SUMARIO

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Presidencia diputado Emilio Chuayffet Chemor

ASISTENCIA

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 255 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor (a las 10:35 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado Porfirio Muñoz Ledo.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega(desde la curul): Hemos notado que en el orden del día no aparece un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución que había sido inscrito desde el día 8 de este mes, desde el 8 de septiembre. Esto es hace 14 días.

Nos parece que con el tiempo transcurrido se vuelve —si se permite el superlativo— de más urgente u obvia resolución, supuesto que el debate de las Naciones Unidas sobre el tema y el punto de acuerdo es exhorto al gobierno federal para que vote en favor del reconocimiento del Estado palestino, tendrá lugar en unos cuantos días.

Ya las posiciones de los Estados miembros están planteadas, es el principal debate mundial el día de hoy. Me parecería absurdo o sospechoso que esta Cámara, que el Congreso mexicano no se pronunciará sobre el particular. Facultades las tenemos, sobradas para eso.

Se me ha argumentado, señor presidente, que de acuerdo con el Reglamento —que a raíz de los acontecimientos de ayer se ha vuelto un punto muy delicado de debate en esta Cámara—, cada vez que se pospone un asunto tiene que volver a ser votado por la Junta de Coordinación para inscribirlo en el orden del día siguiente. No me parece un procedimiento correcto, pero a discusión está esa disposición de Reglamento.

En dado caso, sé que esta mañana, presidente, usted estuvo anuente en que veamos con los grupos parlamentarios, con los miembros de la Junta de Coordinación Política, si puede inscribirse el día de hoy, ya que ese requisito lo están exigiendo. El requisito es el acuerdo de los miembros de la Junta. Le rogaría que lo hiciéramos en el curso de la mañana para que pudiera ser desahogado hoy mismo.

El asunto de fondo, señor presidente, es si este Congreso, a través de sus procedimientos, vericuetos, laberintos, interpretaciones reglamentarias, quiere o no discutir el tema del Estado palestino y la posición de México, conforme a los mandatos constitucionales en este punto. Ese es el asunto de fondo. Si queremos hacerlo lo podemos resolver librando cualquier escollo, cualquier requisito de carácter formal. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado, con mucho gusto. Le propongo que usted y yo nos reunamos con los coordinadores parlamentarios, con todos, sin excepción, a efecto de lograr que la Junta de Coordinación Política, respetando las formalidades esenciales que le marca la Ley y el Reglamento, pueda modificar el orden del día e incluir este asunto en términos oportunos para que pueda ser discutido y votado el día de hoy.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado Di Costanzo.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Ya lo anoté.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Gracias presidente. Mire, hoy un diario de circulación nacional —diría de amplia circulación nacional—, abajo de la sonrisa Colgate del ahora candidato o precandidato Ernesto Cordero, ex secretario de Hacienda, saca que la Secretaría de Hacienda dejó de licitar el 85.9 por ciento de los contratos que firmó él, ahora candidato y anterior secretario de Hacienda.

Dado este asunto y este tema, que además como secretario violó la ley al no licitar y que ahora es candidato, y que yo soy muy mal pensado, le solicito tenga a bien girarle instrucciones a la Comisión de la Función Pública o que la Comisión de la Función Pública tome este asunto. Me parece de la más alta importancia en virtud de que son recursos públicos y en virtud de que es ahora un precandidato irresponsable que aventó el paquete económico y que ahora se promueve, no sé si con los recursos de GNP o de Hewlett Packard o de Axtel, que fueron de las empresas beneficiadas. Me parece que si esto ya está en los medios, la Cámara de Diputados tiene que revisar esta situación.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Haré del conocimiento de la Comisión de Función Pública el asunto que ha expuesto. Tiene la palabra el diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Tres cosas puntuales, diputado presidente. La primera —que se me pasó desde el martes pasado—, es denunciar que me ha sido negado el otorgamiento de la credencial de elector en la Junta Distrital número 8, lo cual es un absurdo.

Están jugando un burocratismo extremo. Entregué un acta de nacimiento en el momento de mi registro en el IFE, en el Registro Federal de Electores directamente. Luego, cuando fui candidato, entregué otra acta de nacimiento. Fui a identificarme con un pasaporte que sostiene un acta de nacimiento y quieren otra acta de nacimiento. Hacen colecciones de actas de nacimiento ahí en el Instituto Federal Electoral.

Me niego terminantemente a entregar una nueva acta de nacimiento y tengo el escrito negándome el otorgamiento de la credencial de elector. Voy a hacer todo el proceso judicial correspondiente para exigir la entrega de la credencial de elector, pero quiero hacer esta denuncia porque si a mí me niegan la credencial de elector, imagínese a un ciudadano de a pie cuál será su condición. Me parece una situación delicada y quiero que quede constancia en esta sesión.

En segundo lugar, quiero comentar que no veo en el orden del día el acuerdo sobre las comparecencias de los funcionarios del gobierno usurpador. Ya es tiempo de que lo conozcamos. De todos modos después de la visita de ayer del secretario de Hacienda del gobierno de facto, queda claro que no sirven de gran cosa las comparecencias, pero deben llevarse a cabo. No está en el orden del día.

El tercer punto es una petición. El próximo martes 27 se cumplen 51 años de la Nacionalización de la Industria Eléctrica, que ha desnacionalizado el gobierno de facto, irresponsable, de Calderón; entonces quisiera, no como efeméride, sino en la agenda política, se incluya el tema del 51 aniversario de la industria eléctrica y su situación y estado actual, para el mismo martes 27 de septiembre.

Hago ya la solicitud, además la haré por escrito. Lo que redunda no hace daño, pero quiero que quede constancia en este pleno de la solicitud, para ver si la Junta de Coordinación se digna a bien incluir el tema.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En relación al primer punto instruyo a la Secretaría para que personal a su cargo recoja, de parte del diputado que hizo uso de la palabra, los datos correspondientes y formule el oficio que firmaré para hacer del conocimiento del presidente del Consejo General del IFE esta notoria irregularidad, a efecto de que la corrija de inmediato.

Tanto las comparecencias como la celebración de la Nacionalización de la Industria Eléctrica son asuntos que corresponden a la Junta de Coordinación Política y sin embargo, habremos de hacer un recordatorio, para que ambas se produzcan una en el día indicado y las otras a la brevedad posible.

Tiene la palabra el diputado César Augusto Santiago.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Está registrado.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Primero, para sumarme a la última petición de Fernández Noroña, porque estimo que es imprescindible que en este pleno de los diputados discutamos la situación, condiciones y mejor destino de la Comisión Federal de Electricidad.

Creo que no es un asunto menor y le ruego que tome mi opinión favorable a lo que ha sugerido el diputado Fernández Noroña. Ésa es mi primera intervención.

En segundo lugar, quiero decirle que hace unos días le pidieron a usted señor, en su calidad de presidente de la Conferencia para la Coordinación de los Trabajos Legislativos, las previsiones necesarias a efecto de que podamos cumplir con la facultad exclusiva que tiene la Cámara de Diputados de dictaminar la Cuenta Pública a más tardar el 30 de septiembre, como dice la fracción VI del artículo 74 de la Constitución.

No me atrevo a sugerirle a usted, que es una gente con una gran cultura legislativa, de la Conferencia que usted preside, concretamente en el artículo 28, establece la facultad de la Conferencia para establecer el programa legislativo correspondiente; entonces, quiero rogarle que tome como una motivación de mi parte, el que este tema forme parte de la discusión, a contar de este día, a más tardar el 30 de septiembre, porque no me parece que una facultad exclusiva de los diputados no sea considerada en los términos que dice la Constitución. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En relación al primer punto, la respuesta la escuchó usted, en el sentido de que habrá de celebrarse el día 27 esta efeméride.

En relación al segundo, ya se había dicho, ante la petición de otro diputado, que tenemos la obligación todos, sin excepción, de cumplir la Constitución y las leyes que emanan de ella, de suerte que si es el 30 de septiembre el último día para dictaminar la Cuenta Pública, así se llevará a cabo.

Tiene la palabra el diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, presidente. Primero preguntarle qué es lo que va a ocurrir con la comparecencia del día de ayer, que no concluyó y que es necesario que el secretario de Hacienda cumpla íntegramente con lo que establece el artículo 74, fracción IV y con el 69 de la Constitución, y que informe sobre el informe presidencial en materia económica. También, que informe sobre el Presupuesto de Egresos, el proyecto de Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos.

¿Qué es lo que va a pasar con esa comparecencia? Sostengo que debe continuar la comparecencia y que esta Cámara de Diputados debe exigir plena rendición de cuentas.

Lo segundo es respecto del tema de los consejeros electorales, porque hace algunos momentos el diputado Corral, presidente de la Comisión de Gobernación de esta Cámara, estaba proponiendo a los medios de comunicación reponer el procedimiento. Quisiera conocer en qué consiste esa reposición del procedimiento para la designación de los consejeros electorales y desde luego, también un análisis jurídico sobre la viabilidad, la fundamentación, la motivación de esa reposición del procedimiento para designar a los consejeros electorales, cuando esta Cámara previamente ya había autorizado un procedimiento para la designación de los consejeros electorales. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En ambos casos, por tratarse de asuntos que no tienen que ver con la Mesa Directiva, sino con la Junta de Coordinación Política, se lo haré saber a dicho órgano. El diputado Pablo Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias, presidente. En primer lugar, para tomar nota de la solicitud del diputado Di Costanzo. Creo que es una solicitud puntual, precisa y preocupante. Que estén adjudicando el 85 por ciento de los contratos en la Secretaría de Hacienda es una situación que amerita una investigación de fondo. Tomamos nota, y por supuesto que vamos a pedir información y vamos a investigar.

El segundo tema, presidente, es preguntarle si tuvo la oportunidad de hablar con el Secretario de Gobernación para que fuéramos recibidos para el tema de Fovissste. Es un tema importante porque, insisto, hay 10 mil familias a las cuales se les están girando órdenes de aprehensión por parte de la PGR por estos supuestos fraudes que no cometieron. Si no fue así, le pediría respetuosamente si hoy se pudiera hacer ese trámite. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Hoy, a las 8:00 de la noche, tengo una entrevista con el Secretario de Gobernación y uno de los puntos que llevo para solicitud de esta Cámara a dicho funcionario es el que usted ha tocado ya en dos sesiones. ¿Algún otro diputado que desee hacer uso de la palabra? Diputado Acosta.

El diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez(desde la curul): Sí. Presidente; compañeros diputados. Hablando de presupuesto, se habla mucho de presupuesto del Ejecutivo y del Legislativo, pero creo que un tema que debemos de abordar es el tema del presupuesto del Poder Judicial federal, que está en una total opacidad.

Vemos en un estudio del CIDE que los ministros de México son los que más ganan en todo el mundo y la verdad, creo que también hay que pedir transparencia, rendición de cuentas y un ejercicio pulcro de los recursos a todos los Poderes. Creo que en esta Cámara de Diputados, ahorita que estamos empezando a ver el tema del presupuesto, tenemos que entrar para que no se sigan gastando el recurso los ministros de la Corte en obras de arte y en artículos suntuosos o gastos ceremoniales. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado. Quiero recordar a las señoras diputadas y señores diputados que se está discutiendo el orden del día, no se trata de asuntos generales. En consecuencia, les ruego respetuosamente a quienes deseen hacer uso de la palabra se sometan al proyecto de orden del día —no ha sido votado—, que se les está sometiendo.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Tercer año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 22 de septiembre de 2011

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Junta de Coordinación Política.

De la Diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, para turnar iniciativa conforme al Artículo Sexto Transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.

De la Diputada María Dina Herrera Soto, por el que solicita el retiro de sus iniciativas.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que en el mes de agosto de 2011, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquélla que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Minuta

Con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida para los efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Iniciativa de ley o decreto del titular del Poder Ejecutivo Federal

Con proyecto de decreto que expide el Código Federal de Procedimientos Penales. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Mesa Directiva.

De la Cámara de Diputados por el que se formulan preguntas por escrito dirigidas al titular de la Secretaría de Marina. (Votación)

De la Junta de Coordinación Política

Por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer y esclarecer el asesinato de tres maestros en el estado de Guerrero, y a las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno respecto al establecimiento de una estrategia integral de protección de los centros educativos del país. (Votación)

Declaratorias de publicidad de los dictámenes

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona la fracción I Bis al artículo 15 y la fracción I Bis al artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2, 12, 14 y 42 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 8 y 13 a la Ley de Ciencia y Tecnología.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 bis y 128 y se adicionan los artículos 65 bis1, 65 bis 2, 65 bis 3, 65 bis 4, 65 bis 5, 65 bis 6 y 65 bis 7 a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso para que los Ciudadanos Alicia Bárcena, Pedro José Armendariz Pardo y Vicente Martínez Barrientos, puedan aceptar y usar condecoraciones que en diversos grados les ofrecen el Gobierno de la República de Francia y el Gobierno de la Republica de Chile, respectivamente.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Comunicaciones, con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, fracción VI; 18 y 19 primer párrafo de la Ley General de Turismo.

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes, con proyecto de decreto por el que se Garantizan los Derechos de los Usuarios de Compañía Mexicana de Aviación y sus Filiales, en relación con la venta de Boletos anterior al inicio del Proceso de Quiebra.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con Proyecto de decreto que adiciona tres párrafos al artículo 82 de la Ley de Aguas Nacionales.

De la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 9 y se adiciona la fracción V al artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Equidad y Género, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo a los artículos 10 y 122; y se reforma el artículo 132 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Dictámenes a discusión de proposiciones

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo al cumplimiento de compromisos internacionales por parte del Gobierno Federal, en materia de Cambio Climático.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo al impacto ambiental producido por las bolsas de plástico.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a incrementar los recursos destinados a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Estatal de los estados, para atender la salud de personas de escasos recursos y que carecen de seguridad social.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del poder ejecutivo federal, a fin de que elabore y remita a esta soberanía un diagnóstico con datos reales y actualizados de la situación de violencia contra los menores.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Baja California, a reformar las disposiciones de su Código Penal, que contravienen principios fundamentales de igualdad, no discriminación y equidad previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo para que en el ámbito de sus respectivas competencias, instrumente las acciones y medidas necesarias tendientes a implantar un programa integral de Apoyo, Atención y Seguimiento a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Narcotráfico.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las Entidades Federativas y a las autoridades correspondientes del Distrito Federal y a la de los municipios a capacitar a los servidores públicos en materia de Derechos Humanos de las Mujeres y de Perspectiva de Género

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo relativo a la licitación propuesta por la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo, con la finalidad de que edifique una política pública en materia turística y en el cual se incentive la promoción como destino turístico, dentro de los programas regionales que opera esta Secretaría, uno relativo a Turismo Rural, y consecuentemente, se otorguen apoyos económicos a pequeños prestadores de servicios que lo abarquen.

Dictámenes a discusión negativos de iniciativas y minutas

De la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17 y 80 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desechan tres Iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en Posesión de Órganos Públicos.

De la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8, 42, 48 y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

De la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

De la Comisión de Vivienda, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores.

De la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo por el que se desecha la Minuta con proyecto de decreto que reforma diversos artículos a la Ley de Desa-rrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

Iniciativas

Que reforma los artículos 14, 17 Bis y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Sabino Bautista Concepción, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrito por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y del Código de Comercio, a cargo del diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial para la Competitividad. (Turno a Comisión)

De decreto interpretativo del párrafo sexto del artículo 27 Constitucional y del 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 381 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 202 del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 233 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2°, 8° y 16 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 33 de la Ley General de Educación y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3°, 104 y 112 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Ley General de Educación y 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, a cargo del diputado Óscar Lara Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Francisco Javier Orduño Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y expide la Ley Federal de la Pirotecnia, a cargo del diputado Héctor Guevara Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3° y 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General sobre Trato Digno y Respetuoso hacia los Animales, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7° y 111 y adiciona un artículo 8 ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 167 de la Ley General de Salud y 8° de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6° de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 80 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Seguridad Alimentaria, a cargo de la diputada María Guadalupe García Almanza y suscrita por los diputados Laura Arizmendi Campos, Pedro Jiménez León y María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal y reforma el artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Justicia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 11, 93 y 112 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 307 de la Ley General de Salud y 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1004 y adiciona un artículo 1004 Bis a la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrito por diversos diputados integrantes de la Comisión Especial sobre Cambio Climático. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7° de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, a cargo del diputado Rafael Rodríguez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal y de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada María Isabel Pérez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 225 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado J. Eduardo Yáñez Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7° y 24 de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo de la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ricardo López Pescador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo relativo a la conformación de un Grupo de Trabajo que revise y evalúe el cumplimiento de las promesas de campaña del Ejecutivo Federal y en consecuencia, investigue los subejercicios y el destino de los recursos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por las posibles desviaciones o malos manejos administrativos que hayan servido a intereses electorales, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que esta Soberanía hace un reconocimiento a la responsabilidad social del periódico “El Universal” por suprimir de sus contenidos la publicidad que pueda fomentar la trata de personas, y donar espacios publicitarios a organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la lucha contra la trata y la atención a víctimas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la criminalización de los trabajadores por parte de Fovissste, PGR y SHF, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que en congruencia con la Cámara de Diputados, instrumente las medidas y modificaciones necesarias a la normatividad existente para que el CONEVAL cuente con la total independencia y autonomía que requiere para la realización de sus actividades sustantivas y que las mediciones de la pobreza y las evaluaciones de la política social de nuestro país se realicen sin sesgo de ningún tipo, a cargo del diputado Hugo Héctor Martínez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Gobernadora, así como a los consejeros electorales y personal del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, investiguen y sancionen las presuntas intromisiones del gobierno estatal en la contratación de funcionarios electorales, y garanticen la autonomía, imparcialidad, certeza e independencia en las actividades de ese instituto, a cargo del diputado Daniel Gabriel Ávila Ruíz, y suscrita por las diputadas Rosa Adriana Díaz Lizama y María Yolanda Valencia Vales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la SEP, autorice y otorgue recursos financieros específicos y suficientes para el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento, a favor de las escuelas públicas federales de educación básica, a cargo de la diputada Adela Robles Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la realización de acciones para definir desde el Poder Legislativo Federal los nuevos mecanismos de cooperación bilateral y multilateral en el marco de la diplomacia parlamentaria, que permitan fortalecer nuestras relaciones internacionales y definir la política exterior de nuestro país, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, instrumente y opere programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas con el fin de evitar la migración de los indígenas mexicanos a los Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a diseñar y ejecutar programas y políticas públicas que contribuyan al desarrollo y eleven la competitividad de los distintos sectores productivos mexicanos que se verán afectados por la conclusión del acuerdo sobre medidas de remedio comercial entre México y China, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a implementar una campaña de promoción dentro del empresariado nacional y extranjero, con el objeto de mostrar las ventajas competitivas que ofrecen los estados de la frontera norte y así diversificar la oferta del sector turismo y el fomento a la inversión nacional y extranjera, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Efemérides

Con motivo del Trigésimo Aniversario de la entrada en vigor de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), a cargo de la diputada Dolores de los Ángeles Názares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del 187 aniversario de la Federación de Chiapas en México, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del CCI aniversario del Inicio de la Lucha de Independencia, a cargo de la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Relativo a la Conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul). Señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Miguel Ángel García Granados, señor diputado, por favor.

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Gracias, señor presidente. Quiero manifestar que de las lecturas de todas las actas siempre hemos observado que hay una pulcritud en lo escueto de las mismas; sin embargo, creo que hoy se ha confundido lo escueto con lo omiso, porque creo que el asunto que más complicó la asamblea del día de ayer y que dio motivo incluso a que se tomara una votación nominal y después se declarara que no había quórum, no se ve plasmado en el acta de referencia.

No se entiende así, porque después de que intervienen Jaime Álvarez Cisneros, de Convergencia; Óscar Gonzáles Yáñez, del Partido del Trabajo; y que da respuesta el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, después se señala que desde su curul realizó moción de procedimiento el diputado Ilich Augusto Lozano Herrera, del Partido de la Revolución Democrática y no se entiende que haya realizado moción de procedimiento si no se explica previamente y se plasma en el acta que se había recibido por parte de la Presidencia una solicitud de la mayoría de los representantes de la Junta de Coordinación Política, en el sentido de que a partir de ese momento se dejaran de lado los comentarios que estaban plasmados en el acuerdo que había tomado esta asamblea en la reunión del martes pasado.

No se explica con puntualidad y considero, señor presidente, que no se está solamente atendiendo a lo escueto, sino incluso a lo omiso.

Es verdad, me van a decir que más adelante se señala que el presidente hizo la aclaración e instruyó a la Secretaría a consultar a la asamblea, en votación nominal, si se aceptaba la solicitud de los grupos parlamentarios para modificar el acuerdo que normaba la comparecencia, pero no se hace referencia previamente a que se recibió esta solicitud y se tomó la decisión de actuar en consecuencia sin haber tomado en cuenta la votación de esta asamblea.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con el orden del día, estamos tratando el tema de la dispensa de la lectura del acta. Sin embargo, se recoge el planteamiento hecho por el diputado García Granados, para que en el momento de la discusión y de la votación del acta misma, sea considerado por parte de esta asamblea.

Ruego a la Secretaría solicite el parecer de la asamblea sobre la dispensa de la lectura del acta correspondiente.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:Con gusto, diputado presidente. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veintiuno de septiembre de dos mil once, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputadoEmilio Chuayffet Chemor

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos veintiséis diputadas y diputados, a las once horas con cuarenta y un minutos del miércoles veintiuno de septiembre de dos mil once, el Presidente declara abierta la sesión.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios los diputados: Mario Alberto Di Costanzo Armenta; y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, ambos del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones.

En sendas votaciones económicas, la Asamblea dispensa la lectura del orden del día y el acta de la sesión anterior, y de la misma manera aprueba esta última.

Se da cuenta con comunicaciones oficiales:

a) De la Coordinación Nacional del Programa Oportunidades, con la que remite el Padrón de Beneficiarios activos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once. Se remite a la Comisión de Desa-rrollo Social, para su conocimiento.

b) De la Cámara de Senadores con los que se remiten:

• Acuerdo por el que solicita a la Junta Directiva de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias del Senado de la República, establezca contacto con la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, para acordar la realización de reuniones de trabajo en conferencia respecto de las Iniciativas con proyecto de Reglamento de las Sesiones del Congreso de la Unión y del Reglamento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Se remite a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su atención.

• Proposiciones con punto de acuerdo:

– Por el que solicita a la Cámara de Diputados la asignación de mayores recursos presupuestales para el ejercicio fiscal dos mil doce a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, destinados a la Oficina Federal del Trabajo en Sabinas, Coahuila, para garantizar su capacidad de atención e inspección de la minería del carbón en esa zona del estado de Coahuila, presentada por el senador Ricardo García Cervantes, del Partido Acción Nacional.

– Por el que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del dos mil doce asigne los recursos suficientes a fin de contribuir al desarrollo del estado de Aguascalientes, presentada por la senadora Norma Esparza Herrera, del Partido Revolucionario Institucional.

– Para exhortar a la Cámara de Diputados a que incremente sustancialmente los recursos para educación en el Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil doce, presentada por el senador Arturo Herviz Reyes, del Partido de la Revolución Democrática.

Se remiten a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

• Solicitud del senador Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el proyecto de decreto que reforma el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley que establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se remite a las Comisiones de Justicia, de Comunicaciones, y de Seguridad Pública, para su atención.

A las doce horas con un minuto, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia, con un registro de trescientos setenta y un diputadas y diputados.

• Minutas con proyecto de decreto, que concede permisos a los ciudadanos:

– Sandra Isabel Vázquez Castillo, para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honoraria de Belice en la ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en el estado de Veracruz.

– Luis Augusto Lutteroth del Riego, para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Japón en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en el estado de Baja California.

– Juan Martín Lievanos Medina, para aceptar y usar la Condecoración Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales (RITN) y Placa de Distintivo RITN que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América.

– Sergio Dionisio Fourzan Esperón, para aceptar y usar la Condecoración Medalla al Servicio Meritorio, que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América.

– Rodrigo Herrera Huízar, para aceptar y usar la Condecoración Medalla del Pacificador, que le otorga el Gobierno de la República Federativa de Brasil.

– Carlos Tsuyoshi Kasuga Osaka, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Rayos de Oro con Roseta, que le otorga el Emperador del Japón.

– Juan Manuel Guerrero López, José Hernández Herrera, Beatriz Adriana Reyes Espinoza y Héctor Daniel Padilla Yáñez, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua y Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente.

Se turnan a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios los diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia, y Porfirio Muñoz Ledo, ambos del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones.

 c) Del Congreso del estado de Baja California, con Proyecto de Decreto que reforma el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; reforma y deroga diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para dictamen.

La Presidencia instruye a la Secretaría realice el trámite conducente ante la Junta de Coordinación Política para que en la sesión de mañana jueves veintidós de septiembre de dos mil once, se someta como primer punto en el orden del día, la pregunta parlamentaria que se aprobó el martes veinte de septiembre, dirigida a las autoridades del gobierno federal, para su discusión y aprobación.

El Presidente informa a la Asamblea que con la finalidad de profundizar el análisis del Quinto Informe de Gobierno en materia económica, y dar cumplimiento a lo que establece la fracción cuarta del artículo setenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparece el doctor José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito Público, para la presentación de la Iniciativa de Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos doce, comunica que dicho servidor público se encuentra a las puertas del Salón de Sesiones y designa una comisión para introducirlo al recinto.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a los resolutivos de acuerdo parlamentario aprobado por la Asamblea, que norma el procedimiento para esta comparecencia.

El Presidente toma la protesta de decir verdad al doctor José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito Público, y le otorga el uso de la Tribuna para exponer el estado que guarda su respectivo ramo y el paquete económico para el ejercicio fiscal de dos mil doce.

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Jesús Alfonso Navarrete Prida, del Partido Revolucionario Institucional; Ruth Esperanza Lugo Martínez, del Partido Acción Nacional; José Narro Céspedes, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México; Pedro Vázquez González, del Partido Trabajo; María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, de Convergencia; y Gerardo del Mazo Morales, de Nueva Alianza.

En la primera ronda de preguntas, respuestas y comentarios, hacen uso de la tribuna los diputados: para formular pregunta Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, y para comentarios Gerardo Sánchez García, ambos del Partido Revolucionario Institucional; para formular pregunta Óscar Saúl Castillo Andrade y para comentarios Silvia Isabel Monge Villalobos, ambos del Partido Acción Nacional; Vidal Llerenas Morales, del Partido de la Revolución Democrática; Adriana Sarur Torre, del Partido Verde Ecologista de México; Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Partido Trabajo; Jaime Álvarez Cisneros, de Convergencia; y Roberto Pérez de Alva Blanco, de Nueva Alianza. En su oportunidad el doctor José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito Público, da respuesta a los cuestionamientos.

A las quince horas con quince minutos el Presidente declara un

RECESO

A las quince horas con veintidós minutos se reanuda la sesión.

En la segunda ronda, formulan sus cuestionamientos y comentarios respectivos los diputados: José Isabel Meza Elizondo, de Nueva Alianza;

Presidencia del diputadoEmilio Chuayffet Chemor

Jaime Álvarez Cisneros, de Convergencia; y Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo. En su oportunidad el doctor José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito Público, da respuesta.

Desde su curul realiza moción de procedimiento el diputado Ilich Augusto Lozano Herrera, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones e instruye a la Secretaría consultar a la Asamblea en votación nominal si se acepta la solicitud de los grupos parlamentarios para modificar el acuerdo que norma esta Sesión.

El Presidente anuncia a la Asamblea que, por falta de quórum, se levanta la sesión a las dieciséis horas con dieciséis minutos y cita para la próxima que tendrá lugar mañana jueves veintidós de septiembre de dos mil once, a las diez horas.

La Presidencia instruye a la comisión designada acompañar al Secretario de Hacienda y Crédito Público a su salida del salón y de conformidad con el numeral cinco del artículo séptimo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, remitir la versión estenográfica de esta sesión al Presidente de la República, para su conocimiento.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta, pero en relación a la intervención del diputado García Granados, le ruego que lea el numeral 2 del artículo 96 de nuestro Reglamento.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:Artículo 96, numeral 2. Si hubiera objeción por parte de alguna diputada o diputado, podrá hacer las precisiones que considere pertinentes desde su curul, y de ser aceptadas por el pleno, deberán incorporarse al acta para su aprobación.

PODER JUDICIAL FEDERAL

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El diputado Gustavo González.

El diputado Gustavo González Hernández(desde la curul): Diputado presidente, hace algunos momentos intervino el diputado Maloro*, haciendo una serie de observaciones respecto al gasto que está ejerciendo el Poder Judicial federal.

Me gustaría que el diputado, en el momento procesal que usted considere, nos hiciera una serie de precisiones para ver cuál es el trámite procesal que le vamos a dar a esa petición, porque a final de cuentas lo abordó al principio del orden del día. Me gustaría que le otorgara la palabra al diputado para que precisara cuál es el trámite exacto que está solicitando a esta Cámara.

Estoy de acuerdo en que cualquiera de los Poderes, en este caso el Poder Judicial, debe de estar también sometido a la rendición de cuentas, y rendición de cuentas significa, en primer lugar, tener un esquema de transparencia donde cualquier ciudadano pueda revisar lo que gasta el poder público.

Segundo, rendición de cuentas también significa la obligación de contestar a las preguntas, ya sea de manera directa ante los ciudadanos, o a través de los funcionarios electos, que en este caso somos el Poder Legislativo.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tendré en cuenta su petición. Pero ruego a los señores diputados observemos el orden del día, en sus términos. En este momento estamos discutiendo el acta de la sesión anterior.

COMISION DE LA DEFENSA NACIONAL

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene el uso de la palabra para este objeto el diputado Pablo Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias, presidente. En la Gaceta Parlamentaria de la sesión del día martes estaba ordenado, en el número octavo, un dictamen de la Comisión de la Defensa Nacional. Ahora en este orden del día ya viene en el lugar 12.

Existe un rezago importante de dictámenes en la Comisión de la Defensa Nacional. Pediría a la Mesa su consideración para que en las siguientes sesiones pudiéramos guardarle un lugar a los dictámenes de la Comisión de la Defensa Nacional. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. Diputado Ilich.

El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera(desde la curul): Presidente, si me pudiera conceder la tribuna para discusión del acta, por favor.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Pase usted.

El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera:Con su permiso, señor presidente. Presidente, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD vengo a manifestar nuestro extrañamiento por lo ocurrido en la sesión de ayer. Usted, presidente, incurrió en cinco violaciones al Reglamento, que me permitiré detallar.

El pleno de la Cámara de Diputados; primero, aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público para el análisis del V Informe de Gobierno y el paquete económico 2012.

La aprobación del pleno es obligada y así lo dispone el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso. Cualquier modificación a este acuerdo debió contar con la aprobación del pleno también. La Presidencia de la Mesa Directiva violó dicha disposición al notificar el cambio sin consulta al pleno.

Segundo. No dio cuenta de escrito alguno de la Junta de Coordinación Política para incluir en el orden del día la modificación al acuerdo mencionado ni se distribuyó a las y los diputados antes de ser puesto a consideración del pleno, como lo señala el artículo 64, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Tercero. El presidente de la Mesa Directiva no atendió lo establecido en el numeral 3 del artículo 22, de la citada Ley Orgánica, que dispone que al dirigir las sesiones hará prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o intereses de grupo.

Cuarto. Una vez que el presidente enmendó el procedimiento a solicitud de diversos diputados, que desde su curul lo exigieron, inexplicablemente sometió a votación nominal el cambio del acuerdo, sin que nadie se lo demandara ni en términos del artículo 139 del Reglamento. Vale recordar que este tipo de acuerdos se votan económicamente.

Quinto. Una vez que sometió a votación nominal la modificación del acuerdo, no declaro receso, como ya se había dicho desde antes, en una discusión del acta, no declaró receso para que por 15 minutos se pudiera comprobar la falta de quórum.

Señor presidente, se están incurriendo en violaciones graves al Reglamento; que nuestro grupo parlamentario no puede dejar pasar por diferentes circunstancias. No sabemos si es por la falta de conocimiento del Reglamento, de la Mesa Directiva, o con intención de aplicar el Reglamento de manera parcial.

Por tal motivo, nuestro grupo parlamentario deja en este pleno, asentado en el acta, un extrañamiento por lo ocurrido en la sesión anterior. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El artículo 20 de la Ley Orgánica faculta a la Mesa Directiva de esta Cámara, en su numeral 2, a determinar durante las sesiones las formas que puedan adaptarse en los debates, discusiones y deliberaciones, tomando en cuenta la propuesta de los grupos parlamentarios.

En el artículo...

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sí me permite terminar. En el artículo 143 del Reglamento se señala, numeral 1: El presidente en sus resoluciones estará subordinado al voto del pleno. Por cierto, el 144, tratándose de extrañamientos por violación a la ley, señala con toda claridad: Mientras se realice la votación, ningún diputado o diputada deberá salir del Salón de sesiones ni excusarse de votar.

Ahora sí, diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, creo que lo que vivimos el día de ayer fue un procedimiento muy desaseado, porque se pretendió modificar un acuerdo del pleno de esta Cámara de los Diputados solamente con la aprobación del Grupo Parlamentario del PRI y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sin tomar en cuenta los demás grupos parlamentarios de esta Cámara, sin que la Junta de Coordinación Política se hubiese reunido y sesionado formalmente. Eso, desde mi punto vista, constituye una violación al Reglamento de la Cámara de los Diputados.

Por otro lado, argumenta el señor presidente de la Mesa Directiva que el artículo 20, párrafo segundo, inciso d), da facultad a la Mesa Directiva para determinar durante las sesiones, las formas que pueden adaptarse, los debates, discusiones y deliberaciones, tomando en cuenta las propuestas de los grupos parlamentarios.

Creo que al respecto, en primer lugar no fueron consultados todos los grupos parlamentarios, los coordinadores no fueron consultados, solamente los coordinadores del PRI y del Partido Acción Nacional y desde luego, desconozco si hubo un acuerdo formal, por escrito o con algún tipo de formalidad por parte de la Mesa Directiva para determinar estas nuevas condiciones, esas nuevas circunstancias a las que se ajustarían los debates, discusiones y deliberaciones.

Desde nuestro punto de vista, lo que se intentó el día de ayer fue un avasallamiento por parte de los grupos parlamentarios mayoritarios a los grupos parlamentarios minoritarios. La gobernabilidad y la estabilidad de esta Cámara dependen del respeto a los grupos parlamentarios minoritarios. Los grupos parlamentarios mayoritarios no pueden avasallar, no pueden violentar los derechos de los grupos parlamentarios minoritarios ni pueden romper con el principio de pluralismo político, de pluralismo jurídico, de pluralismo constitucional que debe prevalecer en esta Cámara de Diputados.

Nosotros hacemos una enérgica protesta por lo ocurrido el día de ayer en el pleno de la Cámara de los Diputados, por la violación de las disposiciones legales y reglamentarias que todos presenciamos y por la manera en que se condujo el presidente de la Mesa Directiva.

Exigimos respeto a las minorías parlamentarias, exigimos respeto a todos los grupos que conformamos esta Cámara de los Diputados. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sólo una observación, señor diputado, en el sentido de que el artículo 20 no señala todos los grupos parlamentarios. No lo dice.

El diputado Agustín Guerrero Castillo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El diputado Agustín Guerrero.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente, por alusiones.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: ¿Va a usted a intervenir, diputado Cárdenas Gracia, por alusiones?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Adelante.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Sí, presidente, para contestar lo que usted señalaba respecto a que el artículo 20, párrafo 2, inciso d), no señala a todos los grupos parlamentarios. Usted está haciendo una interpretación gramatical que creo no es la adecuada. La interpretación que debe realizarse en este caso es sistemática y es teleológica, porque la finalidad de la norma es la de dar respeto, es la de dar voz y voto a todos los grupos parlamentarios y no sólo a unos cuantos, por más mayoritarios que sean en esta Cámara. Eso es todo lo que quería agregar, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Ilich. Por favor...

El diputado Agustín Guerrero Castillo:Con su permiso, presidente. Creo que lo primero que tendríamos que hacer en esta sesión —y le hago yo un exhorto a su persona—, es tener un tono de respeto entre todos nosotros. La manera como usted remarcó en la intervención del diputado Ilich Lozano, vicecoordinador de nuestro grupo parlamentario, el asunto de la permanencia o no en el pleno, me parece que no es el mejor tono; parece que es una falta de respeto y que deja ver un sentimiento de autoritarismo que no es compatible con esta Legislatura.

Atrás quedaron ya afortunadamente los días de Díaz Ordaz, de Salinas de Gortari y otros que estaban acostumbrados a que solamente se hacía lo que ellos decían. Éste es un órgano colegiado, éste es un órgano que representa al pueblo de México y por lo tanto, nos merecemos respeto entre todos nosotros.

Lo que sucedió el día de ayer es a todas luces un acto unilateral, es un acto autoritario, porque si bien la Presidencia de la Mesa Directiva representa a este órgano, a la Mesa Directiva, si requiere poner a consideración algo distinto a lo que fue el acuerdo del pleno requiere el respaldo de la Mesa Directiva. No hay en nuestro Reglamento interno ningún artículo que le dé facultades al presidente de la Mesa Directiva por sí solo para contravenir un acuerdo del pleno para poner a consideración un punto distinto a lo que en este caso planteó la Junta de Coordinación Política.

Creo que hay que reconocerlo así, diputado Chuayffet, que fue un exceso lo que se cometió el día de ayer, que fue un exceso que no se puede permitir que vuelva a ocurrir en esta Cámara y que debería, no solamente como lo ha plantea-do nuestro compañero Ilich Lozano, un extrañamiento por parte del pleno a la Presidencia de la Mesa Directiva, sino me parece que en primer lugar lo que tendría que darse es una excusa del presidente, una disculpa del presidente por su actuación el día de ayer ante este pleno. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra para alusiones personales el diputado Ilich. Enseguida, el diputado Martel y después, el diputado Avelino Méndez.

