SUMARIO

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Presidencia del diputado Emilio Chuayffet Chemor

ASISTENCIA

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 312 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor (a las 11:10 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones...

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Perdón, un minuto, señor secretario. Señor diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Gracias, presidente. Pensábamos que esta semana iba a estar en la sesión del día de hoy, al menos la propuesta de la Junta de Coordinación Política para designar a los consejeros electorales; es decir, consideramos que la Junta iba a insistir nuevamente al pleno por una propuesta distinta, de mayor consenso, para aprobar el nombramiento de los consejeros electorales, pero observamos que en el orden del día, señor presidente, no hay ninguna observación, ningún dato, que nos haga suponer que la Junta de Coordinación Política va a proponer los nuevos nombres para los consejeros electorales.

Si tiene alguna información adicional de parte de la Junta.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: No tengo ninguna, señor diputado.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado Muñoz Ledo.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega (desde la curul): Señor presidente, habida cuenta de que tiene usted la representación legal de la Cámara de Diputados y por añadidura preside el Congreso de la Unión, usted es el principal responsable formal —cuando menos—, de que haya incurrido en una violación tan grave del texto constitucional esta Cámara, al no designar en tiempo a los tres consejeros faltantes del Instituto Federal Electoral.

Supuesto que usted, en el pasado, en funciones distintas tuvo que ver muy de cerca con el nombramiento de los consejeros de ese Instituto y sugirió fórmulas para destrabar la falta de mayoría de dos tercios, quiero hacerle una invitación pública a que usted tome en sus manos este asunto.

No puede el presidente de la Cámara —que es el responsable legal de la misma—, quedar confiado en asuntos tan fundamentales a un mandarinato segundón. Un mandarinato que, además, ya fue rebasado por sus bancadas.

La fórmula —recordando el caso de 1996 que usted ha traí-do a colación en declaraciones diversas—, sería el voto continúo: cuándo se exige mayoría de tercios, en asambleas como ésta —me refiero sobre todo a la Asamblea General de las Naciones Unidas—, donde se ha llegado a votar 104 veces para desempatar.

Simplemente se va rotando la terna. Usted propone, dentro de los elegidos por la Comisión de Gobernación, una terna; esa terna no sale electa, propone otra terna. En un día lo podemos destrabar.

En asambleas semejantes a ésta —aunque en ésta no se hace—, se pone una urna ahí y pasan todos los diputados o todos los miembros de la asamblea a votar.

No podemos seguir trabados por los intereses de los partidos; no podemos seguir evidenciando que los consejeros del IFE no se eligen por su imparcialidad.

Usted lo recuerda, hay cinco adjetivos en el artículo 41 de la Constitución: imparcialidad, autonomía, distancias, certeza. Todo lo que está ocurriendo es que las direcciones de los partidos están demostrando, probando y ratificando que son funcionarios de cuota. Los funcionarios de cuota rompen la autonomía de un órgano.

Le hago una invitación pública, señor presidente, como cabeza de esta Cámara, para que cambiemos el método de designación y haya voto continuo, de tres en tres, de tres en tres, hasta que se elijan los que debemos proveer para el buen funcionamiento de las instituciones. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado.

CIERRE DE REGISTRO DE ASISTENCIA

(A las 11:11 horas, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia, con un registro de 318 diputadas y diputados)

ORDEN DEL DIA

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Diputado presidente, insistir en el tema de los consejeros. El próximo miércoles se discute la reforma política y ya estamos en la reforma política y todavía no se integra completo el Instituto Federal Electoral, es un contrasentido.

Me parece que la propuesta presentada aquí por el diputado Muñoz Ledo, puede, efectivamente, hacer ya viable y decidir en definitiva la integración del Consejo General del IFE, completo.

Segundo tema, sobre el orden del día. Este pleno no ha votado el formato de las comparecencias. Es incorrecto que los dos años anteriores haya el pleno decidido el formato y ahora se deje discrecionalmente a las comisiones. Esto no debe ser así, hay un formato general, el cual este pleno debe acordar con las fechas, porque además, ahora están cambiando las fechas los funcionarios. Hoy debería venir el secretario del Trabajo del gobierno usurpador.

Recuerdo que el año pasado no vino y que estuve insistiendo permanentemente que se le declarara interlocutor no válido. No vino, no dio cuentas de su función como responsable de la Secretaría del Trabajo y hoy, que tenía que venir, ya le cambiaron la fecha; se la acomodaron al día 19 de octubre y luego se la van a volver a cambiar y luego se la van a volver a cambiar.

Era tradición que el secretario de Gobernación iniciaba las comparecencias, ahora es un desorden. Están empalmadas comparecencias; cada quien hace el formato que le viene en gana. Eso no puede ser.

Quiero pedirle aquí, a través de esta soberanía, que se presente un formato; que la Junta de Coordinación presente un formato para todas las comparecencias, que sea discutido y avalado por este pleno.

Segundo. Que en ese formato el secretario de la Defensa y el secretario de Marina vengan a esta Cámara de Diputados. Ya basta de que estén yendo los diputados a sus oficinas, en un acto que no es de cortesía, sino es de franca sumisión de esta soberanía al Ejecutivo federal, que es totalmente incorrecto y más a la luz de los resultados de la brutal violencia que se vive en el país.

Tercero. Le quiero pedir también la inclusión en el orden del día, y he decidido hacerlo así, público, porque la Junta de Coordinación no los incluye y para que quede evidencia de que no quieren la discusión política, que hoy se cumplen dos años de que Luz y Fuerza del Centro fue cerrada arbitrariamente por Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa.

Quiero que se incluya en el orden del día la discusión de qué rumbo tiene la CFE; cómo se está desarrollando el servicio; las carísimas tarifas, que se están quejando los usuarios; las irregularidades existentes; los negocios hechos al cobijo del poder.

Finalmente quiero decirle, diputado presidente, que siguen sin darme mi credencial de elector. El Instituto Federal Electoral sigue insistiendo en que tengo que presentarles mi acta de nacimiento.

Tienen costales de ellas, mías, en su seno y siguen insistiendo en que les debo de entregar un acta de nacimiento, lo cual es un burocratismo verdaderamente infame e ina-ceptable. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En relación con el último argumento, efectivamente eso nos contestó por escrito el Instituto Federal Electoral. El diputado Muñoz Ledo.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega (desde la curul): A propósito de lo dicho por el diputado Fernández Noroña. Efectivamente, hay una enorme arbitrariedad, discrecionalidad y hasta sumisión de esta Cámara en las comparecencias constitucionales de los secretarios de Estado.

Soy miembro de la Comisión del Trabajo; se nos acaba de informar que no comparece, que nos envía un comunicado insustancial. Debo informarle, presidente, que en acatamiento de lo dispuesto por la Junta de Coordinación, logramos ayer, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que viniera el día 25, el día que fue designada y usamos para ello los argumentos constitucionales en un escrito, del cual le he mandado copia.

Decir que se trata de una comparecencia ordenada por la Constitución, por la ley y por el Reglamento y que hay la obligación de venir.

Segundo. Presidente, antes de que se me olvide, hace varias sesiones me permití solicitarle turno a la Comisión de Relaciones, respecto de los llamados corcholatazos. Esto es, las solicitudes de permiso para aceptar y portar condecoraciones extranjeras.

He hablado con los servicios legislativos; no estoy de acuerdo con su criterio, dicen que la sanción es pérdida de la ciudadanía. La sanción, no por recibir una presea, sino por aceptarla y por portarla sin permiso del Congreso. Es una consecuencia indirecta, es un régimen de división de Poderes.

Lo que este Congreso está llamado a decir es si se da la causal para negar el permiso de la condecoración y esa causal está en la Constitución, es la sospecha fundada de una sumisión a un Estado extranjero. Eso no lo puede juzgar la Comisión de Gobernación. Eso lo tiene que ver la Comisión de Relaciones Exteriores.

Le rogaría que le diera turno a esto y si es necesario, tenemos una polémica con los servicios legislativos, porque no se vale que durante cuatro sesiones no me hayan contestado. Gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Agustín Guerrero, señor diputado, por favor.

El diputado Agustín Guerrero Castillo (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Creo que —al igual que el diputado Muñoz Ledo— los que integramos la actual Legislatura tenemos la preocupación de que después de un año no se haya podido integrar de manera legal, de manera integral al Consejo General del IFE.

Tendríamos que estar tomando una medida extraordinaria para poder dar cumplimiento y garantizar que el año próximo el árbitro electoral no sea motivo de un conflicto. Porque mala señal sería, para el proceso electoral de 2012, que se cuestione la legitimidad y la legalidad del órgano electoral encargado de encauzar este proceso.

Me parece que la fórmula que está hoy prevista está agotada. Por esta vía, que intentamos la semana pasada y que no se alcanzaron las dos terceras partes no hay salida; es un callejón sin salida el actual diseño para el nombramiento de los consejeros electorales.

Me parece y me sumo a la preocupación del diputado Porfirio Muñoz Ledo, en el sentido de que la Presidencia de la Cámara debería convocar, no a un asunto de un acuerdo político, como aquí lo ha planteado el diputado Muñoz Ledo, no en esos términos sino el de buscar una fórmula legal distinta. Es decir, que hagamos, que se haga una reforma al método, al procedimiento de la elección de los consejeros electorales.

Con este método no hay salida. Ahí nos podemos pasar el año que queda de esta Legislatura y no va a haber nombramiento de los tres consejeros electorales. Se requiere, por tanto, un diseño distinto, criterios distintos.

Me parece que desde la Presidencia de la Cámara de Diputados, y esto sería la invitación a convocar a los coordinadores de los grupos parlamentarios, para pensar en una fórmula distinta y que podamos, en estas próximas semanas, acordar un procedimiento diferente, que permita garantizar la integración completa del IFE. Porque de otra manera no va a salir y el costo político no es solamente a la Legislatura, me parece que la ciudadanía puede ver mal a los diputados que no terminan de ponerse de acuerdo para nombrar a los tres consejeros.

Pero ése no es el problema mayor, el problema mayor es que de inicio el proceso electoral de 2012 sería seriamente cuestionado si no tiene un órgano electoral plenamente integrado, y esto es lo que hay que cuidar. No tendríamos nosotros derecho a poner en duda el proceso electoral del 2012, si no construimos una vía distinta para el nombramiento de los tres consejeros. Es cuanto.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Creo que, tanto el diputado Muñoz Ledo como el diputado Guerrero y el diputado Fernández Noroña, tienen razón y que son compatibles las opiniones. Recuerdo que hasta el 2006 el IFE, además de tener una lista de consejeros propietarios, tenía una lista de consejeros suplentes. De suerte que el expediente de la sustitución se cubría a través de los consejeros suplentes, que tenían las mismas características que los propietarios.

Efectivamente, se trata de un asunto complejo, en el que —como dijo el licenciado Muñoz Ledo— nadie y menos la Presidencia de esta Mesa puede permanecer indiferente. Pero también —como dijo el diputado Guerrero— es un asunto de fondo que reclama un nuevo tratamiento legal al asunto.

En tal virtud y como lo sugirieron, habré de convocar de inmediato a la Conferencia para que la Presidencia de la Mesa y los coordinadores parlamentarios de inmediato asuman los temas aquí tratados, tanto por ustedes como por el señor diputado Fernández Noroña, sobre las fechas y asistencia de las personas que son citadas a comparecer. Si no hubiera otro asunto, ruego a la Secretaría continúe con el orden del día.

El diputado Reginaldo Rivera de la Torre (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado don Arturo Torres.

El diputado Reginaldo Rivera de la Torre (desde la curul): Buenos días, diputado presidente. Soy el diputado Reginaldo Rivera. Aplaudir la propuesta de los amigos del PT y del PRD, en cuanto a la designación de los consejeros.

Es una situación inédita el hecho de que se nombren en este momento —es perfectamente legal—. Aplaudo la decisión del diputado presidente de la Junta de Coordinación Política para insistir en este tema.

Recordar que durante un año no se designaron; no fue posible que cuando estuvo al frente, como presidenta de la Junta de Coordinación Política, la ex diputada Josefina Vázquez Mota. No se llegó a este acuerdo. Pero es perfectamente legal, tenemos que seguirlo intentando.

Aprovecho la oportunidad, diputado presidente, para pedirle que se le haga una excitativa al presidente de la Junta de Coordinación Política, dado que hace 15 días se habló de la seguridad y la soberanía alimentaria.

Ahí hay un requerimiento de la Comisión Permanente que ya tiene más de un mes que no ha sido resuelto para crear el frente parlamentario en contra del hambre en México. Varios diputados ya le hicimos un recordatorio al presidente de la Junta de Coordinación Política y no recibimos respuesta. El problema del hambre en México es urgente.

Diputado presidente, le solicito se haga la gestión correspondiente para que la Junta de Coordinación Política resuelva este problema de interés nacional. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, don Reginaldo. Perdón por la confusión. En relación al último punto, lo recojo con mucho gusto.

En relación al primero, quisiera pedirles a todos ustedes, en aras de un análisis reflexivo y ordenado: no se trata de culpar a nadie en lo personal. Creo que todos tenemos la responsabilidad de no haber hecho nuestra tarea y designar a los consejeros del Instituto Federal Electoral.

Con esta amigable y muy respetuosa recomendación, pido a la Secretaría continúe con el orden del día.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Tercer año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 11 de octubre de 2011

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

Del Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Dos, de la Mesa Directiva.

De los diputados David Hernández Vallín y Enrique Torres Delgado, por los que solicita el retiro de Iniciativas con proyecto de decreto.

De la Junta de Coordinación Política.

De la Comisión Nacional del Agua

Con el que remite informe por Entidad Federativa correspondiente al tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2011 de los recursos devueltos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en el Programa de Devolución de Derechos.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para que se mitigue los efectos derivados de la sequía.

Del Gobierno del Estado de Nuevo León

Con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para incorporar al Municipio de General Zuazua a la Zona Metropolitana de Monterrey.

Del Congreso del Estado de Nuevo León

Dos, con los que remite Acuerdos para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, se mantenga o aumente la cantidad asignada al fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos en Estados Unidos; y se asigne una partida presupuestal para las entidades federativas a fin de dar cumplimiento al Artículo Cuarto del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de agosto de 2009, referente al narcomenudeo.

De la Cámara de Senadores

Con el que remite Acuerdo por el que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; de Educación Pública y Servicios Educativos; y a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados considerar un incremento en el Presupuesto de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así también en el Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas.

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados incrementar el Presupuesto de Egresos para el rubro de educación pública, presentada por la senadora Leticia Jasso Valencia.

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 se incrementen los recursos destinados a infraestructura, equipo y recursos humanos del sistema de telesecundarias del estado de Jalisco, presentada por los Senadores Ramiro Hernández García, Gerardo Montenegro Ibarra, María Teresa Ortuño Gurza, Sergio Álvarez Mata, Antonio Mejía Haro y Francisco Javier Castellón Fonseca, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Cámara de Diputados a destinar recursos para el Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola, presentada por el senador Francisco Javier Obregón Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a asignar a la Comisión Nacional del Agua, dirección local en Colima, la cantidad de 10 millones de pesos, destinados para la construcción un colector pluvial, presentada por la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que incremente el presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable y de la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural. Pesca y Alimentación, presentada por los Senadores integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, en relación a la investigación, prevención, detección y tratamiento del cáncer en México, presentada por el senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a otorgar mayores recursos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado y a exhorta al Director General de dicho Instituto a realizar las gestiones necesarias para garantizar con mayor prontitud el abastecimiento de medicamentos y servicios en las clínicas y hospitales del estado de Colima, presentada por la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Solicitud de licencia

Del diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa.

Minutas

Con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que adiciona el párrafo cuarto al artículo 25 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para los efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3, 6, 10 y 11 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para los efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la erradicación de violencia en el noviazgo.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a promover la igualdad entre mujeres y hombres, así como erradicar la violencia institucional.

Con el que remite contestación de la Secretaría de Marina al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 22 de septiembre de 2011, relativo a la formulación por escrito de preguntas parlamentarias.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Relativo a las respuestas remitidas por el Secretario de Marina a las preguntas parlamentarias, que le formuló el Pleno de la Cámara de Diputados el 22 de septiembre de 2011. (Votación)

Declaratorias de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Sandra Isabel Vázquez Castillo, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Bélice en Veracruz, con Circunscripción Consular en el Estado de Veracruz y a Luis Augusto Lutteroth del Riego, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Japón en Tijuana Baja California, con Circunscripción Consular en el Estado de Baja California.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso para que los ciudadanos: Juan Manuel Guerrero López, Héctor Daniel Padilla Yañez, José Hernández Herrera y Beatriz Adriana Reyes Espinoza, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, y sus Consulados Generales en Ciudad Juárez, Chihuahua y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de robo al autotransporte federal.

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 224 Bis y 224 Bis1, a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el inciso 19) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que deroga la fracción V del artículo 1391 del Código de Comercio.

De la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 9 y se adiciona la fracción V al artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones V al artículo 7o. y X al artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 113 Bis de la Ley de Aguas Nacionales.

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Dictámenes a discusión negativos de iniciativas

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39 y 43 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de la Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal.

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 32 y 43 bis de la Ley General de Población.

De las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 97, 101, 102 y 103 de la Ley General de Población.

Agenda política

Comentarios relativos a la condición general del país, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Iniciativas

Que reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Sergio Mancilla Zayas y Sandra Méndez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 254 Quintus a la Ley Federal de Derechos, a cargo, de la diputada Georgina Trujillo Zentella, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 34 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, a cargo del diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 39 y 43 de la Ley Minera, a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 96 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 173 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5o., 37 y 70 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 33 de la Ley General de Educación y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o., 104 y 112 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Ley General de Educación y 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, a cargo del diputado Óscar Lara Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y expide la Ley Federal de la Pirotecnia, a cargo del diputado Héctor Guevara Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. y 111 y adiciona un artículo 8 ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 167 de la Ley General de Salud y 8o. de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. y 24 de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo de la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 80 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Seguridad Alimentaria, a cargo de la diputada María Guadalupe García Almanza y suscrita por los diputados Laura Arizmendi Campos, Pedro Jiménez León y María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 11, 93 y 112 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrito por diputados integrantes de la Comisión Especial sobre Cambio Climático. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, a cargo del diputado Rafael Rodríguez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Fideicomiso Público para la Defensa y Protección de la Economía Familiar, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Herón Agustín Escobar García y suscrita por el diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 578 y 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Herón Agustín Escobar García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 85 y 90 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 24 y 46 de la Ley Minera, a cargo del diputado Luis Carlos Campos Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 309 Ter a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 185 y 186 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6o. y 93 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12 y 13 a la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 100-A y 100-B de la Ley Aduanera, a cargo del diputado Sergio Tolento Hernández y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial para la Industria Manufacturera de Exportación. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Sobre Controversias Derivadas de la Atención Médica, a cargo del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

De Decreto, por el que se establece el segundo domingo del mes de mayo como el Día Nacional de la Madre, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, “Cruz Roja Mexicana”, a cargo del diputado Jorge Rojo García de Alba, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 4o., 6o. y 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 111 y 112 y adiciona un artículo 115 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley Federal de Radio y Televisión, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Población, a cargo del diputado Efraín Ernesto Aguilar Góngora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Marcela Vieyra Alamilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. de la Ley General de Protección Civil y 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 102 Apartado B Párrafo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 150 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Maurilio Ochoa Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob a realizar las gestiones para que en los términos del artículo 41 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, se difunda la interpretación del Himno Nacional, además de en español, en las lenguas indígenas al inicio y término de las trasmisiones de radio y televisión, a cargo del diputado Jorge Venustiano González Ilescas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, para que del PEF 2012, de la partida presupuestal “Sanidades”, del Programa Especial Concurrente, se destinen 33.6 millones de pesos para la ejecución del Proyecto de Trabajo de la Campaña contra Moscas Nativas de la Fruta en la Zona Huasteca del estado de San Luis Potosí, a cargo del diputado Enrique Octavio Trejo Azuara, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la SEP y a los gobiernos estatales, conformen una Comisión Mixta de Trabajo para atender el tema de la homologación salarial de los trabajadores, así como diversos asuntos laborales y administrativos del Conalep, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, revise las condiciones en las que se encuentra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por los hechos ocurridos en sus instalaciones el 28 de septiembre de 2011, con el fin de verificar que la Concesionaria Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, SA de CV, cumpla con todos los protocolos de mantenimiento y seguridad en sus instalaciones, a cargo del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Economía, explique los motivos que la llevaron a aceptar la investigación antidumping a las importaciones de pierna y muslo de pollo, originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se promueve la creación y fortalecimiento de instancias municipales de mujeres en el estado de Nayarit, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Comunicaciones de esta Soberanía, solicite la comparecencia del titular de la SCT para que informe la problemática que se vive en el tramo carretero de Guadalajara a Zapotlanejo, por la instalación de casetas de cobro o peaje a la altura de El Cortijo, suscrito por los diputados Jorge Arana Arana, David Hernández Pérez y Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Tlaxcala, para que se actúe con imparcialidad y estricto apego a la Ley en el caso de la destitución de 16 notarios en esa entidad, así como para que se salvaguarden los derechos de los particulares que hicieron trámites ante dichos notarios, suscrito por los diputados Julián Francisco Velázquez y Llorente y Oralia López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, implemente en el Sistema Nacional de Salud, los cuidados paliativos, de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Salud, suscrito por los diputados Jorge Arana Arana, David Hernández Pérez y Jaime Sánchez Vélez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de las instancias correspondientes, realice la defensa de los intereses de los productores ganaderos nacionales, impugnando la entrada en vigor de la Ley de Etiquetado por País de origen en los Estados Unidos de América, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y la SEP, para que los recursos extraordinarios que recibió la Universidad Autónoma de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2011, se integren como parte de su Fondo Irreductible a partir del Presupuesto de Egresos 2012, a cargo del diputado Alfredo Villegas Arreola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP, gire las instrucciones necesarias a efecto de promover un proceso de compactación, recategorización y promoción docente en el Colegio de Bachilleres del estado de Jalisco, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua y a la Comisión Estatal del Agua del estado de Jalisco, realicen las acciones que correspondan a efecto de entregar al Sistema Intermunicipal para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado de la zona metropolitana de Guadalajara, los 300 millones de metros cúbicos de agua apta para consumo humano que se le tienen concesionados de acuerdo con los decretos federales de 1995 y 1997, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Efemérides

Con motivo del trigésimo aniversario de la entrada en vigor de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), a cargo de la diputada Dolores de los Ángeles Názares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del 187 aniversario de la Federación de Chiapas en México, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Relativo a la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del LI aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica en México, a cargo del diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al aniversario luctuoso de Manuel J. Clouthier, a cargo del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del aniversario del 2 de octubre, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor:   El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves seis de octubre de dos mil once, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputadoEmilio Chuayffet Chemor

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos cincuenta y tres diputadas y diputados, a las diez horas con veintitrés minutos del jueves seis de octubre de dos mil once, el Presidente declara abierta la sesión.

A las diez horas con veinticuatro minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia, con un registro de doscientos cincuenta y tres diputadas y diputados.

En sendas votaciones económicas, la Asamblea dispensa la lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior, y de la misma manera aprueba esta última.

En su oportunidad y desde su curul realizan comentarios con relación al Orden del Día los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, ambos del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con comunicaciones oficiales:

a) De los diputados Enrique Torres Delgado y Omar Fayad Meneses, por el que solicitan sean retiradas de las Comisiones de Puntos Constitucionales; y de Hacienda y Crédito Público, respectivamente, sus iniciativas turnadas en las sesiones del veintisiete de septiembre y el cuatro de octubre del año en curso. Se instruye sean retiradas de las Comisiones mencionadas, publicada la relación correspondiente en la Gaceta Parlamentaria y la actualización de los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Gobernación:

• Con el que remite contestación a Punto de Acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la creación del Hospital de la Universidad Michoacana. Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

• Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos:

– Francisco Edmundo Lechón Rosas, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Eslovaca en Cancún, con Circunscripción Consular en los estados de Quintana Roo y Yucatán.

– Fermín Vantí Hernández, Marisol Reynal Baeza, Erika de la Torre Crosse, María Isabel Olivares Jiménez, puedan prestar servicios en las Embajadas del Estado de Kuwait, de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua y Guadalajara, Jalisco, respectivamente; e informa que la ciudadana Norma Patricia Ruíz Mora, deja de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Las solicitudes de permiso se turnan a la Comisión de Gobernación, para dictamen, por lo que se refiere a la ciudadana que deja de prestar servicios, se remite a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

c) De la Cámara de Senadores, con los que remite proposiciones con puntos de acuerdo:

• Para que en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal dos mil doce, se destinen recursos para promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas, presentada por el senador Jaime Rafael Díaz Ochoa, del Partido Acción Nacional, a nombre propio y de senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte.

• Para que en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal dos mil doce, se considere la perspectiva de género, presentada por la senadora Claudia Sofía Corichi García, del Partido de la Revolución Democrática.

• Para que en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal dos mil doce, se considere un incremento de los recursos federales destinados a la Universidad Nacional Autónoma de México, presentada por la senadora Claudia Sofía Corichi García, del Partido de la Revolución Democrática.

• Para que en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal dos mil doce, se considere la creación de un Fideicomiso Especial para el Financiamiento de los Proyectos Estratégicos del Corredor Económico del Norte de México, presentada por el senador Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo.

Se remiten a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

Se reciben oficios de los Congresos de los estados de:

• Guanajuato, con el que remite acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil doce, se asignen mayores recursos en materia educativa.

• México, con el que remite acuerdo, para que se asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil doce, los recursos suficientes para atender las necesidades del Sistema Educativo Nacional.

• Sinaloa, con el que remite acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil doce, se otorgue prioridad al sector educativo.

Se remiten a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

El Presidente informa a la Asamblea que la ciudadana Juanita de Jesús Santillán Hernández, diputada federal suplente electa en el Segundo Distrito del Estado de México, se encuentra a las puertas del Salón de Sesiones y designa una comisión para introducirla al recinto, acto seguido rinde protesta de Ley y entra en funciones.

Desde su curul realiza comentarios con relación a diversos temas legislativos la diputada María Elena Perla López Loyo, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

Se recibe de la Cámara de Senadores comunicaciones con las que remite:

a) Minutas con proyecto de decreto:

• Que reforma la fracción tercera del artículo diez de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

• Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Puertos. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen y a la Comisión de Marina, para opinión.

b) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Que adiciona un inciso d) a la fracción segunda, del artículo segundo A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por senadores de diversos Grupos Parlamentarios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Que adiciona un artículo doscientos veintidós bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta; y los artículos ciento dos y ciento tres de la Ley del Seguro Social, presentada por el senador Carlos Navarrete Ruíz, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Trabajo y Previsión Social; y de Seguridad Social, para dictamen.

La Secretaría da lectura a los siguientes dictámenes con proyecto de decreto que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de las Comisiones:

a) De Hacienda y Crédito Público, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.

b) De Medio Ambiente y Recursos Naturales:

• Que reforman los artículos veintidós; veintidós Bis; cuarenta y uno, y ciento dieciséis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

• Que reforma el artículo tercero de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

c) De Salud, que adiciona los artículos doscientos veinticuatro Bis y doscientos veinticuatro Bis uno, a la Ley General de Salud.

d) De Transportes, que adiciona un segundo párrafo a la fracción octava del artículo quinto de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

e) Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública, que reforma la fracción tercera del artículo cincuenta y siete, de la Ley de Seguridad Nacional.

f) De Gobernación, que reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

La Presidencia informa que de conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad.

Se someten a discusión los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Comunicaciones, que adiciona un segundo párrafo al artículo sesenta de la Ley Federal de Telecomunicaciones. En votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos veintisiete votos a favor; y una abstención. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Desde su curul realiza comentarios el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones.

b) De Justicia:

• Que adiciona un cuarto párrafo al artículo setecientos cinco del Código Civil Federal. Se concede el uso de la tribuna para fundamentar el proyecto de decreto a nombre de la Comisión al diputado Arturo Zamora Jiménez. Se somete a discusión en lo general e interviene en pro del dictamen el diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, quien realiza propuesta de modificación, desde su curul realiza comentarios el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones. En sendas votaciones económicas se aceptan las propuestas de modificación y se considera suficientemente discutido. En votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto con la modificación aceptada por la Asamblea por trescientos cuarenta y nueve votos a favor; y una abstención. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

• Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Se concede el uso de la tribuna para fundamentar el proyecto de decreto a nombre de la Comisión al diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, y en una segunda intervención para rectificación de hechos. Se somete a discusión en lo general e intervienen en contra del dictamen los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, ambos del Partido del Trabajo; intervienen en pro los diputados Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Partido de la Revolución Democrática; Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Partido Acción Nacional; y Juan José Guerra Abud, del Partido Verde Ecologista de México, en su oportunidad y desde sus respectivas curules los diputados Pedro Vázquez González, para hacer observaciones con relación al tema; y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, para responder alusiones personales, ambos del Partido del Trabajo. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. Desde sus respectivas curules realizan moción de procedimiento los diputados Gregorio Hurtado Leija, Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Camilo Ramírez Puente, del Partido Acción Nacional; y Ariel Gómez León, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones e instruye se retire el proyecto de decreto y se devuelva a la comisión correspondiente.

c) De Ciencia y Tecnología, que reforma la fracción vigésima tercera del artículo dos de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro los diputados Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Partido Acción Nacional; Rodolfo Lara Lagunas, del Partido de la Revolución Democrática; y Elsa María Martínez Peña, de Nueva Alianza. En votación económica se considera suficientemente discutido y en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos cincuenta y siete votos a favor; y una abstención. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

d) De Educación Pública y Servicios Educativos, que reforma los artículos nueve y catorce de la Ley General de Educación. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro los diputados Alejandro Bahena Flores, del Partido Acción Nacional; y María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática. En su momento y desde su curul realiza comentarios con relación al tema el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. En votación económica se considera suficientemente discutido y en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos treinta y siete votos a favor; y dos abstenciones. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

e) De Defensa Nacional, por el que se adiciona el capítulo cuarto Bis, al Título Octavo del Libro Segundo del Código de Justicia Militar, adicionando los artículos doscientos setenta y cinco Bis y doscientos setenta y cinco Ter. Se concede el uso de la tribuna para fundamentar el proyecto de decreto a nombre de la Comisión al diputado Luis Carlos Campos Villegas. Se somete a discusión en lo general e intervienen en contra los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, ambos del Partido del Trabajo; interviene en pro los diputados Sergio Gama Dufour, del Partido Acción Nacional; Guillermo Cueva Sada, del Partido Verde Ecologista de México; Francisco Armando Meza Castro, del Partido de la Revolución Democrática; Bernardo Margarito Téllez Juárez, del Partido Acción Nacional; María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, de Convergencia;  y desde su curul realiza comentarios el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se considera suficientemente discutido y en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos cincuenta y ocho votos a favor; ocho en contra y cuatro abstenciones. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

f) De Economía, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se concede el uso de la tribuna para fundamentar y proponer una modificación al proyecto de decreto a nombre de la Comisión al diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla. Se somete a discusión en lo general e interviene en contra del dictamen el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, quien acepta interpelación de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, del Partido Revolucionario Institucional, quien realiza una propuesta de modificación. Interviene en pro la diputada Norma Sánchez Romero, del Partido Acción Nacional. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. El Presidente informa a la Asamblea de la reserva para su discusión en lo particular de los artículos ciento veintiocho Ter; y tres del proyecto de decreto. En votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto por trescientos sesenta y un votos a favor; y dos abstenciones. La Secretaría da lectura a las propuestas de modificación de los artículos ciento veintiocho Ter; y Tres por los diputados Jorge Alberto Juraidini Rumilla; y Beatriz Elena Paredes Rangel, ambos del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente. En sendas votaciones económicas se aceptan las modificaciones; y en votación nominal se aprueban en lo particular los artículos reservados con las modificaciones aceptadas por la Asamblea por unanimidad de cuatrocientos votos. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaría da lectura a los siguientes dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación, que concede permisos a los ciudadanos:

En su oportunidad realiza comentarios el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, con relación a los dictámenes a discusión de la Comisión de Gobernación. El Presidente hace aclaraciones.

• Alicia Bárcena, Pedro José Armendáriz Pardo y Vicente Martínez Barrientos, para que puedan aceptar y usar condecoraciones que en diversos grados les ofrecen el Gobierno de la República de Francia y el Gobierno de la República de Chile, respectivamente.

• Adriana del Carmen Adame Martínez, Marcos Abraham Barrera Vázquez, Carlos Manuel Berumen Domínguez, Juan José Boyoli Kaulitz, Manuel Fernando García de la Mora, Sandra Citlaly González Román, Thalía Turena Macedo Martínez, Miguel Ángel Meza Rojas, César Olivo Sosa, Dolores Elizabeth Pacheco Alejandre, Adriana Ríos Torres, Carlos Rodríguez Ramírez, Oswaldo Salinas García, Karen Paola Serdán Corona, Sara Elizabeth Tapia Morales, Isaac Tinajero Castillo, Hilda Berenice Valdés López y Noemí Vázquez Pérez, para que puedan prestar sus servicios en la Embajada de Canadá, en México.

• Julio César Serrano Vázquez, Alejandro Joel Díaz Cofradía, Rodolfo Salazar González, Irene Vázquez Carrasco, Arizbé Mondragón Alvarado, Claudia Krings Heidel, Carlos Javier Garza Cantú, Mirna María Sotomayor Galindo y José Oscar Manríquez Montelongo, para que puedan prestar sus servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América y de Austria, en México, y en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León y Tijuana, Baja California, respectivamente.

• Diana Luz Martínez Uruñuela, Norma Gabriela Treviño Garza, Mario Abel Ortiz Estrada, Mario Vidaña Silva, Alejandra Yazmín Lozoya Martínez y Hannia Cruz Meza, para que puedan prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco, en Matamoros, Tamaulipas y en Monterrey, Nuevo León, respectivamente.

En votación nominal se aprueban en lo general y en lo particular los proyectos de decreto por trescientos setenta votos a favor; y tres abstenciones. Pasan al Ejecutivo y al Senado, para sus efectos constitucionales.

Sin oradores registrados, en votación económica se aprueban los siguientes dictámenes en sentido negativo con puntos de acuerdo por los que desechan iniciativas o minutas con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Salud, que reforma el artículo ocho de la Ley General de las Personas con Discapacidad y adiciona la fracción quinta al artículo trescientos ochenta y nueve de la Ley General de Salud.

b) De Seguridad Social, que reforma el párrafo primero del artículo décimo séptimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

c) De Desarrollo Social:

• Que reforma el artículo treinta de la Ley General de Desarrollo Social.

• Que reforma los artículos cinco, veinticinco, treinta, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, y cincuenta y dos de la Ley General de Desarrollo Social.

• Que reforma los artículos ocho, diez, diecisiete, dieciocho, y cuarenta y cinco de la Ley General de Desarrollo Social.

• Que reforma el artículo veinticinco de la Ley General de Desarrollo Social.

• Que reforma el artículo tres de la Ley General de Desarrollo Social.

• Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

• Que adiciona el artículo treinta y nueve de la Ley General de Desarrollo Social.

• Que reforma los artículos cuatro y doce de la Ley de Asistencia Social.

• Que reforma el artículo setenta y nueve de la Ley General de Desarrollo Social.

• Que expide la Ley que Establece el Derecho al Ingreso Ciudadano Universal.

• Que reforman y adicionan el artículo veintiocho de la Ley General de Desarrollo Social.

• Que reforma el artículo diez de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y los artículos tres, treinta y uno; y cuarenta y uno de la Ley General de Desarrollo Social.

Archívense los expedientes como asuntos concluidos.

Se someten a discusión los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo, a cuyos encabezados se da lectura:

a) Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Recursos Hidráulicos:

• Relativos al estero el salado, y los arroyos el contentillo y la virgen, ubicados en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

• Para exhortar a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua, y al Sistema Nacional de Protección Civil, a informar y atender el problema de azolvamiento de la bocabarra de Cerro Hermoso, Oaxaca.

b) De Economía, para apoyar y preservar la industria nacional de cuero-calzado-proveeduría-comercialización en México.

c) De Población, Fronteras y Asuntos Migratorios:

• Para exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación a que en proceso de reglamentación de la Ley de Migración, se convoquen mesas de trabajo, en las que sean consultados todos los sectores interesados e involucrados en el tema migratorio y de protección a migrantes.

• Para exhortar al Gobierno Federal, instrumente las medidas necesarias, para que a los connacionales que ingresan al país, le sean aceptadas las tarjetas de crédito o débito internacional, para cubrir el pago de los derechos por la importación temporal de sus vehículos.

d) Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Recursos Hidráulicos, para exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua, realice diversas acciones de inspección, vigilancia y saneamiento de las aguas residuales de la Cuenca del Ahogado.

e) Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Derechos Humanos, para exhortar al Instituto Nacional de Migración, realice una revisión integral de las políticas y programas de protección a los derechos humanos de los migrantes que cruzan el territorio nacional.

Desde su curul realiza comentarios con relación a los puntos de acuerdo el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones.

En votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Se da cuenta con acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• Relativo a la liberación de los cinco cubanos que fueron injustamente encarcelados hace más de trece años en los Estados Unidos. Intervienen y realizan comentarios los diputados Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo, quien acepta interpelaciones de los diputados Miguel Ángel García Granados, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Jesús Ramírez Rangel, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; desde sus respectivas curules los diputados Beatriz Elena Paredes Rangel, del Partido Revolucionario Institucional, en una segunda intervención retira su propuesta de turno; Jesús Ramírez Rangel, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; Miguel Ángel García Granados, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, en dos ocasiones; Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática; Pedro Ávila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional; Emilio Serrano Jiménez; José Narro Céspedes, ambos del Partido de la Revolución Democrática; y Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

• Por el que se presentan al pleno de la honorable Cámara de Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura las propuestas de nombres para ocupar los cargos de consejeros electorales para su elección. Desde sus respectivas curules realizan comentarios con relación al acuerdo los diputados José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, en dos ocasiones, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, en dos ocasiones, ambos del Partido del Trabajo; Pedro Ávila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional; Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional, en cuatro ocasiones; Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; José Ramón Martel López, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones. El Presidente hace aclaraciones y a las quince horas con cuarenta minutos declara un

Receso

A las quince horas con cincuenta y dos minutos se reanuda la sesión.

Desde sus respectivas curules hacen comentarios con relación al acuerdo los diputados Arturo Ramírez Bucio, del Partido Acción Nacional; Víctor Manuel Castro Cosío, del Partido de la Revolución Democrática; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, en tres ocasiones, en la tercera para responder alusiones personales; José Ramón Martel López, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Camilo Ramírez Puente, del Partido Acción Nacional; Jesús Alfonso Navarrete Prida, del Partido Revolucionario Institucional; Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional; Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática; Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México; Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, en dos ocasiones; Beatriz Elena Paredes Rangel, del Partido Revolucionario Institucional; José Narro Céspedes, del Partido de la Revolución Democrática. El diputado Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática, plantea sea retirado del acuerdo el inciso b) del punto cuatro. Manifiestan su acuerdo en realizar la modificación propuesta los diputados Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional; José Ramón Martel López, del Partido Revolucionario Institucional; Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo; Jaime Álvarez Cisneros, de Convergencia; Roberto Pérez de Alva Blanco, de Nueva Alianza; y Juan José Guerra Abud, del Partido Verde Ecologista de México; en su oportunidad hace comentarios el diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se aprueba la discusión del acuerdo, con la supresión del inciso b) del artículo cuatro. Interviene en contra del acuerdo la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática; y en pro el diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo;

Presidencia del diputadoFelipe Amadeo Flores Espinosa

Interviene en contra del acuerdo el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta preguntas de los diputados Óscar Martín Arce Paniagua, del Partido Acción Nacional; Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, del Partido Revolucionario Institucional; José Narro Céspedes, del Partido de la Revolución Democrática; Felipe Enríquez Hernández, y Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, ambos del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputadoEmilio Chuayffet Chemor

Desde su curul responde alusiones personales la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, del Partido Revolucionario Institucional. Continúa con las intervenciones en pro del acuerdo los diputados Juan José Guerra Abud, del Partido Verde Ecologista de México; Pedro Jiménez León, de Convergencia, quien acepta interpelación de los diputados Juan José Cuevas García, del Partido Acción Nacional; Víctor Manuel Castro Cosío, y Enoé Margarita Uranga Muñoz, ambos del Partido de la Revolución Democrática; intervienen en pro los diputados Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México; Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta interpelación de los diputados Carlos Flores Rico, del Partido Revolucionario Institucional; Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel Jesús Clouthier Carrillo, del Partido Acción Nacional; Héctor Elías Barraza Chávez, del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional; Mary Telma Guajardo Villarreal, del Partido de la Revolución Democrática; y Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta interpelación de la diputada Esthela Damián Peralta, del Partido de la Revolución Democrática.  Intervienen en contra del acuerdo los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia, en una segunda intervención responde alusiones personales; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, ambos del Partido del Trabajo; Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; y Javier Corral Jurado; del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelación de los diputados Camilo Ramírez Puente, del Partido Acción Nacional; Esthela Damián Peralta y Emilio Serrano Jiménez, ambos del Partido de la Revolución Democrática; Jesús Ramírez Rangel, Juan José Cuevas García y María Antonieta Pérez Reyes, del Partido Acción Nacional. En sendas votaciones económicas se considera suficientemente discutido y se autoriza la votación por sistema electrónico. En votación nominal se emitieron doscientos cuarenta y dos votos a favor; y ciento ochenta y ocho en contra, no hay mayoría calificada. No se aprueba y se devuelve a la Junta de Coordinación Política.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo de las que se haya recibido comunicación para ser registradas en la siguiente sesión, se turnan:

a) Iniciativas con proyecto de decreto, de los diputados:

• Francisco José Rojas Gutiérrez, José Ramón Martel López, Beatriz Elena Paredes Rangel, César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Solís Acero, Jesús María Rodríguez Hernández y demás integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Hugo Héctor Martínez González, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo veintiséis de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Héctor Franco López, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarenta de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Josefina Rodarte Ayala, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cincuenta y nueve de la Ley Federal de Radio y Televisión. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para dictamen.

• Jorge Antonio Kahwagi Macari, de Nueva Alianza, que reforma el artículo doscientos del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que expide el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• José Ricardo López Pescador, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Laura Felicitas García Dávila, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos diecinueve de la Ley General de Desarrollo Social y quinto de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Enrique Torres Delgado, del Partido Acción Nacional, que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

• Rosalina Mazari Espín, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

• Paula Angélica Hernández Olmos, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos cincuenta y dos, y ochenta y siete de la Ley de Aviación Civil. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Benjamín Clariond Reyes Retana y suscrito por diversos diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Jesús María Rodríguez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarenta y cuatro de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos cuarto, octavo y veintinueve de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

• María Araceli Vázquez Camacho y suscrita por el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos treinta y ocho y cuarenta y tres de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• María del Pilar Torre Canales, de Alianza, que reforma el artículo treinta y dos Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión De Gobernación, Para Dictamen.

• Ana Georgina Zapata Lucero, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo doscientos quince del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• José Narro Céspedes, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona un artículo sesenta y siete-A de la Ley Federal de Derechos y reforma el artículo segundo-A de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Guadalupe Acosta Naranjo, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona un Artículo Transitorio a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Rosalina Mazari Espín, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento nueve de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

b) Proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

• José Trinidad Padilla López, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, solucione los problemas que presenta el Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia, relativo al pago de salarios que se adeuda al personal académico. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Carlos Bello Otero, del Partido Acción Nacional, relativo al desastre natural ocurrido el día seis de septiembre de dos mil nueve en los municipios de Tlalnepantla de Baz y Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Oaxaca y al Gobierno Federal, que realicen todas las acciones que sean necesarias para enfrentar la situación de emergencia que enfrenta la población de Santa Cruz Mitlatongo, Oaxaca, para que emitir la declaratoria de desastre correspondiente y se liberen los recursos del FONDEN. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Rosi Orozco, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobernador Constitucional del estado de San Luis Potosí y al Procurador General de Justicia del estado, realicen esfuerzos coordinados para el esclarecimiento de los hechos delictivos del secuestro y homicidio de la menor Adriana Martínez Campuzano. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Ana Georgina Zapata Lucero, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a manifestar a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores su indignación, rechazo y enérgica condena por la reciente aprobación de la Ley HB56 promulgada el nueve de junio pasado por el Gobernador de Alabama, Robert Bentley. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Norma Sánchez Romero, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la Administración Pública Federal, para continuar realizando la medición y evaluación de las acciones de simplificación administrativa de los trámites federales, estatales y municipales relacionados con la apertura y operación de empresas en México en el ejercicio de dos mil doce. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Melchor Sánchez de la Fuente, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que en el seno de los países del G20, y como Presidente del mismo, se pronuncie en contra de las prácticas desleales de comercio ejercidas por la República Popular de China y se promueva el diálogo para que el Gobierno de ese país flexibilice su política cambiaria. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Marcos Pérez Esquer, del Partido Acción Nacional, relativo al daño ambiental causado en la Bahía de Guaymas, Sonora. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Diana Patricia González Soto, del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la elaboración y difusión de cápsulas informativas sobre los valores universales. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Noé Fernando Garza Flores, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, e invita a la ONU-DH, instituciones académicas y organizaciones sociales, a enviar sus propuestas en relación a lo dispuesto en artículos segundo, tercero, cuarto, quinto y octavo transitorios del Decreto de fecha diez de junio de dos mil once, en materia de derechos humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Carlos Flores Rico, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanía, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación dos mil doce, se incluya la distribución de los "tiempos de estado" cubiertos por las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

El Presidente clausura la sesión a las diecinueve horas con veintidós minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes once de octubre de dos mil once, a las once horas.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobada el acta.

Comunicaciones oficiales. En primer término, del coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.— Presente.

Con fundamento en los artículos 26, 27, numeral 2, y 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 20 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito informar que a partir de esta fecha la diputada Laura Piña Olmedo y el diputado Víctor Hugo Cirigo Vásquez han decidido formar parte de este grupo parlamentario.

Por lo que solicito que se realicen todos los trámites que devienen del presente acto jurídico y se les otorgue lo que por hecho y derecho les corresponda.

Sin otro particular, reciba un respetuoso saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2011.— Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), coordinador del GPPVEM.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De enterado. Comuníquese.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes del Colegio Oxford, del Instituto Tecnológico Latinoamericano del estado de Hidalgo y de la escuela secundaria técnico-industrial número 86, doctor Gustavo Baz Prada, del poblado de Tecoac, del municipio de Atlacomulco, estado de México, invitados por los diputados José Ricardo López Pescador, por la diputada Paula Angélica Hernández Olmos y por su servidor. Sean ustedes cabalmente bienvenidos.

DICTAMENES NEGATIVOS DE PUNTOS DE ACUERDO

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del 10 de octubre del año en curso.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.—  Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia comunica que se recibió dictamen de proposición con punto de acuerdo en sentido negativo, para su archivo, de conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, mismo que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, de la siguiente comisión:

– Equidad y Género

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Equidad y Género a incorporar en su programa anual de trabajo la creación de un grupo que tenga por objeto estudia, discutir y, en su caso proponer e impulsar reformas legales para erradicar la violencia familiar perpetrada por agresores que utilizan su posición política o de poder.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia, al Poder Judicial y al Instituto de la Mujer de Quintana Roo a brindar atención sobre la violencia que han padecido Jimena Foucher y sus hijos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2011.— Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Presidente.»

«Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Equidad y Género a incorporar en su programa anual de trabajo la creación de un grupo que tenga por objeto estudia, discutir y, en su caso proponer e impulsar reformas legales para erradicar la violencia familiar perpetrada por agresores que utilizan su posición política o de poder

A la Comisión de Equidad y Género de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se le exhorta a incorporar en su programa anual de trabajo la creación de un grupo que tenga por objeto estudiar, discutir y, en su caso proponer e impulsar reformas legales para erradicar la violencia familiar perpetrada por agresores que utilizan su posición política o de poder.

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 84, 85, 86, 157, 162, y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 4 de noviembre de 2009, la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Equidad y Género a incorporar en su programa anual de trabajo la creación de un grupo que tenga por objeto estudiar, discutir y, en su caso proponer e impulsar reformas legales para erradicar la violencia familiar perpetrada por agresores que utilizan su posición política o de poder.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Equidad y Género, de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

Manifiesta la diputada proponente que de conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones podrán establecer grupos de trabajo para el cumplimiento de sus tareas. En la constitución de dichos grupos se buscará reflejar la pluralidad de los grupos parlamentarios representados en la comisión.

Para la promovente, el grupo de trabajo que se propone crear, tendrá por medio de la comisión, las facultades señaladas en el artículo 45 del mismo ordenamiento jurídico, en cuanto a la facultad de la presidenta de la Comisión de Equidad y Género para solicitar información o documentación a las dependencias y entidades responsables de los temas que atañen a la violencia familiar y sus circunstancias en México, porque se trata de un asunto sobre su ramo y se pretende la generación de reformas relativas a la materia propia de ese órgano legislativo.

Destaca la importancia de que la comisión contemple el tópico mencionado en su programa anual de trabajo, mediante el auxilio del grupo de trabajo propuesto, para atender, resolver y generar propuestas de reforma, objeto de la presente proposición con punto de acuerdo.

Para la proponente, tanto la comisión como el grupo de trabajo podrán realizar las actividades que se deriven de la Ley Orgánica del Congreso General, de los demás ordenamientos aplicables, de los acuerdos tomados por el Pleno de la Cámara y los que adopten por sí mismas con relación a la materia o materias de su competencia.

En consecuencia, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Equidad y Género a valorar la incorporación en su programa anual de trabajo de un grupo de trabajo que tenga como objeto estudiar, discutir y, en su caso, proponer e impulsar reformas legales para erradicar la violencia familiar perpetrada por agresores que utilizan su posición política o de poder, para lograr su impunidad.

Segundo. El grupo de trabajo deberá rendir de manera periódica un informe ante la Comisión de Equidad y Genero de la Cámara de Diputados.

Tercero. El grupo de trabajo deberá concluir su objetivo antes del primero de septiembre del 2010.

Consideraciones

Primera. Las y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género comparten la preocupación de la diputada proponente al señalar que la violencia familiar sigue siendo un flagelo persistente que crea elevados riesgos para la mujer, al vulnerar su integridad física y sicológica, la cual tiene posibles consecuencias a corto y largo plazo para la víctima, y porque además genera un terrible deterioro social.

No obstante, para determinar o no la viabilidad de la propuesta de crear un grupo de trabajo que estudie, analice, discuta y proponga lo conducente en materia de violencia familiar, es menester revisar lo que establece al respecto el marco jurídico que rige a la Cámara de Diputados, específicamente la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados, recientemente reformado y publicado.

Segunda. Efectivamente, el numeral 1 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que las comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

Por su parte, el numeral 2 del mismo artículo señala que la Cámara de Diputados ha de contar con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura, entre las cuales se encuentra la Comisión de Equidad y Género.

En consecuencia, el numeral 3 del mismo artículo precisa que las comisiones ordinarias tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio.

Asimismo, el numeral 4 del artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General establece que las comisiones podrán establecer subcomisiones o grupos de trabajo para el cumplimiento de sus tareas, y que en su constitución de las subcomisiones se buscará reflejar la pluralidad de los grupos parlamentarios representados en la comisión.

Por otro lado, el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General establece que los presidentes de las comisiones ordinarias, con el acuerdo de sus plenos, podrán solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo federal cuando se trate de un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables.

Más adelante, el numeral 6 del mismo artículo señala las tareas que corresponden a las comisiones, entre ellas la de elaborar su programa anual de trabajo, rendir un informe semestral de sus actividades; organizar y mantener un archivo de todos los asuntos que les sean turnados; sesionar cuando menos una vez al mes; resolver los asuntos que la Mesa Directiva de la Cámara les turne; dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas; así como realizar las actividades que se deriven de esta ley, de los ordenamientos aplicables, de los acuerdos tomados por el Pleno de la Cámara y los que adopten por sí mismas con relación a la materia o materias de su competencia.

Tercera. De lo expuesto, se deprende que las tareas centrales de las comisiones ordinarias son las de resolver los asuntos que la Mesa Directiva de la Cámara les turne, así como dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a éstas.

Así también, la creación de grupos de trabajo o subcomisiones tienen como propósito esencial la de atender las tareas centrales que justifican y dan permanencia a las comisiones ordinarias.

Esta noción se refuerza al examinar la fracción III del artículo 149 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la cual señala que la Junta Directiva tiene la facultad de:

III Proponer a la comisión la integración de subcomisiones o grupos de trabajo, dentro de la comisión para la presentación de predictámenes o proyectos de resolución, así como para la coordinación de actividades con otras comisiones, comités o dependencias del Poder Ejecutivo federal.

Más aún, el numeral 1 del artículo 152 del Reglamento de la Cámara de Diputados, establece que las subcomisiones son órganos auxiliares de las comisiones que, a través de la elaboración de predictámenes contribuyen al desarrollo eficiente y oportuno de las responsabilidades de las comisiones.

