la exportación, entonces la carga terrestre para mercado doméstico se incrementa al 83 por ciento.

El desarrollo económico de nuestro país depende de manera sustancial de que contemos con un autotransporte eficiente, un autotransporte competitivo y un autotransporte que se pueda mover en nuestras carreteras con seguridad.

En el caso particular del transporte de personas, o sea, personas que son transportadas por un tercero, no que se transporten ellas mismas, el autotransporte maneja el 97 por ciento de esta población. Un transporte que hace falta, que sea seguro para ellos y que les permita llegar a sus destinos en poco tiempo y de manera cómoda y eficiente.

Por eso, porque el autotransporte es muy importante para el país, es fundamental que en este Congreso podamos dictar medidas que permitan su modernización. No obstante, su importancia, estimados colegas, en el caso particular del autotransporte de carga, en la edad promedio es de 17.5 años, que si bien es cierto hay algunos camiones que acaban de empezar a circular, seguimos teniendo un parque vehicular que es prácticamente el 36 por ciento que tiene más de 20 años de edad. Es un autotransporte con partes y componentes fatigadas, que ya no han tenido el mantenimiento adecuado y por lo tanto, son inseguros y contaminantes.

El país tiene que hacer algo para modernizar nuestro parque vehicular y también tenemos que hacer algo para impedir que los camiones chatarra, usados de Estados Unidos de América, sigan entrando, sin control alguno, a nuestro mercado.

Por eso, colegas, es importante que esquemas como el de chatarrización, que le permite al pequeño transportista, particularmente al pequeño transportista, desechar su unidad —termino, presidente— y poder tener acceso a un camión nuevo o seminuevo que le permita, no solamente cumplir con su trabajo, sino que generar los ingresos que le pueda llevar a su familia una vida digna; por eso, colegas, los invito a que voten a favor de esta iniciativa. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general. Sí, ¿quién quiere hacer uso de la palabra? Señor diputado Gregorio Hurtado.

El diputado Gregorio Hurtado Leija(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Muy rápido, para una precisión. En la Gaceta aparece una redacción, en el artículo 381 Ter, pero le falta un agregado que se aprobó en el seno de la Comisión de Justicia. Lo comenté ya con el presidente de la comisión y efectivamente, así fue, por una omisión no está incluido. Pero hago la precisión para que se incluya en el proyecto de dictamen que se somete a votación y es muy sencillo, es: al que cometa el delito de robo en contra de persona o personas que presten o utilicen, etcétera. Es agregar esa palabra: persona o personas.

Así se aprobó en la comisión, para que quede incluido en la Gaceta y se ponga a consideración, en esos términos, al pleno de esta Cámara. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Quiero hacerle una pregunta, diputado Hurtado. ¿No se trata de una reserva, sino de un agregado que la comisión aprobó y que no fue publicado en la Gaceta Parlamentaria? Señor presidente.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Es correcto lo que acaba de mencionar nuestro compañero diputado. En esos términos se aprobó y le rogamos, señor presidente, que en esos términos sea publicado.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Me está informando la Secretaría de Servicios Parlamentarios —queda sujeto a verificación—, que el error no estuvo en la Gaceta, sino en el dictamen que se remitió. De cualquier manera, ninguna asamblea puede aprobar ningún texto que no conozca previamente por escrito para quedar debidamente informados de lo que van a votar.

Si hubo este error, la Presidencia no puede someter a votación el dictamen, sino que lo retira para que se haga la corrección correspondiente y en los términos, de conocimiento pleno por parte de los diputados, no sólo por los miembros de la comisión, se vote en consecuencia. Se retira, entonces, el punto. Señor diputado.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): No, señor presidente, le recuerdo que hay una reserva formulada por el diputado Camilo Ramírez Puente, que incluye esta nueva redacción.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El problema no es la formulación de la reserva, señor diputado, sino el no haber sido conocida por todos los diputados que van a votar la iniciativa. No es reserva. Le pregunté al diputado Hurtado y claramente me dijo: No se trata de una reserva. Ésa fue mi pregunta. Se trata de un agregado que votó la comisión.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Tiene usted toda la razón, señor presidente. Pero él no hizo una reserva. Pero el que sí está haciendo una reserva es el diputado Camilo Ramírez Puente, que incluye esta nueva redacción.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sí, diputado. Pero la reserva es un asunto que depende del toral, que es la discusión del dictamen. De suerte que si éste no se ha publicado correctamente no le puedo dar trámite.

La reserva no es autónoma, está referida al proyecto de dictamen que estamos sometiendo a votación, el cual no fue publicado adecuadamente.

El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado, por favor.

El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez(desde la curul): Diputado, precisamente ese es el objeto de la reserva, el que se haga la modificación con conocimiento del pleno y es lo que está proponiendo el diputado Camilo. Hay una reserva en puerta, que es del diputado Camilo.

Lo que mencionó el diputado Rebollo, es una modificación al dictamen. Pero esto, en efecto, no se puede hacer, porque no venía contenido en la Gaceta Parlamentaria. Pero sí viene en la reserva, y la reserva se va a plantear con conocimiento del pleno. Hecha ésta del conocimiento del pleno de esta asamblea el pleno votará la modificación de la reserva. Ésa es la naturaleza de la reserva.

Ya no está a discusión si se mandó o cómo se mandó a la Gaceta Parlamentaria o cómo se publicó, sino precisamente se va a subsanar con la reserva que está planteando el diputado Camilo Ramírez y que de antemano, señor presidente, todos los grupos parlamentarios, integrados o representados en la comisión, estamos de acuerdo.

El diputado Camilo Ramírez Puente(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Don Camilo, por favor.

El diputado Camilo Ramírez Puente(desde la curul): Gracias, presidente. Quiero suplicarle respetuosamente, presidente, que se nos acepte presentar esta reserva y que podamos hacerlo valer ahorita de una vez, en aras de una rápida y pronta actividad legislativa y que aparejado a ello, en este mismo momento, se pudiera sacar una Gaceta corregida.

A final de cuentas está dentro de las facultades suyas y del pleno de esta Cámara resolver cualquiera de estas problemáticas que pudieran presentarse. Estoy cierto que, inclusive, si esto se sometiera a votación, sería aprobado por este pleno. Se lo pido en lo personal como una súplica y como diputado, respetuosamente.

El diputado Ariel Gómez León(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado, por favor.

El diputado Ariel Gómez León(desde la curul): Señor presidente, pienso que el procedimiento que usted está haciendo es correcto. Pero, ¿no se subsanaría con la lectura de la reserva de los señores diputados, con la potestad que usted tiene como presidente? En una lectura podría quedar y daríamos fluidez a ese rezago legislativo.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Vuelvo a retomar el punto. El diputado Hurtado señaló que esta no es una reserva, que es un agregado que forma parte del dictamen porque se votó. Si forma parte del dictamen, el dictamen debe ser publicado en su totalidad.

Con todo respeto, don Camilo, la ley no se vota, se cumple. De suerte que retiro el punto y pasamos al siguiente punto del orden del día.

LEY ORGANICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción XXIII del artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que reforma la fracción XXIII del artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXI Legislatura le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXIII del artículo 2o. de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

La Comisión de Ciencia y Tecnología de la honorable Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 176, 182 numeral 1, y demás relativos al Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el 29 de abril de 2011 por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la diputada Elsa María Martínez Peña, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXIII del artículo 2o. de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt.

2. El 13 de mayo de 2011, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Ciencia y Tecnología para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Descripción de la iniciativa

La iniciativa de la diputada Elsa María Martínez Peña, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, propone reformar la fracción XXIII del artículo 2o. de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con objeto de que corresponda al Conacyt realizar la promoción y apoyo a los investigadores, científicos y tecnólogos nacionales para llevar a cabo el proceso de registro de sus descubrimientos y desarrollos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

La promovente destaca que en años recientes el 99 por ciento de la producción de conocimiento en México se ha concentrado principalmente en la publicación de artículos científicos, lo que de manera significativa ha desplazado la generación de patentes en comparación con otros países.

Además, señala que a este escenario se suma un problema adicional: la migración de investigadores con sus desarrollos científicos y tecnológicos y su consecuente registro de patente en otras naciones.

En su exposición de motivos la promovente señala que esto se debe a:

a) El costo, los tiempos y los trámites complejos que los proponentes de patentes enfrentan en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organismo ante el cual se lleva a cabo el proceso de registro.

b) La falta de supervisión de las labores de investigación y registro de desarrollos por parte del Conacyt en áreas distintas a las de sus Centros de Investigación, que forman parte de un sistema en el cual las patentes juegan un papel primordial para su consolidación.

La patente es un instrumento mediante el cual se protegen las invenciones, descubrimientos y desarrollos que apoyan la labor científica y tecnológica a favor del desarrollo social y económico de una nación, no obstante, los factores mencionados provocan que el gremio científico y tecnológico del país evada el ejercicio de patentar.

En ese sentido, se hace evidente la necesidad y la importancia de que el Conacyt, como cabeza de sector, responsable de los centros públicos de investigación, e institución que otorga y regula los lineamientos para la incorporación de los posgrados de diversas instituciones de educación superior, al padrón nacional de posgrados, adquiera la atribución legal de participar en la promoción y apoyo de los investigadores, científicos y tecnólogos nacionales para llevar a cabo el proceso de registro de sus descubrimientos y desarrollos ante el IMPI.

A lo largo de su exposición, la diputada Elsa María Martínez Peña expresa su reconocimiento ante aquellas acciones que al respecto ya se llevan a cabo al interior de los centros públicos de investigación del Conacyt, con la instalación del servicio Asesoría de Patentes. Sin embargo, destaca que dicha labor no debe ser sólo resultado del esfuerzo de cada centro, sino una política generalizada.

Señala también al programa AVANCE (Alto Valor Agregado en Negocios con Conocimiento y Empresarios) como un esfuerzo significativo del Conacyt para “fomentar y detonar la protección intelectual de invenciones en México consecuencia de la aplicación del conocimiento científico y tecnológico”.

La legisladora pretende con esta iniciativa responder la demanda del gremio científico y tecnológico nacional de revertir la casi nula asesoría respecto al ejercicio de patentar.

Finalmente, y de acuerdo con las consideraciones expuestas por la diputada Elsa María Martínez Peña, la iniciativa que contiene el proyecto de decreto que reforma la fracción XXIII del artículo 2o. de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para quedar como sigue:

Único. Se reforma la fracción XXIII del artículo 2o. de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a XXII. ...

XXIII. Promover las publicaciones científicas mexicanas y fomentar la difusión sistemática de los trabajos rea-lizados tanto por los investigadores nacionales como por los extranjeros que residan en el país, mediante la utilización de los medios más adecuados para ello, así como publicar anualmente avances relevantes de la ciencia y la tecnología nacionales, sus aplicaciones específicas y los programas y actividades trascendentes de los centros públicos de investigación; además de promover y apoyar a los investigadores, científicos y tecnólogos nacionales para llevar a cabo el proceso de registro de sus descubrimientos y desarrollos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

XXIV. a XXVIII. ...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. Consideraciones de la comisión

En opinión de los diputados que integran esta comisión, la iniciativa objeto del presente dictamen se refiere a un problema fundamental que impide en alguna medida el crecimiento económico en general y, en particular, el desarrollo del sector científico y tecnológico nacional.

Como manifiesta la exposición de motivos y reafirma el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, desafortunadamente “...en los últimos años, al menos el 99 por ciento de la producción del conocimiento en México se ha concentrado principalmente en la publicación de artículos científicos, lo que de manera significativa ha desplazado la generación de patentes, en comparación con otros países”.

En este sentido se analizaron los datos de la publicación El Sistema Nacional de Innovación Mexicano: instituciones, políticas, desempeño y desafíos, en la cual un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, describe el panorama en cifras en que se inscribe la inquietud de la legisladora.

De acuerdo con los datos que se revisaron, se puede observar que el coeficiente de invención, que mide el número de patentes que solicitan agentes residentes en el país por cada 10 mil habitantes, no presentó cambios significativos entre 1997 y 2006. Si éste se compara con el de otras naciones, el índice mexicano es el más bajo, lo que quiere decir, en términos generales, que nuestra capacidad de innovación no ha tenido evolución.

Por otro lado, el coeficiente de dependencia, que divide el número de patentes solicitadas por extranjeros entre el número de patentes solicitadas por residentes nacionales, indica que en los últimos años nuestra dependencia respecto a las innovaciones desarrolladas en el extranjero es mayor.

Finalmente, un elemento más que nos permite constatar las afirmaciones de la diputada promovente es el referente a las patentes que los mexicanos solicitan en el extranjero. El estudio referido, indica que mientras que “en 1995 los mexicanos solicitaron el registro de 567 patentes en el extranjero, para 2003, el número de solicitudes se había incrementado a 8 mil 124, cuatro veces más”.

Por otro lado, de acuerdo con datos de la United States Patent and Trademark Office, en 2003, la solicitud de patentes de mexicanos en el extranjero tuvo el siguiente comportamiento: 174 solicitudes en España, 170 en Alemania, 170 en Reino Unido, 163 en Suiza, 108 en Canadá, 99 en Brasil, 91 en Japón, 83 en China y 13 en Chile.

A estas evidencias se agrega lo que el último informe disponible del IMPI describe: durante 2009 el total de solicitudes de patente recibidas fue de 14 mil 281, mientras que en 2008 fueron 16 mil 581. Esto representa una variación real negativa de 13.88 por ciento.

Por otro lado, las citas a pago de patentes también mostraron para los mismos años una disminución de 4.7 por ciento; puesto que en 2009 se reportaron 10 mil 453; en contraste con 2008, año en el que se reportaron 10 mil 970 citas.

Con estos elementos, la dictaminadora coincide y refrenda la necesidad de que esta situación se revierta en toda la República Mexicana; prestando atención tanto al proceso de registro como al de conservación de ésta.

Coincidimos con la legisladora en que, de no hacer algo al respecto, la brecha que separa a nuestro país de las economías basadas en la aplicación del conocimiento será cada vez mayor, lo que significa en el corto plazo no sólo un problema para el gremio científico y tecnológico, sino para el sector económico y productivo en su conjunto.

Cabe destacar que la demanda por revertir la situación expuesta no es aislada. En diversos estados de la República la identificación del problema se hace evidente. En fechas recientes, el Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Puebla identificó que, durante los años 2009 y 2010, los 597 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y los más de 1 mil 200 investigadores independientes registrados ante el Consejo solamente registraron 36 solicitudes de patentes. Al respecto, señalan la urgencia de acciones de política integrales, de alcance nacional.

Tal y como lo señala la legisladora, el problema de las patentes tiene diversas causas; entre ellas el costo y los “trámites engorrosos”. Sin embargo, debemos señalar respecto a este último que, de acuerdo con los resultados de la Auditoría de Desempeño: 09-1-10K8V-07-0258, realizada al IMPI, por la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio 2009, éste no representa un obstáculo en el proceso de patentar. La Auditoría señala:

“Se constató que, en el ejercicio fiscal de 2009, el IMPI aplicó 164 encuestas a usuarios de servicios de patentes, en las que se evaluaron 6 aspectos: oportunidad, transparencia, amabilidad, accesibilidad, honestidad e instalaciones, y cuyos resultados arrojaron un índice general de calidad y satisfacción de 9.2 puntos, de un máximo de 10 puntos, sin que se registrara alguna atención inmediata, queja o sugerencia de servicio.”

Sumado a estos resultados, diversos directores de Consejos Estatales de Ciencia, consideran que parte importante del problema se debe, en principal medida, a la carencia de una cultura para la generación de patentes por parte de los investigadores, más que a cuestiones relacionadas directamente con el proceso implantado por el IMPI.

Al respecto, destaca el hecho de que el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, señale que “en 2009, el número de investigadores inscritos fue de 15 mil 556, lo que significó un avance del 78.4 por ciento de la meta para 2012 de lograr la formación de 19 mil 850 investigadores. De los 15 mil 565 investigadores, el 83.1 por ciento (12 mil 934) fueron investigadores de nuevo ingreso en el SNI, entre 1984 y 2008, y el 16.9 por ciento (2 mil 631) siguieron su trayectoria desde que inició el programa, por lo que de cada seis investigadores, uno siguió el ascenso que ofrece el SNI.”

Por otro lado señala que “de las 816 patentes provenientes del sector académico, otorgadas por el IMPI de 1991 a 2009, el 30.8 por ciento corresponden a universidades públicas: 121 a la Universidad Nacional Autónoma de México, 78 al Instituto Politécnico Nacional y 52 a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). No obstante lo anterior, la cifra de patentes aún está muy lejana de las 9,647 que se otorgaron en 2009”.

La información anterior permite llegar a las siguientes conclusiones:

• Existe un potencial de investigadores con cierta antigüedad dentro del SNI, cuya consolidación y experiencia en la investigación los hace sujetos potenciales de generación de patentes.

• El crecimiento y consolidación del SNI no tiene relación o impacto sobre el número de patentes nacionales y mucho menos sobre las provenientes del sector académico.

• Dado que el mayor número de miembros del SNI se encuentra adscrito a alguna institución académica, pareciera que el patentar no está dentro de sus prioridades como Investigadores, lo que nos permite pensar en una falta de cultura respecto a este ejercicio (al menos cuando éste se lleva a cabo dentro del territorio nacional).

Tal y como lo señala la legisladora, los miembros del SNI se encuentran inmersos en procesos de investigación que pudieran dar como resultado la generación de patentes, en virtud de que el objetivo del sistema es promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica, y la innovación que se produce en el país. El sistema contribuye a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel como un elemento fundamental para incrementar la cultura, productividad, competitividad y el bienestar social.

Citando nuevamente la publicación de los investigadores de la UAM, en el país los principales agentes de innovación son:

• El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,

• El Foro Consultivo Científico y Tecnológico,

• La Red Nacional de Consejos estatales de Ciencia y Tecnología,

• Los Centros Públicos de Investigación del Conacyt

• Los Centros de Investigación Administrados por las Secretarías de Estado,

• Los institutos y centros de investigación pertenecientes a las Instituciones de Educación Superior,

• Las empresas del sector privado, y

• Las Comisiones de Ciencia y Tecnología del Poder Legislativo.

Esta comisión coincide por tanto con la inquietud que la promovente señala en su iniciativa; y aunque se reconoce que no sólo el Conacyt y quienes de él dependen –investigadores, becarios y exbecarios–, los responsables de generar patentes y dar solución al bajo índice de producción y registro; sí es la institución que en todo caso debe contribuir de forma significativa con acciones puntuales para revertir este proceso.

En ese sentido, la dictaminadora reconoce la importancia de que la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología contenga como funciones del Conacyt la labor de promoción y apoyo para aquellos quienes son potencialmente generadores de invenciones y desarrollos con altas probabilidades de convertirse en patentes, considerando que el Artículo 2o. de dicha Ley señala que: El Conacyt, tendrá por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo federal y especializada para articular las políticas públicas del gobierno federal y promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país.

No queda duda que el Conacyt, por medio de sus respectivos órganos, ha de tener como función la promoción y apoyo de los becarios, investigadores, científicos y tecnólogos nacionales para que lleven a cabo el proceso de registro de sus invenciones ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sobre todo cuando éstas se lleven a cabo mientras el propio Conacyt, y por ende la Nación, invierten recursos en la formación, capacitación y desarrollo profesional de estos potenciales generadores de patentes.

Al respecto, la labor que se lleve a cabo con el IMPI es nodal, pues es la institución que en nuestro país tiene la autoridad para administrar el sistema de propiedad industrial, al cual corresponden las patentes.

La misión del IMPI es “estimular la creatividad en beneficio de la sociedad en su conjunto y proteger jurídicamente a la propiedad industrial y los derechos de autor a través del Sistema Nacional de Propiedad Industrial, mediante el otorgamiento de derechos, tales como patentes (...) También imponer sanciones por el uso indebido de los derechos de propiedad intelectual y para declarar la nulidad, cancelación o caducidad de los mismos y difundir el conocimiento tecnológico mundial protegido por los derechos de propiedad industrial, mediante la promoción y diseminación de su acervo de información”.

La importancia de que las invenciones se registren a fin de patentarse es fundamental, ya que se obtiene “un documento expedido por el IMPI, en el que se describe la invención y por el que se crea una situación jurídica por la que la invención patentada, normalmente, sólo puede ser explotada (fabricada, utilizada, vendida, importada) por el titular de la patente o con su autorización”.

Al incentivar este ejercicio, no sólo existen beneficios para aquellos que las generan, sino para la sociedad en su conjunto.

Con la nueva atribución que se pretende incorporar en la legislación se busca atender tanto el proceso como el tiempo de vida de las patentes. En ese sentido los integrantes de esta Comisión adicionamos al planteamiento de la Legisladora la especificación de que el Conacyt no sólo deberá apoyar en el proceso de registro a quienes generen invenciones, sino también en la conservación de los derechos que confiere una patente.

Es importante mostrar un caso de éxito. La Universidad Autónoma de Nuevo León, cuenta con un área que protege la propiedad intelectual de los universitarios y transfiere la tecnología al sector productivo de la sociedad. El Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología (CIETT) impulsa la innovación y su difusión, protege la propiedad intelectual por medio de las patentes y el otorgamiento de licencias a la industria.

Las autoridades de la universidad están convencidas de que proteger la propiedad intelectual y las innovaciones, evita el riesgo de plagio y pérdida irreversible del conocimiento universitario.

Los integrantes de esta comisión consideramos que esta reflexión se puede aplicar a nivel nacional, por lo que la Iniciativa en análisis es de suma importancia.

Casos similares en los que se fomenta la cultura de patentar se detectan en otras Universidades Públicas como las Universidades públicas de Sonora, Puebla, Juárez, Autónoma de Tabasco, y las particulares, como el ITESM y la Universidad Anáhuac.

Adicionalmente, se corroboró que, tal y como lo señala la iniciante, los centros de investigación del Conacyt distribuidos en algunas entidades de la República Mexicana cuentan con una oficina de Asesoría de Patentes; esfuerzo que aunque depende de la capacidad de cada centro, representa una labor encomiable que incrementa y arraiga la cultura de las patentes.

En este sentido, la propuesta deja abierta la posibilidad de que el apoyo pueda darse en diversas modalidades, pero sin abandonar a los becarios, investigadores, científicos y tecnólogos en ninguna de las etapas del proceso de patentar.

La dictaminadora sugiere que en el texto propuesto para la fracción XXIII, del artículo 2o. de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se explicite que el registro ante el IMPI corresponde al de las “Invenciones” y no al de sus “descubrimientos y desarrollos”, con el objetivo de utilizar el lenguaje que la normatividad y el proceso de registro de patentes utiliza.

La justificación técnica al respecto, la encontramos en lo que el propio Instituto especifica cuando se refiere a lo que es la propiedad industrial:

“La propiedad industrial es una de las dos partes que conforman la propiedad intelectual, la otra es la propiedad autoral que se refiere a los derechos de autor.

La propiedad industrial protege y promueve: a) la realización de invenciones patentables, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los modelos de utilidad y los diseños industriales; y, b) las indicaciones comerciales como son: marcas, avisos y nombres comerciales y las denominaciones de origen.”

Adicionalmente, los becarios del Conacyt, en tanto son apoyados con el objetivo de formar recursos humanos en las diversas áreas científicas y tecnológicas, deben considerarse como generadores potenciales de invenciones patentables. Por ello se sugiere adicionarlos a la propuesta de la legisladora, como sujetos objeto de la nueva función asignada al Conacyt.

Finalmente, los integrantes de esta comisión destacamos que la Iniciativa analizada atiende una demanda explicita del sector científico y tecnológico nacional, y espera contribuir a que se modifiquen favorablemente los bajos niveles de patentes mexicanas.

En mérito de lo expuesto, con base en las consideraciones anteriores y al análisis de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIII del artículo 2o. de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción XXIII del artículo 2o. de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Artículo Único. Se reforma la fracción XXIII del artículo 2o. de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

Artículo 2o.

...

I. a XXII. ...

XXIII. Promover las publicaciones científicas mexicanas y fomentar la difusión sistemática de los trabajos realizados tanto por los investigadores nacionales como por los extranjeros que residan en el país, mediante la utilización de los medios más adecuados para ello, así como publicar anualmente avances relevantes de la ciencia y la tecnología nacionales, sus aplicaciones específicas y los programas y actividades trascendentes de los centros públicos de investigación; además de promover y apoyar a quienes otorgue una beca en sus distintas modalidades, a sus investigadores, científicos y tecnólogos nacionales, para llevar a cabo el proceso de registro y conservación de sus invenciones ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;

XXIV. a XXVIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 17 de agosto de 2011.

La Comisión de Ciencia y Tecnología, diputados:Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), presidente; Blanca Juana Soria Morales (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Óscar Román Rosas González, secretarios; Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Alejandro del Mazo Maza (rúbrica), José Alberto González Morales, Tomás Gutiérrez Ramírez, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Aarón Irízar López (rúbrica), José Francisco Landero Gutiérrez (rúbrica), Óscar Lara Salazar, Ana Luz Lobato Ramírez (rúbrica), Oralia López Hernández, José Trinidad Padilla López, César Octavio Pedroza Gaytán, María Isabel Pérez Santos, Jorge Romero Romero (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Está a discusión en lo general y en lo particular. Tengo registradas en pro del dictamen la intervención de los señores diputados Francisco Javier Landero Gutiérrez y Rodolfo Lara Lagunas, así como de la diputada Elsa María Martínez Peña. Hace uso de la palabra hasta por tres minutos el diputado Francisco Javier Landero Gutiérrez.

El diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez:Legisladores y legisladoras, en estos momentos vamos a fijar el posicionamiento de Acción Nacional sobre una reforma que nos parece fundamental a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); y aunque esta reforma pareciera tal vez un poco superflua, para nosotros representa una reforma de gran trascendencia, porque lleva un punto medular en el apoyo a la ciencia y tecnología.

Actualmente —como sabemos— nuestro país se encuentra en un lugar nada envidiable —el último— entre los países de la OCDE, en cuanto a inversión en ciencia y tecnología, ya que únicamente destinamos el 0.4 por ciento del producto interno bruto, mientras que otros países en igualdad de circunstancias, como Turquía y Grecia, sólo aportan el 0.5, el 0.6; es decir, un 0.1 por ciento más aún que nuestra nación.

También nos encontramos todavía en última posición en cuanto a la capacidad de inventiva; es decir, solamente se registra un bajo nivel de patentes científicas.

Por otro lado, esto resulta una contradicción, porque sabemos que somos un país con mexicanos muy creativos. Entonces ¿cómo es posible que no registremos patentes?

Las patentes son un indicador para medir la productividad de nuestros investigadores y del conocimiento que se genera en las empresas, para conocer también las capacidades que se tienen en innovación tecnológica y en las que la investigación ha podido concretar en este país muchos resultados. Sin embargo, no lo plasmamos y no dejamos un conocimiento por escrito y patentado para las siguientes generaciones.

Lamentablemente, en nuestro país los centros de investigación y las instituciones de educación superior, así como las empresas, tienen pocos activos y también apoyos para presentar esas solicitudes y no se ha desarrollado en nuestro país la cultura que lleve al registro de las patentes.

En este contexto, nuestro país requiere de la producción de conocimiento nuevo, que sea susceptible de ser transferido, a fin de contribuir a la solución de los problemas de nuestra sociedad.

En nuestros institutos y centro de investigación hay mucho talento, pero en ese sentido, hay que apoyar y fomentar.

En virtud de lo anterior, los legisladores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional votaremos a favor del presente dictamen que reforma la fracción XXIII del artículo 2o. de la Ley Orgánica del Conacyt, para que esta institución considere dentro de sus funciones y de manera muy concreta, la labor de promoción y apoyo de los becarios, de los investigadores, de los científicos y tecnólogos nacionales, para que lleven a cabo el proceso de registro de sus invenciones ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Por ello, legisladoras y legisladores, en este afán de ir adelante con la innovación tecnológica para el desarrollo social, votaremos a favor e invitamos a que no tengamos ni un voto en contra, ninguna abstención, porque apostar a la innovación tecnológica, a las patentes, es un voto a favor del desarrollo nacional. Gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Rodolfo Lara Lagunas, hasta por tres minutos.

El diputado Rodolfo Lara Lagunas:Compañeras y compañeros diputados, en nombre de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, convocamos a todos los miembros de todos los partidos a apoyar esta reforma, ya que garantiza el crecimiento, el desarrollo en lo que México no anda, en comparación a otros países, bien.

Se debe apoyar este dictamen bajo la idea de que sólo es un primer paso. Debe darse continuidad al proceso de reformas legales y a la coordinación de todos los niveles de gobierno, con la participación de los sectores social y privado, sin menoscabo de aplicar los recursos presupuestarios, con el objeto de poner fin al creciente déficit del país en materia de generación de patentes. Lo cual también pasa por el impulso de una nueva cultura a este respecto, que debe partir del apoyo y reconocimiento a los mexicanos que en mayor o menor medida dedican su vida al campo de las invenciones.

Este dictamen parte, primero, de que la patente es un instrumento mediante el cual se protegen las invenciones, descubrimientos, desarrollos que apoyan la labor científica, tecnológica y a favor del desarrollo social y económico de la nación.

Dos. El enorme y creciente déficit en materia de patentes es un factor que afecta nuestro crecimiento económico y desarrollo científico y tecnológico, en comparación con otros países.

Sin embargo, el 99 por ciento de la producción del conocimiento en México, básicamente consiste en la publicación de artículos científicos, en tanto que el coeficiente de invención, el número de patentes de agentes residentes en el país, por cada 10 mil habitantes, no tuvo un cambio significativo de 1977 a 2006. Índice que comparado con otras naciones, nos muestra que el de nuestro país es de los más bajos. Por todo lo dicho, existe una dependencia creciente de las innovaciones desarrolladas en el extranjero.

En tal virtud, la esencia de este dictamen es que el Conacyt, como cabeza de sector, responsable de los centros públicos de investigación e institución, que otorga y regula los lineamientos para la incorporación de educación superior al padrón nacional de posgrados, adquiera la atribución legal de participar en la promoción y apoyo a los investigadores científicos nacionales para llevar a cabo el proceso de registro y conservación de sus invenciones ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Por todo ello, el Partido de la Revolución Democrática —reitero—, invita a todos los compañeros de las demás fracciones a dar su voto a favor de esta propuesta de reforma. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Elsa María Martínez Peña.

Quiero dar la más cordial bienvenida a la delegación del Frente Continental de Organizaciones Comunales de los países hermanos de Cuba, Chile, Brasil y Nicaragua, invitados por el diputado federal Pedro Vázquez González. Les doy, a nombre de todas las diputadas y los diputados, la más cordial bienvenida.

Hago la misma salutación a los estudiantes de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, Universidad de Estudios Superiores de El Oro, estado de México. Muy bienvenidos. Adelante, diputada.

La diputada Elsa María Martínez Peña:Gracias, presidente. Compañeros y compañeras diputados, para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza es importante aprobar el presente dictamen, porque contribuye a dar certidumbre en un ámbito crucial del desarrollo científico y tecnológico, que tanta falta le hace a nuestro país.

La patente es un instrumento mediante el cual se protegen las invenciones, descubrimientos y desarrollos que apoyan la labor científica y tecnológica, a favor del desarrollo social y económico de una nación. Éstas pueden provenir tanto del sector industrial como del educativo, ya sea del espacio público o particular. En el caso de México, los investigadores adscritos a los centros de investigación públicos y a las instituciones de educación superior son potenciales innovadores.

Una de las principales formas en que el país puede llevar a cabo el monitoreo del estado que guarda la generación de conocimiento, así como los descubrimientos científicos y tecnológicos, es a través del número de publicaciones científicas y de las patentes registradas.

Es ampliamente conocido que en México muchos investigadores optan por migrar con sus desarrollos científicos y tecnológicos a otros países.

Por ello, el dictamen a discusión propone reformar la fracción XXIII del artículo 2o. de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con el objeto de fortalecer las atribuciones del Conacyt, a fin de facilitar los procedimientos de registro de patentes. Dicha disposición, de aprobarse, establecería lo siguiente: Promover las publicaciones científicas mexicanas y fomentar la difusión sistemática de los trabajos realizados, tanto por los investigadores nacionales como por los extranjeros que residen en el país, mediante la utilización de los medios más adecuados para ello, así como publicar anualmente avances relevantes de la ciencia y la tecnología nacionales.

Sus aplicaciones específicas y los programas y actividades trascendentes de los centros públicos de investigación; además de promover y apoyar a quienes otorguen una beca en sus distintas modalidades, a sus investigadores, científicos y tecnólogos nacionales, para llevar el proceso de registro y conservación de sus invenciones ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; por estas razones, compañeros, diputadas y diputados, consideramos que es de aprobarse, en sus términos, el presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si está suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Todavía está abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación. De viva voz, diputados.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): A favor.

La diputada Juanita Jesús Santillán Hernández(desde la curul): A favor.

La diputada Yolanda de la Torre Valdez(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Señor presidente, se emitieron 345 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputados que quieren hacer uso de su derecho a emisión del voto, de viva voz.

El diputado Pedro Jiménez León(desde la curul): A favor.

El diputado Alfredo Villegas Arreola (desde la curul): A favor.

La diputada Gabriela Cuevas Barron(desde la curul): A favor.

El diputado Enrique Torres Delgado(desde la curul): A favor.

La diputada Georgina Trujillo Zentella(desde la curul): A favor.

La diputada Janet Graciela González Tostado(desde la curul): A favor.

El diputado Arturo Zamora Jiménez(desde la curul): A favor.

El diputado Germán Contreras García(desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez(desde la curul): A favor.

El diputado Ovidio Cortazar Ramos(desde la curul): A favor.

El diputado Inocencio Ibarra Piña(desde la curul): A favor.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): A favor.

El secretario diputado Herón Agustín Escobar García:Señor presidente, fueron 357 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 357 votos el proyecto de decreto que reforma la fracción XXIII del artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 9 y 14 de la Ley General de Educación.

El secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 9 y 14 de la Ley General de Educación

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 176 y 95, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión celebrada el 8 de diciembre de 2009, el diputado Reyes Tamez Guerra, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXI Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de fomento de actividades de divulgación de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en la educación básica.

2. En la sesión de la Cámara de Diputados del 2 de marzo de 2010, la diputada María de Lourdes Reynoso Femat, en nombre propio y del diputado Alejandro Bahena Flores, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de fomento de actividades de divulgación de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en la educación básica.

3. La presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó las iniciativas en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente.

4. El 9 de noviembre de 2010, el dictamen positivo se sometió a discusión y votación en el pleno de la Cámara de Diputados, aprobándose con 278 votos y 3 abstenciones. En esa fecha, la iniciativa con proyecto de decreto se turnó a la Cámara de Senadores y fue recibida para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el 11 de noviembre de 2010.

5. El 12 de abril de 2011 se sometió el dictamen a discusión y votación en el Pleno de la Cámara de Senadores, aprobándose con 85 votos. En esa fecha, la minuta con proyecto de decreto se remite a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para los efectos del apartado E) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6. El 14 de abril, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta en comento a la Comisión de Educación Pública, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

7. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e iniciaron el análisis correspondiente.

II. Descripción de la minuta

La presente minuta tiene por objeto establecer en la ley que el Estado, además de impartir y atender los diferentes tipos y modalidades educativas, deberá apoyar, de manera transversal, la investigación científica y el desarrollo de la tecnología y la innovación; asimismo involucrar a las autoridades educativas federal y locales, en la promoción, enseñanza y difusión de la investigación científica y tecnológica.

De acuerdo con la exposición de motivos, la ciencia, la tecnología y la innovación son tres aspectos prioritarios del conocimiento, los cuales permiten, en cierta manera, que un país sea altamente competitivo. Por tanto, “el aprendizaje de la ciencia y la tecnología son cruciales en la formación de los estudiantes para la vida en la sociedad moderna”.

Sin embargo, en México, estos campos han tenido un crecimiento mínimo. Por lo que se proponen diversas estrategias en el Plan Nacional de Desarrollo atendiendo esta situación. Una de ellas es, la promoción de la ciencia y la tecnología en la educación básica. De acuerdo con cifras del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), las habilidades científicas de los alumnos de educación básica, el desempeño de la competencia científica está por debajo del promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (promedio de México 416 y de la OCDE 501).

Por lo que se requiere una mayor atención en la enseñanza de la ciencia y la tecnología; además de la necesidad de unir esfuerzos entre los actores involucrados en el Sistema Educativo, para crear una cultura científica y tecnológica del país.

Con base en los anteriores argumentos, se propone el siguiente proyecto de decreto:

Artículo Único. Se reforman los artículos 9o. y la fracción VIII del artículo 14 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 9o. Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación e impulsará su divulgación, además de alentar el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 14. ...

I. a VII. ...

VIII. Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y fomentar su enseñanza y divulgación;

IX. a XIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. Consideraciones generales

En opinión de esta Comisión Dictaminadora, reconoce la importancia de generar en las personas una cultura científica y tecnológica. En el artículo 3ero. Constitucional se establece que la educación deberá ser basada “en los resultados del progreso científico”. Además, se determina como uno de los fines de la educación a la investigación e innovación científicas y tecnológicas (artículo 7, en la Ley General de Educación). Por lo que resulta fundamental la enseñanza de la ciencia y la tecnología, ya que son consideradas como herramientas necesarias para el desarrollo económico, educativo y cultural de la población.

La Comisión Dictaminadora observa que el “saber” es una condicionante que influye en el desarrollo de las poblaciones. Se vive en una sociedad del conocimiento, donde la infraestructura, las máquinas y los equipos no son tan apreciados como “las capacidades de los individuos para adquirir, crear, distribuir y aplicar creativa, responsable y críticamente (con sabiduría) los conocimientos, en un contexto donde el veloz ritmo de la innovación científica y tecnológica los hace rápidamente obsoletos”. Dentro de este contexto, las ideas, la innovación, la ciencia y la tecnología son campos que apoyan a la constitución de una sociedad desarrollada y con altos índices de bienestar.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura (UNESCO), “estimula la elaboración de programas pedagógicos eficaces en materia de ciencia y tecnología mediante la promoción de políticas y planes de estudio que (...) sean pertinentes en términos socioculturales y medioambientales”.

En México, el Plan Nacional de Desarrollo establece como una prioridad nacional “la enseñanza, difusión y divulgación de la ciencia y la tecnología en todos los niveles educativos, empezando con la educación preescolar, primaria y secundaria”. La investigación e innovación científica y tecnológica, la educación y la sociedad, están estrechamente relacionadas y son “factores determinantes para la competitividad y bienestar de un país”.

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE 2009 arrojó entre sus resultados que un porcentaje alto de estudiantes mexicanos se encuentran ubicados en el nivel 2 y 1 de desempeño de la ciencia (33.6 y 32.8 por ciento respectivamente). En el nivel 2, los alumnos pueden explicar e interpretar investigaciones simples; mientras que en el nivel 1, los estudiantes tienen un conocimiento científico limitado. Esta situación se torna preocupante, ya que el desafío es que los estudiantes puedan generar competencias para apropiarse y aprovechar el conocimiento científico y tecnológico, con el fin de pensar de manera lógica los hechos cotidianos y resolver problemas prácticos y sencillos. Por lo que es necesario reforzar, fomentar e incidir, tanto en las instituciones, la legislación como en las políticas públicas, planteamientos a favor de la ciencia y la tecnología.

Los miembros de esta comisión coinciden con la modificación que la Cámara de Senadores realiza al artículo 14 de la Ley General de Educación, ya que señala de manera puntual que la promoción de la investigación y el desarrollo de la ciencia y tecnología, debe incluirse en las currícula de todos los niveles educativos que atiende y apoya el Estado –todos los tipos de educación y sus modalidades–. Además de que establece como facultad de las autoridades educativas federal y locales, la divulgación de estos conocimientos, para que la población se apropie de ellos con el fin de solucionar tareas de la vida cotidiana. Por lo que el artículo quedaría de la siguiente manera:

Artículo 14. ...

I. a VII. ...

VIII. Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y fomentar su enseñanza y divulgación;

IX. a XIII. ...

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 fracciones A y E de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta honorable asamblea que el presente proyecto de decreto que reforma la Ley General de Educación sea remitido al Ejecutivo para efecto de que, si no tuviere observaciones que hacer, lo publique inmediatamente.

Por lo anterior, y una vez analizada la minuta materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto que reforma los artículos 9o. y 14 de la Ley General de Educación, en materia de divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación

Artículo Único. Se reforman los artículos 9o. y 14, fracción VIII de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 9o. Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación e impulsará su divulgación, además de alentar el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 14. ...

I. a VII. ...

VIII. Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y fomentar su enseñanza y divulgación;

IX. a XIII. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2010) Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes 2009. Pág. 84. Extraído el día 9 de mayo de 2011, desde:

http://www.inee.edu.mx/index.php/publicaciones/informes-instituc ionales/estudios-internacionales/4834

2 Ídem. Pág. 88.

3 Rodríguez Acevedo, Germán Darío (s.f.). “Ciencia, tecnología y sociedad: una mirada desde la educación en tecnología”. Revista Iberoamericana de Educación, número 18. Extraído el día 9 de mayo de 2011, desde:

http://www.rieoei.org/oeivirt/rie18a05.htm

4 UNESCO (2011) Enseñanza de la ciencia y tecnología. Extraído el día 9 de mayo de 2011, desde: http://www.unesco.org/new/es/education/themes/strengthening-education-systems/s cience-and-technology/

5 Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República (2007) Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Pág. 193. Extraído el día 9 de mayo de 2011, desde: http://pnd.calderon.presidencia. gob.mx/index.php?page=documentos-pdf

6 Rosales Gutiérrez, Francisco (2004) Ciencia, educación y sociedad. Una relación compleja. Extraído el día 9 de mayo de 2011, desde:

http://www.observatorio.org/colaboraciones/rosales.html

7 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) (2010) México en PISA 2009. Extraído el día 9 de mayo de 2011, desde: http://www.inee.edu.mx/index.php/publicaciones/informes-institucionales/estudio s-internacionales/4834

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 20 de julio de 2011.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Roberto Pérez de Alba Blanco, Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar, José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica), Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Juana Soria Morales.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Está a discusión en lo general. Se han inscrito, en pro del dictamen, el diputado Alejandro Bahena Flores y la diputada María Araceli Vázquez Camacho. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Alejandro Bahena Flores.

El diputado Alejandro Bahena Flores:Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeros y compañeras diputadas, vengo a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a solicitar su voto para esta reforma. Uno de los factores que más ha influido en el desarrollo científico y tecnológico de los pueblos ha sido la posibilidad histórica de trasmisión y/o difusión del conocimiento.

El siglo XXI está considerado como una época en la que la gestión del conocimiento será la base de las relaciones económicas y sociales en la mayor parte de las sociedades existentes. Conocer la ciencia, sus resultados, sus aplicaciones y los beneficios que aportan a la sociedad, contribuyen a consolidar la cultura del conocimiento; por ello es importante que para la generación del conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la innovación, se emprenda una estrategia desde el Estado a favor de su divulgación.

La propuesta de dictamen, que está a consideración en este pleno, establece en la Ley General de Educación que la promoción de la investigación el desarrollo de la ciencia y la tecnología debe incluirse en la currícula de todos los niveles educativos que atiende el Estado, además de que establece como facultad de las autoridades educativas federal y locales la divulgación de estos conocimientos, para que la población se apropie de ellos, con el fin de solucionar tareas de la vida cotidiana.

Desafortunadamente, en nuestro país no se ha puesto el suficiente énfasis en la enseñanza de las ciencias en la educación básica, a pesar de la fuerte presencia de la tecnología en la vida de las personas y el lugar central que ocupa la innovación tecnológica como elemento de competencia entre las empresas y las naciones.

Considero que el acercamiento a las ciencias desde una edad temprana tiene un impacto muy positivo en la calidad de la educación, debido a que involucra un ejercicio extremadamente importante de razonamiento. Lo que despierta en el niño su espíritu creativo, haciendo que se mejore el aprendizaje de todas las disciplinas.

Si los niños se familiarizan con las ciencias desde temprano tendrían mayores oportunidades de desarrollarse, tanto en este campo como en otros. De ahí la importancia de que la promoción de la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, con las adecuaciones correspondientes, se incluya en la currícula desde los niveles básicos educativos. Además de que con una buena enseñanza de las ciencias desde la niñez es posible atraer talentos hacia las carreras científicas.

No debemos olvidar que en el mundo contemporáneo el capital más importante de un país es su conocimiento. El conocimiento, no obstante, depende de la formación de las personas capaces de producirlo.

En países como el nuestro, con un importante número de niños y jóvenes en edad escolar, no es una exageración decir que si se aprovecha este potencial por medio de una educación de calidad, se puede convertir en una verdadera ventaja competitiva.

Un acercamiento a la ciencia y la tecnología, desde la educación básica, asociada a instrumentos pedagógicos que estimulen las habilidades necesarias para el aprendizaje permanente favorece el desarrollo de habilidades intelectuales. Además, la divulgación científica es importante, porque fortalece la capacidad de los ciudadanos para hacerse de información útil y transformarla en conocimiento, pero también para utilizar el conocimiento generado por otros en las diferentes actividades productivas, sociales y culturales en las que están involucrados.

La información y el conocimiento generan desarrollo en los países. La divulgación de la ciencia y la tecnología debe complementar la labor didáctica que favorece la apropiación por parte del individuo en el proceso educativo, en ese sentido debe estar vinculada con la labor cotidiana del sistema educativo en la medida en que habilita a los ciudadanos a ser actores del conocimiento.

Por ello, los invito a aprobar el presente dictamen, porque permitirá que el Estado, además de impartir y atender los diferentes tipos y modalidades educativas, deberá apoyar de manera transversal la investigación científica y el desarrollo de la innovación. Por su voto a favor de este dictamen, gracias. Lourdes Reynoso Femat y su servidor, Alejandro Bahena, promoventes. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Queremos agradecer y destacar la presencia, en este salón de sesiones, de una delegación de legisladores de la República de Honduras, encabezada por la diputada Lena Gutiérrez y el diputado Marvin Ponce, Vicepresidente del Congreso Nacional, quienes asisten a una reunión con la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. La Cámara de Diputados, del Congreso mexicano les da la más cordial bienvenida y hace votos por el fortalecimiento de los lazos de hermandad, diálogo y cooperación entre los dos países. Muy bienvenidos.

Hace uso de la palabra, hasta por tres minutos, la diputada María Araceli Vázquez Camacho.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: ¿Con qué objeto? ¿En contra? ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): No. No se podría estar en contra de este punto, diputado presidente. Lo que quiero comentar solamente y quiero quede en el acta, es que espero —la votación va a ser de todo mundo a favor—, espero que ese buen propósito se materialice en el presupuesto y le dediquemos, por lo menos, el 8 por ciento del producto interno bruto a educación y el 3 por ciento a investigación y tecnología. Esta sería la mejor manera de que este propósito se materializara. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De acuerdo. Adelante, diputada.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho:Con su venia, diputado presidente. También, en nombre del PRD, me adhiero a la petición que acaba de externar el diputado.

El sistema educativo nacional se ha caracterizado por una tradicional cultura a la repetición mecánica; sin embargo, la sola repetición atenta contra el verdadero conocimiento, pues destruye la duda, impide la pregunta y por ende, la búsqueda de verdades.

Para superar esta visión cognitiva, parcial y retrógrada es necesario un rompimiento epistemológico a nivel individual y cultural. La formación científica e investigativa es resultado de un proceso formativo dirigido a desarrollar las correspondientes capacidades y competencias del individuo sobre la bases de una conciencia actitudinal, conceptual, valorativa y estratégica, en relación con el proceso de la investigación científica.

La formación científica es un proceso de desarrollo individual, tendiente a adquirir o perfeccionar capacidades y aptitudes específicas para la investigación y la innovación.

Consideramos afortunado que el Senado modificara la fracción VIII del artículo 14, por la siguiente razón: la tecnología es el instrumento de la ciencia; la ciencia es obra del conocimiento humano.

Como los hechos demuestran, es insensato dar instrumentos sin haber transmitido el conocimiento para utilizarlos, que contenga motivos y valores que muevan al pensamiento humano.

El sistema educativo nacional debe propender a formar seres que rompan paradigmas, seres que busquen nuevos caminos; gente que con su ingenio e inventiva construya herramientas tecnológicas para transformar la naturaleza, pero consciente de que con su acción se va a transformar a sí mismo.

La loa a la técnica sin la correspondiente consulta al conocimiento científico nos convierte en autómatas. Seres sin pensamiento que se limitan a repetir lo que les ha sido dado.

No podemos ni debemos continuar con este círculo inercial que nos ha mantenido marginados, durante siglos, de un verdadero desarrollo.

El sistema educativo tiene la responsabilidad de consolidar la formación integral de los estudiantes para una vida ciudadana plena, que conozca u opere la tecnología y que sea consciente de los fines para los que fue creada.

Es necesario fomentar, desarrollar y alentar la vocación de los jóvenes para estudiar ciencia y tecnología desde edades tempranas, pero integradas en el paradigma del conocimiento, aspecto trascendental para mejorar la formación científica de las nuevas generaciones.

Debemos ser precavidos de no acatar a rajatabla el mandato de los países más ricos, a quienes resulta redituable que los países en desarrollo procuren emular, repetir los contenidos y la comunicación que diseñan, ex profeso, formas secundarias, vacías, escindiendo el contenido integrado por el conocimiento valioso, que es el conocimiento científico.

Debe ser una política de Estado la promoción de la enseñanza y la difusión de la investigación científica y tecnológica, que derrumbe prejuicios individuales y culturales, que sustituya dogmas a través de la búsqueda de nuevos métodos para cambiar la cultura de subdesarrollo que nos ha estigmatizado, en el mejor de los casos, como robots aptos para la maquila, siempre dependientes de la innovación científica y tecnológica de las grandes potencias.

Entramos varios siglos tarde al reloj del progreso globalizado. Sin embargo, esta reforma que les proponemos —voten a favor—, constituye un buen comienzo.

Invitamos a los compañeros a que se sumen a la minuta aprobada por el Senado. El PRD considera que es un paso importante, pero sería ingenuo pensar que un paso hace la marcha. El verdadero progreso es el que pone la ciencia y la tecnología al alcance de todos.

Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Los invitamos a votar a favor de esta minuta. Gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular el proyecto correspondiente.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se tiene por suficientemente discutido. De conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no habiéndose reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, hasta por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Esta Cámara da la más cordial bienvenida a integrantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por el diputado Vidal Llerenas Morales.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Sigue abierto el sistema electrónico. Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): A favor.

La diputada Juanita de Jesús Santillán Hernández (desde la curul: A favor.

El diputado Onésimo Mariscales Delgadillo(desde la curul): A favor.

La diputada Esthela Damián Peralta(desde la curul): A favor.

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez(desde la curul): A favor.

El diputado Oscar García Barrón(desde la curul): A favor.

El diputado Leandro Rafael García Bringas (desde la curul): A favor.

La diputada Olivia Guillén Padilla (desde la curul): A favor.

La diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata (desde la curul): A favor.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes(desde la curul): A favor.

La diputada María Felicitas Parra Becerra (desde la curul): A favor.

La diputada María de Lourdes Reynoso Femat(desde la curul): A favor.

La diputada Margarita Gallegos Soto (desde la curul): A favor.

El diputado Sergio Gama Dufour (desde la curul): A favor.

La diputada Alba Leonila Méndez Herrera(desde la curul): A favor.

La diputada Maricela Serrano Hernández (desde la curul): A favor.

La diputada Adriana Terrazas Porras(desde la curul): A favor.

El diputado Humberto Lepe Lepe(desde la curul): A favor.

El diputado Héctor Guevara Ramírez(desde la curul): A favor.

El diputado David Hernández Vallín (desde la curul): A favor.

La diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero(desde la curul): A favor.

El diputado Juan José Cuevas García(desde la curul): A favor.

El diputado Juan Carlos López Fernández(desde la curul): A favor.

El diputado Roberto Rebollo Vivero(desde la curul): A favor.

La diputada Diana Patricia González Soto (desde la curul): A favor.

El diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello (desde la curul): A favor.

La diputada Josefina Rodarte Ayala (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez(desde la curul): A favor.

El diputado Pedro Ávila Nevárez(desde la curul): A favor.

El diputado Rafael Pacchiano Alamán(desde la curul): A favor.

El diputado Manuel Humberto Cota Jiménez(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Vamos a hacer la votación de derecha a izquierda.

La diputada María de Jesús Mendoza Sánchez(desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Ovando Patrón(desde la curul): A favor.

El diputado José Erandi Bermúdez Méndez(desde la curul): A favor.

El diputado José Ricardo López Pescador(desde la curul): A favor.

El diputado Manuel Cadena Morales(desde la curul): A favor.

El diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan(desde la curul): A favor.

El diputado Alejandro del Mazo Maza(desde la curul): A favor.

El diputado Eduardo Ledesma Romo(desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave(desde la curul): A favor.

El diputado Jaime Sánchez Vélez (desde la curul): A favor.

El diputado Germán Contreras García(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Herrera Jiménez(desde la curul): A favor.

La diputada Florentina Rosario Morales(desde la curul): A favor.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún(desde la curul): A favor.

La diputada Guillermina Casique Vences(desde la curul): A favor.

La diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño(desde la curul): A favor.

El diputado Nazario Norberto Sánchez(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se emitieron, señor presidente, 337 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 337 votos a favor, el proyecto de decreto que reforma los artículos 9 y 14 de la Ley General de Educación. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

CODIGO DE JUSTICIA MILITAR

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adicional el capítulo IV Bis al Título Octavo del Libro Segundo del Código de Justicia Militar, adicionando los artículos 275 Bis y 275 Ter.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo IV Bis, con los artículos 275 Bis y 275 Ter, al título octavo del libro segundo del Código de Justicia Militar

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Defensa Nacional le fue turnada, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo IV Bis al Título Octavo del Libro Segundo del Código de Justicia Militar, adicionando los artículos 275 Bis y 275 Ter.

Con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, 81, 82, 84, 85, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la minuta en comento, esta comisión somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen.

Metodología

La Comisión de Defensa encargada del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la minuta.

En el apartado “Contenido de la minuta”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la minuta en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

Antecedentes

En sesión de la Cámara de Senadores de fecha 23 de abril de 2009, el titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo IV Bis, al Título Octavo del Libro Primero del Código de Justicia Militar.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, acordó turnarla a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos.

En sesión de fecha 28 de abril de 2010, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen correspondiente. La Mesa Directiva acordó remitir la minuta a la Cámara de Diputados, para efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En sesión de fecha 3 de septiembre de 2010, el Pleno de la Cámara de Diputados acordó turnar la minuta correspondiente a la Comisión de Defensa Nacional, para su estudio y dictamen.

Contenido de la minuta

La minuta propone incluir en el Código de Justicia Militar un nuevo capítulo denominado “Traición a las Fuerzas Armadas Mexicanas”, al Título Octavo del Libro Segundo, adicionando los artículos 275 Bis y 275 Ter, con la finalidad de sancionar penalmente las conductas de los militares que se incorporen o participen con miembros de asociaciones delictuosas o de la delincuencia organizada.

Para este propósito, se propone establecer dos nuevos tipos penales para sancionar con penas severas a los militares que se ubiquen en los supuestos descritos, que ponen en riesgo el cumplimiento de las misiones que tienen encomendadas.

• El primero en el que la conducta punible desarrollada por el elemento militar, se actualiza por el hecho de incorporarse a la delincuencia organizada y;

• El segundo, a partir del cual se pretende sancionar a los elementos que con el empleo de bienes y recursos puestos a su cargo o mando para cumplir las misiones que tienen encomendadas, favorezcan a cualquier miembro de la delincuencia organizada, o les proporcionen apoyo aprovechándose del cargo conferido, o provoquen que elementos que cuenten con preparación militar se pongan a su servicio, o los recluten para tal fin.

Al respecto, el Ejecutivo Federal señaló en la parte expositiva de su iniciativa que la problemática en la materia de seguridad pública de nuestro país se ha tornado por demás compleja, al grado tal que se ha requerido que las Fuerzas Armadas Mexicanas coadyuven con las autoridades responsables, con pleno respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por tal motivo, consideró necesario actualizar la legislación militar, con la finalidad de proporcionar nuevos conceptos en el ámbito jurídico penal que complementen los ya tradicionales, para enfrentar los cambios sociales y responder puntualmente a los compromisos que la sociedad requiere de los Institutos Castrenses y así garantizar la disciplina y el desarrollo armónico de sus elementos, que permita la cohesión y solidez en sus cuadros, para mantener el ímpetu en sus acciones y lograr el cumplimiento de las misiones que se les encomienden.

De acuerdo con la colegisladora los integrantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas están doblemente obligados a observar las disposiciones legales vigentes y a cumplir con las tareas que asignadas en beneficio de la sociedad, máxime si se tiene en consideración que la misión que la nación da a las fuerzas castrenses, es la de salvaguardar la soberanía y las instituciones del país, lo que les conlleva el deber de ser garantes de las libertades que emanan de nuestra Carta Magna.

En este contexto, el militar que actúa en contra de las misiones encomendadas, quebranta un principio de lealtad que debe tener para con dichas instituciones; pone en riesgo el cumplimiento de las misiones; y falta a la confianza que la sociedad depositó en su investidura, lo que le hace acreedor a penas severas; más aún cuando las leyes castrenses exigen que el militar lleve el cumplimiento del deber hasta el sacrificio y que anteponga el interés personal al interés de la patria.

Consideraciones de la Comisión de Defensa Nacional

Primera. Aspectos Generales y viabilidad de las adiciones:

La Comisión de Defensa Nacional, es competente para atender la minuta en estudio con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo IV Bis al Título Octavo del Libro Segundo del Código de Justicia Militar.

En ese sentido se coincide con el propósito de la minuta sobre la necesidad de inhibir la incorporación, colaboración o cualquier forma de participación de elementos de las Fuerzas Armadas Mexicanas con miembros de la delincuencia organizada o de asociaciones delictuosas.

La evolución de las dinámicas delictivas, requiere de cambios institucionales y legales para afrontarlas con mayor eficacia y cerrar las posibilidades de actuación de las organizaciones criminales.

Los grupos delincuenciales, dedicados originalmente a una actividad criminal como el narcotráfico, han diversificado su actuación para la comisión de diversos delitos, como lo son el secuestro, la trata de personas, la extorsión, entre otros, lo cual ha provocado el crecimiento de los índices delictivos.

Se han conocido diversos casos en que miembros de las instituciones de seguridad pública, de las instituciones policiales y de las Fuerzas Armadas Mexicanas, han desviado su actuación para facilitar las actividades delictivas, situación que ha sido tomada en cuenta para la actualización del marco normativo.

En los últimos años, el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos ha concretado diversas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; asimismo; ha dado lugar a nuevos ordenamientos como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Policía Federal, con el objeto de dotar a las autoridades competentes en la materia de un marco legal que oriente y facilite su actuación.

Se considera que a partir de las adiciones propuestas, encaminadas a la creación de dos nuevos tipos penales aplicables a los elementos de las instituciones armadas que rea-licen alguna de las conductas antes descritas para facilitar la actuación de la delincuencia organizada, se tiende a inhibir la participación de los miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicanos, en la realización de actividades en materia de delincuencia organizada.

A partir de las adiciones objeto de la presente minuta, se fortalece el principio vital de las instituciones armadas que es la disciplina militar.

Segunda. Respecto a la incorporación de los dos nuevos tipos penales.

Esta comisión considera que la creación de un tipo penal, en el que la conducta se actualiza con la incorporación de un militar a la delincuencia organizada; y de un tipo penal a partir del cual se pretende sancionar a los elementos que con el empleo de bienes y recursos puestos a su cargo o mando favorezcan a cualquier miembro de la delincuencia organizada, tienden a la actualización de la legislación militar y a mantener el orden y la disciplina, ésta última, piedra angular de la conducta normativa de los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, jurídicamente tutelada por el Código de Justicia Militar.

En este sentido, se considera que los tipos penales propuestos son propios del marco regulatorio del fuero de guerra establecido en el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que subsiste para los delitos y faltas contra la disciplina militar, en razón de que el militar, estando en servicio, es el sujeto activo y la conducta que realiza afecta directamente el bien jurídico tutelado que es la disciplina militar.

Si bien la iniciativa es justificada por el Ejecutivo en el marco de la participación de las Fuerzas Armadas Mexicanas en los operativos conjuntos contra la delincuencia organizada en coadyuvancia de las autoridades federales, estatales y municipales, esta comisión dictaminadora comparte el criterio de la colegisladora que sustenta que las conductas que se tipifican en el capítulo que se propone adicionar pueden ser cometidas por elementos de las instituciones armadas en cualquier momento de sus actividades ordinarias, y no solamente en el contexto actual donde las condiciones de inseguridad que se presentan en diversas entidades federativas han propiciado que el Ejecutivo les encomiende coadyuvar a las autoridades civiles para combatir a la delincuencia organizada.

Tercera. En cuanto a las penalidades propuestas en los tipos penales.

Con relación a las penas propuestas para los tipos penales que se establecen, esta comisión considera que las mismas observan el principio de proporcionalidad previsto en el primer párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que toda pena deberá ser proporcional al delito que se sancione y al bien jurídico afectado. De acuerdo con este principio, la pena que se imponga por la comisión de un delito debe ser proporcional al daño causado y al bien jurídico tutelado.

En el caso de las adiciones que se proponen se considera que cumplen con éste principio, toda vez que se considera para individualización de la pena, en su mínimo y máximo, la gravedad del delito y el daño ocasionado, así como la culpabilidad que es uno de los elementos del delito.

En cuanto al dolo, como uno de los elementos subjetivos de los tipos penales, la calidad del militar, la disponibilidad del recurso humano y material, entre otros, aportan al juzgador criterios de valoración para la individualización de la pena, en el primer tipo penal, de 30 a 60 años de prisión y en el segundo, de 15 a 60 años de prisión.

En el primer caso, se da mayor penalidad toda vez que el militar se incorpora a la delincuencia organiza en forma permanente y pertenece a su estructura, aprovechando su capacitación, adiestramiento en las armas, tácticas y estrategias militares, así como la información que posee, utilizándola en beneficio de la delincuencia organizada y en perjuicio de la sociedad, de sus instituciones y del propio Estado.

En éste caso la conducta punible se actualiza por el hecho de que un militar se incorpore a la delincuencia organizada, se establece la sanción mayor pues implica una conducta grave que un elemento de las Fuerzas Armadas Mexicanas, al servicio de la sociedad, se integre a una organización dedicada a la comisión de delitos que vulneran bienes jurídicos tutelados de gran importancia para la sociedad y para las propias instituciones armadas.

En el segundo caso, se establece una penalidad de 15 a 60 años y baja de la Fuerza Armada al militar que realice alguna de las conductas descritas referidas a la colaboración de los militares en distintas formas para facilitar la actuación de miembros de la delincuencia organizada o asociación delictuosa.

En este último caso, la magnitud de las penas propuestas se justifican en función del daño causado, la forma de participación y más aún del uso indebido de los recursos humanos, materiales y logísticos, propiedad de las Fuerzas Armadas Mexicanas y de la nación, como elementos para facilitar la actuación delictiva, que puede ser instantánea o aislada.

Conforme a las consideraciones expresadas, esta comisión estima que las propuestas de penalización son congruentes con el Código de Justicia Militar y respetan el principio de proporcionalidad previsto en el primer párrafo del artículo 22 de nuestra Carta Magna, que dispone que toda pena deberá ser proporcional al delito que se sancione y al bien jurídico afectado.

Cuarta. Modificaciones realizadas por el Senado de la República.

Esta Comisión Dictaminadora comparte los razonamientos que sustentaron las diversas modificaciones realizadas a la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo Federal, respecto a:

1. La ubicación del Nuevo Capítulo, efectivamente es clara la imprecisión en la iniciativa, toda vez que en ésta se señala la adición de un Capítulo IV Bis, en el Título Octavo del Libro Primero, siendo que este libro, relativo a la organización y competencia, se integra sólo por seis títulos y comprende del artículo 1 al 98.

Atendiendo al contenido, la secuencia de los títulos y los artículos propuestos, es de concluirse que la intención en la iniciativa era adicionar un Capítulo IV Bis, al Título Octavo del Libro Segundo, relativo a los delitos contra la existencia y seguridad del Ejército, aspecto atendido por la colegisladora.

2. Modificaciones al Artículo 275 TER.

a) Fracción II. Al final de esta fracción se incorporó una referencia para inhibir el apoyo a la delincuencia en materia de adiestramiento, capacitación y conocimientos para la actividad delictiva; en los siguientes términos:

Artículo 275 Ter. Se sancionará con pena de prisión de quince a sesenta años y baja de la Fuerza Armada que corresponda, al militar que:

I. ...

II. Proporcione a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, protección o facilidades en la plaza o puesto confiado a su cargo; así como adiestramiento, capacitación, o conocimientos militares;

II. a XI. ...

[...]

b) Fracción IV. Se eliminó la última parte de la misma ya que sugería una condicionante para la actualización del delito; además, con ello se logran evitar falsas apreciaciones sobre facultades de las Fuerzas Armadas Mexicanas, en materia de investigación y persecución de la delincuencia organizada o asociación delictuosa.

