SUMARIO

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Presidencia del diputado Emilio Chuayffet Chemor

ASISTENCIA

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 296 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor (a las 11:16 horas): Se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene el uso de la palabra, el señor diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, presidente. Hoy nos enteramos que nuevamente la designación de los consejeros electorales y el acuerdo de la Junta de Coordinación Política se encuentran empantanados, señor presidente; es decir, la Junta de Coordinación Política no ha logrado los consensos necesarios para proponer la designación de los consejeros electorales al pleno de la Cámara de Diputados, y ya estamos muy próximos, en unos cuantos días más, a que dé inicio el proceso electoral.

De nuevo, señor presidente, quiero que por su conducto se urja a la Junta de Coordinación Política para que, a la brevedad, se remitan los nombres de las propuestas de la Junta de Coordinación Política a este pleno de las personas que fungirán como consejeros electorales en el Instituto Federal Electoral. Ése es el primer tema.

El segundo, presidente; sé que la Junta de Coordinación Política está analizando un punto de acuerdo que inicialmente había propuesto su servidor, como de urgente u obvia resolución, para crear una comisión especial que dé seguimiento al proceso electoral. Desconozco en qué estado se encuentra el desarrollo de ese punto de acuerdo.

Porque sí es muy importante, ante las circunstancias en las que vive nuestro país, los embates de los medios de comunicación electrónica a las autoridades electorales, que esta Cámara de Diputados, a través de una comisión especial, dé seguimiento al proceso electoral para que éste se realice en condiciones de equidad, en condiciones de fair play y no como parece que puede realizarse el proceso electoral, violentando los tres principios de elecciones democráticas que establece el artículo 41 de la Constitución: la libertad, la autenticidad y la periodicidad en los procesos electorales, presidente. Esos son mis dos comentarios. Los dos tienen que ver con la Junta de Coordinación Política.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En cuanto al primer punto, señor diputado. Con la justa perseverancia que usted lo hace, nosotros hemos transmitido a la Junta de Coordinación Política esta petición, habida cuenta de que no se trata de un asunto de trámite más, sino —hay que decirlo y lo digo con pena desde este sitio— de una violación a la Constitución por parte de esta Cámara.

Claramente se está violando la Constitución, por haber pasado con creces el límite que la propia Carta Magna establece para designar a los consejeros electorales.

En relación al segundo punto, instruyo a la Secretaría General a que haga la investigación correspondiente, para poder dar a usted la respuesta adecuada.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Clouthier.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo(desde la curul): Gracias presidente. De manera reciente hemos sido testigos de la violencia de la que han sido objeto algunos compañeros de esta Cámara de Diputados; en particular, tuvimos conocimiento del asesinato de uno de los compañeros diputados, pero también de manera reciente tuvimos información de que el diputado Bailey, de Nuevo León, fue allanado en su casa, en su hogar, no sólo su fuero, sino su intimidad, precisamente, por las Fuerzas Armadas.

Quisiera solicitar a esta Presidencia para que hiciera un exhorto al Poder Ejecutivo —del cual dependen precisamente las Fuerzas Armadas—, para que ofrezcan una disculpa al diputado Bailey y al mismo tiempo a esta soberanía, porque, insisto, esto es inadmisible.

Es inadmisible que la Armada, si tenía información de quién era la casa haya actuado de la manera que actuó y si no lo tenía también es inadmisible, porque las dos cosas son especialmente graves.

Agradezco este espacio para expresar y al mismo tiempo, pedir que se exija al Poder Ejecutivo, para que sea más respetuoso de los integrantes de este Poder.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. Diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Diputado presidente, en el mismo sentido que el diputado Clouthier; primero, quiero comentar que traje una corona honrando la memoria de nuestro compañero diputado Moisés Villanueva de la Luz, quien apareció muerto en días pasados. Desde que se anunció su desaparición me temía que éste iba a ser el resultado final y lamentablemente así ha sido.

En tribuna he manifestado que la muerte llegaría a San Lázaro, que algún compañero o compañera seríamos víctimas de la gravísima y brutal violencia y descomposición que hay en el país, y ya se suma la muerte del diputado Villanueva a la del diputado Torre Cantú, que tampoco ha sido aclarado su asesinato en un falso retén militar. Lo cual es muy grave.

Quiero solicitar que se incluya en la agenda política —ya— la discusión sobre la política que ha instrumentado Calderón, totalmente errónea, de la mal llamada guerra contra el narco, que ha generado 50 mil muertes. Más que el sismo que ayer cumplió 26 años de sucedido; 50 mil muertes y que sigue ensangrentando el territorio nacional y que está generando cosas como la que comentó el diputado Clouthier.

No es grave que hayan allanado la casa de un diputado; es grave que hayan allanado una casa sin orden judicial, como lo vienen haciendo de manera sistemática y permanente.

En el caso del diputado Bailey estaba su mujer y sus dos hijas, menores de edad y fueron encañonadas y sometidas por la Marina. Después ya fue el usted disculpe. En su caso, el poeta Efraín Bartolomé, que son casos que se conocen porque son gente connotada de nuestra sociedad.

Pero ciudadanos de a pie sufren y viven estos atropellos de manera permanente y cotidiana. Ya basta de estas violaciones constantes y sistemáticas a los derechos y garantías constitucionales.

También —termino, diputado presidente— quiero que en ese mismo tema se discuta, porque está íntimamente relacionado, el tema de los casinos. Ahí opera el narco, ahí opera la prostitución, ahí operan muchos delincuentes.

Proceso ha publicado una foto preciosa de altos dirigentes y funcionarios del PAN con altos jerarcas de la Iglesia Católica, como el cardenal Rivera. Me parece que esta soberanía no debe dejar pasar esto, sumado a las denuncias de ex funcionarios del gobierno de Calderón, del área de la Secretaría de Gobernación, que están operando a la fecha casinos a lo largo y ancho del territorio nacional. Me parece que estamos siendo gravemente omisos. Me parece que con la solicitud de aumento al presupuesto en esta materia sería terrible dejar pasar una cosa así.

Le solicito, formalmente, que el día de hoy se incluya en la agenda política este tema, porque es de la mayor importancia.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Solicito a la Secretaría General haga el trámite conducente ante la Junta de Coordinación Política, para tratar de dar respuesta de inmediato a la petición que hace el diputado Fernández Noroña. Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Salgado.

El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero(desde la curul): Gracias, señor presidente. A nombre de mis compañeros, aunque sé que es un tema que ya está considerado por parte de la Junta de Coordinación Política, se guarde un minuto de silencio en memoria de nuestro compañero Moisés Villanueva de la Luz. Asimismo, una vez que se haga el pronunciamiento por parte de esta Junta de Coordinación Política, pido que se me incluya en la lista para tratar este tema.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El mismo ruego a la Secretaría General para realizar el trámite conducente. El diputado Pablo Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Gracias, presidente. Tres temas muy rápidos. El primero, nuestra solidaridad y respaldo al diputado Bailey, que es un hombre de honor, de trabajo. Nuestro respaldo a toda su familia.

El segundo, un reconocimiento al periódico El Universal, por la lucha que ha emprendido en la trata de personas y un reconocimiento también a nuestras dos diputadas de partido, que impulsaron esta iniciativa: la diputada Corona y la diputada Caritina, que gracias a ello la lucha contra la trata es una realidad.

El tercer tema, diputado presidente, es solicitarle su apoyo, su colaboración para que nos ayude a gestionar el día de hoy una cita con el secretario de Gobernación, para atender un tema de 10 mil familias que están involucradas, que las han involucrado en un fraude del Fovissste, que están siendo perseguidas de manera injusta por parte de la Procuraduría, de la Secretaría de la Función Pública, que están a punto de perder sus hogares. Urge una reunión con el secretario de Gobernación.

Le pedimos su intervención, incluso le pedimos que nos pueda acompañar al diputado Noroña y a mí, a esta reunión y que defendamos a estas 10 mil familias que están siendo perseguidas injustamente. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Con mucho gusto. En cuanto las actividades de esta Presidencia lo permitan haré el trámite al que usted se refirió en su tercer punto. En relación a las otras dos observaciones, las compartimos plenamente.

Si ya no hubiere ningún asunto, ruego a la Secretaría que antes de someter a votación el orden del día convoque a los señores diputados y a las señoras diputadas a guardar un minuto de silencio, como aquí fue solicitado.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Se invita a los presentes a ponerse de pie.

(Minuto de silencio)

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Fernández Noroña, ¿para qué objeto?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Perdón, diputado presidente. Quiero hacerle una segunda solicitud, que se me pasó. Además, quisiera que quedara constancia en la sesión correspondiente. Batallé mucho para pasar la corona, a pesar de que es mi derecho y el personal de Seguridad estaba muy preocupado, porque tenían la tarea de que no me dejaran pasar la corona y temen por su empleo.

Quiero pedir que, a pesar de que estaban haciendo algo incorrecto al tratar de evitar que pasara la corona, no se les moleste, no se les sancione, se les respete en su empleo, porque sería un atropello que hubiera represalias sobre ellos. Quisiera pedírselo formalmente, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De acuerdo. En México la corona tiene un simbolismo específico de luto, que embarga a esta Cámara. Continúe la Secretaría con el procedimiento correspondiente.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Tercer año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 20 de septiembre de 2011.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva.

De la Junta de Coordinación Política.

Del diputado Óscar Aguilar González, para turnar iniciativas conforme al Artículo Sexto Transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Del diputado Elpidio Concha Arellano, para retirar iniciativa con proyecto de decreto de los registros parlamentarios.

De la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con la que remite los lineamientos Técnicos de Medición de Hidrocarburos.

Del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados, relativo al reconocimiento de las Comunidades Indígenas en congruencia con la Constitución Federal.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de agosto de 2011, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de agosto de 2010.

De la Cámara de Senadores

Con la que remite iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, las palabras “Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana”, presentada por los Senadores Julio César Aguirre Méndez, Valentín Guzmán Soto y Antelmo Alvarado García, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, respectivamente. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, considerar un aumento significativo al presupuesto de 2012, para el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, así como para el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, presentada por el senador Heladio Ramírez López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 establezca los recursos necesarios y suficientes destinados al mantenimiento y ampliación a cuatro carriles del tramo carretero Tuxpan-Tampico, de la carretera federal 180, presentada por el senador Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que, en la discusión del Presupuesto de Egresos para 2012 se contemplen recursos adicionales para la modernización de las unidades productivas de la cebada maltera, a fin de que estas erogaciones alcancen al menos los 25 millones de pesos, presentado por la senadora Rosalía Peredo Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, se aprueben al estado de Morelos 8,556.4 millones de pesos del Ramo 33, presentado por el senador Adrián Rivera Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2012, asigne los recursos suficientes para mitigar y adaptar los efectos del cambio climático en el estado de Campeche, presentado por la senador Guadalupe Fonz Sáenz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, considerar dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, otorgar mayores recursos a la educación náutica, presentado por el senador Sebastián Calderón Centeno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a comisiones de la Cámara de Diputados para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, se aumenten las partidas presupuestales del Fondo Regional y Fondo Metropolitano, presentado por el senador Alfonso Sánchez Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, para que se asignen recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 a la construcción, reconstrucción, modernización y mantenimiento de las carreteras y caminos rurales en Chiapas, presentado por el senador Rubén Fernando Velázquez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el Informe de Labores 2010 de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Julio César Serrano Vázquez, Alejandro Joel Díaz Cofradia, Claudia Krings Heidel y Carlos Javier Garza Cantú, puedan prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América y de Austria, en México, y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León, respectivamente.

Por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Rodolfo Salazar González, Irene Vázquez Carrasco, Arizbé Mondragón Alvarado, Mirna María Sotomayor Galindo y José Óscar Manríquez Montelongo, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en sus Consulados en Tijuana, Baja California y en Monterrey, Nuevo León, respectivamente; e informa que los ciudadanos Luis Gonzalo Villa Peña, Sergio Morales Gómez, Minako Nishimura Murakami y Mariana Zayas Chávez, dejan de prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América y del Japón, en México y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California, respectivamente.

Dos con los que remite el Quinto Informe de labores de las Secretarías de Educación Pública y de Seguridad Pública.

Con el que remite el Informe de la Evaluación de Procesos del Programa 005, prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre proveedores y consumidores.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al proyecto del Ferrocarril de Guadalajara-Aguascalientes.

Minuta

Con proyecto de decreto que concede permiso al Ciudadano Luis Maldonado Venegas, para que pueda aceptar y usar la distinción “Gobernador Enrique Tomás Cresto” como “Lider para el Desarrollo”, que le otorga el Senado de la República de Argentina. (Turno a Comisión)

Iniciativa de ley o decreto de las legislaturas de los estados

Del Congreso del Estado de Aguascalientes, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo a la fracción VIII del artículo 3o. y reforma la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Relativo a la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, para el análisis del V Informe de Gobierno en materia económica y para que dé cuenta de las iniciativas que comprenden el paquete económico del ejercicio fiscal de 2012. (Votación)

Declaratorias de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que expide los Criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados.

De las Comisiones Unidas de Salud y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto, que adiciona la fracción IX BIS al artículo 3o.; un Titulo Quinto Bis y su capítulo Único; y el artículo 421 Ter a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 9 y 14 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que deroga la fracción V del artículo 1391 del Código de Comercio.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones V al artículo 7o. y X al artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 113 Bis de la Ley de Aguas Nacionales.

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo IV Bis, al Título Octavo del Libro Segundo del Código de Justicia Militar, adicionando los artículos 275 Bis y 275 Ter.

Dictámenes a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Economía, con Proyecto de decreto que reforma el artículo 1411 del Código de Comercio.

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 33 y el primer párrafo del artículo 35 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

De la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De la Comisión de Comunicaciones, con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, fracción VI; 18 y 19 primer párrafo de la Ley General de Turismo.

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes, con proyecto de decreto por el que se Garantizan los Derechos de los Usuarios de Compañía Mexicana de Aviación y sus Filiales, en relación con la venta de Boletos anterior al inicio del Proceso de Quiebra.

De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Equidad y Género, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo a los artículos 10 y 122; y se reforma el artículo 132 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

De la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 9 y se adiciona la fracción V al artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con Proyecto de decreto que adiciona tres párrafos al artículo 82 de la Ley de Aguas Nacionales.

Dictámenes a discusión

De proposiciones

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo al cumplimiento de compromisos internacionales por parte del Gobierno Federal, en materia de Cambio Climático.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo al impacto ambiental producido por las bolsas de plástico.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a incrementar los recursos destinados a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Estatal de los estados, para atender la salud de personas de escasos recursos y que carecen de seguridad social.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del poder ejecutivo federal, a fin de que elabore y remita a esta soberanía un diagnóstico con datos reales y actualizados de la situación de violencia contra los menores.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Baja California, a reformar las disposiciones de su Código Penal, que contravienen principios fundamentales de igualdad, no discriminación y equidad previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo para que en el ámbito de sus respectivas competencias, instrumente las acciones y medidas necesarias tendientes a implantar un programa integral de Apoyo, Atención y Seguimiento a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Narcotráfico.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las Entidades Federativas y a las autoridades correspondientes del Distrito Federal y a la de los municipios a capacitar a los servidores públicos en materia de Derechos Humanos de las Mujeres y de Perspectiva de Género.

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo relativo a la licitación propuesta por la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo, con la finalidad de que edifique una política pública en materia turística y en el cual se incentive la promoción como destino turístico, dentro de los programas regionales que opera esta Secretaría, uno relativo a Turismo Rural, y consecuentemente, se otorguen apoyos económicos a pequeños prestadores de servicios que lo abarquen.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativas y minutas

De la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17 y 80 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desechan tres Iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma diversos artículos a la Ley de Desa-rrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

Iniciativas

Que reforma los artículos 118 de la Ley del Seguro Social y 51 y 166 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado David Penchyna Grub, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Edgardo Melhem Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Canek Vázquez Góngora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8° de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 40 y 53 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2°, 8° y 13 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que deroga el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Hugo Héctor Martínez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7° de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 14, 17 Bis y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Sabino Bautista Concepción, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 33 de la Ley General de Educación y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3°, 104 y 112 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Ley General de Educación y 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, a cargo del diputado Óscar Lara Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Francisco Javier Orduño Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley para el impulso a favor del desarrollo pleno de las mujeres Jefas de Familia, a cargo de la diputada Margarita Liborio Arrazola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y expide la Ley Federal de la Pirotecnia, a cargo del diputado Héctor Guevara Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el epígrafe “Primer Congreso de Anáhuac, Congreso de Chilpancingo 1813”, a cargo del diputado Mario Moreno Arcos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

De decreto interpretativo del párrafo sexto del artículo 27 Constitucional y del 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Nely Edith Miranda Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3° y 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez y suscrita por el diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General sobre Trato Digno y Respetuoso hacia los Animales, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7° y 111 y adiciona un artículo 8 ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 537 y 539 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12 y 25 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Tomás Gutiérrez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 167 de la Ley General de Salud y 8° de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo de la diputada Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6° de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 80 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Fondo para Fortalecer la Infraestructura ante la Urgencia Económica, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota y suscrita por los diputados Vidal Llerenas Morales, Indira Vizcaíno Silva y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y del Código de Comercio, a cargo del diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial para la Competitividad. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Seguridad Alimentaria, a cargo de la diputada María Guadalupe García Almanza y suscrita por los diputados Laura Arizmendi Campos, Pedro Jiménez León y María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Garantía al Derecho Alimentario, a cargo del diputado José Narro Céspedes y suscrita por el diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal de Sesiones Públicas, a cargo de la diputada Norma Leticia Orozco Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ariel Gómez León, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal y reforma el artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Justicia. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Seguro Social, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales y suscrita por diputados y senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 11, 93 y 112 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73, 76 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2° de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 28 Ter a la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Armando Jesús Báez Pinal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 307 de la Ley General de Salud y 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley que crea la Universidad Indígena de Oaxaca, a cargo del diputado Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría General, a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y a la Dirección General de Recursos Humanos de esta Honorable Cámara de Diputados, giren las instrucciones pertinentes, para que a los veintinueve trabajadores de confianza con discapacidad que laboran en este órgano legislativo, se les otorgue la base sindical, a cargo de la diputada Nely Edith Miranda Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, dé cuenta a la ciudadanía sobre los resultados obtenidos en el censo 2010, a cargo del diputado Eric Luis Rubio Barthell, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEDESOL, para que a través del CONEVAL, realice un estudio del tipo de pobreza existente en los estados fronterizos del norte del país y bajo este criterio lograr una mejor cobertura en la aplicación de los Programas Federales, a cargo del diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Judicial de la Federación, establezca los canales de comunicación adecuados entre las distintas instancias encargadas de emitir resoluciones que pongan fin a los procesos donde se vean involucrados servidores públicos de todos los niveles gubernamentales, así como al Consejo de la Judicatura Federal, revise la actuación de la Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, en razón de haber concedido la libertad al señor Néstor Félix Moreno Díaz, ex funcionario de la CFE, por presunto enriquecimiento ilícito, producto de una red de sobornos, suscrito por los diputados Esthela Damián Peralta, Magdalena Torres Abarca, Israel Madrigal Ceja, José Narro Céspedes y Rigoberto Salgado Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones Ordinarias de esta Soberanía, para que en el periodo de análisis y discusión del PEF 2012, respeten el calendario que en su oportunidad emita la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para la recepción de los Proyectos de Inversión presentados por los grupos sociales provenientes de cualquier región del país, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la PGR y de la SHCP, lleve a cabo las acciones necesarias para capturar y castigar a los responsables del fraude realizado por la empresa Herón México, S.A. de C.V., a más de 5,500 familias de diversas entidades federativas de nuestro país, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF, investigue la obra "Gaza Universitaria en Entronque de Circuito Universitario y Periférico de la Juventud", en el municipio de Chihuahua, para determinar si el presupuesto asignado se ejerció correctamente y deslindar responsabilidades en caso de comprobarse el desvío de recursos públicos, a cargo del diputado Arturo García Portillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo a fin de crear centros comunitarios de reinserción social (casas de medio camino), por parte de los titulares del Ejecutivo Federal y los de los estados de la República para cumplir con los postulados contenidos en el artículo 18 Constitucional, a cargo del diputado Luis Felipe Eguía Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, fortalezca en sus planes y programas de estudio la cultura de envejecimiento, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Judicial de la Federación, para que a través del Consejo de la Judicatura Federal, incluya el derecho internacional de los derechos humanos como una materia obligatoria en los cursos que imparta tanto para ingresar a la carrera judicial, como para desarrollarse dentro de la misma, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Senadores, para que dictamine y vote la Minuta con proyecto de decreto por la que se adiciona un segundo párrafo al artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada en el DOF del 21 de diciembre de 1995, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sener y a Pemex, tomen las medidas preventivas y eviten la circulación, el estacionamiento y las maniobras de unidades de carga doblemente articuladas en zonas habitacionales o comerciales y en el centro histórico de Puerto Vallarta, Jalisco, que ponen en riesgo el medio ambiente, la seguridad de las personas o sus bienes, así como para prevenir desastres que se pudieran ocasionar por sustancias químicas peligrosas y combustible, suscrito por los diputados Fernando Morales Martínez y Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales, elaboren su diagnóstico y programa estatal de derechos humanos, a la Segob para que promueva la realización de los mismos y a los Congresos Estatales, etiqueten recursos destinados al mismo fin, a cargo de la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a los Congresos Locales, y a los Gobiernos Municipales, mejoren las condiciones regulatorias que incidan en el proceso productivo de las Mipymes; así como al titular de la Secretaría de Economía para que dé cuenta a la opinión pública acerca de los convenios celebrados con las entidades federativas y los municipios para la consecución de los objetivos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Especial del Corredor Económico del Norte de México, a cargo del diputado José Ricardo López Pescador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, instruya al Director General del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, a establecer mesas de diálogos con los organismos estatales de infraestructura física educativa en materia de descentralización de los recursos, a cargo del diputado Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Efemérides

Con motivo del Trigésimo aniversario de la entrada en vigor de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), a cargo de la diputada Dolores de los Ángeles Názares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del 187 aniversario de la Federación de Chiapas en México, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del CCI aniversario del Inicio de la Lucha de Independencia, a cargo de la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles catorce de septiembre de dos mil once, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputadoFelipe Amadeo Flores Espinosa

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos setenta diputadas y diputados, a las diez horas con treinta y siete minutos del miércoles catorce de septiembre de dos mil once, el Presidente declara abierta la sesión.

Desde su curul realiza comentarios el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día y enseguida al Acta de la sesión anterior, la cual se aprueba de la misma manera.

Se da cuenta con comunicaciones oficiales:

a) De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, por la que invita a la Ceremonia Cívica con motivo del izamiento de bandera a media asta en honor a los caídos en los sismos ocurridos en el Distrito Federal el diecinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, que tendrá lugar el diecinueve de Septiembre a las siete horas con nueve minutos. Se designa una comisión de representación.

b) De la Junta de Coordinación Política, por la que se designa al Presidente del Consejo Editorial, para el Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura. De Enterado. Comuníquese.

c) De la Cámara de Senadores, con las que remite:

• Su calendario para el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primer Legislatura. De Enterado.

• Proposiciones con punto de acuerdo:

– Por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, incrementar la partida presupuestal correspondiente al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, con base al Presupuesto de Egresos aprobado para dos mil once y modifique la estructura del PEC-dos mil doce para que se establezca un Programa Nacional de Alimentación, el cual ejerza ochenta y un mil millones de pesos, de los cuales cinco mil se destinen, en su ejercicio al estado de Oaxaca, presentada por el senador Armando Contreras Castillo, del Partido de la Revolución Democrática.

– Para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación dos mil doce, se consideren recursos para la creación del programa de prevención y atención a la violencia y maltrato infantil, presentado por los senadores Alfredo Rodríguez y Pacheco, Emma Lucía Larios Gaxiola y Guillermo Tamborrel Suárez, del Partido Acción Nacional.

– Por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, considerar un incremento sustancial al presupuesto del programa Instituto Mexicano del Seguro Social-Oportunidades para dos mil doce, a efecto de que cuente con mayores recursos para ampliar su cobertura y mejorar la calidad de los servicios que brinda a la población más vulnerable del sector rural, presentada por el senador Heladio Ramírez López, a nombre del Partido Revolucionario Institucional.

– Por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos dos mil doce, contemple una partida especial para que en el ciclo escolar dos mil doce-dos mil trece se garantice gratuitamente un paquete de útiles escolares para los estudiantes de escasos recursos inscritos en cualquiera de los niveles de educación básica, presentado por la senadora Guadalupe Fonz Sáenz, del Partido Revolucionario Institucional.

Se remiten a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

d) De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el que remite acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, realicen los procedimientos legislativos necesarios con la finalidad de legislar a favor de la salud respecto al daño por el consumo excesivo de refrescos y bebidas edulcorantes. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

e) De la Secretaría de Gobernación, con la que solicita el retiro formal de las solicitudes de prestar servicios de los ciudadanos: Rubén Jorge Tapia Ruvalcaba, Cándido López Anaya, Alfredo de la Torre Rivera y Gonzalo Orostico Clemente. Se remite a la Comisión de Gobernación, para su atención.

f) De la Cámara de Senadores, por el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos sesenta y uno, sesenta y cuatro y setenta y nueve de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar las iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• María Esther Terán Velázquez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y expide el Decreto que constituye la Escuela Nacional de Charrería. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Juventud y Deporte, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión. En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios los diputados: Beatriz Elena Paredes Rangel; del Partido Revolucionario Institucional; Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática; Ana Estela Durán Rico, Partido Revolucionario Institucional; Juan José Cuevas García, del Partido Acción Nacional; Héctor Guevara Ramírez, y José Ramón Martel López, ambos del Partido Revolucionario Institucional.

• Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley Federal de Radio y Televisión, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, de Radio, Televisión y Cinematografía, de Equidad y Género, y de Justicia, para dictamen.

A las once horas con doce minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de trescientos sesenta y tres diputadas y diputados.

• Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo:

– Que reforma el artículo ciento treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Que reforma los artículos tercero y cuarto del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Laura Arizmendi Campos, a nombre propio y de la diputada María Guadalupe García Almanza, de Convergencia, que reforma los artículos veintisiete y ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Se someten a discusión los siguientes dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Atención a Grupos Vulnerables, que expide la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Para fundamentar el dictamen se concede el uso de la palabra a la diputada Yolanda de la Torre Valdez, a nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios a los diputados: María Guadalupe García Almanza, de Convergencia; Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática, quien durante su intervención solicita un minuto de silencio en memoria de las víctimas del incendio en la guardería ABC, y el Presidente concede tal petición; María Joann Novoa Mossberger, del Partido Acción Nacional; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto e intervienen desde sus respectivas curules los diputados: Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México; Diva Hadamira Gastélum Bajo y Susana Hurtado Vallejo, del Partido Revolucionario Institucional; Óscar González Yañez, del Partido del Trabajo. En votación económica se considera suficientemente discutido.

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Salazar Sáenz

En votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular por trescientos setenta y dos votos y dos abstenciones. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios la diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz, del Partido Acción Nacional.

b) De Marina, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México. Para fundamentar el dictamen se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Gertz Manero, a nombre de la Comisión. Se somete a discusión en lo general y en lo particular e intervienen en contra los diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia, quien acepta interpelación del diputado Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México; Mario Alberto Di Costanzo Armenta; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña ambos del Partido del Trabajo, quien acepta interpelación del diputado Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México, Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo; Teresa del Carmen Incháustegui Romero, y Enoé Margarita Uranga Muñoz, ambas del Partido de la Revolución Democrática; intervienen en pro los diputados: Gustavo Antonio Ortega Joaquín, del Partido Acción Nacional; Francisco Armando Meza Castro, del Partido de la Revolución Democrática y Óscar Román Rosas González, del Partido Revolucionario Institucional. Desde sus respectivas curules realizan comentarios los diputados: Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, del Partido Acción Nacional; Enoé Margarita Uranga Muñoz; y Feliciano Rosendo Marín Díaz, del Partido de la Revolución Democrática; y para responder alusiones personales los diputados: José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, ambos del Partido del Trabajo. El Presidente, hace aclaraciones, e informa la reserva de los artículos primero, segundo y tercero por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. Desde su curul realiza moción de procedimiento el diputado Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México.

A las trece horas con cuarenta y tres minutos el Presidente declara un

RECESO

A las catorce horas con un minuto se reanuda la sesión.

Se concede el uso de la palabra al diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, quien, desde su curul, retira su propuesta de modificación a los artículos, primero, segundo y tercero del proyecto de decreto y hace comentarios. Desde sus respectivas curules realizan los diputados: Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional; Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; y Beatriz Elena Paredes Rangel, del Partido Revolucionario Institucional. Se concede el uso de la palabra para dar lectura a las propuestas de modificación al diputado Alejandro Gertz Manero, a nombre de la Comisión. En votación económica se aceptan y se aprueban las propuestas de modificación. En votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea el proyecto de decreto por trescientos sesenta y nueve, votos; dos, en contra y cinco, abstenciones. Pasa al Senado, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios relativos al aniversario de la incorporación del Estado de Chiapas a la Federación los diputados: Magadalena Torres Abarca, del Partido de la Revolución Democrática; Ovidio Cortazar Ramos, del Partido Acción Nacional; y Ariel Gómez León, del Partido de la Revolución Democrática.

c) De Desarrollo Rural, que adiciona un párrafo al artículo treinta y dos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se somete a discusión en lo general y en lo particular e intervienen en pro los diputados: Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo;

Presidencia del diputadoFelipe Amadeo Flores Espinosa

Ramón Merino Loo, del Partido Acción Nacional. En votación económica se considera suficientemente discutido y en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos cuarenta y seis votos; y una abstención. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Desde sus curules realizan comentarios con relación a un artículo transitorio los diputados: Gustavo Ginzález Hernández, del Partido Acción Nacional; Carlos Flores Rico y Miguel Ángel García Granados, ambos del Partido Revolucionario Institucional.

d) De Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, que reforma el artículo treinta y dos y adiciona un artículo cuarenta y tres Bis a la Ley General de Población. Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Venustiano González Ilescas, a nombre de la Comisión, quien solicita sea retirado el dictamen. Desde su curul realiza comentarios el diputado Ariel Gómez León, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se aprueba volver el dictamen a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

e) Unidas de Turismo y de Atención a Grupos Vulnerables, que adiciona una fracción décima novena Bis al artículo tres de la Ley General de Turismo. Para fundamentar el dictamen se concede el uso de la palabra a la diputada Lizbeth García Coronado, a nombre de las Comisiones. Para fijar postura de sus respectivos Grupos Parlamentarios los diputados: María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, de Convergencia; Claudia Edith Anaya Mota, del Partido de la Revolución Democrática; Miguel Martínez Peñaloza, del Partido Acción Nacional. En votación económica se considera suficientemente discutido y en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos catorce votos; y una abstención. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Se someten a discusión los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo, a cuyos encabezados se da lectura:

a) De Asuntos Indígenas, por los que se exhorta:

• Al Ejecutivo Federal traducir la Legislación Federal a las lenguas indígenas y difundirla; así como a los Congresos Locales legislar en materia de preservación y desarrollo de las Lenguas y Culturas Indígenas.

• Al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero reconocer a la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur como un organismo público de Educación Superior y brindarle el apoyo económico correspondiente.

b) De Turismo, por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo, incorpore y defina como prestadores de servicios turísticos al tiempo compartido, marinas turísticas y servicios de transportación aérea, terrestre y marítima, en adición a los contenidos, en su momento, por la legislación anterior a la vigente Ley General de Turismo, considerando que estará por publicarse el Reglamento de la citada Ley.

c) De Equidad y Género, por los que se:

• Exhorta a las Comisiones de esta Cámara de Diputados, observar, cuando elaboren y aprueben dictámenes, los principios y obligaciones Internacionales establecidas en el artículo segundo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.

• Solicita al Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género que instruya al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género para que elabore un Programa de Capacitación Permanente sobre la incorporación de la perspectiva de Género en el trabajo legislativo dirigido a los legisladores y a su equipo técnico.

d) De Desarrollo Social, por los que se exhorta:

• A la Secretaría de Desarrollo Social, modifique las reglas de operación del programa para el desarrollo de zonas prioritarias a fin de considerar un rubro de desarrollo comunitario que contemple recursos destinados a la construcción de espacios de convivencia y esparcimiento para las familias.

• A la Secretaría de Desarrollo Social, lleve a cabo los estudios técnicos necesarios e implemente estancias infantiles vespertinas y nocturnas dentro del Programa de Estancias Infantiles que tiene a su cargo.

• Al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social, impulse un programa especial para la construcción de espacios comunitarios que fomenten la integración y la cohesión social de las comunidades en nuestro país.

• Al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, implemente un programa de estancias infantiles en los campos agrícolas, dirigidos a la atención de las y los hijos de las trabajadoras agrícolas.

• A la Secretaría de Desarrollo Social, especifique y priorice el criterio de inseguridad pública en las Reglas de Operación del Programa Federal Rescate de Espacios.

e) De Comunicaciones, por el que se solicita la intervención del Gobierno Federal en el conflicto suscitado en el sector de las telecomunicaciones.

f) Unidas de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables, por el que se exhorta al Congreso del estado de Guerrero, para que expida una Ley que permita implantar un Sistema de Justicia para Adolescentes.

g) De Cultura, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, al Gobierno del estado de Jalisco, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a las autoridades competentes tomar las medidas necesarias para impulsar y promover como patrimonio cultural y natural de la humanidad al centro de la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.

h) De Atención a Grupos Vulnerables, por el que se exhorta a los sectores público, privado y social fortalecer la permanencia, inserción, integración y promoción laboral de las personas con discapacidad.

i) Del Distrito Federal, por los que se:

• Exhorta a diversas autoridades del Gobierno del Distrito Federal reanudar las mesas de trabajo con vecinos de la Delegación Magdalena Contreras.

• Exhorta al Jefe de Gobierno y al Secretario de Finanzas del Distrito Federal  fortalecer las finanzas públicas de la capital, eficientando la recaudación de los impuestos y derechos.

• Exhorta al Gobierno del Distrito Federal realizar las acciones necesarias para el rescate de los Bosques de Chapultepec y de San Juan de Aragón.

• Solicita la recuperación y preservación del predio denominado “Pensil Mexicano”, ubicado en la Delegación Miguel Hidalgo.

j) De Equidad y Género, por el que se exhorta al Instituto Colimense del Deporte, para impulsar el acceso y la participación de las mujeres en su estructura orgánica, a efecto de erradicar la discriminación laboral.

k) De Transportes, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, inicie los trabajos de Libramiento Vehicular de Tlapa de Comonfort, Guerrero, y reasigne una parte de los recursos de subejercicios durante el ejercicio fiscal dos mil once, para la construcción de la obra del Libramiento Tlapa.

Sin oradores registrados, en votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Sin oradores registrados, en votación económica se aprueban los siguientes dictámenes en sentido negativo con puntos de acuerdo por los que desechan iniciativas o minutas con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Derechos Humanos, que reforma los artículos seis, veinticuatro y cincuenta de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

b) De Economía, que reforman los artículos:

• Treinta y dos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

• Cuarenta y ocho de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

• Dos de la Ley Minera.

c) De Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, que:

• Reforma la Ley General de Población, para adicionar un Capítulo mediante el cual se protege a los transmigrantes y migrantes no documentados.

• Reforma y adiciona diversos artículos de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y se adiciona el artículo treinta y cinco Bis a la Ley General de Población.

d) De Vivienda, que reforma los artículos seis y ocho de la Ley de Vivienda.

e) De Educación Pública y Servicios Educativos, que:

• Adiciona una fracción décima séptima al artículo setenta y cinco y reforma el artículo setenta y seis de la Ley General de Educación.

• Reforma los artículos cincuenta y uno y cincuenta y dos de la Ley General de Educación.

• Reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

• Reforma el artículo doce de la Ley General de Educación.

• Reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

f) De Transportes, que adiciona un artículo treinta y seis bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

g) De Economía, que adiciona una fracción octava al artículo setenta y seis bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

h) De Ciencia y Tecnología, que reforman los artículos:

• Veintidós de la Ley de Ciencia y Tecnología.

• Seis y trece de la Ley de Ciencia y Tecnología.

i) De Energía, que deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

j) De Educación Pública y Servicios Educativos, que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

k) De Economía, que reforma los artículos cuarenta y cuatro y cincuenta y uno -A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

l) De Transportes, que reforma el artículo veinte de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

m) De Economía, que :

• Expide la Ley de Precios Competitivos.

• Adiciona un segundo párrafo a la fracción décima tercera del artículo veinticuatro y adiciona un Capítulo décima segunda Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

n) De Defensa Nacional, que reforma el artículo tres de la Ley que Crea la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea.

o) De Economía, que:

• Reforma la fracción primera del artículo diecinueve de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

• Reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de la Competencia Económica.

p) De Transportes, que adiciona un segundo párrafo al artículo setenta y un artículo setenta y cuatro quáter a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Archívense los expedientes como asuntos concluidos; por lo que se refiere al último dictamen se devuelve al Senado para los efectos de la fracción D, del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Desde su curul el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, realiza comentarios con relación al dictamen en sentido negativo referte a la Ley Minera.

Se da cuenta con una comunicación de la Junta de Coordinación Política, y en votación económica se autoriza la modificación e inclusión en el Orden del día, del acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que a través de la instancias correspondientes, emita la declaratoria de desastre natural en el sector agrícola de los estados de Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Estado de México, y se liberen de forma inmediata los recursos del Fondo de Desastres Naturales, para atender los problemas generados por la fuertes heladas en las zonas agrícolas de la región. En votación económica se aprueba el acuerdo. Comuníquese. En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios los diputados: Omar Fayad Meneses, del Partido Revolucionario Institucional; y Julián Francisco Velázquez y Llorente, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

El Presidente anuncia que de conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo en los casos en los cuales se haya recibido comunicación para ser registradas en la siguiente sesión, a saber:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Guillermo Cueva Sada, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos sesenta y uno y ciento doce de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Marcos Pérez Esquer, del Partido Acción Nacional:

– Que reforma el artículo cincuenta y dos de la Ley de Aviación Civil. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

– Que reforma el artículo sexto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Se turna a la Comisión de la Función Pública, para dictamen.

– Que reforma el artículo sesenta y uno de la Ley de Instituciones de Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Ariel Gómez León, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo sesenta y siete de la Ley Federal de Radio y Televisión. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para dictamen.

• Oralia López Hernández y suscrita por el diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos diecisiete, ochenta y ciento cuarenta y ocho de la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Rosi Orozco, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los gobernadores de los estados y al jefe de gobierno del Distrito Federal, integrantes de la Comisión Nacional del Agua, a que den a conocer los resultados de los operativos y en base a esa información, acuerden intensificar los operativos permanentes de combate a la trata de personas, a que incrementen las acciones de Coordinación Interinstitucional y Participación Social, que contribuyan a la prevención de este grave delito, y a que se intensifiquen las acciones de los gobiernos estatales de estados fronterizos y de zonas turísticas con el Instituto Nacional de Migrantes, para la realización de operativos de vigilancia y supervisión en terminales aéreas, marítimas y terrestres, así como en los establecimientos con giros de clubes privados, bares, discotecas, centros de masajes o similares. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• José Narro Céspedes, de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al comisionado de Conapesca, atienda la problemática generada en la zona de la Bahía de San Quintín, playas de Santa María y El Playón, Baja California, por el desorden que prevalece en la explotación de la almeja generosa. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

• María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León, para que incorpore el municipio de Pesquería a la zona metropolitana de Monterrey. Se turna a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, para dictamen.

• Rosi Orozco, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a las autoridades de los estados identificados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como los de mayor incidencia de casos de trata de personas, intensifiquen las acciones de coordinación interinstitucional que contribuyan a la prevención y combate a este grave delito, y al Instituto Nacional de Migrantes, a coordinarse con las autoridades de estados fronterizos y de zonas turísticas para la realización de operativos de vigilancia y supervisión en terminales aéreas, marítimas y terrestres, así como en los establecimientos con giros de clubes privados, bares, discotecas, centros de masajes o similares. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se da a conocer la disposición indebida de recursos federales y su canalización hacia una obra legalmente no ejecutable denominada “Acueducto Independencia”, cuyo proceso de construcción se está dando en Sonora y mediante la cual se pretende extraer aguas de la cuenca del río Yaqui, concretamente de la presa Plutarco Elías Calles “El Novillo”, a la cuenca del río Sonora para beneficiar a la ciudad de Hermosillo, Sonora. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

El Presidente clausura la sesión a las quince horas con cuarenta y ocho minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes veinte de septiembre de dos mil once, a las once horas.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobada el acta.Proceda la Secretaría con el punto correspondiente a las comunicaciones oficiales, en primer término de la Mesa Directiva.

MODIFICACION DE TURNO

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia comunica que se realizaron modificaciones de turno, de conformidad con los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, mismas que fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes iniciativas:

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un sexto párrafo a la fracción IV del artículo 74 y se reforman los artículos 75 y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman las fracciones II y XIII del artículo 2; el inciso e) de la fracción I, el inciso c) de la fracción II y el inciso c) de la fracción III del artículo 5; el artículo 19; los párrafos segundo y tercero del artículo 47; el artículo 57; el primer párrafo del artículo 58 y el primer párrafo del artículo 67; se derogan los artículos 20; el párrafo cuarto del artículo 47; el párrafo quinto del artículo 54; los párrafos último, penúltimo y antepenúltimo del artículo 58; el artículo 59; el artículo 60; la fracción VII del artículo 65, todos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se adiciona el artículo 223 bis del Código Penal Federal, presentada por el diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional, el 25 de mayo de 2011.

“Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Justica, para dictamen.”

México, DF, a 20 de septiembre de 2011.— Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), presidente.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara, se modifican los turnos. Publíquese en el Diario de los Debates. Actualícense los registros parlamentarios.

Comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado José Ramón Martel López, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Comisión de Equidad y Género

Baja: Diputada Adela Robles Morales (integrante).

Alta: Diputada Adela Robles Morales (secretaria).

Baja: Diputado Fidel Kuri Grajales (secretario).

Alta: Diputado Fidel Kuri Grajales (integrante).

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 19 de septiembre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento solicitado por el diputado José Ramón Martel López, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Comisión de Seguridad Social

Alta: Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (integrante).

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de septiembre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de tos Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado José Ramón Martel López, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Comisión de Trabajo y Previsión Social

Baja: Diputado Alfonso Navarrete Prida (integrante).

Alta: Diputado Amador Monroy Estrada (integrante).

Comisión de Juventud y Deporte

Alta: Diputado Fidel Kuri Grajales (integrante).

Comisión de Participación Ciudadana

Alta: Diputado Fidel Kuri Grajales (integrante).

Comisión Especial para la Familia

Alta: Diputada Margarita Liborio Arrazola (secretaria).

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de septiembre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

Comisión de Comunicaciones

Alta: Diputada María del Carmen Valls Esponda (integrante).

Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía

Alta: Diputada María del Carmen Valls Esponda (integrante).

Comisión de Turismo

Alta: Diputada Iridia Salazar Blanco (integrante).

Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas

Baja: Diputado Alfonso de Jesús Martínez Alcázar (presidente).

Alta: Diputada Iridia Salazar Blanco (presidenta).

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 19 de septiembre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Jorge Kahwagi Macari, coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza:

Comisión de Cultura

Baja: Diputado con licencia Reyes Tamez Guerra (integrante).

Alta: Diputado José Isabel Meza Elizondo (integrante).

Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

Baja: Diputado con licencia Reyes Tamez Guerra (integrante).

Alta: Diputado José Isabel Meza Elizondo (integrante).

Comisión Especial de seguimiento a los fondos aportados por los ex braceros mexicanos

Baja: Diputado con licencia Reyes Tamez Guerra (integrante).

Alta: Diputado José Isabel Meza Elizondo (integrante).

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de septiembre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobada. Comuníquese.Continúe la Secretaría.

INICIATIVAS TURNADAS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Esta Presidencia informa que en atención a la solicitud presentada por el diputado José Óscar Aguilar González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó turnar nuevamente su iniciativa a la comisión correspondiente, para que corra el término reglamentario de presentar dictamen, de conformidad con lo que establece el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados; y publicar en la Gaceta Parlamentaria la relación correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2011.— Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), presidente.»

«La Mesa Directiva, con fundamento en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, acordó turnar nuevamente las iniciativas a las comisiones correspondientes, para que corra el término reglamentario para presentar dictamen

1. Promovida por el diputado José Óscar Aguilar González (PRI).

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12 y 17 de la Ley General de Protección Civil.

Recibida el 15 de diciembre de 2010. (1734)

Turno: Comisión de Gobernación.

Expediente 3666.

Sección: Primera.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Esta Presidencia informa a la Asamblea que la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, acordó turnar nuevamente la iniciativa a la comisión correspondiente para que corra el término reglamentario de presentar dictamen. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y actualícense los registros parlamentarios.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Estimado diputado Emilio Chuayffet Chemor

Por este conducto hago propicia la ocasión para enviarle con respeto y afecto un saludo; asimismo, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de Cámara de Diputados, solicito a usted de la manera más atenta que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda con el propósito de que la

“Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional”; sea retirada y descargada de los registros parlamentarios así como de la Comisión de Desarrollo Social; misma iniciativa que fue presentada en la sesión del pleno de los diputados el día 10 de diciembre de 2009.

La anterior petición, en consideración de que dicha iniciativa de reforma, en la presente fecha, ya es atendida en otro dispositivo de la misma ley en comento.

Sin otro particular, y agradeciendo sus finas atenciones, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2011.— Diputado Elpidio Concha Arellano (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Hago referencia los artículos 258 Quintus de la Ley Federal de Derechos y tercero transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2010, en los que se establece que, a más tardar el 30 de junio de 2011, la Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (comisión), debe emitir los lineamientos para la medición de los volúmenes extraídos de petróleo crudo y gas natural.

Al respecto, me es grato informarle que con fecha 30 de junio del presente, esta comisión dio cumplimiento al mandato del honorable Congreso de la Unión y publicó en el Diario Oficial de la “Resolución CNH.06.001111 por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos da a conocer los Lineamientos Técnicos de Medición de Hidrocarburos”. Para pronta referencia, se adjunta archivo electrónico de dicha resolución y se informa que ésta se encuentra también disponible en la página web de la comisión (www.cnh.gob.mx).

Adicionalmente, en representación del órgano de gobierno de la comisión, me pongo a sus órdenes para que, de ser de su interés, se expongan a esa Cámara de Diputados cuya mesa directiva Ud. preside, los efectos y alcances de la mencionada regulación, tomando en consideración la importancia que implica para nuestro país el contar con mecanismos de medición de gas y aceite que incrementen la certidumbre respecto de la producción nacional de hidrocarburos y la venta de éstos.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 9 de septiembre de 2011.— Juan Carlos Zepeda Molina (rúbrica), comisionado presidente.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia, que hasta el momento hay una asistencia de 406 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Continúe la Secretaría.

DERECHOS DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo.— Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.— XIII Legislatura.

Mesa Directiva, LXI Legislatura.— Poder Legislativo Federal de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio de la presente, esta comisión, en representación de la XIII Legislatura, tiene a bien remitir lo conducente respecto al oficio número DGPL 61-II-6-1034, expediente 2941, de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, donde tienen a bien comunicar que se aprobó un punto de acuerdo para los efectos que haya lugar, sobre

I. El acuerdo comunicado es un exhorto dirigido respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas a rea-lizar las adecuaciones necesarias en las Constituciones y leyes locales, con objeto de atender los mandatos de los párrafos quinto del artículo 2o. constitucional y último del Apartado A del mismo artículo, a fin de establecer procedimientos legales para el reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas como sujetos de derecho.

II. Que el texto constitucional federal referido establece:

Artículo 2o. ...

...

...

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas se hará en las Constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para

I. a VIII. ...

Las Constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

B. ...

I. a IX . ...

III. Que la importancia del acuerdo radica en que la omisión legislativa del reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus derechos colectivos cancela la posibilidad de dichos pueblos y sus comunidades a acceder plenamente a los derechos que la Carta Magna les otorga y particularmente al de la libre determinación; y que a pesar de que los Estados legislen en el tema, por lo general sólo lo hacen reiterando los criterios sociológicos del artículo 2o. constitucional, sin establecer mecanismos para que los pueblos acrediten su personalidad como sujetos de derecho, impidiendo así el pleno ejercicio de sus derechos.

IV. Si bien como el acuerdo menciona, la mayoría de las entidades legislan reiterando los criterios sociológicos del artículo 2o. constitucional, también lo es que constituye una necesidad prioritaria el establecimiento de los mecanismos pertinentes para su reconocimiento. No se omite manifestar que en Quintana Roo existe un compendio legislativo vigente, que tiene como finalidad principal la protección de sus pueblos indígenas, su desarrollo y reconocimiento, desde el marco constitucional hasta el legal.

V. En este sentido, la Constitución de Quintana Roo establece en el artículo 13, a partir del sexto párrafo, lo siguiente:

Artículo 13. ...

...

...

...

...

El estado de Quintana Roo, como parte de la nación mexicana, tiene una composición pluricultural, sustentada originariamente en sus comunidades y pueblos indígenas mayas, que se encuentran asentados y conviven en su territorio.

La conciencia de la identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena las que formen una unidad social, económica y cultural asentada en el territorio del estado y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

La ley establecerá los mecanismos y criterios para la identificación y delimitación de los pueblos y las comunidades indígenas establecidos en el territorio del estado, tomando en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Se reconoce el derecho de los pueblos y de las comunidades indígenas establecidos en el territorio del estado a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural;

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de esta Constitución, respetando sus derechos fundamentales, los derechos humanos y la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes;

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía del estado;

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad;

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución;

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo los que corresponden a las áreas estratégicas. Para estos efectos, las comunidades podrán asociarse en términos de ley;

VII. Elegir en cada pueblo o comunidad indígena de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a un ciudadano indígena que los represente ante el ayuntamiento, que tendrá derecho a voz en las sesiones del cabildo en que se traten asuntos relacionados con la población correspondiente, así como las demás facultades y obligaciones que las leyes secundarias le confieran;

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Los miembros de las etnias que habitan en las comunidades indígenas, podrán resolver sus controversias de carácter jurídico de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones; la ley instituirá un sistema de justicia indígena para las comunidades de la zona maya del estado, a cargo de jueces tradicionales y, en su caso, de magistrados de asuntos indígenas que funcionen en sala, en tribunales unitarios, o en las instituciones que de acuerdo con las comunidades indígenas, determine el Tribunal Superior de Justicia;

IX. Establecer y operar sus medios de comunicación, de acuerdo con las formalidades establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes relativas a la materia;

Las comunidades y los pueblos indígenas, así como sus integrantes, tendrán derecho a acceder a procedimientos equitativos y justos, conforme lo determine la ley, para el arreglo de controversias con el estado, municipios u otras autoridades públicas, y a una pronta resolución sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En tales resoluciones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, tradiciones, normas y sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos acordes con las Constituciones General y estatal.

B. Los gobiernos estatal y municipales, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y los rezagos que afectan a los pueblos y a las comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de Gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos;

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desa-rrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación;

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así coma apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil;

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos;

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria;

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación;

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización;

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas en el territorio del Estado, mediante acciones para garantizar los derechos laborales; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas;

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y de los municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la legislatura del estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los Presupuestos de Egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Sin perjuicio de los derechos establecidos en este artículo a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos como lo establezca la ley. Asimismo, la ley reconocerá y protegerá a los indígenas pertenecientes a otras comunidades o pueblos, o que procedentes de otra entidad federativa residan temporal o permanentemente dentro del territorio del estado.

Para asegurar que las comunidades y pueblos indígenas, así como sus integrantes puedan comunicarse de manera efectiva en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, el estado proporcionará, cuando sea necesario, servicios de intérprete u otros medios adecuados.

Es responsabilidad del Poder Ejecutivo vigilar que todas las leves o decretos de observancia obligatoria, sean publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo en lengua maya.

En este sentido, tomando como base los principios del texto constitucional federal, se establece en el marco constitucional de Quintana Roo lo relativo a los derechos de los pueblos indígenas, ampliándolo y adecuándolo a las características propias de la entidad, sirviendo así, como punto de partida para el marco legal del estado.

VI.De esta manera, el marco legal del estado, en específico de los derechos indígenas, se encuentra integrado por la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado, la Ley de Justicia Indígena y el Decreto de la Comisión para el Desarrollo de la Etnia Maya y las Comunidades Indígenas del Estado, sin perjuicio de sus derechos de la demás normatividad aplicable.

VII. Que la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado tiene por objeto el reconocimiento, la preservación y la defensa de los derechos y la cultura de los indígenas del estado, así como el establecimiento de las obligaciones de la administración pública estatal y municipal, en la construcción de las relaciones con las comunidades indígenas a efecto de elevar el bienestar social de sus integrantes, promoviendo el desarrollo a través de programas y presupuestos específicos.

Se destaca en esta norma estatal el reconocimiento del Gran Consejo Maya, la institución máxima de representación de los indígenas mayas de Quintana Roo, y que si bien se reconoce que la población indígena maya es la original de la entidad, no se deja fuera de la protección de la ley a los demás pueblos indígenas que se establezcan en el territorio de Quintana Roo, previendo su derecho a conservar sus costumbres, usos, tradiciones, idioma, religión, indumentaria y en general todos los rasgos culturales que los distingan. (Para efecto de su conocimiento se anexa copia del citado ordenamiento jurídico.)

VIII. Por su parte, La Ley de Justicia Indígena tiene por objeto establecer el sistema de justicia indígena para resolver las controversias jurídicas que se susciten entre los miembros de las comunidades a que se refiere la ley, atendiendo a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

Este sistema de justicia indígena es el conjunto de disposiciones, órganos jurisdiccionales y procedimientos que garantizan a los integrantes de las comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del estado en materia de justicia, sustentado en el respeto de los usos, las costumbres y las tradiciones propios de su etnia. (Para efecto de su conocimiento se anexa copia del citado ordenamiento jurídico.)

IX. Respecto a la Comisión para el Desarrollo de la Etnia Maya y las Comunidades Indígenas del Estado, mediante un decreto se crea un organismo descentralizado de la administración pública estatal, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, y con domicilio legal en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo; lo anterior, sin perjuicio de que se puedan establecer en el estado las oficinas y unidades administrativas dependientes de ella que se consideren necesarias.

La comisión tiene por objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de la etnia maya y las comunidades indígenas del estado, así como promover el fortalecimiento, la preservación y el desarrollo de la lengua maya, el conocimiento y disfrute de la cultura maya, y asesorar a los gobiernos estatal y municipales para articular las políticas públicas necesarias en la materia, de conformidad con los artículos 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Constitución Política local y la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado, así como coadyuvar al ejercicio de la libre determinación y autonomía de la etnia maya y las comunidades indígenas del estado en el marco de las disposiciones constitucionales y legales aplicables. (Para efecto de su conocimiento se anexa copia del citado ordenamiento jurídico.)

En esta tesitura, se puede observar que en la entidad, ya se encuentra previsto el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas, así como los mecanismos y procedimientos que permitan garantizar el pleno ejercicio de los mismos, sobre todo el derecho a la libre determinación, materia del acuerdo remitido.

Es una realidad que toda norma es susceptible de modificaciones que permitan armonizar el marco jurídico aplicable, y como legisladores estamos comprometidos con la ciudadanía, con el estado y el país. Por ello, esta XIII Legislatura tiene la responsabilidad de ver desde el ámbito de nuestra competencia, no solo por el bienestar de nuestros pueblos indígenas, sino también de lo demás grupos vulnerables y sectores.

Sin otro particular, y en cumplimiento del último párrafo del dictamen del punto de acuerdo, remitimos esta resolución para los efectos correspondientes.

Chetumal, Quintana Roo, a 12 de agosto de 2011.— Por la Comisión de Desarrollo Indígena, diputados: Alejandra Cárdenas Nájera (rúbrica), Juan Manuel Parra López (rúbrica), Luciano Sima Cab (rúbrica), Gabriel Carballo Tadeo, Yolanda Garmendia Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a la Comisión de Asuntos Indígenas, para su conocimiento.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a agosto de 2011, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente a agosto 2010

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de septiembre de 2011.— Licenciado Gerardo Rodríguez Regordosa (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

LETRAS DE ORO

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Julio César Aguirre Méndez, Valentín Guzmán Soto y Antelmo Alvarado García, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara al año 2013 como “Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la Proclamación de los Sentimientos de la Nación” y se crea la comisión especial de dicha conmemoración; proyecto de decreto por el que se autoriza la emisión de la moneda conmemorativa del bicentenario del Congreso de Anáhuac; se adiciona un párrafo al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, las palabras “Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana”.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda los tres primeros artículos del proyecto de decreto; y a la Cámara de Diputados el cuarto de ellos.

Atentamente

México, DF, a 13 de septiembre 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Conmemoración del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la proclamación de los Sentimientos de la Nación

Quienes suscriben senadores Julio César Aguirre Méndez, Valentín Guzmán Soto, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y el senador Antelmo Alvarado García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, ante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, presentan con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169, y 172, párrafo 1, sometemos a la consideración de esta soberanía, las siguientes reformas y leyes por la que se declara el año 2013 como “Año del bicentenario del Congreso de Anáhuac y la proclamación de los Sentimientos de la Nación”; por la que se crea la Comisión Especial para el bicentenario del Congreso de Anáhuac y la proclamación de los Sentimientos de la Nación; iniciativa con proyecto de decreto de ley por la que crea la moneda conmemorativa del bicentenario del Congreso de Anáhuac; proyecto de decreto de iniciativa adiciona un párrafo al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales; decreto por la que se inscribe con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, las palabras “Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana”, con base en los siguientes

Antecedentes

Una de las primeras instituciones creadas por el movimiento independentista fue la Suprema Junta Gubernativa de América. Su creador fue Ignacio López Rayón. La labor de la Suprema Junta comenzó en agosto de 1811, en Zitácuaro. Gracias a la formación de esta junta se logró que el núcleo de la primera sublevación se mantuviera unido.

Sin embargo, el principal objetivo de la Suprema Junta Gubernativa de América (promulgar una constitución) fracasó. Y la institución terminó disolviéndose en 1813, desalojada por las tropas realistas de Calleja.

En la interna de la revolución, López Rayón y Morelos sostenían diferentes proyectos para la nueva nación. López Rayón pensaba que la soberanía residía en el rey y, por lo tanto, buscaba instaurar una monarquía. Por el contrario, Morelos sostenía que el pueblo era el depositario de la soberanía, apuntaba a que México fuera una democracia.

Cuando Morelos decidió reformar la Junta Nacional, Carlos María de Bustamante, propuso en Oaxaca crear un Congreso que reemplazara a la junta. Esta idea de un órgano insurgente que constituyera la soberanía y representación de las provincias novohispanas, como ya lo habían propuesto Hidalgo y Costilla, Morelos suprimió de inmediato la Junta Nacional, y con el apoyo de las corporaciones oaxaqueñas, llamó a la formación del nuevo organismo. Rayón calificó al proyecto de “fruto de la preponderancia de las bayonetas”, Liceaga tardó en aceptar y Verdusco, a pesar de estar perseguido por Rayón, fue el único miembro de la ya para entonces desaparecida Junta Nacional, que accedió de inmediato.

Siguiendo sus ideas democráticas, Morelos lanzó una convocatoria para que se eligieran diputados para instalar un Congreso. Dos diputados fueron electos por voto popular y seis fueron nombrados como representantes de la “parte oprimida de la nación”. A ello se sumaban los vocales de la Junta de Zitácuaro. En la convocatoria de Morelos para la designación de los diputados que habrían de concurrir al Congreso, la sede se había fijado en la ciudad de Chilpancingo. Quintana Roo redactó un reglamento como base para la elección y funcionamiento del Congreso una vez reunido. Por razones de la guerra, sólo Oaxaca y Tecpan eligieron diputados. Los miembros de la desaparecida junta fueron considerados como diputados propietarios, con excepción de Morelos, quien se autoexcluyó, pero se reservó la facultad de designar a los diputados suplentes. Por esos días, Morelos lanzó una proclama en la que afirmaba que la división de poderes era el mecanismo de gobierno más propio para la nación.

El 13 de septiembre se inauguró en Chilpancingo el Congreso de Anáhuac. Esta nueva institución substituyó a la disuelta Junta de Zitácuaro. En la apertura oficial, los diputados electos eran José Sixto Verduzco por Michoacán, José María Murguía por Oaxaca, Andrés Quintana Roo por Puebla y José Manuel de Herrera por Técpan, mientras que los cuatro diputados restantes irían llegando en las semanas siguientes. En el acto inaugural, Morelos pronunció un discurso en cuya redacción había colaborado Carlos María de Bustamante como revisor, y que su idea fundamental era la “salvación de la patria”.

Pocos días después, y ante el arribo de los jefes militares a Chilpancingo, Morelos preparó un discurso conocido como los Sentimientos de la Nación, en el que se expresan los pensamientos de Morelos, que habían sido manifestados desde el bando del Aguacatillo en 1810, y en las cartas que Morelos escribió en su época insurgente, así como algunos elementos de los escritos de la Junta Nacional, y escribió finalmente que el Congreso debería dictar como primera ley la supresión de la esclavitud y la igualdad de todos los mexicanos. Este documento fue leído en la sesión del 13 de septiembre por el secretario Juan Nepomuceno Rosáins.

En este acontecimiento Morelos, dio lectura a un documento al que llamo Sentimientos de la Nación, en el que destaca la importancia de los derechos humanos y de la libertad, esta carta se conoce como el primer antecedente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Congreso abolió la esclavitud, estableció los derechos del pueblo, sin distinción de clases ni castas; ordenó el reparto de los latifundios y votó la declaración de Independencia.

Al inaugurarse el Congreso, Morelos pronunció el famoso documento llamado Sentimientos de la Nación. En este discurso el líder de la revolución defiende la importancia que tienen en una nación los derechos humanos y la libertad. Este mensaje tuvo una gran repercusión, por lo que es considerado el primer antecedente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pocos después, el 6 de noviembre de 1813 el Congreso de Anáhuac hizo la declaración de Independencia, que rompía con tres siglos de dominación colonial. El Congreso firmó el acta solemne de la declaración de Independencia de la América Septentrional, redactada por Carlos María de Bustamante. La declaración de Independencia sostenía que América Septentrional:

“ha recobrado el ejercicio de su soberanía usurpado; que en tal concepto queda rota para siempre y disuelta la dependencia del trono español; que es árbitro para establecer las leyes que le convengan, para el mejor arreglo y felicidad interior: para hacer la guerra y la paz y establecer relaciones con los monarcas y repúblicas”.

Los diputados comenzaron la redacción de la Constitución, basándose en la Constitución de Cádiz, en la Constitución de Estados Unidos y en la Constitución francesa de 1791. Decretó también la restauración de la Compañía de Jesús y la cobranza de impuestos, creándose para el efecto los tribunales fiscales correspondientes. Los diputados del Congreso de Anáhuac nombraron a Morelos para el gobierno ejecutivo con el título de “Alteza Serenísima“, pero por solicitud del mismo Morelos se eligió el de “Siervo de la Nación”.

El 22 de octubre de 1814, el Congreso de Anáhuac publicó en Apatzingán el decreto constitucional para la libertad de la América mexicana. Se establecía en él que el gobierno estaría conformado por un triunvirato. Lo integraron José María Morelos, José María Liceaga, José María Cos.

Consideraciones

A casi 200 años del primer constituyente y de la proclamación de Los Sentimientos de la Nación por el generalísimo José María Morelos y Pavón, estos dos eventos históricos forman profundamente de nuestra identidad nacional, porque fue en el constituyente de 1813 donde se declaró la independencia, la libertad y las bases para la constitución política para nuestro pueblo. Honrar su memoria es una deuda del Congreso de la Unión con los padres del parlamentarismo en México, y resalto la palabra “honrar y recordar” a quienes dieron su vida por la Independencia, hoy más que nunca tenemos que reivindicar lo mejor de nuestra historia y nacionalismo.

La presente iniciativa retoma la manifestación de diversas organizaciones de historiadores, académicos, sociedad civil y de la clase política de Guerrero que solicitan con tiempo a las autoridades locales y federales hacer cumplir su compromiso con la historia nacional. Dentro de las voces que exigen nuestro apoyo esta la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la fundación Guerrero Cultural Siglo XXI, el Grupo Proyecto Guerrero de Taxco, la Revista Revolución de Iguala, el Ateneo Nicole Girón de Tixtla, la Sociedad Internacional de Poetas, Escritores y Artistas. SC, la Sociedad Guerrerense de Baja California, la asociación Arte y Cultura de Acapulco, los cronistas de Mochitlán, Tepecoacuilco de Trujano y Atoyac de Álvarez el Club Rotario de Chilpancingo y las asociaciones Comprometidos con Guerrero, Conciencia Ciudadana y Guerrero Unido. Existen varias propuestas en el Congreso federal y en el Congreso local, dentro de ellas está la presentada por el diputado Efraín Ramos Ramírez.