En tanto, el numeral 1 del artículo 153 del Reglamento de la Cámara de Diputados señala que los grupos de trabajo tendrán como objetivo que los integrantes de la comisión o comisiones se aboquen al estudio de un asunto en particular; no legislativo, o bien a realizar estudios, investigaciones, opiniones o trabajo de campo que la comisión requiera realizar. En el mismo numeral se señala que los grupos de trabajo no podrán excederse de su objeto y deberán tener un periodo determinado para su cumplimiento.

Cuarta. En este tenor, al considerar la creación de un grupo de trabajo –para solicitar información o documentación a las dependencias y entidades responsables de los temas que atañen a la violencia familiar y sus circunstancias en México, con el fin de proponer reformas relativas a la materia–, para esta comisión dictaminadora la propuesta de la diputada promovente resulta improcedente, toda vez que no cumple con lo dispuesto por el artículo 79, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para considerarla como punto de acuerdo.

Asimismo, no hay que olvidar que la Comisión misma está en condiciones de solicitar la información que requiera a las dependencias y entidades del Ejecutivo federal, en tanto que la presentación de iniciativas con proyecto de decreto en las diversas materias contempladas en los artículos 73 y 74 de la Carta Magna, relativos a las facultades del Congreso General y a las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados respectivamente, es competencia directa y es un derecho de las y los Diputados de conformidad con el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no puede sujetarse al establecimiento de una subcomisión o grupo de trabajo.

Quinta. Cabe destacar que dentro de las actividades programadas en los planes de trabajo anuales, derivadas del marco jurídico interno, la Comisión ha dictaminado y aprobado diversas iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo referidas a la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Más aún ha llevado a cabo foros legislativos y encuentros con organismos civiles orientados a la preservación de los derechos y garantías constitucionales de las mujeres.

En razón de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Equidad y Género somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Equidad y Género a incorporar en su programa anual de trabajo la creación de un grupo que tenga por objeto estudiar, discutir y, en su caso proponer e impulsar reformas legales para erradicar la violencia familiar perpetrada por agresores que utilizan su posición política o de poder.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, julio de 2011.

La Comisión de Equidad y Género, diputados:Nazares Jerónimo Dolores de los Ángeles (rúbrica), presidenta; Ana Estela Durán Rico (rúbrica), Fidel Kuri Grajales, Elvia Hernández García, Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbrica), Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica), Tomasa Vives Preciado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera, secretarios; Laura Arizmendi Campos (rúbrica), Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, Lucila del Carmen Gallegos Camarerna (rúbrica), Margarita Gallegos Soto, Laura Felícitas García Dávila, Luis García Silva, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Marcela Guerra Castillo (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Juan Carlos Natale López (rúbrica), María Elena Pérez de Tejada Romero (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Adela Robles Morales (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia, al Poder Judicial y al Instituto de la Mujer de Quintana Roo a brindar atención sobre la violencia que han padecido Jimena Foucher y sus hijos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados fue turnada, para análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia, al Poder Judicial y al Instituto de la Mujer de Quintana Roo a brindar atención sobre la violencia que han padecido Jimena Foucher y sus hijos.

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 67, 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

1.El 15 de diciembre de 2010, la diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó proposición con punto de acuerdo.

2.En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó con el número de oficio número DGPL 61-II-4-796, la presente proposición con puntos de acuerdo a la Comisión de Equidad y Género para estudio y dictamen.

Contenido de la proposición

La diputada proponente señala los siguientes hechos: “Hace unos días, en su colaboración semanal Plan B, en el diario El Universal, la periodista y activista Lydia Cacho Ribeiro publicó el artículo “Fernández de Cevallos, al ataque”. En dicho artículo denunciaba la preocupante situación que vivió Jimena Marín Foucher, joven mujer que se casó con David Fernández de Cevallos y quien padeció violencia en el ámbito familiar de forma reiterada por parte de su cónyuge, motivo que le llevó a solicitar ante las instancias judiciales el divorcio del señor David Fernández.

“El señor Fernández de Cevallos encerró a Jimena Marín y la aisló, amenazó de muerte e intimidó (como narra Lydia Cacho) durante cuatro meses. Ella logró burlar su encierro y salir acompañada de los hijos que procreó en su matrimonio con Fernández de Cevallos cuando se desató la crisis que provocó el secuestro de su padre, el abogado y político prominente Diego Fernández de Cevallos.

“El señor David Fernández de Cevallos llegó al domicilio de la familia Foucher en Cozumel y con la ‘protección’ de personas encapuchadas y vestidos como policías de la Agencia Federal de Investigación, aparentemente escoltados por un camión militar, ingresaron al domicilio Foucher para llevarse a los hijos de Jimena a la fuerza y con lujo de violencia.

“El agresor no buscaba conseguir visitas familiares respecto a sus hijos, sino sujetar a su dominio a quien consideraba parte de sus bienes, y manifestar el poder que tenía para movilizar a los agentes del Estado y, en consecuencia, quitarle a sus hijos por haberse revelado de su yugo, pasando aún por encima del mandato judicial que otorgaba a Jimena la custodia temporal de sus hijos.

“Este acto de prepotencia y de abuso del poder es documentado por testigos presenciales y videos, y fue constitutivo de la denuncia de hechos 1656/10/2010 por la posible comisión de los delitos de secuestro, ataque y lesiones, la madre de los pequeños y los abuelos explican que fueron golpeados, que les esposaron y encañonaron y recibieron amenazas de muerte”.

“Todo esto sucedió, en un contexto de compra de autoridades, colusión de servidores públicos (jueces, agentes federales y militares). La Procuraduría de Quintana Roo asevera que no hubo solicitud de orden de colaboración, por tanto, los federales habrían cometido un ilícito. Mientras se investiga el caso, quedó en evidencia la complicidad machista de varios servidores públicos que justifican los hechos (señala Cacho en su artículo).

“La valiente denuncia que hace Jimena Foucher debe servir para no dejar impune este hecho presuntamente delictivo y de atropello a todas las disposiciones en materia de violencia contra las mujeres, cabe señalar que existe una Ley de Acceso a las Mujeres a un Vida Libre de Violencia en el estado de Quintana Roo y que establece la obligación de emitir órdenes de protección cuando la vida e integridad de la víctima de violencia se encuentre en riesgo (artículos 25 a 31 de la LAMVLVEQR).”

La proponente manifiesta que “solicitamos a la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo, al Poder Judicial de Quintana Roo, al Instituto Quintanarroense de la Mujer que, en el ámbito de sus respectivas competencias, actúen conforme a derecho y brinden atención a las diversas violencias que han padecido Jimena Foucher y sus hijos”.

En consecuencia, somete a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo a investigar e integrar debidamente la averiguación previa número 1656/10/2010 y se consigne, en su caso, a los responsables de los delitos de secuestro, ataque y lesiones que denuncia Jimena Foucher.

Segundo. Se exhorta al Poder Judicial del Estado de Quintana Roo a emitir las ordenes de protección necesarias que garanticen la integridad física y psicológica de Jimena Foucher y su familia.

Tercero. Se exhorta Instituto Quintanarroense de la Mujer a dar seguimiento a este caso y recomiende las medidas necesarias para que Jimena Foucher acceda a la justicia pronta y expedita.

Consideraciones

Primera. Esta comisión estima improcedente la proposición con punto de acuerdo, habida cuenta de que se trata de un asunto de competencia exclusiva de las autoridades locales encargadas de la procuración y administración de justicia de Quintana Roo.

Segunda. Es importante señalar que la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia, al Poder Judicial y al Instituto de la Mujer de Quintana Roo a brindar atención sobre la violencia que han padecido Jimena Foucher y sus hijos, no cubre los requerimientos señalados para los puntos de acuerdo que deben ocupase sobre asuntos de orden político, cultural o social que afecten a una comunidad, grupo, partido o colectividad y cuyos efectos sean de interés general, para que la Cámara de Diputados pueda hacer algún pronunciamiento, exhorto o recomendación.

Tercera.De igual forma, esta comisión dictaminadora se pronuncia respetuosa del mandato constitucional previsto en el artículo 40, que a la letra dice: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior”; asimismo, el artículo 41 establece lo siguiente: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos”.

Cuarta. En virtud de lo anterior, el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone de forma clara la división de los poderes de la federación y en el marco jurídico del Congreso de la Unión, no se incluye la facultad de éste para poder invadir la competencia que le concierne a los estados de la federación; por tanto, esta Cámara no es competente para exhortar a la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo a investigar e integrar debidamente la averiguación previa número 1656/10/2010 y se consigne, en su caso, a los responsables de los delitos de secuestro, ataque y lesiones que denuncia Jimena Foucher, así como para exhortar al Poder Judicial de Quintana Roo a emitir las ordenes de protección necesarias que garanticen la integridad física y psicológica de Jimena Foucher y su familia y, finalmente, para exhortar Instituto Quintanarroense de la Mujer a dar seguimiento a este caso y recomiende las medidas necesarias para que Jimena Foucher acceda a la justicia pronta y expedita, como lo solicita la diputada proponente.

Quinta. Es importante señalar que si esta Cámara de Diputados se pronunciara en sentido positivo respecto a este exhorto, estaría violentando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sexta. Por otro lado, es importante mencionar que recientemente Jimena Foucher y su ex esposo firmaron un acuerdo ante el juzgado civil de la ciudad de Querétaro, a efecto de que Jimena Foucher pudiera recuperar la custodia de sus pequeños hijos. Por tal motivo, siendo un conflicto de carácter familiar, no es competencia del Congreso de la Unión exhortar a las autoridades locales para resolver los asuntos entre particulares.

En virtud de las consideraciones expuestas, la Comisión de Equidad y Género resuelve los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con puntos de acuerdo por el que se exhorta al a la Procuraduría General de Justicia, al Poder Judicial y al Instituto de la Mujer de Quintana Roo a brindar atención sobre la violencia que han padecido Jimena Foucher y sus hijos.

Segundo. Tómese este asunto como concluido y dado de baja de los expedientes de la Comisión de Equidad y Género. Archívese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, agosto de 2011.

La Comisión de Equidad y Género, diputados:Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), presidenta; Ana Estela Duran Rico, Adela Robles Morales, Elvia Hernández García (rúbrica), Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbrica), Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica), Tomasa Vives Preciado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera (rúbrica), secretarias; Laura Arizmendi Campos, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez, Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Margarita Gallegos Soto (rúbrica), Laura García Dávila, Luis García Silva (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo, Marcela Guerra Castillo, María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Juan Carlos Natale López, María Elena Pérez de Tejada Romero (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Fidel Kuri Grajales, Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara, publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

MODIFICACION DE TURNO

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Esta Presidencia comunica también que se recibieron solicitudes de modificación de turno de iniciativas que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. De conformidad con los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara, se modifican los turnos.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia comunica que se realizó modificación de turno, de conformidad con los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, las que fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria, de los siguientes asuntos:

1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 118 de la Ley de Seguridad Social, y 51 y 166 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por el diputado David Penchyna Grub, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 20 de septiembre de 2011.

“Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.”

2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Código Federal de Procedimientos Civiles, presentada por Arturo Zamora Jiménez y suscrita por Jorge Alberto Juraidini Rumilla, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 20 de septiembre de 2011.

“Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, con opinión de la Comisión de Economía.”

3. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley Federal de Radio y Televisión, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y del Código Penal Federal, presentada por la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 14 de septiembre de 2011.

“Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen, con opinión de las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, de Equidad y Género, y de Justicia.”

México, DF, a 11 de octubre de 2011.— Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Publíquense en la Gaceta Parlamentaria y actualícense los registros correspondientes.Pido a la Secretaría que dé cuenta de la comunicación de los diputados David Hernández Vallín y Enrique Torres Delgado.

LEY DE VIVIENDA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a usted que la iniciativa que reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda presentada, por el que suscribe el 23 de marzo de 2011, y turnada a las Comisiones Unidas de Vivienda, y de Trabajo y Previsión Social en la misma fecha, con expediente número 4328, con el fin de que sea retirada de los registros parlamentarios de la honorable Cámara de Diputados, con base en el Reglamento.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar a la presente. Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2011.— Diputado David Hernández Vallín (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se retira de las Comisiones Unidas de Vivienda, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen; y actualícense los registros parlamentarios.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.— Presente.

Por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito solicitarle que tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que la iniciativa suscrita por un servidor, que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, turnada en sesión del 6 de octubre del año en curso a la Comisión correspondiente, sea retirada de la misma y de los registros parlamentarios correspondientes; en virtud de que desea su servidor presentarla en tribuna.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular por el momento, me despido de usted, agradeciendo de antemano su atención, cooperación y apoyo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2011.— Enrique Torres Delgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se retira de la Comisión de Vivienda, para dictamen; y actualícense los registros parlamentarios.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que el diputado Adán Augusto López Hernández cause baja como secretario de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

• Que el diputado Alejandro de la de la Fuente Godínez cause alta como secretario de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

• Que el diputado Adán Augusto López Hernández cause baja como secretario de la Comisión Especial de la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta.

• Que el diputado Alejandro de la de la Fuente Godínez cause alta como secretario de la Comisión Especial de la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 6 de octubre de 2010.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que el diputado Luciano Cornejo Barrera cause baja como secretario de la Comisión Especial para analizar los gastos fiscales.

• Que el diputado Guadalupe Acosta Naranjo cause alta como secretario de la Comisión Especial para analizar los gastos fiscales.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 6 de octubre de 2010.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que la diputada Magdalena Torres Abarca cause alta como integrante de la Comisión Especial de seguimiento y supervisión de los resultados y avances del proyecto Aceite Terciario del Golfo, en el paleocanal Chicontepec

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 10 de octubre de 2010.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Juan Guerra Abud, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.:

• Que el diputado Rafael Pacchiano Alamán cause baja como integrante de la Comisión del Distrito Federal.

• Que el diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez cause alta como integrante de la Comisión del Distrito Federal.

• Que el diputado Guillermo Cueva Sada cause baja como secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que el diputado Rafael Pacchiano Alamán cause alta como secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 6 de octubre de 2010.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»

No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobadas. Comuníquense. Oficio de la Comisión Nacional del Agua.

COMISION NACIONAL DEL AGUA

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.— Comisión Nacional del Agua.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara  Diputados.— Presente.

Con relación al Programa de Devolución de Derechos (Prodder) y de acuerdo con lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, anexo al presente para su conocimiento el informe por entidad federativa correspondiente al tercer trimestre de este ejercicio fiscal de los recursos asignados a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en este programa.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2011.— Ingeniero José Ramón Ardavín Ituarte (rúbrica), subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.»

Comisión Nacional del Agua Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento Gerencia de Fortalecimiento de Organismos Operadores Programa de Devolución de Derechos (Prodder) Presupuesto de 2011

(cifras en pesos, 30 de septiembre de 2011)

Estado                             Importe devuelto

Aguascalientes                                              0

Baja California                                              0

Baja California Sur                                       0

Campeche                                                     0

Coahuila                                             261,006

Colima                                                151,725

Chiapas                                                         0

Chihuahua                                                     0

Distrito federal                                              0

Durango                                        15,268,679

Guanajuato                                      3,494,357

Guerrero                                             653,357

Hidalgo                                              653,926

Jalisco                                                429,278

México                                                          0

Michoacán                                       1,567,685

Morelos                                                         0

Nayarit                                                          0

Nuevo león                                         106,147

Oaxaca                                               357,840

Puebla                                                           0

Querétaro                                                      0

Quintana roo                                      391,257

San Luis Potos                                            0

Sinaloa                                                          0

Sonora                                                406,730

Tabasco                                                         0

Tamaulipas                                      6,271,460

Tlaxcala                                              196,436

Veracruz                                          1,864,265

Yucatán                                              306,284

Zacatecas                                                      0

Totales                                          31,814,596

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento.

DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL - CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.— Comisión Nacional del Agua.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente;diputada Guadalupe Pérez Domínguez, secretaria de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura.— Presentes.

En atención a su oficio número D.G.P.L.61-II-9-3823, de fecha 13 de septiembre de 2011, en el cual se hace alusión a sesión celebrada el mismo día en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, donde fueron aprobados dos puntos de acuerdo; y en particular al segundo punto de acuerdo, en el cual se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a que realice las acciones correspondientes para mitigar los efectos derivados de la sequía.

Al respecto hago de su conocimiento que este Organismo de Cuenca Noroeste, con jurisdicción en el estado de Sonora y parcialmente el estado de Chihuahua, dentro del ámbito de sus facultades, lleva a cabo el monitoreo constante del ciclo hidrológico de esta región del país.

Asimismo, en atención a solicitudes de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Comisión Nacional del Agua ha realizado diversos análisis en apoyo al componente atención a desastres naturales en el sector agropecuario y pesquero del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos de la Sagarpa, entre los cuales destaca en el año 2011 la corroboración de ocurrencia de helada en los 72 municipios del estado de Sonora durante los días 2 al 5 de febrero.

En este sentido, le informamos que las solicitudes han sido atendidas, y se continúa con nuestras líneas estratégicas para dar apoyo al sector agropecuario en la región.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

Hermosillo, Sonora, a 20 de septiembre de 2011.— Ingeniero Florencio Díaz Armenta (rúbrica), director.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

AGRESIONES EN EL NOVIAZGO

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL. 61-II-2-1608 signado por los diputados Emilio Chuayffet Chemor y Herón Escobar García, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SE/776/2011 suscrito por la doctora María Elena Álvarez Bernal, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la erradicación de violencia en el noviazgo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de octubre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno Federal.

Licenciado Carlos Angulo Parra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaria de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio número SEL/UEL/311/3229/11, mediante el cual hace de nuestro conocimiento el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el pasado 8 de septiembre, que a la letra dice:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las instituciones de los tres órdenes de gobierno del Estado mexicano para que trabajen en la erradicación de violencia en el noviazgo, con base en los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional respectiva.”

Al respecto, me permito informarle que la Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo 2007, detectó que las relaciones de los jóvenes de entre 15 y 24 años hay expresiones de violencia de distinto tipo y grado; se detectaron tres tipos de violencia: física, psicológica y sexual. La invisibilidad que rodea a la violencia en el noviazgo, deriva en una falta de apoyos tanto institucionales como familiares, para aquellos jóvenes, mujeres y hombres, que se ven involucrados en situaciones conflictivas con sus parejas, que no saben cómo enfrentar o resolver y son los amos, los que muchas veces están en las mismas condiciones a los que recurren en busca de ayuda.

El Instituto Nacional de las Mujeres en cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012, línea de acción 4.1.3., la cual establece incrementar las acciones y programas de prevención de la violencia en el noviazgo, en adolescentes y jóvenes, a través de mecanismos de información para erradicar los roles y estereotipos sexistas, la práctica de resolución violenta de conflictos y la legitimación social al uso de la violencia, así como la difusión de los resultados de la encuesta sobre la dinámica de las relaciones en el noviazgo entre las estudiantes de bachillerato realizada en 2006, me permito hacer su conocimiento que el Instituto Nacional de las Mujeres ha impulsado acciones de difusión dirigidas a las y los jóvenes de nuestro país con el propósito de prevenir o, en su caso, detectar si se encuentran en una relación violenta, a través de los materiales: ¿Cómo es tu relación de pareja? y ¿En busca de la pareja ideal?

Asimismo, para atender esta problemática hemos fortalecido el trabajo interinstitucional con el Instituto Mexicano de la Juventud y con los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas, en razón a ello ponemos a su disposición los archivos electrónicos de los citados materiales para su reimpresión, así como la liga: http://vidasinviolencia,inmujeres.gob.mx/violencia/index.htm para la publicación en su páginas web, ésta contiene la versión interactiva de los test que las y los jóvenes los contesten de manera anónima.

De la misma forma, hemos difundido los resultados de la Encuesta sobre la dinámica de las relaciones en el noviazgo entres las estudiantes de bachillerato realizada en 2006.

En 2008 en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación se realizaron diversas conferencias sobre “Violencia en el noviazgo y discriminación” las cuales buscaron transmitir información sobre como incidir entre las y los participantes para la erradicación de ésta.

En 2009 se realizaron acciones conjuntas con el área de comunicación social de la Secretaría de Educación Pública, siendo la más destacada, la producción de cinco cápsulas que visibilizan la violencia en los temas de violencia sexual, como espectáculo, en el hogar, de género y discriminación, así como la violencia en el noviazgo. En el mismo año, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que atiende a nivel nacional, de manera integral y transversal las causas que dan origen a la violencia contra las mujeres en el país, mediante mecanismos que garanticen el respeto a los derechos humanos desde una perspectiva de género y la procuración y el fomento en todo momento de una participación .activa de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada; finalizó el estudio ‘denominado: Violencia en el noviazgo, riesgos en estudiantes universitarias en ciudad Juárez, Chihuahua.

Para dar continuidad y consolidar el esfuerzo de los trabajos ganadores de la primera edición del concurso “Equidad, el respeto es la ruta”, en 2009 se utilizaron las propuestas para capacitar a grupos de secundaria en los planteles de educación básica de 11 entidades federativas, con el fin de contribuir al empoderamiento de jóvenes y adolescentes para la formación de promotoras/es jóvenes de la equidad de género y prevención de la violencia en el noviazgo, a través del desarrollo de capacidades y habilidades para la vida. Cauce Ciudadano, AC, concluyó la impartición de 929 talleres, capacitando un total de 24 mil 407 adolescentes y jóvenes, con el apoyo de las autoridades educativas estatales de cada estado.

Para la impartición de dichos talleres se realizaron diversos materiales didácticos, teniendo como base los trabajos ganadores de la primera emisión del concurso, cuyos temas giraron en torno a la equidad, igualdad de género y no violencia. Se diseñaron dos instrumentos de evaluación, uno para indagar sobre las estrategias educativas del taller y otro sobre el proceso e impacto del aprendizaje.

En el marco del mismo proyecto “Equidad: el respeto es la ruta” en su tercera etapa se capacitó a grupos de secundaria en temas de equidad de género, impartiendo un total de 1 mil 262 talleres, inscribiendo de manera voluntaria a 4 mil 883 promotoras/es en materia de equidad de género y prevención de la violencia en el noviazgo. Se contó con la participación de 95 escuelas de 20 municipios pertenecientes a nueve entidades federativas, mismas que beneficiaron a 18 mil 596 mujeres y 18 mil 436 hombres.

El módulo de gestión social se creó con el propósito de atender a personas que buscan información y apoyo por parte del Inmujeres. En él se reciben solicitudes de información acerca de instituciones que operan programas de asesoría psicológica, jurídica, laboral y de salud dirigidos a niñas y mujeres. Desde el año 2008 se han atendido diversas consultas sobre violencia en el noviazgo.

También se trabajando en el modelo de prevención de la violencia desde la escuela en colaboración con la Universidad del Valle de México, con el objetivo de que las y los jóvenes reconozcan cómo la presión social promueve el comportamiento violento en los hombres y los valores negativos sobre la relación de pareja, y que adquieran habilidades para la vida, que les permitan identificar oportunamente sus emociones ante un conflicto a fin de que tomen decisiones positivas y eviten conductas violentas.

Le reitero el compromiso del Inmujeres de seguir trabajando para lograr una cultura de equidad de género e igualdad de oportunidades para mujeres y hombres y libre de violencia.

Reciba mis cordiales saludos.

Atentamente

México, DF, a 3 de octubre de 2011.— Doctora María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), secretaria ejecutiva.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Equidad y Género, para su conocimiento.

DISCRIMINACION CONTRA MUJERES

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-3-1775, signado por los diputados Emilio Chuayffet Chemor y Laura Arizmendi Campos, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SE/775/2011, suscrito por la doctora María Elena Álvarez Bernal, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a promover la igualdad entre mujeres y hombres, así como erradicar la violencia institucional.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de octubre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno Federal.

Licenciado Carlos Angulo Parra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaria de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio número SEL/UEL/311/3224/11, mediante el cual hace de nuestro conocimiento el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el pasado 8 de septiembre, que a la letra dice:

“ Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos federal, estatales y municipales y del Distrito Federal a crear, implementar o reforzar las acciones y políticas dirigidas a promover la igualdad entre mujeres y hombres, así como a erradicar la violencia institucional contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia.”

Al respecto, quiero agradecerle el apoyo que le brindan al Instituto al hacer estos llamados a los gobiernos federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, ya que estas acciones apoyan a que las mujeres de México puedan vivir mejor.

Me permito informarle que el Instituto Nacional de las Mujeres, como instancia rectora del gobierno federal encargada de dirigir la política nacional para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en las acciones del Estado mexicano, ha realizado múltiples acciones, entre las que destacan:

• El Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, como instrumento de aplicación de la política nacional para la igualdad entre mujeres y hombres, concretó acuerdos con sus integrantes para transversalizar la perspectiva de género y potenciar los recursos en cumplimiento a los objetivos del Proigualdad; lográndose con ello la integración de la perspectiva de género en el diseño de planes, programas y presupuestos en las dependencias y entidades de la administración pública federal

• A través del Programa de Cultura Institucional se ha promovido la generación de los programas de igualdad entre mujeres y hombres de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, contándose a la fecha con 9 y 3 próximos a publicarse.

• De igual forma se implementaron 244 planes de acción de cultura institucional, líneas de acción y mapas ruta, registrados en igual número de dependencias y entidades de la administración pública federal.

• En 2011, se diseñó la estrategia de intervención para casos de hostigamiento y acoso sexual a 242 instituciones de la administración pública federal, el compromiso de las instituciones de la administración pública se ha manifestado en 15 pronunciamientos en contra del hostigamiento y acoso sexual por parte de los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

• Se está implementando la estrategia de intervención para casos de hostigamiento y acoso sexual en la administración pública federal creándose con ello el “mecanismo de actuación y procedimiento para la atención de las quejas vía administrativa”, por ello contamos con 28 mecanismos creados.

• Desde 2009 se puso en marcha la estrategia de capacitación y certificación, que se ha difundido y un mecanismo de seguimiento e intercambio continuo de las acciones, avances y experiencias de formación de género, a través del sitio web: puntogenero. Se han generado los estándares de competencia laboral para capacitar en género y se han certificado en el estándar del modelo de equidad de género y de asistencia telefónica a las víctimas y personas en situación de violencia.

• De igual forma, se asesora a servidores públicos que participan en los cursos en línea , Básico de género y de prevención y atención del acoso y hostigamiento sexual.También se han generado materiales digitales en temas de género para su difusión en la administración pública.

• Además, de forma coordinada con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, se capacitó a servidores públicos de la administración pública federal y estatal, a través del diplomado, con opción a maestría, sobre políticas públicas y género.

• Por otra parte, participamos en el proceso de incorporación de la perspectiva de género en el del Presupuesto de Egresos de la Federación, que conllevó a la etiquetación de recursos para las dependencias y entidades de la administración pública dirigidas a desarrollar acciones para las mujeres y la igualdad de género. Proceso que deriva en el seguimiento de los programas etiquetados en el anexo 10.

• Mediante el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, se ha contribuido a la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas de las 32 entidades federativas, para lograr la disminución de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres; con el desarrollo de proyectos ligados a la realización de: diagnósticos con perspectiva de género, sensibilización a servidores públicos en perspectiva de género, promoción para el desarrollo de políticas públicas con perspectiva de género e incorporación de la perspectiva de género en la cultura institucional de sectores estratégicos con los cuales se coordinan las instancias de las mujeres en las entidades federativas. Con un presupuesto autorizado de 2008 a 2011 de 868.3 millones de pesos.

• Con el Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se han creado a la fecha 1232 instancias municipales de las mujeres en igual número de municipios; a través de las que se dirigen acciones de promoción, diagnóstico, sensibilización y generación de propuestas de política pública para la igualdad desde lo local. Con un presupuesto autorizado de 2008 a 2011 de 272.7 millones de pesos.

Cabe destacar que los programas presupuestarios e institucionales han sido reconocidos internacional mente por organismos con alto prestigio en el tema, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; considerándolos como exitosos y buenas prácticas.

Respecto a la erradicación de la violencia institucional, específicamente en el Instituto Nacional de las Mujeres se impulsó la conformación del mecanismo de prevención y atención del hostigamiento laboral y el acoso sexual.

Derivándose en la creación del Comité de Actuación para dar Atención Administrativa de Prevención y Atención a Quejas por Acoso Laboral, Acoso y Hostigamiento Sexual a raíz de la implementación de la norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres.

Segura de contar con sus atenciones, reciba mis cordiales saludos.

Notas:

1 Es el sector de la administración pública estatal, en el que las instancias de las mujeres en las entidades federativas deciden intervenir por medio de un proyecto autorizado por el programa, del cual se derivan los temas de desarrollo: salud, educación, acceso a la justicia, trabajo, entre otros.

2 Ejercicios fiscales 2009-2011.

3 Ejercicios fiscales 2008-2011.

Atentamente

México, DF, a 3 de octubre de 2011.— Doctora María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Equidad y Género, para su conocimiento.

ESTADO DE NUEVO LEON

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Escudo.— Nuevo León Unido.— Gobierno para Todo.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Antonio del Razo Nieto, Secretario Particular del licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador constitucional del estado y del ingeniero Fernando Gutiérrez Moreno, secretario de Desarrollo Sustentable, se turnó a esta Subsecretaría de Desarrollo Urbano, para su atención, el oficio número DGPL-61-II-2-1606, del 8 de septiembre de 2011, recibido en la secretaría el día 21 del mismo mes y año, mediante el cual le informa al gobernador del estado lo siguiente. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo mediante el que se exhorta al gobierno del estado de Nuevo León para que promueva, a través de las autoridades competentes, los estudios necesarios para incorporar al municipio de General Zuazua a la zona metropolitana de Monterrey para ser beneficiado con los recursos del Fondo Metropolitano.

Por este medio me complace informarle que, con base en las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2011, estamos iniciando las gestiones requeridas ante el Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la Ciudad de Monterrey y la Secretaría General de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León. Una vez concluidos los estudios necesarios para la incorporación del municipio de General Zuazua, éstos serán presentados ante el grupo interinstitucional Secretaría de Desarrollo Social-Consejo Nacional de Población-Instituto Nacional de Estadística y Geografía, responsable de la delimitación e integración de las zonas metropolitanas, para que dicho municipio pueda acceder formalmente a los recursos del Fondo Metropolitano.

Sin otro asunto en particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, a 5 de octubre de 2011.— Doctor Roberto García Ortega (rúbrica), subsecretario de Desarrollo Urbano.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2012

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo.— Honorable Congreso del Estado de Nuevo León.— LXXII Legislatura.— Secretaría.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en sesión del día de hoy fue aprobado el siguiente:

Acuerdo

Único. La LXXII Legislatura al honorable Congreso del estado de Nuevo León, realiza un atento y respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el ámbito de sus atribuciones, mantenga o aumente la cantidad de 3 mil 816 millones 200 mil pesos asignados al Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos en Estados Unidos dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 enviado por el Ejecutivo.

Sin otro particular, nos permitimos enviarle por este conducto un cordial saludo.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, a 5 de octubre de 2011.

Sufragio Efectivo. No Reelección

Diputado Jesús René Tijerina Cantú (rúbrica), Secretario; diputado Arturo Benavides Castillo (rúbrica), Secretario.»

«Escudo.— Honorable Congreso del Estado de Nuevo León.— LXXII Legislatura.— Secretaría.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en sesión del día de hoy fueron aprobados los siguientes:

Acuerdos

Primero. La LXXII Legislatura al Congreso del estado de Nuevo León, exhorta al presidente de la Republica, Felipe Calderón Hinojosa, para que informe a este Congreso del estado, sobre los recursos transferidos durante los ejercicios fiscales de 2010 y 2011 a las entidades federativas, para dar cumplimiento al artículo cuarto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009, referente al narcomenudeo, así como la partida contemplada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2012 remitido a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre de 2011.

Segundo. La LXXII Legislatura al Congreso del estado de Nuevo León, exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que asigne una partida presupuestal para las entidades federativas en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, a fin de para dar cumplimiento al artículo cuarto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009, referente al narcomenudeo.

Sin otro particular, nos permitimos enviarle por este conducto un cordial saludo.

Atentamente

“Sufragio Efectivo. No Reelección”

Monterrey, Nuevo León, a 4 de octubre de 2011.— Diputado Jesús René Tijerina Cantú (rúbrica), secretario;diputado Arturo Benavides Castillo (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítanse a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS - PROGRAMA DE ORGANIZACION PRODUCTIVA PARA MUJERES INDIGENAS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados a considerar un incremento en el presupuesto de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a fin de que sea aplicado exclusivamente en los Programas de Albergues Escolares Indígenas, y de Organización Productiva para Mujeres Indígenas, con el objetivo de combatir el rezago educativo en los pueblos indígenas, en especial el analfabetismo de las mujeres, y mejorar la situación económica de la indígenas.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a informar al Senado de la República sobre los apoyos, avances y resultados del Programa de Albergues Escolares Indígenas, así como del Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Educación Pública y Servicios Educativos y de Asuntos Indígenas, para su atención.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2012

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Leticia Jasso Valencia, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a incrementar el Presupuesto de Egresos para el rubro de educación pública.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Senador José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.— Presente.

Leticia Jasso Valencia, senadora de la República por el Partido Nueva Alianza en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II, del numeral 1; 276 y 277 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a incrementar el Presupuesto de Egresos para el rubro de educación pública, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Un país que logra que sus habitantes tengan acceso a los centros educativos, entendiendo que la estructura de la educación pública debe considerarse como el eje que proporciona el avance y el soporte en el desarrollo del mismo, permite tener mejores condiciones y calidad de vida.

Para tal efecto es necesario contar con un presupuesto amplio y suficiente para proveer a las instituciones educativas públicas con recursos económicos que les permita la construcción de nuevas escuelas y el oportuno equipamiento de las ya existentes permitiendo ampliar la cobertura de la educación, así como incentivar la investigación en todo lo que implica este rubro en sus respectivos niveles.

México debe proporcionar a sus instituciones formativas con instalaciones óptimas y con mayores elementos didácticos que permitan el ideal aprovechamiento por parte de los millones de niños y jóvenes matriculados en la educación básica.

La situación financiera que presenta el reglón educativo no es un asunto nuevo, en el plan nacional de desarrollo auspiciado por el presidente Calderón manifiesta “...EI rezago educativo de la juventud impide avanzar con un mejor ritmo en lo referente a crecimiento económico y superación de la pobreza. Este rezago afecta el logro de otros objetivos nacionales como el apego a la legalidad, que debería ser cultivado como parte integral de la formación en las sucesivas etapas de la educación de los jóvenes”.

En ese sentido, siendo sabedores y teniendo conocimiento del problema y la voluntad de solucionarlo para mejorar la educación en nuestro país, es evidente la labor debe realizar la Cámara de Diputados para continuar abasteciendo con mayores recursos económicos al sector educativo, A fin de alcanzar las metas planteadas, sin olvidarnos que siempre habrá algo más que se fijará como objetivo para perfeccionar el camino que impulsa a una nación al crecimiento: la educación.

El nivel básico de educación, necesita los insumos y recursos para mejorar su infraestructura y tecnología, es de todos conocido el estado real que guardan estos centros formativos, siendo que estos constituyen el paso previo fundamental para continuar hacia los niveles medio superior y superior. Por lo tanto, es necesario invertir un mayor porcentaje anual para los requerimientos propios y naturaleza de este sector.

El censo de población y vivienda 2010 arrojó que en México el número de alumnos matriculados para nivel básico es de 25 596 861. Lo que indica que en su momento será necesario un mejor panorama educativo con una mayor cobertura en los niveles superiores y este es el momento en que se deben plantear las bases para que llegado el caso la educación pública no continúe con los déficits que actualmente enfrenta.

En un análisis del Centro de Estudios de la Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, menciona que el gasto federal de educación básica tiene proyectado un crecimiento de tan sólo 1.5 por ciento para 2012 al pasar de 314 mil 967.1 millones de pesos (mdp) de 2011 a 319 mil 624.4 mdp de 2012. Es decir, un incremento de 4 mil 657.3 mdp debe servir para brindar servicios educativos a los 3.9 millones de niños entre 3 y 14 años que no asistían a la escuela en 2010, de acuerdo con el XII Censo de Población y Vivienda. Tómese en consideración que el resultado de dividir el incremento propuesto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación entre el número de niños que no asisten a la escuela es tan sólo mil 197.7 pesos anuales por niño.

En otro rubro del mismo análisis indica que el presupuesto del ramo 11 para educación básica disminuye en términos reales 4.8 por ciento, lo que se explica por:

• Una disminución real de 13.5 por ciento de los recursos asignados al programa de desarrollo humano oportunidades. Esta disminución contrasta con las fortalezas que ha mostrado el programa para lograr la permanencia en la escuela de niños y jóvenes, en especial de aquellos en situación de pobreza alimentaria y de capacidades.

• El Programa habilidades digitales para todos presenta una reducción superior a los 3 mil millones de pesos, es decir, 64.5 por ciento menos que en 2010. Dicha reducción contrasta con la evaluación positiva que realizó el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). De acuerdo con el Coneval, los alumnos apoyados por el programa obtuvieron 495.5 puntos en español al igual que en matemáticas, frente a 485 puntos en español y 491.3 en matemáticas de los alumnos no beneficiados. En este sentido, este programa logra aumentar los niveles de logro de los estudiantes.

Otros rubros en donde hay reducción presupuestal son Programa de Educación Inicial y Básica para la población rural e indígena en 2.3 por ciento, así como el Programa Escuelas de Calidad en un 14.5 por ciento con respecto al Presupuesto de 2011.

Cierto es que este fenómeno, es decir, el déficit en capacidad de admisión, se observa en primera instancia en las escuelas preparatorias o bachilleratos públicos en donde no se tiene el recurso y la infraestructura para brindar este grado de estudios a los educandos que aspiran a ello, agravándose aún más en la educación superior pública en los cuales el porcentaje es gradualmente mayor.

Lo anterior se traduce en la imperante necesidad de un incremento en Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 en el rubro de educación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados que, al realizar la aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se incremente el relativo al rubro de educación pública.

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 4 días del mes de octubre de 2011.— Senadora María del Rosario Leticia Jasso Valencia (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Ramiro Hernández García, Gerardo Montenegro Ibarra, María Teresa Ortuño Gurza, Sergio Álvarez Mota, Antonio Mejía Haro y Francisco Javier Castellón Fonseca presentaron propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 los recursos destinados a infraestructura, equipo y recursos humanos del sistema de telesecundarias de Jalisco.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Honorable Asamblea:

Los que suscriben, senadores Ramiro Hernández García, Gerardo Montenegro Ibarra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; María Teresa Ortuño Gurza y Sergio Álvarez Mota, del Partido Acción Nacional, y Antonio Mejía Haro y Francisco Javier Castellón Fonseca, del Partido de la Revolución Democrática, en la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción III, 108, numeral 1, 175, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, se permiten someter a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El establecimiento de las escuelas telesecundarias, en 1968, fue la organización escolar que el Estado mexicano encontró para atender la cobertura educativa de las regiones más rezagadas del país. El número de éstas creció a partir de 1993, cuando se declaró obligatoria la enseñanza secundaria, pasando de menos de 10 mil a más de 17 mil escuelas en la actualidad.

Estadísticas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) indican que el servicio educativo de telesecundaria atiende a 1 millón 277 mil alumnos, integrados con 68 mil 781 docentes en 18 mil 157 escuelas.

Durante la segunda reunión regional de planeación del Programa de Fortalecimiento de Telesecundaria, realizada en noviembre pasado, el coordinador nacional de Telesecundaria, Juan Luis Flores Estrada, expuso que más de 50 por ciento de las escuelas telesecundarias están en zonas con algún grado de marginación, cerca de 15 mil en categoría de situación rural y sólo 2 mil cuentan con teléfonos. Comentó que a la fecha sólo 15 mil telesecundarias cuentan con agua potable, y 16 por ciento del equipamiento de estas instituciones educativas tiene fallas importantes. Dijo que hay un déficit de mil 24 televisores.

Además, mencionó que en materia de infraestructura las escuelas telesecundarias no están incluidas en el programa de mejores escuelas, lo que no les permite tener un avance importe en el mejoramiento de sus servicios.

Al respecto, citamos algunos datos de la situación que prevalece en muchas de las telesecundarias del país.

• Las aulas son provisionales.

• Deficiencias de material didáctico tanto para docente como para alumno.

• Promesas incumplidas en cuanto a la Enciclomedia.

• Señal satelital deficiente.

• Falta de equipo de recepción y televisores.

• Falta de aula de medios.

• El maestro de telesecundaria desempeña diversas funciones, en detrimento de la calidad de la educación: docente, director, intendente, secretario, fontanero, pintor, electricista, además de los trámites burocráticos.

• Falta de personal administrativo y de intendencia.

No obstante estas deficiencias, los niveles de aprovechamiento de los alumnos de este sistema educativo son mejores que los de los que estudian en las secundarias generales. De acuerdo con los resultados de la prueba ENLACE 2011, 15.2 por ciento de los estudiantes de esta modalidad obtuvo niveles bueno y excelente en español, y 21.1 quedó en estos niveles en matemáticas, reiterando que es mejor el desempeño escolar que presentan los alumnos de escuelas generales, pues de acuerdo con los mismos resultados, éste fue de 15.0 y 12.3 por ciento, respectivamente.

La misma OCDE ha señalado que estos niveles de rendimiento se deben en gran parte a la falta de recursos materiales, humanos y de infraestructura, así como a la ausencia de bibliotecas, sanitarios e instalaciones eléctricas funcionales en las escuelas.

Pese a esas condiciones, este año los recursos presupuestarios han disminuido notablemente. El Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria recibió el año pasado 373.1 millones de pesos, mientras que para 2011 los recursos asignados bajaron a 281 millones, una reducción de 92.1 millones.

Según la SEP, “en 2012 el servicio educativo de telesecundaria será de vanguardia internacional; con alto rendimiento académico, con instalaciones dignas, todas sus aulas equipadas con tecnología de la información y comunicación, materiales educativos diversos y docentes ampliamente calificados para su desempeño en este tipo de servicio”.

No obstante las buenas intenciones, la realidad demuestra indiferencia de las autoridades educativas: nunca han destinado suficientes recursos. Los propios maestros, padres de familia y comunidades han hecho posible el funcionamiento.

En razón de lo expuesto, estamos convencidos de la necesidad de someter a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 los recursos destinados a infraestructura, equipo y recursos humanos del sistema de telesecundarias del país.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de octubre de 2011.— Senadores: Ramiro Hernández García, Gerardo Montenegro Ibarra, María Teresa Ortuño Gurza, Sergio Álvarez Mota, Antonio Mejía Haro, Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbricas).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Javier Obregón Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a destinar recursos para el Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, Francisco Javier Obregón Espinoza, senador de la República de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II; 72, fracción XIII; 76, fracción IX, y 276, todos del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 (PEF-2012) se destinen recursos para el Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola, en cumplimiento de lo dispuesto por la ley general de p esca y acuacultura sustentables, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La presente proposición con punto de acuerdo tiene por objeto exhortar a la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del PEF-2012, se destinen recursos etiquetados para del Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola, el Promar, a fin de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cuente con los recursos necesarios para la creación e instrumentación de dicho Fondo, en beneficio de la actividad pesquera nacional.

La pesca y la acuacultura debieran ser una prioridad para el desarrollo nacional, no sólo por su importancia económica derivada de su contribución al Producto Interno Bruto, sino por su aporte a la generación de más de 350 mil empleos directos que benefician a casi 3 millones de personas y por el papel que pueden desempeñar en el combate a la pobreza y a una mejor alimentación de los mexicanos.

No obstante las potencialidades pesqueras del país y los beneficios que el desarrollo de la actividad podría brindar para la solución de nuestros graves problemas de soberanía alimentaria y de creación de empleos productivos, este sector enfrenta actualmente problemas estructurales que siguen generando mayor pobreza y marginación para alrededor de 350 mil pescadores y sus familias en el país.

El sector pesquero nacional atraviesa la crisis más grave de nuestra historia. La falta de programas integrales de atención a los pescadores mexicanos, sobre todo a los pescadores conocidos como ribereños que se distribuyen a lo largo de las costas mexicanas, ha profundizado sus carencias de los satisfactores más elementales.

La ausencia de una política de Estado y la falta de voluntad de los gobiernos para atender los problemas de los pescadores mexicanos, sobre todo en los últimos 15 años, se reflejan en la desaparición de oficinas públicas, la eliminación de programas que beneficiaban principalmente al sector social; el escaso apoyo a la investigación, a la comercialización y al consumo de los productos pesqueros; la falta de inspección y vigilancia, de fuentes reales de financiamiento, o de mayor infraestructura, por citar sólo algunas.

La realidad nacional es que la pesca y la acuacultura continúan realizándose sin los apoyos, los beneficios y los incentivos que ya reciben, aunque insuficientes, otras actividades primarias como la agricultura, la silvicultura y la ganadería.

No obstante nuestras potencialidades pesqueras, sigue descendiendo la producción nacional. Por lo que se refiere a la acuacultura, a pesar de las grandes expectativas de desarrollo que cuenta nuestro país, debido entre otras cosas a su clima, a sus recursos naturales y a sus especies nativas con potencial de cultivo, estamos utilizando menos del 10 por ciento de las áreas susceptibles para su desarrollo.

Lo anterior significa que por la falta de apoyos a estas actividades el país pierde una importante cantidad de empleos y de alimentos y que el saldo de la balanza de pagos en el sector, que históricamente siempre ha sido favorable, continúe disminuyendo cada año.

Una muestra del desinterés de las autoridades, es que a pesar de que desde cuatro años entró en vigor la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, hasta hoy ésta no se aplica en muchos de los preceptos que promueven el desarrollo integral de la actividad, contraviniendo el discurso oficial de inicios de año de Felipe Calderón de que en este país se respeta la ley.

Baste citar que hasta hoy no se publica el reglamento de dicha ley, no se ha constituido el Sistema Nacional de Información Pesquera ni los nuevos Registros Nacionales de Pesca y Acuacultura para que se transparente la actividad y tampoco se ha creado el Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola, el Promar.

En la nueva Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de de 2007, la cual considera a la pesca y la acuacultura como un asunto de seguridad nacional, y como prioridad para el desarrollo nacional se estableció una nueva figura para impulsar la actividad: el Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola, Promar, diseñado como un instrumento para promover la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos pesqueros y acuícolas, facilitando el acceso a los servicios financieros en el mercado, impulsando proyectos que contribuyan a la integración y competitividad de la cadena productiva y desarrollando los mecanismos adecuados.

Las características y la estructura del Fondo quedaron incorporadas en el título cuarto de la ley, correspondiente al fomento a la pesca y la acuacultura, bajo el siguiente articulado:

Artículo 26. El Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquera y Acuícola, Promar, será el instrumento para promover la creación y operación de esquemas de financiamiento para la conservación, incremento y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, la investigación, el desarrollo y transferencia de tecnología, facilitando el acceso a los servicios financieros en el mercado, impulsando proyectos que contribuyan a la integración y competitividad de la cadena productiva y desarrollando los mecanismos adecuados, así como para garantizar a las instituciones financieras de banca de desarrollo, Financiera Rural o a los Intermediarios Financieros Rurales que operen con el Fondo, la recuperación de los créditos que se otorguen a las organizaciones de productores pesqueros y acuícolas.

Artículo 27. El Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola se podrá integrar con:

I. Las aportaciones que efectúen los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales;

Asimismo, dentro de las facultades conferidas en materia pesquera a la propia ley, la Sagarpa, cuenta con la facultad de integrar y poner en operación este fondo:

Artículo 8o. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades:

XXXVII.-Expedir los lineamientos y llevar a cabo la operación del Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola.

Sin embargo, en lo que se refiere a la puesta en operación del Promar hasta este momento el Gobierno federal no ha presentado ninguna propuesta ni se encuentran previstos en el proyecto de PEF-2012 los recursos correspondientes que permitan inferir la creación de este Fondo, en los términos de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y la Ley de Planeación vigentes.

No obstante que la nueva Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable establece la obligación de disponer recursos fiscales en el Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola, el Promar, que es el instrumento previsto para promover la creación y operación de esquemas de financiamiento para la conservación, incremento y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, la investigación, el desarrollo y transferencia de tecnología, en beneficio de los productores pesqueros y acuícolas, no se establece nada al respecto en la propuesta presupuestal del Ejecutivo federal.

No debemos olvidar que en otras actividades primarias el propio Ejecutivo federal, a través de programas específicos, y después el Poder Legislativo, a través de leyes y en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, han crea-do este tipo de fondos.

En tal sentido, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003, estableció en su artículo 142, el Fondo Forestal Mexicano, como instrumento para promover la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos forestales y sus recursos asociados facilitando el acceso a los servicios financieros en el mercado, el cual ya funciona con acciones de beneficio al sector.

No olvidemos que en PEF-2004, en el sector pesquero ya se realizó un proceso similar, cuando se destinaron recursos para el Fondo de Reconversión Pesquera del Golfo de México, el Fifopesca, a partir del cual se instrumentó la creación de dicho Fideicomiso, con el cual se han logrado excelentes resultados en esa región del país, no obstante lo cual se le ha ido debilitando en los últimos años.

En materia internacional, un ejemplo exitoso de instrumento de fomento y coordinación interinstitucional y con los sectores productivos, es la Fundación Chile, el cual ha sido una de los pilares fundamentales para que ese país haya logrado resultados espectaculares en materia pesquera y acuí-cola.

Debido a las condiciones actuales que vive la pesca nacional y a que nuestro país necesita aprovechar de inmediato sus potencialidades pesqueras y acuícolas, es que creemos que en PEF-2012 se deben etiquetar recursos destinados al Promar, para que pueda ponerse en funcionamiento, lo cual permitirá la incorporación de recursos de diversas fuentes, se obviaría las dificultades provocadas por las reglas de operación y posibilitaría la participación del sector pesquero nacional en el destino de los recursos.

Consideramos de dotando a la Sagarpa de recursos para este Fondo, su órgano desconcentrado encargado de la pesca, la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca podría aprovechar dicha figura jurídica para generar en el sector pesquero nacional las sinergias necesarias para impulsarlo hacia una mayor y necesaria competitividad.

Asimismo, es necesario también que la Cámara de Diputados apruebe mayores recursos para el sector pesquero, en cantidades cuando menos similares a los últimos años, etiquetando dentro del programa especial concurrente el destino de los mismos, con el fin de evitar su ejercicio discrecional.

No estamos de acuerdo en la postura del Ejecutivo federal de que se reduzcan los programas contenidos en éste, principalmente en la materia pesquera, porque es una forma más de promover la discrecionalidad en la aplicación del gasto y de suprimir la posibilidad de brindar mayores apoyos al sector social

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión a que, en el proceso de discusión y aprobación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, se etiqueten en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, recursos destinados a la creación del Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola, Promar, previsto en el artículo 26 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en beneficio de la actividad pesquera nacional.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, a que dentro de las actividades que le competen en el proceso de negociación y presentación de propuestas para la construcción del proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, coadyuve en el apoyo de la solicitud anterior, así como para que se aprueben mayores recursos de los previstos en la propuesta del Ejecutivo federal para el sector pesquero, en cantidades superiores a los aprobados por la Cámara de Diputados en los últimos años, principalmente en los destinados a los pescadores ribereños del país.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, a los seis días del mes de octubre de dos mil once.— Senador Francisco Javier Obregón Espinoza (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a asignar a la Comisión Nacional del Agua, Dirección Local en Colima, la cantidad de 10 millones de pesos, destinados a la construcción un colector pluvial.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

México, DF, a 6 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

La que suscribe, senadora Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o., numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República; somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012, se asigne a la Comisión Nacional del Agua, Dirección Local en Colima, la cantidad de 10 millones de pesos, destinados para la construcción de un colector pluvial con una longitud de 1150 metros, paralelo al boulevard Miguel de la Madrid, para descargar las aguas directamente al arroyo de Santiago en la ciudad de Manzanillo, Colima,al tenor de los siguientes

Considerandos

En los últimos años, los fenómenos naturales han tenido un mayor índice de afectación en la población mundial, esto debido principalmente al denominado cambio climático, cuyos efectos y repercusiones nuestro país no se encuentra exento de padecer.

De esta manera, las estaciones del año se han modificado sustancialmente y muchas veces sus fenómenos característicos se retrasan o adelantan ocasionando afectaciones directas a la población debido a que toman de improviso a la ciudadanía. Un ejemplo de lo anterior es la temporada de ciclones y huracanes, que además de suscitarse en tiempos y fechas diferentes a las previstas, debido a su intensidad ocasionan inundaciones en diversas comunidades y municipios del territorio nacional, cuyos estragos son notorios y palpables para una gran parte de la población civil.

El problema de las inundaciones se ha convertido en una de las principales, preocupaciones no sólo de las autoridades sino de la población en general, sobre todo en aquellas regiones del país que se encuentran más vulnerables a enfrentar estos fenómenos naturales debido a factores como su situación geográfica o la falta de la infraestructura necesaria para poder solventar las eventualidades y problemas que se presentan cuando acaecen estos fenómenos naturales.