El texto eliminado, expresaba:

IV. Proporcione a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, información a la que tenga acceso con motivo del ejercicio de su cargo o comisión, que pueda favorecer sus actividades o eludir las operaciones de las Fuerzas Armadas u otras autoridades que participen en su investigación y persecución;

Conforme a lo anterior, la fracción IV del artículo 275 Ter quedo en los siguientes términos:

IV. Proporcione a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, información a la que tenga acceso con motivo del ejercicio de su cargo o comisión;

c) Fracción VI. Se modificó la misma con el propósito de clarificar la redacción.

Dicha fracción expresaba:

VI. Obstaculice las acciones en contra de cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa;

Con la modificación propuesta dicha fracción quedo en los siguientes términos:

VI. Obstaculice las acciones de las fuerzas armadas o autoridad competente, en contra de cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa;

d) Fracción XII. A efecto de garantizar el pleno respeto a las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue retirado el supuesto previsto en esta fracción que a la letra expresaba:

“Artículo 275 TER.: ...

I. a XI . ...

XII. Proporcione servicios distintos a los señalados en las fracciones anteriores a favor de cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa.

[...]”

Como sostiene la colegisladora, en la fracción XII que se analiza el enunciado descrito no puede probarse, atestiguarse o confirmarse, toda vez que uno de sus elementos: “servicios distintos”, es indeterminado y su adecuación a la conducta típica dependerá de una libre apreciación de la autoridad competente en materia de persecución del delito, lo cual implica el otorgamiento de una facultad discrecional.

Esta Comisión Dictaminadora, compartiendo los razonamientos del Senado de la República, considera que con esta adición se pudo afectar la garantía de seguridad jurídica dispuesta en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe “imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata”.

Conforme a lo anterior, esta Comisión considero acertado eliminar la fracción XII del Articulo 275 TER propuesta en la iniciativa.

e) Modificación del último párrafo del artículo 275 Ter para incluir la referencia al concepto de Delincuencia Organizada.

Las conductas delictivas que se incluyen en el tipo penal que se propone crear en al Artículo 275 TER, se refieren a actos por parte de elementos de las Fuerzas Armadas Mexicanas, en favor de miembros de la delincuencia organizada o asociación delictuosa.

Atendiendo a ello, el último párrafo del citado artículo hace referencia al concepto de asociación delictuosa conforme a lo previsto en el artículo 164 del Código Penal Federal; omitiendo la remisión para el concepto de delincuencia organizada.

Por otra parte, la asociación delictuosa es un delito autónomo que corresponde al hecho de que tres o más personas se unan con el propósito de delinquir, es decir que el fin determinado sea la comisión de un delito. Cabe señalar que el tipo penal de asociación delictuosa se encuentra en el Código Penal desde su publicación en 1931, con una primera reforma el 8 de febrero de 1999 y la adición del párrafo segundo el 10 de enero de 1994.

En congruencia y para dar la misma precisión conceptual, la colegisladora incorporó en este último párrafo la definición de delincuencia organizada conforme al artículo 2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Para los efectos de este capítulo se entenderá por delincuencia organizada la prevista en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y por asociación delictuosa, la prevista en el artículo 164 del Código Penal Federal.

f) Con el propósito de homologar la semántica del nuevo artículo 275 Ter, con el Código de Justicia Militar, la colegisladora sustituyó en éste último la referencia numérica de “15 a 60 años”, por la descripción en el texto correspondiente de “quince a sesenta años”.

g) Finalmente, con la finalidad de aclarar los elementos del tipo penal, en cuanto a los lugares específicos en los cuales se puede presentar alguna de las conductas delictivas descritas en el artículo 275 Ter. Esta Comisión Dictaminadora precisa que deberá entenderse por “plaza”, el lugar que se encuentre guarnecido por fuerzas militares y por extensión se les aplica a las ciudades o poblados, guarnecidos por aquéllas, en términos de lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 2o. del Reglamento para el Servicio Interior de las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Por “puesto”, deberá entenderse el lugar o sitio donde se efectúa un servicio o se desarrolla una actividad militar, así como el lugar donde un centinela o vigilante desempeña un servicio; puesto de mando, lugar donde cumple sus funciones el comandante y su Estado Mayor.

Asimismo, el “mando” implica la autoridad y responsabilidades militares de un superior jerárquico para emitir órdenes a sus subordinados. Es la autoridad otorgada a un elemento para ejercer control y dirección en el servicio militar, sobre un grupo de hombres.

Quinta. Conclusiones.

Esta comisión consideran viable la aprobación de la minuta en sus términos, pues con ella se pretende inhibir la participación de los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas en la realización de actividades en materia de delincuencia organizada o asociación delictuosa, fortaleciendo el principio vital que rige su actuación, que es la disciplina militar.

Se estima que al legislar los tipos penales objeto del presente dictamen, se crearán condiciones jurídicas para inhibir o, en su caso, sancionar con mayor severidad a los elementos de las instituciones armadas que se incorporen a la delincuencia organizada; así como aquéllos que con el empleo de bienes y recursos puestos a su cargo o mando para cumplir las misiones que tienen encomendadas, favorezcan a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa; les proporcionen apoyo aprovechándose del cargo conferido; que propicien que elementos que cuenten con preparación militar se pongan a su servicio, o los recluten para tal fin; contribuirán a inhibir dichas conductas delictivas y, en su caso, permitirán sancionar severamente a los militares que las cometan.

Las adiciones propuestas, son acordes con las garantías de seguridad jurídica contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por las consideraciones expuestas la Comisión de Defensa Nacional somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona el Capítulo IV Bis al Título Octavo del Libro Segundo del Código de Justicia Militar, adicionando los artículos 275 Bis y 275 Ter

Artículo Único. Se adiciona el Capítulo IV Bis al Título Octavo del Libro Segundo del Código de Justicia Militar, adicionando los artículos 275 Bis y 275 Ter; para quedar como sigue:

Capítulo IV BisTraición a las Fuerzas Armadas Mexicanas

Artículo 275 Bis. Al militar que se incorpore a la delincuencia organizada se le aplicará pena de prisión de treinta a sesenta años y baja de la Fuerza Armada.

Artículo 275 Ter. Se sancionará con pena de prisión de quince a sesenta años y baja de la Fuerza Armada que corresponda, al militar que:

I. Utilice la fuerza, embarcación, aeronave, o cualquier otro bien o recurso humano que tenga bajo su cargo o mando a favor de cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa;

II. Proporcione a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, protección o facilidades en la plaza o puesto confiado a su cargo; así como adiestramiento, capacitación o conocimientos militares;

III. Induzca al personal que tenga bajo su mando o a las tropas de las que forme parte, para que presten algún servicio a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, o reclute personal militar para el mismo fin;

IV. Proporcione a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, información a la que tenga acceso con motivo del ejercicio de su cargo o comisión;

V. Incumpla con sus obligaciones, respecto de las tropas a su cargo, para actuar contra cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa;

VI. Obstaculice las acciones de las fuerzas armadas o autoridad competente, en contra de cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa;

VII. No ejecute una orden del servicio o la modifique de propia autoridad, en ambos casos, para favorecer a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa;

VIII. Falsifique o altere un documento o instrumento que contenga información relativa a las operaciones de las Fuerzas Armadas o autoridad competente en contra de cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, o a sabiendas de que se trata de documentos o instrumentos falsificados o alterados, haga uso de ellos;

IX. Proporcione a sus superiores información diferente a la que conozca acerca de las actividades que esté desarrollando en las Fuerzas Armadas en contra de cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, u omita proporcionar los datos que tenga sobre dichas actividades, así como de los proyectos o movimientos de éstos;

X. Conduzca o guíe las actividades de cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, y

XI. Ponga en libertad a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, o proteja o facilite su fuga.

Las penas previstas en este capítulo se impondrán además de las que correspondan a los delitos que resulten cometidos por las actividades del individuo u organización delictiva de que se trate.

Para los efectos de este capítulo, se entenderá por Fuerzas Armadas Mexicanas, a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Para los efectos de este capítulo se entenderá por delincuencia organizada la prevista en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y por asociación delictuosa, la prevista en el artículo 164 del Código Penal Federal.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión de Defensa Nacional, diputados:Rogelio Cerda Pérez (rúbrica), presidente; Roberto Albores Gleason (rúbrica), Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos (rúbrica), Bernardo Téllez Juárez (rúbrica), Pablo Escudero Morales, Armando Meza Castro (rúbrica), secretarios; Víctor Humberto Benítez Treviño, Manuel Cadena Morales, Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), Jorge Franco Vargas (rúbrica), Miguel Ángel Terrón Mendoza, Francisco Alejandro Moreno Merino, Canek Vázquez Góngora (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Jesús Ramírez Rangel, Gabriela Cuevas Barron, Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), Carlos Alberto Pérez Cuevas, Adriana Fuentes Cortés, Sergio Gama Dufour (rúbrica), José César Nava Vázquez, Esthela Damián Peralta (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica en contra)Pavel Díaz Juárez (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), Camilo Ramírez Puente.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Luis Carlos Campos Villegas, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Luis Carlos Campos Villegas:Con su permiso, señor presidente. Con el permiso de la honorable asamblea. A la Comisión de Defensa Nacional le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo IV Bis al Título Octavo del Libro Segundo del Código de Justicia Militar, adicionando los artículos 275 Bis y 275 Ter, y que responde a la iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo federal.

La minuta propone incluir en el Código de Justicia Militar un nuevo capítulo denominado: Traición a las Fuerzas Armadas, en los numerales antes mencionados, con la finalidad de sancionar penalmente las conductas de los militares que se incorporen o participen con miembros de asociaciones delictuosas o de la delincuencia organizada.

Para este propósito, se propone establecer dos nuevos tipos penales para sancionar con penas severas a los militares que se ubiquen en los supuestos descritos, que ponen en riesgo el cumplimiento de las misiones que tienen encomendadas.

El primero, en el que la conducta punible desarrollada por el elemento militar se actualiza por el hecho de incorporarse a la delincuencia organizada, y el segundo, a partir del cual se pretende sancionar a los elementos, que con el empleo de bienes y recursos puestos a su cargo o mando para cumplir las misiones que tienen encomendadas, favorezcan a cualquier miembro de la delincuencia organizada o les proporcionen apoyo, aprovechándose del cargo conferido, o provoquen que elementos que cuenten con preparación militar se pongan a su servicio o los recluten para tal fin.

Al respecto, con la incorporación de los dos nuevos tipos penales se tiende a la actualización de la legislación militar y a mantener el orden y la disciplina, valores que son piedra angular de la conducta normativa de los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea, Armada de México, jurídicamente tutelados por el Código de Justicia Militar.

Si bien la iniciativa es justificada por el Ejecutivo, en el marco de la participación de las Fuerzas Armadas Mexicanas en los operativos conjuntos contra la delincuencia organizada, esta comisión dictaminadora comparte el criterio de la colegisladora, que sustenta que las conductas que se tipifican en el capítulo que se propone adicionar pueden ser cometidas por elementos de las instituciones armadas en cualquier momento de sus actividades ordinarias y no solamente en el contexto actual, donde las condiciones de inseguridad que se presentan en diversas entidades federativas han propiciado que el Ejecutivo les encomiende coadyuvar con las autoridades civiles para combatir a la delincuencia organizada.

En cuanto a las penalidades propuestas en los tipos penales que se establecen en el dictamen, esta comisión considera que las mismas observan el principio de proporcionalidad, previsto en el primer párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que toda pena deberá ser proporcional al delito que se sancione y al bien jurídico afectado.

En el caso de las adiciones que se proponen, se estima que cumplen con este principio, toda vez que se considera para la individualización de la pena en su mínimo y máximo la calidad de militar, la gravedad del delito, el daño ocasionado, la conducta dolosa o culposa, el quebranto a un principio de lealtad y de confianza para con las Fuerzas Armadas.

Todo lo anterior aporta al juzgador criterio de valoración para la individualización de la pena, en el primer tipo penal propuesto, de 30 a 60 años de prisión, y en el segundo, de 15 a 60 años de prisión.

Las penas propuestas se justifican en función del daño causado, la forma de participación y más aún, del uso indebido e ilícito de los recursos humanos, materiales y logísticos propiedad de las Fuerzas Armadas Mexicanas y de la nación, así como la traición a las instituciones del país.

Conforme a las consideraciones expresadas, la comisión que dictamina estima que la creación de estos dos nuevos tipos penales y las propuestas de penalización son congruentes con el Código de Justicia Militar y respetan el principio de proporcionalidad, previsto en el primer párrafo del artículo 22 de nuestra Carta Magna.

Por todo lo anterior, compañeros diputados y diputadas, solicitamos respetuosamente su apoyo con el voto favorable a este dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputado. En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular. Esta Presidencia informa, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular los siguientes diputados: en pro del dictamen: Sergio Gama Dufour, Guillermo Cueva Sada, Francisco Armando Meza Castro, Bernardo Téllez Juárez, Teresa Rosaura Ochoa Mejía.

En contra: diputado Jaime Cárdenas Gracia, diputado Gerardo Fernández Noroña. Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Jaime Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Nosotros estimamos que debiera haber más tiempo para exponer los argumentos, de 3 a 5. Pero en fin, vamos a tratar de razonar y argumentar el sentido de nuestro voto en contra.

Como ya se dijo aquí, se trata de una reforma al Código de Justicia Militar, que incrementa penas, en el caso del delito de traición a las Fuerzas Armadas mexicanas. Penas que pueden ser de hasta 60 años.

Es decir, como en dictámenes de otras comisiones, se piensa que la solución de los problemas nacionales consiste en incrementar las penas para resolver los graves problemas que aquejan a nuestro país, cuando —como todos sabemos— la solución de los problemas de México se encuentran en las oportunidades que debemos brindarle a la población, oportunidades que tienen que ver con educación, con salud, con empleo. En pocas palabras, con mejores condiciones de vida para los mexicanos.

Pero como los legisladores no podemos dar estas oportunidades a los ciudadanos; entonces, por la vía de las penas, por la vía del endurecimiento del sistema penal se van a resolver estos problemas nacionales.

La delincuencia organizada, el combate al crimen organizado no se puede combatir con una estrategia fallida como la que ha impulsado el gobierno de Felipe Calderón y que es impulsada en este dictamen.

Estas penas que se prevén aquí, que se van a incrementar, van a afectar, sobre todo, al soldado raso; van a afectar, sobre todo, a la tropa. No afecta, no influye, no determina, no causa un daño a la alta jerarquía militar.

Además, habría que saber, por ejemplo —y que no expone este dictamen con suficiencia— cuántos son los soldados, los miembros de las Fuerzas Armadas que se incorporan a la delincuencia organizada; a cuánto equivale la deserción en nuestro país y cuántos de esos soldados que desertan van a formar parte de las filas de la delincuencia organizada.

Éste es el dato preciso que la Sedena nos debe informar. Cuántas de estas deserciones son reales y cuántas personas, cuántos miembros del Ejército no mueren en acciones de combate al crimen organizado.

¿Cómo tener información fidedigna sobre estas cifras? Este dictamen no la proporciona y sí propone el incremento de las penas.

Es una manera, nuevamente, de aprobar reformas a la Ley de Seguridad Nacional sin que se apruebe la Ley de Seguridad Nacional.

Por estas razones, nosotros estaremos en contra de este dictamen, que por la vía de las penas, por la vía de las sanciones, pretende resolver los problemas nacionales de nuestro país. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra, hasta por tres minutos para hacer uso en pro del dictamen, el diputado Sergio Gama Dufour.

El diputado Sergio Gama Dufour:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, este dictamen pretende incluir, en el Código de Justicia Militar, un nuevo capítulo denominado: Traición a las Fuerzas Armadas, al Título Octavo de Libro Segundo, adicionando los artículos 275 Bis y 275 Ter, con la finalidad de sancionar penalmente las conductas de los militares que se incorporen o participen con los integrantes de asociaciones delictuosas o de la delincuencia organizada.

Se propone establecer dos nuevos tipos penales para sancionar con penas severas a los militares que se ubiquen en los puestos descritos, que ponen en riesgo el cumplimiento de las misiones que se tienen encomendadas.

Desde el punto de vista genérico, en el artículo 275 Bis se prevé sancionar la conducta desarrollada por el militar que se incorpore a la delincuencia organizada. Desde el punto de vista específico, se establece en el artículo 275 Ter sancionar a los elementos que, con el empleo de bienes y recursos puestos a su cargo o mando para cumplir las misiones que se tienen encomendadas, favorezcan a cualquier integrante de la delincuencia organizada o les proporcionen apoyo, aprovechándose del cargo o provoquen que los elementos que cuenten con preparación militar se pongan a su servicio o los recluten para tal fin.

Lo anterior, es con base en la problemática en materia de seguridad pública de nuestro país, que se ha tornado por demás compleja, al grado tal que se ha requerido que las Fuerzas Armadas mexicanas coadyuven con las autoridades responsables, con el pleno respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a los criterios de jurisprudencia emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es por ello que con esto se actualizará la legislación militar, con la finalidad de proporcionar nuevos conceptos en el ámbito jurídico, penal, y complementen los ya tradicionales para enfrentar los cambios sociales y responder puntualmente a los compromisos que la sociedad requiere de los institutos castrenses y así garantizar la disciplina y el desarrollo armónico de sus elementos, que permita la cohesión y solidez en sus cuadros para mantener el ímpetu en sus acciones y lograr el cumplimiento de las misiones que se les encomiendan.

Con esto, el militar que actúa en contra de las misiones encomendadas quebranta un principio de lealtad que debe tener para con dichas instituciones, pone en riesgo el cumplimiento de las misiones y falta a la confianza que la sociedad depositó en su investidura, lo que lo hace acreedor a penas severas, más aun cuando las leyes castrenses exigen que el militar lleve el cumplimiento del deber hasta el sacrificio y que se anteponga el interés personal al interés de la patria.

Asimismo, con esto se pretende inhibir la participación de los integrantes del Ejército, Armada, Fuerza Aérea Mexicana en la realización de actividades en materia de delincuencia organizada.

Por lo anteriormente expuesto, solicito de la manera más atenta y respetuosa su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Gerardo Fernández Noroña, para expresarse en contra del proyecto de dictamen.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros diputados, compañeras diputadas. Este dictamen tiene muchos problemas. Hace rato el diputado presidente dijo que la ley no se vota y aquí se va a votar, porque lo que se va a votar es reglamentar sobre una actividad ilegal. Es el uso de las Fuerzas Armadas en el combate del crimen organizado.

Eso no está establecido en la Constitución y por eso han querido la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, para darle un barniz de legalidad a una tarea ilegal que se viene realizando. Para comenzar.

Pero además tiene varios problemas; tiene problemas de técnica jurídica, porque en los hechos se quiere imponer cadena perpetua, cuando ésta no está tampoco permitida en el marco constitucional. Sesenta años es un eufemismo de condena para la cadena perpetua; tiene el problema de la simulación, pretenden simular que resuelven problemas.

Miren, Italia es un país con un crimen organizado muy fuerte. Lo ha combatido con mucha firmeza, tiene senadores, alcaldes, diputados y gobernadores en la cárcel por estar vinculados con el crimen organizado. Han enjuiciado a dos ex presidentes de la República.

Pregunto aquí, ¿a quién han enjuiciado? ¿Qué gobernador, qué ex presidente, qué funcionario de alto rango ha estado enjuiciado por vínculos con el narco? Aquí hemos sostenido que García Luna está vinculado al grupo de El Chapo Guzmán; que Calderón está vinculado al grupo de El Chapo Guzmán. Tienen patrimonio superior a lo que su salario les permite y no pasa absolutamente nada.

Esta ley está dirigida a la tropa, la tropa que tiene que escoger entre plomo, plata o cárcel ahora, porque están a muchos fuegos. Los meten a una tarea que es ilegal; los llevan a realizar una función contraria al Estado del marco constitucional. Por si esto no fuera suficiente, no saben a qué patrón están sirviendo.

Les pregunto si los van a condenar cuando hagan operativos contra grupos diferentes al de El Chapo, protegiendo al de El Chapo, mandado por los altos mandos, ¿también los van a sancionar en ese momento? ¿Quién va a resolver sobre esa sanción?

La verdad es que es un planteamiento totalmente simulador, totalmente hipócrita, fuera del marco legal, porque además tampoco se toca el tema del fuero militar, que tiene que revisarse —deberían ser enjuiciados por autoridades civiles— y tampoco se toca el tema del mando civil.

Lo que se plantea es otra vez dar una imagen de que se está combatiendo el crimen, porque se elevan las sanciones.

Ahora se habla de traición a las Fuerzas Armadas, pero quien formalmente es el jefe máximo de las Fuerzas Armadas es el mayor traidor a las Fuerzas Armadas, es el mayor traidor a la patria y es el mayor traidor a los intereses nacionales; está vinculado al crimen organizado, al grupo del Chapo Guzmán. Lo sigo sosteniendo con toda firmeza.

Aquí se va a aprobar una ley que va a ser encaminada a tomar, como chivos expiatorios, a soldados rasos y no a quienes verdaderamente están vinculados al crimen organizado.

La verdad es que la tarea de esta soberanía está cada vez peor. Francamente creo —y termino—, que en ese sentido tienen razón los reclamos ciudadanos que dicen que ya esto no tiene remedio. Parece, efectivamente, que no tiene remedio.

Escuchen acá a los jilgueros silbando, cuando el país está incendiado. Sigan silbando, jilgueros, sigan silbando, ya darán cuentas más temprano que tarde. Muchas gracias, compañeros diputados, compañeras diputadas.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Guillermo Cueva Sada, hasta por tres minutos, para hablar en pro del dictamen.

El diputado Guillermo Cueva Sada:Con su permiso, presidente; compañeras y compañeros legisladores, en estos tiempos en los que vivimos una ola de violencia...

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Permítame. Les ruego orden a los señores diputados, para poder escuchar al orador en turno. Adelante, adelante, señor diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Dígame usted, diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Iba bajando de hacer mi intervención en tribuna y aquí me distraían, diputado presidente; pero sí quiero comentar, ciertamente, que la mayor parte de las veces parece mercado la sesión y usted la deja correr. La verdad es que desde que mi abuela se murió nadie me regaña; entonces, ahí le pido más cuidado en el trato, que somos iguales, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Me refería todos los diputados para que hubiera, entre todos, el mismo respeto. Adelante, señor diputado.

El diputado Guillermo Cueva Sada:En estos tiempos, en los que vivimos una ola de violencia por las crecientes acciones de las organizaciones criminales, se debe mantener el firme compromiso de los tres órdenes de gobierno para hacer un frente común contra los graves problemas de la sociedad, que daña severamente a los mexicanos.

Las Fuerzas Armadas han emprendido acciones para combatir a la delincuencia organizada, sin alcanzar los resultados que la sociedad demanda.

En este Congreso se ha expuesto una y otra vez, que la problemática en materia de seguridad pública se ha tornado cada vez más compleja, ya que las autoridades civiles no han podido en la lucha contra el crimen organizado y por lo tanto, se ha requerido que las Fuerzas Armadas mexicanas coadyuven con dichas autoridades.

Por tal motivo, considero necesario actualizar la legislación militar, con la finalidad de proporcionar nuevos conceptos para enfrentar los cambios sociales y responsables, puntualmente a los compromisos que la sociedad requiere de las instituciones castrenses. Con ello se garantiza la disciplina y el desarrollo armónico de sus elementos y se logra el cumplimiento de las misiones que se les encomiendan.

La minuta de la Comisión de la Defensa Nacional propone incluir en el Código de Justicia Militar un nuevo capítulo denominado: Traición a las Fuerzas Armadas Mexicanas, al Título Octavo del Libro Segundo, adicionando los artículos 275 Bis y 275 Ter, con el propósito de sancionar penalmente conductas de los militares que se incorporan o participen con miembros de asociaciones delictuosas o de las delincuencias organizadas.

El Partido Verde Ecologista de México considera pertinente este dictamen, ya que con esto se crearán condiciones jurídicas para inhibir o en su caso sancionar con mayor severidad a los elementos de las instituciones armadas.

Estamos convencidos de que las adiciones propuestas son acordes con las garantías de seguridad jurídica contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual pondremos un granito de arena en la construcción de un país sin corrupción y menos violencia. Por las consideraciones expuestas, el Partido Verde Ecologista de México está a favor de esta minuta. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Armando Meza Castro, hasta por tres minutos, para hablar en pro del dictamen.

El diputado Francisco Armando Meza Castro: Con su permiso, señor presidente. Como ya se expuso, la problemática de seguridad en el país ha requerido que las Fuerzas Armadas mexicanas coadyuven con las autoridades civiles.

Todo esto va con pleno respeto a los mandatos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales a que da lugar.

Esta participación del Ejército o de las Fuerzas Armadas ha causado muchas polémicas y debates simultáneos porque se debate sobre el fundamento jurídico actual y las modificaciones necesarias; se debate sobre la eficacia que ha tenido la acción Armada; se debate sobre las consecuencias y necesidades políticas y sociales y se debate sobre la percepción de la opinión pública.

Así que lo imperativo de preservar los derechos humanos, el riesgo y prestigio de las fuerzas armadas, el posible involucramiento de sus miembros con el crimen organizado, y la situación de violencia generalizada que se mantiene exige que la acción militar sea armónica con la vida, con las instituciones democráticas y con el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos.

Esto nos obliga a perfeccionar el marco jurídico, no sólo para asegurar que la participación de las Fuerzas Armadas sea eficaz y oportuna, sino para actuar contra la principal amenaza de la seguridad, la tranquilidad y la paz pública, que es el principal problema de México.

En relación, como ya se expuso por mis antecesores, existen varias iniciativas y esta que hoy nos ocupa tiene por objeto sancionar con mayor severidad a los miembros de las Fuerzas Armadas, desde el soldado hasta el general de división, que se inmiscuya, que se incorpore o participe con miembros de la delincuencia organizada o con miembros de asociaciones delictuosas.

Asimismo, la actualización de esta legislación en el ámbito jurídico-penal complementará a la ya existente, conforme con los cambios sociales que responden a los compromisos que la sociedad requiere de nuestros institutos castrenses.

El PRD considera que los miembros de las Fuerzas Armadas están doblemente obligadas a cumplir con las disposiciones legales vigentes y para cumplir con las tareas en beneficio de la sociedad, que creemos y debemos de considerar que son la salvaguarda de la soberanía y de las instituciones; y por tanto, garantizan la libertad de que emanan de nuestra Carta Magna.

Creemos que tipificar las conductas delictivas, objeto del presente dictamen, creará condiciones jurídicas para inhibir o sancionar con mayor severidad la participación de los miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, en actividades de delincuencia organizada, así como fortalecer el principio vital de esas instituciones que es la disciplina militar.

Por las consideraciones expuestas, estamos a favor de esta minuta. Solicitamos a los integrantes que apoyen con su voto favorable. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor. Tiene la palabra el diputado Bernardo Téllez Juárez, hasta por tres minutos, para hablar en pro del dictamen.

Doy la más cordial bienvenida a los estudiantes de la Secundaria 34, de Nextlalpan, estado de México, invitados por el diputado Israel Ledesma Magaña; a líderes de Ecatepec, invitados por el diputado Noé Martín Vázquez Pérez; y a invitados del municipio de Cuautitlán Izcalli, invitados por el diputado Francisco Lauro Rojas San Román. Sean cordialmente bienvenidos. Adelante, señor diputado.

El diputado Bernardo Margarito Téllez Juárez:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la traición es uno de los actos más cobardes y detestables que pueden ejecutar los seres humanos; más aún cuando es practicada por miembros de las instituciones que tienen a su cargo la protección del pueblo de México.

Históricamente las Fuerzas Armadas han marchado de la mano de las mexicanas y los mexicanos en distintos logros. La Independencia o la Revolución son dignos ejemplos de ello. Además, su labor para atender las emergencias por desastres naturales enaltece sobremanera a sus integrantes.

Señoras y señores, los miembros de la milicia son valientes, tienen encarnado el amor por la patria y el espíritu de servicio en beneficio de nuestro pueblo y en defensa de la libertad, que a través de los años se ha conquistado.

Hoy mismo, con gallardía, se encuentra luchando por consolidar un país con futuro y con esperanza. Sin embargo, su rival es grande y poderoso, a un nivel tal, que ha logrado contaminar a los miembros de las Fuerzas Armadas. Así, el poder corruptor de las bandas delictivas ha logrado que algunos integrantes de la milicia den la espalda, no sólo a su corporación, sino a toda la nación mexicana.

La traición a las Fuerzas Armadas, pero sobre todo a México, es consumada por aquellos que no han llegado a comprender lo grande que es nuestro pueblo y que optan por el camino de lo fácil o del miedo.

Por eso, es importante y justo que aquellos que ponen en riesgo la paz y la armonía del país sean castigados de forma ejemplar y entiendan que actuar en forma traicionera, a favor del crimen organizado, no puede ser cosa que se pase por alto.

Compañeras diputadas y diputados, a lo largo de los últimos años, el Ejecutivo federal y el propio Congreso de la Unión han hecho una labor incansable por crear las leyes que se necesitan para combatir al crimen organizado. Ésa labor debe ser constante. Debemos seguir, debemos continuar con el objetivo firme de erradicar al crimen organizado.

En Acción Nacional estamos a favor del dictamen que ahora se discute, porque todo aquello que implique salvaguardar los derechos de los mexicanos es un pilar en nuestra labor legislativa.

Así, no tenemos duda que con la aprobación de estas reformas al Código de Justicia Militar estaremos dando un golpe firme y contundente al crimen organizado y las Fuerzas Armadas reafirmarán su lealtad por México y su compromiso de velar por la seguridad de nuestros ciudadanos, con pleno cumplimiento de los principios de la disciplina militar. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Hace uso de la palabra, hasta por tres minutos, en pro del dictamen, la diputada Teresa Rosaura Ochoa Mejía.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:Con su venia, diputado presidente. Compañeros y compañeras diputadas, el dictamen que se somete a discusión de esta soberanía propone y adiciona al Código de Justicia Militar un nuevo capítulo denominado Traición a las Fuerzas Armadas Mexicanas, con la finalidad de sancionar penalmente las conductas de los militares que se incorporen o participen con miembros de asociaciones delictuosas o de la delincuencia organizada.

Día con día escuchamos que se cometen una serie de atropellos a la sociedad civil y vemos que, en la confusión o en la verdad, se encuentran muchos de estos elementos cometiendo esas infracciones.

Compartimos, en nuestro grupo parlamentario, la visión de la colegisladora respecto de la responsabilidad civil y moral que debe prevalecer en los integrantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas para observar las disposiciones legales vigentes y cumplir con las tareas asignadas en beneficio de la sociedad, máxime si se tiene en consideración la misión que la nación da a las fuerzas castrenses, que es la de salvaguardar la soberanía y las instituciones del país. Lo que conlleva el deber de ser garantes de las libertades que emanen de nuestra Carta Magna.

En ese contexto, el militar que actúa en contra de las misiones encomendadas quebranta un principio de lealtad que debe tener para con dichas instituciones, pone en riesgo el cumplimento de las misiones y falta a la confianza que la sociedad depositó en su investidura. Lo que le hace acreedor a penas severas bajo el marco del estado de derecho y teniendo siempre como fundamento lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nuestras Fuerzas Armadas acogen con alta responsabilidad; por lo que deben, en todo momento, ejercer su capacitación, adiestramiento en las armas, tácticas y estrategias militares, así como la información que posee en beneficio de los mexicanos y en defensa de las instituciones, y en ningún momento, en perjuicio de la sociedad, de sus instituciones o del propio Estado, pero sobre todo, del respeto de los derechos humanos.

Por estas razones expuestas, nuestro grupo parlamentario emitirá su voto a favor de esta minuta, que considera los tipos penales propuestos de sus sanciones, la magnitud de las penas propuestas y la forma en cómo se justifican de los daños causados, ya que con estas consideraciones jurídicas permitirá inhibir y sancionar las conductas delictuosas de los elementos de las instituciones armadas. Es cuando, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Emilio Serrano. Desde su curul, señor diputado.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente, por aceptar mi solicitud. El voto va a ser a favor y estamos de acuerdo en que se enmarque el castigo a las Fuerzas Armadas que tienen doble responsabilidad con el pueblo de México.

Pero también considero que deberíamos de meter en ese mismo marco a gobernadores, a altos funcionarios, que no solamente participan con el crimen organizado, sino son dueños de algunas bandas de delincuentes. Gracias por su atención, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el proyecto de dictamen.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido. Esta Presidencia informa, que en virtud de que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara, no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abrir el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, hasta por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): A favor.

La diputada Juanita de Jesús Santillán Hernández (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Señor presidente, se han emitido un total de 351 votos a favor, 8 en contra y 5 abstenciones. Diputada Alba Leonila.

La diputada Alba Leonila Méndez Herrera(desde la curul): A favor.

La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (desde la curul): A favor.

La diputada María Sandra Ugalde Basaldúa(desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Manuel Joaquín González (desde la curul): A favor.

El diputado Gerardo Leyva Hernández(desde la curul): A favor.

La diputada Yolanda de la Torre Valdez(desde la curul): A favor.

El diputado Samuel Herrera Chávez(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Señor presidente, se han emitido un total de 358 votos a favor, 8 en contra y 4 abstenciones.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 358 votos, el proyecto de decreto que adiciona el Capítulo Cuarto Bis al Título Octavo del Libro Segundo del Código de Justicia Militar, adicionando los artículos 275 Bis y 275 Ter. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 de su Reglamento, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente:

“Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor”, recibida por esta Cámara colegisladora en fecha 14 de abril de 2011.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 66, 68, 157 y 158 inciso 1) fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al estudio y análisis de la Minuta mencionada al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el día 14 de abril de 2011, los CC. Secretarios de la misma dieron cuenta al Pleno de esta Soberanía de la Minuta que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero. El antecedente histórico de la minuta de referencia es el siguiente:

1. En fecha 7 de septiembre de 2010, el senador Rubén Camarillo Ortega integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso su turno a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen.

2. La iniciativa fue dictaminada de manera conjunta por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda; y seguido su trámite legislativo, en fecha 12 de abril de 2011, la Iniciativa de mérito fue aprobada en lo general y lo particular por 81 votos en el Pleno de la Cámara de Senadores y enviada la Minuta a la Cámara de Diputados.

3. En fecha 14 de abril de 2011, en el Pleno de la Cámara de Diputados fue recibida la Minuta de referencia, misma que se turnó a esta Comisión de Economía, para los efectos del Apartado A) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Comisión de Economía, es competente para conocer sobre la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Segunda. Que la Minuta de referencia implica lo siguiente:

• Fortalecer las facultades de la Profeco para recabar información necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones.

• Añadir como atribución de la Profeco, el promover la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales para asegurar la protección efectiva del consumidor en contra de la información o publicidad engañosa o abusiva.

• Establecer que la Profeco deberá emitir lineamientos para el análisis y verificación de la información o publicidad a fin de evitar que se induzca a error o confusión al consumidor, tomando en consideración el contexto temporal en que se difunde, el momento en que se transmite respecto de otros contenidos difundidos en el mismo medio y las circunstancias económicas o especiales del mercado.

• Aumentar la multa para los casos de publicidad engañosa, considerándola como “caso particularmente grave”, en los términos de la ley de protección de los consumidores.

Tercera. Que el dictamen con el cual el pleno de la Cámara de Senadores aprobó la minuta, establece lo siguiente:

“La iniciativa tiene por objeto fortalecer el marco de protección al consumidor en cuanto a la veracidad de la publicidad que recibe, dotando de mayores atribuciones a la Procuraduría Federal del Consumidor (en adelante Profeco) a fin de que pueda sancionar la difusión de publicidad engañosa o abusiva en cuanto a las características o información relacionada con algún bien, producto o servicio.

A continuación se realiza un análisis de cada una de las modificaciones y adiciones propuestas en la iniciativa:

Primero. Adición al artículo 9

Adicionar un segundo párrafo al artículo 9 de la LFPC para incluir sanciones a personas que dan avales o testimonios sobre los beneficios de un bien o producto.

En concreto, el artículo 9 con la adición referida quedaría como sigue:

Artículo 9.- Los proveedores de bienes o servicios incurren en responsabilidad administrativa por los actos propios que atenten contra los derechos del consumidor y por los de sus colaboradores, subordinados y toda clase de vigilantes, guardias o personal auxiliar que les presten sus servicios, independientemente de la responsabilidad personal en que incurra el infractor.

Las personas físicas o morales que otorguen testimonios o avales contenidos en información o publicidad que resulte violatoria del artículo 32 de la ley, serán responsables solidarios del proveedor infractor, por lo que podrán ser sancionados en términos de lo establecido en el artículo 128 de la ley.

Al respecto, estas comisiones advierten que, de aprobarse esta propuesta, podría contraponerse a las garantías de seguridad jurídica, pues las personas físicas que otorgan testimonios o avales son actores o modelos que realizan una actividad lícita, ajena a la actividad del proveedor, que es la que está regulada por esta ley, por lo que, a priori, no podrían ser responsables solidarios de los proveedores que son los directamente responsables en términos de las disposiciones generales de la ley.

La Ley Federal del Consumidor regula relaciones entre los proveedores y los consumidores, por lo que, en el caso de pretender sancionar la conducta de un tercero que no sea proveedor, habría que estipular un procedimiento específico para tal fin, además de precisar con mayor detalle el alcance y los términos de la responsabilidad solidaria del mismo, que, en todo caso, resultaría cuestionable desde el punto de vista del alcance sistémico de la ley.

Asimismo, en principio se debe calificar la veracidad y licitud de la publicidad del bien o servicio ofrecido y no la persona que realiza la publicidad del mismo, cuestión que es también de la competencia de otras autoridades, como se especifica en el apartado décimo de estas consideraciones (autoridades sanitarias, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Comisión Federal de Telecomunicaciones).

Por otro lado, estas comisiones no omiten señalar que, previamente, se ha aprobado en la Comisión de Comercio y Fomento Industrial un dictamen, que se encuentra actualmente en proceso legislativo, por virtud del cual se adiciona el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objeto de “prohibir la inclusión en los productos o bienes, así como en la información o publicidad relativa a los mismos, de leyendas o información que indique que se encuentre avalado, recomendado o certificado por alguna sociedad o asociación profesional”, por lo que, se estima que con esta adición queda cubierta la cuestión relativa a avales de asociaciones profesionales, incluidas en la propuesta objeto de este dictamen.

En consecuencia, estas comisiones consideran que la aprobación de la adición en estudio no resulta procedente.

Segundo. Reforma al artículo 13

En este artículo se propone fortalecer las facultades de la Profeco, suprimiendo la previsión que actualmente se contiene en la última parte del segundo párrafo del artículo 13 y quedar como sigue:

Artículo 13. La Procuraduría verificará a través de visitas, requerimientos de información o documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el cumplimiento de esta ley. Para efectos de lo dispuesto en este precepto, los proveedores, sus representantes o sus empleados están obligados a permitir al personal acreditado de la Procuraduría el acceso al lugar o lugares objeto de la verificación.

Las autoridades, proveedores y consumidores están obligados a proporcionar a la Procuraduría, en un término no mayor de quince días, la información o documentación necesaria que les sea requerida para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para sustanciar los procedimientos a que se refiere esta ley. Dicho plazo podrá ser ampliado por una sola vez.

Al respecto, estas comisiones estiman que de ser aprobada dicha propuesta, se evitaría que los proveedores nieguen injustificadamente o por cualquier excusa, cumplir con los requerimientos de información o documentación solicitados por la Profeco dentro de sus atribuciones.

Por otra parte, destacan también, que esta reforma no trasgrede los derechos del proveedor, toda vez que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental permite a las empresas reservar la entrega de información o documentación en los casos estrictamente necesarios (artículo 19).

Por lo anterior, estas comisiones consideran procedente en los términos de la iniciativa, la reforma al artículo 13 de la Ley.

Tercero. Reforma al artículo 24

Por otra parte, la iniciativa propone incluir dos nuevas fracciones al artículo 24 de la LFPC con el propósito de establecer atribuciones específicas para que la Profeco pueda verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de publicidad engañosa o abusiva, así como para promover con otras autoridades acciones coordinadas en esta materia. Las fracciones propuestas son las siguientes:

Artículo 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I. a IX Bis. ...

IX Ter. Promover la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales que corresponda, a fin de asegurar la protección efectiva al consumidor en contra de la información o publicidad engañosa o abusiva.

X. a XIV Bis. ...

XIV Ter. Monitorear y vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre información o publicidad engañosa y abusiva contenidas en esta ley, así como determinar los criterios para verificar y determinar su cumplimiento.

XV. a XXIII. ...

Respecto a la adición de una fracción IX Ter para establecer la coordinación entre autoridades, estas comisiones destacan que, si bien, esta atribución ya se encuentra establecida de manera general en la fracción XII del artículo 24 de Ley, resulta conveniente especificar que, en este caso, la vinculación será en materia de publicidad engañosa o abusiva.

Por otra parte, estas comisiones consideran que en cuanto a la adición de una fracción XIV ter para establecer la atribución específica para que la Profeco pueda monitorear la información o publicidad, ya se encuentra precisada en el primer párrafo del artículo 13 de la misma ley, por lo que estiman innecesaria la adición de la fracción en comento.

En tal virtud, se asientan las modificaciones necesarias en el proyecto de decreto.

Cuarto. Reforma al artículo 32

Esta reforma contempla lo siguiente:

Artículo 32. La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta, el contexto temporal en que se difunde, el momento en que se transmite respecto de otros contenidos difundidos en el mismo medio y las circunstancias económicas o especiales del mercado.

La información o publicidad que compare productos o servicios, sean de una misma marca o de distinta, no podrá ser engañosa o abusiva en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior. La Procuraduría podrá emitir lineamientos para el análisis y verificación de dicha información o publicidad a fin de evitar que se induzca a error o confusión al consumidor.

Al respecto, estas comisiones estiman procedente el espíritu de la reforma para agregar elementos a la definición de publicidad engañosa, sin embargo, consideran que la redacción de la reforma propuesta resultaría mejor ubicada en el último párrafo del referido artículo y quedar como sigue

Artículo 32. La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.

La información o publicidad que compare productos o servicios, sean de una misma marca o de distinta, no podrá ser engañosa o abusiva en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior.

La procuraduría podrá emitir lineamientos para el análisis y verificación de dicha información o publicidad a fin de evitar que se induzca a error o confusión al consumidor, considerando el contexto temporal en que se difunde, el momento en que se transmite respecto de otros contenidos difundidos en el mismo medio y las circunstancias económicas o especiales del mercado.

De esta manera, se considera aprobar la reforma al artículo 32 con las modificaciones apuntadas.

Quinto. Reforma al artículo 35

Esta reforma pretende considerar que la Profeco pueda ordenar al proveedor que suspenda la información o publicidad desde que “presuma” que la acción es violatoria. De acuerdo a la iniciativa, dicho artículo quedaría de la siguiente manera:

Artículo 35. Sin perjuicio de la intervención que otras disposiciones legales asignen a distintas dependencias, la Procuraduría podrá:

I. Ordenar al proveedor que suspenda la información o publicidad que se presuma violatoria o viole las disposiciones de esta ley y, en su caso, al medio que la difunda;

II. Ordenar que se corrija la información o publicidad que se presuma violatoria o viole las disposiciones de esta ley en la forma en que se estime suficiente, y

III. Imponer las sanciones que correspondan, en términos de esta ley.

Para los efectos de la violación a las disposiciones a la ley a que se refieren las fracciones II y III, deberá concederse al infractor la garantía de audiencia a que se refiere el artículo 123 de este ordenamiento.

Cuando la Procuraduría emita requerimientos de información o instaure algún procedimiento administrativo relacionado con la veracidad de la información o publicidad, podrá ordenar al proveedor suspender la publicidad o información que se difunda, o bien que se indique que la veracidad de la misma no ha sido comprobada ante la autoridad competente.

Al respecto, estas comisiones consideran que las modificaciones al artículo 35 podrían conllevar a controversias e impugnaciones por parte de los proveedores, al no encontrarse concluido el procedimiento administrativo correspondiente que determine la existencia de las referidas violaciones.

Por otro lado, el artículo 25 Bis de la ley, ya establece los casos específicos y las medidas precautorias que la Profeco puede imponer.

Además, el último párrafo del propio artículo 35 establece una medida precautoria, en este caso particular, consistente en que se advierta al consumidor que la veracidad de la publicidad no ha sido aun comprobada.

Por lo anterior, estas comisiones consideran no aprobar la reforma en comento.

Sexto. Reforma al artículo 127

La iniciativa plantea reformar el artículo 127 de la LFPC para derogar la mención de la violación del artículo 32 e incluirlo en el artículo 128 Bis a fin de aumentar el monto de la sanción económica y quedar como sigue:

Artículo 127. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7 Bis, 13, 17, 18 Bis, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 86 Quater, 87 Bis, 90, 91, 93, 95 y 113 serán sancionadas con multa de 397.76 a 1 millón 272 mil 813.16 pesos.

En lo relativo a las sanciones aplicables para las infracciones, estas comisiones destacan que, en la actualidad, los costos de una campaña publicitaria especialmente en medios como la TV, pueden superar de manera considerable los montos que la ley vigente impone en materia de publicidad por lo que dichas multas no se consideran un incentivo adecuado para impedir que los proveedores emitan publicidad engañosa o abusiva.

Por ello, estas comisiones estiman adecuado que se incremente el monto de la sanción económica, trasladando la infracción al artículo 32 del actual 127 al 128 que enseguida se examina.

Séptimo. Reforma al artículo 128

Tiene el propósito de reformar el artículo 128, para quedar como sigue:

Artículo 128. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 12, 32, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 65, 65 Bis, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis y 121 serán sancionadas con multa de 596.63 a 2 millones 333 mil 490.80 pesos.

Estas comisiones consideran adecuada la reforma en comento para sancionar conforme al artículo 128 de la LFPC, las infracciones al artículo 32 por información o publicidad engañosa, en virtud de que el monto de la multa aplicable a esos casos sería superior al que actualmente tienen, es decir, las previstas en el artículo 127 de la ley.

Octavo. Reforma al artículo 128 Bis

En este artículo se propone adicionar dos párrafos al artículo 128 BIS de la LFPC, para quedar como sigue:

Artículo 128 Bis. En casos particularmente graves, la Procuraduría podrá sancionar con clausura total o parcial, la cual podrá ser hasta de noventa días y con multa de 114 mil 388.23 a 3 millones 202 mil 870.46 pesos.

Las violaciones a lo establecido en el artículo 32 que se consideren particularmente graves conforme a lo establecido en el artículo 128 ter de esta ley, serán sancionadas hasta con el monto máximo establecido en el párrafo anterior o bien con multa de hasta un 10% de los ingresos brutos anuales del infractor obtenidos por la comercialización del bien o los bienes, productos o servicios contenidos en la publicidad respectiva, correspondiente al último ejercicio fiscal en que se haya cometido la infracción, en caso de reincidencia.

Sobre el particular, estas comisiones consideran pertinente que se incluya la previsión de una sanción más elevada en los casos particularmente grave como medida inhibitoria de estas conductas. Sin embargo, es conveniente modificar la redacción del texto a efecto de incluir que las infracciones serán sancionadas hasta con el monto máximo o bien con multa de hasta un 10%, lo que resulte mayor.

De esta manera, se asientan las modificaciones en el decreto de este dictamen.

Noveno. Reforma al artículo 128 Ter, fracción VI.

La iniciativa prevé reformar la fracción VI del artículo 128 Ter, recorriéndose las actuales VI y VII para quedar como VII y VIII de la LFPC, en virtud de que el artículo en cuestión fue modificado recientemente mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 19 de agosto de 2010, mismo que quedaría de la siguiente manera:

Artículo 128 Ter. Se considerarán casos particularmente graves:

I. a V. ...

VI. Cuando la información relacionada con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, induzcan a error o confusión al consumidor por la forma falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presente y pongan en peligro la vida, la salud o la seguridad de un grupo de consumidores,

VII. La reincidencia en la comisión de infracciones a los artículos señalados en el artículo 128 de esta ley, y

VIII Aquellas que vulneren los derechos contemplados en el Título Segundo de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Al respecto, en congruencia con lo establecido en el considerando octavo, estas comisiones destacan que resulta procedente adicionar como caso particularmente grave a la publicidad engañosa.

En esta virtud, se considera aprobar la reforma al artículo 128 Ter.

Décimo. Adición al artículo 130

Por último, la iniciativa propone la adición de un segundo párrafo al artículo 130 de la LFPC, con el objeto de que en materia de publicidad, la reincidencia se entienda cuando el mismo infractor incurra en dos o más violaciones del mismo precepto legal.

La adición se plantea de la siguiente manera:

Artículo 130. Se entiende que existe reincidencia cuando el mismo infractor incurra en dos o más violaciones del mismo precepto legal durante el transcurso de un año, contado a partir del día en que se cometió la primera infracción.

Cuando se trate de infracciones a lo dispuesto en el artículo 32, la autoridad calificará como reincidente a un proveedor cuando incurra más de una violación a dicho artículo en cualquier período.

Al respecto, estas comisiones estiman que la adición en comento para considerar reincidente los casos de publicidad engañosa sin importar el periodo de la comisión de las infracciones, no contribuiría efectivamente a actualizar el marco de referencia contra la publicidad engañosa pues, en realidad el requisito indispensable es que las resoluciones hayan causado estado para considerar la existencia de la reincidencia.

Por lo anterior, estas comisiones estiman que la aprobación de la adición en comento no resulta procedente.

Finalmente, estas comisiones desean destacar que en materia de publicidad engañosa también tienen facultades las autoridades sanitarias y de comunicaciones, específicamente la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y las autoridades vinculadas con la aplicación de la Ley Federal de Radio y Televisión y su Reglamento, como puede desprenderse de la lectura de los artículos 3, 17 Bis, 270, 300, 301, 303, 305, 306, 307, 310, 311, 312, 393, 394, 396 Bis, 413 y 414 Bis de la Ley General de Salud; de los artículos 1, 5, 6, 9, 11, 14, 43, 44, 45, 61, 79, 86, 99, 106, 107 y 108 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad; de los artículos 67 y 69 de la Ley Federal de Radio y Televisión, así como de los artículos 39, 46 y 49 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, por lo que, una reforma integral en esta materia, tendría también que considerar esta normatividad.

No obstante lo anterior, estas comisiones consideran procedentes las reformas a los artículos antes citados en los considerandos segundo, sexto y séptimo, por lo que asientan las modificaciones referidas en el proyecto de decreto de este dictamen.”

Cuarta. Que los diputados, que integran la Comisión de Economía, estiman legítimo el espíritu de la iniciativa y correctas las modificaciones que realizó la Cámara de Senadores a la iniciativa original, no obstante lo anterior, esta comisión realiza modificaciones a la minuta de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Se observa un error en el proyecto de decreto enviado a la Cámara de Diputados, en la adición de la fracción VI al artículo 128 Ter:

“Artículo 128 Ter. Se considerarán casos particularmente graves:

...VI. Cuando la información relacionada con algún bien, producto o servicio que pudiendo induzcan a error o confusión al consumidor por la forma falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presente;”

En efecto, los términos en que se ha redactado esta fracción, no corresponden al texto del dictamen emitido por la Cámara de Senadores, de tal manera que se omiten las palabras “o no ser verdaderas”, por lo que esta comisión se pronuncia por corregir la fracción VI que se adiciona al artículo 128 Ter en los siguientes términos:

“Artículo 128 Ter. Se considerarán casos particularmente graves:

...VI. Cuando la información relacionada con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, induzcan a error o confusión al consumidor por la forma falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presente;

2. De igual manera, se estima correcto clarificar la redacción del párrafo que se agrega al artículo 128 Bis y que establece una nueva modalidad para la sanción de la publicidad engañosa, en virtud de que parecería que la multa para estos casos es solo la más alta del rango de las particularmente graves, cuando lo correcto es que diga que la sanción se determinará dentro de ese rango.

Por lo anterior, se modifica dicho párrafo para quedar en los siguientes términos:

“Las violaciones a lo establecido en el artículo 32 que se consideren particularmente graves conforme a lo establecido en el artículo 128 Ter de esta ley, serán sancionadas con la multa establecida en el párrafo anterior o bien con multa de hasta un 10 por ciento de los ingresos brutos anuales del infractor obtenidos por la comercialización del bien o los bienes, productos o servicios contenidos en la publicidad respectiva, correspondiente al último ejercicio fiscal en que se haya cometido la infracción, en caso de reincidencia.”

3. Asimismo, los diputados de la Comisión de Economía estiman que no obstante que se están reforzando las facultades de la Profeco para recabar información que es necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones, también estima que la ley debe proteger la privacidad y confidencialidad de dicha información.

Por lo anterior, se estima necesario agregar un tercer párrafo al artículo 13 de la ley de protección de los consumidores para establecer de forma expresa que la Profeco considerará como información reservada, confidencial o comercial reservada, aquella que los interesados señalen que tiene ese carácter, en los términos que determina la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar de la siguiente forma:

“La procuraduría considerará como información reservada, confidencial o comercial reservada, en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aquella información que las autoridades, proveedores y consumidores señalen que tiene ese carácter.”

4. Por otra parte, los diputados de la Comisión de Economía dan cuenta del hecho de que la Minuta venida del Senado no contiene la actualización de los montos de las multas referidas en el artículo 128 Bis, pues aparecen las correspondientes al año 2010.

Por lo anterior, se estima correcto actualizar dichos montos para quedar de la siguiente forma:

“Artículo 128 Bis. En casos particularmente graves, la Procuraduría podrá sancionar con clausura total o parcial, la cual podrá ser hasta de noventa días y con multa de $ 119 326.23 a 3 341 134.55”.

5. En cuanto al resto de las reformas propuestas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, esta Comisión de Economía hace suyos los argumentos que se esgrimieron en la Cámara de Senadores para los efectos del presente dictamen.

Quinta. En virtud de lo anterior, esta Comisión de Economía se manifiesta por modificar la Minuta que nos ocupa y en los términos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitirla a la Cámara de origen para su discusión correspondiente; estableciéndose el sentido de la reforma en los siguientes términos proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Único. Se reforman los artículos 13, 32, 127, 128, 128 Bis y la fracción VI del artículo 128 Ter, recorriéndose las actuales VI y VII para quedar como VII y VIII respectivamente; se adiciona un tercer párrafo al artículo 13, la fracción IX Ter al artículo 24, un último párrafo al 32, un segundo párrafo al 128 Bis, una fracción VIII al 128 Ter, todos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Artículo 13. La procuraduría verificará a través de visitas, requerimientos de información o documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el cumplimiento de esta ley. Para efectos de lo dispuesto en este precepto, los proveedores, sus representantes o sus empleados están obligados a permitir al personal acreditado de la Procuraduría el acceso al lugar o lugares objeto de la verificación.

Las autoridades, proveedores y consumidores están obligados a proporcionar a la Procuraduría, en un término no mayor de quince días, la información o documentación necesaria que les sea requerida para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para sustanciar los procedimientos a que se refiere esta ley. Dicho plazo podrá ser ampliado por una sola vez.

La procuraduría considerará como información reservada, confidencial o comercial reservada, en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aquella información que las autoridades, proveedores y consumidores señalen que tiene ese carácter.

Artículo 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I. a IX Bis. ...

IX Ter. Promover la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales que corresponda, a fin de asegurar la protección efectiva al consumidor en contra de la información o publicidad engañosa o abusiva.

X. a XXIII. ...

Artículo 32. La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.

La información o publicidad que compare productos o servicios, sean de una misma marca o de distinta, no podrá ser engañosa o abusiva en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior.

La procuraduría podrá emitir lineamientos para el análisis y verificación de dicha información o publicidad a fin de evitar que se induzca a error o confusión al consumidor, considerando el contexto temporal en que se difunde, el momento en que se transmite respecto de otros contenidos difundidos en el mismo medio y las circunstancias económicas o especiales del mercado.

Artículo 127. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7 Bis, 13, 17, 18 Bis, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 86 Quater, 87 Bis, 90, 91, 93, 95 y 113 serán sancionadas con multa de $ 397.76 a $ 1 272 813.16.

Artículo 128. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 12, 32, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 65, 65 Bis, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis y 121 serán sancionadas con multa de $ 596.63 a $ 2 333 490.80.

Artículo 128 Bis. En casos particularmente graves, la procuraduría podrá sancionar con clausura total o parcial, la cual podrá ser hasta de noventa días y con multa de $ 119 326.23 a $ 3 341 134.55.

Las violaciones a lo establecido en el artículo 32 que se consideren particularmente graves conforme a lo establecido en el artículo 128 Ter de esta ley, serán sancionadas con la multa establecida en el párrafo anterior o bien con multa de hasta un 10% de los ingresos brutos anuales del infractor obtenidos por la comercialización del bien o los bienes, productos o servicios contenidos en la publicidad respectiva, correspondiente al último ejercicio fiscal en que se haya cometido la infracción, en caso de reincidencia.

Artículo 128 Ter. Se considerarán casos particularmente graves:

I. a V. ...

VI. Cuando la información relacionada con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdadera, induzcan a error o confusión al consumidor por la forma falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presente;

VII. La reincidencia en la comisión de infracciones a los artículos señalados en el artículo 128 de esta ley, y

VIII. Aquellas que vulneren los derechos contemplados en el Título Segundo de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de julio de 2011.

La Comisión de Economía, diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud, Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez, María Antonieta Pérez Reyes, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica en abstención), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, José Antonio Arámbula López, Raúl Gerardo Cuadra García, Pavel Díaz Juárez, Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Vidal Llerenas Morales, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), María Florentina Ocegueda Silva (rúbrica), David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara.

El diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla:Con su permiso, señor presidente. Estimadas compañeras y compañeros diputados, la forma falsa, exagerada, artificiosa y tendenciosa con la publicitan algunos productos o servicios, se ha traducido en un grave daño de los derechos de los consumidores, quienes sin saber que están siendo presa de un engaño gastan su dinero creyendo que su adquisición les traerá beneficios y ventajas, que jamás se convierten en realidad.

En ese sentido, la publicidad que inunda los medios de comunicación y nuestras calles debe estar debidamente regulada, a fin de evitar que los consumidores sean víctimas de engaños perpetrados por proveedores sin escrúpulos, que con el único objeto de lucrar mantienen, en la información y características, los productos o servicios que ofertan.

Por ello, la reforma que hoy tenemos entre nosotros implica un avance sustancial en la protección del consumidor, pues con ella se fortalece institucionalmente la Profeco, dotándola de las herramientas necesarias para asegurar la protección efectiva del consumidor en contra de la información o publicidad engañosa o abusiva.

Asimismo, se establece que la Profeco emitirá lineamientos para el análisis y verificación de la información o publicidad, a fin de evitar que con ella se induzca al error o a la confusión de los consumidores.

Además, las sanciones que se implementan incentivan a los proveedores a realizar sus campañas de publicidad en el marco de la ley y con veracidad. De lo contrario, incurrirán en una infracción calificada como grave, con las consecuencias que ello les conllevaría.

Por lo anterior, consideramos positiva esta reforma, la cual resalta el compromiso de carácter insoslayable que esta Cámara tiene para procurar la protección de los consumidores.

Señor presidente, al mismo tiempo quiero hacer mención de que la propia comisión se ha reservado para su discusión en este pleno una pequeña adición. Si usted me lo permite, señor presidente.

La reserva que nosotros como comisión estamos proponiendo en la reforma y adición a los artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de publicidad engañosa, se refiere a incluir en el artículo 128 Ter las palabras: o publicidad.

Lo anterior, a fin de que la reforma sea congruente con las disposiciones vigentes de la citada ley y evitar oscuridad en la aplicación del dispositivo, ya que cuando sus disposiciones hacen referencia a publicidad siempre se utiliza la frase: información o publicidad.

En efecto, la redacción actual del proyecto dice: Artículo 128 Ter. Se considerarán casos particularmente graves:

VI. Cuando la información relacionada con algún bien, producto o servicio, que pudiendo o no ser verdadera, induzcan error o confusión al consumidor por la forma falsa exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en la que se presente.

El dispositivo debe decir: Artículo 128 Ter. Se considerarán casos particularmente graves:

VI. Cuando la información o publicidad relacionada con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdadera induzcan error o confusión al consumidor por la forma falsa exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en la que se presente.

Por ello, les pido amablemente que se someta a votación de la asamblea esta reserva. Muchas gracias, señor presidente. Es cuanto.

«Reserva para la discusión en el Pleno de la Minuta de Publicidad Engañosa

La reserva que se propone a la minuta que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de publicidad engañosa, se refiere a incluir en el artículo 128 Ter las palabras “o publicidad”. Lo anterior, a fin de que la reforma sea congruente con las disposiciones vigentes de la citada Ley y evitar oscuridad en la aplicación del dispositivo, ya que cuando sus disposiciones hacen referencia a publicidad, siempre se utiliza la frase “información o publicidad”.

En efecto, la redacción actual del proyecto reza:

Artículo 128 Ter. Se considerarán casos particularmente graves:

...Fracción VI. Cuando la información relacionada con algún bien, producto o servicio, que pudiendo o no ser verdadera, induzcan a error o confusión al consumidor por la forma falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presente...

Y el dispositivo debe decir:

Artículo 128 Ter. Se considerarán casos particularmente graves:

...Fracción VI. Cuando la información o publicidad relacionada con algún bien, producto o servicio, que pudiendo o no ser verdadera, induzcan a error o confusión al consumidor por la forma falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presente.

Por ello, le pido amablemente someta a votación de la asamblea esta reserva. Gracias.

Diputado Jorge Juraidini Rumilla (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Quiero dar la más cordial bienvenida a los alumnos de la Escuela Primaria Juan Escutia, del municipio de Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero, quienes son invitados especiales por el diputado federal Armando Ríos Piter, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y presidente de nuestra Junta de Coordinación Política. Sean todos ustedes bienvenidos.

Está a discusión en lo general. Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Jaime Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Aparentemente este dictamen contiene una visión positiva, porque trata de sancionar, de erradicar, de combatir lo que se llama publicidad engañosa o abusiva. Sin embargo, el dictamen contiene un error, desde mi punto de vista muy grave, al incorporar en el artículo 13 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, un párrafo final, que es —desde el punto de vista constitucional— inaceptable.

Este párrafo al artículo 13, que adiciona el artículo 13 de la Ley Federal de Protección al Consumidor diría así:

La procuraduría considerará como información reservada, confidencial o comercial reservada, en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aquella información que las autoridades, proveedores y consumidores señalen que tiene ese carácter.

Esta disposición es, a todas luces, contraria a lo que disponen los artículos 6o. de nuestra Constitución, párrafo segundo, fracción II; artículo 16, párrafo segundo; y el artículo 13, también, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en materia de derecho a la información, de libertad de expresión, como en materia también de protección de datos personales, las características de la información confidencial, reservada, solamente pueden determinarse precisamente en la ley y no por acuerdo entre particulares o por acuerdo de autoridades o de proveedores, como propone esta adición al artículo 13 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Luego entonces, hay una violación en este párrafo tercero del artículo 13 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a lo que se llama en la teoría constitucional: Principio de reserva de ley. Solamente por ley puede determinarse lo que se entiende por información reservada, confidencial, etcétera. No puede determinarse lo que es información reservada o confidencial lo que entiendan las partes, lo que entiendan las autoridades, lo que entiendan los consumidores o los proveedores.

Esto implica una transgresión, una violación a este principio de reserva de ley que, como ya lo dije, se encuentra previsto en los artículos 6o. y 16 de nuestra Constitución, al igual que en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Si no se suprime este párrafo tercero del artículo 13, votaré en contra del dictamen por ser a todas luces —en esta parte del dictamen— contrario al texto constitucional y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Muchas gracias por su atención, compañeros.

La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel(desde la curul). Señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputada Beatriz Paredes, ¿para qué efectos?

La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel(desde la curul): Le solicito respetuosamente, diputado presidente, consulte con el diputado Cárdenas si permite una pregunta.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Cárdenas, ¿está usted de acuerdo?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Desde luego, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Adelante, diputada Paredes.

La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel (desde la curul): Diputado Cárdenas, quiero expresarle que coincido con el fondo de su objeción y estoy conversando con el diputado secretario de la Comisión de Economía.

Quiero preguntarle si estaría usted de acuerdo en que esta adición formulada por la Comisión de Economía —la minuta— quedara en los términos que siguen:

«Artículo 13. ...

...

La procuraduría considerará como información reservada, confidencial o comercial reservada aquella que establezca la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Diputados: Beatríz Elena Paredes Rangel, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbricas).»