Bajo estas consideraciones presentamos un conjunto de propuestas legislativas a fin de que el Congreso de la Unión declare el año 2013 como “Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y de la Proclamación de los Sentimientos de la Nación”. Y con el objetivo de establecer un programa de actividades cívicas, académicas y culturales sobre estos dos eventos de la historia nacional se propone la constitución de una Comisión Especial para la conmemoración del bicentenario del Congreso de Anáhuac y de la proclamación de Los Sentimientos de la Nación, esta comisión tendrá la obligación de impulsar una agenda de trabajo en relación con los actos conmemorativos, actividades de investigación histórica; apoyar a la Mesa Directiva del Senado de la República para citar a los Poderes de la Unión a un acto solemne en Chilpancingo, Guerrero el 13 de septiembre de 2013, y realizar actos cívicos para honrar a los diputados integrantes del primer constituyente de 1813. También proponemos inscribir en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados las palabras “Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana”, la emisión de una moneda conmemorativa, y finalmente la reforma a la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales por la que se solicita izar la bandera a toda hasta en la fecha conmemorativa del Congreso de Anáhuac de 1813.

En atención de lo expuesto, se somete a consideración de la honorable Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de

Decreto

Primero. Por la que se declara al año 2013 como “Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la Proclamación de Los Sentimientos de la Nación”; y se crea la comisión especial de dicha conmemoración

Artículo Primero. El honorable Congreso de la Unión declara al año 2013 como “Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y de la Proclamación de Los Sentimientos de la Nación”.

Artículo Segundo. Se crea la Comisión Especial para la conmemoración del bicentenario del Congreso de Anáhuac y de la proclamación de Los Sentimientos de la Nación, que será la responsable del desarrollo de un programa de actividades cívicas que contenga la realización de eventos, acciones, expresiones, homenajes, conmemoraciones en Guerrero y el resto de las entidades federativas, para llevarse a cabo desde la entrada en vigor del presente decreto y hasta el último día del año 2013.

Artículo Tercero. La comisión tendrá la responsabilidad de exaltar la importancia histórica del Congreso de Anáhuac y de la proclamación de Los Sentimientos de la Nación en el surgimiento de nuestra nación, del Congreso de la Unión y su influencia en la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Cuarto. La comisión especial estará integrada por el número de senadores que así lo determine la Junta de Coordinación Política y de forma proporcional a la representación de cada una de los grupos parlamentarios en el Senado de la República. Integrará a los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, o a quien éstos designen, quienes fungirán como secretarios de la comisión.

Artículo Quinto. El Programa de Actividades Cívicas deberá definir:

a) Organizar, impulsar, coadyuvar y dar seguimiento a todas las actividades conmemorativas, divulgación, edición y cualquier otra actividad que deberá realizarse en el estado de Guerrero y en el resto de los estados de la república.

b) Coordinar sus actividades con la colegisladora, las dependencias del Ejecutivo federal, el Poder Judicial de la federación, el gobierno del estado de Guerrero y el Congreso local la organización de diferentes eventos cívicos, académicos y culturales en el marco de los festejos del bicentenario del Congreso de Anáhuac y la proclamación de Los Sentimientos de la Nación por el generalísimo José María Morelos y Pavón.

c) Coordinar actividades con el gobierno del estado de Guerrero y el municipio de Chilpancingo, para la realización de actos cívicos del Senado de la República relacionados con el bicentenario del Congreso de Anáhuac;

d) Coadyuvar con la Mesa Directiva del Senado de la República para convocar a los Poderes de la Unión a la celebración de los 200 años de la instalación del Primer Congreso de Anáhuac y de la proclamación de los Sentimientos de la Nación, el día 13 de septiembre del año 2013, con una sesión solemne en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, en el estado de Guerrero.

e) Realizar una convocatoria pública para seleccionar una propuesta para una moneda conmemorativa con motivo del bicentenario del Congreso de Anáhuac y la proclamación de Los Sentimientos de la Nación.

f) Promover y compilar en una memoria colectiva de todos los estudios, investigaciones históricas, estudios legislativos y constitucionales sobre la influencia del Congreso de Anáhuac para la historia nacional y las instituciones actuales del Estado mexicano. Para el cumplimiento de dicho objetivo la Comisión Especial establecerá una mesa de trabajo permanente con las asociaciones de historia, académicos, legisladores y organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional y en el estado de Guerrero.

g) Y todas aquellas actividades que establezca la Junta de Coordinación Política.

Artículo Sexto. La comisión especial en coordinación con los gobiernos y Congresos locales establecerá un calendario cívico para honrar a los diputados integrantes del Congreso de Anáhuac: Ignacio López Rayón, por la provincia de Nueva Galicia; José Sixto Verduzco, por la provincia de Michoacán; José María Liceaga, por la provincia de Guanajuato; Andrés Quintana Roo, por la provincia de Puebla; Carlos María Bustamante, por la provincia de México; José María de Cos, por la provincia de Zacatecas; Cornelio Ortiz Zárate, por la provincia de Tlaxcala; José María Murguía, por la provincia de Oaxaca; José Manuel de Herrera, diputado por la provincia de Técpan, y Carlos Enríquez del Castillo quien fungió como secretario del Congreso.

Artículo Séptimo. La comisión especial expedirá su reglamento interno y contará con los recursos presupuestales, humanos y técnicos necesarios para la realización de sus atribuciones, de conformidad con la normatividad aplicable de la Cámara de Senadores.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La comisión especial deberá quedar instalada durante los veinte días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. A la publicación del presente decreto la comisión especial contará con un plazo no mayor a 90 días hábiles su reglamento interno.

Cuarto. A la publicación del presente decreto la comisión especial contará con un plazo no mayor a 180 días hábiles publicará el programa de actividades cívicas.

Quinto. La comisión organizadora cesará en sus funciones el 31 de diciembre del 2013.

Segundo. Por la que se crea iniciativa con proyecto de decreto de ley por la que crea la moneda conmemorativa del bicentenario del Congreso de Anáhuac

Único. Se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa a los 200 años del “Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana”, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:

Moneda con contenido de una onza troy de plata pura por pieza.

a) Valor nominal: Diez pesos.

b) Forma: Circular.

c) Diámetro: 40.0 mm (cuarenta milímetros).

d) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) de plata.

e) Peso: 31.103 g. (treinta y un gramos ciento tres miligramos) equivalente a 1 (una) onza troy de plata pura.

f) Contenido: 1 (una) onza troy de plata pura.

g) Tolerancia en Ley: 0.001 (un milésimo) en más o en menos.

h) Tolerancia en peso: Por unidad, 0.175 g. (ciento setenta y cinco miligramos); por conjunto de mil piezas, 1g. (un gramo), ambas en más o en menos.

i) Canto: Estriado continuo.

j) Cuños:

Anverso: El Escudo Nacional en relieve escultórico, en semicírculo superior la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”. El marco liso.

Reverso: El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo segundo transitorio del presente decreto, apruebe el Banco de México a propuesta de la Comisión Especial para el Desarrollo de los Festejos del Bicentenario del Congreso de Anáhuac. Dicho motivo deberá referirse al papel que representa para la nación mexicana y para el Congreso de la Unión la realización del “Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana”.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La comisión especial para el desarrollo de los festejos del bicentenario del Congreso de Anáhuac enviará al Banco de México el diseño del motivo que se contendrá en el reverso de la moneda a que se refiere el artículo único del presente decreto, a más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La moneda a que se refiere el artículo único de este Decreto podrá comenzar a acuñarse a los 60 días naturales posteriores a la fecha límite de entrega del diseño señalado en el párrafo primero del presente artículo.

Tercero. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran para que el motivo que proponga la Comisión Especial para la conmemoración del bicentenario del Congreso de Anáhuac y de la proclamación de Los Sentimientos de la Nación, en los términos del artículo único, así como del segundo transitorio de este decreto, pueda ser utilizado en el reverso de la moneda conmemorativa a que se refieren los citados artículos. En todo caso, los ajustes técnicos que se realicen en los términos de este artículo deberán ser acordes con las características esenciales del motivo propuesto.

Cuarto. Corresponderá al Banco de México cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual derivado del diseño de acuñación de la moneda.

Quinto. La aprobación que realice el Banco de México respecto del diseño del reverso de la moneda a que se refiere el artículo único del presente decreto, será publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Por la que se adiciona un párrafo al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

Artículo 18. En los términos del artículo 15 de esta ley, la Bandera Nacional deberá izarse:

a) A toda asta en las siguientes fechas y conmemoraciones:

...................................................

13 de septiembre: “Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana”.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cuarto. Por la que se inscribe con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, las palabras “Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana”

Inscríbase con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, las palabras “Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana”.

Primero. Inscríbase con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de “Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana”.

Segundo. Celébrese una sesión solemne de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la que se devele la inscripción a que alude el artículo anterior, e invítese a la misma a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se coordinarán para el establecimiento de la fecha en la que se realice la sesión solemne y la inscripción en letras de oro a que alude el artículo primero de este decreto, así como para las demás actividades que se requieran.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de septiembre de 2011.— Senadores: Julio César Aguirre Méndez (rúbrica), Valentín Guzmán Soto (rúbrica), Antelmo Alvarado García.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2012

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Heladio Ramírez López, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar un aumento significativo al presupuesto de 2012 para el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, así como para el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 13 de septiembre 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Punto de acuerdo que presenta el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del senador Heladio Ramírez López, en el que solicita que el Senado de la República, a través de la Mesa Directiva, exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a que considere un aumento significativo al presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2012, a favor del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), así como del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Entre los derechos fundamentales consagrados en la Constitución se encuentra el derecho a la salud y en México, para atenderlo se han realizado, a lo largo de los años, encomiables esfuerzos tendientes a lograr el acceso universal de la población a los servicios de salud.

Sin embargo, aún en la actualidad, este enfoque, eminentemente curativo, no ha sido acompañado de acciones de la misma envergadura respecto a la salubridad general. Debemos admitir que, en materia de inspección y control de los alimentos, la participación de las entidades federativas ha sido insuficiente y hasta omisa, lo que explica que aún prevalezcan en México condiciones poco higiénicas en su manejo que constituyen una importante causa de enfermedad.

Por ello, una motivación básica de este punto de acuerdo es fortalecer las actividades de Senasica como autoridad sanitaria cuyas atribuciones en materia de sanidad animal y vegetal desembocan directamente en la calidad e inocuidad de los alimentos.

En este sentido, hemos coincidido los senadores de la República en que Senasica debe adquirir las atribuciones y capacidades para impulsar el tránsito de los, generalmente muy deficientes rastros municipales, a establecimientos que cuenten con las medidas y normas de calidad en el proceso de alimentos de origen animal.

México es el país que más tratados y acuerdos comerciales ha firmado. Hay once tratados de libre comercio con 43 países y 8 acuerdos bilaterales con países de América Latina, y precisamente por eso el principal riesgo de ingreso de las enfermedades y plagas exóticas de las plantas y animales está obviamente en los puntos de entrada de las importaciones de alimentos en puertos y fronteras cuya inspección y verificación está a cargo de Senasica.

El tema sanitario es por ello altamente sensible para enfermedades y plagas severas como la palomilla barrenadora del hueso que existe en América del Sur y que puede poner en riesgo la importante industria del aguacate en México, que genera más de 800 millones de dólares en divisas y que convierte al país en el primer productor y exportador mundial.

Por esas razones, en el ámbito de la inspección y verificación sanitaria de productos agrícolas y de origen animal, Senasica enfrenta retos crecientes que deben ser atendidos en forma eficiente con los recursos humanos profesionales y la infraestructura necesaria en los puntos de inspección y verificación en puertos y fronteras.

Es por ello que debemos cerciorarnos que la ampliación de responsabilidades en el ámbito nacional, así como los retos crecientes que enfrenta Senasica en el contexto de las importaciones de alimentos, sean debidamente evaluadas y apoyadas con un presupuesto adecuado para el eficaz cumplimiento de sus funciones administrativas.

Por otra parte, es necesario tener presente que parte imprescindible del desarrollo agropecuario y forestal del país, que tuvo un crecimiento sostenido durante décadas fue la contribución de la investigación y extensión agropecuarias. Sin embargo, en el contexto de las políticas de ajuste del gasto público, sin tomar en consideración sus importantes contribuciones individuales al sector primario, se decidió, en 1985, fusionar al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, al Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias y al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, en una sola institución denominada en la actualidad como Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

El INIFAP es la institución eje de la investigación para el desarrollo agropecuario y forestal en México que continúa con el histórico liderazgo en la recolección y caracterización de germoplasma para la liberación de variedades mejoradas de maíz y su difusión entre los productores y, asimismo, en la tradición de excelencia en las disciplinas de la inmunología y virología veterinarias.

De acuerdo con una evaluación del IICA, efectuada a solicitud de la propia Sagarpa, el principal problema estructural que afecta al INIFAP, es el envejecimiento y falta de renovación de la planta de investigadores cuyo tiempo de servicio promedio es de 26 años y por falta de recursos se han generado circunstancias institucionales contrarias al ingreso y promoción de nuevos investigadores.

Derivado de lo anterior, resulta indispensable que se incrementen las aportaciones presupuestarias al Inifap para la contratación y promoción de investigadores y de capacitación de personal técnico y administrativo de apoyo a la investigación.

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Que el Senado de la República, por conducto de la Mesa Directiva exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a que considere un aumento significativo al presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2012, a favor del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, así como del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

México, DF, 8 de septiembre de 2011.— Senador Heladio Ramírez López (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 establezca los recursos necesarios y suficientes destinados al mantenimiento y ampliación a cuatro carriles del tramo carretero Túxpam-­Tampico, de la carretera federal 180.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 14 de septiembre 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Juan Bueno Torio, senador de la República de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, del numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el ejercicio de sus facultades constitucionales, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, establezca los recursos necesarios y suficientes destinados al mantenimiento y ampliación a cuatro carriles del tramo carretero Túxpam-Tampico, de la carretera federal 180; lo anterior con base en las siguientes

Consideraciones

La importancia de contar con caminos y carreteras en óptimas condiciones es clave para el desarrollo económico de un país, fundamentalmente por ser un factor indispensable en la integración de zonas y regiones.

La infraestructura carretera es de vital importancia para México, pues de ello depende el sistema de transporte nacional para comunicar a diversas ciudades, además de que la competitividad de un país obedece en gran parte de la infraestructura con que éste cuente, lo cual representa un factor determinante para el desarrollo económico de México y sus áreas de oportunidad.

Por su importancia económica y su relevancia estratégica, la carretera federal 180 requiere de un mantenimiento que le permita estar en condiciones transitables; en su largo trayecto se observa que sólo cuenta con dos carriles y sin zonas de acotamiento, el pavimento presenta daños que dificultan el transito ocasionando accidentes que constantemente resultan en pérdidas de vidas humanas y materiales además de paralizar la circulación de los vehículos.

Vale la pena señalar que la carretera federal180 cruza por toda la costa del Golfo de México, el cual sirve de enlace para transportar productos desde sureste del país a la zona fronteriza de Reynosa y Matamoros, así como de vínculo carretero entre los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, Túxpam, Tampico y Altamira; también se considera como un corredor turístico de importación, representa la zona productora de ganado, caña de azúcar, cítricos, además de ser un área de pesca, de captura y de cultivo en sus lagunas. La carretera federal 180 también cruza por el área petrolera del Golfo de México.

La creación de infraestructura requiere siempre del mantenimiento y la adecuación a las exigencias del entorno para estar a la altura de las nuevas necesidades de la sociedad. Este hecho implica la adecuada coordinación para la erogación de recursos federales, con la finalidad de proporcionar eficiencia y seguridad.

Al día de hoy, la creación de infraestructura, como lo son las carreteras, caminos y puentes, deben ser tomadas como una inversión, lo cual reportará importantes beneficios en el mediano y largo plazo, contribuyendo de gran manera al desarrollo regional.

Con el mantenimiento y la ampliación a cuatro carriles del tramo carretero de Túxpam-Tampico de la carretera federal 180 habrá mayor seguridad para los usuarios y pobladores de las zonas cercanas, además, permitirá mejorar significativamente el desarrollo regional.

Resulta de gran relevancia mencionar que las obras en este tramo permitirán agilizar la circulación del transporte de carga, pasajeros y particulares, coadyuvando así al desa-rrollo comercial, agropecuario y turístico, y beneficiando en forma directa a los habitantes de los municipios Túxpam, Cerro Azul, Naranjos, Chinampa de Gorostiza, Ozuluama, Cazones, Tampico el Alto, Pueblo Viejo, Villa Cuauhtémoc y Tampico.

De acuerdo a lo anterior y con el objeto realizar mejoras en la infraestructura carretera nacional, en la competitividad y el desarrollo del país someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el ejercicio de sus facultades constitucionales, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, establezca los recursos necesarios y suficientes destinados al mantenimiento y ampliación a cuatro carriles del tramo carretero comprendido Túxpam-Tampico, de la carretera federal 180.

Salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 14 de septiembre de 2011.— Senador Juan Bueno Torio (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Rosalía Peredo Aguilar presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en la discusión del Presupuesto de Egresos para 2012 se consideren recursos adicionales para la modernización de las unidades productivas de la cebada maltera, a fin de que estas erogaciones alcancen al menos los 25 millones de pesos.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 14 de septiembre 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Rosalía Peredo Aguilar, senadora de la república por Nueva Alianza a la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 se consideren recursos adicionales para la modernización de las unidades productivas de la cebada maltera, a fin de que estas erogaciones alcancen al menos los 25 millones de pesos, con base en las siguientes

Consideraciones

En nuestro país existen alrededor de 92 mil productores de cebada, quienes se concentran principalmente en las entidades de Guanajuato, Hidalgo, estado de México y Tlaxcala. Del total de los productores, el 60 por ciento son temporaleros, haciendo que la producción de este cultivo se sujete a los cada vez más impredecibles factores climáticos.

La particularidad de este cultivo tiene que ver con el hecho de que constituye el primer eslabón de una de las cadenas productivas más exitosas de nuestro país: la industria de la cerveza y de la malta que representa en conjunto una aportación de alrededor del 1.5 por ciento del PIB nacional y cuyas exportaciones ascienden a los mil 800 millones de dólares anuales.

Es así, que en esta cadena productiva se pon e de manifiesto la desigual distribución de las ganancias, que se diluyen hasta llegar a cuenta gotas a su primer eslabón: el sector primario.

Resulta urgente capitalizar a los productores de la cebada maltera ya que el carácter de temporaleros los mantiene en condiciones de vulnerabilidad, poniendo en riesgo su capacidad de proveer la materia prima para una de las industrias más importantes del país, pero sobretodo poniendo en riesgo la posibilidad de obtener ganancias que les permitan llevar el sustento a sus familias.

Debido a sus desventajosas condiciones productivas, existe una tendencia de los productores a migrar a otros cultivos, ya desde el 2000 se registra reducción de la superficie cosechada y sembrada de este grano. Sin embargo, esta no ha sido la solución para estos productores cuyos ingresos no han mejorado significativamente.

Para este sector productivo en específico, contar con un comprador tan consolidado representa una valiosa oportunidad para engancharse al desarrollo, lo único que se requiere es que el gobierno destine mayores recursos para la modernización de las unidades productivas, es decir, no se trata de un gasto adicional, sino de una inversión.

Los productores cebaderos requieren urgentemente una política integral que les permita acceder a nuevas tecnologías de producción que eleven la productividad y, al mismo tiempo, resguarden las sustentabilidad de la tierra; acceso a asistencia técnica; mayores opciones de financiamiento para adquisición de maquinaria, sistemas de riego, infraestructura de almacenamiento, medios de transporte y capacitación para la comercialización. Una cadena productiva equilibrada disminuiría las importaciones del grano y elevaría la calidad de vida de las personas que a diario trabajan para proveer de la materia prima sin la cual, el éxito de esta industria, no sería posible.

Por lo expuesto, someto a aprobación de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único.Se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados a que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 se consideren recursos adicionales para la modernización de las unidades productivas de la cebada maltera, a fin de que estas erogaciones alcancen al menos los 25 millones de pesos.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de septiembre de 2011.— Senadora Rosalía Peredo Aguilar (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De igual manera, remítase este oficio a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Adrián Rivera Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto-de Egresos de la Federación para 2012 se aprueben al estado de Morelos 8,556.4 millones de pesos del Ramo 33.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 14 de septiembre 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Senador José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

El suscrito, senador Adrián Rivera Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de cuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, se aprueben al estado de Morelos 8,556.4 millones de pesos del Ramo 33, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Resultado de reformas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, desde 1998 el Fondo de Aportaciones o Ramo 33 está incorporado el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de cada año y en la Federación (PEF) y en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).

Los recursos del Ramo 33, a diferencia de los que se canalizan mediante la Participaciones Federales o Ramo 28, son destinados por la Federación a las entidades federativas considerando criterios compensatorios. Es decir, El Fondo de Aportaciones tiene la finalidad de distribuir recursos públicos a las entidades federativas que tienen más rezagos y no a las que aportan más a la riqueza nacional, con lo cual se busca alcanzar un nivel de equidad aceptable entre las distintas regiones del país.

En términos generales, los recursos del Ramo 33 se transfieren a las entidades federativas para realizar una serie de funciones que se relacionan con el desarrollo y la equidad regionales. Así, los gobiernos locales tienen la obligación de atender responsabilidades que antes eran obligación de la Federación, como la educación básica y la salud; además de tareas relacionadas con la educación tecnológica y de adultos, la seguridad pública y la infraestructura social. En adición, hay recursos contemplados que los gobiernos de las entidades federativas deben canalizar, a su vez, al fortalecimiento de los municipios y –en su caso– a las delegaciones del Distrito Federal, y que son ejercidos por los gobiernos de dicho nivel.

En correspondencia con lo anterior, de acuerdo con el artículo 25 de la LCF, en la actualidad el Ramo 33 se compone de los siguientes fondos:

I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal;

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;

III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;

V. Fondo de Aportaciones Múltiples;

VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos;

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; y

VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Lo anterior implica que con el Ramo 33 se han integrado conceptos de gasto social que antes estaban dispersos en diversos ramos del PEF. En consecuencia, esta cesión de recursos federales implica que los gobiernos de las entidades federativas y municipios tienen que desempeñar más funciones para poder ejercerlos con efectividad.

En el caso del estado de Morelos, otro factor que hay que tomar en cuenta es su nivel de rezago relativo. Por ejemplo, referente a su producto interno bruto per cápita, Morelos se encuentra en la posición número 21 de las 32 entidades federativas; mientras que en cuanto al índice de marginación, se ubica en el lugar 20, con un nivel de marginación Bajo. Entre los rubros en los que la entidad se encontraba más rezagada en 2005 están en población sin primaria completa (posición 19), población en localidades con menos de 5 000 habitantes (20), población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos (21), viviendas sin drenaje ni servicio sanitario (22) y viviendas sin energía eléctrica (28). De esta manera, procurar una cantidad suficiente de recursos al estado es relevante en términos de igualdad.

De acuerdo con los datos de la gráfica de abajo, de 2007 a 2010 las aportaciones federales aumentaron –en términos corrientes– a una tasa promedio anual de casi 7%, al pasar de 6,903.1 millones de pesos a 7,473.5 millones de pesos. Es decir, el incremento porcentual agregado para dicho periodo fue cercano al 23%.

Gráfica. Recursos del Ramo 33 destinados al estado de Morelos, 2001-2011 (millones de pesos)

Fuentes: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.

a/ Monto aprobado en el PEF 2011

b/ Proyección propia.

Por su parte, para 2011 se aprobó en el PEF del ejercicio fiscal correspondiente un monto de 7,300 millones de pesos, que de verificarse implicaría una disminución nominal de 2% con respecto a lo observado el año previo, aunque hay que considerar que implicaría un crecimiento de 2% con respecto a lo aprobado en el PEF 2010. De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de enero a junio de este año se han canalizado 3,983.1 millones de pesos del Ramo 33 al estado de Morelos, es decir, 54.6% de lo aprobado. De seguir este ritmo, se distribuirían en todo 2011 casi 8,000 millones de pesos a la entidad, lo que representaría un crecimiento nominal de aproximadamente 6.5% con respecto a 2010, en términos nominales.

Finalmente, la propuesta de este punto de acuerdo es aprobar en el PEF del Ejercicio Fiscal 2012, una suma de 8,556.4 millones de pesos al estado de Morelos provenientes del Ramo 33. Esta cantidad está basada en la necesidad de mantener una tasa de crecimiento promedio anual de 7%, en términos nominales, para el periodo de 2007 a 2011. Esta cifra sería suficiente para cubrir el efecto inflacionario y las crecientes funciones de gobierno en la entidad, además de que toma en cuenta el rezago social relativo del estado de Morelos.

Por lo antes expuesto y fundado sometemos a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 se aprueben al estado de Morelos 8,556.4 millones de pesos provenientes del Ramo 33.

Salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 14 de septiembre de 2011.— Senador Adrian Rivera Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Igualmente remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que sea atendido.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Guadalupe Fonz Sáenz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 asigne los recursos suficientes para mitigar y adaptar los efectos del cambio climático en el estado de Campeche.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 14 de septiembre 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, asigne los recursos suficientes para mitigar y adaptar los efectos del cambio climático en el estado de Campeche.

La suscrita Senadora Guadalupe Fonz Sáenz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 109, 110 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El cambio climático no es un tema ambiental, sino transversal que ha generado que los estados del Sureste sean vulnerables a sus efectos, por no estar exentos de sufrir los impactos.

Las afectaciones registradas en esta zona se deben al incremento del nivel del mar y la erosión costera, sin embargo el riesgo aumenta cuando no se toman medidas pertinentes y se pone en riesgo la escasez alimentaria para la perturbación así como las perturbaciones pesqueras y la pérdida del hábitat entre otras.

Recientes investigaciones han determinado que para el Estado de Campeche las precipitaciones disminuirán entre entre +3 y -3 por ciento; y la temperatura media anual aumentará entre 0.6 y 1.2°C a causa de este fenómeno, por lo que el 7 por ciento de su territorio será vulnerable a la sequía meteorológica, además de la alta precipitación que afecta a la agricultura, ganadería y en determinada medida a la pesca por el impacto en los humedales costeros de la región exponiendo al 53 por ciento de su población de los municipios costeros, siendo Campeche, Champotón y Carmen los más afectados.

Cada año, los desastres de origen hidrometereológico como huracanes, incendios, lluvias, la ola de calor y las sequías se han presentado con mayor intensidad, esto genera a su vez el daño a las viviendas, a los caminos y cultivos de la población, la presencia petrolera en donde se concentra el 96.4 por ciento de la producción del petróleo y el 95.6 por ciento del gas natural genera una sensibilidad climática muy alta en la región.

Desde el año 2000 a la fecha, la erosión costera se ha ido presentando, se ha perdido la línea de costa desde Atasta hasta Champotón de 0.70 m a 12 m cada año, la disminución de la temperatura atmosférica ha causado también la afectación en la floración y la producción de semillas de todo tipo de vegetación terrestre además de inundaciones en zonas urbanas, desprendimiento de rocas y apertura de cenotes por la aceleración en la disolución del karst.

De acuerdo con la secretaria de Medio Ambiente y Desa-rrollo Sustentable la mayor vulnerabilidad de Campeche, se centra en dos factores: la elevación del nivel del mar y los municipios costeros que se ubican por debajo de este nivel, sin embargo se pueden aprovechar las 197 mil hectáreas de manglares, que protegen la franja costera, así como los 3.5 millones de selvas protegidas, para que las costas no continúen erosionándose.

En el caso de los asentamientos, el municipio de Carmen tiene alta vulnerabilidad, lo que obliga a proteger a los humedales costeros por la seguridad de la población y producción, en tanto que para Campeche y el municipio de Champotón se deben modificar las construcciones por los niveles de inundación.

Los efectos del cambio climático pueden repercutir severamente a los municipios costeros del Golfo y particularmente en más del 50 por ciento de la población campechana estimándose que para el 2030, se registren fuertes inundaciones a causa del incremento en el nivel del mar hasta 60 centímetros, por ser un Estado que se encuentra a 10 metros bajo este nivel.

De acuerdo a los últimos estudios realizados, se ha demostrado un riesgo considerable y latente para el municipio del Carmen, ya que la elevación del mar aumenta cada año en 4 milímetros, a pesar de ello, también pueden desencadenarse cambios más rápidos.

Es un hecho que los eventos denotan repercusiones serias principalmente para la población, por lo que trabajar en acciones de mitigación y adaptación resulta indispensable para evitar que la entidad enfrente fuertes huracanes de categoría cuatro y cinco, así como lluvias torrenciales, fuertes sequías, graves incendios y temperaturas más elevadas, así como la implementación de medidas que afronten este problema que genera el calentamiento del mar y la emisión de los gases de efecto invernadero.

Por lo tanto, hoy más que nunca es fundamental establecer líneas de acción y fomentar estrategias para contribuir con acciones que permitan mitigar y adaptar sus efectos, por lo que se requieren recursos suficientes en Campeche y los municipios costeros como Carmen y Champotón.

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, asigne los recursos suficientes para impulsar acciones que contribuyan a la mitigación y adaptación del cambio climático en el estado de Campeche y sus municipios costeros.

Dado en el Senado de la República, el 14 de septiembre de 2011.— Senadora Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Sebastián Calderón Centeno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, otorgar mayores recursos a la educación náutica.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 14 de septiembre 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«El que suscribe, Sebastián Calderón Centeno, senador de la república, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, numeral 1, fracción II, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se formula respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, otorgar mayores recursos a la educación náutica, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El comercio marítimo internacional constituye una de las actividades económicas de mayor importancia para las naciones, ya que el transporte marítimo de bienes y de personas es el más utilizado en el mercado internacional, ubicándose por encima del 90  por ciento del total mundial de intercambio de mercancías. En ese sentido, el traslado de mercancías entre los países utilizando las rutas marítimas, es de gran importancia para cualquier nación.

Los cambios tecnológicos en el transporte marítimo constituyen una de las columnas de la globalización, junto a los cambios espectaculares en los sistemas de comunicación e información. Sin olvidar que el transporte marítimo es la actividad económica más rentable para cualquier país, por ser un medio económico, seguro y respetuoso del medio ambiente.

En el caso de nuestro país, tenemos la necesidad de atender los requerimientos de la marina mercante nacional para hacer más competitivo el sector, en un contexto globalizado. La apertura de la economía, el modelo económico y las decisiones del Estado en la materia, exige que contemos con personal preparado, con capacidad de respuesta para realizar los cambios y transformaciones que se requieren en el ámbito marítimo. Debemos destacar la contribución de dicho sector a la economía, también la de los hombres y las mujeres que tienen a su cargo la exigente tarea de hacer funcionar los buques para el traslado de personas, bienes y mercancías.

En ese sentido, el Sistema Nacional de Educación Náutica, a cargo del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (Fidena), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuenta con tres escuelas náuticas mercantes en el país —“Capitán de Altura Antonio Gómez Maqueo”, situada en Mazatlán, Sinaloa; “Capitán de Altura Luis Gonzaga Priego González”, situada en Tampico, Tamaulipas; y “Capitán de Altura Fernando Siliceo y Torres”, situada en Veracruz, Vereracruz—, así como un Centro de Educación Náutica en Campeche, situado en Ciudad del Carmen.

Estas instituciones educativas especializadas en la formación a nivel licenciatura de los oficiales de la Marina Mercante como líderes del transporte marítimo y que enfrentan los desafíos que impone la industria marítima, a pesar de las limitaciones, como es el hecho de no contar con un buque escuela para realizar sus prácticas, siguen teniendo el reconocimiento internacional.

Por tal motivo, reiteramos la ingente necesidad de apoyar la educación náutica, con objeto de que el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional cuente con un buque escuela para la formación de los marinos mercantes mexicanos.

Insistimos en que los estudiantes de las escuelas náuticas, realicen sus estudios con apoyo en tecnologías modernas y asimismo, que cuenten con los instrumentos idóneos para facilitar el proceso de aprendizaje que se requiere en un medio tan especializado como lo es el mar.

Se requiere contar con un buque escuela, ya que los estudiantes de las escuelas náuticas serán los futuros oficiales, jefes de máquinas y capitanes de los buques y les corresponderá asumir las responsabilidades relativas al mando de la dotación y la dirección de las embarcaciones, para lo cual deberán poseer cualidades tales como: conocimientos y experiencia para la navegación, así como habilidades para el manejo de su tripulación.

Dichas cualidades forjan a los futuros oficiales,  jefes de máquinas y capitanes de las embarcaciones, figuras excepcionales en el ámbito del comercio marítimo, independientemente de la singularidad y dureza de la navegación que hacen de las embarcaciones centros de trabajo con características particulares.

En ese sentido, es inadmisible que los estudiantes de las escuelas náuticas no cuenten con un buque escuela para la adquisición de los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para el desarrollo de sus futuras actividades profesionales, no obstante que existe la disposición legal que obliga a la adquisición de un buque escuela.

En efecto, el artículo 31 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos vigente, establece claramente lo siguiente:

La educación náutica es de interés público, por lo que la secretaría organizará e impartirá directamente la formación y capacitación del personal de la Marina Mercante, con planes y programas de estudios registrados ante la Secretaría de Educación Pública, deberá contar con un buque escuela con la tecnología didáctica necesaria y actualizada para el cumplimiento de sus objetivos.

Las instituciones educativas de estudios superiores que autorice la Secretaría y la de Educación Pública podrán ofrecer estudios de posgrado a los oficiales de la Marina Mercante Nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Educación, para lo cual deberán contar con los bienes muebles, equipos y sistemas adecuados para la enseñanza práctica y con planes y programas de estudios que ambas secretarías determinen.

Con la adquisición de un nuevo buque escuela para la educación náutica, los alumnos se adaptarán al medio natural donde habrán de desarrollar su profesión, brindando a los alumnos recién egresados de las escuelas náuticas la experiencia necesaria para estar en igualdad de condiciones competitivas frente a egresados de otros países que cuentan con la práctica a bordo de un buque.

Desde el año 2005, cuando se dio de baja el buque escuela “Náuticas México”, el cual era utilizado por las tres escuelas de marina mercante del país para la preparación de sus estudiantes, han egresado 1,641 estudiantes sin la práctica a bordo de una embarcación, lo cual genera una desventaja competitiva en el mercado laboral internacional. Países como Estados Unidos de América, China, Japón o Rusia cuentan con más de un buque escuela para la formación de oficiales, en tanto que nuestro país no cuenta con ninguno.

Algunos de los beneficios por la adquisición del buque escuela serían:

• Los cadetes graduados podrían adquirir conocimientos prácticos que los colocarían en ventaja competitiva tanto a nivel nacional como internacional.

• El buque escuela que se proyecta adquirir sería un tipo de buque de carga a granel, de tal manera que también se dedicará al transporte de cargas secas a granel, lo que lo convertiría en un proyecto autosustentable, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Marina Mercante, firmaría un contrato de fletamento por tiempo determinado, tomando en consideración que actualmente el flete o renta diaria de un contrato de fletamento por tiempo determinado es de trece mil dólares americanos.

• Los gastos de operación y de administración del buque representan un 33. 55  por ciento de los beneficios que se obtengan del fletamento y el 66.45  por ciento restante de los beneficios se etiquetarían para el desarrollo de la Marina Mercante Mexicana, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 204-A de la Ley Federal de Derechos.

• Al tratarse de un buque escuela, el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (Fidena) cubriría el costo de alimentación de los cadetes a bordo del mismo, lo que sería beneficioso para los estudiantes, dado que estos costos corren por su propia cuenta.

• Con el propósito de contribuir al desarrollo de la educación náutica en nuestro país, se contemplaría la posibilidad de que se lleguen a acuerdos con el fin de que al buque escuela se le exente de los pagos de atraque, muellaje, remolcador, amarrador, pilotaje, lanchaje y de los costos portuarios en puertos nacionales.

• El buque escuela tendría una vida útil de 25 años, habida cuenta que es el tiempo que la comunidad internacional acepta como vida útil para las embarcaciones nuevas.

Por otra parte, es preocupante que los egresados de las escuelas náuticas tengan el riesgo de que la Secretaría de Educación Pública no les reconozca su grado de estudios, por carecer de un buque escuela como una obligación ineludible para su formación integral, de acuerdo a lo dispuesto por la ley en cita.

Por todo lo expresado, es necesario que el sistema de educación náutica cuente con un buque escuela como un instrumento fundamental que consolide y fortalezca el sistema de educación náutica, que facilite a estos mexicanos el acceso a procesos de aprendizaje teórico y práctico que le será de utilidad a lo largo de toda su vida profesional.

En la medida en que valoremos el potencial de nuestro mar territorial y nuestra zona económica exclusiva, nos sintamos atraídos por el mar, que nos preocupemos por su explotación racional, velemos por su protección en materia ambiental, que sepamos que somos un país con vocación marítima, aprovechemos sus enormes potencialidades y apoyemos tanto a la educación náutica y todo el sector marítimo nacional, seremos un país más fortalecido en el ámbito marítimo y económico.

Aunado a lo anterior, insistimos en la necesidad de apoyar al Sistema Nacional de Educación Náutica mediante la subvención de la colegiatura de los alumnos de las escuelas náuticas por las siguientes razones:

I. Las escuelas náuticas cuentan con una matrícula de:

a) 379 alumnos en la escuela náutica mercante Capitán de Altura Antonio Gómez Maqueo, de Mazatlán, Sinaloa.

b) 315 alumnos en la escuela náutica mercante Capitán de Altura Luis Gonzaga Priego González, de Tampico, Tamaulipas.

c) 330 alumnos en la escuela náutica mercante Capitán de Altura Fernando Siliceo y Torres, de Veracruz, Veracruz.

II. Actualmente, cada alumno paga una colegiatura mensual de 4,283.10 pesos, lo cual equivale a 51,397.20 pesos anuales, ello sin tomar en cuenta otros gastos que tiene que cubrir; cantidad sólo equiparable a las colegiaturas que se cubren en las instituciones educativas de carácter privado, lo que propicia que muchos jóvenes prefieran canalizar sus inquietudes a otras áreas acordes a sus posibilidades económicas y no conforme a su vocación marítima,

III. Asimismo es de resaltarse el gran impacto favorable para el desarrollo de la marina mercante de nuestro país, toda vez que por la gran calidad con la que son preparados los profesionales del mar cuando egresan:

a) El 100 por ciento de nuestros egresados son contratados después de haber obtenido su certificación correspondiente.

b) El 80 por ciento son contratados en la sonda de Campeche por diversas compañías.

c) El 5 por ciento son contratados por Pemex.

d) El 10 por ciento son contratados en otras compañías para cabotaje en México.

e) El 5 por ciento son contratados por empresas extranjeras.

No obstante la calidad con la que cuenta la educación náutica en nuestro país, se presentan una serie de problemas, a saber:

1. No se cuenta con buque escuela para complementar el sistema de enseñanza-aprendizaje.

2. El alumno que ingresa al sistema de educación náutica tiene que pagar por los servicios educativos fuertes cantidades para su formación, no obstante que las escuelas náuticas son públicas.

3. Los profesores que imparten las cátedras en las escuelas náuticas perciben una cantidad que no corresponde a la calidad de su formación profesional, siendo que en otras instituciones educativas del país los maestros de este nivel perciben mejores remuneraciones.

Por todo lo anterior, hacemos un respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que en cumplimiento a lo ordenado por el artículo anteriormente referido, se considere dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, otorgar mayores recursos a la educación náutica dirigida por el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional en los rubros y cantidades siguientes:

a) 600 millones de pesos para la adquisición de un buque escuela que cuente con la tecnología didáctica necesaria y actualizada para el cumplimiento de sus objetivos; y

b) 52 millones 630 mil 732.80 pesos para subvencionar la colegiatura de los alumnos de las escuelas náuticas de Mazatlán, Sinaloa; Veracruz, Veracruz; y Tampico, Tamaulipas.

En mérito de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se formula respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que en el ejercicio fiscal de 2012 se considere el otorgamiento de mayores recursos al Sistema Nacional de Educación Náutica a cargo del Fideicomiso y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (Fidena) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con objeto de mejorar el sistema de educación y formación marítimas que requiere nuestro país, que se enmarcan en los siguientes rubros:

a. 56 millones 630 mil 732.80 pesos para subvencionar la colegiatura de los alumnos de las escuelas náuticas de Mazatlán, Sinaloa; Veracruz, Veracruz; y Tampico, Tamaulipas, y para mejorar las percepciones económicas de los maestros, profesores, catedráticos, instructores y personal administrativo y de servicios de dichas instituciones educativas

b. 600 millones de pesos para la adquisición de un buque escuela que cuente con la tecnología didáctica necesaria y actualizada para el cumplimiento de sus objetivos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 15 de septiembre de 2011.— Senador Sebastián Calderón Centeno (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Hágase llegar a dicha comisión, para su atención.

Permítame señor secretario. Esta Mesa Directiva quiere dar la más cordial bienvenida a alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, invitados por la diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz, y a vecinos de la delegación Tlalpan, invitados por el diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez. Sean bienvenidos. Continúe, señor secretario.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Alfonso Sánchez Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a comisiones de la Cámara de Diputados para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 se aumenten las partidas presupuestales del Fondo Regional y Fondo Metropolitano.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 14 de septiembre 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Proposición con punto de acuerdo del senador Alfonso Sánchez Anaya, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, que contiene exhorto a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y Crédito Público, así como a la de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados, para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, se aumenten las partidas presupuestales del Fondo Regional y Fondo Metropolitano.

Quien suscribe, Alfonso Sánchez Anaya, senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, 276 y 172, fracción 4, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, las siguientes

Consideraciones

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 (PPEF), la expectativa de crecimiento del PIB es de 3.5 por ciento, con una inflación del 3 por ciento, una tasa de interés promedio de los Cetes de 3.5 por ciento y un balance primario con un déficit de menos 2.2 por ciento del PIB. Se estima que el tipo de cambio se promedie en 12.2 pesos por dólar. Para este año el Saldo Histórico de los Requerimientos del Sector Público es de 36.4 por ciento del PIB.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) advierte un estancamiento de la plataforma de producción de crudo mexicano en 2.55 millones de barriles diarios para el próximo año. El precio promedio de la mezcla mexicana de exportación se calcula en 84.9 dólares por barril, con una exportación de 1.16 millones de barriles diarios.

En el PPEF se propone un monto total de egresos por 3 billones 647 mil 907 millones de pesos para 2012, un incremento de 209 mil 011 millones respecto de 2011.

Si bien es cierto que el Ejecutivo plantea un recorte de menos 6.9 mil millones de pesos (-.8 por ciento) en términos reales respecto de 2011, también lo es, que contempla incrementos al presupuesto de varias secretarías, para la de Marina de 8 por ciento, para Defensa Nacional de 11 por ciento más, Seguridad Pública de 14 por ciento de incremento y la PGR recibiría 28 por ciento adicional respecto del 2011 según el PPEF 2012.

En contraste, en el ramo 23 se disminuyen los recursos para el Fondo Regional de 6 mil 220 millones de pesos a 1 mil 943 millones con 50 mil pesos, es decir que se va a destinar el 68.8 por ciento menos a las regiones más pobres del país.

El proceso de discusión y aprobación en la Cámara de Diputados, permite adecuaciones al gasto federalizado que se encuentra constituido por una diversidad de programas, entre los que se ubican los Programas Regionales, los Fondos Metropolitanos; el Fondo para Modernización de los Municipios; y otros subsidios que se entregan a los estados para impulsar el desarrollo regional, y para fortalecer la seguridad pública, entre otros.

Sin embargo, llama la atención que el gobierno federal, una vez más apueste por negociar lo social, para obtener márgenes de maniobra política.

Para el Fondo Metropolitano se está proponiendo que se destinen 1 mil millones de pesos, a diferencia de los 7 mil 846 millones de pesos del año pasado es decir 87.3 por ciento menos.

Las cifras anteriores demuestran inconsistencias tanto con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, como con los propios lineamientos del PPEF de 2012, al poner en riesgo obra pública que impacta de manera directa el desarrollo de las regiones.

Debemos recordar que la aplicación de los fondos que atienden programas regionales, son los que menor gasto de operación representan y que mayor impacto logran, de manera focalizada a las regiones de mayores carencias y a las zonas metropolitanas con mayor visión de desarrollo.

El Fondo Metropolitano atiende en el 2011 a 46 zonas de las 56 que se han catalogado como tales por la Comisión Sedesol, Inegi, Conapo, y su tendencia deben ser de incremento y no de decremento.

Aunque las asimetrías socioeconómicas en el desarrollo regional constituyen un problema estructural endémico de México, las formas de apoyo a las regiones y zonas metropolitanas han sido por excelencia las de presupuesto. Por ello, es tan importante que su configuración se consolide y en ausencia de una adecuada Planeación del Desarrollo Nacional y Regional, se consoliden territorios en donde los programas regionales den sentido a las acciones coordinadas de los distintos ámbitos de gobierno e incentiven la planeación.

El incremento presupuestal para el 2012, en sí mismo no es suficiente, debería implicar gastar bien a favor de un desa-rrollo real, que jerarquice, atienda las necesidades más apremiantes y proteja a los sectores más vulnerables.

Se trata de promover su financiamiento desde la federación, en la lógica congruente de la coordinación intergubernamental, para que se promueva la investigación científica y tecnológica, como ya se hace en las universidades autónomas y politécnicas diseminadas en el país.

Ante el panorama de escases que el país enfrenta y la necesidad de optimizar los recursos, es necesario que en todos los documentos de referencia del PEF de 2012, se exija que la transparencia y rendición de cuentas sea una constante.

En el PEF de 2011, se contempló que se establecieran consejos de desarrollo metropolitanos para coadyuvar en la asignación, aplicación, seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos del Fondo Metropolitano, cada zona metropolitana debería contar con un o un órgano equivalente que tendría carácter estatal, donde las entidades federativas determinaría los mecanismos de participación de los municipios y un fideicomiso de administración e inversión; para el 2012 estos consejos deberán adoptar los criterios de máxima publicidad contemplados en la Constitución y establecer los mecanismos necesarios que permitan conocer los indicadores de gestión, así como referir en los distintos planes de desarrollo regional y metropolitano, que la transparencia sea una constante.

En mérito de lo expuesto me permito someter a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República, exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Publica; de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados, para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, se aumenten las partidas presupuestales del Fondo Regional y atienda a los estados más pobres del país, observando las particularidades de las microrregiones al interior de las entidades federativas.

Segundo. Se incremente el Fondo Metropolitano a fin de considerar las 56 zonas metropolitanas del catalogo de la Comisión Sedesol, Inegi y Conapo.

Tercero. Se establezcan criterios de máxima transparencia y rendición de cuentas para que los consejos de desarrollo metropolitano optimicen los recursos públicos.

Dado en el salón de sesiones, a 14 de septiembre de 2011.— Senador Alfonso Sánchez Anaya (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Rubén Fernando Velázquez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo para que se asignen recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 a la construcción, reconstrucción, modernización y mantenimiento de las carreteras y caminos rurales en Chiapas.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, la cual se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 14 de septiembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«El que suscribe, Rubén Fernando Velázquez López, senador integrante de la LXI Legislatura, del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX; 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo para que se asignen recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, a la construcción,  reconstrucción, modernización y mantenimiento de las carreteras y caminos rurales en Chiapas con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. La inversión en infraestructura resulta indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva la competitividad de la economía al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas.

En este sentido, la provisión de infraestructura básica como la red carretera, toma mayor importancia en una economía con actividades orientadas al comercio, pues permite reducir costos de transporte y de transacción.

Segunda. Sin embargo, una de las características más relevantes de la red carretera nacional es la centralización de su ubicación, pues una elevada proporción de sus carreteras en mejores condiciones y mayor capacidad de transporte confluyen hacia el centro del país, región que a su vez concentra un gran porcentaje de las actividades económicas. No obstante, hay regiones cuyo mercado de producción y de consumo necesita de una mayor conexión para poder impulsar sus actividades, como lo son las zonas con potencial turístico.

Del total de las carreteras pavimentadas, las entidades federativas ubicadas en el centro del territorio nacional concentran los casi 25 mil 58 kilómetros de longitud, cifra correspondiente a casi 20.7 por ciento del total de la red. Cabe señalar que toda la extensión carretera del Distrito Federal (149 kilómetros) se encuentra pavimentada, siendo la única entidad con tal característica.

Si bien la longitud carretera en el norte del territorio es extensa —abarca cerca de 50 mil kilómetros de vías pavimentadas—, las dimensiones de la región y de las entidades que lo componen también es predomina Sonora con la mayor red carretera pavimentada de la república, cuya distancia es de 10 mil 354 kilómetros, seguida por Chihuahua y Durango, con extensiones respectivas de 5 mil 568 kilómetros y 4 mil 343 kilómetros.

Asimismo, de los 298 mil 579 kilómetros entre carreteras rurales, alimentadoras y brechas, sólo 35 por ciento está en buen estado para ser transitadas por una afluencia de vehículos (de 300 a 2 mil autos por día). Ello origina, sin duda, inseguridad, incremento en el tiempo de recorrido, sobrecostos al usuario de los caminos rurales y alimentadores, lo que se refleja en el costo del transporte y de ahí su repercusión en otros rubros económicos.

Tercera. Uno de los objetivos primordiales en el sector comunicaciones es el de lograr un equilibrio en desarrollo de la infraestructura carretera entre las regiones del país, a fin de lograr una mayor integración de los mexicanos y de las comunidades e impulsar el crecimiento del comercio interno y externo, además de permitir una mayor articulación de las cadenas productivas nacionales. Para ello, se requiere continuidad en las obras de construcción pendientes, priorizar a los enlaces transversales faltantes de la red troncal del país, así como modernizar y ampliar la red carretera en aquellas regiones con capacidad de conexión limitada.

Tercera. El desarrollo de la red carretera no ha sido equilibrado.

Esto es, mientras en el centro del país concentra a un gran porcentaje de las vías en mejores condiciones, en el sur de la república, particularmente Chiapas, Guerrero y Oaxaca, sólo un 25 por ciento de las carreteras se encuentra pavimentado.

La mayor proporción corresponde a caminos revestidos o de terracería.

En particular, Chiapas cuenta con poco más 23 mil 324 kilómetros de carretera, de los cuales 59.1 km son de brechas mejoradas; mil 10.6 de terracería; 15 mil 605.3 de revestidas; 6 mil 338.4, pavimentadas de dos carriles, 310.6 pavimentadas de cuatro carriles. Es decir, las carreteras revestidas y rurales son el 71 por ciento, mientras que un 29 son vías pavimentadas.

Cabe señalar además que, de los 118 municipios que tiene Chiapas, el 83 por ciento de la red carretera se centra en los 60 municipios de las zonas centrales.

Esto conlleva a enormes costos para el desarrollo humano y la competitividad económica de la región.

Hay que resaltar que de acuerdo a información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el estado físico de la red de carretera federal libre de peaje, reportado a diciembre de 2010 por la Subsecretaría de Infraestructura, Dirección General de Conservación de Carreteras, existen 582 tramos calificados como no satisfactorios;658, buenos; y  mil 147 como satisfactorios.

Ello se traduce en términos porcentuales que 48.05 de la red carretera federal en la entidad se encuentra en estado satisfactorio; el 27.5 por ciento es bueno; y el 24.3 por ciento es no satisfactorio.

En tal sentido, la asignación de mayores recursos permitirá desarrollar el sistema carretero nacional-estatal, a fin de lograr la construcción y modernización de las vías de comunicación con base en parámetros internacionales de calidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Senadores exhorta a la Cámara de Diputados para que, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, para que de conformidad con el informe del estado físico de la red de carretera federal libre de peaje de Chiapas se:

a) Provea y asigne recursos suficientes para habilitar, reparar o reconstruir el 24.3 por ciento de los tramos calificados como no satisfactorios,en particular con los ubicados en Villaflores, Villacorzo, Angel A Corzo, Concordia y Jaltenango de la Paz; y

b) Destinen recursos para la modernización, conservación y mantenimiento de los tramos carreteros calificados como bueno y satisfactorio.

Segundo. La Cámara de Senadores exhorta a la legislatura del estado de Chiapas, para que de conformidad al procedimiento legislativo y las leyes aplicables, se asignen recursos suficientes para la reparación, habilitación, reconstrucción o modernización de los tramos carreteros estatales a efecto de garantizar las mejores condiciones de seguridad y tránsito para los usuarios.

Notas:

1 Las entidades federativas que se consideran pertenecientes al centro del país son Aguascalientes, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

2 Datos de la SCT proporcionada en enero de 2011. Véase: http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/594922.en-buen-estado-35x-de-red-car retera-nacional.html

3 Según consta en el quinto Informe de Gobierno, a finales del 2011, el 81 por ciento de la red federal carretera libre de  peaje estará en óptimas condiciones.

4 De acuerdo al quinto Informe de Gobierno, se ha reportado la construcción y modernización de 22 mil 700 kilómetros de carreteras, de las cuales 16 mil 500 kilómetros corresponden a carreteras y caminos rurales.

5 Datos del 2004-2007. Véase: http://www.ccpm.org.mx/avisos/ceespmarzoestructuracarretera.pdf

6 Censo Inegi, fuente: Centro SCT Chiapas. Unidad de Planeación y Evaluación.

7 http://dgcc.sct.gob.mx/index.php?id=776

8 Véase el anexo donde se detalla los tramos de la red de carretera.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de septiembre de 2011.— Senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que sea atendido.

COMISION FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número COFEME/11/2194, el licenciado Alfonso Carballo Pérez, titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, remite información relacionada con el informe de labores de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 2010, a fin de dar cumplimiento al artículo 69-E, fracción VII, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le acompaño para los fines procedentes, copia del documento al que me he referido y de su anexo.

Atentamente

México, DF, a 12 de septiembre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Maestro Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente

Por este medio me permito remitir a usted dos tantos del informe de labores de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 2010. Dicho informe debe ser presentado por esta comisión ante el honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69-E, fracción VII, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Por lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito solicitarle atentamente que a través de su conducto se haga llegar este informe a ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de septiembre de 2011.— Licenciado Alfonso Carballo Pérez (rúbrica), director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase para su conocimiento, a la Comisión de Economía.

PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número DEP-1499/11, Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, pueda prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Carlos Javier Garza Cantú.

Puesto: Guardia en la Oficina de Seguridad.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Nombre: Julio César Serrano Vázquez.

Puesto: Agente de Compras

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Claudia Krings Heidel.

Puesto: Asesora Comercial.

Lugar de trabajo: Embajada de Austria en México.

Nombre: Alejandro Joel Díaz Cofradía.

Puesto: Chofer.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento y de la carta de naturalización mexicana, que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.

Atentamente

México, DF, a 2 de septiembre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número DEP-1588/11, Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, pueda prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Rodolfo Salazar González.

Puesto: Guardaespaldas Protectiva.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Irene Vázquez Carrasco.

Puesto: Examinador de cuentas.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Mirna María Sotomayor Galindo.

Puesto: Asistente administrativo.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Nombre: José Óscar Manríquez Montelongo.

Puesto: Chofer en la Oficina de Construcción en el Extranjero.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Nombre: Arizbé Mondragón Alvarado.

Puesto: Asistente de embarques.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo se informa que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Sergio Morales Gómez.

Puesto: Empleado.

Lugar de trabajo: Embajada del Japón en México

Nombre: Minako Nishimura Murakami.

Puesto: Asistente del Departamento Económico.

Lugar de trabajo: Embajada del Japón en México.

Nombre: Luis Gonzalo Villa Peña.

Puesto: Empleado de mantenimiento.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Mariana Zayas Chávez.

Puesto: Empleada.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 14 de septiembre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Las solicitudes de permiso túrnense a la Comisión de Gobernación, para dictamen. Por lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicios, remítanse a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

SECRETARIAS DE ESTADO

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes, 500 ejemplares del quinto Informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo y 70 para las comisiones de dicha Cámara, así como un disco compacto que contiene la versión electrónica de éste.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 9 de septiembre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes, 500 ejemplares del quinto Informe de Labores de la Secretaría de Seguridad Pública, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo y 70 para las comisiones de dicha Cámara, así como un disco compacto que contiene la versión electrónica de éste.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 9 de septiembre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De enterado. Distribúyanse a los señores diputados y a las señoras diputadas.

RELACIONES DE CONSUMO ENTRE PROVEEDORES Y CONSUMIDORES

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 100.2011.DGE.712, el ciudadano Rodrigo Ortega Cajigas, director general de Enlace de la Secretaría de Economía, remite el Informe de la evaluación de procesos del Programa 005 prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre proveedores y consumidores.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, envío para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en él se menciona.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo

Atentamente

México, DF, a 14 de septiembre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me permito hacer referencia al Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal de 2010 de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, expedido conjuntamente por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública.

Con la finalidad de dar cumplimiento al numeral 7 de dicho programa, envío a usted disco compacto con el informe de la evaluación de procesos del Programa 005 Prevención y Corrección de Prácticas Abusivas en las Relaciones de Consumo entre Proveedores y Consumidores, integrado por la Procuraduría Federal del Consumidor, para que por su amable conducto sea remitido a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 8 de septiembre de 2011.— Rodrigo Ortega Cajigas (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a las comisiones de Economía, de Desarrollo Social, de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, para su conocimiento.

FERROCARRIL GUADALAJARA-AGUASCALIENTES

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-1-1288, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 1.3.-156/2011, suscrito por la ciudadana Sofía Fernández del Castillo Quintana, encargada de la Dirección General de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 del ferrocarril de Guadalajara-Aguascalientes.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 14 de septiembre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Carlos Fernando Angulo Parra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Me refiero al oficio número SEL/ UEL/ 311/ 714/ 11, del 10 de marzo de 2011, mediante el cual remite copia del acuerdo, aprobado en la sesión celebrada el 9 de marzo de 2011 por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cuyo resolutivo cito:

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que el proyecto considerado en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 del ferrocarril de Guadalajara-Aguascalientes pase por la región de Los Altos Sur, Jalisco.

En atención de ello, me permito ofrecer la respuesta que, en términos de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, obsequió el licenciado Arturo Rivera Magaña, director general de Transporte Ferroviario y Multimodal, mediante el oficio número 4.3.-891/2011, del 16 de junio de 2011, que se adjunta al presente para los fines conducentes.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de septiembre de 2011.— Sofía Fernández del Castillo Quintana (rúbrica), encargada de la Dirección General de Vinculación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Doctor Francisco L. de Rosenzweig Mendialdua, coordinador de asesores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.— Presente.

Con relación a su oficio número 1.103.-121/2011, de fecha 16 de mayo del presente, enviado a Felipe Duarte Olvera, subsecretario de Transporte de la SCT, mediante el cual solicita la respuesta que se considere pertinente enviar a la Secretaría de Gobernación, respecto al compromiso derivado del punto de acuerdo de la Cámara de Diputados que a la letra dice:

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que el proyecto considerado en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 del ferrocarril de Guadalajara-Aguascalientes pase por la región de Los Altos Sur, Jalisco.

Al respecto me permito informar a usted que, con fecha 14 de abril de 2011, se envió el análisis sobre costo-eficiencia (ACE) del proyecto de construcción del acortamiento ferroviario Encarnación-El Castillo a la DGPOP, obteniendo con fecha 3 de mayo del presente la solicitud de registro número 31317 ante la Unidad de Inversiones de la SHCP.

Dado que este proyecto pretende conectar El Castillo con Encarnación de Díaz, Jalisco, su ruta natural cruzará necesariamente por la región de Los Altos Sur, por lo que la exhortación que realiza la Cámara de Diputados al Ejecutivo federal a través de la SCT se encuentra cubierta en el planteamiento original de dicho proyecto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de junio de 2011.— Licenciado Arturo Rivera Magaña (rúbrica), director general de Transporte Ferroviario y Multimodal.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a la Comisión de Transportes, para su conocimiento.

PERMISO PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACION

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Luis Maldonado Venegas a fin de aceptar y usar la distinción Gobernador Enrique Tomás Cresta, como Líder para el Desarrollo, que le otorga el Senado de la República de Argentina.

Atentamente

México, DF, a 14 de septiembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Luis Maldonado Venegas a fin de aceptar y usar la distinción Gobernador Enrique Tomás Cresto, como Líder para el Desarrollo, que le otorga el Senado de la República de Argentina.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 14 de septiembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente;senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Con fundamento en los artículos 82, numeral 2, y 100 del Reglamento de la Cámara, consulte la Secretaría a la asamblea si se le considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se somete de inmediato a discusión y votación.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en los artículos 82, numeral 2, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se considera de urgente resolución y se le dispensan todos los trámites.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Sí, presidente, desde mi curul. Como en otros casos, cuando se conceden este tipo de condecoraciones o reconocimientos a nacionales, ciudadanos mexicanos, siempre hemos cuestionado algunos de los diputados de mi grupo parlamentario, el que no se motive —todos, me dice mi vicecoordinador— adecuadamente las razones, y aunque don Luis Maldonado Venegas es una persona cercana a nosotros y de nuestra amistad, consideramos que debe motivarse cuál es la razón que tiene el gobierno argentino para darle esta condecoración.

Por ese motivo insistiremos en votar en contra, no por la persona de Luis Maldonado, sino porque no hay una motivación adecuada en este punto de urgente u obvia resolución, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias. Se pide a la Secretaría dar lectura al proyecto de decreto.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Artículo único. Se concede permiso para que el ciudadano Luis Maldonado Venegas pueda aceptar y usar la distinción Gobernador Enrique Tomás Cresto, como Líder para el Desa-rrollo, que le otorga el Senado de la República de Argentina.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación)

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Es que con preocupación he escuchado que se presentan diferentes puntos de acuerdo para pedir más recursos en el Presupuesto a muchas cosas. Pero yo quiero preguntarle si usted tiene conocimiento si esta Cámara de Diputados va a volver a violar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿por qué? Porque la ley marca que antes del 30 de septiembre tenemos que discutir, aprobar o reprobar la Cuenta Pública. No veo que haya ninguna intención de tratar este tema.

Quisiera preguntarle si la Junta de Coordinación Política ha decidido que vamos a violar otra vez la Constitución o se tiene planeado subir, discutir y en su caso, aprobar o reprobar la Cuenta Pública como lo marca la ley, porque este es un proceso que debe seguirse antes del asunto del paquete económico y ése ya se nos olvidó.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Si me pregunta si tengo o no conocimiento, no lo tengo todavía. Pero sí tengo conocimiento de que este órgano está, como todos los demás del Estado, sujeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en segundo lugar, no es discrecional sino obligatorio el cumplirla.

Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias, presidente. Respecto del punto que estamos votando. Reconocer la labor de nuestro amigo, el senador con licencia Luis Maldonado Venegas, creo que ha hecho una labor estupenda; es un reconocimiento, sin duda alguna, que se merece y expresarlo desde aquí. Un saludo a nuestro amigo Luis Maldonado, que es un gran servidor público del Partido Convergencia.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputada Beatriz Paredes.

La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel(desde la curul): También para sumar un reconocimiento personal a Luis Maldonado, quien ha sido siempre un hombre republicano, prudente, demócrata. Nos da gusto votar por eso a favor este merecido reconocimiento.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: La diputada Ochoa, de Convergencia.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía(desde la curul): Gracias, presidente. En el mismo sentido, hacer un reconocimiento desde aquí de todo el Grupo Parlamentario de Convergencia, Movimiento Ciudadano, al senador con licencia Luis Maldonado, porque sabemos de su trabajo, de su trayectoria y del ejercicio también en su momento en la LIX Legislatura como diputado. Vaya desde aquí ese reconocimiento, merecido, a este gran hombre republicano. Gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado Pedro Jiménez León.

El diputado Pedro Jiménez León(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Para agradecerles a todos y cada uno de los diputados que emitieron su voto a favor de la autorización para que mi amigo Luis Maldonado, reciba esta condecoración.

Si bien es cierto no se han expuesto aquí los motivos, me parece que todos los que conocemos a Luis Maldonado, podemos dar fe de su gran calidad humana, de su capacidad como servidor público, del prestigio que tiene y que todos le reconocemos como político para construir, para deshacer conflictos, para deshacer entuertos.