El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera:Con su permiso, presidente. Presidente, recalcar una vez más: si no se reconoce desde la Presidencia que hubo un error, esto volverá a ocurrir en muchas sesiones más que faltan.

Nosotros queremos dejar en claro que el PRD quiere contribuir en la gobernabilidad de este Congreso, pero con estas actitudes nos imposibilita el poder ser parte de la toma de decisiones.

Reconocemos que el día de ayer decidimos no votar y decidimos no votar, porque estábamos seguros que sin noso-tros no iba a haber quórum. Pero decidimos no votar también por todos los excesos en los que estaba incurriendo la Presidencia.

No son facultades exclusivas del presidente las que marca el artículo 20 de la Ley Orgánica, marca atribuciones de la Mesa Directiva de esta Cámara, no facultades exclusivas de su presidente. Señor presidente, la interpretación de Reglamento —habrá que reconocerlo— ha sido sesgada.

Dejamos en claro también, lo de ayer es un asunto que no tenemos que exacerbar, que no tenemos que dimensionar en situaciones que no son, pero si estas actitudes vienen ocurriendo una y otra y otra vez, como han venido ocurriendo en tantas sesiones anteriores; cuando el presidente, una sesión anterior, había declarado cerrada la sesión, cuando ni siquiera hubo rectificación de quórum. Una vez más, un error ya cometido, se volvió a cometer ayer. No se volvió a revisar el quórum.

Presidente, de su parte no hay reconocimiento de que no se están haciendo las cosas adecuadamente; por eso le solicitamos, desde nuestro grupo parlamentario, que se pueda conducir con transparencia, con imparcialidad y con respeto a todas las fuerzas políticas de esta Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En primer lugar, en dos sucesivas intervenciones se ha hecho alusión a que fue un acto arbitrario, porque no se tomó el parecer de los miembros de la Mesa Directiva.

Para manejarnos transparentemente ruego, entre los presentes integrantes de la Mesa Directiva, que alcen la mano los que fueron consultados y extendieron un voto positivo a la resolución que tomó el presidente (los integrantes de la Mesa Directiva levantan la mano).

No tenemos porqué hacerlo por escrito. Si me permite —aunque el tono moleste, que no viene regulado en el Reglamento—, no se toman decisiones para violar la ley. El Reglamento es una ley y no permite excusarse a votar.

El diputado Martel.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Señor presidente, primero iba yo a señalar y lo voy a subrayar con todo respeto hacia todas las fracciones parlamentarias, precisamente que el artículo 8o. de nuestro Reglamento, en su fracción X, nos obliga a votar estando en sesiones de pleno, a menos que exista una razón verdaderamente que pudiese ser una excusa del por qué no hacerlo, que me imagino que no será la de violentar que se conduzca y se proceda para que la sesión continué.

Se lo digo respetuosamente a quien así lo ha expresado, que no es necesario reiterarlo, porque lo que queremos es avanzar el día de hoy en la función que nos corresponde, que es legislar, que una vez leído el Reglamento deseamos que para futuras ocasiones sea observado por todos y cada uno de los integrantes de este Congreso, y si estamos presentes en las sesiones procedamos como el Reglamento no nos posibilita, sino nos obliga a conducirnos.

En segundo lugar, difícil la conducción de una sesión de esta Cámara de los Diputados, porque efectivamente, se dio la sesión de ayer bajo un acuerdo tomado por la Junta de Coordinación Política que diseñó un formato. Vale la pena recordar que la Junta de Coordinación Política no es unipersonal, es un cuerpo colegiado de gobierno, que por cierto, permite transitar en reuniones a través de lo que es el voto ponderado.

Las fracciones expresadas aquí en la Cámara, han hecho siempre un esfuerzo de diálogo y respeto para que minorías y mayorías, expresadas en el número de votos obtenidos en los comicios legislativos procuren llegar, inclusive en cada una de sus sesiones, con actos de unanimidad para poder transitar en lo que serán los temas a tratar. Pero no menos cierto también es que en el transcurso de muchas sesiones en pasados periodos, en el trayecto de ellas, las fracciones parlamentarias han solicitado a la Mesa que se pueda cambiar el orden del día.

Incluyo como una muestra de ello una ley tan importante, como fue la del robo de hidrocarburos, que no estaba en el orden del día inicialmente, pero que por considerarse por las fracciones que componen la Junta de Coordinación Política del mayor interés nacional, se le pidió a la Mesa que pudiese ser incluida en la antepasada sesión, y desde luego, que para bien del país y para lo que es la función legislativa, la Mesa la transitó y se votó; por cierto, positivamente y hoy ya es un dictamen aprobado por la Cámara de los Diputados.

Señores diputados de todas las fracciones parlamentarias, ayer la Junta de Coordinación Política, no por unanimidad, expresó su deseo de lograr un cambio en el desarrollo de la sesión del día de ayer.

Reconocemos en la conducción de la Mesa probidad, seriedad y respeto a la legalidad. Exhortamos a los miembros integrantes de la Junta de Coordinación Política para que hagamos un esfuerzo adicional con cordialidad por el bien de nuestra función y por la dignidad del Congreso o poder lograr una mayor respetabilidad a la ciudadanía; que tratemos de hacer mayor comunicación como instrumento para posibilitar decisiones, si es posible, de unanimidad y no estar frenando el proceso legislativo con un diálogo que no nos conduce a nada.

Ayer, con la ley en la mano, se transitó. Hoy hagamos un esfuerzo común para poder lograr acuerdos, si es posible, de unanimidad para reformar o para dar a la Mesa acuerdos de la Junta de Coordinación Política. No sigamos este debate que a nada nos conduce, sino a otra cosa que el intento de seguir manifestando nuestra vocación de diálogo y de respeto por fuerzas mayoritarias y minoritarias en este Congreso de la Unión. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. El diputado Avelino Méndez.

El diputado Avelino Méndez Rangel:Es evidente que lo que acaba de decir el diputado Martel a todos nos interesa, dignificar al Congreso, dignificar su función y a sus integrantes. Eso creo que mis 500 compañeros, que están en este salón, lo tendríamos que buscar cotidianamente.

Señor presidente, usted ha sido legislador, es usted un jurista y me sorprende su argumentación ayer, para hacer de lado un Reglamento. Un Reglamento que nosotros nos dimos, un Reglamento que nosotros aprobamos. Usted se refiere a un reglamento superior, que fue la Ley Orgánica.

Bajo ese argumento, señor presidente, usted que es jurista, sabe perfectamente —creo que sabe— que para eso son los reglamentos, para reglamentar artículos, leyes. Entonces, si nos vamos a su argumentación que ayer dio, entonces sigámonos todos nada más a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y hagamos a un lado todo el cuerpo jurídico que se ha construido a lo largo de muchos años, de muchos decenios y que ha sido el producto de muchos mexicanos que quieren que este país sea mejor.

Por eso, señor presidente, desde nuestro partido estamos de acuerdo, muy de acuerdo en dignificar a este Congreso, en trabajar en bien de los mexicanos. Estamos de acuerdo en que la función que desempeñamos es muy importante para este país. Por eso mismo, porque creemos eso, lo exhorto, señor presidente, a nombre de mi partido, a que se ajuste a las normas que nos damos, porque ese ajustarse a las normas va a ser un ejemplo —que hoy desgraciadamente no existe— para que todos los mexicanos las cumplamos y salgamos de esta situación de crisis, producto —en buena parte— de la desconfianza que existe de los mexicanos al respeto de las leyes que nos hemos dado.

No quiero continuar, porque se podría hacer en este debate. Efectivamente hay que darle la vuelta a la hoja, pero exigiendo un respeto irrestricto a un órgano de gobierno, que es la Junta de Coordinación Política, que para eso está, para tomar acuerdos y traerlos a este pleno. De otra forma, señor presidente, este debate se volverá a repetir y estaremos incumpliendo la función de diputados y de representantes populares que buscan la dignidad de este Congreso y el bien de todos los mexicanos.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Don Avelino, muchas gracias por su intervención. La recojo en la parte crítica que ha formulado con toda corrección y habré de aplicarla a efecto de que los trabajos de esta Presidencia sirvan, como dice la ley, para ser factor de unidad entre los integrantes de este Congreso. Muchas gracias, señor diputado.

Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Juan José Guerra Abud.

El diputado Juan José Guerra Abud(desde la curul): Gracias, presidente. Colegas, debo decir con toda sinceridad que a mí también me extrañó el acuerdo que se tomó ayer, pero tenemos que ser realistas y objetivos. Han sido innumerables las veces que en el pleno la Junta de Coordinación Política —no necesariamente con el 100 por ciento de los votos— ha cambiado la agenda para adecuarla y poder atender temas que han surgido en el momento.

La Ley Orgánica lo dice muy claro. El inciso 1), artículo 35, señala con claridad que las decisiones de la Junta de Coordinación Política se toman por mayoría y de voto ponderado. Aunque a mí me haya sorprendido el acuerdo de ayer, es un acuerdo que cumple cabalmente con nuestra Ley Orgánica, porque se tomó por una mayoría ponderada.

Creo presidente, con toda franqueza, que usted actuó de acuerdo a la ley. No hay que confundirnos, el error que se cometió ayer es venir, pasar lista y retirarnos. Ese es el error, esa es la irresponsabilidad que estamos cometiendo. El otro error, irresponsabilidad y falta de respeto es estar aquí y no votar.

Me sumo a la propuesta que hace Avelino. Hay muchas cosas que tenemos que atender, muchos asuntos que hay que resolver para el bien de nuestro país. Hay que darle la vuelta a la página y señor presidente, tenemos que seguir cumpliendo nuestra responsabilidad. Gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Óscar González.

El diputado Óscar González Yáñez(desde la curul): Gracias, señor presidente. Escuchando la intervención de mis compañeros, me llama a la reflexión varias cosas. La primera, que está claro que la Junta de Coordinación Política o no calculó bien cuál era el impacto en una comparecencia como la que tuvimos ayer y que no calculó también el nivel de disciplina y de control que tienen los coordinadores sobre el resto de sus bancadas y nos llevaron a que una comparecencia tan relevante, como es la del secretario de Hacienda, terminara en reacciones como las que tuvimos ayer.

Es un llamado que le hago a la Junta de Coordinación Política para que revise esos esquemas, porque lo que propició, lo de ayer fue precisamente, prácticamente, la inasistencia de la gran mayoría de todos los diputados y que propició desdén por parte de muchos compañeros.

No hay problema de que la Junta de Coordinación Política haga su trabajo. Nuestro colectivo de 499, puede reducirse a pequeños colectivos que le ayude a procesar cosas y acuerdos políticos. Estos colectivos se llaman Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política, donde están los coordinadores. Esos pequeños colectivos que están por encima para procesar acuerdos, es lo correcto, no hay problema en eso. Es un proceso correcto.

Pero el problema estriba cuando la comunicación entre los integrantes de la Junta de Coordinación Política no es plena y no es ágil y no es suficientemente ni políticamente suficiente para satisfacer las necesidades de todos.

¿A qué voy con esto? El fondo del tema es la falta de respeto, de cuando menos un coordinador o dos de fracciones parlamentarias de nuestro pleno que no respetaron a integrantes de la Junta de Coordinación Política. Ese es el fondo. El fondo es que ni siquiera el presidente de la Junta de Coordinación Política estuviera enterado; el fondo es que integrantes de la Junta de Coordinación Política no estuvieran enterados. El fondo es que una o dos fracciones parlamentarias se quieran apoderar de la Cámara. Ese es el fondo.

El fondo no es el procedimiento de ayer, que pudo haber sido de una manera u otra. El fondo es un fondo político, compañeros y ese es el que un servidor quiere instalar aquí; que quieran modificar y que quieran ver con burla a la Junta de Coordinación Política.

La Junta de Coordinación Política tiene una razón de existir, la que yo expresaba hace un momento, que un pleno se convierta en pequeños espacios donde están todos los coordinadores, pero si no se hace esto, estamos mal y nos meten en el problema de hoy.

Ojo, mete en problemas a la Mesa Directiva, la mete en problemas; mete en problemas al pleno, y la responsabilidad la tienen uno o dos coordinadores. Así está el fondo del tema.

Lo que tenemos que hacer no es una discusión de una intervención o no, de dos o tres minutos. El tema es que las dos fracciones mayoritarias tienen que asumir la existencia y el respeto a las demás fracciones parlamentarias. De qué sirve —lo voy a decir con mucho respeto, porque no sé si mis compañeros de otras fracciones se atrevan o no quieran decirlo—, de qué sirve que una fracción minoritaria tenga la presidencia de la Junta de Coordinación Política si ni siquiera es consultada. Ése es el fondo, compañeros. Lo demás es un asunto de nuestro ir y venir de cada sesión, de ir y venir de interpretaciones.

El llamado que le hago al presidente de nuestra Mesa Directiva es que usted les haga un llamado a la Junta de Coordinación Política y a los coordinadores que metieron a la Mesa Directiva en este galimatías. Ése es el fondo. Que no nos sigan metiendo en problemas al pleno; que no se quieran apoderar de esta Cámara y que respeten a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, porque por ley estamos representados todos ahí, a través de nuestros coordinadores.

Es el llamado y la petición que le hago, presidente, que más bien usted, en lugar de llamarle la atención al pleno, se la llame a la Junta de Coordinación Política, para que haga bien las cosas y que no haya uno o dos coordinadores que se quieran apoderar de todo, que respeten a los integrantes de la Junta de Coordinación Política y hagan bien su trabajo. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Estoy seguro de que los órganos de dirección de esta Cámara habremos de mejorar las condiciones de trabajo en beneficio de ésta. Si ya no hubiere oradores, pido a la Secretaría siga con el trámite.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sírvase poner a consideración de la asamblea las observaciones hechas por el diputado García Granados.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Se ponen a consideración de la asamblea las consideraciones hechas por el diputado García Granados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente, en ambas votaciones.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobada el acta con las observaciones hechas por el señor diputado García Granados.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veintiuno de septiembre de dos mil once, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputadoEmilio Chuayffet Chemor

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos veintiséis diputadas y diputados, a las once horas con cuarenta y un minutos del miércoles veintiuno de septiembre de dos mil once, el Presidente declara abierta la sesión.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios los diputados: Mario Alberto Di Costanzo Armenta; y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, ambos del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones.

En sendas votaciones económicas, la Asamblea dispensa la lectura del orden del día y el acta de la sesión anterior, y de la misma manera aprueba esta última.

Se da cuenta con comunicaciones oficiales:

a) De la Coordinación Nacional del Programa Oportunidades, con la que remite el Padrón de Beneficiarios activos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once. Se remite a la Comisión de Desa-rrollo Social, para su conocimiento.

b) De la Cámara de Senadores con los que se remiten:

• Acuerdo por el que solicita a la Junta Directiva de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias del Senado de la República, establezca contacto con la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, para acordar la realización de reuniones de trabajo en conferencia respecto de las Iniciativas con proyecto de Reglamento de las Sesiones del Congreso de la Unión y del Reglamento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Se remite a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su atención.

• Proposiciones con punto de acuerdo:

– Por el que solicita a la Cámara de Diputados la asignación de mayores recursos presupuestales para el ejercicio fiscal dos mil doce a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, destinados a la Oficina Federal del Trabajo en Sabinas, Coahuila, para garantizar su capacidad de atención e inspección de la minería del carbón en esa zona del estado de Coahuila, presentada por el senador Ricardo García Cervantes, del Partido Acción Nacional.

– Por el que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del dos mil doce asigne los recursos suficientes a fin de contribuir al desarrollo del estado de Aguascalientes, presentada por la senadora Norma Esparza Herrera, del Partido Revolucionario Institucional.

– Para exhortar a la Cámara de Diputados a que incremente sustancialmente los recursos para educación en el Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil doce, presentada por el senador Arturo Herviz Reyes, del Partido de la Revolución Democrática.

Se remiten a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

• Solicitud del senador Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el proyecto de decreto que reforma el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley que establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se remite a las Comisiones de Justicia, de Comunicaciones, y de Seguridad Pública, para su atención.

A las doce horas con un minuto, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia, con un registro de trescientos setenta y un diputadas y diputados.

• Minutas con proyecto de decreto, que concede permisos a los ciudadanos:

– Sandra Isabel Vázquez Castillo, para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honoraria de Belice en la ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en el estado de Veracruz.

– Luis Augusto Lutteroth del Riego, para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Japón en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en el estado de Baja California.

– Juan Martín Lievanos Medina, para aceptar y usar la Condecoración Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales (RITN) y Placa de Distintivo RITN que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América.

– Sergio Dionisio Fourzan Esperón, para aceptar y usar la Condecoración Medalla al Servicio Meritorio, que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América.

– Rodrigo Herrera Huízar, para aceptar y usar la Condecoración Medalla del Pacificador, que le otorga el Gobierno de la República Federativa de Brasil.

– Carlos Tsuyoshi Kasuga Osaka, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Rayos de Oro con Roseta, que le otorga el Emperador del Japón.

– Juan Manuel Guerrero López, José Hernández Herrera, Beatriz Adriana Reyes Espinoza y Héctor Daniel Padilla Yáñez, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua y Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente.

Se turnan a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios los diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia, y Porfirio Muñoz Ledo, ambos del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones.

c) Del Congreso del estado de Baja California, con Proyecto de Decreto que reforma el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; reforma y deroga diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para dictamen.

La Presidencia instruye a la Secretaría realice el trámite conducente ante la Junta de Coordinación Política para que en la sesión de mañana jueves veintidós de septiembre de dos mil once, se someta como primer punto en el orden del día, la pregunta parlamentaria que se aprobó el martes veinte de septiembre, dirigida a las autoridades del gobierno federal, para su discusión y aprobación.

El Presidente informa a la Asamblea que con la finalidad de profundizar el análisis del Quinto Informe de Gobierno en materia económica, y dar cumplimiento a lo que establece la fracción cuarta del artículo setenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparece el doctor José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito Público, para la presentación de la Iniciativa de Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos doce, comunica que dicho servidor público se encuentra a las puertas del Salón de Sesiones y designa una comisión para introducirlo al recinto.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a los resolutivos de acuerdo parlamentario aprobado por la Asamblea, que norma el procedimiento para esta comparecencia.

El Presidente toma la protesta de decir verdad al doctor José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito Público, y le otorga el uso de la Tribuna para exponer el estado que guarda su respectivo ramo y el paquete económico para el ejercicio fiscal de dos mil doce.

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Jesús Alfonso Navarrete Prida, del Partido Revolucionario Institucional; Ruth Esperanza Lugo Martínez, del Partido Acción Nacional; José Narro Céspedes, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México; Pedro Vázquez González, del Partido Trabajo; María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, de Convergencia; y Gerardo del Mazo Morales, de Nueva Alianza.

En la primera ronda de preguntas, respuestas y comentarios, hacen uso de la tribuna los diputados: para formular pregunta Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, y para comentarios Gerardo Sánchez García, ambos del Partido Revolucionario Institucional; para formular pregunta Óscar Saúl Castillo Andrade y para comentarios Silvia Isabel Monge Villalobos, ambos del Partido Acción Nacional; Vidal Llerenas Morales, del Partido de la Revolución Democrática; Adriana Sarur Torre, del Partido Verde Ecologista de México; Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Partido Trabajo; Jaime Álvarez Cisneros, de Convergencia; y Roberto Pérez de Alva Blanco, de Nueva Alianza. En su oportunidad el doctor José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito Público, da respuesta a los cuestionamientos.

A las quince horas con quince minutos el Presidente declara un

RECESO

A las quince horas con veintidós minutos se reanuda la sesión.

En la segunda ronda, formulan sus cuestionamientos y comentarios respectivos los diputados: José Isabel Meza Elizondo, de Nueva Alianza;

Presidencia del diputadoEmilio Chuayffet Chemor

Jaime Álvarez Cisneros, de Convergencia; y Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo. En su oportunidad el doctor José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito Público, da respuesta.

Desde su curul realiza moción de procedimiento el diputado Ilich Augusto Lozano Herrera, del Partido de la Revolución Democrática, en referencia al acuerdo de la mayoría de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica los tiempos en la comparecencia al Secretario de Hacienda y Crédito Público. El Presidente hace aclaraciones e instruye a la Secretaría consultar a la Asamblea en votación nominal si se acepta la solicitud de los grupos parlamentarios para modificar el acuerdo que norma esta Sesión.

El Presidente anuncia a la Asamblea que, por falta de quórum, se levanta la sesión a las dieciséis horas con dieciséis minutos y cita para la próxima que tendrá lugar mañana jueves veintidós de septiembre de dos mil once, a las diez horas.

La Presidencia instruye a la comisión designada acompañar al Secretario de Hacienda y Crédito Público a su salida del salón y de conformidad con el numeral cinco del artículo séptimo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, remitir la versión estenográfica de esta sesión al Presidente de la República, para su conocimiento.»

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Pido a la secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se informa a esta presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 401 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarla por cédula.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día son las comunicaciones oficiales, comenzando con las de la Junta de Coordinación Política. Por favor, señor secretario.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado José Ramón Martel López, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Comisión de Hacienda y Crédito Público

Baja: Diputado Óscar Guillermo Levín Coppel (integrante).

Comisión de Hacienda y Crédito Público

Alta: Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (integrante).

Comisión de Puntos Constitucionales

Baja: Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (integrante).

Comisión de Puntos Constitucionales

Alta: Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (integrante).

Comisión de Justicia

Alta: Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (integrante).

Comisión de Justicia

Alta: Diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza (integrante).

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 21 de septiembre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el diputado José Ramón Martel López, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

Baja: Diputada Alma Carolina Viggiano (integrante).

Comisión de Seguridad Pública

Alta: Diputada Alma Carolina Viggiano (integrante).

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 21 de septiembre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Baja: Diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (integrante)

Alta: Francisoco Javier Orduño Valdez

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 21 de septiembre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

Comisión Especial de seguimiento y supervisión de los resultados y avances del proyecto aceite del terciario del golfo en el paleocanal Chincotepec

Baja: Diputada Magdalena Torres Abarca (integrante)

Comisión Especial de análisis de políticas de creación de nuevos empleos

Baja: Diputada Magdalena Torres Abarca (integrante)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 21 de septiembre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De enterado. Comuníquense.

INICIATIVAS TURNADAS

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia informa que en atención a la solicitud presentada por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó turnar nuevamente sus iniciativas a las Comisiones correspondientes, para que corra el término reglamentario de presentar dictamen, de conformidad con lo que establece el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados; y publicar en la Gaceta Parlamentaria la relación correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2011.— Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Presidente.»

«La Mesa Directiva con fundamento en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados acordó turnar nuevamente las iniciativas a las comisiones correspondientes, para que corra el término reglamentario de presentar dictamen.

1 Promovente: diputada María de la Paz Quiñones Cornejo.

Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General del Banco Nacional de Datos sobre Menores Robados, Extraviados o Desaparecidos; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

12 de octubre de 2010 (1306).

Turno: Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Expediente 2908.

Sección tercera.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Esta Presidencia informa a la asamblea que la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, acordó turnar nuevamente la iniciativa a las comisiones correspondientes, para que corra el término reglamentario de presentar dictamen. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y actualícense los registros parlamentarios.

LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION - LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Estimado diputado Emilio Chuayffet:

Por este conducto hago propicia la ocasión para enviarle con respeto y afecto un saludo; asimismo, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de Cámara de Diputados, solicito a usted de la manera más atenta que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda con el propósito de que la iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes General de las Personas con Discapacidad; Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y General de Desarrollo Social, sea retirada y descargada de los registros parlamentarios, así como en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables; iniciativa que fue presentada en la sesión del pleno de los diputados el día 15 de marzo de 2011.

La anterior petición, en consideración de que dicha iniciativa de reforma será revisada y complementada.

Sin otro particular y agradeciendo sus finas atenciones, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2011.— Diputada Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente

Por medio del presente y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 145, penúltimo párrafo de la Ley Aduanera vigente, le informo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de las autoridades aduaneras que son las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior, durante el mes de agosto de 2011, únicamente destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Entre los bienes que fueron destinados por las autoridades aduaneras, se encuentran los siguientes:

• Alimentos y bebidas, animales vivos, artículos de limpieza y aseo personal, pinturas, barnices, solventes y lubricantes, productos agrícolas y agropecuarios, entre otros.

El total de bienes destinados en el mes de agosto de 2011 por las autoridades aduaneras fue de 8,161 bienes; los cuales se encuentran contabilizados en unidades de medida tales como: kilogramo, litro, pieza y cabeza, se anexa al presente el informe respectivo.

Sin otro asunto por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de septiembre de 2011.— Licenciado Oliver Arredondo Gálvez (rúbrica), administrador central de Destino de Bienes.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

ARTICULOS 3O. Y 31 CONSTITUCIONALES

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción E) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente

México, DF, a 20 de septiembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforman el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

...

I. ...

II. ...

Además:

a) ...

b) ...

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos;

III. ...

IV. ...

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desa-rrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

VI. a VIII. ...

Artículo Segundo. Se reforma la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 31. ...

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar, en los términos que establezca la ley.

III. a IV. ...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior, como deber del mismo de ofrecer un lugar para cursarla a quien teniendo la edad típica hubiera concluido la educación básica, se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012- 2013 y hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022, con la concurrencia presupuestal de la Federación y de las entidades federativas, y en los términos establecidos en los instrumentos del Sistema Nacional y los Sistemas Estatales de Planeación Democrática del Desarrollo.

Tercero. Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad, en los presupuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios, se incluirán los recursos necesarios; asimismo, se establecerán los mecanismos para impulsar la implementación de presupuestos plurianuales que aseguren a largo plazo los recursos económicos crecientes para infraestructura de la educación media superior.

Cuarto. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, deberán adecuar en el ámbito de sus respectivas competencias, la Ley General de Educación y demás disposiciones legales aplicables en la materia.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 20 de septiembre de 2011.— Senador Ricardo García Cervantes (rúbrica), vicepresidente; senador Arturo Hérviz Reyes (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por instrucciones del Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71 y 72, inciso H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la iniciativa de decreto por el que se expide el Código Federal de Procedimientos Penales *, documento que el Titular del Ejecutivo Federal propone por el digno conducto de ese Órgano Legislativo.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, acompaño al presente copia del oficio número 315-A-02153, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual envía el Dictamen de Impacto Presupuestario.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de septiembre de 2011.— El Subsecretario licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Adelante con la propuesta de la Mesa Directiva de esta Cámara.

DIPUTADO EDUARDO ALONSO BAILEY ELIZONDO Y FAMILIA

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Acuerdo de la Cámara de Diputados, por el que se formulan preguntas por escrito dirigidas al titular de la Secretaría de Marina, a través de la Secretaría de Gobernación

La Cámara de Diputados, en el marco de lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 129 del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Que el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo cuarto, establece que las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a quince días naturales a partir de su recepción.

II. Que el artículo 129 del Reglamento de la Cámara de Diputados, establece que el pleno podrá solicitar información a los servidores públicos enunciados en el artículo 93 constitucional, mediante pregunta parlamentaria por escrito.

III. Que en sesión ordinaria del 20 de septiembre del año en curso, el pleno aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se hace un enérgico exhorto a la Secretaría de Gobernación como responsable del gabinete de seguridad nacional del gobierno federal y como encargada de coordinar a las instancias que participan en operaciones en todo el país a efecto de que vigile que éstas se realicen con estricto apego al estado de derecho.

IV. Que uno de los puntos torales en la discusión del acuerdo referido en el considerando anterior, fue el allanamiento del domicilio del diputado federal integrante de esta legislatura, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, el cual se llevó a cabo por elementos de la Marina, tema sobre el cual se expresaron diversos comentarios condenando este hecho. Durante la discusión se hizo evidente, la necesidad de contar con información precisa y detallada respecto al hecho, con objeto de allegarse de elementos que conduzcan a la delimitación de responsabilidades y permitan a esta Cámara emprender las acciones a que haya lugar.

Lo anterior, en el marco del espíritu referido en el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al fuero constitucional de los legisladores federales.

V. Que, derivado de lo anterior, se acordó solicitar información sobre el caso al titular de la Secretaría de Marina mediante la figura de la pregunta parlamentaria por escrito, ejerciendo el derecho que la Constitución otorga a esta soberanía, lo cual fue aprobado por el pleno.

VI. Que a efecto de dar celeridad a la solicitud de información al titular de la Secretaría de Marina sobre el asunto descrito, en la misma sesión el propio pleno de la Cámara de Diputados facultó a la Mesa Directiva, para formular las preguntas por escrito que habrán de someterse a la consideración de la asamblea.

Por lo anteriormente expuesto, y una vez integradas dichas preguntas, la Mesa Directiva somete a la consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Púbica Federal, aprueba remitir al Poder Ejecutivo federal, a través de la de Gobernación, las siguientes preguntas parlamentarias dirigidas al titular de la Secretaría de Marina:

1. ¿Qué motivó el operativo el día del allanamiento del domicilio del diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo?

2. ¿Se sabía de la identidad y ocupación de quienes habitan en ese domicilio?

3. ¿Existía una investigación previa en torno a ese domicilio o de quienes ahí habitan?

4. ¿Quién o quiénes ordenaron el operativo?

5. ¿Con base en qué sustento legal lo hicieron?

6. ¿Quiénes llevaron a cabo el operativo, cuántos elementos participaron y qué tipo de armamento y equipo fue utilizado?

7. ¿Se dio parte a alguna autoridad civil, sí o no, y por qué?

8. ¿Participó alguna autoridad civil en el operativo?

9. ¿Cuál fue el parte oficial de resultados rendido por quienes participaron en el operativo a sus superiores?

10. En relación a la actuación del personal que materialmente realizó el operativo, se informe:

a) Si, según su dicho, se actuaba a partir de una llamada anónima en relación a una fiesta en la que había hombres armados ¿por qué incursionaron en un domicilio en el que evidentemente no había fiesta alguna?

b) ¿Por qué al ingresar al domicilio y constatar que sólo se encontraban una mujer y dos menores de edad, se continuó con el cateo?

c) ¿Por qué durante todo el tiempo en que realizaban el cateo amagaron con armas largas a la mujer y los menores de edad?

11. ¿Se ha investigado el origen de la llamada anónima referida por quienes realizaron el operativo? De ser así ¿cuáles han sido los resultados? De no ser así ¿por qué no se ha hecho?

12. ¿Se ha realizado alguna investigación adicional en torno a este operativo? De ser así ¿cuáles son los resultados de la misma?

13. ¿Cuándo, a qué hora y por quién fue enterado el titular de la Secretaría de la Marina de este operativo?

14. ¿Cuáles han sido las acciones emprendidas por el titular de la Secretaría de Marina a partir de que tuvo conocimiento de los hechos?

Segundo. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.

Tercero. Las respuestas a las preguntas que el titular de la Secretaría de Marina envíe a esta soberanía, se harán del conocimiento del pleno, se publicarán en la Gaceta Parlamentaria, en la página de Internet y se remitirán a los grupos parlamentarios para el análisis correspondiente.

Palacio Legislativo, México, DF, a 22 de septiembre de 2011.— Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Presidente; diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), vicepresidente;diputado Francisco Javier Salazar Sáenz (rúbrica), vicepresidente;diputado Uriel López Paredes (rúbrica), secretario;diputada Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica), secretario;diputada María Dolores del Río Sánchez (rúbrica), secretaria;diputado Balfre Vargas Cortez (rúbrica), secretario;diputado Carlos Samuel Moreno Terán, secretario;diputado Herón Agustín Escobar García (rúbrica), secretario;diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbrica), secretario;diputada Laura Arizmedi Campos, secretario.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Evidentemente, en el título de este acuerdo falta agregar al final que la pregunta es a la Secretaría de Marina, a través de la Secretaría de Gobernación. Hecha esta observación, no tengo registro de oradores. Pregunto a las señoras y a los señores diputados si quieren hacer uso de la palabra.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: ¿Alguien desea de las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados, hacer uso de la palabra? Nadie, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Someta a votación económica el texto del acuerdo de este órgano de gobierno... Perdón, Carlos Pérez Cuevas quiere hacer uso de la palabra.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente, sólo para que en el caso de Acción Nacional sí habrá un orador que hará una propuesta concreta, para que se someta también a consideración del pleno.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: ¿Quién hará uso de la palabra?

Señor diputado Fernández Noroña, entre tanto acude el orador del PAN, se le concede a usted el uso de la palabra.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Muchas gracias, compañeros, diputado presidente. Compañeros, compañeras, pensé que no llegaba, me salvó Pérez Cuevas.

Quiero comentar sobre las preguntas, hacer una propuesta, diputado presidente, compañeros y compañeras. Creo que en las preguntas debe plantearse explícitamente cuál es el fundamento constitucional de los allanamientos, sin orden judicial, y quién está tomando esas decisiones, no sólo en el caso del diputado Bailey, sino de los allanamientos que se están haciendo, quién está tomando esa decisión, porque si no va a suceder lo que aquí se expuso, de que se va a castigar a los marinos de último nivel y no se va a tomar ninguna responsabilidad sobre quienes están tomando realmente las decisiones de estos operativos.

Entonces, nos deben plantear el fundamento constitucional de toda su operación, de sus intervenciones, de los allanamientos, de las tareas que están haciendo, como es el caso concreto del allanamiento, no sólo el origen de la llamada anónima, sino cómo se determina la operación de la Marina y no de la policía del lugar, frente a una denuncia de esta naturaleza.

Cuál es el fundamento constitucional de la operación frente a una llamada anónima de una fiesta con gente armada, de dónde se deriva que es la Marina la que entre y no la policía; de dónde se deriva que sea el Ejército o cualquier otra Fuerza Armada que intervenga, cuál es el marco legal que le da respaldo a estas actuaciones, y quién es el mando, cuál es el nivel del mando que tiene bajo su responsabilidad estas operaciones y toma la determinación de su realización, también con qué fundamento legal, y a quién le informan de la realización de estas operaciones y del resultado del mismo.

Cuál es el procedimiento que se sigue una vez hecho el allanamiento, ahí no encontraron elementos, la pregunta es, a quién se le informó, qué procede después de esta información en positivo o negativo, en este caso sobre todo qué procede, habiéndose dado cuenta que era la casa de un diputado federal.

Creo que este fundamento legal es muy importante que esté explícito en las preguntas y también que estén explícito en las preguntas de qué manera estos procedimientos que están haciendo respetan el artículo 16 constitucional, el 29 constitucional y el 129 constitucional.

Pediría que en las preguntas, a lo largo de ellas, se hicieran estas precisiones, diputado presidente, compañeros y compañeras.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En la pregunta número cinco, la pregunta dice: con base en qué sustento legal. Si no fuera suficiente, a juicio de usted, yo propondría a la asamblea, en su momento, que dijera en base a qué sustento constitucional y legal, y de esa manera quedaría resuelto. El señor diputado González, de Acción Nacional.

El diputado Gustavo González Hernández:Muchas gracias, presidente, con su permiso. Quisiera someter a consideración de ustedes una redacción a este punto, que no implique necesariamente una serie de preguntas, porque a veces las preguntas tienen dos efectos; uno, que en la pregunta hay un cierto prejuicio de algo que se está buscando información. En segundo término, en muchas preguntas se limita también a lo que se pregunta.

Considero y someto a consideración de ustedes, compañeros de todas las bancadas, la siguiente redacción: la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Marina un informe pormenorizado, relacionado con los hechos en los que personal de dicha dependencia ingresó al domicilio particular del diputado federal Eduardo Alonso Bailey Elizondo, el pasado 15 de septiembre, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Es cuanto y de veras, creo que es la mejor redacción para este tipo de asuntos y no meternos a los temas de las preguntas.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Creo que la propuesta, señor presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, del diputado González, es inaceptable, porque la figura del informe es otra figura jurídica.

Aquí votamos ya, en el pleno de la Cámara de Diputados para que con fundamento en el artículo 93 de la Constitución se formularan preguntas parlamentarias. Entonces, es lo que tenemos que hacer. No solicitar un informe pormenorizado de la acción policiaca de las Fuerzas de la Armada, sino lo que tenemos que realizar son preguntas concretas y específicas, como aquí se están proponiendo, señor presidente.

Desde nuestro punto de vista no estamos de acuerdo en el informe por dos motivos: el primer motivo es porque no fue lo que acordó el pleno de la Cámara de Diputados. Lo que acordó el pleno de la Cámara de Diputados con antelación fue formular pregunta parlamentaria con fundamento en el artículo 93 de la Constitución.

En segundo lugar, porque el informe, que también nos faculta la legislación del Congreso y la propia Constitución, tiene otra finalidad, que no es la misma que la finalidad de la pregunta parlamentaria; por ese motivo, nosotros rechazamos la solicitud de un informe pormenorizado y preferimos la vía de la pregunta parlamentaria.

Simplemente agregaríamos, además de la propuesta del diputado Fernández Noroña, que se le preguntara también al secretario de la Marina, por conducto del secretario de Gobernación, ¿cuál es el fundamento constitucional o legal que permite a los miembros de la Armada participar en funciones de seguridad pública?

Creo que esta pregunta debe ser clara y precisa, ¿con qué fundamento constitucional y legal realizan funciones de seguridad pública las Fuerzas de la Armada de este país? Por su atención, muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El diputado Gustavo González.

El diputado Gustavo González Hernández(desde la curul): Gracias, señor presidente. Para réplica al diputado Cárdenas. Cualquier cuestión o sistema de rendición de cuentas tiene tres pasos esenciales: el primer paso es la información y el segundo paso es el cuestionamiento. No podemos pasar al cuestionamiento cuando no hemos entrado ni siquiera a la información desde mi punto de vista.

La propuesta que hago es que primero nos centremos en la información que remita la Armada y ya en un momento dado después podremos hacer las preguntas que sean necesarias, pero no podemos —si queremos asentar las bases de que este Poder Legislativo en un momento dado se convierta en el centro de fiscalización y rendición de cuentas— estar rompiendo estos esquemas que son teóricos dentro de la rendición de cuentas. Es por eso que hice la propuesta de que en primer lugar solicitemos un informe pormenorizado.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tengo inscritos en este orden al diputado Pablo Escudero, al diputado Avelino Méndez y al diputado Pérez Cuevas. Diputado Pablo Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias, presidente. Presiente, un tema de fondo es la pregunta número siete. Quisiera hacer aquí la reflexión de si es suficiente esto. Pareciera que la contestación por parte de la autoridad sería en sentido positivo o negativo únicamente y que con eso estaría dando pleno cumplimiento a esta pregunta.