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, diputada. Desde luego que creo que con esa observación suya —si también coincide con el punto de vista del presidente de la comisión y de los miembros de la Comisión— no tendría objeción alguna.

Esa redacción que usted propone salva el problema de anticonstitucionalidad del artículo 13 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, tal como se propone en el dictamen, porque queda establecido muy claramente que será la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental la que definirá lo que se entiende por información reservada o confidencial y no serán las autoridades ni los proveedores o los consumidores. Estaría de acuerdo con esa redacción, diputada. Muchas gracias, por su pregunta.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. Rogaría a la diputada Beatriz Paredes que, en consecuencia, esta nueva modificación pudiera —como el propio diputado Cárdenas Gracia lo señaló— ser turnada a la comisión respectiva y en caso de que estuvieran de acuerdo sus integrantes, me la hiciera llegar por escrito para dar cumplimiento a lo que prescribe el Reglamento de esta Cámara.

Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Norma Sánchez Romero, para hablar en pro del dictamen.

La diputada Norma Sánchez Romero:Con su venia, señor presidente. Señoras y señores legisladores, es relevante resaltar la importancia del dictamen en discusión, el cual busca fortalecer las facultades de la Profeco para recabar información necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones.

Se añaden como facultades de la Profeco, el promover la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales para asegurar la protección efectiva del consumidor en contra de la información o publicad engañosa o abusiva.

Se establece que la Profeco deberá emitir lineamientos para el análisis y verificación de la información o publicidad a fin de evitar que se introduzca a error o confusión al consumidor, tomando en consideración el contexto temporal en que se difunde, el momento en que se transmite respecto de otros contenidos difundidos en el mismo medio y las circunstancias económicas o especiales del mercado; se aumentan las multas para los casos de publicidad engañosa.

Sin duda, la aprobación del presente dictamen es de una importancia para dar paso hacia la protección de los derechos de los consumidores. Asimismo se fortalecen las atribuciones de la Profeco, respecto de la publicidad engañosa o abusiva.

Sólo por citar algunos de los casos de publicidad engañosa o abusiva, están los mensajes publicitarios que incluyen cláusulas como: hasta agotar existencias; utilización de letras pequeñas, ilegibles o diminutas en los anuncios con la intención o no que el destinatario no las perciba. Incluir el IVA en anuncios con la intención de que el destinatario vea el precio más atractivo o menor al de la competencia. Hacer caso omiso de los datos fundamentales que puedan influir en la decisión del consumidor o por medio de exageraciones acerca de los beneficios de los productos que se promocionan.

Sin duda, la aprobación del presente dictamen es un muy importante paso para dar certeza jurídica a la protección de los consumidores.

Por lo antes expuesto, los diputados que integramos el Grupo Parlamentario de Acción Nacional coincidimos plenamente con el espíritu del dictamen en comento y votaremos a favor del mismo. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general. Esta presidencia informa que, de conformidad con el artículo 109 del reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión los siguientes artículos: 128 Ter, por el diputado Jorge Juraidini Rumilla; y 13, por la diputada Beatriz Paredes Rangel.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

Todavía está abierto el sistema.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: La diputada Diva Hadamira, de viva voz.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Ciérrese el sistema de votación. Corroborando el voto de la diputada Diva. ¿A favor? Sí, muy bien. ¿Enoé?

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): A favor.

La diputada Juanita de Jesús Santillán Hernández (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Señor presidente, se emitieron 339 votos a favor... Faltan votaciones. La diputada Leticia Quezada.

La diputada Leticia Quezada Contreras(desde la curul): A favor.

La diputada Rosalina Mazari Espín(desde la curul): A favor.

La diputada María Dina Herrera Soto(desde la curul): A favor.

La diputada Daniela Nadal Riquelme(desde la curul): A favor.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): A favor.

El diputado José Ricardo López Pescador(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco José Rojas Gutiérrez(desde la curul): A favor.

El diputado Javier Corral Jurado(desde la curul): A favor.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo(desde la curul): A favor.

El diputado Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh (desde la curul): A favor.

La diputada Rosi Orozco (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (desde la curul): A favor.

El diputado Héctor Guevara Ramírez(desde la curul): A favor.

El diputado Gerardo Leyva Hernández(desde la curul): Cambio el sentido del voto, de abstención a favor.

La diputada Olga Luz Espinosa Morales (desde la curul): A favor.

El diputado Germán Contreras García (desde la curul): A favor.

El diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez(desde la curul): A favor.

El diputado Juan José Guerra Abud(desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): A favor.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Señor presidente, se emitieron 361 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general por 361 votos, y en lo particular en los artículos no reservados.

Proceda la Secretaría a dar lectura a la propuesta de modificación al artículo 128 Ter, presentada por el diputado Jorge Juraidini Rumilla.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Artículo 128 Ter. Se consideran casos particulares graves:

Fracción VI. Cuando la información o publicidad relacionada con algún bien, producto o servicio, que pudiendo o no ser verdadera, induzcan a error o confusión al consumidor por la forma falsa, exagerada, parcial, artificial o tendenciosa en que se presente. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación presentada por el diputado Juraidini.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación al artículo 128 Ter, por el diputado Juraidini. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobada.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación al artículo 13, formulada por la diputada Beatriz Paredes Rangel. Dé lectura a ella en primer término y después, haga la consulta.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Artículo 13. La Procuraduría considerará como información reservada, confidencial o comercial reservada aquella que establezca la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Consulte ahora la Secretaría a la asamblea, si se acepta la modificación formulada por la diputada Paredes.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación al artículo 13, presentada por la diputada Paredes. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se acepta. Pido a la Secretaría ordene la apertura del sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en conjunto del proyecto de dictamen con las modificaciones aprobadas, tanto de la diputada Paredes Rangel como del diputado Juraidini.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por tres minutos.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Todavía está abierto el sistema. Ciérrese el sistema. De Viva voz, la diputada Juanita de Jesús Santillán.

La diputada Juanita de Jesús Santillán Hernández (desde la curul): A favor.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): A favor.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (desde la curul): A favor.

La diputada Leticia Quezada Contreras(desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Ruego a la Secretaría, se abra por un minuto más el sistema electrónico de votación.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico nuevamente, por un minuto, para proceder a la votación.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Me informan que no es posible técnicamente abrir el sistema. De viva voz haremos la votación correspondiente.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Por instrucciones de la Presidencia, de viva voz, vamos a proceder a la votación. De acá para allá.

La diputada Esthela Damián Peralta(desde la curul): A favor.

El diputado José Torres Robledo(desde la curul): A favor.

La diputada Leticia Quezada Contreras(desde la curul): Rectificación del voto, a favor.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho (desde la curul): A favor.

El diputado Gerardo Leyva Hernández(desde la curul): A favor.

El diputado Federico Ovalle Vaquera(desde la curul): A favor.

El diputado Julián Nazar Morales(desde la curul): A favor.

La diputada Martha Angélica Bernardino Rojas(desde la curul): A favor.

La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo(desde la curul): A favor.

El diputado David Penchyna Grub (desde la curul): A favor.

El diputado Javier Corral Jurado(desde la curul): A favor.

El diputado Avelino Méndez Rangel (desde la curul): A favor.

El diputado José Narro Céspedes (desde la curul): A favor.

La diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz (desde la curul): A favor.

La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Hernández Juárez(desde la curul): A favor.

El diputado Pavel Díaz Juárez(desde la curul): A favor.

La diputada Delia Guerrero Coronado (desde la curul): A favor.

La diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño(desde la curul): A favor.

El diputado Sami David David(desde la curul): A favor.

El diputado Humberto Lepe Lepe (desde la curul): A favor.

El diputado Jesús Alberto Cano Vélez(desde la curul): A favor.

El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero (desde la curul): A favor.

El diputado Esteban Albarrán Mendoza(desde la curul): A favor.

El diputado David Hernández Pérez(desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Arana Arana(desde la curul): A favor.

El diputado Joel González Díaz(desde la curul): A favor.

El diputado Andrés Massieu Fernández(desde la curul): A favor.

La diputada Silvia Esther Pérez Ceballos(desde la curul): A favor.

El diputado Guillermo Cueva Sada(desde la curul): A favor.

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín(desde la curul): A favor.

El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez (desde la curul). A favor.

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas(desde la curul): A favor.

El diputado Juan Pablo Escobar Martínez (desde la curul): A favor.

El diputado Sergio Gama Dufour(desde la curul): A favor.

La diputada Laura Piña Olmedo(desde la curul): A favor.

La diputada María Felicitas Parra Becerra (desde la curul): A favor.

El diputado José Óscar Aguilar González(desde la curul): A favor.

El diputado César Octavio Pedroza Gaitán(desde la curul): Rectificación de voto. A favor.

La diputada Sonia Mendoza Díaz(desde la curul): A favor.

La diputada Laura Felicitas García Dávila(desde la curul): A favor

El diputado Bonifacio Herrera Rivera(desde la curul): Corrección de voto. A favor.

La diputada Adriana Terrazas Porras(desde la curul): Rectificación de voto. A favor.

El diputado Enrique Torres Delgado(desde la curul): A favor.

La diputada Dora Evelyn Trigueras Durón(desde la curul): A favor.

La diputada María Sandra Ugalde Basaldúa(desde la curul): A favor.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo(desde la curul): A favor.

El diputado Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira(desde la curul): A favor.

El diputado Baltazar Martínez Montemayor(desde la curul): A favor.

El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez(desde la curul): A favor.

La diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez(desde la curul): A favor.

El diputado Ramón Merino Loo(desde la curul): A favor.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes(desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Íñiguez Gámez(desde la curul): A favor.

El diputado Marcos Carlos Cruz Martínez(desde la curul): A favor.

El diputado Julio Castellanos Ramírez(desde la curul): A favor.

La diputada María Elena Pérez de Tejada Romero(desde la curul): A favor.

El diputado Miguel Antonio Osuna Millán(desde la curul): A favor.

La diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero(desde la curul): A favor.

El diputado José Ramón Martel López (desde la curul): A favor.

El diputado Edgardo Chaire Chavero(desde la curul): A favor.

El diputado Sixto Alfonso Zetina Soto(desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): A favor.

El diputado Felipe Enríquez Hernández(desde la curul): A favor.

El diputado José Manuel Hinojosa Pérez(desde la curul): A favor.

El diputado Manuel Guillermo Márquez Lizalde(desde la curul): A favor.

El diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez(desde la curul): A favor.

El diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (desde la curul): A favor.

El diputado Filemón Navarro Aguilar(desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Ovando Patrón(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Señor presidente, se emitieron 400 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular con las modificaciones aceptadas por 400 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se devuelve al Senado, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

PERMISO PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les otorgan gobiernos extranjeros, y para prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México. Señor diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Gracias, presidente. En atención a todos mis compañeros, simplemente quiero decir, que —como en otros casos— la Comisión de Gobernación no ha motivado de manera adecuada las razones, sobre todo en el primero de los dictámenes, de por qué se otorgan las condecoraciones. Todos ellos, los mexicanos que las van a recibir, son ciudadanos de gran prestigio, son ciudadanos de reconocida probidad.

No tenemos objeción ni hacemos argumento ad hominem, pero creemos que es muy importante que existan las modificaciones, las razones adecuadas para entregar las condecoraciones. Repito, en el caso del primero de los dictámenes.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De acuerdo, señor diputado. Dé curso la Secretaría a la lectura del dictamen con proyecto de decreto al que he hecho alusión.

PERMISO PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la Honorable Asamblea, el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el 5 de abril del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con los oficios de la Cámara de Senadores, con el que remite los expedientes que contienen las minutas proyecto de decreto por los que se conceden permisos a los ciudadanos Alicia Bárcena, Pedro José Armendáriz Pardo y Vicente Martínez Barrientos para que puedan aceptar y usar, las Condecoraciones y Medallas que en diferentes grados les otorgan los Gobiernos de la Repúblicas de Francia y de Chile, respectivamente, turnándose a la suscrita Comisión para su dictamen.

Consideraciones

De la revisión de los expedientes se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de las actas de nacimiento.

Esta comisión coincide con las consideraciones del Senado de la República en la aprobación de las solicitudes, remitidas a la Cámara de Diputados en calidad de minutas con proyecto de decreto.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III, del Apartado C) del artículo 37 constitucional, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso para que la ciudadana Alicia Bárcena pueda aceptar y usar la medalla del Orden de la Legión d’Honneur, en grado de Officier, que le otorga el gobierno de la República de Francia.

Artículo Segundo. Se concede permiso para que el ciudadano Pedro José Armendáriz Pardo pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Artículo Tercero. Se concede permiso para que el ciudadano Vicente Martínez Barrientos pueda aceptar y usar la condecoración Piocha Becarios Extranjeros y Nacionales, en Clase Única, que le otorga el gobierno de la República de Chile.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 28 de abril de 2011.

La Comisión de Gobernación, diputados:Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Luciano Cornejo Barrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica en abstención), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija, Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex, secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica en abstención; no lo firmo a favor porque lo que exijo es la convocatoria para discutir la reforma política), Nancy González Ulloa (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Vidal Llerenas Morales (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía, José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Nazario Norberto Sánchez, Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro, Agustín Torres Ibarrola, Arturo Zamora Jiménez.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Está a discusión. No hay oradores, pero quiero adherirme a la petición hecha por el diputado Cárdenas Gracia y a efecto de lograr que ésta se concrete, ruego a la Mesa Directiva que suscribamos un oficio a efecto de que las comisiones motiven en todo caso los proyectos de dictamen que someten por nuestro conducto a votación de la asamblea.

No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto. Continúe la Secretaría.

PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción VII, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el 6 de septiembre del año en curso por la Cámara de Diputados se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Adriana del Carmen Adame Martínez, Marcos Abraham Barrera Vázquez, Carlos Manuel Berumen Domínguez, Juan José Boyoli Kaulitz, Manuel Fernando García de la Mora, Sandra Citlaly González Román, Thalía Turena Macedo Martínez, Miguel Ángel Meza Rojas, César Olivo Sosa, Dolores Elizabeth Pacheco Alejandre, Adriana Ríos Torres, Carlos Rodríguez Ramírez, Oswaldo Salinas García, Karen Paola Serdán Corona, Sara Elizabeth Tapia Morales, Isaac Tinajero Castillo, Hilda Berenice Valdés López y Noemí Vázquez Pérez puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de Canadá en México, turnándose a la suscrita comisión, para dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron la nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La solicitud no implica la aceptación o el uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del Apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero.Se concede permiso a la ciudadana Adriana del Carmen Adame Martínez para prestar servicios como analista de inmigración en la Embajada de Canadá en México.

Artículo Segundo.Se concede permiso al ciudadano Marcos Abraham Barrera Vázquez para prestar servicios como delegado comercial en la Embajada de Canadá en México.

Artículo Tercero.Se concede permiso al ciudadano Carlos Manuel Berumen Domínguez para prestar servicios como ingeniero de edificio en la embajada de Canadá en México.

Artículo Cuarto.Se concede permiso al ciudadano Juan José Boyoli Kaulitz para prestar servicios como administrador de sistemas en la Embajada de Canadá en México.

Artículo Quinto.Se concede permiso al ciudadano Manuel Fernando García de la Mora para prestar servicios como asistente de materiales en la Embajada de Canadá en México.

Artículo Sexto.Se concede permiso a la ciudadana Sandra Citlaly González Román para prestar servicios como asistente de inmigración en la Embajada de Canadá en México.

Artículo Séptimo.Se concede permiso a la ciudadana Thalía Turena Macedo Martínez para prestar servicios como asistente de inmigración en la Embajada de Canadá en México.

Artículo Octavo.Se concede permiso al ciudadano Miguel Ángel Meza Rojas para prestar servicios como asistente de inmigración en la Embajada de Canadá en México.

Artículo Noveno.Se concede permiso al ciudadano César Olivo Sosa para prestar servicios como asistente de inmigración en la Embajada de Canadá en México.

Artículo Décimo.Se concede permiso a la ciudadana Dolores Elizabeth Pacheco Alejandre para prestar servicios como asistente de inmigración en la Embajada de Canadá en México.

Artículo Undécimo.Se concede permiso a la ciudadana Adriana Ríos Torres para prestar servicios como asistente administrativa de la Sección de Inmigración en la Embajada de Canadá en México.

Artículo Duodécimo.Se concede permiso al ciudadano Carlos Rodríguez Ramírez para prestar servicios como asistente de mantenimiento en la Embajada de Canadá en México.

Artículo Decimotercero.Se concede permiso al ciudadano Oswaldo Salinas García para prestar servicios como asistente de mensajería en la Embajada de Canadá en México.

Artículo Decimocuarto.Se concede permiso a la ciudadana Karen Paola Serdán Corona para prestar servicios como asistente de inmigración en la Embajada de Canadá en México.

Artículo Decimoquinto.Se concede permiso a la ciudadana Sara Elizabeth Tapia Morales para prestar servicios como asistente de inmigración en la Embajada de Canadá en México.

Artículo Decimosexto.Se concede permiso al ciudadano Isaac Tinajero Castillo para prestar servicios como asistente de inmigración en la Embajada de Canadá en México.

Artículo Decimoséptimo.Se concede permiso a la ciudadana Hilda Berenice Valdés López para prestar servicios como asistente de inmigración en la Embajada de Canadá en México.

Artículo Decimoctavo.Se concede permiso a la ciudadana Noemí Vázquez Pérez para prestar servicios como asistente de inmigración en la Embajada de Canadá en México.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. México, DF, a 21 de septiembre de 2011.

La Comisión de Gobernación, diputados: Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza, Francisco Ramos Montaño (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex, secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David, Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo, Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Teresa Incháustegui Romero (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe, Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica), José Ramón Martel López (rúbrica), Andrés Massieu Fernández, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro, Beatriz Paredes Rangel (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción 1; 158, numeral 1, fracción IV; y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el 20 de septiembre del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Julio César Serrano Vázquez, Alejandro Joel Díaz Cofradía, Rodolfo Salazar González, Irene Vázquez Carrasco, Arizbé Mondragón Alvarado, Claudia Krings Heidel, Carlos Javier Garza Cantú, Mirna María Sotomayor Galindo y José Óscar Manríquez Montelongo puedan prestar servicios de carácter administrativo en las Embajadas de Estados Unidos de América, y de Austria, en México, y en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León, y Tijuana, Baja California, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y, en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del Apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero.Se concede permiso al ciudadano Julio César Serrano Vázquez para prestar servicios como agente de compras en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo.Se concede permiso al ciudadano Alejandro Joel Díaz Cofradía para prestar servicios como chofer en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Tercero.Se concede permiso al ciudadano Rodolfo Salazar González para prestar servicios como guardaespaldas protectiva en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Cuarto.Se concede permiso a la ciudadana Irene Vázquez Carrasco para prestar servicios como examinador de cuentas en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Quinto.Se concede permiso a la ciudadana Arizbé Mondragón Alvarado para prestar servicios como asistente de embarques en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Sexto.Se concede permiso a la ciudadana Claudia Krings Heidel para prestar servicios como asesora comercial en la Embajada de Austria en México.

Artículo Séptimo.Se concede permiso al ciudadano Carlos Javier Garza Cantú para prestar servicios como guardia en la Oficina de Seguridad en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Octavo.Se concede permiso a la ciudadana Mirna María Sotomayor Galindo para prestar servicios como asistente administrativo en el Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Artículo Noveno.Se concede permiso al ciudadano José Óscar Manríquez Montelongo para prestar servicios como chofer en la Oficina de Construcción en el Extranjero en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 21 de septiembre de 2011.

La Comisión de Gobernación, diputados:Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza, Francisco Ramos Montaño, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex, secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David, Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Teresa Incháustegui Romero (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica), José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro, Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el 6 de septiembre del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Diana Luz Martínez Uruñuela, Norma Gabriela Treviño Garza, Mario Abel Ortiz Estrada, Mario Vidaña Silva, Alejandra Yazmín Lozoya Martínez y Hannia Cruz Meza, puedan prestar servicios en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco; en Matamoros, Tamaulipas, y en Monterrey, Nuevo León, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión, para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del Apartado C) del artículo 37 constitucional, somete a consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero.Se concede permiso a la Ciudadana Diana Luz Martínez Uruñuela para prestar servicios como asistente en la Sección de Servicios Generales, en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Segundo.Se concede permiso a la ciudadana Norma Gabriela Treviño Garza para prestar servicios como cajera/asistente financiera en el Consulado General de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Artículo Tercero.Se concede permiso al ciudadano Mario Abel Ortiz Estrada para prestar servicios como guardia en la Oficina de Seguridad, en el Consulado General de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Cuarto.Se concede permiso al ciudadano Mario Vidaña Silva para prestar servicios como especialista comercial en la Oficina de Comercio, en el Consulado General de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Quinto.Se concede permiso a la ciudadana Alejandra Yazmín Lozoya Martínez para prestar servicios como investigadora en la Oficina de Edificación en el Extranjero, en el Consulado General de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Sexto.Se concede permiso a la ciudadana Hannia Cruz Meza para prestar servicios como asistente administrativa en la Oficina de Servicios Generales, en el Consulado General de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 21 de septiembre de 2011.

La Comisión de Gobernación, diputados:Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza, Francisco Ramos Montaño, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex, secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David, Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo, Gregorio Hurtado Leija, Teresa Incháustegui Romero (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía, José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro, Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Están a discusión los dictámenes. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 109 del Reglamento de la Cámara se pregunta a la asamblea si se reserva algún artículo, para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los proyectos de decreto.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los proyectos de decreto.

(Votación)

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Le damos la bienvenida a ciudadanos de San Juan del Río, estado de Querétaro, invitados por la diputada Sandra Ugalde Basaldúa.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema electrónico, por favor, diputada. Sigue abierto el sistema de votación electrónico. Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

La diputada Juanita de Jesús Santillán Hernández (desde la curul): A favor.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): A favor.

La diputada Silvia Esther Pérez Ceballos (desde la curul): A favor.

La diputada Margarita Liborio Arrazola(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se emitieron 370 votos en pro, 0 en contra, 3 abstenciones.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobados en lo general y en lo particular por 370 votos los proyectos de decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les otorgan gobiernos extranjeros y para prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México. Pasan el Ejecutivo y al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día son dictámenes en sentido negativo. Se informa a la asamblea que, en cumplimiento al artículo 87, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes en sentido negativo que a continuación se discutirán. Proceda la Secretaría a dar lectura a los encabezados de los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley General de las Personas con Discapacidad y adiciona la fracción V al artículo 389 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

Las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Salud de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39, 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 80, numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de fecha 8 de septiembre de 2009, la diputada Laura Margarita Suárez González del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley General de las Personas con Discapacidad y adiciona la fracción V al artículo 389 de la Ley General de Salud.

2. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, turnó la citada iniciativa a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Salud para el análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa en estudio refiere que la discapacidad es un problema que afecta a una gran parte de la población mundial y su magnitud se acrecienta por sus repercusiones en la familia y en la sociedad, con franco deterioro en la calidad de vida, un incremento en los costos de atención médica y una sobrecarga económica social.

Señala que México a través de sus instituciones tiene la obligación de responder con eficiencia a las crecientes necesidades de los diferentes sectores de la sociedad, y con mayor razón si se trata de quienes se encuentran en situación adversa ante la vida. Pero sólo es posible coadyuvar en el nivel de vida de la población con discapacidad si se conocen sus necesidades primordiales.

Reconoce que en nuestro país, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno y sus instituciones, lamentablemente, no se tienen datos confiables y actualizados acerca de la población con discapacidad, debido entre otras causas, a la falta de solidaridad y de una cultura en la que los mexicanos aprendamos a convivir, valorar y respetar las diversidades, haciendo a un lado prejuicios y estigmas que sólo nos separan como sociedad.

Señala que no todas las discapacidades son visibles ante los demás y que no siempre la persona va por las calles con bastón, perro guía, silla de ruedas, muletas y otro tipo de aparatos. Existen enfermedades como la sordera, padecimiento que no identifica de inmediato la discapacidad.

Destaca que en las instituciones públicas y privadas cuando la persona con discapacidad acude para solicitar algún servicio, ya sea de salud, educación, recreación, transporte, vivienda, laboral, etcétera, se enfrenta a problemas de identificación debido a que la mayoría de éstas exigen un certificado de salud, que sólo tiene vigencia por determinado tiempo. Así también, las diversas embajadas, universidades y otras instituciones del extranjero requieren del mismo para otorgar sus servicios.

Considerando los anteriores razonamientos propone que la población cuente con un documento uniforme en todo el país, que sirva a las personas con discapacidad permanente o definitiva como identificación de su padecimiento.

La iniciativa propone que la Secretaría de Salud otorgue un certificado de discapacidad permanente o definitiva, expedido por un equipo multidisciplinario de especialistas, asignándole una calificación o grado en porcentajes de su discapacidad.

Consideraciones

I. La iniciativa en estudio propone la reforma del artículo 8 de la Ley General de las Personas con Discapacidad como a continuación se señala:

Artículo 8. La Secretaría de Salud, en coordinación con el consejo, emitirá la clasificación nacional de discapacidades; y otorgará a las personas con discapacidad permanente o definitiva un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional, y como documento oficial para certificar la discapacidad ante la dependencia e instituciones públicas o privadas que lo requieran.

Al respecto, las comisiones unidas analizamos que:

a) La Ley General de las Personas con Discapacidad ha sido abrogada por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Cámara de Diputados el 15 de diciembre pasado y por Senado de la República el 3 de marzo pasado. El citado ordenamiento ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo pasado.

b) No obstante, la legislación vigente, incorpora en el artículo 10 la propuesta en estudio, relativa a la expedición del certificado de reconocimiento y calificación de la discapacidad en los siguientes términos:

“ Artículo 10. La Secretaría de Salud en coordinación con el consejo, emitirá la Clasificación Nacional de Discapacidades, con base en los lineamientos establecidos por la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, la cual estará disponible al público y deberá ser utilizada en el diseño de políticas públicas.

El sector salud expedirá a las personas con discapacidad un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional.”

II. Por otra parte, la iniciativa en estudio propone adicionar una fracción V al artículo 389 de la Ley General de Salud, como a continuación se señala:

Artículo 389. Para fines sanitarios se extenderán los siguientes certificados:

I. a III. ...

IV. De exportación a que se refieren los artículos 287 y 288 de esta ley;

V. De reconocimiento y calificación de discapacidad, y

VI. Los demás que se determinen en esta ley y sus reglamentos.

Al respecto, las comisiones unidas analizamos que:

a) La Ley General de Salud en su artículo 175 establece que:

Artículo 175.- La Secretaría de Salud establecerá las normas oficiales mexicanas de carácter nacional en materia de prevención de invalidez y rehabilitación de inválidos, y coordinará, supervisará y evaluará su cumplimiento por parte de las instituciones públicas, sociales privadas que persigan estos fines.

b) Con fundamento en diversos artículos de la Ley General de Salud, incluido el artículo 175, la Secretaría de Salud expidió el 16 de diciembre de 1998, la Norma Oficial Mexicana NOM-173-SSA1-1998, denominada Para la atención integral a personas con discapacidad.

c) En la citada norma oficial, en el punto 5.1.2, se establece que:

“A toda persona con discapacidad permanente se deberá expedir un certificado por médico debidamente autorizado, en el que se anote el nombre, sexo, edad, nacionalidad, domicilio, tipo de discapacidad, origen y grado de la misma, apoyo funcional, especificaciones y si requiere, intérprete de lenguaje.”

La anterior disposición es vigente actualmente y es competencia de la Secretaría de Salud y de los gobiernos de las entidades federativas la aplicación de dicha norma. Consecuentemente, las personas con discapacidad pueden adquirir de forma gratuita el certificado de discapacidad en las instancias de salud correspondientes.

III. Derivado de las anteriores consideraciones, las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Salud, estiman improcedentes las propuestas de reforma de la iniciativa en estudio, en virtud de que la propuesta del iniciador está debidamente regulada por la Secretaría de Salud desde 1998, asimismo, al ser abrogada la Ley General de Personas con Discapacidad, la reforma queda sin materia.

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Salud someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley General de las Personas con Discapacidad y adiciona la fracción V al artículo 389 de la Ley General de Salud, presentada por la diputada Laura Margarita Suárez González del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Segundo. Archívense el asunto como total y definitivamente concluido.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), presidenta; Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Daniela Nadal Riquelme (rúbrica), María Joann Novoa Mossberger (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Carlos Bello Otero (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, Pedro Ávila Nevárez, Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Hilda Ceballos Llerenas (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales, Laura Felicitas García Dávila (rúbrica), Luis García Silva (rúbrica), Diana Patricia González Soto (rúbrica), Inocencio Ibarra Piña, Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbrica), Margarita Liborio Arrazola, Ilich Augusto Lozano Herrera, Rosalina Mazarí Espín, Nelly Edith Miranda Herrera (rúbrica), Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), María Isabel Pérez Santos, Caritina Sáenz Vargas, Laura Margarita Suárez González, María Sandra Ugalde Basaldúa, Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica).

La Comisión de Salud, diputados: Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica en abstención), Rosalina Mazari Espín, Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez, Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Oralia López Hernández (rúbrica).»

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Dictamen de la Comisión de Seguridad Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo décimo séptimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión le fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo décimo séptimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), presentada, en ejercicio de sus facultades constitucionales, por el diputado a esa legislatura Alberto Amador Leal, y la misma fue entregada a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, en el acto de su instalación, como asunto pendiente de concluir su trámite legislativo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e y f, de la Ley Orgánica del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 82, 84 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, es facultad de la Comisión de Seguridad Social elaborar el dictamen correspondiente, lo cual hace de acuerdo a los siguientes apartados: antecedentes, contenido de la iniciativa, consideraciones, conclusiones y acuerdo.

Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de la LX Legislatura, celebrada el 5 de agosto del año 2009, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo décimo séptimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la que fue turnada a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

2. En razón de la fecha de presentación, tres semanas antes de concluir el ejercicio de la LX Legislatura, la iniciativa se reservó para ser entregada a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, junto con los asuntos pendientes de concluir su trámite legislativo, lo que se efectúo el 8 de octubre del año 2009.

3. La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, recabó la información necesaria, analizó la iniciativa referida y sostuvo reuniones a efecto de elaborar este dictamen.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa que se analiza propone reformar el párrafo primero del artículo décimo séptimo transitorio de la Ley del ISSSTE, con la finalidad de ampliar el plazo que en el mismo se señala para efectos de que, aquellos ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de Diputados Federales y Senadores de la República que deseen ser amparados por la ley mencionada, cubran las cotizaciones que el mismo artículo transitorio establece como requisito, para continuarlas y quedar protegidos por los seguros que señala.

El texto vigente del artículo décimo séptimo transitorio de la Ley del ISSSTE es el siguiente:

Artículo Décimo Séptimo. Los ciudadanos que hubieren servido como Diputados y Senadores propietarios al Congreso de la Unión y que no se hubieren incorporado voluntariamente al régimen de la Ley que se abroga durante su mandato constitucional, tendrán derecho a solicitar al Instituto su incorporación al mismo, mediante el pago de las Cuotas y Aportaciones que estuvieren vigentes durante el período en que hubieren servido. Este derecho deberán ejercerlo dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.

El ejercicio del derecho a que se refiere este artículo dará lugar al otorgamiento de los beneficios previstos en el presente ordenamiento.

...

El texto que se propone es el siguiente:

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Artículos transitorios.

Primero a Décimo Sexto. ...

Décimo Séptimo. Los ciudadanos que hubieren servido como Diputados o Senadores propietarios al Congreso de la Unión y que no se hubieren incorporado voluntariamente al régimen de la ley que se abroga durante su mandato constitucional, tendrán derecho a solicitar al Instituto su incorporación al mismo, mediante el pago de las Cuotas y Aportaciones que estuvieren vigentes durante el período en que hubieren servido. Este derecho deberán ejercerlo a más tardar el 31 de marzo del año 2010.

...

Décimo séptimo a ___. ...

Consideraciones de la comisión

Primera. La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión considera que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo séptimo transitorio de la Ley del ISSSTE, a la fecha de la presentación de la iniciativa que se dictamina (5 de agosto de 2009), el plazo otorgado para que los ciudadanos que hubieren ejercido el cargo de diputados federales y senadores de la República se incorporen al beneficio de los seguros establecidos en la Ley del ISSSTE, ya había fenecido el último día del mes de septiembre de 2007.

En consecuencia, proponer el 5 de agosto de 2009, diez meses después del fin de esa disposición transitoria, que el plazo se reiniciara para terminar el 31 de marzo de 2010 (tres años después de que la mencionada Ley del ISSSTE entró en vigor), se considera un exceso sin ningún fundamento.

Los ciudadanos diputados federales y senadores de la República que hubieren tenido el derecho de incorporarse a los beneficios de la Ley vigente, dispusieron de un tiempo más que suficiente para hacer valer esa disposición transitoria, seis meses a partir de su entrada en vigor, y volver a dar vigencia a una disposición transitoria después de dos años que había terminado la misma, no es adecuado de acuerdo al criterio de la Comisión que dictamina.

Segunda. Por otra parte, el principio mismo de la aprobación del artículo décimo séptimo transitorio es un beneficio exclusivo para un segmento pequeño del universo de beneficiarios de la Ley del ISSSTE, toda vez que debe haber un número muy importante de personas que habiendo sido beneficiarios de ella (con más derecho que los que nunca lo fueron) tuvieron que retirarse del servicio público, pero que a la fecha de iniciación de la vigencia de la nueva ley podrían reincorporarse voluntariamente para acceder a los beneficios que dicha ley otorga, representando una inequidad al no ser considerados dentro de aquellos que pueden volver a incorporarse al servicio público o, sin tener que hacerlo, continuar pagando cuotas y aportaciones para obtener esos derechos.

Conclusiones

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, la comisión que dictamina concluye que no es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo décimo séptimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que se somete al pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero: No es de aprobarse y se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo décimo séptimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por el ciudadano diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Alberto Amador Leal, el 5 de agosto de 2009.

Segundo: Archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

Dado en la sala de juntas de la Comisión de Seguridad Social, a los 26 días del mes de julio de 2011.

La Comisión de Seguridad Social, diputados:Martha Angélica Bernardino Rojas (rúbrica), presidenta; Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso (rúbrica), Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), Israel Madrigal Ceja, secretarios; Elvia Hernández García, Armando Neyra Chávez (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Isaías González Cuevas, Francisco Alejandro Moreno Merino, Melchor Sánchez de la Fuente, Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Germán Contreras García, Velia Idalia Aguilar Armendáriz (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Bernardo Margarito Téllez Juárez (rúbrica), Rubén Arellano Rodríguez, Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (rúbrica), Norma Leticia Orozco Torres (rúbrica).»

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

La Mesa Directiva de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio número 61-II-4-873, de fecha 10 de diciembre de 2007, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para estudio y dictamen, el expediente número 3849, que contiene una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el diputado Jorge Toledo Luis,del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional, en la sesión de la misma fecha.

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue instalada el 6 de octubre de 2009 para cumplir con las tareas enumeradas por el artículo 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Contenido de la iniciativa

El diputado por la LX Legislatura propone a través de su iniciativa con proyecto de decreto reformar el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social para adicionar dos párrafos con el siguiente texto:

“Las zonas de atención prioritaria constituyen el principal mecanismo para la asignación de recursos federales para el desarrollo social. Su establecimiento promoverá la inclusión anual del mayor número de municipios posible”.

“En el proyecto de integración de las zonas de atención prioritaria se incluirá un apartado en donde se expliquen las razones técnicas por las cuales se incorporan a nuevos municipios o se excluyen a otros que hayan sido considerados en el ejercicio fiscal anterior”.

El diputado Luis Toledo señala en su iniciativa que México tiene una de sus principales debilidades en la extendida marginación social, que se caracteriza por casi 70 millones de personas en situación de pobreza y más de 30 millones en extrema pobreza. No obstante, la pobreza puede diferenciarse en varias categorías, como se precisa en los diferentes tipos clasificados en la política de desarrollo social, que abarca las de patrimonio, de capacidades y de alimentación. En el caso de su expresión territorial, la pobreza se clasifica de acuerdo al nivel de marginalidad presente en cada uno de sus municipios, que es una vertiente de graves contrastes.

La iniciativa señala que la marginación social de los municipios, se define por aquellos en los que sus pobladores no tienen lo mínimo indispensable para vivir con dignidad, los que no tienen agua, drenaje, energía eléctrica, los que no tienen la oportunidad de contar con servicios educativos básicos, que se ve reflejado en altos índices de analfabetismo, por lo que se clasifica en muy alta, alta, media, baja y muy baja, siendo la mayoría los que se clasifican en alta y muy alta.

Asimismo se señala que el índice de marginación municipal refleja el grado de carencias de la población, principalmente por no contar con los bienes y servicios esenciales para la satisfacción de sus necesidades básicas. Este índice constituye el inverso del índice de desarrollo humano, es decir, aquel en el cual los municipios con grado bajo de desarrollo humano tienen un índice de marginación muy alto y viceversa.

Existen programas sociales encaminados a combatir la marginación social en los municipios, destinados a evitar los rezagos en la educación, proporcionar salud, apoyar a las familias en pobreza extrema, garantizar el abasto de productos básicos a precios bajos, otorgar subsidios para construir o ampliar viviendas, mejorar las condiciones de vida y laborales de los jornaleros agrícolas, entre otros.

La regulación y aplicación de estos programas se encuentra en la Ley General de Desarrollo Social, aprobada por unanimidad en el año de 2004. Dicha ley surgió con la finalidad de garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Carta Magna, asegurando el acceso a toda la población al desarrollo social, teniendo como principios la libertad, la justicia distributiva, la solidaridad, la participación social, la sustentabilidad y la transparencia.

Esta ley también regula al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), considerándolo como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social.

Dicho organismo tiene la capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza, así como formar parte de un esquema institucional que permita que la información sea de utilidad para mejorar la toma de decisiones.

El propósito fundamental del Coneval es revisar periódicamente el cumplimiento de los objetivos de los programas, metas y acciones de la política de desarrollo social a través de dos elementos. El primero es normar y coordinar la evaluación de la política nacional de desarrollo social y las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas. El segundo es establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando que se efectúe con transparencia, objetividad y rigor técnico.

En la iniciativa se señala que las zonas de atención prioritaria deben integrarse por todas aquellas entidades y municipios que presentan índices elevados de rezago social, marginación o ambas condiciones. Aunque en muchas ocasiones hay dudas sobre la integración de la lista de los municipios considerados como parte de estas zonas. De esta manera se apunta que las zonas de atención prioritaria son básicas para orientar a nivel regional los programas de combate a la pobreza. Se deben basar en un esquema federalista, porque permiten una negociación clara con las autoridades estatales, permitiendo consolidar los convenios únicos de desarrollo social.

La iniciativa señala que de acuerdo con el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social y su reglamento, su definición debe ser anual y actualizarse de acuerdo al estudio de la Coneval, pero lamentablemente ni en 2006 ni en 2007 se establecieron tales zonas, abriendo sospechosamente un periodo de amplia discrecionalidad por parte de las autoridades federales, que orientaron los programas sociales hacia varias regiones sin aparente justificación metodológica, propiciando inclusive que algunos municipios quedaron fuera de tales apoyos, pese a que el índice de marginalidad municipal los clasifica en el nivel de muy alta.

Para el diputado iniciante es necesario que se fortalezca en la ley la obligación del gobierno federal de tomar como base la evaluación que realiza el Coneval, para declarar y actualizar las zonas de atención prioritaria año con año, incluyendo también al mayor número de municipios posibles, así como establecer en forma amplia y objetiva las causas de inclusión o exclusión de ellos.

La iniciativa señala que con las adiciones propuestas se cristalizarían tres importantes objetivos que permitirían dar rigor al establecimiento de las zonas de atención prioritaria, a los estudios de la Coneval y a la transparencia en la incorporación de los municipios. Para ello, se modifica la posición actual de la evaluación de resultados de la medición de la pobreza que son considerados referente, para ser base obligada de información para determinar dichas zonas.

La iniciativa propone la adición de un segundo párrafo al artículo 30 de la ley para establecer que las zonas de atención prioritaria constituyen el principal mecanismo para la asignación de recursos sociales en los municipios, estableciendo que su incorporación debe ser creciente, evitando la tendencia a su recorte y la posibilidad de que este importante medio sea sustituido aun transitoriamente por otros programas, como fue el caso de los años mencionados en que operó el denominado “100 x 100”.

De la misma manera se propone adicionar un tercer párrafo al mencionado artículo para establecer la obligación de que en la propuesta enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados conteniendo la información de las zonas de atención prioritaria se inscriba una parte en donde explícitamente se señalen las razones por las cuales se incorporan a nuevos municipios o se excluyen a municipios que recibían recursos sociales por este mecanismo.

Consideraciones de la dictaminadora

I. La comisión dictaminadora reconoce la preocupación del diputado Luis Jorge Toledo por dar mayor claridad a la Ley General de Desarrollo Social y fortalecer los principios de inclusión, la precisión, el federalismo, la legalidad y la transparencia, sin embargo, la declaratoria anual de zonas prioritarias se realiza anualmente desde 2008 con información y una metodología establecida por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en los términos del artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social y de su Reglamento.

II. Como señala el propio artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social, es el Coneval el que realiza los estudios técnicos y metodológicos con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el facultado para la realización de los estudios determinantes de las zonas de atención prioritaria que son presentados a la Cámara de Diputados.

III. Por tal motivo, la comisión dictaminadora considera que la iniciativa en comento ha perdido su fundamentación y motivación, toda vez que las declaraciones de zonas prioritarias se realizan anualmente con transparencia metodológica por parte del Coneval y presentada en tiempo y forma por el gobierno federal como parte del paquete presupuestal anual.

IV. Bajo los argumentos expuestos, y una vez analizada y discutida la Iniciativa en análisis, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó en sesión ordinaria de fecha 7 de septiembre del año en curso, desechar la Iniciativa con proyecto de decreto en comento.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Desarrollo Social somete a consideración de la honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el diputado Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la sesión del 12 de diciembre de 2007.

Segundo.Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2011.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados:José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico, Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica).»

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5o., 25, 30, 43, 44 y 52 de la Ley General de Desarrollo Social

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen

Antecedentes

La Mesa Directiva de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio de fecha 30 de abril de 2008, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para su estudio y dictamen, el expediente número 1534, que contiene una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 25, 30, 43, 44 y 52 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, durante la sesión de la misma fecha.

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue instalada el 6 de octubre de 2009 y recibió como parte de los asuntos pendientes por dictaminar la iniciativa referida.

Con estos antecedentes, la Comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la iniciativa con proyecto de decreto referida, a fin de valorar su contenido, deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes:

Contenido de la iniciativa

La iniciativa señala que el apartado B del artículo segundo constitucional establece que la federación, los estados y los municipios promoverán la igualdad de oportunidades de los indígenas, garantizando e impulsando su desarrollo, mejorando las condiciones de vida de sus pueblos mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, garantizando e incrementando sus niveles de escolaridad, asegurando el acceso efectivo a los servicios de salud, según lo establece el apartado B del artículo 2 de nuestro máximo ordenamiento jurídico.

Del texto constitucional citado se desprende la importancia de que las acciones para impulsar el desarrollo de las comunidades y zonas marginadas, sean de origen indígena o no, deben llevarse a cabo de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno. Sin duda, el trabajo coordinado tendrá mejores resultados en favor de la población beneficiada y de las zonas que requieren de apoyos federales a fin de mejorar la educación, vivienda, salud, medio ambiente y trabajo, entre otros aspectos de la vida diaria de las personas.

En la exposición de motivos de la iniciativa en comento, se señala que para garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas –que son las que presentan un mayor índice de marginación y pobreza– se establece en el texto constitucional la coordinación entre los diferentes ámbitos de gobierno; para el caso de las zonas de atención prioritaria también debe de haber una coordinación entre dichas autoridades, lo cual a la fecha no sucede.

La Ley General de Desarrollo Social tiene como objetivo primordial garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social. Asimismo, establece una distribución y concurrencia de competencias entre los tres ámbitos de gobierno. El artículo 6 de la mencionada ley contempla los derechos universales para el desarrollo social: la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación.

Por otro lado, la misma ley, en el artículo 29, define las zonas de atención prioritaria como “las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índice de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta ley...”

De lo señalado en los artículos 6 y 29 de la propia ley se puede deducir que una zona de atención prioritaria es la que registra un rezago grave en la tutela y garantía de los derechos universales para el desarrollo social.

La iniciativa señala que la redacción de los artículos 6, 29, 30 y 43 es omisa en cuanto a la participación de las entidades federativas en el proceso de selección y declaratoria de zonas de atención prioritaria, lo cual resulta grave, pues son las entidades federativas quienes mejor conocen la situación de sus áreas o regiones. En tal virtud, lo ideal sería que el Ejecutivo federal tomara en consideración su opinión en cuanto a aquellos sitios que pudieran ser declarados como zonas de atención prioritaria.

Con esta consideración la iniciativa propone reformar la Ley General de Desarrollo Social en los artículos 30, para que la revisión anual que haga el Ejecutivo federal de las zonas de atención prioritaria la haga en coordinación con las entidades federativas; y 43, fracción III, para que el Ejecutivo federal tome en consideración las propuestas y opiniones que le hagan las entidades federativas para determinar anualmente las zonas de atención prioritaria; por otra parte, propone adicionar una fracción VIII al artículo 44, referente a las atribuciones de las entidades federativas, para que éstas puedan proponer qué zonas requieren ser consideradas como de atención prioritaria, ya que son ellas quienes mejor conocen las necesidades de sus diferentes comunidades.

Por otro lado, la iniciativa señala que es necesario considerar que los desastres exponen las inequidades sociales preexistentes en una sociedad, en temas como el socioeconómico y político, incluyendo las relaciones íntimas, en cualquier ámbito territorial: global, nacional, regional o local. En tal virtud, se propone adicionar una fracción VI y una fracción XII, ambas al artículo 5, para definir lo que debe de entenderse por emergencia y por zona de desastre, respectivamente; se adiciona un segundo párrafo al artículo 25, para que en caso de ser declarada una zona de desastre o en estado de emergencia por la autoridad competente, el Ejecutivo federal pueda hacer uso del Fondo de Contingencia Social, con el fin de destinar, de manera inmediata, recursos que garanticen los derechos para el desarrollo social; y se adiciona una fracción VI al artículo 52, para que la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social pueda solicitar al Ejecutivo federal el uso del Fondo de Contingencia Social, en caso de que una comunidad, estado o región se encuentren declarados como zona de desastre o en estado de emergencia.

Consideraciones de la comisión dictaminadora

1. La comisión dictaminadora considera de buena intención la presente iniciativa de reforma presentada por el diputado Octavio Vargas Landeros para dar viabilidad al fondo de contingencia social, encaminado a fortalecer y brindar los recursos de los programas sociales ante contingencias económicas para que estos no se vean disminuidos, sin embargo el diputado no prevé de cuanto tendría que ser la asignación presupuestaria para el fondo, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pudiese analizar el impacto en las finanzas, también, la restricción de recursos presupuestarios hace poco factible la creación del fondo, además se considera improcedente la propuesta contenida en la iniciativa debido a que la modalidad para incorporar un nuevo fondo en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, ya resulta extemporáneo, por lo que queda sin fundamento.

2. La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) norma diversos aspectos en la materia y establece lineamientos que protegen y garantizan el presupuesto del gasto social, pues establece que el presupuesto al desarrollo social no sólo no disminuirá sino que crecerá en la misma proporción que lo haga el producto interno bruto.

3. Cabe señalar que en el artículo 20 de la LGDS determina que el presupuesto federal destinado al gasto social no podrá ser inferior en términos reales al del año fiscal anterior y garantiza que su incremento será cuando menos en la proporción en que se prevea el crecimiento del producto interno bruto. Así también, en el artículo 23, fracción I, se establece que el gasto social per cápita no será menor en términos reales al asignado el año inmediato anterior.

4. Actualmente tanto el Fondo de Desastres Naturales como el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales prevén recursos y reglas de operación para acceder a los fondos presupuestarios para atender problemas que de alguna manera están relacionados con contingencias sociales, convirtiendo innecesaria la modificación propuesta por el legislador, considerando ya atendida su petición.

5. Bajo los argumentos expuestos, y una vez analizada y discutida la iniciativa en análisis, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados determinó, en sesión ordinaria de fecha 7 de septiembre del año en curso, que no se encuentra motivación suficiente para aprobar la iniciativa con proyecto de decreto en comento.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las consideraciones realizadas, esta Comisión de Desarrollo Social presenta al pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 5, 25, 30, 43, 44 y 52 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el día 30 de abril de 2008.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2011.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico, Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica).»

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8o., 10, 17, 18 y 45 de la Ley General de Desarrollo Social

Honorable Asamblea

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de esta Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157 numeral 1 Fracción I; 158 numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la Honorable Asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

El Congreso de Puebla, en términos de las facultades que le confieren los artículos 71, 72 y 73, fracción XXIX-D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exhortó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a realizar adiciones y reformas a la Ley General de Desarrollo Social, agregando un párrafo al artículo 8 y un párrafo al artículo 17; y modificando la fracción V del artículo 10, el artículo 18 y la fracción II del artículo 45.

La Mesa Directiva de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio de fecha 11 de noviembre de 2008, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para su estudio y dictamen, el expediente número 1330, que contiene una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8, 10, 17, 18, y 45 de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por el Congreso de Puebla, durante la sesión de la misma fecha.

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fue instalada el 6 de octubre de 2009 y recibió como parte de los asuntos pendientes por dictaminar la iniciativa referida.

Con estos antecedentes, la Comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la iniciativa con proyecto de decreto referida, a fin de valorar su contenido, deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes:

Contenido de la iniciativa

La iniciativa en comento señala que la política social centralizada que promueve el gobierno federal no ha podido crear un desarrollo nacional homogéneo. El norte del país se encuentra entre las 35 regiones más desarrolladas del mundo, y el centro sur y sureste del país no clasifica ni entre las primeras 100 áreas con niveles de desarrollo humano aceptable. Es tiempo que las políticas y los programas federales regresen a lo que siempre debieron ser, un esfuerzo de coordinación y unidad nacional, de desarrollo equilibrado y homogéneo, y de acción pública que rinde cuentas efectivas a la ciudadanía en cada región.

Se hace notar que instrumentar estrategias para evitar el desvío de recursos públicos con fines de proselitismo electoral, es una labor obligatoria para la autoridad, con un objetivo claro y preciso: garantizar la legalidad y contribuir a la armonía de la competencia política. De la misma manera se señala que los servidores públicos de todos los niveles, tienen la obligación de no interferir en la voluntad ciudadana para garantizar que el voto se ejerza de manera libre y razonada. Por ello, los recursos financieros, materiales y humanos no pueden utilizarse para apoyar campañas políticas o para ejercer presiones a favor de tal o cual organización. No debe existir un sólo voto, un sólo beneficiario de algún programa social a quien se le condicionen los beneficios, por simpatías políticas.

La exposición de motivos de la iniciativa presentada por el Congreso de Puebla, señala que las Reglas de Operación del Programa Oportunidades 2007, establecieron diversos dispositivos para asegurar la transparencia y la objetividad en la aplicación de los recursos públicos propiedad de todos los mexicanos.

Estas disposiciones señalaban, entre otras cosas que:

1. La Coordinación Nacional podrá establecer acciones de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como con la representación de sus localidades, las cuales tendrán que darse en el marco de transparencia y colaboración, en apego a las disposiciones de estas Reglas de Operación y de la normativa aplicable.

2. En el caso de los municipios que se incluyan en la cobertura del programa y al inicio de cada administración municipal, corresponde a los ayuntamientos de acuerdo a sus normas, por acuerdo de cabildo y, en su caso, a las autoridades regidas por usos y costumbres nombrar un enlace para el programa, que preferentemente no sea síndico o regidor del ayuntamiento.

Dicho enlace es una persona adscrita al municipio de que se trate, cuyas funciones de apoyo operativo, logístico y de seguridad pública, así como de promoción del desarrollo social local, deberán regirse por los principios de apartidismo, transparencia y honestidad, por lo que no podrán ser representantes de alguna organización política o religiosa, ni ser designados cuando hayan sido relacionados con indagaciones de delitos electorales.

Sin embargo, en las Reglas de Operación del Programa Oportunidades 2008 fue eliminada con toda intención la posibilidad de la participación de las autoridades municipales o estatales en la operación del programa, prohibiendo el contacto entre dichas autoridades y los beneficiarios. Esto ha generado que todos los días tengamos conocimiento de la celebración de actos públicos en los cuales se induce veladamente a los beneficiarios a inclinar sus preferencias electorales hacia el partido en el poder federal. De esta manera, los municipios, no sólo del estado de Puebla sino de todo el país, han pasado a ser únicamente espectadores de la aplicación ventajosa y tramposa de los programas federales en materia social. La imposición de coordinadores generales de Oportunidades ha implicado sin duda, una violación flagrante al pacto federal y más aún, ha violentado la autonomía de las municipalidades.

Consideraciones de la comisión dictaminadora

1. La presente iniciativa se generó con anterioridad al inicio del proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, por parte de la Cámara de Diputados, para proponer la inclusión en las Reglas de Operación del Programa Oportunidades para el 2009, la participación y vigilancia por parte de los municipios a través de los enlaces correspondientes.

2.La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) norma diversos aspectos en la materia y establece lineamientos que protegen y garantizan el presupuesto del gasto social, así como las atribuciones de cada orden de gobierno en el diseño y ejecución de los distintos programas de desarrollo social.

3.Tanto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 como en el 2011, la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados incluyó en el decreto correspondiente el artículo 31 se establece la obligación de la Coordinación General del Programa Oportunidades de coordinarse con las autoridades estatales y municipales en el diseño y ejecución del Programa, por lo que se considera que la motivación de la iniciativa en análisis se considera extinta.

4.Bajo los argumentos expuestos, y una vez analizada y discutida la Iniciativa en análisis, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó en sesión ordinaria de fecha 7 de septiembre del año en curso, no se encuentra motivación suficiente para aprobar la Iniciativa con proyecto de decreto en comento.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las consideraciones realizadas, la Comisión de Desarrollo Social propone al pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 8, 10, 17, 18, y 45 de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por el Congreso del Estado de Puebla, el día 11 de noviembre de 2008.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2011.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irizar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico, Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica).»

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Desarrollo Social

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

La Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el oficio número DGPL 60-II-1-1572, de fecha 17 de febrero de 2009, turnó a la Comisión de Desarrollo Social para estudio y dictamen el expediente número 3856, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), presentada por el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 17 de febrero del mismo año.

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue instalada el 6 de octubre de 2009 y recibió como parte de los asuntos pendientes por dictaminar la iniciativa referida.

Con estos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la iniciativa con proyecto de decreto referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta.

Contenido de la iniciativa

El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez manifiesta en la exposición de motivos que es necesario buscar medidas que contrarresten los efectos nocivos que afectan la economía de los mexicanos, debido a las contracciones económicas producto de una recesión o crisis económica.

En la propuesta se plantea como una solución para hacer frente a fenómenos económicos y presupuestarios que pudieran afectar la política social reformar el artículo 25 de la LGDS, como mecanismo para eliminar la discrecionalidad del Ejecutivo federal que afectase con recortes el presupuesto destinado a los programas federales de desarrollo social, que derive en perjuicio de los sectores más desprotegidos.

La iniciativa considera que dicha propuesta contribuirá a que los programas federales de desarrollo social no se afecten y que, además, la ayuda a los sectores populares se beneficie con un incremento y no con una disminución.

El proponente expresa que la intención original de la creación del fondo de contingencia social fue enfrentar fenómenos no previstos que pudieran afectar el desarrollo o avance de los programas federales.

El diputado señala que la Sedesol tiene identificados como prioritarios los municipios con extrema marginación o pobreza, por lo cual los apoyos a esas localidades no deben estar amenazados por fenómenos económicos como la disminución de remesas, el descenso del precio del petróleo, la contracción del mercado estadounidense o una devaluación del peso, ni por los yerros o los aciertos de los funcionarios encargados de la planeación económica del país sino todo lo contrario: se debe dar certeza de que los apoyos llegarán a quienes más los necesitan, pues ellos viven al día, y cada día implica una acción de casi supervivencia, por lo que es nuestro deber apoyarlos en todo sentido.

Por lo anterior, el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez propone impulsar que la creación del fondo de contingencia social sea obligatoria. Así se blindaría y fortalecería la ayuda a los más desprotegidos, por lo que debe eliminarse la discrecionalidad del Ejecutivo para crear dicho fondo.

Con esta argumentación, la iniciativa propone adicionar el artículo 25 de la LGDS, para quedar como sigue:

Artículo 25. El Ejecutivo federal establecerá y administrará un fondo de contingencia social para dar respuesta a fenómenos económicos y presupuestales imprevistos. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se determinarán el monto y las reglas mínimas a que quedarán sujetas su distribución y aplicación, incluyendo las previsiones correspondientes para garantizar que los recursos del fondo sean utilizados en el ejercicio fiscal.

Consideraciones de la comisión dictaminadora

1. La comisión dictaminadora considera de buena intención la presente iniciativa de reforma presentada por el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, para crear un fondo de contingencia social, encaminado a fortalecer y blindar los recursos de los programas sociales ante contingencias económicas para que éstos no disminuyan. Sin embargo, el diputado no prevé de cuánto tendría que ser la asignación presupuestaria para el fondo para que la SHCP pudiese analizar el impacto en las finanzas; también, la restricción de recursos presupuestarios hace poco factible la creación del fondo. Además, se considera improcedente la propuesta contenida en la iniciativa debido a que la modalidad para incorporar un nuevo fondo en el PEF de 2011 ya resulta extemporánea, por lo cual queda sin fundamento.

2.La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone en el artículo 21 que “si hay una reducción de los ingresos del gobierno federal asociada a una menor recaudación de ingresos tributarios no petroleros, a disminuciones del precio promedio ponderado de barril de petróleo crudo mexicano, y de otros hidrocarburos o de su plataforma de producción, o a movimientos del tipo de cambio del peso respecto del dólar, se podrá compensar con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros” y en caso que con los ajustes aplicados no sea suficiente para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto siempre que se procure no afectar los programas sociales.

3. Es importante mencionar que a principios de 2004 en México se aprobó la LGDS, que norma diversos aspectos en la materia y establece lineamientos que protegen y garantizan el presupuesto del gasto social, pues establece que el presupuesto del desarrollo social no sólo no disminuirá sino que crecerá en la misma proporción que lo haga el PIB.

4. Cabe señalar que el artículo 20 de la LGDS determina que el presupuesto federal destinado al gasto social no podrá ser inferior en términos reales al del año fiscal anterior y garantiza que su incremento será cuando menos en la proporción en que se prevea el crecimiento del producto interno bruto. Así también, en el artículo 23, fracción I, se establece que el gasto social per cápita no será menor en términos reales que el asignado el año inmediato anterior.

5. Algunos de los fondos que maneja el gobierno federal, que están en el PEF de 2011, atienden problemas que de alguna manera se relacionan con contingencias sociales, lo cual vuele innecesaria la modificación propuesta por el legislador, considerando ya atendida su petición.

6. Conforme a los argumentos expuestos, y una vez analizada y discutida la iniciativa en análisis, el pleno de la Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados determinó en sesión ordinaria de fecha 7 de septiembre del año en curso que no se encuentra motivación suficiente para aprobar la iniciativa con proyecto de decreto en comento.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las consideraciones realizadas, la Comisión de Desarrollo Social propone al pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el 17 de febrero de 2009.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2011.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico, Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica).»

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

La Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el oficio número DGPL 60-II-1-1572, de fecha 27 de mayo de 2009, turnó a la Comisión de Desarrollo Social para estudio y dictamen el expediente número 3056, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), presentada por la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón,del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la sesión de la misma fecha.

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue instalada el 6 de octubre de 2009 y recibió como parte de los asuntos pendientes por dictaminar la iniciativa referida.

Con estos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la iniciativa con proyecto de decreto referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta.

Contenido de la iniciativa

La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón propone que se introduzca en la LGDS un principio fundamental que obligue al Estado a procurar y garantizar a toda la población, sin importar su nivel socioeconómico, origen o estatus social, el acceso y goce de los derechos sociales, como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el trabajo y el ambiente sano y sustentable, debido a que se ha ocasionado un desequilibrio entre las partes de la sociedad, pues la intervención del Estado en el combate de la pobreza ha sido selectiva y marginada. Aunado a lo anterior, el mercado es incapaz de impartir justicia entre las partes.

La presente iniciativa señala que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social reconoce que se requiere un sistema universal de cobertura de los derechos sociales, que mejore la cobertura del conjunto de las acciones de la política social para poder acercarse al cumplimiento de los derechos sociales de la gente. Esto, mediante la formación del padrón universal de beneficiarios de los programas, la seguridad social universal, con independencia de la situación laboral de las personas, la cobertura universal en salud y educación y el avance hacia una cobertura también universal en el acceso de los mexicanos al agua potable, la alimentación suficiente y de calidad y el disfrute de servicios de infraestructura social básica, como electricidad y comunicaciones.

La propuesta indica que insistir para que se establezca el principio de la universalidad para el desarrollo social no implica que se tengan que realizar mayores esfuerzos para atender con mayor energía y recursos focalizados a las personas y a los grupos que se encuentren desprotegidos. La universalidad de la política de desarrollo social implica que por el solo hecho de ser parte de la población del país se tiene derecho al disfrute de los derechos sociales que consagra la Constitución General de la República y de los derivados de las convenciones internacionales signadas y ratificadas por el Estado mexicano.

Por lo expuesto, la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón propone reformar y adicionar el artículo 3o. de la LGDS, introduciendo el principio de universalidad para que obligue al Estado mexicano a cubrir y beneficiar con los programas sociales a toda la población, para quedar como sigue:

Artículo 3o. La política de desarrollo social se sujetará a los siguientes principios rectores:

I. Universalidad. Garantiza que las acciones del Estado beneficien a todos los habitantes del país, permitiendo que todos accedan al disfrute y ejercicio de los derechos sociales, al desarrollo social y a una vida buena sostenible y sustentable.

Consideraciones de la comisión dictaminadora

1. La comisión dictaminadora, en consecuencia del análisis realizado a esta iniciativa, considera de buena intención la reforma y adición presentada por la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, en la que pretende introducir el principio de universalidad en la LGDS, para poder garantizar el disfrute y goce de los derechos sociales a todos los habitantes del país. Sin embargo, se considera improcedente la propuesta debido a que la Ley General de Desarrollo Social es una herramienta del gobierno federal diseñada para enfrentar problemas de pobreza, y está dirigida hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, pretendiendo así mejorar su calidad de vida y el desarrollo regional.

2. La ley en comento ya establece los principios y lineamientos generales a que debe sujetarse la política nacional de desarrollo social para generar un desarrollo sostenible.

3. En los artículos 7o. y 8o. de la LGDS se considera que toda persona tiene derecho a participar y beneficiarse con los programas de desarrollo social, de acuerdo con la normatividad de cada programa. También se establece que debe brindarse atención a toda persona y grupo social en situación de vulnerabilidad.

4. Los diputados de la comisión dictaminadora coincidimos en que la política de desarrollo social debe ser considerada sólo para atender a la población más necesitada y así lograr superar la pobreza.

5. Conforme a los argumentos expuestos, y una vez analizada y discutida la iniciativa, el pleno de la Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados determinó en sesión ordinaria de fecha 7 de septiembre del año en curso que no se encuentra motivación suficiente para aprobar la iniciativa con proyecto de decreto en comento.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las consideraciones realizadas, la Comisión de Desarrollo Social propone al pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 27 de mayo de 2009.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2011.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados:José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico, Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica).»

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

La Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio de fecha 4 de marzo de 2008, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para estudio y dictamen, el expediente número 1364, que contiene una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por la diputada Elda Gómez Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la sesión de la misma fecha.

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue instalada el 6 de octubre de 2009 y recibió como parte de los asuntos pendientes por dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto referida.

Con estos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la iniciativa con proyecto de decreto referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta.

Contenido de la iniciativa

La diputada Elda Gómez Lugo presentó una iniciativa para modificar los artículos 17, 24, 26, 27, 32, 33, 37, 38, 42, 43 y 45 de la Ley General de Desarrollo Social, con el propósito de fortalecer el papel del municipio en la ejecución de los programas sociales existentes.

La iniciativa señala que para atender el mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es imprescindible que el municipio, piedra angular y principio de la democracia mexicana, goce del ejercicio real de los derechos, los recursos y las capacidades que permitan fortalecer su papel de servicio al desarrollo de las personas, las familias y las comunidades, como el nivel de gobierno más cercano a la sociedad.

Se indica en la exposición de motivos de la iniciativa que la herencia histórica del federalismo evidencia la eficacia de un centralismo presidencialista donde el municipio siempre ha perdido atribuciones y poderes, mientras que el Estado nacional asumió y mantiene aún gran fuerza política, administrativa y económica.