Manzanillo es un ejemplo arquetípico de lo sostenido en las líneas anteriores, debido a que por su situación geográfica, a lo largo de los años ha sobrevivido a las diferentes manifestaciones naturales, como en 1959, el huracán Lynda tuvo el mayor impacto en este municipio; en 1999 otro huracán denominado Greg ocasionó severos daños en diversas localidades de Manzanillo y el último, Lane, en el año 2006 ocasionó serios estragos en este municipio colimense, poniendo en evidencia que la infraestructura ciudadana debe renovarse, pero principalmente debe mejorarse constantemente y cumplir con las necesidades de la población. En este sentido, es claro que los gobiernos deben de proveer los recursos necesarios y desarrollar políticas públicas encaminadas a aminorar las afectaciones que pueden llegar a suscitarse, con el objetivo de minimizar las afectaciones.

La falta de infraestructura y proyectos para prevenir este tipo de catástrofes provocadas por fenómenos naturales ha propiciado que los habitantes de Manzanillo se vean frecuentemente afectados durante las temporadas de ciclones en el Pacífico, ocasionando severos daños y pérdidas económicas durante los meses de agosto y septiembre principalmente.

Es el caso de los habitantes de la zona conocida como Olas Altas, en la delegación Santiago de dicho municipio, desde la década de los noventa con la autorización del relleno a un vaso lagunar para construcción del fraccionamiento La Querencia han venido sufriendo con más intensidad la recurrencia de las inundaciones en las temporada de lluvia, al concentrar por esta área la salida natural del agua al arroyo de Salagua. Esto con la consecuente pérdida de sus muebles y enseres domésticos así como con la intranquilidad y zozobra de las familias mientras pasa el evento.

Sin lugar a dudas, lo anterior representa una problemática que no puede dejar de alarmar y ser atendida de manera inmediata, ya que la función de todo Estado democrático de derecho es la de asegurar y preservar la integridad de todos las personas que habitan en su territorio, garantizando en todo momento un nivel de vida adecuado.

Las acciones que deben tomar las autoridades tanto locales como federales no son sólo las tendientes a solucionar las afectaciones imprevistos que se susciten al acaecer las inundaciones, sino que es preciso realizar acciones preventivas que a la postre puedan disminuir los daños ocasionados por los fenómenos naturales como los huracanes y tormentas.

En este sentido, la infraestructura que podría contribuir a aminorar los estragos propiciados por las inundaciones es la construcción de un colector pluvial paralelo al boulevard Miguel de la Madrid, en una extensión de 115 metros, que descargaría el agua excedente al arroyo Santiago.

Por ello, es preciso que se destinen 10 millones de pesos del Presupuesto de 2012 para la construcción de dicho colector pluvial bajo la dirección y supervisión técnica de la Dirección Local de Conagua Colima y que actualmente está trabajando en el proyecto ejecutivo de la mencionada obra. Con ello se favorecerá a lo que viven en la zona habitacional de Olas Altas, evitando que cada año durante la temporada de ciclones y huracanes se vean afectados.

Por lo antes expuesto, pongo a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012 se asigne a la Comisión Nacional del Agua, Dirección Local en Colima, la cantidad de 10 millones de pesos, destinados a la construcción de un colector pluvial con una longitud de 1150 metros, paralelo al boulevard Miguel de la Madrid, para descargar las aguas directamente al arroyo de Santiago en la ciudad de Manzanillo, Colima.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de octubre de 2011.— Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar el presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable y de la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural. Pesca y Alimentación.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Los suscritos, senadores integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 73 y 276 de Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar el presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable y de la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural. Pesca y Alimentación, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, con base a las siguientes

Consideraciones

El 29 de septiembre del presente año se llevó a cabo una reunión de trabajo de la Comisión de Agricultura y Ganadería con el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y funcionarios de la Comisión Nacional del Agua. Derivado de la reunión, los integrantes de este órgano legislativo acordaron coadyuvar con algunas secretarías de la administración pública federal, la atención de diversas inquietudes que afectan la actividad en el medio rural.

Es de mencionarse que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2012 considera una disminución del 11 por ciento del monto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, es decir 34 mil 202 millones de pesos menos que el presente ejercicio fiscal, reducción que afecta todo el sector rural, especialmente el apoyo a la producción de alimentos.

Resulta importante impulsar los diversos programas federales como:

a) Caminos Rurales y Empleo Temporal (PET), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que trae una fuerte caída de 11 mil millones de pesos en su presupuesto.

b) Programas rurales para la vivienda en zonas prioritarias y los programas de alimentación de Secretaría de Desarrollo Social, esta última es lo más delicado en la reducción, la Sedesol trae una reducción total 13 mil 500 millones de pesos.

c) Lo que tampoco puede reducirse es todo lo relacionado con la obra hidráulica, pequeñas obras de captación, tecnificación de riego, infraestructura, modernización de distritos y módulos de riego, por Semarnat-CNA-Sagarpa, se reduce más de 8 mil millones de pesos.

d) La promoción del ecoturismo ojalá se incremente el presupuesto en este rubro a 300 millones de pesos entre todas las dependencias, sobre todo para la difusión, equipamiento, capacitación e impulso a la gastronomía.

e) Las becas para jóvenes rurales de la Secretaría de Educación Pública son importante que permanezcan pero sobre todo que se siga fortaleciendo, esta secretaría tiene una reducción de 3 mil 190 millones de pesos, se considera inoportuno.

Los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República coincidimos para que el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2012 deba mantener el monto de 294 mil 526.3 millones de pesos.

Es por ello que exhortamos a la colegisladora para que a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública replantee y valore la viabilidad de incrementar tales montos y no disminuya a lo que corresponde el presupuesto de egresos del presente ejercicio fiscal.

La secretaría mantiene 6 programas con sus componentes, se aplican de conformidad a las reglas de operación de la secretaría, y son los siguientes:

I. Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura;

II. Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario Procampo, Para Vivir Mejor;

III. Programa de Prevención y Manejo de Riesgos;

IV. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural;

V. Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales; y

VI. Proyectos transversales,

Todos los programas y sus componentes están sujetos al presupuesto autorizado en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal correspondiente, y se sumarán a la perspectiva transversal del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, a fin de incrementar el ingreso permanente de los beneficiarios y la producción de alimentos de calidad en beneficio de las familias y se ejecutarán observando las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012, así como en los acuerdos del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable.

Una estrategia especial de los programas y sus componentes es la atención de la competitividad de las ramas productivas básicas: maíz, frijol, trigo, sorgo, arroz, caña de azúcar, café, huevo, leche, carne de bovino, porcino y aves, y pescado.

Los programas contenidos en las reglas de operación son de aplicación nacional, con excepción de los casos en que se señale explícitamente lo contrario, considerando el objetivo general del programa, así como el objetivo específico y las características de la población objetivo a la que cada uno de sus componentes está dirigido.

Por lo que respecta al presupuesto de la Sagarpa, es decir con el proyecto de egresos de dicha secretaría para el ejercicio fiscal de 2012, presenta una disminución de 11 mil 574.7 millones de pesos, que afecta directamente a los productores, comercializadores, agroindustriales y consumidores, por la disminución considerable de los proyectos de desarrollo como el Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), implementada para atender zonas pobres de 15 estados; el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, especialmente su componente “apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización” y “atención a desastres naturales en el sector agropecuario y pesquero”; el Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural.

En otro sentido, se amplió el presupuesto de los programas de la Secretaría de Salud, de Gobernación, Ramo 33, IMSS y los Tribunales Agrarios. Se incrementa sustancialmente el monto de los programas del Seguro Popular, 70 años y Más, Fondo para Pago de Adeudos a Braceros Rurales del 42 al 64, y el Ramo 33, “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, por lo que coincidimos plenamente en tales incrementos.

Con base en tales consideraciones, los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería someten a esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado del República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar el monto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, como mínimo al designado en el ejercicio fiscal de 2011.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar el presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del ejercicio fiscal de 2012, para:

• Fomentar la generación de Información del sector agropecuario y pesquero.

• Ampliar el Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo.

• Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, especialmente su componente “atención a desastres naturales en el sector agropecuario y pesquero”, especialmente reforzar el fomento para la adquisición y contratación de seguros agrícolas, pecuarios y pesqueros.

Dado el 6 de octubre de 2011 en el salón de pleno del Senado de la República, Reforma 135, México, DF.— La Comisión de Agricultura y Ganadería, senadores: Alberto Cárdenas Jiménez (rúbrica), presidente; Ramiro Hernández García (rúbrica), Arturo Herviz Reyes (rúbrica), secretarios; Javier Castelo Parada (rúbrica), Lázara Nelly González Aguilar (rúbrica), Eduardo Tomás Nava Bolaños, Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), Alfredo Rodríguez y Pacheco (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Fernando Baeza Meléndez (rúbrica), Margarita Villaescusa Rojo, Rosalía Peredo Aguilar (rúbrica), José Guadarrama Márquez, Francisco Berganza Escorza.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Guillermo Enrique Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esa Cámara que en el dictamen que realice sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, se fortalezcan las asignaciones presupuestales destinadas a proyectos de investigación de cáncer, así como la prevención, detección y tratamiento de éste.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Guillermo Tamborel Suárez, senador de la República de la LXI Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo en relación con la investigación, prevención, detección y tratamiento del cáncer en México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Debemos saber que el cáncer es la primera causa de mortalidad a nivel mundial; según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se le atribuye, 7.6 millones de defunciones ocurridas en el año 2008; 1.4 millones, por cáncer pulmonar, 740 mil por cáncer gástrico; 700 mil por cáncer hepático; 610 mil por cáncer colorrectal, y 460 mil por cáncer mamario. Se prevé que las muertes por cáncer en todo el mundo seguirán aumentado y pasarán para el año 2030 a más de 11 millones.

El cáncer no es asunto de ligereza, es una grave enfermedad que no es exclusiva de ninguna nacionalidad, raza, sexo o cualquier otra condición. Es una enfermedad en la que todos, sin excepción alguna, nos encontramos susceptibles; en especial un sector muy vulnerable, las niñas, niños y adolescentes, se ve muy afectado por el cáncer.

Según la OMS, ha aumentado en los últimos años, en más de 200 por ciento la incidencia de cáncer en menores de 15 años edad, según la OMS, en países en desarrollo. En niñas, niños y adolescentes se diagnostican principalmente las leucemias, los linfomas y los tumores primitivos del sistema nerviosos central.

La misma OMS, señala que a nivel mundial son diagnosticados 15 casos de cáncer infantil por cada 100 mil niños menores de 15 años de edad; aproximadamente la mitad de estos originados en menores de 4 años de edad.

Por lo que hace al caso de México, la frecuencia de cáncer en runas y runos menores de 12 años aumenta de manera progresiva; el cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad entre niñas y niños de 5 y 12 años; cada cuatro horas muere una niña o un niño por cáncer en México.

Los tipos más frecuentes en niñas y niños de cáncer en México son: leucemias, linfomas y tumores cerebrales. Se calcula que el 15 por ciento de niñas y niños con cáncer en nuestro país, no reciben tratamiento especializado nunca, de manera que ello los lleva a la muerte segura. Se presentan casos de niñas y niños que a un día de vida son diagnosticados con cáncer.

Un problema importante, según se arrojó en el Congreso Internacional de Oncología Pediátrica, es la falta de infraestructura en los hospitales generales en México, ya que no muchos cuentan con los espacios suficientes o aparatos médicos necesarios que estén de acuerdo a las necesidades de los pacientes, sin contar con que no hay camas de oncología pediátrica ni medicamentos suficientes en diversos hospitales generales en México.

Es primordial además, no sólo la infraestructura en hospitales, sino que llegar a lo más profundo de la enfermedad, que es la enfermedad misma. Para esto, se requieren cada vez más investigaciones que conviertan herramientas de conocimiento en verdaderos avances científicos en materia de cáncer.

Es de hacer notar que hay diversos proyectos que se dedican a la investigación en materia de cáncer de niñas, niños y adolescentes, como lo es el Proyecto para la Formación en Cáncer Infantil elaborado por el doctor Fernando Sánchez Zubieta, Jefe de Hematología y Oncología Pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara “Doctor Juan I. Menchaca”.

Con la investigación del cáncer se generan diversos conocimientos en los campos de la biología y medicina, pues representa el estudio de la base de la vida, es decir, la célula. La investigación científica del cáncer tiene importancia en conocer mecanismos de división celular para encontrar terapias de regeneración de tejidos; el por qué las células de algunos órganos, una vez diferenciadas, no pueden volver a proliferar, etcétera.

Es necesario se incrementen los recursos para la investigación del cáncer, ya que de un mayor conocimiento de la enfermedad dependen los avances en su prevención, detección y tratamiento.

Ahora bien, la enfermedad del cáncer, si bien no respeta ningún patrón para surgir y manifestarse en la persona, sí tiene una correlación entre los ingresos de las personas y las defunciones a los que esta enfermedad conlleva, pues más del 70 por ciento de las defunciones por cáncer se registraron, según la OMS, en países de ingresos bajos y medianos, ello debido a la falta de recursos para la prevención, detección y tratamiento de la enfermedad.

En el caso de México, los avances son significativos; la Secretaría de Salud dotó de mayores recursos al programa Seguro Popular para prevenir y atender el cáncer en la población infantil. Una tercera parte de los pacientes de cáncer son atendidos mediante el Programa del Seguro Popular y el resto, son canalizados a instituciones del sector.

En México se dota de financia al Seguro Popular a través del Fondo de Protección de Gastos Catastróficos y, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud, se ha iniciado la planeación de una nueva unidad de hematooncológica que atenderá necesidades regionales e interinstitucionales.

Sin embargo, aún falta demasiado por hacer, pues cada año se registran entre 5 y 8 mil casos nuevos de cáncer infantil en nuestro país, por lo que se tiene previsto incrementar acciones para la detección temprana y atención multidisciplinaria a pacientes.

Lo anterior, nos lleva a afirmar que es grande la necesidad de atacar este problema desde la vertiente de la investigación, prevención, detección y tratamiento. Debemos ser responsables ante la situación que existe no sólo en México, sino en el mundo, acerca del cáncer. Un país que pretende no sólo neutralizar la problemática, sino decrecer su nivel de defunciones por cáncer, debe centrarse en su atención de manera integral: en la prevención, detección y tratamiento de éste. Ello se logra incrementando recursos que estén de acuerdo a estos objetivos.

Por lo argumentado, se somete a la consideración de la honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el dictamen que realice sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, se fortalezcan las asignaciones presupuestales destinadas a proyectos de investigación de cáncer, así como a la prevención, detección y tratamiento de éste.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, a 6 de octubre de 201l.— Senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor:  Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a otorgar mayores recursos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y exhorta al director general de dicho instituto a realizar las gestiones necesarias para garantizar con mayor prontitud el abastecimiento de medicamentos y servicios en las clínicas y hospitales del estado de Colima.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y se turnará a la Comisión de Seguridad Social el segundo de ellos.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.— Presente.

La que suscribe, senadora Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o., numeral 1, fracción II, 276; y 277 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2012, se le otorgue mayores recursos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a efectos de que pueda cumplir con las necesidades de salud de sus afiliados y pensionados; al tenor de los siguientes:

Considerandos

Que un Estado que se pronuncia a favor de tutelar la vida, tiene como principal prioridad cubrir la salud como derecho humano y más de aquellos que forman parte del segmento más vulnerable de la población, que son los adultos mayores.

Que de acuerdo a los recientes informes, las estadísticas mencionan que en México hay 10.5 millones de adultos mayores, por lo que de cada 100 hay 10 habitantes con 60 años y más; en este sentido, el Consejo Nacional de Población estima que para el 2030 habrá más adultos mayores que jóvenes menores de 15 años y que para el 2050, el 30 por ciento tendrá más de 60 años, por lo que nos enfrentamos a un enorme reto que es cubrir la necesidades y otorgarles una mejor calidad de vida.

Que es importante resaltar que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, tiene dentro de sus ejes rectores el denominado “Igualdad de oportunidades”, en el que a través de su atención a los grupos vulnerables se encarga de conducir el apoyo a la población catalogada como “adultos mayores”, dando prioridad a quienes habitan en comunidades de alta marginación o que viven en condiciones de pobreza.

Sin embargo, a pesar de este titánico esfuerzo impulsado por la administración pública federal, de acuerdo con las últimas estadísticas elaboradas por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, sólo 25 por ciento de los adultos mayores cuenta con recursos suficientes para enfrentar la vejez El restante 75 por ciento es vulnerable económicamente y por ende, tiene una grave carencia en la satisfacción de sus necesidades, especialmente las de salud.

Por ello, los servicios y la cobertura, tanto del IMSS como del ISSSTE deben se oportunos y suficientes, para que cubran las necesidades de los derechohabientes, fortaleciendo así las garantías de seguridad social.

En este sentido, es importante mencionar lo que están padeciendo en este momento, más de 5 mil 500 jubilados y pensionado colimenses que están enfrentado a una complicada situación en la que se les ha vulnera sus garantías de seguridad social, debido a que hay un gran desabasto en medicamentos por parte del Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en todas las clínicas y hospitales de la entidad.

Por ello, la Asociación de Colimenses Jubilados y Pensionados, AC, se han manifestado en protesta contra la mencionada institución, para que les oferten los medicamentos y servicios que requieren, pues se encuentra en riesgo su salud y vida, al interrumpir los tratamientos médicos que muchos de ellos tienen de por vida.

Cabe mencionar que este desabasto de medicamentos, no sólo merma la salud de nuestros adultos mayores colimenses, sino que afecta también su estado anímico, ya que la mayoría de ellos, padecen diabetes, presión arterial alta, afecciones respiratorias, problemas cardiovasculares y desgaste en huesos, entre otros problemas geriátricos.

De tal manera que sino se toman las medidas adecuadas, para resolver esta mencionada escasez en medicamentos, estaremos enfrentándonos a un grave desequilibro en el Sistema Nacional de Salud. Por ello, hago votos para en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, la Cámara de Diputados incremente el presupuesto a la mencionada institución de salud, pues no olvidemos que los adultos mayores dedicaron su tiempo y labor para la construcción de nuestro país; ahora ellos preservan la sabiduría y experiencia de toda una vida, por lo que además de ser un acto de justicia se convierte en un imperativo para la sustentabilidad social puesto que también hay que tomar en cuenta que no se trata de un proyecto a largo plazo, sino de una realidad que requiere soluciones concretas a corto plazo, de manera que puedan ser traducidas como un proceso evaluable, que busque mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas.

Por lo expuesto, someto a su consideración, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, para que en el marco de la discusión y aprobación del presupuesto de egresos 2012, se le otorgue mayores recursos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efectos que pueda cumplir con las necesidades de salud de sus afiliados y pensionados.

Segundo: Se exhorta a Jesús Villalobos López, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realice las gestiones necesarias para garantizar con mayor prontitud el abastecimiento de medicamentos y servicios en las clínicas y hospitales del estado de Colima.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de octubre de 2011.— Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito solicitar al pleno de la Cámara de Diputados que se me conceda licencia por tiempo indefinido para separarme de mi encargo como diputado federal, a partir del 11 de octubre del año 2011.

Lo anterior, con el propósito de que se realicen los trámites conducentes, en virtud de que quien suscribe también de-sempeña el cargo de vicepresidente de la Mesa Directiva.

Aprovecho la ocasión para manifestar mi agradecimiento al apoyo y colaboración recibido por parte de diputadas y diputados integrantes de los grupos parlamentarios de la LXI Legislatura.

Reitero a usted mi consideración y respeto.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2011.— Diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, para separase de sus funciones como diputado federal electo en el décimo tercer distrito electoral del estado de Veracruz, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados...

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Permítame, cuando concluya la señora secretaria, porque estamos terminando la votación.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Benítez Treviño. Sonido en la curul del diputado Benítez Treviño, por favor.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño(desde la curul): Gracias, señor presidente. Para subrayar el reconocimiento, en mi carácter de presidente de la Comisión de Justicia, del espléndido trabajo que realizó el diputado Felipe Amadeo Espinosa. Desgraciadamente hoy pide licencia, porque así es la dinámica de esta Cámara de Diputados, pero quiero reconocer a nombre de la Comisión de Justicia el trabajo responsable, serio, profesional de nuestro compañero Felipe Amadeo Espinosa. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Pido permiso a la Mesa Directiva y al pleno para hacer uso como diputado, de la tribuna.

El diputado Emilio Chuayffet Chemor (desde tribuna): El día de hoy, como todos los días de sesión, nos reunimos previamente los integrantes de la Mesa Directiva. Al conocer la solicitud de licencia del diputado Amadeo Flores, todos, sin excepción y sin importar el origen partidario de sus integrantes, externamos como Mesa Directiva un doble sentimiento; el de felicitación, porque se va un excelente diputado y un espléndido vicepresidente de la Cámara, y el de pesar, porque ha sabido cumplir con las responsabilidades legales y las que derivan de las decisiones mayoritarias o unánimes de la Mesa Directiva.

Amadeo Flores ha entendido el propósito que anima a todos los integrantes de esta Mesa, de dignificar al Poder Legislativo y de hacer que éste sea cada vez más productivo, en beneficio de México.

Al no haber reservado en modo alguno esfuerzo para lograr este objetivo, creo sinceramente que es digno de nuestro aplauso y de los mejores deseos porque le vaya bien en futuras responsabilidades. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobada la solicitud de licencia. Comuníquese.

Minutas. Proceda la Secretaría.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Que reforma la fracción VII del artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones

Artículo Único. Se reforma la fracción VII del artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 44. Los concesionarios de las redes públicas de telecomunicaciones deberán:

I. a VI. ...

VII. Prestar servicios sobre las bases tarifarias y de calidad contratadas con los usuarios. Cuando los concesionarios de las redes públicas de telecomunicaciones ofrezcan al público en sus contratos o planes tarifarios, servicios o componentes de los mismos tarifados con base en la duración del tiempo de la comunicación, la unidad de medida será el segundo para el cobro de dichos servicios o componentes.

Los concesionarios también podrán ofrecer otros servicios o componentes mediante contratos o planes tarifarios donde la tarificación y el cobro sean por minuto, por evento, por capacidad, por bloque, o por cualquier otra modalidad.

VIII. a XVI. ...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, dentro de un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán realizar todas y cada una de las acciones técnicas y operativas que resulten necesarias para implementar la tasación, medición y facturación de los servicios de telecomunicaciones que comercializan, utilizando como unidad de medida mínima, el segundo, sin perjuicio de los planes que sean cuantificados por minuto, por evento, por capacidad, por bloque, o por cualquier otra modalidad.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 6 de octubre de 2011.— Senador Ricardo García Cervantes (rúbrica), vicepresidente;senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene el proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo cuarto al artículo 25 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se adiciona el párrafo cuarto al artículo 25 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo Único. Se adiciona el párrafo cuarto al artículo 25 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y se recorren los subsecuentes, para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

...

...

Los representantes de las organizaciones sociales y privadas de carácter económico y social del sector rural que integran las consejos estatales, distritales y municipales a que se refiere el presente artículo deberán estar debidamente acreditados en los términos de la normatividad aplicable.

..

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 6 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente;senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.

LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 6, 10 y 11 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de sentenciados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 6, 10 y 11 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados

Artículo Único. Se reforman los párrafos tercero y noveno –ahora décimo– del artículo 6, y los párrafos primero y el segundo, que se fusiona con el primero, del artículo 10; y se adicionan el párrafo sexto, recorriéndose los subsecuentes en su orden, en el artículo 3, y los párrafos cuarto, recorriéndose los subsecuentes en su orden, y los párrafos décimo primero y décimo segundo al artículo 6, y el párrafo tercero al artículo 11 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ..

..

..

..

...

Las hijas e hijos de internas que permanezcan con ellas dispondrán de los espacios correspondientes para asegurar su desarrollo integral, incluyendo los servicios de alimentación, salud y educación, hasta los seis años de edad cuando así lo determine el personal capacitado, con opinión de la madre y considerando el interés superior de la infancia. El Ejecutivo federal deberá cumplir esta disposición y para ello podrá celebrar convenios con las entidades federativas del país.

En los convenios a que se refiere este artículo podrá acordarse que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.

(Se deroga el séptimo párrafo, antes sexto.)

La Secretaría de Seguridad Pública tendrá a su cargo, asimismo, la ejecución de las sanciones que, por sentencia judicial, sustituyan la pena de prisión o la multa, y las de tratamiento que el juzgador aplique, así como la ejecución de las medidas impuestas a inimputables, sin perjuicio de la intervención que a este respecto deba tener, en su caso y oportunidad, la autoridad sanitaria.

Artículo 6o...

...

El sitio en que se desarrolle la prisión preventiva será distinto del que se destine para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Las mujeres quedarán recluidas en lugares separados de los destinados a los hombres y tendrán la infraestructura, información y personal capacitado para el cuidado de sus hijas e hijos que permanezcan con ellas, así como para el desarrollo pleno de sus actividades. Los menores infractores serán internados, en su caso, en instituciones diversas de las asignadas a los adultos.

En los centros de reclusión para mujeres se brindarán la atención médica y los servicios ginecológicos necesarios y, en su caso, la atención especializada durante el embarazo y posterior a éste.

..

..

..

..

...

En la construcción de nuevos establecimientos de custodia y ejecución de sanciones y en el remozamiento o la adaptación de los existentes, la Secretaría de Seguridad Pública tendrá las funciones de orientación técnica y las facultades de aprobación de proyectos a que se refieren los convenios, los cuales deberán establecer espacios e instalaciones adecuadas y exclusivas que promuevan y faciliten el desempeño de actividades de industria penitenciaria para las y los internos.

Las disposiciones del párrafo anterior no aplicarán para los establecimientos cuyos internos se encuentren exclusivamente relacionados con la delincuencia organizada o requieran medidas especiales de seguridad, con apego a lo dispuesto en el artículo 18 constitucional.

Asimismo, se deben contemplar espacios que permitan al interno recibir educación y practicar el deporte.

Artículo 10. La asignación de los internos al trabajo se hará tomando en cuenta los deseos, la vocación, las aptitudes, tratándose de internas, en su caso, el estado de gravidez, la capacitación laboral para el trabajo en libertad y el tratamiento de aquéllos, así como las posibilidades del reclusorio. El trabajo en los reclusorios se organizará previo estudio de las características de la economía local, especialmente del mercado oficial, a fin de favorecer la correspondencia entre las demandas de éste y la producción penitenciaria, con vistas a la autosuficiencia económica del establecimiento. Para este último efecto, se trazará un plan de trabajo y producción que será sometido a aprobación del gobierno del estado y, en los términos del convenio respectivo, de la Secretaría de Seguridad Pública.

Los reos pagarán su sostenimiento en el reclusorio con cargo a la percepción que en éste tengan como resultado del trabajo que desempeñen. Dicho pago se establecerá a base de descuentos correspondientes a una proporción adecuada de la remuneración, proporción que deberá ser uniforme para todos los internos de un mismo establecimiento. El resto del producto del trabajo se distribuirá del modo siguiente: treinta por ciento para el pago de la reparación del daño, treinta por ciento para el sostenimiento de los dependientes económicos del reo, treinta por ciento para la constitución del fondo de ahorros de éste, y diez por ciento para los gastos menores del reo. Si no hubiese condena a reparación del daño o éste ya hubiera sido cubierto, o si los dependientes del reo no están necesitados, las cuotas respectivas se aplicarán por partes iguales a los fines señalados, con excepción del indicado en último término.

Ningún interno podrá desempeñar funciones de autoridad o ejercer dentro del establecimiento empleo o cargo alguno, salvo cuando se trate de instituciones basadas, para fines de tratamiento, en el régimen de autogobierno.

Artículo 11. ...

...

Los hijos de las mujeres recluidas, en caso de que permanezcan dentro de la institución, recibirán atención pediátrica, educación inicial y preescolar hasta la edad de 6 años.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 6 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente;senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

DIPUTADO EDUARDO ALONSO BAILEY ELIZONDO Y FAMILIA

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Esta Presidencia recibió del secretario de Gobernación, en respuesta a la solicitud para que diera respuesta a las preguntas parlamentarias que formuló el pleno al secretario de Marina.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto y en atención al oficio número DGPL. 61-II-9-3707, me permito remitir copia del similar número A.-1720 signado por el Almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, secretario de Marina, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo aprobado en sesión del día 22 de septiembre último, relativo a la formulación por escrito de las preguntas parlamentarias.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2011.— Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Marina.

Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Distinguido licenciado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de enviarle un cordial saludo y en respuesta a su oficio número SEL/300/ 726/11 de fecha 23 de septiembre de 2011, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Pleno del Honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el día 22 de septiembre pasado, relativo a las preguntas parlamentarias dirigidas al titular de la Secretaría de Marina. Sobre el particular hago de su conocimiento lo siguiente:

1) ¿Qué motivó el operativo del día del allanamiento del domicilio del diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo?

El operativo fue porque en la madrugada de ese día se recibió una denuncia ciudadana anónima, de que en ese domicilio había “Zetas” armados, relacionados con los hechos violentos en Monterrey, Nuevo León.

Esas denuncias se atienden porque en muchos casos resultan en la detención de delincuentes, el salvamento de vidas, la liberación de secuestrados, el aseguramiento de drogas, armas, dinero, vehículos, equipos de comunicación, uniformes, etcétera.

Los elementos navales no allanaron ese domicilio ni se introdujeron furtivamente ni con engaños ni violencia, sino que llegaron, tocaron la puerta de la entrada, una señora se asomó por una ventana superior (después se supo que es la esposa del diputado), se identificaron con ella, bajó, abrió y les permitió el acceso.

Los marinos se cercioraron de que los sujetos denunciados no estuvieran allí amenazando y teniendo de rehenes a los moradores, por lo que se retiraron sin más, con el agradecimiento verbal de esa señora, por estarse combatiendo la delincuencia.

2) ¿Se sabía la identidad y ocupación de quienes habitan ese domicilio?

No.

3) ¿Existía una investigación previa en torno a ese domicilio o  quienes ahí habitan?

No.

4) ¿Quién o quiénes ordenaron el operativo?

Hay el impedimento de divulgar esa información, por el artículo 64 de la Ley de Seguridad Nacional.

5) ¿Con base en qué sustento legal lo hicieron?

Con el de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica de la Armada de México y el de intervenir en los casos de flagrante delito.

6) ¿Quiénes llevaron a cabo el operativo, cuántos elementos participaron y qué tipo de armamento y equipo fue utilizado?

Respecto a la identidad de quienes llevaron a cabo el operativo, hay el impedimento de divulgar esa información, por los artículos 51, 54 y 64 de la Ley de Seguridad Nacional.

En el operativo participaron 4 camionetas y 21 elementos, cada uno con un fusil M-16; sin embargo, sólo un grupo reducido ingresó al domicilio.

7) ¿Se dio parte a alguna autoridad civil?

No, por la hora y la urgencia que se creyó.

8) ¿Participó alguna autoridad civil en el operativo?

No, por lo ya expuesto.

9) ¿Cuál fue el parte oficial de resultados rendido por quienes participaron en el operativo a sus superiores?

El verbal de que no hubo delincuentes ni un peligro para los moradores del domicilio.

10) En relación a la actuación del personal que materialmente realizó el operativo, se informe:

a) ¿Por qué incursionaron a un domicilio en el que evidentemente no había fiesta alguna?

Porque “fiesta” significa “violencia”, para los criminales.

b) ¿Por qué al ingresar al domicilio y constatar que solo se encontraban una mujer y dos menores de edad, se continuó con el cateo?

No hubo un cateo y como se dijo, al personal se le permitió entrar y se retiró en el momento en que constató que ese domicilio estaba libre de delincuentes y sus ocupantes seguros.

c) ¿Por qué durante todo el tiempo que realizaban el cateo amagaron con armas largas a la mujer y a los menores de edad?

En ese domicilio no se realizó un cateo, la señora y sus hijos no fueron amagados y se les quiso proteger de un daño.

11) ¿Se ha investigado el origen de la llamada anónima referida por quienes realizaron el operativo? De ser así ¿Cuáles han sido los resultados? De no ser así ¿Por qué no se han hecho?

Como se dijo, la llamada fue anónima y su origen desconocido.

12) ¿Se ha realizado alguna investigación adicional en torno a este operativo? De ser así ¿Cuáles son los resultados de la misma?

Se está investigando el origen de la llamada, pero hasta hoy sin resultado.

13) ¿Cuándo, a qué hora y por quién fue enterado el titular de la Secretaría de Marina de este operativo?

El 15 de septiembre de 2011, a las 06:30 horas, por el coordinador general de Infantería de Marina.

14) ¿Cuáles son las acciones emprendidas por el titular de la Secretaría de Marina, a partir de que tuvo conocimiento de los hechos?

Se ordenó verificar si el personal cumplió con las directivas emitidas para que actúe en el marco legal.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi atenta y especial consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección

México, DF, a 6 de octubre de 2011.— Almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza (rúbrica), secretario de Marina.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Lo turnó a los coordinadores parlamentarios, ordenó su publicación en la Gaceta y además, en la página de Internet de esta Cámara.

Esta Presidencia informa que la Mesa Directiva ha recibido comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación con respuestas a preguntas parlamentarias, considerando que son insuficientes.

En tal virtud, en los términos del artículo 131 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se deben turnar a las Comisiones Unidas de Marina y de Justicia, para que emitan conclusiones o recomendaciones en un plazo no mayor de 15 días. Repito. Para continuar con el trámite, el plazo fenece el martes, dentro de 15 días.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente, preguntarle si se va a someter a discusión este punto, porque me gustaría intervenir en él.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En el artículo 131 del Reglamento se habla de que primero las comisiones antes señaladas recibirán las respuestas para formular conclusiones y una vez que esto se haya hecho, se turnará al pleno y entonces, habrá discusión. Sí, señor diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Sí, presidente, es que de las respuestas que da el secretario de Marina se advierten innumerables violaciones a la Constitución.

Por ejemplo, se advierte que el cateo o el operativo se realizó sin fundamento en la Constitución; los marinos no tienen atribuciones constitucionales para realizar tareas en materia de seguridad pública, de acuerdo a lo que prevé el artículo 21 de la Constitución.

No había denuncia, querella ni siquiera averiguación previa, etcétera. Todo esto constituye violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Creo que no solamente la vía, presidente, con todo respeto, debe ser la de la aplicación del artículo 131 del Reglamento de esta Cámara, sino también pedirle al área correspondiente de esta Cámara, que puede ser el propio pleno de esta Cámara, la determinación de iniciar un juicio político en contra del secretario de Marina.

Todos sabemos que un juicio político procede por violaciones a la Constitución y a las leyes. El secretario de Marina y los marinos que participaron en este operativo violaron la Constitución y las leyes, según se infiere de las respuestas que están dando aquí, incompletas e insuficientes; por tanto, procedería el inicio de un juicio político en los términos del artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Me atrevería a agregar, además del juicio político y también de la posibilidad de que existan delitos por los miembros del operativo que realizaron el mismo, que se diera vista a la Procuraduría General de la República con esta respuesta, para que la Procuraduría General de la República conozca de posibles delitos en materia federal.

Finalmente, considero, presidente, que estas respuestas y el desprecio que manifiesta el secretario de Marina a la Cámara de Diputados, debería obligarnos como Cámara, como pleno, a solicitarle la renuncia en el cargo de secretario de Marina.

Creo entonces que son muchas las vías que deben emprenderse: la vía del juicio político, la vía de las responsabilidades penales y la vía de esta Cámara, que le solicite al secretario de Marina su renuncia por violar la Constitución y las leyes de este país, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señores diputados, esta Presidencia y la Mesa Directiva están obligados por las normas de carácter constitucional, legal o reglamentario. Lo que ha dicho, bien dicho, el diputado Cárdenas Gracia, no se contrapone con lo que señala el artículo 131, al que daré lectura en sus numerales 2 y 3: el presidente turnará a las comisiones relacionadas con la materia las respuestas para su correspondiente análisis, valoración y en su caso, recomendaciones.

¿Qué sentido tendría mandarlas para recomendaciones a las comisiones si se discute y vota primero en el pleno?

Vamos a seguir el orden señalado por el 131, que es norma de este Congreso; cuando las comisiones hayan rendido sus opiniones, entonces el pleno, sin menoscabo a derecho alguno por parte de las señoras y señores diputados, podrá opinar y proponer las respuestas que en opinión de cada uno de los señores diputados proceda frente a la calificada por la Junta, insuficiente respuesta.

Diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Quisiera solicitarle dos posibles caminos: una es que si se turna a las comisiones, a las comisiones se les diera un plazo perentorio. Sería muy delicado que esto se fuera ahí congelando, porque como aquí lo expresó el diputado Jaime Cárdenas, es insolente y falta al respeto de esta soberanía la respuesta del secretario de Marina.

Por tanto, me inclino en realidad, a que así como este pleno votó que se hicieran las preguntas y votó las preguntas precisas, fuera este pleno el que abordara, ya que está en el ambiente, la respuesta que dio el secretario de Marina.

Pero si usted insiste en ceñirse a este artículo leído e invocado, pediría que se solicitara que para la sesión del próximo jueves ya las comisiones tuvieran una respuesta, un análisis de este documento y se abriera el debate en este pleno.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado Fernández Noroña, cuando sometí esto a la consideración del pleno señalé el plazo de 15 días, dentro de dos martes, porque es el que señala el 131, para que las comisiones rindan su opinión.

Lo señala en el numeral 3, del propio artículo: las comisiones a las que se hayan turnado las respuestas de los funcionarios tendrán un plazo de 15 días, contados a partir de la recepción del turno —que será hoy mismo, se lo garantizo— por parte de la Mesa Directiva para formular conclusiones. Diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Sí, presidente, estando de acuerdo con la respuesta que me da, considero que sería importante que también se les solicitara a las comisiones que se exploraran otras vías de responsabilidad; es decir, que no solamente las comisiones se constriñeran a la finalidad prevista en el último párrafo, del artículo 131, del Reglamento, sino que se analizara jurídicamente si procede algún tipo de responsabilidad penal, político, civil por esta respuesta, señor presidente.

Porque, por ejemplo, el artículo 116, del Código Federal de Procedimientos Penales, establece que cuando un servidor público tiene conocimiento de un delito inmediatamente debe ponerlo en conocimiento de la autoridad ministerial correspondiente. Entonces, el prurito que me guía es ése, señor presidente, que al mismo tiempo que hay norma reglamentaria –como la del 131– existen también disposiciones legales en el Código Federal de Procedimientos Penales que obligan al servidor público a poner del conocimiento hechos presumiblemente delictuosos en conocimiento del Ministerio Público Federal, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Al formular recomendaciones haré el caso correspondiente a su intervención para cumplirla e sus términos. La diputada Tere Incháustegui.

El diputado Agustín Guerrero Castillo (desde la curul): Presidente, quisiera hacer uso de la palabra.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sí, Agustín, en cuanto termine doña Tere.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero(desde la curul): Sí. En el mismo sentido, señor presidente, de lo que se estaba solicitando por parte del diputado Cárdenas Gracia, en el sentido justamente de valorar con gran rigor esta respuesta tan poco seria, con tan poco aprecio de lo que es esta soberanía, que ha enviado el secretario de Marina.

En ese sentido, también me sumo a las demandas, porque estas respuestas se sometan a la consideración de las comisiones a la brevedad y que se dé un tratamiento adecuado, serio, frente a unas respuestas que verdaderamente lo único que hacen es exhibir el poco aprecio que tienen estos funcionarios respecto a la dignidad de este Poder soberano. Es cuanto. Gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Con mucho gusto se hará. El diputado Agustín Guerrero.

El diputado Agustín Guerrero Castillo (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. La respuesta que se ha dado a conocer el día de hoy a las preguntas que esta soberanía dirigió al secretario de Marina, con relación al allanamiento del cual fue sujeto nuestro compañero diputado, nos lleva a reaccionar con molestia, con irritación, por este tipo de contestación que ningunea a la Cámara de Diputados.

Se le preguntaba al ciudadano secretario si se sabía previamente de la identidad de quienes habitan en ese domicilio y se dice que no; pero que tampoco había una investigación previa para ese domicilio y que no se reportó a ninguna autoridad civil un allanamiento ilegal, porque era muy tarde, por la hora y por la urgencia en la que se llevó a cabo ese operativo.

Ésta es una respuesta no satisfactoria. Creo que la Cámara de Diputados tendría que manifestarse de manera muy enérgica, porque ésta es una respuesta que no satisface al sentido común y que ofende la inteligencia de los diputados. Me parece que hay una falta de respeto a la institución que usted representa y que integramos todos.

Que, en apego a garantizar el derecho constitucional del fuero, en ese caso, que fue, entre otras cosas lo que se agravió, me parece que desde la Mesa Directiva debería hacerse un extrañamiento al titular del Ejecutivo federal y al secretario de Marina por esta respuesta, que ofende plenamente la integridad de la soberanía y de todos los mexicanos. Muchas gracias, diputado.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado, muchas gracias. Le hago llegar la Gaceta Parlamentaria del viernes. No se dieron a conocer hoy las respuestas. Lo que se publica en la Gaceta lo conocen todos los diputados —que la leen— desde el momento en que se publicó.

Quiero que se la hagan llegar al señor diputado, porque fue al día siguiente de que yo recibiera de la Secretaría de Gobernación esta respuesta.

En segundo lugar, decirle que no puedo formular extrañamientos, si no conozco las opiniones de las comisiones. A eso me obliga el 131. Creo que en esa medida, respetando la ley, no habrá menoscabo ni al honor de este Congreso ni a la eficacia de esta Cámara y mucho menos al cumplimiento de la ley. Gracias, señor diputado. El diputado Pablo Escudero.

El diputado Agustín Guerrero Castillo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Perdóneme usted. Diputado Guerrero.

El diputado Agustín Guerrero Castillo (desde la curul): Le agradezco la entrega de este documento en donde da respuesta el viernes pasado. Sin embargo, esta es la primera sesión en la que tenemos conocimiento público de la misma y por eso, esta participación expresa de mi parte para manifestar lo que hemos comentado, que es una respuesta ofensiva a esta soberanía. Gracias, diputado.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, diputado. Señor diputado Pablo Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Gracias, presidente. No quisiera entrar al fondo de la respuesta de la Secretaría de Marina, porque me parece un tema delicado para tratarse así como se está haciendo en este momento. Creo que no es el espacio.

Quisiera preguntarle, presidente, el porqué del trámite que se está dando. Evidentemente nuestro Reglamento al referirse al 130 y al 131, pareciera que siempre va el 130 por delante respecto a la pregunta parlamentaria.

En este caso no procedió así. En esa sesión no se cumplieron los requisitos del 130; claramente no cumplió con estas especificaciones de las que nos habla nuestro Reglamento. Se dio derivado de un trámite en el pleno. Por lo tanto, si el 130 no intervino en ese momento, ¿por qué no ahora darle vista al pleno para su discusión?

Esa es mi apreciación. Es un tema jurídico e insisto, el fondo creo que debe de tratarse en un espacio específico para ello, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: También la respuesta es netamente jurídica, porque no se atuvo al Reglamento esta Mesa para dar cuenta de las preguntas parlamentarias, sino al artículo 93 de la Constitución, que jerárquicamente es superior. Si el Reglamento entraña contradicción u oscuridad en relación a la Constitución, no tengo duda en que se aplica la Constitución, y el 93 constitucional es muy claro. La diputada Leticia Quezada.

La diputada Leticia Quezada Contreras(desde la curul): Muchas gracias, diputado. Igual que mis compañeras y compañeros diputados, sumarme a esta ofensiva, inclusive irrespetuosa respuesta por parte de la Secretaría de Marina hacia las preguntas formuladas por la comisión o por la Presidencia, que usted dignamente preside.

Que nos causa obviamente mucha indignación las respuestas que nos están dando. Creo que no es el trato ni que se merece el diputado que fue allanado en su casa, pero mucho menos el trato que se nos debe de dar a los diputados.

Es una cuestión de seguridad y si esto se está haciendo público porque es un diputado, ¿qué nos da de cuenta todo lo que se está haciendo todos los días, en los diferentes estados de la República, en los diferentes retenes?

Es decir, es algo preocupante que va más allá y que por supuesto, nos debe de ocupar en esta Cámara de Diputados el revisar.

Por supuesto que me sumo a lo que comentan los compañeros de iniciar una queja formal, porque hubo obviamente una serie de violaciones; no se respetó la ley, el Código de Procedimientos Penales, el Código de Procedimientos Civiles, no se dieron tampoco los protocolos adecuados, en cuanto a esta situación.

Por supuesto que queremos que se haga parte y que conozca de todo esto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debido a que hay una seria intervención y no se cuidaron las cuestiones legales correspondientes. Es sumarme a todo lo que comentan los compañeros y obviamente, decir que sí causa indignación y es ofensiva la respuesta por parte de la Secretaría. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, diputada. El diputado Emilio Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul). Diputado presidente, constitucionalmente usted tiene la responsabilidad de velar por las garantías y el fuero constitucional de los diputados.

Si usted permite que esa respuesta llegue a la Cámara y satisface la inquietud que tenemos todos nosotros, creo que ahí vale la palabra de usted, su posición y el trabajo que está desempeñando como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Creo que es en la conciencia de usted donde descansa si es correcta la respuesta o no.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Diputado presidente, ya usted con mucha claridad dio los elementos para que se vaya a comisiones y luego regrese al pleno.

Pero de verdad —no veo al diputado Bailey— pero el puro hecho de que en la respuesta diga el secretario de Marina que la señora le agradeció su incursión en su casa; el puro hecho de que diga que no le da la gana responder quiénes mandaron el operativo legal invocando unas leyes sin decirlo de manera precisa; el que diga que fiesta significa violencia para los criminales, el secretario de Marina de verdad demuestra un nivel de majadería, de falta de respeto a un Poder del Estado mexicano, como es el Congreso mexicano, que es inaceptable, diputado presidente.

Por eso es que se dan todas estas intervenciones y me parece que todo el trámite —permítaseme el término burocrático y lo digo en sentido peyorativo— es políticamente incorrecto, porque una respuesta de esta insolencia merecería una respuesta inmediata de esta soberanía y esta respuesta inmediata debe ser, dado que no vivimos en un régimen parlamentario, debería ser la exigencia de la renuncia del secretario.

Nosotros no podemos promover su renuncia, no podemos destituirlo, pero sí podemos exigirle a quien usurpa la Presidencia que remueva de su cargo al secretario de Marina. Si esto le responde a esta soberanía frente a un allanamiento tan flagrante y grave, imagínese, diputado presidente, lo que le responden a cada ciudadano de a pie que le allanan la casa un día sí y otro también.

Están las denuncias de allanamiento cada vez más grandes y verdaderamente me indigna la respuesta, como seguramente a usted y a muchos diputados les ha indignado la respuesta dada por el secretario de Marina.

Por ello, insistiría que se buscara una manera, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, alguna forma para que hoy mismo le diéramos respuesta a este insolente funcionario, que se atrevió a plasmar, además, su firma de manera muy clara en esta lamentabilísima respuesta que ha dado a esta soberanía.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: ¿Algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra? El diputado Pablo Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Presidente, usted amablemente nos ha ilustrado y nos ha referido al 93 constitucional. Pero aquí hay un problema, presidente.

El 93 constitucional al que usted amablemente nos ha referido dice, y lo leo textualmente: Las cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. —Y termina diciendo, presidente—. El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la ley del Congreso y sus reglamentos.

Regresando al Reglamento que nosotros nos hemos dado, tomando en cuenta el 131, permitiría que esa discusión se llevara a cabo en pleno, presidente. Gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sólo que el Reglamento no se refiere exactamente al derecho tal y como está consignado en el 93 constitucional y el 93 constitucional, al señalar que se aplica el Reglamento, es para normar los requisitos a efecto de exactamente cumplir con el párrafo precedente.

La Cámara podrá formular la pregunta correspondiente al funcionario; no para que el Reglamento designe otras instancias o realice un método que haga nugatorio lo que la propia Constitución establece.

El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo(desde la curul): Presidente.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sí, nada más tengo primero al diputado Bailey. Don Víctor, perdón.

El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Desde el momento en que un servidor tomó la decisión de hacer públicos los hechos que son del conocimiento de esta soberanía, desde el 15 de septiembre del año en curso, fue precisamente con el afán de que éstos se esclarecieran, de que se investigue, de que se llegue hasta las últimas instancias y consecuencias. Es en ese mismo sentido, en el que me encuentro con la lamentable respuesta de las autoridades de las Fuerzas Armadas y en las que, por supuesto, no son para nada satisfactorias.

Sigue siendo la postura de un servidor, no solamente por el respeto a las garantías individuales y no solamente por el respeto a los derechos humanos de mi familia, de mis hijos y de mi esposa, que bien lo valen, y que es por el motivo por el que yo he hecho público estos hechos, sino también por la gran cantidad de mexicanos que están en riesgo de que estos hechos se repitan y por lo que creo que nuestra preocupación, como legisladores, también está encaminada a que se aclaren por bien y salud de la nación estos hechos.

Sin embargo, si vamos y estamos —como lo estamos haciendo— exigiéndoles a las autoridades federales el estricto apego al marco constitucional, a las garantías individuales, al respeto a los derechos humanos, tenemos que ser los legisladores muy cuidadosos en seguir al pie de la letra lo que nuestro propio Reglamento indica, a efecto de que una vez que se tomen las decisiones, agotadas las diligencias, la resolución de esta soberanía y de este pleno —que en su momento se dará— no sea objeto a impugnaciones algunas o a que nuestro objetivo se vea truncado, por no tener el cuidado legislativo y parlamentario necesario.

Aquí estamos dando la cara, señor diputado. Lo que pasa es que yo estoy a mero atrás, usted está a mero adelante; es muy difícil que vea desde allá. Pero aquí estamos para dar la cara por mi familia, por mis hijos, por mi bancada y por el pueblo de México, con los riesgos que mi posición ha significado para mi propia seguridad y la de mi familia. Es cuanto.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Víctor Castro Cosío.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde la curul): Señor presidente, creo que usted con toda claridad propuso esto. Yo había sido prudente y sí me interesaba escuchar la postura de mi compañero Bailey, toda vez que la ocasión que sucedió, un servidor fue solidario y además, considerando su credibilidad, su honorabilidad, en este documento prácticamente nos plantea el secretario de Marina que mintió la familia.

Sin embargo, creo que no se puede poner en duda; primero, el planteamiento interno de la Cámara. Estoy totalmente de acuerdo en que nadie, aquí no hay alguien que quisiera socavar ninguna institución. Sobre todo estas instituciones, que hoy día se encuentran en una condición de debilidad frente a lo que está ocurriendo en el país.

Nuestra intención es fortalecerla, pero nadie, tampoco, puede estar con esta buena fe y buena intención en manos de quienes responden de esta manera insolente, y han puesto en duda la palabra de nuestro compañero.

Por lo tanto, sujetándome a la palabra del compañero Bailey y de usted, señor presidente, creo que hoy con más firmeza, por lo delicado del asunto, por el tipo de respuesta que lamentamos profundamente y ponen en condiciones de debilidad a esta Cámara, creo que sí es muy pertinente que de manera extraordinaria las comisiones se pudieran reunir de manera extraordinaria. No es el menor el asunto.

Creo que aquí sí podemos exhortar a las comisiones que les corresponde dar una respuesta, que pudieran adelantar los términos internos del Congreso para responder a este documento, que está poniendo en tela de duda la palabra de la Cámara a través de las preguntas que aquí se hicieron.

Le rogaría pudiésemos encontrar este camino que nos permita dar una respuesta más rápida, más contundente y por supuesto, seguir salvaguardando la honestidad y la palabra el compañero Bailey.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Haremos la exhortación correspondiente.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene el uso de la palabra el diputado Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Gracias presidente. Creo que el tema se ha ido cerrando y centrando en el punto que interesa a esta Cámara.

Primero, nosotros, ratificar nuevamente la solidaridad y el respaldo a nuestro compañero diputado Bailey por estas circunstancias que sufrió y que no son deseables para nadie. Creo que hoy ya se ha hecho aquí una serie de plantea-mientos, prejuzgando, porque falta votar esta etapa que tendrán que hacer las comisiones y una vez que se agote eso tendrá —conforme al 131— que venir a este pleno.

Justo fueron los planteamientos que ayer la bancada de Acción Nacional presentó en la Junta de Coordinación Política. Nos interesa que haya información clara sobre estos planteamientos o preguntas parlamentarias, y si se considera que falta ampliar esta información, bajo el procedimiento que establece el Reglamento y la Ley Orgánica, se pueda pedir.

Creo que ha habido una serie de planteamientos en todos los sentidos. Cada quien tendrá que asumir la responsabilidad en ellos. Pero coincidimos con lo que expresa el diputado Bailey, que ayer fue un planteamiento de la bancada del PAN en la Junta de Coordinación, el fondo es tener esa información, esa certeza y que también quede garantizado el respeto de los derechos fundamentales, en su caso.