Creo que si el objeto es tener la información, poder tener y formarnos algún criterio con un mayor número de elementos es necesario conocer también el por qué. El por qué si se le dio vista a la autoridad civil o el por qué —me parece más grave— no se le dio vista a la autoridad civil, porque ahí puede estar parte del problema. Si existe desconfianza con la autoridad civil, si han existido partes que no han atendido o qué es lo que sucede, para que también nos volvamos parte de la solución de esto, presidente. Es cuanto.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se agregaría el porqué entonces. El diputado Avelino Méndez.

El diputado Avelino Méndez Rangel:Con su permiso, señor presidente. Me pregunto por qué otra vez involucrarlo en debates de esta naturaleza, ya se había aprobado en una pregunta parlamentaria. Les pregunto a mis compañeros diputados y diputadas del PAN, ¿por qué el temor a la información? No noto en ninguna de las preguntas —sí lo escuché— que se esté prejuzgando. Se está pidiendo estrictamente información.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, estamos —y se discutió en la sesión pasada— ante un caso que hasta que no se quite, es un derecho de nosotros, ante un caso grave de violación al fuero constitucional. Por una parte.

Por otra parte, quisiera preguntarles, señoras diputadas y señores diputados que nos meten en este debate, si no les gustaría, como ciudadanos, que si entraran a su casa, a su domicilio afectando a su familia, aterrorizando a los que viven en su domicilio, tener esta información. Coloquémonos como ciudadanos y como diputados en esta situación.

Por favor, compañeros, lo único que estamos pidiendo es información y situémonos en esos dos supuestos: violación del fuero constitucional y sobre todo, un allanamiento, que miren, si nos vamos a poner aquí a discutir términos, aquí se dice operativo y lo estamos aceptando; pero en realidad debería de decir allanamiento, porque lo que se cometió fue un allanamiento. Estamos siendo moderados.

No veo la necesidad de cambiar los términos en que se está presentando la pregunta parlamentaria, que es un derecho de nosotros. Si nos vamos más lejos, voy a leer la parte final del artículo 93. En relación a esto dice: Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.

Ni siquiera tenemos que hacer lo que se está planteando aquí. Tenemos el derecho de plantearle directamente, sin intermediarios, esta pregunta al titular de la Secretaría de Marina. Se está tomando otra vía

Entonces, compañeras y compañeros diputados, situémonos en una situación grave que afectó a un compañero y que ha afectado a cientos, por no decir miles de ciudadanos que han sufrido estos allanamientos. Situémonos y solicitemos la información que nos lleve a impedir que se sigan dando estos actos y lo dije en la anterior ocasión, que no sigamos abonándole a la impunidad cuando se presentan estos hechos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas:Con se venia, señor presidente; señores diputados y señoras diputadas. El primer planteamiento que haré en esta tribuna es que por el contrario, no es que no se quiera la información, por el contrario; la bancada del PAN lo que quiere es una información puntual, integral, detallada, pero que no nos lleve, porque lo que estamos haciendo el día de hoy es un planteamiento como Cámara de Diputados, una parte del Poder de la Unión; por lo tanto, tiene que ir integrada en esa medida.

Observo que en el acuerdo firmado, pregunta y prejuzga. Pregunta información y más adelante establece aspectos sobre llamadas anónimas, aspectos sobre una supuesta fiesta. ¿Qué estamos haciendo en este planteamiento de pregunta parlamentaria?

Preguntando, para tener un informe pormenorizado y detallado de lo que ahí sucedió, hoy ya estamos prejuzgando.

¿Qué pretendemos? Es el llamado que haría, señor presidente, a esta Cámara, a que no perdamos el objetivo central. El objetivo central es tener la información fidedigna para salvaguardar el respeto al fuero constitucional y también salvaguardar el respeto a los derechos fundamentales de cualquier persona, indistintamente de que sea legislador o no lo sea.

En este caso lamentablemente los hechos fueron sobre un compañero legislador, pero el fuero es un tema que en este caso particular nos ocupa, pero finalmente con que suceda a un ciudadano nos obliga a fijar una postura.

Lo que decía el diputado Cárdenas es un mero formulismo, diputado. El propio acuerdo de la Mesa Directiva establece en el numeral quinto, que derivado de lo anterior se acordó solicitar información sobre el caso al titular de la Secretaría de Marina, mediante la figura de pregunta parlamentaria... Luego entonces, pedir un informe es parte de una pregunta parlamentaria.

Pero el llamado concreto, presidente, es que no podemos prejuzgar si no tenemos la información completa y detallada; por eso la propuesta de la bancada del PAN es que la redacción debiese de quedar que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicite al titular de la Secretaría de Marina, por conducto de la Secretaría de Gobernación —que es quien responde en el otro Poder— un informe pormenorizado relacionado con los hechos en los que personal de dicha dependencia ingresó al domicilio particular del diputado federal Eduardo Alonso Bailey Elizondo, el pasado 15 de septiembre, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

¿Por qué así? Porque ahí nos tendrán que decir qué fundamento constitucional tenían, porque ahí nos tendrán que explicar porqué concretamente en ese lugar, porque ahí nos tendrán que decir porqué están en Nuevo León las Fuerzas Armadas. ¿Por qué es un estado seguro, porque es un estado con tranquilidad?

Quién pidió la intervención de las fuerzas armadas en Nuevo León, ¿el gobernador, el presidente municipal? Es parte de lo que nos tendrán que informar, pero esto se da en un planteamiento integral, pormenorizado y detallado de un informe que después nos permita cuestionar, exponer las consideraciones que cada bancada tenga, pero una vez que tengamos la información. Porque prejuzgar nos lleva a no encontrar.

Presidente, con esto concluyo: la facultad constitucional que usted tiene como Presidente de esta Cámara, es velar por el fuero de los diputados. Y para velar por el fuero de los diputados, en este caso concreto de nuestro compañero de Nuevo León, requerimos tener la información detallada y precisa de lo que ahí pasó y no generar un debate político que, lejos de salvaguardar un respaldo constitucional que nos da el fuero, se lleve sólo a intereses particulares de bancadas para sacar una raja política, que se vale en el debate político, pero ahora se trata de la salvaguarda del fuero constitucional del legislador y de la salvaguarda de los derechos fundamentales de cualquier ciudadano. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Lo ha dicho muy bien mi compañero, el diputado Avelino y lo acaba de reafirmar el diputado Pérez Cuevas, cuando se señala en el acuerdo mismo, en los considerandos, que la información se obtendrá a través de la figura de la pregunta parlamentaria. La pregunta parlamentaria es para obtener la información.

¿Qué es la rendición de cuentas, que es lo que estamos exigiendo en este punto de acuerdo? Rendición de cuentas significa responder por los actos, por los actos de las autoridades, y eso es lo que queremos: queremos respuestas de las autoridades que practicaron, que realizaron ese operativo en el domicilio del diputado Bailey.

Queremos saber por qué lo hicieron, con qué fundamentos constitucionales y legales, para qué, por orden de quién, etcétera. Estamos, a través de la pregunta parlamentaria, obteniendo información.

Rendición de cuentas también significa justificación de los actos públicos; es decir, que la autoridad justifique por qué lo hizo, y esto es lo que estamos intentando a través de las preguntas parlamentarias que constan en este punto de acuerdo.

Finalmente, y para conciliar la propuesta de los compañeros del PAN, si estuviesen de acuerdo los demás compañeros diputados y diputadas del pleno de esta Cámara, pueden establecerse las dos cosas: si lo que quieren es un informe genérico, pues se puede agregar, después de las preguntas parlamentarias, añadir: Si lo desean, rindan un informe preciso, detallado, sobre todo del operativo; pero no dejar de hacer la pregunta parlamentaria.

Pueden conciliarse las dos propuestas: la pregunta parlamentaria o las preguntas parlamentarias que constan en este punto de acuerdo. Mas, añadiéndose un informe pormenorizado de los hechos que están solicitando los compañeros diputados del Partido Acción Nacional.

Por otra parte también el informe ya es en buena parte público. ¿Por qué es público? Porque los medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales ya han dado cuenta en buena medida de lo que ocurrió en el domicilio del diputado Bailey, la reacción del diputado Bailey, en fin; y las reacciones de otros sectores sociales y políticos.

Pero si quieren un informe pormenorizado, pues agreguemos, después de las preguntas parlamentarias, un punto final que diga: Y solicítese también a la Secretaría de Marina, además de la respuesta de las preguntas parlamentarias anteriores, un informe pormenorizado acerca del operativo, y así conciliamos ambas posturas. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Primero de procedimiento, diputado presidente. Creo que lo que se tiene que hacer es poner a votación, en lo general, las preguntas y si se aceptan, entonces no cabe la propuesta diferente que han hecho los compañeros del Partido Acción Nacional.

Porque, además, han utilizado un subterfugio. Han utilizado el subterfugio de no presentar pregunta, sino de pedir un informe y esto no es lo que acordó este pleno. Este pleno acordó una serie de preguntas; le dio mandato a la Mesa Directiva para que las presentara; las ha presentado la Mesa Directiva y están a discusión estas preguntas. No está a discusión ningún otro proyecto.

Entonces primero se tiene que poner a votación estas preguntas. Si se aceptan, pues ya, éstas son. Si no se aceptan, entra la propuesta que han hecho los compañeros de Acción Nacional, como una segunda posibilidad.

Como es un subterfugio, respaldo el planteamiento del compañero Jaime Cárdenas, que puede ser que, una vez votadas las preguntas, también se vota pedir el informe y se incluya la petición del informe general, que no es contrario a lo que aquí está planteado.

Finalmente, quiero hacer de manera precisa, en lo particular, la reserva de las preguntas 1 y 5, para hacer dos propuestas que de una vez adelanto. Que la pregunta 1 se modificara de tal manera que dijera: Con qué fundamento legal se sustentó el operativo el día de allanamiento de la casa del diputado Eduardo Alonso Bailey.

Que hubiera una 1 Bis o se corriera toda la numeración, que fuera la que está como número 1: ¿Que motivó el operativo, el día del allanamiento?

En la pregunta 5, concretamente, propongo que diga: Con base en qué sustento constitucional y legal hicieron el operativo y realizaron el allanamiento.

Éstas son las propuestas precisas que hago a la pregunta 1 y 5, en base a la intervención inicial que tuve y por lo tanto, solicito de procedimiento, reservar estas dos para que sean votadas en lo particular, si son aceptadas mis modificaciones.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Con su venia, presidente. Miren, compañeros, aquí lo que le molesta a Acción Nacional no es el punto de acuerdo, no son las preguntas o es la información. Lo que le molesta a Acción Nacional es que se ponga en tela de juicio la tremenda falla en la estrategia del combate a la delincuencia enarbolada por Felipe Calderón; eso es lo que hay de fondo. Le molesta que cuestionemos la violación a los derechos humanos, al fuero constitucional y le molesta que les cuestionemos la política del terror que han implementado.

¿Cómo es posible que hoy nos enteremos que el día de ayer en Colombia, se hizo la incautación de bienes de El Chapo Guzmán? Con inteligencia financiera en Colombia le dieron el peor golpe que se le ha dado a este cartel y aquí, en México, no podemos más que dar 20 sentencias condenatorias de lavado de dinero.

Eso es lo que les molesta, contrastar el fracaso de esta política criminal que ha generado muerte y ha ensangrentado al país. Nada les va a parecer, lo único que quieren es que esta Cámara cierre los ojos y que no siga cuestionando esta estrategia.

Por eso creo que ya, sin más miramientos, con los agregados y con las reservas del caso, se debe poner a votación esta propuesta; que aprendan a perder, porque van a perder en el 2012 y más vale que lo vayan asumiendo desde ahorita; que aprendan a perder en las Cámaras y que aprendan a afrontar su fracaso. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Pregunte la Secretaría, si se considera suficientemente discutido este asunto.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el punto. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido. Vamos a proceder de la siguiente manera, someta a votación económica de la asamblea la Secretaría la propuesta presentada por el diputado Gustavo González, del Partido Acción Nacional.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: En votación económica se consulta a la asamblea si está a favor de la propuesta que hace el diputado Gustavo González. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Diputado, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Consulte ahora la señora secretaria las tres observaciones que se formularon. Voy a dar cuenta, si usted me permite de las dos primeras para someterlas en una sola votación, hechas por el diputado Fernández Noroña.

Cambiar la pregunta 1 para que diga: ¿con qué fundamento constitucional y legal...? y en seguida el operativo, etcétera, etcétera.

En el número 5, ¿con base en qué sustento constitucional y legal lo hicieron? Es agregar la palabra constitucional, básicamente. Proceda.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Se consulta a la asamblea, en votación económica, por instrucciones de la Presidencia, si las propuestas que hace el diputado Fernández Noroña para modificar las preguntas 1 y 5 son aceptadas en los términos en que han sido leídas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la negativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: ¿Mayoría por...?

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:La negativa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: La negativa. Muy bien. Consulte ahora la Secretaría la reserva hecha por el diputado Pablo Escudero, de agregar la pregunta, ¿por qué? Para cerrar la primera pregunta, sería el caso, señalada con el número 7, ¿se dio parte a alguna autoridad civil? ¿Por qué?

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: En votación económica se consulta a la asamblea la propuesta que hace el diputado Pablo Escudero para modificar la pregunta número 7, en los términos en que ha sido leída. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se da por aprobado el acuerdo presentado por la Mesa Directiva,con la observación formulada por el diputado Pablo Escudero.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Dé cuenta del siguiente punto del orden del día, la Secretaría.

ESTADO DE GUERRERO

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer y esclarecer el asesinato de tres maestros en el estado de Guerrero, y a las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno respecto al establecimiento de una estrategia integral de protección de los centros educativos del país

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que sustentan Jorge Antonio Kahwagi Macari, Roberto Pérez de Alva Blanco, Gerardo Del Mazo Morales, Elsa María Martínez Peña, José Isabel Meza Elizondo, Cora Pinedo Alonso y María del Pilar Torre Canales, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. El clima de inseguridad que aqueja al país es alarmante, sobre todo porque ha alcanzado a una proporción importante de población civil. En ese sentido se hace necesaria y urgente la participación de la autoridad federal, incluso cuando los hechos hayan tenido lugar en alguno de los estados o municipios que constituyen la República Mexicana.

II. El pasado 18 de septiembre, en el estado de Guerrero, en un camino de la comunidad “El Naranjito”, perteneciente al municipio de Heliodoro Castillo, fueron asesinados tres maestros que eran instructores del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).

III. De acuerdo a la información señalada por diversos diarios de circulación local y nacional, los maestros (dos hombres y una mujer), respondían a los nombres de Martín Márquez Brito, José Sandoval Márquez y Catalina Vázquez.

IV. Se señala que el asesinato respondió a una emboscada realizada por grupos correspondientes a la delincuencia organizada y el narcotráfico.

V. El clima de inseguridad que se vive en el estado de Guerrero ha trastocado el desarrollo armónico de las actividades educativas, toda vez que se han tenido que cerrar escuelas debido a que el crimen organizado amedrenta, extorsiona, y en algunos casos secuestra a los maestros y alumnos, con el fin de hacerse de recursos que permitan su sobrevivencia.

VI. Dicho clima de inseguridad predomina en diversas entidades y sobre todo en escuelas de educación básica en zonas rurales y semirurales que sufren el acoso permanente por parte del crimen organizado.

VII. Las diputadas y los diputados federales, ratificamos el compromiso por garantizar desde nuestra trinchera, condiciones que favorezcan la calidad de vida de los ciudadanos, ante la inseguridad que aqueja al país.

VIII. Asimismo, consideramos fundamental preservar la integridad de todos aquellos individuos que conforman el Sistema Educativo Nacional, por lo que se hace necesaria una estrategia integral de protección a los centros escolares de todo el país, para evitar que prevalezcan situaciones como la ocurrida en Guerrero.

Por lo antes expuesto, y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer y esclarecer de manera inmediata el caso correspondiente al asesinato de tres maestros, mismo que tuvo lugar el 18 de septiembre de 2011 en el estado de Guerrero.

Segundo. Se exhorta a las autoridades competentes en la materia, de los tres órdenes de gobierno, a trabajar de forma conjunta y establecer una estrategia integral de protección de los centros educativos de todo el país, así como de quienes los conforman, para que las actividades del presente ciclo escolar no se vean interrumpidas a causa de la inseguridad.

Tercero. Se informe detalladamente a esta Soberanía sobre los avances y conclusiones de dicha investigación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia;Diputado Jorge Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.»

Presidencia del diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, secretaria. Se han registrado para hacer uso de la palabra en pro, el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo, el cual tiene uso de la voz.

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos:Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el clima de inseguridad que vivimos en el país ha llegado a las escuelas. No solamente es un problema entre las autoridades y los delincuentes; no es solamente un problema en el que el Ejército y la Marina combatan a la delincuencia; no es un problema solamente en que se enfrenten grupos delincuenciales en diferentes regiones del país, sino que esta inseguridad ha llegado a las escuelas de buena parte de los estados en nuestro país.

Hace algunos días, algunas semanas, una noticia dio vuelta al mundo; la noticia donde una educadora en Nuevo León instruía a sus alumnos para que se protegieran de las balas. Les instruía cómo echarse pecho a tierra y cantando, para tratar de controlar los nervios y la situación que se vive en muchos lugares de nuestro país. Por esta razón, en el estado de Guerrero hay un paro de maestros que están reclamando seguridad al gobierno, a los tres órdenes de gobierno.

La semana pasada, el gobernador anunció que ya a partir de este lunes se iban a iniciar las clases porque ya el problema supuestamente estaba atendido. No fue así; ayer apenas, secretarios del gabinete estatal se reunieron con representantes de los trabajadores de la educación y hoy el gobernador personalmente atenderá a los inconformes.

Creo que es necesario, compañeros, así como estábamos discutiendo el asunto de nuestro compañero diputado de Nuevo León, así como hemos discutido el asunto de la muerte del diputado de Guerrero, aprovechemos también esta ocasión para insistir en que además del pronunciamiento que hace la Junta de Coordinación Política, enviemos al Poder Ejecutivo el reclamo nacional de que se revise la estrategia de combate a la delincuencia.

Es evidente que no está danto resultado. Es evidente que algo nuevo se tiene que hacer y que esa revisión se hace ya urgente. No es posible continuar con una estrategia que a todas luces ha resultado fallida, y por eso, además de apoyar la resolución de la Junta de Coordinación Política, quiero sumarme al respaldo a mis compañeros maestros de Guerrero que justamente están reclamando seguridad como la estamos reclamando todos los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la voz a la diputada Cora Pinedo Alonso.

DIPUTADO EDUARDO ALONSO BAILEY ELIZONDO Y FAMILIA

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente, antes, por favor.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Sí, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Respaldo por supuesto plenamente el planteamiento del compañero Amadeo Espinosa, pero antes de que siga las intervenciones, diputado presidente, quisiera que sometiera a votación las preguntas, no se votaron y como están las cosas luego van a decir que no se hizo el procedimiento correcto.

Entonces, quisiera solicitarle que ponga a votación de esta soberanía las preguntas que implícitamente hemos aprobado, pero que explícitamente no lo hemos hecho y que hay que completar esa parte del procedimiento, para evitar cualquier sorpresa posterior.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Terminamos este punto de acuerdo y lo haremos, señor diputado. Gracias.

ESTADO DE GUERRERO

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Diputada Cora, tiene usted el uso de la voz.

La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:Gracias, diputado presidente, con su venia. Es dramático que hoy nos veamos obligados a traer nuevamente a esta tribuna un debate sobre la violencia y la inseguridad.

La realidad nos rebasa. La irracionalidad y la crudeza de los hechos superan nuestra capacidad de asombro. Es difícil decirle a la sociedad que la estrategia del gobierno en su lucha contra la violencia está siendo exitosa.

El Casino Royale, Boca del Río, San Fernando, nunca terminaríamos si hacemos una relación de los lugares donde se han dado hechos de violencia con víctimas inocentes. La violencia en el país constituye sin duda un fenómeno complejo. La lucha contra la delincuencia organizada constituye una de sus expresiones más crudas y sus efectos en la sociedad, en la vida cotidiana de las familias y en los sectores más vulnerables de la población son ineludibles.

Estamos de acuerdo en que ésta debe seguir. Sin embargo, no podemos ignorar el daño que ha provocado en el tejido social.

Las miles de familias fragmentadas por la pérdida de padres e hijos nos colocan ante un reclamo que debe ser atendido con urgencia. El Estado no está cumpliendo. A cinco años no vemos por ningún lado los avances. La grave situación de inseguridad y de violencia que se registra en el país ha empezado a lastimar a las escuelas, a los trabajadores de la educación y a las comunidades educativas.

Catalina Santos Vázquez, de 20 años de edad, José Sandoval Márquez y Bertín Márquez Brito, ambos de 23 años de edad, eran educadores que regresaban de una jornada de alfabetización y ahora se suman a las víctimas inocentes de la violencia.

Sí al combate contra todo tipo de delincuencia, pero que el Estado cumpla con una de sus funciones básicas, garantizando la seguridad de las familias, de los niños y de las niñas. Y garantizando que el camino a la escuela y que la escuela misma sean espacios seguros para todos.

Cada día más de 25 millones de niños y niñas y más de un millón de maestros y maestras se trasladan de sus hogares a sus centros educativos para recibir la educación que los formará como personas y ciudadanos.

Esto se ha convertido hoy, en muchos lugares de nuestra República, en una actividad de alto riesgo.

Es imperativo que pongamos un: basta ya. Que las autoridades de todos los niveles consideren como una prioridad la seguridad en la escuela, la seguridad en el traslado a las escuelas de nuestros niños y niñas.

Apenas hace unos días el Magisterio manifestó su profunda preocupación ante la ola de violencia e inseguridad que amenazaba a las comunidades educativas. Es evidente que la preocupación tiene fundamentos sólidos. Es evidente que ante esta situación no basta con discursos o expresiones de indignación. Lo que está en riesgo es el hacer efectivo el derecho a la educación. Pero más grave aún, la vida de nuestros niños y niñas, y de nuestros maestros.

Es urgente que se tomen medidas inmediatas que garanticen seguridad y justicia en distintos estados de la República en los que se hayan registrado casos de violencia dirigida contra maestras y maestros.

Coincidimos con el magisterio, que es urgente que se implementen acciones específicas que garanticen la efectiva seguridad de las niñas, de los niños y de los jóvenes, de las madres y padres de familia, de las trabajadoras y los trabajadores, que cotidianamente acuden a las escuelas a ejercer su derecho constitucional y humano a la educación.

Queremos escuelas con cámaras, que permitan monitorear las calles alrededor de los planteles. Exigimos que en los horarios de ingreso y salida de los alumnos y alumnas las patrullas y vehículos de seguridad pública redoblen sus recorridos. Demandamos botones de pánico en las esquinas de las calles cercanas a las instituciones educativas y consideramos imperativo que se impartan cursos y talleres de prevención a padres de familia y maestros.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Termine, diputada.

La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:Termino, diputado. Sólo con una verdadera voluntad y compromiso de todas las autoridades podrán nuestros niños y niñas acudir a la escuela sin miedo. La población infantil será la más vulnerable en un ambiente de inseguridad y violencia.

Es una responsabilidad social garantizar que la comunidad y la escuela puedan proporcionarle a un niño un ambiente de seguridad y condiciones adecuadas para que se respeten sus derechos. Lograrlo significará devolverles la esperanza y el futuro a los niños. Siempre hay un momento en la infancia en el que se abre una puerta y dejar entrar al futuro.

En Nueva Alianza ratificamos nuestra determinación de seguir impulsando la prevención como eje de una estrategia de combate a la violencia en seguridad. Sólo si avanzamos en el fortalecimiento de una nación integralmente desarrollada, en donde todos podamos vivir y convivir de manera armónica, pacífica y democrática, podemos mirar a los ojos a los mexicanos y afirmar que estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputada. No habiendo más oradores registrados consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Aprobado. Comuníquese.

DIPUTADO EDUARDO ALONSO BAILEY ELIZONDO Y FAMILIA

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Para darle legalidad al procedimiento por el que se formulan preguntas por escrito dirigidas al titular de la Secretaría de Marina consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba con las modificaciones aceptadas y propuestas por el diputado Pablo Escudero.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: En votación económica, se pregunta si se aprueba el acuerdo de la Mesa Directiva con la modificación propuesta por el diputado Pablo Escudero, y sea aceptada por la asamblea. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinoza: Aprobado. Comuníquese.Se recibieron cuatro acuerdos de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar lectura al primero, relativo al derecho de huelga.

DERECHO DE HUELGA

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a vigilar y resolver con rapidez e imparcialidad los conflictos laborales con sujeción a los términos previstos en la ley de la materia y velar por el respeto de los derechos de los trabajadores en su totalidad, en específico el derecho de huelga

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único.Se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a vigilar y resolver con rapidez e imparcialidad los conflictos laborales, con arreglo a los términos previstos por la ley de la materia y velar por el respeto de los trabajadores en su derecho de huelga.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia;diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinoza: Gracias, diputada. Informo a la asamblea que no hay oradores registrados.

El diputado Pedro Ávila Nevárez(desde la curul): Presidente, solicito la palabra.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinoza: Diputado Pedro Ávila, ¿en qué sentido?

El diputado Pedro Ávila Nevárez(desde la curul): Propuse esta iniciativa y por tal motivo, señor presidente, si no hay inconveniente para ello, pido subir a tribuna.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinoza: Tiene usted el uso de la tribuna, diputado.

El diputado Pedro Ávila Nevárez:Con su permiso, señor presidente. Agradezco profundamente el que se haya aprobado este punto de acuerdo en el que estamos pidiendo que todas las delegaciones federales en el país de la Secretaría del Trabajo, resuelvan miles y miles de problemas laborales que hay en sus oficinas. Miles y miles de problemas laborales, que los trabajadores no tienen razón de los veredictos ni de los laudos que allí se dictan.

Por eso este exhorto, porque es un exhorto también para que el derecho de huelga, que es uno de los más grandes soportes para que el movimiento obrero siga adelante, que no sea excluido y que se tome en cuenta que los trabajadores de México tienen ese derecho.

En todo el país las oficinas de las delegaciones de la Secretaría de Trabajo están como muertas; no resuelven ningún laudo, no resuelven ningún problema laboral de miles y miles de trabajadores.

Les pido, compañeros diputados y les agradezco mucho el apoyo que nos han dado, porque creo que la Junta de Coordinación Política ha hecho suya esta solicitud, que pedimos para que el derecho de huelga siga siendo un derecho consagrado en la Constitución y que nadie se atreva a atentar contra él ni en la próxima Ley Federal del Trabajo que discutiremos aquí, porque el derecho de huelga es la herencia que los trabajadores de México recibieron de la Revolución Mexicana. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputado. No habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Aprobado. Comuníquese.Dé cuenta la Secretaría con el siguiente punto de acuerdo, relativo a la protección y preservación de los sitios históricos y sagrados de los pueblos indígenas.

SITIOS HISTORICOS Y SAGRADOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación con la protección y preservación de los sitios históricos y sagrados de los pueblos indígenas

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa para que instruya a los titulares de las Secretarías de Gobernación, Energía, Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Reforma Agraria, de Trabajo y Previsión Social, y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que se revisen todas aquellas concesiones otorgadas para la exploración y explotación de recursos mineros en terrenos donde se localizan lugares sagrados, centros ceremoniales y sitios históricos de los pueblos indígenas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia;Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputada. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Diputada Hilaria.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Le aprecio y le agradezco esta gran oportunidad y a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, que lo han tomado suyo.

La de la voz ha promovido este punto de acuerdo. Estoy muy agradecida y solicito a mis compañeras y compañeros su anuencia y su aprobación, ya que se trata de nuestros hermanos coras y huicholes y particularmente del centro ceremonial wirikuta que se encuentra en Real de Catorce de San Luis Potosí, en donde a empresas transnacionales como First Majestic le ha otorgado la Secretaría de Economía y la de Medio Ambiente concesiones para que destruyan todo el cerro, que son los centros ceremoniales.

En nombre de mis hermanos huicholes, de los grandes peregrinares, de todos los Consejos de Ancianos, de los gobernadores tradicionales y de los pueblos de Durango, Zacatecas, Jalisco, Nayarit y San Luis Potosí, muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputada. No habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el presente acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Aprobado. Comuníquese.Continúe la Secretaría con el siguiente acuerdo.

ESTADO DE SONORA

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación con el decreto número 110 del Congreso de Sonora, publicado en el Boletín Oficial número 7, de fecha 1 de julio de 2011, del gobierno estatal

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que sustenta el diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al gobernador de Sonora, licenciado Guillermo Padrés Elías, a publicar de manera íntegra, en el marco de la división de poderes en el estado, el decreto número 110, que envió el Congreso local para su publicación en el Boletín Oficial del gobierno de la entidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia;Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputada Secretaria. Se ha registrado para hacer uso de la palabra en pro el diputado Miguel Pompa Corella. Desde su curul, diputado, cómo no.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Nada más para agradecer a la Junta de Coordinación Política haya hecho suya la proposición a que acaba de hacer mención la compañera diputada.

Nada más para mencionarles que esto encaja perfectamente en lo que hemos estado discutiendo el día de hoy, pe- leando porque el Poder Legislativo se respete por parte del Ejecutivo.

En el caso que nos ocupa, el gobernador del estado de Sonora no mandó publicar íntegra una reforma al Código Electoral, dejando fuera dos artículos que tienen que ver con la utilización de recursos públicos por parte de los funcionarios y de la publicitación que se hace de las obras en nuestro estado. Es decir, el Congreso de Sonora reformó el Código Electoral y el gobernador fue omiso al momento de mandar publicarlo, en dos de sus artículos.

Por esta razón estamos haciendo el atento exhorto a que se envíe publicar íntegra la reforma que se aprobó por parte del Congreso del Estado de Sonora. Esto es importante, le decía, presidente, por respeto a la división de Poderes que debe prevalecer en nuestro país; Sonora no es la excepción.

Lo hacemos porque se están dando cosas que antes no teníamos en Sonora. Tenemos un gobernador que aquí le está faltando el respeto al Poder Legislativo de Sonora; pero lo propio ha hecho con el Poder Judicial no atendiendo ordenamientos de naturaleza judicial, cayendo en desacato.

Tampoco respetando acuerdos que hemos tomado aquí, en base al presupuesto, con transitorios que no se han respetado por parte del gobierno del estado, y por eso es importante que estemos aprobando; y agradezco a la Junta de Coordinación que haya hecho suyo este exhorto para que el gobernador de Sonora respete el estado de derecho y respete la división de Poderes, en esa entidad federativa. Muchísimas gracias al presidente y a la Junta de Coordinación Política.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputado Miguel Pompa. Se le concede el uso de la voz al diputado Marcos Pérez Esquer, del Partido Acción Nacional. ¿Desde su curul, diputado?

El diputado Marcos Pérez Esquer(desde la curul): Presidente, muchas gracias. Para anunciar que la bancada de Acción Nacional estaría votando en contra de este punto de acuerdo, toda vez que nos parece indebido exhortar al gobernador del estado a incumplir la Constitución de su estado, en virtud de que se trata —estos dos artículos no publicados— de artículos que habiendo sido vetados por el gobernador y devueltos al Congreso del estado, no superaron el veto mediante la votación de las dos terceras partes de sus integrantes.

Ésa es la razón legal y constitucional, por la cual correctamente el gobernador del estado de Sonora no está publicando esos dos artículos. Por esa razón estaremos votando en contra del punto de acuerdo.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputado Pérez Esquer.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Diputado Pompa Corella.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella(desde la curul): Nada más para ratificar que lo que acaba de decir el compañero diputado está alejado de toda realidad. Esos dos artículos no fueron observados por el señor gobernador; fueron observados por un diputado y fueron ratificadas las reformas por las dos terceras partes del Congreso del Estado de Sonora, por eso estamos haciendo este llamando, señor presidente.

Le pediría que se someta a votación el punto de acuerdo que ya estaba previamente firmado por un representante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Lamentamos que nuestros compañeros de Acción Nacional no quieran que en Sonora se respete la división de Poderes y el estado de derecho.

El diputado Marcos Pérez Esquer(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Sí, diputado Marcos Pérez.

El diputado Marcos Pérez Esquer(desde la curul): Gracias, presidente. Sólo para precisar que estos dos artículos forman parte de un proyecto de dictamen para atender las observaciones del Ejecutivo al decreto 110.

Estos dos artículos, ciertamente, no fueron originalmente vetados por el gobernador porque no revestían alguna inconstitucionalidad; tenían problema. Fueron incorporados estos dos artículos a este proyecto de dictamen, de última hora, y por lo tanto y por la naturaleza de ese proyecto de dictamen debió haber sido votado con dos terceras partes de los integrantes de los presentes. No sucedió así. Se incorporaron estos dos artículos de última hora y no lograron la votación de dos terceras partes.

Lo ortodoxo en todo caso hubiese sido, en respeto al proceso legislativo, que se presentaran por separado con una nueva iniciativa, para reformar el Código Electoral; ello no ocurrió así. Con este procedimiento que se siguió se estaría conculcando el derecho del gobernador de ejercer su control constitucional, no jurisdiccional, de veto a esos dos artículos.

De tal suerte, que el Congreso del estado no respeto el proceso legislativo correcto y por lo tanto, hace bien el gobernador en no publicarlos. La Corte así se ha expresado, el pleno de la Corte ha expresado que los gobernadores están en su derecho de no publicar aquellos decretos que no cumplan con el proceso legislativo.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: No habiendo más oradores registrados...

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Sí, diputado Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente, sin duda estará usted ante una disyuntiva, por lo cual como presidente de esta Cámara tendrá que tomar una determinación. Hay una máxima que dice que: en caso de duda abstenerse. Ahora alguien plantea que puede haber una violación constitucional por una reforma que se sujetó, conforme lo que ya establece, y otra parte que dice que no.

Esta Cámara no puede estar sujeta a tomar una determinación en este momento, sin tener fehacientemente una postura u otra que le permita hacer este planteamiento, porque será un planteamiento de Cámara, no de bancada. Y bajo este tenor, lo que le pediríamos es, al presidente, que revise los procedimientos para verificar que no hay violaciones constitucionales y entonces se proceda a continuar con este exhorto, porque estaríamos cometiendo una violación al no tener los elementos sustentados.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputado Pérez Cuevas. Esta Presidencia lo que va a hacer es poner a votación un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, firmada por todos los grupos parlamentarios; por lo que le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Aprobado. Comuníquese.Prosiga la Secretaría con el siguiente acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

PRODUCTORES DE LECHE

La Secretaría diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que se instale de inmediato una mesa de diálogo con los secretarios de Estado competentes y los ganaderos productores de leche del país para solucionar la crisis de éstos

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que sustenta el diputado Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único.Se exhorta al gobierno federal a efecto de que se instale de inmediato una mesa de diálogo con los secretarios de Estado competentes y los ganaderos productores de leche del país, con objeto de que se brinde una solución a la crisis de los productores lecheros nacionales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia;Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Se ha registrado en pro, el diputado Jesús Ramírez Rangel, del Partido Acción Nacional. Tiene el uso de la voz desde su curul, diputado.

El diputado Jesús Ramírez Rangel(desde la curul): Gracias presidente. Solamente para agradecer a los coordinadores de todos los partidos políticos, a la Junta de Coordinación, por atender esta petición que me hicieron llegar los productores de leche de la región de La Laguna, del estado Coahuila, y creo que estamos frente a una situación de hecho en donde no tiene la culpa ni el Ejecutivo federal ni los productores ni la industria. Es una situación de hecho que se genera en una economía global y que requiere de una solución.

Agradezco a la Junta, agradezco a todos los partidos políticos. Creo que este tipo de acuerdos enaltecen a la Cámara de Diputados y, por supuesto, se podrá canalizar el darle solución a este grave problema que enfrentan los productores de leche, no solamente de Coahuila sino de otras partes de la República Mexicana. Muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias diputado Ramírez Rangel. No habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se aprueba.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Aprobado. Comuníquese.El siguiente capítulo del orden del día es: declaratoria de publicidad de dictámenes. Adelante, secretaria.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; y de las Leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, y General de Salud

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Salud de la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y de la Ley General de Salud.

Las Comisiones Unidas de Justicia y de Salud de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

Primero. Con fecha 8 de abril de 2010, el Diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos, y a nombre de los integrantes de su fracción parlamentaria, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa que pretende la reforma y adición de diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y de la Ley General de Salud.

Segundo. En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones de Salud y de Justicia para su estudio y dictamen.

Contenido de la iniciativa

El espíritu de la iniciativa es considerar como delito grave y sancionar con uno a nueve años de prisión y multa equivalente de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, a quien por si o a través de otro expenda, venda o de cualquier forma distribuya bebidas alcohólicas adulteradas, contaminadas o alteradas, así como la introducción ilegal de las mismas al país.

Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su  párrafo tercero del artículo 4°:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... Y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Segunda. La iniciativa en cuestión propone establecer pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate a quien por si o a través de otro expenda, venda o de cualquier forma distribuya bebidas alcohólicas adulteradas, contaminadas o alteradas; asimismo, pretende que dicho delito se considere grave por el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Además, sugiere considerar y sancionar como delincuencia organizada la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de bebidas alcohólicas conforme al artículo 464 de la Ley General de Salud, así como la introducción ilegal al país, venta y distribución de este tipo de productos.

En México, de acuerdo con la Cámara de Industria de Vinos y Licores seis de cada 10 botellas de bebidas alcohólicas son adulteradas, con una carga de metanol y etilenglicol que provocan en sus consumidores mareos, pérdida de la vista o la muerte.

De acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), 45% y 50% de las bebidas que se consumen en el país son adulteradas o falsificadas en establecimientos clandestinos, por lo que recomendó a los consumidores que este fin de año sólo adquieran sus productos en lugares establecidos.