Asimismo, se indica que en el federalismo mexicano prevalece un rígido y hermético principio de paridad de los estados. La definición de competencias no introduce un tratamiento distinto en ese campo, en función del territorio, la población, los recursos y el nivel de desarrollo. En general, se reproducen formalmente la estructura y el sistema de competencias determinado a escala federal en todos los estados, sin consideración de la amplia diversidad y asimetría entre ellos, mucho menos reconociendo la heterogeneidad de todos los municipios del país.

Para la diputada iniciante, la sociedad espera que las conquistas democráticas y el replanteamiento del federalismo se traduzcan en desarrollo económico y en bienestar social. Señala que si nuestra democracia no genera oportunidades para que el pueblo viva en condiciones dignas, la inconformidad y el descontento social serán consecuencia de las malas políticas y de la falta de sensibilidad de quienes encabezan el destino de las instituciones nacionales.

La iniciativa apunta que la atención de la pobreza debe ser globalizada, incorporando programas y subsidios de alimentos, servicios de salud, vivienda, educación, servicios públicos e integración social, entre otros. El marco jurídico que dé sustento a esta noble y monumental tarea, desde la Constitución federal hasta la Ley General de Desarrollo Social, debe tener como prioridad el desarrollo del municipio, principalmente en dos vertientes: a) transfiriendo atribuciones a los municipios en programas que combatan la pobreza; y b) en programas municipales que contribuyan al desarrollo económico del municipio creando riqueza para el bienestar humano y material de los pobladores.

La diputada Gómez Lugo señala en la exposición de motivos de la iniciativa en comento que el Pronasol (Programa Nacional de Solidaridad) marcó en su momento una nueva política gubernamental e invirtió gran derrama de recursos en demandas sociales. La finalidad consistía en que el Estado atendiera el desarrollo social invitando a los grupos sociales a organizarse para definir metas, contenidos y recursos por ejercer.

Asimismo, se señala que el Progresa (Programa de Educación, Salud y Alimentación) fue calificado como un modelo ejemplar en el combate de la pobreza extrema, que incluso podría ser utilizado como modelo por las instituciones financieras internacionales para sus programas en las regiones pobres del mundo. El actual programa que el gobierno federal utiliza para vincularse con los sectores pobres del país es Oportunidades, que consiste –como lo ha definido la Secretaría de Desarrollo Social– en un programa que coordina incentivos para la educación, la salud y la nutrición. Promueve el desarrollo de capacidades de las familias en extrema pobreza, a través de una coordinación nacional del programa, como órgano desconcentrado de la mencionada secretaría, y su presupuesto está asignado a la Sedesol, la SEP y la Ssa, con la operatividad participativa de la SHCP y del IMSS.

Se señala que a pesar de ello, más de la mitad de la población continúa viviendo en una pobreza cruel, inhumana e injusta, y se puede observar que el programa del actual gobierno federal será un completo fracaso si se continúa aplicando con intereses político-electorales, y principalmente si no se complementa con otras medidas que tienen que ver con la forma de organización administrativa básica de la nación: el municipio.

La iniciativa señala que los programas sociales se encuentran frecuentemente cuestionados en su transparencia, profesionalismo e imparcialidad, por la evidencia de su utilización para inducir el voto de los ciudadanos en favor de los candidatos del partido en el gobierno, a cambio de recibir beneficios y derechos que la Constitución reconoce sin distingos ni intermediaciones políticas.

De esta manera, la iniciativa propone que las políticas que nutren a Oportunidades se transformen en un verdadero instrumento totalmente descentralizado de combate de la pobreza y que los programas como Oportunidades Energético, Empleo Temporal Fonart, 3 x 1 para Migrantes, Estancias Infantiles, Abasto Social de Leche Liconsa, Abasto Rural de Diconsa, Atención a Jornaleros Agrícolas, Coinversión Social, Apoyo a Instancias de Mujeres, Hábitat, Rescate de Espacios Públicos, Tu Casa y Vivienda Rural no se constituyan en dádivas e instrumentos electorales que sólo prolongan la pobreza en el país a partir del centralismo.

La diputada señala que no basta entregar apoyos asistenciales, y sin ánimo de contravenir absolutamente nada, la propuesta va en el sentido de transferir atribuciones a los municipios, que les dé la oportunidad de plantear su problemática, las formas de solución y que con toda claridad propongan presupuestos, no sólo para gasto corriente sino para programas concretos que atiendan la pobreza que se vive en casi la totalidad de ellos y, sobre todo, que se constituyan en localidades de desarrollo; objetivo que puede lograrse tanto con la voluntad política de todos como con la asistencia técnica, económica y fiscal para que el nuevo orden municipal provenga de abajo hacia arriba. Es decir, desde la sociedad hacia las instituciones, como ordena la verdadera democracia.

Consideraciones de la comisión dictaminadora

1. La comisión dictaminadora concuerda con la legisladora iniciante en el sentido de que el municipio debe ser considerado el centro de la política social, de acuerdo con su naturaleza social y comunitaria. Sin embargo, las modificaciones propuestas respecto a distintos artículos de la Ley General de Desarrollo Social contravienen el objetivo mismo de la ley al conferir facultades exclusivas a los municipios, más allá de sus propias atribuciones constitucionales señaladas por el artículo 115 constitucional.

2. La Ley General de Desarrollo Social señala en el artículo 1, fracción IV, que es objetivo de la ley determinar la competencia de los gobiernos municipales, de las entidades federativas y del gobierno federal en materia de desarrollo social, así como las bases para la concertación de acciones con los sectores social y privado.

3. Por otro lado, el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Social señala que los municipios serán los principales ejecutores de los programas, los recursos y las acciones federales de desarrollo social, de acuerdo con las reglas de operación que para el efecto emita el Ejecutivo federal, excepto en los casos expresamente asignados, legal o administrativamente, a una dependencia, entidad u organismo federal, estatal o del Distrito Federal. Con lo anterior, la motivación expresada en la iniciativa puede considerarse atendida.

4. Conforme a los argumentos expuestos y una vez analizada y discutida la iniciativa, el pleno de la Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados determinó en sesión ordinaria de fecha 7 de septiembre del año en curso desechar la iniciativa con proyecto de decreto presentada por la diputada Elda Gómez Lugo.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las consideraciones realizadas, la Comisión de Desarrollo Social presenta los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17, 24, 26, 27, 32, 33, 37, 38, 42, 43 y 45 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por la diputada Elda Gómez Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido del Partido Revolucionario Institucional, el 4 de marzo de 2008.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2011.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados:José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico, Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica).»

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

La Mesa Directiva de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio número 60-II-2-336, de fecha 19 de diciembre de 2006, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para estudio y dictamen, el expediente número 788, que contiene una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la sesión celebrada en la misma fecha.

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue instalada el 6 de octubre de 2009 para cumplir con las tareas enumeradas por el artículo 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados y recibió entre los asuntos pendientes de dictaminar la iniciativa antes mencionada.

Con estos antecedentes, la Comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la iniciativa con proyecto de decreto referida, a fin de valorar su contenido, deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa sostiene que la Ley General de Desarrollo Social constituyó una aportación significativa al esfuerzo nacional en favor de la justicia y la igualdad y es, además, ejemplo de que cuando existe voluntad política y visión de Estado en los Poderes de la Unión, es posible mejorar el andamiaje jurídico y administrativo en favor del intereses superiores.

De la misma manera afirma que tal declaratoria no se ha rea- lizado toda vez que el Ejecutivo federal no ha presentado la propuesta correspondiente. No obstante, los gobiernos de los estados han establecido sus propias estrategias de desarrollo local, que hoy deben ser complementadas.

El legislador iniciante apunta que el espíritu de estas disposiciones tiene tres motivaciones: a) Hacer obligatoria la práctica de una política social integral de carácter territorial, que haga posible las acciones concurrentes de los tres ordenes de gobierno; b) Vincular las estrategias y acciones, para la superación de la pobreza a la autorización del Presupuesto; y c) Que los diputados federales cuenten con un mecanismo parlamentario que les permita incorporar en el Presupuesto de Egresos de cada año los programas y las obras prioritarias para atender, bajo una estrategia integral y sistemática, las justas exigencias de sus representados.

Se explica que a partir del año 2000, se cambio la estrategia de atención a zonas prioritarias por el Programa para el Desarrollo Local (microrregiones). En el Diario Oficial de la Federación del 31 de enero del 2002 se publicaron los criterios y la definición de 263 microrregiones por estado y municipio. En algunos casos la microrregión corresponde a un municipio, en otros la clasificación fue simplemente numérica, y en otros corresponde a la denominación histórica de cada región, que en algunos casos fue subdividida en alta, centro y baja. Las 263 microrregiones incluyen a mil 340 municipios y 2 mil 966 localidades.

Se destaca que, como en su momento lo hizo el Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural (Pider), la lógica del programa obedece al imperativo de hacer frente al dispersión poblacional de ahí que los Centros Estratégicos Comunitarios, establecidos en cada una de las 2 mil 966 comunidades, adquieren un papel relevante para la promoción de servicios a las comunidades aledañas.

El levantamiento de diagnósticos comunitarios, el seguimiento del establecimiento de banderas blancas (metas en el cumplimiento de indicadores básicos) y la asignación de 2 mil 441 millones del presupuesto del ramo 20 en el periodo 2002-2006, constituyen avances importantes, que hoy deben ser impulsados con una nueva perspectiva. La coordinación institucional fue más articulada con las dependencias federales, pero continuó enfrentando inercias, propias de la dinámica y los intereses de cada área administrativa federal. Cabe mencionar que existen otras regionalizaciones, como en el caso de medio ambiente y desarrollo rural. Finalmente, la concurrencia con los otros órdenes de gobierno, se dio de manera parcial y estuvo limitada por la centralización que aún prevalece.

La diferencia esencial entre el modelo de atención territorial de microrregión y el de zona de atención prioritaria estriba en que el primero privilegia la dispersión territorial y la atención por municipio con mayor grado de marginación, en tanto que el segundo pretende abordar de manera integral los problemas estructurales, vinculando las acciones y obras de alcance nacional, estatal o sectorial (medio ambiente, desarrollo rural, infraestructura carretera, entre otras) con las potencialidades y obstáculos para el desarrollo de cada zona o región.

Con estos argumentos, la iniciativa propone la modificación de los artículos 29, 30, 31, y 43 de la Ley General de Desarrollo Social para que la responsabilidad de definir las zonas de atención prioritaria sea competencia claramente definida de la Cámara de Diputados.

Consideraciones de la dictaminadora

I. La iniciativa con proyecto de decreto analizada fue presentada el 19 de diciembre de 2006 por el diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, lo que hace que los planteamientos centrales de la iniciativa no sean vigentes e incluso ya hayan sido atendidos por los propios sujetos de la ley.

II. La propuesta central de la iniciativa va en el sentido de establecer en la Ley General de Desarrollo Social como una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, la responsabilidad de definir las zonas de atención prioritarias; situación que resulta improcedente por no ser de las facultades que el órgano legislativo tiene establecidas expresamente en la Constitución Política.

III. Bajo los argumentos expuestos, y una vez analizada y discutida la iniciativa en análisis, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados determinó en sesión ordinaria de fecha 7 de septiembre del año en curso desechar la iniciativa con proyecto de decreto en comento.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Desarrollo Social somete a consideración de la honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la sesión del 19 de diciembre de 2006.

Segundo.Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2011.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados:José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico, Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica).»

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 39 de la Ley General de Desarrollo Social

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

La Mesa Directiva de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio de fecha 30 de abril de 2008 turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para su estudio y dictamen, el expediente número 3797, que contiene una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por la diputada Elda Gómez Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 4 de marzo del mismo año.

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue instalada el 6 de octubre de 2009 y recibió como parte de los asuntos pendientes por dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto proposición referida.

Con estos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la iniciativa con proyecto de decreto referida, a fin de valorar su contenido, deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes:

Contenido de la iniciativa

En sus consideraciones, la diputada proponente precisa que la cultura del servicio social comunitario en México es un valor heredado de las antiguas culturas prehispánicas. La creación de las instituciones educativas desde su origen, tiene por objetivo el fomento y el establecimiento del servicio social obligatorio de los estudiantes, en favor de las clases productoras de la nación. Por esa razón, la autonomía de las universidades públicas tiene por contrapartida una retribución social a las necesidades de las comunidades, especialmente las más marginadas. En consecuencia, el acceso al título para el ejercicio profesional supone como requisito y retribución, un intercambio entre los estudiantes y el Estado, a través de las instituciones de educación superior, en tiempo y dedicación en favor de los más necesitados.

Menciona la diputada que la reforma de 1942 del artículo 5o. constitucional obliga a prestar los servicios profesionales de carácter social como estrategia nacional para el desarrollo comunitario. Este es un importante antecedente para que en mayo de 1945 se publique en el Diario Oficial la Ley Reglamentaria de los Artículos 4o. y 5o. Constitucionales, relativos al ejercicio profesional; y en octubre del mismo año se expidió el reglamento de esta ley. A partir de entonces, el servicio social adquiere obligatoriedad constitucional para los estudiantes y los profesionistas.

Señala la diputada proponente que el servicio social es una actividad temporal y obligatoria previa a la titulación, que tienen que realizar todos los profesionistas; además de contribuir a su formación. El servicio social es una estrategia fundamental para impulsar el desarrollo municipal, estatal, regional y nacional, para contribuir en la disminución de las desigualdades sociales, propiciando mayores oportunidades para el desarrollo individual y comunitario. El servicio social tiene múltiples impactos y beneficios en los ámbitos académico, de vinculación con la sociedad, de desarrollo de las regiones de atención prioritaria y de los diferentes sectores de la población.

La proponente hace referencia que actualmente, hay muchas modalidades de prestación de servicio social en México. En cuanto al tipo de actividades realizadas, se tienen casos con una estrecha relación con actividades profesionales, pero también hay muchos casos en los que las actividades asignadas a los prestadores en poco o nada contribuyen a la formación profesional. Si se considera el sector en que se desempeñan las actividades, se pueden señalar el institucional, el público, el privado y el social. Es de observarse mayor concentración de prestadores en el sector público y en las propias instituciones educativas, mientras que el sector social, que debería ser el más beneficiado, es atendido sólo marginalmente.

Señala la diputada proponente que esta heterogeneidad de criterios y la falta de definiciones para orientar el servicio social, aunadas a la falta de información dirigida a los estudiantes respecto a programas y requisitos para realizarlo, han dificultado los esfuerzos de coordinación interinstitucional a nivel nacional, para consolidar un sistema nacional que haga de ésta, una actividad relevante para el desarrollo regional y comunitario. Las reflexiones anteriores nos llevan a concebir el servicio social en todo momento, como una actividad de elevada importancia académica y no solo se debe concebir como un requisito administrativo. Por ello resulta necesario someter esta actividad a procesos de planeación, supervisión y evaluación a partir de metodologías congruentes con la dinámica y el constante cambio de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, la diputada proponente manifiesta que su iniciativa pretende adicionar tres párrafos al artículo 39 de la Ley General de Desarrollo Social, a efecto de que la Secretaría de Desarrollo Social implemente un sistema nacional de pasantes, que tendrá como objetivo canalizar a los estudiantes de diversas profesiones afines a las políticas y programas de desarrollo social, para cumplir el servicio social obligatorio, coadyuvando en el diseño, aplicación, impacto y evaluación de los programas y políticas de desarrollo social. Para la consecución de lo anterior, se celebrarían convenios y acuerdos con las universidades públicas y privadas del país, a efecto de difundir las áreas y programas en donde sea requerido el servicio social y captar a los solicitantes. Los estudiantes que realicen el servicio social en el sistema nacional de pasantes tendrán derecho a recibir un apoyo económico mensual suficiente para cubrir gastos de transportación y alimentación. Adicionalmente, las actividades realizadas durante el servicio social no sustituirán las plazas existentes en las diversas áreas o programas donde sean asignados.

Consideraciones de la dictaminadora

I. Con base en la exposición de motivos que plantea la diputada proponente en su propuesta de iniciativa, esta comisión realiza las siguientes consideraciones que fundamentan el sentido del dictamen.

II. En un primer término, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define en el artículo 3o. que “Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas. El artículo 5o. establece que “la ley determinará en cada estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale”. De esta manera, la Carta Magna define con claridad el tema de la educación superior y la relación con el servicio social profesional en las carreras universitarias.

III. Por su parte, la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal define en su primer artículo que “título profesional es el documento expedido por instituciones del Estado o descentralizadas, y por instituciones particulares que tenga reconocimiento de validez oficial de estudios, a favor de la persona que haya concluido los estudios correspondientes o demostrado tener los conocimientos necesarios de conformidad con esta ley”. El artículo 2° establece que “las leyes que regulen campos de acción relacionados con alguna rama o especialidad profesional, determinarán cuáles son las actividades profesionales que necesitan título y cédula para su ejercicio”. El artículo 7o. precisa que las disposiciones de esta ley regirán en el Distrito Federal en asuntos de orden común, y en toda la República en asuntos de orden federal. El artículo 23 señala que “son facultades y obligaciones de la Dirección General de Profesiones determinar, de acuerdo con los colegios de profesionistas, la sede y forma como éstos desean cumplir con el servicio social”. El artículo 24 menciona que “se entiende por ejercicio profesional, para los efectos de esta ley, la realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto o la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión”. El artículo 30 establece que la Dirección General de Profesiones podrá extender autorización a los pasantes de diversas profesiones para ejercer la práctica respectiva por un término no mayor de tres años. Para los efectos de lo anterior, se demostrará el carácter de estudiantes, la conducta y la capacidad de los mismos, con los informes de la facultad o escuela correspondiente. En cada caso darán aviso a la Secretaría de Educación Pública y extenderán al interesado una credencial en que se precise el tiempo en que gozará de tal autorización. Al concluir dicho término quedará automáticamente anulada esta credencial. Entrando en materia del servicio social, el capítulo VII de esta ley establece los lineamientos del servicio social de los estudiantes y profesionistas. El artículo 52 señala que “todos los estudiantes de las profesiones a que se refiere esta ley, así como los profesionistas no mayores de 60 años, o impedidos por enfermedad grave, ejerzan o no, deberán prestar el servicio social en los términos de esta ley”. El artículo 53 dice que “se entiende por servicio social el trabajo de carácter temporal y mediante retribución que ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado”. El artículo 55 define que “Los planes de preparación profesional, según la naturaleza de la profesión y de las necesidades sociales que se trate de satisfacer, exigirán a los estudiantes de las profesiones a que se refiere esta ley, como requisito previo para otorgarles el título, que presten servicio social durante el tiempo no menor de seis meses ni mayor de dos años”. El artículo 56 establece que “los profesionistas prestarán por riguroso turno, a través del Colegio respectivo, servicio social consistente en la resolución de consultas, ejecución de trabajos y aportación de datos obtenidos como resultado de sus investigaciones o del ejercicio profesional”. El artículo 59 define que “cuando el servicio social absorba totalmente las actividades del estudiante o del profesionista, la remuneración respectiva deberá ser suficiente para satisfacer decorosamente sus necesidades”.

IV. De igual forma, la Ley Federal de Educación establece en su artículo 24 que los beneficiados directamente por los servicios educativos deberán prestar servicio social, en los casos y términos que señalen las disposiciones reglamentarias correspondientes. En éstas se preverá la prestación del servicio social como requisito previo para obtener título o grado académico. Por su parte la Ley para la Coordinación de la Educación Superior señala en su artículo 4 que “Las funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura que realicen las instituciones de educación superior guardarán entre sí una relación armónica y complementaria”. El artículo 8 establece que “la federación, los estados y los municipios prestarán, en forma coordinada y dentro de sus respectivas jurisdicciones, el servicio público de educación superior, atendiendo a sus necesidades y posibilidades, conforme a lo dispuesto por este ordenamiento y la Ley Federal de Educación”. El artículo 11 define que “a fin de desarrollar la educación superior en atención a las necesidades nacionales, regionales y estatales y a las necesidades institucionales de docencia, investigación y difusión de la cultura, el Estado proveerá a la coordinación de este tipo de educación en toda la República, mediante el fomento de la interacción armónica y solidaria entre las instituciones de educación superior y a través de la asignación de recursos públicos disponibles destinados a dicho servicio, conforme a las prioridades, objetivos y lineamientos previstos por esta ley”. El artículo 12 establece que la Federación realizará las funciones de promover, fomentar y coordinar acciones programáticas que vinculen la planeación institucional e interinstitucional de la educación superior con los objetivos, lineamientos y prioridades que demande el desarrollo integral del país.

V. Por otro lado, en el Programa de Desarrollo Social 2007-2012 y en los objetivos estratégicos de desarrollo social 2007-2012 de la Secretaría de Desarrollo Social se alude directamente el tema del servicio social de los estudiantes en el área del desarrollo social, en el sentido de que puedan contribuir desde esa actividad profesional universitaria en el desarrollo y bienestar de la población. Además, en la mayoría de los 20 programas de desarrollo social que maneja la Sedesol y sus organismos desconcentrados, hacen referencia a la importancia de la participación de los estudiantes y profesionistas en la ejecución de los programas, vía el servicio social o las prácticas profesionales, sobre todo en carreras o licenciaturas afines a la política social y el desarrollo humano. Y es que el servicio social es visto, por su carácter social, como una de las acciones que fortalece la colaboración de la institución educativa con la sociedad y con los diversos sectores, para coadyuvar a la solución de problemas específicos derivados de la marginación.

VI. Por todo lo anterior, y sumado al hecho de que lo propuesto por la diputada en sus consideraciones ya se encuentra claramente contenido en diversas leyes secundarias, resulta por demás innecesario que lo propuesto por la diputada se incluya en el artículo 39 de la Ley General de Desarrollo Social. Además, existen lineamientos internos de cada institución educativa (como universidades públicas autónomas en muchos casos) que establecen las características y los mecanismos de ejecución del servicio social de sus estudiantes y profesionistas, por lo cual está ya regulado este tipo de actividad social. En consecuencia, corresponde a las instituciones educativas la responsabilidad de organizar y supervisar el servicio social, de acuerdo a sus propios reglamentos. También, actualmente no existen los mecanismos y la información suficiente que aglutinen datos específicos sobre el número de pasantes de todas las instituciones de educación superior en el país. De igual forma, al ser una actividad obligatoria establecida en diversos ordenamientos jurídicos, dicha actividad se cumple con rigor porque implica la vía para la consecución de un logro mayor, por lo cual la propuesta de dicho sistema nacional de pasantes resulta innecesario. Es probable que las dificultades percibidas por los responsables del servicio social se encuentren más relacionadas con las dificultades en la coordinación, en muchos casos necesaria, con las dependencias públicas receptoras de prestadores de servicio social.

VII. Debe reconocerse la labor y preocupación de la diputada proponente y es especialmente atendible su inquietud de la necesidad de fortalecer los mecanismos y herramientas que fortalezcan el desarrollo social en el país. Son de suma importancia las propuestas y opiniones de los diputados para el fortalecimiento del debate y las discusiones legislativas. Sin embargo, la iniciativa presentada no puede ser aprobada en sentido positivo por lo anteriormente expuesto.

VIII. Bajo este contexto, el pleno de la Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó en sesión ordinaria de fecha 7 de septiembre del año en curso dictaminar la no procedencia de la iniciativa con proyecto de decreto de la diputada proponente.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las consideraciones realizadas, esta Comisión de Desarrollo Social propone al pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 39 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por la diputada Elda Gómez Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 30 de abril de 2008.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2011.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados:José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado, Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico, Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica).»

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 12 de la Ley de Asistencia Social

Honorable Asamblea

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157 numeral 1 Fracción I; 158 numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

La Mesa Directiva de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio DGPL 60-II-1-660 de fecha 26 de agosto de 2009, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para su estudio y dictamen, el expediente número 6355, que contiene una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso b) de la fracción II del artículo 4 y la fracción X del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, presentada por la diputada Irene Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, durante la sesión de la misma fecha.

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue instalada el 6 de octubre de 2009 y recibió como parte de los asuntos pendientes por dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto referida.

Con estos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la iniciativa con proyecto de decreto referida, a fin de valorar su contenido, deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta.

Contenido de la iniciativa

En sus consideraciones, la diputada proponente precisa que el artículo tercero de la ley que motiva esta iniciativa define a la asistencia social como “el conjunto de acciones tendentes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva”. Tal definición tiene una base legal sustentada en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se tutela el derecho a la salud como bien jurídico de las personas.

La diputada proponente establece que el la Ley General de Salud, por su parte, no sólo reglamenta el derecho a la protección de la salud, sino que define el concepto de asistencia social en el artículo 167. Además establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud e incorpora en su artículo 168 las actividades consideradas como básicas en materia de asistencia social. Conforme a lo que marca nuestra Constitución y las respectivas leyes secundarias, es claro que la rectoría de la asistencia social corresponde principalmente al Estado mexicano, con la participación de la sociedad civil e instituciones del sector privado.

Para la diputada, la asistencia social, en nuestro país, tiene el carácter de federal y descentralizada, por lo que la base institucional de la federación, de los estados y de los municipios tiene la obligación legal de mejorar la calidad de vida de las personas en mayor situación de vulnerabilidad. La salud y la asistencia social representan en México la posibilidad de construir relaciones cada vez más igualitarias entre mujeres y hombres entre niñas y niños, entre ancianas y ancianos que por su situación de vulnerabilidad se encuentran en condiciones de discriminación, desventaja y exclusión. Es prioritario que la asistencia social se convierta en un mecanismo generador de desarrollo, promotor de los derechos fundamentales y tendientes a la justicia social.

Alude la diputada en sus consideraciones a la Ley de Asistencia Social, vigente a partir de septiembre de 2004, y que establece en el artículo cuarto que son sujetos de la asistencia social, de manera preferente, los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales requieran servicios especializados para su protección y plena integración al bienestar. Sin embargo, la fracción segunda del mismo artículo cuarto, cuando se refiere a los supuestos en que las mujeres tendrán acceso a los programas de asistencia social, sólo se refiere a aquellas que se encuentren en estado de gestación o lactancia, las madres adolescentes, en situación de maltrato o de abandono y en situación de explotación, incluyendo la sexual, dejando fuera a las miles de mujeres que en México son víctimas de la violencia en cualquiera de las modalidades que establece el Título II de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Menciona la diputada que por lo anterior expuesto resulta conveniente actualizar la terminología y el lenguaje de género respecto a nuestra realidad social, en virtud de que la palabra “maltrato” tiene una connotación totalmente distinta a la del concepto “violencia”. Mientras que el diccionario de la Real Academia Española define al maltrato como acción y efecto de maltratar y, en consecuencia, tratar mal a alguien de palabra u obra, la Organización Mundial de la Salud define a la violencia como “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.

Al proporcionar datos sobre el problema de violencia hacia las mujeres, la diputada señala que tal como se encuentra la Ley de Asistencia Social, el porcentaje de mujeres víctimas de violencia que se encuentran fuera de su protección asciende, a nivel nacional, al 67 por ciento de 15 años y más que han sufrido violencia en cualquiera de los siguientes contextos: comunitaria, familiar, patrimonial, escolar, laboral y de pareja. Lo anterior, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006. La información de la encuesta revela que 43.2 por ciento de las mujeres de 15 años y más sufrieron algún incidente de violencia de pareja a lo largo de su última relación conyugal. De estas mujeres, 37.5 por ciento declaró haber recibido agresiones emocionales que afectan su salud mental y psicológica; 23.4 por ciento recibió algún tipo de agresión para controlar sus ingresos y el flujo de los recursos monetarios del hogar. Dos de cada diez mujeres confesó haber sufrido algún tipo de violencia física que les provocó daños permanentes o temporales. Las mujeres víctimas de violencia sexual cometida por sus propias parejas representan el 9 por ciento. En el nivel nacional el porcentaje de mujeres que señalaron haber tenido un incidente violento en el ámbito laboral ascendió a 29.9 por ciento. 15.6 por ciento de las mujeres entrevistadas declaró haber sufrido algún incidente de este tipo de violencia educativa en su escuela.

Las mujeres víctimas de violencia en cualquiera de sus modalidades, no se consideran de manera expresa como beneficiarias de la asistencia social. Si bien es cierto que el inciso b) de la fracción II del artículo 4 incorpora a las mujeres en situación de maltrato o abandono, también lo es que tanto la legislación nacional como la internacional en materia de protección de los derechos fundamentales de las mujeres, hacen una diferenciación muy clara en cuanto a los efectos del maltrato y de la violencia, constituyéndose esta última, en uno de los problemas más graves que enfrentan las mujeres en la actualidad, hasta el punto de considerarla como un problema de salubridad general. En lo que se refiere a las prerrogativas de la asistencia social, la ley en la materia dispone en el artículo 12 aquellos que se consideran como servicios “básicos” de salud para la población objetivo. Los servicios que las instituciones relacionadas están obligadas a proporcionar, abarcan acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación. Sin embargo, en dicho artículo se excluyen los servicios destinados a la atención de la violencia contra las mujeres.

Enfatiza la diputada proponente que dichas omisiones no tienen ningún motivo razonable, ya que el Instituto Nacional de las Mujeres como organismo rector en cuanto a las políticas públicas que asisten a las mujeres víctimas de violencia, ya se encuentra incluido en el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, que tiene tareas específicas en cuanto a la promoción de la erradicación de la violencia y de la discriminación, así como a la construcción de relaciones igualitarias entre mujeres y hombres.

Por lo expuesto, y de tal manera que la problemática que se genera a partir de la escasa relación entre la salud como garantía constitucional, la asistencia social como derecho y los índices de violencia contra las mujeres en México son las razones principales de la iniciativa de reforma que presenta la diputada. Se propone reformar el inciso b) de la fracción II del artículo cuarto de la Ley de Asistencia Social, para incluir como beneficiarias de la ley a las mujeres víctimas de violencia, sin modificar o excluir a las que se encuentran en situación de abandono. A su vez, se reforma la fracción X del artículo doce de la misma ley, con el objetivo de incluir en los servicios básicos de salud en materia de asistencia social a las mujeres víctimas de violencia, de manera que ambos artículos se relacionen en forma congruente.

Consideraciones de la comisión dictaminadora

1.De acuerdo a todo lo señalado anteriormente la dip. Irene Aragón Castillo, propone reformar en la Ley de Asistencia Social el artículo 4o inciso b) de la fracción II y el artículo 12o la fracción X, con el fin de incluir a las mujeres víctimas de violencia como beneficiarias en los servicios básicos de salud.

2.Es importante señalar que esta legislación obliga se destinen recursos suficientes para enfrentar la violencia contra las mujeres, pues parte de los subsidios del Ramo Administrativo 20 de Desarrollo Social se destina al programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas, para implementar y ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres.

3. Es importante señalar que por parte de las legislaturas pasadas siempre ha existido la preocupación e interés para promover, proteger y reconocer los derechos de las mujeres víctimas de violencia, por tales motivos a principios del año 2007 se creó la “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” (LGAMVLV), la cual tiene como objetivo proteger el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, dicha ley mandata prevención, protección y asistencia a las mujeres, para erradicar la violencia de que es objeto el género femenino.

4. Sin embargo la dictaminadora estima que no es atendible la propuesta que plantea adicionar los artículos 4o. y 12 de la Ley de Asistencia Social, de tal suerte, la LGAMVLV ya define y establece en su contenido el beneficiar e incluir a las mujeres víctimas de violencia en los servicios básicos de salud.

5.Bajo los argumentos expuestos, y una vez analizada y discutida la iniciativa en análisis, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó en sesión ordinaria de fecha 7 de septiembre del año en curso, desechar la Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la diputada Irene Aragón Castillo.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las consideraciones realizadas, la Comisión de Desarrollo Social propone al pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b) de la fracción II del artículo 4 y la fracción X del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, presentada por la diputada Irene Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el miércoles 26 de agosto de 2009.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2011.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irizar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico, Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica).»

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Desarrollo Social

Honorable Asamblea

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

La Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio de fecha, 8 de abril de 2008 turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para su estudio y dictamen, el expediente número 3622, que contiene una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el diputado Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 6 de marzo del mismo año.

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue instalada el 6 de octubre de 2009 y recibió como parte de los asuntos pendientes por dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto proposición referida.

Con estos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la iniciativa con proyecto de decreto referida, a fin de valorar su contenido, deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes:

Contenido de la iniciativa

En sus consideraciones, el diputado proponente precisa que el papel del Congreso en la evaluación de los programas públicos sujetos a reglas de operación tiene su origen en la necesidad de hacer un análisis sobre el resultado de las políticas públicas y el impacto que estas acciones de gobierno tienen en el cumplimiento de las demandas de la sociedad. Para ello, el Congreso está facultado –aunque limitadamente– para incidir en la implementación de las políticas públicas a través de la asignación del presupuesto. Y en el caso de la evaluación de los resultados por medio de la Auditoría Superior de la Federación, lo que permite tratar de definir si son efectivas o deben ser modificadas parcial o totalmente.

Menciona el diputado que en el caso de los programas de desarrollo social sujetos a reglas de operación, la Cámara de Diputados tiene diversas atribuciones: Hacer recomendaciones por medio de la Comisión de Desarrollo Social a la Comisión de Presupuesto en el marco de la aprobación del PEF vigilando que no haya disminución alguna de éste, y que, en el menor de los casos, se aplique el presupuesto del año inmediato anterior; promover la participación social en la aplicación de las políticas y programas por medio de foros y consultas públicas; y mantener una permanente comunicación con los órganos del Estado encargados de la evaluación y vigilancia de la operatividad de los programas sociales.

Señala el diputado proponente que los antecedentes de este proceso de evaluación de la política social en nuestro país son muy recientes en comparación con otros países, puesto que los mecanismos para medir la política social tuvieron su origen en el año de 1997. Actualmente, la institucionalización de estos mecanismos tiene representación en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), en el caso de los programas de desarrollo social.

El proponente hace referencia que a pesar de estos esfuerzos, existe en el ánimo del legislador la necesidad de incidir con mayor énfasis en el diseño de las políticas para el desarrollo nacional. Dicho proceso está sustentado como uno de objetivos de la Ley de Desarrollo Social, la cual establece los mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas y acciones de la política nacional de desarrollo social. Este procedimiento está coordinado por el Coneval, el cual define los procedimientos necesarios para realizar las evaluaciones de los “diferentes programas sociales. Asimismo, la ley propone que las evaluaciones deberán ser enviadas al Congreso de la Unión a través de las Comisiones de Desarrollo Social, de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, así como a la Secretaría de Desarrollo Social”.

El diputado proponente, en sus consideraciones, hace referencia que a pesar de las disposiciones en la Ley General de Desarrollo Social, las evaluaciones han tenido poco impacto en el trabajo que se realiza al interior de las comisiones legislativas en el análisis de los resultados de los programas sujetos a reglas de operación. Especialmente en el caso de la discusión del ejercicio presupuestal, las evaluaciones pocas veces son tomadas en cuenta para redefinir la operación de un programa, por lo que su viabilidad responde mucho más aun techo financiero que a una evaluación.

Señala el diputado proponente que el proceso de evaluación de los programas, actualmente presenta fortalezas y debilidades. Por un lado, la obligatoriedad de hacer públicas las evaluaciones a las que la sociedad tiene acceso, fortaleciendo con ello los mecanismos de la contraloría social, el sistema de rendición de cuentas y conocer costos de la operación de la política social. Por otro lado, es necesario reconocer que falta realizar acciones encaminadas a consolidar estos mecanismos, como es revertir la falta de recursos humanos y financieros para la evaluación anual de los programas; aceptar por parte del Ejecutivo los dictámenes que las instituciones de educación superior encargadas de las evaluaciones realizan a los programas para rectificar lo que se está haciendo mal; analizar con mayor rigurosidad académica y profesional la calidad de la información recaba por la evaluación, así como el nivel de utilización de los órganos involucrados en dicho procedimiento.

Por lo expuesto, el diputado proponente manifiesta que su iniciativa pretende que la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo revaloren, con mayor responsabilidad, la información que se genera por medio de las evaluaciones a los programas sujetos a reglas de operación y para que sean objeto de un análisis más detallado, y que la información en ellas contenida aporten elementos a la discusión anual del presupuesto y a la mejora de las políticas públicas de desarrollo social.

Consideraciones de la dictaminadora

I.Con base en la exposición de motivos que plantea el diputado proponente en su propuesta de iniciativa, esta Comisión realiza las siguientes consideraciones que fundamentan el sentido del dictamen.

II.En un primer término, la Ley General de Desarrollo Social señala en su artículo 30 que el Ejecutivo Federal revisará anualmente las zonas de atención prioritaria, teniendo como referente las evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la pobreza, que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social e informará a la Cámara de Diputados sobre su modificación para los efectos de asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación. “La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto, hará la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, junto con el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación”.

III.El artículo 72 establece que “la evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa, y tiene por objeto, revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la política de desarrollo social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente”. El artículo 77 señala que “El Consejo Nacional de Evaluación, antes de aprobar los indicadores a que se refiere este artículo, los someterá a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados por conducto de la Auditoría Superior de la Federación, para que emitan las recomendaciones que en su caso estime pertinentes”. El artículo 78 señala que la evaluación será anual, definiendo como periodo del primero de mayo al treinta de abril y podrá también ser multianual en los casos que así se determine. El artículo 79 establece que “Los resultados de las evaluaciones serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y deberán ser entregados a las Comisiones de Desarrollo Social de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, y a la Secretaría”. El artículo 80 manifiesta que “De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social podrá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo Federal y hacerlas del conocimiento público”. Por su parte, el artículo 82 establece que “El Consejo Nacional de Evaluación pondrá a disposición del público las evaluaciones de los programas sociales y el informe general sobre el resultado de las mismas, a través de los medios más accesibles a la población y en términos de lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”. Por todo lo anterior, en esta Ley se establecen claramente los criterios y características de las evaluaciones en materia de desarrollo social y la participación del Poder Legislativo.

IV.Por su parte, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece en el artículo 42, inciso f), que en el caso del Presupuesto de Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberá establecer mecanismos de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del Presupuesto por sectores. “Los legisladores de dichas comisiones deberán tomar en cuenta en sus consideraciones y propuestas la disponibilidad de recursos, así como la evaluación de los programas y proyectos y las medidas que podrán impulsar el logro de los objetivos y metas anuales”. El artículo 110 señala que “la secretaría realizará trimestralmente la evaluación económica de los ingresos y egresos en función de los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades. Las metas de los programas aprobados serán analizadas y evaluadas por las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados. Para efectos del párrafo anterior, el Ejecutivo federal enviará trimestralmente a la Cámara de Diputados la información necesaria, con desglose mensual. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social coordinará las evaluaciones en materia de desarrollo social en términos de lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social y lo dispuesto en esta ley. Todas las evaluaciones se harán públicas. Las evaluaciones podrán efectuarse respecto de las políticas públicas, los programas correspondientes y el desempeño de las instituciones encargadas de llevarlos a cabo”.

V.El artículo 9, fracción V, del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 establece que la Secretaría de Desarrollo Social remitirá trimestralmente, a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, la información que reciba correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. El artículo 30 establece que “la Cámara de Diputados, a través de la comisión ordinaria que en razón de su competencia corresponda, emitirá opinión sobre las reglas de operación publicadas por el Ejecutivo federal en los términos del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; dicha opinión deberá fundarse y motivarse conforme a los criterios a que se refiere el último párrafo del artículo arriba citado. En caso de que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados no emitan su opinión a más tardar el 15 de febrero de 2011, se entenderá como opinión favorable”. El artículo 33 establece que a más tardar el 26 de febrero de 2011, la Secretaría de Desarrollo Social informará a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Desarrollo Social, la cobertura de atención de familias beneficiarias del programa Oportunidades. “La Coordinación Nacional del Programa entregará a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, el padrón de beneficiarios. Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados serán responsables de su uso y deberán observar en lo conducente, en términos de ley, la protección de los datos personales”.

VI.Por otro lado, el artículo 7, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece el diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio, así como los padrones de beneficiarios de los programas sociales que establezca el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

VII.De igual forma, el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión establece que las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales. “Las comisiones ordinarias tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 93 constitucional, y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la administración pública federal”. El artículo 45 establece que los presidentes de las comisiones ordinarias, con el acuerdo de éstas, podrán solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal cuando se trate de un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables. Por su parte el Reglamento de la Cámara de Diputados en su artículo 158 establece que “Para el cumplimiento de sus tareas, las comisiones ordinarias de dictamen deberán realizar las siguientes actividades: Formular las solicitudes de información a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, relativas a asuntos del conocimiento o dictamen de la comisión; Realizar la evaluación periódica de las políticas públicas y los programas respectivos, en lo concerniente al área de su competencia”. El artículo 163 establece que “la Cámara solicitará los informes sobre el cumplimiento de los resultados alcanzados en los planes y programas sectoriales y los enviará a las comisiones que corresponda, a fin de que estás los confronten con los objetivos enunciados en el Plan Nacional de Desarrollo; La comisión podrá solicitar mayor información a los servidores públicos enunciados en el artículo 93 de la Constitución, que se correspondan con las materias de su competencia, mediante la pregunta parlamentaria. Las comisiones ordinarias formularán una opinión fundada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública respecto de los Informes Trimestrales que presenten las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, dentro de los sesenta días naturales contados a partir de su recepción. Dichas opiniones tendrán por objeto hacer aportaciones a esa comisión sobre aspectos presupuestales específicos, en relación al cumplimiento de los objetivos de los programas del correspondiente ramo de la Administración Pública Federal, y para que sean consideradas en la revisión de la Cuenta Pública”.

VIII.Por otro lado, el 30 de marzo del 2007, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, con el objetivo de orientar los programas y el gasto público al logro de objetivos y metas, así como medir sus resultados objetivamente mediante indicadores relacionados con la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la administración pública federal y el impacto del gasto social público. Por ello, estos lineamientos definen con claridad los tipos de evaluación, la matriz de indicadores para la evaluación de los programas sociales, el seguimiento de las evaluaciones y sus recomendaciones, su difusión y del sistema integral de monitoreo.

IX.Por lo anterior, y sumado al hecho de que lo propuesto por el diputado en sus consideraciones ya se encuentra claramente contenido en diversas leyes secundarias, resulta por demás innecesario que lo propuesto por el diputado se incluya en el artículo 79 de la Ley General de Desarrollo Social, ya que claramente está estipulado en diversas leyes lo que el diputado manifiesta en su iniciativa.

X.Debe reconocerse la labor y preocupación del diputado proponente y es especialmente atendible su inquietud de que las evaluaciones que realiza el Coneval y otros organismos públicos puedan estar disponibles con oportunidad en la Cámara de Diputados y especialmente para que los diputados federales puedan valorarlas para su inclusión en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos. Son de suma importancia las propuestas y opiniones de los diputados para el fortalecimiento del debate y las discusiones legislativas. Sin embargo, la iniciativa presentada no puede ser aprobada en sentido positivo por lo anteriormente expuesto.

XI.Bajo los argumentos expuestos, y una vez analizada y discutida la Iniciativa en análisis, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó en sesión ordinaria de fecha 7 de septiembre del año en curso, desechar la Iniciativa con proyecto de decreto en comento.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las consideraciones realizadas, la Comisión de Desarrollo Social emite los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el diputado Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 8 de abril de 2008.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2011.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados:José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irizar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico, Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica).»

LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL INGRESO CIUDADANO UNIVERSAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que establece el Derecho al Ingreso Ciudadano Universal

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

La Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio de fecha 4 de julio de 2007, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para su estudio y dictamen, el expediente número 2111, que contiene una iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley que Establece el Derecho al Ingreso Ciudadano Universal, presentada por el diputado Isidro Pedraza Chávez, en nombre propio y de los diputados Valentina Batres Guadarrama, Gerardo Villanueva Albarrán, Ramón Félix Pacheco Llanes y Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 4 de julio de 2007.

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue instalada el 6 de octubre de 2009, para cumplir con las tareas enumeradas por el artículo 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa en comento plantea que en países como Estados Unidos de América, Canadá, Australia, América Latina, y otros de Europa, África y Asia se ha discutido desde hace años la propuesta del ingreso ciudadano universal o renta básica, la cual debe entenderse como un ingreso modesto pero suficiente para cubrir las necesidades básicas de la vida, a pagar a cada miembro de la sociedad como un derecho y no sujeto a otra condición que la de ciudadanía o residencia. De esta manera, es un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de ingresos, y sin importar con quién conviva.

Conforme a la exposición de motivos de la iniciativa, los proponentes aseguran que un ingreso de este tipo sería asignado sin restricciones ni calificaciones. Se percibiría, independientemente del sexo al que se pertenezca, del nivel de ingresos que se posea, de la confesión religiosa que se profese y de la orientación sexual que se tenga. Su función inmediata sería contrarrestar la extensión de la miseria y la masificación de la desocupación. De esta forma, la falta de empleo o el bajo salario ya no impedirían la subsistencia normal de cualquier individuo.

La iniciativa en comento plantea que las dos características fundamentales de la idea de ingreso ciudadano son la universalidad y la incondicionalidad del derecho. Aunque se trate de un ingreso modesto, la idea de que todo el mundo debería recibir un ingreso básico universal en una cantidad suficiente para la subsistencia difícilmente puede dejar a alguien indiferente. Además se plantea que dicho ingreso no sustituye al trabajo remunerado sino que aumenta las posibilidades de elección de los ciudadanos. De esta forma, garantizar este derecho equivale a reconocer la utilidad social de las distintas formas de trabajo no asalariado, del trabajo voluntario y de las actividades sin fines de lucro.

Es por ello que los proponentes consideran que esta nueva ley será una poderosa medida no sólo para combatir de raíz la pobreza y aminorar la terrible desigualdad, sino también para construir ciudadanía y una nueva cohesión social. De esta forma, en México el ingreso mínimo contribuiría a atenuar la pauperización rural y urbana, la explosión de desempleo, la informalización del trabajo y la degradación de la clase media.

Conforme a la exposición de motivos de la iniciativa, lo que distingue al ingreso ciudadano de otras propuestas consiste en que no establece condicionamiento alguno ni contraprestación de cualquier tipo para recibirla; se trata de una obligación del Estado para con sus ciudadanos. Se asegura que con esta medida, se evitaría la abultada burocracia que hoy se dedica a vigilar y controlar la siniestra focalización que el Banco Mundial impuso a los programas dedicados al combate a la pobreza, y que lo único que ha provocado en las comunidades más pobres es la generación de envidias y conflictos, amén de la corrupción existente entre vigilantes y vigilados.

La iniciativa señala que los recursos para hacer viable la propuesta deberán provenir fundamentalmente de dos fuentes: La primera de ellas, y probablemente representaría una de las medidas más importantes que se pueden introducir para reducir la desigualdad, provendría del ámbito impositivo, donde deberán pagar más impuestos los que más ganan, sin que ocurra que quien más gana muchas veces paga sumas ridículas de impuestos.

La segunda fuente de recursos para sostener esta propuesta radica en la eliminación de todos los programas sociales focalizados que existen en los ámbitos urbano y rural, dirigidos a apoyar a los jóvenes, los niños, las mujeres, los miembros de la tercera edad, a los campesinos, etcétera. Para los legisladores proponentes, la suma de todos los recursos que hoy se destinan a estos programas ya representa una cantidad importante del presupuesto federal e incluso de los presupuestos locales, pues hay muchos estados, incluyendo principalmente al Distrito Federal, que también destinan cuantiosos recursos a estos menesteres y, por lo que se sabe, quieren destinarles cada vez más, lo cual debe ser apoyada por todos.

La iniciativa asegura que con la propuesta del “ingreso ciudadano universal” seguramente 5 por ciento de la población perdería ingresos, 20 por ciento los mantendría y el 75 por ciento restante los ganaría.

La Encuesta Ingreso y Gasto de los Hogares 2004, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, indica que 15 millones de hogares de clase media que en 2002 tenían ingresos mensuales promedio de 5 mil 648 pesos, en 2004 habían bajado a 5 mil 593 pesos (1.4 por ciento). En total, seis de los 10 estratos de ingreso en los que se clasifican los hogares registraron menos ingresos.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el año pasado el 10 por ciento de los hogares más ricos del país concentró el 39.4 por ciento del ingreso, mientras que el 10 por ciento de los más pobres tenían el 1.6 por ciento. El ingreso básico permitiría contrarrestar estos padecimientos asegurando comida, vivienda y educación a millones de personas.

Los proponentes señalan que entre 1990 y 2002 el gasto social en el país se duplicó, sin embargo, persisten los problemas heredados y se han añadido otros nuevos, como la falta de empleo bien remunerado y con prestaciones, incluso para aquellos mejor capacitados por el sistema educativo. La iniciativa señala que en 2007 el gobierno aplicó más de 55 programas sociales que involucran a ocho secretarías de Estado que abarcan las áreas rural, productiva, educativa, laboral, de desarrollo sustentable y asistencial. El padrón de beneficiarios de programas sociales en México, en ese año, era de 34 millones de personas, mientras que el número de pobres llega a 49 millones.

La exposición de motivos de la iniciativa señala que en 2007, el gobierno federal ejerció un presupuesto de 1 billón 177 mil 886.6 millones de pesos destinado al gasto social; en conjunto, las secretarías vinculadas a la política social ejercieron 8.3 por ciento de estos recursos. Con la aprobación de esta ley se ejercerían 952 mil millones 831 millones 749 mil 209 pesos.

La iniciativa señala que mientras países como Chile y Brasil destinan 16 y 19 por ciento de su producto interno bruto anual, respectivamente, al gasto social, México asigna 10 por ciento, ejemplo de la insuficiencia de recursos. A la falta de recursos hay que sumar el alto costo de la operación de los programas sociales; según el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007, la Secretaría de Desarrollo Social tendrá un presupuesto superior a 35 mil 108 millones de pesos, de los cuales más de 29 mil 839 serán para el gasto corriente que incluye pago a personal, papelería, utilería, mantenimiento de edificios, vehículos y pago de servicios, entre otros. Solamente 5 mil 268 millones se convertirán en apoyos a las comunidades.

En cuanto al derecho comparado internacional, la iniciativa señala que en varios países ya hay comisiones establecidas por los congresos nacionales abocadas a estudiarla y, seguramente algún día, a ponerla en práctica. Cita el ejemplo de Brasil, en donde el 8 de enero de 2004 el presidente Luis Ignacio da Silva proclamó la Ley Número 10.835, que crea el ingreso básico ciudadano, señalando en sus artículos que:

Artículo 1o. El ingreso básico ciudadano es creado a partir del año 2005, constituyéndose en el derecho de todo los nacionales y de todos los extranjeros que hayan residido en el país por más de cinco años sin distingo de su condición económica o social a recibir anualmente un beneficio económico.

El beneficio será extendido a todos los ciudadanos por etapas bajo criterios definidos por el Ejecutivo con prioridad para los segmentos más empobrecidos de la población;

El monto del beneficio será el mismo para todo ciudadano y será suficiente para cubrir los gastos básicos de cada individuo en alimentación, educación y salud, contemplando debidamente el estado de desarrollo del país y sus capacidades presupuestales.

Artículo 3o. El Ejecutivo contemplará en el Presupuesto Federal de 2005 una partida presupuestal suficiente para instrumentar la primera etapa de este programa.

Artículo 4o. A partir del año 2005 y subsiguientes, todas las leyes relacionadas con planes multianuales y directivas presupuestales deberán incluir la eliminación y transferencia de gastos, así como de las medidas que se consideran necesarias para permitir la aplicación de este programa.

Como otro ejemplo, señala que la en la República Argentina se discute actualmente en el parlamento el proyecto de creación del Fondo para el Ingreso Ciudadano de la Niñez, el cual señala que:

El presente proyecto de ley se inspira en la necesidad de establecer en la Argentina una red de seguridad en los ingresos de todos los ciudadanos, en general, y de la niñez, en particular. El objetivo es que a mediano o largo plazo la totalidad de los ciudadanos del país cuenten con un ingreso básico garantizado fiscalmente, y de esta forma, no sólo sea posible prevenir que las personas caigan en situaciones de pobreza extrema sino, también, permitir formas más eficientes y equitativas para el funcionamiento del mercado de trabajo y mejorar los problemas derivados del desempleo y subempleo.

Los proponentes señalan que en países como México una propuesta de esta naturaleza debería apostarse con mayor fuerza, tomando en cuenta la magnitud de la pobreza y la desigualdad que todavía persisten, a pesar de las décadas de aplicación de programas destinados al combate de la pobreza. Señala la iniciativa que México requiere un cambio profundo de timón en política social. Este viraje de fondo pasa por la plena vigencia de los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales y por la construcción de nuevas políticas sociales desde la perspectiva de los derechos y con objetivos redistributivos, no compensatorios o asistenciales, explícitos.

Para los proponentes, en este contexto es que la propuesta del Ingreso Ciudadano Universal viene a enriquecer el campo de los nuevos derechos sociales y a convertirse en una perspectiva programática innovadora, que cohesiona y que cuenta con un gran potencial de aceptación y movilización social porque su instrumentación significaría la erradicación efectiva de la pobreza, el aminoramiento sustantivo de la desigualdad y la ampliación de la libertad de todas y todos contribuyendo a una nueva cohesión social basada en la solidaridad y la reciprocidad.

Con estos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la iniciativa referida, a fin de valorar su contenido, deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes:

Consideraciones de la dictaminadora

I. La iniciativa de ley de los diputados Valentina Batres Guadarrama, Isidro Pedraza Chávez, Gerardo Villanueva Albarrán, Ramón Félix Pacheco Llanes y Miguel Ángel Navarro Quintero fue presentada en julio de 2007, consta de 10 artículos que en forma muy general proponen legislar el otorgamiento de un derecho exigible, más allá de la Constitución y de Leyes existentes.

II: El tercer artículo del proyecto de decreto propuesto señala que “el ingreso ciudadano universal es un derecho exigible. Consistente en una transferencia monetaria individual, no condicionada, vitalicia y no gravable que en ningún caso podrá ser inferior a la mitad del salario mínimo vigente más alto en el país. Su pago será efectivo mensualmente y durante los doce meses del año. El monto se determinará cada cinco años y será revisado anualmente y ajustado al índice inflacionario”. Para lograr el cumplimiento de este artículo los recursos que deberán destinarse a esta transferencia directa a los sujetos del derecho significaría la desaparición de todos los programas sociales que de manera focalizada otorgan derechos que también son exigibles para los actuales beneficiarios de dichos programas.

III. La iniciativa con proyecto de decreto, si bien aporta un aproximado del impacto presupuestal esperado por la aprobación de la iniciativa, no hace un análisis concreto y detallado de los egresos que significaría dotar de un ingreso “suficiente” a los habitantes del país, cuestión fundamental para conocer las fuentes del financiamiento de tal legislación, como lo señala la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

IV. Por otro lado, no queda claro en la exposición de motivos la justificación de la propia ley. No se propone fundamentación constitucional concreta ni legal alguna que permita considerar como una obligación del Estado mexicano otorgar un ingreso universal a todos sus ciudadanos.

V. Por otro lado, existe una contradicción en la línea de argumentación de la propuesta, toda vez que en primer lugar se propone la asignación de un ingreso decoroso a los habitantes de la nación, sin obligarlos a su retribución y sólo sujeto a la ciudadanía y residencia. Sin embargo, la exposición de motivos también está en contra de los subsidios directos a la población, por no ser un medio eficiente para superar las condiciones de pobreza.

VI. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada el 30 de marzo de 2008, señala en el artículo 75 que los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y entidades que los otorguen, y que deberán identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio; además, en su caso, deberán prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa. Estos requerimientos no son observados por el articulado propuesto en el proyecto de decreto que acompaña la iniciativa en comento.

VII. La misma Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria marca que en los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y porcentajes se establecerán con base en criterios redistributivos que deberán privilegiar a la población de menos ingresos y procurar la equidad entre regiones y entidades federativas, sin demérito de la eficiencia en el logro de los objetivos; además, deberán garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; así como evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva; procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden.

VIII. Si bien la propuestas expresada por los legisladores a través de esta iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley que Establece el Derecho al Ingreso Ciudadano Universal es plausible y demuestra la preocupación y trabajo legislativo por mejorar las condiciones sociales de los más marginados en nuestro país y atenuar la desigualdad, no se exponen las condiciones presupuestarias que permitiría la viabilidad de la propuesta, razón por la cual se considera inviable.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Desarrollo Social somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que Establece el Derecho al Ingreso Ciudadano Universal, presentada por el diputado Isidro Pedraza Chávez en nombre de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el 4 de julio de 2007.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2011.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados:José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado, Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico, Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica).»

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desechan tres iniciativas con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

La Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio de fecha 12 de febrero de 2008 turnó a la Comisión de Desarrollo Social para estudio y dictamen el expediente número 2450, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 12 de febrero del mismo año.

De la misma manera, la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio de fecha 12 de febrero de 2008, turnó a la Comisión de Desarrollo Social para estudio y dictamen el expediente número 1832, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 12 de febrero del mismo año.

La Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio de fecha 4 de junio de 2008,turnó a la Comisión de Desarrollo Social para estudio y dictamen el expediente número 2873, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por la diputada Beatriz Collado Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 4 de junio del mismo año.

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue instalada el 6 de octubre de 2009 y recibió como parte de los asuntos pendientes por dictaminar las iniciativas con proyecto de decreto referidas.

Con fundamento en el artículo 81, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Desarrollo Social decidió realizar el estudio y dictamen conjunto de las iniciativas enunciadas.

Con estos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las iniciativas con proyecto de decreto referidas, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta.

Contenido de la iniciativa del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda

I. En las consideraciones, el diputado proponente precisa que el artículo 134, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “la propaganda, en cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tal los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. Para el proponente, no es aceptable que el ciudadano relacione todo el quehacer gubernamental con lo que determinado servidor público, del ámbito del Poder Ejecutivo, le informe a través de los medios de comunicación pagados con recursos presupuestales.

II. El diputado señala que la Ley General de Desarrollo Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004, ya establece, en el capítulo III, “Del financiamiento y el gasto”, criterios para la difusión de la acción gubernamental de los programas para el desarrollo social, que deben estar ajenos a todo interés de partido político, sin que ello implique omitir el crédito de la asignación de recursos por la Cámara de Diputados.

III. Asimismo, el proponente señala que el artículo 74, fracción IV, de la Carta Magna establece como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal. En consecuencia, resulta pertinente hacer del conocimiento general de los ciudadanos el contenido de esta disposición constitucional, ya que al implantarse las políticas públicas o las distintas acciones de gobierno, fundamentalmente en materia de desarrollo social, tanto el presidente de la República como los gobernadores de los estados y los presidentes municipales se adjudican con exclusividad los méritos ante los beneficiarios de las obras, los servicios y las acciones gubernamentales sin acreditar a la Cámara de Diputados.

IV. El diputado proponente establece que, en tal virtud, es necesario reformar el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social en el sentido de establecer la obligación de informar a los ciudadanos sobre el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a cada una de las instituciones de la república, y cumplir el mandato del artículo 6o. constitucional, relativo al derecho a la información y a la transparencia. Implica que en la comunicación de los tres ámbitos de gobierno con los ciudadanos debe incluirse en la promoción y en la difusión de sus obras, acciones y programas el criterio que privilegie la información imparcial a los gobernados, pero haciendo notar la responsabilidad y participación de los diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el ramo relativo al desarrollo social.

Contenido de la iniciativa de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón

I. En las consideraciones, la diputada proponente precisa que el segundo párrafo del Apartado C del artículo 41 de la Carta Magna establece: “Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público”.

II. La diputada señala que esta disposición constitucional es especialmente atendible en el caso de la propaganda respecto a los programas sociales, federales y locales, toda vez que históricamente se han utilizado éstos como medios para cooptar a los beneficiarios en favor del partido del gobierno en turno. Baste recordar que en procesos electorales recientes las intervenciones directas de funcionarios públicos, que en muchos casos eran asociados con Oportunidades y otros programas sociales, pusieron en riesgo la equidad de la contiendas.

III. Asimismo, la diputada proponente señala que la Ley General de Desarrollo Social, en el artículo 28, establece que toda la publicidad relativa a los programas sociales deberá identificarse con la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”. Sin embargo, no hace referencia alguna a los tiempos en que la promoción de los programas sociales es posible o no, y aunque la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales lo establecen específicamente, es conveniente que la Ley General de Desarrollo Social remita la observancia respecto a la difusión de estos programas durante los periodos electorales a los ordenamientos mencionados.

Contenido de la iniciativa de la diputada Beatriz Collado Lara

I. En las consideraciones, la diputada proponente precisa que los programas sociales son acciones de gobierno que tienen por fin último mejorar la calidad de vida de los mexicanos y asegurar el pleno ejercicio de su libertad personal, en un entorno de convivencia humana. Sin embargo, es de reconocerse que los programas, las acciones, las obras, los servicios y todas las actividades que tienen que ver con la función pública están expuestos permanentemente al riesgo de ser manipulados con fines político-electorales.

II. Menciona la diputada que hay que tener en cuenta que los programas públicos son financiados con recursos que provienen de las contribuciones de la población que deben ser usados sin fines político-electorales o partidistas. Sin embargo, algunos sin el menor escrúpulo desvían dichos recursos hacia otros fines. Ante este fenómeno, el gobierno federal y la Cámara de Diputados han delineado herramientas en busca de establecer los mecanismos necesarios para erradicar esta práctica.

III. Señala la diputada proponente que la Ley General de Desarrollo Social dispone en el artículo 28 que la publicidad y la información relativas a los programas de desarrollo social deberán identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la ley correspondiente e incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

IV. La diputada proponente, en las consideraciones, hace referencia a varios estudios de dependencias gubernamentales con relación a su propuesta. Las dependencias y las entidades de la administración pública federal, en coordinación con la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, han elaborado un documento de gran utilidad, El ABC de los servidores públicos en relación con las elecciones. Por otra parte, la Secretaría de la Función Pública encabeza otro esfuerzo interinstitucional, denominado “Blindaje electoral”, que consiste en acciones encaminadas a que todos los recursos públicos y programas sociales se gestionen de forma transparente, sin fines político-electorales.

V. La proponente refiere que el problema se hace más evidente en los programas donde confluyen recursos de los tres órdenes de gobierno, pues en los convenios de coordinación o concertación que firman los gobiernos sólo se establece que su ejecución se sujetará a lo que dicten las reglas de operación respectivas; sin hacer referencia alguna a su publicidad y difusión, de manera que no se respeta la imagen, logotipo, información relacionada con dichos programas. En los últimos años se ha vuelto práctica común modificar la identidad gráfica de los programas para hacerlos acordes con los colores institucionales de las administraciones gubernamentales en turno.

VI. Por lo expuesto, la diputada proponente manifiesta que su iniciativa pretende contribuir al uso adecuado de los recursos públicos dirigidos a los que más lo necesitan. Busca salvaguardar los nobles fines del desarrollo social y cerrar el paso a la delincuencia electoral. La adición que se propone incorporar en el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social pretende que los distintos ámbitos de gobierno respeten la imagen, el logotipo y todo lo relacionado con la publicidad con que se reconocen los programas sociales, de manera que éstos no sean usados con fines publicitarios de promoción personal o políticos por los funcionarios de gobierno y que no se modifiquen por ninguna circunstancia. Esta disposición se incluirá en los convenios que se celebren entre los ámbitos de gobierno, y los de éstos con organizaciones civiles y privadas para la instauración de dichos programas.

Consideraciones de la comisión dictaminadora

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 41, Apartado C, establece claramente que “durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones de lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”. En el Apartado D se expresa que “las infracciones de lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el Instituto Federal Electoral mediante procedimientos expeditos”.

II. Por su parte, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 2, establece claramente que “durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y hasta la conclusión de la jornada comicial deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones de lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.

III. La Ley General de Desarrollo Social, en el artículo 28, establece que la publicidad y la información relativas a los programas de desarrollo social deberán identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la ley correspondiente e incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”. De igual forma, el reglamento de dicha ley señala en el artículo 57 que “el gobierno federal deberá difundir e informar a la sociedad sobre las reglas y los lineamientos de las políticas, los programas y las acciones de desarrollo social, así como el monto presupuestal asignado para las mismas”. De esa manera queda establecido el precepto de publicidad de los programas sociales a través de los medios de comunicación. Así, esta leyenda que establece la ley mencionada no refleja una clara intención del gobierno federal de manifestar que ellos asignan los recursos de los programas sociales.

IV. Asimismo, el artículo 20 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 señala en la fracción V que la publicidad que adquieran las dependencias y las entidades para difundir sus programas deberá incluir, claramente visible y audible, la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En los casos de los programas de desarrollo social únicamente deberá incluirse la leyenda establecida en el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social. Para lo anterior, deberán considerarse las características de cada medio. En ningún caso los partidos políticos podrán emplear o referir estos programas en su propaganda”.