Pero si falta información, que se amplíe, que se pida, que se diga concretamente en quién. Porque ayer era un análisis de algunos miembros de la Junta de Coordinación; hoy es otro análisis de algunos miembros de este pleno, pero conforme al procedimiento será el de las comisiones el que tenga que dar conclusiones para poder analizar y en su caso, presentar los siguientes pasos. Es cuanto, presidente.

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. Continúe la Secretaría.

El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Permítame, señor secretario. Diputado Ávila Nevárez, tiene usted la palabra.

El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Señor presidente, creo que en el caso del compañero Eduardo Bailey, todos debemos de estar solidarios con él. No es una cosa menor la que le ha pasado a un compañero nuestro, sea del partido que sea, todos somos diputados; todos estamos expuestos a lo que le pasó al compañero Eduardo Bailey.

Creo que esa respuesta que el secretario de Marina nos da es una burla; una burla a este Congreso de la Unión. Quiere decir que nosotros somos como unos tontolines para ese señor. Cómo va a ser posible que diga lo que dice en la respuesta que da a esta soberanía; que no es cierto que los marinos intervinieron y que una persona familiar del compañero les dio la entrada a la casa, sin ser cierto esto.

Por tal motivo, pido que se le pida al señor secretario de Marina que venga a esta soberanía a darnos una respuesta, porque todos nosotros somos representantes del pueblo. Que eso lo comprendan desde el presidente de la República hasta el secretario de Marina, y por muy humildes que seamos merecemos respeto.

Creo que la vida y la integridad de la familia del compañero Eduardo Bailey, merece que todos estemos apoyándolo, porque él y su familia son parte de la nación mexicana; el compañero Eduardo Bailey es un representante de la nación. No estamos jugando a los ladrones ni a los bandidos, como se hace actualmente, que en todos los retenes del país detienen gente inocente, la matan y nunca dan razón de eso.

Ya han asesinado a dos diputados federales de nuestro partido, del PRI. ¿Vamos a esperar a que sigan asesinando a más diputados federales? Que el artículo 130, que el 37, que el 20, que el 25 y no se hace nunca nada aquí en esta soberanía.

Que se llame al secretario de Marina para que nos dé una explicación. Eso es lo que debemos exigir todos.

Presidencia del diputado Emilio Chuayffet Chemor

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Dos reflexiones que quisiera compartir con el pleno.

En primer lugar, suponiendo sin conceder que no cumplimos el artículo 130 del Reglamento para formular la pregunta parlamentaria, esto se convalidó al ser contestada. Lo que no vamos a poder convalidar es violar el 131 si se va a la Corte quien resulte sancionado, y luego nos estaremos preguntando, ¿por qué perdemos en la Corte las decisiones que aquí tomamos?

La ley se cumple y sólo cumpliéndola es posible alcanzar los objetivos que ésta pone al servicio de todos los ciudadanos.

La segunda observación, quizá tan importante, la dijo el diputado Bailey y la repitió don Víctor Castro. El diputado agraviado está de acuerdo en que se cumpla con el Reglamento.

En consecuencia, quisiera pedirles a ustedes que continuáramos con la sesión y que se exhortara, como bien se dijo, a las comisiones, para que en el tiempo de los 15 días, pero aun si es posible reducirlo, nos hagan llegar sus recomendaciones para ser puestas a la consideración del pleno. A nadie se le está menguando su derecho.

Las alternativas las enunció, con toda lucidez, el diputado Cárdenas Gracia. Son todas posibles. En consecuencia, cumplamos la ley para que estas alternativas, cualesquiera que escojamos, al final no estén viciadas por incumplimiento de nuestro propio Reglamento.

Si están ustedes de acuerdo, pido a la Secretaría continúe con el orden del día.

ARTICULOS 3O. Y 31 CONSTITUCIONALES

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación superior

Honorable Asamblea:

La Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y, de Educación Pública y Servicios Educativos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 40 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 84, 85 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta Soberanía, el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes legislativos

1. El 21 de octubre de 2003, fue presentada por el honorable Congreso del estado de Jalisco, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 3o. primer párrafo, fracciones III y IV, y 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

2. El 30 de noviembre de 2004, fue presentada por la Diputada Irma S. Figueroa Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y modifica diversos artículos de la Ley General de Educación, misma que se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación y Servicios Educativos, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- El 22 de noviembre de 2007, fue presentada por el honorable Congreso del estado de Sonora, iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones III, V y VI del párrafo primero, del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Asimismo con fecha 22 de noviembre de 2007, se modificó el turno de la Iniciativa, enviándola a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

4. El 2 de febrero de 2010, fue presentada por la Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

5. El 20 de abril de 2010 fue presentada por el Diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 3o. y 31° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 3, 4, 8 y 9 de la Ley General de Educación, misma que se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

6.  En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 9 de diciembre de 2010, el Pleno aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue turnada a la Cámara de Senadores.

7. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República del día 13 de diciembre de 2010, la Mesa Directiva turnó la Minuta con Proyecto de Decreto a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su estudio, análisis y dictaminación.

8. Asimismo, el 22 de febrero de 2011, la Mesa Directiva autorizó la incorporación de la Comisión de Educación para que emitiera opinión.

9. En sesión ordinaria celebrada el 20 de septiembre de 2011, el Pleno del Senado de la República, aprobó con modificación la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en el artículo 72 fracción E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se turnó a la Cámara de origen.

10. El 23 de septiembre  de 2011, la Minuta enviada por el Senado fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

11. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios Educativos, en reunión celebrada el 05 de octubre de 2011, aprobó el Dictamen a la Minuta del Senado de la República, con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Contenido de la minuta

Por método, estas dictaminadoras consideran conveniente transcribir la parte considerativa que dio motivo al Senado de la República, para emitir la resolución materia de este dictamen:

“Una vez analizada las propuestas del proyecto de decreto, materia del presente dictamen, estas comisiones unidas consideran que elevar a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior contribuirá a la consolidación de la reforma integral en este nivel. Pues, se trata de un gran avance en materia educativa, que tendrá un impacto muy positivo en la sociedad. Afortunadamente el nivel medio superior ofrece una variedad de posibilidades de formación para los jóvenes entre las que se encuentra la de convertirse en profesionales técnicos y con ello tener de entrada un oficio o carrera técnica que se pueda traducir en un medio de subsistencia personal para el estudiante, sin menoscabo de poder más adelante seguir con la educación superior, ya sea licenciatura, maestría o doctorado.

Es necesario que el Estado asuma su responsabilidad de brindar más educación y de mejor calidad. La educación es una de las claves de la evolución de la sociedad y de todos los aspectos de la calidad de vida.

El derecho a la educación está enunciado en el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC, 1966) y recogido por la Convención sobre los derechos del niño (CDN, 1985). Según la letra de ambos tratados, todos tienen derecho a la enseñanza secundaria y superior, gracias a la instauración progresiva de la gratuidad. El PIDESC reconoce también el derecho de cada uno a una “segunda oportunidad”, beneficiándose de una educación básica, si no ha recibido la enseñanza primaria hasta su término.

La educación media superior puede contribuir de manera decisiva a la construcción de una sociedad crecientemente justa, educada y próspera, así como el impacto directo que puede tener en el fortalecimiento de la competitividad individual y colectiva en el mundo actual, ya que es un recurso para combatir la desigualdad social y escapar de la pobreza, como lo han señalado diversos organismos internacionales.

Establecer la educación media superior como obligatoria, es consecuencia de una demanda social, ya que son muchos los casos en que jóvenes que desean ingresar a planteles de educación media superior, tanto de carácter federal como estatal, se quedan truncados sus estudios por no existir cupo suficiente para su ingreso a los planteles de dicho nivel educativo, lo cual podría verse resuelto si el Estado tuviera la obligación de impartir la educación de nivel medio superior, en ese tenor, los diferentes órdenes de gobierno se verían obligados a establecer una mayor disposición presupuestaria, tanto en recursos humanos y materiales, como en infraestructura suficiente para cumplir con la citada obligación.

La obligatoriedad del nivel medio superior tendría como efecto inmediato la mejoría en los niveles de educación y preparación de los mismos, fortalecerá la cultura educativa y el desarrollo de los mexicanos formándolos de mejor manera para enfrentar los retos cada vez más difíciles del campo laboral en nuestro país y posiblemente en el extranjero.

Vale la pena mencionar, tal y como se señala en el dictamen de la Colegisladora, que cada vez más países –desa-rrollados y en vías de desarrollo– toman conciencia de que la educación media superior es estratégica para el desarrollo económico, la formación de ciudadanía y estado de derecho. La tendencia internacional nos indica que cada vez más países están garantizando alguna modalidad de educación media superior para incrementar sustancialmente sus tasas de cobertura y brindar oportunidades de estudio a todos los jóvenes en edad de cursar este nivel educativo.

En ese sentido, estas comisiones unidas consideran conveniente establecer la obligatoriedad en la educación media superior, en el primer párrafo artículo 3o. constitucional, en los términos que propone la minuta en estudio:

Artículo 3o.Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.”

Asimismo, coincide con la reforma del inciso c) de la fracción II que establece que la educación que imparta el Estado debe contribuir a la mejor convivencia humana, al fortalecimiento y el respeto de la diversidad cultural.

Comparte así también la fracción V del citado artículo 3o. y el contenido de los numerales 31 y Primero Transitorio de la Minuta dictaminada, no así las fracciones III y VI del artículo 3° de la reforma propuesta, así también modifica los artículos segundo, tercero y cuarto suprimiendo por consecuencia el quinto y sexto transitorios.

III. Consideraciones de estas comisiones

Estas Colegisladoras, después de hacer un análisis exhaustivo a la Minuta del Senado de la República, en materia de Educación Media Superior Obligatoria, han llegado a la convicción de emitir dictamen en sentido positivo, en atención a las siguientes consideraciones:

Con fundamento en el artículo 72 fracción E, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la materia del presente dictamen sólo versa respecto de las modificaciones hechas por la Colegisladora, y por tanto, lo intocado se entiende aprobado.

Este órgano colegiado, coincide que las colegisladoras son instituciones capaces de tomar decisiones colectivas y de transformarlas en norma jurídica. La educación, como componente del desarrollo socioeconómico permite amortiguar las disparidades sociales y culturales, robustecer los valores cívicos y morales, colaborar en la formación de los ciudadanos y coadyuvar en la integración de una sociedad más justa, más informativa, más participativa, mas responsable y más democrática.

Desde esta perspectiva, estas Comisiones Unidas han considerado desde el dictamen de origen, que la reforma es trascendental para los mexicanos, pues rompe con el rezago educativo que hasta nuestros días prevalece.

Para las Dictaminadoras resulta conveniente y sistemático, hacer un cuadro comparativo que permita esclarecer con toda precisión, cuales son las aportaciones del Senado de la República, para enriquecer la Minuta de esta Cámara de Origen, en los siguientes términos:

En este sentido, estas Colegisladoras hacen un pronunciamiento a los principales cambios hechos por el Senado de la República.

1. Se elimina la facultad de la autoridad educativa federal para determinar planes y programas de educación media superior.

A este respecto, estas Comisiones Unidas manifestamos nuestro total acuerdo en atención a la diversidad  de modalidades educativas que en ese nivel existen en nuestro país, así también, por el carácter federalista que debe establecerse en el ámbito educativo.

La intención de mantener elementos comunes formativos que habían fundamentado la propuesta de la Cámara de Diputados, puede lograrse  mediante el establecimiento de una base curricular común, complementándose con los elementos específicos definidos en cada modalidad, estas cuestiones habrán de precisarse en la Ley General de Educación y en los Acuerdos Secretariales correspondientes.

Con este mismo espíritu federalista, se coincide con la Colegisladora en la disposición que la implementación de esta reforma se realice con la concurrencia presupuestal de la Federación y las Entidades Federativas.

2. Se modifica el período para la implementación de la reforma en el sentido de que deberá de realizarse de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013, hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022.

Desde esta perspectiva, estas Dictaminadoras son coincidentes con dicha modificación, pues consideramos que el plazo resulta adecuado en virtud de la inversión que requerirá brindar servicios educativos de calidad en el nivel medio superior a la población que se considera atendible, estimada en 2008 en poco más de 1.2 millones de jóvenes de entre 15 y 17 años:

Al respecto, es importante mencionar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 esta Soberanía ya incluyó un incremento por mil millones de pesos destinados a la creación de infraestructura de la educación media superior, con la finalidad de avanzar en la ampliación de la matrícula.

Los integrantes de estas comisiones unidas, coinciden en que el objeto de esta reforma constitucional, es fortalecer la garantía de acceso a la educación contenida en el artículo 3° de la Carta Magna y  promover su debido cumplimiento al establecer la Educación Media Superior, como obligatoria.

En suma, estas dictaminadoras están consientes que alcanzar la transición que México necesita no es algo sencillo pero es posible e indispensable. El país no tiene otra alternativa, debe transformarse para dar satisfacción a las necesidades de todo pueblo. Se necesita una nueva cultura política profundamente patriótica, que sin menoscabo de las diferentes posiciones ideológicas y partidistas, informe y encauce las decisiones y trabajos parlamentarios en función del bien general de la Nación; de otra manera corremos el enorme riesgo de quedar como un país irrelevante en medio de los grandes retos del mundo moderno de la globalización, del que no nos podemos sustraer.

En esta tesitura, estas colegisladoras, tiene la gran responsabilidad republicana de aprobar las modificaciones a la Minuta de esta Cámara de Diputados, que en nada afecta al documento de origen.

Por lo antes expuesto, estas comisiones unidas someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación superior.

Artículo Primero. Se reforman el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado – Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

...

I. ...

II. ...

Además:

a) ...

b) ...

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos;

III. ...

IV. ...

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

VI. a VIII. ...

Artículo Segundo. Se reforma la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 31. ...

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar, en los términos que establezca la ley.

II. a IV. ...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior, como deber del mismo de ofrecer un lugar para cursarla a quien teniendo la edad típica hubiera concluido la educación básica, se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022, con la concurrencia presupuestal de la Federación y de las entidades federativas, y en los términos establecidos en los instrumentos del Sistema Nacional y los Sistemas Estatales de Planeación Democrática del Desarrollo.

Tercero. Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad, en los presupuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios, se incluirán los recursos necesarios; asimismo, se establecerán los mecanismos para impulsar la implementación de presupuestos plurianuales que aseguren a largo plazo los recursos económicos crecientes para infraestructura de la educación media superior.

Cuarto. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, deberán adecuar en el ámbito de sus respectivas competencias, la Ley General de Educación y demás disposiciones legales aplicables en la materia.

Nota:

1 Robles Vásquez, Héctor V. (Coord.) (2011). Panorama educativo de México. Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2009. Educación Media Superior. México, INEE.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de octubre de dos mil once.

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Juventino Castro y Castro (rúbrica), presidente; Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz, Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Gustavo González Hernández (rúbrica), Carlos Alberto Pérez Cuevas (rúbrica), Guillermo Cueva Sada (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), secretarios; José Luis Jaime Correa, Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Rafael Rodríguez González (rúbrica), José Ricardo López Pescador (rúbrica), Felipe Solís Acero (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Rolando Rodrigo Zapata Bello (rúbrica), Jesús María Rodríguez Hernández (rúbrica), Justino Eugenio Arraiga Rojas, Víctor Alejandro Balderas Vaquera (rúbrica), Mario Alberto Becerra Pocoroba, Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), Jorge Rojo García de Alba (rúbrica), Fernando Ferreyra Olivares (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Cecilia Soledad Arévalo Sosa (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica).

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío, Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica), Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Obdulia Magdalena Torres Abarca, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, José Isabel Meza Elizondo (rúbrica), Blanca Juana Soria Morales.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se cumple la declaratoria de publicidad.

PERMISO PARA DESEMPEÑAR CARGO DE CONSUL HONORARIO

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen .

Antecedentes

En sesión celebrada el 21 de septiembre del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con los oficios de la Cámara de Senadores, con el que remite el expediente que contiene las minutas proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Sandra Isabel Vázquez Castillo y Luis Augusto Lutteroth del Riego para que puedan aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul honoraria de Belice en la ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en el estado de Veracruz y cónsul honorario del Japón, en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en Baja California, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La comisión coincide con las consideraciones del Senado de la República, en la aprobación de las solicitudes remitidas a la Cámara de Diputados en calidad de minutas con proyecto de decreto.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción IV, del Apartado C del artículo 37 constitucional, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyectode

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso para que la ciudadana Sandra Isabel Vázquez Castillo, pueda desempeñar el cargo de cónsul honoraria de Belice en la ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en el estado de Veracruz.

Artículo Segundo. Se concede permiso para que el ciudadano Luis Augusto Lutteroth del Riego, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario del Japón en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en el estado de Baja California.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 7 de octubre de 2011.

La Comisión de Gobernación, diputados:Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas, Raúl Domínguez Rex, secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe, Miguel Ángel Luna Munguía, José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro, Beatriz Elena Paredes Rangel, Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola, Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se cumple la declaratoria de publicidad.

PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:  «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea

La Comisión de Gobernación con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

En sesión celebrada el 21 de septiembre del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso para que los ciudadanos Juan Manuel Guerrero López, José Hernández Herrera, Beatriz Adriana Reyes Espinoza y Héctor Daniel Padilla Yañez, puedan prestar sus servicios de carácter administrativo en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La comisión coincide con las consideraciones del Senado de la República, en la aprobación de la solicitud, remitida a la Cámara de Diputados en calidad de minuta con proyecto de decreto.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II, del Apartado C del artículo 37 constitucional, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Juan Manuel Guerrero López, para prestar servicios como supervisor de suministros, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México.

Artículo Segundo.Se concede permiso al ciudadano José Hernández Herrera, para prestar servicios como chofer-mensajero, en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Beatriz Adriana Reyes Espinoza, para prestar servicios como empleada en la sección de visas, en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Héctor Daniel Padilla Yañez, para prestar servicios como ayudante de albañilería, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 7 de octubre de 2011.

La Comisión de Gobernación, diputados:Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Luis Carlos Campos Villegas, Raúl Domínguez Rex, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe, Miguel Ángel Luna Munguía, José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro, Beatriz Elena Paredes Rangel, Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola, Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se cumple la declaratoria de publicidad.

CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Honorable Asamblea:

Las Comisión de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 87, 157, 158 y 167, numeral 4 y demás  aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente, con fecha 10 de agosto de 2011, el diputado Juan José Guerra Abud del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sometió a consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para sancionar el Delito de Robo al Autotransporte Federal.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva acordó turnar la Iniciativa, que nos ocupa a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente.

Derivado de lo anterior, dicha Comisión realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada Iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa del diputado propone federalizar el delito de robo al autotransporte, estableciendo un capítulo especial en el Código Penal Federal denominado “Del Robo al Autotransporte Federal”.

Asimismo, el legislador señala como prioritario considerarlo, en los casos que especifica, como un delito grave y que cuando el mismo sea cometido por quienes formen parte o se encuentren vinculados con la delincuencia organizada, se castigue a sus perpetradores en términos del artículo 2º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

El diputado señala que: “actualmente el delito de robo al autotransporte federal ocasiona grandes pérdidas tanto al sector transportista como a las empresas que emplean sus servicios. La investigación y persecución de este delito corresponde a las instancias del fuero común, lo que dificulta su combate dado que en la mayoría de los casos la perpetración y los efectos del delito trascienden los límites territoriales de  las entidades federativas, lo que dificulta la investigación y persecución de este delito y propicia, en consecuencia, campos de impunidad que deben ser eliminados...”

Esta comisión coincide con el proponente al señalar que el robo al autotransporte se ha venido incrementando y su incidencia representa una problemática global en la cual, México no es una excepción.

Asimismo, esta comisión concuerda en la necesidad de fortalecer el marco de protección jurídica en materia de autotransporte,  dado que es uno de los sectores más afectados por delitos como el robo a nivel nacional, de la misma forma que otros sectores del autotransporte federal, como los de pasajeros y turismo, se ven igualmente afectados.

Para tal fin, el diputado que suscribe la iniciativa, señala que si bien el Título Vigésimo Segundo del Código Penal Federal, contiene un catalogo de delitos en contra de las personas en su patrimonio, entre los  que se tipifica el robo, debiéndose considerarse por ese hecho que la materia es federal. Sin embargo, bajo los argumentos por él expuestos en la iniciativa referida, la investigación y persecución del robo al autotransporte, aun tratándose de aquel que es regulado por leyes federales, se ha dejado en manos de las autoridades estatales.

De acuerdo al legislador, lo anterior, se corrobora  con los informes de incidencia delictiva del fuero común que presentó en marzo de 2011, el Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que entre otros reporta que en el año 2010 se denunciaron a nivel nacional ante las Procuradurías Generales de Justicia del País 2,142 robos en carretera de los cuales 1,905 se cometieron con violencia y 237 se efectuaron sin ella.

Asimismo y de acuerdo a la iniciativa, el reporte referido revela que: “ de los 2,142 robos denunciados como cometidos en carretera en el año 2010,  580 se hicieron con violencia sobre camiones de carga, en tanto que los que se denunciaron como cometidos sin violencia sobre camiones de carga fueron apenas 78; esto es, se denunciaron 658 robos cometidos en contra de camiones de carga del total de robos denunciados como cometidos en carreteras, en tanto que el resto de los cometidos en carreteras correspondió a denuncias  por robos cometidos en contra autobuses, vehículos particulares y otros.”

En primer lugar, un elemento adicional mencionado por el Legislador y que justifica la propuesta de federalizar el delito de robo al autotransporte federal, se refiere a que diversas organizaciones de transportistas pertenecientes a las diferentes modalidades de transporte, como lo son aquellas que prestan los servicios públicos de de carga, de pasajeros y turismo, manifiestan su preocupación dado que “ el índice de robo de camiones de carga se disparó en todas las carreteras del país, al pasar de 580 a más de 800 unidades en hurto (38%), lo que deja cuantiosas pérdidas a la industria, razón por la que consideran que la atención a este fenómeno delictivo debe estar a cargo de las autoridades federales...

Lo anterior, no solo por el aumento considerable de su incidencia, sino también porque ante los incrementos en los robos al autotransporte aumentó también el costo de seguridad para las empresas el cual ha pasado del 6 al 12 por ciento en el mismo periodo, lo que sin duda afecta la competitividad del sector; pero sobre todo porque, de acuerdo al modus operandi de quienes cometen estos ilícitos, resulta que “en una entidad federativa se puede encontrar la mercancía robada, en otra el remolque de la unidad y en una más el camión, por lo que resulta necesario levantar múltiples denuncias en diferentes órdenes de gobierno.”, lo que se evitaría si de este delito conocieran las instancias federales reduciendo también el margen de impunidad que en la realidad dicha situación genera.”

En segundo lugar, y de acuerdo a la iniciativa, otros sectores como lo es el de seguridad privada e industria satelital, se han manifestado en el mismo sentido  de la propuesta, señalando que “... al concluir 2010, el robo a camiones de carga registró un incremento de 52.1% con respecto al 2009. Se hurtaron principalmente electrodomésticos, cómputo, fármacos, ropa, abarrotes, materiales de construcción y varilla, conceptos que representan el 50% del total de robos registrados...”

A fin de abundar en lo anterior se arguye también que “los delincuentes tienen un nuevo modus operandi, pues ahora al hurtar un tractocamión si sospechan que tiene monitoreo satelital, cambian el remolque que cuenta con un dispositivo de seguridad (cintos, candados, etc.) a otro automotor que no lo posee. Hecho el cambio, los tractos que cuentan con un sistema de rastreo satelital continúan su ruta, lo que impide saber si la unidad fue robada, puesto que el sistema no identifica si salió de su camino.”

Ante tales premisas es que dichas organizaciones consideran importante elevar el delito del robo a autotransporte a un nivel federal con el fin de proteger a este sector, a empresarios, hombres-camión y automovilistas que transitan en carretera en todo el país.”

Especial atención merece por parte de los integrantes de esta Comisión dictaminadora, el señalamiento que hace el legislador proponente al referir que el costo de la inseguridad en México es muy alto, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) se calcula que en México este problema representa al año un costo de 770 dólares por habitante, lo que equivale al 7% del Producto Interno Bruto (PIB).

De esos 770 dólares, el 2.1% estaría destinado al concepto de transferencias (víctimas a victimarios); alrededor del 0.8% al pago de seguros contra la inseguridad y el resto a la contratación de policías privados y públicos, según refiere el IMCO.

Por ello coincidimos con la iniciativa objeto del presente dictamen en que las acciones de tipo empresarial deben ser reforzadas con una política de Estado que evite que el robo al autotransporte, llegue a representar la segunda actividad ilícita más lucrativa después del narcotráfico.

Los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora coinciden en la necesidad de federalizar este delito ya que la cadena de  conductas  relacionadas con esta problemática que da origen a esta iniciativa, concluyen en muchos casos, con delitos como homicidio de operadores  transportistas y con vínculos con el mercado informal de venta de artículos robados  y la delincuencia organizada que ha diversificado sus fuentes de ingreso mediante este tipo de delitos. Como la propia iniciativa comenta:

“No podemos pasar por alto el hecho de que en la mayoría de los casos, estos  crímenes son cometidos por miembros de la delincuencia organizada, quienes valiéndose de diversas circunstancias tales como falsos operativos de revisión por parte de presuntos policías, el empleo de licencias federales falsas para pasar como operadores regulares, la utilización de armas de alto calibre, en los momentos en que los operadores paran frente a una vía o cruce o para revisar una llanta o fallas mecánicas, aprovechan el estado de vulnerabilidad en que se encuentran para perpetrar el o los ilícitos que les permitirán apoderarse de las mercancías...”

Una razón que la Comisión determina primordial al considerar la federalización de este tipo de delitos es la dispersión y diversidad de criterios existentes en cada entidad federativa, lo que genera espacios de corrupción e impunidad en su castigo, aunado a las dificultades que se presentan en los procesos de la denuncia, investigación y persecución referidos en la iniciativa.

El robo se encuentra dentro de los delitos considerados como patrimoniales o contra el patrimonio, es decir aquellos que atentan o dañan la integridad del patrimonio de las personas.

En materia federal, priva la noción relativa a que un delito patrimonial debe ser investigado por las autoridades de este nivel de gobierno, principalmente cuando repercute o lesiona el patrimonio de la Federación o en los casos de los cometidos por servidores públicos de la Federación, en ejercicio de sus funciones, en contra de los particulares. Así lo demuestra la referencia que se hace de este tipo delitos en el portal de la Procuraduría General de la República, que sobre el particular señala:

“Los delitos patrimoniales que prevé el Código Penal Federal en su título vigésimo segundo, son los cometidos por particulares en contra del patrimonio de la Federación, o los cometidos por servidores públicos de la Federación en contra de particulares, encontrándose contemplados, el robo, abuso de confianza, fraude, extorsión, despojo de cosas inmuebles o de aguas y daño en propiedad ajena, delitos previstos en los artículos 367 al 399 bis de dicho código.

Las penas aplicables a cada uno de los delitos enunciados difiere según la gravedad y cuantía del quebranto patrimonial sufrido por su comisión.

Los delitos patrimoniales más comunes son el robo, que es el apoderamiento de un bien mueble ajeno propiedad de una Institución gubernamental federal, sin derecho ni consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley; y el delito de daño en propiedad ajena, que es el daño causado por particulares en contra de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado, debiendo considerarse principalmente el daño ocasionado a la red carretera nacional en su cinta asfáltica y señalamientos, o bien los accidentes producidos en la conducción de vehículos automotores.”

En consecuencia con lo anterior el proponente refiere que “no obstante que el Título Vigésimo Segundo del Código Penal Federal, contiene un catalogo de delitos en contra de las personas en su patrimonio, bajo la premisa que referimos con antelación, la investigación y persecución del robo al autotransporte, aun el federal, se ha dejado en manos de las autoridades estatales, lo cual se corrobora con los informes de incidencia delictiva del fuero común que presentó en marzo de 2011, el Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que entre otros reporta que en el año 2010 se denunciaron a nivel nacional ante las Procuradurías Generales de Justicia del País 2,142 robos en carretera de los cuales 1,905 se cometieron con violencia y 237 se efectuaron sin ella. Asimismo, revela que de los 2,142 robos denunciados como cometidos en carretera en el año 2010,  580 se hicieron con violencia sobre camiones de carga, en tanto que los que se denunciaron como cometidos sin violencia sobre camiones de carga fueron apenas 78; esto es, se denunciaron 658 robos cometidos en contra de camiones de carga del total de robos denunciados como cometidos en carreteras, en tanto que el resto de los cometidos en carreteras correspondió a denuncias  por robos cometidos en contra autobuses, vehículos particulares y otros.

Ante tal premisa, esta comisión considera, en concordancia con lo que expone el legislador proponente, que si bien diversas disposiciones vigentes el Código Penal Federal aluden a conductas que lesionan los bienes jurídicos de los transportistas,  la tutela que establece dicho cuerpo legal, es dispersa e insuficiente para otorgar un marco de protección efectivo al sector del autotransporte federal, el cual se verá robustecido con las propuestas contenidas en la iniciativa objeto de este dictamen

Por lo que hace al Código Federal de Procedimientos Penales, la iniciativa propone las siguientes modificaciones:

Respecto a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la iniciativa propone las siguientes modificaciones:

Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 73 fracción XXI, señala que corresponde al Congreso de la Unión establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse, así como determinar la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; de igual forma, legislar en materia de delincuencia organizada.

En este contexto, la comisión dictaminadora estima que la iniciativa en comento es susceptible de ser analizada al ser el Congreso de la Unión un órgano competente para legislar en materias relacionadas con la aplicación de leyes federales y establecer delitos que lesionen a sujetos que realicen actividades reguladas por las mismas, como en el caso del robo al autotransporte federal.

Segunda. De la misma manera, la Comisión considera pertinente y coincide en que se justifica ampliamente la necesidad de que sean las autoridades federales a quienes corresponda el combate a este delito, si tomamos en cuenta que el daño patrimonial que se ocasiona las víctimas u ofendidos por el mismo, al final repercute en contra de un sector muy importante de la economía nacional, como lo es el sector del autotransporte y sus correlaciones con la protección del mercado formal y el empleo de los mexicanos.

Asimismo, existe coincidencia en la importancia del transporte carretero, dado que por razones históricas, geográficas y económicas, el transporte carretero es el modo de transporte que sostiene la mayor parte de flujo de personas y de bienes. El sistema productivo depende, junto con algunos otros elementos fundamentales, de la posibilidad de movilización de las personas y la de transportar los insumos necesarios para producir los bienes y posteriormente trasladarlos hasta donde se consumen, lo que significa que todos los bienes y servicios tienen un componente de costo de transporte que afecta directamente el costo final y consecuentemente la productividad y competitividad integral de la economía.

Tercera. No pasa inadvertido para esta Comisión la referencia que hace el proponente a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de junio de 2010 en la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, en Materia de Delitos contra el Transporte Ferroviario, en el que, entre otras, se establece en el artículo 286 una calificativa para sancionar a quien en una vía general de comunicación haga uso de violencia para conseguir los propósitos a que se refiere al primer párrafo de dicho artículo, como son causar un mal, obtener un lucro o de exigir su asentimiento para cualquier fin.

Si bien, esta reforma representó un avance importante, se considera y con ello coincidimos con el Legislador en que dicha reforma es insuficiente para sancionar las conductas relacionadas con el robo al autotransporte federal, que por obvias razones utiliza las vías generales de comunicación, toda vez que el bien jurídico que tutela el artículo 286, ubicado dentro del Capítulo denominado “Allanamiento de morada” consiste en proteger la seguridad de las personas; en tanto que, con el tipo penal específico de “robo al autotransporte federal”, se protege el patrimonio de las personas que prestan o utilizan los servicios de autotransporte regulados por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Por consiguiente, se considera necesario establecer para tales efectos, dentro del título Vigésimo Segundo del Código Penal Federal, un capítulo especial al que se denominará “Del Robo al Autotransporte Federal”, se lleven a cabo las modificaciones legales necesarias para que se le considere como un delito grave y que cuando el mismo sea cometido por quienes formen parte o se encuentren vinculados con la delincuencia organizada, se castigue a sus perpetradores en términos del artículo 2º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Cuarta.La Comisión de Justicia, considera de suma importancia llevar a cabo la tipificación del delito de robo al autotransporte regulado por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, toda vez que los integrantes de la misma, han tomado en cuenta la gran movilización en carreteras federales de mercancías de toda índole y con un gran valor, resultando que sea una zona asediada y perseguida por la delincuencia organizada, el cual buscan con ello, mayores beneficios en su actividad ilegal.

Es por ello, que actualmente el sector empresarial se ha visto obligado a eficientar los sistemas de protección a través de la utilización de la más avanzada tecnología, lo que sin duda ha afectado sus costos de transportación.

Por lo que es procedente tipificar con la presente propuesta como conducta antijurídica, el apoderamiento ilícito de mercancías o bienes que se transportan en vehículos de carga, así como el robo de pertenencias u objetos que llevan las personas que viajan en autobuses de pasajeros o turismo.

Ahora bien, el Código Penal Federal en el Título Vigésimo Segundo denominado “Delitos en Contra de las Personas en su Patrimonio”, en el Capítulo I  “Robo”  describe el tipo base de esta conducta delictiva en los términos siguientes:

Artículo 367. Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley.

En opinión de esta instancia dictaminadora, nada impide que el legislador secundario establezca en la ley penal modalidades de un delito, cuando por situaciones de orden social y económico que justifican la existencia y la necesidad de un tipo penal que sancione conductas especificas, ya sea por las circunstancias especiales en que se cometen o por los bienes jurídicos que lesionan.

En este orden de ideas se considera viable la adición del Capítulo I Bis al Titulo Vigésimo Segundo del Código Penal Federal, en los términos que propone el diputado promovente de la iniciativa, para quedar como sigue:

“Capítulo I BisDel robo al autotransporte federal

Artículo 381 Ter. Al que cometa el delito de robo en contra de persona o personas que presten o utilicen por sí o por un tercero los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros o turismo, regulados conforme a la ley de la materia o sus servicios auxiliares, se le impondrá una pena de 6 a 12 años de prisión cuando el objeto del robo sea exclusivamente las mercancías y de 2 a 7 años de prisión cuando se trate únicamente de equipaje o valores de turistas o pasajeros, en cualquier lugar durante el trayecto del viaje, con independencia del valor de lo robado.

Cuando el objeto del robo sea el vehículo automotor se aplicará lo dispuesto en los artículos 376 bis y 377 de este Código, sin perjuicio de que se acumulen las penas que correspondan por otras conductas ilícitas que concurran en la realización del delito, incluyendo las previstas en el párrafo anterior del presente artículo.”

Destaca de esta propuesta de redacción del artículo 381 Ter que se pretende adicionar, lo siguiente:

A) El sujeto activo del delito del robo al autotransporte federal puede ser cualquier persona imputable en términos de las disposiciones penales.

B) El sujeto pasivo del delito o la victima requieren una calidad especial: ser prestadores de  cualquiera de los servicios de autotransporte público que sean sujetos de regulación de la ley en la materia; esto es, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF), lo que a decir de la propia descripción de la propuesta, consiste en servicios de autotransporte de carga, pasaje o turismo o de los que presten sus servicios auxiliares, los cuales, de conformidad con el artículo 52 de la LCPAF consisten en:

a) Terminales de pasajeros;

b) Terminales interiores de carga;

c) Arrastre, salvamento y depósito de vehículos;

d) Unidades de verificación; y

e) Paquetería y mensajería

C) No se sancionará conforme a las reglas del artículo 381 Ter que se comenta, el robo de la unidad automotriz en el que se preste el servicio de autotransporte federal, toda vez que de la redacción del párrafo segundo de dicho artículo, se advierte con claridad que cuando el objeto del robo sea el vehículo automotor se aplicará lo dispuesto en los artículos 376 bis y 377 de este Código, disposiciones jurídicas que a la letra señalan:

Artículo 376 Bis. Cuando el objeto robado sea un vehículo automotor terrestre que sea objeto de registro conforme a la ley de la materia, con excepción de las motocicletas, la pena será de siete a quince años de prisión y de mil quinientos a dos mil días multa.

La pena prevista en el párrafo anterior se aumentará en una mitad, cuando en el robo participe algún servidor público que tenga a su cargo funciones de prevención, persecución o sanción del delito o ejecución de penas y, además se le aplicará destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

Artículo 377. Se sancionará con pena de cinco a quince años de prisión y hasta mil días multa, al que a sabiendas y con independencia de las penas que le correspondan por la comisión de otros delitos:

I. Desmantele algún o algunos vehículos robados o comercialice conjunta o separadamente sus partes;

II. Enajene o trafique de cualquier manera con vehículo o vehículos robados;

III. Detente, posea, custodie, altere o modifique de cualquier manera la documentación que acredite la propiedad o identificación de un vehículo robado;

IV. Traslade el o los vehículos robados a otra entidad federativa o al extranjero, y

V. Utilice el o los vehículos robados en la comisión de otro u otros delitos.

A quien aporte recursos económicos o de cualquier índole, para la ejecución de las actividades descritas en las fracciones anteriores, se le considerará copartícipe en los términos del artículo 13 de este Código.

Si en los actos mencionados participa algún servidor público que tenga a su cargo funciones de prevención, persecución o sanción del delito o de ejecución de penas, además de las sanciones a que se refiere este artículo, se le aumentará pena de prisión hasta en una mitad más y se le inhabilitará para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un período igual a la pena de prisión impuesta.

Razón por la cual es concordante como señala la propuesta de artículo objeto de análisis, que se apliquen las reglas de acumulación de penas.

Quinta. Como refiere el autor de la iniciativa, la misma tiene como objetivo tipificar en el Código Penal Federal, diversas conductas relacionadas con el robo al autotransporte federal, por tratarse de un delito que lesiona el patrimonio de las personas que prestan el servicio público de autotransporte federal o quienes utilizan sus servicios.

Por ello, la iniciativa propone que se apliquen penas que van de 6 a 12 años de prisión cuando el objeto del robo sea exclusivamente las mercancías y de 2 a 7 años de prisión cuando se trate únicamente de equipaje o valores de turistas o pasajeros, en cualquier lugar durante el trayecto del viaje, con independencia del valor de lo robado.

Sobre el particular, cabe hacer referencia a un estudio realizado por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados, en el que, consultado sobre aspectos relacionado s con el tema, refirió:

“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 22, párrafo primero, señala que “toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado”; esta relación entre pena y delito es calificada, por la doctrina penal, como el principio de proporcionalidad, a través del cual “el legislador secundario al crear un delito, la pena que disponga para éste, debe ser proporcional al delito de que se trate y a la gravedad del bien jurídico afectado o a la gravedad de su puesta en peligro”.

En este sentido, Luigi Ferrajoli advierte que “el principio de proporcionalidad expresado en la antigua máxima poena debet commensurari delicto es en suma un corolario de los principios de legalidad y de retributividad, que tiene en éstos su fundamento lógico y axiológico”; además, “el problema [continúa el maestro de Florencia] de la justificación del tipo y de la medida de la pena aplicables en cada caso, como por lo demás el apenas discutido de los límites máximos de la pena sea cual fuere el delito cometido, es un problema moral y político, es decir, exclusivamente de legitimación externa”.

Asimismo, señala que el problema de la justificación de la medida de la pena puede ser dividido en tres sub-problemas: “el de la pre-determinación por el legislador del tipo y la medida máxima y mínima de la pena para cada tipo de delito; el de la determinación por parte del juez de la naturaleza y medida de la pena para cada delito concreto; el de la post-determinación, en la fase ejecutiva, de la duración de la pena efectivamente sufrida”.Por razones obvias sólo haremos referencia al primero de los sub-problemas antes señalados.

Así, el primer inconveniente originado por el problema de la elección por el legislador de la entidad de la pena en relación con la gravedad del delito corresponde a la noción de “gravedad” del delito. En ese sentido existen dos tendencias diversas: “una objetivista, que mide la gravedad del delito y por consiguiente la de la pena por la entidad del daño; otra subjetivista, que la mide por el grado de la culpabilidad. También la elección de uno de estos dos criterios, así como del criterio de su equilibramiento, requiere decisiones basadas en opciones de valor”.

En el caso del problema de las medidas máximas y mínimas de la pena determinables conforme a los criterios antes aludidos, es aún más difícil, pues “si, en efecto, la pena es cuantificable, no es cuantificable el delito. Y han fracasado todos los esfuerzos realizados hasta la fecha para colmar esta heterogeneidad mediantes técnicas para medir la gravedad de los delitos, tanto las referidas a los grados del daño como sobre todo los de la culpabilidad”.

Ahora bien, el profesor italiano nos advierte que

...Aunque sea imposible medir la gravedad de un delito singularmente considerado, es posible, por tanto, afirmar, conforme al principio de proporcionalidad, que desde el punto de vista interno, si dos delitos se castigan con la misma pena, es que el legislador los considera de gravedad equivalente, mientras que si la pena prevista para un delito es más severa que la prevista para otro, el primer delito es considerado más grave que el segundo. De ello se sigue que si desde el punto de vista externo dos delitos no son considerados de la misma gravedad o uno se estima menos grave que el otro, es contrario al principio de proporcionalidad que sean castigados con la misma pena o, peor aún, el primero con una pena más elevada que la prevista para el segundo. En todos los casos el principio de proporcionalidad equivale al principio de igualdad en materia penal.

El Código Penal Federal describe a la prisión como “la privación de la libertad corporal”; además, indica que su duración será de tres días a sesenta años, y sólo podrá imponerse una pena adicional al límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión. Así, el mismo ordenamiento legal dispone que al responsable de un homicidio calificado se le sanciona con una pena que puede ir de treinta a sesenta años de prisión; en consecuencia, la vida es el bien jurídico de mayor valía que tutela el derecho penal en nuestro país, y ese puede ser un parámetro para graduar la gravedad de los ilícitos en nuestro sistema jurídico.”

En el caso de las penas propuestas en la iniciativa objeto del presente dictamen esta Comisión valora que se cumple con los principios de proporcionalidad y retributividad, a los que se hizo alusión en los párrafos anteriores, por lo que en dicho concepto que coincide con el proponente. Máxime que de un análisis comparativo presentado por el propio CEDIP, en diversas entidades federativas del país que cuyas legislaciones tipifican conductas similares, se puede observar que las penas que dichas legislaciones imponen guardan proporción equitativa a las que se proponen en el artículo 381 Ter, que se pretende adicionar al Código Penal Federal para sanciona el delito de robo al Autotransporte, tal como se observa en el siguiente cuadro:

Sexta. Por otra parte la iniciativa, pretende incluir el robo al autotransporte federal como un delito cometido por la delincuencia organizada, en este caso, también propone modificar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para adicionar la fracción III Bis al artículo 2 del referido ordenamiento, para incluir en dicha categoría el caso del robo al autotransporte federal, previsto en la fracción III del artículo 381 Quáter del Código Penal Federal que también propone adicionar y cuya redacción establece: La pena de prisión se aumentará en dos terceras partes, al que habiendo cometido el robo o participado en él, forme parte o se encuentre vinculado con la delincuencia organizada; así, la comparación entre los delitos cometidos por la delincuencia organizada, el bien jurídico tutelado y la pena que se impone pueden ser otro parámetro comparativo para evaluar si la sanción que se propone puede ser calificada como excesiva o considerar que se ajusta al principio de proporcionalidad arriba referido.

Para ilustrar dicha circunstancia se acude al cuadro siguiente:

Séptima. La iniciativa en comento propone adicionar el numeral 26 Bis al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales a fin de que el robo al autotransporte federal previsto en el párrafo primero del artículo 381 Ter que también se propone adicionar al Código Penal Federal, sea considerado como delito grave.

Al respecto es de señalar que, en función de los argumentos expuestos por el proponente, se estima que existen elementos de convicción suficientes para que así sea considerado.

En cuanto a la exclusión que la propuesta hace respecto a los casos de robo a equipaje y valores de turistas o pasajeros se considera que es congruente dicha excepción, atendiendo también que en la propia inactiva se propone, en el artículo. 381 Quintus que, en los casos en los que el objeto del robo sea el equipaje o valores de turista o pasajeros, solo se procederá contra su perpetrador a petición de parte ofendida, esto es que si se considera que en estos casos, el valor de lo robado puede ser mínimo o de poca consideración para proceder de oficio  contra su perpetrador, es necesario la querella de parte ofendida y en congruencia, resulta atinado, por ende, no considerar estos caso como delitos graves.

Octava. La iniciativa propone derogar las fracciones VII y XIII y reformar fracción XVI del artículo 381 con el fin de armonizar la misma al texto íntegro del Código Penal Federal en materia de robo de autotransporte. De tal suerte que, los supuestos que se describen en las dos fracciones derogadas quedan comprendidos en la redacción del artículo 381 Ter, en tanto que la reforma a la fracción XVI del artículo 381 consiste en prever el supuesto en el que la penalidad se agrava por el robo cometido en carreteras y caminos de jurisdicción federal pero respecto de sujetos distintos a los que protege el artículo 381 Ter, es decir cualquier persona no regulada por la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia, considera viable y procedente la presente Iniciativa, toda vez que con la misma, se propone federalizar el delito de robo al autotransporte y considerarlo como delito grave para perseguirse de oficio. Asimismo, al no estar previsto actualmente en la legislación en comento un capítulo que especifique los delitos contra el autotransporte federal, es necesario preverlo en la misma.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Justicia somete a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Artículo Primero. Se reforma el artículo 381, primer párrafo y la fracción XVI; se adiciona un Capítulo I Bis, que se denominará “Del robo al autotransporte federal” al Título Vigésimo Segundo, con los artículos 381 Ter, 381 Quáter, 381 Quintus y 381 Sextus y, se derogan las fracciones VII y XIII del artículo 381 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 381. Además de la pena que le corresponda conforme a los artículos 370, 371 y el primer párrafo del artículo 381 Ter, se aplicarán al delincuente las penas previstas en este artículo, en los casos siguientes:

I. a VI. ...

VII. Se deroga.

VIII. a XII. ...

XIII. Se deroga

XIV. y XV. ...

XVI. Cuando se cometa en caminos o carreteras de jurisdicción federal y la víctima sea una persona distinta a las que se refiere el primer párrafo del artículo 381 Ter;

XVII. ...

...

...

Capítulo I BisDel robo al autotransporte federal

Artículo 381 Ter. Al que cometa el delito de robo en contra de persona o personas que presten o utilicen por sí o por un tercero los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros o turismo y autotransporte privado  regulados conforme a la ley de la materia o sus servicios auxiliares, se le impondrá una pena de 6 a 12 años de prisión cuando el objeto del robo sea exclusivamente las mercancías y de 2 a 7 años de prisión cuando se trate únicamente de equipaje o valores de turistas o pasajeros, en cualquier lugar durante el trayecto del viaje, con independencia del valor de lo robado.

Cuando el objeto del robo sea el vehículo automotor se aplicará lo dispuesto en los artículos 376 bis y 377 de este Código, sin perjuicio de que se acumulen las penas que correspondan por otras conductas ilícitas que concurran en la realización del delito, incluyendo las previstas en el párrafo anterior del presente artículo.

Artículo 381 Quater. Además de la pena que le corresponda conforme al primer párrafo del artículo anterior, se aplicarán las previstas en este artículo, en los casos siguientes:

I. De uno a tres años de prisión cuando exista apoderamiento del remolque o semirremolque.

II. La pena de prisión se aumentará en una mitad, al servidor público que cometa o participe en el robo y que tenga a su cargo funciones de prevención, persecución o sanción del delito o ejecución de penas y, además se le aplicará destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

III. La pena de prisión se aumentará en dos terceras partes, al que habiendo cometido el robo o participado en él, forme parte o se encuentre vinculado con la delincuencia organizada.

Artículo 381 Quintus. En los casos en los que el objeto del robo sea el equipaje o valores de turistas o pasajeros, solo se procederá contra su perpetrador a petición de parte ofendida.

Artículo 381 Sextus. En todo lo no previsto en el presente Capítulo se aplicarán, en lo que no se opongan, las reglas del Capítulo I del presente Título.

Artículo Segundo.Se adiciona el inciso 26 Bis) a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194. ...

I. ...

1) a 26) ...

26 Bis) El robo al autotransporte federal previsto en el párrafo primero del artículo 381 Ter, salvo en los casos de robo a equipaje y valores de turistas o pasajeros.

27) a 36) ...

II. a XVIII. ...

...

Artículo Tercero. Se reforma la fracción V del artículo 2o., de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2o....

I. a IV. ...

V. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tiene capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; Asalto, previsto en los artículos 286 y 287; Tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter; Robo de vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 377, y Robo de autotransporte federal previsto en la fracción III del artículo 381 Quáter del Código Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito Federal;

VI. y VII. ...

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal, realizará las adecuaciones reglamentarias que resulten necesarias para crear y/o adscribir las unidades para la atención a los delitos previstos en el presente Decreto, con los recursos que cuente dentro de su presupuesto aprobado.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Notas:

1 http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/R esource/131/1/images/IDFComun_21022011.pdf

2 http://eleconomista.com.mx/industrias/2010/11/29/robo-transportes-carga-se-disp ara

3 http://transporteinformativo.com/de-buena-fuente/cerro-2010-robo-a-transporte-c on-52-de-incremento. Publicado el 24 de enero de 2010.

4 Visible en:http://www.pgr.gob.mx/Combate%20a%20la%20Delincuencia/Delitos%20Federales/De litos%20Patrimoniales.asp

5 http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/R esource/131/1/images/IDFComun_21022011.pdf

6 Uribe Benítez, Oscar, “Los principios constitucionales rectores del sistema penal acusatorio”, Quórum Legislativo, México, número101, abril-junio de 2010, p. 137.

7 Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, séptima edición, Madrid, Trotta, 2005, p. 398.

8 Ibídem, pp. 398-399.

9Ibidem, p. 399.

10 Ídem.

11 Ibídem, p. 402.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2011.

La Comisión de Justicia, diputados:Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato García (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Juanita Arcelia Cruz Cruz (rúbrica), Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), secretarios; Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina, Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Israel Madrigal Ceja (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyez (rúbrica en abstención), Rodrigo Pérez-Alonso González, Norma Leticia Salazar Vázquez, Cuauhtémoc Salgado Romero, Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria, Pedro Vázquez González (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Humberto Benítez Treviño, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente, en contra.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado Cárdenas Gracia, en contra.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño: Con su permiso, señor presidente Emilio Chuayffet. Distinguidas compañeras, compañeros diputados, este asunto ya lo habíamos tratado en la sesión anterior. Se trata de reformar y adicionar varias disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para contrarrestar un ilícito que viene a la alza en este país, el robo al autotransporte federal, de carga, pasajeros, turismo y autotransporte privado.

En primer lugar, quiero hacer un puntual reconocimiento a mi compañero Juan José Guerra Abud, autor de esta iniciativa, porque está tocando un tema verdaderamente alarmante. Cada día hay más presencia de delincuencia organizada en la comisión de este ilícito y quiero subrayar a todos ustedes, porque quedó una laguna quizá en el ambiente, en la sesión anterior, que no estamos creando un nuevo tipo delictivo, el tipo delictivo ya existe, ya se está sancionando.

El autor de la iniciativa lo que está proponiendo es que sea considerado como delito grave y en su caso, que se aplique la Ley Federal de Delincuencia Organizada, que además deriva de un mandato constitucional del artículo 16 constitucional, que define lo que es delincuencia organizada: cuando tres personas o más se reúnen para cometer ilícitos en forma reiterada.

En consecuencia, los invito a votar positivamente este dictamen, porque en un año se han duplicado los ilícitos en esta materia, tanto en robo de carga, autotransporte federal de pasajeros, de turismo y autotransporte privado. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión en lo general este dictamen.

Se hayan inscritos en contra del mismo el diputado Jaime Cárdenas Gracia y el diputado Gerardo Fernández Noroña. A favor, la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz y el diputado Ramírez Puente. Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas. Sí, diputado.

El diputado Juan José Guerra Abud (desde la curul): A favor.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Este debate lo tuvimos ya la semana pasada y simplemente, para dejar constancia, expongo los tres argumentos que me hacen votar en contra del dictamen correspondiente.

La primera razón. El primer argumento tiene que ver con esta tendencia que hay en el Congreso de la Unión mexicano, en el derecho mexicano, para por la vía del incremento de las penas, de la criminalización de la vida social intentar resolver con ello los problemas sociales del país.

Muchos de los diputados del grupo del que formo parte estamos convencidos de que los problemas sociales, económicos, de desigualdad, de ausencia de libertad, de inseguridad no se resolverán incrementando penas y sanciones contra los que cometen ilícitos de carácter penal. Ése es el primer argumento.

El segundo argumento tiene que ver con el artículo 18 de la Constitución y la reinserción social. Los delitos o la redacción propuesta en el dictamen respecto de este delito de robo de autotransporte federal no favorecen la reinserción social cuando el delito es cometido por servidores públicos.

El dictamen considera que se debe establecer una pena de la misma duración que la pena privativa de libertad, de destitución e inhabilitación, cuando el delito lo cometa un servidor público, cuando el artículo 18 de la Constitución indica que es a través del trabajo como se logra o es una vía para lograr, entre otras, la reinserción social de las personas que cometen delitos.