La existencia de los mercados informales donde se adultera y falsifica el alcohol afecta directamente a la sociedad, al colocar en el mercado productos de baja calidad y dudoso origen.

La producción y comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas ha contribuido a que en los últimos años el mercado formal haya tenido una contracción del 30 por ciento, impactando directamente en la pérdida de seis mil empleos directos y 120 mil más indirectos.

Debemos destacar que la propuesta se estima técnicamente viable, y se deben precisar algunas modificaciones por lo siguiente:

Tercera. Considerando que en materia penal, el tipo es la descripción precisa de las acciones u omisiones que son considerados como delito y a los que se les asigna una pena o sanción, Si una conducta humana no se ajusta exactamente al tipo penal vigente, no puede considerarse delito por un juez, esto es un principio de legalidad que nuestra constitución establece en su artículo 14, el cual dice:

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

Es por ello que considero prioritariamente necesaria la especificación de este tipo en la Ley General de Salud, tal y como lo establece la iniciativa en comento.

Artículo 464. A quien, adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia o producto de uso o consumo humano, con peligro para la salud, se le aplicará de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Las mismas penas se aplicaran a quien por si o a través de otro expenda, venda o de cualquier forma distribuya bebidas alcohólicas adulteradas, contaminadas o alteradas.

Cuarta. Con relación al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, Con relación a lo anterior considero necesario ajustar el texto de este artículo, para de esta manera se incluya como delito grave la venta, expendio o distribución  de estas bebidas adulteradas.

Y quede de la siguiente manera:

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. ...

XV. De la Ley General de Salud:

1) los consistentes en adulteración, falsificación, contaminación O alteración de bebidas alcohólicas, así como a quien expenda, venda o de cualquier forma distribuya bebidas alcohólicas adulteradas, contaminadas o alteradas conforme al artículo 464 de la Ley General de Salud.

2) los previstos en las fracciones I, II y III del articulo 464 Ter,  y en los artículos 475 y 476

XVI. ...

Quinta. En cuanto a la propuesta de adicionar una fracción VI al artículo 2º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, esta también presenta problemas de técnica legislativa. Lo anterior debido a que, en el citado precepto legal, ya existe una fracción VI en la que se considera como delincuencia organizada el delito de trata de personas previsto y sancionado en los artículos 5 y 6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Ante tal situación, la iniciativa elimina el contenido de la citada fracción (el delito de trata de personas) y lo sustituye por el delito contenido en el artículo 464 de la Ley General de Salud, es por ello necesario que esta fracción sea la Octava, quedando de la siguiente manera:

Artículo 2. Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:

I. aVII. ...

VIII. Adulteración, falsificación, contaminación o alteración de bebidas alcohólicas conforme al artículo 464 de la Ley General de Salud, así como la introducción ilegal al país, venta y distribución de este tipo de productos.

Aunado a la modificación propuesta anterior, es necesario hacer el ajuste en la modificación que se propone al artículo 3 de este ordenamiento para que quede de la siguiente manera:

Artículo 3. Los delitos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, y VIII del artículo anterior, que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada, serán investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta ley.

Con respecto a la propuesta que se hace en el art. 4 de la  Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada se considera innecesaria, debido a que la sanción ya está prevista en el artículo 464 de la Ley General de Salud.

En general los integrantes de esta comisión consideran que la iniciativa es procedente con las respectivas modificaciones, por las consideraciones anteriormente expuestas.

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisiones Unidas de Salud y de Justicia  sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente acuerdo:

Decreto por el que se reforma la fracción XV del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; y se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de bebidas alcohólicas.

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo segundo al artículo  464 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 464. ...

Las mismas penas se aplicaran a quien por si o a través de otro expenda, venda o de cualquier forma distribuya bebidas alcohólicas adulteradas, contaminadas o alteradas.

Artículo Segundo.Se reforma la fracción XV del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. a XIV. ...

XV. De la Ley General de Salud:

1) Los consistentes en adulteración, falsificación, contaminación o alteración de bebidas alcohólicas,así como a quien expenda, venda o de cualquier forma distribuya bebidas alcohólicas adulteradas, contaminadas o alteradas conforme al artículo 464 de la Ley General de Salud.

2) Los previstos en las fracciones I, II y III del articulo 464 Ter,  y en los artículos 475 y 476.

XVI. ...

Artículo Tercero. Se adiciona una fracción VII al artículo 2  y se reforma el artículo 3, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a VII. ...

VIII. Adulteración, falsificación, contaminación o alteración de bebidas alcohólicas conforme al artículo 464 de la Ley General de Salud, así como la introducción ilegal al país, venta y distribución de este tipo de productos.

Artículo 3.Los delitos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV y VIII del artículo anterior, que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada, serán investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2011.

La Comisión de Salud, diputados:Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho, Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales, secretarios; Felipe Borja Texocotitla, Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina, Sergio Tolento Hernández, Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Malco Ramírez Martínez, Oralia López Hernández.

La Comisión de Justicia, diputados: Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato García (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz (rúbrica), Eduardo Ledesma Romo, secretarios; Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa, Nancy González Ulloa, Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Israel Madrigal Ceja (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz, Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5 a 7 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento para la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El 9 de junio de 2010, el diputado Pablo Escudero Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 5o., 6o. y 7o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Derechos Humanos, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. El 16 de junio de 2010, el diputado Pablo Escudero Morales, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 15 y 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

4. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Derechos Humanos, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 5o., 6o., y 7o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

El diputado Pablo Escudero menciona que el Senado de la República aprobó, el 8 de abril de 2010, el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de la Reforma del Estado, relativo al proyecto de decreto que modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que en ese dictamen se propone reformar la Constitución, a fin de ampliar la competencia en materia laboral de las comisiones públicas de derechos humanos.

En consonancia con la posible reforma constitucional, el legislador proponente refiere la necesidad de reformar el artículo 7o., fracción III, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (LCNDH) para incorporar la ampliación que, en su caso, determine el poder revisor de la Constitución, en cuanto a la competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en materia laboral, que –de acuerdo al proponente– sólo debería surtir efectos cuando el patrón fuese una autoridad o un servidor público, por ende, jurídicamente capaz de violar derechos humanos. Y para el caso de que el asunto fuera judicializable, la competencia de la CNDH no operaría, por tratarse de una cuestión jurisdiccional de fondo.

Asimismo, el proponente advierte la importancia que cada día asume la protección del medio ambiente, por lo que considera necesario, mediante reforma legal crear una sexta visitaduría que conozca tanto del ámbito laboral como de la conservación del medio ambiente.

Contenido de la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 6o., 15 y 19 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos

El diputado Pablo Escudero establece en la presente iniciativa que el objetivo esencial de la CNDH es la protección, observación, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, pero estima que es necesario que la CNDH sea más activa y dinámica con mayor capacidad de actuación.

En este sentido el legislador señala que los preceptos que se proponen modificar se encuentran relacionados con el otorgamiento y reconocimiento de las atribuciones del citado organismo, toda vez que propone introducir al artículo 6 (que contiene dichas disposiciones), dos fracciones para establecer las facultades de investigación de la CNDH.

Incorpora para tal efecto, en una primera propuesta de fracción, la facultad de las instituciones de gobierno para solicitar al citado organismo, ejercer la facultad de investigación de violaciones graves de derechos humanos y, en una segunda fracción propuesta, reconocer la atribución de la misma CNDH para expedir las reglas generales de investigación sobre ese particular.

El proponente agrega que con la reforma al artículo 15 de la citada ley, se reconocería la facultad del presidente de la CNDH para iniciar la investigación, así como incluir la de presentar un informe preliminar al consejo consultivo del citado organismo, en el que se relacionen los hechos y elementos de prueba que generen convicción sobre la posible violación de derechos humanos.

Finalmente, el diputado Escudero considera pertinente reformar el artículo 19 de la misma ley, para incluir una fracción VII para establecer una facultad a favor del Consejo Consultivo de la CNDH para pronunciarse sobre la suficiencia de la investigación; determinar si existieron violaciones graves a las garantías individuales; señalar a las autoridades involucradas en dichas violaciones y determinar los órganos y autoridades competentes para actuar en el caso, así como hacerse llegar de los elementos que los consejeros consideren necesarios para emitir el pronunciamiento.

Derivado del análisis de las  iniciativas de mérito, esta comisión estima pertinente dictaminar ambas iniciativas bajo las siguientes

Consideraciones

El pasado 10 de junio del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que modifica la denominación del capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta reforma constitucional es muy trascendente ya que sin duda es el resultado de una lucha constante y esfuerzo contundente para la protección y ampliación de los derechos fundamentales en nuestro país, al incorporarlos de manera sistemática en el texto constitucional, con las reformas a los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105, resulta ser el parteaguas con el que México se incorpora los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.

Particularmente, para el tema que nos ocupa, es de gran trascendencia señalar que anteriormente la CNDH no era competente en asuntos de materia laboral, cuya limitante se encontraba plasmado en el segundo párrafo del Apartado B del artículo 102 constitucional:

Los organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, labores y jurisdiccionales.

Actualmente, con esta reforma constitucional se faculta a la CNDH para conocer de quejas en materia laboral viéndose reflejando en segundo párrafo del apartado B del artículo 102 constitucional:

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electores y jurisdiccionales.

Cabe recordar que el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consigna en su numeral 1 que “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias y a la protección contra el desempleo”, y que, al amparo de la reforma constitucional, conlleva considerar las normas, recomendaciones y acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo, como la relativas a las peores formas de trabajo infantil (1999), el marco promocional para la salud y la protección en el trabajo  y sobre la relación de trabajo (2006), entre otras.

Con ello la CNDH podrá emitir recomendaciones a las autoridades correspondientes, tratándose de violaciones a derechos humanos laborales, sin que impliquen cuestionamientos a las relaciones individuales y colectivas contractuales.

A criterio de las y los integrantes de esta dictaminadora se coincide con el espíritu de la reforma propuesta al artículo 7o., fracción III de la LCNDH; empero, con el propósito de ajustar la facultad constitucional de la CNDH y delimitar las facultades que a cada autoridad corresponde, se sugiere:

Artículo 7o...

I. y II. ...

III. Juicios laborales relacionados con la competencia de las autoridades señaladas en las leyes federales de la materia.

IV. ...

Por otra parte, cabe mencionar que esta comisión coincide con la propuesta de adición de la fracción XIV al artículo 6o. de la LCNDH, relativo a las atribuciones de este organismo, en virtud de que la propuesta señala:

XIV Ter. Conocer de violaciones a los derechos al trabajo y a la conservación del medio ambiente,

Al respecto, cabe mencionar que para el caso que nos ocupa, la conservación del medio ambiente, como otras materias, no se encuentra exenta en la reforma constitucional, toda vez que de acuerdo al contenido y alcance de la reforma al artículo 1º Constitucional, en su primer párrafo dice:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Por lo tanto resulta importante recalcar que México forma parte de diversos tratados internacionales cuyo objetivo principal se basa en el cuidado y protección del medio ambiente, entre los que se encuentran el Convenio Internacional para prevenir la Contaminación por los Buques, el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio de la Diversidad Biológica (www.sre.gob.mx/tratados/index.php) los cuales demuestran el compromiso que ha tenido y tiene México con en la materia.

En la actualidad, la Ley de la CNDH en su artículo 5o. prevé la posibilidad de que existan 5 visitadores generales y en la práctica han funcionado este número de visitadores generales, sin embargo y atención a la propuesta contenida en una de las iniciativas en análisis, crear una sexta visitaduría general que conozca tanto del ámbito laboral como del relativo a la conservación del medio ambiente, generaría mayor gasto e incremento de la estructura administrativa de la CNDH.

Al respecto, a escala mundial afortunadamente la CNDH es la institución protectora de derechos humanos con mayor presupuesto, por lo que en nuestra actualidad, esto nos demanda con mayor ímpetu dar respuesta a las nuevas necesidades, tales como la protección del medio ambiente razón por lo cual es necesario apoyar la creación que se propone.

Por ello se coincide con la reforma del artículo 5o. de la LCNDH para quedar como sigue:

Artículo 5o. La Comisión Nacional se integrará con un Presidente, una Secretaría Ejecutiva, hasta seis visitadores generales, así como el número de visitadores adjuntos y personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones.

En otro orden de ideas, anteriormente el régimen de competencia de la facultad de investigación de graves violaciones a garantías individuales correspondía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En efecto, el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano señalaba:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. También podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal, que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal.

Con la reforma constitucional la CNDH se fortalece aún más, pues se suprime dicha facultad que recaía en la SCJN quedando esto plasmado en el último párrafo del Apartado B del artículo 102 constitucional:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.

En consecuencia, las legisladoras y los legisladores coincidimos con el diputado Pablo Escudero Morales en el objetivo de plasmar el espíritu constitucional en la ley secundaria para incluir la fracción II Bis al artículo 6o. de la LCNDH, para quedar como sigue:

Artículo 6o. La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones.

I. y II. ...

II Bis. Conocer e investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiera el Ejecutivo federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un estado, el jefe del gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.

III. al XV. ...

Esta dictaminadora considera que la adición de la fracción X Bis al mismo artículo, así como las fracciones X y XI al artículo 15 de la misma ley ya que en ningún momento, dentro de la citada reforma constitucional, se le asignan exclusivamente estas facultades al Presidente de la CNDH.

Cabe mencionar que la propuesta de artículo segundo transitorio que propone el diputado Pablo Escudero en su iniciativa a los artículos 5o, 6o y 7o de la LCNDH es improcedente para el presente ejercicio fiscal, pues la creación de una sexta visitaduría conllevaría a un gasto adicional lo que  no se encuentra previsto en la asignación presupuestal del 2011.

Sin embargo, por los argumentos antes expresados, lo recursos económicos, no limitan la posibilidad de crear una sexta visitaduría, lo que en todo caso se sujetaría al Presupuesto de Egresos 2012, o bien, a los recursos disponibles.

Por lo expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 5o primer párrafo y la fracción III del artículo 7o. Además, se adiciona la fracción II Bis al artículo 6o. Todos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Artículo Único. Se reforma el artículo 5o. primer párrafo y la fracción III del artículo 7o. Además, se adiciona la fracción II Bis al artículo 6o. Todos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 5o. La Comisión Nacional se integrará con un Presidente, una Secretaría Ejecutiva, hasta seis visitadores generales, así como el número de visitadores adjuntos y personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones.

...

Artículo 6o. ...

I. y II. ...

II Bis. Conocer e investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiera el Ejecutivo federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un estado, el jefe del gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.

III. a XV. ...

Artículo 7o. ...

I. y II. ...

III. Juicios laborales relacionados con la competencia de las autoridades señaladas en las leyes federales de la materia; y

IV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a veintidós de junio de 2011.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Manuel Cadena Morales (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama, Rosi Orozco (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León, Sami David David (rúbrica), Margarita Gallegos Soto, Lizbeth García Coronado (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, Diana Patricia González Soto, María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Aránzazu Quintana Padilla, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones I Bis al artículo 15 y I Bis al 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 80, numeral 1, fracción II, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El 27 de junio del 2007, la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción I Bis al artículo 15, y una fracción I Bis al artículo 19, ambos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (LCNDH).

2. Esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por conducto de su vicepresidencia, turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

3. El 27 de junio de 2007, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la presente iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos, para el análisis y elaboración del dictamen correspondiente, bajo los términos reglamentarios.

Contenido de la iniciativa

La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago refiere que el 14 de septiembre de 2006, se adicionó un inciso a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tuviera la facultad de interponer la acción de inconstitucionalidad con motivo de la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Carta Magna.

Esta facultad refiere la legisladora, está asignada a la CNDH de manera colegiada y no unipersonal, e inclusive en su exposición de motivos, ilustra a manera de ejemplo el caso de la Procuraduría General de la República (PGR) que al igual que la CNDH, también cuenta con esta facultad. La diferencia entre ambas es que en el caso de la PGR, se faculta expresamente al Procurador General de la República para interponer la acción de inconstitucionalidad de manera unipersonal.

Por lo que corresponde a la facultad de la CNDH en este tema, arguye la legisladora que en el artículo 46 del Reglamento Interno de la CNDH se señala la competencia del Consejo Consultivo para emitir los lineamientos generales de actuación y los programas de trabajo del citado organismo.  Y en artículo 50 del mismo ordenamiento se precisa: “Los lineamientos generales que apruebe el consejo y que no estén previstos en el reglamento podrán hacerlo mediante declaraciones, acuerdos o tesis que el mismo consejo establezca, los cuales deberán publicarse en la gaceta de la CNDH”.

En tal virtud, la legisladora considera necesario que el Presidente de la CNDH deba solicitar la aprobación del Consejo Consultivo para ejercer la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Para ello, propone adicionar una fracción I Bis, tanto al artículo 15 como al artículo 19, ambos de la LCNDH con el propósito de regular la acción de inconstitucionalidad que ejerce dicho órgano.

Derivado del análisis de la iniciativa de mérito, esta Comisión formula las siguientes:

Consideraciones

El constitucionalista mexicano Héctor Fix-Zamudio, en su obra Acción Pública de la Inconstitucionalidad de las Leyes, respecto a la legitimación para interponer las acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN, ha sostenido que:

La reforma constitucional al artículo 105, fracción II de la Constitución Federal, inciso g), introdujo el precepto (...) de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible inconstitucionalidad de una norma de carácter general y la propia Constitución, interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, (...) que vulneren los derechos humanos consagrados en dicha Carta federal.

En este sentido, Luigi Ferrajoli, jurista italiano de la corriente del garantísmo jurídico, ha mencionado en sus distintas obras, la importancia del constitucionalismo jurídico. Por lo tanto, esta dictaminadora estima que en la Carta Magna se hace alusión específica al término de CNDH para ejercer la acción de inconstitucionalidad, entonces se debe visualizar a la comisión en su conjunto y no a titulo unipersonal, como en el caso de la PGR.

Lo anterior cobra sentido, en virtud de que a lo largo de nuestra historia, la CNDH en nuestro país surge bajo una fuente de inspiración tautológica de origen sueco denominada ombudsman que contó con una base fundamental llamada principio de autonomía. Cuyo propósito inicial fue crear un defensor del pueblo mexicano contra atropellos de las autoridades, lo que se materializo con la creación de un organismo público constitucional que constaría de un órgano colegiado, integrado por personalidades públicas y designadas por el Senado de la República, de conformidad con el párrafo sexto del Apartado B del artículo 102 constitucional:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo...

Bajo este mismo paradigma, como visión de Estado constitucional tenemos claro que los derechos ya no dependen de la ley secundaria sino de la Constitución. Así, si el texto constitucional alude al término de Consejo Consultivo entonces reconoce la importancia de éste órgano como un órgano colegiado, postura que coincide con la opinión de la doctora Susana Thalía Pedroza de la Llave, al mencionar que los órganos constitucionales autónomos presentan la característica de un “órgano colegiado”.

Por otra parte, el artículo 19 de la LCNDH a la letra dice:

Artículo 19. El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades:

I. Establecer los lineamientos generales de actuación de la Comisión Nacional;

II. Aprobar el Reglamento Interno de la Comisión Nacional;

III. Aprobar las normas de carácter interno relacionadas con la Comisión Nacional;

IV. Opinar sobre el proyecto de informe anual que el presidente de la Comisión Nacional presente a los Poderes de la Unión;

V. Solicitar al presidente de la Comisión Nacional información adicional sobre los asuntos que se encuentren en trámite o haya resuelto la Comisión Nacional; y

VI. Conocer el informe del presidente de la Comisión Nacional respecto al ejercicio presupuestal.

En este contexto, aunque podemos considerar que ninguna disposición jurídica le otorga atribuciones de carácter ejecutivo o administrativo, ello no quiere decir que no tenga una razón de ser el Consejo Consultivo, pues este  se crea con la finalidad de que la CNDH tenga un mejor desempeño de sus responsabilidades. Así, habría que considerar necesario aplicar el constitucionalismo jurídico, bajo el criterio de que las normas deben extenderse más allá del pensamiento que arroje la ley secundaria.

Al respecto, tenemos las diferencias entre la actuación del ombudsman con las de la CNDH a saber:

Ombusdman CNDH

1. El ombudsman se ocupa generalmente del control de la legalidad de actuación de la propia administración pública

1. Se encarga de la tutela de los derechos  humanos y las decisiones más importantes las toma de manera colegiada

2. Dentro del modelo clásico solo atiende quejas individuales

2. Atiende quejas individuales, pero también permiten conocer demandas que afectan a la colectividad bajo el principio de class action y ex officio, y;

Difusión de la protección y estudio de los derechos humanos dentro de una sociedad.

3. Fundamenta sus acciones solo en la legislación nacional

3. En su caso, amplía sus horizontes con normas internacionales para un mejor fortalecimiento y ajuste de sus derechos humanos.

Con lo anterior, se destaca que el ombudsman mexicano presenta un modelo hibrido en el que se suelen conjugar ambas características, pues funciona como un organismo especializado en la investigación de la queja y además como un órgano que promueve y estudia los derechos humanos.

Es por ello, que esta dictaminadora estima prudente precisar que un organismo constitucional autónomo, gira en torno a un principio de división de poderes, que como bien refería Montesquieu: “el poder que no es limitado lleva necesariamente al abuso y a la arbitrariedad.” De acuerdo a la anterior premisa, entonces si el poder está distribuido entre los distintos órganos que mutuamente se frenan, queda cerrada la posibilidad de que el poder constituido se haga ilimitado.

De lo anterior, los órganos autónomos constitucionales no solo deben tener una autonomía presupuestaria, sino que además no deben contar con ninguna influencia proveniente de las fuerzas políticas; sus titulares deben tener resguardo de cualquier presión o influencia que pudieran recibir de otros órganos; los órganos deben presentar informes y realizar comparecencias ante el órgano parlamentario y finalmente, las decisiones más importantes deben ser tomadas de manera colegiada.

La CNDH como órgano colegiado (comisión), de ninguna forma se interpretaría a la luz del constitucionalismo jurídico, como órgano que confiera a su presidente una atribución unipersonal, pues este término tiene una connotación de carácter individual y soberana, razón por la cual ni siquiera se relaciona con la autonomía de la CNDH, sino que más bien nuestra constitución le faculta a que como organismo constitucional autónomo su actuación va más allá de tutelar las garantías constitucionales, como lo es la protección de los derechos humanos de las personas, bajo el principio pro persona.

Ahora bien, en relación con el artículo 5 de la LCNDH, relativo al Consejo Consultivo donde señala cómo habrá de integrarse la CNDH, se menciona lo siguiente:

Articulo 5o.

...

La Comisión Nacional para el mejor desempeño de sus responsabilidades contará con un consejo.

Este artículo, contiene un elemento de categoría suficiente para establecer que el Consejo Consultivo de la CNDH es un órgano creado para maximizar el desempeño de las funciones del titular, presidente o del ombudsman mexicano.

Sumado a lo anterior, el artículo 15 de la LCNDH, establece:

Artículo 15. El presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Ejercer la representación legal de la Comisión Nacional;

II. Formular los lineamientos generales a los que se sujetarán las actividades administrativas de la Comisión, así como nombrar, dirigir y coordinar a los funcionarios y al personal bajo su autoridad;

III. Dictar las medidas específicas que juzgue convenientes para el mejor desempeño de las funciones de la comisión...

...

De lo anterior se concluye que el ombudsman tiene facultad de formular y el Consejo Consultivo de establecer los lineamientos generales a los que alude la ley secundaria. Por lo que consultando el diccionario de la Real Academia Española la palabra formular significa: “expresar, manifestar o recetar” y la palabra establecer significa: fundar, instituir, mandar y ordenar. En tal virtud, ambas figuras tienen obligaciones correlativas que se encaminan en un mismo fin, es decir, que necesitan de una independencia muy relativa para dirigir a la CNDH.

Ahora bien, el artículo 19 de la LCNDH, anteriormente citado, es el que apunta la legisladora para que se le adicione una fracción I Bis, en virtud de que tanto el presidente de la CNDH como su Consejo Consultivo, son interdependientes de forma relativa porque ambos cuentan con la facultad de “establecer los lineamientos generales de actuación de la CNDH”, es decir, que las dos figuras pueden establecer programas o planes de acción que regirá dicho organismo.

Lo anterior encuentra sustento, en virtud de que en términos gramaticales, la palabra lineamientos significa de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española: una tendencia, una dirección o un rasgo característico de algo. Y bajo este argumento, es lógico que la legisladora  proponga que se adicione una fracción I Bis, en el contenido de éste articulo, con el propósito de que se defina de manera clara que la acción de inconstitucionalidad que faculta a la CNDH, sea tomada de manera colegiada y no sobre una base histórica de la autoridad moral y personal, como lo es la figura de ombudsman.

En tal virtud, esta dictaminadora considera que la propuesta de la legisladora es de suma importancia, en virtud de que permite el cabal cumplimiento del objetivo fundamental de la CNDH que es la protección de los derechos humanos de las personas, bajo la conducción de un Órgano Constitucional Autónomo que cumple con todas las características esenciales en su integración y con un principio de equilibrio y división de poder, pues las decisiones más importantes deberán tomarse de manera colegiada, en razón de que la función que tiene el Presidente, como representante legal del citado organismo, no implica que las decisiones de éste sean de carácter unipersonal.

En suma, la adición de la fracción I Bis tanto al artículo 15 como al 19, ambos de la LCNDH, se estaría generando un contrapeso en relación a las facultades de ambas figuras, pues en la fracción I Bis del articulo 15 en mención, al adicionarse la previa anuencia del consejo consultivo, se frena la representación unipersonal del presidente de dicha comisión y a su vez, en la adición I Bis del artículo 19 anteriormente mencionado, también se estaría señalando la aprobación del ejercicio de la acción de inconstitucionalidad por parte del mencionado consejo.

Por otra parte, cabe mencionar que en la pasada legislatura, se solicito opinión de la presente iniciativa a la Administración Pública Federal, cuya apreciación fue enviada a la presidencia de esta Comisión por la Secretaría de Gobernación, instancia que a través de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos envío oficio con número de folio UPDDH/911/7877/07 suscrito por el licenciado Rodrigo Espeleta Aladro, director general adjunto de Investigación y Atención de Casos, en cuyo memorial se concluye que “se coincide con la propuesta de reforma”. Por lo que para mayor ilustración, se adjunta al presente dictamen la opinión de mérito.

Por lo expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona la fracción I Bis al Artículo 15 y la fracción I Bis al artículo 19, ambos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Artículo Único. Se adicionan la fracción I Bis al artículo 15 y la fracción I Bis al artículo 19, ambos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 15. ...

I. ...

I Bis. Ejercer la acción de inconstitucionalidad, previa anuencia del Consejo Consultivo.

II. a X. ...

Artículo 19. ...

I. ...

I Bis. Aprobar el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad.

II. a VI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Pedroza de la Llave, Susana Thalía. Órganos constitucionales autónomos en México. Editorial Fondo de Cultura Económica e Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. México 2009, página 173.

2 Pedroza de la Llave, Susana Thalía. Órganos constitucionales autónomos en México. Editorial Fondo de Cultura Económica e Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. México 2009, página 173.

3 Ibídem, páginas 178-182.

4 Rojano Esquivel, José Carlos, CDH Ombudsman Mexicano, Porrúa, México, 2009, página 561.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a veintidós de junio de 2011.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Manuel Cadena Morales (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama, Rosi Orozco (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León, Sami David David (rúbrica), Margarita Gallegos Soto, Lizbeth García Coronado (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, Diana Patricia González Soto, María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Aránzazu Quintana Padilla, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2, 12, 14 y 42 de la Ley de Ciencia y Tecnología

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Ciencia y Tecnología de la honorable Cámara de Diputados, correspondiente a la LXI Legislatura le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 176, 182, numeral 1, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 4 de mayo de 2011 por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la diputada María del Pilar Torre Canales, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó ante el pleno de esa Comisión Permanente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 6, 12, 13, 14, y 42 de la Ley de Ciencia y Tecnología, en ejercicio del derecho conferido por el artículo 71 constitucional.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó la iniciativa para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados.

II. Contenido de la iniciativa

La propuesta de la legisladora señala lo siguiente:

A. Pese a que las mujeres mexicanas representan una porción significativa del conjunto de recursos humanos su representación en materia de ciencia, tecnología e innovación así como en otros ámbitos es insuficiente. Es innegable que numerosas mujeres han logrado el éxito y la gratificación profesional en las diversas esferas de la ciencia, pero en general su presencia sigue subrepresentada.

B. Las mujeres que trabajan en estas ramas enfrentan obstáculos y dificultades específicas en su vida profesional mismas que obedecen tanto a factores intrínsecos de los modelos así como a prácticas características de las instituciones que intervienen en la definición de políticas y programas en esta materia. De la misma forma las condicionantes socioculturales limitan su pleno desarrollo, resaltando la persistencia de la delegación de los tradicionales roles domésticos y del cuidado familiar. Como resultado de estas situaciones, subsisten contextos de discriminación salarial y laboral, que se expresan en menores oportunidades de desarrollo, menores salarios, cargos de menor jerarquía y en una evidente presencia minoritaria en casi todos los niveles del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

C. A varias décadas de las conferencias internacionales de las mujeres promovidas por la Organización de Naciones Unidas y de los acuerdos firmados por el gobierno de la República Mexicana, muchas son las transformaciones sociales logradas a favor de las mujeres mexicanas.

Se conoce que existen mecanismos institucionales en los distintos órdenes de gobierno, así como planes para promover la equidad de género y combatir los principales problemas que enfrentan las mujeres, sin embargo, ante la magnitud de los rezagos por la desigualdad de género, aún existen obstáculos y áreas en las que debemos fortalecer los dispositivos de participación femenina, para incrementarlos se necesitan programas específicos de retención y repatriación de mujeres científicas mexicanas. Asimismo, es fundamental incentivar a las niñas para que vean en las ciencias exactas, como las ingenierías y las tecnologías, una vocación.

D. Es necesario asegurar que las políticas en materia de ciencia y tecnología se consoliden como políticas de estado con perspectiva de género. Ello demanda la implementación de modelos más democráticos y eficaces, que articulen políticas educativas en todos los niveles permitiendo una formación de calidad, con igualdad de acceso y oportunidades para hombres y mujeres.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión dictaminadora formulamos las siguientes:

III. Consideraciones

Primera. La historia demuestra que el impulso al desarrollo científico y tecnológico constituye una solución para enfrentar las crisis económicas. En efecto, la ciencia, la tecnología y la innovación son signos de progreso económico, social y cultural. La ciencia y la tecnología han pasado a formar parte de las fuerzas productivas de las sociedades desarrolladas, constituyendo un factor esencial y transformándose en agentes estratégicos del desarrollo económico y social.

Es innegable el impulso que se ha dado al desarrollo científico y tecnológico a nivel mundial, sin embargo dicho desa-rrollo enfrenta una problemática relacionada con la necesidad de establecer condiciones de igualdad de trato entre hombres y mujeres.

Segunda. Estudios sobre los avances de la mujer en el mundo laboral de la investigación, arrojan como resultado que es escasa la fuerza productiva femenina. Desafortunadamente, la relación social entre los sexos ha sido continuamente legitimada, validada o discutida en función de un modelo antropológico y político, lo cual ha ocasionado, que en relación a las mujeres existan presunciones culturales con gran arraigo histórico sobre su supuesta debilidad física, su vulnerabilidad durante el embarazo y sobre su papel esencial e insustituible para cierto modelo familiar, éstas presunciones sociales con el tiempo se han transformado en prejuicios, que lo único que han demostrado es que existe una real discriminación para el sector femenino de la sociedad.

El modelo tradicional del papel de la mujer en la sociedad ha provocado ubicar a las mujeres con base en estereotipos, dentro de los cuales encontramos a un sin numero de trabajadoras con mucho menos oportunidades de desarrollo y de promoción dentro de sus empleos, segregándolas de manera ocupacional con salarios más bajos que los masculinos por tareas igualitarias, teniendo que cumplir con requisitos excesivos para efectos de su contratación, como son los análisis de gravidez que son una lamentable realidad laboral que coloca a las mujeres en una situación de inequidad y desventaja.

Tercera. La discriminación hacia las mujeres se produce de manera individual y colectiva, deliberada e inconscientemente, justificándose en las costumbres y la tradición, provocando que las mujeres, a consecuencia de su género, enfrenten situaciones que les impiden participar con plenitud en la sociedad en la que viven, situaciones como éstas impiden alcanzar un desarrollo equilibrado y productivo del país, pues deja en evidencia la urgencia de desarrollar políticas de igualdad de oportunidades y sobre todo de impulsar una educación igualitaria.

En los últimos años el número de mujeres con carreras profesionales ha aumentado notablemente, sin embargo el sector femenino sigue estando poco representado dentro del mundo de la investigación científica, ejemplo de ello es demostrado por la revista The New England Journal of Medicine quienes realizaron un análisis a seis editoriales y revistas científicas, con la finalidad de conocer el sexo de los autores de publicaciones sobre investigaciones médico científicas. Fueron comparadas publicaciones de 1970, 1980, 1990, 2000 y 2004, los resultados mostraron un aumento significativo de publicaciones de las mujeres a lo largo de estos años, siendo así que en 1970 representaban el 6 por ciento de autoría, alcanzando en 2004 el 29 por ciento, sin embargo aun resulta una diferencia significativa, si tomamos en cuenta que cada sexo representa la mitad de los profesionales de la medicina. Debe destacarse el hecho de que a pesar que en distintos países el ingreso de mujeres en las diversas carreras ha logrado alcanzar el 50 por ciento, excepto en las áreas de ingeniería, existe un descenso alarmante respecto a su intervención en la investigación científica, en la medida de que asciende su carrera profesional, específicamente al llegar al doctorado.

Cuarta. La Legisladora proponente señala que en México, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en 2010, que del total de integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), encargado de la formación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel, sólo la tercera parte son mujeres y que las candidatas, en su mayoría, aplican para las áreas de biología y química, lo que equivale al 27.5 por ciento de los investigadores, e ingeniería representada en un 14.1 por ciento de un total de 15 mil 565 investigadores registrados.

Las áreas del Sistema Nacional de Investigadores con mayor presencia femenina son las de humanidades, ciencias de la salud y medicina. En las áreas de ciencias físico matemáticas, de la tierra e ingenierías se observó una presencia femenina de solo 18.7 por ciento.

Durante el foro nacional Mujeres en la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en México, que tuvo lugar el pasado mes de marzo de 2011, se hizo nuevamente visible la necesidad de integrar el precepto de equidad de género dentro de las legislaciones de las universidades, instituciones y empresas que realizan actividades de investigación y desarrollo tecnológico y científico a fin de promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Se destacó, también la importancia de incorporar la perspectiva de género en los procesos de recolección, análisis de datos y divulgación de la información estadística generada por cada universidad y cada institución de educación superior.

Quinta. Resulta imposible alcanzar un buen gobierno y una buena administración pública simplemente emitiendo una normatividad jurídica que consagre la igualdad entre hombres y mujeres, para ello se requieren medidas proactivas que detecten y corrijan los persistentes y sutiles factores que ponen a las mujeres en desventaja frente a los hombres, resultando indispensable incrementar la perspectiva de género en todos los rubros en los cuales se desarrollan las mujeres, particularmente en el ámbito de la educación científica y tecnológica, previniendo con ello la pérdida de talentos y contribuyendo al desarrollo de nuestro país.

De todo lo anterior puede concluirse, que es necesaria e impostergable la integración de la perspectiva de género en las políticas y programas de ciencia y tecnología. La perspectiva de género debe acompañarse de una adecuada asignación presupuestaria, para que mujeres y hombres puedan alcanzar una equitativa representación y promoción dentro de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la innovación en los diversos ámbitos como son el industrial, el sector académico, organismos y foros de formulación de políticas y de toma de decisiones a nivel nacional.

Sexta. Con base en los argumentos planteados en las consideraciones anteriores, es necesario integrar en la Ley de Ciencia y Tecnología el concepto de equidad de género dentro de esta norma reglamentaria de la Constitución, con la finalidad de establecer condiciones de igualdad y representación equitativa entre hombres y mujeres dentro del sector científico, tecnológico e innovación.

La propuesta de la legisladora Torre Canales dentro de su Iniciativa que reforma los artículos 2o., 12, 14 y 42 de la Ley de Ciencia y Tecnología resultan de gran aportación para enriquecer e implementar el concepto de equidad de género en la ley, con ello se obtiene una herramienta más eficaz para alcanzar  el objeto de establecer condiciones equitativas y de igualdad entre ambos sexos.

Respecto a los artículos 6o. y 13 propuestos a reforma por la diputada se expone lo siguiente:

El artículo 6o. de la Ley de Ciencia y Tecnología establece las facultades del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Dentro de la propuesta de la legisladora Torre, se pretende adicionar el concepto “equidad de género” en la fracción VI del artículo citado.

El contenido de esta fracción es el siguiente:

“ VI. Aprobar y formular propuestas de políticas y mecanismos de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación en materia de estímulos fiscales y financieros, facilidades administrativas, de comercio exterior, metrología, normalización, evaluación de la conformidad y régimen de propiedad intelectual;”

Como se observa, el contenido de esta fracción establece la facultad que tendrá el Consejo General para realizar políticas y mecanismos de apoyo al sector científico, tecnológico y de innovación en ámbitos de carácter administrativo y fiscal, es decir, propondrá estímulos fiscales y financieros, de comercio exterior, régimen de propiedad intelectual, facilidades administrativas, etcétera.

El adicionar el concepto “equidad de género” en este apartado, no tendría congruencia y serían inconsistentes con el contenido plasmado en esta fracción, en base a que, como se ha expuesto, la finalidad de esta fracción es brindar un impulso a las políticas fiscales y administrativas dirigido a los sectores científicos, tecnológicos y de innovación.

Este razonamiento no significa que se esté en desacuerdo con implementar el concepto “equidad de género”, por el contrario, es indispensable que se ejerzan políticas que ayuden con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y se logre el equilibrio entre ambos sexos. Para este caso concreto, corresponde proponer la inclusión de una nueva fracción de este Articulo en la cual, establezca este concepto tan importante para que tenga la congruencia adecuada.