De igual forma, en el artículo 30 se señala que la papelería y documentación oficial para los programas deberán incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. Sólo en el caso del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades únicamente se incluirá la leyenda que se señala en el artículo 33 de este decreto. Por ello, en el artículo 33, relativo al programa Oportunidades, se establece que “el condicionamiento electoral o político de los programas sociales constituye un delito federal que se sanciona de acuerdo con las leyes correspondientes. Ningún servidor público puede utilizar su puesto o sus recursos para promover el voto a favor o en contra de algún partido o candidato. El programa Oportunidades es de carácter público y su otorgamiento o continuidad no dependen de partidos políticos o candidatos; los partidos políticos no podrán utilizar o referir este programa en su propaganda”.

V. Por otro lado, todos los programas de desarrollo social adscritos a la Secretaría de Desarrollo Social y a sus organismos desconcentrados cuentan con propaganda y difusión de sus acciones con la leyenda que establece la Ley General de Desarrollo Social y lo establecido en el decreto de Presupuesto de Egresos de 2011. Por ello en ningún caso se hace alusión a algún gobierno en específico o a algún Poder de la Unión en particular. Es decir, la propuesta de explicitar claramente en la leyenda de los programas sociales y en las obras públicas federales que los recursos para dichas acciones han sido aprobados por la Cámara de Diputados resulta inviable, ya que contraviene la imparcialidad que debe regular la propaganda de los programas sociales. Además, está implícita y explícitamente (en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) reconocido que es una obligación de los legisladores (en este caso, los diputados federales) la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y, por ende, el destino de los recursos para cada dependencia y programa social, sin que ello minimice la importancia del accionar de la Cámara de Diputados en su conjunto.

VI. Conforme a los argumentos expuestos, y una vez analizadas y discutidas las iniciativas, el pleno de la Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados determinó en sesión ordinaria de fecha 7 de septiembre del año en curso desechar las iniciativas con proyecto de decreto presentadas por los diputados Luis Enrique Benítez Ojeda, Ana Yurixi Leyva Piñón y Beatriz Collado Lara.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las consideraciones realizadas, la Comisión de Desarrollo Social presenta los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desechan las siguientes iniciativas:

1. Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 14 de febrero de 2008;

2. Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 14 de febrero de 2008; y

3. Que adiciona un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por la diputada Beatriz Collado Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 4 de junio de 2008.

Segundo. Archívense los presentes asuntos como total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2011.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico, Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica).»

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 10 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 3o., 31 y 41 de la Ley General de Desarrollo Social

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157 numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

La Mesa Directiva de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio DGPL 60-II-1-1572 de fecha 27 de mayo de 2009, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para su estudio y dictamen, el expediente número 3856, que contiene una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados; y los artículos 3, 31 y 41 de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por la diputada Ana Elisa Pérez Bolaños, durante la sesión de la misma fecha.

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fue instalada el 6 de octubre de 2009 y recibió como parte de los asuntos pendientes por dictaminar la iniciativa referida.

Con estos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la iniciativa con proyecto de decreto referida, a fin de valorar su contenido, deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta.

Contenido de la iniciativa

En la exposición de motivos de la iniciativa en comento, se señala que en el país se considera políticamente válido que los gobernantes en turno autoricen como parte del proceso de conservación y mantenimiento de los edificios públicos, pintarlos con alguno o todos los colores de su partido político, y no existe disposición legal que lo prohíba expresamente a pesar de que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos norma tal actividad

En la iniciativa se considera que las obras públicas, no deben considerarse una extensión del patrimonio de los partidos políticos en el poder, y mucho menos los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler cualquier edificación.

Derivado de la propuesta anterior, la iniciativa pretende considerar como actos de propaganda de cualquier servidor público, a la orden o consentimiento de ejecución de un acto que implique pintar los edificios públicos con colores alusivos al partido político que pertenece o con aquellos con los que se identifica a los partidos políticos con registro. De igual forma, la autorización de programas sociales de mejora de la imagen en las fachadas de viviendas particulares que utilicen colores o símbolos que directa o indirectamente se vinculen con los partidos políticos.

En materia de obras públicas la iniciativa propone adicionar dos párrafos al artículo 10 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, para establecer como prohibición expresa la utilización de colores o símbolos que directa o indirectamente se vinculen con partidos políticos en la ejecución, mantenimiento y diseño de obras públicas.

Del mismo modo, la iniciativa presentada por la diputada Pérez Bolaños propone reformar y adicionar los artículos 3, 31 y 41 de la Ley General de Desarrollo Social, con el objeto de incorporar el concepto de imparcialidad y su definición como uno de los principios que rigen la política de desarrollo social en México, con el objeto de que en todo momento, los funcionarios públicos tengan la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, y establecer la prohibición de utilizar colores que directa o indirectamente se vinculen con los partidos políticos para no influir en la equidad de las contiendas electorales federales, estatales y municipales.

Consideraciones de la comisión dictaminadora

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 41 apartado C establece claramente que “Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. En el apartado D se expresa que “Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el Instituto Federal Electoral mediante procedimientos expeditos”.

II. Por su parte, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en el artículo 2 establece claramente que “Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.

III. La Ley General de Desarrollo Social en su artículo 28 establece que la publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberán identificarse con el escudo nacional en los términos que establece la ley correspondiente e incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”. De igual forma, el reglamento de dicha ley señala en el artículo 57 que “El gobierno federal deberá difundir e informar a la sociedad sobre las reglas y lineamientos de las políticas, programas y acciones de desarrollo social, así como el monto presupuestal asignado para las mismas”. De esta manera queda estipulado el precepto de publicidad de los programas sociales a través de los medios de comunicación. Así, esta leyenda que estipula la ley mencionada no refleja una clara intención del gobierno federal de manifestar que son ellos los que asignan los recursos de los programas sociales.

IV. Asimismo, el artículo 20 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 señala en su fracción V que la publicidad que adquieran las dependencias y entidades para la difusión de sus programas deberá incluir, claramente visible y audible, la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. En los casos de los programas de desarrollo social únicamente deberá incluirse la leyenda establecida en el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social. Para lo anterior, deberán considerarse las características de cada medio. En ningún caso los partidos políticos podrán emplear o referir estos programas en su propaganda”.

V. De igual forma, en el artículo 30 se señala que la papelería y documentación oficial para los programas deberán incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. Solamente en el caso del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, únicamente se incluirá la leyenda que se señala en el artículo 33 de este decreto. Por ello, en el artículo 33, relativo al programa Oportunidades, se establece que “El condicionamiento electoral o político de los programas sociales constituye un delito federal que se sanciona de acuerdo con las leyes correspondientes. Ningún servidor público puede utilizar su puesto o sus recursos para promover el voto a favor o en contra de algún partido o candidato. El programa Oportunidades es de carácter público y su otorgamiento o continuidad no depende de partidos políticos o candidatos; los partidos políticos no podrán utilizar o referir este programa en su propaganda”.

VI. Bajo los argumentos expuestos, y una vez analizada y discutida la iniciativa en análisis, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó en sesión ordinaria de fecha 7 de septiembre del año en curso, no se encuentra motivación suficiente para aprobar la iniciativa con proyecto de decreto en comento.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las consideraciones realizadas, esta Comisión de Desarrollo Social presenta al pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados; y los artículos 3, 31 y 41 de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por la diputada Ana Elisa Pérez Bolaños, el día 27 de mayo de 2009.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2011.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico, Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Margarita Suárez González(rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:En votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias, diputados. Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. Se informa a la asamblea que en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes con punto de acuerdo que a continuación se discutirán. Proceda la Secretaría a dar lectura a los encabezados de los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo relativos al estero El Salado, y los arroyos El Contentillo y La Virgen, de Puerto Vallarta, Jalisco

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Recursos Hidráulicos de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión les fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, así como a las autoridades locales del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para que ante el riesgo recurrente de inundación de la delegación de El Pitillal, otorguen las condiciones necesarias de seguridad a la población que habita la localidad y preserven el estero El Salado, garantizando el flujo de agua dulce de los arroyos El Contentillo y La Virgen, presentada por el diputado Juan José Cuevas García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por en artículos 39 numeral 1, 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4, y 174, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:

I. Antecedentes

Primero. El 15 de diciembre del 2009, el diputado Juan José Cuevas García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Comisión Nacional del Agua, así como a las autoridades locales del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para que ante el riesgo recurrente de inundación de la delegación de El Pitillal, otorguen las condiciones necesarias de seguridad a la población que habita la localidad y preserven el estero El Salado, garantizando el flujo de agua dulce de los arroyos El Contentillo y La Virgen.

Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

II. Consideraciones

El presente dictamen tiene por objeto atender la solicitud del diputado Juan José Cuevas García, quien manifiesta en su punto de acuerdo que el crecimiento demográfico de la ciudad de Puerto Vallarta ha provocado la ocupación de áreas no susceptibles de ser habitadas como la de El Pitillal, que anteriormente formaba parte del estero El Salado.

En ese sentido, el hecho de haber modificado la vocación del suelo no sólo produce un impacto ambiental considerable, sino que además pone en condición de riesgo a la población, misma que ya se ha visto afectada en otras ocasiones.

En virtud de lo anterior el diputado promovente sugiere los siguientes resolutivos:

Primero. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que determine las condiciones y lleve a cabo las medidas necesarias para garantizar el flujo de agua dulce al estero de El Salado mediante los canales y humedales disponibles en el área, dando continuidad al desarrollo de las especies de la Bahía de Banderas, toda vez que dicho vaso lacustre ha sido afectado por la falta de una adecuada planeación urbana.

Segundo. Se hace un exhorto al Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, para que lleve a cabo estudios relacionados a los riesgos posibles que enfrenta la población cercana a los arroyos La Virgen y El Contentillo, teniendo como resultado un sustento técnico que permita la realización de obras públicas orientadas a evitar pérdidas humanas.

Tercero. Se exhorta a las autoridades locales de Puerto Vallarta para que evalúen la permanencia de construcciones existentes en los márgenes y sobre los arroyos La Virgen y El Contentillo, y nieguen la autorización de obras y fraccionamientos que afecten la sustentabilidad del estero El Salado y pongan en peligro la vida de seres humanos.

En atención a dicha solicitud las Comisiones Legislativas que elaboran el presente Dictamen proceden a iniciar su análisis.

En 1975 la zona conocida como Pitillal, ubicada en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, fue elevada a la categoría de delegación municipal, atendiendo a su crecimiento y desarrollo ocasionado por su cercanía con la cabecera municipal y a la influencia del turismo que en los últimos años ha alcanzado la ciudad de Puerto Vallarta.

Actualmente en Pitillal viven más de 150,000 habitantes, lo que ha ocasionado el incremento de la mancha urbana hacia la zona en la que se localiza el estero El Salado y muy cerca de los arroyos de La Virgen y El Contentillo.

El estero El Salado que fue decretado como área natural protegida estatal en la categoría de zona conservación ecológica, comprende una superficie de 168-96-50 hectáreas, de las cuales aproximadamente 135 hectáreas corresponden a vegetación de manglar y marismas; el resto se conforma por dos remanentes de selva mediana subcaducifolia bordeada por sucesiones de elementos de vegetación acuática y subacuática, bosque espinoso y vegetación secundaria. La región del estero El Salado, representa una de las 17 cuencas de drenaje del municipio con superficie de cuenca de 3,423 hectáreas y volumen medio escurrido de 17,865.59 miles de metros cúbicos.

Se considera un estero urbano, ya que está rodeado completamente por la mancha urbana del puerto. Se conecta al océano por una boca permanente que fue modificada durante los años sesenta y ochenta para la conformación de la dársena portuaria y la marina de yates.

Atendiendo a las características del estero y a su cercanía con la zona del Pitillal, el diputado promovente del punto de acuerdo objeto del presente dictamen considera procedente dirigir un respetuoso exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que realice un análisis de las condiciones en las que prevalece el estero El Salado, así como para que inicie las medidas necesarias para garantizar el flujo de agua en ese espacio que sirve como cuenca de drenaje y que permite la preservación de diversas especies en la zona.

En ese sentido, las Comisiones Legislativas que elaboran el presente Dictamen consideran procedente dirigir un respetuoso exhorto a la Semarnat para que, atendiendo a la distribución de competencias establecida en el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, realice un análisis de las condiciones en las que prevalece el estero El Salado así como de las labores de conservación, protección y vigilancia de esa área natural protegida estatal.

El artículo 32 bis a la letra señala:

Artículo 32 Bis. A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable;

VII. Organizar y administrar áreas naturales protegidas, y supervisar las labores de conservación, protección y vigilancia de dichas áreas cuando su administración recaiga en gobiernos estatales y municipales o en personas físicas o morales;

XIII. Fomentar y realizar programas de restauración ecológica, con la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales, en coordinación, en su caso, con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y demás dependencias y entidades de la administración pública federal;

En segunda instancia el diputado promovente considera procedente dirigir un exhorto al Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, para que lleve a cabo estudios relacionados a los riesgos posibles que enfrenta la población cercana a los arroyos La Virgen y El Contentillo, teniendo como resultado un sustento técnico que permita la realización de obras públicas orientadas a evitar pérdidas humanas.

Al respecto es preciso señalar que la cercanía de las zonas urbanas con ríos y arroyos representa un riesgo inminente para la población en temporada de lluvia. Ese es el caso de las colonias Jardines, Portales, Arboledas, Villas del Mar, Jardines del Puerto, Villas del Puerto, Arboledas y Agua Zarca ubicadas en la Delegación de Pitillal, en el municipio de Puerto Vallarta, las cuales se encuentran localizadas a la orilla de los arroyos La Virgen y El Contentillo y que fueron afectados por las lluvias del pasado 05 de julio de 2009.

En ese contexto, resulta procedente exhortar a la Comisión Nacional del Agua informe a esta Soberanía, el estado que guardan dichos arroyos a partir de las lluvias de julio del año 2009 así como acciones que se podrían emprender con el objeto de obtener elementos técnicos para instrumentar obras y políticas públicas que garanticen la integridad física de los habitantes que se encuentran asentados a las orillas de esos arroyos.

Finalmente, el diputado promovente solicita que se realice un respetuoso exhorto al gobierno municipal de Puerto Vallarta para que evalúe la permanencia de construcciones existentes en los márgenes y sobre los arroyos La Virgen y El Contentillo, asimismo, nieguen la autorización de obras y fraccionamientos que afecten la sustentabilidad del estero El Salado y pongan en peligro la vida de seres humanos.

En ese sentido, es oportuno señalar que el crecimiento poblacional y la demanda de diversos servicios produce también la demanda de espacios físicos para atender las necesidades de vivienda, alimentación e incluso de recreación, constituyéndose los humedales en espacios atractivos para el desarrollo de actividades como la agricultura o bien, para la construcción de viviendas o centros comerciales.

Así, el crecimiento urbano ha ocasionado asentamientos irregulares y asentamientos legales en zonas de alto riesgo como los asentamientos autorizados a las orillas de manglares, ríos o arroyos que en temporada de lluvia elevan sus niveles hasta el desbordamiento.

Sin duda, esos hechos producen un impacto ambiental considerable reduciendo los espacios verdes y los servicios ambientales que éstos otorgan y, de forma paralela coloca en una situación vulnerable a las personas ahí asentadas.

En ese contexto, resulta procedente dirigir una respetuosa solicitud al gobierno municipal de Puerto Vallarta para que realice la evaluación de riesgo para determinar la pertinencia de que continúen los asentamientos ubicados a las orillas de los arroyos La Virgen y El Contentillo o bien, sean reubicadas.

Por las consideraciones expuestas los integrantes de estas Comisiones Unidas nos permitimos someter a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice un análisis de las condiciones en que prevalece el estero El Salado, así como de las labores de conservación, protección y vigilancia que se realizan en esa área natural protegida estatal, e informe a esta soberanía sobre ello.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que realice los estudios técnicos necesarios que permitan determinar qué tipo de obras públicas pueden diseñarse para garantizar la integridad física de los habitantes que se encuentran asentados de forma legal a las orillas de los arroyos La Virgen y El Contentillo.

Tercero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al gobierno municipal de Puerto Vallarta que realice la evaluación de riesgo que permita determinar la pertinencia de que continúen los asentamientos establecidos a las orillas de los arroyos La Virgen y El Contentillo, o bien, que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes viven en esos asentamientos.

Notas:

1 Gobierno municipal de Puerto Vallarta. Disponible en http://www. puertovallarta.gob.mx/contenido/gobierno/delegaciones/

2 Información proporcionada vía telefónica por la delegación El Pitillal.

3 El estero es definido como la parte marina de un sistema de drenaje continental en el cual se mezclan el agua dulce con la salina, estos espacios físicos reciben aportes sedimentarios tanto de tierra como del mar y sufren la acción de las mareas y de las olas, en función de la importancia relativa de cada una de ellas es posible clasificarlos como dominados por el oleaje o por la marea.

Rivera Arriaga, Evelia, et. al., El manejo costero en México. Semarnat. Página 240.

4 Decreto número 18431, Periódico Oficial del Estado de Jalisco, 8 de julio de 2000. Disponible en http://www.esterodelsalado.org/ decreto.html

5 En aguas navegables, parte resguardada artificialmente para surgidero o para la cómoda carga y descarga de embarcaciones. Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición. Disponible en http://www.wordreference.com/es/en/frames.asp?es=dársena

6 Estero El Salado. Disponible en http://www.esterodelsalado.org/ quees.html

7 Gómez Pastén, Guillermo, Centro virtual de información del agua. Disponible en http://www.agua.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=863 9:pesima-planeacion-provoco-las-inundaciones-de-puerto-vallarta&catid=61&Itemid=89

Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados el día 23 de marzo de 2011.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas, Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, José Manuel Hinojosa Pérez, Leoncio Morán Sánchez (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica).

La Comisión de Recursos Hidráulicos, diputados:Óscar Javier Lara Aréchiga (rúbrica), presidente; Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Silvia Isabel Monge Villalobos (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Guillermo Cueva Sada (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villlalva, Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), José Manuel Marroquín Toledo (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), secretarios; Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Héctor Franco López, Jorge Rojo García de Alba, Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Fausto Sergio Saldaña del Moral (rúbrica), Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, José Antonio Aysa Bernat, Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Rolando Zubía Rivera (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade, Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Ramón Merino Loo (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo, Domingo Rodríguez Martell (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Laura Viviana Agundiz Pérez (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros.»

ESTADO DE OAXACA

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de la Comisión Nacional del Agua; y del Sistema Nacional de Protección Civil a atender el problema de azolve de la bocabarra de Cerro Hermoso, Oaxaca, e informar sobre ello

Honorable Asamblea

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y del Sistema Nacional de Protección Civil, atiendan las resoluciones emitidas por esta soberanía y de manera inmediata den solución al problema de desazolvamiento de la boca barra de Cerro Hermoso.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes

I. Antecedentes

Primero. El 27 de abril del 2010, el diputado José Antonio Yglesias Arreola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Sistema Nacional de Protección Civil, para que atiendan las resoluciones emitidas por esta soberanía y de manera inmediata den solución al problema de desazolvamiento de la boca barra de Cerro Hermoso.

Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El diputado promovente, solicita en su punto de acuerdo lo siguiente:

Único. Se exhorta a los titulares de las dependencias federales: Sagarpa, Conagua, Semarnat y del Sistema de Protección Civil para que atiendan las resoluciones emitidas por ésta soberanía y de manera inmediata solucionen el problema de azolvamiento de la boca barra de Cerro Hermoso.

El diputado promovente menciona la importancia del sistema lagunar Chacahua-La Pastoría y su población de manglares. Especifica que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad publicó múltiples investigaciones sobre los sitios de humedales con relevancia biológica y necesidades de rehabilitación ecológica, en los cuales se encuentra el sistema lagunar Chacahua-La Pastoría. Esas especificaciones técnicas demuestran que funciona como corredor biológico entre los sistemas lagunares Manialtepec, Lagartero y Corralero, en el estado de Oaxaca.

Esta zona es un ecosistema único que alberga ilimitada biodiversidad que lo hace una de las cinco unidades ecológicas más productivas del mundo. Desempeña tareas importantes que permiten el equilibrio natural sobre el control de inundaciones, estabiliza la línea costera para evitar erosión, filtra sedimentos y sustancias tóxicas, purifica el agua que llega al mar, desaliniza el agua que ingresa a tierra firme; produce y aporta materia orgánica y biomasa al medio marino; protege contra tormentas y vientos estabilizando su microclima.

Asimismo, el legislador promovente expresó que las actuales condiciones del sistema lagunar Chacahua-La Pastoría, se diferencian mucho de las que permitían antes del azolvamiento de la bocabarra de Cerro Hermoso, el  equilibrio que se tenía hasta antes del espigón que se construyó en la parte norte de Cerro Hermoso; obra con la que se pretendía preservar la circulación y buena calidad del agua, lo que no funcionó ya que para su operación se requería periódicamente de dragarlo.

A pesar de esta experiencia, explica el diputado promovente, que hace seis años se iniciaron obras para instalar escolleras, que permitirán resguardar la construcción de un espigón para hacer eficiente el flujo hidráulico y conseguir adecuada concentración de sales de oxígeno. Pero, más allá de obtener los beneficios esperados, la obra modificó la velocidad de la corriente litoral, lo que propició el aumento del volumen de sedimento, reduciendo el vaso lagunar y azolvando la bocabarra, impidiendo el flujo de agua entre el mar y la laguna, ocasionando alteraciones en el hábitat de las comunidades biológicas, así como asimismo la reducción del caudal de agua dulce y cierre permanente de la bocabarra.

Por la importancia y el tipo de ecosistemas de esta región, ya que son muy frágiles, el diputado promovente, manifiesta su preocupación por la región de Cerro Hermoso, por lo que menciona que se han realizado múltiples reuniones de trabajo con dependencias federales, como son: Sagarpa, Conagua, Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Profeco, sin obtener hasta el momento resultados.

Por ello, la inquietud del legislador promovente, dada la magnitud del problema, y los pobres resultados, la Tercera Comisión de la Comisión Permanente emitió, el 17 de mayo de 2009, un resolutivo donde se exhorta al titular del Ejecutivo federal que se sirva instruir al titular de la Semarnat, a que realice acciones urgentes para el rescate del ecosistema del sistema lagunar de Chacahua-La Pastoría y su población de manglares, en las costas del estado de Oaxaca; así como que se tomen las medidas pertinentes a efecto de destinar los recursos necesarios para el desazolve.

De lo anterior, estas Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Recursos Hidráulicos, coinciden con las consideraciones expuestas del diputado promovente, y parte al análisis técnico jurídico siguiente:

Es cierto que “los sistemas lagunares son de gran importancia, ya que presentan una alta tasa de producción primaria y secundaria, además de ser una zona de protección, reproducción, crecimiento y alimentación para una gran cantidad de especies marinas, estuarinas y dulceacuícolas”, tal y como se describen en los ecosistemas de la Laguna Chacahua-La Pastoría.

El Parque Nacional de Chacahua, se encuentra ubicado en la zona costera del municipio de San Pedro y Tuxtepec, en Oaxaca, a una hora de Puerto Escondido, cuenta con una extensión de 14 mil 187 hectáreas, y está formada por tres cuerpos de agua Chacahua, Pastoría y Salinas.

El clima de la zona es cálido sub-húmedo, y las temperaturas oscilan entre los 14° y los 28° centígrados; la vegetación del lugar es principalmente de bosque tropical en las montañas; manglares y vegetación característica de dunas costeras en el litoral del área. Entre las especies animales que existen en el lugar, podemos referir a las tortugas marinas como la golfina (Lepidochelys olivacea) y la conocida como laúd (Dermochelys corlacea), tortugas que desovan en las playas del lugar; así mismo, podemos encontrar a la iguana verde; aves migratorias y residentes

Cerro Hermoso está situado en el estado de Oaxaca, a 10 metros de altitud.

“El complejo lagunar Chacahua-La Pastoría se ubica dentro del Parque Nacional de Chacahua, Oaxaca, y se localiza entre los 15° 57’ y los 16° 01’ de latitud norte y los 97° 46’ y los 97° 33’ de longitud oeste; La laguna La Pastoría es la más grande, tiene una superficie de 1000 hectáreas, aproximadamente, y presenta comunicación permanente con el mar en su parte oriental. Ambas lagunas están comunicadas por un canal denominado “El Corral”, con orientación oeste-este y una longitud de tres kilómetros. El aporte de agua marina hacia La Pastoría permite que este sistema tenga un flujo continuo a todo lo largo de la laguna.”

Como se ha descrito, el litoral Oaxaqueño, cuenta con importantes sistemas lagunares entre los que se destaca el sistema lagunar de Chacahua-Pastoría, que se ubica en la costa sur del estado de Oaxaca. Asimismo, el Parque Nacional “Lagunas de Chacahua”, el cual ha presentado un deterioro constante de sus ecosistemas como resultado del cierre total de su bocabarra a partir de 1985.

Por la importancia de los ecosistemas que presentan los sistemas lagunares, las que esto dictaminan consideran viable la propuesta del Legislador promovente, referente a exhortar a diversas dependencias del Ejecutivo Federal, para que atiendan las resoluciones emitidas el día 27 de mayo del 2009, por la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, y den solución al problema de azolvamiento de la bocabarra de Cerro Hermoso.

Lo anterior con fundamento en el artículo 5° de la Ley General de Equilibrio Ecológico y  la Protección al Ambiente.

“Artículo 5o.- Son facultades de la Federación:

(...)

III.- La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico en el territorio nacional o en las zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de la nación, originados en el territorio o zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de otros Estados, o en zonas que estén más allá de la jurisdicción de cualquier Estado;”

Así como de la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar7.

Dicha norma manifiesta que:

Es urgente instrumentar medidas y programas que protejan la integridad de los humedales costeras, protegiendo y, en su caso, restaurando sus funciones hidrológicas, de contigüidad, de mantenimiento de la biodiversidad, y de estabilización costera, con medidas que restablezcan su cobertura vegetal y flujo hidrológico evitando su deterioro por el cambio de uso de suelo, canalización indiscriminada, apertura de bocas en lagunas y esteros, e interrupción o desvío de agua dulce o circulación en el humedal costero que incremente el azolvamiento, el aumento en la salinidad, la reducción de la productividad, la pérdida de hábitat de reproducción y crianza de larvas de especies marinas, y el azolvamiento.

Además de manejar especificaciones, como:

4.6 Se debe evitar la degradación de los humedales costeros por contaminación y azolvamiento.

Partiendo de estas premisas jurídicas, estas dictaminadoras consideran viable, por la importancia de los sistemas lagunares de México, que la SAGARPA, SEMARNAT, CONAGUA y PROFEPA, envíen a este Órgano Legislativo información referente a la situación actual sobre los problemas de azolvamiento de la bocabarra de Cerro Hermoso; atender las resoluciones emitidas por la Tercera Comisión de la Comisión Permanente; así como las soluciones y/o resoluciones que emitieron relativas a la Laguna Chacahua-La Pastoría.

Por las consideraciones expuestas los integrantes de esta Comisión nos permitimos someter a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.  La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, solicita a los Titulares de SAGARPA, SEMARNAT, CONAGUA y PROFEPA, así como del Sistema Nacional de Protección Civil, atiendan las resoluciones emitidas el día 27 de mayo del 2009 por la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.

Segundo. Asimismo, esta Soberanía solicita a las autoridades ya señaladas den inmediata solución al problema de azolvamiento de la bocabarra de Cerro Hermoso.

Notas:

1 UNAM, Distribución y abundamiento del zooplancton del complejo lagunar Chacahua-La Pastoría, Oaxaca, México, p. 63 ddisponible en: http://www.ejournal.unam.mx/bio/BIOD76-01/BIOD760110.pdf

2 Registro de escenarios naturales de América Latina. Disponible en: http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_prodigios_07/Los%2 0faltantes%20o-2006/chacahua.htm

3 Información disponible en: http://mexico.pueblosamerica.com/i/cerro-hermoso/

4 Ob. Cit.Pp. 68 y 69.

5 Decretada el 9 de julio de 1937, con una superficie de 14,187 has, en el Municipio de San Pedro Tututepec, Oaxaca, con una biodiversidad de selva mediana perennifolia y baja caducifolia, manglar y vegetación de dunas costeras, información disponible en: http://www.conanp. gob.mx/que_hacemos/parques_nacionales.php

6 SISTEMA LAGUNAR CHACAHUA-PASTORIA,investigacion. izt.uam.mx/ocl/OAXACA/Chacahua.doc

7 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003.

8 Disponible en:http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vig entes /NOM-022-SEMARNAT-2003.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 22 días del mes de marzo del año 2011.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, diputados:Óscar Javier Lara Aréchiga (rúbrica), presidente; Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Silvia Isabel Monge Villalobos (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Guillermo Cueva Sada (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), José Manuel Marroquín Toledo (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), secretarios; Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Héctor Franco López, Jorge Rojo García de Alba, Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Fausto Sergio Saldaña del Moral (rúbrica), Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, José Antonio Aysa Bernat, Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Rolando Zubia Rivera (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade, Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Ramón Merino Loo (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo, Domingo Rodríguez Martell (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Laura Viviana Agundiz Pérez (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Francisco Alejandro Moreno Merino, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade, Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica).»

INDUSTRIA DE CUERO-CALZADO-PROVEEDURIA-COMERCIALIZACION

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo para apoyar y preservar la industria nacional de cuero-calzado-proveeduría-comercialización en México

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 de su Reglamento fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo para apoyar y preservar la industria nacional de cuero-calzado-proveeduría-comercialización en México, presentada por la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 6 de septiembre de 2011.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 66, 68, 157 y 158, inciso 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo referida, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 6 de septiembre de 2011, sus secretarios dieron cuenta al pleno de esta soberanía del punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero. La legisladora propone en resumen lo siguiente:

Exposición de Motivos

La industria del cuero-calzado-proveeduría-comercialización en México es una de las más tradicionales del país, con más de 400 años de ejercer la actividad. Es un sector productivo que ha sorteado las diferentes crisis económicas y la política de apertura comercial internacional que se ha establecido en México.

Esta cadena industrial ha estado trabajando intensamente en impulsar la competitividad a través de programas como su Centro de Innovación y Competitividad (Prospecta), que ha sido un acelerador para el desarrollo de las empresas guanajuatenses. Asimismo, con programas como Mexican Shoes Quality, Prospectamoda, y el Centro de Valor Empresarial de México se fortalecen las capacidades del capital humano de esta industria.

Desde 2009, los resultados del trabajo de los industriales han sido muy buenos, pese a la crisis financiera internacional. Muestra de ello es que en 2010 lograron un incremento del empleo en Guanajuato de 14 por ciento, aumento en las exportaciones con 24 por ciento en 2009 y 30 por ciento en 2010 y el incremento en la producción de 8 por ciento el año pasado, cuando el de la media nacional fue de 5.5.

El sector del calzado en México es vital para la economía de Guanajuato, tanto por su importancia en la participación del producto interno bruto (PIB) estatal, de 16 por ciento, como por el efecto que puede originar en otros sectores de la economía, por su generación de divisas vía exportaciones y por los más de 260 mil empleos directos e indirectos que genera en nuestro estado.

En 2009, a escala nacional se contabilizaban 11 mil 538 empresas que se dedican a la producción cuero-calzado-proveeduría, de las cuales 7 mil 981 se encuentran en Guanajuato, donde se genera 70 por ciento de la producción nacional de calzado; específicamente en León, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón.

Sin embargo, hoy la industria del cuero-calzado-proveeduría-comercialización en México se ve amenazada por las documentadas prácticas de comercio desleal llevadas a cabo por naciones como China.

El manejo de no mercado que lleva a cabo el gobierno chino sobre su economía ha provocado que México registre un nivel de importaciones de China 10 veces superior al nivel de exportaciones de México hacia dicha nación asiática. Tan sólo en 2010, México exportó a China mercancías por 4 mil 198 millones de dólares, pero las importó por 45 mil 607 millones de dólares. Lo anterior implicó que el déficit comercial de México con China alcanzara 41 mil millones de dólares ese año, en perjuicio de la planta productiva y el empleo mexicanos.

Hoy día, China exporta a México 11 veces el volumen que México exporta a China, lo que muestra las asimetrías de acceso existentes entre ambos mercados, y evidencia que el terreno de competencia económica entre ambas naciones no está parejo por las prácticas de no mercado llevadas a cabo por el gobierno chino.

Actualmente, la cadena cuero-calzado-proveeduría-comercialización transita por una etapa sumamente difícil, debido a diferentes factores y políticas. Aspectos como la desgravación arancelaria, medida unilateral impuesta desde 2008, la subvaluación del calzado y la terminación de las medidas de transición contra China el 11 de diciembre de este 2011 ocasionarán la pérdida de más de 700 empresas y más de 35 mil empleos en los primeros meses de 2012 si no se toman las medidas correctas por las autoridades correspondientes del gobierno federal.

A continuación se explica la problemática mencionada líneas arriba:

Desgravación arancelaria unilateral

El 24 de diciembre de 2008, la Secretaría de Economía determinó unilateralmente disminuir los aranceles aplicados a las importaciones de productos manufacturados. Se establecieron diversos niveles de desgravación (alta, media y baja) atendiendo a la sensibilidad de cada producto en las fracciones arancelarias, y estos niveles consideran diferentes tasas arancelarias y plazos de desgravación que inician en 2009 y terminan en 2013.

Esta desgravación afectó de manera desigual a la industria del calzado, la tabla 1 presenta los niveles de desgravación, los aranceles aplicables según el programa de desgravación y el número de fracciones arancelarias incluidas en cada nivel de protección. Este esquema se encuentra vigente.

Así, de acuerdo con el calendario de desgravación de 60 fracciones arancelarias, impuesto por el gobierno mexicano para el sector calzado (TIGIE, capítulo 64), en 2011 hay 7 fracciones arancelarias exentas del pago de arancel, 14 con arancel de 10 por ciento, 14 con arancel de 25 por ciento, y 24 con un arancel de 30 por ciento. Para 2013 habrá 7 fracciones exentas, 14 con arancel de 10 por ciento y 38 con arancel de 20 por ciento.

Esta estrategia de disminución unilateral de aranceles, en práctica desde 2008, ya ha causado problemas a la planta productiva nacional y el mercado interno.

En este contexto, la desgravación arancelaria ha ocasionado el cierre de empresas, y no se ha traducido en una ventaja para los consumidores finales. Esto, porque los precios de importación con que entra el calzado en el país no se traducen en menores precios para los consumidores finales sino en mayores márgenes de utilidades para los comercializadores. Además, esta práctica ocasiona que los empleos se generen fuera del país.

Ante esta amenaza, el 4 de abril de 2011, la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) hizo entrega a la Secretaría de Economía de la solicitud formal para incrementar al nivel de 35 por ciento el arancel de solamente 17 fracciones arancelarias del capítulo 64 de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. La tabla 2 muestra el resumen de la solicitud realizada por la CICEG.

Cabe señalar que la anterior selección de fracciones por revalorar se desprende, en uno de sus criterios, del hecho de que se busca que el máximo nivel arancelario se dé para las fracciones de lo que más producimos en el país, como se ilustra en la tabla 3.

La anterior tabla muestra que la CICEG está solicitando que la tasa arancelaria de 35 por ciento, que es la más alta permitida por la Organización Mundial de Comercio (OMC), aplique a las 17 fracciones arancelarias que representan 58.59 por ciento de la producción nacional de calzado. Con esta medida detendría una defensa de la industria que permitiría compensar los diferenciales que tiene México por los mayores costos de la energía, mano de obra, costo de la seguridad social y régimen tributario, entre otros.

La solicitud presentada por la CICEG a la Secretaría de Economía incorporaba las conclusiones de estudios especializados realizados a fin de conocer el efecto que tendría un alza de los aranceles en las 17 fracciones arancelarias seleccionadas. En este sentido, el documento establece que

“La reducción arancelaria a las importaciones de calzado traerá aparejada una reducción en la producción nacional de estas mercancías; sin embargo, no sólo impactará en este sector sino que su efecto se multiplica en toda la economía a través de la demanda intermedia que genera la producción de calzado.

”En este documento demostramos que el sector calzado se encuentra fuertemente integrado hacia atrás, lo que implica que una reducción en su producción impacta de manera muy importante a la economía en su conjunto.

”Específicamente, encontramos que se encuentra en 25 por ciento de los sectores económicos que tienen mayor impacto en términos de integración hacia atrás (demanda de materias primas y auxiliares), como generador de empleo directo e indirecto y como detonante del mercado interno. Asimismo, que su integración hacia adelante es muy reducida, por lo que no es un sector proveedor de otros sectores, por lo que una reducción de su precio no impacta en la productividad de otros sectores.

”De igual manera demostramos que es un sector que tiene baja integración hacia adelante, por lo que la supuesta baja del precio de las importaciones no mejora la competitividad de ningún sector.

”En estas condiciones debe ser considerado como un sector prioritario para la economía.”

Cabe señalar que la legislación mexicana establece que es facultad del Poder Ejecutivo establecer los aranceles a la importación en el marco de los acuerdos de la OMC; no obstante esto, y no importando la solidez de los argumentos que acompañaron a la solicitud de modificación arancelaria presentada por la CICEG, el 11 de julio la Dirección del Secretariado Técnico de la Comisión de Comercio Exterior de la Dirección General de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía dio respuesta negativa a la petición.

En función de todo lo anterior, y dados los argumentos esgrimidos, la CICEG sostuvo una reunión el 18 de julio con el doctor César Hernández Ochoa, director general de Comercio Exterior, para manifestarle su desa-cuerdo por el sentido y los argumentos empleados en la resolución.

Los acuerdos a que se llegó con el doctor Hernández Ochoa en la reunión fueron en el sentido de que revisarían nuevamente la solicitud. Se les manifestó que la intención de la CICEG es llegar a una decisión basada en un análisis riguroso y cuyos efectos sean benéficos para el país en su conjunto. Así, se han sentado las bases para una nueva respuesta por la Secretaría de Economía, la cual hasta ahora no se ha recibido.

Subvaluación en aduanas

La industria sufre un grave problema por la subvaluación del producto importado en las aduanas mexicanas. La subvaluación, además de dañar la industria nacional, implica en la práctica una defraudación fiscal y un engaño al gobierno mexicano porque se pagan menos impuestos, deteriora la industria con competencia desleal y afecta al consumidor final porque en ocasiones se permite la entrada de productos de baja calidad.

Para afrontar esta amenaza, la CICEG realizó el estudio de precios de insumos de calzado más completo que se haya realizado para el sector, obteniendo cotizaciones de más de 100 empresas a escala mundial.

El 30 de mayo, la CICEG sostuvo reunión con la Dirección General de Aduanas y se acordó que el primer paso en el sistema de precios de alerta es que se fijan precios considerando 50 por ciento del costo del corte, más la suela para 20 fracciones arancelarias. Así, se estableció el compromiso de la Secretaría de Economía de ajustar los precios según el comportamiento que brinde el monitoreo mensual. Todo esto, dentro del marco de la prueba piloto establecido y sujetándonos a este parámetro por el criterio de no afectar más de 10 por ciento del volumen del comercio.

Cabe señalar que si bien la CICEG no estuvo de acuerdo en lo bajo que se establecieron los precios de alerta, aceptó que se trataba del primer escalón para ir detectando los casos más flagrantes de subvaluación y siempre que el criterio fuera aumentando hasta llegar al valor real del calzado.

El 2 de junio, el director general de Comercio Exterior envió oficio a aduanas con la propuesta de precios de alerta acordada. Sin embargo, a la fecha no se ha puesto en práctica el sistema, y los industriales del calzado siguen en espera de que la Administración General de Aduanas lo implante. Mientras tanto, se puede observar cómo se permite que la importación ilegal de mercancías perjudique el empleo y la planta productiva nacionales.

Terminación del acuerdo México-China

Actualmente hay un acuerdo México-China, el cual recibió el nombre de “Medidas de Transición”. El acuerdo establece cuotas especiales impuestas por el país al calzado proveniente de China y éstas ascienden a 70 por ciento. Las cuotas están pactadas para llegar a su fin el 11 de diciembre de 2011. La CICEG considera que debe instaurarse alguna otra medida que les permita dar continuidad a la defensa de la industria en materia de comercio internacional para que, de esa forma, se puedan alcanzar las metas que se han fijado en materia de competitividad. De no ser así, y permitir la entrada de calzado chino sin alguna medida de remedio comercial para estos productos, se ponen en riesgo miles de empleos a escala nacional.

Y es que China es un país que no se conduce conforme a reglas de mercado y ha sido acusado y sancionado en múltiples ocasiones por la OMC por violar las reglas de un comercio internacional leal. En los últimos años, la OMC ha fallado contra China por mantener devoluciones del impuesto al valor agregado en diversos sectores de actividad, por realizar rebajas de impuestos injustas y subsidios, por violentar derechos de propiedad intelectual, por brindar subsidios a la exportación de marcas famosas y por establecer tarifas a la exportación de materias primas, entre otros.

De esta manera, se vuelve fundamental para salvaguardar el empleo y la producción poner un freno a estas prácticas de comercio desleal.

Para hacer frente a esta amenaza, la CICEG trabaja en la preparación de los estudios requeridos para solicitar legalmente a la Secretaría de Economía, a través de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, el inicio de una investigación sobre prácticas desleales de comercio internacional. Esto, a fin de que se consiga el establecimiento de cuotas compensatorias definitivas a la importación de calzado con esquema de dumping.

Cabe señalar que en la actualidad hay 32 fracciones arancelarias de calzado provenientes de China que no cuentan con medida de transición (un arancel de 0 por ciento) lo cual, sumado a lo expuesto, ha provocado un incremento de 487.55 por ciento en el volumen de pares y de 54.46 en el valor de las importaciones de calzado chino en el periodo 2008-2010, como se aprecia en la tabla 4.

Como se ve en la tabla 4, incluso en las fracciones arancelarias que sí cuentan con medida de transición se aprecia incremento en el volumen de importaciones (de 13.53 por ciento en el valor total entre 2008 y 2010). Esto se aprecia mejor en el detalle de la tabla 5.

Como se aprecia en dicha tabla, hay fracciones que cuentan con medida de transición y muestran incrementos importantes en la cantidad de pares importados en el periodo 2008-2010. La evolución en los primeros 6 meses de 2011 confirma que el incremento de pares importados y de volumen de importación continúa ocurriendo de forma cada vez más acelerada, lo que perjudica la planta productiva y el empleo locales.

En virtud de lo anterior, la CICEG ha solicitado formalmente a la doctora Lorenza Martínez Trigueros, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, que haya una nueva negociación con autoridades chinas para la implantación de nuevas medidas de remedio comercial que estén vigentes hasta 2016 (dado que en dicho año China debe haber concluida su transición hacia una economía de mercado).

El daño que estos tres problemas pueden ocasionar sin duda representaría un retroceso en el nivel de desarrollo económico municipal, que afectaría el empleo, la paz, las finanzas públicas del municipio y el estado, y la estabilidad económica y social generada en Guanajuato.

Los diputados de Guanajuato del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados someten a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Economía a negociar de inmediato con el gobierno de la República Popular de China el establecimiento de medidas de remedio comercial que brinden condiciones de legalidad y competencia leal a los fabricantes mexicanos. Esto, en virtud de que China sigue incumpliendo los acuerdos establecidos con la Organización Mundial de Comercio para dejar de realizar prácticas desleales comerciales, como los subsidios y descuentos en el pago de impuestos. Con base en esto, se propone que dichas medidas tengan una vigencia hasta 2016, considerando que China tiene ese plazo para cumplir ante la OMC las condiciones que permitan su operación como una economía de mercado.

Hacemos un llamado urgente y respetuoso al titular del Poder Ejecutivo federal, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, a atender desde la competencia de sus atribuciones, la defensa de esta cadena industrial, ya que está en riesgo la estabilidad económica y social de Guanajuato porque esta actividad es un soporte fundamental para su desarrollo.

Segundo. Exhortamos a la Secretaría de Economía federal a detener el proceso de desgravación arancelaria (iniciado en 2008) al capítulo 64 de calzado y restablecer la tasa de 35 por ciento, específicamente a las 17 fracciones arancelarias correspondientes al calzado que se produce en México, que representa el mayor porcentaje de producción y se relaciona con el mayor número de empleos de esta cadena. Esto, derivado de que los compromisos de la agenda de trabajo acordada entre la Secretaría de Economía y el sector industrial para 2009 no se han cumplido y porque es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo federal establecer las tasas arancelarias.

Tercero. Exhortamos a la Secretaría de Economía a restablecer de manera urgente el mecanismo de precios de referencia para evitar la subvaluación del calzado importado, y la correspondiente implantación del programa de peritos para la revisión de las importaciones, principalmente en las 8 aduanas mexicanas que concentran el mayor volumen de contenedores que ingresan en el país.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición de punto de acuerdo referida en el exordio del presente dictamen.

Segunda. Que con base en los antecedentes indicados por la diputada Norma Sánchez Romero, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas, se abocó de forma respetuosa y responsable a dictaminar la proposición con punto de acuerdo referida.

Tercera. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 25 lo siguiente:

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y el fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución...

Cuarta. Que el artículo 131 constitucional dispone lo siguiente:

Es facultad privativa de la federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aun prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la república de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia, pero sin que la misma federación pueda establecer ni dictar, en el Distrito Federal, los impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VII del artículo 117.

El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el Presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida.

Quinta. Que el artículo 1o. de la Ley de Comercio Exterior tiene como objeto regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional y propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional, defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población.

Sexta. Que la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Comercio Exterior, establece que es facultad de la Secretaría de Economía estudiar, proyectar, establecer y modificar medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación, la importación, la circulación y el tránsito de mercancías.

Séptima. Que el artículo 34, fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal atribuye a la Secretaría de Economía estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar los precios oficiales, escuchando la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; estudiar y determinar las restricciones para los artículos de importación y exportación, y participar con la mencionada secretaría en la fijación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos al comercio exterior.

Octava. Que el Plan Nacional de Desarrollo prevé que para elevar el potencial de crecimiento de la economía mexicana y su productividad es esencial continuar el proceso de apertura comercial. Sin embargo, en el eje “Democracia efectiva y política exterior responsable”, también dispone que es necesario salvaguardar la industria nacional y hacer de ella una economía más competitiva que brinde mejores condiciones para las inversiones y la creación de empleos.

Novena. Por lo anterior, los integrantes de la Comisión de Economía comparten las preocupaciones y los argumentos expuestos por la proponente respecto a la importancia que la industria del calzado representa para la estabilidad y el crecimiento económico de México, por lo que se debe revisar la política arancelaria a fin de preservar la planta productiva y el empleo en el país.

Ahora bien, con base en los dispositivos jurídicos apuntados, los integrantes de la Comisión de Economía consideran correcto solicitar al titular del Ejecutivo federal que revise en el ámbito de su competencia la política de reducción arancelaria a fin de que, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, se salvaguarden la industria nacional y, con ello, los empleos de los mexicanos, pues el Ejecutivo al planear el desarrollo nacional tiene la obligación de buscar que se generen empleo, riqueza y una justa distribución del ingreso.

En el mismo tenor, estiman legítimo solicitar a la Secretaría de Economía que instaure las medidas pertinentes para que se cumplan los mecanismos de regulación y restricción no arancelarios en la exportación y la importación de calzado.

Décima. En virtud de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Economía estiman pertinente puntualizar los exhortos en los términos del presente dictamen.

La Comisión de Economía acuerda:

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Economía a negociar de inmediato con el gobierno de la República Popular de China las medidas de transición que están pactadas para llegar a su término el 11 de diciembre de 2011, a fin de que se amplíe su plazo, para la industria del calzado, hasta 2016, con objeto de que haya condiciones de legalidad y competencia en favor de los fabricantes mexicanos. Esto, en virtud de que China sigue incumpliendo los acuerdos establecidos con la Organización Mundial de Comercio para dejar de realizar prácticas desleales comerciales, como los subsidios y descuentos en el pago de impuestos.

Hacemos un llamado urgente y respetuoso al titular del Poder Ejecutivo federal, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, a atender desde la competencia de sus atribuciones la defensa de esta cadena industrial, pues está en riesgo la estabilidad económica y social de Guanajuato porque esta actividad es un soporte fundamental para su desarrollo.

Segundo. Exhortamos a la Secretaría de Economía federal a detener el proceso unilateral de desgravación arancelaria (iniciado en 2008), relativo al capítulo 64 de la Ley de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, a fin de restablecer la tasa de 35 por ciento a 17 fracciones arancelarias, que representan 58.59 por ciento de la industria nacional de calzado, cuya producción genera un gran número de empleos directos e indirectos, toda vez que los compromisos de la agenda de trabajo acordada para 2009 entre la Secretaría de Economía y este sector industrial no se han cumplido.

Tercero. Exhortamos a la Secretaría de Economía a restablecer de manera urgente el mecanismo de precios de referencia, a fin de evitar la subvaluación del calzado importado en las aduanas mexicanas, así como la implantación correspondiente del programa de peritos para la revisión de las importaciones, principalmente en las ocho aduanas donde se concentra su mayor volumen.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2011.

La Comisión de Economía, diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero, Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, José Antonio Arámbula López, Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Pavel Díaz Juárez (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo, Ramón Jiménez López, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), María Florentina Ocegueda Silva, David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, David Ricardo Sánchez Guevara, Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica).»

TEMA MIGRATORIO Y PROTECCION A MIGRANTES

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo para exhortar al secretario de Gobernación a convocar en el proceso de reglamentación de la Ley de Migración a mesas de trabajo donde se consulte a todos los sectores interesados e involucrados en el tema migratorio y de protección de migrantes

Honorable Asamblea

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de conformidad con lo establecido por los artículos 30, inciso 1) y 2), fracción XXVII, 45, fracción 6), incisos e) y f), todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente dictamen a la proposición para exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación a que en el proceso de reglamentación de la Ley de Migración, se convoquen mesas de trabajo en las que sean consultados todos los sectores del Estado y de la sociedad civil que tienen relación con la situación de los migrantes, como senadores y diputados, los estados con un interés especial en la situación migratoria, así como sus legislaturas locales y organizaciones de la sociedad civil que realizan una labor importante para la protección de los migrantes.

Antecedentes

Que en fecha, 24 de agosto de 2011, se presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación a que en el proceso de reglamentación de la Ley de Migración, se convoquen mesa de trabajo en las que sean consultados todos los sectores dl estado de la sociedad civil que tienen relación con la situación de los migrantes, como senadores y diputados federales, los estados con un interés especial en la situación migratoria, así como sus legislaturas locales y organizaciones de la sociedad civil que realizan una labor importante para la protección de los migrantes, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero.

Que en esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.”

Contenido de la proposición

La promovente, diputada Georgina Zapata, busca que en la elaboración del reglamento de la Ley de Migración, el titular de la Secretaría de Gobernación, realice reuniones de trabajo en las cuales sean convocados todos los sectores involucrados en el tema migratorio o que atiendan o tengan interés en el mismo.

Por otro lado, busca se informe a esta Soberanía sobre el avance que se tiene respecto de la elaboración de la reglamentación de la Ley de Migración y sobre qué elementos de la Relatoría sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han tomado en cuenta.

Consideraciones de la comisión

Posterior al estudio y análisis correspondiente de la proposición que se presenta, los integrantes de esta comisión llegamos a las siguientes consideraciones:

Si bien, los avances en las formas de participación democrática en México, han ido en aumento, y cada vez se han permeado más en la cultura y formas de influir o de participar en los momentos de toma de decisiones.

Como resultado de lo anterior, y como una forma de contribuir cada vez más a este proceso democrático, es que la diputada promovente busca exhortar a la Secretaría de Gobernación para convocar a mesas de trabajo a los diversos sectores interesados en el tema migratorio y contribuyan en la elaboración del Reglamento de la Ley de Migración.

De lo anterior, consideramos que si bien una convocatoria para llevar a cabo mesa de trabajo para elaborar un reglamento a un marco jurídico, puede ser muy complicado, toda vez que los intereses y objetivos de los distintos sectores de la sociedad o de aquellos involucrados en el tema, pueden desviar o incluso detener la elaboración del mismo, al momento de ejercer presión desde el sector al cual representan en la búsqueda de alcanzar sus metas, pudiendo desvirtuar el fin último.

Por lo cual, los integrantes de esta Comisión, consideramos pertinente exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación, para que implemente una estrategia en la cual se puedan escuchar las diversas voces e intereses, de una manera en la cual contribuyan aportando elementos que puedan ser considerados para la elaboración del reglamento, y no necesariamente llevar a cabo mesas de trabajo en las cuales lo que ya se haya avanzado pueda detenerse, y complicar su avance.

Por lo cual el mecanismo que deberá de implementarse y escuchar a la mayor parte de las voces interesadas en el tema, deberá ser uno más eficaz y eficiente.

Por otro lado, coincidimos en solicitar que se informe a esta soberanía sobre el avance que hay respecto de la elaboración del reglamento y de los elementos que se hayan tomado en cuenta de la relatoría sobre los derechos humanos, y que estén acorde a la realidad que nuestro país vive día con día.

Por lo expuesto, los integrantes de esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se solicita al Instituto Nacional de Migración, por conducto de la Secretaría de Gobernación, informe a esta Soberanía sobre el avance referente a la elaboración del reglamento de la Ley de Migración.

Segundo. Se exhorta al Secretario de Gobernación, realizar la implementación necesaria de un mecanismo que permita escuchar las opiniones o aportes de aquellos sectores interesados e involucrados en el tema migratorio y de protección a migrantes, que contribuyan a la elaboración del Reglamento de la Ley de Migración.

Palacio Legislativo, a 28 de septiembre de 2011.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, diputados: Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), presidenta; Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica), Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Guillermina Casique Vences (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Olivia Guillén Padilla, Sandra Méndez Hernández (rúbrica), Héctor Pedraza Olguín (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), María Yolanda Valencia Vales (rúbrica), Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Ariel Gómez León (rúbrica), José M. Torres Robledo, Francisco Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica), Eduardo Ledesma Romo, Rafael Rodríguez González (rúbrica), Moises Villanueva de la Luz (rúbrica).»

MIGRANTES MEXICANOS

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al gobierno federal a instaurar medidas para que a los connacionales que ingresan en el país se acepten tarjetas de crédito o débito internacionales para pagar los derechos por la importación temporal de sus vehículos

Esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de conformidad con lo establecido en los artículos 30, incisos 1) y 2), fracción XXVII, 45, fracción 6), incisos e) y f), todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente dictamen a la proposición por la que se exhorta al gobierno federal para que instrumente las medidas necesarias, a fin de que a los migrantes mexicanos que retornan a nuestro país les sean aceptadas sin obstáculo las tarjetas de crédito y débito para cubrir el depósito exigido para la importación temporal de vehículos, igualmente para que el monto de éste por 400 dólares les sea reducido.

Antecedentes

Que, en fecha 6 de septiembre de 2011, se presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal para que instrumente las medidas necesarias, para que a los migrantes mexicanos que retornan a nuestro país, les sean aceptadas sin obstáculo las tarjetas de crédito y débito para cubrir el depósito exigido para la importación temporal de vehículos, igualmente para que el monto de éste por 400 dólares les sea reducido, a cargo del diputado José M. Torres Robledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que en esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Contenido de la proposición

La proposición con punto de acuerdo pretende que se realice un exhorto al gobierno federal para que a los migrantes mexicanos que retornan al país les sean aceptadas las tarjetas de crédito y de débito como medio de pago para cubrir la cuota establecida para la importación temporal de vehículos.

Asimismo, se busca que el costo por el permiso de importación y la garantía, que son de 44 dólares más impuesto al valor agregado y de 400 dólares, respectivamente, sean menores, para, de esta manera, beneficiar a los connacionales.

Consideraciones de la comisión

Los integrantes de esta comisión legislativa, posterior al estudio y análisis correspondiente al punto de acuerdo que nos ocupa, han concluido las siguientes consideraciones:

Si bien el costo por el pago de la garantía para la importación temporal de vehículos extranjeros es considerado alto por los mexicanos que viven en el extranjero, debe entenderse que no necesariamente es un costo que se haya impuesto al azar.

Lo anterior, responde a que con el costo actual que tiene ésta garantía, se busca asegurar que el vehículo que está entrando por la frontera regrese a su lugar de origen y no termine de manera permanente en el territorio nacional.

Lo anterior traería como consecuencia una afectación al mercado interior de compra venta de automóviles, ya sean usados o nuevos, así como en detrimento del trabajo de muchas personas que obtienen sus ingresos derivados de estas actividades.

Por otro lado, debemos recordar que la garantía que se entrega, es una cantidad que se devuelve íntegramente al migrante a su salida del territorio nacional, lo que implica que si el permiso se otorga por seis meses (180 días), y el costo por la garantía de importación es baja, lo más probable es que el vehículo no regrese a su lugar de origen.

Lo que si debe buscarse para no afectar a los migrantes que ingresan a territorio nacional, es que se implementen medidas que coadyuven a disminuir el costo de esta garantía, pero que a la vez se garantice que el vehículo regresará a su lugar de origen y no simplemente un exhorto a disminuir costos en trámites, sin tener otras alternativas que otorguen las certidumbres que hasta el momento existen. Y aún así muchos vehículos no llegan a regresar.

Por último, debemos mencionar que actualmente ya se encuentra considerado en la guía paisano, la aceptación de tarjetas de crédito y débito internacionales para el pago de los derechos por el concepto de internación temporal de vehículos, lo que si debemos solicitar, es que se realicen las inspecciones necesarias y de supervisión para garantizar que no se excluya su aceptación por cuestiones de tipo personal.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que, en la medida de sus atribuciones, realice las adecuaciones o supervisión necesarias para garantizar que a los connacionales que ingresan al país les sean aceptadas las tarjetas de crédito o débito internacional para el pago de los derechos por la importación temporal de sus vehículos.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria a que evalúe y, en la medida de sus atribuciones, se implemente un mecanismo que permita disminuir el costo por los trámites y de la garantía que se realiza, para la importación temporal de vehículos, sin poner en riesgo el cumplimiento de la obligación de retornar los vehículos al extranjero.

Palacio Legislativo, a 28 de septiembre de 2011.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, diputados:Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), presidenta; Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica), Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Guillermina Casique Vences (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, Olivia Guillén Padilla (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Héctor Pedraza Olguín (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), María Yolanda Valencia Vales (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Ariel Gómez León (rúbrica), José M. Torres Robledo (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), Rafael Rodríguez González.»

CUENCA LERMA-CHAPALA- SANTIAGO

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo para exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua a realizar acciones de inspección, vigilancia y saneamiento de las aguas residuales de la Cuenca del Ahogado

Honorable asamblea:

A las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Recursos Hidráulicos de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emprender, mediante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) acciones para inspeccionar, vigilar y sanear el agua residual vertida a la cuenca de El Ahogado, perteneciente a la cuenca Lerma-Chapala- Santiago, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 167, numeral 4, y 174 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de ambas comisiones, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

P rimero. En sesión celebrada el jueves 29 de abril de 2010, por la Cámara de Diputados del hoorable Congreso de la Unión, los diputados integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, presentaron una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emprender a través de Profepa y de la Conagua, diversas acciones a efecto de inspeccionar, vigilar y sanear el agua residual que es vertida a la cuenca de El Ahogado la cual pertenece a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.

Segundo. En esa misma fecha, dicha propuesta con punto de acuerdo fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Consideraciones

El objeto de la proposición con punto de acuerdo de los diputados promoventes es impulsar acciones de inspección y vigilancia al cumplimiento de las normas ambientales aplicables, a los asentamientos humanos, a las parcelas de cultivo y a todas y cada una de las empresas, asentadas en el margen o inmediatos a la cuenca de El Ahogado y que vierten sus descargas residuales a ésta.

En vista de lo anterior, los diputados proponen los siguientes resolutivos:

Primero. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo Federal para que, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua, emprendan de manera urgente las acciones necesarias para la inspección y vigilancia del cumplimiento de los ordenamientos en materia ambiental, del tramo correspondiente a la Cuenca del Ahogado, la cual pertenece a la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago.

Segundo. Se hace un atento exhorto a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua para que, de manera coordinada,  realicen las inspecciones de carácter ambiental correspondientes, a todas y cada una de las empresas, parcelas agropecuarias y asentamientos humanos, ubicados en la Cuenca del Ahogado, perteneciente a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago; así como para que informen los resultados obtenidos a la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, en un plazo no mayor a 90 días naturales a  partir de la aprobación y notificación de este punto de acuerdo, a efecto de verificar el cumplimiento eficiente de la normatividad aplicable, particularmente en lo referente al tratamiento de sus aguas residuales y, en su caso, sancionar a los responsables.

Tercero. Se hace un atento exhorto a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua, para que remitan los resultados del análisis de muestras de agua tomadas de la cuenca de El Ahogado, donde se determine el grado de contaminación y los principales compuestos contaminantes, así como las acciones a realizar por estas dependencias del gobierno federal, a efecto de realizar el saneamiento correspondiente de este cuerpo hídrico.

Una realidad innegable, es que toda actividad humana genera residuos; estos residuos pueden ser sólidos o líquidos; la porción líquida, será el agua residual, es el agua suministrada a las zonas urbanas y a los centros industriales y que será destinada a diversos usos.

Se les llama también aguas residuales, aguas negras o aguas cloacales, definiéndolas como residuales pues, habiendo sido usada, constituye un residuo, algo que ya no sirve para el usuario directo y son negras por el color que habitualmente tienen; por su naturaleza, las aguas residuales contienen numerosos organismos patógenos causantes de enfermedades, e incluso pueden contener compuestos tóxicos, nocivos y dañinos para la salud humana y para el ecosistema en general, ya que están constituidas por todas aquellas aguas que son conducidas por el alcantarillado e incluyen, a veces, las aguas de lluvia y las infiltraciones de agua del terreno, lo que puede originar la contaminación de los ríos.

Para el caso en concreto se tiene que el río Santiago, siendo uno de los más importantes de México, y que se encuentra ubicado en la parte baja del sistema fluvial Lerma-Chápala-Santiago, sufre una alarmante situación debido a la contaminación de sus aguas.

Dicho río inicia su escurrimiento en la parte noreste del lago de Chapala, a unos cuatro kilómetros al suroeste de Ocotlán, Jalisco, y fluye 475 kilómetros hasta su desembocadura en el océano Pacífico cerca de San Blas, Nayarit. En su tramo hasta El Salto, recibe múltiples descargas de aguas residuales industriales y municipales, sin tratamiento, que provienen –entre otras– de la cuenca El Ahogado.

Según datos de la Gerencia Regional de la Comisión Nacional del Agua, existen 280 descargas identificadas, de las cuales 266 vierten sus aguas a dicho Río. Éstas provienen en un 36.5 por ciento de la industria químico-farmacéutica, le sigue la industria de alimentos y bebidas con un 15 por ciento y la textil con 12.3 por ciento. Sin omitir que se vierten en su cauce 815 litros por segundo de descargas domiciliarias, descargas de aguas industriales y de drenajes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que no tienen tratamiento o reciben uno insuficiente, toda vez que para dar tratamiento a las aguas residuales del Estado de Jalisco, existen 114 plantas, de las cuales 23 no funcionan y, 10 más desembocan directamente sus aguas, en el río Santiago.

Al día de hoy, la contaminación del agua plantea efectos adversos sobre los mantos acuíferos, cuerpos de agua, ecosistemas y salud pública, y para prevenir y controlar la contaminación de las aguas, prevalece como principio fundamental la regulación de las descargas de las aguas residuales, por lo que es necesario cumplir con lo establecido en la legislación ambiental y la normatividad oficial mexicana en la materia, mismas que señalan los diferentes parámetros que se encuentran en las condiciones particulares de descarga y en las condiciones de descarga por clasificación del cuerpo receptor.

Para intentar dar solución a lo anterior, encontramos que a la Semarnat, le corresponde el despacho, según lo dispuesto en las fracciones XXIV y XXXI del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de “vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares que deban satisfacer las descargas de aguas residuales” así como fomentar el “tratamiento de aguas residuales que realicen las autoridades locales; programar, proyectar, construir, administrar, operar y conservar por sí, o mediante el otorgamiento de la asignación o concesión que en su caso se requiera, o en los términos del convenio que se celebre, las obras y servicios de captación, potabilización, tratamiento de aguas residuales, conducción y suministro de aguas de jurisdicción federal.”

Por otro lado, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en sus fracciones II, III, y IV del artículo 117 se señala que: “Corresponde al Estado y la sociedad prevenir la contaminación de ríos...”, “El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de producir su contaminación, conlleva la responsabilidad del tratamiento de las descargas, para reintegrarla en condiciones adecuadas para su utilización en otras actividades y para mantener el equilibrio de los ecosistemas”, y “Las aguas residuales de origen urbano deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, ...”

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua, cuenta con las atribuciones de fomentar y apoyar el tratamiento y reúso de aguas; así como de apoyarse en lo que les corresponda con los gobiernos estatales, desde el ámbito estatal y municipal para mejorar la gestión del agua.