El tercer argumento es de carácter constitucional. Tiene que ver con el artículo 73, fracción XXI de la Constitución, que es invocado en el dictamen. El artículo 73, fracción XXI de la Constitución establece que este Congreso tiene facultades para establecer delitos y faltas contra la federación y fijar los castigos que ellos deban imponerse. Continúa la fracción XXI.

Me pregunto si el delito de robo al autotransporte federal es un delito contra la federación. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? ¿Proteger los intereses económicos y el patrimonio de los concesionarios del autotransporte, o considerar que el bien jurídico tutelado es el de la federación? Tengo mis dudas, acerca de que si este delito es de carácter federal y por eso, votaré en contra del dictamen. Muchas gracias por su atención, compañeras diputadas y compañeros diputados.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Diputado presidente, anda usted muy rápido en la campana. Le quedaban dos segundos al compañero Jaime Cárdenas.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Es una observación que usted hace y que respeto. Vi el reloj que tiene ahí y se había agotado el tiempo. De cualquier manera si cometí el error ofrezco disculpa, pero vamos a tratar todos de constreñirnos al tiempo que esta Mesa Directiva ha señalado. El diputado Ramírez Puente.

El diputado Camilo Ramírez Puente: Con su permiso, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, me toca hablar a favor del presente dictamen, tomando en consideración que con este dictamen se está atendiendo a una problemática que hoy por hoy la tenemos viva y está presente en la mayor parte de las carreteras del país. Es una problemática que no se vive exclusivamente por el autotransporte federal de carga, sino también por el transporte de carga privado.

La Comisión de Justicia, al momento de que analizó este punto, vio una problemática exclusivamente real. Estoy cierto de que habremos de atender un reclamo, que hoy por hoy viene haciendo uno de los más importantes y trascendentales servicios del país, que es el del autotransporte.

Viene a constituir éste un problema no tan sólo en el tema del secuestro de unidades, el robo de unidades, el ataque a la integridad de los conductores, sino que viene a constituir un problema económico muy fuerte que se vive al momento de que se limita el transporte de carga por las carreteras del país. Ello no es, sino la lesión más grande que puede haber en el patrimonio económico de aquéllos que utilizan estos servicios.

A ello sumamos también la lesión económica que resienten todos aquellos empresarios que se dedican a este ramo, al momento en que tienen que hacer grandes inversiones para tener que instalar GPS, instalar una serie de aditamentos en sus unidades con el consecuente perjuicio o menoscabo y detrimento de esas empresas. Es por ello, que estoy convencido que el día de hoy habremos de darle cauce aprobando esta minuta.

Lo único que sí quisiera señalar desde este momento es que haré unas pequeñas reservas nada más en el punto segundo transitorio al momento que dice. El Ejecutivo federal. Para que diga: a través de la Procuraduría General de la República. Tomando en consideración que ésta finalmente es la que lleva a cabo toda la labor operativa y toda la labor de investigación y aplicación de la ley. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros diputados, compañeras diputadas. Esta Cámara sigue imponiendo —más bien sigue cediendo— a una visión muy autoritaria; a una visión muy alejada de la realidad de cómo resolver los problemas de inseguridad y violencia del país.

Voy a poner un ejemplo, que pareciera no viene a colación, pero sí viene a colación. Treinta grandes, grandes empresarios no pagan impuestos. Evaden el equivalente a 500 mil millones de pesos al año y en seis años aportarían lo equivalente al presupuesto de todo un año. En cambio a los pobres, a los trabajadores, al pueblo de México se les aumentó el IVA del 15 al 16 por ciento; el impuesto del producto de la renta; ahora la Corte ya dijo que hasta el salario mínimo debe pagar impuestos.

¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Que se le sigue cargando a la población todo el peso de la ley. Duplican las condenas, modifican las condiciones, endurecen, meten cadena perpetua disfrazada. Mientras que los grandes, grandes delincuentes, no son tocados nunca. No hay ningún líder de los grupos mafiosos de la droga, del robo, del secuestro que sea detenido porque están confabulados con las altas autoridades políticas de este país.

Lo he dicho aquí: los ciudadanos son tratados como delincuentes y los delincuentes gobiernan este país.

Con estas cosas lo único que hacen es que rateros de poca monta acaben en la cárcel acusados de delincuencia organizada, descarguen todo el peso, estén ahí con condenas brutales y los que se roban al país completo, les dicen: señor empresario, señor secretario, señor presidente, señor... tal cosa.

Es lamentable la simulación que se viene convalidando, y aquí no estamos defendiendo que no se castiguen los delitos ni estamos planteando que no se aplique la ley. Lo que estamos planteando es que se aplica la ley del embudo; los verdaderos delincuentes no son tocados, las grandes mafias funcionan con absoluta impunidad y la mayoría de la gente pobre condenada a la miseria, al hambre, a la desesperanza.

Al rato los robos famélicos los van a hacer también de alta peligrosidad y les van a duplicar las condenas y van a ponerles cadena perpetua.

Es de verdad lamentable, muy vergonzoso que esta soberanía siga cediendo a las presiones del discurso de la derecha y de las posiciones de la derecha que vienen imponiéndose en cada una de nuestras decisiones.

Como ya nada más me quedan 13 segundos, voy a evitar que me toquen la campana y con esto doy por terminada mi intervención, compañeros diputados, compañeras diputadas.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Juan José Guerra Abud.

El diputado Juan José Guerra Abud:Gracias, presidente. Estimados colegas. La verdad es que dígase lo que se diga, los asaltos y sobre todo con violencia al autotransporte, tanto público como privado, tristemente se han estado incrementando en nuestro país y creo que la decisión que tomemos hoy aprobando esta iniciativa, seguramente va a ayudar a mejorar la seguridad en nuestras carreteras. Esto es, a combatir el crimen.

Quiero agradecerle a la Comisión de Justicia, a su presidente y a todos los integrantes, la celeridad que le dieron para resolver esta iniciativa y sobre todo, con las importantes adiciones con las cuales la enriquecieron. Sinceramente se los agradezco.

Como lo comenté, esto debe de ayudarnos a mejorar la seguridad de nuestras carreteras. Lo que es un hecho y esa es la esencia de querer federalizar este tipo de robos, es que hoy por hoy un delito se comete en una carretera, en un estado equis; el vehículo con la carga se lo llevan a otro estado, luego desmantelan la carga en este lugar y después distribuyen la mercancía o la venden clandestinamente en prácticamente todo el país.

El hecho de hacer de esto un delito federal no es darle atribuciones innecesarias a la Policía Federal, sino es permitir que se cuente con los elementos suficientes para poder perseguir, de manera integral, estos atracos y de esta manera poder, como ya lo señalé, abatir la delincuencia.

Quiero, presidente, terminar con lo que comenté la vez pasada, el jueves pasado, que se discutió esta iniciativa, por la urgente necesidad que tiene el país de mejorar el autotransporte y particularmente, al esquema que se conoce como hombre-camión.

Hoy por hoy, el 83, 84 por ciento de la mercancía doméstica se mueve a través del autotransporte. Sin embargo, seguimos contando con una obsolescencia importante, sobre todo en los transportistas conocidos como el hombre-camión.

Creo que programas como el de chatarrización, que de alguna manera le permiten al pequeño transportista poder renovar su unidad, por una semi-nueva que le permita operar con mucho más eficiencia, sin lugar a dudas van a apoyar a estos pequeños empresarios para que puedan incrementar su eficiencia y desde luego, poder generar los ingresos que les permitan tener una vida digna.

Por eso, colegas, les agradezco que puedan votar a favor de esta iniciativa y sobre todo, pedirle al gobierno federal que los esquemas de apoyo al pequeño transportista se puedan fortalecer en beneficio de la economía y en beneficio de estos pequeños empresarios. Gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ha reservado para su discusión el artículo segundo transitorio.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, hasta por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: La comisión correspondiente me ha hecho llegar la noticia de que se encuentran invitados en esta Cámara cinco grandes del deporte mexicano: el doctor Jacinto Licea Mendoza, quien ha dado su vida en pro del deporte en el Instituto Politécnico Nacional y grandes aportaciones para la medicina del deporte en México; el señor Jerzy Hausleber, considerado el padre de la marcha atlética en México y el artífice de los grandes triunfos en marcha para México; la contadora pública Nancy Patricia Prieto García, primera mujer ampayer en México y gran promotora del béisbol mexicano. También están los medallistas olímpicos Ernesto Canto Gudiño y Joel Sánchez. Sean cordialmente bienvenidos.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema.

El diputado Juan José Guerra Abud (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Juan José Guerra.

El diputado Juan José Guerra Abud(desde la curul): Presidente, hace un momento omití señalar que se encuentran aquí con nosotros representantes de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Canacar; de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje Turístico, Canapat; de la Asociación Mexicana de Autotransportistas, Conatram; y de la Asociación Nacional de Transporte Privado, ANTP, así como representantes de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que por la importancia de esta iniciativa nos hacen el favor de acompañarnos.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sean ustedes cordialmente bienvenidos.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Ciérrese el sistema de votación. Diputado presidente, el resultado es el siguiente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sean bienvenidos los integrantes de la Universidad de Negocios ISEC, invitados por el diputado David Ricardo Sánchez Guevara.

La Asociación A.C.A.M.N. Vive del Fraccionamiento Ciudad Azteca, de Ecatepec, invitados por el diputado Alfredo Torres Huitrón, y de la Universidad Tecnológica de Tecámac, invitados por el diputado Noé Martín Vázquez Pérez. Muy bienvenidos.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: De viva voz:

La diputada Rosalina Mazari Espín (desde la curul): A favor.

El diputado José Ricardo López Pescador (desde la curul): A favor.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (desde la curul): A favor.

El diputado Sami David David (desde la curul): A favor.

El diputado Agustín Guerrero Castillo (desde la curul): A favor.

La diputada Olga Luz Espinosa Morales (desde la curul): A favor.

El diputado Jesús Alberto Cano Vélez(desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Hernández Hernández(desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Jaime Correa(desde la curul): A favor.

El diputado Amador Monroy Estrada(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Javier Salazar Sáenz(desde la curul): A favor.

El diputado Javier Corral Jurado(desde la curul): A favor.

El diputado Gustavo González Hernández(desde la curul): A favor.

El diputado Noé Fernando Garza Flores(desde la curul): A favor.

El diputado Isaías González Cuevas(desde la curul): A favor.

El diputado Sergio Arturo Torres Santos (desde la curul): A favor.

La diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata(desde la curul): A favor.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes(desde la curul): A favor.

La diputada María de Lourdes Reynoso Femat(desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Bello Otero(desde la curul): A favor.

El diputado Sergio Octavio Germán Olivares(desde la curul): A favor.

La diputada Gabriela Cuevas Barron (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez(desde la curul): A favor.

El diputado Sixto Alfonso Zetina Soto(desde la curul): A favor.

El diputado Baltazar Martínez Montemayor(desde la curul): A favor.

El diputado Miguel Antonio Osuna Millán(desde la curul): A favor.

El diputado José Erandi Bermúdez Méndez(desde la curul): A favor.

La diputada Margarita Gallegos Soto (desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla(desde la curul): A favor.

El diputado Eviel Pérez Magaña(desde la curul): A favor.

La diputada Adriana Terrazas Porras(desde la curul): A favor.

El diputado Fernando Morales Martínez(desde la curul): A favor.

El diputado Liborio Vidal Aguilar (desde la curul): A favor.

El diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello(desde la curul): A favor.

El diputado Felipe Enríquez Hernández(desde la curul): A favor.

El diputado Rodrigo Reina Liceaga(desde la curul): A favor.

El diputado Silvio Lagos Galindo(desde la curul): A favor.

El diputado Sergio Mancilla Zayas (desde la curul): A favor.

El diputado Felipe Cervera Hernández(desde la curul): A favor.

El diputado Éric Luis Rubio Barthell(desde la curul): A favor.

El diputado Tereso Medina Ramírez(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Lauro Rojas San Román(desde la curul): A favor.

El diputado Avelino Méndez Rangel(desde la curul): A favor

La diputada Paula Angélica Hernández Olmos(desde la curul): A favor.

El diputado Salvador Caro Cabrera (desde la curul): A favor.

El diputado José Ramón Martel López (desde la curul): A favor.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): A favor.

El diputado Ovidio Cortázar Ramos(desde la curul): A favor.

El diputado Óscar Saúl Castillo Andrade (desde la curul): A favor.

El diputado David Hernández Vallín(desde la curul): A favor.

El diputado Jesús Giles Sánchez(desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Martínez Martínez(desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Roberto Silva Chacón(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 358 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular en los artículos no reservados por 358 votos.

De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara, tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Ramírez Puente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar su propuesta de modificación al artículo segundo transitorio.

El diputado Camilo Ramírez Puente: Gracias, presidente. Con el permiso de todas y todos los compañeros diputados. La petición de esta reserva es meramente para dar un claro contenido al artículo segundo transitorio. Tiene este fundamento:

«Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura.— Presente.

Con fundamento en los artículos 104 numeral 1fracción I y 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a usted la reserva del artículo segundo transitorio del “Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de Código Penal Federal del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada” para realizar la siguiente modificación.

DICE:

Transitorio

Primero.(...)

Segundo.El Ejecutivo Federal, realizará las adecuaciones reglamentarias que resulten necesarias para crear y/o adscribir las unidades para la atención a los delitos previstos en el presente decreto con los recursos que cuente dentro de su presupuesto aprobado.

Tercero. (...)

DEBE DECIR:

Transitorios

Primero.(...)

Segundo.El Ejecutivo Federal, a través de la Procuraduría General de la República, realizará las adecuaciones reglamentarias que resulten necesarias a fin de crear o adscribir las unidades para la atención a los delitos previstos en el presente decreto, con los recursos que cuente en su presupuesto aprobado.

Tercero.(...)

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar a la presente. Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Atentamente

Diputado Camilo Ramírez Puente (rúbrica).»

La única modificación que se haría, sería la precisión que el Ejecutivo federal lo haga a través de la Procuraduría General de la República, que es el órgano competente.

De tal suerte, compañeras diputadas, compañeros diputados, les solicito aprobar esta reserva en el entendido de que con ella venimos a precisar claramente los términos de este decreto, que sería viable una vez que fuera aprobada. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el artículo segundo transitorio.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica se consulta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el artículo segundo transitorio.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sí, diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Sí, diputado presidente, el procedimiento. Lo que tiene que ponerse a votación es primero si se acepta a discusión la propuesta que hace el diputado. Si se acepta a discusión entonces ya se abre la lista de oradores a favor y en contra; si no los hubiera, entonces ya se pasa a votación directo. Pero cómo puede estar suficientemente discutido si ni siquiera esta asamblea ha aprobado si se acepta a discusión.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado, ese es un trámite del Reglamento de 1934 que fue derogado por el Reglamento en vigor, que establece al que le estoy dando curso. Señor diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente. Voy a opinar en contra de esta propuesta. No sé si puedo pasar a tribuna, presidente, si me lo autoriza.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Con mucho gusto. Diputado Benítez Treviño ¿con qué objeto?

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul). Gracias, señor presidente, para decirle que por parte de la Comisión de Justicia nos allanamos a la reserva bajo el principio de que lo que clarifica no afecta.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se concede, hasta por tres minutos, el uso de la palabra al señor diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente, espero no consumir mi tiempo, voy a ser muy breve. Según entendí, la propuesta de nuestro amigo el diputado Camilo es para facultar a la Procuraduría General de la República a realizar las adecuaciones reglamentarias que sean necesarias y adscribir las unidades para la atención de estos delitos, previstos en el presente decreto.

Creo que por la cuestión que tiene que ver con la facultad reglamentaria en los términos del artículo 89, fracción I de la Constitución, solamente el titular del Poder Ejecutivo podría realizar las adecuaciones reglamentarias.

Ninguna otra autoridad dentro del Poder Ejecutivo puede tener la facultad reglamentaria, si atendemos al texto íntegro del artículo 89, fracción I de la Constitución.

En cuanto a que las unidades correspondientes para la atención a los delitos previstos en el decreto; es decir, de los delitos de robo al autotransporte federal, esas unidades estén en el ámbito de la Procuraduría General de la República, no tengo desde luego ningún inconveniente, porque así debe de ser. Las unidades deben de estar adscritas a la Procuraduría General de la República.

Respecto a ese punto, no hay duda alguna, y si la reserva aclara que las unidades para la atención de los delitos deben estar adscritas a la Procuraduría General de la República, es correcta la reserva del señor diputado.

Si de lo que se trata es de darle facultades a la Procuraduría General de la República para que realice adecuaciones reglamentarias, si fuese así —a menos de que la haya entendido mal—, si fuese así sería improcedente, por ser contraria al artículo 89, fracción I de la Constitución. Por su atención muchas gracias, compañeras diputadas, compañeros diputados.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado. ¿Algún otro diputado que quiera hacer uso de la palabra? Diputado Ramírez Puente.

El diputado Camilo Ramírez Puente (desde la curul): Gracias, presidente. Únicamente para agradecer la interpretación que en el sentido favorable hace el diputado Cárdenas Gracia. Sí, efectivamente, lo único que se busca aquí es precisar que los órganos que dependen de la Procuraduría General de la República sean precisamente los que están bajo sus órdenes y para atender al artículo 67 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

No se trata de otorgamiento de otras facultades ni de la presentación o creación de una nueva reglamentación. Ése es el comentario, presidente, gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias. Si no hubiera otra oradora u orador que quiera hacer uso de la palabra, consulte la Secretaría si se considera suficientemente discutido el artículo segundo transitorio.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo segundo transitorio. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría si se acepta la modificación presentada al artículo segundo transitorio.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación al artículo segundo transitorio. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se acepta. Se reserva para su votación nominal en conjunto, con la modificación aceptada por la asamblea, de acuerdo con el artículo 112 del Reglamento.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, hasta por tres minutos, para proceder a la votación del artículo segundo transitorio.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación del artículo segundo transitorio, con la modificación aceptada.

(Votación)

El diputado Ignacio Téllez González (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: ¿Con qué objeto, diputado Téllez, dado que estamos en votación?

El diputado Ignacio Téllez González(desde la curul): Gracias, presidente, ya no.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente, 312 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Vamos a tomar el voto de viva voz, con la observación muy respetuosa de que el orden del día está publicado y en él se contienen votaciones en secuencia; por lo que sería deseable que los diputados estuviéramos presentes en la lista de votaciones correspondiente. Tómese la votación de viva voz.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Derecha, izquierda; empezamos.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): A favor.

El diputado Juan José Cuevas García (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (desde la curul): A favor.

La diputada Iridia Salazar Blanco(desde la curul): A favor.

El diputado José Manuel Hinojosa Pérez(desde la curul): A favor.

El diputado Enrique Torres Delgado(desde la curul): A favor.

El diputado Gerardo del Mazo Morales(desde la curul): A favor.

El diputado Bonifacio Herrera Rivera(desde la curul): A favor.

El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina(desde la curul): A favor.

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua(desde la curul): A favor.

El diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas(desde la curul): A favor.

La diputada Rosi Orozco(desde la curul): A favor.

El diputado César Octavio Pedroza Gaitán(desde la curul): A favor.

El diputado Gastón Luken Garza(desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas (desde la curul): A favor.

El diputado Samuel Herrera Chávez(desde la curul): A favor.

El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez(desde la curul): A favor.

La diputada María Dina Herrera Soto(desde la curul): A favor.

El diputado Pedro Vázquez González (desde la curul): A favor.

El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (desde la curul): A favor.

El diputado José Gerardo  Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): A favor.

El diputado Avelino Méndez Rangel(desde la curul): A favor.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún(desde la curul): A favor.

El diputado Héctor Elías Barraza Chávez(desde la curul): A favor.

La diputada Guillermina Casique Vences(desde la curul): A favor.

El diputado Melchor Sánchez de la Fuente(desde la curul): A favor.

El diputado Noé Fernando Garza Flores(desde la curul): A favor.

El diputado Edgardo Melhem Salinas(desde la curul): A favor.

El diputado Alfredo Villegas Arreola(desde la curul): A favor.

La diputada Rosalina Mazari Espín (desde la curul): A favor.

El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul: A favor.

El diputado Armando Neyra Chávez(desde la curul): A favor.

El diputado Rolando Zubia Rivera(desde la curul): A favor.

El diputado Heriberto Ambrosio Cipriano(desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Jaime Correa(desde la curul): A favor.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez(desde la curul): A favor.

El diputado Noé Martín Vázquez Pérez(desde la curul): A favor.

El diputado José Antonio Arámbula López(desde la curul): A favor.

El diputado José Ramón Martel López (desde la curul): A favor.

El diputado Gerardo Sánchez García(desde la curul): A favor.

La diputada Sandra Méndez Hernández(desde la curul): A favor.

La diputada Rosario Brindis Álvarez(desde la curul): A favor.

El diputado Rafael Pacchiano Alamán(desde la curul): A favor.

El diputado José Ignacio Pichardo Lechuga(desde la curul): A favor.

El diputado Marco Antonio García Ayala(desde la curul): A favor.

El diputado Héctor Hernández Silva(desde la curul): A favor.

El diputado Fausto Sergio Saldaña del Moral(desde la curul): A favor.

El diputado Roberto Rebollo Vivero (desde la curul): A favor.

La diputada Olivia Guillén Padilla(desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): A favor.

El diputado Sabino Bautista Concepción(desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Roberto Silva Chacón(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Armando Meza Castro(desde la curul): A favor.

El diputado José Trinidad Padilla López(desde la curul): A favor.

El diputado Federico Ovalle Vaquera(desde la curul): A favor.

El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo(desde la curul): A favor.

El diputado Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh (desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez(desde la curul): A favor.

El diputado Liborio Vidal Aguilar (desde la curul): A favor.

El diputado Jesús Alberto Cano Vélez(desde la curul): A favor.

La diputada Marcela Guerra Castillo(desde la curul): A favor.

El diputado Efraín Ernesto Aguilar Góngora(desde la curul): A favor.

El diputado Fernando Morales Martínez(desde la curul): A favor.

El diputado Ramón Merino Loo(desde la curul): A favor.

El diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza (desde la curul): A favor.

El diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila(desde la curul): A favor.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Corrijo. En contra. Estaba a favor.

El diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa(desde la curul). A favor.

El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano(desde la curul). A favor.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 378 votos a favor, 2 en contra, 0 abstenciones.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado el artículo segundo transitorio por 378 votos, con la modificación que ha aceptado esta asamblea. Por lo tanto, el dictamen ha sido aprobado en lo general y en lo particular por 378 votos reformando, adicionando y derogando diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El señor diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul). Antes, diputado presidente, de procedimiento. Hace rato le decía yo que el punto que se había presentado requería poner a consideración si se aceptaba. Tiene usted razón en que el nuevo Reglamento no tiene ese ordenamiento explícito; pero sí tiene explícito en su artículo 110, numeral 2, que el presidente formulará una lista de oradores a favor y en contra, quienes podrán intervenir, hasta por cinco minutos, cada uno. Así es de que no procedía ponerlo —a mí me gustan las antigüedades, me gusta más el Reglamento de 1935—, pero aquí está establecido que se debe de abrir una lista de oradores.

Quiero también señalarle, diputado presidente, porque hemos batallando con el tiempo de intervención. También ahí está actuándose de manera incorrecta. El artículo 104 en su numeral 6 dice: los oradores hablarán en la discusión en lo general, alternadamente en contra y a favor, hasta por cinco minutos, comenzando por el primero de la lista de intervenciones en contra.

Quisiera pedirle, en las siguientes discusiones, que se nos respete este tiempo de hasta por cinco minutos.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Hasta por, quiere decir: como un máximo, como un máximo de cinco minutos. Pero la interpretación de las normas del Reglamento es concedida al presidente de la Mesa Directiva.

En segundo lugar, debo decirle que usted tiene razón en la pregunta que me hace, que se debió haber hecho una lista, pero cuando iniciamos la pregunta, nadie se había registrado. Si me atengo a la confección de una lista, entonces declararé que no hay oradores para participar en pro o en contra, porque la lista debe de hacerse durante la lectura del sometimiento a discusión del asunto, y nadie se inscribió, señor diputado. Lo lógico sería inscribirse antes de para poder preparar la lista.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Diputado presidente, era difícil que alguien se inscribiera si apenas se había presentado el punto e inmediatamente usted dio instrucciones que se preguntara si estaba suficientemente discutido.

Se debe preguntar si alguien quiere intervenir, para que se haga la lista y después ya si no hay; entonces, se pregunta si está suficientemente discutido.

Sobre el hasta, no, no se le puede ocurrir a usted que un minuto es bueno porque es hasta cinco. No, debe de ser hasta cinco. En todo caso, el orador puede usar uno, dos, tres o cuatro, pero yo sé que quiere agilizar las discusiones, pero de repente nos sale contraproducente, diputado presidente, de todos modos. Entonces, valdría la pena que intervengamos los cinco minutos, que además era el tiempo que interveníamos; por eso andamos haciendo ahí malabares luego en la tribuna.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Respeto su opinión, sostengo mi interpretación. En muchas sanciones del Código Penal se dice que se castigará hasta con 20 años una sanción. Con su interpretación siempre debieran ser 20 años y el juez no podría ponderar la discrecionalidad de la norma en orden a las circunstancias particulares.

De tal suerte, que me atendré a lo que dice la norma, interpretándola por economía y para que participen, sobre todo, diputado Fernández Noroña, el mayor número de diputados en la discusión de los asuntos.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Honorable Asamblea:

Los integrantes de la Comisión de Transportes, con base en las facultades que les confieren los artículos 39, y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 81, 84, 85, 157, 158 y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

1. En sesión ordinaria de fecha 8 de marzo de 2011, la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometió a consideración de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para establecer una cuota de peaje diferenciada para automóviles y motocicletas.

2. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva acordó turnar la iniciativa que nos ocupa a la Comisión de Transportes, para su estudio y dictamen, mediante oficio DGPL 61-II-1-1313.

3. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 25 de mayo de 2011, el diputado Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometió a consideración la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

4. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), y 122, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva acordó turnar la iniciativa que nos ocupa a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen, mediante oficio CP2R2A.-331.

Derivado de lo anterior esta comisión realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Descripción de las iniciativas

La diputada Quiñones Cornejo expone en su iniciativa que las vías de comunicación son un importante detonador del crecimiento de nuestro país con una superficie de 1.9 millones de kilómetros cuadrados, ocupando el décimo quinto lugar a nivel mundial.

Asimismo, menciona que en México, el sistema carretero se encuentra conformado por autopistas operadas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, por el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas y por otros concesionarios. Además, considera que un sistema eficiente de peaje en las autopistas promovería el crecimiento del comercio y turismo, fuentes para el crecimiento económico de nuestro país.

La iniciativa en estudio señala que actualmente la ley no establece los parámetros para diferenciar las cuotas de peaje entre las motocicletas y los automóviles en las casetas de cobro de las carreteras del país, inhibiendo el uso de las motocicletas y agrega que algunas variables que se toman en consideración para el establecimiento de tarifas carreteras son: la longitud del recorrido, el costo de la infraestructura, costos de mantenimiento y operativos, incluyendo costos de desgaste, y tránsito esperado.

Indica la diputada Quiñones Cornejo que el desgaste de la red carretera está en función del tránsito de vehículos y de su peso, y éste a su vez se clasifica en relación al número de ejes de los vehículos.

En ese sentido, menciona la iniciativa que considerar el peso de los vehículos con relación al número de ejes que tiene cada vehículo, resulta inequitativo para los conductores de motocicletas, ya que éstas reciben el mismo trato tarifario que los automóviles, a pesar del evidente menor desgaste que las motocicletas causan a la red carretera derivado de su menor peso, el material más blando de sus neumáticos y su menor área de contacto en el rodamiento.

Por tal razón, la diputada Quiñones Cornejo plantea modificar la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenga la atribución de establecer equitativamente las bases generales de regulación tarifaria para la determinación del monto por peaje que deban cubrir las motocicletas, tomando en consideración la longitud del recorrido, los costos de infraestructura, mantenimiento y operativos, así como el desgaste de las carreteras provocados por cada vehículo automotor; lo anterior, a fin de reconocer el menor desgaste que causan, así como incrementar el turismo nacional e internacional en el territorio nacional e incentivar el uso de un medio de transporte menos contaminante.

Por otra parte, el diputado Alejandro del Mazo Maza indica en su iniciativa que el desgaste de la red carretera está en función del tránsito de vehículos y de su peso, el cual está contemplado en relación con el número de ejes de los vehículos y esta situación resulta en un tratamiento inequitativo para los conductores de motocicletas, ya que éstas han recibido el mismo trato tarifario que los automóviles, a pesar del menor desgaste que las motocicletas causan a la red carretera.

Asimismo, el diputado del Mazo Maza indica que en los últimos años se ha presentado un incremento en la utilización de motocicletas como medio de transporte que son aprovechadas incluso, en algunas zonas del país, como transporte de servicio público. Incremento que se explica por la facilidad de adquisición, bajo costo de mantenimiento, bajo consumo de combustible y la agilidad en el desplazamiento que hay en las ciudades mexicanas cada día más colapsadas en sus vías públicas.

A ese respecto, la iniciativa en análisis indica que existen elementos para considerar la reducción en 50 por ciento del peaje actualmente cobrado a motocicletas, tales como el menor desgaste provocado por las motocicletas a las autopistas donde circulan, por lo que los costos de mantenimiento de las carreteras son menores y, que el seguro otorgado es menor en costo considerando que también el daño que puede llegar a causar una moto es menor que el de un vehículo más pesado.

Agrega la iniciativa del diputado del Mazo Maza, que las motocicletas cuentan con dos ejes al igual que los automóviles, pero desgastan en menor proporción las carreteras, y pagan la misma tarifa que los automóviles, sean estos tipo sedan o camionetas, por lo que considerar el peso de los vehículos con relación al número de ejes que tiene cada vehículo ha resultado en un tratamiento inequitativo para los conductores de motocicletas, ya que éstas han recibido el mismo trato tarifario que los automóviles, a pesar del evidente menor desgaste que las motocicletas causan a la red carretera.

En ese sentido, la iniciativa en comento plantea reformar la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establezca las bases generales de regulación tarifaria, tomando en consideración la longitud del recorrido, los costos de infraestructura, mantenimiento y operativos, así como el desgaste que los vehículos automotores provocan a las carreteras, exceptuando a las motocicletas que pagarían la mitad de lo que pague un vehículo con dos ejes; asimismo, considera que la medida coadyuvará al impulso del turismo nacional e internacional en nuestro país al incrementarse el número de viajeros en motocicletas.

Consideraciones de la comisión

La Comisión de Transportes que suscribe considera importante destacar que en los últimos años las autopistas y puentes de cuota han contribuido de forma considerable en el desarrollo económico del país, participando en el proceso de integración nacional.

A partir de la década de 1990, en México se aceleró la construcción de infraestructura carretera considerada de altas especificaciones técnicas, mediante el otorgamiento de concesiones por parte del gobierno federal para la construcción, operación, explotación y conservación del sistema carretero.

El esquema de carreteras concesionadas ha posibilitado una asociación financiera de carácter público-privada en donde los recursos públicos permiten que el resto de la inversión, aportada por empresarios privados y bancos que les otorgan créditos, sea recuperable y obtenga un rendimiento dentro del plazo de la concesión.

Esta participación del capital privado en el ramo carretero se ha convertido en un instrumento de importancia para el financiamiento, desarrollo y operación en dicho sector, cuyo objeto ha sido dotar eficientemente al país con vías de comunicación terrestres, elevar la cobertura y calidad de los servicios, y al mismo tiempo generar beneficios sociales. Es así que en los últimos años las autopistas y puentes de cuota han contribuido de forma considerable en el desarrollo económico del país, participando en el proceso de integración nacional.

La infraestructura carretera posibilita el traslado de las personas y mercancías, fomentando así el comercio y el turismo tanto nacional como internacional. En México el sistema carretero se encuentra conformado por autopistas operadas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), por el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas (Farac) y por otros concesionarios.

En ese sentido, cabe aclarar que las tarifas de peaje son fijadas por el organismo responsable de su operación. En el caso de las carreteras construidas por el estado y que han sido entregadas a Capufe para su administración, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autoriza la tarifa; para el caso de las autopistas manejadas por el Farac, es el comité técnico del fideicomiso el que determina la tarifa, y para las autopistas concesionadas es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien determina la tarifa bajo reglas específicas.

Por su parte, el concesionario desarrolla un esquema de negocio basado en la tarifa promedio máxima fijada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entidad que ha tenido especial cuidado en fijar ese límite con base en las características de la vía, en las condiciones económicas de la zona de que se trate y con la capacidad de pago demostrada por los diferentes segmentos del mercado.

No debe soslayarse que el pago de la tarifa de peaje por el uso de la infraestructura carretera es necesario, toda vez que los recursos obtenidos por este concepto se utilizan para el pago de la inversión, operación y mantenimiento de las autopistas, esto con el objeto de que el concesionario esté en condiciones de proporcionar un servicio de calidad.

Al respecto, las tarifas de peaje para cada tipo de vehículo se determinan por los costos derivados de la prestación de servicios carreteros. Los costos de administración, operación (que incluye señalización, comunicación, servicio médico, pintura, grúas, seguros, sanitarios, torres de auxilio, recolección de cuotas, etcétera.) y obligaciones fiscales, son asignados de manera uniforme entre los diferentes tipos de usuarios.

Los costos de mantenimiento mayor y menor y los costos de modernización de las autopistas, sin embargo, se asignan por el factor de daño que los vehículos ocasionan a la carpeta asfáltica de las autopistas.

Sin embargo, aunque en la mayoría de los casos el desgaste de las carreteras es proporcional al número de ejes por la relación de éstos con el peso de los vehículos, este argumento no aplica para el caso de las motocicletas, pues éstas cuentan con 2 ejes al igual que los automóviles, camionetas pickups y vagonetas, en cuyo caso todos pagan una misma tarifa de peaje.

Sobre el particular, desde 1996 la Asociación Mexicana de Motociclistas AC (AMMAC), apoyada por la Federación Mexicana de Motociclismo AC (FMM), presentaron ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un estudio técnico en el que demostraban bajo una serie de argumentos, que las motocicletas desgastan proporcionalmente menos las carreteras, en comparación con los automóviles y las vagonetas y por lo tanto, el que las motos paguen el mismo peaje que los otros vehículos de 2 ejes, resulta injusto e inequitativo.

El estudio citado concluye que a pesar de que las motocicletas tienen el mismo número de ejes que los autos, pickups y vagonetas, éstas desgastan menos las autopistas, debido a que tienen un peso menor; porque el material de los neumáticos de las motos, al ser más blando, desgasta menos que los neumáticos del resto de los vehículos y porque el área de contacto entre la superficie de las carreteras y los neumáticos de las motos es menor que el área de éstas con los neumáticos de los automóviles o vagonetas.

Al respecto, es necesario considerar que las motocicletas circulan en dos ruedas, lo que reduce en 70 por ciento el área de contacto contra el pavimento, con un peso promedio de 300 kilogramos, mientras que el de un automóvil es de mil 500 kilogramos.

Existe un factor de uso internacional que se refiere a la equivalencia de cargas en ejes sencillos, factor ESAL (por las siglas de la expresión “ Equivalent Single Axel Loads”), el cual permite comparar el efecto que tiene la carga y rodaje sobre el desgaste del asfalto entre diferentes tipos de vehículos, por ejemplo:

• En un autobús de 18.3 metros de longitud, con pasajeros, el factor ESAL es de 5.11

• En un autobús de 12.2 metros de longitud, con pasajeros, el factor ESAL es de 1.85

• En un camión de 18 ruedas, cargado el factor ESAL es de 1.35

• En un camión de entregas, el factor ESAL es de 0.10

• En un automóvil el factor ESAL es de .0007

• En una motocicleta el factor ESAL es de .00017

Esto significa que la motocicleta provoca mucho menor deterioro a la carpeta asfáltica que cualquier otro medio de transporte y por sus dimensiones representa menores asentamientos de tránsito.

En consideración de lo anterior, la comisión que dictamina considera necesario actualizar el marco jurídico para que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal reconozca esos factores y se establezca una tarifa justa para las motocicletas que circulan por las autopistas de nuestro país. Sin embargo, derivado de las deliberaciones que esta comisión dictaminadora ha realizado, se estima necesario modificar la propuesta de redacción para que sea de la manera siguiente:

“ Artículo 5o. ...

...

I. a VII. ...

VIII. ...

Las motocicletas deberán pagar 50 por ciento del peaje que paguen los automóviles; y

IX. ...”

Lo anterior propiciará que las motocicletas paguen un peaje justo y proporcional al desgaste que éstas causan a las autopistas y dar un impulso al turismo nacional e internacional en nuestro país para todos aquellos viajeros que lo hacen a través de motocicletas, sin contar que también se agilizará el tránsito en estas vías de comunicación al favorecer el uso de vehículos de menores dimensiones en viajes cortos.

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Transportes consideran adecuado aprobar la iniciativa materia de este dictamen, por lo que someten a la consideración del pleno de esta asamblea, para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente

Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 5o. ...

...

I. a VII. ...

VIII. Establecer las bases generales de regulación tarifaria.

Las motocicletas deberán pagar 50 por ciento del peaje que paguen los automóviles, y

IX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2011.

La Comisión de Transportes, diputados:Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Cuauhtémoc Salgado Romero, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López, Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica en abstención), Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica), Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, Óscar Román Rosas González, Ricardo Urzúa Rivera (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica), Ángel Aguirre Herrera.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: No tengo inscrito para fundamentar el dictamen a ningún orador. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular. La diputada Paz Quiñones me pidió el uso de la palabra. Diputado Fernández Noroña, ¿para hablar a favor? ¿Diputado Cárdenas Gracia?

Tengo una lista para fijar posiciones de grupos parlamentarios: diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT; diputado Alejandro del Mazo Maza, del Partido Verde; diputado Ignacio Téllez, del Partido Acción Nacional, y la diputada María de la Luz Quiñones Cornejo, del PRI.

Una vez agotadas las posiciones parlamentarias, tengo inscrito al diputado Cárdenas Gracia, en pro del dictamen. De suerte que tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, para fijar la posición del PT.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: ¿Por cuánto tiempo, diputado presidente? No sea que interprete usted que tengo un minuto y como es hasta cinco, puede decidir que hasta 30 segundos o hasta 20. Son interpretaciones. Compañeros, pidan la palabra si quieren debatir también este tema.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Al señor que está interviniendo, comienza a contar el tiempo.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Voy a empezar, diputado presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas, ustedes se dejan de todo, ése es el problema. Como no hablan les da lo mismo hablar un minuto, tres o ninguno, porque no hablan, no suben a tribuna, no utilizan este espacio que es tan importante para la discusión y el debate y se les olvida que éste es un espacio de debate fundamentalmente. Es el tema.

Como les comentaba, compañeros y compañeras, diputados, diputadas, es correcto que se baje a 50 por ciento el costo del peaje de entrada, pero la verdad es que no debería de pagarse nada, no sólo los motociclistas, sino no debería pagar ningún automovilista ni un centavo de peaje en las autopistas. Claro, ahí está gente del pueblo que está aplaudiendo; ustedes no, ustedes están porque pague más la gente. Nosotros estamos con la gente. Pues sí, votemos que el 100 por ciento no pague, votémoslo, hagamos esa corrección ahorita. Ahí está la propuesta. Votemos que no pague peaje nadie más.

¿Cuánto tiempo vamos a pagar esas carreteras? Están pagadas en demasía. No tenemos por qué seguir pagando. Supuestamente son de tránsito rápido y se tarda uno a veces horas de fila para pagar el peaje. Qué tipo de servicio es ése.

Seguimos dándoles de caja chica a los gobiernos en turno, cualquiera que éste sea. Nosotros vamos a gobernar este país y estaríamos a favor de que desapareciera el peaje, porque ya han sido pagadas las carreteras, además de que están en pésimo estado.

Este gobierno dice que ha construido más carreteras que nunca. No las recorre nunca, viaja por aire todo el tiempo. Están hechas pedazos, llenas de hoyos, se puede jugar golf en ellas y todavía cobran, y entonces, les parece la gran concesión que los motociclistas no paguen el 50 por ciento. Pues no, no deberíamos pagar un centavo de peaje, tanto —voy a terminar porque ya se está acabando el tiempo—, pero tanto que les gusta copiar al gobierno de Estados Unidos de América, pues si en Estados Unidos de América no se paga peaje en las carreteras.

Así es que, no es cierto, sólo en los puentes. No es cierto, los freeways no pagan, no es cierto. Los voy a invitar cuando quieran a hacer un recorrido por las carreteras de Estados Unidos de América para que vean que no se paga. Son medio aldeanos, compañeros, no han viajado lo suficiente. No se paga en las carreteras de Estados Unidos de América, en la inmensa mayoría, en la inmensa mayoría.

Los compañeros panistas van a subir a hacerme una apuesta aquí. Yo no la acepto, porque están prohibidas por la ley las apuestas, la Secretaría de Gobernación no las permite; entonces, si no, con mucho gusto lo hacía. Pero como ellos permiten. Es hasta por cinco.

Están llamándolos a misa, compañeros diputados.

Como se permite —voy a terminar, voy a terminar—. Sí, no paguemos el peaje; eso es lo que propongo. Muchas gracias, compañeros diputados y compañeras diputadas.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro del Mazo Maza, del Partido Verde Ecologista de México.

Doy la más cordial bienvenida, junto con los miembros de la Mesa Directiva, a motociclistas de distintas asociaciones y miembros de la Asociación Mexicana de Comercio e Industria de la Motocicleta, como invitados especiales de nuestro próximo orador. Muy bienvenidos.

El diputado Alejandro del Mazo Maza:Con su permiso, señor presidente. Primero que nada, quisiera darles la bienvenida a todos nuestros amigos motociclistas que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias.

Que las motos paguen la mitad que los automóviles en el tema de peaje. Ésa es la propuesta y eso es lo que estamos promoviendo el día de hoy. El presente dictamen que estará a votación atiende la necesidad de ofrecer un cobro justo para que los usuarios de motocicletas, que circulan dentro de las carreteras de cuota de nuestro país, ya que actualmente la ley no establece los parámetros para diferenciar las cuotas de peaje entre motocicletas y automóviles, inhibiendo así el uso de las motocicletas.

El costo de infraestructura, costos de mantenimiento y operativos, incluyendo costos de desgaste y flujo vehicular, son algunas de las consideraciones que se toman en cuenta para el tema del peaje; sin embargo, las motos desgastan una tercera parte que los automóviles.

Resulta inequitativo para los conductores de motocicletas, ya que éstas reciben el mismo trato tarifario que los autos, a pesar del evidente menor desgaste que causan a la red carretera, derivado de su menor peso, el material más blando de sus neumáticos y su menor área de contacto en el rodamiento.

En los últimos años se ha presentado un incremento en la utilización de motocicletas como medio de transporte, con un crecimiento del 17 por ciento en el año 2010. Con esto se vendieron 328 mil unidades, frente a 820 mil automóviles. Este incremento refleja la facilidad de adquisición, bajo costo de mantenimiento, bajo consumo de combustible y la agilidad en el desplazamiento que hay en las ciudades y carreteras mexicanas, las cuales cada día están más colapsadas en sus vías.

Otro factor importante a considerar es el hecho de que las motocicletas ofrecen un mayor rendimiento por combustible. Es prácticamente el doble que un automóvil. De acuerdo con el INEGI, existen 2.4 millones de motocicletas en circulación de un total de más de 32 millones de vehículos. De estos, el 1.4 por ciento es en viajes individuales y utilizan realmente muy poco del sistema de la red carretera de nuestro país. Nosotros contamos en México con una red carretera federal de 48 mil kilómetros. De éstos, aproximadamente 8 mil kilómetros son de cuotas. De por sí nuestras carreteras son caras.

Para nosotros el costo es aproximadamente de 1.46 pesos por kilómetro recorrido. Nuestras carreteras están entre las más caras de México, entre las más caras del país.

Es por eso que coincido y comparto, como lo decía mi compañera, y esta propuesta que hice junto con la diputada Paz Quiñones, es precisamente para que las motocicletas paguen lo justo, que paguen mínimo la mitad de lo que pagan los automóviles. Por su atención, por su cooperación, muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el señor diputado Ignacio Téllez González.

Doy la más cordial bienvenida a estudiantes de la Universidad Iberoamericana de Hidalgo, invitados por la diputada Alma Carolina Viggiano Austria.

El diputado Ignacio Téllez González:Señoras y señores legisladores. Establecer que las motocicletas paguen el 50 por ciento menos, sin duda que es una excelente decisión.

Considero que el mayor daño o desgaste que reciben las carreteras de nuestro país es por el peso vehicular de sus diferentes configuraciones y principalmente, está asociado con los ejes que tiene, por lo que el peaje a pagar se determina respecto a su número.

En este sentido, las motocicletas deberían de pagar menos peaje, ya que generan una afectación mínima a la estructura o desgaste de la carpeta de rodamiento por donde transitan.

Es importante comentar que en la Comisión de Transportes tuvimos un debate muy importante e intenso en esta materia y que al final coincidimos en que las motocicletas deberían de pagar menos que los automóviles, por el que acordamos entre los grupos parlamentarios crear un cobro justo a este medio de transporte.

Consideramos en el Grupo Parlamentario del PAN que las motocicletas son un importante medio de transporte, accesible para las familias mexicanas que no tienen automóvil.

Cabe señalar que las motocicletas, por sus características específicas son duraderas, fáciles de reparar y dependiendo de los modelos, representan bajos costos en mantenimiento, además de que siempre han sido parte imprescindible de nuestra sociedad e incluso son promotoras del turismo, como ha sucedido en los últimos 13 años en la población de Hostotipaquillo, Jalisco, cuando en su primer año asistieron solamente 14 motocicletas a rendirle culto a la Virgen del Favor, hoy llamada Patrona de los Motociclistas; evento que se realiza el tercer domingo del mes de enero y que este año tuvo una asistencia de más de 10 mil motociclistas, cuando su población es solamente de 5 mil habitantes. Sin duda que esto es importante, este movimiento de los motociclistas y por eso, estamos apoyando esta iniciativa.

Por último, es importante señalar que el Grupo Parlamentario del PAN ha presentado propuestas específicas en esta Legislatura para buscar que a las motocicletas se les reduzca el peaje, debido a que generarían importantes aforos motociclistas a las se les cobraría un peaje más justo y a la vez, esta medida permitiría que genere mayores ingresos para la red de autopistas en el país.

Por esa razón, el Grupo Parlamentario del PAN hace un posicionamiento a favor y los invita a que voten a favor de esta iniciativa. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo:Con su permiso, diputado presidente. Compañeros diputados y amigos de los clubs de motociclismo que nos acompañan, uno de los detonadores del crecimiento de nuestro país son las vías de comunicación, las cuales contribuyeron a que el crecimiento del producto interno bruto de México fuera de 3.8 durante 2010, según las cifras del Banco Central.

Para el año 2010 la red carretera nacional tiene una longitud total de 333 mil kilómetros, de los que 106 mil correspondían a carreteras libres; 5 mil 933 a autopistas de cuota; 160 mil a caminos rurales y alimentadores.

De acuerdo con estos datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esto ha facilitado el traslado de ciudadanos y mercancías, fomentando así un mejor desarrollo del comercio, de servicios del turismo, tanto nacional como internacional.

En México, el sistema carretero se encuentra conformado por autopistas operadas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos; por el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas y por otros concesionarios. La cantidad en aumento de motocicletas en circulación, no sólo de recreación sino de trabajo, nos dan un índice de la necesidad para este transporte.

El promover el uso de vehículos que generen una menor cantidad de contaminantes es también una de nuestras prioridades como país.

Al establecerse una tarifa diferenciada para las motocicletas estamos respondiendo también al comportamiento y las necesidades de la sociedad, ya que como mencionamos, este medio de transporte ha tomado un papel cada vez más preponderante. Lo que se traduce en mayores beneficios para la economía local en menos emisiones dañinas a la atmósfera y se atienden los argumentos de naturaleza jurídica, económica y social, que han expuesto los grupos, asociaciones presentes y usuarios de las motocicletas.

Es notoria la iniquidad que existe entre la tarifa que paga un auto y una motocicleta, ya que se cobra lo mismo por igual recorrido y ruta, aunque es menor el desgaste de la superficie de rodamiento que provocan.

Por todo lo anterior, consideramos que la reforma al artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, tal como la dictaminó la Comisión de Transportes de esta honorable Cámara, responde a una necesidad muy clara de nuestra sociedad en esta materia. Por su voto a favor y a los compañeros que nos acompañan, muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra, para hablar en pro del dictamen, el señor diputado Jaime Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Este debate ha planteado distintos temas sobre la importancia de reducir o de no pagar el peaje en las carreteras. Hay que decir que tiene que ver con los derechos fundamentales, tiene que ver con la protección y la garantía del derecho de tránsito. Esto es lo primero que hay que decir.

Lo segundo, es lo que apuntaba ya mi compañero Fernández Noroña, cuando indicaba que los servicios públicos en este país debieran, además de ser todos públicos, gratuitos. Ése sería el ideal de un estado del bienestar generoso.

Hasta hace algunos años —recuerdo en mi niñez—, no se cobraba en las carreteras cuota alguna, peaje alguno. Esto de cobrar cuotas en las carreteras es parte de una historia reciente en México, que tiene que ver con el desarrollo del modelo económico neoliberal, que ha favorecido que servicios públicos que deben ser gratuitos por ellos, los ciudadanos, tengan que cobrar el Estado o los concesionarios encargados de esos servicios públicos.

Yo iría hasta un poco más allá y diría que en materia de carreteras del servicio público, que garantiza el derecho de tránsito de los mexicanos, tendríamos que considerar a estos bienes, a estas infraestructuras como parte de las áreas estratégicas del Estado, para que fuesen, en los términos del artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, para que fuesen ámbitos totalmente ajenos al contratismo de los particulares o a las concesiones de los particulares.

Sabemos que para transformar de esta manera la realidad lo que tendríamos que hacer es modificar, en primer lugar, el modelo económico neoliberal y, en segundo lugar, incrementar el ámbito de protección en los derechos económicos, sociales y culturales, pero también de los derechos civiles y políticos de los mexicanos.

Vean cómo este debate que tiene aparentemente qué ver con la reducción del peaje por el uso de motocicletas, tiene que ver; por un lado, con los derechos fundamentales, con el modelo de Estado que prevalece en nuestro país, con el modelo económico neoliberal y con la necesidad de transformar todas estas injustas estructuras del actual statu quo, para que tengamos un tipo de Estado y de sociedad más generosa, más igualitaria y más democrática.

También abogo para que los motociclistas y los automovilistas no paguen peaje en las carreteras de México. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra, a favor del dictamen, el diputado Melchor Sánchez.

El diputado Melchor Sánchez de la Fuente: Con su permiso, señor presidente. Con el de los diputados aquí presentes, amigos. Soy motociclista de toda una vida; he cruzado los caminos en varios países, principalmente el de México. Esos caminos tan preciosos que hemos visto en toda la superficie de nuestro país.

Sí, no es fácil ser motociclista, porque somos medidos con la misma vara. Somos medidos con las camionetas, somos medidos con los automóviles que tienen 4 ejes. Somos medidos injustamente, porque una motocicleta nada más tiene 2 ruedas, en vez de 4. Utiliza menos la superficie asfáltica. Una motocicleta no hace daño a la carpeta asfáltica ni a la base que tiene esa carpeta, como un automóvil lo podría llegar a hacer en caso de algún accidente o con el simple hecho de rodar por las carreteras mexicanas de cuota. No podemos ser medidos de la misma manera, porque los motociclistas somos buenos. Los motociclistas queremos que mejoren las vialidades.

La manera más fácil de hacer que nuestras vialidades mejoren es haciendo que todos, de una u otra manera, tuviéramos la oportunidad de andar en motocicleta.

Se los recomiendo. Es algo maravilloso. Es algo bueno y es algo que ayudaría mucho a no contaminar nuestro país. Es algo que ayudaría muchísimo a la congestión automovilística que tienen nuestras ciudades y en especial, en la Ciudad de México. Es algo que ayudaría muchísimo para poder hacer de México un país con futuro.

Como otros países, en otras latitudes, son motociclistas por vocación, aquí nosotros tenemos que empezar desde este momento. Votar a favor de este dictamen es votar a favor del futuro de una industria tan importante, como es la industria motociclística, que también tiene muchos empleos y que debemos mejorar.

Generar esta iniciativa, generar este punto que podemos votar a favor podría mejorar la vida de muchos mexicanos. Viva el motociclismo, compañeros. Votemos a favor este dictamen y hagamos la justicia para el motociclismo. De aquí a Acapulco pagamos varios miles de pesos. Varios miles de pesos en esa autopista, que justamente el turismo nos lo agradecerá y el motociclismo también. Gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El señor diputado Emilio Serrano, quiere formular, señor orador, una pregunta. Don Melchor, quiere formularle una pregunta, ¿la acepta?