Respecto al artículo 13 de la Ley de Ciencia y Tecnología, en la cual se propone la adición de una fracción IX se expone lo siguiente:

Este artículo establece las disposiciones generales del Capítulo IV “Instrumentos de Apoyo a la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación” en el cual se establece lo siguiente:

“Artículo 13.

El gobierno federal apoyará la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación mediante los siguientes instrumentos: ...”

La iniciante propone la adición de una nueva fracción al establecer lo siguiente:

“IX. Promover en concordancia con la Política Nacional en Materia de Igualdad, las políticas, programas, presupuestos e instrumentos necesarios en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación para eliminar las brechas y desventajas de género.”

Como se menciona, este artículo hace referencia a los instrumentos de los cuales se apoyará el gobierno federal para desarrollar el sector científico, tecnológico e innovación, entre ellos destacan las siguientes fracciones:

I. El acopio, procesamiento, sistematización y difusión de información acerca de las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación que se lleven a cabo en el país y en el extranjero;

II. La integración, actualización y ejecución del Programa y de los programas y presupuestos anuales de ciencia, tecnología e innovación que se destinen por las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal;

III. La realización de actividades de investigación científica, tecnológica e innovación a cargo de dependencias y entidades de la administración pública federal;

IV. Los recursos federales que se otorguen, dentro del presupuesto anual de egresos de la federación a las instituciones de educación superior públicas y que conforme a sus programas y normas internas, destinen para la realización de actividades de investigación científica o tecnológica;

V. Vincular la educación científica y tecnológica con los sectores productivos y de servicios;

VI. Apoyar la capacidad y el fortalecimiento de las actividades de investigación científica y tecnológica que lleven a cabo las instituciones públicas de educación superior, las que realizarán sus fines de acuerdo a los principios, planes, programas y normas internas que dispongan sus ordenamientos específicos;

VII. La creación, el financiamiento y la operación de los fondos a que se refiere esta Ley, y

VIII. Los programas educativos y de normalización, los estímulos fiscales, financieros, facilidades en materia administrativa y de comercio exterior, el régimen de propiedad intelectual, en los términos de los tratados internacionales y leyes específicas aplicables en estas materias.”

Como se observa, los instrumentos bajo de los cuales el gobierno federal se apoya tienen relación directa con el sector científico, tecnológico y de innovación, entre los que destacan el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Presupuesto de Egresos de la Federación, los presupuestos anuales de ciencia, tecnología e innovación de diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, los fondos a los que hace mención la ley, etcétera.

La propuesta de adicionar una fracción IX con el fin de incluir la Política Nacional en Materia de Igualdad como un instrumento de apoyo al desarrollo científico, tecnológico y de innovación carece de funcionalidad, puesto que, como se ha mencionado en las consideraciones anteriores, establecer políticas que contribuyan a la igualdad y equidad de género siempre será constructivo para la sociedad; la Política Nacional en Materia de Igualdad es un instrumento fundamental para conseguir este objetivo encomendado al Gobierno Federal, consagrado en el Artículo 13 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Es en esta ley donde se tenga que establecer las políticas públicas necesarias para que en estas materias científicas, tecnológicas y de innovación se establezca la aplicación de sus principios, políticas, programas, presupuestos de la Política Nacional en Materia de Igualdad ya que esta política se encuentra regulada en dicha ley.

Esta comisión reconoce la trascendencia que la Política Nacional en Materia de Igualdad mantiene dentro de la sociedad, sin embrago, no se debe considerar como un instrumento de apoyo que el gobierno federal utilice para impulsar el desarrollo científico, tecnológico e innovación de México.

Por lo anterior expuesto, la propuesta de reforma y adición de los artículos 6o. y 13 de la Ley de Ciencia y Tecnología contenidas en la Iniciativa materia del presente Dictamen, se consideran atendidas.

En mérito de lo expuesto, los integrantes de esta comisión dictaminadora sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 12, 14 y 42 de la Ley de Ciencia y Tecnología

Artículo Único. Se reforman los artículos 12, fracción V y 42, párrafo primero; y se adicionan los artículos 2, con una fracción VIII, y 14, con un tercer párrafo, a la Ley de  Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

Artículo 2.

...

I. a V. ...

VI. Promover los procesos que hagan posible la definición de prioridades, asignación y optimización de recursos del Gobierno Federal para la ciencia, la tecnología y la innovación en forma participativa;

VII. Propiciar el desarrollo regional mediante el establecimiento de redes o alianzas para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, y

VIII. Promover la inclusión de la perspectiva de género con una visión transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Artículo 12.

...

I. a IV. ...

V. Las políticas, instrumentos y criterios con los que el Gobierno Federal fomente y apoye la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación deberán buscar el mayor efecto benéfico, de estas actividades, en la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia y la tecnología, en la calidad de la educación, particularmente de la educación superior, en la vinculación con el sector productivo y de servicios, así como incentivar la participación equilibrada y sin discriminación entre mujeres y hombres y el desarrollo de las nuevas generaciones de investigadores y tecnólogos;

VI. a XX. ...

...

Artículo 14.

...

...

En la medida de lo posible, el sistema deberá incluir información de manera diferenciada entre mujeres y hombres a fin de que se pueda medir el impacto y la incidencia de las políticas y programas en materia de desarrollo científico, tecnológico e innovación.

Artículo 42.

El gobierno federal apoyará la investigación científica y tecnológica que contribuya significativamente a desarrollar un sistema de educación, formación y consolidación de recursos humanos de alta calidad en igualdad de oportunidades y acceso entre mujeres y hombres.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días de agosto de 2011.

La Comisión de Ciencia y Tecnología, diputados: Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), presidente; Blanca Juana Soria Morales (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Óscar Román Rosas González, secretarios; Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Alejandro del Mazo Maza (rúbrica), José Alberto González Morales, Tomás Gutiérrez Ramírez, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Aarón Irízar López (rúbrica), José Francisco Landero Gutiérrez (rúbrica), Óscar Lara Salazar, Ana Luz Lobato Ramírez (rúbrica), Oralia López Hernández, José Trinidad Padilla López, César Octavio Pedroza Gaytán, María Isabel Pérez Santos, Jorge Romero Romero (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola.»

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 8 y 13 a la Ley de Ciencia y Tecnología

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXI Legislatura fue turnada para estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., 8o. y 13 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 176, 182, numeral 1, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. En sesión plenaria celebrada el 29 de abril de 2011 por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó ante el pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., 8o. y 13 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

2. El 13 de mayo de 2011, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. El 19 de julio de 2011, la Mesa Directiva, en atención de la solicitud realizada por esta comisión, autorizó prórroga para emitir el dictamen correspondiente a la iniciativa en comento.

II. Contenido de la iniciativa

La iniciativa del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, propone facultar al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación a fin de crear comités de vinculación, con el objetivo de impulsar y crear las condiciones necesarias para la vinculación de la investigación con la educación, la innovación y el desarrollo tecnológico con los sectores productivo y de servicios.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes

III. Consideraciones

Primera. Los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología estamos comprometidos con el desarrollo científico, tecnológico y de innovación. Por ello consideramos que es indispensable crear y desarrollar estrategias y políticas públicas eficaces que incrementen los niveles generales de productividad y que fomenten la innovación y el desarrollo tecnológico para transitar de una economía basada en la manufactura a una economía sustentada en el conocimiento. Las políticas públicas en materia de ciencia y tecnología en nuestro país deben ser pieza clave para el crecimiento de la economía nacional.

El legislador menciona en la exposición de motivos que en los países industrializados la eficacia y calidad de la ciencia y la tecnología, depende fundamentalmente de las articulaciones que establecen entre sí, la sociedad, y los sectores educativo y de investigación, y el productivo. En Latinoamérica, sin embargo, esta vinculación se dificulta debido al marcado carácter académico y la escasa cultura empresarial dentro de las universidades, situación que ha generado ciertos prejuicios y desconfianza por parte del sector productivo.

La proporción de gasto que se hace en investigación y desa-rrollo en nuestro país es de menos de 0.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) y de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no sólo es la más baja dentro de los países miembros de esta organización, sino que se encuentra por debajo del gasto que hacen otros países emergentes como China que le dedica 1.5 por ciento del PIB; Brasil y Sudáfrica le están dedicando el 1 por ciento, más del doble que nosotros. Según información provista por la OCDE existe el compromiso explícito de estos gobiernos por seguir incrementando los recursos tanto públicos como privados. Como resultado, estos países tienen actualmente un mejor desempeño económico que nuestro país.

En México se requiere impulsar la vinculación de la actividad científica y tecnológica de las universidades y centros de investigación con la industria de tal forma que ambos sectores se involucren con el proceso de modernización de la sociedad de tal forma que se conviertan en agentes de transformación, con la finalidad de contribuir y aportar al desarrollo económico y social del país.

La relación fructífera entre las instituciones de educación superior con el sector productivo y de servicios sólo puede establecerse a partir de reconocer y respetar los diferentes roles que les corresponden en cada ámbito de competencia, eliminando las desconfianzas que existen entre ellos. Para ello se requieren aproximaciones graduales y comunicación constante.

No obstante que se reconoce su importancia, la vinculación entre las instituciones de educación superior y los centros de investigación públicos con el sector empresarial es un tema que, aunque ha estado presente en las políticas educativas recientemente, continúa siendo una tarea pendiente en tanto no se convierta en una estrategia prioritaria que articule políticas públicas con programas de desarrollo empresarial, que se orienten al logro de objetivos comunes hacia la elevación de los niveles de competitividad y productividad.

El legislador concluye la exposición de motivos puntualizando que los comités de vinculación han de ser los encargados de unir los puntos de convergencia de los actores involucrados en la materia, logrando así los dos grandes objetivos de su propuesta de reforma: beneficiar, por una parte a los estudiantes y a las instituciones educativas y por la otra a los sectores productivo y de servicios con la investigación y la innovación y a partir de ello aumentar la productividad y la competitividad.

Segunda. La Comisión de Ciencia y Tecnología, con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, organizó la reunión nacional de análisis Vinculación ciencia, tecnología e innovación-sector empresarial: estado y perspectivas.Conscientes de la problemática que actualmente enfrenta México, se planteó como propósito fundamental el construir conjuntamente una agenda estratégica para la vinculación ciencia tecnología e innovación-sector empresarial, que considere la visión nacional y el desarrollo local, precisando compromisos y estableciendo mecanismos para su seguimiento.

En la reunión se revisó la información disponible en los consejos y organismos estatales de ciencia y tecnología, y se conocieron las diferencias a nivel nacional, no obstante, en la mayoría de las entidades federativas se presentan experiencias exitosas, con poca interacción e incluso conocimiento, por parte de los responsables de las funciones de articulación y vinculación de otras instancias, sean instituciones académicas, áreas gubernamentales o agrupaciones empresariales.

Como resultado de la reunión se asumieron una serie de compromisos por parte de los actores que intervienen en el proceso de vinculación, con el propósito de contar con políticas públicas federales, estatales y municipales que promuevan la vinculación y articulación de los sistemas educativos, de ciencia, tecnología e innovación y de éstos con el sector empresarial. Entre estos los compromisos, en materia de legislación y normatividad para la vinculación, se encuentra la adecuación de los ordenamientos legales que regulen el funcionamiento gubernamental para incluir consejos científicos y tecnológicos en la definición de asuntos técnico-administrativos.

Tercera. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en su publicación Conocimiento e innovación en México: hacia una política de Estado, reconoce la falta de vinculación existente en el país, exponiendo que un problema central de la política de ciencia y tecnología en México, es que existen lazos débiles entre las estructuras de generación y transmisión de conocimientos y los procesos de crecimiento económico, e incluso de bienestar social. El mismo consejo menciona que se carece de políticas públicas que fomenten la relación universidad-empresa para que los egresados de la educación superior sean absorbidos por el sector productivo, público y privado e incorporados a las actividades que crean valor.

Cabe resaltar que los instrumentos pueden ser de dos clases: financieros y no financieros. El primero implica el otorgamiento de recursos monetarios públicos para su implantación por medio de diversas modalidades, mientras que en el segundo se trata de instrumentos como el que implica el presente dictamen, que simplemente preparan el camino para la implantación de las acciones correspondientes.

Crear un ambiente de cooperación que aliente la inversión de actividades científicas y tecnológicas, implica la adopción de medidas que fortalezcan la habilidad de las empresas para promover y apropiarse de los beneficios de la investigación, a la vez que invierten recursos y crean oportunidades de generación de investigación e innovación.

Los estudiantes, los equipos de investigación y los docentes requieren de estas oportunidades de desarrollo. Ello contribuye además a tener una fuerza de trabajo mejor preparada con lo que además se contribuye a volver eficiente la productividad en todos los sectores y a contar con empleos mejor remunerados.

Por otro lado, la vinculación también es importante para que el proceso de transición escuela-trabajo, en el que se encuentran miles de estudiantes a nivel nacional, se lleve a cabo con mayor fluidez y mejores resultados. El fenómeno de la transición del sistema educativo a la empresa, es un fenómeno relativamente nuevo que se debe impulsar desde las diferentes trincheras. Nos toca hacerlo desde el Poder Legislativo, ya que es un eje clave en las políticas públicas de formación, trabajo y bienestar social.

Cuarta. La Ley de Ciencia y Tecnología, Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en diversas disposiciones normativas el fomento de la vinculación entre el sector científico, tecnológico y de innovación con el sector empresarial y de servicios, entre los que destacan los siguientes:

Artículo 1.

La presente ley es reglamentaria de la fracción V del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto

II. Determinar los instrumentos mediante los cuales el gobierno federal cumplirá la obligación de apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación;

IV. Establecer las instancias y los mecanismos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, así como de vinculación y participación de la comunidad científica y académica de las instituciones de educación superior, de los sectores público, social y privado para la generación y formulación de políticas de promoción, difusión, desarrollo y aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como para la formación de profesionales en estas áreas;

V. Vincular a los sectores educativo, productivo y de servicios en materia de investigación científica, desa-rrollo tecnológico e innovación;

IX. Fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación de las empresas nacionales que desarrollen sus actividades en territorio nacional, en particular en los sectores en que existen condiciones para generar nuevas tecnologías o lograr mayor competitividad.

Este artículo representa las principales funciones que el gobierno federal cumplirá para lograr el desarrollo científico, tecnológico y de innovación nacional mediante el listado de diversos objetivos, entre los que destaca: crear instrumentos y fomentar la vinculación entre el sector científico, tecnológico y de innovación con el sector productivo o de servicios, dicho de otra manera, el sector empresarial.

Artículo 2.

Se establecen como bases de una política de Estado que sustente la integración del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación las siguientes:

III. Incorporar el desarrollo tecnológico y la innovación a los procesos productivos y de servicios para incrementar la productividad y la competitividad que requiere el aparato productivo nacional;

La fracción señala la importancia de incorporar el desarrollo tecnológico y la innovación a los procesos productivos y de servicios, por ello la relevancia de la iniciativa propuesta por el diputado Gerardo del Mazo, ya que se trataría de crear un mecanismo que permitiría la aplicación de la ley.

Artículo 6.

El Consejo General tendrá las siguientes facultades:

VII. Definir esquemas generales de organización para la eficaz atención, coordinación y vinculación de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en los diferentes sectores de la administración pública federal y con los diversos sectores productivos y de servicios del país, así como los mecanismos para impulsar la descentralización de estas actividades;

En el artículo propuesto para reforma en la iniciativa materia del presente dictamen se encuentra la obligación que tiene el consejo general para establecer esquemas generales que hagan eficaz la vinculación entre la investigación, el desarrollo tecnológico e innovación con el sector productivo y de servicios, sin embargo, no existe una norma que especifique el medio de aplicación de esta facultad conferida al consejo, por lo que esta propuesta resulta pertinente y necesaria.

Por otra parte, en el artículo 8o. de esta ley se establece lo siguiente:

Artículo 8o.

El Consejo General podrá crear comités intersectoriales y de vinculación para atender los asuntos que el mismo Consejo determine relacionados con la articulación de políticas, la propuesta de programas prioritarios y áreas estratégicas, así como para la vinculación de la investigación con la educación, la innovación y el desarrollo tecnológico con los sectores productivos y de servicios. Salvo el comité a que se refiere el artículo 41, estos comités serán coordinados por el secretario ejecutivo, los que contarán con el apoyo del Conacyt para su eficiente funcionamiento. En dichos comités participarán miembros de la comunidad científica, tecnológica y empresarial.

El diputado Gerardo del Mazo propone modificar dos palabras de este cuerpo normativo para que tenga mayor eficacia y mantenga congruencia con la propuesta antes analizada. Su propuesta consiste en sustituir la palabra podrá por deberá, cuestión que se considera correcta, ya que la palabra podrá representa una elección y deberá refleja la obligación del consejo para crear estos comités, siendo esta aportación necesaria para la interpretación armónica de la propuesta contenida en el artículo 6o.

Respecto de la segunda modificación, en la participación de estos comités, se sustituye la palabra dichos por la de todos, aportación positiva a este cuerpo normativo, en virtud de que todos indica con mayor precisión que en todos los casos los comités deben integrarse por miembros de la comunidad científica, tecnológica y empresarial, a fin de que el consejo cumpla la disposición normativa del artículo 6o.

El capítulo III, “Principios orientadores del apoyo a la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación”, de la ley contiene un artículo donde especifica los principios sobre los cuales el gobierno federal cumplirá la obligación de apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación; entre ellos, el siguiente:

Artículo 12.

Los principios que regirán el apoyo que el gobierno federal está obligado a otorgar para fomentar, desarrollar y fortalecer en general la investigación científica, el desa-rrollo tecnológico y la innovación, así como en particular las actividades de investigación que realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal, serán los siguientes:

III. La toma de decisiones, desde la determinación de políticas generales y presupuestales en materia de ciencia, tecnología e innovación hasta las orientaciones de asignación de recursos a proyectos específicos, se llevará a cabo con la participación de las comunidades científica, académica, tecnológica y del sector productivo y de servicios;

En la última parte de la iniciativa que se somete a esta comisión se propone modificar la fracción V del artículo 13 de la ley, la cual establece lo siguiente:

Artículo 13.

El gobierno federal apoyará la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación mediante los siguientes instrumentos:

V. Vincular la educación científica y tecnológica con los sectores productivos y de servicios;

La iniciativa del diputado Gerardo del Mazo contiene lo siguiente:

V. Vincular la educación científica y tecnológica con los sectores productivos y de servicios , por medio de comités de vinculación regulados por el Consejo General;

El capítulo donde se encuentra contenido este artículo se denomina “Instrumentos de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación”. La fracción V reflejaba un vacío en su redacción, pues aún cuando la vinculación se considere un elemento clave para el desarrollo, no se establecía el instrumento específico para lograr el objetivo.

Por su parte, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación como elemento de su política general de apoyo a la ciencia y la tecnología establece:

Artículo 21.

...

El programa deberá contener cuando menos los siguientes aspectos:

II. Diagnósticos, políticas, estrategias, indicadores y acciones prioritarias en materia de

c) Difusión del conocimiento científico y tecnológico y su vinculación con los sectores productivos y de servicios,

Para concluir el análisis de esta iniciativa, hay un capítulo en la ley referido a la “vinculación del sector productivo y de servicios con la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación”. El artículo 40 de este capítulo establece:

Artículo 40.

Para la creación y la operación de los instrumentos de fomento a que se refiere esta ley, se concederá prioridad a los proyectos cuyo propósito sea promover la modernización, la innovación y el desarrollo tecnológicos que estén vinculados con empresas o entidades usuarias de la tecnología, en especial con la pequeña y mediana empresa.

De igual forma serán prioritarios los proyectos que se propongan lograr un uso racional, más eficiente y ecológicamente sustentable de los recursos naturales, las asociaciones cuyo propósito sea la creación y funcionamiento de redes científicas y tecnológicas, así como los proyectos para la vinculación entre la investigación científica y tecnológica con los sectores productivos y de servicios que incidan en la mejora de la productividad y la competitividad de la industria nacional.

Como se observa, en este artículo se establece una relación directa con el artículo 13 de la ley en cuestión y complementa los argumentos referidos para aprobar las modificaciones de la iniciativa que se analiza, ya que indica que se dará prioridad a los proyectos que promuevan la modernización, la innovación y el desarrollo tecnológicos que estén vinculados con empresas o entidades usuarias de la tecnología, especialmente con la pequeña y mediana empresa.

Con base en las consideraciones expuestas, los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6o., 8o. y 13 a la Ley de Ciencia y Tecnología

Artículo Único. Se reforman los artículos 8o. y 13, fracción V, y se adiciona el 6o., con una fracción XII, a la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

Artículo 6o.

...

I. a IX. ...

X. Definir y aprobar los lineamientos generales del parque científico y tecnológico, espacio físico en que se aglutinará la infraestructura y equipamiento científico del más alto nivel, así como el conjunto de los proyectos prioritarios de la ciencia y la tecnología mexicana ;

XI. Realizar el seguimiento y conocer la evaluación general del programa especial, del programa y del presupuesto anual destinado a la ciencia, la tecnología y la innovación y de los demás instrumentos de apoyo a estas actividades ; y

XII. Crear comités de vinculación, los cuales tendrán el objetivo de impulsar y crear las condiciones necesarias para la vinculación de la investigación con la educación, la innovación y el desarrollo tecnológico con los sectores productivos y de servicios.

Artículo 8o.

El Consejo General deberá crear comités intersectoriales y de vinculación para atender los asuntos que el mismo consejo determine relacionados con la articulación de políticas, la propuesta de programas prioritarios y áreas estratégicas, así como para la vinculación de la investigación con la educación, la innovación y el desarrollo tecnológico con los sectores productivos y de servicios. Salvo el comité a que se refiere el artículo 41, estos comités serán coordinados por el secretario ejecutivo, los que contarán con el apoyo del Conacyt para su eficiente funcionamiento. En todos los comités participarán miembros de la comunidad científica, tecnológica y empresarial.

Artículo 13.

...

I. a IV. ...

V. Vincular la educación científica y tecnológica con los sectores productivos y de servicios, por medio de comités de vinculación regulados por el Consejo General.

VI. a VIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de agosto de 2011.

La Comisión de Ciencia y Tecnología, diputados:Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), presidente; Blanca Juana Soria Morales (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Óscar Román Rosas González, secretarios; Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Alejandro del Mazo Maza (rúbrica), José Alberto González Morales, Tomás Gutiérrez Ramírez, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Aarón Irízar López (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Óscar Lara Salazar, Ana Luz Lobato Ramírez (rúbrica), Oralia López Hernández, José Trinidad Padilla López, César Octavio Pedroza Gaitán, María Isabel Pérez Santos, Jorge Romero Romero (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola.»

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 Bis y 128, y adiciona del 65 Bis 1 al 65 Bis 7 a la Ley Federal de Protección al Consumidor

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 de su Reglamento fueron turnadas para estudio y dictamen las siguientes iniciativas:

“Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 65 Bis y 128, y se adicionan los artículos 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6 y 65 Bis 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor”, presentada por la diputada Susana Hurtado Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en fecha 28 de abril de 2011.

“Con proyecto de decreto que adiciona los párrafos quinto, sexto y séptimo al artículo 65 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor”, presentada por el diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en fecha 29 de abril de 2011.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 66, 68, 157 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de las iniciativas mencionadas, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En las sesiones celebradas en la Cámara de Diputados el 28 y el 29 de abril de 2011, la Presidencia de la Mesa Directiva dio cuenta al pleno de esta soberanía de las iniciativas con proyecto de decreto que se mencionaron en el exordio del presente dictamen.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el trámite siguiente a ambas: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero. La iniciativa de la diputada Susana Hurtado Vallejo propone en resumen lo siguiente:

• Aclarar la definición de “casa de empeño” de forma que abarque todas las instituciones que conforman el sector prendario.

• Establecer en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) un registro público donde deberán inscribirse las casas de empeño y sus contratos de adhesión, de tal forma que sólo las que se encuentren registradas puedan ofertar al público contratos de mutuo con interés y garantía prendaria.

• Establecer como requisito para obtener el registro de casa de empeño la obligación de otorgar una fianza a fin de garantizar al pignorante la restitución de su prenda o de su valor.

• En el mismo sentido, obligar a las casas de empeño a establecer procedimientos y mecanismos que garanticen al pignorante la restitución del bien sobre el que se constituyó la prenda y que fue dañada, perdida o robada.

• Obligar a las casas de empeño a colocar en su publicidad y en todos sus establecimientos abiertos al público de manera permanente y visible una pizarra de anuncios que brinde información sobre los términos y las condiciones de los contratos.

• Deberán informar en la pizarra el costo semanal total anualizado, el cual para fines informativos y de comparación, contendrá todos los costos y gastos inherentes al mutuo durante un período de siete días multiplicados por 52 semanas.

• La obligación de expedir una norma oficial mexicana que determine los elementos de información que se incluirán en los contratos de adhesión, las características de información que se proporcionarán al consumidor y la metodología para determinar la información relativa a la totalidad de los costos asociados.

• La obligación a las casas de empeño de hacer del conocimiento de las procuradurías estatales que correspondan, comportamientos atípicos de pignorantes que pudieran ser consecuencia de actividades ilegales, para lo que se establece diversos supuestos.

Cuarto. La iniciativa del diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz propone en resumen lo siguiente:

• La creación del registro nacional de casas de empeño, donde se registrarán los negocios que tengan este giro, así como cada uno de sus establecimientos y sucursales, previa autorización de la Secretaría de Economía, la cual será intransmisible.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Comisión de Economía es competente para conocer sobre las iniciativas mencionadas en el exordio del presente dictamen.

Segunda. Los integrantes de la Comisión de Economía coinciden con las preocupaciones que los diputados Susana Hurtado Vallejo y Daniel Gabriel Ávila Ruiz mencionan en las respectivas exposiciones de motivos de sus iniciativas y comparten la necesidad de ampliar la regulación de las casas de empeño a fin de salvaguardar los intereses de los pignorantes y otorgarles mayor seguridad jurídica.

En efecto, el sector de las casas de empeño ha registrado un crecimiento importante en los últimos 25 años. Esa dinámica propició que en 2005 se presentaran en el Congreso de la Unión diversas iniciativas que pretendían regular a este sector.

Lo anterior impulsó una reforma que implicó la adición del artículo 65 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor y la modificación de la fracción X del artículo 75 del Código de Comercio, con lo que se reguló a quienes de forma habitual o profesional realizaran contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria y se consideraron las casas de empeño como un acto de comercio, a fin de que fueran sujetas a legislación federal.

Dicha reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de junio de 2006, y se establecieron obligaciones para las casas de empeño, como registrar contratos de adhesión ante la Profeco, colocar anuncios que tengan información sobre los términos y las condiciones de los contratos e informar la tasa de interés anualizada que se cobrará sobre saldos insolutos.

También se estableció que la Secretaría de Economía debería expedir una NOM que regulara aspectos operativos como: características de la información que se debe proporcionar al consumidor, elementos de información que debe contener el contrato de adhesión para formalizar operaciones, que los contratos contengan la suma de los costos asociados a la operación y la NOM que se publicó es la NOM-179-SCFI-2007.

No obstante lo anterior, a la fecha persisten quejas de los consumidores de este tipo de servicios.

Según datos publicados por la Profeco en su portal electrónico oficial, los principales problemas que se detectaron en 2009 en la actividad de los mutuos con interés y garantía prendaria son los siguientes:

• 19 por ciento de las casas de empeño no exhibe el contrato de adhesión.

• Sólo 35 por ciento muestra el porcentaje del préstamo conforme el avalúo.

• Sólo 28 por ciento indica el plazo.

• Sólo 37 por ciento menciona el tipo de prendas que recibe.

• Sólo 33 por ciento cumple la normativa de tener a la vista la tasa de interés mensual.

• Sólo 65 por ciento informa sobre el CAT, pero en ningún caso es correcto.

• Sólo 18 por ciento muestra un número de contrato válido.

Asimismo, de los resultados de la encuesta realizada por la Profeco sobre “hábitos de consumo del servicio de casas de empeño” se desprende que las principales quejas son por

• 24.7 por ciento cobros extra.

• 20.8 por ciento deterioro de prenda.

• 11.7 por ciento extravío de prenda.

• 10.4 por ciento se vendió la prenda antes del plazo.

Cabe resaltar que 37.9 por ciento de los que presentaron quejas dice haber reclamado a la casa de empeño sin que ésta haya resuelto el problema.

Por otra parte, la prensa ha resaltado casos recientes en Chiapas, Coahuila, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas y Nayarit, en donde se han denunciado desapariciones de las casas de empeño, fraudes y prácticas usureras.

Asimismo, la Comisión de Economía ha citado como fundamento de otros dictámenes a la Asociación Nacional de Casas de Empeño, específicamente un artículo contenido en la Revista del Consumidor del portal electrónico de la Profeco del 28 de enero de 2010, para referir que entre 2008 y 2009 se incrementó en 10 por ciento la demanda de servicios de las casas de empeño, pues explica que al haber aproximadamente 18 millones de mexicanos que no tienen ningún acceso a otro medio de financiamiento, como lo son los créditos bancarios, el crédito prendario se ha convertido en una opción más rápida y sencilla en el mercado financiero. Asimismo, establece que 80 por ciento de los usuarios es ama de casa; y el resto, estudiante, desempleado, jubilado y pensionado.

Lo aquí expuesto pone en relieve la necesidad de actualizar el marco jurídico para proteger a los consumidores de estos servicios mediante las siguientes acciones:

• Fortalecer las facultades de supervisión y control de la Profeco, mediante la creación de un registro público de casas de empeño (aumento de sanciones).

• Dar garantías al consumidor de que la casa de empeño no desaparecerá sin cumplir sus obligaciones mediante constitución de fianzas o garantías.

• Procesos expeditos de reclamación, sanción y reparación del daño del bien entregado en prenda.

• Corresponsabilizar a las casas de empeño para que denuncien prácticas atípicas de usuarios que pudieran estar empeñando artículos robados.

• Mejorar la competitividad del sector estandarizando los parámetros de oferta de los mutuos prendarios (costo anual total, costo mensual, inclusión en el precio de todos los accesorios, etcétera).

• Brindar seguridad a los consumidores obligando a las casas de empeño a publicar información fidedigna de los términos y condiciones de su operación, así como de los costos e intereses del mutuo prendario.

Tercera. Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Economía se manifiestan por aprobar las iniciativas con proyecto de decreto mencionadas en el exordio del presente dictamen, para quedar como sigue:

Decreto por el que se reforman los artículos 65 Bis y 128, y se adicionan los artículos 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6 y 65 Bis 7 a la Ley Federal de Protección al Consumidor

Artículo Único. Se reforman los artículos 65 Bis y 128, y se adicionan los artículos 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6 y 65 Bis 7 a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 65 Bis. Para efectos de lo dispuesto en la presente ley, serán casas de empeño los proveedores personas físicas, morales e instituciones no reguladas por leyes y autoridades financieras que en forma habitual o profesional realicen u oferten al público contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, independientemente de la forma en que estén constituidas y el destino que le den a sus recursos.

Las personas a que se refiere el párrafo anterior no podrán prestar servicios ni realizar operaciones de las reservadas y reguladas por las leyes vigentes a las instituciones del sistema financiero nacional.

La Procuraduría establecerá un registro público en el que se deberán inscribir las casas de empeño y los formatos de los contratos de adhesión que celebren con sus clientes.

Para organizarse y operar se requiere la inscripción en el registro de casas de empeño, que compete otorgar a la Procuraduría. Por su naturaleza, los derechos derivados de la inscripción son intransmisibles.

La operación de una casa de empeño sin la inscripción en el registro de casas de empeño se considerará como infracción particularmente grave y se sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 128 Bis.

Artículo 65 Bis 1. Para obtener de la Procuraduría el registro para operar como casa de empeño se requiere, además de la documentación e información que la Procuraduría establezca mediante disposiciones de carácter general, los siguientes requisitos:

I. Presentar solicitud por escrito dirigida a la Procuraduría con los siguientes datos:

a) Nombre, denominación o razón social de la casa de empeño y, en su caso, del representante legal;

b) Registro Federal de Contribuyentes;

c) Domicilio del establecimiento matriz o de las oficinas en las que se asiente la administración de la casa de empeño;

d) En su caso, domicilio de las sucursales en que se prestará el servicio de casa de empeño;

e) Domicilio para oír y recibir notificaciones;

f) Fecha y lugar de la solicitud.

II. Presentar documento con el que se acredite la personalidad jurídica del promovente. Tratándose de personas morales, se deberán presentar los documentos con los que se acredite su constitución y la personalidad jurídica de su representante;

III. Acompañar copia del formato de contrato de adhesión que se utilizará para las operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, el cual deberá cumplir, además de los requisitos que establece la presente ley, los que en su caso se encuentren establecidos por alguna norma oficial mexicana.

IV. Presentar una fianza a favor de la federación para garantizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a los pignorantes equivalente al valor promedio del inventario de los bienes empeñados que tenga la casa de empeño en todas sus sucursales durante el año fiscal anterior, la cual deberá actualizarse durante los primeros dos meses del año.

La fianza no podrá ser menor a diez mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Las casas de empeño de nueva creación deberán presentar una fianza por esta cantidad, sin perjuicio de que al año siguiente sea actualizada en los términos del párrafo anterior.

La fianza se hará efectiva a solicitud de la Procuraduría conforme al Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, para los casos en que la casa de empeño sea declarada en concurso o quiebra mercantil. III.

No podrán ser socios, accionistas, administradores, directivos o representantes de las casas de empeño quienes hayan sido condenados por delitos patrimoniales, financieros o de delincuencia organizada.

Artículo 65 Bis 2. Una vez cumplidos los requisitos establecidos en el artículo anterior, la Procuraduría inscribirá al solicitante en el registro público y emitirá la constancia que ampare dicho registro indicando un número único de identificación.

La Procuraduría, dentro del plazo de noventa días naturales, contados a partir de la recepción de la solicitud, deberá resolver sobre la inscripción en el Registro y emitir la constancia correspondiente. Transcurrido dicho plazo, se entenderá que la resolución es en sentido negativo al solicitante.

La Procuraduría deberá publicar cada año en el Diario Oficial de la Federación y de forma permanente en su sitio de Internet, la lista de los proveedores inscritos en el registro.

Artículo 65 Bis 3. Las casas de empeño deberán informar a la Procuraduría de cualquier cambio o modificación en la información solicitada en el artículo 65 Bis 1 de la presente ley mediante la presentación de un aviso dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se realizó el cambio.

Artículo 65 Bis 4. Las casas de empeño deberán transparentar sus operaciones, por lo que deberán colocar en su publicidad o en todos sus establecimientos abiertos al público, de manera permanente y visible, una pizarra de anuncios o medio electrónico informativo, que tendrá como propósito brindar información a los consumidores sobre los términos y condiciones de dichos contratos.

Además, deberán informar el costo diario totalizado, así como el costo mensual totalizado, que se deberán expresar en tasas de interés porcentual sobre el monto prestado, los cuales, para fines informativos y de comparación, incorporarán la totalidad de los costos y gastos inherentes al contrato de mutuo durante ese periodo.

La información a que se refiere el presente artículo deberá resaltarse en caracteres distintivos de manera clara, notoria e indubitable y permitir su fácil comprensión y comparación por parte de los consumidores.

Artículo 65 Bis 5. Las casas de empeño deberán cumplir los requisitos que fije la norma oficial mexicana que se expida al efecto por la Secretaría, misma que determinará, entre otros, los elementos de información que se incluirán en el contrato de adhesión que se utilizará para formalizar las operaciones; las características de la información que se proporcionará al consumidor, y la metodología para determinar la información relativa a la totalidad de los costos asociados a la operación a que se refiere el artículo 65 Bis 4 de la presente ley.

Artículo 65 Bis 6. Las casas de empeño deberán establecer procedimientos que le garanticen al pignorante la restitución de la prenda. En caso de que el bien sobre el que se constituyó la prenda haya sido robado, extraviado o sufra algún daño o deterioro, el pignorante podrá optar por la entrega del valor del bien conforme al avalúo o la entrega de un bien del mismo tipo, valor y calidad.

Tratándose de metales preciosos, el valor de reposición del bien no podrá ser inferior al valor real que tenga el metal en el mercado al momento de la reposición.

La infracción a este artículo se considerará particularmente grave y se sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 128 Bis de esta ley.

Artículo 65 Bis 7. La Procuraduría podrá celebrar convenios de colaboración o concertación con las asociaciones, cámaras, confederaciones u organismos de representación de las casas de empeño, con objeto de coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley y las normas oficiales mexicanas aplicables.

Las casas de empeño deberán hacer del conocimiento de la procuraduría estatal que corresponda, mediante un reporte mensual, los siguientes actos o hechos que estén relacionados con las operaciones que realizan, de acuerdo con lo que se establece a continuación:

I. Los casos en que un cliente haya empeñado tres o más artículos iguales o de naturaleza similar en una o más sucursales o unidades de negocio de una misma casa de empeño.

II. Cuando racionalmente se pueda estimar que existe un comportamiento atípico del pignorante que permite suponer que los bienes prendarios son objetos provenientes de hechos ilícitos.

Para efectos de los supuestos considerados en este artículo, las casas de empeño deberán proporcionar a la procuraduría estatal que corresponda los siguientes datos del cliente involucrado:

I. Nombre;

II. Domicilio;

III. Copia de la identificación oficial contra la cual se cotejo la firma del contrato respectivo; y

IV. Tipo de bien o bienes empeñados y el importe de los montos empeñados.

En los casos en que se presuma la comisión de un delito, a solicitud del Ministerio Público las prendas empeñadas podrán quedar en calidad de depósito en la casa de empeño sin que se pueda disponer de ellas de forma alguna, hasta en tanto no se concluya la averiguación previa. Si concluida ésta, el Ministerio Público determina que existen elementos para ejercer la acción penal, la custodia de las prendas quedará sujeta a lo que en su oportunidad dicte la autoridad competente. En caso de determinar que no existen elementos para ejercer la acción penal, el Ministerio Público competente notificará a la casa de empeño, para liberar el mencionado depósito.