Quiero agradecerles a los que votaron y a los que han hecho uso de la palabra para decir por qué emitieron el voto a favor. Muchísimas gracias, y muy reconocido.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): No quisiera que quedara una interpretación equivocada del sentido de nuestro voto. Ya el diputado Jaime Cárdenas argumentó el problema de forma, que no es menor, de no haberse sustentado correctamente esta petición. Ese es el motivo de mi abstención.

Estimo y respeto al compañero Luis Maldonado, los reconocimientos son bien merecidos, pero nosotros siempre hemos reclamado el apego a la ley y pulcritud en los procedimientos, y esto nos obliga a emitir el voto, en mi caso, en abstención como ha sido emitido.

Hago esa precisión, porque por supuesto reconozco la labor y la tarea de mi compañero Luis Maldonado Venegas.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias. Señor diputado Enrique Ibarra.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza(desde la curul): En el mismo sentido que lo acaba de externar mi compañero Gerardo Fernández Noroña. Por elemental congruencia, que siempre ha sido un posicionamiento nuestro, de demandar en la propia comisión la fundamentación y motivación de este tipo de dictámenes; por supuesto damos por descartado compartir los juicios en positivo que se han hecho aquí del senador con licencia Luis Maldonado. Gracias.

El diputado Omar Fayad Meneses(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado Omar Fayad.

El diputado Omar Fayad Meneses(desde la curul): Gracias, presidente. Para sumarnos, no sólo en lo personal, sino los compañeros diputados del estado de Hidalgo que estamos aquí presentes, queremos sumarnos a este reconocimiento que se hace al senador con licencia Luis Maldonado. Creo que es una distinción para él y a nombre de él, creo que también para todos los mexicanos por esa gran labor que él ha realizado. Queremos sumar nuestra expresión a la felicitación. Ese fue el motivo por el que votamos a favor esta minuta.

El diputado José Alberto González Morales (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado Alberto González.

El diputado José Alberto González Morales(desde la curul): Gracias, señor presidente. Para nosotros, los diputados federales poblanos, representa un gran estímulo, por lo cual nos sumamos al reconocimiento que se le hace al maestro Luis Maldonado Venegas, ex senador de la República y hoy secretario de Educación en nuestro estado de Puebla. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Ciérrese el sistema de votación. Diputado presidente, se emitieron 364 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por 364 votos. Túrnese al Poder Ejecutivo, para los efectos constitucionales.

ARTICULO 3O. Y 73 CONSTITUCIONALES

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estado Unidos Mexicanos.— Estado Libre y Soberano de Aguascalientes.— Poder Legislativo.

Honorable Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados.— México, DF.

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, presentó con fecha 27 de enero del año 2011, proyecto para adicionar un párrafo a la fracción VIII del artículo 3o. y reformar la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que fue dictaminado en fecha 7 de junio del año 2011.

El Poder Legislativo del estado de Aguascalientes, dentro de los trabajos legislativos, correspondientes al segundo período ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, en sesión ordinaria celebrada el jueves 9 de junio del año 2011, conoció el dictamen que contiene el proyecto de la referida iniciativa, el cual fue aprobado por la mayoría de los diputados presentes.

En cumplimiento de lo dispuesto por el segundo punto resolutivo del dictamen en comento, se expidió la respectiva resolución legislativa, a través del decreto número 84, el cual fue remitido al Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, para su debida publicación en el órgano oficial de difusión institucional, denominado Periódico Oficial del Estado, como resolución interna del Estado.

Asimismo, de conformidad al resolutivo antes referido y con la facultad establecida en la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se les turna para los fines legales a que haya lugar, la minuta proyecto de decreto, por la que el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, propone adicionar un párrafo a la fracción VIII del artículo 3o. y reformar la fracción XXV del artículo 73 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se compone de los siguientes documentos:

I. Una Iniciativa;

II. Un turno a la comisión ordinaria competente;

III. Dictamen;

IV. Texto de los debates;

V. Texto constitucional que se propone;

VI. Decreto; y

VII. Publicación del decreto en el periódico oficial del estado de Aguascalientes.

Los cuales han sido plenamente certificados, en términos de la Ley Orgánica y Reglamento del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

Cabe destacar que la minuta de referencia, cuenta con un ejemplar del original del texto de los debates, texto constitucional que se propone, decreto número 84 y su respectiva publicación en el periódico oficial del Estado, que contiene el proyecto de iniciativa de adición de un párrafo a la fracción VIII del artículo 3o. y que propone reformar la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al hacer de su conocimiento lo anterior, agradecemos a ustedes realizar el trámite constitucional correspondiente, reiterándoles las seguridades de nuestra consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Veintisiete de julio de dos mil once.— La Mesa Directiva, diputados: Miguel Ángel Juárez Frías (rúbrica), Presidente; José de Jesús Ríos Alba (rúbrica), primer secretario; José Luis Ramírez Escalera (rúbrica), segundo secretario.»

«Escudo.— Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.

Texto que se propone

Iniciativa de adición de un párrafo a la fracción VIII del artículo 3o. y de reforma a la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Sesion ordinaria

9 de junio de 2011.

Iniciativa de reforma

Artículo Único. Se adiciona un párrafo a la fracción VIII del artículo 3o. y se reforma la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

...

I. a la VII. ...

VIII. ...

El Congreso determinará en el presupuesto anual, de manera equitativa, el monto de las aportaciones destinadas individualmente a las universidades e instituciones de nivel superior, sean estas de índole estatal o federal, para garantizar que cumplan plenamente con su función.

Artículo 73....

I. a XXIV. ...

XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la república escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica; escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la federación, los estados y los municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando la equidad en las universidades e instituciones de nivel superior, sean estas de índole estatal o federal y unificar y coordinar la educación en toda la república. Los títulos que se expiden por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la república. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma.

XXVI. a XXX. ...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación..»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

Continúe la Secretaría con la propuesta de acuerdo de los órganos de gobierno, de la Junta de Coordinación Política, en específico.

ANALISIS V INFORME DE GOBIERNO MATERIA ECONOMICA

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público para el análisis del V Informe de Gobierno en materia económica y a fin de que dé cuenta de las iniciativas que comprenden el paquete económico del ejercicio fiscal de 2012

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7o., numeral 4, 33 y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 124 y 128 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en el marco de las disposiciones contenidas en los artículos 69 y 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, al tenor de los siguientes

Considerandos

I. Que el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que a la apertura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias de cada año de ejercicio del Congreso el Presidente de la República presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.

II. Que el numeral 4 del artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las cámaras analizarán el informe presentado por el Presidente de la República. El análisis se desarrollará clasificándose por materias: en política interior, política económica, política social y política exterior.

III. Que el día 8 de septiembre del presente año el Ejecutivo federal remitió a la Cámara de Diputados el paquete económico que incluye la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, con las que se dio cuenta al pleno en su sesión del 13 de septiembre, mismas que habrán de ser objeto de estudio y dictamen durante el actual periodo de sesiones.

IV. Que en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el secretario de despacho correspondiente debe comparecer a dar cuenta de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012.

V. Que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar los acuerdos, para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le competen.

VI. Que, asimismo, corresponde a este órgano presentar al pleno proyectos de proposiciones con punto de acuerdo sobre asuntos que deban de ser desahogados por éste, y que en uso de sus atribuciones determinó que la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, con objeto profundizar en el análisis del V Informe de Gobierno y de dar cuenta del paquete económico para el ejercicio fiscal de 2012, se celebre el día 21 de septiembre del año en curso, a las 11:00 horas.

Por lo anteriormente expuesto, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7o., numeral 4, 33 y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 124 y 128 del Reglamento de la Cámara de Diputados; en el marco de las disposiciones contenidas en los artículos 69 y 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Con la finalidad de profundizar en el análisis del V Informe de Gobierno en materia económica y de dar cumplimiento a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se cita a comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados al secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor José Antonio Meade Kuribreña, el 21 de septiembre de 2011, a las 11:00 horas.

Segundo. El funcionario compareciente rendirá ante el pleno protesta de decir verdad, como señala el artículo 69 de la Constitución Política.

Tercero. El formato de la comparecencia será el siguiente:

I. Presentación del secretario de Hacienda y Crédito Público en la que incluirá la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, hasta por 15 minutos.

II. Posicionamiento de los grupos parlamentarios hasta por 7 minutos cada uno en orden descendente: GPPRI, GPPAN, GPPRD, GPPVEM, GPPT, GP Convergencia, GP Nueva Alianza.

III. Habrá dos rondas de preguntas-respuesta-comentario, en las que se abordará el análisis del V Informe de Gobierno en materia económica, así como el paquete fiscal, incluyendo la iniciativa de Ley de Ingresos, y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

El orden de intervenciones de los grupos parlamentarios en las dos rodas, será el siguiente:

Primera ronda: GPPRI, GPPAN, GPPRD, GPPVEM, GPPT, GP Convergencia, GP Nueva Alianza.

Segunda ronda:GP Nueva Alianza, GP Convergencia, GPPT, GPPVEM, GPPRD, GPPAN, GPPRI.

IV. Las intervenciones se desarrollarán de la forma siguiente:

• Pregunta de cada grupo parlamentario, hasta por 5 minutos.

• Respuesta del secretario del ramo, hasta por 5 minutos.

• Comentario del grupo parlamentario, hasta por 3 minutos.

Cuarto. En términos del artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que realice la notificación correspondiente al Ejecutivo federal.

Quinto. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (rúbrica);Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Jorge Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tienen la palabra los diputados Jaime Cárdenas Gracia y Fernández Noroña. Hagan, por favor, uso de la palabra en ese orden.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Este proyecto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política resulta digno de análisis, tanto por razones estrictamente jurídicas como por razones políticas.

Como ya lo hemos manifestado en otras ocasiones, hemos considerado muchos diputados de los grupos parlamentarios de la izquierda que sería conveniente que este tipo de comparecencias se propiciaran, se generaran, en un esquema, en un marco más flexible, menos rígido. Es decir, un esquema que propiciara la deliberación, el debate y no solamente la exposición de posturas dogmáticas, ya sea por parte de los grupos parlamentarios o por parte del secretario compareciente.

Desde el punto de vista jurídico, tengo tres observaciones; la primera observación, es la invocación que hace el acuerdo, como fundamento del mismo al artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.

Este artículo 7o. en parte está derogado por el artículo 69, porque, como sabemos, desde el 2008 el titular del Ejecutivo no tiene que comparecer personalmente a entregar el informe y sin embargo, el artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión sigue estableciendo la obligación del titular del Poder Ejecutivo para presentar personalmente el informe ante el Congreso de la Unión. Esa es la primera observación, que me podrían ustedes decir: es de forma.

Pero hay dos observaciones jurídicas que sí me parecen más de fondo. El artículo 74, fracción IV de la Constitución, obliga al secretario de Hacienda a presentarse ante esta Cámara de los Diputados a exponer, a presentar la Ley de Ingresos y el proyecto de Egresos y señala un plazo la Constitución: el día 8 de septiembre.

Sabemos que el 8 de septiembre de este año el ex secretario de Hacienda, hoy precandidato del PAN a la Presidencia, asistió a la Cámara, pero no explicó a los diputados los dos documentos a los que alude la fracción IV del artículo 74 de la Constitución.

Desde una interpretación literal, gramatical del artículo 74, fracción IV, desde mi punto de vista, ese día, el 8 de septiembre de este año, el secretario de Hacienda debió haber comparecido ante nosotros para exponernos lo que a su derecho y facultades corresponde respecto a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos; pero no lo hizo así, simplemente asistió a un acto protocolario en donde le entregó al presidente de la Mesa Directiva el paquete económico; es decir, el proyecto de Ley de Ingresos y el paquete económico referido al proyecto de Presupuesto de Egresos.

Creo que este asunto de cuál es el día en que debe darse esta comparecencia es importante y no es simplemente una formalidad. Desde la interpretación literal de la Constitución, tal como se hizo el año pasado, la comparecencia del secretario de Hacienda tiene que verificarse el día 8 de septiembre de cada año, y no en fecha posterior.

El otro comentario es también de fondo y es de carácter jurídico. Señala el punto segundo del acuerdo; que el funcionario compareciente rendirá ante el pleno, protesta de decir verdad, como señala el artículo 69 de la Constitución; sin embargo, no establece la consecuencia jurídica. Es importante que a este punto segundo del acuerdo se agregue que, si no protesta decir verdad y no se ajusta a la verdad será apercibido de las penas en que incurren los falsos declarantes ante autoridad no judicial.

Este apercibimiento no consta en el punto segundo del acuerdo y es fundamental para que los secretarios de despacho se conduzcan irrestrictamente con verdad. Al no existir el apercibimiento correspondiente, pues me permito votar en contra, porque me parece...

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado, ha concluido su tiempo. Por favor, termine.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Termino, presidente. Me parece un punto de acuerdo insuficiente, que no cumple con los requerimientos jurídicos indispensables. Por su atención, muchas gracias, compañeras diputadas, compañeros diputados.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Compañeros diputados, compañeras diputadas, estamos en un tema muy importante y lamento que no se le esté dando la relevancia debida. El año pasado, que vino Cordero aquí a comparecer fue una comparecencia desdibujada, de falta de seriedad. Un proceso de simulación, para decirlo con todas sus letras.

Hoy, que va a ser el presupuesto clave, el del 2012, que cruza el proceso electoral presidencial, uno de los momentos más importantes de la vida pública del país, el formato que se nos está proponiendo es un formato que insiste en la simulación. No habrá un debate, no habrá posibilidades de que el funcionario... Está bien que siente su posición de 15 minutos, debería ser Cordero que fue el que hizo la tarea, pero ya se fue a buscar una candidatura.

Luego se fijan las posiciones de los partidos, y a partir de la siguiente ronda debería abrirse un debate serio y consistente, donde los legisladores y las legisladoras pudiéramos intervenir. Si se quieren rondas de los partidos tampoco tendría problema. Pero en ese momento ya no valdría el acartonamiento, tendría que respetarse la rectificación de hechos, tendrían que respetarse las réplicas, tendría que darse un debate y una serie de cuestionamientos sobre lo que el presupuesto va a ser y sobre la definición fundamental del destino del país a raíz de las decisiones sobre el presupuesto.

Las comparecencias están agotadas, esa es la verdad y frente al agotamiento de las comparecencias ningún funcionario viene ya al pleno, todos van a comisiones, todos juran que van a decir verdad; mienten de manera descarada, falsean la información, insisten en sus mentiras y no ha habido de esta soberanía ni una sola acción contra ellos.

Hoy, reitero, nos plantean un formato donde se insiste, por ejemplo, en la política absurda de seguir incrementando a seguridad pública, al Ejército y a la Marina el presupuesto y seguirlo disminuyendo a educación, a salud, alimentación, a vivienda. Ya no digo empleo, que es una de las principales demandas de todos los sectores de la población del país y no está ni siquiera considerado con seriedad en el presupuesto de este año.

Lo que mañana va a ser aquí es una romería donde nadie —así como está ahorita—, nadie va a poner atención a lo que diga el funcionario, nadie va a poner atención a lo que digan los compañeros de las fracciones y luego va a ser una sesión de tedio y aburrimiento, donde si se hace alguna cosa fuerte, entonces le pegan a la Cámara porque dicen que es falta de seriedad, y si lo dejas correr, pues también te pegan porque no hay nada de sustancia.

Compañeros diputados, compañeras diputadas, hago un llamado a su responsabilidad y les planteo que se respete el Reglamento que aprobaron; el Reglamento que tanto se discutió y que le dio un orden —según ustedes— al debate, ¿por qué se constriñe cada que viene un funcionario? ¿Por qué se violenta cada que hay una comparecencia? El tiempo que tengamos que dedicarle, dediquémosle; si vamos a venir a una sesión especial en miércoles para debatir con el secretario de Hacienda, debatamos, porque si no, luego va a pasar lo que el año pasado, el PRI se enojó con la comparecencia de Cordero, lo llamó a comisiones y luego, en comisiones le hizo un formatito especial de tres minutos y un minuto de réplica —señor secretario, señor secretario, diga usted señor secretario—, que es toda la necedad de que yo ya estoy cansado, francamente.

No a la simulación. Les pido que respetemos el marco del debate serio. Les pido que comparezca mañana el secretario de Hacienda a debatir con nosotros el presupuesto y a que se den las rondas que sean necesarias, las réplicas que sean necesarias y se debata con seriedad los temas que son claves para el destino de todos los mexicanos y todas las mexicanas.

El presupuesto va a definirle la vida a la gente en el año por venir en buena medida, y lo que se está planteando aquí es que haya una comparecencia de mentiritas; un proceso de simulación donde un funcionario menor —que cada vez pone más a sus cuatotes Calderón, en la responsabilidades públicas—, venga a hacer como que comparece, a hacer como que responde y hacer como que debate, cuando nada de eso se va a dar. Por esta razón les pido que se modifique el formato presentado.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Si no hubiera otra intervención, ruego a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba este proyecto de acuerdo.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado, comuníquese.

Doy la más cordial bienvenida a estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad La Salle, de Pachuca, invitados por el señor diputado Jorge Romero.

Continúe la Secretaría.

INSCRIPCIONES DE HONOR EN LA CAMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que expide los criterios para las inscripciones de honor en la Cámara de Diputados

Honorable Asamblea:

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias (comisión), correspondiente a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, 40, incisos a) y b), 45, numeral 6, inciso e), todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, 85 y 157, numeral 1, fracción I, 262 y décimo transitorio, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, expone a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Durante la LX Legislatura, el jueves 3 de abril de 2008, los diputados Víctor Samuel Palma César y Carlos Ernesto Zatarain González, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 40, numeral 2, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y expedir el Reglamento para la Inscripción de Letras de Oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mandató que se turnará a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La iniciativa se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 2476-II, el jueves 3 de abril de 2008.

II. Contenido de la iniciativa

En la exposición de motivos, los autores de la iniciativa explican que “de conformidad con el artículo 40, numeral 2, incisos a) y b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, compete a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presentar proyectos de ley o de decreto para adecuar las normas que rigen las actividades camarales y la de dictaminar propuestas que se presenten en esta materia, así como lo concerniente a las distinciones que se otorguen en nombre de la Cámara de Diputados.

No es tarea menor, consideran los autores, “...poder valorar y reconocer a instituciones, a mujeres y hombres en su justa dimensión, ya que sus vidas y obras, a favor del pueblo de México y de la humanidad, merecen una evaluación objetiva, imparcial, apartada de prejuicios y de posiciones ideológicas de los integrantes de la comisión antes señalada, para hacer prevalecer principios de validez universal en sus decisiones, al momento de resolver sobre las diversas solicitudes de inscripción de letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados”.

Como antecedente refieren los iniciadores “...que el 19 de julio de 1823 fue aprobado el decreto relativo a las primeras inscripciones denominado Declaración de Honor de los primeros héroes libertadores de la nación y los que los siguieron, como el resultado de la decisión del Congreso mexicano de inscribir sus nombres con letras de oro en el salón de Cortes, al consumarse la independencia nacional.

Cabe aclarar que estas disposiciones de 1823 se dieron en un ambiente de profundas diferencias ocasionadas al término de la Guerra de Independencia, cuyos efectos incidían para la consagración de los héroes que se habían distinguido por su participación en las diferentes batallas para alcanzar la libertad del pueblo mexicano. La exaltación de los grandes personajes de una nación en busca de consolidarse como país soberano, resultaba imprescindible en el marco de la consumación de la Independencia de México; de esa forma se reivindicaban actos heroicos y aportaciones fundamentales para la afirmación de nuestra nacionalidad”.

“A casi 200 años de establecerse los primeros reconocimientos plasmados con letras de oro en los diferentes recintos parlamentarios, es necesario establecer los mecanismos jurídicos y políticos para actualizar estas distinciones a quienes por su destacada labor en las distintas áreas del conocimiento, han aportado su vida y obra en beneficio de la nación o de la humanidad”. En la actualidad “...sigue siendo una necesidad como la de entonces, honrar las gestas, las instituciones y las aportaciones que nos han forjado como una nación con lugar preeminente en el mundo; en la actualidad la heroicidad de quienes destacan por su contribución, no necesariamente se relaciona con ofrendar la vida en el campo de batalla, sino en aportaciones que sobresalen especialmente, en el ámbito humanista”.

Otro dato que destaca la iniciativa, para reiterar la importancia de tener una regulación respecto de las distinciones que se otorguen, es la distinción que otorga el Senado de la República “la Orden Mexicana de la Medalla de Honor Belisario Domínguez a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de la patria o de la humanidad”, para la cual dispone de los mecanismos jurídicos y políticos que permiten elegir al personaje más idóneo para recibirla.

“Desde 1953, la Cámara de Senadores constituyó una comisión especial encargada de estudiar las postulaciones y de expedir el Reglamento correspondiente, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre, del mismo año.

Es oportuno recordar que también en el artículo 100, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente, se establece que el Senado otorgará, anualmente, a las y los mexicanos que se consideran de excepción la señalada distinción”.

Por lo anterior, plantean los autores “...resultaría pertinente que expidiéramos el Reglamento para la Inscripción de Letras de Oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, con la finalidad de que establezcamos en él, los mecanismos precisos que regulen los aspectos relacionados con las propuestas de nombres, leyendas o inscripciones que tienen referencia a la vida, obra o acción de personas o instituciones que resulten de trascendencia para los mexicanos y para la humanidad; la votación necesaria en el pleno para que proceda la inscripción; la temporalidad y el protocolo, entre otros aspectos que resulten de trascendencia para las presentes y las futuras generaciones.

Es deber de esta representación nacional fomentar las acciones que permitan elevar la cultura cívica y política de los gobernantes y de los ciudadanos para que valoren con oportunidad, objetividad y transparencia, el legado de personas e instituciones que nos permitan fortalecer el orgullo nacional por ellas, ya que sus aportaciones al país resaltan nuestra identidad para trascender en el mundo del siglo XXI”.

III. Consideraciones

El 15 de diciembre de 2010 se aprobó la expedición del Reglamento de la Cámara de Diputados, en cuyo artículo 262 se incluyó la disposición de que la Cámara podrá realizar inscripciones dentro del recinto, en los espacios adecuados para tal fin, conforme a los Criterios para las Inscripciones de Honor en el Recinto de la Cámara de Diputados que emita la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

En el mismo sentido, el artículo décimo del Reglamento de la Cámara de Diputados estableció la obligación para que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias estableciera los Criterios para Inscripciones de Honor en el Recinto de la Cámara de Diputados, a que se refiere el artículo 262, a más tardar seis meses después de la entrada en vigor del Reglamento.

De esta forma, quedó sin efecto la práctica parlamentaria de presentar iniciativas con propuestas para realizar inscripciones con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones. Lo anterior, porque a pesar de que comúnmente se han llamado así a este tipo de reconocimientos, en realidad se trata de letras en bronce y no de oro.

Asimismo, en atención a que el Muro de Honor del salón de sesiones está prácticamente cubierto con inscripciones, se estima conveniente permitir que tales homenajes puedan plasmarse no sólo en el sitio hasta ahora acostumbrado para ello, sino que puedan colocarse en otras áreas del Recinto, como salones, auditorios, pasillos o incluso edificios, sin que ello signifique un demerito de los tributos que la Cámara acuerde rendir a determinados personajes o hechos históricos. Por el contrario, lo que se busca es posibilitar que continúen este tipo de reconocimientos, pero de una forma más ordenada y bajo lineamientos definidos que eviten controversias como las que se han presentado.

Es una realidad que desde la aprobación de las primeras inscripciones hasta la más reciente, no existieron normas o algún reglamento específico que señalara los requisitos que debían contener las propuestas para las inscripciones con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados, de nombres, leyendas o apotegmas. Asimismo, tampoco han existido criterios definidos para aceptar o rechazar alguna inscripción. Por tal motivo, cualquier decisión y argumento en un sentido o en otro, podía resultar controversial; no obstante que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias tiene facultad plena para resolver al respecto, de acuerdo a lo que dispone el artículo 40, párrafo 2, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Es importante mencionar que en esta Soberanía, así como en la Cámara de Senadores, ya existe un antecedente digno de tomar en cuenta para regular las distinciones que se otorgan a nombre de la Cámara a personajes distinguidos, estamos hablando del Reglamento para la entrega de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, cuya expedición más reciente data de febrero de 2009.

Lo anterior, obliga a establecer criterios que permitan dictaminar a la Comisión todo lo relacionado con inscripciones de nombres, leyendas o apotegmas, en el marco de normas claras, que den certidumbre al proceso de discusión y aprobación o no de una iniciativa.

Por cuanto a la propuesta de reformar el artículo 40 de la Ley Orgánica que sugiere la iniciativa, esta dictaminadora considera conveniente posponer su modificación, en virtud de que como parte de su programa de trabajo, se planteó la meta de realizar una propuesta de reforma integral a este ordenamiento.

En este sentido, consideramos conveniente aprobar parcialmente la iniciativa, tomando sólo la propuesta de regular las inscripciones, aunque ahora con el fin de emitir los criterios en materia de inscripciones de honor que estamos obligados a expedir, y no un reglamento, así como dejar sin efecto la parte que corresponde a Ley Orgánica.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se expiden los Criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados

Artículo Único. Se expiden los Criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados.

Artículo 1. Para los efectos de estos Criterios se entiende por:

I. Cámara: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

II. Comisión: La Comisión de Régimen, Reglamentos  y Prácticas Parlamentarias.

III. Inscripción o inscripciones: La Inscripción o inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados.

IV. Mesa Directiva: La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

V. Muro de Honor: Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados.

VI. Reglamento: Reglamento de la Cámara de Diputados.

Artículo 2. Las Inscripciones de nombres, leyendas o apotegmas tendrán como objetivo rendir homenaje a un personaje, institución o suceso histórico de trascendencia para nuestro país.

Artículo 3. Las Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados serán procedentes cuando tengan el acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes en el Pleno, previo dictamen que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presente debidamente fundado y motivado.

Artículo 4. Las características y especificaciones de las Inscripciones de Honor serán análogas a las Letras de Oro que ya se encuentran inscritas. La Comisión de Régimen será competente para ordenar las acciones que permitan conservar las condiciones de dignidad del Muro de Honor y dictaminar sobre la disposición de los espacios físicos respectivos en el salón de sesiones.

Artículo 5. La Comisión resolverá sobre las propuestas de Inscripción presentadas valorando los méritos, virtudes, grado de eminencia, aportaciones y servicios a la patria o a la humanidad; sujetándose a los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia, atendiendo a criterios de validez universal.

Artículo 6. La Comisión podrá expedir convocatoria dirigida a instituciones públicas, científicas, tecnológicas, académicas, sociales, culturales, deportivas, entre otras, a efecto de que presenten propuestas de inscripción, cada tres años y, de considerarlo necesario, solicitar opinión a instancias específicas cuyo punto de vista se considere relevante.

Artículo 7. La Comisión deliberará en sesión pública, transmitida por el Canal del Congreso, sobre los méritos de las personas o instituciones propuestas y la inscripción precisa, que no esté contenida en el Muro de Honor o que pudiera generar confusión.

Artículo 8. Cuando se proponga la Inscripción del nombre o nombres de personas deberá haber transcurrido cuando menos, un período no menor a veinte años desde su fallecimiento.

Artículo 9. La Inscripción se hará en el espacio físico adecuado para ello, de la Plaza Legislativa, o bien, en los salones o auditorios que habitualmente se utilizan para las reuniones de las comisiones ordinarias.

Artículo 10. Para realizar la Inscripción podrá realizarse una Sesión Solemne a la que concurrirán como invitados representantes de los diversos sectores de la sociedad, expidiéndose el bando correspondiente.

Artículo 11. La Mesa Directiva llevará el registro de las inscripciones y difundirá por los medios de comunicación a su alcance, el contenido y significado de estas.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión podrá, a través de un dictamen, atender todas las iniciativas pendientes de resolución en materia de Letras de Oro, que no alcancen el consenso de sus integrantes para ser aprobadas.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Jesús María Rodríguez Hernández (rúbrica), presidente; Emiliano Velázquez Esquivel, José Antonio Arámbula López (rúbrica), secretarios; Sami David David (rúbrica), Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Jesús Alfonso Navarrete Prida, Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), José Ricardo López Pescador (rúbrica), Julio César Castellanos Ramírez (rúbrica), Carlos Agustín Castilla Marroquín, Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, Gastón Luque Garza, José Luis Jaime Correa (rúbrica), Luis Felipe Eguía Pérez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Queda cumplida, en los términos del artículo 87 del Reglamento de esta Cámara, la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX Bis al artículo 3o., el título quinto Bis y su capítulo único, y el artículo 421 Ter de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

Las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 25 de septiembre del 2001, el diputado Francisco Patiño Cardona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó el proyecto de Ley sobre la Investigación, el Fomento, el Desarrollo, Control y Regulación del Genoma Humano que fue turnada, por la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, a las Comisiones de Salud, y de Ciencia y Tecnología para su estudio y dictamen.

2. Con fecha 14 de diciembre del 2001, el Dip. Manuel Wistano Orozco Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó el una Iniciativa que reforma la Ley General de Salud, adicionando un título decimoctavo, referente al Genoma Humano, la cual fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, a las Comisiones de Salud, y de Ciencia y Tecnología para su estudio y dictamen.

3. Con fecha 27 de noviembre del año 2002, las Comisiones de Salud y de Ciencia y Tecnología, aprobaron las iniciativas referidas enviándolo a la Mesa Directiva para el trámite legislativo respectivo.

4. Con fecha 2 de diciembre del año 2003, se presentó a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el dictamen de las Comisiones de Salud, y de Ciencia y Tecnología, que fue aprobado y remitido a la Cámara de Senadores para sus efectos correspondientes.

5. En la sesión plenaria del Senado de la República, celebrada con fecha 4 de diciembre del año 2003, se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción IX Bis al artículo tercero; un Título Quinto Bis y su Capítulo Único; y el artículo 421 Bis, de la Ley General de Salud, la cual se turno para su estudio y dictamen a se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social y de Estudios Legislativos, solicitándose durante la sesión, la ampliación del turno a la Comisión de Ciencia y Tecnología, misma que fue concedida.

6. En sesión celebrada con fecha 3 de abril de 2008, fue aprobado el dictamen que presentaron las Comisiones Unidas de Salud, de Estudios Legislativos, y de Ciencia y Tecnología respecto a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX Bis al artículo tercero; un Título Quinto Bis y su Capítulo Único; y el artículo 421 Ter, de la Ley General de Salud.

7. Con fecha 8 de abril de 2008, la honorable Cámara de Diputados dio cuenta del oficio por el que el Senado de la Republica devuelve la minuta en estudio para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 Constitucional, siendo turnada por la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología.

8. Con fecha 10 de junio de 2008, la Comisión de Salud aprobó el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología respecto a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX Bis al artículo tercero; un Título Quinto Bis y su Capítulo Único; y el artículo 421 Ter, de la Ley General de Salud.

9. La presidencia de la Comisión de Salud, el 26 de junio de 2008, envió expediente número M019-LX a la Comisión de Ciencia y Tecnología, con el dictamen respectivo, para continuar con el trámite legislativo.

10. La presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología mediante oficio número LX/CCyT/1000/09 el 15 de abril de 2009, remitió a la presidencia de la Comisión de Salud el dictamen respectivo lo anterior para la continuidad del trámite legislativo.

11. En sesión celebrada el 30 abril de 2009, se puso a discusión el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología respecto a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX Bis al artículo tercero; un Título Quinto Bis y su Capítulo Único; y el artículo 421 Ter, de la Ley General de Salud, pero quedo pendiente, y devuelto a la Comisión de Salud de la LXI Legislatura.

II. Contenido de la minuta

La minuta en estudio adiciona un Título Quinto Bis a la Ley General de Salud para establecer un marco jurídico para el genoma humano, incluyéndolo como materia de salubridad general, la definición, las bases para la investigación y las sanciones a quien incumpla los preceptos señalados por la ley, esto con la finalidad de reconocer la importancia de proteger los datos genéticos de cada individuo a terceras personas físicas ó morales, ya que esto es un grave atentado a la intimidad y pone en peligro expectativas de las personas afectadas; en su entorno familiar, educativo, de salud, laboral, mercantil entre otros.

III. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. La palabra “genoma” se acuñó en 1930, aproximadamente, aunque los científicos no sabían de qué estaba hecho el genoma. Sólo sabían que el genoma era lo suficientemente importante, fuera lo que fuera, para tener un nombre.

El genoma es todo el material genético contenido en las células de un organismo en particular. El genoma humano, es evidentemente el genoma de la especie humana, está compuesto por 24 secuencias cromosómicas distintas; 22 autosomas + 2 cromosomas sexuales: X, Y; y tiene un tamaño aproximado de 3 mil 200 millones de pares de bases de ADN (3200 Mb) que contienen entre unos 20 mil o 25 mil genes. El proyecto genoma humano produjo una secuencia de referencia del genoma humano eucromático, usado en todo el mundo en las ciencias biomédicas.

La secuenciación completa del genoma humano significó la culminación de adelantos sin precedente en la ciencia; disponer de las secuencias génicas de gran número de organismos repercutirá –de forma importante– en el mejoramiento de la salud, y son muchos quienes han predicho que la elucidación de esas secuencias revolucionará las investigaciones médicas y la atención a los pacientes.

Tercera. En la Declaración Universal sobre el Genoma Humano se establece que el genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad y diversidad intrínsecas. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad.

Así, en su artículo 2 señala que cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos, cualesquiera que sean sus características genéticas. Y que esta dignidad impone que no se reduzca a los individuos a sus características genéticas y que se respete su carácter único y su diversidad.

La declaración indica los principios que –internacionalmente– deben respetarse en cuanto a la investigación del genoma humano, incluyendo la dignidad humana, derechos de las personas interesadas, condiciones de ejercicio de la actividad científica, la solidaridad y cooperación internacional así como el fomento de los principios de la propia declaración.

Lo anterior sólo es una ejemplo de la importancia que tiene para el desarrollo de la humanidad el estudio del genoma humano; motivo por el cual fue reformada la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, dando lugar a la creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica, y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2004.

A pesar de lo anterior y de que la mencionada institución se encuentra en funcionamiento, convirtiéndose en la vanguardia de la investigación genómica en el país, la Ley General de Salud vigente carece de un marco regulatorio para el genoma humano.

Resulta imprescindible dotar a las instituciones de certidumbre jurídica, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano establece en el artículo 4 que el genoma humano, en su estado natural, no puede dar lugar a beneficios pecuniarios.

También señala que una investigación, un tratamiento o un diagnóstico en relación con el genoma de un individuo sólo podrán efectuarse previa evaluación rigurosa de los riesgos y las ventajas que entrañe y de conformidad con cualquier otra exigencia de la legislación nacional, precepto que se ve evidentemente afectado al no contar con el marco jurídico correspondiente.

La declaración referida establece, en su artículo 10, que ninguna investigación relativa al genoma humano ni sus aplicaciones, en particular en la esfera de la biología, la genética y la medicina, podrán prevalecer sobre el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales y de la dignidad humana de los individuo o, si procede, de los grupos humanos.

La propia declaración establece en su artículo 7 que ninguna investigación relativa al genoma humano ni sus aplicaciones, en particular en la esfera de la biología, la genética y la medicina, podrán prevalecer sobre el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales y de la dignidad humana de los individuo o, si procede, de los grupos humanos.

Es necesario garantizar la confidencialidad de las características genéticas del cada individuo ya que así garantizamos el derecho a no saber aquellas enfermedades a las que se puede estar predispuesto. Este descubrimiento podría aumentar las enormes diferencias que existen actualmente entre los países de primer mundo y los del tercer mundo.

Resulta primordial, como lo señala la declaración, respetar a los derechos del individuo, al tiempo que avanza el conocimiento científico del genoma y sus aplicaciones en la medicina.

En este texto se prohíbe toda forma de discriminación de una persona a causa de su patrimonio genético. Las Partes signatarias de la declaración protegerán al ser humano en su dignidad y su identidad y garantizarán a toda persona, sin discriminación alguna, el respeto a su integridad y a sus demás derechos y libertades fundamentales con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina.

Resulta evidente, como ya lo referimos en el artículo 4 de la declaración que no es posible patentar el genoma humano. A pesar de lo anterior, se corre el riesgo, si no existe un marco jurídico preciso, de que se busquen formas indebidas de lucro con descubrimientos científicos que pueden ser de utilidad para toda la humanidad.

Según el informe del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias de la OMS, la situación actual en lo que se refiere a la concesión de patentes sobre los genes ha ido demasiado lejos en la promulgación de una cultura de la propiedad, y si se permite que continúe provocará inevitablemente más desigualdades en materia de atención de salud en todo el mundo. Se requiere con urgencia un marco normativo coherente para asegurar que la concesión de patentes sobre el ADN estimule el progreso científico y económico reforzando la contribución de la comunidad investigadora mundial a la creación y la aplicación de tecnología médica para los problemas sanitarios de los países en desarrollo.

Las empresas dedicadas a la biotecnología necesitan grandes inversiones y sus resultados no se ven a corto plazo, sino que se verá en unos años; los analistas financieros tienen fe en estas empresas y en su potencial; y aquéllas que consigan ser las primeras en adquirir conocimientos básicos de genómica (sobre todo, la identificación de los genes y sus utilidades) y las que logren transformar esta cantidad enorme de datos en medicamentos y tratamientos para poder tener una excelente calidad de vida se convertirán en auténticas minas de oro para sus accionistas. Estas actividades no son ilegales y promueven el desarrollo del país, pero resulta indispensable contar con un marco jurídico adecuado para dar certidumbre a las empresas, a los investigadores y ante todo a la población que se verá beneficiada con los progresos de la medicina genómica.

Debido al avance en la medicina genómica se podrá realizar un diagnóstico genómico basado en la prevención y el diagnóstico personalizado. El conocer la combinación exacta de mutaciones que tienen las células ayudará a que el médico decida el tratamiento óptimo para cada tumor o enfermedad de cada paciente.

El informe referido señala que se ha presentado un cuadro excesivamente optimista de las aplicaciones y los beneficios de las investigaciones genéticas. Las aplicaciones médicas potenciales de la genómica son considerables y darán lugar a importantes adelantos en la práctica clínica, pero es difícil hacer predicciones acerca de los plazos.

Según el propio Comité algunos resultados de los proyectos sobre el genoma ya tienen aplicación médica. Están muy adelantados el diagnóstico, la prevención y, en cierta medida, el tratamiento de enfermedades hereditarias comunes causadas por el fallo de un solo gen. Es probable que en los próximos años se disponga de nuevos medios de diagnóstico, vacunas y agentes terapéuticos para las enfermedades transmisibles. Sin embargo, es mucho menos previsible que en el corto plazo se produzcan avances trascendentales en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer o se disponga de nuevos tratamientos para las enfermedades crónicas.

Asimismo establece algo sumamente importante para los países en desarrollo, ya que afirma que ha llegado el momento de planificar el modo de distribuir de forma justa entre la población del mundo la tecnología del ADN recombinante y sus beneficios clínicos potenciales. De lo contrario, este nuevo sector ampliará la brecha que en materia de atención de salud separa a los países ricos y los países pobres del mundo.

Otra de las recomendaciones del comité es establecer políticas, estrategias y mecanismos nacionales para evaluar las tecnologías pertinentes, la costo-eficacia, las estructuras de revisión ética, las repercusiones jurídicas, sociales y económicas, los sistemas de reglamentación y la necesidad de preparar a la sociedad sensibilizando efectivamente al público. Resulta evidente que la aprobación de la minuta en estudio esta encaminada a cumplir con estos objetivos.

Con la aprobación de la minuta, se establecerá como materia de salubridad general al genoma humano. Aunado a lo anterior se adiciona un Título Quinto Bis, cuyo Capítulo Único se denominará El Genoma Humano.

En la propuesta de adición del artículo 103 Bis se incluye una definición de genoma que respeta plenamente la referida en la Declaración Universal del Genoma Humano.

La adición del artículo 103 Bis 1 también es congruente con la Declaración y establece claramente que el genoma individual de cada ser humano, le pertenece a cada persona.

De igual forma, el texto propuesto para el artículo 103 Bis 2. concuerda con los principios de no discriminación de la Declaración, al igual que los requisitos establecidos en el texto de los artículos 103 Bis 3, y 103 Bis 4, que corresponden a los principios señalados en el artículo 5 de la Declaración.

El artículo 103 Bis 5 propuesto señala que la investigación científica, innovación, desarrollo tecnológico y aplicaciones del genoma humano, estarán orientadas a la protección de la salud, prevaleciendo el respeto a los derechos humanos, la libertad y la dignidad del individuo; quedando sujetos al marco normativo respectivo; respetando de este modo lo que estipula la declaración en su artículo 10 al que nos referimos con antelación.

Por lo que respecta a la adición del artículo 103 Bis 6, con su redacción se dota a la Secretaría de Salud de una facultad para controlar las investigaciones, en caso de así requerirlo, con la finalidad de privilegiar siempre el respeto a los derechos humanos.

Asimismo, se establecen en los artículos 103 Bis 7 y 421 Ter las sanciones para quienes no cumplan con lo establecido en la ley, perfeccionándose de este modo la norma.

Coincidimos con respecto a la urgencia de aprobar esta minuta por lo que nos manifestamos a favor de la misma en los términos en los que fue devuelta a ésta soberanía.

En mérito de lo antes expuesto y para los efectos de la fracción A, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones de Salud y de Ciencia y Tecnología, se permiten someter a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción IX Bis al artículo 3o.; se adiciona un Título Quinto Bis y su Capítulo Único; y el artículo 421 Ter de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se adiciona una fracción IX Bis al artículo 3o.; se adiciona un Título Quinto Bis y su Capítulo Único denominado “El Genoma Humano” con los artículos 103 Bis, 103 Bis 1, 103 Bis 2, 103 Bis 3, 103 Bis 4, 103 Bis 5, 103 Bis 6 y 103 Bis 7, y el artículo 421 Ter, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a IX. ...

IX Bis. El genoma humano;

X. a XXXI. ...

Título Quinto BisEl Genoma Humano

Capítulo Único

Artículo 103 Bis. El genoma humano es el material genético que caracteriza a la especie humana y que contiene toda la información genética del individuo, considerándosele como la base de la unidad biológica fundamental del ser humano y su diversidad.

Artículo 103 Bis 1. El genoma humano y el conocimiento sobre este es patrimonio de la humanidad. El genoma individual de cada ser humano pertenece a cada individuo.

Artículo 103 Bis 2. Nadie podrá ser objeto de discriminación, conculcación de derechos, libertades o dignidad con motivo de sus caracteres genéticos.

Artículo 103 Bis 3.Todo estudio en este campo deberá contar con la aceptación expresa de la persona sujeta al mismo o de su representante legal en términos de la legislación aplicable.

En el manejo de la información deberá salvaguardarse la confidencialidad de los datos genéticos de todo grupo o individuo, obtenidos o conservados con fines de diagnóstico y prevención, investigación, terapéuticos o cualquier otro propósito, salvo en los casos que exista orden judicial.

Artículo 103 Bis 4.Se debe respetar el derecho de toda persona a decidir, incluso por tercera persona legalmente autorizada, que se le informe o no de los resultados de su examen genético y sus consecuencias.

Artículo 103 Bis 5. La investigación científica, innovación, desarrollo tecnológico y aplicaciones del genoma humano, estarán orientadas a la protección de la salud, prevaleciendo el respeto a los derechos humanos, la libertad y la dignidad del individuo; quedando sujetos al marco normativo respectivo.

Artículo 103 Bis 6. A efecto de preservar el interés público y sentido ético, en el estudio, investigación y desarrollo del genoma humano como materia de salubridad general la Secretaría de Salud establecerá aquellos casos en los que se requiera control en la materia, asegurándose de no limitar la libertad en la investigación correspondiente de conformidad con el artículo tercero constitucional.

Artículo 103 Bis 7. Quien infrinja los preceptos de este capítulo, se hará acreedor a las sanciones que establezca la ley.

Artículo 421 Ter.Se sancionará con multa equivalente de doce mil hasta dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate e inhabilitación de siete a diez años, en el desempeño de empleo, profesión o cargo público, a quien infrinja las disposiciones contenidas en el capítulo único del Titulo Quinto Bis de esta ley, o la cancelación de la cédula con efectos de patente, la concesión o autorización respectiva según sea el caso. Lo anterior, sin afectar el derecho del o los afectados, de presentar denuncia por el delito o delitos de que se trate.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión de Salud, diputados:Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho, Rosalina Mazari Espín, Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz, José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo, María del Pilar Torre Canales, secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales, Leandro Rafael García Bringas (rúbrica), Clara Gómez Caro, Delia Guerrero Coronado (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), José Luis Marcos León Perea, Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina, Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo, Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Oralia López Hernández (rúbrica).

La Comisión de Ciencia y Tecnología, diputados:Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), presidente; Blanca Juana Soria Morales (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas, Óscar Román Rosas (rúbrica), secretarios; Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Alejandro del Mazo Maza (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza, Aarón Irízar López (rúbrica), José Francisco Landero Gutiérrez, Óscar Lara Salazar, Ana Luz Lobato Ramírez, Oralia López Hernández (rúbrica), José Trinidad Padilla López (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán, María Isabel Pérez Santos, Jorge Romero Romero, José Luis Velasco Lino, José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Queda cumplida, en los términos del artículo 87 del Reglamento de esta Cámara, la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE EDUCACION

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 9 y 14 de la Ley General de Educación

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 176 y 95, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión celebrada el 8 de diciembre de 2009, el diputado Reyes Tamez Guerra, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXI Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de fomento de actividades de divulgación de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en la educación básica.

2. En la sesión de la Cámara de Diputados del 2 de marzo de 2010, la diputada María de Lourdes Reynoso Femat, en nombre propio y del diputado Alejandro Bahena Flores, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de fomento de actividades de divulgación de la investigación científica y el desa-rrollo tecnológico en la educación básica.

3. La presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó las iniciativas en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente.

4. El 9 de noviembre de 2010, el dictamen positivo se sometió a discusión y votación en el pleno de la Cámara de Diputados, aprobándose con 278 votos y 3 abstenciones. En esa fecha, la iniciativa con proyecto de decreto se turnó a la Cámara de Senadores y fue recibida para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el 11 de noviembre de 2010.

5. El 12 de abril de 2011 se sometió el dictamen a discusión y votación en el Pleno de la Cámara de Senadores, aprobándose con 85 votos. En esa fecha, la minuta con proyecto de decreto se remite a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para los efectos del apartado E) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6. El 14 de abril, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta en comento a la Comisión de Educación Pública, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

7. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e iniciaron el análisis correspondiente.

II. Descripción de la minuta

La presente minuta tiene por objeto establecer en la ley que el Estado, además de impartir y atender los diferentes tipos y modalidades educativas, deberá apoyar, de manera transversal, la investigación científica y el desarrollo de la tecnología y la innovación; asimismo involucrar a las autoridades educativas federal y locales, en la promoción, enseñanza y difusión de la investigación científica y tecnológica.

De acuerdo con la exposición de motivos, la ciencia, la tecnología y la innovación son tres aspectos prioritarios del conocimiento, los cuales permiten, en cierta manera, que un país sea altamente competitivo. Por tanto, “el aprendizaje de la ciencia y la tecnología son cruciales en la formación de los estudiantes para la vida en la sociedad moderna”.

Sin embargo, en México, estos campos han tenido un crecimiento mínimo. Por lo que se proponen diversas estrategias en el Plan Nacional de Desarrollo atendiendo esta situación. Una de ellas es, la promoción de la ciencia y la tecnología en la educación básica. De acuerdo con cifras del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), las habilidades científicas de los alumnos de educación básica, el desempeño de la competencia científica está por debajo del promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (promedio de México 416 y de la OCDE 501).

Por lo que se requiere una mayor atención en la enseñanza de la ciencia y la tecnología; además de la necesidad de unir esfuerzos entre los actores involucrados en el Sistema Educativo, para crear una cultura científica y tecnológica del país.

Con base en los anteriores argumentos, se propone el siguiente proyecto de decreto:

Artículo Único. Se reforman los artículos 9o. y la fracción VIII del artículo 14 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 9o. Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación e impulsará su divulgación, además de alentar el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 14. ...

I. a VII. ...

VIII. Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y fomentar su enseñanza y divulgación;

IX. a XIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. Consideraciones generales

En opinión de esta Comisión Dictaminadora, reconoce la importancia de generar en las personas una cultura científica y tecnológica. En el artículo 3ero. Constitucional se establece que la educación deberá ser basada “en los resultados del progreso científico”. Además, se determina como uno de los fines de la educación a la investigación e innovación científicas y tecnológicas (artículo 7, en la Ley General de Educación). Por lo que resulta fundamental la enseñanza de la ciencia y la tecnología, ya que son consideradas como herramientas necesarias para el desa-rrollo económico, educativo y cultural de la población.

La Comisión Dictaminadora observa que el “saber” es una condicionante que influye en el desarrollo de las poblaciones. Se vive en una sociedad del conocimiento, donde la infraestructura, las máquinas y los equipos no son tan apreciados como “las capacidades de los individuos para adquirir, crear, distribuir y aplicar creativa, responsable y críticamente (con sabiduría) los conocimientos, en un contexto donde el veloz ritmo de la innovación científica y tecnológica los hace rápidamente obsoletos”. Dentro de este contexto, las ideas, la innovación, la ciencia y la tecnología son campos que apoyan a la constitución de una sociedad desarrollada y con altos índices de bienestar.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura (UNESCO), “estimula la elaboración de programas pedagógicos eficaces en materia de ciencia y tecnología mediante la promoción de políticas y planes de estudio que (...) sean pertinentes en términos socioculturales y medioambientales”.

En México, el Plan Nacional de Desarrollo establece como una prioridad nacional “la enseñanza, difusión y divulgación de la ciencia y la tecnología en todos los niveles educativos, empezando con la educación preescolar, primaria y secundaria”. La investigación e innovación científica y tecnológica, la educación y la sociedad, están estrechamente relacionadas y son “factores determinantes para la competitividad y bienestar de un país”.

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE 2009 arrojó entre sus resultados que un porcentaje alto de estudiantes mexicanos se encuentran ubicados en el nivel 2 y 1 de desempeño de la ciencia (33.6 y 32.8 por ciento respectivamente). En el nivel 2, los alumnos pueden explicar e interpretar investigaciones simples; mientras que en el nivel 1, los estudiantes tienen un conocimiento científico limitado. Esta situación se torna preocupante, ya que el desafío es que los estudiantes puedan generar competencias para apropiarse y aprovechar el conocimiento científico y tecnológico, con el fin de pensar de manera lógica los hechos cotidianos y resolver problemas prácticos y sencillos. Por lo que es necesario reforzar, fomentar e incidir, tanto en las instituciones, la legislación como en las políticas públicas, planteamientos a favor de la ciencia y la tecnología.

Los miembros de esta comisión coinciden con la modificación que la Cámara de Senadores realiza al artículo 14 de la Ley General de Educación, ya que señala de manera puntual que la promoción de la investigación y el desarrollo de la ciencia y tecnología, debe incluirse en las currícula de todos los niveles educativos que atiende y apoya el Estado –todos los tipos de educación y sus modalidades–. Además de que establece como facultad de las autoridades educativas federal y locales, la divulgación de estos conocimientos, para que la población se apropie de ellos con el fin de solucionar tareas de la vida cotidiana. Por lo que el artículo quedaría de la siguiente manera:

Artículo 14. ...

I. a VII. ...

VIII. Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y fomentar su enseñanza y divulgación;

IX. a XIII. ...

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 fracciones A y E de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta honorable asamblea que el presente proyecto de decreto que reforma la Ley General de Educación sea remitido al Ejecutivo para efecto de que, si no tuviere observaciones que hacer, lo publique inmediatamente.

Por lo anterior, y una vez analizada la minuta materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto que reforma los artículos 9o. y 14 de la Ley General de Educación, en materia de divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación

Artículo Único. Se reforman los artículos 9o. y 14, fracción VIII de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 9o. Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación e impulsará su divulgación, además de alentar el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 14. ...

I. a VII. ...

VIII. Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y fomentar su enseñanza y divulgación;

IX. a XIII. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2010) Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes 2009. Pág. 84. Extraído el día 9 de mayo de 2011, desde:

http://www.inee.edu.mx/index.php/publicaciones/informes-instituc ionales/estudios-internacionales/4834

2 Ídem. Pág. 88.

3 Rodríguez Acevedo, Germán Darío (s.f.). “Ciencia, tecnología y sociedad: una mirada desde la educación en tecnología”. Revista Iberoamericana de Educación, número 18. Extraído el día 9 de mayo de 2011, desde:

http://www.rieoei.org/oeivirt/rie18a05.htm

4 UNESCO (2011) Enseñanza de la ciencia y tecnología. Extraído el día 9 de mayo de 2011, desde: http://www.unesco.org/new/es/education/themes/strengthening-education-systems/s cience-and-technology/

5 Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República (2007) Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Pág. 193. Extraído el día 9 de mayo de 2011, desde: http://pnd.calderon.presidencia. gob.mx/index.php?page=documentos-pdf

6 Rosales Gutiérrez, Francisco (2004) Ciencia, educación y sociedad. Una relación compleja. Extraído el día 9 de mayo de 2011, desde: http://www.observatorio.org/colaboraciones/rosales.html

7 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) (2010) México en PISA 2009. Extraído el día 9 de mayo de 2011, desde: http://www.inee.edu.mx/index.php/publicaciones/informes-institucionales/estudio s-internacionales/4834

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 20 de julio de 2011.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Roberto Pérez de Alba Blanco, Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar, José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica), Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Juana Soria Morales.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Queda cumplida, en los términos del artículo 87 del Reglamento de esta Cámara, la declaratoria de publicidad.

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 de su Reglamento, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente:

“Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor”, recibida por esta Cámara colegisladora en fecha 14 de abril de 2011.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 66, 68, 157 y 158 inciso 1) fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al estudio y análisis de la Minuta mencionada al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el día 14 de abril de 2011, los CC. Secretarios de la misma dieron cuenta al Pleno de esta Soberanía de la Minuta que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero. El antecedente histórico de la minuta de referencia es el siguiente:

1. En fecha 7 de septiembre de 2010, el senador Rubén Camarillo Ortega integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso su turno a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen.

2. La iniciativa fue dictaminada de manera conjunta por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda; y seguido su trámite legislativo, en fecha 12 de abril de 2011, la Iniciativa de mérito fue aprobada en lo general y lo particular por 81 votos en el Pleno de la Cámara de Senadores y enviada la Minuta a la Cámara de Diputados.

3. En fecha 14 de abril de 2011, en el Pleno de la Cámara de Diputados fue recibida la Minuta de referencia, misma que se turnó a esta Comisión de Economía, para los efectos del Apartado A) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Comisión de Economía, es competente para conocer sobre la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Segunda. Que la Minuta de referencia implica lo siguiente:

• Fortalecer las facultades de la Profeco para recabar información necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones.

• Añadir como atribución de la Profeco, el promover la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales para asegurar la protección efectiva del consumidor en contra de la información o publicidad engañosa o abusiva.

• Establecer que la Profeco deberá emitir lineamientos para el análisis y verificación de la información o publicidad a fin de evitar que se induzca a error o confusión al consumidor, tomando en consideración el contexto temporal en que se difunde, el momento en que se transmite respecto de otros contenidos difundidos en el mismo medio y las circunstancias económicas o especiales del mercado.

• Aumentar la multa para los casos de publicidad engañosa, considerándola como “caso particularmente grave”, en los términos de la ley de protección de los consumidores.

Tercera. Que el dictamen con el cual el pleno de la Cámara de Senadores aprobó la minuta, establece lo siguiente:

“La iniciativa tiene por objeto fortalecer el marco de protección al consumidor en cuanto a la veracidad de la publicidad que recibe, dotando de mayores atribuciones a la Procuraduría Federal del Consumidor (en adelante Profeco) a fin de que pueda sancionar la difusión de publicidad engañosa o abusiva en cuanto a las características o información relacionada con algún bien, producto o servicio.

A continuación se realiza un análisis de cada una de las modificaciones y adiciones propuestas en la iniciativa:

Primero. Adición al artículo 9

Adicionar un segundo párrafo al artículo 9 de la LFPC para incluir sanciones a personas que dan avales o testimonios sobre los beneficios de un bien o producto.

En concreto, el artículo 9 con la adición referida quedaría como sigue:

Artículo 9.- Los proveedores de bienes o servicios incurren en responsabilidad administrativa por los actos propios que atenten contra los derechos del consumidor y por los de sus colaboradores, subordinados y toda clase de vigilantes, guardias o personal auxiliar que les presten sus servicios, independientemente de la responsabilidad personal en que incurra el infractor.

Las personas físicas o morales que otorguen testimonios o avales contenidos en información o publicidad que resulte violatoria del artículo 32 de la ley, serán responsables solidarios del proveedor infractor, por lo que podrán ser sancionados en términos de lo establecido en el artículo 128 de la ley.

Al respecto, estas comisiones advierten que, de aprobarse esta propuesta, podría contraponerse a las garantías de seguridad jurídica, pues las personas físicas que otorgan testimonios o avales son actores o modelos que realizan una actividad lícita, ajena a la actividad del proveedor, que es la que está regulada por esta ley, por lo que, a priori, no podrían ser responsables solidarios de los proveedores que son los directamente responsables en términos de las disposiciones generales de la ley.

La Ley Federal del Consumidor regula relaciones entre los proveedores y los consumidores, por lo que, en el caso de pretender sancionar la conducta de un tercero que no sea proveedor, habría que estipular un procedimiento específico para tal fin, además de precisar con mayor detalle el alcance y los términos de la responsabilidad solidaria del mismo, que, en todo caso, resultaría cuestionable desde el punto de vista del alcance sistémico de la ley.

Asimismo, en principio se debe calificar la veracidad y licitud de la publicidad del bien o servicio ofrecido y no la persona que realiza la publicidad del mismo, cuestión que es también de la competencia de otras autoridades, como se especifica en el apartado décimo de estas consideraciones (autoridades sanitarias, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Comisión Federal de Telecomunicaciones).

Por otro lado, estas comisiones no omiten señalar que, previamente, se ha aprobado en la Comisión de Comercio y Fomento Industrial un dictamen, que se encuentra actualmente en proceso legislativo, por virtud del cual se adiciona el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objeto de “prohibir la inclusión en los productos o bienes, así como en la información o publicidad relativa a los mismos, de leyendas o información que indique que se encuentre avalado, recomendado o certificado por alguna sociedad o asociación profesional”, por lo que, se estima que con esta adición queda cubierta la cuestión relativa a avales de asociaciones profesionales, incluidas en la propuesta objeto de este dictamen.

En consecuencia, estas comisiones consideran que la aprobación de la adición en estudio no resulta procedente.

Segundo. Reforma al artículo 13

En este artículo se propone fortalecer las facultades de la Profeco, suprimiendo la previsión que actualmente se contiene en la última parte del segundo párrafo del artículo 13 y quedar como sigue:

Artículo 13. La Procuraduría verificará a través de visitas, requerimientos de información o documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el cumplimiento de esta ley. Para efectos de lo dispuesto en este precepto, los proveedores, sus representantes o sus empleados están obligados a permitir al personal acreditado de la Procuraduría el acceso al lugar o lugares objeto de la verificación.

Las autoridades, proveedores y consumidores están obligados a proporcionar a la Procuraduría, en un término no mayor de quince días, la información o documentación necesaria que les sea requerida para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para sustanciar los procedimientos a que se refiere esta ley. Dicho plazo podrá ser ampliado por una sola vez.

Al respecto, estas comisiones estiman que de ser aprobada dicha propuesta, se evitaría que los proveedores nieguen injustificadamente o por cualquier excusa, cumplir con los requerimientos de información o documentación solicitados por la Profeco dentro de sus atribuciones.

Por otra parte, destacan también, que esta reforma no trasgrede los derechos del proveedor, toda vez que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental permite a las empresas reservar la entrega de información o documentación en los casos estrictamente necesarios (artículo 19).

Por lo anterior, estas comisiones consideran procedente en los términos de la iniciativa, la reforma al artículo 13 de la Ley.

Tercero. Reforma al artículo 24

Por otra parte, la iniciativa propone incluir dos nuevas fracciones al artículo 24 de la LFPC con el propósito de establecer atribuciones específicas para que la Profeco pueda verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de publicidad engañosa o abusiva, así como para promover con otras autoridades acciones coordinadas en esta materia. Las fracciones propuestas son las siguientes:

Artículo 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I. a IX Bis. ...

IX Ter. Promover la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales que corresponda, a fin de asegurar la protección efectiva al consumidor en contra de la información o publicidad engañosa o abusiva.

X. a XIV Bis. ...

XIV Ter. Monitorear y vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre información o publicidad engañosa y abusiva contenidas en esta ley, así como determinar los criterios para verificar y determinar su cumplimiento.

XV. a XXIII. ...

Respecto a la adición de una fracción IX Ter para establecer la coordinación entre autoridades, estas comisiones destacan que, si bien, esta atribución ya se encuentra establecida de manera general en la fracción XII del artículo 24 de Ley, resulta conveniente especificar que, en este caso, la vinculación será en materia de publicidad engañosa o abusiva.

Por otra parte, estas comisiones consideran que en cuanto a la adición de una fracción XIV ter para establecer la atribución específica para que la Profeco pueda monitorear la información o publicidad, ya se encuentra precisada en el primer párrafo del artículo 13 de la misma ley, por lo que estiman innecesaria la adición de la fracción en comento.

En tal virtud, se asientan las modificaciones necesarias en el proyecto de decreto.

Cuarto. Reforma al artículo 32

Esta reforma contempla lo siguiente:

Artículo 32. La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta, el contexto temporal en que se difunde, el momento en que se transmite respecto de otros contenidos difundidos en el mismo medio y las circunstancias económicas o especiales del mercado.

La información o publicidad que compare productos o servicios, sean de una misma marca o de distinta, no podrá ser engañosa o abusiva en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior. La Procuraduría podrá emitir lineamientos para el análisis y verificación de dicha información o publicidad a fin de evitar que se induzca a error o confusión al consumidor.

Al respecto, estas comisiones estiman procedente el espíritu de la reforma para agregar elementos a la definición de publicidad engañosa, sin embargo, consideran que la redacción de la reforma propuesta resultaría mejor ubicada en el último párrafo del referido artículo y quedar como sigue

Artículo 32. La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.

La información o publicidad que compare productos o servicios, sean de una misma marca o de distinta, no podrá ser engañosa o abusiva en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior.

La procuraduría podrá emitir lineamientos para el análisis y verificación de dicha información o publicidad a fin de evitar que se induzca a error o confusión al consumidor, considerando el contexto temporal en que se difunde, el momento en que se transmite respecto de otros contenidos difundidos en el mismo medio y las circunstancias económicas o especiales del mercado.

De esta manera, se considera aprobar la reforma al artículo 32 con las modificaciones apuntadas.

Quinto. Reforma al artículo 35

Esta reforma pretende considerar que la Profeco pueda ordenar al proveedor que suspenda la información o publicidad desde que “presuma” que la acción es violatoria. De acuerdo a la iniciativa, dicho artículo quedaría de la siguiente manera:

Artículo 35. Sin perjuicio de la intervención que otras disposiciones legales asignen a distintas dependencias, la Procuraduría podrá:

I. Ordenar al proveedor que suspenda la información o publicidad que se presuma violatoria o viole las disposiciones de esta ley y, en su caso, al medio que la difunda;

II. Ordenar que se corrija la información o publicidad que se presuma violatoria o viole las disposiciones de esta ley en la forma en que se estime suficiente, y

III. Imponer las sanciones que correspondan, en términos de esta ley.

Para los efectos de la violación a las disposiciones a la ley a que se refieren las fracciones II y III, deberá concederse al infractor la garantía de audiencia a que se refiere el artículo 123 de este ordenamiento.

Cuando la Procuraduría emita requerimientos de información  o instaure algún procedimiento administrativo relacionado con la veracidad de la información o publicidad, podrá ordenar al proveedor suspender la publicidad o información que se difunda, o bien que se indique que la veracidad de la misma no ha sido comprobada ante la autoridad competente.

Al respecto, estas comisiones consideran que las modificaciones al artículo 35 podrían conllevar a controversias e impugnaciones por parte de los proveedores, al no encontrarse concluido el procedimiento administrativo correspondiente que determine la existencia de las referidas violaciones.