El diputado Melchor Sánchez de la Fuente:Sí, con mucho gusto.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Adelante, señor diputado Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Diputado, sabiendo que es importante, muy importante el tiempo que se lleva uno en el traslado de un lugar a otro, principalmente al trabajo, a la escuela, en fin, es importante la contaminación, es importante el estrés, y qué bueno que ustedes se preocupen por hacer menos tiempo, por estresarnos menos, por contaminar menos.

¿Qué opina usted, diputado, si en la Ciudad de México —que es una de las más congestionadas de tránsito de la República mexicana y del mundo— son buenas las vías, como la vía rápida que se está construyendo en el poniente de la Ciudad de México? Ésa es una pregunta, ¿qué opina?

El diputado Melchor Sánchez de la Fuente: Que sí son buenas, que sí son buenas las vías para el motociclismo.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Si es una buena medida para hacer menos tiempo, menos estrés y menos contaminación. La otra, ¿qué opina del Estado de las autopistas que están en pésimas condiciones, siempre reparándolas? ¿Son caras, feas y peligrosas?

Ustedes que conducen motocicleta a una alta velocidad muchas veces se ven en peligro hasta de perder la vida por la reparación que hacen en esas autopistas. La pregunta es: ¿estarían ustedes de acuerdo que, en el tiempo que se llevan reparando esos tramos de autopista, no cobraran peaje? Por sus respuestas, gracias.

El diputado Melchor Sánchez de la Fuente: Bien. Gracias, diputado. Claro que se mejoraría muchísimo si las motocicletas estuvieran en las calles con el respeto del automovilismo necesario. Claro que se disminuiría en gran cantidad la contaminación. Claro que el problema de congestionamiento sería una solución tremenda.

Lo hemos vivido ya en otros países, en donde el 40, el 30 por ciento de los móviles son motocicletas, y no motocicletas simple y sencillamente por el hecho de subirse, sino motociclismo para transportarnos a nuestro trabajo, motociclismo para ir a desarrollar las actividades necesarias.

Además, en la economía familiar sería todo un gran acontecimiento el que en lugar de estar gastando litros de gasolina, que sube todos los meses, mes por mes, fuera un litro de gasolina para la motocicleta, que caminaría de entre 20 y 50 kilómetros, dependiendo la cilindrada.

Claro que las vialidades se verían mucho, pero mucho muy beneficiadas. Sobre todo, el estrés que se maneja se reduciría, porque habría más movilidad. Acuérdense que una motocicleta ocupa menos de la tercera parte del área que ocupa un automóvil; si en vez del embotellamiento que vivimos hoy por la mañana en Viaducto fueran motocicletas, seguramente no habría habido ese problema.

Es cuestión de cultura, es cuestión también de saber manejar la motocicleta, tomar las condiciones necesarias y clases necesarias para poder respetar y poder moverse en una motocicleta. Además de que la motocicleta la puede comprar muy fácil cualquier familia. Hay motocicletas desde 25 mil pesos, nuevas; hay motocicletas muy caras, pero ya es cuestión de las familias de saber cuál es la que adquieren. No sé si eso responda a su pregunta.

Con respecto a la segunda, la segunda es, efectivamente las carreteras son problema. Las carreteras, cuando no tienen el debido mantenimiento, el motociclismo va encontrándose en el camino ciertos obstáculos como son los baches; o cuando un camión de transporte tira un barrote de cuatro por cuatro y nos lo topamos enfrente, en cuestión de micras de segundo; entonces, sí tendríamos graves problemas.

Pero tenemos que saber que el motociclismo va para adelante. Va para adelante el motociclismo, compañeros y lo vamos a lograr. Vamos a tener vialidades muy sanas y lo vamos a lograr.

El diputado Juan José Guerra Abud(desde la curul): Señor presidente, si me acepta una pregunta el orador.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado, ¿acepta usted una pregunta del diputado Juan José Guerra?

El diputado Melchor Sánchez de la Fuente: Para servirle, con mucho gusto.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Adelante, diputado Guerra.

El diputado Juan José Guerra Abud(desde la curul): Presidente; colegas. Aprovechando que hay aquí un grupo importante de organizaciones de motociclistas, preguntarte, colega, si no sería recomendable sugerirles a todos ellos que respeten las señales de tránsito y sobre todo, que por su propia seguridad utilicen el casco.

Es penoso y es común ver a motociclistas, inclusive familias completas, que van en la moto el papá, la mamá y el hijo, sin usar el casco. A la mejor aprovechar la tribuna, colega, para sugerirles a ellos que utilicen el casco y que respeten todas las señales de tránsito, por su seguridad y la de todos.

El diputado Melchor Sánchez de la Fuente: Claro, diputado Juan José Guerra. Muchas gracias por la recomendación. Es una recomendación para todos los motociclistas.

Definitivamente tenemos que tomar las precauciones necesarias, es nuestra vida la que está arriba de una motocicleta. Definitivamente, no es motivo de descuido, simple y sencillamente sí hay que respetar ese reglamento que ya existe, sobre todo los señalamientos de tránsito y sobre todo, el casco, claro que sí.

El peaje. No es posible que paguemos lo mismo que una camioneta. No es posible que paguemos lo mismo que un automóvil. No es posible que el peso de un automóvil supere por 10 veces el peso de una motocicleta. Esa motocicleta tiene que pagar en relación al uso de las carreteras de peaje y es el motivo por el que estamos aquí. Ojalá y voten todos a favor de este dictamen, que ha salido de esta misma Legislatura.

El diputado José María Valencia Barajas (desde la curul): Presidente, si me acepta una pregunta el orador.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Le quiere formular una pregunta el diputado José María Valencia, ¿acepta?

El diputado Melchor Sánchez de la Fuente: Sí, claro; con mucho gusto, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Adelante, diputado.

El diputado José María Valencia Barajas(desde la curul): Diputado, reiterando la primera pregunta que le hacía el diputado Emilio Serrano, respecto a que las autopistas, todas a nivel nacional, en muchos tramos son muy lentas a causa de las reparaciones y son inseguras. ¿Qué opina usted que en esos tramos no se cobrara el peaje a los automovilistas? Ésa es la pregunta.

El diputado Melchor Sánchez de la Fuente: A los automovilistas en general, si la autopista no cumple, por lo cual están haciendo la reparación; si la autopista lo que ofrece no lo está cumpliendo, pues no puede cobrar por ningún motivo por lo que cobra.

Creo que en los automovilistas, en general, sería cuestión de si el daño hace que tu tiempo se deteriore completamente, pues hay que pedirles que no hagan el pago, pero creo que éste es un tema independiente que podemos platicarlo después y con muchísimo gusto estaría yo a platicarlo con usted, señor diputado. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes de la Escuela Preparatoria Regional de Tamazula y de la Universidad de Guadalajara, invitados por el señor diputado José Trinidad Padilla López. Asimismo da la más cordial bienvenida a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, invitados por el diputado Antonio Benítez Lucho.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo(desde la curul): A favor.

La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal(desde la curul): A favor.

El diputado Ramón Jiménez López(desde la curul): Cambio el sentido de voto a favor.

El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera (desde la curul): A favor.

El diputado Domingo Rodríguez Martell(desde la curul): A favor.

El diputado Isaías González Cuevas(desde la curul): A favor.

El diputado David Ricardo Sánchez Guevara(desde la curul): A favor.

El diputado Héctor Fernández Aguirre(desde la curul): A favor.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho (desde la curul): Cambio el sentido de mi voto, de abstención, a favor.

El diputado Fausto Sergio Saldaña del Moral(desde la curul): A favor.

El  diputado Omar Fayad Meneses(desde la curul): A favor.

La diputada Blanca Juana Soria Morales(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Alejandro Moreno Merino(desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Romero Romero(desde la curul): A favor.

El diputado Inocencio Ibarra Piña(desde la curul): A favor.

El diputado César Daniel González Madruga(desde la curul): A favor.

La diputada Sofía Castro Ríos(desde la curul): A favor.

El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba(desde la curul): A favor.

El diputado Juan Carlos Lastiri Quirós(desde la curul): A favor.

La diputada María Isabel Merlo Talavera(desde la curul): A favor.

La diputada Paz Gutiérrez Cortina(desde la curul): A favor.

La diputada Marcela Guerra Castillo (desde la curul): A favor.

La diputada María Marcela Torres Peimbert (desde la curul): A favor.

La diputada Laura Piña Olmedo (desde la curul): A favor.

La diputada Alba Leonila Méndez Herrera (desde la curul): A favor.

La diputada María Cristina Díaz Salazar (desde la curul): A favor.

La diputada Silvia Isabel Monge Villalobos (desde la curul): A favor.

La diputada Margarita Gallegos Soto(desde la curul): A favor.

El diputado Miguel Antonio Osuna Millán(desde la curul): A favor.

El diputado Jaime Flores Castañeda (desde la curul): A favor.

El diputado Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (desde la curul): A favor.

El diputado  Israel Madrigal Ceja (desde la curul): A favor.

El diputado Liborio Vidal Aguilar (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Diputado presidente, se emitieron 375 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 375 votos, el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII del  artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona los artículos 224 Bis y 224 Bis 1, a la Ley General de Salud.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 224 Bis y 224 Bis 1 a la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f) y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada con fecha 22 de febrero del 2011, el diputado Miguel Antonio Osuna Millán del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha la Mesa Directiva de este órgano Legislativo, turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud, para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

Facultar a la Secretaría de Salud para implantar las medidas y acciones necesarias a efecto de impulsar y fomentar la disponibilidad de los medicamentos huérfanos, haciéndolos asequibles para la población, y concederles el reconocimiento sanitario, o en su caso, el registro sanitario, de acuerdo con los lineamientos que para tales efectos sean emitidos. Asimismo, la secretaría facilitará los procedimientos y trámites en materia de autorizaciones para este tipo de medicamentos, y podrá emitir recomendaciones a los institutos nacionales de salud para la investigación y el desarrollo de los medicamentos con potencial en su efectividad. Definir a los medicamentos huérfanos como los productos que estén destinados a curar o tratar enfermedades con baja prevalencia, que afecten a menos de cinco personas por cada diez mil habitantes, y cuya disponibilidad en el país sea limitada o nula, o bien, del que no haya una estimación razonable de que pueda ser desarrollado en el ámbito nacional por la industria farmacéutica.

III. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4°:

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Los medicamentos huérfanos, son productos destinados al tratamiento de enfermedades raras que afectan a un pequeño número de personas y generalmente son debilitantes o amenazan la vida.

Existen alrededor de 5,000 enfermedades raras en el mundo, 80% de ellas son de origen genético y su tratamiento se lleva a cabo con medicamentos de origen biotecnológico.

Tercera. Debido a la baja incidencia suele haber poco interés y poco presupuesto para la investigación y desarrollo de los medicamentos por parte de la industria farmacéutica (de ahí el nombre de huérfanos). Además, faltan centros especializados para la atención de estas enfermedades, no hay facilidades para el diagnóstico temprano y las instituciones públicas de salud no suelen tener presupuesto para los medicamentos que suelen ser costosos.

El bajo consumo de estos medicamentos hace que sea poco atractivo para la industria producirlos y comercializarlos para pocos pacientes, pero al reunir a los enfermos de muchas naciones, se torna económicamente viable. Por este motivo suelen ser pocos los fabricantes en el mundo, por lo que para acceder a este tipo de medicamentos deben ser importados.

Cuarta. El uso, registro, compra-venta e importaciones de estos productos no se ajustan bien a la regulación sanitaria actual, lo que ocasiona conflictos que complican su accesibilidad a los pacientes:

• No cumplen con todos los requisitos para obtener el registro sanitario de medicamentos en México, sin embargo su comercialización lo requiere.

• Las razones para importar medicamentos sin registros sanitarios (art.132 del RIS) no justifican explícitamente su importación.

• Las instituciones de salud pueden comprar los productos provenientes del extranjero, pero la población no asegurada tiene dificultades para acceder a estos medicamentos que son esenciales para mantener la salud y la vida.

• La importación de los productos biológicos requiere de la liberación lote a lote previas pruebas de laboratorio, lo cual no podría cumplirse en virtud del volumen de muestras que se requieren para las pruebas y la dificultad de su análisis.

Quinta. En la mayor parte de los países el concepto de medicamentos huérfanos es útil principalmente para apoyar con recursos financieros, técnicos y asesoría para su desarrollo desde la investigación hasta su comercialización. No existe esta figura en la regulación sanitaria de nuestro país, aun cuando existen mecanismos que permiten disponer de este tipo de medicamentos. Por lo que se cree conveniente definirla y establecer las condiciones regulatorias adecuadas en la Ley General de Salud.

Sexta. No obstante lo anterior, esta dictaminadora considera que la definición de medicamento huérfano que propone el legislador, cuya frase señala “... y cuya disponibilidad en el país sea limitada o nula, o bien, del que no haya una estimación razonable de que pueda ser desarrollado en al ámbito nacional por la industria farmacéutica”, es muy general, toda vez que puede propiciar que cualquier medicamento con una molécula nueva o cualquier medicamento que no se fabrique en el país (por ejemplo las vacunas) podría ser considerado como un medicamento huérfano.

Por otra parte, se considera importante incluir dentro de la definición la frase “destinados a la prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades raras”, términos utilizados por los ministerios de salud que se encuentran a la vanguardia en la regulación de medicamentos huérfanos, como son la Comunidad Europea y los Estados de Unidos de América.

Séptima. En este sentido y con la finalidad de que la definición se encuentre homologada a la regulación internacional se propone la siguiente definición de medicamentos huérfanos y se considera más adecuado que dicha definición se adicione como un artículo Bis y Bis 1 al artículo 224 del ordenamiento jurídico en comento y no como un cuarto párrafo al artículo 222.

En mérito de lo antes expuesto, la Comisión de Salud se permite someter a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente:

Decreto por el que se adicionan los artículos 224 Bis y 224 Bis 1 a la Ley General de Salud

Artículo Único. Se adicionan los artículos 224 Bis y 224 Bis 1, a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

224 Bis. Medicamentos huérfanos: A los medicamentos que estén destinados a la prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades raras, las cuales tienen una prevalencia de no más de 5 personas por cada 10, 000 habitantes.

224 Bis 1. La Secretaría de Salud implementará las medidas y acciones necesarias a efecto de impulsar y fomentar la disponibilidad de los medicamentos huérfanos, haciéndolos asequibles para la población. Asimismo, la Secretaría de Salud podrá emitir recomendaciones a los Institutos Nacionales de Salud para la investigación y el desarrollo de medicamentos con potencial en su efectividad.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las acciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la administración pública federal, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente decreto, deberán cubrirse en función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de Ingresos de la Federación y sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria.

Palacio Legislativo, a los 22 días del mes de junio de 2011.

La Comisión de Salud, diputados:Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho, Rosalina Mazari Espín, Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo, María del Pilar Torre Canales, secretarios; Felipe Borja Texocotitla, Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales, Leandro Rafael García Bringas (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado, José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea, Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina, Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Oralia López Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En consecuencia, está a discusión en lo general. Tengo registrados como oradores en pro del dictamen a los diputados Gerardo Verver y Vargas Ramírez, diputada Silvia Esther Pérez Ceballos y diputado Víctor Manuel Castro Cosío. Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Gerardo Verver y Vargas.

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez:Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Existen cinco mil enfermedades que afectan a menos de cinco por cada 10 mil habitantes en nuestro país. Quién no ha tenido la historia de enfermos de fenilcetonuria, la historia de personas con enfermedades complicadas como mucopolisacaridosis y así podemos mencionar muchas, que hacen que los niños y las niñas tengan el riesgo de morir.

Actualmente, en el mundo existen medicamentos que pueden ayudar a que esas niñas y esos niños puedan sobrevivir. Estos medicamentos tienen cuatro características; la primera, es que no estaban disponibles en nuestro país por no tener un registro sanitario con la oportunidad de clasificarlos; la segunda, que por lo general su producción en algunos casos es tan sofisticada que tienen que ser de importación.; la tercera, que los costos tan altos de estos medicamentos hacen difícil el acceso de ellos a las poblaciones que no tiene capacidad para pagarla; y la cuarta, que todo esto, en conjunto, impedía a las instituciones de salud a que sean revisados por el Consejo Nacional de Salubridad General y le den clave para que las instituciones de salud tengan la oportunidad de tenerlas en sus cuadros básicos de medicamentos.

¿Qué ha pasado? Ha pasado que esas niñas y esos niños, con esos medicamentos, tendrían la oportunidad de vivir más tiempo.

Pero también existen enfermedades en las adultas y en los adultos que cuando son tratados con este tipo de medicamentos su calidad de vida es sustancialmente mejor y son personas que llegan a vivir prácticamente en condiciones normales.

¿Quién de ustedes no conoce algún familiar que tenga artritis reumatoide y que esa enfermedad esté deformando sus articulaciones, que esté dañando sus órganos internos y en un tiempo se vuelvan verdaderamente personas inválidas? ¿Quién no conoce personas que tienen problemas de colitis, de tipo ulcerativa donde esto puede suceder?

La verdad, creo que hay una alta oportunidad con estos medicamentos huérfanos. Los medicamentos huérfanos son medicamentos que no podían quedar clasificados en ningún lugar.

Ha habido luchas, en los tribunales, por las personas con mucopolisacaridosis, para que les surtan los medicamentos las instituciones de salud. Estas luchas las han librado en los tribunales, porque no había una parte en la Ley General de Salud que lo contemplara.

Por ello, creo, que el Partido de la Revolución Democrática va a votar a favor de que estos medicamentos sean considerados en la ley, con dos fines: que se puedan comprar en nuestro país y que las instituciones de salud puedan adquirirlas para el beneficio de todas y todos.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El señor diputado Enrique Ibarra quiere hacerle una pregunta al orador, ¿acepta?

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez:Sí, señor, a la orden.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Adelante, diputado Ibarra.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Gracias, ciudadano presidente. Me parece de la mayor relevancia, de la mayor trascendencia, le hago un reconocimiento a usted y a quienes hayan impulsado una reforma de esta naturaleza.

Quisiera que nos ilustrara usted, más o menos, si tienen estimado en qué tiempo se materializarían las reformas que aquí se aprobaran, en cuanto a costos y acceso a las medicinas. Porque efectivamente, lo que usted menciona, lamentablemente, vastísimos sectores de nuestra población no tienen acceso a este tipo de medicinas.

Mi pregunta iría en dos vertientes: ¿en cuánto tiempo se materializaría para la importación, para que formaran parte de los apoyos en el sector salud, y en qué medida sería el beneficio económico en porcentaje con estas modificaciones, doctor?

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez: Lo primero sería que al momento en que se publicara la ley, esto permitiría hacer la presión seria al Consejo de Salubridad General, que sesiona probablemente unos seis meses al año, para que los incluya en los cuadros básicos de medicamentos.

Estaríamos hablando de que en no más de un año habría la posibilidad de que las instituciones de salud las pudieran comprar, porque tendrían una clave.

La otra, que sería muy seria, tendríamos que sensibilizar a las autoridades que compran los medicamentos para que en los recursos que se quedan para gastos catastróficos, en el Seguro Popular o en el IMSS o en el ISSSTE, lo contemplen a compra.

Ha habido mucho cuestionamiento sobre los precios de los medicamentos, pero la verdad, algunos de ellos ejercen una calidad de vida diferente.

Voy a poner un ejemplo. Las personas que tienen artritis reumatoide, que se le pone un biotecnológico que se le pondría cuando va comenzando, una o dos veces al mes, tiene la posibilidad de vivir normalmente y tendría un ahorro de vida en tiempos y en posibilidad de incapacidad mucho más sustancial a los costos de los medicamentos.

El gran problema de estos medicamentos son los costos, pero el problema no es ése. El gran problema es que las personas que lo necesitan o se incapacitan permanentemente o algunas no llegan a vivir más de 5, más de 10, más de 15 años de edad.

La posibilidad. Creo que si esto saliera en el momento en que se publicara, tendríamos que hacer la gestión necesaria —y ahí yo me incluyo—, para que en no más de un año las instituciones de salud lo incorporen a su cuadro básico. Claro, las compras transparentes, la asignación adecuada y conveniente es fundamental.

Pero no es posible que ahorita instituciones de salud no estén respondiendo a la expectativa de jueces, que les piden que las den y por el argumento de que no existe una parte de la ley que lo contempla y que no tiene una clave, las instituciones no las quieran comprar. Es todo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado Juan José Guerra, quiere hacerle una pregunta al orador, ¿acepta? Adelante, diputado.

El diputado Juan José Guerra Abud(desde la curul): Gracias, presidente. Diputado, usted que es el especialista, nos surgía aquí la duda, porque nos suena —ahora sí perdón por la redundancia—, nos suena raro el término enfermedades raras, ¿no debería ser, enfermedades poco frecuentes o yo no sé, algún término que pudiera, o enfermedades poco frecuentes?

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez: Poco prevalentes, pudiera ser.

El diputado Juan José Guerra Abud (desde la curul): Nos suena extraño el término, enfermedades raras, perdón.

El diputado Helado Gerardo Verver y Vargas Ramírez:La poca prevalencia de una enfermedad hace que raramente se presente. Como vemos en el documento, la posibilidad de la aparición de esta enfermedad es de cinco en 10 mil. Raras en su posibilidad de frecuencia, casi todas están asociadas a aspectos genéticos, en el 80 por ciento de los casos, y es una nomenclatura internacional que se utiliza.

Ahora, ¿el punto es de huérfano? Pues serían medicamentos que no tienen padre, que no tiene madre. Más bien, lo que pasa es que no han podido ser encasillados en un tipo de medicamentos específicos. Creo que ésa es una posibilidad y es un nombre que se le menciona en la literatura médica. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos.

La diputada Silvia Esther Pérez Ceballos:Con su venia, señor presidente. El dictamen, que hoy será votado por este pleno, permitirá aprobar una iniciativa que tiene como signo distintivo el interés por la equidad y la justicia en el ejercicio del derecho a la protección de la salud a favor de las minorías.

Prueba de ello fue el trabajo que se hizo en la Comisión de Salud y que lo hemos votado unánimemente; gracias también al trabajo del presidente, el diputado Osuna. Quiero agradecer todo el esfuerzo para con este tema.

El artículo 2o. de la Ley General de Salud, en su fracción IV, establece que una de las finalidades del derecho a la protección de la salud es la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud.

El dictamen de la iniciativa que hoy nos ocupa pretende armonizar nuestro marco jurídico sanitario con los de Japón, Australia y la Unión Europea, en el tema de los medicamentos huérfanos, los cuales son identificados a nivel mundial como un medicamento destinados al tratamiento de enfermedades raras que afectan a un pequeño número de personas, pero que no representan una opción atractiva de inversión para la industria farmacéutica.

Los costos de producción y registro de tales medicamentos generalmente resultan superiores a las ganancias que se podrían conseguir con su venta al público, en virtud del bajo consumo que prometen, dada la baja incidencia de las enfermedades que se tratan con ellos.

Se calcula que existen alrededor de 5 mil enfermedades raras en el mundo, 80 por ciento de ellas son de origen genético y su tratamiento se lleva a cabo con medicamentos de origen biotecnológico, que actualmente son más costosos.

Los legisladores de Acción Nacional estamos convencidos de que el derecho a la protección de la salud es un derecho social y que por ello, exige la intervención activa del Estado en dos vertientes: la creación de una mejor y más efectiva infraestructura para la salud, que permita que todas las personas tengan acceso a los recursos necesarios para protegerla, mejorarla y restaurarla; la creación también de las condiciones necesarias para controlar o eliminar los posibles riesgos y peligros que potencialmente puedan dañar su salud. La iniciativa en comento se encuadra principalmente en la primera vertiente.

En esta iniciativa se incluye en la ley secundaria una definición de medicamentos huérfanos, a la que se le ha incorporado un criterio poblacional, a fin de que no se confundan con ningún otro tipo de medicamentos.

Por eso es que les pido, compañeros, que votemos y otorguemos el voto a favor, ya que con ello serán beneficiados aquellos mexicanos que tuvieron la mala fortuna de padecer una enfermedad rara en los términos que explica el decreto. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el señor diputado Miguel Osuna Millán, para alusiones personales.

El diputado Miguel Antonio Osuna Millán: Con su venia, diputado presidente. Buenos días, compañeras diputadas y compañeros diputados. La salud sin lugar a dudas es un derecho universal conquistado por el ser humano y en México, plasmado en el artículo 4o. de la Constitución, el cual establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

Es preciso señalar que los medicamentos huérfanos son productos destinados al tratamiento de enfermedades raras que afectan a un número pequeño de personas y que generalmente, son enfermedades debilitantes y que amenazan la vida. Existen, en efecto, alrededor de cinco mil enfermedades raras en el mundo y 80 de ellas son de origen genético.

Debido a esta baja incidencia suele haber, en la realidad y en la práctica, muy poco interés y poco presupuesto para la investigación y desarrollo de estos medicamentos, además de que faltan centros especializados para la atención de estas enfermedades; no hay facilidades de un diagnóstico temprano y las instituciones públicas de salud no suelen establecer con premeditación el debido presupuesto para estos medicamentos, que por lo regular son costosos.

En la mayor parte de los países el concepto de medicamentos huérfanos es útil, principalmente para apoyar con recursos técnicos y financieros su desarrollo, desde la investigación hasta su comercialización.

No existe esta figura en la regulación sanitaria mexicana, aun cuando existen medicamentos que permiten disponer mecanismos de este tipo de medicamento; por lo que se cree conveniente definirla y establecer las condiciones regulatorias adecuadas en la Ley General de Salud.

Es de suma importancia proteger el desarrollo e incentivo de estos productos, ya que los pacientes, si bien es una cantidad reducida de mexicanos, tienen el mismo derecho a la salud que los pacientes con enfermedades más comunes.

Esta noble reforma, compañeros diputados, busca hacer a estos medicamentos más accesibles a la población, abatir el desabasto y concederles el reconocimiento sanitario o en su caso, el registro de acuerdo con los lineamientos que para tales efectos sean emitidos. Asimismo, facilitar los procedimientos y trámites en materia de autorización y poder emitir recomendaciones a los institutos nacionales de salud para la investigación y el desarrollo, con potencial en su efectividad.

Asimismo, implementar medidas y acciones necesarias, a efecto de impulsar y fomentar la disponibilidad de estos medicamentos haciéndolos accesibles a la población.

La aprobación de esta reforma por parte de la Comisión de Salud, se generó como resultado de un ejercicio responsable en la búsqueda de los consensos por parte de todos los miembros de esta comisión, debido a que nuestro compromiso como legisladores va encaminado a garantizar a todos los mexicanos el mejoramiento, bienestar y protección de la salud. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Castro Cosío.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío:Gracias, señor presidente. Quiero felicitar a la Comisión de Salud y mi reconocimiento a favor de este dictamen.

Pero hay un concepto que introdujeron, que creo que es importante el día de hoy analizar su contradicción. Medicamentos huérfanos. Los que están huérfanos de medicamentos son los sudcalifornianos. Hoy en Baja California Sur se está padeciendo el desabasto más grave en la historia del ISSSTE. Apenas el día de ayer no había ni siquiera suero. Es una terrible situación la que está padeciendo el pueblo de Baja California Sur afiliado al ISSSTE.

Este asunto, compañeras y compañeros, mientras votamos a favor un dictamen, se establece una profunda contradicción de buena fe, pero que en la realidad va más allá de un asunto estrictamente jurídico, va más allá de una legislación.

Hoy, a nombre del pueblo de Baja California Sur, exigimos que se cumpla con el abasto necesario, fundamental a la institución, otrora orgullo de México y que hoy está padeciendo una de las graves crisis más delicadas de la historia nacional.

No quiero entrar en la parte política. Lo que me interesa el día de hoy es denunciar ante el pueblo de México, esta condición de desabasto que viven.

Es una vergüenza que el día de ayer más de 700 personas hayan hecho cola para las citas semanales de obtener los medicamentos básicos; hay gente con padecimientos graves que no está siendo atendida porque no hay medicamentos. Esto es lo delicado de este tema.

Mientras, aquí podemos votar leyes favorables, pero en la realidad, no hay el abasto necesario indispensable.

Hace dos meses le planteamos al director general del ISSSTE, ¿qué ocurre en Baja California Sur? ¿Qué ocurre? Mientras está un hospital inaugurándose y por lo que lo felicitamos, sigue la gente en Baja California Sur viviendo una realidad contraria al discurso.

Llamo la atención de ustedes, compañeros, para que votemos a favor de esta iniciativa, pero que también rechacemos este desabasto que está habiendo y les pido que exhortemos a la Dirección General del ISSSTE para que haya el medicamento necesario y suficiente para atender a los derechohabientes de esta institución. Por su atención muchas gracias.

El pueblo de Baja California Sur se está organizando para defender lo que en justo derecho tienen: medicamentos para todas y todos los ciudadanos.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si este dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido. En virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto

(Votación)

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a integrantes del Colegio de Directores de Escuelas Secundarias de la zona escolar S017, municipio con sede en Ecatepec de Morelos, estado de México, invitados por el diputado José Luis Soto Oseguera.

De igual manera recibe con satisfacción a estudiantes de la Escuela Secundaria Oficial número 0286, de Santiago Casandejé, municipio de Jocotitlán, estado de México.

Invitados del municipio de Cuautitlán Izcalli, que fueron atendidos en su visita a esta Cámara por quien les formuló la invitación correspondiente, el diputado Francisco Rojas Sanromán.

Estudiantes del Tecnológico Universitario de México, licenciatura en derecho, invitados por el diputado Vidal Llerenas Morales, e integrantes de la Universidad Autónoma del estado de México, invitados por la diputada Elvia Hernández García. Sean todos ustedes bienvenidos.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Está abierto el sistema electrónico, favor de emitir su voto. Está abierto el sistema electrónico, señores diputados. Vamos a proceder a cerrar el sistema electrónico, señores diputados. Está abierto, señores diputados. De viva voz, diputado.

El diputado Liborio Vidal Aguilar (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Está abierto el sistema, señores diputados. Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, tenemos 345 votos a favor.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 345 votos el proyecto de decreto que adiciona los artículos 224 Bis y 224 Bis 1 a la Ley General de Salud. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el inciso 19), de la fracción I, del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el inciso 19 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso 19) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

La Comisión de Justicia de la LXI Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

I.En sesión celebrada el 8 de marzo de 2011 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso 19) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

II.En 8 de marzo del 2011, la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, turnó la iniciativa, con el número de oficio D.G.P.L. 61-II-8-905, a la Comisión de Justicia, para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa de la diputada, propone reformar el inciso 19) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. Encuentra su justificación en los siguientes argumentos:

Recientemente el secretario de Economía señaló que la dependencia a su cargo ha detectado posibles casos de acaparamiento de maíz en diversas entidades del país, lo cual resulta de suma gravedad ya que recientemente por las heladas en el norte del país se perdieron un número importante de toneladas de granos lo que generó el alza al precio de las tortillas.

No obstante de que el acaparamiento es un delito en contra de la riqueza y el consumo nacional, éste no se encuentra calificado como delito grave, no obstante de que afecta de manera grave a la sociedad por tratarse de un productos de consumo nacional, de ahí la necesidad de agravar esta conducta.

Por tanto, proponemos tipificar como delito grave los delitos contra el consumo y las riquezas nacionales establecidos en la fracción I del artículo 253 del Código Penal Federal.

Las últimas heladas en el norte del país ocasionaron pérdidas a productores y agricultores de estados como Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora, afectando la producción de trigo, sorgo, maíz, hortalizas y papa.

Datos oficiales señalan que alrededor de 220 mil jornaleros agrícolas quedaron sin trabajo y la economía nacional obtuvo daños de alrededor de mil 700 millones de dólares tan sólo en la exportación de hortalizas 1.

Derivado de lo anterior, uno de los efectos que de manera inmediata viene afectar la economía de las familias es el aumento indiscriminado en el precio de la tortilla, por el acaparamiento del maíz.

El propio secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, aseguró que existe la garantía del abasto en el maíz y que no hay causas internas –sino sólo presiones internacionales– para el alza del grano, de hortalizas y de otros alimentos, mientras que el secretario de Economía, Bruno Ferrari, ha señalado que existe una “tendencia de incremento” de la tortilla, pero por abuso de comercializadores, no de los tortilleros.

Asimismo la Procuraduría Federal del Consumidor ha señalado que verificará las denuncias que existen en el aumento en los precios del maíz, con la finalidad de identificar si existe acaparamiento del producto con la finalidad de provocar un alza en el precio del maíz.

Por tanto, la especulación y el acaparamiento injustificados son legal y moralmente condenables por ocultar y alterar el precio de un bien de consumo que en la alimentación y cultura de los mexicanos tiene un simbolismo: la tortilla.

No obstante de que este tipo de conductas afectan gravemente no sólo la economía de las familias sino la riqueza nacional, no se encuentran calificadas como delitos graves, por tanto, proponemos agravar estas conductas en el Código Federal de Procedimientos Penales, ya que se trata de un debate no concluido, –el constante incremento a los precios de la tortilla–, toda vez que al margen de las medidas implantadas resulta indispensable dotar a las autoridades de procuración de justicia de los instrumentos para consignar a los responsables por estos hechos.

Contenido de la iniciativa

Se propone reformar el inciso 19) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Código Federal de Procedimientos Penales

Texto vigente

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1) a 18) ...

19) Contra el consumo y riqueza nacionales, previsto en el artículo 254, fracción VII, párrafo segundo;

20) a 36) ...

II. a XVIII. ...

Propuesta

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1) a 18) ...

19) Contra el consumo y riqueza nacionales, previsto en los artículos 253, fracción I, y en el artículo 254, fracción VII, párrafo segundo;

20) a 36) ...

II. a XVIII. ...

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Justicia de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes

Consideraciones

1. La presente iniciativa propone añadir, al inciso 19 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, el contenido del artículo 253 fracción I.

2. Esta comisión después de entrar al estudio considera viable la propuesta, como bien dice el cuerpo de la iniciativa nuestra Constitución es clara al establecer en el segundo párrafo del artículo 28 que la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.

3. El Código Penal Federal en su artículo 253 establece como delitos en contra del consumo y la riqueza nacional entre otras las siguientes conductas:

a) El acaparamiento, ocultación o injustificada negativa para su venta, con el objeto de obtener un alza en los precios o afectar el abasto a los consumidores.

b) Todo acto o procedimiento que evite o dificulte, o se proponga evitar o dificultar la libre concurrencia en la producción o en el comercio.

c) La limitación de la producción o el manejo que se haga de la misma, con el propósito de mantener las mercancías en injusto precio.

d) Todo acuerdo o combinación, de cualquier manera que se haga, de productores, industriales, comerciantes o transportistas, para evitar la competencia entre sí y traiga como consecuencia que los consumidores o usuarios paguen precios exagerados.

e) La suspensión de la producción, procesamiento, distribución, oferta o venta de mercancías o de la prestación de servicios, que efectúen los industriales, comerciantes, productores, empresarios o prestadores de servicios, con el objeto de obtener un alza en los precios o se afecte el abasto de los consumidores.

f) La venta con inmoderado lucro, por los productores, distribuidores o comerciantes en general;

4. Es de suma importancia esta propuesta, toda vez que los alimentos son un tema que nos atañe a todos y es un problema, como lo manifiesta la diputada proponente de interés nacional, por lo que merece elevarlo a delito grave, viviendo ya los antecedentes de los cambios climatológicos que serán tema frecuente en los próximos años.

Por todo lo anterior, los integrantes de la Comisión de Justicia someten a consideración de esta asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el inciso 19) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales

Único. Se reforma el inciso 19) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1) a 18) ...

19) Contra el consumo y riqueza nacionales, previsto en los artículos 253, fracción I, y en el artículo 254, fracción VII, párrafo segundo;

20) a 36) ...

II. a XVIII. ...

Transitorios

Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2011.

La Comisión de Justicia, diputados:Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato García (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Camilo Ramírez Puente, Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Juanita Arcelia Cruz Cruz, Eduardo Ledesma Romo, secretarios; Israel Madrigal Ceja (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Norma Leticia Salazar Vázquez, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa, Nancy González Ulloa, Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), Pedro Vázquez González, J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz:Con su permiso, señor presidente. A nombre de la Comisión de Justicia hago uso de la voz para manifestar y clarificar el contenido, alcance de este importante dictamen. Se trata de establecer como delito grave las siguientes conductas:

a) El acaparamiento de granos, que como el maíz se oculten con el objeto de obtener un alza en los precios o afectar el abasto a los consumidores.

b) Todo acto que se proponga evitar su producción o comercio.

c) La limitación de la producción o el manejo que se haga de estos productos, con el propósito de mantener la mercancía en injusto precio.

d) Todo acuerdo o combinación, de cualquier manera que se haga, de productores, industriales, comerciantes o transportistas, para evitar la competencia entre sí y traiga como consecuencia que los consumidores o usuarios paguen precios exagerados.

La suspensión de la producción, procesamiento, distribución, oferta o venta de mercancías o de la prestación de servicios que efectúen los industriales, comerciantes, productores, empresarios o prestadores de servicios, con el objeto de obtener un alza en los precios o se afecte el abasto de los consumidores.

La venta con inmoderado lucro por los productores, distribuidores o comerciantes en general.

Como todos sabemos, la especulación y el acaparamiento injustificado de productos básicos, particularmente del maíz, es éticamente condenable, por ocultar y alterar el precio de un bien de consumo que en la alimentación y cultura de los mexicanos tiene un gran simbolismo.

Por tanto, es de suma importancia este dictamen, toda vez que los alimentos, particularmente el maíz, son un tema que nos atañe a todos y es un problema de interés nacional, por lo que merece elevarse a delito grave toda conducta encaminada a encarecer sus precios.

Añadiría, además, que se trata de un mandato constitucional, ya que nuestro texto fundamental es claro al señalar que la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios.

Todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados, y en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general, o de alguna clase social.

Por todas estas razones, compañeras y compañeros diputados, ponemos a consideración de esta honorable asamblea, la discusión de ese dictamen; por lo que les pedimos a todas y a todos, nos apoyen con su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señora diputada. Tengo registrados para la discusión en lo general y en lo particular, a los diputados Mary Telma Guajardo Villarreal y Leonardo Arturo Guillén Medina.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente, para hacer uso de la palabra.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: ¿A favor?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Y al diputado Jaime Cárdenas Gracia. Hace uso de la palabra la diputada Guajardo, hasta por tres minutos.

La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal:Gracias, diputado presidente. Con referencia este dictamen que presenta la Comisión de Justicia, que contiene el proyecto de decreto que reforma el inciso 19), de la fracción I, del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, la especulación y el acaparamiento injustificado de productos básicos, particularmente del maíz, es legal y éticamente condenable por ocultar y alterar el precio de un bien de consumo que en la alimentación y cultura de las mexicanas y los mexicanos tiene un simbolismo particular.

Como todas y todos sabemos, nuestro país enfrenta serios problemas de alimentación derivado de las inclemencias del tiempo, el incremento cotidiano a los precios de los combustibles y productos de la canasta básica. A este fenómeno igual contribuye el estancamiento de los salarios y por supuesto, la falta de empleos.

Por tanto, nuestro grupo parlamentario, por mi conducto, propusimos sancionar severamente esta conducta mediante la iniciativa que hoy se dictamina, y se estará agravando conductas tales como el acaparamiento, ocultación para la venta de granos, con el objeto de obtener un alza en los precios o afectar el abasto a los consumidores; todo acto o procedimiento que evite o dificulte la libre concurrencia en la producción o en el comercio. De igual manera, la limitación de la producción o el manejo que se haga de la misma, con el propósito de mantener las mercancías en injusto precio.

Todo acuerdo que se haga de productores, industriales, comerciantes o transportistas para evitar la competencia entre sí, y traiga como consecuencia que los consumidores o usuarios paguen precios exagerados.

También la suspensión de la producción, procesamiento, distribución, oferta o venta de mercancías o de la prestación de servicios que efectúen los industriales, comerciantes, productores, empresarios  o prestadores de servicios, con el objeto de obtener un alza en los precios o se afecte el abasto de los consumidores.

Compañeras y compañeros, a nombre de mi grupo parlamentario agradezco la confianza y la sensibilidad de los integrantes de la Comisión de Justicia por estar de acuerdo con este proyecto de dictamen. Ojalá y todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, también lo voten a favor. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene el uso de la palabra el diputado Leonardo Arturo Guillén Medina.

El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, muy en especial felicito a todos los integrantes de la Comisión de Justicia, que preside nuestro distinguido diputado Humberto Benítez Treviño, a quien felicito por cómo encabeza los trabajos de esta comisión.

El dictamen que hoy nos ocupa es de vital y notable importancia para todo México, el atender la problemática del consumo y abastecimiento de alimentos para las familias mexicanas debe ser una cuestión de primer orden en las agendas de todos los Poderes del Estado mexicano.

El trabajo que hemos emprendido desde el inicio de esta legislatura se ha enfocado en cuestiones y problemas actuales y de interés para todos los mexicanos, en la constante búsqueda de un México con progreso y un mejor porvenir en su futuro.

La propuesta que hoy se presenta es concreta, proteger a la ciudadanía de las conductas que afecten gravemente el consumo nacional respecto de los artículos de primera necesidad, o bien, relacionados con materias primas necesarias para su elaboración o esenciales para la actividad de la industria nacional.

Con la aprobación de este dictamen serán consideradas como delito grave aquellas conductas de acaparamiento, de acaparamiento de mercancías, de productos, de ocultación o injustificada negativa para la venta de las mismas, así como también aquellos actos o procedimientos que eviten la libre concurrencia en la producción o en el comercio, o bien, que tiendan a limitar la producción de mercancías, entre otras y varias conductas que se tipifican.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional coincide con el argumento central que aprobamos en la Comisión de Justicia, al señalar que la reforma es adecuada, en atención a lo establecido por el artículo 28 de nuestra Carta Magna, donde se impone a las autoridades la obligación de perseguir y sancionar severamente toda concentración o acaparamiento en pocas manos de artículos de consumo necesario y que dicho acaparamiento tenga por objeto obtener el alza de los precios.

De igual manera, con la aprobación de esta reforma se evitará que los probables responsables o indiciados durante el procedimiento penal obtengan su libertad provisional, permitiendo con ello que no puedan sustraerse de la acción de la justicia, dejando impunes este tipo de conductas.

Ahora bien, con el propósito de impulsar el voto a favor del dictamen, es importante destacar que la reforma no conlleva únicamente a implicaciones en el ámbito penal, sino que también contribuye a la protección del derecho a la alimentación, considerado como un derecho fundamental de toda la humanidad, en nuestra Carta Magna y en diversos tratados internacionales, en los que México es parte.

Una de las obligaciones, como legisladores —concluyo, señor presidente— es impulsar todas las acciones legislativas tendientes a cuidar la economía de todos los lugares mexicanos, con mayor razón de las familias que cuentan con menos posibilidades económicas para adquirir la canasta básica de consumo.

Por ello, cualquier conducta ilícita que dañe o afecte los artículos de consumo y a la riqueza nacional debe sin duda castigarse por las autoridades administrativas y judiciales y nosotros aquí, en el Congreso de la Unión, dotar a la ley de reformas, como las que hoy responsablemente, estoy seguro, aprobaremos todos.

Por mi conducto, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, manifestamos la expresión a favor del dictamen que hoy se discute, pero, sobre todo, reiteramos nuestro total compromiso y solidaridad con todas las familias mexicanas, refrendando nuestra entera disposición en el cumplimiento de la obligación de emprender todas las acciones legislativas que permiten y logran beneficios a la economía familiar de todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Jaime Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Es una reforma realmente importante al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y me congratulo de ella, porque es una reforma que desde hace mucho tiempo debió haber sido aprobada.

Con esta reforma no se hace otra cosa más que cumplir lo que señala el párrafo segundo del artículo 28 de la Constitución, como hace un momento me decía la diputada Enoé Uranga; es decir, el 28 de la Constitución, en su párrafo segundo, establece que habrá castigos severos a los que concentren o acaparen en unas pocas manos artículos de consumo necesario. Entonces, es una reforma consecuente con la Constitución, con el artículo 28 de la misma, con su párrafo segundo. Sin embargo, este dictamen califica estos delitos solamente como delitos graves.

Me sorprendió cuando leí el dictamen, porque la Comisión de Justicia cuando nos presenta dictámenes, por lo menos en las últimas semanas, en todos ellos, además de calificar a los delitos como graves, como el que acabamos de votar hace un momento respecto del robo de autotransporte federal, además implica, de ser delito grave, una violación o una tipificación prevista en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Me comencé a preguntar, ¿por qué esto que es tan grave, que atenta contra la riqueza nacional, que atenta contra el patrimonio de millones de mexicanos, no es además de delito grave, un delito que pueda ubicarse en los supuestos de delitos contra la delincuencia organizada? No hay explicación. Solamente se prevé en esta Cámara que son delitos contra la delincuencia organizada aquellos que tienen que ver con la afectación del patrimonio, de concesionarios del autotransporte, de grandes empresarios. Pero cuando se trata de la sociedad ya no son delitos contra la delincuencia organizada, sino solamente son delitos graves.

Qué contradicción. Qué doble rasero existe en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Estoy a favor de que sea un delito grave este delito, porque así lo establece la propia Constitución General de la República, pero me parece absurdo que en este caso no se considere también un delito contra la delincuencia organizada.

Quiero preguntarles por qué es así, ¿por qué esto no es un delito contra la delincuencia organizada? ¿Por qué? ¿Porque se trata de proteger a los delincuentes de cuello blanco? Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Para alusiones personales hará uso de la palabra, hasta por 3 minutos, la diputada Enoé Uranga.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz:Muchísimas gracias, presidente. Con mucho gusto hoy acudo a reaccionar ante este planteamiento. Se trata de una de las reformas, que creo, más nos dignifican como LXI Legislatura, después de décadas y décadas de que el Congreso de la Unión ha incumplido la Constitución, el mandato constitucional de hacer grave el acaparamiento.

Después de décadas y décadas de protección a los grandes empresarios, a los ricos, a las grandes cadenas productoras, a las grandes tiendas de autoservicio que han lucrado con el hambre de la gente, que aprovechan la pobreza, que aprovechan los momentos de crisis para enriquecerse.

Estamos dando un paso fundamental para, por fin, tocar a esos grandes ejemplos de lo que puede llegar a hacer la miseria humana. Aquéllos que por enriquecerse no tienen el menor decoro de caminar por encima de los más necesitados, de abusar del hambre y de aprovechar los momentos más dolorosos del país, los momentos en los que estamos en desastres, en crisis; y guardar los productos de la canasta básica para encarecerlos y para venderlos a los que menos tienen.

Hoy por fin estamos tocando, no a ese delincuente común que roba por hambre, sino a esos grandes ricos, a esos miserables que les roban a los que tienen hambre. Por una vez tocamos a los que más tienen y a los que más tienen la fuerza de robarle al pueblo.

Creo que es una deuda que teníamos con la población entera del país y creo que es un acierto que el Grupo Parlamentario del PRD lo haya planteado así y el que todos hoy —espero— de manera mayoritaria estemos acompañándolos.

Por supuesto que no está resuelto; por supuesto que tenemos que ir más a fondo con la delincuencia organizada, pero hoy tendremos a un empresario que intente hacer la mezquindad, que intente hacer estas acciones miserables, por fin con una posibilidad de ir tras las rejas.

Vergonzoso era que estos desgraciados, que estos desgraciados con riqueza pudieran pagar una fianza y salir impunemente, a pesar de ser responsables de la muerte por hambre de muchos connacionales.

Orgullo es, pues, para esta LXI Legislatura irnos poniendo al corriente con los que menos tienen. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Diputadas y diputados por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Esta Mesa Directiva saluda al presidente municipal de Pinos y de Jalpa, así como de otros municipios del estado de Zacatecas, invitados a esta Cámara por el diputado Samuel Herrera Chávez. Sean ustedes bienvenidos.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Ciérrese el sistema de votación. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 314 votos a favor, 5 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 314 votos el proyecto de decreto que reforma el inciso 19) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a fin de que los gobiernos estatales y el del Distrito Federal incorporen en sus Presupuestos de Egresos la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 81, 83, 85 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 9 de marzo de 2011, la diputada María Elena Pérez de Tejada Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó en la sesión del pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a fin de que los gobiernos estatales y el del Distrito Federal incorporen en sus Presupuestos de Egresos la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Equidad y Género para análisis y dictamen.

Contenido de la iniciativa

En la exposición de motivos, la iniciadora manifiesta que en el marco de Naciones Unidas se han celebrado conferencias mundiales en las que la perspectiva de género se ha aceptado como eje fundamental para analizar las relaciones entre mujeres y hombres, con el objetivo de conocer positivamente esas diferencias y generar propuestas encaminadas a eliminar la discriminación y garantizar la igualdad sustantiva.

Señala que de los instrumentos internacionales de derechos humanos emana el compromiso de incorporar de manera transversal dicha perspectiva, no sólo en el diseño, en la implantación, en el seguimiento y en la evaluación de las políticas públicas sino, también, en los programas y presupuestos en todos los niveles de gobierno de los tres poderes del Estado.

Por ello, indica, hay la necesidad de asignar los recursos humanos y materiales indispensables para incidir en cada poder del Estado y sus instancias, y en cada uno de sus programas. Implica asimismo una revisión profunda y una transformación integral de las instituciones, de manera que la perspectiva de género sea parte de todos sus procesos cotidianos.

Al respecto, advierte, un avance fundamental para lograr igualdad real entre mujeres y hombres ha sido la expedición de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006. En ella, detalla, se establece el objetivo de regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y de proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres.

Asimismo, en tal ordenamiento se instituye la obligación del gobierno federal de incorporar en los Presupuestos de Egresos de la Federación la asignación de recursos para el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad.

En ese sentido, anota, en el país hoy contamos con recursos para la igualdad entre mujeres y hombres; todos ellos, gastos etiquetados que consolidan de alguna manera un mecanismo real para el desarrollo de las leyes para la igualdad entre mujeres y hombres y para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y constituyen una herramienta concreta para monitorear programas, acciones y estrategias de la política pública dirigidas y que afectan directamente a las mujeres.

Afirma que los esfuerzos deben venir de todos los frentes, por lo que presenta una iniciativa donde se establece que a los gobiernos estatales y el del Distrito Federal también corresponderá incorporar en los Presupuestos de Egresos de la entidad federativa la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en material de igualdad.

Por consiguiente, señala, también se propone instituir claramente que a las entidades federativas corresponde crear un organismo encargado de diseñar, vigilar y evaluar la aplicación de los mecanismos institucionales de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, que deberán ser aplicados en las instancias administrativas de la entidad, así como vigilar el cumplimiento del gobierno estatal o el del Distrito Federal relacionadas con la materia.

Además, propone asentar en la Ley General para la Igualdad que a las entidades federativas corresponda no sólo elaborar sino aplicar las políticas públicas locales en la materia.

Con tal reforma, asegura, se establece de forma clara la obligación de las entidades federativas de asignar recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad, y de crear un organismo encargado de diseñarla, aplicarla, vigilarla y evaluarla; ello, como un ejercicio de corresponsabilidad con los ciudadanos en pro de lograr una democracia efectiva donde la igualdad de acceso y oportunidades sea una realidad para mujeres y hombres.

En suma, considera, hoy más que nunca no podemos más que pugnar por una corresponsabilidad en las políticas y en la asignación de recursos para lograr una efectiva igualdad entre mujeres y hombres. Por eso debemos continuar avanzando hacia la institucionalización de una perspectiva de género que permita tomar en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y de hombres en cada una de las etapas de las políticas públicas y el proceso presupuestario, impulsando con ello un enfoque que permita alcanzar la equidad y mejorar la eficacia de las políticas públicas.

Por lo expuesto, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona la fracción I Bis y se reforman la II y la III del artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 15. Corresponde a las y a los titulares de los gobiernos estatales y del Distrito Federal

I. ...

I Bis. Incorporar en los Presupuestos de Egresos de la entidad federativa y del Distrito Federal la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad;

II. Crear un organismo encargado de diseñar, vigilar y evaluar la aplicación de los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, que deberán ser aplicados en las instancias administrativas de la entidad, así como vigilar el cumplimiento de los compromisos del gobierno estatal o del Distrito Federal relacionados con la materia;

III. Elaborar y aplicar las políticas públicas locales, con una proyección de mediano y largo alcances, debidamente armonizadas con los programas nacionales, dando cabal cumplimiento a la presente ley; y

IV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Consideraciones

Primera. De la revisión de las atribuciones que la Ley General para la Igualdad confiere a los estados y al Distrito Federal encontramos que las fracciones I y II del artículo 15, del capítulo tercero, señalan que les corresponde la conducción de la política local en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así como crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, mediante las instancias administrativas que se ocupen del adelanto de las mujeres en los estados y el Distrito Federal.