Artículo 128. Las infracciones de lo dispuesto en los artículos 7, 8, 10, 12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 7, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis y 121 serán sancionadas con multa de $596.63 a $2’333,490.80.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las casas de empeño contarán con un plazo de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente decreto.

Tercero. La Procuraduría Federal del Consumidor deberá ejecutar un programa de verificación de establecimientos y lugares en los que se ofertan al público contratos de mutuo con interés y garantía prendaria.

Cuarto. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, destinará una partida para la instauración de los programas de verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Notas:

1 http://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2009/bol138_casas_de_empeno.asp

2 http://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2009/bol138_casas_de_empeno.asp

3 CEP 51-2010

4 http://revistadelconsumidor.gob.mx/?p=7260

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de agosto de 2011.

La Comisión de Economía, diputados:Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez, María Antonieta Pérez Reyes, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Pavel Díaz Juárez (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jorge Hernández Hernández, Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Vidal Llerenas Morales (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), María Florentina Ocegueda Silva, David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

PERMISO PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la Honorable Asamblea, el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el 5 de abril del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con los oficios de la Cámara de Senadores, con el que remite los expedientes que contienen las minutas proyecto de decreto por los que se conceden permisos a los ciudadanos Alicia Bárcena, Pedro José Armendáriz Pardo y Vicente Martínez Barrientos para que puedan aceptar y usar, las Condecoraciones y Medallas que en diferentes grados les otorgan los Gobiernos de la Repúblicas de Francia y de Chile, respectivamente, turnándose a la suscrita Comisión para su dictamen.

Consideraciones

De la revisión de los expedientes se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de las actas de nacimiento.

Esta comisión coincide con las consideraciones del Senado de la República en la aprobación de las solicitudes, remitidas a la Cámara de Diputados en calidad de minutas con proyecto de decreto.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III, del Apartado C) del artículo 37 constitucional, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso para que la ciudadana Alicia Bárcena pueda aceptar y usar la medalla del Orden de la Legión d’Honneur, en grado de Officier, que le otorga el gobierno de la República de Francia.

Artículo Segundo. Se concede permiso para que el ciudadano Pedro José Armendáriz Pardo pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Artículo Tercero. Se concede permiso para que el ciudadano Vicente Martínez Barrientos pueda aceptar y usar la condecoración Piocha Becarios Extranjeros y Nacionales, en Clase Única, que le otorga el gobierno de la República de Chile.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 28 de abril de 2011.

Diputados: Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Luciano Cornejo Barrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica en abstención), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija, Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex, secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica en abstención; no lo firmo a favor porque lo que exijo es la convocatoria para discutir la reforma política), Nancy González Ulloa (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Vidal Llerenas Morales (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía, José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Nazario Norberto Sánchez, Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro, Agustín Torres Ibarrola, Arturo Zamora Jiménez.»

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

 CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley General de Salud*, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, de conformidad con el artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, si se considera de urgente resolución y se pone a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: En términos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución y se pone a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Se considera de urgente resolución. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley General de Salud.

Tiene la palabra, por las comisiones, el diputado Arturo Zamora Jiménez, para fundamentar el dictamen, hasta por cinco minutos.

El diputado Arturo Zamora Jiménez:Con su permiso, señor presidente. Con un reconocimiento a los distinguidos diputados, Miguel Ángel Osuna Millán; Víctor Huberto Benítez Treviño, presidentes de las comisiones de Salud y de Justicia; a las Juntas Directivas y a todos los integrantes de estas comisiones, el día de hoy se pone a consideración de esta honorable asamblea el dictamen de ambas comisiones, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley General de Salud, en materia de venta de bebidas alcohólicas adulteradas, contaminadas o alteradas, con el cual se pretende atacar la grave problemática para la salud pública que significa la comercialización de este tipo de productos riesgosos para la salud.

Diariamente se producen y comercializan dolosamente, mercancías apócrifas de menor calidad a la ofertada, sin cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad que exige la normatividad correspondiente, generando un peligro sumamente grave para la salud del consumidor.

Indebidamente se utiliza la denominación de origen para comercialización de bebidas alcohólicas elaboradas sin cumplir con las regulaciones, fomentando la competencia desleal, los riesgos de siniestros y por supuesto el daño a la salud de las personas.

En México, de acuerdo con la Cámara de la Industria de Vinos y Licores, 6 de cada 10 botellas de bebidas alcohólicas son adulteradas con una carga de metanol y otros productos que provocan en sus consumidores, desde mareos, pérdida de la vista e incluso la muerte.

De acuerdo a lo establecido por la Profeco, entre el 45 y 50 por ciento de las bebidas que se consumen en el país son adulteradas o falsificadas en establecimientos clandestinos. La producción y comercialización de estas bebidas ha contribuido a que en los últimos años el mercado formal haya tenido una contracción del 30 por ciento, impactando en la pérdida de 6 mil empleos directos y 120 empleos indirectos.

Estas actividades delictivas han tenido un crecimiento exponencial y uno de los actores que ha contribuido a tal crecimiento, por supuesto, son los espacios de impunidad, generados por esta falta de herramientas legales adecuadas que erradiquen este fenómeno.

Por tal motivo las Comisiones Unidas de Justicia y de Salud han considerado viable la propuesta para adicionar al artículo 464 de la Ley General de Salud, para establecer una pena de uno a nueve años de prisión y a quien por sí o a través de otro expenda, venda o de cualquier forma distribuya bebidas alcohólicas adulteradas, contaminadas.

De esta manera se estará sancionando no sólo a quien realice el proceso de adulteración o falsificación de bebidas alcohólicas, sino a quien completa la cadena delictiva, distribuyendo entre el público consumidor un producto que pone en grave riesgo su salud.

Por otra parte, ante la magnitud de los bienes jurídicos a proteger y que se ponen en riesgo mediante la actualización de estas conductas, se aprobó que dicho delito se considere como grave en el 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, y también que forme parte de los delitos que se establecen en contra de la delincuencia organizada.

De tal manera, que en este catálogo de delitos cometidos por organizaciones criminales, la adulteración, la falsificación, contaminación o alteración de bebidas alcohólicas, así como su introducción ilegal al país, venta y distribución de este tipo de productos, tendrá una sanción acumulada de hasta 25 años de prisión.

Distinguidas diputadas y diputados, hay bienes jurídicos que debemos tutelar y proteger, uno de ellos es la salud de las personas, otro de ellos es la capacidad de mantener la vigencia de las denominaciones de origen en varias regiones del país y principalmente en el caso del estado de Jalisco, la región tequilera, en donde finalmente tenemos que proteger y tutelar este tipo de empresas que son muy importantes para el consumo de todas las personas.

En base, entonces, a lo anteriormente expuesto, vengo a pedir su voto favorable para este dictamen que dotará a la autoridad de un instrumento sumamente necesario para combatir y sancionar de manera más intensa estas conductas delictivas que ponen en grave riesgo la salud de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputado Zamora. En consecuencia está a discusión en lo general.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(Desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Sí, diputado Cárdenas, ¿a favor o en contra?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(Desde la curul): En contra, presidente.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se encuentran registrados para la discusión en lo general los siguientes diputados: Jaime Cárdenas, en contra. Humberto Benítez Treviño, a favor. Miguel Antonio Osuna Millán, a favor. Ignacio Téllez, a favor. Por tanto, se le concede el uso de la palabra al diputado Jaime Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Está la audiencia en este pleno muy pasiva, seguramente porque no hay gran interés en muchos de los temas que aquí se tratan. Algo que nos preocupa es la manera en la que estos asuntos de la Comisión de Justicia; ya ocurrió en la sesión anterior, en la del martes, perdón, ahora en la del jueves, en donde hay dispensa de trámites, y se ponen al conocimiento nuestro —claro, con aprobación del pleno— dictámenes que no han sido analizados debidamente por todas las diputadas y por todos los diputados.

La intención del dictamen es positiva; se trata de sancionar con gravedad, como delito grave, la adulteración de bebidas alcohólicas, y en eso estamos de acuerdo. Lo que me parece a mí preocupante, es la tendencia cada vez creciente en la Comisión de Justicia a considerar a todos los delitos no solamente como graves, sino también delitos inscritos en el marco de la delincuencia organizada.

Como sabemos, cuando un delito se inscribe en el marco de delincuencia organizada, estamos hablando de una excepcionalidad en el sistema constitucional penal. Las personas que son sometidas a estos procesos de carácter penal por delincuencia organizada gozan de menores derechos que el resto de los procesados. Tienen menos garantía de audiencia, de defensa. Sus derechos procesales se encuentran restringidos.

Esto tiene que ver con lo que la doctrina en materia penal ha llamado derecho penal del enemigo. Un derecho penal del enemigo que tiene poca coincidencia con el derecho penal de un Estado constitucional y democrático.

Nosotros, por una parte, estamos de acuerdo en el dictamen para considerar delito grave a este delito de adulteración de bebidas alcohólicas, pues parece que sí, que debe haber una penalidad mayor y una sanción dura por la comisión de estas conductas. Pero de ahí a considerarlo —como ocurrió el martes pasado con el delito de robo de hidrocarburos— como delitos de delincuencia organizada, me parece que nos conduce, que nos encamina a una tendencia en este país no solamente de endurecer las penas o para endurecer las penas, sino de transformarnos en una suerte de estado policiaco que a todos los delitos realizados por las personas se les clasifica ya como delitos de crimen organizado.

Si seguimos por este rumbo o por este camino dentro de poco cualquier persona, que actualice una hipótesis típica del derecho penal, será considerada un terrorista, un delincuente del crimen organizado. Esto desde luego implica restricción a las libertades, a los derechos humanos, a las garantías procesales de toda persona, al debido proceso constitucional y legal.

Por eso, en lugar de votar a favor de este dictamen, llamo a que nos abstengamos, a que reflexionemos con mayor cuidado sobre este dictamen, que me parece muy preocupante y que sigue una tendencia indebida en el derecho penal de nuestro país.

El derecho penal de nuestro país debe ser un derecho penal democrático, un derecho penal humanista, un derecho que tenga por propósito principal salvaguardar la libertad de las personas, salvaguardar la reinserción social de las personas y no considerar a todos los habitantes de este país como delincuentes del crimen organizado, y es lo que estamos haciendo con este dictamen.

Por eso, por una cuestión de principio, me opongo al dictamen y anuncio que me abstendré en la votación correspondiente. Por su atención muchas gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputado Cárdenas. Se le concede el uso de la voz, hasta por cinco minutos, al diputado Humberto Benítez Treviño.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño:Con su permiso, señor diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, presidente de la Mesa Directiva. Distinguidas diputadas, compañeros diputados, les invito a nombre de mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, a que votemos este dictamen a favor, porque se trata de sancionar conductas que hasta hoy se han realizado bajo un manto de impunidad y de ilegalidad.

La adulteración y falsificación de bebidas alcohólicas es un problema de salud pública en este país. Con este dictamen estamos protegiendo la salud de nuestros hijos que acuden, como ellos lo mencionan, a los antros. De acuerdo con la estadística, 6 de cada 10 botellas de vino que se expenden están adulteradas o falsificadas. No es solamente el daño al consumidor, sino el daño a la salud de nuestros jóvenes. Decía con toda razón mi compañero Zamora que se están vendiendo bebidas apócrifas. Apócrifo es, en griego, oculto.

Por eso celebro que mi compañero Marco Antonio García Ayala haya presentado esta iniciativa. Mi reconocimiento a mi compañero Miguel Osuna Millán, presidente de la Comisión de Salud y por supuesto, a los 30 espléndidos legisladores de todos los partidos que integran la Comisión de Justicia por este histórico dictamen.

Por eso, compañeras y compañeros diputados, estamos reformando el Código Federal de Procedimientos Penales, para sancionar como delito grave la adulteración o falsificación de bebidas alcohólicas.

En la adulteración se mantiene la esencia del producto y causa daños a la salud. Pero en la falsificación se sustituye el producto y se está sustituyendo con resina de madera, con metanol que causa daños a la salud: pérdida de la vista y la muerte de nuestros jóvenes. No es un problema menor.

También estamos adecuando la conducta a la Ley General de la Delincuencia Organizada. No soy yo ni somos la comisión quienes estamos calificando esta actividad como delincuencia organizada. Es la propia Constitución que en su artículo 16 establece que por delincuencia organizada se entiende la agrupación cotidiana de tres o más personas organizadas para delinquir. No es la Comisión de Justicia. Es el orden constitucional. También es el respeto al artículo 14 constitucional que establece el principio de legalidad. Esos son los marcos de actuación de la Comisión de Justicia al haber aprobado este dictamen.

Finalmente. Sí se está ampliando, como lo decía con toda pulcritud mi compañero Arturo Zamora, la sanción penal de uno a nueve años y de 100 a mil días multa. ¿Saben por qué, compañeras y compañeros diputados? Porque las fábricas clandestinas que adulteran y falsifican los vinos en este país son verdaderas empresas del crimen organizado.

Por eso nuevamente la Cámara de Diputados le responde al pueblo de México con este dictamen y en consecuencia, les ruego su voto aprobatorio. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, señor diputado Víctor Benítez Treviño. Se le concede el uso de la palabra al diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Miguel Antonio Osuna Millán:Muy buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. Con su venia, diputado presidente. La salud no debe de ser considerada como un privilegio. No olvidemos que es un derecho natural, inherente al ser humano, plasmado en el artículo 4o. de la Constitución, el cual establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

La aprobación de esta reforma por parte de las comisiones de Justicia y de Salud, se generó como resultado de un ejercicio responsable por parte de todos los integrantes de dichas comisiones.

Debido a que nuestro compromiso como legisladores, va encaminado a garantizar a los mexicanos el mejoramiento, bienestar y la protección de su salud.

Es lamentable que todavía existan en México, de acuerdo con la Cámara de la Industria de Vinos y Licores, seis de cada diez botellas de bebidas alcohólicas con adulteración, con una carga de metano y etilenglicol que provocan en los consumidores mareos, pérdida de la vista y en casos extremos incluso la muerte.

Actualmente y tan sólo en el Distrito Federal, existen alrededor de 2 mil 200 lugares que venden licor adulterado que pone en riesgo la salud de la población y lamentablemente, sobre todo, de los jóvenes.

Es preciso señalar que esta problemática genera día a día la existencia de los mercados informales que adulteran y falsifican el alcohol, afectando directamente a nuestra sociedad, tanto por colocar en el mercado productos de baja calidad y dudoso origen, como en la afectación del mercado formal, la cual ha tenido una contracción del 30 por ciento impactando directamente en la pérdida de 6 mil empleos directos y más de 100 mil indirectos.

Al elevarse el valor en el mercado nacional de las bebidas alcohólicas se hace más lucrativa su adulteración y falsificación, con el consecuente riesgo para la salud de los consumidores. Esto a pesar de que se han realizado esfuerzos por las autoridades tanto estatales como federal.

Es por todo eso, amigas y amigos, que no podemos permitir que en nuestro país la falsificación de bebidas alcohólicas sea una forma de comercio cada día más habitual.

Por ello es urgente aprobar esta reforma para establecer que quien falsifique, quien contamine, altere o quien permita dichas prácticas reciba de uno a nueve años de prisión y entre 100 a mil días de salario, sin opción de fianza.

Nosotros, como los responsables de resguardar la salud pública, tenemos el compromiso de llevar a cabo nuestra firme decisión institucional para tipificar esta conducta. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputado Osuna Millán. Se concede el uso de la voz, en contra, al diputado Arturo Santana Alfaro, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Solicito se me incluya.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Ya está apuntado al final de la lista, diputado.

El diputado Arturo Santana Alfaro:Con su venia, diputado presidente. En diversas expresiones, en diversas reuniones de trabajo, con los diversos grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática había manifestado su intención de reformar el Código Penal para tipificar como delito grave la adulteración de las bebidas alcohólicas, entre otros tipos penales identificados.

Ahora escuchamos la exposición que hacen las dos comisiones que dictaminan, la de Salud y la de Procuración de Justicia, sobre todo en el artículo 2o., que dice a la letra: Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer algún o alguno de los delitos siguientes serán sancionadas, por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada.

Es decir, ya no hay una distinción de los diversos tipos penales que se pueden presentar de manera directa en la comisión de este delito, sino que todos en general de alguna manera pueden ser tipificados como delitos de delincuencia organizada.

Me parece que hay un exceso en la reforma. Soy un fiel convencido de que tenemos que tipificar este delito como delito grave; sin embargo, tipificar todos y cada uno de ellos como delincuencia organizada me parece incluso violatorio de la Constitución.

Me parece que estamos confundiendo figuras como podrían ser figuras elementales de derecho penal, como asociación delictuosa —no opera el caso de pandilla—, pero como asociación delictuosa en este caso. No estamos tomando en consideración puntos en particular de lo que se puede establecer como delincuencia organizada.

El hecho de que una persona o dos o tres personas sean partícipes en la comisión del hecho delictivo, no necesariamente tiene que ver con un asunto de delincuencia organizada. Creo que es importante la reforma, creo que debemos de tipificarlo definitivamente como un delito grave, pero me parece que estamos incurriendo en un exceso de penalización violando preceptos elementales como que la pena privativa de la libertad debe ser la ultima ratio, debe ser la última medida que el Estado deba de aplicar a los delincuentes.

Me parece y estoy totalmente de acuerdo en que se trata de legislar y normar un delito que va contra la salud pública de muchos mexicanos y de muchas mexicanas, y que el hecho de cometerlo por sí mismo constituye un delito grave que no debe dar lugar a una pena que pueda ser sustituible de otorgar libertad bajo caución.

Pero me parece también que es una violación a los preceptos constitucionales básicos de que la pena debe ser asequible en proporción a la comisión del hecho delictivo.

Decirles a los compañeros de la Comisión de Justicia y de Salud que acompañaré en lo general este dictamen; sin embargo, dejando preciso que en lo particular, desde mi punto de vista, va a ser una norma atacable ante los tribunales por considerar todos estos delitos como delitos de delincuencia organizada. Es cuanto, diputado presidente.

El diputado Ignacio Téllez González(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputado Arturo Santana. Se le concede el uso de la voz, en pro, al diputado Ignacio Téllez González, del Partido Acción Nacional. Desde su curul, sí, diputado.

El diputado Ignacio Téllez González(desde la curul): Para no utilizar los cinco minutos. Solamente dejar bien en claro que yo provengo de un distrito eminentemente tequilero e incluso la cabecera de mi distrito está ubicada en Tequila, Jalisco. Me queda bien claro lo que es la delincuencia organizada.

Celebro, de verdad, que en este sentido se haya aprobado el dictamen. Lo apoyo totalmente, porque no son ni una ni dos ni tres personas, son cientos de personas las que están realmente trabajando a favor de las bebidas adulteradas; por tanto, sin duda apoyo totalmente este dictamen. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputado Ignacio Téllez. Se concede el uso de la voz, en pro, al diputado José Alfredo González Díaz, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos.

El diputado José Alfredo González Díaz:Con su permiso, presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas. El día de hoy celebro realmente que se haya metido esta reforma, aunque creo que se está quedando pequeña. Les voy a decir por qué razón.

Hace seis años yo fui víctima. Con dos copas que bebí de alcohol adulterado duré cuatro años en tratamiento; tuve problemas a nivel de sistema nervioso central, a nivel cardiovascular, a nivel de la vista y esto lo limita a uno mucho.

Creo que sí es delincuencia organizada, porque no se lleva a cabo por una o dos o tres personas; es una gran red que existe en el país, desde el momento en el que lo elaboran, quien lo distribuye, e incluso quien lo vende en los negocios, en los antros, en las cantinas. Porque es sabido de muchos negocios que lo compran, a sabiendas de que es una bebida adulterada y que ocasiona la muerte, sobre todo.

Por esa manera, no podemos dejar de tipificarlo así como un delito grave, pero por supuesto que es delincuencia organizada. Además de que se atenta contra la salud, se atenta contra los ingresos, porque como les comentaba hace un momento, no se facturan. Es muy delicado que esto no se tipificara como delincuencia organizada, porque si nada más fuera de asociación delictuosa estaríamos cayendo en solamente tres o cuatro personas que realizan estos actos que llevan a un homicidio, porque saben con premeditación que esa gente puede morir. He sabido de algunas otras personas que han fallecido, y que esto no puede pasar, no nos puede pasar en nuestro país.

Como lo decía desde el inicio, celebro y estoy a favor de que sí sea delito grave y sobre todo, que es una delincuencia organizada, como hay muchas en nuestro país. Por su atención, gracias.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputado José Alfredo González Díaz. Tiene el uso de la palabra, para rectificar hechos, el diputado Jaime Cárdenas, hasta por 3 minutos.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Sí, presidente, gracias. Es lamentable lo que le ocurrió a nuestro compañero diputado, por haber bebido dos copas adulteradas. Pero insisto, eso puede constituir un delito grave, pero de ahí a llevarlo al terreno de la delincuencia organizada, me parece a todas luces excesivo.

No hay, por otra parte, en el dictamen —y revisándolo bien— ningún tipo de excepción para aquellas personas, por ejemplo, que en el medio rural tienen su alambique ilegalmente y elaboran sus propias bebidas alcohólicas; no hay tampoco una excepción, sino que se tipifica como delito la expedición y venta de bebidas adulteradas.

Puede ocurrir que el señor de la tiendita tenga bebidas adulteradas, que no lo sepa, que las expenda y ya por eso va a ser responsable de un delito, no solamente grave, sino de delincuencia organizada.

Quiero simplemente argumentar también, que el artículo 16, cuando se refiere a la delincuencia organizada, no solamente alude a que en la organización de los hechos o de las conductas participen tres o más personas, sino que se realice en forma permanente o reiterada en los términos de la ley de la materia.

Es decir, los delitos de delincuencia organizada deben ser los peores en una sociedad, en un Estado, no cualquier delito puede ser de delincuencia organizada porque, repetimos, en los delitos de delincuencia organizada se restringen drásticamente, se menoscaban los derechos fundamentales de las personas.

Me parece este dictamen, en este sentido, violatorio del artículo 16 de la Constitución, pero sobre todo violatorio del artículo 22 de la Constitución, que establece el principio de proporcionalidad para las penas cuando claramente el 22 de la Constitución dice que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

No podemos, en todos los dictámenes de carácter penal, estar estableciendo delitos de delincuencia organizada, hacer de la excepción la regla general. Y parece que eso es la costumbre que se está imponiendo en la Comisión de Justicia, de la excepción a hacer la regla general y esto en demérito de los derechos humanos de las personas.

Los derechos humanos son el fundamento del orden jurídico y de las instituciones. No puede haber un derecho penal contrario a los derechos humanos de las personas que restrinja su garantía de defensa, que restrinja su debido proceso legal, etcétera, como lo hacen los delitos de crimen organizado.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Concluya, señor diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Concluyo, presidente. Para decir que esto es un despropósito, que son penas excesivas y que no podemos convertir la excepción en la regla general.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, señor diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Suficientemente discutido en lo general. De conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Háganse los avisos a que hace referencia el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

¿Falta algún diputado por emitir su voto? De viva voz:

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): A favor.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Saracho Naranjo(desde la curul): A favor.

La diputada Maricela Serrano Hernández(desde la curul): A favor.

El diputado Leandro Rafael García Bringas(desde la curul): A favor.

El diputado Arturo Santana Alfaro (desde la curul): Como lo expresé en mi intervención, va a ser a favor, pero con las precisiones que hice. Gracias. A favor.

El diputado Francisco Hernández Juárez (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Felipe Eguía Pérez(desde la curul): A favor.

El diputado Nazario Norberto Sánchez(desde la curul): A favor.

El diputado Germán Contreras García(desde la curul): A favor.

La diputada Lorena Corona Valdés(desde la curul): A favor.

El diputado Eric Luis Rubio Barthell(desde la curul): A favor.

El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero(desde la curul): A favor.

El diputado Miguel Álvarez Santamaría(desde la curul): A favor.

La diputada María Cristina Díaz Salazar(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Armando Meza Castro(desde la curul): A favor.

Diputada Laura Margarita Suárez González(desde la curul): A favor.

La diputada María Marcela Torres Peimbert(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Javier Salazar Sáenz(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Señor presidente, se emitieron un total de 339 votos a favor, 16 en contra y 5 abstenciones.

Presidencia del diputado Emilio Chuayffet Chemor

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 339 votos. Queda así aprobado el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley General de Salud. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos; 39 y 45, numera 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 67, 68, 78, 80, 82, 84, 85 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; la Comisión de Comunicaciones, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. En sesión ordinaria celebrada en fecha 24 de marzo de 2011, se dio cuenta a la asamblea de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

II. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el oficio número D.G.P.L. 61-II-2-1135, instruyó el turno de la iniciativa de referencia a la  Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictaminación con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

III. Con base en lo anterior, la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura procedió a la revisión del expediente, al análisis de la iniciativa y la elaboración del presente dictamen en sentido positivo.

Contenido de la iniciativa

El diputado Óscar González Yáñez argumenta que las telecomunicaciones se han convertido en un elemento trascendental en la sociedad actual. Además señala que el hecho de contar con formas de comunicación a distancia ha permitido a los seres humanos estrechar sus lazos de amistad, fraternidad y familiares.

Expresa que el teléfono se ha constituido como herramienta fundamental de comunicación entre los seres humanos, no obstante la adopción de tecnologías basadas en esta invención que ahora hacen ver al teléfono como un medio de comunicación no tan moderno.

El proponente señala que, en nuestro país se tienen registradas 19 millones 430 mil líneas telefónicas fijas, lo que indica que es una herramienta muy importante para la comunicación de los mexicanos.

El diputado González Yáñez manifiesta que durante varias décadas el servicio telefónico fue prestado por una sola empresa, que gracias a su condición monopólica fijaba de manera arbitraria tarifas y condiciones de servicio, sin que el usuario pudiera hacer valer sus derechos.

Sin embargo, a partir de 1990 y en el contexto del cambio de modelo económico sufrido por nuestro país al arribo de la tecnocracia neoliberal, se planteó que era necesaria la modernización del sector telecomunicaciones, lo que implicaba abrir a la competencia la telefonía fija.

Aunado a lo anterior, este proceso fue llevado a cabo de manera parcial, ya que se le permitió que Teléfonos de México conservara ciertas condiciones de privilegio que a la fecha le permiten ser la empresa dominante en el mercado.

En este sentido, a poco más de 20 años del proceso de liberalización del sector, se siguen presentando deficiencias en el servicio y los consumidores no reciben un servicio con la calidad que se merecen.

El proponente expresa que, el propósito de la presente iniciativa es incorporar en la Ley Federal de Telecomunicaciones la obligación de los concesionarios de las redes de telecomunicaciones a establecer un dispositivo de medición en cada línea telefónica que permita al usuario conocer su nivel de consumo en moneda nacional, lo que brindará certeza jurídica y económica de lo que tendrán que pagar por la utilización de la línea telefónica.

Consideraciones

1. Los integrantes de esta comisión dictaminadora coinciden planamente con el diputado proponente, respecto de la importancia de las Tecnologías de Información en nuestra sociedad actual. Estudios recientes demuestran que, a mayor competitividad de un país, mayor capacidad en tecnologías de información y viceversa. Las tecnologías de información, es un mercado  mundial que entre  2003 y 2009  creció a una tasa anual compuesta de 6.75%, lo que representa un mercado con valor de 3, 518 billones de dólares.

2. Esta comisión dictaminadora está consciente de la importancia de la telefonía fija, tanto residencial como comercial, en nuestro país. Según datos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para 2010 existían más de 19.5 millones de líneas telefónicas fijas, lo que representa una densidad de 17.5 líneas por cada 100 habitantes.

3. La iniciativa presentada por el diputado Óscar González Yáñez propone adicionar una fracción VII Bis al artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que establezca la obligación de los concesionarios de las redes de telecomunicaciones a establecer un dispositivo de medición que permita al usuario conocer su nivel de consumo:

Artículo 44.Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán:

I. a VII. ...

VII Bis. Instalar en las redes de telefonía fija tanto en la modalidad residencial como comercial un medidor de consumo que permita al usuario conocer de manera precisa el consumo en tiempo real del servicio de telefonía. La medición se hará en moneda nacional.

VIII. a XVI. ...

Transitorio

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

4. La Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura considera procedente el objeto de la citada iniciativa, con la salvedad de aplicar una modificación a la redacción del texto normativo que propone el iniciante, para quedar como sigue:

Artículo 44. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán:

I. a VII. ...

VII Bis. Disponer de instrumentos o mecanismos técnicos de consulta gratuita, permanente e inmediata, que permitan al usuario desde su equipo terminal conocer el nivel de consumo preciso en moneda nacional de su línea telefónica fija o móvil.

VIII. a XVI. ...

Transitorio

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dentro de la modificación al texto normativo, se elimina que la medición se realice en moneda nacional, por ser una inquietud que se encuentra debidamente atendida en términos del artículo 7 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos que establece que las obligaciones de pago de cualquier suma en moneda mexicana se denominarán invariablemente en pesos.

En mérito de lo antes expuesto, la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley Federal de  Telecomunicaciones

Artículo Único: Se adiciona una fracción VII Bis al artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 44.Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán:

I. a VII. ...

VII Bis. Disponer de instrumentos o mecanismos técnicos de consulta gratuita, permanente e inmediata, que permitan al usuario desde su equipo terminal conocer el nivel de consumo preciso en moneda nacional de su línea telefónica fija o móvil.

VIII. a XVI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2011.

La Comisión de Comunicaciones, diputados: José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), presidente; Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Arturo García Portillo (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Fernando Ferreyra Olivares (rúbrica), José M. Torres Robledo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), Adriana Fuentes Cortés (rúbrica), secretarios; Hugo Héctor Martínez González, Rogelio Cerda Pérez, Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Janet Graciela González Tostado, Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Ana Estela Durán Rico (rúbrica), Maurilio Ochoa Millán, Genaro Mejía de la Merced, Javier Corral Jurado, Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), Aranzazu Quintanilla Padilla (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Adriana Sarur Torre, Martín García Avilés.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara, hasta por 5 minutos.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar:Con su permiso, señor presidente, señores integrantes de la Mesa Directiva. El dictamen que se somete a su consideración implica una reforma al artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Particularmente se refiere a una adición de la fracción VII Bis de dicho artículo, me refiero al 44.

Esta iniciativa fue presentada el pasado 24 de marzo del presente año por el diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Una iniciativa que originalmente planteaba la necesidad del establecimiento de un medidor que les permitiera a los usuarios de telefonía fija, particularmente de telefonía residencial y comercial, saber cuál era el nivel de consumo que en términos de llamadas tendría cada una de las líneas telefónicas.

En el análisis, discusión, deliberación de dicha iniciativa, quienes formamos parte de la Comisión de Comunicaciones, consideramos que dicha iniciativa era susceptible de ser enriquecida.

De esta forma, el planteamiento esencial que se hizo en el seno de la Comisión de Comunicaciones implicó una modificación, repito, de la iniciativa original para establecer que el dispositivo —al que hice mención hace un momento— permitiera de manera inmediata, de manera permanente, de manera gratuita y por supuesto, en moneda nacional conocer el nivel de consumo en cualquier momento cuando usuarios de telefonía fija —pero también de telefonía móvil— quisieran conocer el nivel de consumo precisamente del servicio.

Esto va a tener un impacto en la economía muy importante, que quiero resaltar. No se trata de un asunto menor, se trata de un impacto en la economía de por lo menos 20 millones de familias y empresas, que utilizando telefonía fija, van a poder administrar, van a poder incorporar a su economía un elemento precisamente incluso de administración y de contención del gasto en el servicio telefónico.

Pero también poco más de 90 millones de usuarios de la telefonía móvil serán beneficiarios de esta medida. Hemos discutido, hemos analizado en el seno de la Comisión de Comunicaciones precisamente las ventajas, las bondades que va a implicar esta reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, por lo cual —a nombre de ellos— solicito de manera atenta, de manera respetuosa, que se pudiera votar a favor el dictamen que hoy sometemos a su amable consideración.

Quiero decir por último y aprovechar esta oportunidad, que el trabajo que se ha venido realizando en la Comisión de Comunicaciones es un trabajo serio, es un trabajo responsable, que nos permite estar hoy al corriente en todas las iniciativas, en todos los proyectos de punto de acuerdo que han sido sometidos a nuestra consideración.

A la vez solicitar precisamente a la Junta de Coordinación Política y a la propia Mesa Directiva que en respeto a este esfuerzo, la presentación de los dictámenes correspondientes pudieran ajustarse a su presentación cronológica, dado que —incluso en el caso que nos ocupa de esta reforma al artículo 44, de la Ley Federal de Telecomunicaciones— el dictamen correspondiente, perdón, fue presentado desde el 29 de abril del presente año.

Dicho lo anterior, aprovecho para hacer un reconocimiento y agradecer a quienes forman parte de esta comisión —que me honro en presidir—, repito, por la seriedad, por la responsabilidad con que han asumido el encargo. Muchísimas gracias a todos ustedes.

Solicito a la Mesa Directiva que pudiera dar lectura también a una fe de erratas que me permito someter a su consideración, en términos de que el autor de esta iniciativa por error se señaló que forma parte del Grupo Parlamentario del PRD y no del PT, como es lo cierto. Muchas gracias a todos ustedes, por su atención.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Dé lectura la Secretaría a la fe de erratas remitida por la Comisión de Comunicaciones.

La Secretaria diputada Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Comisión de Comunicaciones.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presentes.

La Comisión de Comunicaciones, con fundamento en lo establecido por los artículos 39, 45, numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80 y 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, remitimos fe de errata al proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, aprobado por los miembros de esta comisión legislativa durante la sesión ordinaria celebrada en fecha 29 de abril de 2011.

Fe de erratas

Dice:

Antecedentes

I. En sesión ordinaria celebrada en fecha 24 de marzo de 2011, se dio cuenta a la asamblea de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Consideraciones

4. . . .. . .. . .. . .. . .. . .

Dentro de la modificación al texto normativo, se elimina que la medición se realice en moneda nacional por ser una inquietud que se encuentra debidamente atendida, en términos del artículo 7 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las obligaciones de pago de cualquier suma en moneda mexicana se denominarán invariablemente en pesos.

Debe decir:

Antecedentes

I. En sesión ordinaria celebrada en fecha 24 de marzo de 2011, se dio cuenta a la asamblea de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Consideraciones

4. . . .. . .. . .. . .. . .. . .

Se elimina párrafo.

Lo anterior, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Sin más por el momento, agradezco la atención a la presente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2011.— Por la Comisión de Comunicaciones, diputado Ignacio Rubí Salazar, presidente.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Incorpórese al dictamen la fe de erratas.

Está a discusión en lo general y en lo particular el dictamen correspondiente. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se encuentran registrados para la discusión en lo general y en lo particular, los siguientes diputados: en contra, Mario di Costanzo; en pro, Baltazar Martínez y Óscar González Yáñez. Hace uso de esta tribuna el diputado Mario di Costanzo, hasta por cinco minutos.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Con su venia, presidente. ¿Por qué vengo a hablar en contra de este dictamen? Porque nuevamente es una simulación. ¿Por qué es una simulación, compañeros? Primero que todo, si ustedes leen la Gaceta Parlamentaria, en las consideraciones de la comisión se le da la razón en todo momento a la iniciativa presentada por mi compañero Óscar González. Sin embargo en el último párrafo, sin expresar razón alguna, dice que la comisión considera procedente, pero con la salvedad de aplicar una modificación a la redacción del texto.

¿Cuál era el texto original? El texto original era: instalar en las redes un medidor de consumo que permita al usuario conocer de manera precisa el costo de su llamada. Lo cambian por uno que dice: disponer de instrumentos o mecanismos de consulta.

Un mecanismo de consulta puede ser un número telefónico, un 0900, en donde terminando la llamada el usuario va a tener que marcar ese número, esperar 500 horas para que le digan qué saldo tiene y cuánto le costó su llamada. No es instalar un medidor, como originalmente lo planteaba la iniciativa. No nos explican en ese dictamen las razones de por qué consideraron pertinente cambiar la redacción.

La verdad es que consideraron pertinente cambiar la redacción, porque todos los cabilderos de las telefónicas, léase Telmex, redactaron este nuevo argumento. No lo podemos permitir.

Así como acusamos de asociación delictuosa, de delitos graves a la adulteración de bebidas alcohólicas, como dice mi amigo Porfirio: es crimen organizado la adulteración de tarifas telefónicas. Ese es el crimen organizado. Nada más que lo hace Slim, nada más que lo hacen los grandes potentados de las telecomunicaciones.

Tenemos que ajustar las redacciones, el espíritu original del legislador y lo disfrazamos de: que la comisión lo consideró pertinente. Ojalá el presidente de la comisión nos pudiera explicar cuál fue la pertinencia o por qué consideraron pertinente cambiar la redacción original, porque esto no es lo mismo, no es el mismo espíritu.

No es lo mismo tener un medidor, un contador de llamadas y de tiempo y de costo en el aparato que tener una central, un conmutador en donde alguien va a llamar y si quieren le contestan o no. Es diferente.

Les dejamos abierta la posibilidad de disponer de instrumentos; puede ser cualquiera y no es el que precisamente se pedía en la iniciativa; cambia la naturaleza, son cosas diferentes las que se están planteando, y más vale que lo entendamos o que entendamos, en todo caso, las razones que llevaron a la comisión a cambiar esta redacción.

No es lo mismo. Los celulares ya los tienen. Muchos celulares ya tienen contador de tiempo, pero no lo da en términos monetarios. Esto es importante.

Aquí estuvieron los cabilderos. Imagínense la parejita: Carlos Salinas —perdón, perdón— Carlos Slim —bueno, es el jefe de los dos—, Carlos Slim y Francisco Gil Díaz. Me parece grave que estemos simulando que cumplimos con lo dispuesto o con lo que necesita la gente.