Por otro lado, el artículo 25 Bis de la ley, ya establece los casos específicos y las medidas precautorias que la Profeco puede imponer.

Además, el último párrafo del propio artículo 35 establece una medida precautoria, en este caso particular, consistente en que se advierta al consumidor que la veracidad de la publicidad no ha sido aun comprobada.

Por lo anterior, estas comisiones consideran no aprobar la reforma en comento.

Sexto. Reforma al artículo 127

La iniciativa plantea reformar el artículo 127 de la LFPC para derogar la mención de la violación del artículo 32 e incluirlo en el artículo 128 Bis a fin de aumentar el monto de la sanción económica y quedar como sigue:

Artículo 127. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7 Bis, 13, 17, 18 Bis, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 86 Quater, 87 Bis, 90, 91, 93, 95 y 113 serán sancionadas con multa de 397.76 a 1 millón 272 mil 813.16 pesos.

En lo relativo a las sanciones aplicables para las infracciones, estas comisiones destacan que, en la actualidad, los costos de una campaña publicitaria especialmente en medios como la TV, pueden superar de manera considerable los montos que la ley vigente impone en materia de publicidad por lo que dichas multas no se consideran un incentivo adecuado para impedir que los proveedores emitan publicidad engañosa o abusiva.

Por ello, estas comisiones estiman adecuado que se incremente el monto de la sanción económica, trasladando la infracción al artículo 32 del actual 127 al 128 que enseguida se examina.

Séptimo. Reforma al artículo 128

Tiene el propósito de reformar el artículo 128, para quedar como sigue:

Artículo 128. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 12, 32, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 65, 65 Bis, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis y 121 serán sancionadas con multa de 596.63 a 2 millones 333 mil 490.80 pesos.

Estas comisiones consideran adecuada la reforma en comento para sancionar conforme al artículo 128 de la LFPC, las infracciones al artículo 32 por información o publicidad engañosa, en virtud de que el monto de la multa aplicable a esos casos sería superior al que actualmente tienen, es decir, las previstas en el artículo 127 de la ley.

Octavo. Reforma al artículo 128 Bis

En este artículo se propone adicionar dos párrafos al artículo 128 BIS de la LFPC, para quedar como sigue:

Artículo 128 Bis. En casos particularmente graves, la Procuraduría podrá sancionar con clausura total o parcial, la cual podrá ser hasta de noventa días y con multa de 114 mil 388.23 a 3 millones 202 mil 870.46 pesos.

Las violaciones a lo establecido en el artículo 32 que se consideren particularmente graves conforme a lo establecido en el artículo 128 ter de esta ley, serán sancionadas hasta con el monto máximo establecido en el párrafo anterior o bien con multa de hasta un 10% de los ingresos brutos anuales del infractor obtenidos por  la comercialización del bien o los bienes, productos o servicios contenidos en la publicidad respectiva, correspondiente al último ejercicio fiscal en que se haya cometido la infracción, en caso de reincidencia.

Sobre el particular, estas comisiones consideran pertinente que se incluya la previsión de una sanción más elevada en los casos particularmente grave como medida inhibitoria de estas conductas. Sin embargo, es conveniente modificar la redacción del texto a efecto de incluir que las infracciones serán sancionadas hasta con el monto máximo o bien con multa de hasta un 10%, lo que resulte mayor.

De esta manera, se asientan las modificaciones en el decreto de este dictamen.

Noveno. Reforma al artículo 128 Ter, fracción VI.

La iniciativa prevé reformar la fracción VI del artículo 128 Ter, recorriéndose las actuales VI y VII para quedar como VII y VIII de la LFPC, en virtud de que el artículo en cuestión fue modificado recientemente mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 19 de agosto de 2010, mismo que quedaría de la siguiente manera:

Artículo 128 Ter. Se considerarán casos particularmente graves:

I. a V. ...

VI. Cuando la información relacionada con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, induzcan a error o confusión al consumidor por la forma falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presente y pongan en peligro la vida, la salud o la seguridad de un grupo de consumidores,

VII. La reincidencia en la comisión de infracciones a los artículos señalados en el artículo 128 de esta ley, y

VIII Aquellas que vulneren los derechos contemplados en el Título Segundo de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Al respecto, en congruencia con lo establecido en el considerando octavo, estas comisiones destacan que resulta procedente adicionar como caso particularmente grave a la publicidad engañosa.

En esta virtud, se considera aprobar la reforma al artículo 128 Ter.

Décimo. Adición al artículo 130

Por último, la iniciativa propone la adición de un segundo párrafo al artículo 130 de la LFPC, con el objeto de que en materia de publicidad, la reincidencia se entienda cuando el mismo infractor incurra en dos o más violaciones del mismo precepto legal.

La adición se plantea de la siguiente manera:

Artículo 130. Se entiende que existe reincidencia cuando el mismo infractor incurra en dos o más violaciones del mismo precepto legal durante el transcurso de un año, contado a partir del día en que se cometió la primera infracción.

Cuando se trate de infracciones a lo dispuesto en el artículo 32, la autoridad calificará como reincidente a un proveedor cuando incurra más de una violación a dicho artículo en cualquier período.

Al respecto, estas comisiones estiman que la adición en comento para considerar reincidente los casos de publicidad engañosa sin importar el periodo de la comisión de las infracciones, no contribuiría efectivamente a actualizar el marco de referencia contra la publicidad engañosa pues, en realidad el requisito indispensable es que las resoluciones hayan causado estado para considerar la existencia de la reincidencia.

Por lo anterior, estas comisiones estiman que la aprobación de la adición en comento no resulta procedente.

Finalmente, estas comisiones desean destacar que en materia de publicidad engañosa también tienen facultades las autoridades sanitarias y de comunicaciones, específicamente la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y las autoridades vinculadas con la aplicación de la Ley Federal de Radio y Televisión y su Reglamento, como puede desprenderse de la lectura de los artículos 3, 17 Bis, 270, 300, 301, 303, 305, 306, 307, 310, 311, 312, 393, 394, 396 Bis, 413 y 414 Bis de la Ley General de Salud; de los artículos 1, 5, 6, 9, 11, 14, 43, 44, 45, 61, 79, 86, 99, 106, 107 y 108 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad; de los artículos 67 y 69 de la Ley Federal de Radio y Televisión, así como de los artículos 39, 46 y 49 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, por lo que, una reforma integral en esta materia, tendría también que considerar esta normatividad.

No obstante lo anterior, estas comisiones consideran procedentes las reformas a los artículos antes citados en los considerandos segundo, sexto y séptimo, por lo que asientan las modificaciones referidas en el proyecto de decreto de este dictamen.”

Cuarta. Que los diputados, que integran la Comisión de Economía, estiman legítimo el espíritu de la iniciativa y correctas las modificaciones que realizó la Cámara de Senadores a la iniciativa original, no obstante lo anterior, esta comisión realiza modificaciones a la minuta de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Se observa un error en el proyecto de decreto enviado a la Cámara de Diputados, en la adición de la fracción VI al artículo 128 Ter:

“Artículo 128 Ter. Se considerarán casos particularmente graves:

...VI. Cuando la información relacionada con algún bien, producto o servicio que pudiendo induzcan a error o confusión al consumidor por la forma falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presente;”

En efecto, los términos en que se ha redactado esta fracción, no corresponden al texto del dictamen emitido por la Cámara de Senadores, de tal manera que se omiten las palabras “o no ser verdaderas”, por lo que esta comisión se pronuncia por corregir la fracción VI que se adiciona al artículo 128 Ter en los siguientes términos:

“Artículo 128 Ter. Se considerarán casos particularmente graves:

...VI. Cuando la información relacionada con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, induzcan a error o confusión al consumidor por la forma falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presente;

2. De igual manera, se estima correcto clarificar la redacción del párrafo que se agrega al artículo 128 Bis y que establece una nueva modalidad para la sanción de la publicidad engañosa, en virtud de que parecería que la multa para estos casos es solo la más alta del rango de las particularmente graves, cuando lo correcto es que diga que la sanción se determinará dentro de ese rango.

Por lo anterior, se modifica dicho párrafo para quedar en los siguientes términos:

“Las violaciones a lo establecido en el artículo 32 que se consideren particularmente graves conforme a lo establecido en el artículo 128 Ter de esta ley, serán sancionadas con la multa establecida en el párrafo anterior o bien con multa de hasta un 10 por ciento de los ingresos brutos anuales del infractor obtenidos por la comercialización del bien o los bienes, productos o servicios contenidos en la publicidad respectiva, correspondiente al último ejercicio fiscal en que se haya cometido la infracción, en caso de reincidencia.”

3. Asimismo, los diputados de la Comisión de Economía estiman que no obstante que se están reforzando las facultades de la Profeco para recabar información que es necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones, también estima que la ley debe proteger la privacidad y confidencialidad de dicha información.

Por lo anterior, se estima necesario agregar un tercer párrafo al artículo 13 de la ley de protección de los consumidores para establecer de forma expresa que la Profeco considerará como información reservada, confidencial o comercial reservada, aquella que los interesados señalen que tiene ese carácter, en los términos que determina la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar de la siguiente forma:

“La procuraduría considerará como información reservada, confidencial o comercial reservada, en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aquella información que las autoridades, proveedores y consumidores señalen que tiene ese carácter.”

4. Por otra parte, los diputados de la Comisión de Economía dan cuenta del hecho de que la Minuta venida del Senado no contiene la actualización de los montos de las multas referidas en el artículo 128 Bis, pues aparecen las correspondientes al año 2010.

Por lo anterior, se estima correcto actualizar dichos montos para quedar de la siguiente forma:

“Artículo 128 Bis. En casos particularmente graves, la Procuraduría podrá sancionar con clausura total o parcial, la cual podrá ser hasta de noventa días y con multa de $ 119 326.23 a 3 341 134.55”.

5. En cuanto al resto de las reformas propuestas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, esta Comisión de Economía hace suyos los argumentos que se esgrimieron en la Cámara de Senadores para los efectos del presente dictamen.

Quinta. En virtud de lo anterior, esta Comisión de Economía se manifiesta por modificar la Minuta que nos ocupa y en los términos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitirla a la Cámara de origen para su discusión correspondiente; estableciéndose el sentido de la reforma en los siguientes términos proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Único. Se reforman los artículos 13, 32, 127, 128, 128 Bis y la fracción VI del artículo 128 Ter, recorriéndose las actuales VI y VII para quedar como VII y VIII respectivamente; se adiciona un tercer párrafo al artículo 13, la fracción IX Ter al artículo 24, un último párrafo al 32, un segundo párrafo al 128 Bis, una fracción VIII al 128 Ter, todos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Artículo 13. La procuraduría verificará a través de visitas, requerimientos de información o documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el cumplimiento de esta ley. Para efectos de lo dispuesto en este precepto, los proveedores, sus representantes o sus empleados están obligados a permitir al personal acreditado de la Procuraduría el acceso al lugar o lugares objeto de la verificación.

Las autoridades, proveedores y consumidores están obligados a proporcionar a la Procuraduría, en un término no mayor de quince días, la información o documentación necesaria que les sea requerida para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para sustanciar los procedimientos a que se refiere esta ley. Dicho plazo podrá ser ampliado por una sola vez.

La procuraduría considerará como información reservada, confidencial o comercial reservada, en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aquella información que las autoridades, proveedores y consumidores señalen que tiene ese carácter.

Artículo 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I. a IX Bis. ...

IX Ter. Promover la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales que corresponda, a fin de asegurar la protección efectiva al consumidor en contra de la información o publicidad engañosa o abusiva.

X. a XXIII. ...

Artículo 32. La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.

La información o publicidad que compare productos o servicios, sean de una misma marca o de distinta, no podrá ser engañosa o abusiva en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior.

La procuraduría podrá emitir lineamientos para el análisis y verificación de dicha información o publicidad a fin de evitar que se induzca a error o confusión al consumidor, considerando el contexto temporal en que se difunde, el momento en que se transmite respecto de otros contenidos difundidos en el mismo medio y las circunstancias económicas o especiales del mercado.

Artículo 127. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7 Bis, 13, 17, 18 Bis, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 86 Quater, 87 Bis, 90, 91, 93, 95 y 113 serán sancionadas con multa de $ 397.76 a $ 1 272 813.16.

Artículo 128. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 12, 32, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 65, 65 Bis, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis y 121 serán sancionadas con multa de $ 596.63 a $ 2 333 490.80.

Artículo 128 Bis. En casos particularmente graves, la procuraduría podrá sancionar con clausura total o parcial, la cual podrá ser hasta de noventa días y con multa de $ 119 326.23 a $ 3 341 134.55.

Las violaciones a lo establecido en el artículo 32 que se consideren particularmente graves conforme a lo establecido en el artículo 128 Ter de esta ley, serán sancionadas con la multa establecida en el párrafo anterior o bien con multa de hasta un 10% de los ingresos brutos anuales del infractor obtenidos por la comercialización del bien o los bienes, productos o servicios contenidos en la publicidad respectiva, correspondiente al último ejercicio fiscal en que se haya cometido la infracción, en caso de reincidencia.

Artículo 128 Ter. Se considerarán casos particularmente graves:

I. a V. ...

VI. Cuando la información relacionada con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdadera, induzcan a error o confusión al consumidor por la forma falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presente;

VII. La reincidencia en la comisión de infracciones a los artículos señalados en el artículo 128 de esta ley, y

VIII. Aquellas que vulneren los derechos contemplados en el Título Segundo de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de julio de 2011.

La Comisión de Economía, diputados:Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud, Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez, María Antonieta Pérez Reyes, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica en abstención), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, José Antonio Arámbula López, Raúl Gerardo Cuadra García, Pavel Díaz Juárez, Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Vidal Llerenas Morales, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), María Florentina Ocegueda Silva (rúbrica), David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Queda cumplida, en los términos del artículo 87 del Reglamento de esta Cámara, la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a fin de que los gobiernos estatales y el del Distrito Federal incorporen en sus Presupuestos de Egresos la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 81, 83, 85 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 9 de marzo de 2011, la diputada María Elena Pérez de Tejada Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó en la sesión del pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a fin de que los gobiernos estatales y el del Distrito Federal incorporen en sus Presupuestos de Egresos la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Equidad y Género para análisis y dictamen.

Contenido de la iniciativa

En la exposición de motivos, la iniciadora manifiesta que en el marco de Naciones Unidas se han celebrado conferencias mundiales en las que la perspectiva de género se ha aceptado como eje fundamental para analizar las relaciones entre mujeres y hombres, con el objetivo de conocer positivamente esas diferencias y generar propuestas encaminadas a eliminar la discriminación y garantizar la igualdad sustantiva.

Señala que de los instrumentos internacionales de derechos humanos emana el compromiso de incorporar de manera transversal dicha perspectiva, no sólo en el diseño, en la implantación, en el seguimiento y en la evaluación de las políticas públicas sino, también, en los programas y presupuestos en todos los niveles de gobierno de los tres poderes del Estado.

Por ello, indica, hay la necesidad de asignar los recursos humanos y materiales indispensables para incidir en cada poder del Estado y sus instancias, y en cada uno de sus programas. Implica asimismo una revisión profunda y una transformación integral de las instituciones, de manera que la perspectiva de género sea parte de todos sus procesos cotidianos.

Al respecto, advierte, un avance fundamental para lograr igualdad real entre mujeres y hombres ha sido la expedición de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006. En ella, detalla, se establece el objetivo de regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y de proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres.

Asimismo, en tal ordenamiento se instituye la obligación del gobierno federal de incorporar en los Presupuestos de Egresos de la Federación la asignación de recursos para el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad.

En ese sentido, anota, en el país hoy contamos con recursos para la igualdad entre mujeres y hombres; todos ellos, gastos etiquetados que consolidan de alguna manera un mecanismo real para el desarrollo de las leyes para la igualdad entre mujeres y hombres y para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y constituyen una herramienta concreta para monitorear programas, acciones y estrategias de la política pública dirigidas y que afectan directamente a las mujeres.

Afirma que los esfuerzos deben venir de todos los frentes, por lo que presenta una iniciativa donde se establece que a los gobiernos estatales y el del Distrito Federal también corresponderá incorporar en los Presupuestos de Egresos de la entidad federativa la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en material de igualdad.

Por consiguiente, señala, también se propone instituir claramente que a las entidades federativas corresponde crear un organismo encargado de diseñar, vigilar y evaluar la aplicación de los mecanismos institucionales de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, que deberán ser aplicados en las instancias administrativas de la entidad, así como vigilar el cumplimiento del gobierno estatal o el del Distrito Federal relacionadas con la materia.

Además, propone asentar en la Ley General para la Igualdad que a las entidades federativas corresponda no sólo elaborar sino aplicar las políticas públicas locales en la materia.

Con tal reforma, asegura, se establece de forma clara la obligación de las entidades federativas de asignar recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad, y de crear un organismo encargado de diseñarla, aplicarla, vigilarla y evaluarla; ello, como un ejercicio de corresponsabilidad con los ciudadanos en pro de lograr una democracia efectiva donde la igualdad de acceso y oportunidades sea una realidad para mujeres y hombres.

En suma, considera, hoy más que nunca no podemos más que pugnar por una corresponsabilidad en las políticas y en la asignación de recursos para lograr una efectiva igualdad entre mujeres y hombres. Por eso debemos continuar avanzando hacia la institucionalización de una perspectiva de género que permita tomar en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y de hombres en cada una de las etapas de las políticas públicas y el proceso presupuestario, impulsando con ello un enfoque que permita alcanzar la equidad y mejorar la eficacia de las políticas públicas.

Por lo expuesto, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona la fracción I Bis y se reforman la II y la III del artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 15. Corresponde a las y a los titulares de los gobiernos estatales y del Distrito Federal

I. ...

I Bis. Incorporar en los Presupuestos de Egresos de la entidad federativa y del Distrito Federal la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad;

II. Crear un organismo encargado de diseñar, vigilar y evaluar la aplicación de los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, que deberán ser aplicados en las instancias administrativas de la entidad, así como vigilar el cumplimiento de los compromisos del gobierno estatal o del Distrito Federal relacionados con la materia;

III. Elaborar y aplicar las políticas públicas locales, con una proyección de mediano y largo alcances, debidamente armonizadas con los programas nacionales, dando cabal cumplimiento a la presente ley; y

IV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Consideraciones

Primera. De la revisión de las atribuciones que la Ley General para la Igualdad confiere a los estados y al Distrito Federal encontramos que las fracciones I y II del artículo 15, del capítulo tercero, señalan que les corresponde la conducción de la política local en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así como crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, mediante las instancias administrativas que se ocupen del adelanto de las mujeres en los estados y el Distrito Federal.

Asimismo, las fracciones III y IV les asignan las facultades de elaborar las políticas públicas locales, con una proyección de mediano y largo alcances, debidamente armonizadas con los programas nacionales y la promoción, en coordinación con las dependencias de la administración pública federal, de la aplicación de la Ley General para la Igualdad.

En este tenor, el artículo 27 de la citada ley señala que, en el marco del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, los gobiernos de los estados y el del Distrito Federal coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con el Instituto Nacional de las Mujeres o, en su caso, con las dependencias o entidades de la administración pública federal, a la consolidación y al funcionamiento del sistema nacional.

Así también, tendrán la tarea de planear, organizar y desa-rrollar en sus respectivas circunscripciones territoriales los sistemas estatales de igualdad entre mujeres y hombres, procurando su participación programática en el sistema nacional.

En materia de planeación, en el artículo 29 de la Ley General para la Igualdad se establece que el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres será propuesto por el Instituto Nacional de las Mujeres, tomando en cuenta las necesidades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como las particularidades de la desigualdad en cada región. El citado programa deberá integrarse al Plan Nacional de Desarrollo, así como a los programas sectoriales, institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación.

Específicamente, señala que los programas que elaboren los gobiernos de los estados y el del Distrito Federal, con visión de mediano y largo alcances, indicarán los objetivos, las estrategias y las líneas de acción prioritarios, tomando en cuenta los criterios e instrumentos de la política nacional de igualdad, en congruencia con los programas nacionales.

Igualmente, derivado de su inclusión en el Sistema Nacional para la Igualdad, las entidades federativas y el Distrito Federal, artículos 27 y 29 de la Ley General para la Igualdad, están comprometidos a armonizar sus acciones de conformidad con la política nacional en la materia.

Segunda. A fin de examinar cómo las entidades federativas y el Distrito Federal han armonizado sus marcos normativos para garantizar los derechos previstos en la Constitución General y las leyes que deriven de orden federal, la comisión dictaminadora considera oportuno exponer algunos ejemplos, principalmente para observar si desde el ámbito local se atienden ya las preocupaciones de la proponente; esto es, si la legislación local prevé recursos presupuestarios que apuntalen la acción gubernamental en materia de igualdad, si se cuenta con organismos encargados de diseñar, aplicar, vigilar o evaluar las políticas locales en ese sentido.

Tercera. Por ejemplo, para el caso de la ciudad capital, la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal establece en el artículo 8 que corresponde al jefe del gobierno formular, conducir y evaluar la política de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; implantar y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y cumplimiento de la política de igualdad sustantiva en el Distrito Federal, mediante la aplicación del principio de transversalidad, a través del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal; implantar las acciones, las políticas, los programas, los proyectos y los instrumentos que garanticen la adopción de acciones afirmativas; promover en coordinación con las dependencias de la administración las acciones para la transversalidad de la perspectiva de género; y crear y aplicar el programa en el Distrito Federal, con los principios que la ley señala, así como suscribir convenios a través del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, a fin de impulsar, fortalecer y promover la difusión y el conocimiento de la presente ley, velando por su cumplimiento en los ámbitos público y privado.

Por tanto, el artículo 9o. de la citada ley señala que corresponde al Instituto de las Mujeres del Distrito Federal establecer vínculos de colaboración permanente con organismos públicos, privados y sociales, para la efectiva aplicación y cumplimiento de la presente ley; suscribir los convenios necesarios para el cumplimiento de la presente ley; participar en el diseño y formulación de políticas públicas locales en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; evaluar la aplicación de la presente ley en los ámbitos público y privado, así como coordinar los instrumentos de la política en el Distrito Federal en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Así, el artículo 18 establece que el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal deberá revisar y evaluar anualmente el Programa General de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación hacia las Mujeres. Más adelante, el artículo 35 establece que el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal llevará a cabo el seguimiento, la evaluación y el monitoreo de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el Distrito Federal. Se puntualiza que la vigilancia implica no sólo recibir información sobre las medidas y actividades que instauren los sectores público y privado sino evaluar su efecto en la sociedad.

En este contexto, uno de los de los instrumentos de la política en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, lo constituye el Sistema para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Distrito Federal, el cual es definido en el artículo 14 del citado ordenamiento como “el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen los entes públicos del Distrito Federal entre sí, con la sociedad civil organizada, instituciones académicas y de investigación. El sistema tiene por fin garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el Distrito Federal”.

Entre las atribuciones del sistema para la igualdad local, artículo 16, sobresalen las de evaluar las políticas públicas, los programas y servicios en materia de igualdad sustantiva, así como el Programa General de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación hacia las Mujeres; valorar y, en su caso, determinar la necesidad específica de asignaciones presupuestarías destinadas a ejecutar los programas y planes estratégicos de los entes públicos en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Además, en términos presupuestales, la política local que se desarrolle ha de garantizar que la planeación presupuestal incorpore la progresividad, la perspectiva de género, apoyado la transversalidad y previendo el cumplimiento de los programas, proyectos, acciones y convenios para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, como lo señala el artículo 10 de la Ley de Igualdad Sustantiva del DF.

Finalmente, por lo que corresponde al Programa General de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación hacia las Mujeres, previsto en el artículo 17, se establece que será elaborado por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal tomando en cuenta las necesidades del Distrito Federal y las particularidades de la desigualdad en cada demarcación territorial, ajustándose e integrándose al Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal. Dispone que el programa establezca los objetivos, las estrategias y las líneas de acción prioritarios, velando por la transversalidad y propiciando que los programas sectoriales, institucionales y especiales del Distrito Federal tomen en cuenta los criterios e instrumentos de la ley.

Cuarta. Otro ejemplo lo constituye Zacatecas, por citar una entidad que cuenta con ley para igualdad y con la integración de un sistema estatal. La Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Zacatecas considera entre otras disposiciones la obligatoriedad para la elaboración de los Presupuestos de Egresos con enfoque de género, tanto en el ámbito estatal como en el municipal; creación de un sistema estatal para la igualdad entre mujeres y hombres; las bases sobre las cuales deberá formularse la política de igualdad, no sólo para los organismos de gobierno, sino introduce a esta esfera a los sectores privado y social, así como la distribución de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional entre los poderes del estado, los entes públicos, los órdenes de gobierno y los sectores privado y social.

De esa manera, la ley también prevé la articulación de varios instrumentos para concretar los objetivos en la materia, los cuales son básicamente el Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Zacatecas, que tiene como propósito la coordinación de los entes públicos que lo integran para promover y procurar la igualdad entre mujeres y hombres.

También, la elaboración del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Zacatecas, que debe incluir, señala la ley, las particularidades específicas de la desigualdad en el medio rural y en el medio urbano; la creación de un modelo de equidad y la vigilancia en materia de igualdad.

Entre las atribuciones del Poder Ejecutivo estatal, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Zacatecas, figuran las de formular, conducir y evaluar la política de igualdad; diseñar y aplicar los instrumentos de la política de igualdad; implantar, fortalecer, mejorar y evaluar el modelo de equidad e incorporar en el Presupuesto de Egresos del estado la asignación de recursos para el cumplimiento de la política de igualdad.

En cuanto a la vigilancia, corresponde al instituto de las mujeres zacatecanas llevar a cabo el seguimiento, la evaluación y el monitoreo de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el estado. Específicamente, para el caso de las entidades públicas, lo hará a través de la implantación del modelo de equidad.

Quinta. En otro caso, en Sonora las tareas de vigilancia u observancia recaen en el Instituto Sonorense de la Mujer. Así, el artículo 20 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Sonora señala que, con base en lo dispuesto en la ley y sus mecanismos de coordinación, llevará a cabo el seguimiento, la evaluación y el monitoreo de las políticas estatal y municipales en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Por otra parte, el artículo 43 establece que la tarea de observancia consiste en formular y promover medidas y actividades que pongan en marcha las administraciones públicas estatales y las municipales; y evaluar el efecto en la sociedad de las políticas y medidas que afecten a las mujeres y a los hombres en materia de igualdad; entre otras acciones.

En lo concerniente a cuestiones presupuestales, el artículo 13 establece que el Ejecutivo estatal está facultado para conducir la política estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres; elaborar la política estatal en materia de igualdad, a fin de cumplir lo establecido en la presente ley; diseñar y aplicar los instrumentos de la política estatal en materia de igualdad e incorporar en los proyectos de presupuestos de egresos del estado la asignación de recursos para el cumplimiento de la política estatal en materia de igualdad.

Sexta. En otro ejemplo esclarecedor, la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Oaxaca establece en el artículo 11 como atribuciones del Poder Ejecutivo del estado las de elaborar y conducir la política estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres e incorporar en los Presupuestos de Egresos del estado la asignación de recursos para el cumplimiento de la política de igualdad, así como crear y aplicar el Programa Estatal para la Igualdad, entre otros.

Por otro lado, la ley en comento faculta en el artículo 38 a la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Estado y al Instituto de la Mujer Oaxaqueña a fin de desa-rrollar las tareas de la observancia en el seguimiento, en la evaluación y en el monitoreo de la política de igualdad.

Para ello, en el artículo 39 establece que la observancia consistirá en diseñar y promover medidas y acciones que ponga en marcha la administración pública en materia de igualdad entre mujeres y hombres; evaluar anualmente el impacto en la sociedad de la política de igualdad, el programa, así como las medidas y acciones en materia de igualdad que afecten a las mujeres y a los hombres.

Séptima. Durango es otro estado que cuenta con Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y con un ente coordinador de los esfuerzos locales en materia de igualdad. De ese modo, el artículo 15 establece que al Ejecutivo estatal corresponde conducir y determinar la política estatal de igualdad, diseñar, aprobar e implantar las políticas públicas en la materia, aprobar el programa de igualdad e incorporar en los Presupuestos de Egresos del estado la asignación de recursos para el cumplimiento de la política de igualdad.

En tanto, el artículo 17 dispone que el ente coordinador a nivel estatal será la Comisión de Igualdad y no Discriminación del estado, la cual tendrá como atribuciones la coordinación del monitoreo de la política estatal en la materia; estructurar la observancia de la igualdad sustantiva; efectuar el seguimiento, evaluación y sostenibilidad de la política local en la materia, así como verificar la observancia de la ley.

Por su parte, el Instituto de la Mujer Duranguense tiene como facultades, de acuerdo con el artículo 19, coordinar las acciones para la transversalidad de la perspectiva de género; crear y aplicar el programa estatal de igualdad; establecer los lineamientos sobre la rectoría de la igualdad sustantiva, y someterlos a la aprobación del Ejecutivo estatal; además, coordinar los programas de igualdad entre mujeres y hombres de las dependencias y las entidades de la administración pública estatal.

Por lo que toca a las actividades de observancia, los artículos 33, 24 y 35 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Durango señalan que la observancia deberá ser efectuada por personas de reconocida trayectoria y especializadas en materia de igualdad sustantiva, que sean invitadas por el presidente de la Comisión de Igualdad y no Discriminación del estado a participar en ella.

Y que ésta consistirá en recibir información sobre medidas y actividades que ponga en marcha la administración pública estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres; evaluar el efecto en la sociedad de las políticas y medidas que afecten a los hombres y a las mujeres en materia de igualdad, y proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico sobre la situación de las mujeres y de los hombres en materia de igualdad entre otros.

Octava. En ese tenor, 23 estados y el Distrito Federal contaban, hasta abril de 2011, con ley para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. De ellos, sólo 2 han expedido el reglamento respectivo, y la mitad cuenta con un organismo coordinador, ya sea sistema o comisión estatal.

De la revisión sucinta de sus correspondientes leyes para la igualdad –de las cuales hemos apuntado varios ejemplos en las consideraciones anteriores– podemos concluir que abordan la asignación de recursos para el cumplimiento de la política social para la igualdad y se prevé la existencia de organismos encargados de diseñar, aplicar, vigilar o evaluar las políticas locales en ese sentido. Asimismo, se consideran responsabilidades básicas referidas a la elaboración y la aplicación de las políticas públicas locales tendientes a garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Cabe destacar que hasta abril del presente año, estados como Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Tlaxcala no contaban con una ley de igualdad y un sistema coordinador.

Por tanto, la comisión dictaminadora considera que, independientemente de que en la mayoría de las entidades federativas y el Distrito Federal han introducido en sus legislaciones las atribuciones de asignar recursos para en cumplimiento de la política local en materia de igualdad, no está de más que se incorpore la propuesta de la iniciadora en el artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

En virtud de lo anterior, la comisión dictaminadora concuerda con la propuesta señalada de incorporar en los Presupuestos de Egresos de la entidad federativa y del Distrito Federal la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad, ya que tal inclusión reforzaría las atribuciones establecidas en un ordenamiento general, esto es en una norma cuyo objeto es la conjunción de esfuerzos para alcanzar la igualdad. Más aún, daría pie para que los estados que aún no han expedido la ley respectiva puedan armonizar su legislación sin menoscabo del pacto federal.

Novena. Por lo que corresponde a la propuesta de reformar la fracción II del artículo 15 –para “crear un organismo encargado de diseñar, vigilar y evaluar la aplicación de los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, que deberán ser aplicados en las instancias administrativas de la entidad, así como, vigilar el cumplimiento de los compromisos del gobierno estatal o del Distrito Federal relacionados con la materia”–, la comisión dictaminadora considera que riñe directamente con el carácter de los mecanismos locales para el adelanto de las mujeres, por cuanto que ya tienen como atribución la formulación, la vigilancia y la evaluación de la política local en la materia, así como de las acciones y programas que se desprendan; en otros casos, como en Oaxaca, las tareas de observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo recaen compartidamente en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el instituto de la mujer, responsable del programa estatal; incluso, por ciudadanos de reconocida trayectoria especializadas en materia de igualdad sustantiva , como ocurre en Durango; o únicamente en el mecanismo para el adelanto de las mujeres estatal, como en Sonora, donde las actividades de seguimiento, evaluación y monitoreo de las políticas estatal y municipales en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres recaen en el Instituto Sonorense de la Mujer.

En esencia, el mandato previsto en la fracción II del artículo 15 es que los mecanismos para el adelanto de las mujeres en los estados y en el Distrito Federal –es decir, las instancias de las entidades federativas creadas para el diseño, promoción y monitoreo de la aplicación de las políticas públicas en favor de los derechos de las mujeres de acuerdo con la definición de éstas prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su reglamento– creen y fortalezcan las acciones y programas conducentes en la materia de su competencia.

En abundancia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece en el artículo 14 que los congresos de los estados, con base en sus respectivas Constituciones, y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con arreglo a su Estatuto de Gobierno, expedirán las disposiciones legales necesarias para promover los principios, las políticas y los objetivos que sobre la igualdad entre mujeres y hombres prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley, más aún si consideramos que, derivado de la propia Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, los estados y el Distrito Federal adquieren compromisos en el marco del sistema nacional para la igualdad, como especifica el artículo 23, que a la letra señala:

Artículo 23. El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y las entidades de la administración pública federal entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos sociales y con las autoridades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres.

Además, la comisión dictaminadora tiene presente que el artículo 27 de la misma ley establece que los gobiernos de los estados y del Distrito Federal coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con el Instituto Nacional de las Mujeres o, en su caso, con las dependencias o entidades de la administración pública federal, a la consolidación y funcionamiento del sistema nacional. También tienen el encargo de planear, organizar y desarrollar los sistemas estatales de igualdad entre mujeres y hombres, procurando su participación programática en el sistema nacional.

En materia de planeación, en el artículo 29 se señala de manera concreta que los programas que elaboren los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, con visión de mediano y largo alcances, indicarán los objetivos, las estrategias y las líneas de acción prioritarios, tomando en cuenta los criterios e instrumentos de la política nacional de igualdad en congruencia con los programas nacionales.

Por tanto, es claro que los compromisos que adquieren los gobiernos estatales y del Distrito Federal ocurren en el marco del ente nacional coordinador, y están sujetos a la observancia que se deriva de las normas locales en la materia.

Por ello, la reforma de la fracción II del artículo 15 no es viable.

Décima. Por lo que hace a la reforma de la fracción III del artículo 15, con el propósito de asentar que a los titulares de los gobiernos estatales y del Distrito Federal corresponde elaborar y ejecutar las políticas locales de igualdad debidamente armonizadas con los programas nacionales, es conveniente reiterar que el texto vigente de la fracción I del mismo artículo establece que les corresponde conducir la política local en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Esto es, la conducción de las políticas locales implica guiarlas o dirigirlas hacia un objetivo concreto, por lo que lleva implícita la ejecución de las acciones y de los programas determinados por los entes administrativos.

Por lo demás, resulta obvio que al tener las responsabilidades de elaborar y conducir las políticas locales en materia de igualdad, así como la de crear las instancias coordinadoras de su implantación y de su evaluación, las autoridades de las entidades federativas y el Distrito Federal ejercen su función ejecutiva.

Por tanto, al estar ya considerada en la Ley General para la Igualdad, la propuesta de reformar la fracción III resulta inviable.

Por todo lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Equidad y Género emiten el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Artículo Único. Se adiciona la fracción I Bis del artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 15. Corresponde a las y a los titulares de los gobiernos estatales y del Distrito Federal

I. ...

I Bis. Incorporar en los Presupuestos de Egresos de la entidad federativa y del Distrito Federal la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad;

II. a IV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, mayo de 2011.

La Comisión de Equidad y Género, diputados:Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), presidenta; Ana Estela Durán Rico (rúbrica), Elvia Hernández García, Blanca Estela Jiménez Hernández, Felipe Grajales Kuri, Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica), Tomasa Vives Preciado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera, secretarios; Laura Arizmendi Campos, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez, Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Margarita Gallegos Soto (rúbrica), Laura Felícitas García Dávila, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Marcela Guerra Castillo, Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Juan Carlos Natale López, Luis García Silva (rúbrica), María Elena Pérez de Tejada Romero (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Leticia Robles Colín (rúbrica), Adela Robles Morales (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Queda cumplida, en los términos del artículo 87 del Reglamento de esta Cámara, la declaratoria de publicidad.

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 de su Reglamento, fue turnada para estudio y dictamen la “iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor”, presentada por la diputada Susana Hurtado Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en fecha 9 de marzo de 2011.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 66, 68, 157 y 158, inciso 1), fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa mencionada, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados en fecha 9 de marzo de 2011, sus secretarios dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la iniciativa con proyecto de decreto que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero. La legisladora propone en resumen lo siguiente:

• Establecer que la venta del servicio de tiempo compartido sólo podrá realizarse cuando el inmueble en que se prestará dicho servicio se encuentra afectado para ello por el mismo tiempo por el que se pretende comercializar.

• Establecer que la comercialización en México de los servicios de tiempo compartido que deberán prestarse en el extranjero sólo podrá realizarse cuando quien lo realice sea sujeto de comercio y se encuentre constituido como “tiempo compartido” o “club vacacional” de conformidad con las leyes de su país o, en su defecto, que cumplan mecanismos equiparables con los que establece la legislación nacional.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Comisión de Economía es competente para conocer sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Segunda. Que los integrantes de la Comisión de Economía comparten la preocupación de la diputada proponente de proteger y garantizar la seguridad jurídica de los consumidores de servicios de tiempo compartido, así como la de garantizar una competencia transparente y equitativa en ese sector.

1. En efecto, la comisión ha reconocido en anteriores dictámenes que la regulación que establece la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) a la prestación del servicio de tiempo compartido es escueta, pues sólo son dos dispositivos que se refieren al respecto; esto es, los artículos 64 y 65.

Asimismo, se ha dejado constancia de que existe la “NOM-029-SCFI-2010. Prácticas comerciales. Requisitos informativos para la prestación del servicio de tiempo compartido”, que establece requisitos de información comercial y elementos normativos a los que deben sujetarse los proveedores de este tipo de servicios.

No obstante, aun cuando la referida NOM menciona que se debe acreditar que el inmueble donde se prestará el servicio de tiempo compartido deberá estar afectado en ese sentido, lo cierto es que esto sólo es obligatorio cuando las legislaciones locales así lo establezcan (véase el numeral 5.2.1.1 de la NOM-029-SCFI-2010).

En este orden de ideas, la preocupación de la diputada proponente de que los servicios de tiempo compartido vayan avalados por la afectación del inmueble a ese servicio, a fin de dar seguridad jurídica a los consumidores y reducir la posibilidad de que sean objeto de fraude ante la venta de espacios inexistentes, es completamente justificada, pues ante las reglas mencionadas es evidente que existe la necesidad de regular dicha situación y que ya se han realizado esfuerzos en ese sentido.

Sin embargo, como quedó mencionado, la NOM de referencia, al establecer la obligación de la afectación del inmueble sólo para los casos en que las legislaciones locales así lo prevean, sigue dejando espacio para que los derechos de los consumidores de este tipo de servicios se afecten, pues en esos estados no se podrán garantizar al consumidor los espacios necesarios para este servicio.

Esto último también genera una competencia desequilibrada en el sector, pues en los lugares donde la legislación local es más laxa, es más fácil para el proveedor de servicios comercializar el servicio de tiempo compartido que en los lugares donde sí se exige la referida afectación.

Asimismo, debe establecerse que la propuesta de la diputada no es un instrumento novedoso para el sector, pues –como ha quedado establecido– no sólo algunos estados de la República Mexicana tienen en su legislación normas como la aquí discutida,sino que en el derecho comparado encontramos países que tienen disposiciones equiparables, como es la legislación de Florida, Estados Unidos de América, que –como menciona la proponente– es uno de los lugares de mayor oferta de tiempo compartido, o España, Argentina y Venezuela.

Con lo anterior se puede concluir que la propuesta que se dictamina tiene viabilidad respecto al problema que se pretende evitar.

No obstante, los integrantes de la Comisión de Economía estiman que el texto de la fracción II del artículo 65 de la LFPC que propone la diputada Hurtado Vallejo debe aclararse en el sentido de que la afectación es por el número de años por los que se está ofreciendo el servicio, pues con la redacción que propone parecería que la afectación es sólo mientras se comercializa, lo que no daría solución al problema que expone y no implicaría mayor protección para los consumidores.

Asimismo, se estima correcto agregar, a fin de no generar retardos innecesarios en los trámites registrales, que una vez concluida la afectación quedaran a salvo los derechos de propiedad del proveedor una vez que haya concluido la afectación.

En este sentido, el texto deberá decir lo siguiente:

II. Lugar e inmueble donde se prestará el servicio, exhibiendo copia certificada de la afectación del inmueble o parte del mismo ante notario público mediante el acto jurídico de una declaración unilateral de la voluntad o fideicomiso en el que se destine el inmueble al servicio de tiempo compartido por el número de años que se está ofreciendo el servicio, debiendo obtener el registro definitivo en el Registro Público de la Propiedad, para con ello registrarse en la Procuraduría Federal del Consumidor, dejando a salvo los derechos de propiedad del proveedor una vez concluida la afectación.

2. De igual forma, la propuesta de la diputada Susana Hurtado de incluir una fracción VII en el artículo 65 de la LFPC se estima acertada, pues aun y cuando la NOM-029-SCFI-2010, en el numeral 10 se refiere a los requisitos para la comercialización de los servicios de tiempo compartido que se prestan en el extranjero, las personas físicas o morales que realizan actividades de comercio en México forzosamente deben cumplir las disposiciones mexicanas para tales efectos, lo que no es materia de una NOM sino de la legislación vigente que regule al sector.

No obstante, se estima que la obligación que se establece en la iniciativa para los que comercializan los servicios de tiempo compartido en territorio nacional para ser prestados en el extranjero, de que deban cumplir los requisitos que se establecen en México cuando las legislaciones de los países donde se va a prestar el servicio son omisas genera un problema real de aplicabilidad de la norma, pues no todos los países siguen la misma tradición jurídica mexicana, lo que implicaría menor oferta de este servicio en detrimento de los consumidores, cuando la razón que motiva la norma es dar seguridad jurídica al consumidor, específicamente de que el inmueble que se está ofreciendo para prestar el tiempo compartido existe y que su propietario ha dado consentimiento para la comercialización del servicio.

Por eso, los integrantes de la Comisión de Economía estiman que se debe sustituir la última parte de la fracción VII propuesta por un texto en los siguientes términos:

... en caso de ser omisas, las personas referidas en el párrafo anterior deberán acreditar fehacientemente que su representada es el dueño del inmueble y su autorización para ser destinado a la comercialización de tiempo compartido...

Asimismo, los integrantes de la Comisión de Economía estiman que el texto de la fracción VII del artículo de la LFPC que propone la diputada Hurtada Vallejo debe corregirse para quedar en los siguientes términos:

VII. En lo relativo a los servicios de tiempo compartido por prestarse en el extranjero, éstos podrán ser comercializados en la República Mexicana únicamente cuando las personas físicas o morales que ofrezcan y/o presten y/o comercialicen los servicios sean sujetos de comercio, y que se hayan constituido en lo general, así como en lo especial en materia de tiempo compartido o club vacacional, de conformidad con las leyes de su país de origen. En caso de que sus legislaciones sean omisas al respecto, deberán establecer mecanismos iguales o equiparables a los que cubren los nacionales; en cualquiera de los dos casos deberán dar cumplimiento a los requisitos establecidos en territorio nacional para celebrar actos de comercio en materia de tiempo compartido.

Tercera. Por lo expuesto, la Comisión de Economía se manifiesta por aprobar la iniciativa que reforma el artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; para quedar en los siguientes términos:

Decreto que reforma el artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Artículo Único. Se reforma la fracción II, y se adiciona la VII del artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 65. La venta o preventa de un servicio de tiempo compartido sólo podrá iniciarse cuando el contrato respectivo esté registrado en la Procuraduría y cuando especifique

I. ...

II. Lugar e inmueble donde se prestará el servicio, exhibiendo copia certificada de la afectación del inmueble o parte del mismo ante notario público mediante el acto jurídico de una declaración unilateral de la voluntad o fideicomiso en el que se destine el inmueble al servicio de tiempo compartido por el número de años que se está ofreciendo el servicio, debiendo obtener el registro definitivo en el Registro Público de la Propiedad, para con ello registrarse en la Procuraduría Federal del Consumidor, dejando a salvo los derechos de propiedad del proveedor una vez concluida la afectación;

III. y IV. ...

V. Las opciones de intercambio con otros prestadores del servicio y si existen costos adicionales para realizar tales intercambios;

VI. Descripción de las fianzas y garantías que se otorgarán en favor del consumidor ; y

VII. En lo relativo a los servicios de tiempo compartido por prestarse en el extranjero, éstos podrán ser comercializados en la República Mexicana únicamente cuando las personas físicas o morales que ofrezcan y/o presten y/o comercialicen los servicios sean sujetos de comercio, y que se hayan constituido en lo general, así como en lo especial en materia de tiempo compartido o club vacacional, de conformidad con las leyes de su país de origen; en caso de ser omisas, las personas referidas en el párrafo anterior deberán acreditar fehacientemente que su representada es el dueño del inmueble y su autorización para ser destinado a la comercialización de tiempo compartido.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La secretaría contará con un periodo de tres meses, a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, para emitir la norma oficial mexicana, ajustada al cumplimiento del mismo.

Notas:

1 Considerando séptimo del CEP 20-2010.

2 Artículos 1118 del Código Civil de Jalisco, 2405 del Código Civil de Baja California Sur, 2761 del Código Civil del Estado de Quintana Roo y 13 de la Ley de Regulación del Sistema de Tiempo Compartido del Estado de Guerrero.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de julio de 2011.

La Comisión de Economía, diputados:Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud, Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez, María Antonieta Pérez Reyes, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, José Antonio Arámbula López, Raúl Gerardo Cuadra García, Pavel Díaz Juárez, Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Vidal Llerenas Morales, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), María Florentina Ocegueda Silva (rúbrica), David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Queda cumplida, en los términos del artículo 87 del Reglamento de esta Cámara, la declaratoria de publicidad.

CODIGO DE COMERCIO

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que deroga la fracción V del artículo 1391 del Código de Comercio

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 de su Reglamento, fue turnada para estudio y dictamen la “iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción V del artículo 1391 del Código de Comercio”, presentada por el diputado Sergio Gama Dufour, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en fecha 29 de abril de 2011.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 66, 68, 157 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa mencionada, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero.En sesión celebrada en la Cámara de Diputados en fecha 29 de abril de 2011, sus secretarios dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la iniciativa con proyecto de decreto que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero. El legislador propone en resumen lo siguiente:

• La derogación de la fracción V del artículo 1391 del Código de Comercio a efecto de suprimir a las “pólizas de seguro” el carácter de títulos ejecutivos con aparejada ejecución, dado que la ley sustantiva de la materia no les otorga este atributo, por lo que –considera el legislador– dicha fracción es inoperante en la realidad.

Consideraciones

Primera. De conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Economía es competente para conocer sobre la iniciativa con proyecto de decreto mencionada en el exordio del presente dictamen.

Segunda. Los integrantes de la Comisión de Economía consideran aprobar la propuesta que se dictamina por las siguientes consideraciones:

1. El Código de Comercio, el cual data de la época del porfiriato, habiendo entrado en vigor concretamente en 1889, contenía en sus inicios los dispositivos que regulaban toda la actividad mercantil y financiera de la nación. Dicho ordenamiento, a lo largo de los años ha tenido diversas modificaciones, ya que una gran parte de las normas ahí contenidas han sido derogadas para dar lugar a la expedición de nuevas leyes especiales que regulan materias específicas.

En efecto, el artículo 1391 en su redacción original establecía que las pólizas de seguro traían aparejada ejecución conforme a lo dispuesto por el artículo 441 del Código de Comercio, en el cual se determinaba expresamente que las pólizas contaban con tal característica.

El título VII del libro II del Código de Comercio, donde se encontraba el artículo 441, fue derogado el 31 de agosto de 1935 con la entrada en vigor de la Ley sobre el Contrato de Seguro, concretamente por el artículo 196 de dicho ordenamiento. Al realizar esa tarea legislativa, se dejó en el artículo 1391 la fracción que establece que las pólizas de seguro traen aparejada ejecución conforme a la ley de la materia, la cual –como bien plantea el diputado iniciante– no atribuye a las pólizas esa característica de ejecutividad.

Por lo anterior, esta comisión considera que la aplicabilidad de la fracción V del artículo 1391 vigente ha quedado inoperante en la realidad, pues condiciona la característica de ejecutividad de las pólizas de seguro a que la ley de la materia así la considere, cuando la mencionada legislación de seguros no prevé expresamente que las pólizas traigan aparejada ejecución.

2. Además de lo anterior, debe decirse que la reforma pretendida concuerda con el pronunciamiento jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual se resuelve y concluye que ni los contratos de seguro ni las pólizas respectivas constituyen un documento que traiga aparejada ejecución para efectos de la procedencia de la vía ejecutiva mercantil, por carecer de requisitos inherentes a los títulos ejecutivos, como serían (i) la existencia cierta de un crédito, (ii) que tal crédito sea líquido, y (iii) que sea exigible.

Por lo anterior, esta comisión considera que al existir un criterio jurisprudencial que ya se pronunció en definitiva sobre el tema y siendo consistentes con los criterios de dictamen seguidos a la fecha, como la actualización de las leyes mercantiles y su eficientización, se estima positivo eliminar disposiciones que no tienen aplicación real y que generan confusión, como es el caso de la norma que se pretende derogar.

Además, si más adelante el legislador tuviera la intención de otorgar a las pólizas de seguro el carácter de título ejecutivo, bastaría modificar la ley de la materia en ese sentido, pues se actualizaría el supuesto contenido en la fracción VIII del artículo 1391 del Código de Comercio, por lo que aprobar la iniciativa aquí dictaminada no afectaría tal pretensión en el futuro.

Tercera. Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Economía se manifiestan por aprobar la iniciativa con proyecto de decreto mencionada en el exordio del presente dictamen para quedar como sigue:

Decreto que deroga la fracción V del artículo 1391 del Código de Comercio

Artículo Único. Se deroga la fracción V del artículo 1391 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 1391. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución.

Traen aparejada ejecución

I. a IV. ...

V. (Se deroga)

VI. a VIII. ...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 El artículo 1391, fracción V, originalmente rezaba:

Artículo 1391. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución. Traen aparejada ejecución ... V. Las pólizas de seguros conforme al artículo 441...

2 El artículo 441 (derogado) del Código de Comercio establecía: “... El contrato de seguro sobre la vida a cantidad y plazo determinados producirá acción ejecutiva a favor de ambos contratantes...”

3 El artículo 196 de la Ley sobre el Contrato de Seguro menciona: “Artículo 196. Se deroga el título VII, libro II, del Código de Comercio del 15 de septiembre de 1889 y todas las disposiciones legales que se opongan a la presente ley [del contrato de seguro]”.

4 La redacción vigente del artículo 1391, fracción V, reza:

Artículo 139. I. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución. Traen aparejada ejecución ... V. Las pólizas de seguros conforme a la ley de la materia...

5 Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 1ª./J.90/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, junio de 2010. “Contrato de seguro. Las pólizas no son títulos ejecutivos para efectos de la procedencia de la vía ejecutiva mercantil (interpretación del artículo 1391, fracción V, del Código de Comercio)”.

6 El artículo 1391, fracción VIII, del Código de Comercio reza:

Artículo 1391. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución. Traen aparejada ejecución ... VIII. Los demás documentos que por disposición de la ley tienen el carácter de ejecutivos o que por sus características traen aparejada ejecución.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de julio de 2011.

La Comisión de Economía, diputados:Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud, Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez, María Antonieta Pérez Reyes, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, José Antonio Arámbula López, Raúl Gerardo Cuadra García, Pavel Díaz Juárez, Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Vidal Llerenas Morales, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), María Florentina Ocegueda Silva (rúbrica), David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Queda cumplida, en los términos del artículo 87 del Reglamento de esta Cámara, la declaratoria de publicidad.

LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones V al artículo 7o. y X al 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 de su Reglamento, fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente

“Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción V al artículo 7o. y se reforma la fracción III del artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal”, presentada por el diputado Carlos Manuel Joaquín González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en fecha 28 de abril de 2011.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 66, 68, 157 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa mencionada al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados en fecha 28 de abril de 2011, los ciudadanos secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la iniciativa con proyecto de decreto que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo. El ciudadano presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero. El legislador propone en resumen lo siguiente:

• Que la Ley para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal incluya expresamente al sector turístico para que participe en el desarrollo de acciones que permitan a la microindustria y a la actividad artesanal incrementar su competitividad y productividad.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Púbica Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción V al artículo 7o. y reforma la fracción III del artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.

Segunda. Que los diputados integrantes de la Comisión de Economía, coinciden con el proponente en la necesidad de regular a favor de las microindustrias y artesanos del mercado turístico, de manera que se les incluya expresamente en la Ley para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, como uno de los sectores beneficiados por los apoyos que otorga esta ley.

La iniciativa plantea recurrir al turismo como herramienta para potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana, lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos. Por lo anterior, resulta necesario impulsar la creación de microindustrias en zonas con alto porcentaje de turistas, creando empleos que servirán como un vehículo eficaz para la instalación y permanencia de este tipo de empresas.

Ahora bien, la Ley para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, establece en el artículo 1 que su objeto es fomentar el desarrollo de la microindustria y de la actividad artesanal mediante el otorgamiento de apoyos fiscales, financieros, de mercado y de asistencia técnica; la simplificación de trámites de constitución y funcionamiento de este tipo de industrias; la simplificación de trámites administrativos ante autoridades federales y la coordinación de las autoridades locales o municipales para este fin.

No obstante lo anterior, este ordenamiento jurídico no contiene dispositivos que otorguen apoyos o incentivos a microindustrias y artesanos que operen en zonas turísticas, aun cuando, como lo señala el legislador en su iniciativa, deben ser consideradas zonas de prioridad para la instalación de microindustrias artesanales; por lo que esta comisión estima que mediante las reformas propuestas se extienden y mejoran los apoyos establecidos en la referida ley para lograr desarrollar este tipo de industrias en zonas turísticas.

1. En efecto, se propone adicionar una fracción V al artículo 7o. de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal para quedar como sigue:

“Artículo 7. La Secretaría, con la participación, en su caso, de las demás dependencias y entidades competentes de la administración pública federal, así como de los gobiernos de los estados y municipios, procurará la aplicación y vigilará el cumplimiento de esta Ley y, en particular, realizará lo siguiente:

...V. Promoverá la participación del sector turístico en el desarrollo de acciones que permitan a las microindustrias en regiones turísticas mejorar su desempeño en la producción artesanal.”

Al respecto, los diputados que integran la Comisión de Economía consideran que mediante esta adición se reconoce al sector turístico como un medio para fomentar la producción artesanal dentro de las zonas turísticas, las cuales al contar con una gran concurrencia de turistas, las convierte en zonas prioritarias para la instalación de microindustrias.

2. Asimismo, la iniciativa plantea reformar el artículo 37 fracción III de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, en los siguientes términos:

“Artículo 37. Para lograr los objetivos y finalidades establecidos en este ordenamiento, la Comisión realizará las siguientes funciones:

...III. Proponer la forma y términos para el otorgamiento y aplicación de los apoyos y estímulos a que se refiere esta ley para el desarrollo de acciones que permitan a la microindustria en regiones turísticas incrementar su competitividad.”

En cuanto a este punto, debe decirse que reformar esta fracción en el sentido que se propone, llevaría a una interpretación de manera limitativa, es decir, que la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, cuyo objeto es impulsar el desarrollo de las empresas microindustriales, debería proponer el otorgamiento y aplicación de apoyos y estímulos establecidos en la ley, solo para las microindustrias y artesanos que estén localizados en regiones turísticas, siendo que el sentido de esta fracción está encaminado a otorgar esta facultad a la comisión para aplicarla a todos los artesanos y microindustrias, sin distinción alguna.

Por lo anterior, la Comisión de Economía considera que la propuesta debe de ajustarse agregando una facción X al artículo 37 en los siguientes términos:

“Artículo 37. Para lograr los objetivos y finalidades establecidos en este ordenamiento, la comisión realizará las siguientes funciones:

...X. Proponer los apoyos y estímulos que se estimen apropiados para el fomento y desarrollo de microindustrias en regiones turísticas.

Así, se mantendría la aplicación equitativa de la ley, necesaria para lograr los objetivos y finalidades de este ordenamiento jurídico y se avendría a las inquietudes manifestadas en la iniciativa de favorecer a las microindustrias dedicadas al mercado turístico con los apoyos y estímulos otorgados por la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.

Por lo antes expuesto, esta Comisión de Economía considera que la iniciativa presenta aspectos que favorecen el desarrollo de la actividad económica artesanal a través del turismo, logrando impulsar la producción y competitividad artesanal.

Tercera. Por lo que, en virtud de lo anterior, esta Comisión de Economía se manifiesta por aprobar con las consideraciones anteriores, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan las fracciones V al artículo 7o. y X al artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal

Artículo Único. Se adicionan las fracciones V al artículo 7o. y X al artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, para quedar como sigue:

Artículo 7o.  ...

I. a IV. ...

V. Promoverá la participación del sector turístico en el desarrollo de acciones que permitan a las microindustrias en regiones turísticas mejorar su desempeño en la producción artesanal.

Artículo 37. ...

I. a IX. ...

A) a D) ...

X. Proponer los apoyos y estímulos que se estimen apropiados para el fomento y desarrollo de microindustrias en regiones turísticas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de julio de 2011.

La Comisión de Economía, diputados:Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud, Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez, María Antonieta Pérez Reyes, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, José Antonio Arámbula López, Raúl Gerardo Cuadra García, Pavel Díaz Juárez, Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Vidal Llerenas Morales, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), María Florentina Ocegueda Silva (rúbrica), David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Queda cumplida, en los términos del artículo 87 del Reglamento de esta Cámara, la declaratoria de publicidad.

LEY DE AGUAS NACIONALES

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 113 Bis de la Ley de Aguas Nacionales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnado, para su estudio y elaboración de dictamen, la iniciativa que reforma el artículo 113 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, presentada por el diputado Francisco Javier Orduño del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En virtud del análisis y estudio de la iniciativa que se dictamina, esta comisión legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157, numeral I, fracción I; 158, numeral I, fracción IV, y 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

I. Antecedentes

1. Con fecha 10 de diciembre del 2009, el diputado Francisco Javier Orduño del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la iniciativa que reforma el artículo 113 Bis de la Ley de Aguas Nacionales.

2. Ese mismo día, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Recursos Hidráulicos para efecto de su dictaminación.

3. Sin embargo el día 3 de Mayo de 2011 el diputado Francisco Javier Orduño envío modificaciones a su iniciativa a esta Comisión de Recursos Hidráulicos, mismas que se han tomado en cuenta para emitir el siguiente dictamen que plantea el siguiente proyecto de reforma:

Artículo 113 Bis. ...

Será obligatorio contar con concesión para el aprovechamiento de los materiales referidos; “la Autoridad del Agua” deberá emitir en un plazo que no excederá de sesenta días a partir de la solicitud, la resolución que otorgue o no el título de concesión correspondiente conforme a las disposiciones de esta Ley y su Reglamento.

La solicitud de concesión presentada por el particular para la extracción de materiales pétreos deberá de contener la localización, objeto y descripción de la explotación, uso o aprovechamiento, las obras que se pretenden construir, la memoria descriptiva de las obras a realizar, las características y el volumen del material a extraer localizados en causes y sus bienes públicos inherentes, en los términos que se establezcan en el reglamento de esta ley y en su caso, normas oficiales mexicanas, lineamientos y demás disposiciones aplicables. Asimismo se deberá acompañar a la solicitud, la autorización en materia de impacto ambiental correspondiente, cuando por el volumen de extracción se impacten significativamente al medio ambiente en términos del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La “Autoridad del Agua” con base en la información proporcionada por el solicitante emitirá el dictamen técnico y proyecto final aprobado, en su caso, en el que se establecerá las características bajo las cuales se deberá realizar la extracción.

No se podrá autorizar la explotación, uso o aprovechamiento de materiales pétreos en la zona federal o zona de protección de la infraestructura hidráulica, así como en cauces cuando dichos bienes nacionales sirvan de limite internacional, o se encuentren en la franja comprendida doscientos metros aguas arriba y aguas debajo de las obras de infraestructura.

En todo caso, antes de iniciar las extracciones de materiales pétreos, el usuario, previo aviso que realice a la ‘Autoridad del Agua’, deberá efectuar el deslinde y amojonamiento de la zona a explotar de acuerdo al proyecto final aprobado, estableciendo en campo una mojonera aguas arriba y aguas abajo, que sirvan de referencia al área concesionada y por lo menos a cada quinientos metros de la zona federal.

...

...

I. a X ...

Al extinguirse los títulos, por término de la concesión o cuando se haya revocado el título, las obras e instalaciones adheridas de manera permanente al motivo de la concesión deberá ser removida por el concesionario en un plazo máximo de 30 días, sin perjuicio de que la ‘Autoridad del Agua’ las considere de utilidad posterior, en cuyo caso, se revertirán en su favor.

En el supuesto de que las obras e instalaciones a que se refiere el párrafo anterior no sean removidas en los términos establecidos en la presente ley y su reglamento, “la Autoridad del Agua”, podrá iniciar los trabajos de remoción las mismas, los gastos que se generen con motivo de la remoción serán con cargo a los titulares de la concesión, en caso de no cubrirse dentro de los treinta días hábiles siguientes a su requerimiento, por ‘la Autoridad del Agua’, los gastos tendrán el carácter de crédito fiscal para su cobro.

De detectarse daños apreciables a taludes, causes y otros elementos vinculados con la gestión del agua, a juicio de ‘la Autoridad del Agua’, conforme a sus respectivas atribuciones, deberán repararse totalmente por los causantes, sin menoscabo de la aplicación de otras sanciones administrativas y penales que pudieran proceder conforme a la reglamentación que se expida al respecto.

‘La Autoridad del Agua’, en todo caso podrá aplicar los medios terminativos o presuntivos de medición de extracción de materiales pétreos, que al efecto prevea el Reglamento de la presente ‘Ley’.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

Para argumentar su iniciativa, el diputado Francisco Javier Orduño señala que

La explotación de materiales pétreos es una actividad sobresaliente y en algunos casos indispensables y necesaria en diversas entidades del país, en virtud de la derrama económica que genera, no obstante lo anterior, en muchas ocasiones las extracciones de dichos bienes nacionales se realiza de forma anárquica, sin planeación ni control, lo que conlleva un detrimento del medio ambiente y afecta negativamente a varios de sus componentes, principalmente el suelo, generando efectos ambientales que pueden llegar a ser irreversibles, de no regular la operación y complementándose con acciones de restauración.

Es claro que en la actualidad, no se aplican restricciones, incentivos o controles tendientes a hacer eficiente la actividad de explotación de materiales pétreos, a efecto de que ésta pueda derivar en un aprovechamiento sostenido y sustentable de dichos bienes en beneficio del equilibrio ecológico.

Muchas de las extracciones se realizan de forma clandestina, empero no en pocos casos, dicho clandestinaje resulta de la imposibilidad de la autoridad del agua de realizar inspecciones o contar con los instrumentos necesarios que le permitan identificar plenamente la correspondencia entre el material concesionado y el otorgado mediante el título de concesión correspondiente, que en el especie, es el único documento a través del cual se puede establecer tanto las condiciones a las que se debe sujetar la actividad de extracción, como las condiciones en que deberá devolverse el banco demateriales una vez terminado el periodo por el cual se otorgan concesiones.

II. Consideraciones

Primera. Resulta indispensable dotar a la autoridad con los instrumentos que permitan llevar una correcta administración y vigilancia de los materiales pétreos que tiene bajo su administración y considerar los mismos en la Ley de Aguas Nacionales, realizando las adecuaciones al texto legal que permita que dicha reforma sea congruente y armónica con la Ley vigente, pero además recoger los elementos que han permitido que se enriquezca dicha reforma, por lo que la misma se debe ajustar atendiendo a las modificaciones que enseguida se mencionan:

I. Se debe de eliminar los permisos provisionales, en virtud de que dichos permisos, otorgan los mismos derechos y obligaciones que las concesiones, y generan tanto para la autoridad como para el particular, un doble trámite, que se refleja en recursos aplicados del erario federal y en el riesgo latente de que se dé una duplicidad en las autorizaciones que conlleve a extraer material pétreo en mayores cantidades a las recomendables para la protección de los causes y demás bienes nacionales cuya administración compete a la Conagua, así como promueve la extracción en sitios fijos, casi permanentes que faciliten su control.