Esto es, que al tener como objetivo la preservación de la cantidad y la calidad del agua para lograr un desarrollo integral sustentable, debe vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares de descarga que deben satisfacer las aguas residuales, de los distintos usos y usuarios, según lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 85, que establece además, que las personas físicas o morales, incluyendo a las dependencias, organismos y entidades de los tres órdenes de gobierno, que exploten, usen o aprovechen aguas nacionales en cualquier uso o actividad, serán responsables de mantener el equilibrio de los ecosistemas vitales, así como realizar medidas para la prevención de la contaminación; teniendo a su cargo, en términos del artículo 86 de la Ley de Aguas Nacionales, lo que en su parte conducente, precisa:

Artículo 86. La Autoridad del Agua tendrá a su cargo, en términos de ley:

...

II. Formular y realizar estudios para evaluar la calidad de los cuerpos de agua nacionales;

...

IV. Establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares de descarga que deben satisfacer las aguas residuales, de los distintos usos y usuarios, que se generen en:

...

b. Aguas y bienes nacionales;

...

V. Realizar la inspección y verificación del cumplimiento de las disposiciones de las normas oficiales mexicanas aplicables, para la prevención y conservación de la calidad de las aguas nacionales y bienes señalados en la presente ley;

...

VII. Vigilar, en coordinación con las demás autoridades competentes, que el agua suministrada para consumo humano cumpla con las normas oficiales mexicanas correspondientes;

VIII. Vigilar, en coordinación con las demás autoridades competentes, que se cumplan las normas de calidad del agua en el uso de las aguas residuales;

...

Por su parte la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su Capítulo III de Prevención y Control de la Contaminación del Agua y de los Ecosistemas Acuáticos, en su artículo 118 establece los criterios para la prevención y control de la contaminación, que a la letra precisa:

Artículo 118. Los criterios para la prevención y control de la contaminación del agua serán considerados en:

I. La expedición de normas oficiales mexicanas para el uso, tratamiento y disposición de aguas residuales, para evitar riesgos y daños a la salud pública;

II. La formulación de las normas oficiales mexicanas que deberá satisfacer el tratamiento del agua para el uso y consumo humano, así como para la infiltración y descarga de aguas residuales en cuerpos receptores considerados aguas nacionales;

III. Los convenios que celebre el Ejecutivo Federal para entrega de agua en bloque a los sistemas usuarios o a usuarios, especialmente en lo que se refiere a la determinación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales que deban instalarse;

IV. El establecimiento de zonas reglamentadas, de veda o de reserva en términos de la Ley de Aguas Nacionales;

V. Las concesiones, asignaciones, permisos y en general autorizaciones que deban obtener los concesionarios, asignatarios o permisionarios, y en general los usuarios de las aguas propiedad de la nación, para infiltrar aguas residuales en los terrenos, o para descargarlas en otros cuerpos receptores distintos de los alcantarillados de las poblaciones; y

VI. La organización, dirección y reglamentación de los trabajos de hidrología en cuencas, cauces y álveos de aguas nacionales, superficiales y subterráneos.

VII. La clasificación de cuerpos receptores de descarga de aguas residuales, de acuerdo a su capacidad de asimilación o dilución y la carga contaminante que éstos puedan recibir.

...

De la transcripción anterior se desprende que para cuantificar el grado de contaminación y poder establecer el sistema de tratamiento más adecuado, deben expedirse normas oficiales mexicanas, que contengan la información, requisitos, especificaciones y metodología, que deben cumplir los productos o servicios y que son de aplicación nacional y obligatoria.

Como ya se mencionó en párrafos anteriores, las aguas residuales contienen organismos dañinos para la salud humana y para el ecosistema en general; es por ello que existen normas oficiales mexicanas que para el caso en concreto, establecen los máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales, tienen por objeto proteger la calidad y en todo caso posibilitar su uso, y que son las siguientes:

• NOM-001-SEMARNAT-1996, Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

• NOM-002-SEMARNAT-1996, Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.

• NOM-003-SEMARNAT-1997, Límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al público.

Es por ello que los diputados promoventes, consideran necesario que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quien actúa para lograr el cumplimiento de las leyes en materia ambiental, y que es la encargada de combatir los focos rojos que atentan contra las riquezas naturales de nuestro país como son entre otros: la tala clandestina, la depredación de la flora y fauna silvestres, el agotamiento de los cuerpos de agua y los problemas de contaminación; así como también la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como órgano responsable de preservar la cantidad y calidad del agua para lograr el desarrollo integral sustentable; inspeccionen y vigilen el cumplimiento de las normas oficiales que al caso le sean aplicables, a los asentamientos humanos, a las parcelas de cultivo y a todas y cada una de las empresas, asentadas en el margen o inmediatos a la cuenca de El Ahogado y que viertan sus descargas residuales a ésta.

Las inspecciones a que se hacen referencia, tendrán que considerar el tamaño de las fuentes contaminantes, así como la complejidad de los procesos productivos, las materias primas que se emplean para obtener productos inocuos o con cierto grado de peligrosidad, el impacto ambiental que ocasiona lo anterior y el riesgo que conlleva el efectuar actividades productivas de las empresas que descargan sus aguas residuales, así también deberán tener en cuenta el daño que la generación de contaminantes que se vierten a los cuerpos receptores causan a los usuarios de dicha Cuenca.

Por lo anteriormente fundado esta comisión dictaminadora concuerda con los diputados promoventes en el sentido de que al conocer el resultado de las inspecciones, se estará en posibilidad de encontrar soluciones conjuntas, que conlleven a la adopción de políticas nacionales que se requieran.

De acuerdo con lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión Dictaminadora  que suscriben el presente, se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Comisión Nacional del Agua y en lo que le corresponda a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, emprendan las acciones para llevar a cabo la inspección y vigilancia del cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, a las empresas, parcelas agropecuarias y asentamientos humanos que realicen descargas de aguas residuales a la Cuenca del Ahogado, perteneciente a la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Comisión Nacional del Agua así como al Organismo de Cuencas Lerma-Chapala-Pacífico dentro de sus facultades, evalúen la calidad del agua de la Cuenca del Ahogado, de acuerdo a lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, remitiendo los resultados a esta Soberanía; así mismo informe las acciones a realizar para llevar a cabo su saneamiento.

Notas:

1 Ley de Aguas Nacionales, artículo 3o. ... VI. Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos públicos, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario, de las plantas de tratamiento y en general, de cualquier uso, así como la mezcla de ellas;

2 http://www.agualatinoamerica.com/docs/pdf/6Rio%20Santiago%20 Muere.pdf.

3 Carmona Lara, María del Carmen, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, “Comentarios y concordancias”, PROFEPA, UNAM, M

4 http://www.profepa.gob.mx/PROFEPA/Conozcanos/QueHacemos/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de marzo del año 2011.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, diputados:Óscar Javier Lara Aréchiga (rúbrica), presidente; Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Silvia Isabel Monge Villalobos (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Guillermo Cueva Sada (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, (rúbrica), José Manuel Marroquín Toledo (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), secretarios; Manuel Márquez Lizalde, Héctor Franco López, Jorge Rojo García de Alba, Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Fausto Sergio Saldaña del Moral (rúbrica), Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, José Antonio Aysa Bernat, Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Rolando Zubia Rivera (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade, Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Ramón Merino Loo (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo, Domingo Rodríguez Martell (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Laura Viviana Agundiz Pérez (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola, Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros, secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Leticia Robles Colín, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica).»

DERECHOS HUMANOS DE MIGRANTES

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional de Migración a revisar de manera integral las políticas y los programas de protección de los derechos humanos de los migrantes que cruzan el territorio nacional

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de conformidad con lo establecido en los artículos 39, incisos 1) y 2), fracción XXVII, 45, fracción 6), incisos e) y f), todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente dictamen a la proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a realizar una revisión integral de las políticas y programas de protección a los derechos humanos de los migrantes que cruzan el territorio Nacional, bajo los siguientes

Antecedentes

Que en fecha 6 de octubre de 2010 se presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a realizar una revisión integral de las políticas y programas de protección a los derechos humanos de los migrantes que cruzan el territorio nacional, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que en esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: túrnese a las Comisiones de Población Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Derechos Humanos.

Contenido de la proposición

El proponente manifiesta que el Instituto Nacional de Migración es una instancia de seguridad nacional la cual tiene como misión, entre otras, coadyuvar en el combate a la trata y el tráfico de personas y garantizar el respeto de los derechos de los migrantes, obligaciones que en muchos casos hemos conocido, por la prensa nacional, no han sido cumplidas a cabalidad, como es el caso del pasado reciente sobre la trata y desaparición de cubanos en el sureste de la república.

Argumenta, que en casos como el de Tamaulipas, se confirma que la política migratoria está desacertada, sólo atiende la simple administración de los flujos migratorios, y no tiene un enfoque integral de protección y respeto a los derechos humanos de los migrantes.

Derivado de lo anterior, el diputado Pedraza Olguín propone exhortar a la comisionada del Instituto Nacional de Migración a realizar una revisión integral de las políticas, programas y acciones que se aplican para la protección de los derechos humanos de los migrantes que cruzan el territorio nacional.

Consideraciones

Los integrantes de esta comisión, posterior al estudio y análisis de la proposición presentada por el diputado Pedraza Olguín, consideramos pertinente el exhorto hacia el Instituto Nacional de Migración, por los argumentos siguientes:

Si bien los flujos migratorios en nuestro país como lugar de destino y tránsito de migrantes, en la búsqueda por internarse en los Estados Unidos, ha ido en aumento a lo largo de estos años, debemos considerar la revisión de las acciones que se llevan a cabo para garantizar la protección de los derechos de las personas que transitan por nuestro territorio y del tipo de política migratoria empleada. Esto con el objetivo de evitar se repitan estos escenarios.

Derivado de lo anterior, se debe llevar a cabo una revisión a fondo de las acciones en materia migratoria que aplica el instituto, toda vez que la dinámica de migratoria es mayor y que se han presentado casos en los cuales, migrantes sin ninguna documentación han podido ingresar desde la frontera sur, y cuando se les detiene o encuentra, porque han sufrido alguna violación a sus derechos humanos, estos no cuentan con ninguna documentación que asegure se encontraban de manera legal en el país o por lo menos en su entrada.

Hay que buscar que las acciones que llevan a cabo el Instituto, tengan como objetivo el reforzar la seguridad de los migrantes y garantizar una mayor presencia de los grupos de protección a migrantes, como uno de sus objetivos esenciales.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta comisión sometemos a consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se exhorta de la manera más respetuosa al Instituto Nacional de Migración a realizar una revisión integral respecto de su política migratoria y de las acciones que actualmente están llevando a cabo, así como de las medidas implementadas para mejorar y en su caso garantizar la seguridad y respeto de los derechos de los migrantes.

Segundo. Se solicita al Instituto Nacional de Migración que informe a esta soberanía sobre el resultado de la revisión practicada, y de cuáles son las medidas próximas a aplicar, así como de las acciones para reforzar la presencia de los grupos beta en las fronteras, en especial la frontera sur.

Palacio Legislativo, a 2 de febrero de 2011

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, diputados:Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), presidenta; Julieta Octavia Marín Torres, Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica), Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Guillermina Casique Vences, José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, Olivia Guillén Padilla (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Héctor Pedraza Olguín, Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Sofío Ramírez Hernández, Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), María Yolanda Valencia Vales (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Ariel Gómez León (rúbrica), José M. Torres Robledo, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Roberto Pérez de Alva Blanco, Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), Rafael Rodríguez González.

La Comisión de Derechos Humanos, Diputados:Manuel Cadena Morales (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz (rúbrica), María del Rosario Brindis Álvarez, Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León, Sami David David (rúbrica), Margarita Gallegos Soto, Lizbeth García Coronado, Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Diana Patricia González Soto (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha, Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Aránzazu Quintana Padilla, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Gloria Romero León (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sí, diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Diputado presidente, sólo preguntar; primero, se presentan en bloque, no hay discusión si alguien quisiera hacerlo de cada uno de los puntos. Pero sí quisiera preguntar a esta Presidencia, ¿de qué sirven esos exhortos, de manera práctica? Porque en dos años y pico que llevamos aquí, no he visto que el Ejecutivo de facto haga caso a uno solo de los exhortos de esta Cámara de Diputados; entonces, quisiera preguntar, ¿para qué sirven?

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Precisamente, por tratarse de exhortos son excitativas para que se cumpla con lo que aquí se solicita. Lamentablemente no disponemos de mayores elementos legales para poder hacer coerción sobre quienes son obligados destinatarios de estos acuerdos. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las disuadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

La Junta de Coordinación Política me ha hecho llegar un documento, que contiene una propuesta de acuerdo en relación a la liberación de cinco cubanos que fueron injustamente encarcelados hace más de 13 años en los Estados Unidos de América. Ruego a la Secretaría dé lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política.

CUBANOS ENCARCELADOS

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la liberación de los cinco cubanos que fueron injustamente encarcelados desde hace más de trece años en Estados Unidos

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que sustentan diputadas y diputados integrantes del Grupo de Amistad con Cuba, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión demanda la liberación de Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Lanañino Salazar, Fernando González Llort, Antonio Guerrero Rodríguez y René González, cubanos que fueron injustamente encarcelados por luchar por la paz y en contra del terrorismo hacia su país, que se encuentran en prisión en Estados Unidos desde hace más de trece años.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia;Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se ha registrado un solo orador en pro, el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, a quien ruego ocupar la tribuna y hacer uso de la palabra, hasta por tres minutos.

El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, las políticas autoritarias y los métodos represivos son cuestionables por la sociedad, que exige un trato respetuoso para toda persona y respeto a los derechos humanos y las garantías individuales.

Caso particular es el de los cinco compañeros cubanos enjuiciados erróneamente, bajo el supuesto de atentar contra la seguridad nacional del Estado norteamericano.

De esta forma, según lo documentado por diversos grupos en defensa de los derechos humanos, así como de los defensores legales de estas personas, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Fernando González Llort, Antonio Guerrero Rodríguez y René González, han sido sometidos a un tortuoso y arbitrario proceso legal; por lo cual, se encuentran encarcelados desde 1998.

El proceso ha estado plagado de inmensas irregularidades. Han sido aislados, no se les ha garantizado un juicio imparcial, no les han permitido el acceso a su expediente, las apelaciones han sido denegadas.

Compañeras y compañeros, es necesario recordar que ellos descubrieron una red de organizaciones anticubanas que buscaban desestabilizar al gobierno de la isla, razón por la cual el gobierno norteamericano tuvo que fabricarles delitos y detenerlos, sin tener pruebas fehacientes de su culpabilidad. La comunidad internacional ha manifestado su solidaridad con la causa de los cinco héroes cubanos y ha tenido expresiones donde se le ha solicitado al gobierno de Estados Unidos de América se lleve a cabo un nuevo juicio imparcial y respetando todas las garantías y derechos de los cinco presos cubanos.

Por tanto, desde esta tribuna, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reprueba las nefastas actitudes represivas en contra de los cinco procesados. Es necesario que el gobierno de los Estados Unidos de América revise su política exterior, la cual se caracteriza por la intromisión en otras naciones y que, como consecuencia, ha generado guerras sin sentido.

Es por eso que esta soberanía debe pronunciarse una vez más sobre el caso de los cinco camaradas cubanos presos en Estados Unidos de América, quienes desde hace 13 años han sufrido la violación sistemática de sus derechos humanos.

La Cámara de Diputados es sensible a los problemas que aquejan a otros países y a sus ciudadanos; ello es así por la tradición de nuestro país de solidaridad con otros pueblos y el convencimiento de que las diferencias deben resolverse de manera pacífica.

Los lazos de cooperación y amistad entre México y Cuba son añejos y no obstante las vicisitudes de años recientes, se han mantenido sólidos.

Compañeras y compañeros diputados, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expresamos nuestra condena al trato inhumano que han recibido los cinco héroes cubanos presos en Estados Unidos de América.

Apoyamos el punto de acuerdo que se discute para que se haga un llamado al gobierno de Estados Unidos de América, para que los ciudadanos cubanos Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Fernando González Llort, Antonio Guerrero Rodríguez y René González puedan ser objeto de un nuevo juicio de carácter imparcial y que sean respetados sus derechos. Es cuanto, ciudadano presidente.

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado García Granados, ¿para qué objeto? No le escucho. Por favor prenda el sonido de su curul. Si no funciona, auxilien al señor diputado.

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Ya está, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Adelante.

El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Era para solicitarle a usted, si me permitía una pregunta el orador, antes de que dejara la tribuna.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aquí está el orador. No ha dejado la tribuna. Le voy a preguntar si acepta la pregunta.

El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez: Adelante.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Acepta la pregunta. Adelante, diputado García Granados.

El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Gracias. Entiendo que ha hecho suya la Junta de Coordinación Política el pronunciamiento de su grupo parlamentario; sin embargo, me deja un prurito el hecho de incurrir en una actitud temeraria al señalar que injustamente están siendo enjuiciados los cinco compañeros cubanos, desde hace 13 años, como lo señaló usted en su reflexión.

Sin embargo, en el texto de la reflexión que usted hace ante esta tribuna, ante esta asamblea, usted mismo reconoce que no han tenido acercamiento a los documentos oficiales; entonces, ¿cómo podemos caer en la temeridad de decir que injustamente están siendo procesados o vejados, cinco compañeros que han sido acusados de terrorismo, tal y como usted lo señalaba, sin tener los elementos de prueba necesarios y solamente caer, probablemente, en el arsenal de los indicios?

¿Se tienen los documentos fehacientes y las pruebas necesarias como para, efectivamente, decir que el gobierno de Estados Unidos de América está actuando sin tener la razón y que detiene 13 años injustamente —así como usted lo dice— a cinco ciudadanos cubanos?

El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez: Se ha tenido conocimiento a través de estos 13 años de todo tipo de pruebas que dejan de manera clara la ilegalidad en que ha caído el gobierno de los Estados Unidos de América en el proceso que se le sigue a los cinco compañeros cubanos a que hemos hecho referencia.

La información de las acusaciones que se tienen contradice al derecho internacional, a tal grado que precisamente no han permitido el acceso al expediente a que se hace referencia y eso contraviene precisamente las leyes internacionales; por eso, nosotros sostenemos, que este supuesto juicio es ilegal, entre otras cosas pues, por ese hecho.

Sin embargo hay toda una serie de pruebas, de detalles, de testimonios que nos hacen señalar con sustento y con toda razón que estos compañeros deben ser puestos de manera inmediata en libertad y deben ser devueltos a su patria. Es todo, señor presidente.

El diputado Jesús Ramírez Rangel(desde la curul): Si me permite una pregunta el orador.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El diputado Jesús Ramírez Rangel, también desea hacer una pregunta al orador. ¿Acepta usted?

El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:Sí, como no. Con mucho gusto.

El diputado Jesús Ramírez Rangel (desde la curul): Gracias, presidente. De la misma manera que el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, sí me preocupa la temeridad con la que se hace la acusación. Creo que existen las instancias internacionales del derecho internacional para atenderse y aparte, me preocupa la incongruencia que pueda tomar la Cámara.

En otras ocasiones hemos solicitado también puntos de acuerdo, para señalar la violación de derechos humanos que se da en Cuba, precisamente, entre otras personas, en contra de las Damas de Blanco o todos los defensores de los derechos humanos.

Me parecería una incongruencia y en ese sentido va la pregunta, ¿qué se ha hecho en las instancias del derecho internacional y en el propio derecho de Estados Unidos de América?

Nosotros mismos, los mexicanos, hemos acudido a las instancias de Estados Unidos de América como terceros interesados para defender a nuestros migrantes allá, ¿qué se ha hecho en ese sentido?

Por otro lado, ¿qué opina de la incongruencia que podemos tomar, el defender este tipo de asuntos, pero no defender la violación de derechos humanos que se da en Cuba? Gracias.

El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:En este caso, en particular, lo que nos ánima es precisamente la incongruencia del gobierno de Estados Unidos de América al manifestar públicamente su respeto a los derechos humanos y al derecho internacional, pero en particular, insistimos, en este hecho en específico demuestran todo lo contrario y se enmarca dentro de su política en contra de la República de Cuba durante más de 50 años, caracterizada por el bloqueo y por la ilegalidad al trato al gobierno cubano.

De tal manera, que este no es un hecho aislado —consideramos nosotros—, sino una acción en contra del gobierno soberano de Cuba, que de ninguna manera toleramos.

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado García Granados.

El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Gracias, presidente. Entendiendo entonces —como dije desde el inicio—, que esto lo ha hecho suyo la Junta de Coordinación Política, a efecto de ahondar en la orientación a esta asamblea, que es el máximo órgano del Congreso, de la Cámara de Diputados y no puede haber nadie por encima de la suprema voluntad de la asamblea.

Solicitaría que todos y cada uno de los miembros de la Junta de Coordinación Política subieran a tribuna, a exponer las razones que los motivaron a hacer suyo este asunto y que orientaran a la asamblea, para efecto de manifestarnos en favor o en contra de esta propuesta.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado, esta Presidencia somete a la consideración del pleno los proyectos de acuerdo que la Junta de Coordinación Política le turna.

La responsabilidad de motivación y explicación es de la Junta. Si no vienen consignados, yo no puedo subsanar —obsequiando una petición como la que usted hace— lo que el documento en cuestión contiene, porque para hacerlo tendrían que presentarlo por escrito. De nada serviría, en consecuencia, que hicieran uso de la tribuna.

El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene usted la palabra.

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Gracias, presidente. Nuevamente, entonces, haría una invitación a la reflexión profunda por parte de los diputados —que nos estamos dando cita, todavía a estas horas, en la Cámara de Diputados—: no incurrir jamás en una actitud temeraria, que sin elementos de prueba y probablemente guiándonos simplemente por comentarios que algunos organismos internacionales pudiesen estar haciendo en defensa de derechos humanos, de cinco ciudadanos cubanos injustamente —reitero, utilizar el término injustamente—, sin los elementos de prueba necesarios, sin haber tenido conocimiento del expediente de cada uno de ellos. Me parecería muy grave que esta soberanía se manifestara.

Entonces, hago una reflexión a los compañeros diputados, a efecto de que votemos en contra esta propuesta de la Junta de Coordinación Política.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente, quisiera hablar a favor.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Fernández Noroña. Puede usted hacer uso de la palabra.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muchas gracias, diputado presidente. Diputados, diputadas, siempre coincido con el diputado García Granados, pero hoy parece que será la primera diferencia que tengamos. Además, nunca defiendo los comunicados de la Junta de Coordinación, que son regularmente bastante tibios.

Sé, además, que el martes pasado se discutió lo de Palestina y no se aprobó un documento que presentó aquí Porfirio Muñoz Ledo, del reconocimiento al Estado Palestino, cuando desde 1947 la ONU decidió eso, partiendo Palestina, lo cual es el colmo.

Ahora que la Junta de Coordinación tiene una posición firme frente a un asunto internacional muy importante, que es la liberación de cinco presos políticos cubanos, se plantea que esto no pueda avalarse.

Son de las pocas buenas que tiene esta Junta, caray. Esta vez votaré a favor de su propuesta, porque sí son cinco ciudadanos cubanos acusados de espionaje por el gobierno de Estados Unidos de América, en una actitud abusiva, prepotente, recluidos en condiciones durísimas; sus familias batallan muchísimo para poder visitarlos, porque no tienen visa; entonces, se las condicionan una vez al año. El proceso ha sido viciado.

Ciertamente hubiese sido ideal que tuvieran acceso a los expedientes los compañeros diputados y diputadas. No se ha dado en otros casos, esta vez tampoco es así, pero es un acto de represalia política que el gobierno de los Estados Unidos de América, uno de los muchos actos de represalia política que el gobierno de los Estados Unidos de América mantiene frente al gobierno cubano.

Me parece que invocar aquí la no defensa de los migrantes para no apoyar esta determinación de exigencia de justicia, eso sí sería una inconsecuencia. Me parece que hay que defender a los migrantes mexicanos, también que hay que defender sus derechos. No son ilegales, no son delincuentes; son trabajadores que van a aportar a la riqueza de aquel país.

Me parece que tenemos que —siempre, en todos los temas— estar del lado de la razón, del lado de la justicia, del lado de la posición en defensa de los derechos humanos y en este sentido va la resolución, el documento que ha presentado la Junta de Coordinación Política.

Votaré a favor de ella, pero viendo como se estaba dando el intercambio quise además expresar mis puntos de vista, en el sentido de que sí comparto que han sido injustamente apresados, que sufren cárcel como un proceso de persecución política y que es correcto pedir su liberación. Muchas gracias por su atención, compañeros diputados, compañeras diputadas.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputada Beatriz Paredes.

La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero señalar que estimo que cuando la Junta de Coordinación Política entrega un documento a la Mesa Directiva hizo suficientes valoraciones sobre sus alcances y sus antecedentes.

En segundo lugar, quiero afirmar que en cualquier circunstancia, en cualquier país, tratándose de ciudadanos que tienen derechos universales, todos los procedimientos jurídicos que se les apliquen tienen que estar sustentados absolutamente en el derecho.

En tercer lugar, señalar que las relaciones de México y Cuba siempre se han caracterizado por un esfuerzo compartido de procurar que no haya abusos y excesos en el tratamiento a ciudadanos mexicanos y a ciudadanos cubanos, en cualquier latitud.

Estimo que si algún grupo parlamentario considera que el fraseo del punto de acuerdo expuesto es insuficiente, la Mesa Directiva podría turnarlo a la Comisión de Relaciones Exteriores para que se emita un dictamen y no haya ninguna duda, pero quiero dejar mi afirmación personal de respaldar el punto de vista propuesto por la Junta de Coordinación Política.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado, por favor.

El diputado Jesús Ramírez Rangel (desde la curul): Presidente, me parece un acierto la propuesta de la diputada Beatriz Paredes, de turnarlo a la Comisión de Relaciones Exteriores. Creo que ahí lo podremos discutir de una mejor manera. Lo hago desde el punto de vista opuesto, en donde por supuesto estoy en contra de las valoraciones que se hacen en el punto de acuerdo y de la petición, en virtud de que estaríamos siendo incongruentes en esta Cámara.

Apelaría a la congruencia, puesto que nosotros, como Estado mexicano, estamos acudiendo a las instancias judiciales, en Estados Unidos de América, para defender a nuestros migrantes, y por otro lado, a la congruencia que hemos tomado en otros puntos de acuerdo, en relación precisamente con el tema de los derechos humanos, particularmente en Cuba, en donde reiteradamente se han violado los derechos humanos en la isla. Por tanto, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, opina al respecto. Gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Miguel Ángel García Granados.

El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Gracias, presidente. Para precisarlo, entonces. Mi voto será en contra. Será en contra aún y cuando mi grupo parlamentario quiera votarlo a favor, pero quiero manifestar por qué. Porque me parece que es temerario, sinceramente, que la Junta de Coordinación Política se pronuncie en un sentido o en otro, sin tener los elementos de prueba suficientes para acusar a un gobierno como el de Estados Unidos de América de haber encarcelado injustamente a cinco ciudadanos cubanos.

Las relaciones entre Cuba y México es otro cuento, señor presidente. Ésas serán siempre de respeto, serán siempre de orden, pero nosotros no podemos ser temerarios, como representación nacional de este país, acusando a un gobierno, sin tener los elementos o sin tener los pelos de la burra en la mano, como dicen en el rancho.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Jaime Cárdenas.

El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Perdón, presidente, continúo en el uso de la palabra.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Adelante.

El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Si la Junta de Coordinación Política valoró exhaustivamente el contenido de esta propuesta que presenta hoy a la asamblea, no entiendo por qué no sube ningún miembro de la Junta de Coordinación Política precisamente a justificar el término en el cual está presentado esta asamblea el documento.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Permítame, don Pedro. El diputado Jaime Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Sí, presidente, hace un momento escuché por voz de un compañero diputado, creo que del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que señalaba que Cuba es un país violador de derechos humanos.

Queremos recordarle a nuestro compañero del PAN y a toda la asamblea, que un país que se ha caracterizado por violar los derechos humanos en el mundo, en Afganistán, en Irak, en el propio territorio cubano, en Guantánamo, por ejemplo, en México, son los Estados Unidos de América.

Estados Unidos de América no es un ejemplo de respeto a los derechos humanos, desgraciadamente es un país que sistemáticamente viola los derechos humanos en su propio territorio y en el resto del mundo, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: La diputada Enoé Uranga.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): Presidente, le agradezco. Sólo para señalar, por lo que se ha afirmado aquí, que de ninguna manera es un tema que estemos analizando a botepronto. Es algo que el Estado mexicano, desde sus distintas expresiones, ha revisado ya durante muchos años. Se trata de un caso muy revisado y del que no sería, incluso, la primera vez que esta Cámara se expresara, y distintos Congresos de los estados mexicanos.

Los derechos humanos no se regatean. En la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara hemos revisado el caso a instancias de quien fuera su primer presidente, el ex diputado Rubén Moreira. Hemos revisado este caso a profundidad, sabemos de lo que se está hablando.

Por lo que toca al Grupo Parlamentario del PRD, que aunque lo vea usted tan distraído está muy preocupado por este tema, quiero dejar sentado que nosotros estaríamos en condiciones de que el tema se votara aquí favorablemente, aunque, desde luego, no nos oponemos a que se revise a profundidad, como lo ha señalado la diputada Beatriz Paredes, en la Comisión de Relaciones Exteriores.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Pedro Ávila.

El diputado Pedro Ávila Nevárez(desde la curul): Señor presidente, me he quedado yo confundido de que algunos diputados están pidiendo que no se intervenga por esos hermanos cubanos que están presos allá en Estados Unidos de América.

Creo que si la Junta de Coordinación Política —donde están representados todas las fracciones de este Congreso— está pidiendo que todos apoyemos esta petición, porque es una injusticia la que se está haciendo con ellos, allá en el país vecino. Quiero recordarles que la política internacional de México siempre ha sido una política internacional de ayuda a los migrantes, de ayuda a los latinoamericanos, como Genaro Estrada lo dio a conocer en la Doctrina Estrada.

Es una incongruencia que aquí, en este Congreso, donde estamos representadas todas las fuerzas nacionales de nuestra patria, estemos tratando de no apoyar una petición o una resolución o petición de la Junta de Coordinación Política para intervenir en ayuda de esos hermanos latinoamericanos.

Yo nada más recuerdo todavía las palabras, cuando el pueblo de Cuba cedió su gobierno revolucionario, las palabras de Emilio Sánchez Piedra, aquel inolvidable tlaxcalteca que le preguntaron los periodistas: ¿por qué apoya el gobierno de México al gobierno de Cuba? ¿Por qué? Y él, en una forma inteligente y por órdenes de López Mateos les dijo: porque somos un gobierno revolucionario, pero dentro de la Constitución.

Así aquí, la representación nacional de México es un gobierno revolucionario y no nos interesa lo que los gringos digan. Debemos intervenir, porque somos un Congreso autónomo en beneficio de sus hermanos latinoamericanos, de sus hermanos cubanos, como también debemos intervenir para que ya cesen las agresiones a nuestra gente que va a trabajar a Estados Unidos de América.

Creo que no debemos regatear este apoyo a nuestros hermanos cubanos, porque Cuba, más que Estados Unidos de América, son nuestros hermanos, compañeros.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene el uso de la palabra el diputado Cárdenas Gracia y enseguida, el diputado Emilio Serrano.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente, yo ya había tomado la palabra, pero bueno, reafirmar lo que dice don Pedro Ávila y lo que dicen otros compañeros, como la diputada Enoé Uranga: no hay razón para que este pleno de la Cámara de Diputados regatee el apoyo a hermanos cubanos que han sido injustamente sometidos a proceso penal en los Estados Unidos. Necesitamos mostrar, como órgano legislativo, cómo Cámara baja, nuestro respaldo a hermanos latinoamericanos que sufren la injusticia de una potencia militar y política como la de ese país del norte.

Entonces pido el apoyo, pido el voto a favor de este punto de acuerdo y solicito muy atentamente que todos los diputados y todas las diputadas nos sumemos al mismo, porque de esta manera rescatamos el principio de independencia en la política exterior de nuestro país que está determinado en el artículo 89, fracción X de la Constitución, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Emilio Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Efectivamente, México a lo largo de su historia se ha caracterizado por el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Solamente que de un tiempo para acá, con gobiernos tiranos que tenemos en México, muy similares a los de Estados Unidos de América, es que se adopta esa actitud negativa.

Hay que conocer y vivir para hablar y no nada más por oídas; si hay un país en el mundo que es tirano, que hace guerras, que arma a los pueblos para provocar revoluciones es Estados Unidos de América, porque así lo conviene; si hay un país en el mundo que viola los derechos humanos es Estados Unidos de América.

Nuestro apoyo total a nuestros hermanos cubanos. Invitamos a los diputados que hablan a favor de Estados Unidos de América a que se den una vuelta a Cuba, a que convivan con el pueblo, a que vean cómo viven para que puedan hablar.

Cuba nos supera en mucho en respeto a los derechos humanos y es un ejemplo de autodeterminación. Ya quisiéramos tener la forma de vida de los pobres cubanos los pobres mexicanos. Los cubanos que son pobres viven mucho mejor que los pobres que viven en México. Entonces, nuestro voto es a favor, que desde hace un año está el punto de acuerdo exactamente igual. No sabemos por qué le han dado tantas largas. A favor.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El diputado José Narro.

El diputado José Narro Céspedes (desde la curul): Muchas gracias, presidente. El pueblo de México pensó que en el 2000, cuando vivimos el proceso electoral, con el Partido Acción Nacional en el gobierno, se iban a lograr mejorar las relaciones con los Estados Unidos de América e íbamos a hacer la agenda migratoria y se iba a aprobar la reforma migratoria, durante muchos años peleada y luchada por los migrantes mexicanos.

Nosotros hemos visto cómo en este año por lo menos hay un millón de mexicanos que han sido perseguidos y han sido detenidos en Estados Unidos de América a partir de las razias que les han aplicado y los han deportado en condiciones verdaderamente lamentables hacia nuestro país.

Creo que esta lucha de los cinco presos cubanos en Estados Unidos de América es totalmente injusta e ilegal, cuando lo único que estaban haciendo era luchar por la defensa de su país.

Por eso, nosotros pensamos que como Congreso mexicano debemos de expresar nuestra solidaridad hacia el pueblo cubano y hacia los cinco presos, injustamente detenidos en Estados Unidos de América y no seguir avalando una política racista, persecutoria y violatoria de los derechos humanos, que ha hecho Estados Unidos de América una práctica permanente, sobre todo con los mexicanos. Que se vote el día de hoy, presidente, es nuestra propuesta. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tengo dos oradores más sobre este punto: el diputado Heliodoro Díaz Escárraga y el diputado Ramírez Rangel. Diputado Heliodoro Díaz.

El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (desde la curul). Señor presidente; compañeras y compañeros diputados y diputadas. Quisiera expresar el deseo de solicitar de manera contundente el apoyo a este punto de acuerdo. Lo hago convencido de la pertinencia del mismo; de que con ello contribuimos a evitar que se violen derechos de ciudadanos cubanos.

Pero para fundamentar este argumento apelaría al acuerdo que tomamos hace un año en la reunión interparlamentaria que sostuvimos en Cuba, compañeros diputados, diputadas, senadoras y senadores de todas las fracciones, cuando nos reunimos en un ánimo de recomponer las relaciones con el hermano pueblo cubano.

Entre los acuerdos —y así debe constar en el acta correspondiente, y aquí hay participantes de esa interparlamentaria— tomamos la decisión y el compromiso de que en esta Cámara de Diputados —porque ahí estaban expresados y representados todos los partidos— haríamos un pronunciamiento en este sentido, como está consignado en el punto de acuerdo, para manifestar nuestra solidaridad y nuestro apoyo con esta causa.

Para rendir honor a la palabra empeñada y al compromiso con nuestros homólogos del pueblo cubano, solicito a las señoras y a los señores diputados y diputadas que votemos a favor de este punto de acuerdo, como así lo determinamos en la interparlamentaria el año pasado con el hermano pueblo cubano. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Ramírez Rangel.

El diputado Jesús Ramírez Rangel (desde la curul): Gracias, presidente. Existe una propuesta que hizo anteriormente la diputada Beatriz Paredes. Creo que vale la pena que nos pronunciemos al respecto, en el sentido de que se turne a la Comisión de Relaciones Exteriores.

En segundo lugar, responder a acusaciones temerarias que se han hecho aquí. Acción Nacional en todo momento ha sido defensor de los derechos humanos de nuestros mexicanos que radican en Estados Unidos de América y por supuesto, de los miles de cubanos que se les violan sus derechos humanos en la isla de Cuba; defendemos los derechos humanos, incluso cuando hemos señalado estar en contra públicamente del embargo injusto de Estados Unidos de América hacia la isla.

En tercer lugar, quisiera que nos pusiéramos en el escenario contrario. Quisiera que nos pusiéramos en el escenario en donde el Congreso de Estados Unidos de América solicite a este Congreso lo que estamos solicitando nosotros, sin un solo juicio real, sin un solo documento real, solamente una posición temeraria.

Me parece absurdo, me parece que se requiere, en el mínimo, mucho más análisis y ser congruentes.

En el pasado hemos fijado posturas muy claras, con mayores juicios de valor, en torno a la violación de derechos humanos que se da en la isla de Cuba; el caso de Guillermo Fariñas y el caso de las Damas de Blanco, que la dictadura cubana sigue violando sus derechos humanos.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra la diputada Beatriz Paredes.

La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel (desde la curul): Diputado presidente, el planteamiento de mi intervención previa tenía como propósito el que en la Comisión de Relaciones Exteriores, se expusieran los argumentos a los que su conducción democrática nos ha permitido, escucháramos en este pleno.

Ha habido expresiones de los legisladores, argumentando las razones que expresan su solidaridad o su visión diversa del punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Como expresé en mi intervención anterior, estoy convencida de que la Junta de Coordinación Política expone ante este pleno documentos que han tenido valoración y reflexión suficiente y manifesté que el sentido de mi voto sería a favor de la propuesta del punto planteado por la Junta de Coordinación Política.

Habida cuenta de que ya ha habido argumentaciones suficientes, es evidente que la necesidad del turno a la Comisión de Relaciones Exteriores está subsanada, por lo que retiro mi propuesta.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: ¿Retira usted su propuesta de que se turne a la Comisión de Relaciones Exteriores?

La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel (desde la curul): Sí, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Bien. Someta la Secretaría a votación el punto que se ha discutido.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado. Comuníquese.

La Junta de Coordinación Política me ha hecho llegar un acuerdo en relación con la designación de los tres consejeros electorales que denomina: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se presenta al pleno de la honorable Cámara de Diputados para su elección la propuesta de nombres para ocupar los cargos de consejeros electorales del Instituto Federal Electoral hasta el 30 de octubre de 2019. Pido a la Secretaría dar lectura a dicho acuerdo.

CONSEJEROS ELECTORALES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se presentan al Pleno de la Honorable Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, las propuestas de nombres para ocupar los cargos de consejeros electorales para su elección

La Junta de Coordinación Política de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, inciso h), así como en el artículo 34 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

I. Que el 21 de abril de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo la facultad de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para proponer al Pleno la convocatoria para la designación del consejero presidente, de los consejeros electorales y del contralor general del Instituto Federal Electoral, en los términos establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los procedimientos que de ella se deriven, con el consenso de los respectivos grupos parlamentarios.

II. Que el 30 de septiembre de 2010, la Junta de Coordinación Política remitió a la Mesa Directiva la convocatoria para participar en el proceso de selección de candidatos a ocupar el cargo de Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral para el periodo 2010-2019, misma que fue publicada inmediatamente en la Gaceta Parlamentaria y en el portal de internet de la Cámara de Diputados.

III. Que el 11 de octubre de 2010, la Comisión de Gobernación remitió a la Junta de Coordinación Política la lista de candidatos que cumplieron con los requisitos señalados en la citada convocatoria, conteniendo la fecha y hora en que debían de acudir los candidatos para el desahogo de las entrevistas, misma que fue publicada inmediatamente en la Gaceta Parlamentaria y en el portal de internet de la Cámara de Diputados, conteniendo 104 candidatos.

IV. Que el 21 de octubre de 2010 se recibió en la Junta de Coordinación Política el acuerdo de la Comisión de Gobernación relativo al análisis y revisión de los expedientes de los candidatos dentro del proceso de selección aludido, aprobado por dicha Comisión el 12 de octubre de 2010, por el que resuelve que la lista de candidatos que cumplen con los requisitos señalados en la convocatoria respectiva es de 136, mismo que también fue publicado.

V. Que el 27 de octubre de 2010, la Comisión de Gobernación remitió a la Junta de Coordinación Política el Dictamen por el que se propone a éste órgano el listado de los candidatos a consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, para el periodo del 31 de octubre de 2010 al 30 de octubre de 2019, mismo que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria del 28 de octubre de 2010.

VI. Que la Junta de Coordinación Política, a través de los grupos parlamentarios y por el más amplio consenso posible, presenta al Pleno la propuesta de los tres consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Por lo anterior, se somete a la consideración del Pleno el siguiente:

ACUERDO

Primero.La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, propone la siguiente terna por mayoría simple:

• David Gómez Álvarez Pérez.

• Enrique Ochoa Reza.

• Cecilia Tapia Mayans.

Para ocupar los cargos de Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, cuyo mandato concluirá el 30 de octubre de 2019.

Segundo.Se establece que el procedimiento que celebre el Pleno, para realizar la elección de los consejeros electorales materia del presente Acuerdo, sea el siguiente:

a) La Secretaría de la Mesa Directiva dará lectura a la propuesta de la Junta de Coordinación Política que contiene los nombres para ocupar los cargos de consejeros electorales que habrán de integrar el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

b) La Mesa Directiva consultará al Pleno si la propuesta presentada se somete a discusión.

c) En caso de que la propuesta se someta discusión, ésta se desarrollará conforme lo establece el Reglamento de la Cámara de Diputados. Una vez concluida la discusión se procederá a la votación de inmediato.

d) Si el Pleno determina que no haya discusión o al término de la misma, se procederá a consultar a la Asamblea, si se aprueba que la votación de la propuesta se rea- lice mediante el Sistema Electrónico, en términos de la última porción del numeral 1 del artículo 141 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

e) Una vez hecha la votación y realizado el cómputo de la misma, el Presidente de la Mesa Directiva hará la declaratoria de quienes hubieren resultado electos de conformidad con lo establecido los artículos 41, fracción V, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 110, numeral 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Tercero. Los Consejeros electos rendirán protesta en sesión convocada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral conforme a lo establecido en el artículo 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Cuarto.Publíquese el presente acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica, el PRD no está de acuerdo con ésta terna), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica, el voto del PT solo es a favor de Cecilia Tapia Mayans), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia;Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El acuerdo ha sido rubricado por todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política y en él se establece el procedimiento que debe obsequiarse para la aprobación o el desechamiento del acuerdo respectivo. De acuerdo al inciso b) del artículo 4o., consulte al pleno la Secretaría si la propuesta presentada se somete o no a discusión.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Diputado presidente.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: En votación económica se pregunta a la asamblea...

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Perdón. Diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Diputado presidente, con todo respeto, no pueden preguntar si se va a discutir o no la propuesta; es una propuesta de la Junta y debe recibir el mismo tratamiento de todas las propuestas, que es que se discute. La discusión es obligada.

Hoy se cumple un año de que esta determinación debería haberse tomado y me parece incorrecto que se quiera evitar el debate de una propuesta, que en sí misma genera polémica y que es necesario, que los diferentes diputados y diputadas que queramos hacerlo, expresemos nuestro punto de vista al respecto.

Por lo tanto, le pido que ponga a discusión la propuesta y que una vez que se termine la discusión se vote. En todo caso, en base al Reglamento, podemos intervenir a favor o en contra de esta propuesta y que ésta sea el mecanismo, como está establecido en nuestra reglamentación.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado, en todo caso y haciendo una reflexión en torno a su intervención, la incorrección no la comete la Mesa, sino la Junta que recogió este principio, solo quiero aclarar eso.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Sí, presidente. Creo que es importante que la Junta corrigiera su determinación, porque efectivamente, como todos los demás acuerdos de la Junta de Coordinación Política, pues debe ser discutido y votado, en su caso, por este pleno.

Pero a mí me llama —en particular— la atención, la posible violación al artículo 35, párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso, señor presidente, porque dice que la Junta en todos sus acuerdos debe tomar decisiones por mayoría absoluta. Acabo de escuchar a mi compañera señalando que la decisión se tomó por mayoría relativa o por mayoría simple. No queda claro si se cumple el extremo del artículo 35 de la Ley Orgánica del Congreso, que dice que la votación debe tomarse en la Junta de Coordinación Política por mayoría absoluta; entonces, si me pueden aclarar ese punto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: ¿La Secretaría puede leer del documento la parte correspondiente a la pregunta del diputado Cárdenas Gracia?

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Claro que sí. El documento de acuerdo de la Junta de Coordinación Política lo suscriben los diputados Armando Ríos Piter, presidente, y coordinador del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática; el diputado Francisco Rojas, el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, el diputado Juan José Guerra Abud, el diputado Pedro Vázquez González, el diputado Pedro Jiménez León y el diputado Jorge Kahwagi Macari. Absolutamente todos con rúbrica.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En consecuencia, parece que está claro que todos los integrantes de la Junta suscriben el acuerdo.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sí señor diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): El artículo 35, párrafo primero de la Ley Orgánica habla de mayoría absoluta, pero mediante el sistema de voto ponderado, no que hayan firmado la mayoría, sino que represente el voto ponderado de la mayoría absoluta.

Lo que quiero saber es si los que firmaron y aprobaron el punto de acuerdo representan la mayoría absoluta del voto ponderado en la Junta de Coordinación Política, porque el texto dice mayoría simple. El texto del punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política dice mayoría simple. No dice mayoría absoluta mediante el sistema de voto ponderado, como debió haber dicho en los términos del artículo 35, párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso, presidente.

El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Don Pedro Ávila, por favor. Sonido en la curul de don Pedro Ávila.

El diputado Pedro Ávila Nevárez(desde la curul): Presidente, creo que si todos los integrantes de todos los partidos políticos que integran la Junta de Coordinación Política ya firmaron y todos están de acuerdo, no tenemos ni por qué estar esperando más y más tiempo para someter esto a, digamos, a votación y que todos con nuestro voto aprobemos a los consejeros que queramos y rechacemos a los que no queramos.

Hay que ser justos. Cuando haya que discutir, hay que discutir, pero si en la Junta de Coordinación Política estamos representados todos los partidos, creo que aquí lo que se debe de hacer es someterse al voto de la asamblea, que la asamblea es el órgano que debe resolver esta situación, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Considerando el VI del acuerdo, que la Junta de Coordinación Política a través de los grupos parlamentarios, y por el más amplio consenso posible, presenta al pleno la propuesta de los tres consejeros electorales.

Fue leído, señor diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: No diputado, voy a someter primero a consideración de la asamblea si el procedimiento señalado en este acuerdo es el que debe seguirse o no.

Diputado Pérez Cuevas. El diputado Ríos Piter en seguida.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente, la discrepancia no se da sobre el tema de mayoría absoluta, como se establece, porque el Reglamento grafica que es el 50 más uno.

El tema, en concreto, es sobre la que acaba de expresar. Esta terna presentada al pleno no tiene la más amplia representación ni el más amplio consenso. Fue calificada por mayoría simple o absoluta, como lo establece, pero el más amplio consenso requería el aval de la mayoría casi absoluta o total de todas las fuerzas políticas y no lo tiene.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Cuando esto ocurre, señor diputado, los firmantes tienen que establecer la reserva correspondiente explicándolo. Diputado.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Le pediría, presidente, que nos grafique en qué artículo, qué ley o reglamento establece la reserva, porque son dos actos distintos; el primero, es la votación de la terna, que sólo obtuvo una votación de mayoría simple.

El acto del acuerdo para que llegue al pleno es un acto distinto para dar cuenta de que se votó y se obtuvo esa votación. Pero son actos distintos, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene usted razón; entonces, a contrario sensu, al firmarse el documento se está de acuerdo con él y al estarse de acuerdo con él, se está de acuerdo con el texto.

Diputado Ríos Piter.

El diputado Armando Ríos Piter(desde la curul): Diputado presidente, me parece que en este momento habría que ser sumamente claros respecto a lo que trasmite la Junta de Coordinación Política a esta Mesa Directiva.

De siete grupos parlamentarios, hay dos que no lo aceptan como el más amplio consenso. Me parece importante, que sea conforme lo establece el Reglamento como se tenga que entender por parte de la Mesa Directiva. Subrayaría, cualquier adición o cualquier adjetivo no ayuda para el desarrollo del debate.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: ¿Está consignado en el documento este asunto, diputado Ríos Piter? ¿Está consignado que dos grupos parlamentarios no aceptaron?

El diputado Armando Ríos Piter(desde la curul): Si es que para efectos de no hacer un debate más amplio, que se consigne, para no estar generando una discusión que nos vaya a aletargando el procedimiento.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Es que usted mismo señaló que este es el momento de lograr la máxima claridad y ayuda, en términos de claridad, señalar cuáles fueron los grupos parlamentarios que no suscribieron el acuerdo.

El diputado Armando Ríos Piter (desde la curul): Señor presidente, en el ánimo de hacerlo y expresarlo, en este mismo momento en nombre de mi bancada lo puedo hacer.

Creo que lo más pertinente es que se entienda que el acuerdo de la Junta de Coordinación Política no contó con ese amplísimo consenso que se señala, y procedo si usted me lo permite, subrayarlo.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Fernández Noroña.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Una moción de procedimiento.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Perdón, diputado. Estoy siguiendo el orden en el turno. Ya lo tengo registrado. Perdón, señor diputado, voy a dar cuenta de la intervención del diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Diputado presidente; primero, en el caso del Partido del Trabajo, en la Junta, está manifestado en el documento la inconformidad y la reserva. Está manifestado de manera explícita.

Diputado, puedo esperar. No sólo estoy hablando con usted, estoy hablando con todo el pleno, pero como usted está conduciendo, sí me esperé. Porque está explícito, en el caso del Partido del Trabajo, la inconformidad.

Es claro también, por la conformación que tiene la Cámara, que la mayoría absoluta la alcanzan, por voto ponderado, el PRI con cualquier otro partido, prácticamente, y están en su derecho de presentar una propuesta de mayoría. Eso no lo voy a discutir. En ese sentido es correcto el procedimiento, desde mi punto de vista.

Lo que pido, que es incorrecto, es que se quiera amordazar a la Cámara y que se quiera evitar un debate que es necesario que se dé, que es sano que se dé y que es obligado que se dé.

No pueden imponernos, o si lo hacen cometerán un hierro mayúsculo, queriendo evitar un debate que está aquí en la efervescencia y que es necesario canalizarlo, y al final se tome la decisión; si alcanza la mayoría calificada, es una decisión legítima, con el debate y los posicionamientos que diferentes diputadas y diputados queremos hacer al respecto.

Termino. Ya he manifestado, en esencia, mi inconformidad por el retraso, mi inconformidad por el manejo de cuotas y mi convicción de que la suma de parcialidades no da imparcialidad. En ese sentido, me parece trágico cómo se están tomando estas decisiones, que no aportarán a una mejor conducción del proceso electoral del año entrante.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Insisto, diputado, compartiendo algunas de sus reflexiones, no es esta Mesa Directiva la que ha introducido la modalidad de no someter a votación, sino la Junta de Coordinación Política. La corrección, en todo caso, la debe hacer la Junta de Coordinación Política.

Pregunto a los señores diputados que están en tribuna, ¿cuál es el objeto de su presencia? Pero pasen a la Mesa, para que estén más cómodos... Diputado Martel.

El diputado José Ramón Martel López (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Lo que subió la Mesa es un acuerdo signado por todas las fracciones parlamentarias. Es preciso reiterarlo, para que no haya malos entendidos en las expresiones de las fracciones parlamentarias. Esto se hizo tomando...

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Perdón, diputado. Aquí no se está firmando el documento. Señores diputados, les ruego que discutan los documentos en su curul. Adelante, señor diputado.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Simplemente para señalar que parece que aquí hay dos temas; en el primero de ellos es atenerse a lo que el séptimo de la propia convocatoria expidió, que dice que los grupos parlamentarios, a través de la Junta de Coordinación Política, determinarán por el más amplio consenso posible. El más amplio consenso posible entra dentro de la relatividad; si son 50 por ciento más uno, son 66, 77, 88 por ciento. Hay un esfuerzo de la Junta de Coordinación Política respetable, que hoy la Junta de Coordinación Política, signada por todas las fracciones parlamentarias y dando cumplimiento al séptimo, ya llevó un documento a esta mesa para que se ponga a discusión lo de fondo, que es si queremos o no consejeros electorales completos para el Instituto Federal Electoral.

De manera que a nuestro juicio está cumpliéndose a cabalidad por la Junta, su presidente y todas las fracciones parlamentarias, llevando a esta Mesa este acuerdo, que no significa otra cosa más que el cabal cumplimiento de la convocatoria expedida. Es cuanto, señor presidente. No estamos hablando de voto.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente, pediría si en este momento le pide a la Secretaría nos diga la hora en que se ingresó ese documento, graficada en el sello.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Por favor, dé cuenta la Secretaría del requerimiento que hace el diputado Pérez Cuevas.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Este documento, señor presidente, no tiene sello donde avale la fecha y hora.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Queda exhibido, presidente, porque tengo en mis manos una copia de un documento...

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Permítame. Les ruego orden, porque respetando la Cámara y la tribuna nos respetamos a nosotros mismos. No se trata de falta de mesura o de tolerancia, se trata de dar respeto a las relaciones del Legislativo. Se los ruego con todo afecto, compañerismo y solidaridad.

Adelante, señor diputado.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Gracias, presidente. Tengo en mis manos un documento que previo, en el transcurso de esta sesión, nosotros le pedíamos nos hiciera saber quién lo presentó. Es un documento que se presentó a las 13:30 horas, que no trae todas las firmas de los coordinadores; que no es documento de la Junta de Coordinación Política y sin embargo, dice: Junta de Coordinación Política, que creo que en este momento a lo que lleva es a que ya estamos confundidos en el proceso.

¿Quién ingresó este documento a las 13:30 horas, a nombre de la Junta de Coordinación Política, sin la firma de varios de los coordinadores, siendo un documento falso, presidente? Porque hay un secretario técnico encargado de presentar en tiempo y forma, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: No tengo idea, pero estoy obligado a la investigación y se lo daré a conocer de inmediato.

En relación al documento que leyó... No dije que no se hiciera ahora. En relación al documento —porque también es parte de la pregunta del diputado Pérez Cuevas—, que se leyó por parte de la secretaria, me fue entregado personalmente por el diputado Ríos Piter, presidente de la Junta de Coordinación Política.

Probablemente haya yo incurrido en la falta de no haberlo signado y no haber puesto la hora correspondiente para dar de inmediato cuenta a la asamblea de este acuerdo.

Sí, señor diputado Ríos Piter.

El diputado Armando Ríos Piter(desde la curul): Presidente, estamos hablando de dos cosas diferentes. Aquí tenemos un documento que fue ingresado con la hora que se ha citado, a las 13:30, en el cual no está mi firma. No está la firma del presidente, y en el cual se lee este tema del más amplio consenso. La pregunta que se está haciendo es: ¿quién ingresó este documento?

Entonces, es importante separarlo, porque este documento que no avaló con la firma de un servidor, ¿quién lo presentó? Primer punto.

El segundo es —para afinar lo que se ha planteado—, que garanticemos que en el espíritu, el segundo documento que usted tiene en sus manos y que ha sido leído, no quede esta impresión de que hay un amplio consenso. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En relación a la pregunta del diputado Pérez Cuevas, fue doble, de tal manera que no estoy confundiéndome. Primero preguntó: Ese documento, el que se leyó, ¿a qué hora ingresó a la Cámara?

Le estoy dando respuesta. Ingresó en el momento a la Mesa Directiva en que usted me lo entregó.

¿Es cierto o no es cierto? Bueno, está respondida esa pregunta.

La segunda, el documento al que se refiere el diputado Ríos Piter, no me fue entregado a mí. De tal manera que tengo que preguntar, ¿quién lo entregó? ¿Quién lo sello? ¿Por qué razón? Para eso requiero tiempo, señores diputados, sin decir, en consecuencia, que no tendré la respuesta de inmediato.

Pero les pido, señores diputados, que tengamos la mesura para seguir con este tema, independientemente de la responsabilidad.

¿A quién le está preguntando, diputado? ¿A mí o al documento que me presentó el diputado Ríos Piter?

No mencioné el más alto consenso posible, sino el documento...

Quiero establecer lo que le dije al diputado Fernández Noroña: Esta Presidencia leyó un documento cuyo origen no es la Mesa Directiva...

No. No son propuestas diferentes. La del más alto consenso posible viene aquí. ¿Me da el documento del diputado Ríos Piter, por favor? Éste es del diputado Ríos Piter. Segunda hoja. Que la Junta de Coordinación Política, a través de los grupos parlamentarios y por el más amplio consenso posible...Entonces explíquenme: cuando se firma, ¿se firma la mitad y la otra no? Explíquenlo. Sí, diputado...

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): A ver, presidente, hay un documento falso con otra instrucción y ahora la bancada de Acción Nacional tiene duda en qué documento está sustentado. ¿Las hojas están debidamente rubricadas? Si no, la duda es si esas hojas también son oficiales, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Estoy de acuerdo con su duda. Lo que no admito es que se ponga en duda la actuación del presidente con base en un documento que ni siquiera conoce.

¿Está ahí mi firma? ¿Está ahí mi firma? Le pregunto, diputado, ¿está ahí mi firma? Le estoy haciendo la pregunta, ¿está ahí mi firma?

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Le voy a contestar. Presidente; lo primero, es que usted es el presidente de toda la asamblea y no tiene que perder la paciencia, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Lo segundo, presidente, usted es el presidente de la asamblea, no el receptor de los documentos, presidente.

Dice: Secretaría de Servicios Parlamentarios, H. Cámara de Diputados, 6 de octubre de 2011. Recibido. Salón de sesiones. Hugo Sánchez Alonso, hora: 13:30. Bajo el procedimiento parlamentario, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En consecuencia, sin perder la paciencia, señor diputado, es la Secretaría de Servicios Parlamentarios la que debe dar cuenta del uso del sello. Lo cual no obsta para que en este documento, que sí me fue presentado a mí, se haya consignado el máximo consenso posible... Don Víctor, por favor.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde la curul): Va a hablar Alejandro.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Alejandro Encinas. Señor diputado.

El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde la curul): Gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera hacer un llamado a que este asunto, que es de la mayor importancia en la Cámara de Diputados, lo atendamos con plena seriedad y responsabilidad. Que no solamente se serenen los ánimos, sino que también se evite el diálogo que está estableciendo usted con los diputados y nos guardemos respeto.

Quisiera solicitarle, que toda vez que hay una confusión sobre el documento que va a soportar la discusión que vamos a realizar, abra un receso y nos dé con precisión cuál es el fundamento jurídico que va a dar pauta a la discusión, para evitar este tipo de asuntos y tengamos plena certeza de los términos de la discusión.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado, sin duda el proceso al que usted se refiere, daría mayor certeza al procedimiento. Lo que no puedo suscribir es la parte en la que usted dice que dos documentos producen falta de certeza en qué estamos discutiendo.

El documento base, el que he presentado a esta Mesa, es el que me entregó el presidente de la Junta de Coordinación Política. No hay error. Ese documento ni siquiera llegó a mi Mesa.

El que leyó la secretaria es el entregado por el señor presidente de la Junta de Coordinación Política. Se lo entregué yo. No, no nos hicimos bolas. Diputado Encinas.

El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez(desde la curul): Coincidiendo con usted, lo que reclamo es que queda certeza de ese documento que fue recibido en el área de Proceso Legislativo, de la Cámara.

RECESO

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor (a las 15:40 horas): Es correcto. Sobre ése tiene que darse una investigación. Como el PAN señala que este resultado debe darse hoy, abro un receso para hacerla.

(Receso)

CONSEJEROS ELECTORALES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor(a las 15:52 horas): Señoras y señores diputados, se reanuda la sesión.

El documento al que hizo referencia el diputado Pérez Cuevas fue entregado a la 1:30, aproximadamente, al secretario técnico de esta Mesa Directiva por el señor Juan Carlos Delgadillo, que trabaja para uno de los integrantes del Partido Revolucionario Institucional.

Perdón. Acordé con los representantes de cada grupo parlamentario que iba a haber respeto y que no se llame falta de tolerancia la exigencia al respeto que, independientemente de las responsabilidades en las que cada quien incurra, debe existir en esta Cámara.

En segundo lugar, el secretario técnico recibió, como recibe cualquier documento y lo selló, porque no es perito, es secretario técnico. Pero de inmediato los coordinadores hicieron llegar —y está el diputado Ríos Piter de testigo— su enérgica protesta a esta Presidencia y fue atendida. De suerte que, consecuencia legal del documento, ninguna. No se tramitó.

En consecuencia, lo justo es que se investigue por qué razón fue entregado a esta Mesa y que se hagan las conclusiones por las instancias correspondientes de la Cámara.

En segundo lugar, independientemente de lo que aquí se haya expresado, aquí hay un procedimiento respecto del cual todos los firmantes están de acuerdo y a él me someto.

Por lo tanto, le pido a la Secretaría pregunte a los integrantes de esta asamblea si procede o no poner a discusión el proyecto de acuerdo correspondiente. Sí, señor diputado.

El diputado Arturo Ramírez Bucio (desde la curul): A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, diputado presidente, si nos podría dar el nombre del diputado para el cual trabaja el secretario técnico. Nos interesa saber el nombre para tener constancia de ese nombre, por favor.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Ésa será la investigación que vamos a realizar. ¿Para quién trabaja? Para el diputado Martel.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Víctor Castro Cosío.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde la curul): Señor presidente, creo que sería totalmente incorrecto que se someta a votación si hay discusión o no del tema; es un tema de interés republicano, en el cual usted ha dado, en dos ocasiones... La representación del PRI lo expresó.

Creo que es de sumo interés que haya un análisis ponderado que dé cuenta de algo tan trascendente para la República, que tiene un año en espera. No debe de ponerse a votación si hay o no discusión; es algo elemental que hay que hacer.

Le sugiero, señor presidente, que de acuerdo al Reglamento haya los oradores a favor y los oradores en contra de la propuesta que aquí se leyó.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): En el mismo sentido, diputado presidente. Hace rato, en otra discusión, usted comentaba que la ley no se vota. Es correcto. Ni los reglamentos ni nuestros ordenamientos.

Si la Junta de Coordinación Política mandó un documento que permite una interpretación o que expresa claramente la posibilidad de que no hubiera debate, eso es incorrecto. Le corresponde a la Mesa Directiva, en primer término y al pleno mismo, hacer la corrección correspondiente.

Sería un pésimo precedente que en un tema tan importante se planteara la posibilidad de la no discusión. Eso ni siquiera pueda estar a consideración. Éste es un espacio de debate por excelencia, donde se expresan los diferentes puntos de vista y al final, se toman las decisiones por mayoría.

Nosotros nunca hemos regateado la condición mayoritaria de los acuerdos; hemos manifestado nuestros puntos de vista, regularmente críticos y contrarios, y hemos asumido las decisiones que toma por mayoría esta soberanía, y así seguirá siendo.

Pero, me parece que es totalmente incorrecto plantear la votación sobre si el tema se discute o no. El tema está a discusión desde hace rato, de diferentes maneras, con diferentes formas de plantearlo y debe abrirse la discusión ya, de manera plena, para que se expresen las diferentes posturas que hay sobre esta propuesta y finalmente, se vote y se tome la decisión correspondiente; por lo cual, le vuelvo a insistir que retire la petición de votación de si se discute o no, y se someta ya a discusión esta propuesta entregada por la Junta de Coordinación.

El diputado José Ramón Martel López (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Martel.

El diputado José Ramón Martel López (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Ruego a la Presidencia, en primer lugar, que someta a consideración del pleno el acuerdo; y en segundo lugar, manifiesto que el PRI está listo para debatir y así votará. Que se debata quiénes quieren consejeros y quiénes no quieren consejeros electorales. Listos para el debate, señor presidente. Sométalo usted a votación.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Vuelvo a insistir en que el respeto... —Celebro su ironía, señor diputado Corral—, pero insisto en que el respeto será fundamental para que desarrollemos esta sesión con cordialidad, sin menguar el apasionamiento que despiertan los temas políticos.

Quiero informar a ustedes que el Reglamento no tiene disposición con relación a un procedimiento de los puntos de acuerdo propuestos por la Junta de Coordinación Política. Si lo hay, díganmelo, porque siempre se está en aptitud de aprender todos los días.

¿Dónde está el argumento legal? ¿El reglamentario? ¿El que diga que los puntos de acuerdo propuestos por la Junta se abren a discusión? No los dictámenes, los puntos de acuerdo.

En derecho público no es igual que en derecho privado, que sólo lo prohibido es permitido, lo que impide el desarrollo de una materia.