Asimismo, las fracciones III y IV les asignan las facultades de elaborar las políticas públicas locales, con una proyección de mediano y largo alcances, debidamente armonizadas con los programas nacionales y la promoción, en coordinación con las dependencias de la administración pública federal, de la aplicación de la Ley General para la Igualdad.

En este tenor, el artículo 27 de la citada ley señala que, en el marco del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, los gobiernos de los estados y el del Distrito Federal coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con el Instituto Nacional de las Mujeres o, en su caso, con las dependencias o entidades de la administración pública federal, a la consolidación y al funcionamiento del sistema nacional.

Así también, tendrán la tarea de planear, organizar y desarrollar en sus respectivas circunscripciones territoriales los sistemas estatales de igualdad entre mujeres y hombres, procurando su participación programática en el sistema nacional.

En materia de planeación, en el artículo 29 de la Ley General para la Igualdad se establece que el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres será propuesto por el Instituto Nacional de las Mujeres, tomando en cuenta las necesidades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como las particularidades de la desigualdad en cada región. El citado programa deberá integrarse al Plan Nacional de Desarrollo, así como a los programas sectoriales, institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación.

Específicamente, señala que los programas que elaboren los gobiernos de los estados y el del Distrito Federal, con visión de mediano y largo alcances, indicarán los objetivos, las estrategias y las líneas de acción prioritarios, tomando en cuenta los criterios e instrumentos de la política nacional de igualdad, en congruencia con los programas nacionales.

Igualmente, derivado de su inclusión en el Sistema Nacional para la Igualdad, las entidades federativas y el Distrito Federal, artículos 27 y 29 de la Ley General para la Igualdad, están comprometidos a armonizar sus acciones de conformidad con la política nacional en la materia.

Segunda. A fin de examinar cómo las entidades federativas y el Distrito Federal han armonizado sus marcos normativos para garantizar los derechos previstos en la Constitución General y las leyes que deriven de orden federal, la comisión dictaminadora considera oportuno exponer algunos ejemplos, principalmente para observar si desde el ámbito local se atienden ya las preocupaciones de la proponente; esto es, si la legislación local prevé recursos presupuestarios que apuntalen la acción gubernamental en materia de igualdad, si se cuenta con organismos encargados de diseñar, aplicar, vigilar o evaluar las políticas locales en ese sentido.

Tercera. Por ejemplo, para el caso de la ciudad capital, la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal establece en el artículo 8 que corresponde al jefe del gobierno formular, conducir y evaluar la política de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; implantar y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y cumplimiento de la política de igualdad sustantiva en el Distrito Federal, mediante la aplicación del principio de transversalidad, a través del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal; implantar las acciones, las políticas, los programas, los proyectos y los instrumentos que garanticen la adopción de acciones afirmativas; promover en coordinación con las dependencias de la administración las acciones para la transversalidad de la perspectiva de género; y crear y aplicar el programa en el Distrito Federal, con los principios que la ley señala, así como suscribir convenios a través del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, a fin de impulsar, fortalecer y promover la difusión y el conocimiento de la presente ley, velando por su cumplimiento en los ámbitos público y privado.

Por tanto, el artículo 9o. de la citada ley señala que corresponde al Instituto de las Mujeres del Distrito Federal establecer vínculos de colaboración permanente con organismos públicos, privados y sociales, para la efectiva aplicación y cumplimiento de la presente ley; suscribir los convenios necesarios para el cumplimiento de la presente ley; participar en el diseño y formulación de políticas públicas locales en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; evaluar la aplicación de la presente ley en los ámbitos público y privado, así como coordinar los instrumentos de la política en el Distrito Federal en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Así, el artículo 18 establece que el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal deberá revisar y evaluar anualmente el Programa General de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación hacia las Mujeres. Más adelante, el artículo 35 establece que el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal llevará a cabo el seguimiento, la evaluación y el monitoreo de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el Distrito Federal. Se puntualiza que la vigilancia implica no sólo recibir información sobre las medidas y actividades que instauren los sectores público y privado sino evaluar su efecto en la sociedad.

En este contexto, uno de los de los instrumentos de la política en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, lo constituye el Sistema para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Distrito Federal, el cual es definido en el artículo 14 del citado ordenamiento como “el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen los entes públicos del Distrito Federal entre sí, con la sociedad civil organizada, instituciones académicas y de investigación. El sistema tiene por fin garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el Distrito Federal”.

Entre las atribuciones del sistema para la igualdad local, artículo 16, sobresalen las de evaluar las políticas públicas, los programas y servicios en materia de igualdad sustantiva, así como el Programa General de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación hacia las Mujeres; valorar y, en su caso, determinar la necesidad específica de asignaciones presupuestarías destinadas a ejecutar los programas y planes estratégicos de los entes públicos en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Además, en términos presupuestales, la política local que se desarrolle ha de garantizar que la planeación presupuestal incorpore la progresividad, la perspectiva de género, apoyado la transversalidad y previendo el cumplimiento de los programas, proyectos, acciones y convenios para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, como lo señala el artículo 10 de la Ley de Igualdad Sustantiva del DF.

Finalmente, por lo que corresponde al Programa General de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación hacia las Mujeres, previsto en el artículo 17, se establece que será elaborado por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal tomando en cuenta las necesidades del Distrito Federal y las particularidades de la desigualdad en cada demarcación territorial, ajustándose e integrándose al Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal. Dispone que el programa establezca los objetivos, las estrategias y las líneas de acción prioritarios, velando por la transversalidad y propiciando que los programas sectoriales, institucionales y especiales del Distrito Federal tomen en cuenta los criterios e instrumentos de la ley.

Cuarta. Otro ejemplo lo constituye Zacatecas, por citar una entidad que cuenta con ley para igualdad y con la integración de un sistema estatal. La Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Zacatecas considera entre otras disposiciones la obligatoriedad para la elaboración de los Presupuestos de Egresos con enfoque de género, tanto en el ámbito estatal como en el municipal; creación de un sistema estatal para la igualdad entre mujeres y hombres; las bases sobre las cuales deberá formularse la política de igualdad, no sólo para los organismos de gobierno, sino introduce a esta esfera a los sectores privado y social, así como la distribución de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional entre los poderes del estado, los entes públicos, los órdenes de gobierno y los sectores privado y social.

De esa manera, la ley también prevé la articulación de varios instrumentos para concretar los objetivos en la materia, los cuales son básicamente el Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Zacatecas, que tiene como propósito la coordinación de los entes públicos que lo integran para promover y procurar la igualdad entre mujeres y hombres.

También, la elaboración del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Zacatecas, que debe incluir, señala la ley, las particularidades específicas de la desigualdad en el medio rural y en el medio urbano; la creación de un modelo de equidad y la vigilancia en materia de igualdad.

Entre las atribuciones del Poder Ejecutivo estatal, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Zacatecas, figuran las de formular, conducir y evaluar la política de igualdad; diseñar y aplicar los instrumentos de la política de igualdad; implantar, fortalecer, mejorar y evaluar el modelo de equidad e incorporar en el Presupuesto de Egresos del estado la asignación de recursos para el cumplimiento de la política de igualdad.

En cuanto a la vigilancia, corresponde al instituto de las mujeres zacatecanas llevar a cabo el seguimiento, la evaluación y el monitoreo de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el estado. Específicamente, para el caso de las entidades públicas, lo hará a través de la implantación del modelo de equidad.

Quinta. En otro caso, en Sonora las tareas de vigilancia u observancia recaen en el Instituto Sonorense de la Mujer. Así, el artículo 20 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Sonora señala que, con base en lo dispuesto en la ley y sus mecanismos de coordinación, llevará a cabo el seguimiento, la evaluación y el monitoreo de las políticas estatal y municipales en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Por otra parte, el artículo 43 establece que la tarea de observancia consiste en formular y promover medidas y actividades que pongan en marcha las administraciones públicas estatales y las municipales; y evaluar el efecto en la sociedad de las políticas y medidas que afecten a las mujeres y a los hombres en materia de igualdad; entre otras acciones.

En lo concerniente a cuestiones presupuestales, el artículo 13 establece que el Ejecutivo estatal está facultado para conducir la política estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres; elaborar la política estatal en materia de igualdad, a fin de cumplir lo establecido en la presente ley; diseñar y aplicar los instrumentos de la política estatal en materia de igualdad e incorporar en los proyectos de presupuestos de egresos del estado la asignación de recursos para el cumplimiento de la política estatal en materia de igualdad.

Sexta. En otro ejemplo esclarecedor, la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Oaxaca establece en el artículo 11 como atribuciones del Poder Ejecutivo del estado las de elaborar y conducir la política estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres e incorporar en los Presupuestos de Egresos del estado la asignación de recursos para el cumplimiento de la política de igualdad, así como crear y aplicar el Programa Estatal para la Igualdad, entre otros.

Por otro lado, la ley en comento faculta en el artículo 38 a la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Estado y al Instituto de la Mujer Oaxaqueña a fin de desarrollar las tareas de la observancia en el seguimiento, en la evaluación y en el monitoreo de la política de igualdad.

Para ello, en el artículo 39 establece que la observancia consistirá en diseñar y promover medidas y acciones que ponga en marcha la administración pública en materia de igualdad entre mujeres y hombres; evaluar anualmente el impacto en la sociedad de la política de igualdad, el programa, así como las medidas y acciones en materia de igualdad que afecten a las mujeres y a los hombres.

Séptima. Durango es otro estado que cuenta con Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y con un ente coordinador de los esfuerzos locales en materia de igualdad. De ese modo, el artículo 15 establece que al Ejecutivo estatal corresponde conducir y determinar la política estatal de igualdad, diseñar, aprobar e implantar las políticas públicas en la materia, aprobar el programa de igualdad e incorporar en los Presupuestos de Egresos del estado la asignación de recursos para el cumplimiento de la política de igualdad.

En tanto, el artículo 17 dispone que el ente coordinador a nivel estatal será la Comisión de Igualdad y no Discriminación del estado, la cual tendrá como atribuciones la coordinación del monitoreo de la política estatal en la materia; estructurar la observancia de la igualdad sustantiva; efectuar el seguimiento, evaluación y sostenibilidad de la política local en la materia, así como verificar la observancia de la ley.

Por su parte, el Instituto de la Mujer Duranguense tiene como facultades, de acuerdo con el artículo 19, coordinar las acciones para la transversalidad de la perspectiva de género; crear y aplicar el programa estatal de igualdad; establecer los lineamientos sobre la rectoría de la igualdad sustantiva, y someterlos a la aprobación del Ejecutivo estatal; además, coordinar los programas de igualdad entre mujeres y hombres de las dependencias y las entidades de la administración pública estatal.

Por lo que toca a las actividades de observancia, los artículos 33, 24 y 35 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Durango señalan que la observancia deberá ser efectuada por personas de reconocida trayectoria y especializadas en materia de igualdad sustantiva, que sean invitadas por el presidente de la Comisión de Igualdad y no Discriminación del estado a participar en ella.

Y que ésta consistirá en recibir información sobre medidas y actividades que ponga en marcha la administración pública estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres; evaluar el efecto en la sociedad de las políticas y medidas que afecten a los hombres y a las mujeres en materia de igualdad, y proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico sobre la situación de las mujeres y de los hombres en materia de igualdad entre otros.

Octava. En ese tenor, 23 estados y el Distrito Federal contaban, hasta abril de 2011, con ley para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. De ellos, sólo 2 han expedido el reglamento respectivo, y la mitad cuenta con un organismo coordinador, ya sea sistema o comisión estatal.

De la revisión sucinta de sus correspondientes leyes para la igualdad –de las cuales hemos apuntado varios ejemplos en las consideraciones anteriores– podemos concluir que abordan la asignación de recursos para el cumplimiento de la política social para la igualdad y se prevé la existencia de organismos encargados de diseñar, aplicar, vigilar o evaluar las políticas locales en ese sentido. Asimismo, se consideran responsabilidades básicas referidas a la elaboración y la aplicación de las políticas públicas locales tendientes a garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Cabe destacar que hasta abril del presente año, estados como Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Tlaxcala no contaban con una ley de igualdad y un sistema coordinador.

Por tanto, la comisión dictaminadora considera que, independientemente de que en la mayoría de las entidades federativas y el Distrito Federal han introducido en sus legislaciones las atribuciones de asignar recursos para en cumplimiento de la política local en materia de igualdad, no está de más que se incorpore la propuesta de la iniciadora en el artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

En virtud de lo anterior, la comisión dictaminadora concuerda con la propuesta señalada de incorporar en los Presupuestos de Egresos de la entidad federativa y del Distrito Federal la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad, ya que tal inclusión reforzaría las atribuciones establecidas en un ordenamiento general, esto es en una norma cuyo objeto es la conjunción de esfuerzos para alcanzar la igualdad. Más aún, daría pie para que los estados que aún no han expedido la ley respectiva puedan armonizar su legislación sin menoscabo del pacto federal.

Novena. Por lo que corresponde a la propuesta de reformar la fracción II del artículo 15 –para “crear un organismo encargado de diseñar, vigilar y evaluar la aplicación de los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, que deberán ser aplicados en las instancias administrativas de la entidad, así como, vigilar el cumplimiento de los compromisos del gobierno estatal o del Distrito Federal relacionados con la materia”–, la comisión dictaminadora considera que riñe directamente con el carácter de los mecanismos locales para el adelanto de las mujeres, por cuanto que ya tienen como atribución la formulación, la vigilancia y la evaluación de la política local en la materia, así como de las acciones y programas que se desprendan; en otros casos, como en Oaxaca, las tareas de observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo recaen compartidamente en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el instituto de la mujer, responsable del programa estatal; incluso, por ciudadanos de reconocida trayectoria especializadas en materia de igualdad sustantiva , como ocurre en Durango; o únicamente en el mecanismo para el adelanto de las mujeres estatal, como en Sonora, donde las actividades de seguimiento, evaluación y monitoreo de las políticas estatal y municipales en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres recaen en el Instituto Sonorense de la Mujer.

En esencia, el mandato previsto en la fracción II del artículo 15 es que los mecanismos para el adelanto de las mujeres en los estados y en el Distrito Federal –es decir, las instancias de las entidades federativas creadas para el diseño, promoción y monitoreo de la aplicación de las políticas públicas en favor de los derechos de las mujeres de acuerdo con la definición de éstas prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su reglamento– creen y fortalezcan las acciones y programas conducentes en la materia de su competencia.

En abundancia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece en el artículo 14 que los congresos de los estados, con base en sus respectivas Constituciones, y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con arreglo a su Estatuto de Gobierno, expedirán las disposiciones legales necesarias para promover los principios, las políticas y los objetivos que sobre la igualdad entre mujeres y hombres prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley, más aún si consideramos que, derivado de la propia Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, los estados y el Distrito Federal adquieren compromisos en el marco del sistema nacional para la igualdad, como especifica el artículo 23, que a la letra señala:

Artículo 23. El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y las entidades de la administración pública federal entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos sociales y con las autoridades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres.

Además, la comisión dictaminadora tiene presente que el artículo 27 de la misma ley establece que los gobiernos de los estados y del Distrito Federal coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con el Instituto Nacional de las Mujeres o, en su caso, con las dependencias o entidades de la administración pública federal, a la consolidación y funcionamiento del sistema nacional. También tienen el encargo de planear, organizar y desarrollar los sistemas estatales de igualdad entre mujeres y hombres, procurando su participación programática en el sistema nacional.

En materia de planeación, en el artículo 29 se señala de manera concreta que los programas que elaboren los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, con visión de mediano y largo alcances, indicarán los objetivos, las estrategias y las líneas de acción prioritarios, tomando en cuenta los criterios e instrumentos de la política nacional de igualdad en congruencia con los programas nacionales.

Por tanto, es claro que los compromisos que adquieren los gobiernos estatales y del Distrito Federal ocurren en el marco del ente nacional coordinador, y están sujetos a la observancia que se deriva de las normas locales en la materia.

Por ello, la reforma de la fracción II del artículo 15 no es viable.

Décima. Por lo que hace a la reforma de la fracción III del artículo 15, con el propósito de asentar que a los titulares de los gobiernos estatales y del Distrito Federal corresponde elaborar y ejecutar las políticas locales de igualdad debidamente armonizadas con los programas nacionales, es conveniente reiterar que el texto vigente de la fracción I del mismo artículo establece que les corresponde conducir la política local en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Esto es, la conducción de las políticas locales implica guiarlas o dirigirlas hacia un objetivo concreto, por lo que lleva implícita la ejecución de las acciones y de los programas determinados por los entes administrativos.

Por lo demás, resulta obvio que al tener las responsabilidades de elaborar y conducir las políticas locales en materia de igualdad, así como la de crear las instancias coordinadoras de su implantación y de su evaluación, las autoridades de las entidades federativas y el Distrito Federal ejercen su función ejecutiva.

Por tanto, al estar ya considerada en la Ley General para la Igualdad, la propuesta de reformar la fracción III resulta inviable.

Por todo lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Equidad y Género emiten el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Artículo Único. Se adiciona la fracción I Bis del artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 15. Corresponde a las y a los titulares de los gobiernos estatales y del Distrito Federal

I. ...

I Bis. Incorporar en los Presupuestos de Egresos de la entidad federativa y del Distrito Federal la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad;

II. a IV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, mayo de 2011.

La Comisión de Equidad y Género, diputados:Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), presidenta; Ana Estela Durán Rico (rúbrica), Elvia Hernández García, Blanca Estela Jiménez Hernández, Felipe Grajales Kuri, Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica), Tomasa Vives Preciado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera, secretarios; Laura Arizmendi Campos, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez, Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Margarita Gallegos Soto (rúbrica), Laura Felícitas García Dávila, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Marcela Guerra Castillo, Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Juan Carlos Natale López, Luis García Silva (rúbrica), María Elena Pérez de Tejada Romero (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Leticia Robles Colín (rúbrica), Adela Robles Morales (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Elena Pérez de Tejada Romero, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada María Elena Pérez de Tejada Romero: Con su permiso, presidente. En representación de la Comisión de Equidad y Género me permito presentar el dictamen que expide la comisión, con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, para que los gobiernos estatales y el Distrito Federal incorporen en sus presupuestos de egresos la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad.

Este dictamen se fortalece, porque en el marco de Naciones Unidas se han celebrado diversas conferencias mundiales en las que la perspectiva de género se ha aceptado como eje fundamental para analizar las relaciones entre mujeres y hombres, con el objetivo de conocer positivamente esas diferencias y generar propuestas encaminadas a eliminar la discriminación y garantizar la igualdad sustantiva.

Señala que de los instrumentos internacionales de derechos humanos emana el compromiso de incorporar de manera transversal dicha perspectiva, no sólo en diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sino también en los programas y presupuestos, en todos los niveles de gobierno de los tres Poderes del Estado.

Por ello existe la necesidad de asignar recursos humanos y materiales indispensables para incidir en cada Poder del Estado, en sus instancias y en cada uno de sus programas.

En este sentido, afirmamos que todos los esfuerzos deben venir de todos los frentes; por lo que presentar este dictamen establece que los gobiernos estatales y el Distrito Federal también corresponderá incorporar en los presupuestos de egresos de la entidad federativa la asignación de recursos para el cumplimiento de la política en materia de igualdad.

En suma, consideramos hoy más que nunca, no podemos más que pugnar por una corresponsabilidad en las políticas y en la asignación de recursos para lograr una efectiva igualdad entre hombres y mujeres; por lo que debemos avanzar hacia la institucionalización de una perspectiva de género, que permita tomar en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y hombres en cada una de las etapas de políticas públicas y del proceso presupuestario, impulsando con ello un enfoque que permita alcanzar la equidad y mejorar la eficacia de las políticas públicas.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen, que sin duda alguna seguirá fomentando y construyendo la igualdad en nuestro país.

Por lo cual, presidente, nos permitimos pedir de la asamblea su voto a favor y también agradecer a las y a los diputados de la Comisión de Equidad y Género, que han votado esta iniciativa de su servidora y que tiene el objetivo de construir en la democracia, en la participación y en la igualdad de los hombres y de las mujeres. Muchas gracias, es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señora diputada. En la lista de oradores sólo tengo registrada a la diputada Tomasa Vives Preciado, en pro. ¿Algún diputado o alguna diputada que quiera inscribirse? Tiene la palabra la diputada Tomasa Vives Preciado, hasta por tres minutos.

La diputada Tomasa Vives Preciado:Con su permiso, presidente. Hoy, gracias al esfuerzo de diversos actores políticos y sociales, contamos con un marco institucional a través del cual se norma la coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios para regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Contar con marcos normativos como estos es reflejo de que en nuestro país se están gestando transformaciones culturales importantes, a favor de la igualdad y contra la discriminación, que por décadas hemos sido objeto las mujeres mexicanas por el simple hecho de ser mujeres.

Cada uno de estos ordenamientos jurídicos, como sabemos, instituye una serie de instrumentos y mecanismos, a fin de hacer real el ejercicio de los fines que persiguen. Así, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, establece como uno de los instrumentos de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, al Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres como un conjunto orgánico, articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos, donde hasta ahora sólo confluyen, según la ley, diversos actores de la administración pública federal, local y las organizaciones sociales.

Por su parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia instituye el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, el cual en su integración es una dinámica parecida al Sistema Nacional para la Igualdad.

Considero que estos mecanismos tienen un papel de importancia trascendental en el logro de los objetivos para la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Ambos sistemas tienen la importante tarea de condensar, conformar y materializar las políticas públicas y las acciones gubernamentales que hagan posible el ejercicio real de los derechos humanos de las mujeres.

Por tanto, es necesario que en ello participen no sólo los Poderes Ejecutivos federal y locales, sino el conjunto de los Poderes del Estado; es decir, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, a través de una representación de ellos, con derecho a voz pero sin voto.

Compañeros y compañeras: hoy más que nunca debemos ser capaces de reconocer que para atender el problema de la violencia contra las mujeres y eliminar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en el acceso a las oportunidades de una mejor calidad de vida en nuestro país es necesaria, sin duda, la participación de todos los ámbitos de gobierno y la intervención de los tres Poderes de la Unión, en el ámbito de su respectivas competencias.

Como representante del Grupo Parlamentario del PAN y con la convicción de que la suma de esfuerzos imprime la fuerza necesaria para lograr el fin último por el que fuimos elegidos como representantes de la ciudadanía: velar y mejorar el ejercicio de sus derechos, los invito hoy a apoyar la aprobación del dictamen a su consideración, que tiene como único fin instituir como invitados permanentes, con derecho a voz pero sin voto, a los Poderes Judicial y Legislativo en los sistemas de las leyes referidas, en aras de contribuir a la coordinación de acciones entre los tres Poderes de la Unión. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo particular y en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Pido a la Secretaría ordene abrir el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación del dictamen en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El diputado Liborio Vidal Aguilar (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, con el voto del diputado Liborio Vidal, tenemos 330 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado por 330 votos en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que adiciona el artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Ha llegado a esta Mesa Directiva una comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios en Juntas Directivas, de comisiones ordinarias y especiales. Ruego a la Secretaría dar lectura a la misma.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado José Ramón Martel López, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Jesús María Rodríguez Hernández  cause baja como presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Que el diputado Felipe Solís Acero cause alta como presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 10 de octubre de 2010.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado José Ramón Martel López, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Amador Monroy Estrada cause baja como integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que el diputado Amador Monroy Estrada cause alta como secretario en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que la diputada Ana Georgina Zapata Lucero cause baja como secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que la diputada Ana Georgina Zapata Lucero cause alta como integrante en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que el diputado José Luis Soto Oseguera cause alta como integrante en la Comisión de la Función Pública.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 10 de octubre de 2010.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa cause baja como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que la diputada Laura Viviana Agúndiz Pérez cause alta como integrante en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 10 de octubre de 2010.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que el diputado Juventino Castro y Castro cause baja como presidente (baja temporal) de la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que el diputado Alejandro Encinas Rodríguez cause alta como presidente en la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que la diputada Indira Vizcaíno Silva cause baja como integrante de la Comisión de Reforma Agraria.

• Que el diputado Alejandro Encinas Rodríguez cause baja como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que la diputada Indira Vizcaíno Silva cause alta como integrante en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 11 de octubre de 2010.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobadas. Comuníquense.

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 9 y adiciona la fracción V al artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 9 y adiciona la V al artículo 10 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El 24 de febrero de 2011, la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones XI y XXVIII del artículo 9 y adiciona una fracción V de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED).

2. Al día siguiente, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Derechos Humanos, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de la iniciativa

La diputada Lucila Gallegos sostiene en la exposición de motivos de su iniciativa que si bien es cierto que el derecho al acceso a la justicia se encuentra previsto en distintos instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, y aunque nuestra Constitución consagra en su artículo 1o. el derecho a no ser discriminado, cuando una persona pretende acceder al sistema de procuración e impartición de justicia por haber sido víctima de vulneración de alguno de sus derechos, se enfrenta a obstáculos, limitaciones o impedimentos para acceder a la justicia, lo que propicia un doble agravio contra su dignidad personal.

Cita el artículo 9 de la LFPED que “señala como práctica discriminatoria impedir el acceso a la procuración e impartición de justicia. No obstante, en la práctica las barreras existentes, no necesariamente impiden de facto el acceso a la justicia, empero si lo vulneran a través de limitaciones u obstáculos.” Por lo tanto, la propone sugiere reformar la fracción XI de este artículo, con el objeto de que se considere como prácticas discriminatorias limitar el acceso a la procuración e impartición de justicia.

Por otra parte, la legisladora señala que el ordenamiento legal citado considera otra práctica discriminatoria realizar o promover el maltrato físico o psicológico por la apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o asumir públicamente su preferencia sexual, estima que también son insuficientes, por ende, propone ampliar los supuestos de prácticas discriminatorias para contemplar los supuestos establecidos en el artículo 4 de la propia LFPED.

Finalmente, la proponente valora la conveniencia de incorporar, en el artículo 10 de la ley mencionada, una nueva fracción que aluda como medida compensatoria ofrecer información completa y actualizada sobre los derechos de las mujeres y las formas e instituciones ante los cuales pueden ejercerse.

Derivado del análisis de la iniciativa de mérito, esta Comisión formula las siguientes:

Consideraciones

Primera. Por lo que corresponde al primer planteamiento de la iniciativa, relativo a la ampliación de causales consideradas como prácticas discriminatorias de acuerdo a la LFPED, la fracción XI del artículo 9 de dicho ordenamiento cataloga como conducta discriminatoria “Impedir el acceso a la procuración e impartición de justicia.”

Al respecto, proponer dentro de esta fracción, relativa a las conductas discriminatorias, la incorporación del término “limitar” en el ámbito del acceso y la procuración de justicia, permitiría respetar de manera íntegra el derecho que tiene las personas para acceder de manera efectiva a la procuración de justicia, toda vez que en la actualidad, es bien sabido que los agentes del ministerio público regularmente limitan o restringen las declaraciones de los denunciantes.

Al respecto, el juez Sergio García Ramírez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, postula un vínculo relevante entre el efectivo acceso a la justicia y las garantías consagradas en la Convención Americana al señalar que el:

La proclamación de derechos sin la provisión de garantías para hacerlos valer queda en el vacío. Se convierte en una formulación estéril, que siembra expectativas y produce frustraciones. Por ello es preciso establecer las garantías que permitan reclamar el reconocimiento de los derechos, recuperarlos cuando han sido desconocidos, restablecerlos si fueron vulnerados y ponerlos en práctica cuando su ejercicio tropieza con obstáculos indebidos.  A esto atiende el principio de acceso igual y expedito a la protección jurisdiccional efectiva, es decir, la posibilidad real de acceder a la justicia a través de los medios que el ordenamiento interno proporciona a todas las personas, con la finalidad de alcanzar una solución justa a la controversia que se ha suscitado. En otros términos: acceso formal y material a la justicia.

Sumado a lo anterior, el artículo 7 de la LFPED prevé que: “...cuando se presenten diferentes interpretaciones, se deberá preferir aquella que proteja con mayor eficacia a las personas o a los grupos que sean afectados por conductas discriminatorias.” Luego entonces, el mandato que impone la ley se constriñe a lo que en la doctrina y en la práctica del derecho internacional de los derechos humanos se denomina la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, por virtud del principio pro persona, razón por la que toda autoridad deberá considerar la norma que beneficie más el respeto a los derechos fundamentales en pro de la dignidad personal.

Por lo que esta dictaminadora considera que la propuesta que realiza la diputada proponente refuerza el sistema de procuración de justicia, en su sentido lato, toda vez que la representación, asesoramiento y defensa de los intereses de la sociedad, deben ajustarse a las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera íntegra, amplia y sin distinción de ningún tipo, toda vez que la inexistencia de figuras que establezcan vías realistas de acceso a la justicia, provocaría que las garantías procesales se convierten en derechos nominales y sin contenido real y efectivo.

Segunda. Respecto a la propuesta contenida en la iniciativa para tomar en cuenta los supuestos previstos en el artículo 4 de la citada ley con el propósito de ampliar las prácticas discriminatorias contempladas en el artículo 9 de ese ordenamiento jurídico, cabe señalar lo siguiente:

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, in fine, de manera clara establece el derecho a la no discriminación y especifica determinadas razones por las cuales se encuentra prohibido discriminar: por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil, y el precepto constitucional incluye la expresión general “o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de la persona”, es decir, la enumeración a la que hace alusión la cláusula constitucional mencionada no es taxativa.

Luego entonces, el derecho fundamental a la no discriminación se despliega y regula de manera más amplia en la LFPED, considerando que la cláusula constitucional de tal derecho es recogida y la ley amplía la lista de posibles motivos de discriminación: por condiciones económicas, por embarazo y por motivos de lengua, se sustituye el término de “capacidades diferentes” por el de discapacidad y se concreta el motivo de las preferencias a las preferencias sexuales.

Bajo la perspectiva de la interpretación en materia de discriminación, prevista en los artículos 6 y 7 de la ley en comento, resulta innecesario que dentro de los supuestos previstos en el artículo 9 del mismo ordenamiento se remita al artículo 4 del mismo ordenamiento. Queda claro, por virtud de lo establecido en el ordenamiento legal citado, que en todo momento se hará la interpretación señalada en el artículo 7 a fin de que se “proteja con mayor eficacia a las personas o a los grupos que sean afectados por conductas discriminatorias”.

Por otra parte, cabe destacar que los numerales que vincula la proponente en su iniciativa difieren en su contenido y alcance, por un lado las disposiciones contempladas en el artículo 4 se refieren a las condiciones y circunstancias que se pueden entender por actos discriminatorios y, por otro lado, en el numeral 9 se contemplan conductas discriminatorias que se relacionan con las medidas para prevenir la discriminación.

Tercera. Por lo que se refiere a la medida compensatoria que se propone agregar como fracción al artículo 10 de la LFPED, consistente en ofrecer información, esta dictaminadora la considera viable. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, China la Organización de las Naciones Unidas estipulo que “uno de los retos se refiere, particularmente, a la necesidad de fomentar la difusión de y la conciencia sobre los derechos humanos de la mujer, así como la aplicación real y efectiva de los tratados internacionales que velan por el cumplimiento y respeto de dichos derechos.”

Y en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, se consideró “que los Estados parte en los pactos internacionales de derechos humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos,

El compromiso internacional antes mencionado encuentra su respaldo en la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres que señala no sólo la necesidad de difundir los derechos de las mujeres sino que además, lo vincula con el fomento de la no discriminación. Cuya tarea no sólo es competencia del instituto mencionado sino que además por tratarse de una acción transversal comprende, en el caso que nos ocupa, a los órganos públicos y autoridades federales.

Cabe destacar que, de acuerdo con el artículo 45 de la LFPED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) “proporcionará a las personas que presuntamente hayan sido discriminadas, asesoría respecto a los derechos que les asiste y los medios para hacerlos valer y, en su caso,  orientará en la defensa de los citados derechos ante las instancias correspondientes...”. En consecuencia, las tareas que realiza el Conapred junto con la propuesta contenida en la iniciativa en estudio, a criterio de las y los integrantes de esta comisión, permite incrementar una cultura de no discriminación, además de fortalecer la difusión de los derechos que deben ser ejercidos para favorecer la igualdad de oportunidades para las mujeres.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto que reforma la fracción XI del artículo 9 y adiciona la fracción V al artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Artículo Único. Se reforma la fracción XI del artículo 9 y se adiciona la fracción V al artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 9....

I. a X. ...

XI. Impedir o limitar el acceso a la procuración e impartición de justicia;

XII. a XXIX. ...

Artículo 10. ...

I. y II. ...

IIII. Garantizar el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijas e hijos, estableciendo en las instituciones de salud y seguridad social las condiciones para la atención obligatoria de las mujeres que lo soliciten,

IV. Procurar la creación de centros de desarrollo infantil y guarderías asegurando el acceso a los mismos para sus hijas e hijos cuando ellas lo soliciten; y

V. Ofrecer información completa y actualizada sobre los derechos de las mujeres y la forma e instituciones ante los cuales pueden ejercerse.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Voto razonado concurrente del Juez Sergio García Ramírez a la Opinión Consultiva OC-18/03, del 17 de septiembre de 2003, “Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados”, párrafos 36 y 37.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a dos de junio de 2011.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Manuel Cadena Morales (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo, Clara Gómez Caro (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez, Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León, Sami David David (rúbrica), Margarita Gallegos Soto, Lizbeth García Coronado (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, Diana Patricia González Soto, María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Aránzazu Quintana Padilla, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldúa, Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En consecuencia está a discusión en lo general. Tengo registradas a dos diputadas en el siguiente orden: doña Lucila Gallegos Camarena y doña Claudia Edith Anaya Mota.

¿Algún otro diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra? En consecuencia, se otorga, hasta por tres minutos, el uso de la tribuna a la diputada Lucila Gallegos Camarena.

La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena:Gracias. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el derecho de acceso a la justicia se configura como una garantía del derecho de igualdad en la medida que supone que los estados deben asegurar que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades y hagan efectivos sus derechos sin sufrir discriminación alguna de por medio.

Al respecto, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, postula un vínculo relevante entre el efectivo acceso a la justicia y las garantías consagradas en la Convención Americana al señalar que: La proclamación de derechos sin la provisión de garantías para hacerlas valer queda vacío. Se convierte en una formulación estéril, que siembra expectativa y produce frustraciones.

Por ello es preciso establecer las garantías que permitan reclamar el conocimiento de los derechos, recuperarlos cuando hayan sido desconocidos, restablecerlos si fueran vulnerados y ponerlos en práctica cuando su ejercicio tropieza con obstáculos indebidos.

A esto atiende el principio de acceso igual y expedito a la protección jurisdiccional efectiva; es decir, la posibilidad real de acceder a la justicia a través de los medios que el ordenamiento interno proporciona a todas las personas con la finalidad de alcanzar una solución justa a la controversia que se ha suscitado. En otros términos, acceso formal y material a la justicia.

A pesar de lo anterior, en nuestro país persisten distintas barreras que limitan o impiden el acceso a la justicia, en particular a los grupos más vulnerables.

Sobre el particular, el artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación señala como práctica discriminatoria impedir el acceso a la procuración e impartición de justica, no obstante en la práctica las barreras existentes no necesariamente impiden de facto el acceso a la justicia, empero sí lo vulneran a través de limitaciones u obstáculos.

Dificultar el acceso a la justicia, aun cuando genera un menoscabo en el ejercicio de los derechos fundamentales, no ha sido considerado como una práctica discriminatoria, lo que deja este hecho sin sanción. De tal suerte, que si una persona al hacer uso de su derecho pretende acceder a la justicia y este acceso le es limitado, pero no negado, no puede solicitar la protección de la ley en la materia.

Sin embargo, estamos convencidos de que las medidas positivas en esta materia deben de ir más allá, sobre todo consideramos que las medidas positivas son acciones que están dirigidas a eliminar los obstáculos que se oponen a que las mujeres disfruten de sus derechos en condiciones de igualdad, a compensar situaciones de desventaja con el que parten las mujeres.

En virtud de lo anterior, consideramos necesario adicionar una fracción V al artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a efecto de establecer como medida compensatoria ofrecer información completa —termino señor presidente— y actualizada sobre los derechos de las mujeres, y la forma e instituciones ante los cuales pueden ejercerlos.

Les pido su voto a favor del presente dictamen, pues con su aprobación contribuiremos a respetar de manera íntegra el derecho de las personas de acceder de manera efectiva a la procuración de justicia y brindaremos las herramientas necesarias a las mujeres para que estén en posibilidad de hacer valer sus derechos. Por su atención y apoyo, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputada. Hace uso de la palabra la diputada Claudia Edith Anaya Mota.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota: Con su permiso, presidente. Esta reforma es particularmente importante, porque habla de cómo las mujeres siempre tenemos que ir mucho más allá en el salvaguardo de nuestros derechos. Siempre hay una manera de que las palabras impidan que tengamos un ejercicio pleno de nuestros derechos.

En la fracción XI del artículo 9 de esta Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se hablaba de que estaba prohibido o que quedaba como discriminación el impedir el acceso a la procuración e impartición de justicia, pero también se estaban ejerciendo algunos actos en los que se limitaba este acceso a la procuración de justicia a las mujeres; por tanto, es que hoy se amplían estos términos, para que sea impedir y para que sea limitar, el acceso a la procuración de la impartición de justicia lo que se considere como discriminación a la mujer en el ejercicio de sus derechos judiciales.

Otra parte importante tiene que ver con la fracción V del artículo 10. El artículo 10 habla, bueno, unas cosas maravillosas sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Les voy a leer la fracción III: Garantizar el derecho a decidir sobre el número y esparcimiento de sus hijas e hijos, estableciendo en las instituciones de salud y seguridad social las condiciones para la atención obligatoria de las mujeres que lo soliciten.

Se añade en el V que: es obligatorio ofrecer información completa y actualizada sobre los derechos de las mujeres y la forma e instituciones ante los cuales pueden ejercerlos.

Es decir, si una la mujer quiere hacer pleno uso de sus derechos sexuales y reproductivos, o si quiere practicarse un aborto, se consideraría discriminatorio que el Estado no ofreciera toda la información completa y actualizada sobre los derechos de las mujeres y la forma e instituciones ante los cuales puede ejercerlos.

A la letra, eso dice. A la práctica, espero que podamos llevarlo a cabo, porque siempre hay muchas maneras de torcer la ley y en este caso la ley es muy clara, y espero que todos y todas nos enfoquemos a que se cumpla y particularmente, me gusta más que haya sido el Grupo Parlamentario del PAN quien la haya propuesto. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputada. Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general el dictamen.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general. Ruego a la Secretaría instruya la apertura del sistema electrónico de votación, en virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara no se ha reservado artículo alguno, para que en un solo acto se proceda a la votación en lo general y en lo particular, hasta por 3 minutos.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 3 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

Diputados que falten de votar, aún está abierto el sistema electrónico. Ciérrese el sistema de votación. De viva voz.

La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso(desde la curul): A favor.

La diputada Nely Edith Miranda Herrera(desde la curul): A favor.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho(desde la curul): A favor.

El diputado Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín(desde la curul): A favor.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (desde la curul): A favor.

La diputada María Elena Pérez de Tejada Romero (desde la curul): De abstención a favor.

El diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez (desde la curul): A favor.

La diputada Janet Graciela González Tostado(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Ya está considerado el voto del diputado Liborio Vidal, a favor.

El diputado José Ignacio Pichardo Lechuga(desde la curul): A favor.

El diputado Armando Neyra Chávez(desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Ahued Bardahuil(desde la curul): A favor.

El diputado Leandro Rafael García Bringas(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Diputado presidente, se emitieron 337 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 337 votos el proyecto de decreto que reforma la fracción XI, del artículo 9; y adiciona la fracción V al artículo 10, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

He recibido de parte de la Junta de Coordinación Política tres propuestas de acuerdo. Dé cuenta la Secretaría del primero de ellos.

TRATA DE PERSONAS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados hace un reconocimiento al periódico El Universal por donar espacios publicitarios a organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la lucha contra la trata de personas

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. Que a la Junta de Coordinación Política fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía hace un reconocimiento a la responsabilidad social del periódico El Universal por suprimir de sus contenidos la publicidad que pueda fomentar la trata de personas, y donar espacios publicitarios a las organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la lucha contra la trata de personas y atención de víctimas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentada en la sesión del 22 de septiembre de 2011, para su atención.

II. Que a la Junta de Coordinación Política fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía otorga un reconocimiento al periódico El Universal por ser el primer medio de comunicación impreso en autorregularse con base en los artículos 5 y 13, fracción III, de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, presentada en la sesión del 29 de septiembre de 2011 por la diputada Caritina Sáenz Vargas y suscrita por integrantes del Partido Verde Ecologista de México, para su atención.

III. Que en reunión celebrada por la Junta de Coordinación Política el 10 de octubre de 2011, este órgano de gobierno decidió hacer suyo el contenido de ambas proposiciones.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un reconocimiento a la responsabilidad social del periódico El Universal por donar espacios publicitarios a organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la lucha contra la trata de personas y la atención de víctimas de ese delito.

Segundo. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: No tengo ningún orador registrado. Pregunto a los diputados.

La diputada Lorena Corona Valdés (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sonido por favor. Pongan sonido en la curul de la diputada Lorena. Adelante.

La diputada Lorena Corona Valdés (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Solamente agradecer a la Junta de Coordinación Política, que ha tomado este punto de acuerdo presentado por el Verde Ecologista de México, ya que este reconocimiento a El Universal es muy importante, ya que ha sido un medio muy sensible en el tema de la trata de personas.

Asimismo, recordar que tomar la decisión de autorregularse, en el sentido de no hacer publicaciones referentes a la explotación sexual y donar esos espacios a las organizaciones civiles que están trabajando para erradicar el delito de trata, es un ejemplo a seguir, en donde se coadyuva con la sociedad y los legisladores para erradicar este grave delito. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias. Si no hubiere otra intervención, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba la propuesta.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias, diputados. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado. Comuníquese.Siguiente propuesta de acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba cause baja como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que la diputada Maricarmen Valls Esponda cause alta como integrante en la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que la diputada Maricarmen Valls Esponda cause baja como integrante de la Comisión de Comunicaciones.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 11 de octubre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»

TRABAJOS LEGISLATIVOS

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul). Estoy de acuerdo con los cambios, sólo lo interrumpí, diputado presidente, porque está usted atento a la participación de todos y voy a tener que ausentarme un momento. Voy a inaugurar una exposición fotográfica de mi tarea política, pero en un momento regreso, diputado presidente. —Ustedes también salen, compañeros.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Adelante, señor secretario. De enterado. Comuníquese.

Por favor, dé lectura a la tercera propuesta de acuerdo.

CASINOS Y CENTROS CON APUESTA

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se instruye la creación de un grupo de trabajo para investigar los permisos otorgados a los casinos y centros con apuesta

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. Que la Junta de Coordinación Política recibió el 14 de septiembre de 2011 proposición con punto acuerdo de diputados de Nuevo León, miembros del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicitan la constitución de un grupo de trabajo formado por integrantes de diversas comisiones para investigar los permisos otorgados a los casinos y centros con apuesta.

II. Que este órgano de gobierno dio cuenta con la proposición con punto de acuerdo suscrita por la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta los secretarios de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público, así como al jefe del Servicio de Administración Tributaria, a suspender todos los establecimientos que funcionan como casinos y no cumplen la regulación vigente.

III. Que en reunión celebrada por la Junta de Coordinación Política el 10 de octubre de 2011, y por la importancia que entraña para la sociedad mexicana un tema tan sensible, decidió hacer suya la preocupación expuesta en ambas proposiciones.

Por lo anterior y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se instruye la integración de un grupo de trabajo, formado por diputadas y diputados preferentemente miembros de las Comisiones de la Función Pública, de Gobernación, de Justicia, de Trabajo y Previsión Social, y de Turismo, para investigar los permisos otorgados a los casinos y centros con apuesta. La convocatoria para la integración de dicho grupo de trabajo será acordada por las juntas directivas de las citadas comisiones y se formará con un integrante de cada grupo parlamentario representado en la Cámara de Diputados, designado por su respectivo coordinador.

Segundo. La coordinación del grupo de trabajo será rotatoria entre los integrantes, en periodos de dos meses, en orden decreciente, de acuerdo con la representación de su grupo parlamentario.

Tercero. El grupo de trabajo tomará sus decisiones por consenso o, en su caso, por mayoría mediante el sistema de voto ponderado, según el cual cada diputado representa tantos votos como integrantes tenga el correspondiente grupo parlamentario.

Cuarto. El grupo de trabajo deberá presentar de manera periódica y mensual un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Quinto. El grupo de trabajo no contará con recursos técnicos, administrativos o financieros para el desarrollo de sus actividades.

Sexto. Los trabajos del grupo concluirán una vez que se hayan cumplido los objetivos para los que fue creado.

Séptimo. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia;Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: No tengo registrado oradores. ¿Alguna diputada o diputado que quiera hacer uso de la palabra? Diputada, por favor. Sonido en la curul.

La diputada Lizbeth García Coronado (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Sólo para celebrar que se pueda conformar este grupo de trabajo y esperar que este mismo pueda trabajar y podamos lograr el cierre de todos estos establecimientos que operan de manera ilegal y que hemos visto que Gobernación sigue haciendo caso omiso por dejarlos funcionar.

Esperar de igual forma que se pueda trabajar por la revocación de estos permisos que tuvieron autorizaciones para ampliaciones por jueces corruptos que han permitido coludirse con estos empresarios.

Sin duda son intereses económicos muy importantes que se estarían pisando; pero llamaría a que todos los grupos parlamentarios dejen a un lado y tenga voluntad política para poder trabajar y poder cerrar estos establecimientos que siguen operando de manera ilegal.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado. Comuníquese.

LEY DE AGUAS NACIONALES

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 113 Bis de la Ley de Aguas Nacionales.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que que reforma y adiciona el artículo 113 Bis de la Ley de Aguas Nacionales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respecto de la iniciativa que reforma el artículo 113 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, presentada por el diputado Francisco Javier Orduño del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En virtud del análisis y estudio de la iniciativa que se dictamina, esta comisión legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numeral 1 y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157 numeral I, fracción I; 158, numeral I fracción IV y 167 numeral 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

I. Antecedentes

1. Con fecha 10 de diciembre del 2009, el diputado Francisco Javier Orduño del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la iniciativa que reforma el artículo 113 Bis de la “Ley de Aguas Nacionales”.

2. Ese mismo día, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Energía, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública para efecto de su dictaminación.

3. Sin embargo el día 3 de mayo de 2011 el diputado Francisco Javier Orduño envío modificaciones a su iniciativa a esta Comisión de Recursos Hidráulicos, mismas que se han tomado en cuenta para emitir el siguiente dictamen que plantea el siguiente proyecto de reforma:

Artículo 113 Bis. ...

Será obligatorio contar con concesión para el aprovechamiento de los materiales referidos; “la Autoridad del Agua” deberá emitir en un plazo que no excederá de sesenta días a partir de la solicitud, la resolución que otorgue o no el título de concesión correspondiente conforme a las disposiciones de esta Ley y su Reglamento.

La solicitud de concesión presentada por el particular para la extracción de materiales pétreos deberá de contener la localización, objeto y descripción de la explotación, uso o aprovechamiento, las obras que se pretenden construir, la memoria descriptiva de las obras a realizar, las características y el volumen del material a extraer localizados en causes y sus bienes públicos inherentes, en los términos que se establezcan en el reglamento de esta ley y en su caso, normas oficiales mexicanas, lineamientos y demás disposiciones aplicables. Asimismo se deberá acompañar a la solicitud, la autorización en materia de Impacto Ambiental correspondiente, cuando por el volumen de extracción se impacten significativamente al medio ambiente en términos del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La “Autoridad del Agua” con base en la información proporcionada por el solicitante emitirá el dictamen técnico y proyecto final aprobado, en su caso, en el que se establecerá las características bajo las cuales se deberá realizar la extracción.

No se podrá autorizar la explotación, uso o aprovechamiento de materiales pétreos en la zona federal o zona de protección de la infraestructura hidráulica, así como en cauces cuando dichos bienes nacionales sirvan de limite internacional, o se encuentren en la franja comprendida doscientos metros aguas arriba y aguas debajo de las obras de infraestructura.

En todo caso, antes de iniciar las extracciones de materiales pétreos, el usuario, previo aviso que realice a la ‘Autoridad del Agua’, deberá efectuar el deslinde y amojonamiento de la zona a explotar de acuerdo al proyecto final aprobado, estableciendo en campo una mojonera aguas arriba y aguas abajo, que sirvan de referencia al área concesionada y por lo menos a cada quinientos metros de la zona federal.

...

...

I. a X. ...

Al extinguirse los títulos, por término de la concesión o cuando se haya revocado el título, las obras e instalaciones adheridas de manera permanente al motivo de la concesión deberá ser removida por el concesionario en un plazo máximo de 30 días, sin perjuicio de que la ‘Autoridad del Agua’ las considere de utilidad posterior, en cuyo caso, se revertirán en su favor.

En el supuesto de que las obras e instalaciones a que se refiere el párrafo anterior no sean removidas en los términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento, “la Autoridad del Agua”, podrá iniciar los trabajos de remoción las mismas, los gastos que se generen con motivo de la remoción serán con cargo a los titulares de la concesión, en caso de no cubrirse dentro de los treinta días hábiles siguientes a su requerimiento, por ‘la Autoridad del Agua’, los gastos tendrán el carácter de crédito fiscal para su cobro.

De detectarse daños apreciables a taludes, causes y otros elementos vinculados con la gestión del agua, a juicio de ‘la Autoridad del Agua’, conforme a sus respectivas atribuciones, deberán repararse totalmente por los causantes, sin menoscabo de la aplicación de otras sanciones administrativas y penales que pudieran proceder conforme a la reglamentación que se expida al respecto.

‘La Autoridad del Agua’, en todo caso podrá aplicar los medios terminativos o presuntivos de medición de extracción de materiales pétreos, que al efecto prevea el Reglamento de la presente ‘Ley’.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

Para argumentar su iniciativa, el diputado Francisco Javier Orduño señala que:

La explotación de materiales pétreos es una actividad sobresaliente y en algunos casos indispensables y necesaria en diversas entidades del país, en virtud de la derrama económica que genera, no obstante lo anterior, en muchas ocasiones las extracciones de dichos bienes nacionales se realiza de forma anárquica, sin planeación ni control, lo que conlleva un detrimento del medio ambiente y afecta negativamente a varios de sus componentes, principalmente el suelo, generando efectos ambientales que pueden llegar a ser irreversibles, de no regular la operación y complementándose con acciones de restauración.

Es claro que en la actualidad, no se aplican restricciones, incentivos o controles tendientes a hacer eficiente la actividad de explotación de materiales pétreos, a efecto de que ésta pueda derivar en un aprovechamiento sostenido y sustentable de dichos bienes en beneficio del equilibrio ecológico.

Muchas de las extracciones se realizan de forma clandestina, empero no en pocos casos, dicho clandestinaje resulta de la imposibilidad de la autoridad del agua de realizar inspecciones o contar con los instrumentos necesarios que le permitan identificar plenamente la correspondencia entre el material concesionado y el otorgado mediante el título de concesión correspondiente, que en el especie, es el único documento a través del cual se puede establecer tanto las condiciones a las que se debe sujetar la actividad de extracción, como las condiciones en que deberá devolverse el banco de materiales una vez terminado el periodo por el cual se otorgan concesiones.

II. Consideraciones

Primera. Resulta indispensable dotar a la autoridad con los instrumentos que permitan llevar una correcta administración y vigilancia de los materiales pétreos que tiene bajo su administración y considerar los mismos en la Ley de Aguas Nacionales, realizando las adecuaciones al texto legal que permita que dicha reforma sea congruente y armónica con la Ley vigente, pero además recoger los elementos que han permitido que se enriquezca dicha reforma, por lo que la misma se debe ajustar atendiendo a las modificaciones que enseguida se mencionan:

I. Se debe de eliminar los permisos provisionales, en virtud de que dichos permisos, otorgan los mismos derechos y obligaciones que las concesiones, y generan tanto para la autoridad como para el particular, un doble trámite, que se refleja en recursos aplicados del erario federal y en el riesgo latente de que se dé una duplicidad en las autorizaciones que conlleve a extraer material pétreo en mayores cantidades a las recomendables para la protección de los causes y demás bienes nacionales cuya administración compete a la Conagua, así como promueve la extracción en sitios fijos, casi permanentes que faciliten su control.

II. Asimismo, se establecen los requisitos que deben de contener las solicitudes de concesión de materiales pétreos que permitan a la Comisión, contar con los elementos necesarios para su control, con lo que la autoridad podrá determinar, si la extracción produce daños o no a los cuerpos de agua, sus bienes públicos inherentes, o al medio ambiente y contará con los instrumentos necesarios que le permitan identificar plenamente la correspondencia entre el material concesionado y el otorgado.