II. Asimismo, se establecen los requisitos que deben de contener las solicitudes de concesión de materiales pétreos que permitan a la comisión, contar con los elementos necesarios para su control, con lo que la autoridad podrá determinar, si la extracción produce daños o no a los cuerpos de agua, sus bienes públicos inherentes, o al medio ambiente y contará con los instrumentos necesarios que le permitan identificar plenamente la correspondencia entre el material concesionado y el otorgado.

III. En otro orden de ideas, a efecto de disminuir los riesgos que se generan por el abandono de obras e instalaciones mediante las que se realizan las extracciones de materiales pétreos, es necesario establecer disposiciones que obliguen al concesionario a retirar dichas obras o instalaciones, señalando para ello, un plazo máximo de 30 días, para tal efecto, o bien, posibilitar a la autoridad del agua, como ya se prevé en el apartado correspondiente a descargas de aguas nacionales, a que sea ésta, la que realice la demolición con cargo al particular, dando el carácter de crédito fiscal para su cobro, con la finalidad de que sea factible el cobro por parte de la autoridad.

IV. Finalmente se faculta a la autoridad, la realización de determinaciones presuntivas que le permitan constatar, mediante evidencia tangible que efectivamente el concesionario está dando estricto cumplimiento a la concesión autorizada.

Segunda.Es claro que en la actualidad, no se aplican restricciones e incentivos, o controles tendientes a hacer eficiente la actividad de explotación de materiales pétreos, a efecto de que ésta pueda derivar en un aprovechamiento sostenido y sustentable de dichos bienes en beneficio del equilibrio ecológico, por lo que el proyecto de reforma es viable al proponer las características bajo las cuales se deberá realizar la extracción, con la finalidad de que no se afecte con ello, los bienes nacionales jurídicamente tutelados por la presente “ley” y, en todo caso, se niegue la extracción de materiales pétreos en zonas en las que por su ubicación sirvan de protección de obras de infraestructura o resguarden los límites del territorio nacional.

Por lo anterior expuesto y fundado, la comisión de Recursos Hidráulicos somete a la consideración de sus integrantes el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 113 de la Ley de Aguas Nacionales

Artículo Único. Se reforman los párrafos segundo, quinto, que pasa a ser noveno, se adicionan los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, décimo y décimo segundo, pasando el actual tercero a ser séptimo, el cuarto a ser octavo, y el sexto a ser décimo primero, todos del artículo 113 de la Ley de Aguas Nacionales para quedar como sigue:

Artículo 113 Bis. ...

Será obligatorio contar con concesión para el aprovechamiento de los materiales referidos; “la Autoridad del Agua” deberá emitir en un plazo que no excederá de sesenta días a partir de la solicitud, la resolución que otorgue o no el título de concesión correspondiente conforme a las disposiciones de esta Ley y su Reglamento.

La solicitud de concesión presentada por el particular para la extracción de materiales pétreos deberá de contener la localización, objeto y descripción de la explotación, uso o aprovechamiento, las obras por construir, la memoria descriptiva de las obras a realizar, las características y el volumen del material a extraer localizados en causes y sus bienes públicos inherentes, en los términos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley y en su caso, normas oficiales mexicanas, lineamientos y demás disposiciones aplicables. Asimismo se deberá acompañar a la solicitud, la Autorización en materia de Impacto Ambiental correspondiente, cuando por el volumen de extracción se impacten significativamente al medio ambiente en términos del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

“La Autoridad del Agua” con base en la información proporcionada por el solicitante emitirá el dictamen técnico y proyecto final aprobado, en su caso, en el que se establecerá las características bajo las cuales se deberá realizar la extracción.

No se podrá autorizar la explotación, uso o aprovechamiento de materiales pétreos en la zona federal o zona de protección de la infraestructura hidráulica, así como en cauces cuando dichos bienes nacionales sirvan de limite internacional, o se encuentren en la franja comprendida doscientos metros aguas arriba y aguas debajo de las obras de infraestructura.

En todo caso, antes de iniciar las extracciones de materiales pétreos, el usuario, previo aviso que realice a la “Autoridad del Agua”, deberá efectuar el deslinde y amojonamiento de la zona a explotar de acuerdo al proyecto final aprobado, estableciendo en campo una mojonera aguas arriba y aguas abajo, que sirvan de referencia al área concesionada y por lo menos a cada quinientos metros de la zona federal.

...

...

I a X...

Al extinguirse los títulos, por término de la concesión o cuando se haya revocado el título, las obras e instalaciones adheridas de manera permanente al motivo de la concesión deberá ser removida por el concesionario en un plazo máximo de 30 días hábiles, sin perjuicio de que “la Autoridad del Agua” las considere de utilidad posterior, en cuyo caso, se revertirán en su favor.

En el supuesto de que las obras e instalaciones a que se refiere el párrafo anterior no sean removidas en los términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento, “la Autoridad del Agua”, podrá iniciar los trabajos de remoción de las mismas; los gastos que se generen con motivo de la remoción serán con cargo a los titulares de la concesión, en caso de no cubrirse dentro de los treinta días hábiles siguientes a su requerimiento, por “la Autoridad del Agua”, los gastos tendrán el carácter de crédito fiscal para su cobro.

De detectarse daños apreciables a taludes, causes y otros elementos vinculados con la gestión del agua, a juicio de “la Autoridad del Agua”, conforme a sus respectivas atribuciones, deberán repararse totalmente por los causantes, sin menoscabo de la aplicación de otras sanciones administrativas y penales que pudieran proceder conforme a la reglamentación que se expida al respecto.

“La Autoridad del Agua”, en todo caso podrá aplicar los medios terminativos o presuntivos de medición de extracción de materiales pétreos, que al efecto prevea el Reglamento de la presente ‘Ley’.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de junio del año 2011.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, diputados:Óscar Javier Lara Aréchiga (rúbrica), presidente; Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga, Silvia Isabel Monge Villalobos (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Guillermo Cueva Sada (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villlalva, Francisco Javier Orduño Valdez, José Manuel Marroquín Toledo (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales, secretarios; Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Héctor Franco López, Jorge Rojo García de Alba, Benjamín Clariond Reyes Retana, Fausto Sergio Saldaña del Moral, Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, José Antonio Aysa Bernat, Edgardo Melhem Salinas, Rolando Zubía Rivera, Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Ramón Merino Loo (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Domingo Rodríguez Martell, Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Laura Viviana Agúndiz Pérez (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Queda cumplida, en los términos del artículo 87 del Reglamento de esta Cámara, la declaratoria de publicidad.

CODIGO DE JUSTICIA MILITAR

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo IV Bis, con los artículos 275 Bis y 275 Ter, al título octavo del libro segundo del Código de Justicia Militar

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Defensa Nacional le fue turnada, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo IV Bis al Título Octavo del Libro Segundo del Código de Justicia Militar, adicionando los artículos 275 Bis y 275 Ter.

Con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, 81, 82, 84, 85, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la minuta en comento, esta comisión somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen.

Metodología

La Comisión de Defensa encargada del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la minuta.

En el apartado “Contenido de la minuta”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la minuta en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

Antecedentes

En sesión de la Cámara de Senadores de fecha 23 de abril de 2009, el titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo IV Bis, al Título Octavo del Libro Primero del Código de Justicia Militar.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, acordó turnarla a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos.

En sesión de fecha 28 de abril de 2010, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen correspondiente. La Mesa Directiva acordó remitir la minuta a la Cámara de Diputados, para efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En sesión de fecha 3 de septiembre de 2010, el Pleno de la Cámara de Diputados acordó turnar la minuta correspondiente a la Comisión de Defensa Nacional, para su estudio y dictamen.

Contenido de la minuta

La minuta propone incluir en el Código de Justicia Militar un nuevo capítulo denominado “Traición a las Fuerzas Armadas Mexicanas”, al Título Octavo del Libro Segundo, adicionando los artículos 275 Bis y 275 Ter, con la finalidad de sancionar penalmente las conductas de los militares que se incorporen o participen con miembros de asociaciones delictuosas o de la delincuencia organizada.

Para este propósito, se propone establecer dos nuevos tipos penales para sancionar con penas severas a los militares que se ubiquen en los supuestos descritos, que ponen en riesgo el cumplimiento de las misiones que tienen encomendadas.

• El primero en el que la conducta punible desarrollada por el elemento militar, se actualiza por el hecho de incorporarse a la delincuencia organizada y;

• El segundo, a partir del cual se pretende sancionar a los elementos que con el empleo de bienes y recursos puestos a su cargo o mando para cumplir las misiones que tienen encomendadas, favorezcan a cualquier miembro de la delincuencia organizada, o les proporcionen apoyo aprovechándose del cargo conferido, o provoquen que elementos que cuenten con preparación militar se pongan a su servicio, o los recluten para tal fin.

Al respecto, el Ejecutivo Federal señaló en la parte expositiva de su iniciativa que la problemática en la materia de seguridad pública de nuestro país se ha tornado por demás compleja, al grado tal que se ha requerido que las Fuerzas Armadas Mexicanas coadyuven con las autoridades responsables, con pleno respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por tal motivo, consideró necesario actualizar la legislación militar, con la finalidad de proporcionar nuevos conceptos en el ámbito jurídico penal que complementen los ya tradicionales, para enfrentar los cambios sociales y responder puntualmente a los compromisos que la sociedad requiere de los Institutos Castrenses y así garantizar la disciplina y el desarrollo armónico de sus elementos, que permita la cohesión y solidez en sus cuadros, para mantener el ímpetu en sus acciones y lograr el cumplimiento de las misiones que se les encomienden.

De acuerdo con la colegisladora los integrantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas están doblemente obligados a observar las disposiciones legales vigentes y a cumplir con las tareas que asignadas en beneficio de la sociedad, máxime si se tiene en consideración que la misión que la nación da a las fuerzas castrenses, es la de salvaguardar la soberanía y las instituciones del país, lo que les conlleva el deber de ser garantes de las libertades que emanan de nuestra Carta Magna.

En este contexto, el militar que actúa en contra de las misiones encomendadas, quebranta un principio de lealtad que debe tener para con dichas instituciones; pone en riesgo el cumplimiento de las misiones; y falta a la confianza que la sociedad depositó en su investidura, lo que le hace acreedor a penas severas; más aún cuando las leyes castrenses exigen que el militar lleve el cumplimiento del deber hasta el sacrificio y que anteponga el interés personal al interés de la patria.

Consideraciones de la Comisión de Defensa Nacional

Primera. Aspectos Generales y viabilidad de las adiciones:

La Comisión de Defensa Nacional, es competente para atender la minuta en estudio con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo IV Bis al Título Octavo del Libro Segundo del Código de Justicia Militar.

En ese sentido se coincide con el propósito de la minuta sobre la necesidad de inhibir la incorporación, colaboración o cualquier forma de participación de elementos de las Fuerzas Armadas Mexicanas con miembros de la delincuencia organizada o de asociaciones delictuosas.

La evolución de las dinámicas delictivas, requiere de cambios institucionales y legales para afrontarlas con mayor eficacia y cerrar las posibilidades de actuación de las organizaciones criminales.

Los grupos delincuenciales, dedicados originalmente a una actividad criminal como el narcotráfico, han diversificado su actuación para la comisión de diversos delitos, como lo son el secuestro, la trata de personas, la extorsión, entre otros, lo cual ha provocado el crecimiento de los índices delictivos.

Se han conocido diversos casos en que miembros de las instituciones de seguridad pública, de las instituciones policiales y de las Fuerzas Armadas Mexicanas, han desviado su actuación para facilitar las actividades delictivas, situación que ha sido tomada en cuenta para la actualización del marco normativo.

En los últimos años, el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos ha concretado diversas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; asimismo; ha dado lugar a nuevos ordenamientos como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Policía Federal, con el objeto de dotar a las autoridades competentes en la materia de un marco legal que oriente y facilite su actuación.

Se considera que a partir de las adiciones propuestas, encaminadas a la creación de dos nuevos tipos penales aplicables a los elementos de las instituciones armadas que realicen alguna de las conductas antes descritas para facilitar la actuación de la delincuencia organizada, se tiende a inhibir la participación de los miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicanos, en la realización de actividades en materia de delincuencia organizada.

A partir de las adiciones objeto de la presente minuta, se fortalece el principio vital de las instituciones armadas que es la disciplina militar.

Segunda. Respecto a la incorporación de los dos nuevos tipos penales.

Esta comisión considera que la creación de un tipo penal, en el que la conducta se actualiza con la incorporación de un militar a la delincuencia organizada; y de un tipo penal a partir del cual se pretende sancionar a los elementos que con el empleo de bienes y recursos puestos a su cargo o mando favorezcan a cualquier miembro de la delincuencia organizada, tienden a la actualización de la legislación militar y a mantener el orden y la disciplina, ésta última, piedra angular de la conducta normativa de los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, jurídicamente tutelada por el Código de Justicia Militar.

En este sentido, se considera que los tipos penales propuestos son propios del marco regulatorio del fuero de guerra establecido en el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que subsiste para los delitos y faltas contra la disciplina militar, en razón de que el militar, estando en servicio, es el sujeto activo y la conducta que realiza afecta directamente el bien jurídico tutelado que es la disciplina militar.

Si bien la iniciativa es justificada por el Ejecutivo en el marco de la participación de las Fuerzas Armadas Mexicanas en los operativos conjuntos contra la delincuencia organizada en coadyuvancia de las autoridades federales, estatales y municipales, esta comisión dictaminadora comparte el criterio de la colegisladora que sustenta que las conductas que se tipifican en el capítulo que se propone adicionar pueden ser cometidas por elementos de las instituciones armadas en cualquier momento de sus actividades ordinarias, y no solamente en el contexto actual donde las condiciones de inseguridad que se presentan en diversas entidades federativas han propiciado que el Ejecutivo les encomiende coadyuvar a las autoridades civiles para combatir a la delincuencia organizada.

Tercera. En cuanto a las penalidades propuestas en los tipos penales.

Con relación a las penas propuestas para los tipos penales que se establecen, esta comisión considera que las mismas observan el principio de proporcionalidad previsto en el primer párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que toda pena deberá ser proporcional al delito que se sancione y al bien jurídico afectado. De acuerdo con este principio, la pena que se imponga por la comisión de un delito debe ser proporcional al daño causado y al bien jurídico tutelado.

En el caso de las adiciones que se proponen se considera que cumplen con éste principio, toda vez que se considera para individualización de la pena, en su mínimo y máximo, la gravedad del delito y el daño ocasionado, así como la culpabilidad que es uno de los elementos del delito.

En cuanto al dolo, como uno de los elementos subjetivos de los tipos penales, la calidad del militar, la disponibilidad del recurso humano y material, entre otros, aportan al juzgador criterios de valoración para la individualización de la pena, en el primer tipo penal, de 30 a 60 años de prisión y en el segundo, de 15 a 60 años de prisión.

En el primer caso, se da mayor penalidad toda vez que el militar se incorpora a la delincuencia organiza en forma permanente y pertenece a su estructura, aprovechando su capacitación, adiestramiento en las armas, tácticas y estrategias militares, así como la información que posee, utilizándola en beneficio de la delincuencia organizada y en perjuicio de la sociedad, de sus instituciones y del propio Estado.

En éste caso la conducta punible se actualiza por el hecho de que un militar se incorpore a la delincuencia organizada, se establece la sanción mayor pues implica una conducta grave que un elemento de las Fuerzas Armadas Mexicanas, al servicio de la sociedad, se integre a una organización dedicada a la comisión de delitos que vulneran bienes jurídicos tutelados de gran importancia para la sociedad y para las propias instituciones armadas.

En el segundo caso, se establece una penalidad de 15 a 60 años y baja de la Fuerza Armada al militar que realice alguna de las conductas descritas referidas a la colaboración de los militares en distintas formas para facilitar la actuación de miembros de la delincuencia organizada o asociación delictuosa.

En este último caso, la magnitud de las penas propuestas se justifican en función del daño causado, la forma de participación y más aún del uso indebido de los recursos humanos, materiales y logísticos, propiedad de las Fuerzas Armadas Mexicanas y de la nación, como elementos para facilitar la actuación delictiva, que puede ser instantánea o aislada.

Conforme a las consideraciones expresadas, esta comisión estima que las propuestas de penalización son congruentes con el Código de Justicia Militar y respetan el principio de proporcionalidad previsto en el primer párrafo del artículo 22 de nuestra Carta Magna, que dispone que toda pena deberá ser proporcional al delito que se sancione y al bien jurídico afectado.

Cuarta. Modificaciones realizadas por el Senado de la República.

Esta Comisión Dictaminadora comparte los razonamientos que sustentaron las diversas modificaciones realizadas a la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo Federal, respecto a:

1. La ubicación del Nuevo Capítulo, efectivamente es clara la imprecisión en la iniciativa, toda vez que en ésta se señala la adición de un Capítulo IV Bis, en el Título Octavo del Libro Primero, siendo que este libro, relativo a la organización y competencia, se integra sólo por seis títulos y comprende del artículo 1 al 98.

Atendiendo al contenido, la secuencia de los títulos y los artículos propuestos, es de concluirse que la intención en la iniciativa era adicionar un Capítulo IV Bis, al Título Octavo del Libro Segundo, relativo a los delitos contra la existencia y seguridad del Ejército, aspecto atendido por la colegisladora.

2. Modificaciones al Artículo 275 TER.

a) Fracción II. Al final de esta fracción se incorporó una referencia para inhibir el apoyo a la delincuencia en materia de adiestramiento, capacitación y conocimientos para la actividad delictiva; en los siguientes términos:

Artículo 275 Ter. Se sancionará con pena de prisión de quince a sesenta años y baja de la Fuerza Armada que corresponda, al militar que:

I. ...

II. Proporcione a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, protección o facilidades en la plaza o puesto confiado a su cargo; así como adiestramiento, capacitación, o conocimientos militares;

II. a XI. ...

[...]

b) Fracción IV. Se eliminó la última parte de la misma ya que sugería una condicionante para la actualización del delito; además, con ello se logran evitar falsas apreciaciones sobre facultades de las Fuerzas Armadas Mexicanas, en materia de investigación y persecución de la delincuencia organizada o asociación delictuosa.

El texto eliminado, expresaba:

IV. Proporcione a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, información a la que tenga acceso con motivo del ejercicio de su cargo o comisión, que pueda favorecer sus actividades o eludir las operaciones de las Fuerzas Armadas u otras autoridades que participen en su investigación y persecución;

Conforme a lo anterior, la fracción IV del artículo 275 Ter quedo en los siguientes términos:

IV. Proporcione a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, información a la que tenga acceso con motivo del ejercicio de su cargo o comisión;

c) Fracción VI. Se modificó la misma con el propósito de clarificar la redacción.

Dicha fracción expresaba:

VI. Obstaculice las acciones en contra de cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa;

Con la modificación propuesta dicha fracción quedo en los siguientes términos:

VI. Obstaculice las acciones de las fuerzas armadas o autoridad competente, en contra de cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa;

d) Fracción XII. A efecto de garantizar el pleno respeto a las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue retirado el supuesto previsto en esta fracción que a la letra expresaba:

“Artículo 275 TER.: ...

I. a XI . ...

XII. Proporcione servicios distintos a los señalados en las fracciones anteriores a favor de cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa.

[...]”

Como sostiene la colegisladora, en la fracción XII que se analiza el enunciado descrito no puede probarse, atestiguarse o confirmarse, toda vez que uno de sus elementos: “servicios distintos”, es indeterminado y su adecuación a la conducta típica dependerá de una libre apreciación de la autoridad competente en materia de persecución del delito, lo cual implica el otorgamiento de una facultad discrecional.

Esta Comisión Dictaminadora, compartiendo los razonamientos del Senado de la República, considera que con esta adición se pudo afectar la garantía de seguridad jurídica dispuesta en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe “imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata”.

Conforme a lo anterior, esta Comisión considero acertado eliminar la fracción XII del Articulo 275 TER propuesta en la iniciativa.

e) Modificación del último párrafo del artículo 275 Ter para incluir la referencia al concepto de Delincuencia Organizada.

Las conductas delictivas que se incluyen en el tipo penal que se propone crear en al Artículo 275 TER, se refieren a actos por parte de elementos de las Fuerzas Armadas Mexicanas, en favor de miembros de la delincuencia organizada o asociación delictuosa.

Atendiendo a ello, el último párrafo del citado artículo hace referencia al concepto de asociación delictuosa conforme a lo previsto en el artículo 164 del Código Penal Federal; omitiendo la remisión para el concepto de delincuencia organizada.

Por otra parte, la asociación delictuosa es un delito autónomo que corresponde al hecho de que tres o más personas se unan con el propósito de delinquir, es decir que el fin determinado sea la comisión de un delito. Cabe señalar que el tipo penal de asociación delictuosa se encuentra en el Código Penal desde su publicación en 1931, con una primera reforma el 8 de febrero de 1999 y la adición del párrafo segundo el 10 de enero de 1994.

En congruencia y para dar la misma precisión conceptual, la colegisladora incorporó en este último párrafo la definición de delincuencia organizada conforme al artículo 2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Para los efectos de este capítulo se entenderá por delincuencia organizada la prevista en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y por asociación delictuosa, la prevista en el artículo 164 del Código Penal Federal.

f) Con el propósito de homologar la semántica del nuevo artículo 275 Ter, con el Código de Justicia Militar, la colegisladora sustituyó en éste último la referencia numérica de “15 a 60 años”, por la descripción en el texto correspondiente de “quince a sesenta años”.

g) Finalmente, con la finalidad de aclarar los elementos del tipo penal, en cuanto a los lugares específicos en los cuales se puede presentar alguna de las conductas delictivas descritas en el artículo 275 Ter. Esta Comisión Dictaminadora precisa que deberá entenderse por “plaza”, el lugar que se encuentre guarnecido por fuerzas militares y por extensión se les aplica a las ciudades o poblados, guarnecidos por aquéllas, en términos de lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 2o. del Reglamento para el Servicio Interior de las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Por “puesto”, deberá entenderse el lugar o sitio donde se efectúa un servicio o se desarrolla una actividad militar, así como el lugar donde un centinela o vigilante desempeña un servicio; puesto de mando, lugar donde cumple sus funciones el comandante y su Estado Mayor.

Asimismo, el “mando” implica la autoridad y responsabilidades militares de un superior jerárquico para emitir órdenes a sus subordinados. Es la autoridad otorgada a un elemento para ejercer control y dirección en el servicio militar, sobre un grupo de hombres.

Quinta. Conclusiones.

Esta comisión consideran viable la aprobación de la minuta en sus términos, pues con ella se pretende inhibir la participación de los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas en la realización de actividades en materia de delincuencia organizada o asociación delictuosa, fortaleciendo el principio vital que rige su actuación, que es la disciplina militar.

Se estima que al legislar los tipos penales objeto del presente dictamen, se crearán condiciones jurídicas para inhibir o, en su caso, sancionar con mayor severidad a los elementos de las instituciones armadas que se incorporen a la delincuencia organizada; así como aquéllos que con el empleo de bienes y recursos puestos a su cargo o mando para cumplir las misiones que tienen encomendadas, favorezcan a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa; les proporcionen apoyo aprovechándose del cargo conferido; que propicien que elementos que cuenten con preparación militar se pongan a su servicio, o los recluten para tal fin; contribuirán a inhibir dichas conductas delictivas y, en su caso, permitirán sancionar severamente a los militares que las cometan.

Las adiciones propuestas, son acordes con las garantías de seguridad jurídica contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por las consideraciones expuestas la Comisión de Defensa Nacional somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona el Capítulo IV Bis al Título Octavo del Libro Segundo del Código de Justicia Militar, adicionando los artículos 275 Bis y 275 Ter

Artículo Único. Se adiciona el Capítulo IV Bis al Título Octavo del Libro Segundo del Código de Justicia Militar, adicionando los artículos 275 Bis y 275 Ter; para quedar como sigue:

Capítulo IV BisTraición a las Fuerzas Armadas Mexicanas

Artículo 275 Bis. Al militar que se incorpore a la delincuencia organizada se le aplicará pena de prisión de treinta a sesenta años y baja de la Fuerza Armada.

Artículo 275 Ter. Se sancionará con pena de prisión de quince a sesenta años y baja de la Fuerza Armada que corresponda, al militar que:

I. Utilice la fuerza, embarcación, aeronave, o cualquier otro bien o recurso humano que tenga bajo su cargo o mando a favor de cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa;

II. Proporcione a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, protección o facilidades en la plaza o puesto confiado a su cargo; así como adiestramiento, capacitación o conocimientos militares;

III. Induzca al personal que tenga bajo su mando o a las tropas de las que forme parte, para que presten algún servicio a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, o reclute personal militar para el mismo fin;

IV. Proporcione a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, información a la que tenga acceso con motivo del ejercicio de su cargo o comisión;

V. Incumpla con sus obligaciones, respecto de las tropas a su cargo, para actuar contra cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa;

VI. Obstaculice las acciones de las fuerzas armadas o autoridad competente, en contra de cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa;

VII. No ejecute una orden del servicio o la modifique de propia autoridad, en ambos casos, para favorecer a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa;

VIII. Falsifique o altere un documento o instrumento que contenga información relativa a las operaciones de las Fuerzas Armadas o autoridad competente en contra de cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, o a sabiendas de que se trata de documentos o instrumentos falsificados o alterados, haga uso de ellos;

IX. Proporcione a sus superiores información diferente a la que conozca acerca de las actividades que esté desa-rrollando en las Fuerzas Armadas en contra de cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, u omita proporcionar los datos que tenga sobre dichas actividades, así como de los proyectos o movimientos de éstos;

X. Conduzca o guíe las actividades de cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, y

XI. Ponga en libertad a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, o proteja o facilite su fuga.

Las penas previstas en este capítulo se impondrán además de las que correspondan a los delitos que resulten cometidos por las actividades del individuo u organización delictiva de que se trate.

Para los efectos de este capítulo, se entenderá por Fuerzas Armadas Mexicanas, a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Para los efectos de este capítulo se entenderá por delincuencia organizada la prevista en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y por asociación delictuosa, la prevista en el artículo 164 del Código Penal Federal.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión de Defensa Nacional, diputados:Rogelio Cerda Pérez (rúbrica), presidente; Roberto Albores Gleason (rúbrica), Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos (rúbrica), Bernardo Téllez Juárez (rúbrica), Pablo Escudero Morales, Armando Meza Castro (rúbrica), secretarios; Víctor Humberto Benítez Treviño, Manuel Cadena Morales, Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), Jorge Franco Vargas (rúbrica), Miguel Ángel Terrón Mendoza, Francisco Alejandro Moreno Merino, Canek Vázquez Góngora (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Jesús Ramírez Rangel, Gabriela Cuevas Barron, Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), Carlos Alberto Pérez Cuevas, Adriana Fuentes Cortés, Sergio Gama Dufour (rúbrica), José César Nava Vázquez, Esthela Damián Peralta (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica en contra)Pavel Díaz Juárez (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), Camilo Ramírez Puente.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Queda cumplida, en los términos del artículo 87 del Reglamento de esta Cámara, la declaratoria de publicidad.

VOLUMEN II

CODIGO DE COMERCIO

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 1411 del Código de Comercio.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 1411 del Código de Comercio

Honorable Asamblea

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 de su Reglamento, le fue turnada, para su estudio y dictamen, la siguiente minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1411 del Código de Comercio, recibida por esta Cámara de Diputados de la Cámara colegisladora en fecha 14 de abril de 2011.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 66, 68, 95, 157 y 158, inciso 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de la minuta mencionada, al tenor de los siguientes antecedentes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el día 14 de abril de 2011, los CC. Secretarios de la misma dieron cuenta al Pleno de esta Soberanía de la minuta que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero. El antecedente histórico de la minuta en referencia es el siguiente:

1. En fecha 10 de febrero de 2011, el senador Juan Bueno Torio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1054, 1410 y 1411 del Código de Comercio, la que fue turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

2. Seguido su trámite legislativo, en fecha 12 de abril de 2011, la iniciativa en referencia fue aprobada por 80 votos en el Pleno de la Cámara de Senadores y enviada la minuta a la Cámara de Diputados.

3. En fecha 14 de abril de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados resolvió enviar la minuta de referencia a esta Comisión de Economía para su estudio y dictaminación.

Consideraciones

Primera.Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1411 del Código de Comercio.

Segunda. Que la materia de la minuta de referencia trata sobre lo siguiente:

• Establece que la publicación de edictos correspondientes al anuncio de bienes en remate en un juicio mercantil se hará en un periódico de circulación amplia en la Entidad Federativa donde se ventile el juicio, pues actualmente dichos anuncios deben realizarse en el Diario Oficial de la Federación, lo que conlleva altos costos.

Tercera. Que el dictamen favorable a la iniciativa referida realizado por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, establece como fundamento de su posición lo siguiente:

Consideraciones

Primero . El promovente menciona en la exposición de motivos que el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce como un derecho fundamental el acceso a la impartición de la justicia, al señalar que: “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla [...] de manera pronta, completa e imparcial” y, además, que “sus servicios serán gratuitos”.

Por lo que considera que resulta necesario realizar las adecuaciones que, en el ámbito mercantil, se requieren para que la impartición de justicia en nuestro país, cumpla con los principios establecidos en la Constitución.

Señala que las reformas propuestas tienen por objeto complementar las diversas que han sido promovidas desde el año 2008; lo anterior, por ser de gran importancia para propiciar una mejor instrumentación, aplicación, claridad y efectividad en la interpretación de la ley mercantil; lo que, consecuentemente, otorgará certeza jurídica, agilidad y eficiencia a los procesos mercantiles.

Plantea que en la actualidad, cuando se llevan a cabo remates de bienes en los juicios mercantiles, la parte ejecutante se enfrenta con el problema de que debe realizar la publicación de los edictos respectivos en el Diario Oficial de la Federación, lo cual, resulta oneroso o incosteable efectuarlas, sobre todo en asuntos de menor cuantía.

Segundo. La iniciativa pretende que la supletoriedad aplicable al caso en el Código de Comercio sea de la ley de procedimientos local respectiva, en vez del Código Federal de Procedimientos Civiles. Para ilustrar lo anterior, se inserta el contenido del artículo 1054 del Código de Comercio:

Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva.

El senador promovente propone reformar el texto de la siguiente manera:

Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente la ley de procedimientos local respectiva.

Tercero. Por otra parte, la iniciativa propone modificar la regulación para el anuncio del remate, que el artículo 1410 del Código de Comercio dispone como efecto de la sentencia de remate,  cuando se procederá a la venta de los bienes secuestrados, previo avalúo de los corredores peritos y un tercero en caso de discordia, pero no señala que la venta deberá ser anunciada, lo cual nos remite de manera supletoria al artículo 474 del Código de Procedimientos Civiles, mismo que señala que se anunciará la venta de los bienes por dos veces, de cinco en cinco días, publicándose edictos en el “Diario Oficial” de la Federación, situación que como ya  se mencionó resulta onerosa para el ejecutante. Con la finalidad de ilustrar lo anterior, se transcribe el texto del artículo 1410:

Artículo 1410. A virtud de la sentencia de remate, se procederá a la venta de los bienes secuestrados, previo avalúo hecho por dos corredores o peritos y un tercero en caso de discordia, nombrados aquellos por las partes y éste por el juez.

El promovente propone el siguiente texto:

Artículo 1410.  A virtud de la sentencia de remate, se procederá a la venta de los bienes secuestrados previo anuncio en un periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa donde se ventile el juicio y previo avalúo hecho por dos corredores o peritos y un tercero en caso de discordia, nombrados aquellos por las partes y éste por el juez.

Cuarto. Asimismo, la iniciativa pretende complementar la regulación en cuanto a la publicación de los edictos que establece el artículo 1411 del Código en comento, toda vez que solamente hace referencia  al anuncio de la venta de los bienes en forma legal señalando el número de veces que habrá de anunciarse pero no los medios de publicación en los que habrá de realizarse, por lo que resulta necesario aplicar la  supletoriedad del artículo 474 del Código Federal de Procedimientos Civiles que, como ya ha sido mencionado, dispone que la publicación de los edictos debe hacerse en el Diario Oficial de la Federación y en la tabla de avisos o puerta del tribunal y que, si los bienes estuvieren en diversas jurisdicciones, en todas ellas se publicarán los edictos, en la puerta del juzgado de distrito correspondiente. Se transcribe el texto del artículo 1411:

Artículo 1411. Presentado el avalúo y notificadas las partes para que ocurran al juzgado a imponerse de aquel, se anunciará en la forma legal la venta de los bienes, por tres veces, dentro de tres días, si fuesen muebles, y dentro de nueve si fuesen raíces, rematándose en seguida en pública almoneda y al mejor postor conforme a derecho.

El iniciante pretende reformar este artículo mediante  el siguiente texto:

Artículo 1411. Presentado el avalúo y notificadas las partes para que ocurran al juzgado a imponerse de aquel, se anunciará en la forma legal la venta de los bienes, por tres veces, dentro de tres días, si fuesen muebles, y dentro de nueve si fuesen raíces, en un periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa donde se ventile el juicio, rematándose en seguida en pública almoneda y al mejor postor conforme a derecho.

Cuarto. Las comisiones aprecian la procedencia y pertinencia de las propuestas contenidas en la iniciativa, sin embargo, se advierte que mientras por un por un lado se propone la modificación en las reglas de la supletoriedad (artículo 1054 de la iniciativa)  por el otro, se propone regular en forma integral el procedimiento de remate (artículo 1411) en cuyo caso, la remisión a la supletoriedad ya no sería necesaria.

En tal virtud, se considera que si la propia iniciativa la regulación del procedimiento de remate estaría contemplada de manera completa en el propio Código de Comercio, entonces sería innecesario modificar o reformar las reglas de la supletoriedad, puesto que no habría necesidad de acudir a ella para colmar las lagunas referidas en los comentarios precedentes.

Debe tenerse a la vista, además, que el artículo 1054 del Código de Comercio fue modificado apenas en el año 2003 para introducir la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, lo qué obedeció, según el proceso legislativo de esa reforma, a la necesidad de contar con un único conjunto de reglas para todo juicio mercantil que se celebre en cualquier entidad de la República, de tal manera que se lograra una uniformidad de los mismos que contribuyera a la certidumbre jurídica de quienes ventilan sus controversias mercantiles de estas características.

En virtud de lo anterior, estas comisiones consideran que se puede alcanzar el mismo objetivo que la iniciativa persigue mediante la reforma al artículo 1411 propuesta en esta iniciativa, a saber:

Una interpretación sistemática de los actuales artículos 1410 y 1411 del Código de Comercio, advierte que sí se establece la obligación de llevar a cabo el anuncio de la venta. En efecto, si bien el numeral 1410, en lo individual, no la consigna expresamente, el diverso 1411 sí lo hace.

En este sentido, conforme a los numerales mencionados (interpretados conjuntamente), el procedimiento de remate, según el actual Código de Comercio, es el siguiente:

En primer lugar, debe existir una sentencia de remate y, además, bienes secuestrados.

Para proceder a su venta, debe realizarse previamente un avalúo.

Presentado el avalúo y notificadas las partes, se anunciará la venta, por tres veces dentro de tres días, si fuesen muebles; y dentro de nueve, si fuesen raíces.

El anuncio de la venta debe llevarse a cabo en el Diario Oficial de la Federación (por la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles).

Acto seguido, se procederá al remate en pública almoneda y al mejor postor.

Por su parte, con las reformas a los artículos 1410 y 1411 del Código de Comercio, se pretende que el anuncio o publicación del remate se haga en un periódico de circulación amplia de la entidad federativa donde se ventile el juicio, en vez de en el Diario Oficial de la Federación, por lo costoso que resulta.

De las anteriores consideraciones, las comisiones que dictaminan estiman que la reforma propuesta al artículo 1411, que establezca que las publicaciones se realicen en un periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa donde se ventile el juicio, dejaría satisfechas las pretensiones de la iniciativa, sin la necesidad de modificar de nuevo todo el régimen de supletoriedad de los procedimientos mercantiles.

Conclusiones

Los integrantes de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos consideran que es de aprobarse y someten a la consideración del Pleno el siguiente:

Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 1411 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 1411. Presentado el avalúo y notificadas las partes para que ocurran al juzgado a imponerse de aquel, se anunciará en la forma legal la venta de los bienes, por tres veces, dentro de tres días, si fuesen muebles, y dentro de nueve si fuesen raíces, en un periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa donde se ventile el juicio, rematándose en seguida en pública almoneda y al mejor postor conforme a derecho.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cuarta. Que los Diputados que integran esta Comisión de Economía, estiman legítimo el espíritu de la iniciativa y correctas las modificaciones que realizó a la misma la Cámara de Senadores, así como los argumentos que se esgrimieron para tal efecto; por lo que los hace suyos para los efectos del presente dictamen.

Quinta. En virtud de lo anterior, esta Comisión de Economía se manifiesta por aprobar la minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 1411 del Código de Comercio, y remitir en su momento al Ejecutivo, para los efectos del apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente

Decreto por el que se reforma el artículo 1411 del Código de Comercio

Artículo Único. Se reforma el artículo 1411 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 1411. Presentado el avalúo y notificadas las partes para que ocurran al juzgado a imponerse de aquel, se anunciará en la forma legal la venta de los bienes, por tres veces, dentro de tres días, si fuesen muebles, y dentro de nueve si fuesen raíces, en un periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa donde se ventile el juicio, rematándose en seguida en pública almoneda y al mejor postor conforme a derecho.

Transitorios

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,  a los 11 días del mes de mayo de 2011.

La Comisión de Economía, diputados:Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, José Antonio Arámbula López (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Pavel Díaz Juárez (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jorge Hernández Hernández, Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Vidal Llerenas Morales, Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), María Florentina Ocegueda Silva (rúbrica), David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular. Por favor, diputada. La diputada Rosaura Ochoa hará uso de la palabra en pro del dictamen.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:Gracias, diputado presidente. Con su venia. Compañeros y compañeras diputados, el dictamen que este día se somete a consideración de este pleno, referente a la reforma del artículo 1411 del Código de Comercio, mismo que plantea realizar las adecuaciones para que en el ámbito mercantil se avance en cuanto al derecho de impartición de justicia, en los términos que señala el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Constituye un adelanto en el camino para propiciar una mejor instrumentación de la Ley Mercantil y, en consecuencia, otorgar certeza jurídica, agilidad y eficiencia en los procedimientos que bajo su arbitraje se realizan.

Como sabemos, y a diferencia de lo que ocurre en las naciones de tradición anglosajona, en las que se encuentra instaurado en el sistema denominado common law, dentro del ordenamiento jurídico mexicano, el derecho mercantil es una rama que se integra dentro del derecho privado como un derecho especial y autónomo frente al civil; por lo que sus normas se manifiestan básicamente en el Código de Comercio, si bien, en caso de una controversia no contemplada por éste, se recurre a la materia civil.

Diversos teóricos de esa disciplina consideran que el derecho mercantil se caracteriza por su dinamismo, pues las cambiantes condiciones de la actividad económica obligan a su constante evolución.

Sin embargo, es facultad exclusiva del Estado su regulación, pues en nuestra tradición jurídica ningún particular o grupo tiene facultad para emitir normas mercantiles. De ahí la importancia de que el Estado sea sensible a los cambios constantes en esta materia de obligaciones y contratos, sociedades, títulos de operaciones de crédito, entre muchos otros aspectos.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano considera que la aprobación del presente dictamen se inscribe en esa lógica, pues es sensible a las necesidades de la parte ejecutante de un juicio de carácter mercantil.

En los considerandos del dictamen en comento, se asienta que en los términos actualmente previstos por la ley, cuando se llevan a cabo remates de bienes en los juicios mercantiles, el ejecutante debe publicar los edictos respectivos en el Diario Oficial de la Federación. Lo que resulta oneroso, sobre todo para asuntos de menor cuantía.

A fin de subsanar esta situación, con la reforma se pretende que el anuncio o publicación del remate se haga en un periódico de circulación amplia de la entidad federativa donde se ventile el juicio, propiciando de esta manera condiciones más favorables para el ya mencionado sujeto en relación mercantil.

Por lo antes expuesto, nuestro voto será en respaldar el presente dictamen. Asimismo, invitarles a ustedes, compañeros diputados y compañeras diputadas, hacerlo en sentido positivo. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, diputada. Para hablar también en pro, tiene el uso de la palabra la diputada Norma Sánchez Romero.

La diputada Norma Sánchez Romero:Con su venia, señor presidente. Señores diputados, representantes de la voluntad popular, el proyecto legislativo que nos ocupa tiene por objeto precisar que en los juicios ejecutivos mercantiles, al proceder al remate de los bienes, se publicará dicha venta judicial en un periódico de amplia circulación de la entidad federativa donde se ventile el juicio, pues actualmente dichos anuncios deben realizarse en el Diario Oficial de la Federación.

Con lo anterior, se clarifica el procedimiento de remates judiciales en torno a un juicio ejecutivo mercantil, en cuanto a la forma de hacer pública la venta judicial, en claro beneficio de los ciudadanos que contienen en el litigio.

Debemos recordar que como legisladores no sólo somos creadores de la norma, sino garantes de la misma y es principio de la ley la tutela del estricto cumplimiento de las sentencias que se dicten por las autoridades judiciales. Por lo que en sí, en juicio se determinó su remate.

Debemos asegurar el marco jurídico que permita realizar dichos procedimientos en cumplimiento de las resoluciones judiciales. En consecuencia, otro fin que guarda el proyecto de reforma al artículo 1411 del Código de Comercio, es hacer más claro el procedimiento de remates tanto para los jueces como para los ciudadanos que se encuentren dentro de un juicio ejecutivo.

Cabe señalar, que la falta de precisión de la norma actual genera que la venta judicial se publicite en edictos o en el Diario Oficial de la Federación, lo que conlleva altos costos y además, no se consigue la publicidad debida; por lo que resulta más congruente que la publicación se haga en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa donde se lleve el juicio.

Igualmente, debemos señalar que el dictamen que hoy discutimos se trata de una minuta proveniente de la Cámara de los Senadores, por lo que si impulsamos su aprobación se convertirá en breve en una norma vigente que rija los juicios ejecutivos que se sustancian bajo las reglas procesales del Código de Comercio.

Por otra parte, el proyecto legislativo es concordante con la garantía del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce como un derecho fundamental el acceso a la impartición de la justicia, al señalar que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla de manera pronta, completa e imparcial.

En tal tesitura, la precisión que se hace en el artículo 1411 del Código de Comercio otorgará mayor certeza y seguridad jurídica en el ámbito de los juicios mercantiles, cumpliendo con los principios establecidos en la Constitución.

En consecuencia, es una reforma necesaria y benéfica para los ciudadanos inmersos en un proceso judicial, evitándoles costos y haciéndoles más eficiente la publicación de que se va a proceder a un remate.

Por lo anterior expuesto, en nombre del Grupo Parlamentario del PAN solicito su anuencia con el sentido positivo del dictamen, convencidos de que será en abono de una mayor impartición de justicia. Gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, diputada. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular el proyecto de acuerdo.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Diputadas y diputados por la negativa.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación. Diputado presidente, el resultado de la votación: 361 a favor, 4 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Quiere votar el diputado César Augusto Santiago.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez(desde la curul): ¿Se registró mi voto o no?

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:De viva voz el diputado César Augusto.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez(desde la curul): César Augusto Santiago, a favor.

El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (desde la curul): A favor.

El diputado Alfredo Villegas Arreola(desde la curul): A favor.

El diputado Pedro Jiménez León(desde la curul): A favor.

El diputado Marcos Pérez Esquer(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Javier Ramírez Acuña(desde la curul): A favor.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Bello Otero(desde la curul): Rectificación de voto. A favor.

La diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero(desde la curul): A favor.

El diputado Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:Alfredo Villegas, ya está su voto. Gerardo Flores, ya está su voto.

El diputado Enrique Salomón Rosas Ramírez (desde la curul): A favor.

El diputado Humberto Lepe Lepe(desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Fernando Franco Vargas(desde la curul): A favor.

La diputada Norma Leticia Orozco Torres(desde la curul): A favor.

La diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata (desde la curul): Corrección de voto: A favor.

El diputado Francisco Alberto Jiménez Merino(desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Velasco Lino(desde la curul): A favor.

El diputado Héctor Hernández Silva(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 379 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 379 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 1411 del Código de Comercio. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 33 y el primer párrafo del artículo 35 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 33 y el primer párrafo del 35 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República remitió la minuta proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción II al artículo 33, y los artículos 34 y 35; y se adiciona un párrafo tercero al artículo 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; así como por el que se reforma el párrafo primero al artículo 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 84, 85, 157, 158 y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la minuta antes señalada y, conforme a las deliberaciones que realizaron los miembros de la Comisión de Transportes reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del Senado de la República de fecha 22 de noviembre de 2007, el senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que establece una categorización  de los servicios de autotransporte turístico federal, que fue turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores.

2. En sesión ordinaria del Senado de la República de fecha 21 de febrero de 2008, el senador David Jiménez Rumbo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa por la que se reforma y adiciona el artículo 35 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que establece la verificación de las condiciones físicas, mecánicas y de seguridad, cumpliendo con las Norma Oficial Mexicana respectiva, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores.

3. El 1 de octubre de 2009, en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, se presentó el dictamen de primera lectura, el cual fue aprobado el 8 de octubre de 2009 por 90 votos y turnado a la Cámara de Diputados para los efectos del Artículo 72, fracción A), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. En sesión ordinaria de esta Cámara de Diputados del 13 de octubre de 2009, la Mesa Directiva, turnó a la Comisión de Transportes la Minuta en comento para su estudio y dictamen, mediante oficio DGPL 61-II-6-0056.

Descripción de la minuta

La minuta que nos ocupa se funda en la necesidad de introducir nuevas definiciones al marco legal sobre la seguridad en el transporte de personas con fines recreativos, culturales, educativos o de esparcimiento, para aumentar la calidad y fiabilidad de los servicios turísticos que se prestan en nuestro país, reconociendo la importancia económica y global que representa dicha actividad.

En ese sentido, se plantea actualizar el marco normativo sin perder las características propias de la atención al turismo, salvaguardando los derechos de libre tránsito, esparcimiento y recreación, garantizados en la Constitución, y contemplando entre las funciones y atribuciones primordiales del Estado, la búsqueda del bien común a través de sus órganos y de su legislación, lo cual consiste en buscar la protección de los intereses privados y colectivos, o sea, en la protección de la libertad individual de los ciudadanos en armonía con los intereses colectivos.

De lo anterior, y como parte de los requisitos que garanticen la tranquilidad y la seguridad de los usuarios, se propone adicionar la fracción II con los incisos a), b), c) y d) al artículo 33 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; y reformar el primer párrafo del artículo 34, así como el primer párrafo del artículo 35; y adicionar un párrafo tercero al artículo 47, todos del citado ordenamiento legal; así como reformar el párrafo primero al artículo 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para precisar que los vehículos de transporte de carga, pasaje y turismo que transiten en caminos y puentes de jurisdicción federal, deberán obligatoriamente portar cinturones de seguridad para todos sus pasajeros y cumplir con la verificación técnica de sus condiciones físicas, mecánicas y de seguridad que establezca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes conforme a la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Se contempla también la propuesta de incluir las categorías de turismo contempladas por la Organización Mundial de Turismo, organismo del cual es integrante México, y entre las que se contemplan: 1) turismo de lujo; 2) turismo de excursión 3) turismo interior, y 4) chofer-guía.

Consideraciones de la comisión

La Comisión de Transportes considera adecuado señalar que en México existen alrededor de 32 mil vehículos que prestan el servicio público de autotransporte federal de turismo, de los cuales el 50 por ciento tienen diez años de antigüedad o menos, de conformidad con las disposiciones que para el efecto emite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

De esos 32 mil vehículos, el 68 por ciento corresponde a la categoría de excursión; 22 por ciento a la categoría de lujo; 8 por ciento a turismo, y el 2 por ciento a la categoría de chofer-guía. Cabe mencionar también, que en el caso del transporte turístico, los prestadores de servicio son empresas en su mayoría.

En ese sentido, la propuesta de la colegisladora cobra importancia por el reto que representa la renovación de la flota vehicular, la inversión en infraestructura y la modernización de las empresas, todo lo cual está vinculado a la seguridad de los usuarios de esos servicios.

En primer lugar, la propuesta de la colegisladora para incluir en el artículo 33 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal las categorías de turismo contempladas por la Organización Mundial de Turismo, representa la necesidad de ajustar los servicios para aumentar las opciones de nuestro país en términos de calidad y fiabilidad, en reconocimiento de la importancia económica a nivel mundial que esta actividad reviste.

Al respecto, se propone que el servicio de autotransporte federal de turismo incluya las categorías de de lujo, de excursión, Interior; y Chofer-guía. Sin embargo, el texto de la minuta de mérito carece de la definición o significado de cada una.

No obstante, de conformidad con la Dirección General de Autotransporte Federal, el servicio de autotransporte federal de turismo se clasifica en:

• Turístico de lujo: Se prestará en autobús integral, del último modelo fabricado en el año en que ingrese al servicio, con límite en operación de diez años, contados a partir de la obtención del permiso, dotado de asientos reclinables, sanitario, aire acondicionado, equipo de sonido, cortinas, televisión y videocasetera. Los servicios turístico de lujo y turístico se prestarán asociados cuando menos a uno de los servicios complementarios relativos a hospedaje, alimentación, visitas guiadas y otros conceptos que formen parte de un paquete integrado por operadores turísticos.

• Turístico: Se prestará en autobús integral, del último modelo fabricado en el año en que ingrese al servicio, con límite en operación de diez años, contados a partir de la obtención del permiso, dotado de asientos reclinables, sanitario, aire acondicionado, equipo de sonido, cortinas, televisión y videocasetera. Los servicios turístico de lujo y turístico se prestarán asociados cuando menos a uno de los servicios complementarios relativos a hospedaje, alimentación, visitas guiadas y otros conceptos que formen parte de un paquete integrado por operadores turísticos.

• Excursión: Se prestará para uso exclusivo de un grupo de personas para realizar viajes de esparcimiento, de estudio, con fines deportivos, o para convenciones y negocios, sujeto a itinerario y horarios determinados por los contratantes. Este servicio podrá operarse con autobús integral o convencional, de hasta ocho años de antigüedad en el momento en que ingrese al servicio, con límite en operación de doce años, contados a partir del año de su fabricación.

• Chofer-guía: El permiso para operar el servicio de chofer-guía, autoriza a su titular para trasladar turistas por todos los caminos de jurisdicción federal, en vehículos tipo sedán o vagoneta, del último modelo fabricado en el año en que ingrese a la operación del servicio, con límite en operación de cinco años, contados a partir de la obtención del permiso, con capacidad máxima de nueve asientos, aire acondicionado y sonido ambiental. En el caso de la modalidad de chofer-guía se deberá presentar, credencial de guía de turistas general vigente.

De tal manera que, aún cuando en la práctica ya se encuentran reguladas las diferentes modalidades por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión que dictamina considera que su inclusión en la Ley es un reconocimiento de la necesidad de que el servicio de autotransporte federal de turismo se brinde en nuestro país con calidad, eficiencia y seguridad, con los niveles que para el efecto determine la norma oficial correspondiente, de lo cual resulte un servicio de comparación mundial, por lo que el texto del artículo 33, con la modificación a los términos utilizados, quedaría de la siguiente forma:

Artículo 33. ...

I. ...

II. De turismo:

a) de lujo,

b) de excursión,

c) turístico; y

d) Chofer-guía, y

III. ...

Ahora bien, por lo que corresponde a la modificación propuesta al artículo 34 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para que la prestación de los servicios de autotransporte federal se pueda realizar con vehículos en estado original, modificados o acondicionados para fines específicos, así como la propuesta de incluir en el artículo 47 que la expedición de permisos para prestar servicios de autotransporte de pasajeros de y hacia los puertos marítimos y aeropuertos federales procederá para autobús integral, automotores modificados o acondicionados, vagoneta y automóvil sedán, no son procedentes.

Lo anterior, debido a que la comisión que dictamina considera que la prestación del servicio en vehículos modificados o acondicionados representa una medida en demérito de la seguridad en carreteras y contrario a la normatividad vigente, lo que acarrearía consecuencias negativas en perjuicio de los usuarios del autotransporte federal de pasajeros, ya que el autotransporte federal de turismo es un servicio que debe prestarse en términos de calidad, comodidad y eficiencia, por lo que introducir vehículos modificados a prestar ese servicio, no sólo generaría inseguridad para sus ocupantes al darles un uso distinto del propósito para el cual fueron fabricados, sino que también genera una mala imagen para los turistas que lo utilizan, en contra del objetivo de la Colegisladora de incrementar la calidad de los servicios turísticos del país.

En el caso del artículo 35 de la ley en análisis que se pretende modificar para que todos los vehículos de autotransporte de carga, pasaje y turismo de servicio federal tengan instalados cinturones de seguridad para los pasajeros y para que éstos obtengan una constancia de aprobación correspondiente a la verificación técnica de sus condiciones físicas, mecánicas y de seguridad, esta Comisión dictaminadora considera que aun cuando el propósito es incrementar la seguridad de los pasajeros de este medio de transporte, la medida constituiría, igual que en el caso anterior, una modificación a las condiciones generales de operación de los vehículos y que contrario al fin que se persigue, al instalarse accesorios que no corresponden a las especificaciones técnicas del vehículo y sin la debida capacitación para ello, se pone en riesgo la integridad de los ocupantes del vehículo y provocaría un deterioro mayor en las unidades que actualmente operan bajo condiciones de seguridad con las que han sido diseñadas.

Sobre lo anterior, debe considerarse que establecer esta obligación a los permisionarios del autotransporte federal no está orientada correctamente, ya que las unidades son entregadas de fábrica al adquirirlas, por lo que la obligatoriedad de tener cinturones de seguridad para todos los pasajeros debiera ser aplicada a las armadoras y/o fabricantes a través de una norma oficial y no a los permisionarios. Cabe señalar que actualmente, los vehículos son construidos bajo estándares internacionales, por lo que es conveniente que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en coordinación con la Secretaría de Economía ejerzan sus facultades para determinar las condiciones y características que deben presentar los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal que se comercialicen para su uso en el país, para lo cual se modifica la propuesta de redacción del artículo Segundo Transitorio.

En tal sentido, se propone establecer la obligación de portar cinturones para todos los ocupantes, sólo a los vehículos nuevos que sean entregados a los concesionarios a partir de la entrada en vigor del proyecto que se dictamina, como parte del Programa Nacional de Reordenamiento, Renovación y Regularización de Vehículos Destinados al Autotransporte Federal de Pasajeros y Turismo y de Concesionarios y o Permisionarios Estatales que Transitan en Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, que se propone que el Ejecutivo lleve a cabo a la entrada en vigor del proyecto que se dictamina. Por lo anterior, el texto del artículo 35 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal quedaría de la siguiente manera:

Artículo 35. Todos los vehículos de autotransporte de carga, pasaje y turismo en cualesquiera de las modalidades contempladas en el artículo 33 de esta ley, que transiten en caminos y puentes de jurisdicción federal, deberán cumplir con la verificación técnica de sus condiciones físicas, mecánicas y de seguridad, así como obtener la constancia de aprobación correspondiente expedida por la secretaría, con la periodicidad y términos que la Secretaría establezca en la Norma Oficial Mexicana respectiva.

...

No obstante lo anterior, aunque la comisión que dictamina considera acertado establecer la obligación del Ejecutivo federal para implementar el Programa Nacional de Reordenamiento, Renovación y Regularización de Vehículos Destinados al Autotransporte Federal de Pasajeros y Turismo y de Concesionarios y/o Permisionarios Estatales que Transitan en Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, es necesario destacar que éste se encuentra vigente desde 2001, mismo que consiste en la sustitución de vehículos tipo minibús, microbús, combi o equivalente que prestan el servicio de autotransporte de pasajeros en sus clases económico y mixto, así como de vehículos tipo autobús que han rebasado su límite de operación de año modelo, por lo cual, se hace necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes concluya el programa que está vigente hace diez años, ya que continuar la modernización del autotransporte federal con los mismos lineamientos con que inició el programa, dejará fuera de su alcance las necesidades que actualmente experimenta el sector en relación con la seguridad y la calidad del servicio.

Derivado de lo anterior, la dictaminadora conviene que es necesario que el Ejecutivo Federal termine el Programa de 2001 y se sustituya por un nuevo Programa Nacional de Renovación, Reordenamiento y Regularización de Vehículos destinados al Autotransporte Federal, en el cual se considere que las unidades automotrices cumplan con las condiciones físicas, mecánicas y de seguridad que establezca esta ley y las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, por lo cual se hace la modificación al artículo segundo transitorio propuesto por la Cámara de Senadores.

Asimismo, en lo que corresponde a la propuesta de reformar el primer párrafo del artículo 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, la comisión que dictamina considera que no es necesaria dicha reforma, pues cabe recordar que desde el 20 de febrero de 1940 cuando inició su vigencia la Ley de Vías Generales de Comunicación, este ordenamiento tenía como uno de sus objetivos regular todo lo concerniente a caminos y autotransporte de carácter federal; sin embargo, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el 22 de diciembre de 1993, se estableció en el artículo tercero transitorio que entre otros, el referido artículo 127 se dejó sin efecto en lo referente al autotransporte federal, por lo que resultaría improcedente realizar la reforma, al no tener un ámbito de aplicación.

Por lo expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Transportes sometemos a la consideración del pleno de la honorable asamblea, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 33 y el primer párrafo del artículo 35 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Artículo Único. Se reforman los artículos 33, fracción II, y 35, primer párrafo, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 33. ...

I. ...

II. De turismo:

a) De lujo;

b) De excursión;

c) Turístico, y

d) Chofer-guía, y

III. ...

Artículo 35. Todos los vehículos de autotransporte de carga, pasaje y turismo en cualesquiera de las modalidades contempladas en el artículo 33 de esta Ley, que transiten en caminos y puentes de jurisdicción federal, deberán cumplir con la verificación técnica de sus condiciones físicas, mecánicas y de seguridad, así como obtener la constancia de aprobación correspondiente expedida por la Secretaría, con la periodicidad y términos que la secretaría establezca en la Norma Oficial Mexicana respectiva.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los 180 días siguientes a la publicación del presente decreto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establecerá un Programa Nacional de Renovación, Reordenamiento y Regularización de Vehículos destinados al Autotransporte Federal, que sustituirá al Programa Nacional de Reordenamiento, Renovación y Regularización de Vehículos Destinados al Autotransporte Federal de Pasajeros y Turismo y de Concesionarios y o Permisionarios Estatales que Transitan en Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2001, debiendo observar que las unidades automotrices cumplan con las condiciones físicas, mecánicas y de seguridad que establezca esta ley y las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.

Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados, a 28 de abril de 2011.

La Comisión de Transportes, diputados:Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica), Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González, Ricardo Urzúa Rivera (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya, Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Mary Telma Guajardo Villareal, Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica en abstención).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En consecuencia está a discusión en lo general. No habiendo fijación de posturas, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, de la fracción V del Reglamento, esta Presidencia informa que se encuentran registrados para la discusión en lo general, los siguientes diputados: José Antonio Arámbula López, en pro. Se concede el uso de la palabra al diputado Arámbula López.

El diputado José Antonio Arámbula López:Con su permiso, señor presidente, señoras y señores legisladores, el autotransporte de carga y de pasajeros es determinante para el desarrollo del país. A través de éste se puede movilizar una gran cantidad de productos y mercancías en aras de incrementar la productividad y el desarrollo económico del país.

Por su parte el autotransporte de pasajeros y de turismo es relevante para la movilización de personas de un punto a un destino. Lo que permite incentivar la actividad económica y productiva o en su caso para actividades turísticas y recreativas.

El autotransporte, en sus diferentes modalidades, debe cumplir con las disposiciones normativas a fin de que permita que el servicio prestado sea de calidad y que cumpla con las normas de seguridad establecidas en la regulación existente.

Considero que es importante actualizar el marco normativo en la materia, sin perder las características propias de la atención al turismo, salvaguardando los derechos de libre tránsito, esparcimiento y recreación, garantizados en la Constitución y contemplando, entre las funciones y atribuciones primordiales, la búsqueda del bien común a través de sus órganos y de su legislación, lo cual consiste en buscar la protección de los intereses privados y colectivos, o sea, en la protección de la libertad individual de los ciudadanos en armonía con los intereses colectivos.

Es necesario que todas aquellas unidades vehiculares que circulen por carreteras federales, en especial las que se dedican al turismo, cumplan con las disposiciones legales en relación a sus condiciones físicas, mecánicas y de seguridad, que se establezca en la ley y en las normas oficiales mexicanas.

Los usuarios del autotransporte federal de pasajeros y de turismo son servicios que deben prestarse en términos de calidad, comodidad y eficiencia; por lo que las unidades que se encuentren en circulación deberán contar con todas las disposiciones oficiales en materia de seguridad a fin de salvaguardar la vida de los pasajeros.

Coincidimos en que las unidades vehiculares de autotransporte de carga, pasaje y de turismo del servicio público federal tengan los accesorios necesarios para la seguridad de los pasajeros y en el cual las unidades cuenten con la constancia de aprobación correspondiente a la verificación técnica de sus condiciones físicas, mecánicas y de seguridad emitidas por una autoridad correspondiente.

El Grupo Parlamentario del PAN considera viable que todos los vehículos de autotransporte de carga, de pasaje y en especial los dedicados al turismo, en cualesquiera de las modalidades contempladas en el artículo 33 de esta ley que se va a modificar, y que transiten en caminos y puentes de jurisdicción federal, deberán cumplir con la verificación técnica de sus condiciones físicas, mecánicas y de seguridad.

Asimismo, obtener la constancia de aprobación correspondiente, expedida por la Secretaría, con la periodicidad y términos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establezca en la norma oficial mexicana respectiva; por tanto, el Grupo Parlamentario del PAN estamos a favor. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. Hace uso de la palabra, en pro del dictamen, la diputada Olga Luz Espinosa Morales.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sí, diputado Di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Solicitar la palabra para hablar a favor del dictamen.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El artículo 104 de nuestro Reglamento, en el numeral 1, fracción VIII, señala que la intervención en tribuna de los señores diputados, a favor o en contra de los dictámenes, será hasta el número de tres diputados, en cada uno de los dos sentidos. Ya está inscrito otro diputado. De tal suerte que yo preguntaré al final de la intervención del tercero, si a juicio de la asamblea está suficientemente discutido, o se le concede el uso de la palabra. Sí, diputado.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Para no violar el Reglamento, anóteme en contra, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Por favor, diputada.

La diputada Olga Luz Espinosa Morales:Gracias, diputado presidente. Señoras diputadas y señores diputados, el día de hoy utilizo la máxima tribuna de la nación para fijar el posicionamiento de mi grupo parlamentario respecto del dictamen de la Comisión de Transportes, donde se reforma el numeral 2 del artículo 33, y el primer párrafo del artículo 35 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

En México, el transporte constituye una actividad estratégica y fundamental para el desarrollo del país; asimismo, es la infraestructura básica que realiza la integración de todo el territorio nacional y permite nuestra vinculación con el extranjero. Es por ello que su debido funcionamiento podría desarrollar sectores tan importantes, como lo son el comercio y por supuesto, el turismo.

Actualmente, en todo el territorio nacional circulan aproximadamente 32 mil vehículos que prestan el servicio de autotransporte federal en materia de turismo. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 50 por ciento de esos vehículos cuentan con 10 años de antigüedad o un poco menos.

Asimismo, cabe destacar que nuestro país está en uno de los primeros 10 lugares con accidentes carreteros en el mundo, después de países como Estados Unidos de América, Brasil, India o Irán. Es por ello que la seguridad en el transporte es una premisa fundamental para este sector.

El presente dictamen tiene una gran importancia, toda vez que pretende incorporar nuevas definiciones en materia de transporte de pasajeros relativos a la excursión, al esparcimiento, con fines recreativos o educativos. Esto con la finalidad de aumentar la calidad y la fiabilidad en la prestación de los servicios turísticos, reconociendo que el turismo es un sector importante para el desarrollo de nuestro país.

En ese orden de ideas y por la importancia que tiene el transporte turístico en nuestro país, es necesaria la actualización de la norma, de acuerdo al entorno social, a fin de incrementar la calidad y la prestación de los servicios.