Esto es como lo de los cajeros automáticos, que sabemos cuánto nos van a cobrar, pero sacamos el dinero porque no tenemos de otra y nos cobran. Esto es lo mismo. Cuidado con votar a favor este dictamen porque estamos supeditándonos a los cabilderos de las telefónicas. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene para la palabra, por alusiones personales, el presidente de la comisión, diputado Ignacio Rubí.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar:Muchas gracias, señor presidente. Le quiero pedir de manera atenta y respetuosa al diputado Mario di Costanzo, que se dé tiempo para leer el dictamen de manera completa, porque advierto que hay un desconocimiento del contenido esencial del mismo.

Dije en mi primera intervención que la iniciativa original planteaba —es más, no voy a decirlo de memoria, lo voy a leer textualmente— y posteriormente daré lectura a la redacción que acordamos en el seno de la comisión en donde, por supuesto, se van a poder advertir de manera clara las diferencias sustantivas importantes que fueron finalmente incorporadas en la redacción del texto que se está sometiendo a su amable consideración.

Decía la iniciativa original: 7 Bis. Instalar en las redes de telefonía fija, tanto en la modalidad residencial como comercial, un medidor de consumo que permita al usuario conocer de manera precisa el consumo en tiempo real del servicio de telefonía. La medición se hará en moneda nacional.

La redacción que se está sometiendo a su consideración dice lo siguiente: “Disponer de instrumentos o mecanismos técnicos de consulta gratuita, permanente e inmediata, que permitan al usuario desde su equipo terminal conocer el nivel de consumo preciso en moneda nacional de su línea telefónica fija o móvil”.

Como se puede advertir, por supuesto que esta redacción, aprobada en el seno de la Comisión de Comunicaciones, es significativamente mejor, porque está estableciendo cuatro características de este servicio. Primero, obviamente la obligación de las empresas concesionarias para que cualquier usuario pueda, de manera permanente, inmediata, gratuita y en moneda nacional, conocer, en cualquier momento, reitero, el nivel de consumo de este servicio. Punto número uno.

Pero también y es muy importante señalar que no nada más se está circunscribiendo, como la iniciativa original lo establecía, a las líneas de carácter fijo, residenciales o comerciales, como acabo de dar lectura. Obviamente esta modificación va a tener alcances para que no nada más, repito, telefonía fija, sino también telefonía móvil, tenga incorporado el dispositivo, que —repito, subrayo— le permita al usuario conocer de manera permanente, de manera inmediata, de manera gratuita y en moneda nacional, su nivel de consumo.

Por ello, reitero la amable invitación al diputado Di Costanzo, a efecto de que lea con cuidado el contenido del dictamen que estamos sometiendo a su consideración. Muchísimas gracias.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Quiere hacer uso de la palabra el diputado Di Costanzo. ¿Con qué objeto?

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Por alusiones personales.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Por alusiones personales. Adelante.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Gracias, presidente. Diputado Rubí, después de ver su actuación en la Comisión de Mexicana de Aviación, leo con mucho cuidado todo lo que viene de usted, primero que todo.

En segundo lugar, no es lo mismo en tiempo real que como está redactado. No es lo mismo. Es más inmediato el tiempo real. Es más, como viene su redacción: disponer de mecanismos.... Claro. En un número telefónico yo dispongo del mecanismo, pero allá no me van a contestar. Ahí está la trampita, diputado Rubí.

Me pregunto, si hay tantos halagos para la iniciativa en el cuerpo del dictamen —y voy a pedirle a la Presidencia que, por favor, se lea todo el dictamen—, ustedes se van a dar cuenta...

Sí, porque no leen. Aquí nadie lee. Que les lean todo el dictamen para que vean que son una serie de halagos a la iniciativa y no dan una razón lógica para cambiar la redacción final.

Precisamente el dictamen debería de estar exponiendo las razones, el porqué se decidió cambiar la redacción. Aquí dice todo, menos eso.

No nos hagamos, no nos hagamos. Conmigo también llegaron cabilderos a decirme y a quejarse de lo que implicaba la iniciativa como estaba en sus términos; esta modificación se está haciendo únicamente gracias a la presión de los cabilderos de las telefónicas, léase de Telmex, a quienes se les hace muy costoso instalar un medidor en cada aparato de este país, como si no ganaran suficiente. Ésa es la verdadera razón del cambio de redacción.

Porque la palabra tiempo real es mucho más efectiva, o la frase tiempo real es mucho más efectiva, que disponer de los mecanismos. Este ejemplo de la línea telefónica, del número telefónico es posible y es posible con esta redacción. Un 01800 que nunca nos va a contestar y que vamos a perder 10 minutos o 20 o 1 hora en estar aclarando, o nos va a contestar una grabadora.

Sí reitero, que la redacción se quede como originalmente venía en la iniciativa que planteó el diputado Óscar González Yáñez, del PT, porque hasta en eso estaba mal este dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, el diputado Baltazar Martínez.

El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez(desde la curul): Sí, diputado presidente. Con el objeto de hablar a favor del dictamen.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De acuerdo.

El diputado Baltazar Martínez Montemayor:Señoras y señores legisladoras, la telefonía es un segmento muy importante de las telecomunicaciones. Tan sólo se tienen actualmente más de 19 millones de líneas telefónicas fijas y más de 93 millones de líneas de telefonía móvil; por lo que podemos establecer que el teléfono se ha convertido en una necesidad para los mexicanos, en el que este medio nos es muy útil para comunicarnos y para una infinidad de actividades que realizamos cotidianamente.

La Ley Federal de Telecomunicaciones es de orden público y tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico de las redes de telecomunicaciones y de la comunicación vía satélite.

La presente Ley Federal de Telecomunicaciones tiene como objetivos promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, ejercer la rectoría del Estado en la materia para garantizar la soberanía nacional, fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones, a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios y promover una adecuada cobertura social.

La actual Ley Federal de Telecomunicaciones establece en su artículo 60, que los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones, en términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorios, de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

El dictamen que se encuentra en discusión establece que los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán instalar en las redes de telefonía fija, tanto en la modalidad residencial como en la comercial, un medidor de consumo que permita al usuario conocer de manera precisa el consumo en tiempo real del servicio telefónico. La medición se hará en moneda nacional y en forma gratuita.

Coincidimos con el dictamen de que el usuario de estos servicios de telefonía fija debe estar enterado de su nivel de consumo a fin de saber en todo momento el costo que representa el uso de este servicio.

Reconocemos que el sector de telecomunicaciones está en una constante modernización e innovación de los servicios que oferta. Esto lo podemos observar con la infinidad de paquetes comerciales que las empresas de telefonía están ofertando a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios, por lo que la medida beneficia a todo aquél usuario que requiera saber su nivel de consumo en los servicios de telefonía en todo momento.

Por tanto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor de la propuesta en el sentido de que los usuarios de los servicios de telefonía fija dispongan de instrumentos o mecanismos técnicos de consulta gratuita permanente e inmediata, que permitan al usuario, desde su equipo terminal, conocer el nivel de consumo preciso en moneda nacional de su telefonía fija o móvil. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Hace uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Óscar González Yáñez.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Dígame, señor diputado.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Solicité que se leyera el dictamen como estaba publicado. ¿No se me va a dar ese beneficio? ¿No va a dejar que la asamblea conozca lo que dice el dictamen?

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: ¿Tienen, todos, el dictamen correspondiente? En consecuencia está a disposición de todas las diputadas y los diputados.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Dígame, señor diputado.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Independientemente de que lo tengan, solicité que se leyera. No se pierde nada con que se lea. ¿Cuál es mi punto? Que si lo leen se van a dar cuenta que la comisión no da los argumentos del por qué se cambió la redacción, que ése es el punto a discusión.

No es posible que se le dé la razón al proponente de la iniciativa en todo el cuerpo del dictamen y que después, sin explicación alguna, se cambie nada más diciendo que la comisión lo consideró. Precisamente en un dictamen los considerandos es lo que considera la comisión y ahí no se especifica por qué razón la comisión consideró procedente cambiar la redacción. Insisto, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Mire usted, como efectivamente esta Mesa no solicitó la dispensa de la lectura, le quiero pedir que acepte que agotados los oradores se dé lectura al dictamen para satisfacer su petición.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias. Adelante, don Óscar González Yáñez.

El diputado Óscar González Yáñez(desde la curul):Gracias, señor presidente. Primero quisiera agradecer a los integrantes de la Comisión de Comunicaciones el hecho de haber dictaminado la iniciativa que un servidor presentó. Agradecérselo a todos sus integrantes, en particular a su presidente, al diputado Ignacio Rubí.

Lo hago, porque también sé que muchas iniciativas se presentan y no son dictaminadas, y sí quiero agradecer el hecho de que mis compañeros de la Comisión de Comunicaciones lo hayan hecho. En consecuencia, muchas gracias a todos los integrantes, en particular al presidente, al compañero diputado Ignacio Rubí.

El sentido de la iniciativa que un servidor presentó está buscando en todo momento el beneficio del consumidor, entendiendo que la telefonía en nuestro país ha dejado de ser un instrumento de lujo, al convertirse en un instrumento de necesidad básica la telefonía celular y la telefonía doméstica. Pero ahí nos hemos encontrado que se ha convertido en un gran negocio de ciertos sectores de la economía de nuestro país, y lo que nosotros estamos planteando es que una necesidad básica no sea el gran negocio, sino sea un servicio que se debe prestar a la población, sobre todo pensando en que esta área fue de propiedad de todos los mexicanos y que fue vendida —en opinión de algunos de nosotros, como un servidor— burdamente en mil 600 millones de pesos, cuando se vendió Telmex. Me parece que es algo que tenemos que atender.

Miren. Cuando el consumidor está claro de lo que está consumiendo —valga la redundancia—, los estudios de consumo que muestran en el mundo, muestran que entre el 40 y el 10 por ciento es lo que deja de consumir un consumidor que claramente tiene definido qué es lo que está consumiendo y cuál es la cantidad de dinero que está gastando.

Pongo un ejemplo. Un servidor, una legislatura anterior a la pasada presentó la iniciativa de que las tarjetas de crédito, o todas las tarjetas de las que se hace uso en los cajeros automáticos, dijeran claramente cuánto costaba el servicio que estaba prestando. Si era retiro de efectivo, ¿cuánto le iba a costar al que estaba solicitando ese servicio?

Si mal no entiendo —y me corregiría alguien de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores—, que los bancos perdieron entre 10 y 15 por ciento de sus ingresos por este servicio, dado que el consumidor sabía perfectamente que podía hacer o dos o tres retiros sin costo, y que a partir del cuarto retiro o el sexto retiro le iba a costar una cantidad. Esto era muy importante porque a la gente ahora ya le pagan por nómina. Eso es algo que ya sucedió.

El cálculo que nosotros tenemos es que la gente dejaría de usar telefonía en su casa y la telefonía móvil en un 20 por ciento menos. Ese es el fondo del tema. Cuando la gente está viendo en tiempo real lo que está consumiendo, consume menos. Lo que estamos buscando es proteger la economía de todas las familias de nuestro país y la economía también individual, con un consumo prudente y responsable por parte del consumidor.

También cabe agregar que la Comisión Federal de Electricidad y las telefónicas son las que ocupan el número uno en denuncias ante Profeco, dada esta incertidumbre de cobro y de consumo. Lo que nosotros estamos planteando en síntesis, muy sencillito, es que en tu teléfono marque la cantidad de dinero en moneda nacional como cuando te subes a un taxi, así de sencillo.

No es posible que un taxi tenga mejor tecnología y te su-bas a un taxi y sepas lo que te van a cobrar, lo que estás consumiendo, que un teléfono en tu casa o que un teléfono celular. Llamemos a la prudencia del consumo y démosle los elementos suficientes para que la gente consuma de manera prudente y de manera responsable y no sigamos haciendo más rico al hombre más rico del mundo gracias a todas estas trampas.

A un servidor los cabilderos no lo han buscado, porque yo públicamente dije en la Comisión de Comunicaciones que a mí ni me buscaran, que el único cabildero que tengo es el pueblo de México, no los cabilderos de Carlos Slim ni de otras dependencias, que ellos están pensando solamente en el dinero. Nosotros pensemos en el beneficio de la población, es el llamado que yo les hago.

Es así de sencillo, tú alzas el teléfono de tu casa y empieza a marcar como si fuera un taxi. Es increíble que un taxista que tiene primaria tenga mejor tecnología que el hombre más rico del mundo, en nuestro país. Así de sencillo, por eso hemos pedido tiempo real. Esa es la explicación que un servidor les quisiera dar sobre la iniciativa que presentamos.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Óscar González, el diputado Emilio Serrano quiere formularle una pregunta, ¿la acepta?

El diputado Óscar González Yáñez:Con gusto, señor presidente, gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Adelante, diputado Emilio Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul):Muchas gracias, diputado presidente. Diputado Óscar Yáñez, ¿sabía usted que los teléfonos públicos cuando eran de monedas marcaba el tiempo que le quedaba para seguir llamando? Eso es lo mismo que pretende que se haga en los teléfonos particulares, ¿es verdad o no?

El diputado Óscar González Yáñez:Tiene razón el diputado Serrano. Esa tecnología ya se usaba y se dejó de usar, ¿por qué creen? Por lo mismo, porque inhibe el consumo irresponsable del consumidor. Lo inhibe. Ese es el tema al final.

El tema es que la gente consuma lo que necesita consumir y sepa claramente lo que está consumiendo. Ahí con el ejemplo que pone el diputado Serrano nos damos cuenta que algunos cuando usábamos esas famosas tarjetitas nos dábamos cuenta que de repente las tarjetitas no valían lo que valían, porque se iban de seguido.

Eso es lo que tenemos que hacer, compañeros. Insisto, yo le agradezco mucho al diputado Nacho Rubí y a los integrantes de la comisión, pero bueno, la verdad me hubiera gustado que le dejaran en tiempo real, porque eso de la consulta y la consulta significa hacer otro trámite, esto lo sabe la gente de las telefonías y saben que nadie consulta y luego, cuando haces tú consulta te cuesta un peso, los que usan tarjeta, volvemos a lo mismo, o desprotejamos a los consumidores. Protejamos a la población y no le estemos dando más dinero a quien ya tiene demasiado, por favor, y que se ha aprovechado de lo que era antes una infraestructura de todos los mexicanos, como era Telmex.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: ¿Ya concluyó usted, diputado?

El diputado Óscar González Yáñez:Sí.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Quiere hacerle una pregunta el diputado Ariel Gómez.

El diputado Óscar González Yáñez:Con gusto, presidente, gracias.

El diputado Ariel Gómez León(desde la curul):Señor diputado Óscar, ¿no será que va a pasar o qué se le podría poner un candado ahí extra, que cuando nos manden ese tiempo real de lo que nos queda no será que nos van a mandar mensajitos y todavía nos lo van a cobrar en el teléfono celular, por ejemplo?

El diputado Óscar González Yáñez: La verdad es que estamos sujetos a todos esos riesgos. Perdón, es que no traigo teléfono. Casi soy enemigo de Slim y de Telmex, pero ni modo, soy rehén igual que todos nosotros. Rehén.

Tú usas tu teléfono. Tú usas tu teléfono y lo estás viendo y estás viendo cuánto llevas consumido; entonces, tú puedes controlar el plan que hayas gastado, el plan que hayas controlado, cuánto te resta, cómo lo puedes hacer, cómo lo puedes administrar y que aparezca aquí como te aparecen tantos mensajitos que nos mandan publicidad y publicidad y cosas.

Eso es lo que tenemos que hacer. Digo, es tan sencillo como el reloj nuestro. Exactamente, estoy contestando una pregunta y lo que yo quisiera es que entráramos en razón de que esta iniciativa está buscando proteger al consumidor y que está comprobado en todos los estudios que ustedes quieran, que cuando el consumidor tiene toda la información sobre algo consume de manera más prudente y más responsable y protegemos la economía familiar y la economía individual.

Insisto, yo agradezco mucho el esfuerzo que hicieron nuestros compañeros de la Comisión de Comunicaciones, pero también me parece que pudiera ser más sano, que pudiera ser en tiempo real, como lo habíamos propuesto. Eso es lo que nosotros estaríamos proponiendo.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias. Diputado Juan Gerardo Flores, del Partido Verde Ecologista de México.

En lo que hace uso de la tribuna, doy la más cordial bienvenida a alumnos de bachillerato de Comonfort y Celaya, estado de Guanajuato, invitados por nuestra compañera, la diputada Viviana Agundiz Pérez.

El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez:Muchas gracias, señor presidente. Quiero empezar por decir que el Partido Verde o la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México votará a favor del dictamen, en los términos en los que está siendo sometido a votación de esta soberanía.

He escuchado con atención los argumentos que se han expuesto en esta tribuna para desvirtuar la forma en que la Comisión de Comunicaciones está presentando este dictamen.

Quiero empezar por decir que coincido en que el propósito de la iniciativa es, lo calificaría como un propósito noble. Coincido plenamente en el hecho de que en la medida en que los consumidores de nuestro país cuenten con información suficiente harán un consumo inteligente de los servicios que tienen contratados. En este sentido, me parece que no hay ningún punto de debate.

Sin embargo, lo que sí me gustaría señalar, primero, es que la redacción conforme fue propuesto en la iniciativa, diría que es una redacción muy adecuada para creo que un periodo de hace 20 años. El estado actual de la tecnología permite evitar la propuesta que se está haciendo, de instalar un medidor en las líneas telefónicas. De hecho ahorita voy a explicar también por qué está mal redactada la propuesta. Pero instalar un medidor, la verdad, con el estado actual de la tecnología, es un concepto anacrónico. Es un concepto, que incluso yo apostaría que le va a generar mayores costos a la población, que la propuesta que se está haciendo en el dictamen.

Ahora bien, ¿cuál es el problema de la redacción? El problema de la redacción es que dice en la propuesta: instalar en las redes de telefonía, tanto en la modalidad residencial como comercial, un medidor de consumo. El problema de esto es que las redes de telefonía, conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones, no incluyen a los equipos terminales.

Entonces, la redacción no serviría de nada porque los medidores no podrían estar conectados a una terminal, porque —de acuerdo a la Ley Federal de Telecomunicaciones— las terminales no forman parte de una red de telecomunicaciones.

Para tal efecto, les voy a leer las definiciones que trae la ley. En el artículo 3, que es el correspondiente a definiciones, en la fracción VIII, se presenta la definición de red de telecomunicaciones y dice: “sistema integrado por medios de transmisión, tales como canales o circuitos que utilicen bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, enlaces satelitales, cableados, redes de transmisión eléctrica o cualquier otro medio de transmisión, así como, en su caso, centrales, dispositivos de conmutación o cualquier equipo necesario”.

Después viene la definición, en la fracción X, de red pública de telecomunicaciones, que es la red a través de la cual se prestan los servicios a la población o a las empresas. La definición de red pública de telecomunicaciones es la siguiente: La red de telecomunicaciones, a través de la cual se explotan comercialmente servicios de telecomunicaciones. La red no comprende los equipos terminales de telecomunicaciones de los usuarios ni las redes de telecomunicaciones que se encuentren más allá del punto de conexión terminal.

Por lo tanto, la propuesta que hace la iniciativa carece de eficacia por completo y lo que buscó hacer la Comisión de Comunicaciones es precisamente darle eficacia al propósito que se buscaba y adecuarla al estado actual de la tecnología.

En ese sentido, creo que no debería haber ningún problema con la redacción, que dice: disponer de instrumentos o mecanismos técnicos de consulta gratuita —es decir, la llamada para hacer la consulta no tiene porque ser cobrada— que permitan al usuario desde su equipo terminal conocer el nivel de consumo preciso en moneda nacional de su línea telefónica fija o móvil. Que ése es otro concepto del que adolece la propuesta, que se enfoque exclusivamente a líneas fijas, cuando hoy en día son muchísimo más las líneas móviles que hay en nuestro país que las líneas fijas.

Mi compañero del Partido Acción Nacional acaba de dar cifras respecto al número de líneas fijas y al número de líneas móviles que hay en nuestro país. El número de líneas fijas es prácticamente una quinta parte del número de líneas móviles a las que tienen acceso hoy nuestros compatriotas.

Por lo tanto, en el Partido Verde votaremos a favor del dictamen, porque si bien respeta el objetivo del promovente, lo adecúa al estado de la tecnología y lo amplía a la red más importante, que es la de telefonía móvil. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado, el diputado Cárdenas Gracia quiere formularle una pregunta. ¿Acepta usted?

El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez:Con mucho gusto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Adelante, diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul):Gracias, presidente. Preguntarle al diputado Gerardo si hablaron con él cabildeadores o si representa intereses de las empresas telefónicas.

El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez:De ninguna manera. Ni me hablaron ni represento intereses de nadie, represento el interés de los mexicanos.

El diputado Óscar González Yáñez (desde la curul): Presidente, una pregunta al orador.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Del diputado Óscar González, una pregunta, ¿acepta usted, diputado?

El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez:Sí, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Adelante.

El diputado Óscar González Yáñez(desde la curul):Es una pregunta muy sencilla, ¿qué se le haría a usted más fácil, consultarle a la Presidencia cuánto tiempo lleva en su intervención o tener el pequeño reloj que tenemos a nuestra derecha para irlo viendo?

El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez:Con todo respeto, señor diputado, me parece que el ejemplo no corresponde al tipo de consumo que se hace en el servicio que usted está tratando de proteger.

Hay algo que no agregué y creo que completaría mi respuesta a su pregunta, que es que no hay referencia internacional de lo que usted está proponiendo. En ningún otro país se instalan medidores. Nadie está instalando medidores en la actualidad de los que usted está proponiendo. Las redes son lo suficientemente inteligentes para proporcionar los datos que están requiriendo para los consumidores.

Le agradeceré, señor presidente, por el tiempo que lleva la discusión, ya no aceptaré más preguntas.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El orador no acepta más preguntas. Pregunto si hay alguna otra persona que desee hacer uso de la tribuna.

El diputado Óscar González Yáñez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: ¿Para qué efectos, diputado?

El diputado Óscar González Yáñez(desde la curul): Para rectificación de hechos, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Adelante, por tres minutos y desde su curul, si es tan amable.

El diputado Óscar González Yáñez(desde la curul):La verdad es que es muy lamentable que decimos que representamos los intereses de los mexicanos y nos pongamos en contra de ellos. Que se atrevan a decirnos que porque en otras partes del mundo no se hace, aquí por qué lo vamos a hacer.

Imagínense, si eso le hubiéramos dicho a Hidalgo cuando no se hablaba de independencia en América, ¿cómo quieres hacer una independencia si no hay referente en América de eso? Imagínense.

Lo digo con todo respeto, porque ya no quisiste contestar, pero me parece una respuesta de: me zafo y que Dios los bendiga. Ése no es un argumento. Nosotros estamos proponiendo defender los intereses del pueblo de México. Ya di datos y cifras de que esto inhibe el consumo irresponsable por parte de un consumidor.

Cuando la gente sabe qué es lo que está haciendo, como pasa con las tarjetas de crédito, que en otras partes del mundo sí se hace y que nosotros lo tenemos que hacer aquí para los que les gusta la referencia mundial, cuando tú pagas con una tarjeta de crédito te dicen cuánto saldo llevas en total y la gente gasta menos y está comprobado en todas partes del mundo.

Entonces tenemos que hacer que la gente gaste menos en telefonía y que la gente use la telefonía de manera responsable y solamente pague lo que tiene que pagar y por eso insistía yo en el tiempo real.

Ahorita si le quisiera preguntar a usted, presidente —me dirijo también a la asamblea—, ¿cuánto tiempo llevo consumido de mi intervención? Sería anacrónico, prefiero estar viendo el reloj que en tiempo real me está diciendo lo que estoy consumiendo y así puedo hacer un correcto uso de mi tiempo. Así es lo que estamos hablando sobre la telefonía y lo que estamos planteando.

Les pediría, de manera muy respetuosa, que si el ánimo de la mayoría de los compañeros es que se dictamen en el sentido que está, respetuosamente mejor retirarla y que regrese a las comisiones para que se revise, en mi calidad de proponente, porque creo que no le ayudamos en nada a la sociedad mexicana así.

Creo que le estamos dando un instrumento más a la gente que ha abusado del pueblo de México y de su riqueza, a través de un medio de comunicación que se ha vuelto indispensable para todos y que no le estamos ayudando a nadie. Que nos permitiéramos eso.

Me permitiría en dado caso mejor retirarla y que regrese a la comisión para que pudiéramos escuchar todo esto y podamos caminar de mejor forma, porque de otra manera si se dictamina, el promovente va a decir, en mi caso, que no se satisfizo.

Creo que hay demasiadas dudas para que lo que queremos hacer y si no, entonces se tendría que presentar dentro de un año y esto ya se fue. Le pediría eso.

A los compañeros que están pidiendo tiempo, les pediría algo muy sencillo: ¿Por qué no piden la palabra para consultar el tiempo? Así de difícil sería para los telefonistas. Ustedes saben del tiempo porque tienen el relojito ahí. Eso es lo que hay que hacer, compañeros, exactamente eso es lo que hay que hacer. Gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El diputado Corral y en seguida está registrado el diputado Serrano. ¿Con qué objeto?

El diputado Javier Corral Jurado(desde la curul): Para sumarme a la clarificación del tiempo.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene usted tres minutos.

El diputado Javier Corral Jurado(desde la curul):Compañeras diputadas, compañeros diputados. He estado escuchando este debate en torno al medidor de tiempo real y este debate tiene dos problemas: la magnificación o sobreventa que se está haciendo de la reforma en sí misma, pero también de la forma no capturada o no captada por la Comisión.

Me asumo como parte de eso, de la intención del legislador y es un problema de definiciones, diputado González Yáñez, porque usted habla de colocar un medidor en las redes de telecomunicaciones para el servicio de telefonía fija. Esto es técnicamente imposible. Me choca coincidir con Flores, pero digo que tiene razón en eso. Me choca coincidir con él, pero tiene razón. Una cosa son las redes públicas de telecomunicaciones y otra cosa son los aparatos terminales, los centros terminales y creo, sinceramente, que el dictamen busca favorecer mecanismos en los que técnicamente el usuario pueda consultar la información.

A lo mejor no está logrado. No es un tema menor —en eso estoy de acuerdo con González Yáñez— no es un tema menor, ¿por qué? Porque todo el incentivo permanente de la publicidad comercial está destinado a usar el teléfono, no ya como un instrumento básico de comunicación, sino para todo tipo de cosas.

Incluso hay una campaña permanente para usar telefonía celular por encima de la telefonía fija, de la telefonía alámbrica. Ya casi nadie habla por telefonía fija alámbrica. Pues claro, es más cara la telefonía celular, incluso ya dentro de una misma instalación uno habla por teléfono celular, teniendo a la mano una línea fija, porque todo está en esta sociedad del consumo.

Propongo algo. Creo que es un problema de definiciones. Sí creo que el compañero González Yáñez tiene razón: ¿puede haber un mecanismo de medición en los aparatos? Sí, claro, en los celulares los tenemos sólo en tiempo, no en consumo de dinero. En tiempo sí. Usted puede ir a revisar en su móvil, en sus mecanismos de telefonía móvil el tiempo que ha durado una llamada, el número de minutos que ha hablado al día, las llamadas que ha hecho.

Me parece que siendo buena la intención de la comisión, pudiera regresar para hacérsele un ajuste y que en función de ese ajuste recuperemos la intención que aquí ha dicho, porque lo que ha dicho el diputado González Yáñez en realidad no lo refleja su propia iniciativa, está mal redactada, hay que decirlo con toda claridad. La iniciativa está mal redactada.

Pero esa intención se puede rescatar con otra redacción y punto. Creo que eso es correcto, que la Cámara se dé ese tiempo.

Vienen varias medidas, se han impulsado en la Comisión de Comunicaciones decisiones que van a avanzar en términos de los consumidores. Ahí viene un primer paso en materia del redondeo. Me han sonado la campaña y yo soy obediente en este caso.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Disculpe, señor diputado y el mismo ruego le hago al diputado Serrano: respetemos el tiempo porque se está agotando el que corresponde a iniciativas y todavía nos falta la lectura del dictamen que solicitó el diputado Di Costanzo. Adelante, señor diputado.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul):Gracias, diputado presidente, espero ocupar nada más dos minutos. Compañeras, compañeros diputados, creo que si hacemos las cosas debemos hacerlas bien.

Nos quedó muy clara la intención que tiene el diputado Óscar Yáñez y a los integrantes de la Comisión de Comunicaciones les pedimos que hagan el trabajo como lo pide el diputado proponente. Nos da la interpretación de que unos están a favor de la sociedad y otros a favor de las empresas.

Para ilustrar al diputado que dijo que no había en el mundo este sistema, le recuerdo que, por ejemplo, en Madrid sí se mide el tiempo, en Cuba inclusive con tarjetas se mide el tiempo que está consumiendo y aparte, en México los celulares, usted compra un sistema y se agota su tiempo y ya no tiene derecho a seguir consumiendo. Entonces, sí se mide el tiempo real.

¿Por qué no lo hacemos como lo está pidiendo el diputado Yáñez? Creo que con esto resolvemos el problema que se está presentando. Hay que recordar que a quienes más vamos a beneficiar son a los papás, a las mamás, que los hijos abusan precisamente porque no hay control en el uso del teléfono celular. Es a donde la mercadotecnia se dirige con más frecuencia, porque quieren comprar los últimos aparatos, los más caros, aunque no sirvan.

Vamos a hacerle caso al diputado González Yáñez, que regrese la iniciativa y entre todos la podemos enriquecer. Gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Flores Rico y enseguida, el presidente de la comisión, hasta por tres minutos. Desde su curul.

El diputado Carlos Flores Rico (desde la curul): Sí, si no tienen inconveniente, señor presidente, desde mi curul. ¿Puedo hacerlo acá?

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sí, claro.

El diputado Carlos Flores Rico(desde la curul):Señor presidente, sólo para compartir con la asamblea el contenido del artículo 122 del Reglamento. Dice que cuando se solicita una moción suspensiva tiene que cubrirse cierto protocolo.

En el 122 se dice que deberá presentarse por escrito, firmado por los autores, ante la Mesa antes de que se inicie la discusión en lo general, señalando el asunto cuya discusión se pretende suspender y exponer el fundamento legal, así como las razones o motivos que la justifiquen.

En tal situación le sugiero, señor presidente, que pueda procederse a la lectura que usted le concedió al señor diputado González Yáñez, y después de eso proceda a concluir el trámite de votación.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. El señor presidente de la comisión.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar:Muchas gracias, señor presidente. Ya estoy hasta pensando mal. Que el propósito de no aprobar esta reforma pueda ser otro. Para mí la redacción propuesta está impecablemente ajustada a la intención original del autor de la iniciativa. No sólo eso, ya lo decía el diputado Gerardo Flores: está significativamente mejorada y ampliada.

No sé si el español no sea muy claro, pero la redacción propuesta por la comisión que establece que las empresas concesionarias del servicio de telefonía están obligadas a incorporar un mecanismo de medición del consumo, que tenga el carácter permanente, inmediato, gratuito y desde el aparato terminal, —como está redactada la propuesta que se somete a su consideración— dé pauta a cualquier confusión. Se establece que en moneda nacional.

Le explico al diputado Serrano, que en su intervención hay alguna confusión. No se trata de saber la duración de la llamada, como usted lo está señalando, eso ya existe en México, ahorita ya lo puede usted saber; de lo que se trata es saber el nivel de consumo en pesos.

La ampliación que estamos incorporando, lo señalaba el diputado Gerardo Flores, es que no nada más se circunscriba incluso a la telefonía residencial, comercial, fija, sino que también se amplíe a la telefonía celular, a la telefonía móvil. Esto en beneficio de más de 90 millones de usuarios de la telefonía celular y obviamente en beneficio de aproximadamente 20 millones de familias y empresas que están haciendo uso de telefonía fija.

Creo que no hay, pero ningún motivo de duda y ninguna justificación, porque estoy finalmente defendiendo el trabajo que se hizo de manera seria en las comisiones; un análisis exhaustivo, minucioso, responsable y siempre pensando en el beneficio de los mexicanos.

Por eso yo no estoy de acuerdo en que pueda ser devuelto, porque esto puede implicar un aplazamiento indefinido, con lo cual estaríamos postergando un beneficio importante para todos los mexicanos. Muchas gracias.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado Mario di Costanzo. Sonido en la curul del diputado Di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul):Presidente, la discusión no es la cobertura, si es celular y telefonía fija. No es ése el debate. El debate es el mecanismo; sí es un medidor en el aparato o si es cualquier otro, para mí la redacción —y entiendo español—, deja abierto a que sea cualquier cosa, incluso un 01800 o Internet o cualquier otro mecanismo, dispositivo, como lo dice: disponer de instrumentos o mecanismos de consulta, pero no es instalar en las redes un medidor, es absolutamente diferente.

Si se regresa el dictamen se puede volver a llamar a la comisión y rehacer el asunto. No es que se vaya indefinidamente, todo depende de las ganas de chambear que tenga el presidente de la comisión.

Entonces, que no nos espante. Vamos a hacer las cosas, pero vamos a hacer las cosas bien, no a medias. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Dé lectura la Secretaría al dictamen correspondiente. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos; 39 y 45, numera 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 67, 68, 78, 80, 82, 84, 85 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; la Comisión de Comunicaciones, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. En sesión ordinaria celebrada en fecha 24 de marzo de 2011, se dio cuenta a la asamblea de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

II. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el oficio número D.G.P.L. 61-II-2-1135, instruyó el turno de la iniciativa de referencia a la  Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictaminación con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

III. Con base en lo anterior, la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura procedió a la revisión del expediente, al análisis de la iniciativa y la elaboración del presente dictamen en sentido positivo.

Contenido de la iniciativa

El diputado Óscar González Yáñez argumenta que las telecomunicaciones se han convertido en un elemento trascendental en la sociedad actual. Además señala que el hecho de contar con formas de comunicación a distancia ha permitido a los seres humanos estrechar sus lazos de amistad, fraternidad y familiares.

Expresa que el teléfono se ha constituido como herramienta fundamental de comunicación entre los seres humanos, no obstante la adopción de tecnologías basadas en esta invención que ahora hacen ver al teléfono como un medio de comunicación no tan moderno.

El proponente señala que, en nuestro país se tienen registradas 19 millones 430 mil líneas telefónicas fijas, lo que indica que es una herramienta muy importante para la comunicación de los mexicanos.

El diputado González Yáñez manifiesta que durante varias décadas el servicio telefónico fue prestado por una sola empresa, que gracias a su condición monopólica fijaba de manera arbitraria tarifas y condiciones de servicio, sin que el usuario pudiera hacer valer sus derechos.

Sin embargo, a partir de 1990 y en el contexto del cambio de modelo económico sufrido por nuestro país al arribo de la tecnocracia neoliberal, se planteó que era necesaria la modernización del sector telecomunicaciones, lo que implicaba abrir a la competencia la telefonía fija.

Aunado a lo anterior, este proceso fue llevado a cabo de manera parcial, ya que se le permitió que Teléfonos de México conservara ciertas condiciones de privilegio que a la fecha le permiten ser la empresa dominante en el mercado.

En este sentido, a poco más de 20 años del proceso de liberalización del sector, se siguen presentando deficiencias en el servicio y los consumidores no reciben un servicio con la calidad que se merecen.

El proponente expresa que, el propósito de la presente iniciativa es incorporar en la Ley Federal de Telecomunicaciones la obligación de los concesionarios de las redes de telecomunicaciones a establecer un dispositivo de medición en cada línea telefónica que permita al usuario conocer su nivel de consumo en moneda nacional, lo que brindará certeza jurídica y económica de lo que tendrán que pagar por la utilización de la línea telefónica.

Consideraciones

1. Los integrantes de esta comisión dictaminadora coinciden planamente con el diputado proponente, respecto de la importancia de las Tecnologías de Información en nuestra sociedad actual. Estudios recientes demuestran que, a mayor competitividad de un país, mayor capacidad en tecnologías de información y viceversa. Las tecnologías de información, es un mercado  mundial que entre  2003 y 2009  creció a una tasa anual compuesta de 6.75%, lo que representa un mercado con valor de 3, 518 billones de dólares.

2. Esta comisión dictaminadora está consciente de la importancia de la telefonía fija, tanto residencial como comercial, en nuestro país. Según datos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para 2010 existían más de 19.5 millones de líneas telefónicas fijas, lo que representa una densidad de 17.5 líneas por cada 100 habitantes.

3. La iniciativa presentada por el diputado Óscar González Yáñez propone adicionar una fracción VII Bis al artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que establezca la obligación de los concesionarios de las redes de telecomunicaciones a establecer un dispositivo de medición que permita al usuario conocer su nivel de consumo:

Artículo 44.Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán:

I. a VII. ...

VII Bis. Instalar en las redes de telefonía fija tanto en la modalidad residencial como comercial un medidor de consumo que permita al usuario conocer de manera precisa el consumo en tiempo real del servicio de telefonía. La medición se hará en moneda nacional.

VIII. a XVI. ...

Transitorio

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

4. La Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura considera procedente el objeto de la citada iniciativa, con la salvedad de aplicar una modificación a la redacción del texto normativo que propone el iniciante, para quedar como sigue:

Artículo 44. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán:

I. a VII. ...

VII Bis. Disponer de instrumentos o mecanismos técnicos de consulta gratuita, permanente e inmediata, que permitan al usuario desde su equipo terminal conocer el nivel de consumo preciso en moneda nacional de su línea telefónica fija o móvil.

VIII. a XVI. ...

Transitorio

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dentro de la modificación al texto normativo, se elimina que la medición se realice en moneda nacional, por ser una inquietud que se encuentra debidamente atendida en términos del artículo 7 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos que establece que las obligaciones de pago de cualquier suma en moneda mexicana se denominarán invariablemente en pesos.

En mérito de lo antes expuesto, la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley Federal de  Telecomunicaciones

Artículo Único: Se adiciona una fracción VII Bis al artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 44.Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán:

I. a VII. ...

VII Bis. Disponer de instrumentos o mecanismos técnicos de consulta gratuita, permanente e inmediata, que permitan al usuario desde su equipo terminal conocer el nivel de consumo preciso en moneda nacional de su línea telefónica fija o móvil.