El diputado Camilo Ramírez Puente (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Don Camilo.

El diputado Camilo Ramírez Puente (desde la curul): Voy a esperar en lo que —si usted no determina otra cosa—, en lo que termina esa discusión ahí. ¿Espero para tomar la palabra o de una vez?

Presidente, gracias por concederme la palabra. Señor presidente, el día de hoy para nuestro país esta sesión y en este momento es muy importante; quiero llamar la atención suya, la atención de los compañeros, que lo que vamos a definir el día de hoy, lo que debatamos en este momento tiene efectos, no tan solo para la época electoral, tiene para los efectos de futuras generaciones, porque son quienes van a resolver a elección de 2012. Quiero que no pasemos por alto esa situación.

Por lo tanto, creo que la primera responsabilidad que tenemos todos, y principalmente usted como nuestra cabeza en la Mesa Directiva, es que llevemos este debate tal y como lo establecen las formas y las leyes aplicables.

Quiero decir que —hace algunas horas— usted determinó retirar la iniciativa de la Comisión de Justicia porque faltaban dos palabras en ella, y que no era posible moverlas si no las teníamos claras y del conocimiento de todos. Ahorita se ha presentado una situación distinta y más grave, una situación donde había dos documentos subidos ahí al pleno, en los cuales estábamos por dictaminar o debatir. Eso no es válido.

La situación y la confusión que crea no es cosa menor. Celebro que se haya aclarado en parte, porque la parte jurídica no me queda clara; porque ese documento que aparece ahora como firmado por todos los miembros de la Junta de Coordinación Política no está recibido formalmente por la Mesa Directiva. No tiene sello y firma de quien lo haya recibido en su momento. Está en las manos de ustedes en una situación de facto, eso quiero puntualizarlo.

Por otro lado, sí quisiera ser muy enfático en lo siguiente: no somos nosotros, los diputados, los primeros que debemos dar el fundamento y motivación de una petición que hagamos, porque nosotros podemos hacerla, pero quien la aplica es la Mesa Directiva y es la responsable en la toma de decisiones en el área de su competencia.

A final de cuentas la Mesa Directiva tiene a su cargo Servicios Parlamentarios y todo un equipo de asesores, que bien pueden decir cuándo una petición de un diputado o de una compañera diputada es procedente o no.

Le pediría que esa puridad jurídica no se les exija a todos. No tengo excusa, soy abogado, pero aquí tenemos de todas las profesiones y si no fuera así, la ley exigiría que tuviesen la profesión de abogado todas las compañeras y compañeros diputados.

Le ruego, señor presidente, tomar en consideración lo anterior, porque insisto, no estamos resolviendo ahorita para una situación de un año, dos años, cinco años. Estamos resolviendo para la generación de mi hijo, de mis nietos y de todos los demás. Gracias.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El diputado Alfonso Navarrete Prida.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (desde la curul): Gracias, señor presidente. Quisiera hacer un exhorto muy respetuoso a todas las compañeras y compañeros diputados, para que tratáramos de concentrarnos en lo importante.

Lo importante al margen, si se da una explicación completa a un documento, o si se termina o no de ver quién entregó, lo importante es que tratemos de concentrarnos en algo que los trabajos legislativos han impedido que concretemos, que es una terna para ver si podemos completar al Instituto Federal Electoral.

Le agradezco al presidente de la Mesa, que ha tenido la capacidad, en una situación tan compleja, para estar conduciendo estos trabajos donde siempre surgen cosas incidentales que procuran evitar que nos concentremos en el tema de fondo, que es ver el tema de los consejeros electorales. En la medida que nos respetemos, en la medida que tratemos de sacar adelante en lo principal y dejemos de lado lo secundario, creo que podemos dar ése ejemplo al que alude el diputado del PAN, que es dar un buen ejemplo a las siguientes generaciones, pero de entrada a estas generaciones el día de hoy que están viendo esta sesión.

Le reitero el agradecimiento al presidente de la Mesa, por la capacidad que está teniendo de conducir estos trabajos. Muchas gracias, señor.

El diputado Javier Corral Jurado (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Corral.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): Presidente, pido la palabra.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sí, hay otros registrados, diputada.

El diputado Javier Corral Jurado (desde la curul): Muchas gracias presidente. Estoy de acuerdo con el planteamiento que ha hecho Alfonso Navarrete Prida.

Debo lamentar el nivel en el que está escalando este ambiente, que sólo es preludio de lamentables actitudes en esta Cámara, pero invitaría a Alfonso Navarrete a que empezara ese exhorto por los miembros de su bancada.

Hace un momento, presidente, quizá porque usted me refirió sin yo venir a cuento, porque sólo me levanté para señalar que efectivamente la frase con la que se enmarca esta sede es: el respeto al derecho ajeno es la paz.

El diputado Francisco Moreno Merino, vino hasta mi curul para amenazarme con relación al debate que sigue.

Rechazo, deploro, condeno absolutamente estas formas de intimidación política, que en mí no hacen mella. Estamos absolutamente listos para debatir en el más amplio campo de las ideas la acción excluyente, la acción regresiva que quiere plantear el PRI hoy en esta Cámara.

No será la amenaza —presidente Chuayffet—, no será la amenaza ni la intimidación la que merme el vigor de la argumentación y de las ideas. Ése es un acto porril. El señor no merece ostentarse como diputado federal. Ha faltado a su propia dignidad.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Diputado presidente, he sido muy insistente en que se ponga a debate el punto. Usted hace un momento comentaba que cuál era el sustento legal. Está el marco legal, valga la aparente redundancia; está el Reglamento y está la manera en que hemos tocado los temas que va generando también una tradición y una norma.

No ha habido un solo punto que presente la Junta de Coordinación, que no se haya abierto el debate. A veces los diputados y diputadas decidimos que no hay más que votarlo y a veces decidimos que sí es importante fijar nuestras posiciones en tribuna.

Reitero que sí está el fundamento legal; que éste es un espacio de debate por excelencia y en un tema tan fuerte, tan importante, que ha tardado un año en resolverse, justo por las diversas aristas —voy a decirlo así, con ese eufemismo que el tema tiene—, sería un pésimo precedente y menos en este ambiente que ha privado, que no se diera el debate.

Así es que insistiría en solicitar que se abriera el debate sobre la propuesta presentada y una vez terminado el mismo —que el debate sea con respeto y con absoluta libertad—, y que una vez terminado el debate se ponga a votación y se vea si obtiene la mayoría calificada, que pide la normatividad para esta decisión tan importante.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Enoé, por favor doña Enoé.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): Le agradezco, presidente. Después de una hora de haber pedido la palabra ordenadamente desde mi curul, tenía el serio temor de que usted hubiera decidido que éste sería un debate entre hombres, como sucede en la Junta de Coordinación Política y particularmente, en este tema en el que la equidad de género resulta muy relevante.

Solicitar, presidente, que en virtud de que la naturaleza del acuerdo no queda claro, un acuerdo de decreto y sus alcances, no se genera el precedente de la votación a la que nos invitan en torno al debate, sino que se abra la ya evidente lista de oradores que estamos interesados en participar, desde luego lo estoy para hablar en contra del acuerdo, y en caso contrario y dado que esa naturaleza que usted acaba de describir no está referida en el Reglamento, solicitar se abra el espacio para reservas en lo particular, en cuyo caso me reservaría el artículo primero del referido acuerdo.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Pablo Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Gracias, presidente. Presidente, no dejemos un falso discurso y creo que es importante aclarar a la asamblea. Todos estamos de acuerdo en que se debata, nadie ha propuesto que no, todos vamos a votar. Es un tema tan delicado y tan importante para esta nación, que todos estamos de acuerdo en ir al debate. Por favor, ya vayamos al debate. Hagámoslo de manera ordenada, desde la máxima tribuna de la nación. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Gracias, presidente. Hace un momento usted pedía los fundamentos legales. Efectivamente, no hay regla expresa, como usted lo señala.

Sin embargo, esta Cámara de Diputados, como todos los sabemos, es por excelencia un órgano deliberativo. Además también, como todos los sabemos y lo establece el artículo 14 de la Constitución, a falta de regla expresa en la ley, se debe acudir a los principios generales del derecho y a la analogía.

Le pido, con fundamento en el artículo 14 de la Constitución y los artículos 104 y siguientes, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que por analogía abra a discusión este tema.

Además —un argumento adicional—, el artículo 41 de la Constitución dice que la designación de los consejeros electorales debe realizarse previa amplia consulta a la sociedad. Esta designación debe hacerse con la consulta amplia a la sociedad, con representación de la sociedad, los representantes de la sociedad.

En los términos del artículo 51 de la Constitución, somos nosotros, los diputados; por lo tanto, es una designación. Son nombramientos que requieren de esa participación social, deliberativa, con discusión, para cumplir el extremo constitucional del artículo 41 de la Carta Magna, señor presidente.

Por las consideraciones anteriores, le pido que por analogía aplique las reglas de la discusión de los dictámenes del 104 y siguientes, a este caso.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Efectivamente, dice Maurice Oriu, que éste es el Poder deliberante, por excelencia. Pero aquí hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. ¿Perdón?

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Hay que cambiarlo.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Es un acuerdo. No puedo desacatarlo. Por eso pedí hace rato que se hiciera la rectificación correspondiente, firmada por los coordinadores.

Queremos eliminar el punto; ahora me toca a mí pedir puntualidad en el procedimiento; que los señores coordinadores se reúnan y saquen el inciso b) del punto cuatro, del acuerdo. Eso es todo lo que pido.

La Junta es la que le ordenó a la Mesa este asunto. Que sea la Junta la que, con base en todos los argumentos que se han dado aquí, rectifique el punto.

La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sí, diputada Paredes.

La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel(desde la curul): Apreciando el esfuerzo de conducción y valorando la disposición de todos los grupos parlamentarios y de los legisladores y desde luego, en primer lugar, del presidente de la Mesa, para encontrar cauces para esta sesión, le rogaría —a efecto de no confundirme—, que se diera lectura al único documento que está analizando este pleno, que es el acuerdo de la Junta que entregó, en propia mano de usted, el diputado Ríos Piter, coordinador de la Junta, con el propósito de que tengamos claro el planteamiento que hace ese acuerdo, a efecto de poder precisar —como usted bien lo señala— lo que corresponde.

Me queda claro, de lo que he escuchado en este pleno, que los grupos parlamentarios están dispuestos a que esto se debata. Todos los grupos parlamentarios se han expresado en ese sentido.

Entonces, el segundo tema es si esto obedece procesalmente a la Ley Orgánica o al Reglamento o sería un acuerdo del pleno, atendiendo el inciso b).

Hay, en relación a ello, la observación de algunos legisladores de que no es necesario someter a votación un derecho de los legisladores. Me parece que si le da lectura la secretaria al documento, podremos llegar a una conciliación de criterios.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Lo voy a hacer personalmente, porque para comenzar en dilucidar la confusión, nunca se ha leído otro documento más que uno, éste. Éste dice, en el punto 4, inciso b): “la Mesa Directiva consultará al Pleno si la propuesta presentada se somete a discusión”. Es todo lo que dice.

Tenemos la posibilidad de consultar a la asamblea —que es lo que no se quiere hacer—, o de que se rectifique por parte de la Junta de Coordinación Política. Lo que no voy a hacer es tomar una decisión distinta al acuerdo que me hace llegar la Junta de Coordinación Política, a todos los integrantes de la Mesa.

Sí, Pepe.

El diputado José Narro Céspedes (desde la curul): Sí, diputado presidente. Comentar que todas las fracciones parlamentarias se han expresado a favor de abrir el debate. Creo que usted como presidente debe ser sensible a lo que aquí se ha manifestado, que es el planteamiento de que haya debate, que haya discusión sobre el tema. Si hay alguna duda, pues se puede consultar al pleno de la asamblea.

Nosotros, como fracción parlamentaria del PRD, estamos por segunda ocasión agraviados, porque hay otro documento, como se hizo la vez pasada, con un acuerdo de dos coordinadores que cambiaron un formato con la comparecencia del secretario de Hacienda.

Hoy nuevamente están haciendo a un lado, mediante un documento que se presentó, patito, a nuestro coordinador parlamentario, que es actualmente el coordinador de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados; por eso planteamos el respeto a nuestro coordinador y planteamos que si el pleno ya se ha expresado a favor del debate nos vayamos al debate, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: A ver, consultaría a la asamblea, como dice el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, si debe haber o no discusión. La gran mayoría de los diputados está a favor de la discusión.

En consecuencia, en lugar de seguir dilatando este asunto, podríamos proceder a la votación de la discusión. Pero lo que no voy a hacer es unilateralmente dejar de acatar una resolución de la Junta. No lo puedo hacer porque eso nos lleva a asentar un precedente.

¿Por qué, Gerardo? Porque en esta ocasión, señor diputado, la Junta mandó el procedimiento. No es lo usual, no, pero lo mandó. Sí, diputado. Perdón, es por alusiones personales el diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Diputado presidente, me queda claro que lo más práctico es que se votara y saldríamos aparentemente del atolladero. Digo aparentemente, porque me niego a convalidar un procedimiento que sentaría un precedente, que ya sólo falta que la Junta nos diga qué debatimos y qué no en este pleno. Todo se debate en este pleno, todo; se pueden presentar las propuestas que quieran y todo se debate. Sólo faltaba que renunciáramos a ese derecho, diputado presidente. Eso ya es el colmo.

Deciden en la agenda política; cuándo se debate y cuándo no; qué se incluye y qué no se incluye. Nos administran lo que quieren; nos meten en el orden del día, en el momento que quieren, lo que les viene en gana.

¿Ahora nos van a decir si podemos debatir o no? Ya me parece el colmo. Me niego a renunciar a mi derecho a debatir y pido que se respete ese derecho; si hay sensibilidad de la Junta, que ya retiren esa barbaridad que plantearon, porque no puede ser que nos pongan a condición qué vamos a debatir y qué no.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Ríos Piter.

El diputado Armando Ríos Piter (desde la curul): Sí, presidente. Solamente para comentar que en la Junta este tema fue ampliamente debatido. Me parece que el ánimo que hay en la asamblea —como usted lo ha referido— de parte de todos los coordinadores es que se quite ese punto y que se proceda al debate.

Por lo cual, le plantearía, como presidente de la Junta de Coordinación Política, que se quite el punto y que procedamos al debate.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sí, señor diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Creo —en abono de lo anterior, señor presidente—, que además hay un argumento legal muy claro en el artículo 34 Bis, fracción II, del inciso e) de la Ley Orgánica del Congreso, cuando dice que presentadas las propuestas de consejero, presidente y electorales el órgano o comisión encargado de entrevistar y evaluar a los ciudadanos por los grupos parlamentarios formulará el dictamen respectivo, que consagre los resultados.

Es decir, la Ley Orgánica le da a esta propuesta el carácter de dictamen. Si es un dictamen de la Comisión de Gobernación y de la Junta de Coordinación Política debe discutirse en los términos de todos los dictámenes, presidente, conforme a lo que prevé el artículo 34 Bis, inciso e), fracción II de la Ley Orgánica del Congreso.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Si, diputado Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Gracias, presidente. La bancada del PAN propone —ya que hace un momento veíamos con el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, en coincidencia, que el interés de las bancadas es debatir—, que se abra el tema, que se expongan los argumentos, se fijen las posturas y después continuar con el proceso. Por lo tanto, propondríamos que puede ser bajo dos aspectos: o usted puede someter a votación que ese apartado concreto —que no compartimos las bancadas— se retire; o, bien, pasar directamente a la discusión de este tema.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sí, diputado Encinas.

El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde la curul): No quisiera dejar de opinar en este asunto que va a sentar un precedente muy importante en nuestros trabajos.

Lamentablemente, el acuerdo, la reacción del acuerdo es muy desafortunada, porque la Junta solamente tiene la atribución para remitir para su discusión los puntos de acuerdo a los que ello aborde. Si el pleno decide discutirlo avanzamos en su debate y en su votación. Pero la práctica parlamentaria señala que, en caso de no aceptarse a discusión, se regresa —en este caso— a la Junta de Coordinación Política.

Creo que usted debe ser muy escrupuloso en este asunto, porque la Junta no tiene atribuciones para definir si se discute o no. Se envían los puntos de acuerdo para discusión del pleno.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Estoy de acuerdo con usted y me parece aquí que hay dos formas de abatir el inciso b), que señala el procedimiento que la Junta le ordena a la Mesa Directiva; uno es documentar por escrito que la Junta retira este punto, porque ella es el origen de la discusión, no nosotros. Vuelvo a insistir. O, dos, que este pleno vote, en acatamiento al inciso b), del artículo 4o. si se abre la discusión.

Lo que no puede ocurrir es que la Mesa Directiva decida esto por el sentir general que se manifiesta ni nada similar. Los actos jurídicos son: o votación o rectificación del acuerdo.

Señor diputado Martel.

El diputado José Ramón Martel López (desde la curul): Señor presidente, parece que es muy claro que todos estamos coincidiendo. Si lo que hizo el presidente de la Junta de Coordinación Política es una propuesta para que se suprima el párrafo de la controversia, desde luego que desde ahorita decimos que votaremos a favor de que se suprima el párrafo de la controversia. Por las dos vías: ya fuese como acuerdo de la Junta de Coordinación Política; ya fuese que fuese sometido al pleno para que éste lo aprobara, si es que esto fuese el deseo que es ya iniciar el debate y solucionemos con agilidad. Nos parece muy pertinente lo que usted acaba de expresar; muy de acuerdo en lo que acaba de expresar el presidente de la Junta de Coordinación Política. Los dos caminos están perfectamente claros. El PRI desde ahorita anticipa que en los dos estaría de acuerdo, en aras del respeto a la legalidad, que es la que está invocando la Mesa y su presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: ¿Estarían de acuerdo cada uno de los coordinadores restantes en que se retiré ese punto? Lo pregunto a todos los demás coordinadores. Don Pedro.

El diputado Pedro Vázquez González(desde la curul): Presidente, gracias. Estaríamos de acuerdo en que se retirara el párrafo que está siendo controvertido.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Bien. Convergencia.

El diputado Jaime Álvarez Cisneros(desde la curul): De igual forma estaríamos de acuerdo para agilizar este debate, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Nueva Alianza.

El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco(desde la curul): Por supuesto, señor presidente, que estamos de acuerdo en que se retire.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Partido Verde.

El diputado Juan José Guerra Abud(desde la curul): Estamos de acuerdo.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Acción Nacional ya se manifestó ¿verdad? Muy bien, que conste en actas y se abre a discusión el tema.

Tengo registrados, en contra, a los diputados: Guadalupe Acosta Naranjo y Javier Corral Jurado; en pro al diputado Pedro Vázquez González y a Juan José Guerra Abud. Pero en primer lugar, en contra, en primer lugar, a doña Enoé Uranga, que lo había solicitado desde que hizo solicitud de la palabra. Diputado Cárdenas Gracia, en contra; el diputado Fernández Noroña, en contra.... Moreno Merino, ¿a favor?

El diputado Francisco Alejandro Moreno Merino (desde la curul): Para alusiones personales.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Para dar respuesta a alusiones personales, permítame un momento.

Diputado Lerdo, a favor. ¿Quién más? No tengo más oradores. Diputado Ramírez Marín, a favor; Pablo Escudero a favor. Ya son los seis a favor. Alejandro Encinas, en contra. Ya están los seis en contra. Preguntaré al término de esta lista si se considera suficientemente discutido o no, como lo ordena el Reglamento. Diputado Moreno.

El diputado Francisco Alejandro Moreno Merino (desde la curul): Señor presidente, desde aquí le ofrezco una disculpa al diputado Corral, por lo que le comenté. Se lo digo en pleno respeto, señor diputado Corral: le ofrezco una disculpa por lo que le comenté, señor diputado.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El diputado Arturo Ramírez Bucio, de Acción Nacional, ha manifestado a esta Presidencia la duda de si lo que se somete a votación es la terna o todo el acuerdo completo. Creo que es todo el acuerdo completo, porque incluso se señala la obligación de los nuevos consejeros de rendir protesta. Es el acuerdo, con la supresión que se ha hecho del inciso b) del artículo 4o.

Pido a la Secretaría que en votación económica pregunte al pleno si lo que se va a discutir y en su caso a votar, es el acuerdo íntegro.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos:Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si lo que se va a discutir es el acuerdo íntegro. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Será el acuerdo íntegro. Tiene la palabra la diputada Enoé Uranga.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz:Le agradezco presidente. Primero que nada, aclaro que la posición formal del grupo parlamentario la hará el diputado Guadalupe Acosta.

Mi objeción parte de una inquietud más ciudadana y desde el carácter de una diputada que no pertenece a un partido, aunque desde luego comulga muy claramente con la izquierda.

Esta Cámara de Diputados reiteradamente, desde anteriores legislaturas, se ha empeñado en desacreditar al IFE, contrario al compromiso, a la responsabilidad que tenemos de hacer de ése el instrumento por el cual los ciudadanos se sientan convocados a participar en una elección, en la que el árbitro no está inclinado para ninguno de los lados.

Hemos hecho, han hecho de la elección de consejeros una rebatinga entre partidos: el toma y daca. Hemos pasado todo este tiempo, desde octubre que se abrió el proceso hasta este momento, atorados, dañando incluso las decisiones que el IFE ha venido tomando, desde porque han quedado en empate hasta porque muchos de sus resultados hubieran podido ser distintos, si hubiera estado integrado el consejo en su totalidad.

Hemos venido desacreditándolo, porque el debate al interior de la Cámara se ha reducido a una repartidera entre los tres partidos principales.

Todo el tema de los consejeros ciudadanos no está centrado en la calidad, en quién de ellos se apega más a la ley, en cuál es el retrato que queremos darle a la ciudadanía de un IFE, que realmente sea esa voz ciudadana de calidad especializada que hable por los ciudadanos. Lo que hemos hecho es repartir los tres lugares entre los tres partidos principales. A eso se han dedicado.

Hoy llegamos, en medio de ese absurdo, al desacuerdo, en el que la mayoría decide que es el momento de imponer por la fuerza a dos candidatos que ve con simpatía para ellos y le lanza un anzuelo a Acción Nacional, a ver si los acompaña para romper la disposición de construir un acuerdo colectivo.

Por ello, presidente, le pido que considere como propuesta alternativa una terna de ciudadanas y ciudadanos que respete a la ley; una terna integrada mayoritariamente por mujeres que den cumplimiento a la obligación constitucional que tenemos, en medida de los mandatos de los tratados internacionales, de jugar a la paridad entre mujeres y hombres.

Leticia Santín fue destacadísima en la participación al interior de la Comisión de Gobernación y fue propuesta por el presidente de la Comisión de Gobernación, y después reivindicada por el Grupo Parlamentario del PRD.

Cecilia Tapia fue una de las candidatas que mejor hizo la entrevista, que más calificada fue y que más conocimientos tiene sobre la ciudadanía y género, y fue propuesta por la expresión del PRI.

Sería difícil elegir a un hombre que destacara y que fuera ciudadano. Desde luego, Emilio Álvarez Icaza se destaca; pero es Ciro Murayama —quien fue propuesto por el PAN—, y que tiene un carácter ciudadano.

¿Quieren entregarle al país una terna en la que ninguno, de todos ustedes, lleve ganancia, y en la que gane es la voz ciudadana de los consejeros? Ahí está Leticia Santín, Cecilia Tapia y Ciro Murayama, quienes son reflejo de los intereses de todos ustedes; pero que son reflejo de la ciudadanía, de la participación, sin tendencia partidista.

No hagan del IFE el ridículo total del descrédito, que se convierta solamente en una repartidera de expresión, entre ustedes. Denle a la ciudadanía credibilidad en las elecciones; fortalezcan al IFE, devuélvanle su identidad independiente y ciudadana. Comprométanse, por una vez, con el país, por encima de sus intereses partidistas.

Esta terna es reflejo de los intereses de ustedes, sin duda alguna, pero es reflejo de calidad, de experiencia, del conocimiento amplio y del compromiso, antes que nada, por el país.

Dense la oportunidad de mejorar la imagen. Con lo que van a hacer después de esta determinación se va a sellar si nuestra imagen —también como Cámara— se sigue deteriorando; si somos, también parte de ese ridículo en el que hemos vuelto al IFE o realmente somos capaces, por un momento, de poner por delante el interés ciudadano en la elección. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputada, el artículo primero del acuerdo no puede reservarse, porque el artículo 110 del Cofipe en su numeral 5 señala:

5. Los consejeros electorales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre las propuestas que formulen los grupos parlamentarios.

El artículo 7o. de la convocatoria que rigió este procedimiento señala: los grupos parlamentarios, a través de la Junta de Coordinación Política, determinarán los nombres de la propuesta. De suerte que no es al pleno ni a los diputados, en lo individual, a quienes compete la integración de los nombres, sino a los grupos parlamentarios a través de la Junta de Coordinación Política. Tiene la palabra don Pedro Vázquez González.

El diputado Pedro Vázquez González:Con su venia, señor presidente, compañeros diputados, compañeras diputadas, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está plenamente convencido de la imperiosa necesidad de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral esté debidamente integrado.

El día de mañana, 7 de octubre, tal y como se establece en el artículo 210 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dará inicio el proceso electoral con las etapas que lo integran. Es altamente riesgoso para los partidos políticos, candidatos, ciudadanos y autoridades electorales, dar inicio al año electoral con un Instituto Federal Electoral incompleto.

Nuestro grupo parlamentario ha acompañado todas las etapas de la convocatoria que la propia Cámara de Diputados, desde el año pasado, ha hecho para la designación de los tres consejeros o consejeras electorales faltantes, derivada de la reforma constitucional electoral del pasado 13 de noviembre de 2007.

Esta Cámara de Diputados está con un rezago de casi un año, mejor dicho, estamos cumpliendo un año, en la designación de los consejeros electorales faltantes. La integración o el funcionamiento actual del IFE, a quien le hacen falta tres consejeros o consejeras electorales, ha impedido el adecuado funcionamiento del instituto y esto se evidencia en el pleno de las sesiones de Consejo General, así como en sus respectivas comisiones de trabajo.

Un IFE incompleto a nadie conviene, porque se pone en riesgo la legitimidad del próximo proceso electoral. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en esta Cámara de Diputados, ha acompañado todas las etapas de la convocatoria para la debida integración del IFE y siempre nos hemos pronunciado por la integración de un consejo general que garantice la debida autonomía e independencia de este órgano constitucional, autónomo, que es patrimonio de todos los mexicanos...

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua(desde la curul): Presidente.

Presidencia del  diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Un momento, diputado...

El diputado Pedro Vázquez González: ... Tan es así...

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Un momento. Sí, diputado Óscar Arce, ¿con qué objeto, diputado?

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua(desde la curul): ¿Si me permite una pregunta el orador?

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Quieren hacerle una pregunta, diputado.

El diputado Pedro Vázquez González: Estoy haciendo un posicionamiento, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: No lo acepta. Está en uso de la voz. Gracias. Adelante, don Pedro.

El diputado Pedro Vázquez González:El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en esta Cámara de Diputados, ha acompañado todas las etapas de la convocatoria para la indebida integración del Instituto Federal Electoral y siempre nos hemos pronunciado por la integración de un consejo general que garantice la debida autonomía e independencia de este órgano constitucional autónomo, que es patrimonio de todos los mexicanos.

Tan es así, que sesión tras sesión, los diputados de nuestro grupo parlamentario han sido insistentes en plantear la omisión de quienes hacen mayoría en la Junta de Coordinación Política para procesar el acuerdo correspondiente, y siempre nos hemos opuesto a que haya acuerdo por cuota. No aceptaremos que se pretenda dar una integración, con personas cuya autonomía e independencia de los poderes fácticos y de los propios partidos políticos, no esté debidamente garantizada.

Nuestro grupo parlamentario no avalará un procedimiento en donde el consenso y la inclusión sean sustituidos por una decisión vertical. México no puede darse el lujo de incurrir en los mismos errores, como en octubre de 2003, cuando el Instituto se integró de manera facciosa y los resultados los vivimos en el ejercicio electoral 2006.

En el Grupo Parlamentario...

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Diputado Pedro... Sí, diputado, dígame usted.

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (desde la curul): Gracias presidente. Nada más una pregunta, a ver si el presidente legítimo López Obrador está de acuerdo con lo que está diciendo el diputado del Partido del Trabajo.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Continúe diputado Pedro Vázquez.

El diputado Pedro Vázquez González: Espero que me recupere el tiempo, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Continúe, diputado.

El diputado Pedro Vázquez González: En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos pronunciamos a favor que los tres nuevos consejeros electorales integrantes del IFE puedan ejercer a plenitud las atribuciones legales con las que cuenta el Instituto y en particular, que sean garantes de la autonomía del instituto y de los principios rectores que rigen la materia electoral. Nuestro grupo parlamentario no veta biografías ni otorgamos tampoco cheques en blanco, pero exigiremos una actitud institucional de todos los consejeros electorales.

Nos satisface la inclusión en la terna de la licenciada Cecilia Tapia Mayans, quien cuenta con los requisitos jurídicos de idoneidad para desempeñar tan alta responsabilidad.

Al final de cuentas lo que a todos nos interesa es que los ciudadanos que resulten electos como titular del Poder Ejecutivo, así como los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión, cuenten con la legitimidad que deriva de acceder a sus cargos con un proceso electoral limpio, transparente y apegado a derecho, en donde el voto del ciudadano cuente y se cuente bien.

Por estas consideraciones votaremos a favor de la debida integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Por su atención, gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Compañeras y compañeros legisladores. De verdad les digo que estamos por resolver uno de los asuntos más trascendentes que haya tenido en sus manos esta Cámara de Diputados.

Terminar de constituir al órgano electoral, al árbitro, al órgano autónomo y ciudadano, que tiene en sus manos procesar, organizar, dar certeza a todos los mexicanos de que sus próximas autoridades fueron electas en un proceso legal, legítimo. El IFE es un avance de la lucha democrática que no debe de tener retroceso.

Anteriormente las elecciones eran organizadas por órganos dependientes del Poder Ejecutivo federal. Se logró en una gran reforma, en un gran acuerdo nacional, darle autonomía y hacerlo ciudadanos. Tiene parte de la construcción de esa historia Emilio Chuayffet, quien en su carácter de Secretario de Gobernación presidió el primer órgano, tendiente a ciudadanizarlo.

Ha tenido épocas de gloria el IFE y ha tenido momentos tristes. En 2003, por una decisión de esta soberanía, se decidió excluir al Partido de la Revolución Democrática de la conformación del anterior Instituto Federal Electoral. Fue una decisión lamentable, errónea, que culminó con una elección cuestionada desde origen.

Qué triste es hoy que en este momento se pretenda que dos de las principales fuerzas político-electorales de gobierno, no participen en la aprobación del órgano que será el regulador de las elecciones. Se quiere cometer el mismo error, pero al cuadrado, de lo que se hizo en 2003.

El Instituto Federal Electoral debe de ser ciudadano, no debe de pertenecer mayoritariamente a un partido político.

Quiero decir aquí, en ésta la más alta tribuna, que se está excluyendo al Partido de la Revolución Democrática, de nueva manera y al Partido Acción Nacional, y el PRI está imponiendo una visión unilateral en la conformación de este órgano. Que quede perfectamente claro.

Nombramos ya seis consejeros en 2008; el PRI tenía entonces 100 legisladores y a nadie se le ocurrió hablar de proporcionalidad, mayorías o de cómo una fuerza política tan importante como el PRI quedaba fuera, quedaba a un lado de la conformación de este órgano.

Beatriz Paredes y un servidor éramos presidentes nacionales de nuestros partidos y participamos en construir un gran acuerdo, que logró un gran consenso y que no utilizó la mayoría para imponerle a otro partido político su exclusión. Llamo a que honremos los acuerdos originales de este Instituto Federal; a Solís Acero, que participó, que estuvo al pendiente de la conformación de la reforma constitucional y legal; llamo a Beatriz Paredes a que honremos la palabra del acuerdo original, del acuerdo de inclusión, del acuerdo de la tolerancia y del acuerdo de un órgano ciudadano. Que no se venga hoy, amigas y amigos, a apoderarse del IFE.

Termino, presidente. Se dijo aquí que se trata de ver quién quiere consejeros, un órgano completo y quién no lo quiere. Ésa es una falacia, eso es una mentira. Todos queremos ver un órgano conformado por nueve consejeros, pero no de un partido, no de un solo grupo, sino que representen al conjunto de la sociedad, que honren y fortalezcan al Instituto Federal y que no lo mermen.

Es una vergüenza, una tristeza y una lástima que hoy se esté partidizando a un órgano de tal importancia. Están cometiendo un grave error, amigos del PRI, y de eso los ciudadanos están tomando cuenta y no lo van a perdonar. Muchas gracias, amigas y amigos.

Presidencia del diputado Emilio Chuayffet Chemor

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Acosta, le ruego permanezca en la tribuna, porque hay varias preguntas que le quieren formular.

Para quienes insistentemente me reclamaban su intervención, debo decirles que desde el 1o. de septiembre las preguntas las desahogo al final de la intervención del orador, por respeto a su ilación argumentativa y por respeto a la pieza discursiva, en su conjunto, si no les molesta... Don Óscar Arce, por favor.

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua(desde la curul): Presidente, dentro del tiempo tiene uno que decir que tiene una pregunta —nada más se lo aclaro, presidente—, para el orador. ¿Qué interés cree usted, señor diputado...? Bueno, si acepta la pregunta.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: ¿La acepta?

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo:Con todo gusto.

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua (desde la curul): ¿Qué interés cree usted que está detrás de la propuesta de estos tres consejeros, que estamos iniciando a debatir y que usted mismo ha dicho que no representan el sentir del pueblo mexicano ni tampoco de la mayoría de los que estamos aquí?

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Adelante, señor diputado.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo:Muchas gracias, señor presidente. Creo que es el momento de precisar, porque hubo un debate inicial sobre el trámite que hizo la Junta de Coordinación parlamentaria ante este pleno, de la presentación de la terna que se está poniendo hoy a consideración.

Primero, decir que la Constitución obliga a que esta soberanía vote por —por lo menos—dos tercios de sus integrantes. Se es inexacto cuando se dice que se está presentando una terna con el más amplio consenso. Dos partidos no votaron por esa terna, pero representan el 42 por ciento en el voto ponderado del conjunto de la Cámara.

Esta terna trae solamente el respaldo del 58 por ciento en lo que es el voto ponderado ni siquiera los dos tercios que requeriría la aprobación por este pleno.

Por eso es una exageración o inexactitud, por decir lo menos, decir que viene un acuerdo con el más amplio de los consensos; viene con una mayoría apenas simple, que ni siquiera tiene el respaldo de la mayoría calificada que requiere la Constitución para este caso.

Segundo. Debo decirlo también con tristeza, pero de cara a la nación. Se nos pidió a los miembros del PRD que pudiéramos acompañar una terna presentada por el PRI, donde ellos propusieran dos integrantes y el PRD propusiera uno y les dijimos que no, que ésa era una actitud equivocada y antidemocrática, porque era partidizar al Instituto Federal Electoral.

Nosotros fuimos objeto de una exclusión en 2003 y no nos vamos a prestar jamás excluir a parte de las fuerzas políticas fundamentales de este país. Debe ser un consejo que represente al conjunto de los partidos políticos y de los ciudadanos. De los partidos, porque somos contendientes y porque queremos tener certeza en el árbitro y en la autoridad electoral.

Por eso viene aquí. No es lo adecuado, compañeros, ofrecerle a un partido que se excluya a otro.

Nuestra decisión fue en defensa del IFE. Fue en defensa de la imparcialidad. Fue en defensa de que todos estuvieran incluidos y no hacer una chicanada. Una chicanada que lastima la autoridad del Instituto Federal Electoral.

Por eso, creo que no representa el espíritu original de los constitucionalistas que cambiaron para modificar la ley, buscando un órgano ciudadano y no partidizado, como hoy se está intentando hacer.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El diputado Sebastián Lerdo de Tejada quiere hacerle una pregunta y enseguida, el diputado José Narro.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Gracias, diputado Acosta Naranjo, por aceptar la pregunta. Me parece muy grave lo que acaba usted de afirmar en su intervención. Ha dicho que los consejeros representan partidos políticos y ése es justamente el error.

¿Se sostiene usted en ese dicho o fue simplemente parte del entusiasmo en su interlocución en la tribuna? Porque lo que usted dice es que se les excluye...

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo:No lo escucho bien, diputado, perdón. Luego no quiero que diga que no le quise contestar el contenido.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (desde la curul): Lo que usted dice es que se les excluye y que quiere usted consejeros que representen partidos políticos.

Creo que es más un dislate en su alocución en la tribuna, más que un deseo verdadero. Porque si es así —se lo digo de una vez—, no lo compartimos.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Adelante, diputado.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo:Diputado Lerdo de Tejada, el IFE que hoy tenemos es producto de una larga lucha ciudadana por la democracia y de partidos políticos por la democracia, y acordamos que debería ser un órgano ciudadano, nombrado por esta Cámara de Diputados a dos tercios. En esta Cámara de Diputados, salvo que podamos aprobar pronto la reforma política, hay diputados de partido.

Ya habrá pronto —espero yo— también diputados, que sin pertenecer a partidos puedan llegar a este lugar.

Lo que no es correcto y de veras lo preciso, no es que los consejeros no sean ciudadanos, sino que sólo impere la visión de un partido político en la integración de este órgano. Nosotros también acudiremos a las urnas, nosotros también estaremos bajo el escrutinio de los mexicanos para que nos otorguen o no su voto y también tenemos que votar y ser representados.

En nuestra opinión, de que esos ciudadanos son imparciales, de que esos ciudadanos son neutrales; que no son producto de un mayoriteo, de un solo partido político. Eso es distorsionar al IFE. Así que, para resumir, debe ser un órgano ciudadano.

Nosotros queremos que se complemente con nueve integrantes, pero es un gravísimo error histórico excluir la visión de los diputados que aquí representan el 42 por ciento de las curules y cerca del 50 por ciento de los votos en la última elección, porque ustedes son mayoría hoy a causa de la clausula de gobernabilidad del 8 por ciento y no en la mayoría ciudadana que se los dio en los votos. Por esa razón y sin demérito de los consejeros que ustedes proponen, nuestro voto será en contra para defender al IFE y para evitar que un partido se apodere de él.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado José Narro.

El diputado José Narro Céspedes(desde la curul): Con su permiso, diputado presidente. Diputado Acosta Naranjo, en 1988 se dio un gran fraude electoral, vivíamos en un sistema de partido único, de partido de Estado; las reformas electorales después del 88 fueron prácticamente contrarreformas electorales; la presión ciudadana por los cambios de este país provocó entre otras cosas la irrupción de muchas fuerzas excluidas de la vida política, y apareció en el 94 el propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Fue hasta la reforma del 96-97 cuando se constituyó el primer órgano del IFE ciudadano. A quien le tocó el mandato de hacer esa gran reforma democrática, impulsarla y coordinarla en una mesa en Bucareli e impulsar la constitución de ese órgano, es al actual presidente de esta Cámara de Diputados.

Me acuerdo que las reglas eran muy claras: que todos los partidos ahí hacían propuestas y que se iban a buscar los mejores consensos y a personalidades que buscaran representar esa aspiración democrática de los mexicanos.

Hoy, en este planteamiento que se nos presenta, ¿usted ve esa aspiración o ve un esquema de regresión política hacia ese viejo modelo de partido de Estado, de ese viejo modelo y sistema de partido único?

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo:Con gusto. Primero, debo expresar mi reconocimiento personal al papel que en su momento cumplió Emilio Chuayffet. Él fue parte de la construcción, en un proceso paulatino y sucesivo, de un órgano electoral que dejara de ser parte del aparato de Estado, como lo era en su momento, para convertirse en un órgano ciudadano.

Aquí hay varios que han sido consejeros ciudadanos de distintos partidos y quien ha presidido también a ese órgano.

Veo que lo que hoy estamos haciendo es un franco retroceso, un claro retroceso. Me parece un gravísimo error histórico del Partido Revolucionario Institucional, que desgraciadamente está llevando a la polarización, en vez de buscar el consenso y el acuerdo de los actores participantes.

Debo de recordar que los primeros seis consejeros ya nombrados, se nombraron por consenso de las fuerzas políticas. Siendo el PRI sólo 100 integrantes de la bancada, participó plenamente en el nombramiento de los seis y quedó plenamente satisfecho; su voto se expresó.

No sacamos mayorías y minorías. No sacamos como argumento, bajo ninguna circunstancia, que éramos una fuerza mayoritaria en este pleno. Los dos partidos que hemos votado en contra de esta terna teníamos entonces cerca de 400 votos y tuvimos la responsabilidad y la altura de miras para construir un acuerdo con quien era entonces la tercera fuerza electoral.

Por eso, a eso es a lo que llamo al Partido Revolucionario Institucional, que retome el camino del acuerdo, del consenso, de la integración y abandone, en este tema tan importante, el muy mal discurso de las mayorías y de las minorías. Eso no honra el espíritu con el cual fue construido el Instituto Federal Electoral.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Para alusiones personales, tiene la palabra la diputada Beatriz Paredes.

La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel (desde la curul): Sí, señor presidente, pero es para alusiones personales, no forma parte de ninguna pregunta al orador, al que entiendo ya se le concluyó su tiempo.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Hay dos preguntas más para el orador.

La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel (desde la curul): Si usted estima pertinente que primero aborde el turno y si no, no tendría —si así lo estima la Presidencia—, ningún inconveniente que procedan quienes van a formular preguntas. No voy a formular ninguna pregunta, simplemente fui aludida.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Entonces, daré curso a las preguntas. El diputado Felipe Enríquez quiere hacer una pregunta al orador, ¿acepta éste?

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Sí, con todo gusto.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias. Diputado Felipe Enríquez.

El diputado Felipe Enríquez Hernández (desde la curul): Gracias, señor presidente. Primero, como antecedente. Tal vez no tenga claros los datos el compañero diputado orador, pero el PRI y el PRI en alianza con el Verde ganaron 188 distritos de mayoría. El PRD sólo obtuvo el 12.20 por ciento de los distritos y de la votación. Quien se benefició con la representación proporcional, sin duda fue el PRD. Sólo como aclaración.

Mis preguntas; primera, usted hablaba de una propuesta que se le ofreció al PRD un consejero. Le pregunto: si se le hubiera ofrecido un consejero al PRD y uno al PAN, ¿hubiera aceptado?

Segundo: ¿qué opina usted: el PAN le robó la elección presidencial al PRD o el PAN ganó la elección federal? Esas son mis preguntas.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Adelante, señor orador.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo: A la primera aseveración del diputado, respecto a los porcentajes y triunfos de mayoría obtenidos en 2009. Con todo respeto es a esa visión a la que me opongo, porque exactamente ustedes tenían 100 diputados en la anterior legislatura y el PAN y el PRD cerca de 400 y nunca, jamás intentamos excluir, cometer la insensatez de hacer a un lado a un partido de la importancia, el tamaño nacional, la historia, las responsabilidades de gobierno, que es el PRI. Sería un sinsentido y un despropósito.

Hoy ustedes lo intentan hacer con las otras dos principales fuerzas electorales y de verdad les digo que esa no debe de ser una actitud de la que se precien de democrática.

Segundo. A confesión de parte, relevo de pruebas. O sea que ustedes ven en la repartición el método adecuado para resolver este conflicto y no en que se tenga el consenso de las principales fuerzas políticas representadas en esta Cámara.

Tercero. Mi opinión respecto a la elección del 2006 está consagrada en muchísimos lugares. Creo que precisamente las irregularidades de esa elección fueron las que motivaron la reforma constitucional en materia electoral: tener un nuevo código federal y hacer una sustitución consecutiva en tercios de este órgano electoral, porque necesitábamos rehacer el andamiaje democrático lastimado en 2006. Por eso hicimos ese gran acuerdo.

Pero hoy ustedes, que cuando fueron 100 diputados fueron tratados como debe de ser por quienes eran mayoría, hoy que son mayoría no reflejan lo que en verdad están pensando del país. ¿A qué quieren llegar al gobierno y de qué malas artes se quieren aprovechar para poder obtener una mayoría que no les dio el pueblo de México? Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El diputado Héctor Pablo Ramírez. ¿Acepta usted, señor orador?

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Con todo gusto.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Adelante.

El diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva: Diputado Acosta Naranjo. Hoy estoy viendo que te desgarras las vestiduras hablando de democracia y de no avasallar en el Parlamento al partido mayoritario, como es el Partido Revolucionario Institucional, que nunca lo han hecho.

Te quiero preguntar, Guadalupe, tú que estuviste cerca, ¿qué opinas que en el 2010 el PAN y el PRD avasallaron en Oaxaca con todos los consejeros electorales? No le dieron uno solo al PRI, en el 2010, siendo Gabino Cué gobernador del estado. Eligieron presidente y todos los consejeros electorales PRI y PAN, y el PRI es partido por partido mayoría en Oaxaca. Qué opinas si eso que sucede en Oaxaca no está sucediendo en el Congreso y eso se llama congruencia. Dímelo.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo:Señor diputado, si ésa hubiera sido la decisión del PRI de quedar excluidos, terminaron votando a favor del consejo electoral. No puede ser votado, si no es por dos tercios de las Cámaras locales, también los organismos electorales en los estados

Ningún partido, en ningún estado de la República ni a nivel federal, puede —por disposición constitucional— tener más del 60 por ciento de los escaños, de ningún Congreso; por tanto, se necesita el voto de los dos tercios; y diputados del PRI terminaron avalando esta reforma.

No es nuestro caso, que hoy estamos aquí, de frente a ustedes, discutiendo por qué razones creemos que ésta es una medida equivocada para el país, para el Instituto Federal Electoral y para México. Muchas gracias.

El diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (desde la curul): Diputado Guadalupe.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias. Señor diputado, están permitidas las preguntas, pero no están permitidos los diálogos en este Cámara.

Tiene la palabra la diputada Beatriz Paredes, para hacer las alusiones que con relación a su persona fueron hechas por el orador. Gracias, señor orador.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias, señor presidente.

La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel(desde la curul): Señor presidente, compañeras y compañeros legisladores. La naturaleza del Instituto Federal Electoral fue producto de un esfuerzo de las instituciones mexicanas para encontrar mecanismos que le diesen más certidumbre a la sociedad sobre la pertinencia, neutralidad, eficacia y pulcritud en el manejo de las elecciones. Muchos de quienes estamos aquí seguimos ese proceso de cerca.

Cuando, en cumplimiento de la legislación y del mandato, nos reunimos en la Comisión de Gobernación para proponer una relación de personas que habían acreditado sus conocimientos y su disposición de servir a la patria en el IFE, los diversos diputados de distintas fuerzas políticas que conformamos esa instancia, presentamos esa relación, conscientes de que cada uno de sus integrantes tiene merecimientos y calidades; y en ese momento acreditaron para nosotros su capacidad para ser consejeros en el Instituto Federal Electoral. Ése es mi primer argumento.

Hay consistencia en nuestro comportamiento, en la medida en que la terna que hoy vamos a analizar corresponde a un distinguido grupo de mexicanos, todos los cuales desde mi personal opinión tienen merecimientos suficientes; sin embargo, de una relación amplia este pleno, solo tiene posibilidades de elegir a tres.

Me parece, que hacia la sociedad mexicana el presumir que hay un proceso de partidización de la selección de los consejeros es un asunto que demerita a la personalidad de cada individuo, que todos los representantes de las fuerzas políticas, aquí acreditadas, pudieron validar cuando se propuso una relación amplia. En ese sentido, soy consistente, fue una relación amplia, avalada por los legisladores de distintas fuerzas políticas que pertenecen a esa comisión.

Segundo. Efectivamente, tenemos que realizar esfuerzos todos los días para construir acercamientos. La paradoja para esta Cámara es que hay plazos determinados por el propio proceso electoral y la opinión pública nos estuvo demandando, con razón, que se presentara una terna.

Es lamentable que no haya habido la posibilidad de construir un acuerdo unánime. Pero, en el acuerdo que se está presentando, partidos mayoritarios y partidos minoritarios están participando. No se asuma que las otras minorías que forman esta Cámara, no son tan representativas y no tienen tanta legitimidad, como los que se arrogan la legitimidad de todos.

Seguiré insistiendo en nuestra disposición de diálogo y de construcción de acercamientos. Gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Hace uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Juan José Guerra Abud.

El diputado Juan José Guerra Abud: Gracias, presidente. Colegas, dígase lo que se diga, en la Junta de Coordinación Política vivimos un proceso democrático, un proceso apegado estrictamente a las reglas que tenemos establecidas para poder llegar, con todo derecho y sin perder la cara, a presentarle a este pleno una terna que recibió el apoyo mayoritario de los partidos que estamos ahí representados.

Que quede claro, el proceso lleva un año —como se ha anotado aquí—, pero los cuatro partidos minoritarios, y están aquí los coordinadores de estas bancadas, fuimos convocados al final.

Ratifico, doña Beatriz, lo que usted acaba de señalar: esta terna surge de las propuestas concretas que hicimos los cuatro partidos minoritarios: el PT, Panal, Convergencia y el Partido Verde. Nosotros fuimos consistentes en todo momento en la terna que presentamos. Presentamos a Arely Gómez, presentamos a Enrique Ochoa y presentamos a Cecilia Tapia. Las pruebas ahí están, hubo partidos que en abril presentaron una terna, después presentaron otra, y todavía hoy en la mañana cambiaron con la que presentaron ayer. Eso se llama blofear, eso se llama engañar, eso se llama especular para tratar de capitalizar y engañar al pueblo de México.

Lamentablemente —y lo quiero decir—, lamentablemente cuando hicimos nuestra discusión el día de ayer, debo reconocer a Convergencia, porque Convergencia y el Partido Verde fuimos los primeros que tendiendo puentes, que abriéndonos a la negociación, aceptamos incluir a una de las propuestas que había hecho Acción Nacional. Señores, eso se llama condescender, eso se llama tender puentes y eso se llama buscar consensos.

Tristemente del otro lado encontramos solamente intransigencia, y en una negociación de este tipo no se vale la intransigencia.

Por eso, señores, en el Partido Verde queremos reconocer no solamente a los 17 prospectos que seleccionó la Comisión de Gobernación. Queremos reconocer a los 150 ciudadanos mexicanos, todos ellos muy calificados, que tomaron el tiempo de inscribirse y participar en una competencia limpia como la que hoy estamos analizando.

Quiero también, colegas, reconocer, sin duda, el espléndido trabajo que hizo la Comisión de Gobernación. La verdad, presidente, ustedes trabajaron sesiones maratónicas durante casi toda una semana y los 17 prospectos que nos presentaron, todos ellos fueron espléndidos. La verdad, el Partido Verde reconoce este esfuerzo a la Comisión de Gobernación.

Por eso, colegas —y termino presidente— en un proceso democrático, aunque sea por un voto, se gana o se pierde.

Los invito, colegas, porque el país nos lo está demandando, a que unamos esfuerzos y que podamos votar esta espléndida terna, que sin duda le dará mucha democracia a nuestro Instituto Federal Electoral. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracias.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Señor presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados. Desde luego mi voto será en contra. No tanto con argumentos o por razones ad hominem, sino por este procedimiento para la designación de consejeros electorales.

Es un procedimiento que ha violado por un lado la Constitución; un año después se presentan las propuestas de la Junta de Coordinación Política. Es un procedimiento, como ya lo dijeron aquí algunos de los oradores, en donde las propuestas representan cuotas de los partidos mayoritarios, sobre todo del partido mayoritario.

Todo esto lo que demuestra, este procedimiento tan desa-seado, tan poco transparente, en donde hace un momento el compañero coordinador del Partido Verde decía que las propuestas, los 17 nombres de la Comisión de Gobernación eran espléndidas, pues yo estoy en contra de ello, porque al final, el propio procedimiento de la Comisión de Gobernación no fue del todo transparente.

La elección de los 17 finalistas no se realizó de cara a la sociedad, como tampoco ningún procedimiento de la Junta de Coordinación Política. La Junta de Coordinación Política jamás sesionó en público; la Junta de Coordinación Política jamás deliberó en público. Lo que significa que el método de elección de consejeros electorales es un método agotado, es un método partidocrático, que no responde a lo que la sociedad quiere. La sociedad requiere tener consejeros electorales que sean auténticamente ciudadanos.

Creo que el método para elegir a los consejeros electorales tiene que pasar necesariamente por la elección democrática de la sociedad. Ya la elección de los consejeros no debe depender de grupos parlamentarios ni de los diputados de esta Cámara; los consejeros electorales deben ser electos por la ciudadanía. Éste es el método que está esperando la sociedad mexicana.

El IFE no tendrá legitimidad democrática suficiente mientras no cambiemos el método de elección previsto en el artículo 41 de la Constitución. Este método de elección de los consejeros, sobre todo a partir de 2003, ha significado el reparto de los nombramientos a favor de los partidos mayoritarios. Hay ausencia de ciudadanos en estas propuestas que hacen los partidos mayoritarios.

Creo, por lo anterior, que no hay una razón válida para votar a favor de esta terna o votar a favor del acuerdo; por eso me manifiesto en contra, tanto del punto de acuerdo que propone la Junta de Coordinación Política, como en contra de la terna que se está proponiendo en ese punto de acuerdo. Por su atención, muchas gracias compañeros.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Jiménez León.

El diputado Pedro Jiménez León: Compañeras y compañeros diputados, cuando se discutió la reforma electoral regresiva del año 2007, mi partido presentó una propuesta para que los consejeros ciudadanos del Instituto Federal Electoral fueran ciertamente convocados, participaran en las entrevistas, realizaran los exámenes y aquellos que en el dictamen de la Comisión de Gobernación hubieran demostrado que tenían los conocimientos, las habilidades y las competencias para desempeñar el cargo de consejeros electorales, debían ser metidos en una urna y ser insaculados, para que entonces no tuvieran compromiso con ningún grupo parlamentario de ningún partido, pero ni el PAN ni el PRD en ese momento quisieron acompañar esa propuesta, que hubiera evitado hoy este espectáculo que estamos dando.

Hoy no se vengan a quejar de la ley que ustedes mismos aprobaron, porque la reforma de 2007 fue regresiva y la hicieron precisamente para afectar a las fuerzas emergentes y particularmente, llevaba dedicatoria: dejar sin piso político a Andrés Manuel López Obrador. No lo consiguieron entonces y no lo van a conseguir ahora.

Por eso quiero preguntar, ¿para qué se creó el Instituto Federal Electoral en el año de 1990? El Instituto se creó para que los procesos electorales tuvieran certeza, tuvieran certidumbre, para que no viviéramos lo que ocurrió en el año de 1988, una elección presidencial que generó una profunda estela de dudas con respecto a sus resultado.

Hay que decirlo, el IFE no fue una concesión gubernamental, fue una respuesta que se orientó a desterrar la incertidumbre que rodeaba a los comicios que tenían lugar; por eso, cuando se hace la reforma, el IFE se concibe como un espacio privilegiado, donde la representación ciudadana pudiera alejar de cualquier decisión al gobierno federal.

El IFE alcanzó una verdadera época de esplendor a través de un consejo general que se mantuvo en funciones durante el periodo comprendido entre el año 1996 al 2003. Entre sus innegables logros estuvo la organización de un proceso electoral, que dio el triunfo al primer candidato a la presidencia, surgido de un partido de oposición. Que por cierto, siendo producto de la democracia, la traicionó cuando fue presidente.

Por eso, ahora en el marco en que la propia ley aprobada por el PRD, por el PRI, por el PAN, nosotros tenemos, como legisladores, que atenernos a lo que la ley señala. Desde el 17 de mayo, mi grupo parlamentario presentó una terna.

Sí, diputada, bueno, perdón, ahí.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor orador, el uso de la palabra lo concede la Presidencia. Continúe usted.

El diputado Pedro Jiménez León:Tiene usted mucha razón, señor diputado. Muy bien.

Lo que quiero decir es que el 17 de mayo presentamos una terna, el 13 de septiembre la volvimos a presentar con un propósito: simplemente que nos sentáramos a dialogar. Pasó un año y no fuimos convocados para el tema, apenas ayer nos convocaron.

Aquí debo decirles que el día de ayer, por la tarde, me buscó el coordinador parlamentario del PRI y me propuso la firma de un acuerdo para que se incluyera en el orden del día este tema. Sí la firmé, porque es una obligación que haya Instituto Federal Electoral.

Cuando me plantearon, en términos parlamentarios, el respaldar una terna dije que no; por una razón, quería que la discusión fuera abierta y de cara a los siete coordinadores parlamentarios. Me mantuve en ese acuerdo.

Cuando llegamos ayer a la Junta de Coordinación Política, a las ocho de la noche, volví a presentar la terna original que traía; cada grupo parlamentario hizo lo mismo y empezamos a ver en dónde estaban las coincidencias, y las coincidencias eran precisamente para encontrar consensos. Pero frente al veto que el coordinador parlamentario de Acción Nacional hizo en contra de quien era la propuesta de Convergencia y al haberse aceptado ese veto, decidí entonces que la persona que tenía propuesta en segundo lugar, abrir ese espacio para uno de los integrantes de la terna del Partido Acción Nacional, es la propuesta David Gómez Álvarez.

Después, el Partido del Trabajo presenta la propuesta de Cecilia Tapia Mayans y la respaldé por dos razones; la primera, porque como aquí dijo la diputada Enoé Uranga, fue una de las que de mejor manera cumplió cada una de las etapas del proceso de convocatoria; la segunda, es mi paisana, la conozco a ella, conozco a su familia y es una mujer que ella, como su familia, son de un apellido que tiene prestigio en Tabasco, Tapia Mayans y que no aceptan subordinaciones ni presiones de ninguna especie. Cecilia es una mujer honorable, tiene prestigio, la conozco a ella y a su familia.

David Gómez Álvarez, de lo que he podido escuchar de la gente de Jalisco, tiene el mayor de los respetos y entre ellos, mi compañero de bancada, el doctor Alejandro Gertz Manero tuvo la oportunidad de tratarlo cuando ambos fueron rectores de instituciones educativas.

Con ese respaldo también hemos venido a decir que esta terna la estamos apoyando, porque lo que no se vale es que alguien haga un veto y no quiera que se vete del otro lado. Estos también son de ida y vuelva.

Por eso, mi voto es a favor y además por una razón. Miren, las elecciones se ganan en las urnas, se ganan en las casillas.

Aquí decía el diputado Héctor Pablo Ramírez Puga hace rato, que ahora con Gabino el PRD y el PAN —decía—habían puesto a los consejeros electorales. Bueno, cuando estuvo Ulises puso a todos los del PRI, y con todo y los consejeros electorales se les ganó.

Nosotros vamos a trabajar para ganar la elección presidencial. Si lo dudan, vean lo que pasó ayer en Monterrey. Mil empresarios reunidos con Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué? Porque ya se dieron cuenta que los dos modelos, el que presenta el PRI y el que presenta el PAN, en materia política y económica están desgastados.

Por eso sí voy a votar por esta terna. Me mantengo y se los digo: vamos a ganar la elección presidencial en las urnas.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Don Pedro, un minuto. Don Pedro, parece que hay una pregunta del diputado Juan José Cuevas García. ¿Acepta usted la pregunta?

El diputado Pedro Jiménez León:Con mucho gusto.

El diputado Juan José Cuevas García (desde la curul): Gracias. Gracias, diputado presidente. Igual Pedro, por aceptar esta pregunta. Por tus comentarios que hacías hace rato, quiero creer o nos das a entender de que el Peje está de acuerdo en esta terna que has presentado, junto con la terna que presentó Peña Nieto.

El diputado Pedro Jiménez León:A ver, usted está poniendo en mi boca palabras que yo no dije. Ésa es una posición que usted asume y no trate de confundir.

Le voy a dar la respuesta. La terna la propuse yo, la del 17 de mayo y la del 13 de septiembre.

La de ayer, yo asumo la consecuencia de mis decisiones, porque no solamente soy legislador, soy hombre y no le echo a otros la responsabilidad que asumo.

A ver, usted me preguntó y lo escuché. Ahora escúcheme, para que yo le dé la respuesta. Entonces, por eso, a ver, espéreme. Usted me preguntó y ahora escuche mi respuesta; si no, jamás volveré a aceptar una pregunta de su parte. ¿Estamos de acuerdo?

Mire, las ternas en las dos ocasiones las presenté yo. La terna que hoy estoy avalando y que voy avalar con mi voto, de Cecilia Tapia, de David y de Enrique Ochoa es una decisión mía, como diputado, como coordinador del grupo parlamentario y como hombre. En eso me sostengo.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Víctor Castro Cosío.

El diputado Juan José Cuevas García (desde la curul): No contestó la pregunta, ¿y el Peje está de acuerdo con esta terna?

El diputado Pedro Jiménez León:Le voy a contestar al diputado. Mire, no se lo he preguntado a Andrés Manuel, pero si usted quiere vaya a preguntárselo a San Luis Potosí, ahí están sus oficinas. No se lo he preguntado, vaya usted a preguntárselo. Yo no, porque soy diputado y asumo. ¿Quiere o quiere otra? La que sigue.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde la curul): Don Pedro, respeto muchísimo su posición, por supuesto no comparto algunas cosas, pero usted planteo algo que quiero preguntarle.

Nos dice: las elecciones se ganan en las urnas. Don Pedro, estamos muy convencidos de eso mucha gente, pero qué es lo que pasa, qué es lo que no ha pasado, don Pedro, cuando los órganos electorales —y que usted tiene experiencia, ha sucedido justamente lo que estamos hoy tratando de llegar a un acuerdo— juegan con dados cargados. Ya van dos; dos ocasiones en que ha quedo cuando menos la duda en la nación entera sobre el papel de estos órganos.

¿De qué vale ganar las elecciones, Pedro, si tenemos esa convicción y estos órganos en dos ocasiones le han fallado a la democracia nacional?

El diputado Pedro Jiménez León: Sigo siendo un convencido, como demócrata que soy, en que las elecciones se ganan en las urnas. Ciertamente, cuando los órganos electorales están viciados o están comprometidos, no con la democracia, sino con una fuerza política, le ponen obstáculos a la democracia. Pero cuando el pueblo se organiza el pueblo puede superar eso y más.

En este caso en particular, puedo decir por Cecilia Tapia, por David Gómez y por Enrique Ochoa, que creo que vamos a estar vigilantes de que cumplan con la obligación de ser garantes del proceso electoral, que se asuman como árbitros dignos de la contienda y no como empleados de ningún grupo parlamentario. A eso los vamos a comprometer aquí, pero además los vamos a estar vigilando. No vamos a dar un cheque en blanco, pero no podemos permitir que llegue el primer minuto de hoy y el Instituto Federal Electoral no esté debidamente integrado.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra la diputada Enoé Uranga.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): Gracias, presidente. Diputado, primero le pido que no me vaya a retar a duelo. No porque no sea yo hombre, sino porque siendo mujer soy parlamentaria y lo que hago es debatir ideas.

Usted me aludió y ello también me obliga a precisar —en ese sentido iría a la pregunta—, que lo que yo plantee es mi inconformidad, porque las representaciones en el IFE sean una repartidera y no se vea a elegir al mejor consejo ciudadano, el mejor árbitro imparcial.

Usted en su intervención —lo asumo además como parte de quienes comulgan con la expresión político-religiosa de Andrés Manuel López Obrador—, con esta terna, usted lo dijo así, propiamente dijo: no van a lograr perjudicar a Andrés Manuel en la elección.

Sí le pregunto a usted si ustedes, quienes han tomado la decisión de participar en esta terna, opinan que con la integración de este consejo la expresión de ustedes, de Andrés Manuel, estaría representada en el IFE.

El diputado Pedro Jiménez León:Con mucho gusto le contesto, diputada. Primero le quiero decir que cuando le dije al diputado que respondo como hombre es porque soy hombre. Pero respeto a las que saben ser mujeres; y las que son mujeres merecen todo mi respeto. Además qué bueno que las mujeres no se dejan. Yo, a la primera que no se deja la tengo en mi casa.

Por otro lado, quiero decirle que cuando yo hablé de la intención de dejar sin piso a Andrés Manuel, fue cuando trabajaron para aprobar una reforma regresiva de 2007. Lo digo con conocimiento de causa, porque estuve dentro de las discusiones del Frente Amplio Progresista.

En este caso —vuelvo a repetir—, esta terna la apoyo, la respaldo por lo que conozco de las tres personas que la integran y respondo por la decisión que estoy tomando.

Lo demás que dije, sí, yo simpatizo con mi paisano. Creo que es el hombre que tiene el mejor diagnóstico del país y tiene la capacidad de cambiar el régimen y el modelo económico de este país, y vamos a trabajar para que se gane la elección y para que no nos la robe nadie.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Compañeros diputados, compañeras diputadas. Siento una responsabilidad y un honor grande al ser miembro de la Cámara de Diputados.