Es por ello que en el dictamen que nos ocupa se pretende reformar el numeral 2 del artículo 33, adicionando nuevas categorías al transporte turístico, las cuales serían de lujo, de excursión, turístico y chofer de guía.

Asimismo, en el primer párrafo del artículo 35 se pretende incrementar la seguridad en el transporte. De tal manera que todo el transporte de carga, de pasaje o turístico, cuente con las medidas de seguridad necesarias para su circulación, lo cual garantizaría de manera tal, dos bienes jurídicos fundamentales para los usuarios de este servicio, que serían: la vida y la integridad física.

Consideramos que este dictamen aumenta la competitividad del servicio y además no lesiona los derechos de los concesionarios; por el contrario, garantizaría que todo usuario del servicio tenga la garantía de que va a estar en una unidad segura.

Asimismo, el dictamen está acorde con los fines y objetivos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que pretende que el transporte sea confiable, fiable, de calidad y que mantenga a nuestro país como competitivo en este sector.

Es por ello, compañeros diputados, compañeras diputadas, que hoy los invito a votar a favor de este dictamen para poder garantizar que todo usuario del servicio del transporte pueda tener una seguridad al abordar uno de ellos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias. Tiene la palabra para argumentar en contra del dictamen, el diputado Mario di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Con su venia, presidente. Desde luego, compañeros, que estoy a favor de cualquier medida que proteja la seguridad de los usuarios del autotransporte. El problema es que éste es uno de los dictámenes de esta Cámara de Diputados que son por demás, demagógicos.

La seguridad en las carreteras no solamente está determinada por lo que está modificando o añadiendo esta minuta. La inseguridad en las carreteras es patente en estas fechas por la absurda guerrita de Felipe Calderón; por la presencia de las arbitrariedades que han acontecido en varias carreteras.

Ahí van bien los choferes o los conductores y el Ejército los balaceó. Ese es el problema. El Ejército les dispara a las familias en las carreteras de este país. Ese es el problema, es de lo que deberíamos de estar discutiendo y tratando en estas minutas. El problema también es el mal estado de las carreteras. Tenemos carreteras caras y muy malas.

El día de ayer veíamos cómo es posible que las carreteras que maneja Capufe sean un peso por kilómetro inferior a lo que cuestan las autopistas concesionadas y éstas están en muy mal estado.

Así también se mata a la gente, por los baches, por el mal diseño, por la falta de mantenimiento y señalamiento en estas carreteras, ¿por qué no nos metemos con estas cosas en lugar de cambiar denominaciones y de aumentar los exámenes, que al final van a generar una corrupción?

Creo que no es de las reformas de fondo y creo que esto no es lo que estamos discutiendo aquí, sino son maquillajes que hacen creer a la gente que se está haciendo las cosas por el interés público.

Creo que vale la pena reflexionar a fondo en estas cosas. Ayer lo veíamos, vemos cómo se están concesionando carreteras, rematando carreteras a potentados como es en el caso de Carlos Slim, a quien se le acaba de regalar una nueva carretera.

Vemos cada día cómo se desmantela a Capufe, aún y cuando sus carreteras son mucho más baratas y en mejor estado que las concesionadas. Eso nos debería de preocupar, compañeros,  y no estas reformas de maquillaje, que únicamente sirven para decir que trabajamos o que nos interesa la gente que votó por nosotros.

Deberíamos de estar discutiendo las arbitrariedades del Ejército en las carreteras de este país. Cómo es posible que ya la Marina opere en tierra y allane casas de diputados y aquí estemos hablando de medidas para que se vea bonita la ley.

Reflexionemos, compañeros, por eso estoy en contra, no estoy en contra de la seguridad de los usuarios. Tan estoy a favor, que estos temas deberían de estarse discutiendo aquí y modificándose las leyes respectivas. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado. Hace uso de la palabra en pro del dictamen, el diputado Juan José Guerra Abud.

El diputado Juan José Guerra Abud:Gracias, presidente. Si me permite, antes de iniciar quisiera expresar en nombre de la bancada del Partido Verde nuestro reconocimiento al periódico El Universal, porque ha decidido retirar toda la propaganda tendiente a promover la trata de personas y quiero, presidente, al mismo tiempo, reconocer y felicitar a mis compañeras, a Lorena Corona y a Caritina Sáenz, porque fueron precisamente ellas las que presentaron esta iniciativa que felizmente fue aprobada por este Congreso. Felicidades, compañeras.

Presidente, claro que en el Partido Verde apoyamos la iniciativa que se está discutiendo el día de hoy. El transporte, el autotransporte de personas y mercancías es fundamental para el desarrollo económico y para el bienestar social de todos los países del mundo y estamos seguros que esta medida que hoy estamos decidiendo se lleve a cabo en nuestro país para la verificación de los vehículos en circulación. Sin lugar a dudas ayudará a la seguridad en las carreteras y permitirá que el autotransporte en México inicie un proceso de modernización.

Colegas, es inaceptable que en México, que somos uno de los países que pretendemos ser de los más desarrollados, el parque vehicular siga contando con una obsolescencia impresionante. En el caso particular de carga la edad promedio es de 18 años la edad promedio, pero quiero que sepan, colegas, que hay vehículos de más de 40 años que siguen circulando en las carreteras de nuestro país y esto es totalmente inaceptable.

Junto con este programa de verificación —que se tiene que llevar a cabo— debe arrancarse, en paralelo, una serie de medidas de apoyo al autotransportista, que es precisamente el hombre-camión, el más perjudicado por la obsolescencia de sus vehículos y tiene que haber una serie de medidas que le permitan, que fomenten, que le ayuden a poder, con un vehículo moderno, con un vehículo que le permita operar en la eficiencia y de esta manera generar los ingresos que le permitan sobre todo al pequeño transportista, al hombre-camión, generar esos ingresos para poder llevar una vida digna. Por ello, presidente, nosotros en la bancada del Partido Verde vamos a votar a favor de esta iniciativa.

Al mismo tiempo pedirle al gobierno federal que actúe con congruencia en materia del autotransporte. No puede ser que, por un lado, estemos promoviendo normas de eficiencia para el consumo de combustible y que, por otro lado, abramos las fronteras para una importación ilimitada a irracional de vehículos usados, de vehículos de desecho en los Estados Unidos de América.

Estoy seguro —espero— que con esta iniciativa que hoy aprobemos en San Lázaro, permita que el autotransporte, que es fundamental para el desarrollo de nuestro país, pueda iniciar un proceso de modernización en beneficio de todos, en beneficio del hombre-camión y en beneficio de la economía y el desarrollo de México. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, diputado. Hace uso de la palabra, en contra del dictamen, el diputado Enrique Ibarra.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza:Señoras y señores diputados, me inscribí en este tema en donde se va a votar una modificación a una disposición de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Desde luego, nadie puede objetar ninguna modificación de carácter legal para acentuar las condiciones de seguridad de los usuarios ni las condiciones de tránsito, que como mexicanos cotidianamente tenemos por nuestras vías terrestres de comunicación.

Sin embargo, ya que estamos en discusión de un artículo de la ley mencionada, quisiera compartir con ustedes un tema que está pendiente de resolver sobre el tema carretero, que la Comisión Permanente aprobó en su último periodo de sesiones, instando al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la supresión, a todas luces ilegal, abusiva y arbitraria, que la concesionaria Red de Carreteras de Occidente llevó a cabo mediante la instalación de dos casetas de peaje en la carretera de Guadalajara-Zapotlanejo, concretamente en su kilómetro 8.

Esas dos carreteras, que indebidamente autorizó SCT a la concesionaria ya mencionada, cuyo director Demetrio Sodi de la Tijera, en reunión pasada hace días, les dijera a los quejosos, que son vecinos de diversas colonias de Tonalá, Jalisco, que él estaba para hacer negocios, no para atender a la gente, negándose a la petición formal que ya se hizo de que se ordene el que no se cobre a los usuarios que tienen más de seis años viviendo en las colonias de El Moral y Las Cañadas, en el municipio conurbado de Tonalá.

Por eso, esta Cámara debe de exigirle al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Pérez-Jácome, que dé respuesta a la petición que unánimemente senadores y diputados firmaron y suscribieron en la pasada Comisión Permanente, de que se suprima ese pago indebido de 8 pesos, cada vez que se traspasan las casetas de peaje, a los vecinos que, por razones de su vecindad con la zona metropolitana de Guadalajara, tienen que atender cotidianamente, varias veces cada día, a cuestiones de estudio, a cuestiones de trabajo, educación o atención a la salud y que no podemos permitir que toda la estructura del gobierno federal siga viéndolo como una oportunidad de hacer negocios.

De por sí castigada la economía de las familias mexicanas y todavía, sin recato alguno, se obsequia a los concesionarios para que instalen casetas, violando uno de los artículos de esa ley, que establece que tiene que haber vías alternas para poder instalar las casetas y no es el caso que nos ocupa, de las colonias de la ciudad de Tonalá.

Por ello hacemos un refrendo a esa comisión de la Comisión Permanente, para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cancele ese negocio voraz que sólo beneficia a unos cuantos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general. De conformidad con el artículo 109 del Reglamento de esta Cámara no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Háganse los avisos a que hace referencia el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

TRANSPORTE PUBLICO ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: La diputada De la Torre.

La diputada Yolanda de la Torre Valdez(desde la curul): Gracias, señor presidente. Aprovechar los momentos de votación para recordarles a las diputadas y a los diputados, especialmente a los coordinadores de las diferentes expresiones políticas, que la inauguración de la exposición Transporte público accesible para personas con discapacidad, que tiene que ver con el Fondo de Accesibilidad de Transporte Público 2011, de 455 millones que esta honorable Cámara aprobó, se realizará a las 4 de la tarde en los jardines del helipuerto. Ojalá que nos puedan acompañar muchos diputados y diputadas. Muchas gracias, presidente, es muy atento.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se emitieron 358 a favor, 4 en contra y 10 abstenciones.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Quieren hacer uso de su derecho a voto algunos diputados.

El diputado Héctor Fernández Aguirre (desde la curul): A favor.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo(desde la curul): A favor.

La diputada María Felícitas Parra Becerra(desde la curul): A favor.

El diputado Uriel López Paredes(desde la curul): A favor.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez(desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): A favor.

La diputada Margarita Liborio Arrazola(desde la curul): Liborio Arrazola Margarita, para cambiar el sentido de mi voto. A favor.

El diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez(desde la curul): A favor.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul): A favor.

El diputado Domingo Rodríguez Martell(desde la curul): A favor.

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua (desde la curul): A favor.

El diputado Oscar González Yáñez(desde la curul): A favor.

El diputado Avelino Méndez Rangel(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: ¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? Señor Presidente, se emitieron 370 votos a favor, 4 en contra y 9 abstenciones.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 370 votos el proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 33 y el primer párrafo del artículo 35 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Pasa al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA - LEY GENERAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de Igualdad entre Mujeres y Hombres

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan dos fracciones al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 23 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 80, 81, 83, 85, 182 y 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a la consideración del honorable pleno el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 4 de agosto de 2010, la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos fracciones al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Segundo. Con fecha 4 de agosto de 2010, la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 23 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Tercero. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó ambas iniciativas a la Comisión de Equidad y Género, para su análisis y dictamen.

Cuarto. De conformidad con el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Mesa Directiva acordó turnar los asuntos nuevamente, con fecha 22 de febrero de 2011, a la Comisión de Equidad y Género, para su análisis y dictamen.

Quinto. Con fundamento en el artículo 83, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la iniciadora solicitó a la Presidencia de la Comisión de Equidad y Género, mediante oficio sin número, fechado el 24 de marzo de 2011, dar trámite a la reserva presentada para efectuar modificaciones a las dos iniciativas con proyecto de decreto referidas en los puntos primero y segundo de este apartado.

Contenido de las iniciativas

En la exposición de motivos de la iniciativa que adiciona dos fracciones al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la iniciadora manifiesta que la violencia contra la mujer es un grave problema de salud pública y de derechos humanos en todo el mundo. De acuerdo con Human Rights Watch, la violencia doméstica es una de las principales causas de lesiones que sufren las mujeres en casi todos los países del mundo.

Asimismo, precisa la iniciadora, la violencia contra la mujer es común en prácticamente todas las sociedades y, a su vez, sirve para reforzar la discriminación contra la mujer y su subordinación.

Afirma que la violencia con base en el género no sólo viola los derechos humanos, también obstaculiza la productividad, reduce el capital humano y mina el crecimiento económico.

Además señala que en 1994, el Banco Mundial realizó un estudio en 10 factores de riesgo que enfrentan mujeres y niñas, encontrando que el rapto y la violencia doméstica son más peligrosos que el cáncer, accidentes en vehículos, la guerra o la malaria.

Considera que nuestro país ha realizado importantes esfuerzos por prevenir y atender este grave problema social, entre estos, se encuentra la aprobación y ratificación de diversos instrumentos internacionales y regionales en la materia como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará), la Convención Interamericana sobre Derechos Civiles y Políticos de la Mujer, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, así como la Declaración de Beijing.

En el cuerpo de la iniciativa señala que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la política nacional en materia erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas. Sin embargo, está convencida que no se puede hablar de una política nacional y mucho menos de un sistema nacional, si éstos no incluyen la participación activa y combativa de todos los Poderes de la Unión.

Aduce que la propuesta pretende la constitución del Poder Legislativo, a través de la Comisión de Equidad y Género y, del Poder Judicial, a través del Consejo de la Judicatura Federal, en órganos consultivos del Sistema Nacional de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, a fin de que propongan y opinen sobre los programas o acciones destinadas a la prevención, protección, atención y erradicación de la violencia de género.

Por lo que toca a la iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 23 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la iniciadora manifiesta que la igualdad de género implica que todos los hombres y mujeres tengan las mismas condiciones y oportunidades para ejercer plenamente sus derechos humanos sin importar su sexo ni identidad de género.

Valora que el proceso de transición democrática que ha sufrido México ha ido acompañado de ciertos avances políticos y sociales que han vislumbrado un camino hacia la construcción de una sociedad democrática, pese a ello existen todavía ciertos resquicios como la falta de representación femenina en el proceso de toma de decisiones y la situación desfavorable que viven muchas mujeres en el marco de una cultura patriarcal, que muestran el atraso y la fragilidad de nuestro sistema democrático.

Por otro lado, la advierte que muchas mujeres en el mundo experimentan discriminación en muchos aspectos de sus vidas. Por ejemplo, según el Informe 2009 de la ONU sobre los avances de los Objetivos del Milenio, las desigualdades de género en la matriculación escolar son evidentes en la enseñanza secundaria. Sin embargo, a nivel superior hay más mujeres que hombres, excepto en las regiones pobres. Las mujeres siguen siendo las más vulnerables en el mercado laboral ya que asumen la mayor parte del empleo no remunerado. Por ejemplo, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2009, en México, las mujeres dedican 23.6 por ciento de su tiempo semanal en tareas domésticas mientras que los hombres sólo le dedican el 7.3 por ciento. En el tema de mortalidad materna se han logrado pocos avances Por otro lado, la representación política de la mujer aumenta a un ritmo lento.

Indica que dos terribles fenómenos que atentan contra la vida y la dignidad de las mujeres mexicanas son la violencia y la pobreza. Ambos fenómenos inhiben el desarrollo de las mujeres, sumiéndolas en una posición de franca desigualdad y discriminación.

Sostiene que la Plataforma de Acción, aprobada por la Conferencia de Beijing, identificó la falta de respeto de los derechos humanos de la mujer como una de las 12 esferas de principal preocupación que requerían la adopción de medidas por parte de los gobiernos y la comunidad internacional. En la Plataforma se hizo un llamamiento en favor de la aplicación íntegra de todos los instrumentos de derechos humanos, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. También se destacó la importancia de garantizar la igualdad y la no discriminación, con arreglo al derecho y en la práctica, y la capacitación jurídica básica.

La autora de la iniciativa destaca que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece la política nacional en materia de igualdad, no discriminación y equidad. Sin embargo, está convencida de que no se puede hablar de una política nacional y mucho menos de un sistema nacional, si éstos no incluyen la participación activa y combativa de todos los Poderes de la Unión.

Manifiesta la promovente que la presente iniciativa tiene como objetivo fundamental la suma de esfuerzos, la coordinación de acciones entre los diferentes poderes que integran el Estado.

Asimismo aduce que esta propuesta pretende la constitución del Poder Legislativo, a través de la Comisión de Equidad y Género; y, del Poder Judicial, a través del Consejo de la Judicatura Federal, en órganos consultivos del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres a fin de que propongan y opinen sobre los programas o acciones destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres.

Por último, manifiesta que la aprobación de esta iniciativa contribuirá a mejorar las políticas y modalidades que garanticen la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de equidad, así como de aquellos que garanticen la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

Primera. El principio básico de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es el de establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, como lo consigna su artículo 1o.

En ese tenor, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dispone que la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, se coordinaran para la integración y funcionamiento del Sistema, cuyo fin es la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

En la integración del sistema confluyen diversas secretarías de estado como son: Gobernación, Desarrollo Social, Seguridad Pública, Educación Pública y Salud, así como la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas.

En este marco, a la Secretaría de Gobernación le corresponde presidir el Sistema Nacional, en tanto que al Inmujeres le corresponde encabezar la Secretaría Ejecutiva del Sistema.

Asimismo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala, en el artículo 42, que corresponde a la Secretaría de Gobernación la elaboración del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, en coordinación con las demás autoridades integrantes del Sistema.

Por otro lado, el programa integral, tiene tras de sí, como ejes fundamentales, la creación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres y la elaboración del Diagnóstico nacional sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en todos los ámbitos.

El Programa Integral, en síntesis, dispone la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, contempla las políticas gubernamentales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

En ese orden de ideas, la tarea del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, como integrante del Sistema, es la de participar coordinadamente en la elaboración del Programa, y en el diseño de las acciones en materia de no discriminación de las mujeres, a que se refieren las fracciones II, III, IV, XII y XIII del artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; esto es, con acciones relativas a transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, incluyendo la formulación de programas y acciones de educación formales y no formales, en todos los niveles educativos y de instrucción, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar las conductas estereotipadas que permiten, fomentan y toleran la violencia contra las mujeres; también en lo que concierne a educar y capacitar en materia de derechos humanos al personal encargado de la procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres; igualmente, a educar y capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres al personal encargado de la impartición de justicia, a fin de dotarles de instrumentos que les permita juzgar con perspectiva de género.

Por otro lado, en lo tocante a la promoción de la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres en el marco de la eficacia de las instituciones para garantizar su seguridad y su integridad, y por último, a participar en el diseño de un modelo integral de atención a los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los centros de atención y los refugios que atiendan a víctimas.

Al consejo mismo, le corresponde colaborar en la armonización del programa integral, por medio de su participación activa en el Sistema, y con las opiniones jurídicas o de políticas públicas en materia de no discriminación, así como coadyuvar con las autoridades competentes en la evaluación y seguimiento de las acciones de la Administración Pública Federal en el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado mexicano respecto de sus atribuciones legales.

Segunda. Por su parte, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone la distribución de competencias, ello en sus artículos 7 y 8, previendo que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios establecerán las bases de coordinación para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

El artículo 23 de la Ley General para la Igualdad señala que el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos sociales y con las autoridades de los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres.

Cabe destacar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene un papel relevante en la materia. Al respecto, el artículo 46 de la Ley General para la Igualdad establece que es la encargada de la observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Asimismo, la Ley General para la Igualdad dispone la elaboración de un Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que contenga las políticas púbicas en la materia. Además, establece que los programas que elaboren los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal indicarán los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias, tomando en cuenta los criterios e instrumentos de la Política Nacional de igualdad en congruencia con los programas nacionales.

Finalmente, en esencia, la división de poderes prevista en el artículo 49 constitucional –El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial– entraña la atribución de funciones entre las ramas de la autoridad pública; esto es, la función legislativa, la función administrativa y la función jurisdiccional, sin que ello suponga una división absoluta.

No obstante, es notorio que las leyes así diseñadas, como la General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres consigan responsabilidades ejecutivas en el marco de sendos sistemas nacionales abocados a tareas específicas en su materia, con una integración y organización que les permite cubrirlas de la mejor manera.

Tercera. Cabe destacar que la iniciativa de la diputada promovente alude a la adición de dos fracciones al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tal y como se desprende de la iniciativa de mérito, sin embargo, se concluye que sólo propone la adición de un párrafo final a la fracción X del artículo 36 de dicha ley.

En ese tenor, la propuesta de la diputada promovente resulta inviable toda vez que pretende constituir, dentro del marco del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en órganos consultivos al Poder Legislativo y al Poder Judicial, con lo que trastoca y contraria el objeto de la Ley General de Acceso las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que busca establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

En todo caso, las tareas de proponer y opinar sobre los programas y acciones en la materia recaen en un integrante del propio Sistema Nacional, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el cual participa coordinadamente en la elaboración del Programa, y en el diseño de las acciones en materia de no discriminación de las mujeres; además, le corresponde coadyuvar en la evaluación y seguimiento de las acciones de la Administración Pública Federal en el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado mexicano respecto de sus atribuciones legales.

Cuarta. Para esta comisión dictaminadora es claro que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres tiene por objeto coordinar los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno con el objetivo de velar por el diseño y la ejecución de acciones y programas encaminados a reducir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres.

También, resulta relevante el papel central que juega la Comisión Nacional de los Derechos Humanos monitoreando, dándole seguimiento y evaluando las políticas instrumentadas por el gobierno federal a través de los mecanismos establecidos en dicha ley.

En consecuencia de lo anterior, la propuesta de adicionar un párrafo segundo al artículo 23 de la Ley en comento, de constituir en órganos consultivos del Sistema Nacional para Igualdad a los Poderes Legislativo y Judicial, trastocaría el objeto de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, minando las facultades de observancia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por ello, esta comisión dictaminadora considera que adición del párrafo segundo es inviable.

Quinta. Por tanto, dadas las consideraciones vertidas en los puntos precedentes, esta Comisión Dictaminadora resolvió desechar en un primer dictamen ambas iniciativas con proyectos de decreto que adicionan las Leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, considerándolas como asuntos total y definitivamente concluidos.

Sexta. Con fecha 24 de marzo, la diputada iniciadora solicitó, mediante oficio sin número, dar trámite a la reserva presentada –al amparo del artículo 83, numeral 1– para efectuar modificaciones a las dos iniciativas con proyecto de decreto materia del presente dictamen.

En el documento manifiesta que la reserva para modificarlo se deriva de un predictamen dudoso a su consideración por las siguientes razones:

En el capítulo correspondiente a consideraciones del “proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona dos fracciones al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 23 de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, en sentido negativo” se hace referencia, entre otras, a las siguientes situaciones:

Que la iniciativa citada en primer término trastoca y contraria el objeto de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;

2. Que la iniciativa citada en segundo lugar, mina las facultades de observancia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Es indispensable señalar que bajo ninguna circunstancia estas consideraciones representan ni el fin que persigue la promovente, ni el objeto de las iniciativas, el cual no es otro que la suma y coordinación de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, como lo señala actualmente las respectivas leyes, pero también de los tres poderes de la Unión en el combate a problemas que afectan de manera grave a nuestra sociedad como son la desigualdad y la violencia hacia las mujeres.

En tal virtud, hace patente la siguiente

Propuesta de reserva al dictamen de la Comisión de Equidad y Género, respecto a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

• Solicito que en cuanto a la denominación de los ordenamientos legales referidos en las iniciativas correspondientes, se efectúen los cambios necesarios para que en el dictamen correspondiente se refieran los títulos correctos de las leyes consignadas.

• Por lo que hace al decreto, propongo el siguiente cambio, que en ningún caso influye en el fondo del objetivo de las iniciativas.

Decreto por el que se reforman las fracciones IX y X y se adicionan las fracciones XI y XII al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se reforma el artículo 23 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Primero. Se adicionan las fracciones XI y XII al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 36. ...

I. a VIII. ...

IX. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;

X. Los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas;

XI. El Poder Legislativo, a través de tres diputados y tres senadores de distintos partidos, que serán propuestos por las comisiones de Equidad y Género de cada una de las cámaras y ratificados por los respectivos plenos, y

XII. El Poder Judicial, a través de un representante del Consejo de la Judicatura Federal, que será ratificado por el pleno del mismo.

Las instituciones a que hacen referencia las fracciones XI y XII del presente artículo, participarán en calidad de invitados permanentes, con derecho a voz pero sin voto.

Segundo. Se reforma el artículo 23 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 23. El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal entre sí, con los Poderes Legislativo y Judicial con las organizaciones de los diversos grupos sociales y con las autoridades de los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los Poderes Legislativo y Judicial deberán nombrar a sus representantes en los respectivos Sistemas, a más tardar 30 días después de la entrada en vigor del presente decreto.

Séptima. En el caso de la adición de las fracciones XI y XII al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que los poderes Legislativo y Judicial tengan representación –dentro de Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres– como invitados permanentes con derecho a voz únicamente, esta comisión dictaminadora las considera viables, toda vez que permitirá que ambos poderes propongan y opinen sobre los programas y acciones que se instrumenten desde el ámbito administrativo, a la vez que fortalece la colaboración de poderes, sumando esfuerzos, como lo señala la diputada iniciadora, con objetivos claros en beneficio de las mujeres.

Octava. Tocante a la reforma del artículo 23 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para esta Comisión Dictaminadora la considera viable. No obstante, considera pertinente adicionarle un párrafo segundo para establecer de manera clara que tanto los representantes de los Poderes Legislativo como Judicial tendrán el estatus de invitados permanentes con derecho a voz, pero sin voto. Con ello, sin duda, ambos participarán de la concreción de los objetivos del Sistema Nacional proponiendo y opinando sobre las políticas públicas orientadas a abatir la desigualdad entre mujeres y hombres.

Por todo lo anterior expuesto, los integrantes de la Comisión de Equidad y Género, emite el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Artículo Primero. Se adicionan las fracciones X y XI, pasando la actual fracción X a ser XII,  y un último párrafo al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 36. El Sistema se conformará por las y los titulares de:

I. a VIII. ...

IX. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;

X. El Poder Legislativo, a través de tres diputados y tres senadores de distintos partidos, que serán propuestos por las comisiones de Equidad y Género de cada una de las cámaras y ratificados por los respectivos plenos;

XI. El Poder Judicial, a través de un representante del Consejo de la Judicatura Federal, que será ratificado por el pleno del mismo, y

XII. Los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas.

Las instituciones a que hacen referencia las fracciones X y XI del presente artículo, participarán en calidad de invitados permanentes, con derecho a voz pero sin voto.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 23 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 23. El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal entre sí, con los Poderes Legislativo y Judicial, con las organizaciones de los diversos grupos sociales y con las autoridades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres.

Tanto los representantes del Poder Legislativo como los del Poder Judicial participarán en calidad de invitados permanentes, con derecho a voz pero sin voto.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los Poderes Legislativo y Judicial deberán nombrar a sus representantes en el Sistema Nacional, a más tardar 30 días después de la entrada en vigor del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2011.

La Comisión de Equidad y Género, diputadas y diputados:Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), presidenta; Ana Estela Duran Rico (rúbrica), Elvia Hernández García (rúbrica), Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbrica), Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica), Tomasa Vives Preciado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera (rúbrica), secretarias; Felipe Kuri Grajales (rúbrica), secretario; Laura Arizmendi Campos (rúbrica), Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Margarita Gallegos Soto, Laura Felícitas García Dávila, Luis García Silva, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Marcela Guerra Castillo, María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Juan Carlos Natale López, María Elena Pérez de Tejada Romero, Leticia Quezada Contreras, Leticia Robles Colín (rúbrica), Adela Robles Morales (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En esta ocasión la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, tiene la palabra para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de esta Cámara, haciendo uso de la palabra hasta por 5 minutos.

La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo:Gracias, diputado presidente. Las iniciativas que hoy ponemos a su consideración fueron presentadas por la diputada Lucila del Carmen Gallegos, el 4 de agosto del 2010, ante la Comisión Permanente.

La primera de ellas modifica el artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la segunda modifica el artículo 23 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

En el dictamen se determina que se incluyan a los representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial como invitados permanentes con derecho a voz pero sin voto en el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En el segundo caso, incluirlos con el mismo estatus en el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, contemplado en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Cabe destacar que oportunamente se recogió la reserva de la diputada iniciante, ello al amparo del artículo 83, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

De esta manera, la diputada Gallegos propuso efectuar modificaciones a las dos iniciativas con proyecto de decreto, materia del presente dictamen.

En suma, el dictamen que hoy se presenta busca que los Poderes Legislativo y Judicial se integren en los dos sistemas nacionales, en calidad de invitados permanentes, con derecho a voz, pero sin voto.

Al considerar que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres tiene por objeto coordinar los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, a fin de diseñar y ejecutar acciones y programas encaminados a reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres; y que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos juega un papel central monitoreando, dándole seguimiento y evaluando las políticas instrumentadas por el gobierno federal a través de los mecanismos establecidos en dicha ley.

Así también el objeto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es el de establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, cuyo fin es la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, y porque las tareas de proponer y opinar sobre los programas y acciones en la materia recaen en un integrante del propio sistema nacional: el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el cual participa coordinadamente en la elaboración del programa y en el diseño de las acciones en materia de la discriminación de las mujeres.

Además, le corresponde coadyuvar en la evaluación y seguimiento de las acciones de la administración pública federal en el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado mexicano respecto de sus atribuciones legales.

Por ello, diputadas y diputados, les solicitamos su voto a favor del presente dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputada. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se encuentran registrados para la discusión en lo general los siguientes diputados: en contra, el diputado Jaime Cárdenas Gracia; a favor las diputadas Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Elsa María Martínez Peña y María Teresa Rosaura Ochoa.

Se concede el uso de la palabra al diputado Jaime Cárdenas Gracia, hasta por cinco minutos.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Esta reforma, como otras que estamos discutiendo en esta sesión de la Cámara de Diputados parecen reformas positivas. Se trata de modificar el sistema nacional para la igualdad entre mujeres y hombres, y darle participación tanto al Poder Legislativo, como al Poder Judicial, en ese sistema nacional para la igualdad entre mujeres y hombres.

Para tal efecto se modifican dos leyes: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Ustedes se preguntarán: ¿Por qué el diputado está en contra de algo que parece positivo al incorporar tanto a los Poderes Legislativo y Judicial en este sistema nacional para la igualdad entre mujeres y hombres?

La respuesta es doble, por dos motivos. El primer motivo tiene que ver con una cuestión vinculada al principio de división de poderes y a la igualdad entre los Poderes de la Unión. Esta propuesta de reforma está permitiendo la incorporación del Poder Legislativo y del Poder Judicial al Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, pero el Poder Legislativo y Judicial no tendrán en el sistema derecho de voto, solamente derecho de voz; es decir, se coloca al Poder Legislativo y al Poder Judicial, en una situación de inferioridad con respecto al Poder Ejecutivo.

Es muy interesante, por ejemplo, lo que establece el artículo 23 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que define lo que es el Sistema Nacional para la Igualdad; y dice que es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades de la administración pública con los Poderes Legislativo y Judicial.

Sin embargo en este sistema, tanto los representantes del Poder Legislativo, como los representantes del Poder Judicial, tendrán un papel inferior al papel de los representantes del Poder Ejecutivo, porque solamente tendrán derecho a voz, pero no a voto.

La segunda razón de por qué votaré en contra de este dictamen, tiene que ver con el esquema mismo del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, porque solamente están representados en este sistema instituciones públicas, poderes públicos, pero no hay representación ciudadana. Como en algo tan importante, como son las políticas a favor de la equidad, no hay representación de organizaciones no gubernamentales.

¿Por qué en este Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres no están representados los ciudadanos y, principalmente, las ciudadanas? Yo creo que en México tenemos que conformar instituciones que realmente respeten los principios de equidad de género, pero también que permitan el acceso de los ciudadanos a las estructuras institucionales que las leyes proveen.

En este caso, ambas reformas tanto a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, no existe incorporación de la sociedad civil a estas estructuras institucionales que definen las políticas públicas en materia de igualdad, entre mujeres y hombres, y en materia de equidad de género.

Por estos dos motivos, porque se subordina al Poder Legislativo y Judicial, respecto al Poder Ejecutivo en el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y también porque no se incorpora a la sociedad en la estructura llamada Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es que votaré en contra, porque me parece que debemos promover en México la democracia participativa a la par que fortalecemos la equidad de género. Ésas son las dos razones por las que votaré en contra y por eso invito a mis compañeras diputadas y compañeros diputados, a que hagan lo propio. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias. Hace uso de la palabra, hasta por 5 minutos, en pro del dictamen, la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena.

La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, dos problemas fundamentales que históricamente han aquejado a la sociedad mexicana, son la desigualdad y la violencia de género. De acuerdo con el Fondo para el Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, la violencia contra las mujeres y las niñas tiene consecuencias de gran alcance, daña a las familias y a las comunidades.

Para mujeres y niñas, entre los 16 y 44 años de edad, la violencia es la mayor causa de muerte y discapacidad. En 1994 el Banco Mundial realizó un estudio en 10 factores de riesgo que enfrentan mujeres y niñas en este rango de edad, encontrando que el rapto y la violencia doméstica son más peligrosos que el cáncer, accidentes en vehículos, la guerra o la malaria. Mientras que en el caso de la desigualdad tenemos que las mujeres siguen siendo las más vulnerables, por ejemplo, en el mercado laboral somos las mujeres las que asumimos la mayor parte del empleo no remunerado.

De acuerdo a la Encuesta nacional de uso del tiempo 2009, en México, las mujeres dedican 23.6 por ciento de su tiempo semanal en tareas domésticas, mientras que los hombres sólo le dedican el 7.3 por ciento.

En el tema de mortalidad materna se han logrado pocos avances y la representación política de la mujer aumenta a un ritmo bastante lento.

En la lucha para erradicar estos problemas sociales, nuestro país ha tenido avances fundamentales, uno de ellos es sin duda alguna la aprobación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006, la cual tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres.

Otro avance fundamental fue la publicación en febrero de 2007 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual surge con el objeto de establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia. De tal suerte que se favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.

Como parte de los instrumentos de las políticas nacionales en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, estas leyes disponen la existencia de programas y de sistemas nacionales que coadyuvan en la consecución de sus objetivos.

En ambos casos, los sistemas nacionales se encuentran conformados por diversas dependencias y órganos descentralizados, tanto del gobierno federal como de los gobiernos locales y municipales, es decir, en ellos intervienen autoridades de los tres niveles de gobierno. No obstante, uno de los retos más importantes en la tarea de lograr la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres, continúa siendo la coordinación de esfuerzos de los tres Poderes de la Unión, del Estado en su conjunto.

Las dimensiones de las consecuencias generadas a raíz de la desigualdad y la violencia exigen esta unión de voluntades y de esfuerzos, exigen una política de Estado y demandan la actuación de todos y de cada uno de los que integramos la sociedad mexicana desde cada una de nuestras trincheras, con pleno respeto a la división de poderes y al ámbito competencial de cada uno de ellos, pero de manera coordinada y organizada hacia un rumbo fijo y con un fin común.

Estamos convencidos que no se puede hablar de una política nacional y mucho menos de un sistema nacional, si éstos no incluyen la participación activa y combativa de todos los Poderes de la Unión. Es por lo anterior que consideramos fundamental la aprobación del presente dictamen, cuyo principal objetivo es precisamente la suma de esfuerzos, la coordinación de acciones entre los diferentes Poderes que componen el Estado. Esto  a través de la integración de los Poderes Judicial y Legislativo en calidad de invitados permanentes en los sistemas nacionales antes citados.

Compañeras y compañeros legisladores, los invito a votar a favor del presente dictamen, ya que con su aprobación lograremos articular acciones, aprovechar al máximo los recursos materiales y humanos, mejorar las políticas, principios y modalidades de atención a estos graves fenómenos sociales, y en general obtener mayores y mejores resultados en la lucha por la obtención de la igualdad y la erradicación de la violencia de género. Por su atención y apoyo, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos para hablar a favor del dictamen, a la diputada Elsa María Martínez Peña.

La diputada Elsa María Martínez Peña:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el principio de igualdad de oportunidades y el combate a la violencia en contra de las mujeres son metas indiscutibles que forman parte de la agenda nacional. La alta incidencia de la violencia de género en nuestro país y la preocupación sobre su presencia, colocaron a esta problemática como un tema prioritario de salud y seguridad pública.

México ha logrado en las últimas décadas importantes avances, sobre todo en los marcos jurídicos, normativos y presupuestales. Gracias a la voluntad política y a los esfuerzos realizados contamos con leyes, programas e instancias que fomentan la equidad de género y protegen a las mujeres, sin embargo hechos como que el 67 por ciento de las mexicanas sufran algún tipo de violencia, ya sea en el hogar, escuela, trabajo o en su entorno inmediato, o que 4 de cada 10 mujeres padezcan hostigamiento, acoso, ofensa y abuso sexual en espacios públicos, son realidades que conviven con los logros y revelan los espacios en donde es necesario seguir trabajando.

Como Poder Legislativo debemos reforzar y multiplicar, a través del fortalecimiento jurídico y económico, estas áreas. Por ello, quienes integramos el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, concordamos con este dictamen por el que se incluye dentro del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres al Poder Legislativo y Judicial, ámbitos claves en esta lucha y en la creación y adecuación de leyes y aplicación y acceso a la justicia.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia representó hace cuatro años una esperanza para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, sin embargo, mientras no haya un sistema verdaderamente integral, mientras no exijamos su cumplimiento y  mientras no exista una verdadera armonización, dicha ley y todas las acciones que la han complementado son letra muerta.

En Nueva Alianza insistimos una vez más que en el combate a la violencia en contra de las mujeres, la educación tiene un papel absolutamente central en su prevención y en el fomento de una cultura inclusiva y respetuosa de las diferencias.

No podemos permitir que las nuevas generaciones vean la violencia como una forma de vida común. En este sentido, apoyamos este dictamen y todas aquellas acciones encaminadas a reforzar y a enriquecer los avances logrados. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias. Hace uso de la tribuna para hablar, por cinco minutos, a favor del dictamen, la diputada María Teresa Rosaura Ochoa.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que este día se somete a consideración de esta soberanía, referente a la reforma de adición del artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, y al artículo 23 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, representa una excelente oportunidad para avanzar en la consolidación de una política nacional en materia de igualdad, no discriminación y equidad, así como de erradicación de la violencia contra las mujeres al fortalecer la colaboración de  los tres Poderes de la Unión, para que dicho objetivo se cumpla en una coordinación interinstitucional del sistema nacional para la igualdad entre mujeres y  hombres.

En las consideraciones de este dictamen se establece que si bien el proceso de transición democrática que ha vivido nuestro país se ha traducido en avances políticos y sociales a favor de las mujeres, aún persiste la falta de representación femenina en el proceso de la toma de decisiones. En tanto que un número todavía importante de congéneres se encuentran sometidas por la cultura patriarcal que les impide remontar las condiciones de atraso en las que están inmersas en todos los ámbitos de nuestra sociedad, en el político y en el económico.

Es de llamar la atención que en los considerandos del dictamen en comento se señale que con dicha reforma se busca que a la coordinación de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno se sumen los esfuerzos de los Poderes de la Unión, a fin de erradicar el problema que todavía afecta a nuestra sociedad, como son la desigualdad y la violencia hacia las mujeres. Es sin duda, un grave problema que se convierte, en muchos de los casos, en un problema de salud pública y de derechos humanos, con grandes consecuencias y repercusiones en el crecimiento económico de nuestro país.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano considera que con la aprobación de dicho dictamen se logrará dar un paso más en la consolidación de la política que combata todas aquellas prácticas políticas, sociales y culturales que contribuyen a producir la cultura patriarcal que subyace tras la violencia de género y la discriminación hacia las mujeres.

Creemos que con estas reformas estamos abonando para que la traducción legislativa de los principios reivindicados por el movimiento feminista sea más integral, sin que ello signifique la conclusión del reto que implica reconstruir el derecho desde la óptica y la experiencia de las mujeres, así como de la sociedad civil.

Por lo antes expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano emitirá su voto para respaldar el presente dictamen y asimismo hacemos una invitación para que todos ustedes se sumen a favor del mismo. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputada. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general. En virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de esta Cámara no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra, hasta por cinco minutos, el sistema electrónico para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:Háganse los avisos al que refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

Señores diputados está abierto el sistema electrónico, favor de emitir su voto porque vamos a proceder a cerrar el sistema electrónico. Está abierto el sistema, señores diputados. ¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema, diputado. Vamos a proceder a cerrar el sistema electrónico, favor de emitir su voto. Está abierto el sistema, señor diputado. Está abierto el sistema, señor diputado. ¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema, señores diputados. Muy bien. Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, tenemos 369 a favor, 3 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 369 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Han llegado a esta Presidencia tres acuerdos adoptados hoy por la Junta de Coordinación Política. El primero se refiere a la condena al asesinato del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz. Ruego a la Secretaría dé lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación al que he hecho referencia.

MOISES VILLANUEVA DE LA LUZ

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que condena el asesinato del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, numeral 1, incisos a) y b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión expresa su más enérgica condena por el asesinato de nuestro compañero legislador, el diputado federal Moisés Villanueva de la Luz.

Asimismo, expresa sus más sentidas condolencias a sus familiares y a los ciudadanos que representó en el 5to. Distrito Electoral Federal, con cabecera en la ciudad de Tlapa de Comonfort, en el estado de Guerrero.

Segundo. La H. Cámara de Diputados reprueba la grave situación de inseguridad pública que afecta a prácticamente a todo el país, y que se ha recrudecido en los últimos días en el estado de Guerrero.

En este sentido, esta soberanía expresa su más profunda preocupación ante el hecho de que la creciente impunidad de los grupos delictivos, ha alentado y propiciado un incremento de la violencia que afecta cada vez a más ciudadanos y más sectores de nuestra sociedad.

Tercero. Demandamos al Gobierno del estado de Guerrero y al Gobierno Federal, lleven a cabo, de manera exhaustiva, pronta y expedita, las diligencias e investigaciones que den por resultado el esclarecimiento del asesinato del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz, y la aprehensión y enjuiciamiento de los responsables materiales e intelectuales de este crimen.

Asimismo, demandamos que en coordinación con los tres niveles de gobierno, se instrumenten de inmediato las acciones tendientes a disminuir la situación de violencia que ha afectado a la sociedad del estado de Guerrero.

Cuarto. Hacemos un llamado al Ejecutivo Federal y al Poder Judicial, para que en unidad y coordinación con el Poder Legislativo, se trabaje conjuntamente para combatir la grave situación de inseguridad que priva en el país, y con ello proteger a la ciudadanía, a las instituciones nacionales, así como a quienes las integran.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia;Diputado Jorge Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias. El diputado Cuauhtémoc Salgado, tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos.

El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero:Señor presidente, pido, antes de iniciar mi intervención, me puedan conceder otros tres minutos.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De acuerdo, señor diputado.

El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero:Gracias. Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados, hago mi intervención en esta tribuna sin autorización alguna de miles de mexicanos que durante los últimos años han perdido la vida por la principal causa, que es la violencia que impera en este pobre país.

Han muerto niños, jóvenes, adultos, ancianos, gente del campo, gente de la ciudad, profesionistas, comerciantes, empresarios, periodistas, seres humanos con religión y sin religión, todos con un proyecto de vida, mismo que les fue truncado por este cáncer que ha invadido al territorio mexicano.

Lo más importante son las vidas que se han perdido. Se han encontrado miles de cuerpos; sin embargo, hay otros miles que lamentablemente no se han localizado, pero de los que se presume también que han sido víctimas de esta violencia.

Algo más que se suma a esta ola generalizada son los secuestros, extorsiones y ya no tan sólo a los grandes empresarios. Hoy son víctimas todos los ciudadanos sin importar su condición política, económica, social o religiosa.

Hoy la delincuencia está tomando caminos inimaginables. Lamentablemente estamos en el país en donde todos los hechos para las autoridades son aislados, en donde a todo lo sucedido se le da una concepción equivocada, en donde parece que los ciudadanos tienen que seguir soportando la ineficiencia de las autoridades responsables, en donde tienen que seguir callando, porque el gobierno cree que las acciones emprendidas son las correctas; porque creen que los ciudadanos, las organizaciones y todo tipo de representantes populares carecemos de conocimientos. Por eso, no somos escuchados.

Hace unos momentos, se pidió un minuto de silencio por la muerte de nuestro compañero, el diputado federal Moisés Villanueva de la Luz. Desde esta tribuna me corresponde pedir, a nombre de su esposa Lucía, de sus cinco hijos, de su padre, de sus hermanos, de sus amigos y de mis compañeros diputados federales, y de todos los priistas que lo conocimos, que este crimen se investigue, sin menospreciar ninguna línea que conduzca a su esclarecimiento.

Estamos depositando la confianza en la Procuraduría General de la República, pero esto no exime la coadyuvancia que debe de realizar la Procuraduría del Estado de Guerrero. Sabemos que en nuestro estado, Guerrero, la situación es crítica, tanto así que en estos momentos está considerado el estado más violento del país.

Las políticas utilizadas por el gobierno del estado han sido completamente erráticas y sin resultados. A ello se suma la actitud del gobernador Ángel Aguirre, de no escuchar y menos recibir a los representantes populares, como en el caso particular de los diputados federales guerrerenses, del PRI, quienes en tres ocasiones le solicitamos una audiencia; la primera de ellas fue el 25 de agosto del presente año, la cual tenía como fin tocar los temas que nuestros representados nos han hecho en nuestros distritos acerca de la inseguridad que se vive en las regiones.

Las otras dos, respecto a la desaparición de nuestro compañero Moisés Villanueva, quien lamentablemente desapareció el día 4 de septiembre y fue hasta el día 17 del mismo mes que apareció vilmente asesinado, con todas las agravantes de ley. Dichas peticiones de audiencia nos fueron negadas también.

Pero no somos los únicos a los que se nos ha privado de este derecho de audiencia, también hay miles de maestros pidiendo ser escuchados en estos momentos por el gobernador del estado, pero la respuesta ha sido la misma.

Es público lo que está viviendo el sector educativo en Guerrero: escuelas cerradas porque no hay garantías de seguridad para los docentes y para los alumnos; pero tal parece que la visión que tiene el gobernador es que todo está bien en Guerrero.

Ángel Aguirre sí se preocupa por la seguridad, sí; pero por la seguridad de él, de su familia y de sus funcionarios. Por todos es sabido el amplio número de elementos de seguridad que tienen bajo su cargo cada uno de ellos. Le pregunto, señor gobernador: La seguridad de los ciudadanos guerrerenses, ¿para cuándo?

Lo invitamos a usted, señor gobernador y a su gabinete, a una gira por nuestras regiones, pero sin escoltas para que sienta lo que nosotros sentimos cada vez que vamos en carretera y somos interceptados por los grupos armados.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Concluya, por favor, señor diputado.

El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero:Hoy los políticos debemos reconocer que tenemos miedo ante lo que estamos viviendo, pero no hay porque tomarlo como un acto de cobardía, al contrario, es todo un acto de valentía.

A los legisladores nos critican que hacemos leyes fáciles, que el problema es gobernar, pero más complicado es, en estos tiempos, querer hacerlo con un solo criterio, pensando que tienen la verdad absoluta.

Señores gobernantes, no hay que quedarnos atrapados en el tiempo, anclados en algo que no nos permita continuar evolucionando. No hagamos honor a la frase que nos atribuyen, que los políticos hacemos imposible lo posible. Ya los ciudadanos no queremos en este México la gran...

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado, le fueron concedidos tres minutos adicionales que usted solicitó. Por favor, cumpla con el plazo que ya excedió.

El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero:Termino, señor presidente. Pedimos a todos profesar la unidad, es el único camino certero que nos queda para volver a la tranquilidad deseada y formar parte del consuelo de todas esas familias que lloran la ausencia de sus seres queridos.

Descansen en paz todas las víctimas. Descanse en paz nuestro amigo y compañero, el diputado Moisés Villanueva de la Luz. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Hace uso de la palabra, el diputado Enrique Ibarra.

El diputado Gerardo Sánchez García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Gerardo Sánchez.

El diputado Gerardo Sánchez García(desde la curul): Presidente, solicitarle muy atentamente, en razón de la naturaleza del tema de un compañero cenesista que falleció y por supuesto, el agravio a la sociedad en su conjunto, que pidiéramos la tolerancia de los oradores, porque realmente es un homenaje a este compañero y es la última vez que estará con nosotros presente y que sea un homenaje.

Suplicándole, señor presidente, que se dé el tiempo necesario para que los oradores participen en torno al recuerdo de un legislador que ha sido agredido y que desde luego, está ausente en esta Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Don Gerardo, tan hubo tolerancia por parte de esta Mesa, que al pedir el orador 3 minutos adicionales, le fueron obsequiados.

Si él hubiera requerido más tiempo lo debió haber expresado a la Mesa, para que todos los miembros de la asamblea tengan conocimiento del tiempo del que dispone el orador, en beneficio del derecho de cada una de las señoras y de los señores diputados. Muchas gracias.

El diputado José María Valencia Barajas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sí, señor diputado.

El diputado José María Valencia Barajas(desde la curul): Presidente, ante los lamentables hechos en el marco de inseguridad que vive la nación. Sí pediría a los diputados que están tomando la palabra sobre el caso, que dejen de un lado lo político y se basen solamente a los hechos y a las circunstancias de inseguridad que privan en el país, y no hagan ataques de tipo político y no aprovechen la tribuna para eso. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El diputado Enrique Ibarra ha solicitado dos minutos adicionales, mismos que le son concedidos.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza:Señoras y señores diputados. Los legisladores del Grupo Parlamentario del PT lamentamos el asesinato de nuestro compañero legislador Moisés Villanueva de la Luz, acaecido en días recientes en el estado de Guerrero.

Es en esa entidad en donde la violencia promovida o tolerada por los distintos órdenes de gobierno ha sido un factor que afecta por igual a todas y todos los habitantes. En esta ocasión la víctima, Moisés Villanueva de la Luz.

Desde tiempos ancestrales los pueblos mixtecos, nahuas, amuzgos y tlapanecos, han sufrido el despojo, la persecución y la represión por parte de grupos de poder económico. Lo que ha generado un alto nivel de emigración y desplazamiento; en especial, en La Montaña de Guerrero, donde se cometió este crimen, la zona de más alta marginación a nivel nacional se ha entrecruzado el flagelo de la pobreza y el abuso permanente de las autoridades.

Antes con el pretexto de la contrainsurgencia, ahora amparados en la campaña regresiva contra el crimen organizado, los gobiernos federales del PRI y del PAN buscan disuadir la protesta social y la defensa de los derechos de las personas y de los pueblos, y así fortalecer los cacicazgos criminales mientras abren la puerta a las grandes empresas nacionales y extranjeras que buscan apoderarse de la riqueza natural y humana de los pueblos de Guerrero.

Recordemos la persecución oficial contra los compañeros de Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua. Recordemos, también, la insistencia en imponer el proyecto hidroeléctrico de La Parota, y en las concesiones mineras de La Diana y Corazón de Tinieblas, que violan el derecho de los pueblos, ejidos y comunidades a disfrutar y decidir sobre el destino de su patrimonio, además de la utilización ilegal de las Fuerzas Armadas para intimidar y reprimir a la población. En Guerrero han operado con plena libertad los grupos paramilitares y parapoliciales; es por ello que en un contexto de corrupción, pobreza y arbitrariedad, el crimen organizado ha podido expandir sus redes en esa entidad.

Hoy no sabemos bien quiénes son los responsables materiales e intelectuales del cobarde asesinato de nuestro compañero diputado Moisés que hoy lamentamos, como tampoco sabemos nada sobre el homicidio de nuestro compañero diputado federal suplente del PT de esta Legislatura, Rey Hernández, quien fue asesinado recientemente en Ometepec ni tampoco los homicidios de los activistas Quetzalcóatl Leija, Raúl Lucas o Manuel Ponce, o recientemente las señoras Reina e Isabel Ayala, quienes perdieron la vida en una incesante campaña de acoso contra la familia del extinto luchador social Lucio Cabañas.

Las decisivas sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a los casos de Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, todos ellos guerrerenses, se encuentran en el más deplorable incumplimiento por parte de los poderes públicos, incluida esta Cámara de Diputados.

No seamos cómplices en el círculo vicioso de la impunidad que permite la reproducción de conductas delictivas en Guerrero, rechacemos la violencia de Estado como la solución para lograr una paz duradera en la región. Emprendamos una campaña por el desarrollo y a favor de los derechos sociales, políticos, económicos y culturales, antes de que tengamos que lamentar la muerte de más guerrerenses.

Ese sería el mejor homenaje que podríamos tributarle a la memoria de nuestro compañero legislador Moisés Villanueva de la Luz, a la memoria de nuestro compañero petista, el ex diputado y presidente municipal Rey Hernández y a tantas y tantos guerrerenses. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Hace uso de la palabra el diputado Ilich Augusto Lozano Herrera.

El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera:Presidente, antes de iniciar le solicitaría la extensión de tiempo, igual que fue concedido a los demás legisladores.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: ¿Por cuánto tiempo, señor diputado?

El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera:Tres minutos más, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Obsequiados. Adelante.

El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera:Muchas gracias. En primer lugar, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a través de mi conducto, manifiesta que se encuentra en total acuerdo con las diferentes fracciones parlamentarias, que le piden a un gobierno perredista aclarar el caso. Por supuesto, y lo mínimo que deberíamos solicitar los legisladores federales es que este caso se atienda por el gobierno del estado de Guerrero, pero también les queremos decir que queremos que se replantee el tema de seguridad a nivel nacional.

El tema de Guerrero no es un caso aislado; el tema de Nuevo León no es un caso aislado. Hoy sin duda lamentamos que haya fallecido un legislador federal, un representante popular de esta máxima soberanía, pero no es un caso que sea un tema exclusivo del gobierno del estado de Guerrero; por eso no compartimos, y lo decimos respetuosamente, que en este marco de luto que tenemos en la Cámara de Diputados empecemos a politizar un tema que se debiera traer con toda la responsabilidad.

No queramos encontrar culpables a raíz de una persona o de un gobernante, ellos no son los únicos responsables de que este caso se atienda. Ellos tendrán que coadyuvar. Se ha mencionado en los medios de comunicación que el propietario de esta diputación había sido una línea de investigación y creemos que es muy adelantado hacerlo. Por supuesto que el gobierno del estado, a través de su procuraduría, tendrá que investigar si ésta es una línea de investigación, pero tendrá que estudiar muchas líneas de investigación más para que éste, claro, tenga una respuesta pronta y contundente.

Tenemos casos, como ya los había mencionado el diputado Juan Enrique, por supuesto que tenemos el caso del presidente del Congreso, Armando Chavarría Barrera, que hasta el día de hoy no se ha podido esclarecer, pero en ningún momento, de manera irresponsable, se ha salido a culpar a ninguna fracción parlamentaria.

Por supuesto que está el caso de Rey Hernández, por ser representante popular y de muchos otros casos en el estado de Guerrero, pero lo que nosotros planteamos es: la coordinación de los tres niveles de gobierno para la resolución de este caso y para la atención de la ola de violencia que vive el estado de Guerrero, pero sobre todo que replanteemos la estrategia de seguridad en materia del próximo presupuesto que tiene esta Cámara de Diputados.

Si nosotros empezamos a generar empleo, si le empezamos a dar alternativas a los jóvenes para que decidan en dónde quieren estar; si esta Cámara de Diputados entiende que los jóvenes están entrando en el crimen organizado entre los 18 y los 24 años y si además reconocemos que hay siete millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que están entrando al crimen organizado, entonces partamos del planteamiento de un presupuesto que reconozca la ola de inseguridad que hay en Guerrero, pero que también la hay en Nayarit, en Nuevo León y en la gran parte de los estados de la República.

Por eso nosotros hacemos el llamado por supuesto al gobierno del estado de Guerrero, hacemos el llamado por supuesto a la PGR, que pueda atraer el caso y que pueda investigarlo de manera conjunta; que se cree también una fiscalía especializada que pueda atender el caso del diputado Moisés Villanueva y que pueda también, entonces, esclarecer toda esta ola de violencia, pero sin duda queremos despojar y queremos pedir que se puedan retirar esos comentarios donde se le acusa al gobernador del estado de no atender el caso. Creo que el gobernador del estado ha hecho una política responsable en el estado de Guerrero.

Se está intentando, la última reunión que hubo en la Secretaría de Gobernación con el propio secretario de Gobernación y con el gobernador y los funcionarios del estado de Guerrero, haciendo un llamado a la atención, que por supuesto está viviendo La Montaña en Guerrero, pero que también está viviendo el municipio que nos da de comer a todos los guerrerenses como lo es Acapulco y también para que se atiendan todos los municipios del estado donde hay problemas de inseguridad.

Pero replantear, ¿entonces, qué estamos haciendo desde esta Cámara? No tan sólo aventemos las pelotas a los gobiernos estatales, porque lo mismo pasó en Nuevo León y no estamos acusando, desde el PRD, al gobierno de Nuevo León, y seguramente con esta oleada de violencia podrá haber más casos.

Lo que también queremos es que desde los gobiernos se les esté dando la protección, por supuesto, a los representantes populares que están legislando porque estas condiciones de inseguridad en el país cambien.

Por eso, queremos reconocer la importancia que tiene, desde todos los niveles de gobierno, atender este caso y sobre todo, compartir la pena que hoy embarga a la familia del diputado Moisés Villanueva y por supuesto, compartir la pena que hoy embarga al Grupo Parlamentario del PRI. Y enhorabuena, descanse en paz el diputado Moisés Villanueva. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Hace uso de la palabra, hasta por 3 minutos, el diputado César Octavio Pedroza Gaitán. El diputado ha solicitado un minuto adicional, mismo que le ha sido concedido.

El diputado César Octavio Pedroza Gaitán:Con la anuencia del diputado presidente. Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados, lamenta profundamente el sensible deceso del compañero diputado Moisés Villanueva de la Luz, cobardemente asesinado en días pasados en el estado de Guerrero. Desde esta tribuna enviamos nuestra sentida condolencia a su familia y a sus amigos.

Más allá del móvil para perpetrar estos actos atroces, debemos seguir poniendo el dedo en la llaga para señalar que es intolerable este clima de delincuencia de cualquier tipo, que ha hecho de la inseguridad uno de los problemas más graves que debemos atender.

No es posible que los mexicanos nos acostumbremos a ver este tipo de actos como algo normal. Es absolutamente impropio de una sociedad vivir con miedo, en una especie de paranoia colectiva, tristemente bien fundada y ceder los espacios de libertad y seguridad ante el crimen.

Debemos ser sensibles ante las voces que claman seguridad y justicia, ante la sociedad y los ciudadanos que demandan vivir en paz como un anhelo trascendente, y como legisladores de la República debemos actuar en consecuencia. Nosotros representamos la voz de nuestras comunidades a nivel federal; hacemos presentes las exigencias y los problemas, las necesidades de las poblaciones y de las más alejadas, así como de las cercanas, para poder darles respuesta y trabajar en su beneficio.

En Acción Nacional defendemos la vida como principio inmutable de nuestro ideario y quehacer político. Es por ello que de forma enérgica repudiamos estos hechos en Guerrero y urgimos a las autoridades a resolver de forma pronta y con apego a la ley tan infame homicidio.

Debemos pugnar porque el estado de derecho permanezca como el elemento toral de la convivencia entre los ciudadanos y que nunca se sacrifiquen nuestros derechos y libertades por el medio y la desesperanza. Hagamos de la cultura de la legalidad, de la seguridad y la justicia nuestra única causa política y ciudadana para recuperar la tranquilidad y el respeto entre los mexicanos.

Que este crimen, como muchos otros, no quede impune ni hoy ni nunca. El mejor homenaje a nuestro compañero diputado Moisés Villanueva es y será no politizar su muerte; es y será refrendar nuestro compromiso de luchar sin matices de partido para recuperar la paz y la armonía en nuestra nación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Están registrados para hablar en torno a este tema dos diputados más en el siguiente orden: el diputado Gerardo Fernández Noroña y el diputado Juan Gerardo Flores. Al terminar ambos preguntaré a la asamblea si considera suficientemente discutido el punto. Hace uso de la tribuna el diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Pediría si me concediera el mismo tiempo que mi antecesor, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: ¿Cuánto tiempo requiere adicionalmente?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: El mismo tiempo de quienes me antecedieron, seis minutos en total, diputado presidente. Es probable que use sólo cinco, pero más vale.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muy bien. Adelante.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Compañeros diputados, compañeras diputadas, me parece que se está abordando mal el tema. Lamento que el comunicado que nos propone la Junta de Coordinación Política tenga el mismo tenor que el comunicado que en su momento se aprobó por el asesinato de las periodistas Yarce y González Trápaga. Insistí que no era un crimen más y aquí se votó como si fuera un acto de violencia que se dio en ese momento en la Ciudad de México.

En el caso del diputado Villanueva de la Luz la redacción pareciera que es un hecho de violencia más, un diputado que cayó víctima de una situación puntual. Creo que no es así. Creo que ni él ni el diputado Torres Cantú ni el diputado Bailey, que fue allanada su casa, ni una diputada local del PT en Baja California, que le quitó en un reten militar un general más de 100 mil pesos son hechos aislados. Son casos con diferente nivel de gravedad.

Dos compañeros han perdido la vida, ¿cuántos más tendrán que morir de esta Cámara asesinados para que digan que es un problema de fondo? ¿Tendrá que ser alguien de la Junta de Coordinación Política para que cimbre a la Cámara de Diputados, o tendrá que ser alguien de la Mesa Directiva, o tendrá que ser un significado opositor? ¿Quién tiene que morir más para que esta soberanía se pronuncie repudiando la política irresponsable de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que ha ensangrentado el territorio nacional? Son 50 mil muertos; 50 mil, compañeros y compañeras.

El diputado Villanueva de la Luz aparece con un nombre, no aparece como un número más; pero para las estadísticas frías de este gobierno es un número más, como fue un número más los niños Almanza en Tamaulipas. Ayer un problema de Tamaulipas: dos menores, uno muerto en los brazos de la madre.

Los centenares de niños asesinados en retenes militares; los jóvenes fusilados en Salvárcar, que sigue impune. Todo lo que está relacionado con la corrupción en los casinos y el narco. Las miles y miles de violaciones a derechos y a garantías constitucionales que diario sufren millones de mexicanos a lo largo y ancho del territorio nacional, ¿son cifras aisladas? ¿Son problemas puntuales? ¿Son dificultades excepcionales? No. Es una situación inaguantable. El pueblo de México ha dicho: No más sangre. Lo que debería decirse es: No más este gobierno inepto.

Ni siquiera se exige la renuncia de García Luna, ni siquiera se exige la renuncia de la procuradora general de la República. Debería exigirse, yo la exijo, la renuncia de quien usurpa la Presidencia de la República.

¿Esas renuncias resolverían el problema de violencia que hay en el país? No; pero es un paso necesario.

¿Qué tiene que suceder para que reaccionemos? ¿Qué tiene que suceder para que esta soberanía se vuelva en el verdadero contrapeso de un Ejecutivo de facto que ha ensangrentado el territorio nacional y que pide más dinero para la Policía Federal, más dinero para el Ejército, más dinero para la Marina? ¿Para que sigan allanando casas? ¿Para que sigan deteniendo sin orden judicial? ¿Para que sigan reteniendo más allá del plazo constitucional? ¿Para que sean torturados y asesinados ciudadanos en las zonas militares de este país? ¿Para que siga usando al Ejército como policía y se siga desprestigiando a esa institución de la República? ¿Para que se siga preparando para que participe en la represión hacia movimientos opositores?

¿Eso es lo que se quiere? ¿Eso es lo que vamos a seguir profundizando con nuestro silencio, con nuestra complacencia frente a semejante tragedia que se está viviendo a lo largo y ancho del territorio nacional? Vuelvo a apelar a su conciencia. Si los diputados no están seguros, ¿quién va a estar seguro en este país? Ya hay quien está diciendo que andemos armados, que andemos con escolta. Es ridículo el planteamiento.

Todo mundo tiene derecho a andar seguro en este país y nadie tiene esa garantía; como no tiene garantía de empleo, como no tiene garantía de educación, como no tiene garantía de salud, como no tiene garantía de nada. El Estado mexicano ha abdicado a sus responsabilidades fundamentales. Este Poder del Estado mexicano es complaciente con un tipo irresponsable e inepto, corrupto, hipócrita y mentiroso que tiene ensangrentado el territorio nacional.