III. En otro orden de ideas, a efecto de disminuir los riesgos que se generan por el abandono de obras e instalaciones mediante las que se realizan las extracciones de materiales pétreos, es necesario establecer disposiciones que obliguen al concesionario a retirar dichas obras o instalaciones, señalando para ello, un plazo máximo de 30 días, para tal efecto, o bien, posibilitar a la autoridad del agua, como ya se prevé en el apartado correspondiente a descargas de aguas nacionales, a que sea ésta, la que realice la demolición con cargo al particular, dando el carácter de crédito fiscal para su cobro, con la finalidad de que sea factible el cobro por parte de la autoridad.

IV. Finalmente se faculta a la autoridad, la realización de determinaciones presuntivas que le permitan constatar, mediante evidencia tangible que efectivamente el concesionario está dando estricto cumplimiento a la concesión autorizada.

Segunda. Es claro que en la actualidad, no se aplican restricciones e incentivos, o controles tendientes a hacer eficiente la actividad de explotación de materiales pétreos, a efecto de que ésta pueda derivar en un aprovechamiento sostenido y sustentable de dichos bienes en beneficio del equilibrio ecológico, por lo que el proyecto de reforma es viable al proponer las características bajo las cuales se deberá realizar la extracción, con la finalidad de que no se afecte con ello, los bienes nacionales jurídicamente tutelados por la presente “Ley” y en todo caso, se niegue la extracción de materiales pétreos en zonas en las que por su ubicación sirvan de protección de obras de infraestructura o resguarden los límites del territorio nacional.

Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos somete a la consideración de sus integrantes el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 113 Bis de la Ley de Aguas Nacionales

Artículo Único. Se reforman los párrafos segundo y quinto, que pasa a ser noveno; se adicionan los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, décimo y décimo segundo, pasando el actual tercero a ser séptimo, el cuarto a ser octavo, y el sexto a ser décimo primero, todos del artículo 113 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 113 Bis. ...

Será obligatorio contar con concesión para el aprovechamiento de los materiales referidos; “la Autoridad del Agua” deberá emitir en un plazo que no excederá de sesenta días a partir de la solicitud, la resolución que otorgue o no el título de concesión correspondiente conforme a las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos.

La solicitud de concesión presentada por el particular para la extracción de materiales pétreos deberá de contener la localización, objeto y descripción de la explotación, uso o aprovechamiento, las obras por construir, la memoria descriptiva de las obras a realizar, las características y el volumen del material a extraer localizados en causes y sus bienes públicos inherentes, en los términos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley y en su caso, Normas Oficiales Mexicanas, lineamientos y demás disposiciones aplicables. Asimismo, se deberá acompañar a la solicitud, la Autorización en materia de Impacto Ambiental correspondiente, cuando por el volumen de extracción se impacten significativamente al medio ambiente en términos del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

“La Autoridad del Agua” con base en la información proporcionada por el solicitante emitirá el dictamen técnico y proyecto final aprobado, en su caso, en el que se establecerá las características bajo las cuales se deberá realizar la extracción.

No se podrá autorizar la explotación, uso o aprovechamiento de materiales pétreos en la zona federal o zona de protección de la infraestructura hidráulica, así como en cauces cuando dichos bienes nacionales sirvan de límite internacional, o se encuentren en la franja comprendida doscientos metros aguas arriba y aguas debajo de las obras de infraestructura.

En todo caso, antes de iniciar las extracciones de materiales pétreos, el usuario, previo aviso que realice a “la Autoridad del Agua”, deberá efectuar el deslinde y amojonamiento de la zona a explotar de acuerdo al proyecto final aprobado, estableciendo en campo una mojonera aguas arriba y aguas abajo, que sirvan de referencia al área concesionada y por lo menos a cada quinientos metros de la zona federal.

...

...

I. a X. ...

Al extinguirse los títulos, por término de la concesión o cuando se haya revocado el título, las obras e instalaciones adheridas de manera permanente al motivo de la concesión deberá ser removida por el concesionario en un plazo máximo de 30 días hábiles, sin perjuicio de que “la Autoridad del Agua” las considere de utilidad posterior, en cuyo caso, se revertirán en su favor.

En el supuesto de que las obras e instalaciones a que se refiere el párrafo anterior no sean removidas en los términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento, “la Autoridad del Agua”, podrá iniciar los trabajos de remoción de las mismas; los gastos que se generen con motivo de la remoción serán con cargo a los titulares de la concesión, en caso de no cubrirse dentro de los treinta días hábiles siguientes a su requerimiento, por “la Autoridad del Agua”, los gastos tendrán el carácter de crédito fiscal para su cobro.

De detectarse daños apreciables a taludes, causes y otros elementos vinculados con la gestión del agua, a juicio de “la Autoridad del Agua”, conforme a sus respectivas atribuciones, deberán repararse totalmente por los causantes, sin menoscabo de la aplicación de otras sanciones administrativas y penales que pudieran proceder conforme a la reglamentación que se expida al respecto.

“La Autoridad del Agua”, en todo caso podrá aplicar los medios terminativos o presuntivos de medición de extracción de materiales pétreos, que al efecto prevea el Reglamento de la presente Ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de junio del año 2011.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, diputados:Óscar Javier Lara Aréchiga (rúbrica), presidente; Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga, Silvia Isabel Monge Villalobos (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Guillermo Cueva Sada (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villlalva, Francisco Javier Orduño Valdez, José Manuel Marroquín Toledo (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales, secretarios; Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Héctor Franco López, Jorge Rojo García de Alba, Benjamín Clariond Reyes Retana, Fausto Sergio Saldaña del Moral, Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, José Antonio Aysa Bernat, Edgardo Melhem Salinas, Rolando Zubía Rivera, Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Ramón Merino Loo (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Domingo Rodríguez Martell, Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Laura Viviana Agundiz Pérez (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: No tengo orador para fundamentar el dictamen. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular con los siguientes oradores en pro: diputado Francisco Javier Orduño Valdez, diputado José Manuel Marroquín Toledo y diputado José María Valencia Barajas. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Francisco Javier Orduño Valdez.

El diputado Francisco Javier Orduño Valdez:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, me dirijo a ustedes con el presente reposicionamiento para resaltar los beneficios del dictamen con reforma a la Ley de Aguas Nacionales, el artículo 113 Bis, que hoy se somete a consideración de esta soberanía y que pretende ofrecer una solución a la problemática derivada de la sobre explotación de materiales pétreos en nuestro país.

Debo señalar que este dictamen es resultado de diversas iniciativas y propuestas planteadas en esta materia en la actual y anteriores legislaturas; incluso puedo aseverar que es una iniciativa impulsada desde la sociedad civil, en específico de Baja California, que ha recurrido a nosotros para dar solución a este conflicto que repercute en su vida diaria en los ámbitos económico, social y ambiental.

Se trata de una reforma apoyada por los legisladores y las legisladoras pertenecientes a diferentes grupos parlamentarios que tiene por objeto el perfeccionamiento del marco jurídico aplicable en materia de explotación de materiales pétreos, regulando la extracción de éstos para evitar la sobre explotación y la grave afectación al medio ambiente, producto de esta actividad.

Resalto que se trata de un proyecto de decreto adicionado y perfeccionado con sugerencias de la Comisión Nacional del Agua y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que representan la autoridad ejecutora de la norma.

Es un dictamen que contiene disposiciones aplicables al otorgamiento de títulos de concesión para la extracción y aprovechamiento de materiales pétreos localizados en los cauces de las aguas nacionales y en sus bienes públicos inherentes, que pretende eliminar los permisos provisionales para el aprovechamiento de materiales pétreos, establecer requisitos para solicitar la concesión como datos de localización, objeto, descripción de la explotación y otras ediciones a la Ley de Aguas Nacionales encauzadas a cumplir con el objeto planteado.

Además, esta reforma obliga a la autoridad del agua, a emitir un dictamen con las características de la extracción, respetando las zonas donde se manifieste que no se podrán autorizar más extracciones, uso o aprovechamiento de materiales pétreos y emitiendo por normatividad acciones y obras a realizar antes de iniciar las extracciones de estos.

Compañeras y compañeros legisladores, tenemos en este momento la posibilidad de decidir a través de nuestro voto la aprobación de una reforma que, sin duda alguna, iniciará de manera importante en el cuidado de nuestro medio ambiente y de nuestros recursos renovables, ya que permitirá que los materiales pétreos, tales como: arena, grava, piedra o cualquier otro tipo de material utilizado en la construcción, que sea extraído de un vaso, cauce o cualesquiera otros bienes nacionales, se explote de manera lícita, moderada y consciente.

De esta manera, reafirmo que es tiempo de generar los grandes acuerdos orientados en un objetivo común, en beneficio de las familias mexicanas y solicito su voto a favor del presente dictamen y a sabiendas que conllevará a la implementación de políticas públicas sustentables, que nos guíen hacia la consecución de un medio ambiente limpio, saludable, para que los mexicanos podamos vivir mejor. Por su atención y respuesta, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José Manuel Marroquín Toledo.

El diputado José Manuel Marroquín Toledo: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, al igual que el compañero diputado Francisco Javier Orduño, venimos a exponer y a someter a su consideración esta reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

Sin duda alguna se trata de una iniciativa que nos traería como consecuencia, el poder regular la extracción de los materiales pétreos, en los ríos y en los arroyos de México. Es conveniente comentar, que en muchas ocasiones la autoridad del agua, la Comisión Nacional del Agua, los estados y los municipios, realizan trabajos, inclusive de protección con materiales pétreos, que en muchas ocasiones son violentados, tanto por particulares, como por empresas constructoras. Esto es, que se construyen esos bordos de protección y sin control alguno, algunas personas hacen uso indiscriminado de estos materiales poniendo en grave riesgo a la población y áreas productivas.

Es por eso que consideramos que se trata de una reforma que ha sido consensuada con los diferentes grupos representados en esta honorable Cámara, con el objeto de perfeccionar el marco jurídico aplicable.

La Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que son las autoridades que representan a la autoridad ejecutora, no cuentan hoy día con las herramientas necesarias y suficientes para normar el uso de los materiales pétreos.

Además, esta reforma, como ya bien lo dijo el diputado Orduño, obligaría a la autoridad del agua a emitir dictámenes con características propias de la extracción de estos materiales.

De esta manera, quiero reafirmar que es tiempo de que pongamos orden y salvaguardemos estos materiales, que sin duda alguna, son muy valiosos y que también representan un medio para darle certeza y seguridad a la población. Termino, señor presidente.

Asimismo les exhorto a que nos solidaricemos con esta propuesta de iniciativa para conseguir los objetivos que se han planteado en esta tribuna. Es cuanto, por su atención y respuesta, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado José María Valencia Barajas.

El diputado José María Valencia Barajas:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, en la Comisión de Recursos Hidráulicos hemos analizado la reforma al artículo 113 de la Ley de Aguas Nacionales que propone el diputado Javier Orduño, y venimos a esta tribuna a manifestar nuestro voto y apoyo favorable a dicha reforma, la cual apunta a ser más específicos y estrictos los requisitos para la extracción de materiales pétreos, de tal manera que estos requisitos sean los mismos para explotar aguas que para explotar materiales pétreos, en cauces de nuestros ríos.

De manera formal, con esta reforma la autoridad del agua podrá contar con mayor control para la regulación de esta actividad extractiva. Esta reforma demuestra cómo la Ley de Aguas Nacionales no proporciona los elementos suficientes de política pública para una gestión integral del agua concibiendo la interacción entre bosques, suelos y los elementos asociados a la sustentabilidad del agua.

Nos parece inconcebible que en la actualidad la extracción de materiales pétreos de los ríos se hace con toda permisibilidad, afectando el entorno ambiental así como la calidad, disponibilidad y curso de las aguas. Por fortuna con esta reforma se corrige tal situación. Aún así, esta reforma no prevé dos aspectos importantes; uno de ellos es el acceso a los puntos de extracción, no prevé la compensación a comuneros, ejidatarios o propietarios de los terrenos por los cuales va a pasar la maquinaria y los camiones que se requieren para extraer estos materiales pétreos.

La otra me parece muy importante, no generaliza la obligación de presentar el estudio de impacto ambiental en todos los casos que se quieran extraer materiales pétreos. Por eso es muy importante que tomemos en cuenta ese punto; que en todos los casos se contenga el estudio de impacto ambiental.

En el Grupo Parlamentario del PRD insistimos que el problema de fondo no son las insuficiencias en las leyes, sino cómo se aplica o se deja de aplicar la misma. Las reformas que hoy se aprueban sólo podrán tener efecto positivo si y sólo sí eliminamos las prácticas omisas de la autoridad del agua.

Es cuanto, señor presidente. Por su atención, compañeras y compañeros diputados, muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado César Burelo, para presentar una reserva al artículo que está en discusión.

El diputado César Francisco Burelo Burelo:Muchas gracias, diputado presidente, Gracias por la generosidad de esta reserva, presentada, por razones de demora en nuestro vuelo, de último momento.

Vengo a hacer un planteamiento y una reserva, pero a favor de la iniciativa del diputado Orduño. Quiero decirle que en nuestra fracción parlamentaria vemos con mucha satisfacción esta iniciativa que viene a reformar y adicionar la Ley de Aguas Nacionales.

Sólo quiero puntualizar muy específicamente en qué sentido planteo la reserva. La ley, el dictamen que presenta la comisión a la iniciativa del diputado Francisco Javier Orduño, establece que la solicitud de concesión presentada por el particular para la extracción de materiales pétreos deberá contener la localización, objeto y descripción de la explotación, uso o aprovechamiento de las obras por construir.

Un servidor está proponiendo que también cuente con la autorización del propietario del terreno o de la asamblea ejidal o comunal, para constituir servidumbre de paso. Esto en función de que en nuestro estado, particularmente en Tabasco, el material que más se extrae, que más se explota es la arena. Al transitar los camiones pesados por las vías de acceso, que están construidas para camiones y para transporte pequeño las destruyen con mucha facilidad y esto representa después una dificultad para los municipios, para reconstruir su vía de comunicación.

La otra reserva, en el otro sentido que ya la mencionó nuestro compañero y que me antecedió en la palabra, el diputado Barajas, va en el sentido de que el dictamen de impacto ambiental dice que se deberá acompañar la solicitud de la autorización en materia de impacto ambiental correspondiente, cuando por el volumen de extracción se impacte significativamente al medio ambiente.

La reforma que estoy presentando a ustedes, planteándole a ustedes, a esta soberanía, va en el sentido de que la autorización en materia de impacto ambiental sea en términos del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente; es decir, siempre será necesaria ésta, porque aún cuando la extracción sea pequeña en ocasiones esto impacta de manera importante, no importando tanto el volumen de la extracción, sino el lugar en donde se hace y en las condiciones en que se realiza.

Por lo tanto, manifiesto mi total aprobación, mi total apoyo para esta iniciativa presentada y para este dictamen presentado por el diputado Orduño, con las reservas que estoy poniendo a consideración de ustedes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, todos.

«Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión LXI Legislatura.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en el artículos 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito registrar la reserva al dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 113 Bis de la Ley de Aguas Nacionales.

Artículo 113 Bis. ...

Será obligatorio contar con concesión para el aprovechamiento de los materiales referidos; “la Autoridad del Agua” deberá emitir en un plazo que no excederá de sesenta días a partir de la solicitud, la resolución que otorgue o no el título de concesión correspondiente conforme a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos.

La solicitud de concesión presentada por el particular para la extracción de materiales pétreos deberá de contener la localización; objeto y descripción de la explotación, uso o aprovechamiento, las obras por construir, la autorización del propietario del terreno o de la asamblea ejidal para constituir servidumbres de paso, la memoria descriptiva de las obras a realizar, las características y el volumen del material a extraer localizados en cauces y sus bienes públicos inherentes, en los términos que se establezcan en el Reglamento de esta ley y en su caso, Normas Oficiales Mexicanas, lineamientos y demás disposiciones aplicables. Asimismo, se deberá acompañar a la solicitud, la autorización en materia de impacto ambiental correspondiente,cuando por el volumen de extracción se impacten significativamente al medio ambiente en términos del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

“La Autoridad del Agua” con base en la información proporcionada por el solicitante emitirá el dictamen técnico y proyecto final aprobado, en su caso, en el que se establecerá las características bajo las cuales se deberá realizar la extracción.

No se podrá autorizar la explotación, uso o aprovechamiento de materiales pétreos en la zona federal o zona de protección de la infraestructura hidráulica, así como en cauces cuando dichos bienes nacionales sirvan de límite internacional, o se encuentren en la franja comprendida doscientos metros aguas arriba y aguas debajo de las obras de infraestructura.

En todo caso, antes de iniciar las extracciones de materiales pétreos, el usuario, previo aviso que realice a “la Autoridad del Agua”, deberá efectuar el deslinde y amojonamiento de la zona a explotar de acuerdo al proyecto final aprobado, estableciendo en campo una mojonera aguas arriba y aguas abajo, que sirvan de referencia al área concesionada y por lo menos a cada quinientos metros de la zona federal.

...

...

I. a X. ...

Al extinguirse los títulos, por término de la concesión o cuando se haya revocado el título, las obras e instalaciones adheridas de manera permanente al motivo de la concesión deberá ser removida por el concesionario en un plazo máximo de 30 días hábiles, sin perjuicio de que “la Autoridad del Agua” las considere de utilidad posterior, en cuyo caso, se revertirán en su favor.

En el supuesto de que las obras e instalaciones a que se refiere el párrafo anterior no sean removidas en los términos establecidos en la presente ley y su Reglamento, “la Autoridad del Agua”, podrá iniciar los trabajos de remoción de las mismas; los gastos que se generen con motivo de la remoción serán con cargo a los titulares de la concesión, en caso de no cubrirse dentro de los treinta días hábiles siguientes a su requerimiento, por “la Autoridad del Agua”, los gastos tendrán el carácter de crédito fiscal para su cobro.

De detectarse daños apreciables a taludes, causes y otros elementos vinculados con la gestión del agua, a juicio de “la Autoridad del Agua”, conforme a sus respectivas atribuciones, deberán repararse totalmente por los causantes, sin menoscabo de la aplicación de otras sanciones administrativas y penales que pudieran proceder conforme a la reglamentación que se expida al respecto.

“La Autoridad del Agua”, en todo caso podrá aplicar los medios terminativos o presuntivos de medición de extracción de materiales pétreos, que al efecto prevea el Reglamento de la presente ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2011.— Diputado César Francisco Burelo Burelo (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Pregunte la Secretaría, en votación económica, a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido este asunto.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido. Ruego a la Secretaría consultar a la asamblea, también en votación económica, si se acepta la modificación formulada por el diputado Burelo.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta la modificación presentada por el diputado Burelo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Una vez que se ha aprobado la modificación, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, hasta por tres minutos, para proceder a la votación del proyecto, con la modificación aceptada.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, con la modificación aceptada por la asamblea.

(Votación)

El diputado Liborio Vidal Aguilar (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Está abierto el sistema, diputados. Ciérrese el sistema. Señor presidente, tenemos 319 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 319 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 113 Bis de la Ley de Aguas Nacionales. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5 a 7 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento para la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El 9 de junio de 2010, el diputado Pablo Escudero Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 5o., 6o. y 7o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Derechos Humanos, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. El 16 de junio de 2010, el diputado Pablo Escudero Morales, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 15 y 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

4. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Derechos Humanos, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 5o., 6o., y 7o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

El diputado Pablo Escudero menciona que el Senado de la República aprobó, el 8 de abril de 2010, el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de la Reforma del Estado, relativo al proyecto de decreto que modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que en ese dictamen se propone reformar la Constitución, a fin de ampliar la competencia en materia laboral de las comisiones públicas de derechos humanos.

En consonancia con la posible reforma constitucional, el legislador proponente refiere la necesidad de reformar el artículo 7o., fracción III, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (LCNDH) para incorporar la ampliación que, en su caso, determine el poder revisor de la Constitución, en cuanto a la competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en materia laboral, que –de acuerdo al proponente– sólo debería surtir efectos cuando el patrón fuese una autoridad o un servidor público, por ende, jurídicamente capaz de violar derechos humanos. Y para el caso de que el asunto fuera judicializable, la competencia de la CNDH no operaría, por tratarse de una cuestión jurisdiccional de fondo.

Asimismo, el proponente advierte la importancia que cada día asume la protección del medio ambiente, por lo que considera necesario, mediante reforma legal crear una sexta visitaduría que conozca tanto del ámbito laboral como de la conservación del medio ambiente.

Contenido de la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 6o., 15 y 19 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos

El diputado Pablo Escudero establece en la presente iniciativa que el objetivo esencial de la CNDH es la protección, observación, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, pero estima que es necesario que la CNDH sea más activa y dinámica con mayor capacidad de actuación.

En este sentido el legislador señala que los preceptos que se proponen modificar se encuentran relacionados con el otorgamiento y reconocimiento de las atribuciones del citado organismo, toda vez que propone introducir al artículo 6 (que contiene dichas disposiciones), dos fracciones para establecer las facultades de investigación de la CNDH.

Incorpora para tal efecto, en una primera propuesta de fracción, la facultad de las instituciones de gobierno para solicitar al citado organismo, ejercer la facultad de investigación de violaciones graves de derechos humanos y, en una segunda fracción propuesta, reconocer la atribución de la misma CNDH para expedir las reglas generales de investigación sobre ese particular.

El proponente agrega que con la reforma al artículo 15 de la citada ley, se reconocería la facultad del presidente de la CNDH para iniciar la investigación, así como incluir la de presentar un informe preliminar al consejo consultivo del citado organismo, en el que se relacionen los hechos y elementos de prueba que generen convicción sobre la posible violación de derechos humanos.

Finalmente, el diputado Escudero considera pertinente reformar el artículo 19 de la misma ley, para incluir una fracción VII para establecer una facultad a favor del Consejo Consultivo de la CNDH para pronunciarse sobre la suficiencia de la investigación; determinar si existieron violaciones graves a las garantías individuales; señalar a las autoridades involucradas en dichas violaciones y determinar los órganos y autoridades competentes para actuar en el caso, así como hacerse llegar de los elementos que los consejeros consideren necesarios para emitir el pronunciamiento.

Derivado del análisis de las  iniciativas de mérito, esta comisión estima pertinente dictaminar ambas iniciativas bajo las siguientes

Consideraciones

El pasado 10 de junio del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que modifica la denominación del capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta reforma constitucional es muy trascendente ya que sin duda es el resultado de una lucha constante y esfuerzo contundente para la protección y ampliación de los derechos fundamentales en nuestro país, al incorporarlos de manera sistemática en el texto constitucional, con las reformas a los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105, resulta ser el parteaguas con el que México se incorpora los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.

Particularmente, para el tema que nos ocupa, es de gran trascendencia señalar que anteriormente la CNDH no era competente en asuntos de materia laboral, cuya limitante se encontraba plasmado en el segundo párrafo del Apartado B del artículo 102 constitucional:

Los organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, labores y jurisdiccionales.

Actualmente, con esta reforma constitucional se faculta a la CNDH para conocer de quejas en materia laboral viéndose reflejando en segundo párrafo del apartado B del artículo 102 constitucional:

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electores y jurisdiccionales.

Cabe recordar que el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consigna en su numeral 1 que “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias y a la protección contra el desempleo”, y que, al amparo de la reforma constitucional, conlleva considerar las normas, recomendaciones y acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo, como la relativas a las peores formas de trabajo infantil (1999), el marco promocional para la salud y la protección en el trabajo  y sobre la relación de trabajo (2006), entre otras.

Con ello la CNDH podrá emitir recomendaciones a las autoridades correspondientes, tratándose de violaciones a derechos humanos laborales, sin que impliquen cuestionamientos a las relaciones individuales y colectivas contractuales.

A criterio de las y los integrantes de esta dictaminadora se coincide con el espíritu de la reforma propuesta al artículo 7o., fracción III de la LCNDH; empero, con el propósito de ajustar la facultad constitucional de la CNDH y delimitar las facultades que a cada autoridad corresponde, se sugiere:

Artículo 7o...

I. y II. ...

III. Juicios laborales relacionados con la competencia de las autoridades señaladas en las leyes federales de la materia.

IV. ...

Por otra parte, cabe mencionar que esta comisión coincide con la propuesta de adición de la fracción XIV al artículo 6o. de la LCNDH, relativo a las atribuciones de este organismo, en virtud de que la propuesta señala:

XIV Ter. Conocer de violaciones a los derechos al trabajo y a la conservación del medio ambiente,

Al respecto, cabe mencionar que para el caso que nos ocupa, la conservación del medio ambiente, como otras materias, no se encuentra exenta en la reforma constitucional, toda vez que de acuerdo al contenido y alcance de la reforma al artículo 1º Constitucional, en su primer párrafo dice:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Por lo tanto resulta importante recalcar que México forma parte de diversos tratados internacionales cuyo objetivo principal se basa en el cuidado y protección del medio ambiente, entre los que se encuentran el Convenio Internacional para prevenir la Contaminación por los Buques, el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio de la Diversidad Biológica (www.sre.gob.mx/tratados/index.php) los cuales demuestran el compromiso que ha tenido y tiene México con en la materia.

En la actualidad, la Ley de la CNDH en su artículo 5o. prevé la posibilidad de que existan 5 visitadores generales y en la práctica han funcionado este número de visitadores generales, sin embargo y atención a la propuesta contenida en una de las iniciativas en análisis, crear una sexta visitaduría general que conozca tanto del ámbito laboral como del relativo a la conservación del medio ambiente, generaría mayor gasto e incremento de la estructura administrativa de la CNDH.

Al respecto, a escala mundial afortunadamente la CNDH es la institución protectora de derechos humanos con mayor presupuesto, por lo que en nuestra actualidad, esto nos demanda con mayor ímpetu dar respuesta a las nuevas necesidades, tales como la protección del medio ambiente razón por lo cual es necesario apoyar la creación que se propone.

Por ello se coincide con la reforma del artículo 5o. de la LCNDH para quedar como sigue:

Artículo 5o. La Comisión Nacional se integrará con un Presidente, una Secretaría Ejecutiva, hasta seis visitadores generales, así como el número de visitadores adjuntos y personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones.

En otro orden de ideas, anteriormente el régimen de competencia de la facultad de investigación de graves violaciones a garantías individuales correspondía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En efecto, el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano señalaba:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. También podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal, que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal.

Con la reforma constitucional la CNDH se fortalece aún más, pues se suprime dicha facultad que recaía en la SCJN quedando esto plasmado en el último párrafo del Apartado B del artículo 102 constitucional:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.

En consecuencia, las legisladoras y los legisladores coincidimos con el diputado Pablo Escudero Morales en el objetivo de plasmar el espíritu constitucional en la ley secundaria para incluir la fracción II Bis al artículo 6o. de la LCNDH, para quedar como sigue:

Artículo 6o. La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones.

I. y II. ...

II Bis. Conocer e investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiera el Ejecutivo federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un estado, el jefe del gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.

III. al XV. ...

Esta dictaminadora considera que la adición de la fracción X Bis al mismo artículo, así como las fracciones X y XI al artículo 15 de la misma ley ya que en ningún momento, dentro de la citada reforma constitucional, se le asignan exclusivamente estas facultades al Presidente de la CNDH.

Cabe mencionar que la propuesta de artículo segundo transitorio que propone el diputado Pablo Escudero en su iniciativa a los artículos 5o, 6o y 7o de la LCNDH es improcedente para el presente ejercicio fiscal, pues la creación de una sexta visitaduría conllevaría a un gasto adicional lo que  no se encuentra previsto en la asignación presupuestal del 2011.

Sin embargo, por los argumentos antes expresados, lo recursos económicos, no limitan la posibilidad de crear una sexta visitaduría, lo que en todo caso se sujetaría al Presupuesto de Egresos 2012, o bien, a los recursos disponibles.

Por lo expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 5o primer párrafo y la fracción III del artículo 7o. Además, se adiciona la fracción II Bis al artículo 6o. Todos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Artículo Único. Se reforma el artículo 5o. primer párrafo y la fracción III del artículo 7o. Además, se adiciona la fracción II Bis al artículo 6o. Todos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 5o. La Comisión Nacional se integrará con un Presidente, una Secretaría Ejecutiva, hasta seis visitadores generales, así como el número de visitadores adjuntos y personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones.

...

Artículo 6o. ...

I. y II. ...

II Bis. Conocer e investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiera el Ejecutivo federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un estado, el jefe del gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.

III. a XV. ...

Artículo 7o. ...

I. y II. ...

III. Juicios laborales relacionados con la competencia de las autoridades señaladas en las leyes federales de la materia; y

IV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, veintidós de junio de 2011.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Manuel Cadena Morales (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama, Rosi Orozco (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León, Sami David David (rúbrica), Margarita Gallegos Soto, Lizbeth García Coronado (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, Diana Patricia González Soto, María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Aránzazu Quintana Padilla, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En consecuencia, está a discusión en lo general y tengo inscritos para ese efecto a la diputada Teresa Rosaura Ochoa Mejía y al diputado Francisco Hernández Juárez. Si algún otro diputado...

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): En contra.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En contra el diputado Jaime Cárdenas Gracia. No hay ningún otro orador; por lo que ruego al diputado Cárdenas Gracia, hacer uso de la tribuna. Perdón, la diputada. Diputada Díaz Lizama, ¿es a favor? Gracias.

La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama(desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, esta reforma a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es una ley que actualiza la reforma constitucional en materia de derechos humanos que fue publicada en el Diario Oficial el día 10 de junio de este año.

Ustedes se preguntarán, bueno, si actualiza la reforma constitucional, ¿por qué el diputado Cárdenas vota en contra de este dictamen? La razón tiene que ver con una postura que mantuve en el debate de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Ese debate tiene que ver con la investigación de hechos que constituyen violaciones graves a los derechos humanos.

Como ustedes recordarán, el actual artículo 102, apartado B de la Constitución, establece a este respecto que se puede promover la investigación por violaciones graves a derechos humanos, cuando así lo considere conveniente la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando lo solicite el Ejecutivo federal, cuando alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión lo haga, cuando lo solicite algún gobernador de algún estado de la República, el jefe de gobierno del Distrito Federal o las Legislaturas de las entidades federativas.

Pero a la Constitución, al artículo 102, apartado B, como a este artículo 6 que se propone su reforma, en la fracción II Bis, se le olvida algo muy importante, se le olvidan los ciudadanos.

¿Por qué los ciudadanos —ésa es mi pregunta y mi inconformidad— no podemos promover investigaciones de hechos que constituyen violaciones graves a los derechos humanos? ¿Por qué solamente las autoridades, el presidente, las Cámaras, las Legislaturas locales, los gobernadores, el jefe de gobierno, pueden hacer esta solicitud para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigue hechos que pueden constituir violaciones graves a los derechos humanos?

Creo que a este dictamen le falta progresividad en materia de derechos humanos, y que los ciudadanos también debemos tener legitimación procesal para promover este tipo de investigaciones ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Al estar ausentes los ciudadanos de este dictamen. Ese motivo es el que me impulsa a votar en contra de este dictamen. Me parece incorrecto que solamente las autoridades tengan esta facultad y los ciudadanos estemos excluidos. Por su atención muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra la diputada Teresa Rosaura Ochoa Mejía.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Presidente, quiero hacer uso de la palabra.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Perdón. Diputado Pablo Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Gracias, presidente. No sé si ya sea el momento procesal oportuno, pero la consideración a la que nos hace el diputado Cárdenas, que por supuesto que es valiosa, considero que queda salvaguardado con las atribuciones, con las facultades que tiene el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Al conocer cualquiera de las quejas él puede considerarle que es grave a la violación de los derechos humanos y por tanto, darle ese tratamiento. Es una facultad que tiene el ombudsman nacional, que ha sido votado en el Senado, que tiene plenas facultades para conocer de cualquiera de estas denuncias y que él la puede procesar de esta manera.

Por tanto, no coincidiría con el razonamiento del diputado Cárdenas, creo que es correcta esta apreciación jurídica. Quería hacerle una pregunta, pero se me fue el diputado, con todo respeto. Gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: ¿Acepta usted la pregunta, diputado? Además de concederle la palabra para alusiones.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Sí, por supuesto.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aceptada, diputado Escudero, para la que la formule usted.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Es ésa, en esos términos, presidente, ¿si no considera él que con las facultades que tiene el presidente de la CNDH, que ha sido nombrado por el Congreso, por la Cámara de Senadores, con las plenas facultades al conocer cualquiera de estas quejas de violaciones a derechos humanos, ya sea por algún ciudadano que las puedan presentar ante la CNDH o por alguna de las características que considera la Constitución queda salvaguardada su inquietud? Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias. Tiene la palabra el diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Gracias, presidente, por su atención y gracias por la pregunta o el comentario, pregunta-comentario, del diputado. Podría ser así como dice el diputado; sin embargo, la técnica legislativa nos dice que las normas deben regir, deben regular toda situación.

Desde luego que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al recibir una queja de algún ciudadano o grupo de ciudadanos podría ordenar la investigación de hechos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos. Pero esto queda a su criterio. Solamente si el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es sensible a ello se podría ordenar esta investigación por hechos que constituyen violaciones graves a los derechos humanos. Si el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no lo considera, si no es sensible a las quejas de los ciudadanos no lo hará.

Me parece que no podemos dejar a criterio del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; a la consideración —como dice el artículo 6o, que se propone su reforma—, del presidente determinar si se realiza o no la investigación por hechos graves que constituyen violaciones a los derechos humanos.

Desde mi punto de vista debió haberse establecido de manera expresa, explícita, que los ciudadanos tienen legitimación procesal para promover este tipo de quejas, de denuncias, y que en todos los casos —no cuando lo considere el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos—, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está obligada a investigar estos hechos graves que constituyen violaciones a los derechos humanos. Por su atención, muchas gracias.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul). Señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: ¿Con qué objeto, diputado Escudero?

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Para otra pregunta, presidente. El tema no es menor, creo que lo amerita. Es una reforma que votamos aquí. Creo que sirve que nos ilustre a la asamblea, si usted me lo permite, hacerle otra pregunta al diputado Cárdenas.

Que sea tan amable de ilustrarnos de cuál es el procedimiento que se sigue en la Comisión Nacional de Derechos Humanos para investigar una violación grave de derechos humanos o una simple violación a los derechos humanos; porque no existe esa diferencia. Todas las violaciones a derechos humanos tienen el mismo procedimiento. Es una facultad justamente que en la reforma constitucional le acabamos de quitar a la Suprema Corte de Justicia y eso es lo que estamos regulando.

Si él conoce de algún procedimiento especial, que nos lo hiciera del conocimiento a la asamblea.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: ¿Acepta usted la pregunta?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul). Con gusto.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Antes de contestarla, les recuerdo que esta Presidencia no admitirá diálogo entre diputados, porque así lo establece el Reglamento de la Cámara. Adelante, diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul). Gracias, presidente. No. Hasta el momento no ha habido una investigación, porque como lo recuerda el diputado Escudero, esto deriva de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011; es decir, está en vigor esta reforma desde hace algunos meses y por lo tanto, no hay un caso conocido de violaciones graves a los derechos humanos.

Como él lo decía muy bien, esta reforma constitucional eliminó la competencia que anteriormente tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación prevista en el artículo 97, párrafo dos de la Constitución.

Lo que ahora dice la Constitución a este respecto es lo que señala textualmente también el artículo 6 —del que se propone su reforma en este dictamen—, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos —voy a insistir en las palabras— podrá investigar.

Podrá investigar, no dice deberá investigar, dice: podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo, alguna de las Cámaras del Congreso, etcétera.

Es decir, queda, como dice la Constitución y como dice el artículo 6, fracción II Bis del dictamen, a juicio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Si la Constitución y el artículo 6, respectivo dijera que en todos los casos la Comisión deberá —en lugar de podrá— investigar estos hechos, estaría de acuerdo con el diputado Pablo Escudero. Pero como no dice así la Constitución y como no dice así el artículo 6, fracción II Bis del dictamen, no estoy de acuerdo con su comentario. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputada Ochoa Mejía, por favor haga uso de la palabra.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, para nuestro grupo parlamentario la agenda de los derechos humanos representa una prioridad atenderla, sobre todo en un momento de crisis sistemática por la que atraviesa nuestro país y en donde los derechos humanos se ven vulnerados con la cotidianeidad que vemos.

Si bien se ha registrado algunos avances en la protección del respeto de los derechos humanos, éstos provienen en su mayoría de la lucha abanderada por la sociedad civil organizada y los organismos nacionales e internacionales.

No obstante prevalecen aspectos importantes en materia de derechos civiles, políticos, económicos, laborales, sociales y culturales que siguen sin resolverse, sean éstos graves o no.

Las violaciones de los derechos humanos continúan documentándose por parte de las diferentes organizaciones de la sociedad con un saldo desafortunado para las instituciones de nuestro país.

En este sentido el dictamen de esta iniciativa resulta de gran importancia ya que sustenta la ampliación del poder revisor, intrínseco en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia laboral que anteriormente correspondía, como se mencionó, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sabemos que estos avances significan garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores que se ven obligados a aceptar una serie de violaciones, de imposiciones, injusticias y hasta vejaciones a fin de no poder perder su trabajo, tal como lo reflejan las contrataciones a través del sistema outsourcing.

Asimismo el dictamen refiere el rubro que día a día adquiere mayor importancia, tal es el caso de la protección y conservación del medio ambiente.

En Movimiento Ciudadano compartimos la necesidad de dotar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los recursos humanos suficientes para llevar a cabo la encomienda que la Constitución le profiere ampliando a seis el número de sus visitadores.

Con estas acciones se busca robustecer las facultades de investigación de violaciones graves de los derechos humanos que se reconocen en las atribuciones de esta Comisión Nacional.

Finalmente, con estas reformas propuestas se permite al consejo consultivo de esta misma institución pronunciarse sobre la suficiencia de investigación y determinar si existieron violaciones graves a las garantías individuales.

En este particular, el dictamen favorece —termino, diputado presidente— la concurrencia de facultades que esta Comisión podrá investigar estos hechos y aquí sobre todo resaltaríamos las facultades que representa esta Cámara, y asimismo, se designen los recursos que para ello sea necesario en este presupuesto 2012.

Señoras y señores legisladores, con esta iniciativa damos un paso trascendental en el ejercicio de la democracia y el fortalecimiento de las instituciones. Por eso los invitamos a votar a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Francisco Hernández Juárez, hasta por tres minutos.

El diputado Francisco Hernández Juárez:Gracias, diputado presidente. Ojalá me avise dos segundos antes de que me toque la campana, le prometo que no me tardo más.

Quiero hacer un reconocimiento respetuoso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión de Puntos Constitucionales por haber logrado que se aprobaran en esta Cámara y que se elevaran a rango constitucional los derechos humanos.

Tiene muchas razones por las que creo que esta Cámara debiera felicitarse, debiéramos felicitarnos todos los diputados, porque estoy seguro que ésta va a ser una de las leyes más importantes que haya surgido de esta Legislatura.

Entre otras cosas tuvo un impacto directo sobre las cuestiones laborales. En la Comisión de Trabajo estamos discutiendo —y todavía se debate hoy— el tono que debiera tener la próxima reforma laboral y por la vía de esta comisión y de esta ley, de pronto tenemos establecidas condiciones que nos obligan necesariamente a plantearnos que el tono de la reforma laboral ya no puede ser menor a los derechos laborales que hoy tenemos.

Esta ley, ahora que establece con claridad que los convenios internacionales tienen rango de ley, que están sólo por debajo de la Constitución y por encima de las leyes mexicanas y sobre todo de las leyes laborales, de hoy en adelante cualquier propósito de reforma laboral tiene que partir de la base de las condiciones laborales que tenemos ahora; es decir, no habrá ninguna manera que ninguna ley pueda ser planteada bajando el rango de los derechos laborales que hoy tienen los trabajadores.

Siempre ocurre que algunos diputados o alguna fracción parlamentaria pudieran no tener conciencia clara de lo que esto significa. Afortunadamente, ya en la ley ahora la Comisión de Derechos Humanos puede intervenir, inclusive tiene capacidad para plantear la inconstitucionalidad de una ley que no respetara los derechos laborales.

Por eso me parece importante que ahora la Comisión de Derechos Humanos complemente y fortalezca esta Ley de Derechos Humanos elevadas a rango constitucional, para que podamos hacer que la Comisión de Derechos Humanos establezca con claridad, que es obligatorio para la Comisión de Derechos Humanos que se respeten los convenios internacionales de la OIT.

De manera que, en relación a los convenios internacionales, en relación a los derechos de la mujer y que no haya ninguna discriminación para las mujeres, ahora se establece la apertura de una sexta visitaduría, que será la especializada de atender este tipo de recomendaciones.

Por cierto, vale la pena hacer notar que la Comisión de Derechos Humanos podrá atender los puntos de acuerdo que se establezcan por esta Cámara de Diputados; es decir, no tendrá necesidad un ciudadano de ir a presentar su queja —lo puede hacer—, pero los puntos de acuerdo que aquí parecen dormir el sueño de justos y que nadie toma en cuenta por ningún lado, la Comisión de Derechos Humanos podrá recibir estos puntos de acuerdo y ahora sí podrán tener seguimiento e inclusive un actor especial haciendo investigaciones en relación a los puntos de acuerdo que violen los derechos humanos y los derechos laborales. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama.

La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama:Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros y compañeras diputadas, el Grupo Parlamentario del PAN se manifiesta a favor del presente dictamen, puesto que se trata de hacer lo que corresponde para mantener debidamente actualizado nuestro orden jurídico.

Las reformas propuestas tienen como finalidad primordial ajustar las disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a las reformas constitucionales que fueron aprobadas el pasado 10 de junio. Con estas reformas establecemos con toda claridad, el nuevo papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Vamos a votar a favor de fortalecer a la comisión, para investigar violaciones graves a los derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pida al Ejecutivo federal, algunas de las Cámaras del Congreso, el gobernador de un estado, el jefe del gobierno del Distrito Federal o las Legislaturas de las entidades federativas.

Avanzamos en las rutas de contar con instituciones que promuevan y defiendan de manera efectiva los derechos humanos de México. Con nuestro voto a favor, no queremos olvidar que desde nuestra perspectiva las atribuciones señaladas en la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que hoy adecuamos deberían ser todavía más amplias. Es decir, la reforma que estamos por aprobar es tan solo una de las bases sobre las cuales debe actualizarse el marco jurídico de tan importante organismo, desde la perspectiva que adquiere un carácter todavía más proactivo y que sus resoluciones tengan las características necesarias para salvaguardar los derechos humanos en forma más eficaz.

En Acción Nacional estamos a favor de estructurar mecanismos más amplios y efectivos para ampliar al máximo la protección de los derechos de las personas y en donde, por mencionar solo un ejemplo, la especialización de los visitadores de la comisión tiene gran relevancia.

En este sentido, el designar un visitador que se enfoque exclusivamente a conocer de los asuntos en materia laboral, nos parece oportuno y coherente, toda vez que la reforma constitucional permitió a la Comisión Nacional conocer de dicha materia.

Queda todavía mucho por seguir avanzando en el fortalecimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En término de las normas orgánicas que determinan su estructura y funcionamiento.

Los diputados de Acción Nacional votaremos a favor del presente dictamen, reconociendo que en esta materia avanzamos en la actualización del marco jurídico, que por mandato constitucional debemos completar en el plazo de un año contando a partir del pasado 11 de de junio. Es cuanto, señoras y señores diputados.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Hace uso de la palabra el diputado Arturo Zamora, hasta por tres minutos.

El diputado Arturo Zamora Jiménez:Gracias. Distinguidas diputadas y diputados. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional venimos a solicitar el voto a favor de esta iniciativa, que es secuencia de una reforma constitucional muy importante, que como ya lo dijeron quienes me antecedieron en la palabra, fue aprobada el 10 de junio.

La materia de derechos humanos que se consigan, no solamente en esta reforma al artículo 102, sino fundamentalmente en la reforma al artículo 1o. constitucional, en donde hemos adoptado los mexicanos —y para todas las autoridades—, que se respeten las garantías y derechos que están consagrados no solamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también en los tratados que se encuentran suscritos por nuestro país en el contexto internacional.

Por eso es importante la reforma que aquí se plantea por el Grupo Parlamentario del Partido Verde, en el sentido de que se modifiquen los artículos 5, 6 y 7 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de dar carta de naturaleza y generar el cauce necesario para que se puedan brindar las condiciones de certeza jurídica en la norma secundaria en una materia tan importante que se convierte, por supuesto, en garante de la tutela necesaria en la protección de los derechos humanos.

Esa es la razón por la que resulta importante en el campo de la investigación sobre las violaciones a las garantías constitucionales que se consideren como graves, que anteriormente era una facultad consagrada para la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se traslada por decisión, precisamente, del Congreso de la Unión a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el que nos comprometamos también en el futuro a reglamentar adecuadamente esta facultad que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para brindar certeza absoluta en procedimientos, que finalmente pueden devengar en resoluciones y en algunas ocasiones, incluso, en la petición de acciones concretas ante autoridades del fuero común o del fuero federal, dependiendo el tipo de gravedad y la competencia de la violación en esta materia.

Por esa razón, distinguidas diputadas y diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, nosotros habremos de acompañar esta reforma tan importante, que es secuencial a la constitucional que ya hemos mencionado y que promueve el diputado Pablo Escudero.

Por esa razón pedimos entonces el apoyo a esta iniciativa, para que se convierta en carta de naturaleza en materia de derechos humanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias. Tiene la palabra desde su curul el diputado Pablo Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Gracias, presidente. Simplemente recordar que con esta votación que tendremos todavía seguirá pendiente una asignatura que ya no nos toca a nosotros.

Como debemos de recordar, cuando hicimos esta reforma constitucional para quitarle a la Suprema Corte de Justicia las facultades de investigación de violaciones graves a derechos humanos, la Corte había expedido unos lineamientos de cómo tenían que llevarse a cabo investigaciones, investigaciones profundas, a fondo, que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Esperemos que muy pronto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenga estas reglas de investigación; sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación y todos las podamos conocer, que dará mucha certidumbre a estos procesos tan importantes, presidente. Es cuanto.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido el tema en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Con gusto, diputado presidente. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si considera se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el presente dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, hasta por tres minutos, para proceder a la votación del proyecto en cuestión.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

¿Alguna diputada o algún diputado que falte por emitir su voto? Continúa abierto. Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

El diputado Liborio Vidal Aguilar (desde la curul): A favor.

La diputada Yolanda de la Torre Valdez (desde la curul): A favor.

El diputado Domingo Rodríguez Martell (desde la curul): A favor.

La diputada Diana Patricia González Soto (desde la curul): A favor.

La diputada Maricela Serrano Hernández (desde la curul): A favor.

El diputado Reginaldo Rivera de la Torre (desde la curul): A favor.

La diputada Margarita Liborio Arrazola (desde la curul): A favor.

La diputada Elsa María Martínez Peña (desde la curul): A favor.

El diputado Jesús Alberto Cano Vélez (desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Iñiguez Gámez (desde la curul): A favor.

El diputado Rogelio Cerda Pérez(desde la curul): A favor.

El diputado Arturo Ramírez Bucio (desde la curul): A favor.

La diputada María Yolanda Valencia Vales (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Diputado presidente, se emitieron 303 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 303 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En los términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y las proposiciones que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo de las que se haya recibido comunicación para ser registradas en la siguiente sesión.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa directiva.

Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva, por la que informa del turno correspondiente a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 11 de octubre de 2011, de conformidad con los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Con fundamento en los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea de los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo que no fueron abordadas en el orden del día del martes 11 de octubre de 2011, para su remisión a las comisiones correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2011.— Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Régimen, Reglamentos y Practicas Parlamentarias, para dictamen.

2. Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Sergio Mancilla Zayas y Sandra Méndez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

3. Que adiciona un artículo 254 Quintus a la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Georgina Trujillo Zentella, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

4. Que reforma el artículo 34 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, a cargo del diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de la Función Pública, para dictamen.

5. Que reforma los artículos 39 y 43 de la Ley Minera, a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Economía, para dictamen.

6. Que reforma los artículos 96 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 173 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para dictamen.

7. Que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

8. Que reforma los artículos 5°, 37 y 70 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno: Comisión de Transportes, para dictamen.

9. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

10. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Vivienda, para dictamen.

11. Que adiciona un artículo 309 Ter a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

12. Que reforma los artículos 100-A y 100-B de la Ley Aduanera, a cargo del diputado Sergio Tolento Hernández y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial para la Industria Manufacturera de Exportación.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

13. Que expide la Ley Sobre Controversias Derivadas de la Atención Médica, a cargo del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen y a La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

14. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

15. Que reforma los artículos 111 y 112 y adiciona un artículo 115 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

16. Que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 102 Apartado B Párrafo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

17. Que reforma el artículo 1°-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

18. Que reforma el artículo 150 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Maurilio Ochoa Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEGOB a realizar las gestiones para que en los términos del artículo 41 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, se difunda la interpretación del Himno Nacional, además de en español, en las lenguas indígenas al inicio y término de las trasmisiones de radio y televisión, a cargo del diputado Jorge Venustiano González Ilescas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SAGARPA, para que del PEF 2012, de la partida presupuestal "Sanidades", del Programa Especial Concurrente, se destinen 33.6 millones de pesos para la ejecución del Proyecto de Trabajo de la Campaña contra Moscas Nativas de la Fruta en la Zona Huasteca del estado de San Luis Potosí, a cargo del diputado Enrique Octavio Trejo Azuara, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Agricultura y Ganadería, para su atención.

3. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SEP y a los gobiernos estatales, conformen una Comisión Mixta de Trabajo para atender el tema de la homologación salarial de los trabajadores, así como diversos asuntos laborales y administrativos del CONALEP, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, revise las condiciones en las que se encuentra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por los hechos ocurridos en sus instalaciones el 28 de septiembre de 2011, con el fin de verificar que la Concesionaria Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A de C.V., cumpla con todos los protocolos de mantenimiento y seguridad en sus instalaciones, a cargo del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno: Comisión de Transportes, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Economía, explique los motivos que la llevaron a aceptar la investigación antidumping a las importaciones de pierna y muslo de pollo, originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Economía, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se promueve la creación y fortalecimiento de instancias municipales de mujeres en el estado de Nayarit, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Equidad y Género, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Comunicaciones de esta Soberanía, solicite la comparecencia del titular de la SCT para que informe la problemática que se vive en el tramo carretero de Guadalajara a Zapotlanejo, por la instalación de casetas de cobro o peaje a la altura de El Cortijo, suscrito por los diputados Jorge Arana Arana, David Hernández Pérez y Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobernador del estado de Tlaxcala, para que se actúe con imparcialidad y estricto apego a la Ley en el caso de la destitución de 16 notarios en esa entidad, así como para que se salvaguarden los derechos de los particulares que hicieron trámites ante dichos notarios, suscrito por los diputados Julián Francisco Velázquez y Llorente y Oralia López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, implemente en el Sistema Nacional de Salud, los cuidados paliativos, de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Salud, suscrito por los diputados Jorge Arana Arana, David Hernández Pérez y Jaime Sánchez Vélez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de las instancias correspondientes, realice la defensa de los intereses de los productores ganaderos nacionales, impugnando la entrada en vigor de la Ley de Etiquetado por País de origen en los Estados Unidos de América, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Economía, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y la SEP, para que los recursos extraordinarios que recibió la Universidad Autónoma de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2011, se integren como parte de su Fondo Irreductible a partir del Presupuesto de Egresos 2012, a cargo del diputado Alfredo Villegas Arreola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP, gire las instrucciones necesarias a efecto de promover un proceso de compactación, recategorización y promoción docente en el Colegio de Bachilleres del estado de Jalisco, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua y a la Comisión Estatal del Agua del estado de Jalisco, realicen las acciones que correspondan a efecto de entregar al Sistema Intermunicipal para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado de la zona metropolitana de Guadalajara, los 300 millones de metros cúbicos de agua apta para consumo humano que se le tienen concesionados de acuerdo con los decretos federales de 1995 y 1997, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.»

MEDALLA AL MERITO CIVICO “EDUARDO NERI, LEGISLADORES DE 1913”

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señoras y señores diputados, antes de proceder a la clausura de la sesión, quiero informarles que esta Cámara entrega trienalmente la presea Eduardo Neri, Legisladores de 1913.

Que inexplicable e inexcusablemente no se convocó a la presentación de candidaturas cuando debió haberse dado este paso en octubre del año pasado. Por tanto, expedimos la convocatoria la semana pasada y al momento no contamos con propuestas.

Rogaré a ustedes que en atención a lo que dice la convocatoria, tanto en lo individual como por grupos, puedan presentarse a la consideración de la mesa directiva de la secretaría correspondiente, las propuestas del caso para dentro de un término, que no es el deseable, puedan examinarse los expedientes correspondientes.

Siga la Secretaría con el punto correspondiente.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Se han agotado los asuntos en cartera.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor (a las 15:35 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 13 de octubre de 2011, a las 10 horas. Se les informa que de ahora en adelante el sistema electrónico estará abierto dos horas antes del inicio de cada sesión. A las 8 de la mañana se habrá de abrir el sistema electrónico. Muchas gracias.

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