Me han tocado de todo tipo de debates en esta Legislatura y el de hoy me entristece profundamente, porque con mucha simulación y mucha retórica se viene a hablar aquí de democracia, cuando de lo que se está hablando es de un reparto del Instituto Federal Electoral. Un reparto de parcialidades, que como he dicho, la suma de parcialidades no da imparcialidad.

Ciudadanos somos todos a partir de los 18 años, tengamos o no militancia partidaria. Aquí se habla de un Consejo General del IFE ciudadano, cuando es un consejo integrado por facciones de los partidos y la discusión que estamos viendo es la rebatiña por las posiciones. Muy mal que el PRI se lleve dos de las tres posiciones.

Sería mejor que tuviera una el PRD, de nueva izquierda, el PAN que se robó la Presidencia en el 2006 y el PRI, que con Peña Nieto pretende llegar a la Presidencia y que no la obtendrá.

No, les vamos a ganar nosotros; están haciendo cuentas alegres. Ya lo veremos en las urnas.

El problema, ciertamente es que formalmente el pueblo decide, pero es el órgano electoral el que ha torcido las decisiones.

En 2006 ganamos la Presidencia con Andrés Manuel López Obrador y se la robaron. La empezó a torcer el IFE y la acabó de descomponer el Tribunal Electoral. Por eso es esta rebatiña, por eso es, porque nadie tiene la certeza de que ese órgano electoral se va a comportar de manera correcta. Es más, todo mundo tiene la certeza de que ese órgano es un órgano faccioso, de que todo mundo hará lo posible por a la mala quedarse con la Presidencia de la República.

Lo que aquí hemos visto es un desfile mayoritariamente —salvo honrosas excepciones— de posiciones, que lo único que buscan es no el apoyo del pueblo de México, sino el control de un órgano electoral faccioso. Eso es lo que hemos estado viendo.

Se invocan inclusive historias, que no sé cómo se tiene valor para hacerlo, del 2008, cuando al frente del PRD debió haber estado Alejandro Encinas que fue quien ganó la elección de la Presidencia del PRD y no quien estaba al frente del partido, impuesto por Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, en un acuerdo vergonzoso que hizo un sector de la izquierda para convalidar a un gobierno, que a la fecha no puede legitimarse ni podrá hacerlo nunca, porque no ganó la Presidencia de la República.

Así es que digo de manera muy clara: ni yo ni nadie de los que aquí hemos intervenido somos voceros de Andrés Manuel López Obrador, no debe quedar duda de ello. No soy vocero tampoco. Pero sí planteo de manera muy clara que no estamos en ese acuerdo.

Voy a votar en contra y soy parte de ese movimiento. Votaré en contra de este acuerdo por ser un acuerdo faccioso, por ser un acuerdo donde el PRI, en su desesperación de cómo están las cosas, quiere tener el control del órgano electoral para imponer a Peña Nieto, porque no tiene la certeza de los votos de la gente.

El PAN, con toda la experiencia tramposa que ha hecho desde el ejercicio del gobierno, quiere el control del gobierno, del gobierno del IFE para imponer a su candidato que no entusiasma ni en su casa.

Francamente, no entiendo por qué la cúpula del PRD sigue en ese acuerdo con el gobierno de facto, que no le ha traído ningún beneficio a la izquierda y que ha generado una división y un debilitamiento de un importante movimiento que debería gobernar este país desde el 2006 y que esperamos gobernarlo el año entrante.

Nosotros sí apostamos a la gente; sí apostamos a la organización del pueblo; sí creemos en una profunda transformación del país y estamos convencidos de que no son los dobles discursos ni la simulación, sino es la consecuencia y la congruencia la única que puede enderezar el rumbo de la actividad política y el rumbo político del país.

No tenemos dos discursos, tenemos uno solo y siempre estará del lado de la razón, del lado de la legalidad, del lado de la justicia, del lado de la imparcialidad y no del lado de estos acuerdos cupulares, que siguen enlodando la actividad política que mucho quitan la nobleza de esta importante actividad humana y que lamentablemente es una constante en este Congreso de la Unión.

Lamento mucho el tono de la discusión, lamento mucho, insisto, la doble moral y la simulación.

Me pregunto a mí mismo, diputado Presidente, porque silban y como a mí no me preguntan, porque no le estoy echando loas al gobierno de facto; me pregunto a mí mismo: Gerardo ¿es correcto este acuerdo? Respondo: no, es contrario al interés nacional, es contrario a la democracia, es contrario a la legalidad, es contrario a la justicia, es contrario al honor, es contrario a lo mejor que tiene este pueblo y que no está representado mayoritariamente en esta Cámara, lamentablemente. Muchas gracias por su atención, compañeros diputados, compañeras diputadas.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Pablo Escudero Morales.

El diputado Pablo Escudero Morales:Muchas gracias, señor presidente. En nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, me congratulo por este acuerdo para la designación de los nuevos consejeros del IFE, que el día de hoy, después de varios meses de discusión, logramos aprobar para traer a este pleno, a este pleno soberano, una terna apegada a la ley.

Sin duda los diputados que votaremos esta terna habremos contribuido al fortalecimiento de la vida democrática de nuestro país, asegurando a los ciudadanos el ejercicio pleno de sus derechos políticos electorales. Es cierto que esta Cámara de Diputados estuvo en falta durante muchos meses, pero creo que la espera ha permitido presentar a los mejores candidatos, a las mejores candidatas con experiencia probada en la materia electoral.

El señor Ochoa cuenta con dos licenciaturas y dos maestrías; la señora Tapia, una gran mujer, cuenta con dos especialidades y una maestría; el señor Gómez, licenciado, maestro y doctor. Qué buenos perfiles hemos encontrado.

Esta designación fue tomada única y exclusivamente por la revisión de capacidades técnicas y experiencias probadas de cada uno de los candidatos. No se atiende a ninguna cuota; lo rechazamos rotundamente.

El árbitro de la contienda electoral llegará completo al proceso de 2012 que inicia formalmente el día de mañana. Permitirá al instituto la preparación, organización y conducción de los diferentes procesos electorales que viviremos el próximo año a nivel federal.

Estoy seguro que estos nombramientos que se incorporarán al IFE garantizarán a los ciudadanos la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y objetividad necesaria en cualquier contienda electoral.

Estamos seguros que los próximos consejeros ciudadanos realizarán su trabajo privilegiando el bienestar social por encima de los intereses de cualquier partido. Todos los mexicanos pondremos en ellos un voto de confianza para conducir de forma eficiente y eficaz este próximo proceso electoral.

Me congratulo por esta gran terna; una terna ciudadana, una terna honrada y una terna muy preparada. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Alejandro Encinas Rodríguez.

El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Con su autorización, diputado presidente. Ya a estas alturas del debate quisiera, además de suscribir la argumentación y las respuestas que, a nombre de nuestro grupo parlamentario, dio el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, compartir con ustedes solamente dos reflexiones, dada la trascendencia y la importancia de la decisión que estamos a punto de adoptar.

Nos costó mucho esfuerzo y muchos años el lograr la separación de la autoridad electoral del gobierno federal y del gobierno de los estados. Durante muchos años el debate principal de nuestro país estuvo en torno a lograr la independencia de la autoridad electoral para poder garantizar elecciones equitativas, limpias y transparentes.

Se dieron pasos muy importantes; primero, con la ciudadanización de los órganos electorales. Indudablemente significó un avance en nuestra transición democrática y permitió más adelante lograr un concepto nuevo en nuestro ámbito democrático constitucional que fue el de la autonomía del órgano electoral.

Porque, efectivamente y como aquí se ha señalado, pues ciudadanos somos todos y el concepto fundamental de ciudadanización encubría la importancia que significaba dotar de autonomía a estos órganos del Estado, del gobierno y de los partidos.

En gran medida esto fue producto del diálogo y del entendimiento, porque indudablemente el éxito del Instituto Federal Electoral, el primer instituto autónomo, tuvo que ver no solamente con la calidad y el profesionalismo de sus integrantes, sino con el mecanismo a partir del cual se eligió este instituto, que fue el de la búsqueda del consenso y que partió en su negociación del entendimiento entre los partidos. Se eliminó la idea del veto para construir acuerdos.

Lamentablemente esta lógica devino en un proceso de negociación entre los grupos parlamentarios y los partidos políticos, y la decisión del 2003 trajo consigo no solamente un proceso de negociación y establecimiento de cuotas en su integración, sino el demérito de la credibilidad y la pérdida de autonomía del órgano electoral.

Se presentó un problema de fondo, no porque se haya excluido en aquella negociación al PRD de la integración del órgano electoral, sino porque se abrió paso a un proceso, que posteriormente fue afectando al conjunto de órganos autónomos que en el país veníamos construyendo. Porque a la par de la autonomía del IFE se dotó de mayor autonomía a la Comisión de Derechos Humanos, más adelante a los órganos de información y transparencia, que lamentablemente a partir de 2003 han mermado su autonomía y se han convertido, de nueva cuenta, en apéndices de los partidos y particularmente, en los casos de los gobiernos estatales, en apéndices de sus gobiernos.

Por eso esta decisión es fundamental, porque a pesar de que en la última renovación de consejeros hubo acuerdo, no se ha logrado volver a acreditar la credibilidad y la confianza en el órgano que habrá de organizar el proceso en la sucesión presidencial.

Pero afortunadamente hay mecanismos que pueden permitir contener de nueva cuenta esas aspiraciones para el voteo y el reparto entre partidos, que es el candado que se estableció de obligar a una mayoría calificada para definir a los representantes en los órganos electorales.

Por lo cual, quiero hacer una convocatoria a mis compañeros y compañeras legisladores a que votemos en contra de esta propuesta de la Junta de Coordinación Política, que se regrese a la Junta este proyecto y que podamos construir, no a partir del veto, sino a partir de la coincidencia, una composición distinta que evite una mayoría prefabricada en el Instituto Federal Electoral y nos garantice el principio fundamental de certeza, imparcialidad y legalidad en las elecciones.

Ése es el debate que estamos dando hoy, y espero que estemos a la altura de nuestra responsabilidad, evitando dar un vuelco al pasado, al cual no debemos regresar. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señor presidente, con su permiso. Estimados amigos y estimadas amigas diputados, alguien ha dicho en esta tribuna que estamos aquí para hacer una repartición de los puestos de consejeros, de los cargos de consejeros, que es obligación de nuestra Cámara nombrarlos.

Quiero ser enfático: estamos aquí, en esta circunstancia, precisamente porque no hemos querido hacer una repartición de uno, uno y uno, como insistentemente se estuvo intentando y se estuvo tratando de hacer. Esa es la primera determinación que debe quedar absolutamente clara.

Sí, efectivamente, es éste un método agotado. Es éste un método que coarta las posibilidades de la ciudadanía de participar directamente en nombrar a quienes serán sus representantes ante el órgano electoral, pero hoy es éste el método que marca la ley. Más aún, la ley establecía que lo hiciéramos hace un año y más aún, el máximo al que debiéramos llegar es mañana. Pasar de esa fecha es francamente ofender a la disposición legal; es francamente pretender que un órgano mutilado dirija las elecciones de nuestro país. Las más importantes elecciones —no le pongamos adjetivos— las elecciones que cada seis años puntualmente se han realizado.

Creo que efectivamente el problema y el decantamiento, el desgaste de este modelo surge en 2003; se ratifica en 2006, y a partir de entonces pretender que el IFE o los demás órganos, que deben ser integrados por ciudadanos, se manejen de manera partidista, es francamente afrentoso para la sociedad.

Los llamo a reflexionar, amigos, sobre la lógica, sobre la que están descalificando, o con la que están descalificando esta terna ahora. Sobre esta misma lógica; entonces, ¿debiéramos suponer que quienes fueron consejeros del IFE antes y hoy son funcionarios de partido, funcionarios del gobierno o diputados, están recibiendo recompensas a favores que hicieron en el pasado?

Es esa misma lógica la que pretendemos aplicarles ahora a tres ciudadanos, sobre los que no puede pesar imputación partidista de ninguna clase. Eso es lo que estamos diciendo ahora.

Debo dejar puntualmente expresado: ninguno de los nombres que se presentan en esta terna es un nombre nuevo. Estuvieron siempre en los dictámenes de la Comisión de Gobernación y siempre sobre la mesa, en las largas discusiones de la Junta de Coordinación Política, que hasta hoy, por cierto, puede llegar a una determinación por mayoría.

Lejos de ofender al presidente de la Junta de Coordinación Política que haya sido un acuerdo por mayoría, merece nuestra felicitación, porque planteó al pleno un acuerdo que tomó una mayoría y no lo ocultó, trató de diferirlo, por el simple hecho de que no le favorecía.

Este evento, este acto que tomamos hoy honra a la Junta de Coordinación Política, no la degrada. Debe quedar perfectamente claro. Ninguno de los nombres que están propuestos en esta terna ha sido propuesto exclusivamente por el PRI, o defendido en esas mesas por el PRI.

Estos nombres, amigos, han formado parte de propuestas de Acción Nacional. Han formado parte de propuestas del Partido del Trabajo, de Convergencia, estuvieron en la mesa antes, sujetos a escrutinio, sin que se les encontrara objeción.

No son nombres nuevos, ni nombres de dominación. No son nombres para coartar la democracia, son nombres para enriquecerla con un trabajo ciudadano que no tenemos derecho a prejuzgar si no existen hechos claros y contundentes que les impidan haber participado en este proceso. Pero eso no ocurrió, porque al contrario, fueron por unanimidad escogidos en la Junta, en la Mesa de Gobernación.

Amigos, venimos a esta Mesa, venimos a ésta, que es la tradición, venimos a este pleno sin hacer cuentas; venimos a traer la propuesta, no venimos a imponer la opinión de nuestro grupo. Que se vote. Simplemente venimos a dejar claro que es nuestra obligación presentarla ahora.

Simplemente venimos a dejar claro que sí hay nombres ciudadanos y nombres competentes para hacer un lugar en el Consejo General del IFE. No venimos a imponer ninguna opinión, venimos a traerles tres honorables nombres; tres nombres que formaron parte de propuestas de otros partidos y tres nombres que perfectamente pueden defender una democracia, que no hemos perdido por el hecho de que algunos no sepan comportarse honorablemente. Al contrario; estos nombres pueden significar la diferencia y la hora de retomar el camino en el Consejo General del IFE. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado Ramírez Marín, el diputado Carlos Flores Rico quiere hacerle una pregunta. ¿La acepta?

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Con mucho gusto.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Adelante, diputado.

El diputado Carlos Flores Rico(desde la curul): Gracias, señor presidente. Apreciable diputado, usted presidió esta Cámara durante un año, y en ese periodo tuvo a su cargo conocer este procedimiento que se inició exactamente hace un año, cuando se hizo la vacante por cumplimiento del periodo de los consejeros salientes.

¿Conoció usted en ese periodo algún indicio, alguna información, alguna impugnación, alguna denuncia, algún dato que permitiera suponer que alguno de los 150 ciudadanos que participaron en la primera etapa, y si en específico alguno de los 17 que han sido seleccionados por unanimidad en la Comisión de Gobernación, tuvieran esa deficiencia o esa falta posible a la convocatoria?

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Ninguno, diputado Flores Rico. Al contrario, como es de todos ustedes sabido, permanentemente el diputado Cárdenas hacía un recordatorio a la Mesa de la necesidad de cumplir con la ley. Cada una de esas veces dirigimos nuestro respeto y nuestros oficios a la Junta de Coordinación Política.

En ningún momento se planteó que hubiera descalificación de ninguna de las personas que ya integraban la lista definitiva propuesta por la Comisión de Gobernación a la Junta de Coordinación Política.

Presidencia del diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Diputado Ramírez Marín, la diputada Enoé Uranga quiere hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Con extraordinario gusto.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Adelante, diputada.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): Muchísimas gracias, querido diputado. Reconozco en las propuestas que ustedes hacen la que para mí destaca, que es la de la ciudadana Cecilia Tapia, y he cuestionado a todos los partidos políticos, empezando por el grupo al que pertenezco, el que no se hubiera ponderado la presencia de mujeres, puestos a decidir en el escenario que usted nos ha retratado, dado que no había ya las condiciones para un acuerdo de consenso y dado que —según usted lo refiere— la preocupación estaba por poner a ciudadanas y ciudadanos de reconocido prestigio, por qué no priorizar el cumplimiento de la ley en términos de buscar la paridad de género y proponer a mujeres que, como usted sabe, están altamente calificadas para integrar el Consejo, que son parte incluso de estas propuestas repetidas a las que usted hacía alusión.

Varios partidos han propuesto también a Leticia Santín y a otras candidatas, por qué no priorizar a una de ellas y por qué dejar en esta terna a quien después de la dictaminación, y ya metidos en el debate en la Junta de Coordinación, fue señalado mediáticamente por esta cena que tuvo con la entonces presidenta del Tribunal, Alanís, y con el ex diputado Videgaray, me refiero al caso del candidato Ochoa, ¿por qué no ponderar la presencia de mujeres y con ello cumplir con la ley, con ello cumplir con esa postura de impulso de equidad que por cierto —y me refiero estrictamente a usted, en lo personal— le ha distinguido en el trabajo legislativo y sí, en cambio, persistir en alguien que sólo buscó empañecer su propio prestigio?

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Gracias, diputada. Creo que la Junta hizo un muy ponderado análisis de cada uno de los nombres propuestos. No me atrevo a ponerle una etiqueta de calificación a ninguno y tampoco le pondría la etiqueta de si era hombre o si era mujer, buscando capacidades en esto.

No dudo que ninguno, de los 17, posiblemente lo hubiera tenido. Era necesario llegar a un consenso y encontrar la fórmula que sumara más. El hecho de que dos partidos estén en contra y cinco a favor, de alguna manera nos dice que se buscó una fórmula que sumaba la mayoría.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Diputado Ramírez Marín, el diputado Manuel Clouthier desea hacerle una pregunta, ¿la acepta usted?

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sí.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: A la derecha. Adelante, diputado Manuel Clouthier.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo(desde la curul): Diputado Ramírez Marín, trae errada la brújula. Una pregunta, si las cosas son la maravilla que usted dice que son, yo quisiera me explicara, ¿por qué no haber hecho esto hace un año? Si fuera tan amable.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Por una sencilla razón, señor Clouthier, diputado Clouthier, que de ninguna manera es una imputación personal ni mucho menos. Usted sabe el enorme respeto y afecto que le tengo a la presidenta de la Junta de Coordinación Política, en esas épocas. Pero ésta justamente era la tarea de la Junta de Coordinación Política, tomar una decisión y de ninguna manera le hago una imputación, simplemente son las circunstancias en cada momento y en este momento, en el límite permitido, se llega a ese consenso.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Diputado Marín, el diputado Barraza desea hacerle una pregunta, ¿la acepta usted?

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con mucho gusto.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Adelante, diputado Barraza.

El diputado Héctor Elías Barraza Chávez (desde la curul): Sí, diputado Ramírez Marín, me causa cierta extrañeza, ya que usted fue presidente...

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Perdón, diputado, pero no se escucha bien.

El diputado Héctor Elías Barraza Chávez(desde la curul): Perdón. Me causan extrañeza —ya que usted fue presidente de esta honorable Cámara de Diputados—, las prácticas parlamentarias que aquí se realizan de manera común, y ahora usted plantea que no está de acuerdo con el reparto de cuotas. Lo que planteo es que no hay reparto de cuotas, son propuestas de ciudadanos las que hacen los partidos políticos conforme la ley los faculta.

¿Por qué ese blof en el que está el PRI, sus propuestas son dignas de atender y tomarlas en cuenta y ser votadas y las que hacen el PRD y el PAN no, cuando estos partidos, hace 6 años, en una elección como la que se va a sancionar el año entrante, tuvieron alrededor del 70 por ciento de los votos?

Aún no inician las campañas. Su partido tuvo alrededor del 20 por ciento hace 6 años. Se me hace que este planteamiento que hacen, ¿no cree usted que ofende la inteligencia del pueblo de México?

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:No, no creo que objete ni la inteligencia del pueblo de México ni la mía, en lo particular, porque al contrario, usted me cita una cifra, el 2006, que al contrario, me hace preguntarme, ¿por qué ahora pueden ustedes transitar con las propuestas de los que según ustedes, les robaron la elección en el 2006?

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Diputado Marín, el diputado Pérez Cuevas desea hacerle una pregunta, ¿la acepta usted?

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por supuesto.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Gracias, presidente. Al diputado Ramírez Marín, es una pregunta que hoy grafica en parte lo que ha venido pasando en este proceso.

Por qué, si como bien dice que un año después, en un proceso, que pudieron haber construido con mayoría, porque aclaro que el PRI ha tenido mayoría desde el primer día de la constitución de la LXI Legislatura, ¿por qué no hicieron uso de su mayoría con los otros para sacarla hace un año? ¿Acaso habrá sido que no lograron sacar ese tema antes? ¿Cuál es el motivo?

No es el tema, hoy no van acompañados de un presidente de Junta, porque no van reflejados los otros grupos parlamentarios. Hoy tratan de imponer una visión dos-uno, como ya se ha expresado, pero quizá tuvieron una contención para no haberlo hecho antes.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado, que quede claro, nosotros sabemos perfectamente cuántos diputados somos, a qué podemos aspirar. Pero le repito, no estamos haciendo cuentas, ya no es hora de hacer cuentas. Cuando pudimos hacerlas quizá nos debimos haber impuesto, pero por favor, tome usted en cuenta que en todo momento tratamos de privilegiar el consenso, hasta que llegó ahora el límite que marca la ley y aquí no hay consenso que valga. Apliquemos la ley.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Diputado Ramírez Marín, la diputada Mary Telma Guajardo desea hacerle una pregunta, ¿acepta usted? ¿Acepta, diputado? Adelante, diputada.

La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Diputado Marín, preguntarle, después de un año que el PRI siempre estuvo impulsando que querían a toda costa dos consejeros o consejeras de tres, y que ahora en la propuesta que se hace, efectivamente son dos propuestas de las que ha venido impulsando el PRI desde un principio.

Mi pregunta es, ¿cree usted que esté correcto que no esté considerada alguna propuesta ciudadana hecha por el PRD? No está contemplada. ¿Cree usted que esto sea correcto, la exclusión de las propuestas ciudadanas que hiciera desde un principio el Partido de la Revolución Democrática?

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por supuesto que no, diputada. Lo ideal hubiera sido que todos los partidos hubieran avalado cada una de estas propuestas.

Pero, le repito, tuvimos un año para encontrar esos tres nombres que juntaran todos los consensos. Ante la falta de ese acuerdo hoy hay que cumplir con la ley, porque mañana es la fecha límite para el inicio del proceso electoral y no hacerlo significaría entregarle a la ciudadanía, como cuentas, un consejo electoral mutilado.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputado Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Gracias, diputado.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Por alusiones personales tiene el uso de la voz el diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, creo que es claro que algunos hagamos el planteamiento del por qué...

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Silencio, por favor. Vamos a escuchar al orador.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Del por qué nos oponemos a este punto de acuerdo y a la terna. En lo particular, sí es importante que digamos que nos estamos oponiendo no por razones ad hominem; es decir, no nos estamos oponiendo porque tal o cual aspirante tenga vínculos con un partido o los haya tenido, o con el gobierno federal.

La razón de la oposición a esta terna, de este mecanismo, de este método tiene que ver con el procedimiento. El procedimiento ha incumplido dos preceptos constitucionales, el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional de 2007, que establecía como plazo máximo para designar a los consejeros electorales, que ahora se pretenden designar, el día último de octubre del año pasado, cosa que no sucedió. Se violó ese artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional de 2007.

Pero no solamente se viola este artículo cuarto transitorio, también se está violando el artículo 41, de la Constitución. El artículo 41, de la Constitución, tratándose de la designación de consejeros electorales señala que el procedimiento debe realizarse con la mayor participación social posible, con la mayor participación de la sociedad.

Eso más o menos se cumplió en la Comisión de Gobernación, hasta cierto límite, porque la designación de los 17 finalistas no fue una designación transparente ni de cara a la sociedad.

En cuanto al procedimiento de la Junta de Coordinación Política es preciso señalar que ninguna de sus etapas o de sus fases el procedimiento fue transparente, el procedimiento fue público y fue de cara a la sociedad. Es decir, el procedimiento de la Junta de Coordinación Política no cumple con los extremos del artículo 41, de la Constitución, que obliga a una participación amplia de la sociedad en la designación de los consejeros electorales.

Por eso nos estamos oponiendo, por el procedimiento, por un método caduco, por un método que implica el reparto de cuotas en la designación de consejeros electorales y no por razones ad hominem.

En cuanto a las cuestiones personales. Ahora soy diputado después de más de seis años de haber dejado de ser consejero electoral. Soy diputado por mayoría, no por representación proporcional. Le debo mi cargo al pueblo de Iztapalapa, al pueblo que me llevó a este cargo tan honroso. No le debo el cargo ni a un líder ni a un político ni a un representante. A un movimiento social y al pueblo de Iztapalapa. Soy diputado por mayoría y no de representación proporcional. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Emilio Chuayffet Chemor

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Corral Jurado.

El diputado Javier Corral Jurado: Compañeras diputadas, compañeros diputados. Un proceso que se inició en sus primeras etapas en la Comisión de Gobernación bajo un ejercicio de transparencia y legalidad, basado en un acuerdo fundamental de respeto por las personas, está concluyendo de esta penosa y ominosa manera.

En la etapa final de selección de tres consejeros, de una lista de 17, se colocaron dos premisas absurdas y equivocadas. La primera. Colocar el principio de proporcionalidad para proponer dos consejeros con base en la conformación de fuerzas de este pleno de la Cámara de los Diputados.

En segundo lugar. Criterio inadmisible y absurdo, fue separar esta etapa de negociación de renovación del IFE, de la reforma electoral de 2008, que había planteado la renovación escalonada del Instituto Federal Electoral en tres etapas.

Ésta es la tercera etapa concluyente de aquel proceso de renovación que colocó como premisa fundamental dotar de nueva cuenta a la autoridad electoral del atributo mayor que necesita la democracia, que es: la confianza de los ciudadanos.

Un proceso que en la Comisión de Gobernación encontró unanimidad, que superó vetos, prejuicios, que no encontró espacio para la descalificación, se colocó al final de la etapa de selección en un criterio estrictamente partidista, no en cuanto a los escogidos para la terna, sino en cuanto al principio que busca arrogarse un derecho de proponer a dos consejeros por el resto de las fuerzas políticas de esta Cámara.

Luego, la proporcionalidad devino en vetos. Luego se empezaron a sacar descalificaciones personales, a encontrarle las afinidades partidistas.

Quién, que no haya intervenido en la vida política de México, en la actividad electoral, no ha tenido cercanías o militancias o afinidades políticas. Ese no era el tema fundamental de la discusión.

No es cierto que es un problema de método, no es cierto que hay una falla de reglas. Eso es una falacia. Lo que ha fallado es la ausencia de altura de miras; lo que ha fallado es la política con visión de Estado, es la política que ve por encima de los intereses parciales. La política es insustituible.

Con el mejor método, con las mejores reglas, si no hay política de Estado que coloque el interés público sobre los intereses partidistas, el resultado es el fracaso. La tarea es imposible.

No es un problema, compañeros diputados, como aquí se ha dicho, de un método. Cuando no había reglas, cuando no estaba legislado el método ni en la Constitución ni en la ley, nació el IFE ciudadano, porque se colocó la altura de miras.

Pero esta decisión, esta decisión está colmada de medios mirajes; está incluso abultada por una soberbia infinita, porque hay una sobreestimación, una autoestima electoral con la que ya se creen definitivos en las elecciones del 2012.

¿Saben qué, compañeras y compañeros diputados? Que es momento de recordarles a los que en la soberbia quieren imponer el criterio de la proporcionalidad partidista, es fundamental recordarles que en la pretendida definitividad está el germen de todos los colapsos del poder.

Hay una premisa fundamental en el refrán mexicano: a veces, del plato a la boca se cae la sopa.

En la pretendida confianza de invencibles está el mayor pecado del error que están cometiendo. No solamente se excluye de nueva cuenta a una de las principales fuerzas políticas. Lo que se hace con este acuerdo es volver a colocar al IFE en el centro del litigio, como parte de la parcialidad. Esa etapa la habíamos superado; ventajosamente México había avanzado en consolidar una autoridad electoral para el principal signo de la legitimidad, que es la confianza ciudadana, la credibilidad en su árbitro.

Esta decisión abona, esta decisión alimenta la estrategia de los que nunca han querido someterse al veredicto de los árbitros, porque da para cualquier estrategia: si se pierde, es culpa del árbitro, pero si se gana es a pesar de él.

Ese es el error que hoy comete el Grupo Parlamentario del PRI. Desconoce que el veneno de la crisis electoral del 2006, que el escenario ominoso de aquella contienda fue precisamente excluir del compromiso a una de las principales fuerzas políticas. Aquí se reitera ahora la exclusión, pero de dos principales fuerzas políticas.

He concluido mi intervención, señor presidente. Acepto todas las preguntas que se quieran hacer.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Camilo Ramírez.

El diputado Camilo Ramírez Puente (desde la curul): Gracias, presidente. Diputado Corral, creo que en este momento es importante para mí y asumo que para todos, saber cuáles fueron los criterios que siguió la comisión para definir a los candidatos que resultaron finalistas en este examen que se hizo precisamente para consejeros del Instituto Federal Electoral. Si es tan amable, por favor.

El diputado Javier Corral Jurado: Ésta es una pregunta que me permite también colocar sobre mi posición por delante el respeto a todas y cada una de esas propuestas, porque como presidente de la Comisión de Gobernación no solamente voté a favor de la lista de los 17, sino que estoy convencido que los parámetros básicos que definen la idoneidad de un candidato a consejero se encontraban prácticamente acreditados en todos.

No quiere decir que todos tuvieran la misma calificación, no quiere decir que todos tuvieran igualdad en el parámetro de calidad, en términos de imparcialidad, de experiencia, de autonomía, de profesionalismo. Ahí hay candidatos que tienen acreditada una larga vida en los órganos partidarios. Algunos en el PRI, otros con relación en el PRD, otros incluso cercanos al PAN.

No castigamos, de entrada, la militancia política. Lo que buscamos fue entregar una lista para que con altura de miras se escogiera a los tres mejores, porque esa lista de 17 daba para tres mejores, daba para tres consejeros que fortalecieran la autonomía del instituto; por eso privilegiamos experiencia electoral, conocimiento.

Estuve frente a los 143 candidatos. Los escuché a todos; les preguntamos, conocimos su desenvolvimiento y llegamos a una lista de 17. En esa evaluación, al menos yo, como mis compañeros, calificamos atributos como conocimiento, experiencia y también, por supuesto, imparcialidad, autonomía —vamos a decirlo de alguna manera—, independencia de criterio.

Se colocó incluso, a la mitad del proceso de selección, algunas acusaciones de carácter partidista sobre algunos de ellos. Fuimos y las desahogamos. Particularmente, desahogué múltiples audiencias después ya del proceso de selección de los 17, con quienes así nos lo pidieron. Pero no se trate tampoco de hacer pensar que de la lista de los 17 todos tenían la misma posibilidad. Eso no es cierto.

¿Qué fue lo que hicimos? Los grupos parlamentarios en la Comisión de Gobernación privilegiamos un acuerdo de respeto: que no entráramos a la descalificación personal, al circo aquel que se presentó en la ocasión pasada en donde se les descalificaba por los primos, por las hermanas, por el papá, por el esposo. Se les sometía a un ridículo. No. Nosotros dijimos: No vayamos a esa dinámica de descalificación personal. Démosle a la Junta de Coordinación Política una lista en donde tenemos que calificar de los mejores, hasta donde llegue, y de esa lista se esperaba un ejercicio similar.

Pero, no se hizo así. Se colocó un principio que envenenó el proceso: Que a un partido le correspondía proponer dos y a todas las demás fuerzas, uno. Ése es el problema real. Creer que el IFE es un problema de aritmética. Es un problema de suma de votos para cierto partido.

He ahí la explicación, la mayor ilustración de este debate; lo ha dicho un miembro de la bancada del PRI: es la aritmética. No. No es de aritmética, diputado. Es de ética política, es la visión de Estado, es el servicio público, es la neutralidad como valor del árbitro electoral.

He concluido mi primera respuesta.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra la diputada Esthela Damián Peralta.

La diputada Esthela Damián Peralta (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Diputado Javier Corral, usted como presidente de la comisión que llevó el proceso, quisiera preguntarle, ¿qué opina acerca de los calificativos que hizo mi bancada, propuestas ciudadanas a la terna y que fueron señaladas como anti-priistas?

Siguiente pregunta. Entiendo que usted fue el diputado presidente de la comisión que llevó a cabo este procedimiento, y que estuvo de cerca, no solamente entregó la terna, sino también estuvo de manera permanente enterado de las características y circunstancias por las que estamos hoy aquí, a un año sin consejeros. Me gustaría saber las razones que usted, como presidente, tuvo de este tiempo que se ha tardado.

La última. Me gustaría conocer su opinión, si esta terna no alcanza la mayoría calificada, diputado presidente, en términos constitucionales y de la norma que aplica, ¿qué procede? Por sus respuestas, gracias.

El diputado Javier Corral Jurado:Decía el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, con acierto, de que esta terna que ha presentado el PRI, incluye una de las propuestas que formuló, bajo su calificación, el Grupo Parlamentario del PAN.

Nosotros, bajo el esquema planteado ahora por Ramírez Marín, podemos incluso decir con toda claridad cuáles fueron nuestras propuestas al interior de la comisión, lo que siempre dijimos ha sido y fue un principio ordenador del actuar del PAN en la Junta de Coordinación Política, cuando estaba Josefina Vázquez Mota al frente y ahora bajo nuestro coordinador Francisco Ramírez Acuña, que el PAN no iba a admitir jamás, nunca, que así nos dieran una propuesta nuestra, nos dieran la razón en alguno de los candidatos que propusiéramos, nunca íbamos a transitar si ese acuerdo implicaba excluir a una fuerza política de la Cámara de los diputados.

¿Por qué nos mantuvimos en esa posición fundamental? Porque rechazamos el cuotismo partidista; porque rechazamos la dinámica y la lógica de que el IFE debe regresar a ser porciones de partido y no el órgano garante, el árbitro imparcial, el dotado de la mayor neutralidad posible.

Sí, ahí está en esa terna, David Gómez Álvarez, que fue una de las propuestas que hicimos al interior de la comisión y luego que ya ensanchó, en términos generales, la lista de 17; pero siempre dijimos que no se podía volver a cometer el mismo error de 2003, porque no íbamos, ni vamos a dar el pretexto a nadie, para que al PAN se le reclame haber regresado a porciones de partido, el Instituto Federal Electoral.

Esa ha sido la premisa y por eso, lamento que no se haya incorporado en esta terna ni una sola de las propuestas que hizo el Grupo Parlamentario del PRD.

Felicito, claro que felicito habernos mantenido, habernos mantenido consistentes y congruentes con que no era tanto que el PAN tuviera en la lista una de sus propuestas, sino que estuviéramos incluidos todos. Ése es el defecto de esta terna, trae el pecado original en esta proposición, es excluyente y por tanto, no puede ser respaldada.

Creo que no puede quedarse el IFE con seis miembros. Funciona legal y constitucionalmente con seis, ha funcionado durante un año.

No es cierto que venza hoy el plazo para nombrar consejeros, como dijera nuestro colega Ramírez Marín. No. Todos sabemos que vencía hace un año, en octubre, por mandato de la Constitución. No estamos en el límite de un tiempo legal, estamos en la intentona de imponer una terna como error garrafal de estrategia política.

Creo que el IFE puede funcionar con seis, pero no es correcto que lo dejemos con seis. Por eso creo que hay que seguir e ir a una nueva etapa. Desde que se propuso el criterio de la proporcionalidad supe que esta discusión tendría muy pocas posibilidades. Sigue ahora un nuevo intento, una nueva búsqueda.

Miren compañeras y compañeros, en el IFE los consejeros electorales tienen la posibilidad de participar hasta en tres comisiones y comités. Un consejero electoral que participa en cuatro o cinco no puede tener la eficacia ni el rigor que reclama una función de esta delicadeza y de esta responsabilidad. No seamos irresponsables.

Este IFE, sé que hay en los pasillos de la Cámara quien dice que con este IFE nos podríamos ir, que al cabo no es necesaria la legitimidad o el aval que pueda dar la autoridad electoral en esa pretendida, en esa pretendida definitividad. Están calculando, incluso, la restauración autoritaria del Instituto Federal Electoral.

No compañeros. Si esta terna, que espero no tenga las dos terceras partes, que espero no sea votada por esa mayoría calificada, si esta terna hoy se vence, vamos a tener que ir a un nuevo proceso en la búsqueda de tres nuevos perfiles para el Instituto Federal Electoral. Mocho no vamos dejar al IFE, porque sería una enorme irresponsabilidad política.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Antes de darle la palabra al diputado Emilio Serrano, doy la bienvenida a un grupo de alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Puebla, invitados por la diputada Alba Leonila Méndez Herrera. Sean bienvenidos.

Tiene la palabra el diputado Emilio Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Le pregunto al diputado Corral. Sabemos que los diputados gozamos de un mal prestigio, precisamente por los errores que cometemos en nuestra dinámica, las marrullerías que se hacen al interior de los partidos políticos.

Al decir en su libro Carlos Ugalde, esto afirma que ya no hay consejeros ciudadanos, sino cuotas de partidos. Carlos Ugalde confiesa que se entrevistó con Elba Esther Gordillo, con el presidente del PRI, cuando le dan el visto bueno. Ahora los consejeros que pretenden ser quieren el visto bueno del PRI, porque solamente de esa manera quieren garantizar dos consejeros salidos en este proceso.

Ya contestó en parte lo que le preguntó la compañera diputada Esthela Damián. La presión que está ejerciendo el PRI, diciendo que es el tiempo límite para que elijamos a los consejeros, es una forma de decirnos a todos que debe de ser de esa manera, que deben de llevarse dos y los otros partidos uno. Mentira que sean consejeros ciudadanos. Si fuera así se pediría a las universidades que hicieran propuestas; sin embargo, los partidos son los que están haciendo las propuestas.

¿Afecta en algo el que no sea hoy la elección de estos consejeros del IFE?

El diputado Javier Corral Jurado:Lo deseable, diría el ideal, hubiera sido que hubiéramos hecho esta elección hace un año. Lo deseable hoy sería que mañana tomaran protesta en el Consejo General del IFE, que se inicia formalmente el proceso electoral federal, pero ni el ideal es posible hoy y lamento decir que por lo que veo tampoco será posible lo deseable, pero el Congreso y la Cámara tienen que hacer el esfuerzo.

Pasado este debate, agotado este procedimiento —que se agotará hoy jurídicamente con la votación, en otro ámbito más abierto, con los mismos actores que somos los diputados—, tendrá que reintentarse conseguir tres consejeros electorales. Le hacen falta al IFE, pero más falta le hace a la democracia y al país.

Los ciudadanos ven con asombro la incapacidad política de un grupo de 500 y de sus líderes en esta Cámara, para concretar tres nombres.

Ahí es donde creo que está el mayor error, don Emilio; en haber apartado este proceso de renovación de las dos épocas anteriores, como bien lo dijo Naranjo.

El ideal es completar el IFE y lo podemos hacer la próxima semana, en los próximos días, nos hemos tardado un año, ¿por qué vamos a hacer un intento después? Hay que hacerlo.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Jesús Ramírez Rangel.

El diputado Jesús Ramírez Rangel (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Diputado Corral, si me permite una pregunta. El día 24 de marzo la prensa consigna que usted comentó, como presidente de la Comisión de Gobernación, que se le habrían de exigir cuentas al señor Enrique Ochoa, por una cena en la que asistió en compañía de algunos diputados del PRI a la casa del entonces presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre ellos compañeros diputados nuestros.

Mi pregunta va en el sentido de si se analizó, se debatió y se discutió ese tema al interior de la comisión, puesto que se presta, por supuesto, como mucho se debatió durante esos días, a ver si la propuesta del señor Ochoa vino precisamente de esa cena, de esos acuerdos o de algún oráculo que estaba fuera de esa cena, o de plano se prestó a un acto indebido. La pregunta es en ese sentido.

El diputado Javier Corral Jurado:Pude aclarar con Ochoa este tema, porque surgió en algo que incluso detecté como parte de una estrategia de medios, que provenía del interés de algunos de los propios candidatos o consejeros electorales.

Me preocupaba muchísimo, me preocupó mucho, en su momento que Ochoa, candidato a consejero, estuviera participando de esa cena.

Voy a dar mi opinión muy franca. Yo a la cena, que finalmente no fue cena, porque fue comida, lo único que se aclaró de esa cena es que había sido comida, nunca se desmintieron incluso algunos de los contenidos, pero yo no le cobré mayor significación a la cena en sí mismo, que con frecuencia tienen muchos actores políticos, representantes de partidos, con magistrados, con consejeros electorales, en fin.

Lo que me preocupó es que un candidato a consejero electoral estuviera en una cena como esa. Escuché los argumentos de Ochoa, de la comida y no descalifiqué, por ese hecho, a Enrique Ochoa. De hecho, debo decir que cuando supimos que estaba en la final de las propuestas del PRI, expresé públicamente, públicamente expresé que para mí no tenía descalificación alguna por ese hecho. Sí hubo quienes consideraron que ese hecho le quitaba por lo menos el atributo de imparcialidad, de neutralidad.

¿Qué le faltó a Ochoa frente a esa comida? Ser más claro públicamente del motivo de esa reunión. Se concretó a una explicación muy básica y él mismo magnificó y agrandó la duda sobre su imparcialidad. Ése es mi punto de vista sobre ese hecho. Lo dije públicamente, por eso lo reitero en el pleno.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Juan José Cuevas García.

El diputado Juan José Cuevas García (desde la curul): Diputado presidente, gracias por permitirme hacer la pregunta. Igual, Javier, gracias por aceptar la pregunta de un servidor.

Conociéndote como un gran hombre y sobre todo como tribuno parlamentario, la pregunta es la siguiente...

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señores diputados, de manera respetuosa les ruego permitan al diputado formular su pregunta.

El diputado Juan José Cuevas García(desde la curul): Como presidente de la comisión, que estamos tocando el tema de hoy de los tres consejeros, la Comisión de Gobernación, ¿cuál es su punto de vista por el cual usted crea que vayan de acuerdo en esa terna diputados del PT y diputados de Convergencia?

El diputado Javier Corral Jurado:Con todo respeto. Sí, por supuesto que políticamente claro que me asombra que PT y Convergencia lleguen a un acuerdo con el PRI en la Junta de Coordinación Política, que excluye a la principal fuerza de la izquierda en México, que es el PRD.

Claro que me llama la atención, creo que es un momento descriptivo de una realidad que está colocada sobre esta Cámara. Que muchas de las decisiones se decantan, como lo dijo el propio diputado de Convergencia. Argumenta que tiene una relación de conocimiento personal sobre una de las propuestas, que incluso, de carácter familiar. He escuchado que también es un vínculo de relación personal, de amistad personal lo que han hecho algunos miembros del PT, incluir a Cecilia Tapia.

Creo, sinceramente, que cada quien es responsable de sus acciones. Claro que me llama la atención que en la recta final, para la propuesta de la terna, dos de los partidos que dicen combatir el regreso de la mafia del poder terminen en convenio de coalición con la propuesta del PRI y de Enrique Peña Nieto.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra la diputada María Antonieta Pérez Reyes.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes(desde la curul): Gracias, señor presidente. Diputado Javier Corral, para nuestro país, con una democracia tan incipiente, ¿cuál es el costo que enfrentamos al conformar un consejo del IFE con consejeros no ciudadanos y tan cuestionados por esta Cámara de Diputados? Gracias.

El diputado Javier Corral Jurado:Creo que es el método, María Antonieta, más que las personas.

Creo, sinceramente, que es el principio sobre el que se ha ordenado la propuesta, no tanto las biografías. Porque ese principio que se ha colocado es arrogarse un derecho un partido a proponer dos de tres.

¿Qué hace un principio como ése en la integración del IFE? Lo parcializa, absolutamente lo distorsiona, le vuelve a incorporar el ingrediente de que un partido tenga preponderancia o más preponderancia que otros en la conformación del órgano. Ése es el error que he señalado en esta propuesta que hace el PRI.

Más que la biografía, ciudadanos puros no hay en ningún órgano electoral, todos están decantados por convicciones, por formaciones ideológicas, incluso por afinidades partidistas. Han de votar el día de las elecciones incluso.

Lo que sí creo que se equivocaron al proponer como principio que les correspondía por ser mayoría en la Cámara proponer dos. Envenenaron el método con esa propuesta, porque se dejó de ver perfiles, se dejaron de ver trayectorias y se vio número.

Aquí lo dijo con toda claridad un diputado, ¿es cuestión de aritmética? No. Era cuestión de alturas de miras. Insisto en ese principio ordenador.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, sé que hay quienes tienen interés en hacer más preguntas, en realidad creo suficiente con las explicaciones que he dado. Dejo acreditado ante esta tribuna que considero un error garrafal haber presentado esta terna al pleno de la Cámara de Diputados. Este momento es plástico, describe, dibuja un momento de advertencia, la regresión política que plantea el PRI incuba la idea autoritaria de querer agandallarse del Instituto Federal Electoral. No lo permitamos, votemos en contra de la terna por principio y convicción.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Sebastián Lerdo de Tejada.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias: Con su permiso, diputado presidente. Una vez concluida la comparecencia del preopinante y sus diálogos al espejo, quisiera iniciar con una coincidencia a lo largo de este debate. En el PRI estamos en contra de excluir a cualquier fuerza política, pero estamos también en la evidencia de que nadie puede incluir a quien se autoexcluya. Lamentablemente el PAN y el PRD se han autoexcluido.

Resulta paradójico que el 13 de septiembre de 2010 la Junta de Coordinación Política recibió de la Comisión de Gobernación la convocatoria para participar en el proceso. La convocatoria fue publicada el 30 de septiembre. El 11 de octubre de 2010 la comisión remitió a la Junta de Coordinación la lista de candidatos que cumplieron con los requisitos —146—. Se valoraron y en consecuencia se entrevistaron a 136 candidatos. El 27 de octubre de 2010 la Comisión de Gobernación remitió a la Junta de Coordinación Política el acuerdo por el que se propone el listado de 17 candidatos a contender. Ésta no es una historia nueva.

Lo que resulta paradójico, a todas luces, es que el dictamen de la Comisión de Gobernación fue firmado unánimemente. Los 17 nombres fueron avalados por todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara.

¿En qué tramo de la historia estos 17 buenos nombres se volvieron —algunos de ellos— malos nombres? ¿En qué tramo de la historia? Porque resulta que aquí se ha venido a decir, por quien me antecedió en el uso de la palabra —con una cachaza imperdonable—, que de los 17, no los 17 tenían las mismas posibilidades.

¿Por qué no nos lo dijo? ¿Por qué no se dijo así? Y hubiéramos hecho una lista menor o hubiéramos hecho una lista distinta. Pero esos 17 que resultaron muy buenos en la sesión de la Comisión de Gobernación, ahora tiene peros.

El PRI reitera lo que ha dicho desde el día uno: el PRI no veta a ninguno de los aspirantes ni acepta veto alguno en torno a los candidatos propuestos para el Consejo General del IFE. Ésa es la posición clara.

En respeto a los prestigios personales, las biografías, la solidez técnica, la capacidad de todas y cada una de las personas que entraron en este procedimiento, me parece imperdonable que se venga a decir a esta tribuna que no, que de los 17 había unos mejores que otros y que no tenían, algunos de ellos, posibilidad alguna. Esa no es la posición del PRI. El PRI avaló a los 17 para discutir los 17 en plenitud; sin veto y sin aceptar veto alguno en torno a estos perfiles.

Aquí se han dicho muchas verdades a medias y se han dicho también —y hay que decirlo con claridad— muchas mentiras. Se los digo con toda precisión: acudan a los expedientes. Es que sí los revisamos. Nosotros no hacemos política de sobremesa y de café. Nos metimos a los expedientes a revisar el fondo.

Al señor Enrique Ochoa lo propuso la Facultad de Derecho de la UNAM, no lo propuso el PRI. Ahí están las cartas y ahí están los avales. Si para ustedes no es suficiente ese aval más su biografía, más su capacidad técnica y más su solidez, pues me parece que de lo que estamos hablando es más de un tema de fobias y de vetos irracionales.

Nosotros queremos cumplirle al IFE. Nos interesa un IFE sólido plenamente integrado; solvente socialmente; que de cara a la ciudadanía pueda tomar las decisiones de difíciles debates que se darán y que se han dado en esa mesa.

Mañana estamos convocados a las 11 de la mañana al Consejo General del IFE para el inicio jurídico del proceso electoral 2011-2012. Buena cuenta entregaríamos al IFE, tarde, pero buena cuenta le entregaríamos al IFE si para mañana estuviera en el orden del día de esa sesión, como primer punto, la toma de protesta de estos tres consejeros que estaremos votando el día de hoy.

A quienes se autoflagelan con las posiciones de dos y uno y uno, uno, uno, les decimos que nosotros no propusimos ni uno ni dos; nosotros proponemos a los tres y a los tres los avalamos en su plenitud técnica, en su plenitud ciudadana y en su capacidad para ser consejeros del Instituto Federal Electoral y que le rindan cuentas a quien deben de rendirles cuentas, que es al pueblo de México.

Esas cuentas se van a reflejar en sus actuaciones y en sus argumentaciones, porque déjeme decirles —y lo digo con todo respeto—, porque se los he dicho en su cara a algunos consejeros que hoy lo son, que algunos de ellos son en ocasiones inconsistentes y por eso hemos recurrido con los instrumentos legales, que como sociedad mexicana nos hemos dado para dirimir nuestras controversias.

Ahí están los instrumentos legales, y aquí están los prestigios personales. No admite juicios parciales intentando arrogarse una universalidad en torno a los temas democráticos.

Entrevistamos a 136 mexicanas y mexicanos de altísimo prestigio. Resolvimos que 17 de estas mexicanas y mexicanos, fueran finalistas.

Hoy la Junta de Coordinación Política, tarde, pero nos manda tres nombres absolutamente sólidos. Ustedes los conocen bien a los tres y los tres son perfectamente capaces de dar buenos resultados como consejeros del IFE.

Lo demás es francamente lo de menos o de plano ya dígannos que no quieren un IFE completo y que a lo que están apostando, ante lo que se ve como escenario electoral, es a dinamitar al árbitro electoral. Esa no es nuestra pretensión.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Quiere formularle unas preguntas la diputada Esthela Damián.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias:Con mucho gusto. Encantado, doña Esthela.

La diputada Esthela Damián Peralta (desde la curul): Gracias, diputado. Tres preguntas. Usted que entiendo además de ser representante de su partido ante el IFE, también es integrante ante la comisión que llevó este procedimiento.

Primero, si los 17 nombres que forman y que están en la lista como los seleccionados y que —como usted nos lo acaba de señalar— fueron avalados por todas las fracciones parlamentarias, ¿cuál es la razón por la que su bancada no acepta o en mi opinión veta a Emilio Álvarez Icaza? Primera pregunta.

Segunda pregunta: ¿por qué todas las propuestas, todas las propuestas que realiza el PRD, son calificadas de anti-priistas?

Tercera pregunta: en su opinión, de no tener la mayoría calificada, que suponemos muchos que eso es lo que va a pasar, ¿qué es lo que procede en términos de ley? Por sus respuestas, gracias.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias:Con su permiso, diputado presidente. Muy concreto, diputada, muy concreto. Lo dije, pero si no me escuchó, se lo repito con todo aprecio.

En mi partido no vetamos ni aceptamos veto alguno en torno a ninguno de los aspirantes. Ahí me parece que hay una confusión de su parte.

La otra parte, que es una reflexión de carácter estrictamente jurídico, mi convicción personal. Al no estar normado y derivarse esto de un artículo transitorio de la Constitución, en donde define perfectamente bien cómo se renueva por tercios y establece la fecha electiva y no estar normada en ley secundaria qué se hace en caso de que no se alcance el consenso, dependerá de esta soberanía que le demos el desahogo pertinente.

Pero insisto, el PRI no veta ni acepta veto alguno en torno a las propuestas. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Óscar Arce para formular una pregunta, si la acepta el señor orador.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias: Diputado Presidente, me parece que los argumentos han sido expresados con toda claridad y de mi parte daría por suficientemente discutido el tema.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado Lerdo de Tejada, ¿aceptaría una pregunta del diputado Emilio Serrano?

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias:Les agradezco mucho a los compañeros y compañeras que quieran hacerme preguntas. En esta ocasión y para privilegiar el tema al que nos hemos convocado, me parece que está suficientemente discutido y los argumentos han sido absolutamente claros. En consecuencia, presidente, no acepto preguntas.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido este asunto.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: En votación económica, por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se encuentra el tema suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea si se autoriza que la votación del acuerdo se realice por medio del sistema electrónico.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si autoriza la votación por el sistema electrónico. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se autoriza. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación del acuerdo que contiene la propuesta de nombres para ocupar los cargos de consejeros electorales del Instituto Federal Electoral.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación del acuerdo.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Gracias, presidente. Para pedirle nos pueda clarificar el sentido del voto. Qué significa votar a favor y qué significa votar en contra.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Votar a favor significa votar por la aprobación del acuerdo enviado por la Junta.

(Votación)

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): En espera de una terna que tenga mayoría de mujeres. En contra.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos:De viva voz, diputada Juanita de Jesús Santillán Hernández.

La diputada Juanita de Jesús Santillán Hernández(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: La diputada Dina Herrera.

La diputada María Dina Herrera Soto (desde la curul): En contra.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Diputado presidente, tenemos 242 votos a favor, 188 en contra, 0 abstenciones; por tanto, no existen dos terceras partes.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: No se aprueba la propuesta de acuerdo. Devuélvase el mismo a la Junta de Coordinación Política, para los efectos señalados en el numeral 5 del artículo 141 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y las proposiciones que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que se hayan recibido para ser registradas en la siguiente sesión.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva, por la que informa del turno correspondiente a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 6 de octubre de 2011, de conformidad con los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Con fundamento en los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea de los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo que no fueron abordadas en el orden del día del jueves 6 de octubre de 2011, para su remisión a las comisiones correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2011.— Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Francisco José Rojas Gutiérrez, José Ramón Martel López, Beatríz Elena Paredes Rangel, César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Solís Acero, Jesús María Rodríguez Hernández y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

2. Que reforma el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Hugo Héctor Martínez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

3. Que reforma el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

4. Que reforma el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo de la diputada Josefina Rodarte Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para dictamen.

5. Que reforma el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

6. Que expide el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Turno: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

7. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ricardo López Pescador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

8. Que reforma los artículos 19 de la Ley General de Desarrollo Social y 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Laura Felicitas García Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

9. Que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Vivienda, para dictamen.

10. Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

11. Que reforma los artículos 52 y 87 de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Transportes, para dictamen.

12. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Benjamín Clariond Reyes Retana y suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

13. Que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

14. Que reforma los artículos 4o., 8o. y 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Pesca, para dictamen.

15. Que reforma los artículos 38 y 43 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho y suscrita por el Dip. Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

16. Que reforma el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno: Comisión De Gobernación, Para Dictamen.

17. Que reforma el artículo 215 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

18. Que adiciona un artículo 67-A a la Ley Federal de Derechos y reforma el artículo 2o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

19. Que adiciona un Artículo Transitorio a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

20. Que reforma el artículo 109 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, solucione los problemas que presenta el Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia, relativo al pago de salarios que se adeuda al personal académico, a cargo del diputado José Trinidad Padilla López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, relativo al desastre natural ocurrido el día 6 de septiembre de 2009 en los municipios de Tlalnepantla de Baz y Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a cargo del diputado Carlos Bello Otero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Oaxaca y al Gobierno Federal, que realicen todas las acciones que sean necesarias para enfrentar la situación de emergencia que enfrenta la población de Santa Cruz Mitlatongo, Oaxaca, para que emitir la declaratoria de desastre correspondiente y se liberen los recursos del Fonden, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobernador Constitucional del estado de San Luis Potosí y al Procurador General de Justicia del estado, realicen esfuerzos coordinados para el esclarecimiento de los hechos delictivos del secuestro y homicidio de la menor Adriana Martínez Campuzano, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a manifestar a través de la SRE, su indignación, rechazo y enérgica condena por la reciente aprobación de la Ley HB56 promulgada el 9 de junio pasado por el Gobernador de Alabama, Robert Bentley, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la Administración Pública Federal, para continuar realizando la medición y evaluación de las acciones de simplificación administrativa de los trámites federales, estatales y municipales relacionados con la apertura y operación de empresas en México en el ejercicio de 2012, a cargo de la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Economía, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que en el seno de los países del G20, y como Presidente del mismo, se pronuncie en contra de las prácticas desleales de comercio ejercidas por la República Popular de China y se promueva el diálogo para que el Gobierno de ese país flexibilice su política cambiaria, a cargo del diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisiones Unidas de Economía y de Relaciones Exteriores, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, relativo al daño ambiental causado en la Bahía de Guaymas, Sonora, a cargo del diputado Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, relativo a la elaboración y difusión de cápsulas informativas sobre los valores universales, a cargo de la diputada Diana Patricia González Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH, e invita a la ONU-DH, instituciones académicas y organizaciones sociales, a enviar sus propuestas en relación a lo dispuesto en artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 8º transitorios del Decreto de fecha 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos, a cargo del diputado Noé Fernando Garza Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanía, para que en el PEF 2012, se incluya la distribución de los "tiempos de estado" cubiertos por las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal, a cargo del diputado Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.»

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor(a las 19:22 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 11 de octubre de 2011, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

————— O —————

RESUMEN DE ACTIVIDADES • Tiempo de duración: 8 horas 59 minutos con un receso de 12 minutos • Quórum a la apertura de sesión: 253 diputados • Asistencia al cierre de registro: 253 diputados • Diputada suplente que se incorpora: 1 • Comisión reglamentaria o protocolaria: 1 • Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado: 1 • Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se presentan al pleno de la Honorable Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, las propuestas de nombres para ocupar los cargos de consejeros electorales para su elección, desechado: 1 • Número de diputados que participaron o aportaron algún tema:     174 PRI                                              56PAN                                             37PRD                                     33PVEM                                          6PT                                                   34Convergencia                       3Nueva Alianza                               4Comisión de Vigilancia de laAuditoría Superior de laFederación                                        1 Se recibió o presentó: • 4 oficios por los que solicitan sean retiradas iniciativas con proyectos de decreto; • 1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que ciudadano pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Eslovaca en Cancún, con circunscripción consular en Quintana Roo y Yucatán; • 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita los permisos constitucionales necesarios para que cuatro ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas, e informa que una ciudadana ha dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México; • 4 oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite proposiciones con punto de acuerdo con relación al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012; • 3 oficios de los Congresos de los estados de Guanajuato, México y Sinaloa, con los que remite proposiciones con punto de acuerdo con relación al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012; • 2 minutas con proyectos de decreto; • 1 iniciativa de senadores de diversos grupos parlamentarios; • 1 iniciativa de senador del PRD; • 12 iniciativas del PRI; • 2 iniciativas del PAN; • 3 iniciativas del PRD; • 2 iniciativas de Nueva Alianza; • 1 iniciativa de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; • 11 proposiciones con puntos de acuerdo Declaratoria de publicidad de dictamen: • 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; • 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 22, 22 Bis, 41 y 116 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; • 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; • 1 de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 224 Bis y 224 Bis 1 a la Ley General de Salud; • 1 de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; • 1 de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 57 de la Ley de Seguridad Nacional; • 1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; • 1 de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8, de la Ley General de las Personas con Discapacidad; y adiciona la fracción V al artículo 389, de la Ley General de Salud; • 1 de la Comisión de Seguridad Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo décimo séptimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 30, de la Ley General de Desarrollo Social; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 25, 30, 43, 44 y 52, de la Ley General de Desarrollo Social; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8, 10, 17, 18 y 45 de la Ley General de Desarrollo Social; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Desarrollo Social; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social • de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 39 de la Ley General de Desarrollo Social; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 12, de la Ley de Asistencia Social; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Desarrollo Social; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que establece el Derecho al Ingreso Ciudadano Universal; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desechan tres iniciativas con proyectos de decreto que reforman y adicionan el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la misma; y los artículos 3, 31 y 41 de la Ley General de Desarrollo Social; • 1 de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos con punto de acuerdo, sobre el riesgo recurrente de inundaciones de la delegación de El Pitillal, ofrezca a la población las condiciones necesarias de seguridad y preserve el estero El Salado, garantizando el flujo de agua dulce de los arroyos El Contentillo y La Virgen, ubicados en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; • 1 de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo, para exhortar a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Sistema Nacional de Protección Civil a atender las resoluciones emitidas por esta soberanía y a solucionar de inmediato el problema de azolvamiento de la Boca Barra de Cerro Hermoso en las costas de Oaxaca; • 1 de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo, para apoyar y preservar la industria nacional de cuero, calzado, proveeduría y comercialización en México; • 1 de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación que en el proceso de reglamentación de la Ley de Migración se convoquen a mesas de trabajo en las que sean consultados todos los sectores interesados e involucrados en el tema migratorio y de protección a migrantes; • 1 de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo, que exhorta al gobierno federal para que instrumente las medidas necesarias, para que a los migrantes mexicanos que retornan a nuestro país, les sean aceptadas sin obstáculo las tarjetas de crédito y débito para cubrir el depósito exigido para la importación temporal de vehículos, igualmente para que el monto de éste por 400 dólares les sea reducido; • 1 de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo, para exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua, realicen diversas acciones de inspección, vigilancia y saneamiento de las aguas residuales de la cuenca de El Ahogado, perteneciente a la cuenca Lerma-Chapala- Santiago; • 1 de las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Derechos Humanos, con punto de acuerdo, para exhortar al Instituto Nacional de Migración realice una revisión integral de las políticas y programas de protección a los derechos humanos de los migrantes que cruzan el territorio nacional Dictámenes aprobados: • 1 de la Comisión de Comunicaciones, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones; • 1 de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona un cuarto párrafo al artículo 705 del Código Civil Federal; • 1 de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que reforma la fracción XXIII del artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; • 1 de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 9 y 14 de la Ley General de Educación; • 1 de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo IV Bis, con los artículos 275 Bis y 275 Ter, al título octavo del libro segundo del Código de Justicia Militar; • 1 de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor; • 1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que tres ciudadanos puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren los gobiernos extranjeros, respectivamente; • 3 dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permisos a 33 ciudadanos para prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México; • 1 de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8, de la Ley General de las Personas con Discapacidad; y adiciona la fracción V al artículo 389, de la Ley General de Salud; • 1 de la Comisión de Seguridad Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo décimo séptimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 30, de la Ley General de Desarrollo Social; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 25, 30, 43, 44 y 52, de la Ley General de Desarrollo Social; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8, 10, 17, 18 y 45 de la Ley General de Desarrollo Social; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Desarrollo Social; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social • de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 39 de la Ley General de Desarrollo Social; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 12, de la Ley de Asistencia Social; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Desarrollo Social; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que establece el Derecho al Ingreso Ciudadano Universal; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desechan tres iniciativas con proyectos de decreto que reforman y adicionan el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la misma; y los artículos 3, 31 y 41 de la Ley General de Desarrollo Social; • 1 de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos con punto de acuerdo, sobre el riesgo recurrente de inundaciones de la delegación de El Pitillal, ofrezca a la población las condiciones necesarias de seguridad y preserve el estero El Salado, garantizando el flujo de agua dulce de los arroyos El Contentillo y La Virgen, ubicados en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; • 1 de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo, para exhortar a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Sistema Nacional de Protección Civil a atender las resoluciones emitidas por esta soberanía y a solucionar de inmediato el problema de azolvamiento de la Boca Barra de Cerro Hermoso en las costas de Oaxaca; • 1 de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo, para apoyar y preservar la industria nacional de cuero, calzado, proveeduría y comercialización en México; • 1 de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación que en el proceso de reglamentación de la Ley de Migración se convoquen a mesas de trabajo en las que sean consultados todos los sectores interesados e involucrados en el tema migratorio y de protección a migrantes; • 1 de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo, que exhorta al gobierno federal para que instrumente las medidas necesarias, para que a los migrantes mexicanos que retornan a nuestro país, les sean aceptadas sin obstáculo las tarjetas de crédito y débito para cubrir el depósito exigido para la importación temporal de vehículos, igualmente para que el monto de éste por 400 dólares les sea reducido; • 1 de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo, para exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua, realicen diversas acciones de inspección, vigilancia y saneamiento de las aguas residuales de la cuenca de El Ahogado, perteneciente a la cuenca Lerma-Chapala- Santiago; • 1 de las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Derechos Humanos, con punto de acuerdo, para exhortar al Instituto Nacional de Migración realice una revisión integral de las políticas y programas de protección a los derechos humanos de los migrantes que cruzan el territorio nacional