Me rehúso a convalidar este silencio. Me rehúso a la simulación de un documento que no va a la raíz del problema. Denuncio desde esta tribuna la complacencia de las cúpulas de los partidos mayoritarios en ella.

No puede ser que sigan siendo asesinados compañeros y se diga: que se investigue, que se sancione, que se llegue hasta las últimas consecuencias, que se aplique la ley. Por favor, no hay ley en este país, no hay justicia, no hay igualdad, no hay responsabilidad, no hay rendimiento de responsabilidades. Es una simulación absoluta, es una vergüenza de poder público. Es inaceptable lo que está pasando en este país. No debemos tolerarlo más. Exijo a la Junta de Coordinación que retire su documento de marras, totalmente tibio, ligero, irresponsable, fatuo y exijo que se empiece a hacer justicia en este país y exijamos la salida de quien usurpa la presidencia de la República. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra hasta por tres minutos el diputado Juan Gerardo Flores.

El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez:Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, acudo a esta tribuna para hablar a nombre de mi grupo parlamentario del cobarde asesinato de un mexicano más, de otro asesinato que no debió ocurrir, del vil asesinato de un mexicano, que en este caso ostentaba el honroso cargo de diputado federal y cuyo cuerpo fue hallado el pasado 17 de septiembre en el municipio de Huamuxtitlán, Guerrero, en compañía de Erick Estrada Vázquez, su chofer.

A partir de la noticia de su desaparición el día 4 de septiembre, conocimos de diversas hipótesis sobre el hecho. Hoy de manera preocupante en los medios se mencionan hipótesis que involucrarían incluso a personajes de la vida pública de esa entidad.

Es importante que las autoridades de procuración de justicia del estado de Guerrero, conjuntamente con la Procuraduría General de la República, lleven a cabo las investigaciones para esclarecer lo sucedido y se ejerciten las acciones penales correspondientes, a fin de castigar a los responsables. No podemos seguir tolerando la impunidad que ha rodeado la muerte de muchos guerrerenses.

Diputadas y diputados, el asesinato de nuestro compañero Moisés Villanueva de la Luz y de Erick Estrada Vázquez, es una muestra de la barbarie en que todo el país se encuentra sumergido y en donde se pone de manifiesto la necesidad de que todas las fuerzas políticas del país actuemos ya de manera responsable y pronta para lograr devolver a la nación la seguridad que reclaman y que es necesaria para el desarrollo del país.

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde, en esta soberanía, compartimos la indignación y el dolor que embarga a las familias guerrerenses que a diario sufren la violencia y la pérdida de seres queridos.

También exigimos al gobierno del estado de Guerrero para que lleve a cabo la investigación correspondiente, más allá de cualquier cuestión partidista.

Compañeras y compañeros diputados, es indispensable que no sólo este hecho trágico y vil en contra de un diputado federal, también todos y cada uno de los hechos de violencia que han tenido lugar en nuestro país nos haga actuar sin demora y con valentía para dotar de las herramientas necesarias al Estado mexicano para su lucha contra el crimen; para que éstos y todos los homicidios que a diario ensangrentan la patria no queden impunes ni se repitan. Pero, al mismo tiempo, para exigir al Ejecutivo federal que revise con seriedad su ya muy costosa estrategia, ya muy costosa en términos de vidas de mexicanos.

Que descansen en paz, nuestro compañero, el diputado Moisés Villanueva de la Luz, y su chofer, Érick Estrada Vázquez. Un abrazo solidario a sus familias y un abrazo solidario también a mis compañeros de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba este acuerdo.

El diputado Pedro Ávila Nevárez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Don Pedro, si es para este asunto no le puedo dar el uso de la palabra, porque anuncié claramente que faltaban dos oradores y en seguida la asamblea decidiría si se ampliaba o no la ronda de oradores. Consulte la Secretaría a la asamblea.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: En votación económica se consulta a la asamblea si considera que está suficientemente discutido el tema. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado. Comuníquese.

El segundo acuerdo enviado por la Junta de Coordinación Política a esta Presidencia tiene que ver con la violación de los derechos humanos sufrida por nuestro compañero diputado Eduardo Bailey y su familia. Ruego a la Secretaría que dé lectura al acuerdo de la Junta.

DIPUTADO EDUARDO ALONSO BAILEY ELIZONDO Y FAMILIA

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:  «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se hace un enérgico exhorto a la Secretaría de Gobernación, como responsable del Gabinete de Seguridad Nacional del gobierno federal, y como encargada de coordinar a las instancias que participan en operaciones en todo el país, a efecto de que vigile que estas se realicen con estricto apego al estado de derecho

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, numeral 1, incisos a) y b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión expresa su más enérgico rechazo a la realización de operaciones de cateos realizados sin orden de la autoridad competente, en agravio de ciudadanos, como el presentado el 15 de septiembre pasado que afectó al ciudadano y diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo y su familia.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un enérgico exhorto a la Secretaría de Gobernación, como dependencia responsable de coordinar al Gabinete de Seguridad Nacional del Gobierno Federal, y por tanto, como responsable de articular los esfuerzos de las entidades y dependencias de la administración pública federal en la materia, para que vigile que los operativos que se realicen, se conduzcan con estricto apego al Estado de derecho y se respeten en todo momento las garantías individuales que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a todos los ciudadanos.

Tercero. Se solicita a la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados para que establezca contacto con las autoridades competentes para que este tipo de incidentes no vuelvan a repetirse en agravio de ningún ciudadano, incluyendo a los integrantes del Poder Legislativo Federal.

Se designa a un Grupo Plural de diputadas y diputados integrado por representantes de todas las fuerzas políticas con representación en esta Cámara para que acuda ante las autoridades competentes a efecto de entregar, de manera personal y directa, el presente acuerdo y la versión estenográfica de las intervenciones de las diputadas y diputados federales que se expresen en relación con el mismo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia;Diputado Jorge Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se han registrado los siguientes oradores: el diputado Eduardo Alonso Bailey, el diputado Pedro Vázquez González y el diputado Mario di Costanzo, Óscar, Avelino. ¿Quién más? Pablo. Tiene la palabra el diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo.

El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo:Con su permiso, diputado presidente. Quiero, en este pleno de la Cámara de Diputados, elevar mi más enérgica protesta ante los hechos ocurridos en contra de mi familia la madrugada del jueves 15 de septiembre en que personal de las Fuerzas Armadas se introdujeron en mi domicilio particular, en la ciudad de Monterrey, sin orden de cateo y sustentados únicamente, según sus propios dichos, en una denuncia anónima.

Es inaceptable la realización de estos operativos basados únicamente en denuncias anónimas, sin ser acompañadas de una investigación que sustente su actuación o sin un trabajo de inteligencia previo.

En el caso del allanamiento a mi domicilio la madrugada del jueves, a las 5:30 de la mañana, se presentaron 33 elementos de la Secretaría de Marina, rodeando mi casa; se introdujeron golpeando con arietes la puerta; amagaron con armas largas a mi señora esposa y a mis dos hijos varones, menores de edad, durante 25 minutos. Mismos que con prudencia y valor mantuvieron la ecuanimidad, que esto en buena medida permitió que no sucediera alguna tragedia mayor.

Al terminar el cateo sólo se disculparon, señalando que se trataba de un error, producto de una llamada anónima, denunciando una fiesta con gente armada.

Entendemos que se están realizando acciones de seguridad pública por elementos de las Fuerzas Armadas ante la creciente presencia del crimen organizado en las calles, pero estas acciones deben ser apegadas a derecho, cuidadosas; por lo que debe de estar por encima del combate al crimen organizado la tranquilidad de los ciudadanos y la legalidad de las acciones con que se realizan estos operativos para combatir este flagelo. Estas llamadas anónimas no pueden ser el elemento que sustituya a los procedimientos legales y a las acciones de inteligencia de quien está realizando esta clase de operativos.

Estoy consciente que en las condiciones actuales hay que combatir, por todos los medios, al crimen organizado. Lamentablemente, en una lucha que no pedimos los ciudadanos de este país, que no hemos pedido los mexicanos.

Sin embargo, dadas las cosas, entendemos las acciones del Ejército; entendemos las acciones de las Fuerzas Armadas, pero también manifiesto que estas acciones deben ser apegadas a derecho, con procedimientos claros que privilegien la inteligencia, la investigación y sin vulnerar la tranquilidad de los ciudadanos.

Es por ello que me manifiesto en esta tribuna, porque las acciones a realizar deben ser precisamente para dar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía. Acciones como las sucedidas a mi familia sólo provocan un sentido contrario.

Es por esto, y a nombre de muchas familias, que en el futuro deseamos que no tengan que padecer del trauma de esta clase de operativos, en el que por este conducto y en esta tribuna exigimos, y exijo al gobierno federal una explicación clara, pruebas contundentes, elementos inobjetables, que permitan demostrar que efectivamente se trataba de un cateo, producto de una llamada anónima. Tienen los elementos para hacerlo. Exijo que esa información se aclare.

Tengo 30 años de servicio público de carrera ininterrumpida, exijo que se respete la honorabilidad de los ciudadanos de nuestro país, como la de mi familia y la mía propia, que ha sido mancillada, pero sobre todo exijo que se revisen los procedimientos de actuación, tanto de las fuerzas de seguridad, como de todas aquellas de procuración de justicia, y en casos como éste, que se vaya más allá de la denuncia anónima para determinar su actuación y evitar –que es la preocupación más importante y debe ser la preocupación más importante de los legisladores– que otras personas sufran esta clases de atropellos.

Quiero, por otra parte, unirme a los compañeros que se han manifestado para que se esclarezcan de inmediato los hechos en los que perdió la vida nuestro compañero diputado por el estado de Guerrero, Moisés Villanueva de la Luz y de su chofer.

A nombre también de mis compañeros diputados federales por el estado de Nuevo León, a quien también aprovecho para agradecerles siempre su apoyo y solidaridad para con un servidor, en estos hechos tan complicados y difíciles.

Aprovecho también para agradecer la intervención oportuna de mi coordinador, Francisco Rojas, así como de muchos compañeros legisladores y amigos que se preocuparon por la seguridad de mi familia y de mi persona.

Señor presidente, esta lucha en contra del crimen organizado es de todos porque lamentablemente todos estamos ya inmersos en ella, aunque no la hayamos pedido los mexicanos.

Por eso exigimos que ejerza usted el liderazgo en busca de la unidad, que lleve a cabo esta dura y difícil tarea por bien de los mexicanos. No permitamos que nuestros conciudadanos caigan en la desesperanza, que quienes tenemos responsabilidades públicas pasemos a las páginas oscuras de la historia. Unamos esfuerzos, superemos esquemas que sólo pretenden repartir culpas y caminemos juntos para atender este justo reclamo de la sociedad, para vivir en un clima de tranquilidad y de paz social. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Hace uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Pedro Vázquez González. Cuatro minutos.

El diputado Pedro Vázquez González:Señor presidente, con su venia. Compañeras y compañeros legisladores, la madrugada del 15 de septiembre, 30 elementos de la Marina mexicana irrumpieron, sin que mediara orden de cateo, violentando las puertas y sometiendo a la esposa y a dos menores, hijos de nuestro compañero Eduardo Bailey, legislador por el estado de Nuevo León, amagándolos con armas de alto poder.

Los militares, al no encontrar lo que supuestamente habían denunciado por una llamada anónima —no sabemos qué habrían buscado ahí en la casa del diputado—se retiraron con un disculpe usted.

Es de imaginarse el pánico y la zozobra que causaron a la familia cuando este domicilio fue allanado a las 5, casi 5 de la mañana. Todo esto sin saber a qué atenerse ni el por qué de este acto autoritario de los marinos.

Nuestro compañero legislador denunció los hechos ante las autoridades federales, concretamente ante los secretarios de Gobernación, de Seguridad Pública y al  Ejecutivo federal, exigiendo el esclarecimiento de estos lamentables acontecimientos. A la fecha no tenemos noticia de que alguna autoridad de las señaladas se haya pronunciado definitivamente al respecto.

Se dice, sin comprobar, que en el cuartel general de la Marina se giraron instrucciones a las fuerzas desplegadas en el área de Monterrey para llevar a cabo las investigaciones del caso.

La PGR no ha iniciado investigaciones algunas lo que amerita esta grave violación a los derechos humanos del legislador y de su familia. Más aún, a pesar de contar con el fuero que su representación política le confiere, para las Fuerzas Armadas no existe ninguna limitación para irrumpir, como lo hicieron en la casa de nuestro compañero diputado Bailey.

Dato importante sobre el particular es el correspondiente a que en el Código de Justicia Militar estas conductas son tipificadas, según el artículo 101, fracción I, como intencionales. Esto significa que la conducta señalada una vez que se compruebe, en su caso, deberá de ser sujeta a la penalidad que establezca el propio Código de Justicia Militar, en comento.

Esta soberanía está en proceso de dictaminar la minuta que contiene la iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional que el Senado de la República nos envió y que la Comisión de Gobernación, así como las comisiones de Defensa Nacional y de Derechos Humanos, se encuentran discutiendo la procedencia de las modificaciones o adiciones que correspondan.

Precisamente uno de los puntos torales de la minuta sujeta a discusión, es lo que se refiere a la discrecionalidad con la que se pretende dotar a las Fuerzas Armadas permanentes que caería, y lo estamos viendo en este caso desafortunadamente, la reiterada violación de los derechos humanos a todos los ciudadanos mexicanos, al margen de que cuenten o no con el fuero federal que nuestra Constitución otorga a todos los mexicanos.

Los operativos de los militares sin orden de cateo es una práctica recurrente que la milicia mexicana lleva a cabo sin reticencia alguna, que insistimos: no puede ser tolerada ni aceptada bajo ninguna condición.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo ha sido y seguirá siendo un férreo opositor de la aprobación de leyes como la que acabo de comentar, se demuestra claramente la posibilidad de las violaciones a los derechos humanos y esto significa deterioro grave en la vida de los ciudadanos de nuestro país.

En esta ocasión fraternalmente nos unimos a las demandas que justamente ha presentado nuestro compañero legislador y que no se detenga hasta que se llegue a las conclusiones que acrediten quiénes son los verdaderos culpables del ilícito que representan estos hechos narrados. Es cuanto; por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Mario di Costanzo, hasta por tres minutos.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Con su venia, presidente. ¿Por qué estoy en contra? Porque ya basta que este Congreso esté dando exhortos timoratos.

Mi solidaridad para el diputado Bailey. Pero les recuerdo que hace menos de una semana aquí estábamos discutiendo una reforma a la Ley Orgánica de la Armada, que le daba discrecionalidad, que tuvimos que tomar la tribuna para que muchos de ustedes entendieran lo grave que se estaba aprobando.

Muchos no lo entienden todavía y esta Cámara quiere reformar, quiere solucionar este problema de la violación de derechos humanos por las Fuerzas Armadas, de la violación a la privacidad de las personas, con exhortos. Me parece indignante.

No actuamos como un Poder, actuamos una vez más como una ventanilla subordinada del Ejecutivo. Ya basta. Por menos de eso deberíamos de haberle exigido la renuncia al secretario de Marina y a todo el gabinete de seguridad pública, pero nos da miedo. Nos da miedo, porque, ¿qué va a pasar después con las concesiones que pidamos? ¿Con la veredita? ¿Con el camino? ¿Con el presupuesto? Ya basta, compañeros, dejemos de estar fingiendo que somos un Congreso. Dejemos de estar fingiendo que somos el Poder Legislativo. Paremos esta masacre.

Ustedes no saben hasta dónde quiere llegar Felipe Calderón con esta política del miedo, con esta política de asesinatos, de muerte. Nosotros nos estamos haciendo corresponsables al no ponerle un alto.

Ya basta. Exijamos la renuncia. Dejémonos de estos exhortos timoratos que no llevan al país más que a la ruina. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Hace uso de la palabra el diputado Pablo Escudero, hasta por 3 minutos.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias, presidente. En un sentido es un pronunciamiento del Partido Verde y una reserva al acuerdo que creemos que es importante que se incluya en este acuerdo.

Los acontecimientos del jueves 15 de septiembre, en la ciudad de Monterrey; la intervención sin orden de cateo, derivada de una supuesta denuncia anónima, nos obliga a reflexionar respecto de las facultades que le hemos dado al Ejecutivo para combatir al crimen organizado. Repito, facultades para combatir al crimen organizado y no a los ciudadanos.

Tendremos que reflexionar y hacer un análisis serio de rendición de cuentas para determinar si el Ejecutivo sigue con estas facultades que nosotros le dimos, incluyendo la figura del arraigo, o será necesario hacer un alto en el camino para retirarle estas facultades, que insisto, nosotros le hemos dado. Ni un paso atrás en el respeto a los derechos humanos. No sería correcto.

Nuestro más sentido respeto y solidaridad al diputado Bailey y a toda su familia.

Quisiéramos proponer como reserva, señor presidente, que no está incluido en el acuerdo, que exigimos una disculpa pública del gobierno federal, que se inserte en los medios estatales y municipales, para salvaguardar el honor y reparar el daño moral que se le ha causado a la familia de un diputado honorable de esta Cámara de Diputados. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene el uso de la palabra, hasta por 3 minutos, el diputado Óscar González. Ya registré al diputado Alejandro Encinas.

El diputado Óscar González Yáñez(desde la curul): Gracias, señor presidente. Voy a hacer uso desde aquí, desde mi curul, dado que 3 minutos no tiene sentido subirse, bajarse, pero bueno.

Quisiera hacer una reflexión más allá del tema de seguridad. Ya llevamos dos compañeros diputados asesinados, dos. En el país llevamos 32 presidentes municipales, 32. De todas las fracciones parlamentarias, de todos los partidos, bajo todo tipo de gobiernos.

En el caso particular de nuestros compañeros, y en el caso particular de nuestro compañero Bailey, que le irrumpieron en su casa, lo que un servidor alcanza a percibir, señor presidente, es la violación de un Poder hacia otro Poder.

Nosotros vivimos en un sistema republicano, de equilibrio de Poderes, cuando uno de estos Poderes está vulnerable ante el otro Poder se rompe un sistema republicano, se rompe. Eso lo define perfectamente nuestra Constitución. De ahí viene el origen de darles fuero constitucional a los que pertenecemos al Congreso de la Unión, pero esto no ha sido suficiente y se va a convertir esto en una escalada de rompimiento de un sistema republicano.

Le pediría a usted que respetuosamente le diga a los compañeros —lo digo también yo con mucho respeto— de la Junta de Coordinación Política que evidentemente un exhorto no alcanza. Lo que está en riesgo es un sistema republicano.

Si nosotros rompemos ese esquema republicano, ¿quién va a regular al Ejecutivo y quién lo va a vigilar? Entonces, caeríamos exactamente en lo que nadie quiere, en una dictadura de un solo Poder.

Le pediría, presidente que usted hiciera uso de su facultad que le otorga la Constitución para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos mexicanos, pero también la seguridad de los que pertenecemos a este Poder y que somos responsables de ser los garantes de la regulación del otro Poder, que ésa es la reflexión que le quiero hacer, amén de la solidaridad hacia las familias y a nuestro querido compañero diputado Villanueva y a nuestro querido compañero Bailey, que ellos tienen la fortuna, igual que nosotros, de poder estar hablando aquí.

Quisiera hablar a nombre de millones de mexicanos que son millones de mexicanos sin voz. Imagínense qué pasa por la mente de un ciudadano que le dicen: ¿Si eso le hacen al presidente, si eso le hacen al diputado, qué me podrán hacer a mí? Todo. Esto solamente abona a la intranquilidad de un país y la intranquilidad de una sociedad.

Le insisto, presidente, le haría el llamado respetuoso —porque sé de su calidad moral y sé de su conocimiento constitucional, y que votamos por usted como presidente de esta Cámara de Diputados— a que usted sea el garante ante otro Poder de garantizar la seguridad de todos los compañeros diputados.

Nada de exhortos y a ver si me atiende y cómo va la investigación. No, señor. Se tiene que garantizar la seguridad de los compañeros legisladores para que cumplan su tarea y su responsabilidad que es ser representantes populares del pueblo de México. Es lo que tenemos que hacer, y parar esta escalada.

Si esto no nos estremece, ¿entonces qué? ¿Qué esperamos? Que ahora sea el coordinador de una bancada. Que ahora sea otro compañero de otro nivel. ¿Cuándo lo vamos a detener? ¿Cuándo vamos a detener esto? Tenemos que empezar por algún lado.

Le pediría que empezáramos desde aquí, y usted tiene esa gran responsabilidad, que hasta donde entiendo usted la entiende perfectamente. Le pediría que ejerciera sus facultades plenamente ante otro Poder; que exijamos un respeto de Poder a Poder y fortalezcamos un sistema republicano que le dé garantías a todos los mexicanos. Esa sería mi opinión. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Ruego a la Secretaría tomar nota de esta petición. Señor secretario, le ruego tomar nota de esta petición para formular el oficio que signaré y dirigiré al secretario de Gobernación.

Recuerdo que cuando creamos el Consejo Nacional de Seguridad, había representantes del Poder Legislativo como integrantes no supeditándonos a la acción del Ejecutivo, sino como fiscalizadores, que es la segunda vertiente de nuestra acción, de esa importante función del Poder Ejecutivo. Solamente siembro frente a ustedes esa idea de, en su momento, poder presentar una iniciativa de reformas para que el Consejo Nacional de Seguridad tenga también representantes de ambas Cámaras en carácter de fiscalización.

Tiene el uso de la palabra don Pedro Ávila Nevárez.

El diputado Pedro Ávila Nevárez:Con su permiso, señor presidente. Hemos estado escuchando las intervenciones de todos los compañeros diputados, hace unos minutos, en relación con la muerte del compañero Moisés Villanueva; y hace tiempo con la muerte del compañero Rodolfo Torre Cantú; y ahora con el allanamiento de la casa de nuestro compañero diputado Eduardo Alonso Bailey. Todos ellos son miembros de nuestro partido, del Partido Revolucionario Institucional. Todos ellos han caído, porque son gente que ha sabido defender las instituciones de México.

He escuchado a todos los compañeros con suma atención y creo que los diputados, sean del PAN, sean del Verde Ecologista, del PRD, de Convergencia, todos somos representantes de la nación, y aquí, en el Congreso de la Unión, es el único lugar donde se ventilan las palabras de los representantes de la patria.

Por eso quieren intimidarnos; quieren meternos miedo; quieren que los diputados seamos unos castrados, unas gentes que no tengamos el suficiente valor para poder señalar los yerros que se están cometiendo.

Creo que en estos momentos difíciles —como decía el diputado que me antecedió en el uso de la palabra—, es necesario ya que se haga una revisión, porque el Poder Legislativo —que lo sepa Calderón y que lo sepan todos los representantes de las Fuerzas Armadas— somos el único Poder que puede quitar a un presidente de la República. Que lo sepan bien y que lo oigan bien.

Que no busquen tanto, porque el Poder Legislativo es el único que según la Constitución, puede quitar al presidente de la República.

Entonces que Calderón haga lo propio y que dicte las órdenes y que dé una explicación al Congreso de la Unión, porque nosotros somos el pueblo de México, somos los representantes de todo el pueblo de México que está en las colonias, que está en los ejidos, que está en todos lados de México y venimos aquí a representar a este pueblo.

Que nos respeten y si no, nos hacemos respetar. Hagamos lo que tenemos que hacer, pero que Calderón sepa que el Poder Legislativo no va a permitir más asesinatos de nuestros compañeros. Gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Pido al diputado Avelino Méndez, haga uso de la palabra hasta por tres minutos. Entretanto llega a esta tribuna, saludo a los jóvenes del Bachillerato de San Miguel Allende, Guanajuato, invitados por la diputada Viviana Agundiz Pérez; y también a los invitados del diputado Jaime Oliva Ramírez, del municipio de Uriangato, estado de Guanajuato. Sean bienvenidos.

El diputado Avelino Méndez Rangel:Con su permiso, diputado Presidente. En primer lugar al igual que todos mis compañeros lo han mencionado, mi solidaridad y de mi grupo parlamentario para el diputado Eduardo Bailey, que fue objeto de este atropello.

Pero esto, compañeras y compañeros, no es otra cosa más que la muestra de algo que no se quiere reconocer aquí, que la lumbre ya nos llegó a los aparejos y que nosotros no hemos tenido la capacidad, como poder, de enfrentar mediante decisiones que se pueden tomar aquí, de enfrentar este grave problema.

La verdad me sorprende, con todo respeto para mi compañero Eduardo, que fue objeto de este atropello, su intervención tan comedida: pide pruebas, exige que se revisen los procedimientos de actuación y sin embargo, no se pide lo que todos deberíamos de estar pidiendo aquí, los nombres de los responsables que ordenaron este operativo y su consecuente renuncia o separación del cargo. Si no pedimos esto, compañeras y compañeros, estamos abonándole a la impunidad, estamos abonándole a ese flagelo que hoy daña al país porque hoy que aquí tenemos el poder de exigirle al Ejecutivo, saber quién ordenó este operativo, no lo estamos haciendo.

Le pido a la Mesa Directiva que haga las gestiones correspondientes ante el Ejecutivo para saber qué mando o qué mandos hicieron este operativo, para pedir con energía su renuncia o su separación del cargo hasta que se realicen las investigaciones correspondientes.

Compañeras y compañeros —y se lo pido con todo respeto al presidente de este órgano—, exijamos saber quiénes fueron. Aquí hay líneas de mando, aquí no hay operativos secretos, aquí tenemos que saber quién fue.

Por otra parte, compañeras y compañeros, esto no se acaba con un: usted disculpe. Tenemos que exigir responsabilidades y si no lo hacemos, compañeras y compañeros, sí les quiero decir que esta ola de cateos extrajudiciales, de allanamientos, se van a seguir incrementando, como su servidor lo dijo desde el 2007, desde que iniciaron esta guerra absurda, sin inteligencia real, sin investigadores profesionales, en contra del crimen organizado.

Es por eso, compañeras y compañeros, que hoy, al final de este periodo, tenemos que hacer lo que nos corresponde para cambiar esta estrategia fallida que no ha resuelto el problema de inseguridad que tiene este país.

Concluyo, señor presidente. Exijamos, exija usted, exijamos nosotros y es mi petición, que nos digan quiénes fueron los mandos, quiénes estuvieron a cargo del operativo y que debido a su falta de profesionalismo y errores cometidos sean separados de su cargo. Exigirles la renuncia correspondiente. Con esto estaremos combatiendo la impunidad que se ha apoderado de este país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. Tomo nota de su petición.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente, por favor.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Sí, presidente, nada más para que conste en actas que hay diputados que queremos pedirle la renuncia al secretario de Marina. Para que conste en actas.

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Presidente, por favor.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado Miguel Ángel García.

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Gracias, señor presidente. Respecto del último asunto que hemos estado analizando, quisiera que compartiéramos una reflexión. El allanamiento de la vivienda del diputado Eduardo Bailey, nos lleva a que hagamos una reflexión de fondo: ¿en manos de quién se encuentra la seguridad del país, señor presidente? ¿En manos de quién? Porque yo no puedo concebir que los aparatos de inteligencia de la Armada de México no estén funcionando con eficacia.

Si me dijeran que el Cisen no tiene los aparatos de inteligencia suficientes, coincido con ello, porque se encargaron de desarmarlos desde que tomaron posesión las actuales administraciones, pero la Armada de México y el Ejército mexicano tienen aparatos de inteligencia a toda prueba.

De tal forma, que tendríamos que reflexionar en manos de quién se encuentra la seguridad; y si los aparatos de inteligencia de la Armada de México son eficaces, entonces es grave, porque seguramente la Armada de México sabía perfectamente quién vivía en esa casa y que el diputado no se encontraba en ese momento en su casa. Entonces, es un acto de profunda intimidación, con una política de miedo.

Si los aparatos de inteligencia de la Armada de México tampoco son eficaces o no son eficaces, muchísimo más grave, señor presidente. ¿En manos de quién está entonces la seguridad? ¿En manos de ineptos? ¿En manos de gente, que sin ton ni son está allanando viviendas de una gran cantidad de mexicanos? Qué grave situación la que estamos viviendo en este país. Vale la pena la reflexión.

Los llamados que se han venido haciendo por parte de varios diputados deben convocarnos en serio a que este Poder Legislativo rescate su dignidad y le exija un equilibrio total de fuerzas al Poder Ejecutivo, y que nos centremos, nos centremos en serio a poner solución y parar —lo solicitaría muy encarecidamente— toda una gran cantidad de armas que le hemos venido dando al Poder Ejecutivo, con una gran cantidad de reformas legales que nos están llevando a caer en un Estado totalitario. Así de sencillo quisiera plantear las cosas.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señoras y señores diputados, quedan por hacer uso de la tribuna el diputado Camilo Ramírez Puente y el diputado Alejandro Encinas. Al terminar ambas intervenciones, sin conceder el uso de la palabra, porque ha sido utilizada ésta para hacer pronunciamientos independientes y no mociones, como ordena nuestro Reglamento, pediré a la asamblea que se pronuncie por la extensión de los oradores o por poner fin a la discusión de este acuerdo. Hace uso de la palabra, hasta por 3 minutos, el diputado Camilo Ramírez Puente.

El diputado Camilo Ramírez Puente:Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, al igual que todos los que aquí se han pronunciado previamente sobre este tema, verdaderamente rechaza enérgicamente los acontecimientos sucedidos al compañero Eduardo Bailey, diputado federal por Nuevo León. Estamos contigo, Eduardo, los diputados del PAN.

Por otro lado, creo que es muy importante que cuanto antes la Secretaría de Gobernación, como responsable del gabinete de seguridad nacional del gobierno federal y como encargada de coordinar a las instancias que participan en operaciones en todo el país, dé una explicación satisfactoria y se proceda, nada más de una sola manera, conforme a lo que dicta la ley y sancionando a aquellos o aquel que haya sido responsable. Es muy sencillo este punto, es muy claro.

En ese mismo tenor, aprovecho este momento también para que de una vez por todas nosotros, como legisladores y en su momento el Senado, con cara a la nación, establezcamos verdaderamente si va a salir o no va a salir la Ley de Seguridad Nacional. Tenemos una responsabilidad con el país, no con una minoría que siempre quiere las cosas a su modo.

Necesitamos darle la respuesta a los millones y millones de mexicanos que afuera están exigiendo no tan solo puntos de acuerdo, necesitamos dar la respuesta a lo que se pide por el México actual. Tenemos un problema, tenemos un problema que tenemos que resolver y no se va a resolver exclusivamente con esos gritos de una parte...

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado, diputado le ruego hacer silencio. Suspender el tiempo que marca el reloj. Vamos a esperar a que haya condiciones para que como todos fueron escuchados, se escuche al diputado Camilo Ramírez Puente.

El diputado Camilo Ramírez Puente:Gracias, presidente. Lo único que quiero, y quiero dejarlo puntualizado, no es otra cosa más que de cara a la nación le digamos de una vez por todas si va a salir o no va a salir la Ley de Seguridad Nacional, y que conste, quienes están gritando no son la mayoría de los mexicanos aquí representada.

Nosotros creemos que puede salir una ley, ¿con qué? Con el aporte de todas las fuerzas políticas aquí, con el aporte y la convicción de que los mexicanos tenemos que sacar esto adelante. No creo en el no por el no. No creo en el no porque no quiere un grupo. No creo en el no porque no quiere a alguien que lo vende con un clientelismo exclusivamente. Lo creo y estoy convencido de que va a salir porque los mexicanos lo estamos demandando. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias. Tiene la palabra el señor diputado don Alejandro Encinas. Haga uso de la palabra hasta por tres minutos.

El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez:Gracias, ciudadano presidente. Sinceramente lamento los argumentos y la actitud que ha asumido la Cámara de Diputados frente a violaciones flagrantes, no solamente a los derechos humanos, sino a la representación de esta soberanía popular, y lamento más que tenga que buscarse una vía para hacer un exhorto para que se aclaren los hechos, en vez de que en primer lugar el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, cumpliendo con su responsabilidad, vele por el fuero de los integrantes de esta Legislatura.

En segundo lugar, lamento el contenido del punto de acuerdo, porque esta Cámara no tiene que hacer exhortos para que se cumpla la ley, menos aún cuando se violan los derechos de sus integrantes. Esta Cámara debe exigir rendición de cuentas a las Fuerzas Armadas por este operativo y por todos estos allanamientos de que han sido víctimas ciudadanos mexicanos.

Aquí por supuesto que nadie va a regatear la solidaridad por nuestro compañero diputado de Nuevo León. Por supuesto que nadie puede dejar de condenar el asesinato de nuestro compañero en La Montaña de Guerrero, pero esta Cámara tiene que hacer valer su fuerza y su peso político y hay que politizar estos asuntos, porque son asuntos del interés público.

Por supuesto que no hay que medrar con ellos, pero hay que hacer valer el peso de esta Legislatura. Por eso propongo, en primer lugar, que se retire el exhorto, que el presidente de la Mesa Directiva cumpla su responsabilidad de velar por el fuero de sus integrantes, pero que este pleno se pronuncie para que las Fuerzas Armadas rindan un informe y sancione a los responsables de estas acciones.

Este es el tema central de debate de este periodo de sesiones; es lo que estamos debatiendo con motivo de la Ley de Seguridad Nacional.

Aquí le pregunto al diputado Corral, si vamos a convalidar en ese dictamen la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de la autoridad civil, porque aquí yo discrepo del diputado Eduardo Bailey, no es un asunto que el Ejército haya actuado sin orden judicial para hacer un cateo, porque el Ejército no tiene facultades para hacer ello; es un asunto que le compete a la autoridad civil, y todos los allanamientos de las Fuerzas Armadas son absolutamente ilegales. Ni pueden fincarse en denuncias o llamadas anónimas e incluso no podrían contar con una orden judicial, porque no es la autoridad competente para ejecutarla.

Ese es el tema que tenemos que discutir, cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en torno a la seguridad pública y a la seguridad interior. Estoy convencido que estas lecciones que estamos aprendiendo nos van a llevar a rectificar el dictamen que viene en torno a la Ley de Seguridad Nacional, porque el lugar donde deben estar los soldados mexicanos es en sus cuarteles y la autoridad civil debe de cumplir con su responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos y de sus bienes. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Han pedido el uso de la palabra para rectificación de hechos y para alusiones personales, varios diputados. Antes de concederla quiero señalar que el cumplimiento de las obligaciones de esta Presidencia será escrupuloso y que al oficio que se enviará en tono más enérgico para que se trate auténticamente de una tarea de fiscalización, deberá agregarse a los funcionarios de gobierno la versión estenográfica de esta sesión, para que tengan claro conocimiento del clima que se ha generado en la Cámara de Diputados a propósito de estas lamentabilísimas intervenciones.

Tiene el uso de la palabra el diputado Fernández Noroña para rectificación de hechos... Había pedido primero la palabra para alusiones personales.

Va a hacer uso de la palabra, para alusiones personales, el diputado Corral y en seguida, para el mismo objeto, el diputado Bailey. Después les daré el uso de la palabra a los diputados que iniciaron otro tipo de moción.

El diputado Javier Corral Jurado:Gracias, señor presidente. El diputado Alejandro Encinas me ha formulado una pregunta directa sobre el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que en carácter de minuta analiza la Comisión de Gobernación de esta Cámara de Diputados. Siendo una pregunta directa y proviniendo de él, no solamente no puedo eludirla, sino debo absolutamente darle respuesta puntual.

Creo que este debate es una oportunidad para reflexionar a fondo sobre el papel que el Estado mexicano y las fuerzas políticas quieren otorgar a las Fuerzas Armadas de México, a la Fuerza Armada permanente.

De entrada, coincido con Encinas en que no es el exhorto lo que un parlamentarismo que se respete a sí mismo debiera aprobar hoy. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados está investido de facultades propias para hacer valer la unidad de la Cámara, la dignidad de los legisladores y el fuero constitucional. Por sí mismo tiene su propio procedimiento esa facultad y en ese sentido; si Emilio Chuayffet lo ejerce, hablará en nombre de la unidad de la Cámara de Diputados del Congreso federal.

¿Cuál es el papel que queremos otorgar a las Fuerzas Armadas? Un papel supletorio en materia de policía de seguridad pública o un papel realmente de coadyuvancia. No debemos desconocer el papel estratégico que en toda democracia tienen las Fuerzas Armadas, como instrumento esencial del poder político, pero nunca sobre él.

El Estado democrático debe poner siempre como premisa la subordinación del poder militar al poder de la política. Ni más ni menos que esa es la grave, la delicada discusión que tendremos en los próximos días, en las próximas semanas.

No estoy de acuerdo en convalidar, en modo alguno, facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública que la Constitución señale de modo exclusivo o al Ministerio Público federal o a las policías locales. Lo que tenemos que hacer es un perfecto equilibrio entre los valores de la seguridad nacional que hoy están colocados como amenazados, bajo el riesgo que indiscutiblemente constituye el narcotráfico, pero con el sistema de los derechos humanos.

Por supuesto, deploro, no sólo el allanamiento de la morada de nuestro compañero legislador. Deploro todos los allanamientos que sufra cualquier ciudadano en este país, con motivo o bajo el pretexto del combate al crimen organizado, pero el debate es más de fondo, el debate es menos personalizado, el debate es menos particularizado, debe ser con una visión de Estado, qué queremos de la seguridad nacional, de ahí que rechace, lo digo abiertamente hoy, la pretensión de dotar de facultades extraordinarias al Ejército mexicano, que pudiera llegar a suplantar acciones que la Constitución le ha dado o a los poderes locales o al Ministerio Público federal.

Pero sí aprovecho para hacer una invitación a que de manera directa nos aboquemos a hacer esa conciliación en un proyecto de dictamen que la Cámara de Diputados, por supuesto, le debe a la nación  mexicana.

Por supuesto que estamos en deuda para garantizar de una vez por todas estos dos valores: el de la seguridad nacional y el de los derechos humanos.

No estamos ante una dicotomía, es falsa la dicotomía que se quiere colocar sobre el Congreso, de escoger entre seguridad o derechos humanos. Es absolutamente conciliable la seguridad pública con los derechos humanos, porque la seguridad es uno de ellos, fundamental para la convivencia de los individuos.

Así que con esta definición y bajo ese impulso, yo convoco a que sin minimizar o demeritar el llamado que ahora hace este debate a las Fuerzas Armadas, centremos también nuestra discusión en lo que es la materia de nuestra competencia: legislar para dotar de seguridad jurídica la actuación de las Fuerzas Armadas en el marco constitucional y en el pleno respeto a los derechos humanos. Espero que su pregunta esté contestada.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tienen la palabra, en el siguiente orden, los diputados Eduardo Bailey, Gerardo Fernández Noroña, Mario di Costanzo, Víctor Manuel Castro Cosío y la diputada Castillo. Por favor, Eduardo Bailey, hasta por 3 minutos, haga uso de la palabra.

El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo:Con su permiso, diputado presidente. El agravio del que ha sido objeto mi familia y un servidor, es un agravio que cala muy hondo.

Quiero decir que en ningún momento y por ningún motivo permito ni permitiré que al exigir una investigación, que al exigir que se esclarezcan los hechos, que al exigir pruebas contundentes, como lo mencioné en mi intervención, el resultado de éstas, si son imputables a un delito, si son imputables a una falla grave de cualquier funcionario o elemento, éste quede exceptuado de la aplicación de la ley.

Por supuesto que exijo de manera inherente la aplicación de la ley. Eso está inmerso, es inherente. He recibido disculpas del secretario de Gobernación, he recibido disculpas y la ha recibido mi coordinador del secretario de la Marina. Yo no estoy conforme con las disculpas y por eso estoy aquí y pedí que este tema se subiera a tribuna. Por eso estoy exigiendo una investigación profunda de los hechos, porque me queda claro lo que representa.

El no tener claridad en el origen de estos hechos da paso a poder, con las suspicacias inherentes, pensar que el móvil de esta incursión en mi casa sea político, lo cual tendría consecuencias gravísimas para la libertad de expresión de los legisladores, si es que éste fuera el motivo por la coincidencia de mi participación el día anterior solicitando a esta tribuna que se enliste el tema relacionado a la formación del grupo de trabajo para investigar el tema de los casinos. Y no es un tema menor, pero sí es una coincidencia mayor.

Agradezco el gesto del diputado Pablo Escudero, y lo reconozco, el incluir que en desagravio del daño moral que ha recibido mi familia y un servidor se haga pública no solamente la disculpa, sino la información; que deje convencidos no solamente a su servidor, que finalmente soy el principal agraviado, sino también a los actores políticos en esta Cámara y a cualquier otro actor interesado o involucrado en el tema.

Quiero por lo tanto también dejar en claro, y por último y con esto concluyo, que no voy a cesar en mi papel de coordinador de los diputados de Nuevo León, en mi papel y mi rol como diputado federal, pero tampoco en mi rol como padre de familia, en velar por que las leyes se cumplan, en gritar y hablar por aquellos que no lo pueden hacer, en venir y declarar en esta tribuna que necesitamos cambios.

Necesitamos cambios profundos y no sólo en las leyes sino en la aplicación de las leyes, porque si vamos a ser honestos nuestro principal problema en el país no es solamente el perfeccionamiento de las leyes, señores diputados. El principal problema de este país es la impunidad, es la corrupción, es la falta del cumplimiento de las leyes actuales, que si se cumplieran seríamos un país modelo en América Latina y en el mundo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Fernández Noroña, hasta por tres minutos. La Ley dice hasta por cinco.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Exacto. Entonces le pido que respete lo que dice la ley, que dice hasta por cinco.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Hasta por cinco significa que hay un margen hasta de cinco minutos y quien interpreta la norma, señor diputado, es su servidor.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Bueno, tengo un tercio de tres. Tengo un piso de tres y un techo de cinco, me parece muy bien.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene usted tres minutos para hablar.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Compañeros diputados, compañeras diputadas, está el asesinato del compañero Villanueva de la Luz; el allanamiento del compañero Bailey; ocho días antes en Xalapa, Veracruz, fue allanada la casa de Miguel Ángel Díaz Pedroza, fue diputado local, subsecretario de Gobierno y secretario de Gobierno de Veracruz, también allanada por la Marina.

Hay 9 mil 466 muertos del 31 de enero al 31 de mayo de este año; 151 días, 62 muertos por día, 2.66 por hora, uno cada 23 minutos. Y sube un diputado del PAN y dice que hay que aprobar la reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Pero, qué está oyendo el compañero diputado, si lo que estamos diciendo es que allanan casas sin orden judicial. Y como bien lo dice el diputado Alejandro Encinas, ni con orden judicial puede hacerlo el Ejército, porque no tiene esa facultad.

Estamos diciendo que no deben intervenir las conversaciones telefónicas; que no deben suspender derechos y garantías; que no debe haber retenes; que no debe haber detenciones ilegales y él se sube a decir que hay que aprobar la reforma a la Ley de Seguridad Nacional.

Luego aquí se plantea que le debemos esa reforma al pueblo de México. No; esas reformas violan la Constitución. Ratifican una pésima tradición del Congreso de asumir leyes secundarias que violan el marco constitucional.

Cuando hace unos días aquí se quiso pasar por la puerta trasera una cosa igual con la Armada, nosotros pedíamos que explícitamente dijera que se respetarían los artículos 16, 29 y 129 constitucionales.

El 16 constitucional dice que nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.

El 29 dice que sólo se pueden suspender derechos y garantías con autorización del Congreso.

El 129 dice que en tiempo de paz —y vivimos tiempo de paz aunque algunos vean matices— el Ejército debe estar en los cuarteles.

Aquí se insiste en utilizar al Ejército como policía; y se insiste en violar derechos y garantías constitucionales; se insiste en desviar la atención de los principales problemas nacionales como son empleo, salud, educación, vivienda, alimentación por la mal llamada guerra contra el narco.

Así es que no me sorprende que quien estaba como secretario de Seguridad Pública en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, venga con una visión policíaca represiva, obtusa, a montarse en el asesinato de un compañero y en el allanamiento de la casa de otro para decir que hay que aprobar que anden matando, allanando y haciendo lo que quieran con los ciudadanos las Fuerzas Armadas.

Se necesita no tener sensibilidad; se necesita no haber escuchado ni uno solo de los argumentos que aquí se dieron en tribuna; y se necesita mucha cara dura para usar partidistamente este tema, tratando de aprobar una reforma que es totalmente repudiable y que no debe ser aprobada por esta soberanía. Muchas gracias por su atención, compañeros diputados y compañeras diputadas.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se concede el uso de la palabra al diputado Mario di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Con su venia, presidente. Miren, compañeros, creo que ya se han vertido muchos argumentos en esta tribuna acerca de lo grave de esta situación. Es un ataque al Poder Legislativo. Es un asunto que tiene un gran trasfondo político. Es un acto de represión y de violación al fuero constitucional que refleja lo equivocado de la estrategia en materia de seguridad nacional.

Sobre la poca visión y sensibilidad de los diputados del PAN, no hay duda, pero ya no es sólo de los diputados del PAN. Ayer la Suprema Corte de Justicia determinó que las personas que ganen el salario mínimo no deben de estar exentas de pagar impuestos. Imagínense al estado al que estamos llegando, imagínense.

Me parece que el tema central, ya ahorita, es que se retire este punto de acuerdo y que se haga una condena más enérgica, que solicite el castigo para los responsables de esta actuación.

Con todo respeto para el presidente de la Mesa Directiva, no es un asunto de anexar la versión estenográfica para que la lean. Si no respetan los derechos humanos, menos van a leer una versión estenográfica de una bola de gentes que el Ejecutivo ha buscado denigrar y que lo hemos permitido, porque hay un ataque abierto a esta Cámara de Diputados y nosotros lo permitimos y lo justificamos con nuestra actuación. Me parece que lo que ya está a discusión ahorita, no es lo grave de la situación, fue muy grave, es muy grave.

Lo que está a discusión ahorita es que si se retira este punto de acuerdo, se rehaga con una condena enérgica y con la necesidad de castigar a los responsables, sea el secretario de Seguridad Pública, sea el secretario del gabinete de Seguridad Pública o sea el secretario de Marina, pero aquí debe haber responsables y en el corto plazo.

No eludamos esa responsabilidad y no permitamos que este punto de acuerdo pase como uno más y que esto se olvide, con un oficio enérgico o con una versión estenográfica. Aquí tenemos que concluir esto votando si esto se retira y se rehace en términos más duros y exigiendo que se repare no solamente el daño, sino que se castigue a los responsables. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Castro Cosío.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío:Gracias, señor presidente. De nuevo la opacidad, de nuevo la tentación autoritaria de la derecha que busca justificar la impunidad y a algunos y a algunas se les queman las habas para aprobar una ley que solamente el día de hoy es utilizada como cortina de humo para no ir al fondo de lo que está aconteciendo en un país deshecho cada vez más por una política de seguridad pública errática y que no ha respondido a las expectativas de la nación.

Esta oportunidad, que desafortunadamente hemos tenido de perder a un diputado, el allanamiento de la casa del amigo Bailey, que desde aquí sabe que tiene mi total solidaridad, mi total solidaridad porque ha sido un compañero de ejemplo en la Comisión de Educación.

Ojalá de verdad esto que le sucede a él hoy no quede impune y por supuesto que me sumo a esta condena enérgica pero también a la corrección de este documento.

Creo que Bailey ha dado la oportunidad de que este asunto vaya al fondo. Compañeros ¿quién sigue? Preguntaba en la mañana, por el asesinato del compañero de Guerrero. ¿Quién sigue? ¿Los sin voz? ¿Los homosexuales y lesbianas que son perseguidos? ¿Los compañeros y compañeras periodistas, que han caído por cientos? Nos avergüenza que sea este país donde más se asesina a los periodistas. ¿Por qué? Está atrás la sombra de las mujeres asesinadas en Juárez y en diferentes estados del país.

Esto es lo que debe de motivarnos para que sí, efectivamente legislemos y demos un marco jurídico pero no caigamos en la tentación fascista de seguir militarizando al país; no caigamos en la fácil forma y la menos fecunda para la nación que es darle poder a quienes por encima del poder político puedan, el día de mañana, allanar la casa de cualquiera. Recuerden lo que los judíos dijeron alguna vez: Hoy vienen por ti, vienen por mí. ¿Cuándo te toca? ¿A quién le toca el próximo allanamiento?

Retírese —desde mi modesto punto de vista— este acuerdo de la Junta de Coordinación, y exíjase que haya total y absoluto ejemplo de que no quede impune lo que está sucediendo a lo largo y ancho del país; y de manera particular —obvio es decirlo— el asesinato de nuestro compañero en Guerrero, y lo del compañero Bailey, de quien fue allanada su morada.

Compañeras y compañeros, no caigamos, bajo ninguna circunstancia, en la tentación de algunos cantos de sirena que le rezan al fascismo el día de hoy.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra la diputada Castillo.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez:Con su permiso, diputado presidente. En primer lugar quiero decir que de igual manera rechazamos la propuesta de punto de acuerdo, y que conforme al artículo 61 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de esta Cámara debe de velar por el fuero de los diputados y de las diputadas.

Que sí tiene que haber una rendición de cuentas; que sí debe de haber una sanción, y que de acuerdo con el nuevo Reglamento, las comparecencias se tienen que plantear desde las comisiones. Aquí tenemos que señalar que es importante, desde luego, la comparecencia del secretario de Marina, Francisco Saynez.

Que es importante decir que tiene que haber congruencia con lo que se está diciendo en estos momentos, porque en este país desafortunadamente ha habido un retroceso bárbaro en función de lo que representan los derechos humanos, a pesar de las reformas que se han planteado desde aquí con bombo y platillo, porque hay una regresión en lo que tiene que ver con las garantías individuales de los mexicanos y de las mexicanas.

Quiero señalar que estos allanamientos de morada se están dando de manera constante en nuestro país; se están dando desde hace años, y que tenemos que recordar que recientemente hubo un allanamiento de morada de la Procuraduría del estado de México en el Distrito Federal, nada más como un ejemplo de cuáles son las prácticas.

Que recordemos también, en el caso de Chihuahua, con una de las personalidades del Partido Acción Nacional, en el caso concreto de Espino y solamente se conocen estas cuestiones cuando, efectivamente, quienes sufren las consecuencias de esta guerra absurda son personas que tienen voz, pero en este país eso es el pan de todos los días, es lo que está sucediendo día con día y es lo que no se debe permitir.

Por esa razón yo llamo a la reflexión y a la congruencia, porque el Presupuesto de Egresos de la Federación tiene que ver también con estas violaciones que se están dando y el presupuesto que ha venido incrementándose en materia de seguridad ha arrojado esta violencia; violencia genera violencia.

Lo que ha sucedido en nuestro país es que son más de 50 mil muertos y tenemos que ver, simplemente las cifras del Inegi, como en el caso de los jóvenes el primer lugar lo tiene en relación a los homicidios, las muertes de los jóvenes entre los 15 y los 29 años han dejado de ser accidentes para pasar a ser homicidios. Ése es el resultado del presupuesto...

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Ha concluido su tiempo, señora diputada.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez:... que esta Cámara de Diputados ha venido aprobando. Una cuestión es que la guerra la plantea Felipe Calderón, pero esta Cámara de Diputados convalida la guerra, convalida la violencia, convalida el allanamiento de morada con el Presupuesto de Egresos de la Federación para la cuestión de seguridad. Basta de sangre. Gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Hace uso de la palabra, el diputado Cárdenas Gracia, y finalmente, hará uso de la palabra el diputado Pompa Corella.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, tomo la palabra para intentar desarrollar tres ideas. La primera, decía hace un momento el diputado Corral, que debe haber un equilibrio entre los derechos humanos y la seguridad nacional. Yo, por el contrario, opino que no puede existir ese equilibrio, porque los derechos humanos siempre están por encima de la seguridad nacional.

Habría que preguntarse, ¿qué significa eso de la seguridad nacional, si seguridad nacional es restringir derechos? La vía para restringirlos en la Constitución es el procedimiento del artículo 29, la suspensión de garantías con autorización del Congreso de la Unión. Si se entiende por seguridad nacional proteger al Estado y a la Constitución, esa es una competencia y una tarea que corresponde exclusivamente a las autoridades civiles, donde la autoridad militar está subordinada a la autoridad civil. Eso es la primera idea.

Entonces, no hay ningún equilibrio. La seguridad nacional está siempre por debajo y es secundaria a la protección irrestricta de los derechos fundamentales.

En el segundo tema que quiero desarrollar, las responsabilidades. Le solicito muy atentamente, señor presidente de la Mesa Directiva, que en ese oficio que va dirigir al secretario de Gobernación para proteger el fuero de los legisladores se aluda a todas las responsabilidades en las que pudieron incurrir los miembros de la Armada, encargados de realizar el operativo en la casa del diputado Bailey.

Es decir, exigir responsabilidades penales; esto significa penas privativas de libertad. Exigir responsabilidades administrativas; esto significa la destitución y la inhabilitación de los funcionarios públicos encargados de ése operativo y los que autorizaron el operativo, responsabilidades civiles para exigir el pago de indemnizaciones; y desde luego, responsabilidades políticas que implican la dimisión o la renuncia de los servidores públicos.

Insisto, aquí el responsable de ese allanamiento a la casa del diputado Bailey es el secretario de la Marina y debemos exigir la renuncia del secretario de la Marina de este país.

Esa es la tercera idea que quería comunicarles a ustedes. No pienso que exista armonía alguna entre seguridad nacional y derechos humanos. Los derechos humanos siempre son el fundamento del Estado y de las instituciones, están por encima de cualquier idea de seguridad nacional, sobre todo cuando esa idea es contraria a la Constitución. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Hace uso de la palabra el diputado Pompa Corella.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella:Muchas gracias, señor presidente, con su venia. Suscribo, obviamente, al igual que los compañeros aquí, la solidaridad para con el compañero y por el allanamiento que sufriera su familia, el hogar donde reside su familia, perdón.

Creo, como decimos en Sonora: no hay que revolver lo horro con lo parido. No hay que desviarnos del tema que nos ocupa el día de hoy. Estamos hablando de violaciones a los derechos humanos que cometieron los del Ejército, la Marina, en este caso. Lo estamos haciendo en seguida de una corona, lamentando la muerte de un compañero diputado y que hemos iniciado esta reunión con un minuto más de silencio.

¿Cuántos minutos más de silencio tenemos de tener en esta Cámara de Diputados para hacer entender al presidente de la República que ésta es una estrategia fallida?

Me sumo a lo que dijo el licenciado Alejandro Encinas, y viendo la preocupación del diputado Javier Corral y la preocupación del otro compañero de Acción Nacional, yo le pediría, señor presidente, viendo, le repito, la intención de que se respeten los derechos humanos, como lo ha sido usted, que se reactive cuanto antes la actividad en su comisión y se pueda hacer, junto con el Senado, que se dictamine esa Ley de Seguridad Nacional a la que tanto se ha hecho referencia aquí, porque es hora que ni siquiera estamos enterados de que haya habido una sola reunión por usted convocada.

En ese sentido si me permite, me gustaría que se agregara, señor presidente, en el resolutivo el siguiente texto: se hace un atento exhorto a la Comisión de Gobernación de esta soberanía, para que en trabajo en conferencia con el Senado de la República acelere el proceso de dictaminación de la minuta con reformas a la Ley de Seguridad Nacional, a efecto de que se establezca la jurisdicción civil en el mando de los operativos en contra de la delincuencia organizada en todo el país, y a efecto de que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles, una vez cumplida su misión.

Con eso, diputado, podríamos estarnos ahorrando estos penosos incidentes donde muchos diputados han sentido que han sido atropellados sus derechos fundamentales.

Hoy hablamos de Monterrey. En Sonora hay territorios donde la delincuencia organizada no nos deja ir a los territorios, a los ranchos a trabajar y por otro lado, tenemos al Ejército allanando nuestras moradas. Ya no sabemos si cuidarnos del crimen organizado o cuidarnos de los soldados en este país. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El diputado Corral desde su curul, por dos minutos.

El diputado Javier Corral Jurado(desde la curul): Voy a responder a los señalamientos que el diputado del PRI, me supongo a nombre del PRI, está haciendo sobre el tema de la Ley de Seguridad Nacional. Voy a darle respuesta desde la tribuna, asumiendo que lo que el diputado Pompa dice ahora está respaldado por la coordinación del Grupo Parlamentario del PRI, por eso voy a darle respuesta desde la tribuna.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Es una mera presunción, le ruego que lo haga desde su curul.

El diputado Javier Corral Jurado(desde la curul): Ahora le voy a preguntar, en primer lugar, porque es falso lo que dice el diputado de que no hemos tenido una sola reunión en la Comisión de Gobernación sobre el tema de la Ley de Seguridad Nacional. Es el tema que más reuniones ha suscitado en la Comisión de Gobernación.

Segundo. El diputado desconoce que la Comisión de Gobernación ya votó establecer la figura de la conferencia parlamentaria con el Senado de la República en materia de seguridad nacional, e incluso que ya el Senado de la República respondió favorablemente a establecer la figura de la conferencia parlamentaria en materia de seguridad nacional.

Me parece que este criterio fundamental que ha expresado nos permite destensar un debate en el que el Grupo Parlamentario del PRI ha sostenido el absoluto criterio en contra del que ahora nos ha señalado el diputado Pompa. ¿Por qué? Porque él está en desacuerdo con la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado; si ésa es la posición, este dictamen lo podemos resolver en las próximas horas, si ésa es finalmente la posición del Grupo Parlamentario del PRI. Por eso quiero que lo aclare el señor diputado.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella (desde la curul): Señor presidente, solicito el uso de la palabra.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Desde su curul. Mientras llega a su curul, desde donde le contestará, el señor diputado Emilio Serrano tiene el uso de la palabra para hacer una pregunta.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Diputado presidente, gracias por el uso de la palabra que me concede, para preguntar al diputado Pompa si la posición de su fracción es la que él comentó, que se legalice la violación de los derechos humanos. Pregunta muy clara.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Pompa Corella.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella(desde la curul): Diputado presidente, para aclararle al diputado Corral. Lo hago en nombre propio y con la responsabilidad que eso implica, por eso me subí yo y no el coordinador de mi fracción.

Otra cosa, en ningún momento dije que estaba en contra de que las Fuerzas Armadas combatieran el crimen organizado en este país, fui muy claro, que se establezca la jurisdicción civil en estos operativos para que no ocurra, y se respete nuestra Carta Magna, porque ellos no tienen la facultad para llevar a cabo estas investigaciones. Eso por lo que hace a su pregunta, diputado Corral.

La otra, no escuché, diputado, perdón, pero si gusta repetirla.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Emilio Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Gracias, diputado presidente. De la intervención del diputado Pompa se desprende que si la fracción en la que él milita está de acuerdo en que se legalice la violación de los derechos humanos, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina, las Fuerzas Armadas, porque eso fue lo que se dijo.

Creo que es importante que se aclare. De por sí estamos muy desprestigiados los diputados y luego, que se violen los derechos de los propios diputados, creo que hace falta que se trabajemos para ese equilibrio de Poderes. Ningún Poder está encima del otro.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Pompa.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella (desde la curul): Sí. Por respeto al auditorio no respondo preguntas torpes con respuestas aún más torpes. Le puedo decir y ser muy enfático: el respeto a los derechos humanos en todo momento nuestra fracción no solamente va a exigir, va a vigilar que se cumplan. Por un lado.

Por el otro, le rogaría, y por eso se dio por escrito que se agregue precisamente lo que le di lectura, para no caer en confusiones, diputados. No tratemos de tergiversar el contenido de mi exposición.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señoras y señores diputados, la Junta de Coordinación Política nos envió un acuerdo suscrito por todos los coordinadores parlamentarios, o con la autorización de ellos, según el  acuerdo en el que se estampan las firmas, que no son propias de quien es coordinador.

La Junta está en lo correcto, porque la ilegalidad no se puede combatir con ilegalidad. Las facultades que tenemos son las que consignan la Constitución y la Ley Orgánica y con la dureza del ejercicio de esas facultades habremos de actuar.

Sugiero que además de someter a votación —que eso es obligatorio—, el acuerdo de la Junta que no ha retirado y en consecuencia, no puedo oponerme a que se someta a la votación de la asamblea, se autorice a esta Mesa a lo siguiente.

Primero. Para castigar a los culpables necesitamos saber quiénes son. Primera cuestión de sentido común.

En segundo lugar, coincido plenamente con lo que dijo aquí en tribuna el diputado Cárdenas Gracia. Hay que preguntar —pregunta parlamentaria— al secretario de Marina, quién dio la orden, quiénes fueron los elementos que la cumplieron, cuándo tuvo él conocimiento del hecho y otros detalles que nos permitan deslindar, con absoluta puntualidad, la responsabilidad y los nombres de quienes fueron responsables, para proceder, en consecuencia, a las sanciones que estén en nuestra esfera o qué otra esfera debamos solicitar se apliquen, para que no quede impune este hecho ni tampoco el del asesinato del diputado de Guerrero.

De esta suerte, voy a someter a votación varias cuestiones. Primero, el acuerdo que la Junta nos hace llegar. En segundo lugar, la formulación de las preguntas o la pregunta parlamentaria, desglosada en los distintos frentes que conduzcan a la delimitación de responsabilidades en personas y hechos concretos, para tener ulteriores acciones en esta propia Cámara.

Las reservas hechas por el diputado Escudero y la hecha por el diputado Pompa resultan un tanto inaceptables porque en el primer caso se tiene que formular por escrito. En el segundo caso, el diputado Pompa me está haciendo llegar por escrito, ya, la inclusión del punto que desea se incluya en el acuerdo y que todos escuchamos, pero en su momento lo leerá la Secretaría para que ustedes puedan saber de él antes de someterlo a votación. Nadie puede votar lo que no conoce.

Diputado Óscar González.

El diputado Óscar González Yáñez(desde la curul): Mire, si esto fuera un hecho aislado yo estaría de acuerdo con usted, si fuera un hecho aislado. Pero no son un hecho aislado todas las violaciones que hacen a las garantías individuales por parte de las Fuerzas Armadas, no es un hecho aislado.

No quisiera que esto terminara con algunos pobres soldados que terminen siendo castigados por algo ilegal y que terminen siendo los chivos expiatorios de una política emergida desde el Ejecutivo, donde tienen responsabilidad los secretarios responsables del área.

En consecuencia, estaría de acuerdo con usted si el tema caminara a quién es el que ha impulsado esta política. Le he insistido a usted y desprendo todavía mi opinión del comentario que hacía el diputado Bailey, de que a mí me preocuparía que encima de todo, que el allanamiento de su morada, de su familia, haya sido producto de que él propuso la Comisión Especial de Casinos.

Entonces, ¿de qué estamos hablando? Le ratifico a usted que el garante de la seguridad y el buen funcionamiento del Congreso, en particular de la Cámara de Diputados, es usted y que ningún diputado, nadie de nosotros, por nuestras acciones, nuestras opiniones podemos ser sujetos de ese tipo de represarías por parte del Ejecutivo.

Le insisto, es el inicio del rompimiento del Estado republicano de nuestro país. Entonces le pediría, sí, una investigación pero no solamente a las autores materiales, sino a quienes son los impulsores de estas políticas de violaciones concurrentes a las garantías individuales que en este caso en particular es el secretario de las Fuerzas Armadas, de la Marina, en este caso en particular. Le pediría que sus comentarios se extendieran a ese nivel.

Insisto, presidente, a mí lo que me preocupa es que se rompa un sistema republicano y que los parlamentarios no cumplamos con nuestra responsabilidad y, por lo contrario, terminemos siendo sometidos a un poder como es el Ejecutivo.

Tengamos dignidad, tengamos respeto por nosotros mismos; que nos defendamos a nosotros mismos, como responsables de un país, como lo que somos. Presidente, respete la dignidad y la seguridad de nuestros compañeros diputados. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Creo que fui claro cuando dije que en la pregunta parlamentaria se incluyeran temas como: el de a qué hora tuvo conocimiento el titular de Marina de la comisión de los hechos, para de ahí desprender cuáles fueron las acciones que él emprendió como titular de la secretaría para castigar a los responsables.

Me queda muy claro que no se trata de castigar a quien no tiene posibilidades mayores de defensa, pero sí le pido que no nos anticipemos a la respuesta que el gobierno pueda dar. El diputado Pérez Cuevas, por favor. Diputado Téllez.

El diputado Ignacio Téllez González(desde la curul): Más bien diría también, presidente, que se añadiera, que se le ponga ahí, pues en la pregunta —porque soy medio torpe pues para hablar y por eso a lo mejor se han burlado mis compañeros—, pero vayámosle poniendo a la pregunta si por omisión de las autoridades estatales o municipales o, en este caso, el gobernador de Nuevo León, tuvo que actuar las Fuerzas Armadas porque el gobernador no actúa nunca en ese estado. También incluyamos esa parte, por favor, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado, estamos discutiendo un punto de acuerdo que se refiere al allanamiento y violación de derechos humanos en contra de la persona del diputado Bailey y su familia. Esta Presidencia les ruega ceñirse estrictamente al punto que se está discutiéndose en el orden del día. Diputado Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Gracias, presidente. En el mismo sentido hacemos un exhorto al presidente y a la Presidencia para que se sometan estrictamente al planteamiento que hace sobre allanamiento y sobre violación supuesta de derechos humanos, porque lo que está haciendo desde su intervención, presidente, son juicios de valor.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Permítame, diputado. Todos los diputados estamos obligados a escuchar con respeto a un par que hace uso de la palabra. Si alguien no está de acuerdo con esta posición, sírvase manifestarlo por favor a esta Presidencia. Adelante, señor diputado.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Nuestro respeto y solidaridad para el diputado y la familia que sufrió estos lamentables hechos, presidente. Nuestra solidaridad y la exigencia de respeto al fuero constitucional del legislador. Pero también nuestra exigencia clara y precisa de que se deslinden responsabilidades en todos los niveles.

Las Fuerzas Armadas a veces son las más agraviadas en estos casos, pero no salen por derecho propio; han sido llamados por gobernadores, por alcaldes a suplir deficiencias en el combate a la inseguridad pública.

Hoy hay un hecho lamentable que tiene que investigarse y que tiene que determinarse. Pero no podemos permitir que se intente sacar raja política a intereses particulares, afectando o dañando también el auxilio y la certeza que dan las Fuerzas Armadas en este combate, porque hoy hay una cuestión que tiene que investigarse y quizá tenga que haber sanciones. Pero ha habido muchas otras intervenciones donde han garantizado vidas, seguridad y la estabilidad del Estado Mexicano, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El señor diputado Felipe Solís Acero.

El diputado Felipe Solís Acero(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Quisiera, en nombre del Grupo Parlamentario del PRI, en primer lugar, saludar la propuesta que usted ha formulado al pleno en el sentido de agotar la información requerida en términos de quién fue el responsable de emitir las órdenes del operativo correspondiente y toda la información correspondiente al caso, antes de que la Cámara tome una determinación al respecto. Saludamos el procedimiento que ha formulado la Presidencia.

Sólo queremos plantear, señor presidente, respetuosamente, una propuesta alternativa de procedimiento, porque la pregunta parlamentaria que se plantea como el instrumento para solicitar la información, tiene el inconveniente del procedimiento que establece el artículo 130 del nuevo Reglamento, que es un procedimiento que hace que la pregunta parlamentaria nazca hacia el interior de los grupos parlamentarios.

Dice el 130, en su numeral 1: para la formulación de la pregunta parlamentaria en el pleno —lo estoy leyendo— los diputados y diputadas formularán sus propuestas ante sus respectivos grupos parlamentarios... Luego viene el desa-rrollo del procedimiento, que es un procedimiento que podría ser menos eficaz que la eficacia que requerimos en este momento, para poder atender con urgencia el planteamiento de la solicitud de información en términos que usted nos lo ha planteado, señor presidente.

De manera que nosotros creemos, que atendiendo y saludando el procedimiento que usted formula, quizá podríamos buscar la vía alterna de la petición directa de la información por parte del propio presidente de la Mesa Directiva en su condición de presidente de la Cámara, toda vez que el artículo 61 de la Constitución, en su numeral segundo, establece que el presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto en donde se reúnan a sesionar.

Eso implica, en consecuencia, que el presidente dispone de las facultades correspondientes para, como en este caso, solicitar la información que se requiera para poder realizar las acciones correspondientes a la exigencia de velar por el fuero de los legisladores.

Adicionalmente a eso, señor presidente, el artículo 22, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso establece que el presidente de la Mesa Directiva, en su condición de presidente de la Cámara, conduce las relaciones institucionales con la Cámara de Senadores, con los otros Poderes de la Unión, con los Poderes de los estados, etcétera.

Es decir, quien representa a la Cámara de Diputados para mantener relación con los otros Poderes de la Unión y en este caso también con los funcionarios correspondientes del Poder Ejecutivo, es el presidente de la Mesa Directiva en su condición de presidente de la Cámara de Diputados.

De manera que en síntesis, señor presidente, saludamos la propuesta que usted ha formulado, porque nos parece muy atinada la necesidad de contar con la información correspondiente, pero en aras de la mayor eficacia plantearíamos, respetuosamente a su consideración y a la consideración del pleno, la posibilidad de que se siguiera el procedimiento de hacerlo directamente por el presidente de la Mesa Directiva en su condición de presidente de la Cámara, dado que dispone de facultades constitucionales y legales sobre el particular.

Por esa razón se lo planteamos muy atentamente, señor presidente, no sin antes solicitarle también, de manera muy comedida, si a la información que solicite pudiera agregarse también que la autoridad que conteste exprese los fundamentos legales con base en los cuales ordenó el operativo respectivo. Muchísimas gracias, por su atención.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Quiero hacer un comentario que discrepa un tanto de lo que usted comedidamente nos ha leído para ilustrar. Sobre el Reglamento y las leyes está la Constitución. El párrafo cuarto del artículo 93 de la Constitución, lo voy a leer personalmente, dice: Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida —y éste es el valor superior de ese artículo— en un término no mayor de 15 días.

Aquí sí hay plazos, allá no. Tienen 15 días para contestar. A nosotros nos urge que nos contesten, porque creo que no es un asunto que deba dormir el sueño de los justos.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: A sus órdenes.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Una adición a la serie de preguntas que están planteando. No sólo es el caso del allanamiento del diputado Bailey, es el caso de todos los allanamientos, para llegar a quién está tomando esas decisiones.

La petición es que aclaren quién está tomando las decisiones de los allanamientos, ya que los soldados y los marinos estrictamente están siguiendo órdenes, quiénes están tomando esas decisiones y cuál es el sustento legal de esos allanamientos. De éste en especial, y de todos los que vienen realizando a lo largo y ancho del territorio nacional.

Un planteamiento adicional. El diputado García Granados con mucho tino planteó que si los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas no saben dónde vive un diputado, no sé qué sepan. Entonces, podríamos colaborar con ellos enviándoles los domicilios de los 500 diputados, para que, por lo menos, estén informados de dónde viven los diputados.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El diputado Pablo Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias, presidente. Dos temas. De procedimiento, estaremos de acuerdo con el diputado Solís; propondríamos hacer nuestra, del Partido Verde, la pregunta parlamentaria, para formalizar el trámite y con eso solventamos el trámite. El Partido Verde hace suya la propuesta de la Mesa Directiva, en primer lugar.

En segundo lugar, presidente, creo que el tema de la disculpa pública y que quede inserta en medios locales, estatales y municipales, cercanos al diputado Bailey, es un tema importante; es una forma de reparar, de cierto modo el daño moral. Nosotros insistiríamos, ya pasamos por escrito la propuesta; le pediríamos que sea votada, con el respeto debido.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De acuerdo. El diputado Di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente, me parece muy acertada su propuesta, nada más que añadiría una pregunta: ¿Cuál es el fundamento jurídico? ¿En qué ley o reglamento se dispone o está sustentada la orden o la instrucción que se dio para allanar la casa del diputado?

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Será parte de la pregunta parlamentaria. Nosotros la formularemos, una vez que hablemos con el diputado Bailey, para cerciorarnos de todos los elementos de los que él dispone, lamentablemente, para formular la pregunta que nos lleve a la conclusión de determinar culpables.

Hay transgresión de la ley. Lo que buscamos –y tenía razón el diputado Pérez Cuevas– no es una venganza política, sino que se castigue si hubo transgresión legal, y se aplique la sanción correspondiente.

El diputado Ignacio Téllez González (desde la curul): Por favor, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sí, diputado Téllez.

El diputado Ignacio Téllez González(desde la curul): En el mismo sentido, presidente. Vuelvo a insistir. Si fue la actuación de las Fuerzas Armadas, a solicitud del gobernador, que se incluya también; y que por favor den respuesta, también muy concreta, las Fuerzas Armadas, de si así fue o no fue. Por favor.

El diputado Ariel Gómez León(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Lo haremos en ese sentido. Diputado, por favor.

El diputado Ariel Gómez León(desde la curul): Señor presidente, había un trámite en el cual usted iba a someter a votación una parte primera del oficio; ¿se retira ese acuerdo y se va a pregunta parlamentaria? ¿O al siguiente procedimiento? Porque creo que todas las voces coincidimos en la defensa de todos los ciudadanos contra el allanamiento, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se va a votar, en primer lugar el acuerdo. En segundo lugar, las dos reservas, que ahora sí ya las tengo, que presentaron los diputados Pompa Corella y Pablo Escudero.

Finalmente, la autorización para elaborar a nombre de la Cámara, como dice el 93 de la Constitución, ahí no habla de grupos parlamentarios: Las Cámaras podrán dirigirse a la autoridad federal para solicitar información o documentación... En esos términos que nos autoricen a la Mesa Directiva a formular la pregunta parlamentaria correspondiente.

Proceda la Secretaría a poner en votación, en primer lugar, las reservas propuestas por el diputado Pompa Corella y Pablo Escudero.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: La reserva del diputado Escudero. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se adiciona un artículo que diga: Artículo 4. Exigimos una disculpa pública del Gobierno Federal y que se inserte en los medios de comunicación estatales y municipales.

Pablo Escudero Morales, Juan José Guerra Abud, Alejandro del Mazo Maza, Eduardo Alonso Baley Elizondo, Francisco Javier Ramírez Acuña, Arturo Zamora Jiménez.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Comuníquese. Adelante.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: En cuanto a la reserva del diputado Pompa Corella. Se consulta a la asamblea si se hace una adición que diga: se hace un atento exhorto a la Comisión de Gobernación de esta soberanía para que, en trabajo de conferencia con el Senado de la República, acelere el proceso de dictaminación de la minuta con reformas a la Ley de Seguridad Nacional, a efecto de que se establezca la jurisdicción civil en el mando de los operativos en contra de la delincuencia organizada en todo el país y a efecto de que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles una vez cumplida su misión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se acepta. Continúe la Secretaría preguntando a la asamblea, en votación económica, si se aprueba...

El diputado Javier Corral Jurado(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sí, señor diputado Corral. Sonido en la curul del diputado Corral, por favor.

El diputado Javier Corral Jurado(desde la curul): Gracias. Entiendo que la votación ha sido para aceptar la discusión de la reserva presentada por el diputado Pompa y que ahora iremos a discutirla en sus términos. Es fundamental exhibir esta intencionalidad de golpeteo político a raíz de este tema, de quienes quieren incorporar un asunto absolutamente falso e inexistente. No sé si esta Cámara va a ser consecuente con su deliberación o va a votar un falso del tamaño como el que está proponiendo Pompa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado, su duda es válida, pero la debió haber hecho antes de la votación.

El diputado Javier Corral Jurado (desde la curul): Primero se aceptan a discusión las reservas y luego se votan.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Pero usted escuchó claramente que se estaba sometiendo a votación la reserva del diputado Pompa. En ese momento debía haber hecho la observación.

El diputado Javier Corral Jurado(desde la curul): No, no...

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El asunto está votado. No se trata de una ley, es una inclusión de un punto cuarto de acuerdo.

El diputado Javier Corral Jurado(desde la curul): No, presidente.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sonido al diputado Fernández Noroña.

El diputado Javier Corral Jurado (desde la curul): Perdón, tengo yo el uso de la palabra.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Perdón, me ha llamado la atención el diputado Corral, él tiene el uso de la palabra.

El diputado Javier Corral Jurado (desde la curul): En realidad no le he llamado la atención, sólo he pedido la palabra. No lo prestigia, presidente, saltarse el procedimiento reglamentario y no prestigia a esta discusión darle entrada a una intentona de golpeteo político sobre un asunto que no existe.

El procedimiento es, primero si se acepta a discusión la propuesta del diputado Pompa. Esta Cámara dice afirmativamente que le va a dar entrada a esa discusión. Bueno, yo espero que tengamos la discusión para exhibir este doble manejo en el Grupo Parlamentario del PRI sobre el tema de la Ley de Seguridad Nacional.

Ya es hora de que entremos al fondo de este doble manejo, del manejo que por un lado le ofrece a las Fuerzas Armadas en privado, sacarles la Ley de Seguridad Nacional como la quieren, y luego viene a la tribuna de la Cámara de los Diputados a hacer exhortos para sacar a las Fuerzas Armadas de las tareas de coadyuvancia en materia de combate al crimen organizado.

Un absoluto manejo doble, falso, insincero. Si eso es a lo que se rehúye a discutir, eso es lo que ahora propongo que vengan a debatir a esta tribuna, el doble manejo del PRI frente a la Ley de Seguridad Nacional.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Diputado presidente, sin entrar al fondo, yo creo que la Mesa debe modificar lo que está haciendo, porque debe reponer el procedimiento. Porque primero se tiene que votar si se acepta o no el documento de la Junta, porque si se rechaza el documento, no hay reservas entonces.

Primero se tiene que poner a la votación en lo general el documento que muchos nos hemos expresado para que la Junta lo retire y la Junta —como Gabino Barrera, no entiende razones y no sé si ande en la borrachera.

Entonces, primero se tiene que poner a votación en lo general el documento. Segundo, una vez aprobado o no, si se aprueba, entones proceden las reservas. Una vez que se planteen las reservas —tiene razón el diputado Corral, también de procedimiento—, que primero se pregunta si se aceptan a discusión y una vez que se aceptan a discusión, entonces terminada la discusión se decide si se aprueban o no estas propuestas de reserva. Ese es el procedimiento que tenemos establecido.

Creo que ha habido un yerro, como ha sido de intenso el debate y que no demeritaría nada a la Mesa Directiva reponer el procedimiento, poner primero a votación en lo general el documento, si se aprobara, entonces las reservas a discusión, y una vez hecha la discusión de éstas, su aprobación o no en lo particular. Le pediría reponer el procedimiento, diputado. Muchas gracias, compañero diputado.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: ¿Nadie más quiere hacer uso de la palabra? La asamblea había votado y esta Mesa ha discutido la petición que le formulan en este sentido sobre las reservas presentadas, y rectificar me parece que es parte del proceso democrático en el que estamos empeñados todos, sólo que la Mesa somete a ustedes la siguiente consideración que es rogativa. Sólo podrán participar dos oradores a favor y dos oradores en contra, hasta por 3 minutos.

El asunto ha sido suficientemente discutido y de esta manera nos concretaremos a discutir la reserva correspondiente. El diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Señor presidente, señores diputados y diputadas, el interés fundamental del Grupo Parlamentario del PRI se refiere al origen de este debate, que es lo sucedido a nuestro compañero Eduardo Bailey. Usted ha desahogado ese punto con absoluta solvencia y con todo nuestro respaldo. No quisiéramos, señor presidente, que ninguna otra clase de asunto desviara la atención sobre este debate.

Difiriendo absolutamente sobre las intenciones que nos presupone el diputado Corral, para que no quede ninguna duda, el Grupo Parlamentario desea y es opinión del diputado Pompa, que ese punto sea retirado y no se plantee ningún tipo de modificación en ese sentido, quedando únicamente la versión estenográfica como usted seguramente lo ordenará.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias al grupo parlamentario y al diputado Pompa. Queda entonces la solicitud del diputado Pablo Escudero, de agregar al acuerdo el exigir una disculpa pública por los hechos que acaecieron en el domicilio del diputado Eduardo Bailey.

Señora secretaria, la votación sobre la reserva presentada por el diputado Bailey. Primero es al revés, primero el acuerdo y después la votación sobre la reserva presentada por Pablo Escudero.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Con gusto, presidente. En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Si se aprueba el acuerdo que nos fue turnado por la Junta de Coordinación Política, con motivo de la violación de derechos humanos en contra del diputado Bailey y su familia.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Si son tan amables. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado. Por favor, someta ahora la reserva hecha por el diputado Pablo Escudero que —vuelvo a repetir— consiste en agregar la exigencia de una disculpa pública por tales hechos.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: En virtud de que ya se había dado lectura, pregunta a la asamblea, por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, si se aprueba la reserva manifestada como adición por el diputado Pablo Escudero. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Bien. El artículo 3o., o la parte tercera del acuerdo que acaba de aprobarse, señala que una comisión plural de diputados hará entrega ante las autoridades de este acuerdo. Habiendo consultado a los distintos grupos parlamentarios para integrar dicha comisión.

Por el que se hace un enérgico exhorto a la Secretaría de Gobernación, como responsable del Gabinete de Seguridad Nacional del Gobierno Federal, y como encargada de coordinar a las instancias que  participan en operaciones en todo el país, a efecto de que vigile que éstas se realicen con estricto apego a estado de derecho.

En cumplimiento con el artículo tercero del acuerdo recién aprobado, se designa un grupo plural integrado por los diputados: Carlos Flores Rico (PRI), Camilo Ramírez Puente (PAN),  Florentina Rosario Morales (PRD), Pablo Escudero Morales (PVEM), Pedro Vázquez González (PT), María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (CONV.), Gerardo del Mazo Morales (NA).

Sométalo a votación, señora secretaria.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado. Se acaba de recibir una comunicación más de la Junta de Coordinación, sírvanse la Secretaría dar lectura a ella. La pregunta parlamentaria la habremos de formular... Perdón, me faltó someterla a votación, ha sido lo largo del debate.

Someta a votación la Secretaría a la asamblea la formulación por parte de la Mesa Directiva de la pregunta parlamentaria dirigida al titular de la Secretaría de Marina.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa...

El diputado Felipe Solís Acero (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Perdón, el diputado Solís Acero.

El diputado Felipe Solís Acero(desde la curul): Presidente, en términos del artículo 94 que usted invocó hace un rato, 93, perdón, de la Constitución, que usted invocó hace un rato, la Cámara aprueba la pregunta parlamentaria. En consecuencia, el pleno debe conocer el contenido de la pregunta que se va a formular, porque eso es lo que se vota.

Pediría, atenta y respetuosamente, que se someta a la consideración del pleno el contenido de la pregunta, porque eso es lo que se va a votar.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sí, pero también debe votarse el que sea la Mesa Directiva la que elabore la pregunta, porque en ningún momento la Constitución señala que la Mesa Directiva sea la que tiene únicamente el monopolio de formulación de preguntas parlamentarias.

En la próxima sesión del jueves someteremos a ustedes la pregunta parlamentaria que hayamos elaborado después de la conversación con el diputado Eduardo Bailey.

¿Hay alguna otra intervención? Diputado García Granados.

El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Gracias, presidente. En este sentido la Secretaría debe formular al pleno la pregunta muy específica. Si se autoriza que la Mesa Directiva sea la que trabaje la formulación de las preguntas, para en la próxima sesión someterlas a consideración del pleno. En ese sentido, si la pregunta va en ese sentido no hay ningún problema.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Está formulada exactamente en el sentido que esta Mesa desea hacerlo. Sí, señor diputado.

El diputado Avelino Méndez Rangel(desde la curul): Señor presidente, volvemos a caer en una situación similar que dejó fuera del debate el tema de Monterrey y de Pemex.

Pediría que usted, asumiendo su responsabilidad constitucional, marcada en el artículo que usted leyó y en la Ley Orgánica del Congreso, se elabore la pregunta en los términos que usted lo formuló. Quién ordenó el operativo, quiénes participaron, quiénes lo ejecutaron. A qué hora se enteró el secretario.

No es muy complicado, señor presidente. Hoy se tiene que votar porque de otra forma nos vamos a ir a las calendas de julio y yo pediría que en uso de sus facultades, como presidente de esta Cámara de Diputados, en esos términos se haga esa pregunta.

De otra forma, señor presidente, algo que es delicado para el funcionamiento del Congreso se va a ir otra vez a un sinfín de procedimientos pseudoparlamentarios, cuando usted tiene la facultad de hacerlo.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: ¿Alguna otra intervención? Por favor, señor diputado Clouthier.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo(desde la curul): Quisiera solicitar, presidente, que en la pregunta se incluya si se sabía que era la casa del diputado Bailey o no, porque si se sabía es extremadamente grave, y si no, también.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sin abjurar de la responsabilidad que me confiere la Ley Orgánica, insisto en preguntar en los términos impecablemente formulados por el diputado García Granados, si se faculta a esta Mesa Directiva a formular la pregunta parlamentaria correspondiente al caso del diputado Eduardo Bailey, para ser presentada sin dilación, el próximo jueves, a esta soberanía, para el caso de que sea aprobada, o bien, enriquecida con otras opiniones de las señoras y señores diputados.

Proceda la Secretaría a hacer la pregunta y la votación correspondiente.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobada.Se acaba de recibir... Sí, diputado Avelino Méndez.

El diputado Avelino Méndez Rangel(desde la curul): Señor presidente, mañana vamos a tener una sesión, le pediría que fuera el primer punto del orden del día para desahogarlo mañana, dada la urgencia del caso.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: La sesión de mañana tiene como punto específico la comparecencia del señor secretario de Hacienda. Vamos a seguir con el orden del día. Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política, ruego a la Secretaría dé lectura a la misma.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En el marco de lo dispuesto en el artículo 65, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, los suscritos coordinadores de los grupos parlamentarios, integrantes de la Junta de Coordinación Política, le solicitamos atentamente tenga a bien someter a la consideración de la asamblea que se incluya en el orden del día, para efectos de declaratoria de publicidad, discusión y votación hoy mismo en el primer turno posible el siguiente:

• Dictamen de la Comisión de Justicia, a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (robo de hidrocarburos).

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 20 de septiembre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia;Diputado Jorge Kahwagi Macari (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con el artículo 65, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si ha lugar a modificar el orden del día.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día, en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado.Adelante, señora secretaria.

CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de robo de hidrocarburos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen de la minuta de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria celebrada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fecha 18 de agosto de 2010, el senador Alejandro González Alcocer, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Segundo. Con fecha 19 de octubre de 2010, en sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Senadores, los senadores Tomás Torres Mercado y Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 254 bis y se adicionan los artículos 254 Bis 1, 254 Bis 2, 254 Bis 3, 254 Bis 4, 254 Bis 5, 254 Bis 6 y 254 Bis 7 al Código Penal Federal, y por el que se reforman el artículo 178 y el numeral 19 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Tercero. Con fecha 26 de octubre de 2010, en ejercicio de la facultad implícita en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sesión ordinaria celebrada por esta colegisladora, el senador Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 381 Ter al Código Penal Federal.

Cuarto. Presentadas las iniciativas de mérito en la Cámara de Senadores, para su estudio y dictamen correspondiente, la Mesa Directiva acordó dar a las mismas el trámite de recibo y ordenó su turno a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.

Quinto. En sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, celebrada el 9 de diciembre de 2010, se aprobaron dichas iniciativas, remitiendo la correspondiente minuta a esta Cámara de Diputados.

Sexto. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 14 de diciembre de 2010, se dio cuenta con el oficio número DGPL-1P2A.4655, de fecha 9 de diciembre de 2010, mediante el cual la Cámara de Senadores remite la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Séptimo.En la misma fecha la Mesa directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión acordó turnar a la Comisión de Justicia dicha Minuta para su estudio y dictamen correspondiente.

Octavo. Es el caso que en fecha 3 de marzo de 2011, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen emitido por la Comisión de Justicia con 386 votos en pro y 1 abstención y fue devuelto a la Cámara de Senadores para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de que se le realizaron modificaciones.

Noveno. En sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Senadores el 8 de marzo de 2011, se recibió de la Cámara de Diputados, para los efectos del procedimiento legislativo previsto en la fracción e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente con la Minuta en estudio; mismo que por disposición de la Mesa Directiva del Senado de la República, se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

Décimo. En sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, celebrada el 31 de marzo de 2011, se aprobó dicha Minuta, remitiéndola correspondiente a esta Cámara de Diputados para los efectos de lo previsto en la fracción e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente con la Minuta en estudio, ya que se realizaron algunos cambios.

Décimo Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 5 de abril de 2011, se dio cuenta con el oficio mediante el cual la Cámara de Senadores remite la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Décimo Segundo. En la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acordó turnar a la Comisión de Justicia dicha Minuta para su estudio y dictamen correspondiente.

Análisis de la minuta

En la minuta proyecto de decreto, la Cámara de Senadores señala expresamente lo siguiente:

“...Vistos los antecedentes del tema que se examina, a juicio de las comisiones unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, las modificaciones que la Cámara de Diputados ha insertado en la Minuta que la primera de estas colegisladoras aprobó el 09 de diciembre de 2010, son atendibles por las razones que les dan sustento y han quedado descritas en los apartados que anteceden. Con ellas, se consolidan las propuestas iniciales que le dieron origen, sin perjuicio de la tarea que nos conduzca a continuar vigorizando los instrumentos jurídicos que posibiliten la construcción de un régimen federal firme en la materia; propuestas, cuyo superior propósito, se orienta a la tipificación de conductas hasta ahora no reconocidas por su relevancia jurídico-penal y al establecimiento de un castigo más severo imponible a sus autores, considerando el grado de su  responsabilidad, las circunstancias que aprovechan para consumarlas y el daño económico y social que sus efectos generan en perjuicio del Estado mexicano; fenómeno o problemática que, además, por sus características peculiares constituye un grave riesgo para la paz y tranquilidad de la sociedad.

II. Se justifica, de tal manera, la importancia del proyecto que ha sido analizado, cuyo sentido y alcance, se encamina a satisfacer un reclamo que exige imperativamente y por modo inaplazable su regulación. Es inestimable el valor de las bondades que obran imbíbitas en tal proyecto, por ello, estamos de acuerdo con su contenido. Y hacemos nuestras, además, las razones y fundamentos contenidos, tanto en la exposición de motivos de la iniciativa origen de la Minuta que nos ocupa, como en los dictámenes aprobados sobre el particular por las colegisladoras del Congreso de la Unión, con fechas 09 de diciembre de 2010 y 03 de febrero de 2011, respectivamente. Razones y fundamentos, que hacemos nuestros, y a las cuales nos remitimos en obvio de innecesarias repeticiones. Luego, la minuta proyecto de decreto que reforman y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, si fuese aprobada por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de Senadores, deberá enviarse al Ejecutivo Federal para los efectos de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por la fracción a) del artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 222 y 226 del Reglamento del Senado de la República, las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, someten al pleno de la Cámara de Senadores el siguiente proyecto de:...”

Consideraciones

Primera. Después del análisis a la minuta remitida por la Cámara de Senadores, esta comisión de Justicia, considera procedentes los cambios que dicha colegisladora realizó a la Minuta aprobada por esta Cámara de Diputados el 3 de marzo de 2011, por lo que se aprueba en sus términos.

Segunda. Se coincide con la colegisladora, en el sentido de que el estudio que se realice a la presente minuta, únicamente deberá ser por cuanto hace a los cambios realizados por la Cámara de Senadores, ello en términos de lo dispuesto por el inciso E) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La minuta en estudio, establece que no se deberá considerar como delito grave y, por lo tanto no será sujeto de ser perseguido, procesado y sancionado conforme a las reglas de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el que se establece en el párrafo cuarto de la fracción I del artículo 368 Quáter.

En ese sentido, y toda vez que una de las tareas esenciales del Estado mexicano estriba en el aseguramiento de un orden y de una constante coordinación de actividades que garanticen una justa y equilibrada convivencia en nuestra sociedad, la tarea del Poder Legislativo es crear leyes claras y precisas en las que se establezcan, por ejemplo en materia penal, los delitos y sus correspondientes penas y medidas de seguridad, como es el caso que ahora nos ocupa, por ello es que se acepta en sus términos la Minuta en estudio y que con el ánimo de acatar el principio de economía procesal, se hacen nuestras las razones y fundamentos contenidos, tanto en la exposición de motivos de la iniciativa origen de la Minuta que nos ocupa, como en los dictámenes aprobados por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, en fechas 9 de diciembre de 2010, 3 de febrero de 2011, y 31 de marzo de 2011. Razones y fundamentos, que hacemos nuestros, y a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias.

Por lo anteriormente expuesto, y para los efectos del artículo 72, fracción A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Justicia, somete a la consideración de esta  la Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Artículo Primero. Se reforman las fracciones VII y actual VIII y se adiciona una fracción VIII, pasando la actual VIII a ser IX al artículo 254, y se reforma el artículo 368 Quáter del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 254. ...

I. a VI. ...

VII. Al que sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo, sustraiga o aproveche hidrocarburos o sus derivados, de los equipos o instalaciones de la industria petrolera a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, distintos a los previstos en la fracción IV del artículo 368 Quáter de este código, cualquiera que sea su estado físico; o realice cualquier sustracción o alteración de dichos equipos o instalaciones.

La sanción que corresponda se aumentará en una mitad cuando se realice en los ductos o sus instalaciones afectos a la industria petrolera o cuando el responsable sea o haya sido trabajador o servidor público de dicha industria.

VIII. A quien de manera dolosa altere los instrumentos de medición utilizados para enajenar o suministrar hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados. En este caso la sanción que corresponda se aumentará hasta en una mitad cuando el responsable sea o haya sido trabajador o servidor público de la industria petrolera, y

IX. Al que sin derecho realice cualquier sustracción o alteración de equipos o instalaciones del servicio público de energía eléctrica.

Las penas que correspondan por los delitos previstos en este artículo se aumentarán en una mitad más para el trabajador o servidor público que, con motivo de su trabajo, suministre información de las instalaciones, del equipo o de la operación de la industria que resulte útil o pueda auxiliar a la comisión de los delitos de referencia.

Artículo 368 Quáter. Se sancionará a quien:

I. Posea o resguarde de manera ilícita petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados.

Cuando la cantidad sea menor de 300 litros y hasta 300 litros, con pena de prisión de seis meses a dos años y de cien a quinientos días multa.

Cuando la cantidad sea mayor de 300 litros pero menor de 1 000 litros, con pena de prisión de dos a cuatro años y de quinientos a mil días multa.

En caso de que la cantidad sea igual o mayor a 1 000 litros, con pena de prisión de cuatro a diez años y de mil a doce mil días multa.

No se aplicará la pena prevista en el segundo párrafo de esta fracción siempre que se trate de la posesión de hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados hasta por la cantidad de 300 litros, cuando el sujeto activo detente la posesión de estos productos con fines de consumo para actividades agropecuarias o pesqueras lícitas dentro de su comunidad.

II. Enajene o suministre gasolinas o diesel con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 1.5 por ciento a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición que se emplean para su enajenación o suministro con pena de prisión de tres a seis años y de quinientos a mil días multa.

III. Enajene o suministre gas licuado de petróleo mediante estación de Gas L.P., para carburación, con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 3.0 por ciento a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición que se emplean para su enajenación o suministro con una pena de prisión de tres a seis años y de quinientos a mil días multa.

IV. Sustraiga o aproveche petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados de ductos, equipos o instalaciones de Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios o empresas filiales con pena de prisión de ocho a doce años y de mil a doce mil días multa.

Las sanciones que correspondan en este artículo se aumentarán hasta en una mitad cuando el responsable sea o haya sido trabajador o servidor público de la industria petrolera.

Las penas que correspondan por los delitos previstos en este artículo, se aumentarán en una mitad más para el trabajador o servidor público que, con motivo de su trabajo, suministre información de las instalaciones, del equipo o de la operación de la industria que resulte útil o pueda auxiliar a la comisión de los delitos de referencia.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 177, párrafo primero; 194, fracción I, inciso 25); se adiciona un párrafo quinto al artículo 181 y se deroga el inciso 28), fracción I, del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 177. Para la comprobación de los delitos relacionados con la industria petrolera nacional y con el servicio público de energía eléctrica previstos en los artículos 185; 253, fracción I, incisos i) y j); 254, fracciones VII y VIII; 254 Ter; 368, fracción II; y 368 Quáter, fracciones I y IV, del Código Penal Federal, se presumirá la propiedad federal, salvo prueba en contrario.

Para el acreditamiento de la propiedad federal, no se exigirá la presentación de factura o escritura pública o la inscripción en el registro público.

Artículo 181. ...

...

...

...

Cuando se asegure petróleo crudo, hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados, el Ministerio Público vigilará su aseguramiento y entrega sin dilación alguna a Petróleos Mexicanos o a sus organismos subsidiarios, para que proceda a su disposición final, previa inspección en la que se determinará la naturaleza, volumen y demás características de éstos; conservando muestras representativas para la elaboración de los dictámenes periciales que hayan de producirse en la averiguación previa y en proceso, según sea el caso.

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1) a 24) ...

25) Robo calificado, previsto en el artículo 367 cuando se realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 372 y 381, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVI y XVII, y el previsto en la fracción IV del artículo 368 Quáter;

26) y 27) ...

28) Se deroga

29) a 36) ...

II. a XVIII ...

...

Artículo Tercero. Se reforma la fracción I del artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 a 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; el previsto en la fracción IV del artículo 368 Quáter en materia de hidrocarburos; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;

II. a VII. ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2011.

La Comisión de Justicia, diputados:Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato García (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz (rúbrica), Eduardo Ledesma Romo, secretarios; Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa, Nancy González Ulloa (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Israel Madrigal Ceja (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad del dictamen, consulte a la asamblea, en votación económica, de conformidad con el artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, si se considera de urgente resolución y se pone a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: En términos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica, se consulta a la asamblea si se considera de urgente resolución y se pone a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se considera de urgente resolución. Sí, diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, presidente. Sí, como no lo tenemos aún —me dicen que está en la página electrónica, lo estamos buscando— sería importante que se leyera por lo menos la reforma que se está proponiendo, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De acuerdo. Diputado Di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Gracias, presidente. En el mismo sentido, pedir que el presidente de la comisión fundamente el dictamen o la minuta que se nos va a presentar.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Una vez que se le haya dado declaratoria de publicidad, con mucho gusto lo haremos. Dé lectura la Secretaría a los puntos fundamentales del acuerdo para conocimiento de las diputadas y los diputados de esta Cámara.

La diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño(desde la curul). Señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sí, diputada Scherman.

SISMO DE 1985

La diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño(desde la curul): Señor presidente, para hacerle una petición cuando usted lo crea conveniente, una petición muy respetuosa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Adelante.

La diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño(desde la curul). Le comento y comparto a los compañeros diputados: hace 26 años —cumplidos ayer— miles de familias se vieron enlutadas por el dolor que ocasionó el sismo de 1985. En ese sismo perdieron la vida mexicanos, en los que incluyo a tres diputados federales del PRI: la diputada María Concepción Barbosa Hernández, del I distrito de Colima; el diputado Ricardo Hernández Casanova, de Oaxaca —era coordinador de la fracción de Oaxaca—, y el diputado Alberto Sergio Mañueco Guzmán.

Quisiera solicitarle al señor presidente autorizara que guardásemos un minuto de silencio, por todas aquellas familias que vieron enlutados sus hogares a causa de este terremoto y por nuestros tres compañeros integrantes de la LIII Legislatura. Ojalá pudiese obsequiar esta petición.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Con mucho gusto, diputada. Le propongo que lo hagamos al cierre de la sesión. Con mucho gusto.

CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El dictamen está publicado en la Gaceta parlamentaria del día de hoy. Le pediría al diputado Benítez Treviño, por parte de la comisión, que hiciera uso de la tribuna para fundamentar el dictamen.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño:Gracias, presidente de la Mesa Directiva, diputado Emilio Chuayffet. Distinguidas diputadas; compañeros diputados. Subo a esta tribuna en un ambiente ominoso, en donde se ha reclamado la ejecución de compañeros, el atentado a sus intereses personales y familiares, y un reclamo generalizado al creciente clima de impunidad y de inseguridad que priva en toda la nación.

Frente a esta situación de emergencia, los diputados tenemos que responder elaborando, como lo establece la Ley Orgánica del Congreso, normas claras y precisas para afrontar la situación.

Precisamente por eso, señor presidente de la Mesa Directiva, vengo a fundamentar la minuta que proviene del Senado, en la que se reforman diversas disposiciones del Código Penal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y del Código Federal de Procedimientos Penales, para sancionar de una vez por todas a las bandas de delincuencia organizada que se están robando el petróleo de los ductos de la empresa paraestatal más importante que tiene este país, Petróleos Mexicanos.

Por eso quiero llamar la atención a la minuta que nos envía la colegisladora para sancionar a quienes ilícitamente extraen el petróleo crudo, hidrocarburos o derivados, de los ductos de Pemex, calificando este delito como delito grave, como delincuencia organizada, y reformando el Código Penal para establecer una sanción de 8 a 12 años de prisión y de mil a 12 mil veces multa de salario mínimo.

Cuando haya presencia de servidores públicos o ex servidores públicos en este ilícito, se duplicará la pena prevista en la reforma en comento.

Déjenme decirles, compañeros, no es menor cosa. Entre enero y mayo de este año se han detectado 568 tomas clandestinas; 95 tomas clandestinas al mes, más de tres al día, con una pérdida de mil 300 millones de pesos mensuales; 43 millones de pesos diarios.

Han sido sustraídos en este periodo, 49 mil barriles diarios de petróleo. Si tomamos en consideración que cada barril tiene 59 litros, tenemos 8 millones de litros diariamente sustraídos. El monto total de este robo a la nación es de 6 mil 542 millones, en este periodo.

Por eso, con esta histórica reforma que hoy ponemos a su consideración, estamos dotando a la Procuraduría General de la República de un instrumento enérgico, contundente y eficaz contra la delincuencia organizada, en esta lucha valiente que una mujer honesta y honrada como Marisela Morales Ibáñez, primera procuradora en la historia de este país, está dando contra la delincuencia organizada.

Por eso, yo les pido compañeros, que votemos este dictamen a favor. Le ruego, señor presidente de la Mesa Directiva, que lo turne de inmediato al presidente Felipe Calderón, para que cumpla con su obligación constitucional de promulgar la reforma para tener un instrumento más en contra de los pillos que devastan y se roban la riqueza petrolera, que es riqueza de todos los mexicanos.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: ¿Con qué objeto?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Para registrar mi participación.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Todavía tengo que declarar que está a discusión en lo general.

Está a discusión el dictamen correspondiente. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se encuentran registrados para la discusión en lo general los siguientes diputados: Juanita Arcelia Cruz Cruz, Pedro Vázquez González y Guillermo Cueva Sada.

La intervención de usted sería, ¿a favor o en contra?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): En contra.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En contra el diputado Jaime Cárdenas Gracia. Le damos la palabra al diputado Cárdenas para que, hasta por tres minutos, elabore los argumentos en contra del dictamen.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. En general quiero decir que me parece un dictamen acertado; pero lo que me preocupa del mismo y por eso me inscribí en contra, porque ya no tuvimos oportunidad de presentar la reserva por escrito, es el artículo 3o. de este dictamen que modifica la fracción I del artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en donde se considera el tipo previsto en la fracción IV del artículo 368 Quáter, en materia de hidrocarburos, como terrorismo. Es decir, lo que me parece excesivo.

Coincido con mi amigo, el diputado Benítez Treviño, que estos delitos deben ser delitos graves. Me parece ello proporcional, porque efectivamente los medios de comunicación han reportado cómo las bandas del crimen organizado trafican con hidrocarburos, roban hidrocarburos en los ductos de petróleos mexicanos y los exportan a Estados Unidos; entonces, creo que sí es un delito que debe ser sancionado con la gravedad correspondiente, como delito grave.

Pero de ahí, a calificarlo de terrorismo, me parece excesivo, porque el terrorismo, según el diccionario, y ahora voy a referirme a varios códigos penales de nuestro entorno: El terrorismo es el uso sistemático del terror para coaccionar a sociedades o gobiernos, utilizado por una amplia gama de organizaciones políticas en la promoción de sus objetivos... etcétera. Es para sembrar terror en la población.

El Código Penal argentino, por ejemplo, dice en su artículo 213, que se considera como delito de terrorismo, el que tomara parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea mediante la comisión de delitos aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, siempre que se reúnan las siguientes condiciones, y las establece.

El Código Penal español en su artículo 571, tipifica el delito de terrorismo de la siguiente manera: Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas, organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, cometa los delitos de estragos o de incendios tipificados en los artículos 346 y 351 de ese Código.

En Estados Unidos de América su Código Penal también establece la siguiente definición de terrorismo: Terrorismo es la violencia premeditada y con motivos políticos, perpetrada contra objetivos civiles, por grupos subnacionales o agentes clandestinos, generalmente con la intención de influenciar a un público determinado.

A mí me parece que estos delitos...

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Ha concluido su tiempo, señor diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Termino, presidente. Concluyo con este razonamiento. Me parece que los delitos de sustracción, de posesión, de venta ilegal de hidrocarburos son delitos graves y están bien tipificados y sancionados en este dictamen. Pero difiero del dictamen y me separo de él, porque se considera a estos delitos como actos de terrorismo y eso me parece desproporcionado, en relación a lo que prevé el artículo 22 de nuestra Constitución. Por su atención, muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado. Hace uso de la tribuna, la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, hasta por 3 minutos.

La diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, vengo a nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática a fijar postura sobre la iniciativa con proyecto de decreto en materia de hidrocarburos.

Nuestro voto será a favor de esta iniciativa, ya que el robo de hidrocarburos necesariamente es una actividad del crimen organizado, ya que implica la creación de redes de robo, trasiego, transporte, distribución y venta del producto robado; por lo que podemos asumir que el producto de esta venta pasa a engrosar las arcas de las organizaciones criminales y es utilizada para el financiamiento de actividades ilícitas.

De acuerdo a las proyecciones elaboradas por Pemex, dentro de unos escasos cinco años en el horizonte 2015 y 2018 caerá 1.2 millones la producción de barriles diarios. Un 40 por ciento respecto a la producción actual. Esto coloca a la entidad en sí en una grave crisis, dada la situación actual de los yacimientos.

Los costos de producción cada vez más elevados, menores exportaciones dada la baja en producción y una capacidad de transporte y almacenamiento colapsados. Esto sin mencionar la alta corrupción que posee Pemex.

Este detrimento patrimonial vulnera a todos los mexicanos y mexicanas, por lo que resulta indispensable sancionar efectivamente a quienes sustraen ilegalmente hidrocarburos y sus derivados, con la finalidad de sancionar y evitar este tipo de conductas que afectan a la economía nacional, la minuta propone sanciones severas en los casos siguientes: De posesión ilícita de petróleo, crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados o la ostentación de la propiedad de estos productos, con prisión de 6 meses a 2 años y de 100 a 500 días multa.

En la minuta también se establecen los tipos penales referente a la  enajenación o suministro de gasolina o diesel, con penas que van de los 3 a 5 años de prisión, y multa de 500 a mil días a quienes suministren una diferencia mayor a 1.5 por ciento a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición que se emplean para su suministro.

En cuanto a la enajenación o suministro de gas licuado de petróleo, mediante estación de gas LP para carburación, las sanciones que se presentan en el dictamen de la minuta que se pone a su consideración con prisión de 3 a 6 años de prisión y multa de 500 a mil días multa, a quien con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior a 3.0 por ciento de la cantidad que se registre en los instrumentos de medición empleados para suministrar el hidrocarburo.

Por eso, compañeras y compañeros, nosotros, los diputados y diputadas del Partido de la Revolución Democrática creemos que esta importante reforma tiene que ser votada a favor, y como lo dijo el presidente de la Comisión de Justicia, el doctor Benítez Treviño, le pedimos al presidente de esta Cámara pueda turnar de manera inmediata esta iniciativa al Ejecutivo para su promulgación. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra hasta por tres minutos al diputado Pedro Vázquez González.

El diputado Pedro Vázquez González:Con su venia, señor presidente. Compañeros, compañeras legisladores, el decreto que se pone a nuestra consideración por parte de la Comisión de Justicia, por el que se reforman  y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley contra la Delincuencia Organizada, tiene como propósito el combatir el robo que se hace de los hidrocarburos en los ductos de Petróleos Mexicanos.

Por desgracia, con esta actividad ilícita no solamente se está afectando la economía del país, sino también se pone en un grave riesgo la seguridad de los mexicanos que viven cerca de donde están las redes de distribución de Pemex, tal y como ocurrió en el lamentable accidente de San Martín Texmelucan, Puebla y como ya ha ocurrido en otras regiones de país.

Es evidente que quienes realizan afectación a las redes de distribución de Pemex no lo hacen con cincel y martillo, lo hacen con un mínimo de tecnología que les permite romper la tubería y extraer el producto con la consecuencia de las pérdidas patrimoniales para el Estado mexicano. Por ello, en el artículo 254, fracción VII, del Código Penal Federal se precisa la conducta ilícita que realiza el sujeto activo al sustraer y aprovecharse sin derecho, y sin consentimiento de quien legalmente puede autorizarlo, causando con ello una pérdida patrimonial a Pemex.

En el caso del artículo 368 Quáter del mismo Código Penal Federal, se establecen las sanciones a la posesión ilícita de petróleos crudos e hidrocarburos refinados, en cantidades que sean menores de 300 y hasta de 300 litros. Esto establece como excepción cuando se posean menos de 300 litros en el supuesto de que el producto se destine a actividades agropecuarias o pesqueras lícitas.

Se reforma también el Código Federal de Procedimientos Penales en su artículo 181, para otorgar al Ministerio Público la facultad de vigilar el aseguramiento del producto ilícito obtenido de manera ilícita, y entregarlo a su vez a Petróleos Mexicanos para su disposición final.

También se reforma el artículo 194, en su fracción I, numeral 25, para establecer como delito grave la sustracción ilícita de hidrocarburos de la red de Petróleos Mexicanos.

Por último, se reforma la fracción I del artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para considerar como acciones de delincuencia organizada precisamente la sustracción ilícita de hidrocarburos.

Compañeras y compañeros legisladores, es pertinente destacar que el dictamen que estamos discutiendo ha formado ya parte de un proceso legislativo entre la Cámara de origen y la Cámara revisora.

Este dictamen tiene como base la minuta enviada por nuestra colegisladora, y al aprobar este dictamen estamos protegiendo en lo que a nuestra función corresponde la riqueza de la nación. Corresponderá a las autoridades competentes la persecución de los delitos y a los órganos jurisdiccionales en su caso, la aplicación de las sanciones que correspondan.

Por lo anteriormente expuesto, les solicito a ustedes, compañeros y compañeras, votar a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado. Hace uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Guillermo Cueva Sada. Diputado Cueva Sada.

El diputado Guillermo Cueva Sada(desde la curul): Presidente, siento que ya se alargó mucho la sesión y prefiero declinar mi participación en tribuna. Sólo antes decir, felicito al diputado Benítez por sacar este dictamen en su comisión y también agregar que el Partido Verde está a favor de apoyar el contenido de este dictamen, que es en beneficio de Pemex y de todos los mexicanos. Gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias. Hace uso de la palabra la diputada María Antonieta Pérez Reyes, hasta por tres minutos.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes:Con su venia, señor presidente. La Constitución Mexicana dispone que el dominio directo, inalienable e imprescriptible del petróleo y sus derivados, están a cargo de todo el pueblo de México. Desafortunadamente esa importante disposición se ha visto afectada por individuos carentes de conciencia, que han dedicado sus esfuerzos en prácticas que atentan en forma directa contra cada miembro de nuestra nación. En tal virtud, ha proliferado el robo de hidrocarburos mediante la instalación de varias tomas clandestinas, extracción en válvulas de ductos, contrabando, sustracción de productos de refinería y terminales, así como la ordeña y robo de autotanques.

Estas conductas que tanto afectan a México han sido detectadas en varias entidades federativas, pero aún así, en muchos de los casos, aunque se logre ubicar y desmantelar esa toma, subsiste el saqueo en detrimento de la riqueza nacional.

Señoras y señores diputados, el daño económico que sufre el país es cuantioso, sin embargo, el daño no queda en ello, la práctica de este tipo de robos trae aparejado un grave riesgo para la seguridad de la ciudadanía que incluso acarrea desenlaces fatales, esto cobra mayor gravedad si tomamos en cuenta que detrás de tales hechos se encuentra la delincuencia organizada con todo su poder económico y operativo.

Cierto es que para inhibir este mal, Petróleos Mexicanos ha implementado diversos programas y medidas como el rastreo vía satelital de autotanques e instalaciones de cámaras de circuito cerrado, entre otras.

A pesar de lo anterior, el problema ha seguido avanzando, por esta razón hoy estamos ante la importante labor de proteger aquello que le pertenece al pueblo de México y, sobre todo, diseñar aquellas medidas de seguridad que garanticen la integridad de mexicanos inocentes.

Con lo anterior, segura estoy que el Estado mexicano podrá combatir la impunidad. Asimismo, se establecerá un marco procesal que facilite la integración del procedimiento en contra de las personas que cometan esas conductas, además de considerar como grave, y objeto de regulación en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, los exhorto a nombre de mi partido Acción Nacional, de mi bancada, a sumarse al impulso de estas medidas. No debemos permitir que los criminales, refugiados en la clandestinidad, se vean beneficiados de recursos que por ley le deben corresponder a todos los mexicanos, y más aún, que ponen en peligro la vida de las personas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra, hasta por 3 minutos, al señor diputado Arturo Zamora Jiménez.

El diputado Arturo Zamora Jiménez:Distinguidas diputadas y diputados, las modificaciones que hoy estaremos a punto de votar, al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley General contra la Delincuencia Organizada establecen un instrumento más para el Estado mexicano, a fin de combatir de manera eficiente un fenómeno que ha venido creciendo, que es el robo en ductos, poliductos e instalaciones de Petróleos Mexicanos.

Esa es la razón fundamental por la que nosotros, quienes integramos la Comisión de Justicia en esta Cámara de Diputados, todos los partidos políticos, en su momento votamos a favor de la minuta que envió, precisamente, el Senado de la República.

Estimados diputados, en los últimos 7 meses aumentó el 69 por ciento el robo de combustible en nuestro país. De enero a julio de 2010, un millón 77 mil 900 barriles fueron sustraídos de Pemex.

En el mismo lapso de 2011, un millón 819 mil 416 barriles han sido robados en ductos de Pemex, lo que representa un aumento del 69 por ciento.

Tres mil millones de pesos estimados en pérdidas hasta junio de 2011 por robo en tomas clandestinas y que equivale, precisamente, a 20 mil barriles diarios, 100 autotanques diarios de producto robado.

Estamos hablando de 853 tomas clandestinas en lo que va del año 2011. En este sentido, decir a ustedes que entre 2009 y 2010, de acuerdo a información que nos proporcionó por escrito la Procuraduría General de la República, que fue solicitada en enero de este año, se recibieron 367 averiguaciones previas en el 2009 y 546 en el 2010. De estas 913 denuncias se consignaron 92 averiguaciones, en 41 casos hay órdenes de aprehensión y hay 43 sentencias condenatorias. Lo que significa que existe un grado de impunidad en materia de robo de combustible del 96 por ciento, solamente de las denuncias que se han presentado hasta el momento.

Desde el punto de vista de la percepción de los integrantes de la Comisión de Justicia, no podemos promover la impunidad legislativa y ésa es la razón por la que queremos otorgarle al Estado mexicano un nuevo instrumento, una nueva herramienta que ya fue debidamente comentada y explicada por quienes me antecedieron en la palabra.

Por esa razón, distinguidos diputadas y diputados, el Grupo Parlamentario del PRI estará votando a favor de este dictamen, felicitando la presidencia del doctor Humberto Benítez Treviño y a todos los integrantes de la Comisión de Justicia. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general. De conformidad con el artículo 109, del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Háganse los avisos al que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

La diputada Janet Graciela González Tostado (desde la curul). Señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: La diputada Janet González Tostado.

La diputada Janet Graciela González Tostado(desde la curul). Gracias, señor presidente. Su servidora, en esta tarde, agradezco que se haya tomado este tema que es tan importante. Donde yo radico, en San Martín Texmelucan, el pasado 19 de diciembre tuvimos un grave conflicto donde perdimos a muchas familias, donde hubo un problema que en toda la nación se escuchó.

Creo que esto es lo que necesitamos, que verdaderamente se castiguen a todas aquellas personas que tengan estos grandes abusos en cuanto a los hidrocarburos. Gracias, presidente. Gracias al diputado Benítez y a todos los que están apoyando esta iniciativa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputada.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: ¿Algún diputado o alguna diputada que falte por emitir su voto? Continúa abierto el sistema electrónico. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 308 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones.

La diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández(desde la curul): A favor.

La diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata (desde la curul): A favor.

El diputado Oscar Martín Arce Paniagua (desde la curul): A favor.

La diputada Rosi Orozco (desde la curul): A favor.

El diputado Tomás Gutiérrez Ramírez(desde la curul): A favor.

La diputada Ana Georgina Zapata Lucero (desde la curul): A favor.

La diputada María de Jesús Mendoza Sánchez (desde la curul): A favor.

El diputado Sami David David(desde la curul): A favor.

La diputada Laura Margarita Suárez González(desde la curul): A favor.

La diputada Susana Hurtado Vallejo (desde la curul): Rectificación. A favor.

El diputado José Antonio Aysa Bernat (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Se emitieron 319 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 319 votos, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Ruego a la Secretaría General que en este punto, como lo han pedido los diputados, se haga la comunicación de inmediato al Ejecutivo, para sus efectos conducentes.

SISMO DE 1985

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: La Mesa Directiva invita a todos los presentes, como lo solicito la diputada María Esther Sherman, a guardar 1 minuto de silencio en memoria de los diputados a la LIII Legislatura: Alberto Sergio Mañueco Guzmán, Ricardo Hernández Casanova y María Concepción Barbosa Hernández, así como a todas aquellas personas que fallecieron durante los sismos de 1985, en la Ciudad de México.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Invito a los presentes ponerse de pie.

(Minuto de silencio)

* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En los términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y las proposiciones que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que se haya recibido comunicación para ser registradas en la siguiente sesión.

Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva, por la que informa del turno correspondiente a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 20 de septiembre de 2011, de conformidad con los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Con fundamento en los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea de los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo que no fueron abordadas en el orden del día del martes 20 de septiembre de 2011, para su remisión a las comisiones correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2011.— Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma los artículos 118 de la Ley del Seguro Social y 51 y 166 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado David Penchyna Grub, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

2. Que reforma el artículo 2° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Edgardo Melhem Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

3. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Canek Vázquez Góngora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Gobernación, para dictamen.

4. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisiones Unidas de Justicia y de Pesca, para dictamen.

5. Que reforma el artículo 8° de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Turismo, para dictamen.

6. Que reforma los artículos 40 y 53 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Economía, para dictamen.

7. Que reforma los artículos 2°, 8° y 13 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Pesca, para dictamen.

8. Que deroga el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Hugo Héctor Martínez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

9. Que reforma el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno:Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

10. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno:Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

11. Que reforma el artículo 7° de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno:Comisión de la Función Pública, para dictamen.

12. Que expide la Ley para el impulso a favor del desarrollo pleno de las mujeres Jefas de Familia, a cargo de la diputada Margarita Liborio Arrazola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Desarrollo Social, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

13. De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el epígrafe "Primer Congreso de Anáhuac, Congreso de Chilpancingo 1813", a cargo del diputado Mario Moreno Arcos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

14. Que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Nely Edith Miranda Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

15. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez y suscrita por el diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

16. Que reforma los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

17. Que reforma los artículos 537 y 539 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

18. Que reforma los artículos 12 y 25 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Tomás Gutiérrez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Ciencia y Tecnología, para dictamen.

19. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo de la diputada Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura, para dictamen.

20. Que expide la Ley del Fondo para Fortalecer la Infraestructura ante la Urgencia Económica, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota y suscrita por los diputados Vidal Llerenas Morales, Indira Vizcaíno Silva y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

21. Que expide la Ley de Garantía al Derecho Alimentario, a cargo del diputado José Narro Céspedes y suscrita por el diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Agricultura y Ganadería, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

22. Que expide la Ley Federal de Sesiones Públicas, a cargo de la diputada Norma Leticia Orozco Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de la Función Pública, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

23. Que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ariel Gómez León, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

24. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Seguro Social, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales y suscrita por diputados y senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública para dictamen.

25. Que reforma los artículos 73, 76 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

26. Que reforma el artículo 2° de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

27. Que adiciona un artículo 28 Ter a la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Armando Jesús Báez Pinal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura, para dictamen.

28. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

29. Que expide la Ley que crea la Universidad Indígena de Oaxaca, a cargo del diputado Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para Dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría General, a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y a la Dirección General de Recursos Humanos de esta Honorable Cámara de Diputados, giren las instrucciones pertinentes, para que a los veintinueve trabajadores de confianza con discapacidad que laboran en este órgano legislativo, se les otorgue la base sindical, a cargo de la diputada Nely Edith Miranda Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal, dé cuenta a la ciudadanía sobre los resultados obtenidos en el censo 2010, a cargo del diputado Eric Luis Rubio Barthell, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Gobernación, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEDESOL, para que a través del CONEVAL, realice un estudio del tipo de pobreza existente en los estados fronterizos del norte del país y bajo este criterio lograr una mejor cobertura en la aplicación de los Programas Federales, a cargo del diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Judicial de la Federación, establezca los canales de comunicación adecuados entre las distintas instancias encargadas de emitir resoluciones que pongan fin a los procesos donde se vean involucrados servidores públicos de todos los niveles gubernamentales, así como al Consejo de la Judicatura Federal, revise la actuación de la Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, en razón de haber concedido la libertad al señor Néstor Félix Moreno Díaz, ex funcionario de la CFE, por presunto enriquecimiento ilícito, producto de una red de sobornos, suscrito por los diputados Esthela Damián Peralta, Magdalena Torres Abarca, Israel Madrigal Ceja, José Narro Céspedes y Rigoberto Salgado Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones Ordinarias de esta Soberanía, para que en el periodo de análisis y discusión del PEF 2012, respeten el calendario que en su oportunidad emita la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para la recepción de los Proyectos de Inversión presentados por los grupos sociales provenientes de cualquier región del país, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno:Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para su atención.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la PGR y de la SHCP, lleve a cabo las acciones necesarias para capturar y castigar a los responsables del fraude realizado por la empresa Herón México, S.A. de C.V., a más de 5,500 familias de diversas entidades federativas de nuestro país, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF, investigue la obra "Gaza Universitaria en Entronque de Circuito Universitario y Periférico de la Juventud", en el municipio de Chihuahua, para determinar si el presupuesto asignado se ejerció correctamente y deslindar responsabilidades en caso de comprobarse el desvío de recursos públicos, a cargo del diputado Arturo García Portillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su atención.

8. Con punto de acuerdo, a fin de crear centros comunitarios de reinserción social (casas de medio camino), por parte de los titulares del Ejecutivo Federal y los de los estados de la República para cumplir con los postulados contenidos en el artículo 18 Constitucional, a cargo del diputado Luis Felipe Eguía Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, fortalezca en sus planes y programas de estudio la cultura de envejecimiento, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Judicial de la Federación, para que a través del Consejo de la Judicatura Federal, incluya el derecho internacional de los derechos humanos como una materia obligatoria en los cursos que imparta tanto para ingresar a la carrera judicial, como para desarrollarse dentro de la misma, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Senadores, para que dictamine y vote la Minuta con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un segundo párrafo al artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada en el DOF del 21 de diciembre de 1995, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Cámara de Senadores, para su atención.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SENER y a PEMEX, tomen las medidas preventivas y eviten la circulación, el estacionamiento y las maniobras de unidades de carga doblemente articuladas en zonas habitacionales o comerciales y en el centro histórico de Puerto Vallarta, Jalisco, que ponen en riesgo el medio ambiente, la seguridad de las personas o sus bienes, así como para prevenir desastres que se pudieran ocasionar por sustancias químicas peligrosas y combustible, suscrito por los diputados Fernando Morales Martínez y Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Energía, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales, elaboren su diagnóstico y programa estatal de derechos humanos, a la SEGOB para que promueva la realización de los mismos y a los Congresos Estatales, etiqueten recursos destinados al mismo fin, a cargo de la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a los Congresos Locales, y a los Gobiernos Municipales, mejoren las condiciones regulatorias que incidan en el proceso productivo de las MIPYMES; así como al titular de la Secretaría de Economía para que dé cuenta a la opinión pública acerca de los convenios celebrados con las entidades federativas y los municipios para la consecución de los objetivos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Turno:Comisión de Economía, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se crea una Comisión Especial del Corredor Económico del Norte de México, a cargo del diputado José Ricardo López Pescador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Junta de Coordinación Política.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, instruya al Director General del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, a establecer mesas de diálogos con los organismos estatales de infraestructura física educativa en materia de descentralización de los recursos, a cargo del diputado Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.»

Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Se han agotado los asuntos en cartera, señor presidente.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor (a las 17:33 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles, 21 de septiembre de 2011, a las 11 horas, en la que se llevará a cabo la comparecencia del licenciado José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda y Crédito Público. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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RESUMEN DE ACTIVIDADES • Tiempo de duración: 6 horas    17 minutos • Quórum a la  apertura de sesión: 296 diputados • Asistencia al cierre de registro:  406 diputados • Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 3 • Minutos de silencio: 2 • Oradores que participaron: 135 PRI                                              47PAN                                             22PRD                                     18PVEM                                          9PT                                                   31Convergencia                       4Nueva Alianza                               4 Se recibió o presentó: • 1 Oficio de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados con el que comunica modificación de turno de iniciativa; • 5 oficios de la Junta de Coordinación Política por los que comunica cambios de integrantes en las Comisiones de: Equidad de Género; Seguridad Social; Trabajo y Previsión Social; Juventud y Deporte; Participación Ciudadana; Comunicaciones; Radio, Televisión y Cinematografía; Turismo; Cultura; y de Educación Pública y Servicios Educativos; así como de las Comisiones Especiales: para la Familia; del Sistema de Bibliotecas; y de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Ex-trabajadores Mexicanos Braceros; • 1 comunicación del diputado José Óscar Aguilar González, (PRI).por la que solicita que iniciativa sea turnada nuevamente; • 1 oficio del diputado Elpidio Desidirio Concha Arellano, (PRI) por el que solicita sea retirada iniciativa; • 1 comunicación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; • 1 oficio del Poder Legislativo del estado de Quintana Roo con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a agosto de 2011, desagregada por tipo de fondo de acuerdo; • 1 iniciativa de senadores del PRI y PRD; • 8 oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite proposiciones con punto de acuerdo referentes al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012; • 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe de labores 2010 de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; • 2 oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que nueve ciudadanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas, respectivamente, e informa que cuatro ciudadanos han dejado de prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas; • 2 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite el V informe de labores de las Secretarías de Educación Pública y de Seguridad Pública; • 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el Informe de la Evaluación de Procesos del Programa 005, Prevención y Corrección de Prácticas Abusivas en las Relaciones de Consumo entre Proveedores y Consumidores; • 1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Luis Maldonado Venegas, para que pueda aceptar y usar la distinción Gobernador Enrique Tomás Cresto como Líder para el Desarrollo, que le otorga el Senado de la República de Argentina; • 1 iniciativa del Congreso del estado de Aguascalientes; • 18 iniciativas del PRI; • 2 iniciativas del PAN; • 4 iniciativas del PRD; • 2 iniciativas del PVEM; • 3 iniciativas de Nueva Alianza; • 16 proposiciones con puntos de acuerdo Declaratoria de publicidad de dictamen: • 1 de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que expide los criterios para las inscripciones de honor en la Cámara de Diputados; • 1 de las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX Bis al artículo 3o., el título quinto Bis y su capítulo único, y el artículo 421 Ter de la Ley General de Salud; • 1 de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 9 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación; • 1 de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor; • 1 de la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; • 1 de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; • 1 de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que deroga la fracción V del artículo 1391 del Código de Comercio; • 1 de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones V al artículo 7o. y X al 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal; • 1 de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 113 Bis de la Ley de Aguas Nacionales; • 1 de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo IV Bis, con los artículos 275 Bis y 275 Ter, al título octavo del libro segundo del Código de Justicia Militar; • 1 de dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de robo de hidrocarburos Dictámenes aprobados: • 1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Luis Maldonado Venegas, para que pueda aceptar y usar la distinción Gobernador Enrique Tomás Cresto como Líder para el Desarrollo, que le otorga el Senado de la República de Argentina, con dispensa de todos los trámites; • 1 de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 1411 del Código de Comercio; • 1 de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 33 y el primer párrafo del artículo 35 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; • 1 de la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de Igualdad entre Mujeres y Hombres; • 1 de dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de robo de hidrocarburos