VIII. a XVI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2011. Firman integrantes de la Comisión de Comunicaciones. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul):Creo que queda claro que en el dictamen, amén de la redacción, no está claro, no están explicando por qué la comisión decidió cambiar la redacción. No está motivado este cambio, no lo sabemos, que es uno de los dos asuntos que estoy objetando, además de la redacción, y creo que se reitera que la iniciativa original era más clara que la redacción a la que se cambió. Nada más dejar constancia de eso.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Flores Rico.

El diputado Carlos Flores Rico(desde la curul):Gracias, señor presidente. En mi Grupo Parlamentario del PRI reconocemos su gentileza republicana para la cortesía que acaba usted de obsequiar al señor diputado. Es evidente que este tipo de concesiones sólo proceden, según el Reglamento, 105, cuando está la iniciativa vencida en sus plazos, que no es el caso. Agradeciendo esta generosidad que usted ha concedido, rogamos a usted la gentileza de que se consulte a la asamblea si el asunto está debidamente discutido. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Pregunte la Secretaría a la asamblea si el asunto está suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Se consulta a la asamblea si se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Diputado Óscar González Yáñez.

El diputado Óscar González Yáñez(desde la curul):Gracias, señor presidente. Solamente para razonar el voto de un servidor, que va a ser algo muy extraño, pero este Congreso es así de extraño y nosotros somos parte de ello. Solamente para manifestar que un servidor, que es el promovente, va a votar en contra de esta iniciativa. Les pediría a mis demás compañeros que lo pudieran hacer en contra, porque es el único mecanismo legislativo que permite que después se regrese a la comisión, dado que la moción suspensiva ya no es posible, porque se debió haber presentado desde un inicio.

La única salida que tenemos para poder afinar bien este trabajo es que la votemos en contra y que el presidente después obsequie que se regrese a la comisión y podamos afinar esto y podamos salir todos con tranquilidad; por eso les pediría a todos mis compañeros que pudiéramos votar en contra, para respetar el proceso legislativo y las normas que nos rigen a todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, hasta por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Invitados por el diputado Daniel Ávila, se encuentra en el salón del pleno un grupo de mexicanos y extranjeros participantes en el Seminario Internacional Elecciones en México, organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, a quienes les damos la más cordial bienvenida.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? Sigue abierto el sistema electrónico. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 280 votos en pro, 22 en contra y 4 abstenciones.

La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (desde la curul): A favor.

El diputado Guillermo Raúl Ruiz de Teresa(desde la curul): A favor.

El diputado Avelino Méndez Rangel(desde la curul): A favor.

El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero(desde la curul): A favor.

La diputada Silvia Isabel Monge Villalobos(desde la curul): A favor.

La diputada Margarita Liborio Arrazola(desde la curul): A favor.

El diputado José Antonio Arámbula López(desde la curul): A favor.

El diputado Agustín Torres Ibarrola(desde la curul): A favor.

La diputada María Isabel Merlo Talavera(desde la curul): A favor.

La diputada Gloria Romero León(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Se emitieron 290 votos en pro, 22 en contra y 4 abstenciones, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 290 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: A solicitud de la Junta de Coordinación Política, remitida a la Mesa Directiva, corresponde abordar en este momento el capítulo de iniciativas y se dará curso a una por grupo parlamentario.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Sabino Bautista Concepción, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 14, 17 Bis y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El diputado Sabino Bautista Concepción:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Es de todo conocido que históricamente los pueblos indígenas han sido objeto de formas de subordinación, desigualdad y discriminación, al grado de colocarlos en una situación estructural de pobreza, explotación y exclusión política.

Han persistido frente a un orden jurídico, cuyo ideal ha sido la homogeneización y asimilación cultural.

Es trascendental que este órgano del Poder Legislativo comience a cambiar esta realidad; para ello se requiere de acciones profundas, sistemáticas, participativas y convergentes por parte del gobierno y de los legisladores a fin de lograr una verdadera inclusión de nuestros pueblos indígenas.

A una década de la reforma constitucional, que otorgó algunos derechos colectivos y definió obligaciones a las autoridades de los tres niveles de gobierno y materias de atención prioritaria para superar las desigualdades de que han sido y son objeto los pueblos originarios, los diversos estudios y sus indicadores señalan que en los pueblos indígenas se siguen concentrando la pobreza y la falta de oportunidades.

Una causa de esta situación es que las políticas públicas y acciones de gobierno carecen de pertinencia y no atienden los preceptos contenidos en la Constitución, que establece que deben de ser diseñadas y ejecutadas con ellos. La principal desatención se debe a que las unidades administrativas responsables del diseño y ejecución de las políticas y programas no son encabezados por indígenas.

Sólo basta observar las estructuras de los diversos órganos que conforman la administración pública, en donde uno de los titulares de las 12 dependencias y entidades de la administración pública federal que participan en los ramos que integran el presupuesto federal destinado a la atención de los pueblos indígenas, es indígena, éste es el director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

Otro claro ejemplo es la Comisión Nacional para el Desa-rrollo de los Pueblos Indígenas, en donde ninguno de los puestos de mayor jerarquía y por consiguiente de responsabilidad, es ocupado por indígenas, como tampoco lo son los directivos encargados de las áreas educativas responsables de este servicio para los indígenas.

Ante la falta de mecanismos de participación de los indígenas en el diseño y ejecución de las políticas públicas, los resultados de la política indigenista federal son calificados como inoperantes en función de contar con funcionarios incapaces, en razón a su falta de conocimiento del tema. Esa incapacidad es producto de su falta de vivencia y aprecio por la vida y cultura indígena.

Por otro lado, la ausencia de indígenas en la dirección de las instituciones indigenistas, constituye un acto de discriminación hacia los indígenas por parte del gobierno federal, pues no obstante de existir destacados profesionales indígenas con experiencia en la administración en niveles de mandos medios, no tienen la oportunidad de dirigir las instituciones.

Al no ser atendida la demanda de que las áreas enfocadas a la materia indígena sean dirigidas por indígenas, presento la propuesta a fin de transformar el ordenamiento legal, a fin de que quede plasmado en ley la obligación de contar con indígenas en las áreas de la administración pública, que sean encaminadas a la atención o ejecución de los programas destinados al tema indígena. Con este diseño institucional, los programas y políticas indígenas propiciarán la superación de las desventajas y oportunidades para los indígenas contribuyendo a un mejor funcionamiento del Estado mexicano democrático.

Es cuanto, señor presidente. Le solicito sea integrada mi iniciativa al Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 14, 17 Bis y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Sabino Bautista Concepción, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Sabino Bautista Concepción, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción I de los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan: un párrafo al artículo 14, un párrafo al inciso a) de la fracción I del artículo 17 Bis, y un párrafo al artículo 18, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Históricamente los pueblos indígenas han sido objeto de formas de subordinación, desigualdad y discriminación que les han determinado una situación estructural de pobreza, explotación y exclusión política.  Han persistido frente a un orden jurídico cuyo ideal ha sido la homogeneización y asimilación cultural.

Cambiar esta realidad requiere de acciones profundas, sistemáticas, participativas y convergentes por parte del gobierno donde será fundamental la inclusión de nuestros pueblos indígenas.

A una década de la reforma constitucional que otorgó algunos derechos colectivos y definió obligaciones a las autoridades de los tres niveles de gobierno y materias de atención prioritaria para superar las desigualdades de que han sido y son objeto los pueblos originarios, los diversos estudios y sus indicadores señalan que en los pueblos indígenas se siguen concentrando la pobreza y la falta de oportunidades.

Una causa de esta situación es que las políticas públicas y acciones de gobierno carecen de pertinencia y no atienden los preceptos contenidos en la Constitución que establecen que deben ser diseñadas y ejecutadas con ellos.

En buena medida dichas desatenciones se deben a que en las unidades administrativas responsables del diseño y ejecución de las políticas y programas no son encabezados por indígenas.

Solo uno de los titulares de las doce dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) que participan en los Ramos que integran el presupuesto federal destinado a la atención de los pueblos indígenas, es indígena, el director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Además, en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ninguno de los puestos de mayor jerarquía y por consiguiente de responsabilidad, es ocupado por indígenas, como tampoco lo son los directivos encargados de las áreas educativas responsables de este servicio para los indígenas.

La falta de mecanismos de participación de los indígenas en el diseño y ejecución de las políticas públicas es responsabilidad de órganos administrativos, y por tanto de quienes los dirigen. Por los resultados de la política indigenista federal se puede calificar a los funcionarios públicos de incapaces, y esa incapacidad, a mi juicio es producto de su falta de vivencia y aprecio por la vida y cultura indígena.

La falta de participación indígena en la definición y ejecución de las políticas públicas es violatorio del derecho internacional en la materia (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales) que México está obligado a observar (lo ratificó la honorable Cámara de Senadores en 1990).

Por otro lado la ausencia de indígenas en la dirección de las instituciones indigenistas constituye un acto de discriminación hacia los indígenas por parte del gobierno federal, pues no obstante de existir destacados profesionales indígenas con experiencia en la administración en niveles de mandos medios, no tienen la oportunidad de dirigir las instituciones.

Al no ser atendida la demanda de que las instituciones indigenistas sean dirigidas por indígenas por la facultad que la ley otorga a los titulares del poder ejecutivo federal o los secretarios de los despachos correspondientes, respecto, debe ser transformada en un ordenamiento legal, tal es el propósito de la presente iniciativa.

Luego entonces, la ineficacia de la acción indigenista del gobierno federal, tiene como uno de sus factores esenciales los recursos humanos que dirigen las instituciones y, en este caso, su falta de conocimiento y compromiso para que lo señalado en nuestra Carta Magna no sean solo expresiones de declarativas, como letra muerta, sino una condición que debe practicarse en el diseño institucional, de programas y políticas que propicien la superación de las desventajas y oportunidades para los indígenas y con ello contribuyan a un funcionamiento del Estado verdaderamente democrático y, por las características de su sociedad, pluricultural.

Por lo expuesto anteriormente, considero que la deficiencia en la designación de recursos humanos para dirección de las instituciones indigenistas debe ser superada, condicionando, por ley, la facultad de la autoridad para nombrar a los funcionarios en la materia, tengan origen indígena.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Primero. Se adicionan: un párrafo al artículo 14, un párrafo al inciso a) de la fracción Idel artículo 17 Bis, y un párrafo al artículo 18, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 14.Al frente de cada secretaría habrá un secretario de Estado, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los subsecretarios, oficial mayor, directores, subdirectores, jefes y subjefes de departamento, oficina, sección y mesa, y por los demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales.

Para el caso de los servidores públicos que estén al frente de unidades administrativas con el rango de subsecretaría o dirección general o equivalente, responsables de atender los asuntos en materia indígena, así como sus direcciones, subdirecciones, y jefaturas de departamento o equivalentes, además de los requisitos que establezca el reglamento respectivo y el Sistema Nacional del Servicio Profesional de Carrera, deberán demostrar ser de origen indígena, en los términos del artículo 2o. constitucional.

En los juicios de amparo, el presidente de la república podrá ser representado por el titular de la dependencia a que corresponde el asunto, según la distribución de competencias. Los recursos administrativos promovidos contra actos de los Secretarios de Estado serán resueltos dentro del ámbito de su Secretaría en los términos de los ordenamientos legales aplicables.

Artículo 17 Bis. Las dependencias y entidades de la administración pública federal, conforme a lo previsto en los reglamentos interiores o sus ordenamientos legales de creación, respectivamente, podrán contar con delegaciones en las entidades federativas o, en su caso, en regiones geográficas que abarquen más de una entidad federativa, siempre y cuando sea indispensable para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo y cuenten con recursos aprobados para dichos fines en sus respectivos presupuestos y observen lo siguiente:

I.

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Para el caso de los delegados de las dependencias y entidades en materia indígena, será requisito ser de origen indígena, en los términos del artículo 2o. constitucional;

Artículo 18.En el reglamento interior de cada una de las secretarías de Estado y departamentos administrativos, que será expedido por el presidente de la república, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la forma en que los titulares podrán ser electos, y ser suplidos en sus ausencias.

En los casos en que la unidad administrativa tenga atribuciones sustantivas en materia indígena, su titular deberá cumplir con el requisito de ser de origen indígena, en los términos del artículo 2o. constitucional.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Véase los Presupuestos de Egresos de la Federación para los ejercicios 2009, 2010 y 2011 aprobados por la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre  de 2011.— Diputado Sabino Bautista Concepción (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley General de Educación.

El diputado Juan José Cuevas García:Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. Les ruego unos minutos de su atención y muy en especial a las comisiones de Educación y a los integrantes de la de Medio Ambiente.

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. Es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar mujeres y hombres de manera que tengan sentido de solidaridad social.

En este contexto, el proceso educativo por el cual ha transitado nuestro país ha contado con un instrumento de gran valía, como son los libros de texto, los cuales contienen una serie de información útil para maestros y estudiantes, toda vez que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los libros de texto son verdaderamente trascendentes, porque es donde se encuentra plasmado el saber y el contenido a aprender por el alumno, además que plantean cuál debe ser la actuación del profesor.

Durante el ciclo escolar concluido se distribuyeron 188 millones de libros de texto gratuitos para preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria y educación indígena. No obstante dichos avances, la producción de texto implica un gasto económico y un impacto al medio ambiente, toda vez que su elaboración representa elevados costos en la utilización de árboles, energía eléctrica y agua.

En ese sentido, con el objetivo de disminuir estos impactos desfavorables y en el marco del programa Recicla para Leer, desde el 2002 la Comisión Nacional para los Libros de Texto Gratuitos lanzó una convocatoria para reutilizar el papel y el cartón de las dependencias públicas del gobierno federal en la edición de los libros, lo que representaría un ahorro de alrededor del 25 por ciento en los costos de producción de los ejemplares.

Sin duda estas acciones han contribuido a disminuir la utilización de árboles en la elaboración de libros de texto, además de permitir un mayor ahorro de agua y energía eléctrica; sin embargo, se necesita hacer más.

Por ello la presente iniciativa busca contribuir a que dichos beneficios sean aún mayores, reforzando estas acciones de política pública que se han venido instrumentando. Estamos convencidos que si se realiza un manejo pertinente y adecuado de los libros de texto en cada ciclo escolar por parte de los maestros y alumnos estos libros podrían ser utilizados nuevamente para el siguiente ciclo escolar, lo cual sin duda alguna implicaría un ahorro para el gobierno al disminuir los recursos para la producción de los libros, además de reducir el impacto ambiental que implica la elaboración del papel o el proceso de reciclaje.

Compañeras y compañeros diputados: los libros de texto son una fuente de conocimiento y son facilitadores de aprendizaje; por ello nos debemos dar a la tarea de cuidarlos y fomentar su reutilización y con ello, contribuir al mejoramiento del amiente. Contribuyamos al desarrollo de una cultura de reutilización de los libros y del reciclaje del papel y del cartón.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 19 de la Ley General de Educación para quedar como sigue: Artículo 19. Será responsabilidad de las autoridades educativas locales realizar una distribución oportuna, completa, amplia y eficiente de los libros de texto gratuitos, y demás material educativo complementario que la Secretaría les proporcione. Además, establecerá las medidas o acciones que deberán observar docentes y alumnos para permitir la reutilización de los libros de texto gratuitos, susceptibles de hacerlo, por estudiantes del grado correspondiente en el siguiente ciclo escolar.

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades educativas locales, con la opinión de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) deberán emitir, dentro de los 90 días siguientes al de entrada en vigor del presente decreto, los lineamientos generales y específicos que deberán seguir docentes y alumnos a efecto de que los libros de texto gratuitos que sean susceptibles de hacerlo puedan ser reutilizados por los alumnos del grado correspondiente en el siguiente ciclo escolar. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 19 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Juan José Cuevas García, diputado federal de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento  en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los ar- tículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 19 de la Ley General de Educación al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.

En este contexto, el proceso educativo por el cual ha transitado nuestro país ha contado con un instrumento de gran valía como son los libros de texto; los cuales contienen una serie de información útil para maestros y estudiantes toda vez que guían el proceso de enseñanza aprendizaje. Los libros de texto son verdaderamente trascendentes porque es donde se encuentra plasmado el saber y el contenido a aprender por el alumno, además plantean cuál debe ser la actuación del profesor.

Los libros de texto constituyen un recurso didáctico fundamental, no sólo para los alumnos que lo usan, sino para el profesor que basa en ellos una gran parte de su actuación docente.

Cabe señalar, que el gobierno por disposición legal debe distribuir los libros de texto de manera gratuita, por ello, recobra gran relevancia la creación de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) en febrero de 1959, como órgano administrativo dependiente de la Secretaría de Educación Pública, con objeto no solo de hacer efectiva la gratuidad de la educación primaria, sino de otorgar libros, con un sustento cultural de la idea de nacionalidad, indispensable a los educandos para sus estudios y tareas; evitando con ello, que la niñez mexicana viera limitadas sus oportunidades de acceso a la educación, por la cada vez más onerosa adquisición de los textos escolares.

No obstante, en febrero de 1980, se publico en el Diario Oficial, un nuevo decreto del Ejecutivo federal que da a la comisión el carácter de organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios; mediante dicho decreto, la comisión se abocó exclusivamente a la tarea de editar y distribuir los libros de texto gratuitos y materiales didácticos similares, teniendo así la Secretaria de Educación Pública las funciones de dictaminar sobre el contenido de los libros de texto, así como sobre el diseño técnico y la elaboración de los mismos

En este sentido, la labor de la Conaliteg resulta fundamental a fin de que cada uno de los alumnos que se encuentren registrados ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuente con un paquete de libros de texto que le corresponde de acuerdo al nivel escolar que cursará.

Al respecto, es importante resaltar que, de acuerdo con el cuarto Informe de Gobierno, se pueden observar avances importantes de la Conaliteg como son que durante el ciclo escolar concluido, distribuyó 188 millones de libros de texto gratuitos para preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria y educación indígena. Para el ciclo 2010-2011 se entregaron 176.7 millones de libros, de los cuales 1 millón 157 mil 550 libros de texto y materiales educativos fueron desa-rrollados por la Dirección General de Educación Indígena para 55 grupos lingüísticos a nivel nacional, beneficiando a 841,151 niñas y niños indígenas.

Asimismo durante 2009 se distribuyeron, además, un total de 74 millones 683 mil 778 materiales de apoyo didáctico a todas las entidades federativas que incluyen separadores, carteles y planes de estudio.

No obstante dichos avances, la producción y distribución de los libros de texto implica un gasto económico y un impacto al medio ambiente, toda vez que su elaboración representa elevados costos en la utilización de árboles, energía eléctrica y agua.

En ese sentido, con el objetivo de disminuir estos impactos desfavorables, y en el marco del programa Recicla para Leer, desde 2002, la Comisión Nacional para los Libros de Texto Gratuito lanzó una convocatoria para reutilizar el papel y el cartón de las dependencias públicas del gobierno federal en la edición de los libros, lo que representaría un ahorro de alrededor de 25 por ciento en los costos de producción de los ejemplares.

El reciclaje permitiría ahorros para el país en energía eléctrica, equivalente al consumo de 28 mil casas habitación en todo un año, y de agua para el consumo de 7 mil 780 viviendas, con lo que estableció convenios de donación del papel de desperdicio para reciclarlo mediante contratos de permuta con empresas productoras de papel.

Sin duda estas acciones han contribuido a disminuir la utilización de árboles en la elaboración de libros de texto, además de permitir un mayor ahorro de agua y energía eléctrica. Sin embargo, se necesita hacer más; por ello la presente iniciativa busca contribuir a que dichos beneficios sean aún mayores, reforzando estas acciones de política pública que se han venido instrumentando, adecuando la ley para que los libros de texto que ya fueron utilizados, y que se encuentren en condiciones apropiadas, puedan ser reutilizados por los estudiantes del grado correspondiente y del próximo ciclo escolar.

Estamos convencidos que si se realiza un manejo pertinente y adecuado de los libros de texto en cada ciclo escolar por parte de maestros y alumnos, estos libros podrían ser utilizados nuevamente para el siguiente ciclo escolar, lo cual sin duda alguna implicaría un ahorro para el gobierno al disminuir los recursos para la producción de los libros, además de reducir el impacto ambiental que implica la elaboración del papel o el proceso de reciclaje.

Compañeras y compañeros legisladores, los libros de texto son una fuente de conocimiento y son facilitadores de aprendizaje, por ello nos debemos dar a la tarea de cuidarlos y fomentar su reutilización y, con ello, contribuir al mejoramiento del ambiente.

Contribuyamos a desarrollar una cultura de reutilización de los libros y del reciclaje del papel y el cartón.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 19 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 19.Será responsabilidad de las autoridades educativas locales realizar una distribución oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la Secretaría les proporcione.

Además, establecerán las medidas o acciones que deberán observar docentes y alumnos para permitir la reutilización de los libros de texto gratuitos, susceptibles de hacerlo, por estudiantes del grado correspondiente en el siguiente ciclo escolar. 

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Las autoridades educativas locales, con la opinión de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, deberán emitir dentro de los 90 días siguientes al de la entrada en vigor del presente decreto, los lineamientos generales y específicos que deberán seguir docentes y alumnos a efecto de que los libros de texto gratuitos, que sean susceptibles de hacerlo, puedan ser reutilizados por los alumnos del grado correspondiente en el siguiente ciclo escolar.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2011.— Diputados: Juan José Cuevas García, María Felícitas Parra Becerra, Sergio Tolento Hernández, Paz Gutiérrez Cortina, José Ignacio Seara Sierra, (rúbricas).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

ARTICULOS 29, 69, 70, 74, 76, 82, 89, 90, 91, 93, 102, 110, 111 Y 131 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de distintos grupos parlamentarios.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo:Esta iniciativa que presentamos el día de hoy, no sólo diputados del Partido de la Revolución Democrática, sino como parte de una comisión plural de legisladores del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista, del Partido Convergencia, y por supuesto, de miembros del Partido de la Revolución Democrática, que de esa mejor manera entendemos que es una iniciativa que tiene como objetivo fundamental abrir la posibilidad constitucional y legal para lograr en nuestro país gobiernos de coalición.

Nosotros no creemos que la pluralidad política sea un estorbo para nuestro país. Nosotros no creemos que la diversidad que la sociedad ha venido manifestando durante los últimos 15 años se vea como algo negativo para la nación.

Por eso lo más equivocado sería buscar, mediante medidas legales y constitucionales, tener una mayoría artificial en el gobierno mediante una mayor sobrerrepresentación del partido que obtenga el triunfo en las urnas electorales, sino todo lo contrario. El país debe de alegrarse por la pluralidad que ha llegado para quedarse en nuestra nación; pluralidad que se refleja hoy en la distinta y diversa opinión que existe de manera permanente ante cada uno de los actos de gobierno, políticos, culturales y la debemos de alentar.

Esta iniciativa que está firmada por legisladores del PRI, del Verde Ecologista, del Partido Acción Nacional, de Convergencia y del PRD, también recoge el gran avance que se tuvo en el Senado de la República, donde recientemente un conjunto de senadores también, de prácticamente todos los partidos políticos, en voz de Manlio Fabio Beltrones, presentó una iniciativa similar a la que hoy presentamos aquí.

Creemos y llamamos a los legisladores a que en medio de la discusión que se está dando de la reforma política, transitemos a un rápido proceso de discusión y de dictamen de esta iniciativa, porque la elección de 2012 volverá a reflejar la pluralidad del país y la mejor manera de resolverlo es mediante un acuerdo, un pacto que le permita a fuerzas diversas, distintas y a veces hasta encontradas, tener la posibilidad de gobernar conjuntamente, de reflejar la democracia expresada en las urnas y de darle estabilidad al próximo gobierno que en 2012 surja del resultado de la votación que ahí se reflejará.

Estoy convencido que esta iniciativa va a recibir, como lo es ya, el respaldo de la mayoría de los senadores y de los diputados, y que en el próximo periodo, 2012-2018, tendremos en México un avance en el régimen de partidos plurales, de gobiernos plurales, como sucede en muchos lugares del mundo. Muchas gracias, amigas y amigos.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del PRD, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Planteamiento del problema

En virtud de que las mayorías hegemónicas que le dieron sustento al viejo sistema presidencial han desaparecido como resultado de la construcción de un marco jurídico electoral más justo que reconoce la pluralidad de la sociedad mexicana, el régimen presidencial vigente se ha hecho disfuncional para afrontar los enormes retos que tiene nuestro país en el presente. La presente iniciativa pretende dotar al sistema político de herramientas que le permitan fortalecer la gobernabilidad democrática a partir de la construcción de mayorías plurales de gobierno con base en coaliciones gubernamentales y legislativas que le den soporte al Ejecutivo, cuando éste opte por esta modalidad en circunstancias específicas.

Argumentos

La democracia mexicana ha caminado ya, en los últimos 15 años, confirmándose como la vía que los mexicanos, sus partidos, corrientes, intereses, visiones y pulsiones han elegido para organizar su coexistencia y para competir por los cargos y las responsabilidades del poder público.

Es un triunfo de carácter histórico, pues nunca antes, en ningún otro momento de la historia nacional, habíamos podido establecer las condiciones materiales, las leyes y las instituciones que nos permiten vivir y desarrollarnos en esta enorme conquista de nuestra civilización.

Un contexto de amplias libertades: de pensamiento, expresión, manifestación y organización; partidos políticos nacionales bien arraigados; elecciones libres; leyes que propician la intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos; instituciones electorales abiertas, transparentes y confiables; una opinión pública actuante e inquisitiva; una sociedad civil alerta y activa; un reconocimiento internacional a toda esta construcción histórica son, todas, las condiciones fundamentales que faltaron en otras épocas para poder erigir esa convivencia democrática que es preciso ensanchar y defender.

No obstante, hace 15 años, la competencia democrática empujó nuevos y más complejos fenómenos para los que la política y la elaboración política del país no estaban suficientemente preparados. La llegada de la pluralidad –un hecho decisivo y venturoso– y un valor cardinalmente democrático, no solo se convirtió en un fenómeno reconocible a simple vista y que recorre toda la sociedad mexicana, sino que además, esa pluralidad “colonizó al Estado” y obtuvo asiento en todas las instituciones y organismos del Estado, especialmente en el Congreso de la Unión.

Antes de 1997, habían ocurrido y estaban ocurriendo un buen número de novedades que modificaban todos los días y de un modo duradero, nuestra realidad estatal: la Cámara de Diputados acababa de trascender la mayoría del partido del Presidente y por primera vez, una suma de partidos forjaba una alianza mayor por sobre la bancada del Revolucionario Institucional.

En aquellos años sumaban ya diez Congresos locales que habían equilibrado la representación y cuya mayoría no respondía al gobernador en turno. Los municipios –entre ellos los más importantes del país- ya eran un archipiélago plural ocupado por las combinaciones mas disímbolas. La Ciudad de México había sido ganada en elecciones legítimas por el principal partido de la izquierda y casi todas las metrópolis –de Jalisco a Monterrey y de Tijuana a Mérida, pasando por Veracruz o por Torreón– también habían mutado de partido gobernante y en la variedad y composición de sus cabildos.

A partir del año 2000, la alternancia no sólo implicó la remoción pacífica del poder presidencial luego de 70 años de gobiernos de un mismo partido, sino que a la vez, el propio poder presidencial fue más débil y acotado. El Ejecutivo antecesor, el Presidente Zedillo, pudo contar con una mayoría en el Senado los últimos tres años de su gobierno, el Presidente Fox en cambio, no tuvo esa condición, y lo que es más, no tuvo nunca a ninguna de las dos Cámaras con mayoría propia. Y por si fuera poco, Fox empezó su gobierno frente a una veintena de gobernadores que no eran de su partido.

La Presidencia, el ejercicio del poder presidencial debía cambiar, y debía hacerlo rápido, porque el ecosistema que le rodeaba se ramificaba y se complicaba. Formal y constitucionalmente era la misma construcción, pero realmente había menguado en su papel y en sus capacidades. Así, al menos desde 1997, los Presidentes mexicanos deben hacer grandes esfuerzos para aprobar cada presupuesto anual, para sacar adelante esta o aquella iniciativa puntual, para conseguir alguna reforma importante.

Conforme el pluralismo ha tomado sus asientos, el Congreso dejó de ser el acompañante de primera instancia del gobierno federal y se convirtió en su primera y más importante complicación. De modo que la alternancia pudo haber sido el episodio más espectacular y más acariciado por políticos, partidos y estudiosos, pero a la larga, no fue el más decisivo.

Visto así, con perspectiva histórica, el hecho principal de nuestra transición democrática fue la dispersión efectiva del poder del Estado y por lo tanto, la creciente dificultad para poder gobernar.

En gran parte, la salida del autoritarismo consistió precisamente en esto: acotar al Presidente reivindicando la centralidad constitucional del legislativo. En 1991, el Presidente Salinas disfrutó el último Congreso acompañante pues tenía el 64 por ciento de los diputados. Desde entonces, la realidad, la matemática del Legislativo (por no hablar de los gobernadores y otros poderes constitucionales) no ha hecho sino limitar y complicar las capacidades presidenciales. En 1997 el Presidente Zedillo solo contaba con un 47.6 por ciento de los diputados, pero ya con el PAN en Los Pinos, el vuelco fue dramático: el Presidente Fox no tuvo en la Cámara de Diputados ni siquiera mayoría relativa, pues la bancada más grande, el 41 por ciento, pertenecía al PRI. La tendencia siguió profundizándose hasta llegar al segundo tramo del sexenio del Presidente Felipe Calderón, con el Congreso mas adverso para un Presidente del que se tenga memoria: la fracción parlamentaria mas numerosa en Diputados le pertenece al Revolucionario Institucional con una cuasimayoría del 48 por ciento.

Es esto, lo que ha cambiado duraderamente a la política de México durante los últimos 15 años y la tendencia que probablemente se confirmará en la siguiente década.

Reformas democráticas del presidencialismo

El subcontinente latinoamericano, ha vivido un tránsito similar: después de treinta años, la democracia en América Latina tiene un rostro inequívocamente presidencialista, como en México, la construcción de su nuevo pluralismo ha sido posible con el formato y las bases históricas presidencialistas, y eso le ha permitido uno de los períodos de vida democrática más duraderos de su historia.

No obstante las transiciones democráticas, han transformado el presidencialismo histórico de América Latina para asimilar, mediante dosis diversas, a modelos y mecanismos de control parlamentario. Es el presidencialismo el que ahora muda por efecto de la lucha política democrática, y su mutación se ha multiplicado en varias direcciones, conforme los regímenes pluralistas se asientan.

La tendencia es clara: moderar, acotar, modular la acción presidencial y armonizarla con las facultades y obligaciones del otro poder democrático: el legislativo. Y esta senda de reformas al presidencialismo histórico de América Latina, ha sentado sus reales modificando, sobre todo, ocho elementos de la gobernación:

1) La distribución de atribuciones, la capacidad de incidir en la vida y operación del otro poder, ejecutivo-legislativo ó legislativo-ejecutivo;

2) La conformación del Poder ejecutivo (unipersonal, o compartir la gestión con los ministros);

3) Las facultades propias del Presidente (legislativas, definición del presupuesto público, poder de veto; atribuciones en emergencias; expedición de decretos; los mecanismos para emitir decretos-ley);

4) El control de la agenda;

5) La convocatoria a referéndum o plebiscito;

6) La designación y remoción de ministros;

7) Las diversas funciones del gabinete;

8) El control legislativo sobre el ejecutivo (moción de confianza; censura; informes; pregunta parlamentaria; interpelaciones e investigaciones).

Como se ha dicho, esas ocho variables han conformado la agenda de reforma institucional. Como se ve, las transiciones democráticas, han transformado el Presidencialismo histórico de América Latina para asimilar, mediante dosis diversas, a modelos y mecanismos del Parlamentarismo.

Siguiendo la tipología propuesta por Jorge Carpizo, la reforma al presidencialismo ha producido ya “presidencialismos”, en plural, en América Latina, de modo que ya podemos hablar de una compleja tipología

Tipos de presidencialismo

Como se desprende de la ciencia política y del derecho comparado, México es uno de los países que si bien han transitado a la democracia como el conjunto de naciones latinoamericanas, su ruta no ha consistido en modificar las bases de funcionamiento del presidencialismo heredado desde el siglo XIX y reflejado aún en la Constitución de 1917. La propuesta que se presenta a esta soberanía, consiste precisamente, en aprender las lecciones que provienen de América Latina, dar ese viraje y atender, para mejorar, las condiciones de relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, reconociendo dos hechos decisivos y repetidos durante los últimos 15 años: una pluralidad cada vez más intensa en el electorado y en la composición del Congreso de la Unión y, derivado de ello, una mayor dificultad en sus relaciones recíprocas y una mayor complejidad en las condiciones de gobernación.

Una reforma con sentido histórico

En un documento reciente denominado “Equidad Social y Parlamentarismo”, diagnóstico general del presente mexicano y que no evade uno solo de los debates fundamentales de la actualidad, intelectuales y mexicanos de la talla de José Woldenberg, Enrique Provencio, Rolando Cordera, Raúl Trejo Delarbre, Adolfo Sánchez Rebolledo, Lorenzo Córdova, Pedro Salazar, Ricardo Becerra, Luis Salazar, y otros más, apuntan el sentido que tiene la modificación del régimen de gobierno:

“... la gran tarea de nuestra incipiente democracia no consiste en restringir el pluralismo político –lo que en todo caso la volvería aún más frágil, más precaria y expondría ante nuevas pulsiones violentas a la propia democracia ganada– sino en transformar al Estado en un Estado de derecho capaz no sólo de reconocer, sino de garantizar universalmente, las garantías fundamentales de todos los mexicanos, rompiendo así los círculos viciosos del clientelismo y del patrimonialismo. Como lo prueba toda la experiencia histórica y a pesar de las leyendas antiestatistas en curso, sólo un Estado fuerte, eficaz y eficiente crea las condiciones de una sociedad civil fuerte, exigente y organizada, así como una verdadera y cabal ciudadanía. Sólo un Estado que garantiza universalmente los derechos sociales hace posible el ejercicio igualitario de los derechos de libertad, de los derechos civiles y de los propios derechos políticos. Y sólo un Estado legitimado por su capacidad de garantizar esos derechos puede regular con eficacia y eficiencia los poderes fácticos que inevitablemente surgen en una sociedad abierta y plural. En esto último la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su papel de Tribunal Constitucional, tiene una responsabilidad mayúscula porque de sus interpretaciones y decisiones depende que los derechos sociales sean, finalmente, reconocidos como derechos fundamentales que guardan una relación de interdependencia con los derechos de libertad y con los derechos políticos. Y, sobre todo, que puedan ser exigibles y deban ser garantizados ante el Estado y ante los poderes privados que tradicionalmente los han amenazado.

Se trata, como es evidente, de una tarea de largo aliento que requiere de esfuerzos y compromisos sostenidos y que no puede reducirse a modificaciones legales puntuales. Lo que sin duda requiere de la formación de coaliciones y mayorías capaces de trascender intereses puramente electorales y de coyuntura, pero no de mayorías al servicio del presidente en turno, sino de verdaderos gobiernos de coalición sustentados en acuerdos públicos y transparentes y en proyectos de largo plazo. Y en este sentido el mayor obstáculo, otra vez lo subrayamos, no es el pluralismo político sino un presidencialismo que a lo largo de toda la historia mexicana ha mostrado sólo ser eficaz cuando se vuelve autoritario. Cesarismo, bonapartismo y populismo son, han sido y serán las patologías inevitables de un régimen que identifica la jefatura del Estado con la de gobierno. Y la personalización de la política, hoy agravada por los modernos medios de comunicación, es también una consecuencia inevitable de los sistemas presidenciales. Por todo ello, la construcción de un verdadero Estado social y democrático de derecho, garante efectivo de los derechos fundamentales de todos los mexicanos, parece exigir la discusión del reemplazo del régimen presidencial por un régimen parlamentario, que entre otras cosas haga posible distinguir claramente a los gobiernos y sus mayorías contingentes del Estado y sus funciones permanentes”.

Continuamos la cita por su absoluta relevancia:

“Realizar esta operación –que bien podríamos llamar histórica— requiere de un salto cultural y político de la mayor importancia. Las bases sociales de los partidos no parecen preparadas para encarar ese desafío, pero tampoco las dirigencias, líderes y, menos aún, los candidatos. Hacia las elecciones del 2012, cuando la democracia mexicana haya cumplido 15 años, el único vaticinio cierto es éste: ninguno de los partidos obtendrá mayoría congresual. Gobernar sin mayoría volverá a ser el dato estructural, y para resolver el acertijo será preciso arriesgar un tipo de gobierno de coalición inexplorado en nuestra historia política. Y si los actores políticos no son capaces de extraer las lecciones básicas de la post-transición, viviremos una nueva versión —más o menos frustrante, más o menos paralizada— de los sexenios previos, sea cual sea el partido que resulte ganador.

Ahora bien, si el país es capaz de abandonar el libreto de la era política anterior, entonces México sería testigo de un proceso inédito, pluralista, más propiamente democrático: la forja de una mayoría legislativa entre partidos diferentes o hasta enfrentados para poder gobernar. Allí está el cambio más importante, el hecho político que ante los ojos de todos abriría una nueva época en México: compartir el poder”.

Para fortuna de esta propuesta planteada por el Instituto de Estudios para la Transición Democrática y de la discusión en general sobre la necesidad de un cambio de régimen, el pasado miércoles 14 de septiembre, los senadores Manlio Fabio Beltrones, del Grupo Parlamentario del PRI, José González Morfin del Grupo Parlamentario del PAN, Carlos Navarrete Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD, presentaron una iniciativa que contiene diversas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el propósito de hacer avanzar la conformación de gobiernos de coalición.

Este hecho nos reanima a varios legisladores federales pertenecientes a diferentes grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados a impulsar ese debate y colocar en el seno de nuestra Cámara la propuesta de este mecanismo esencial para el acuerdo democrático, como lo supone la figura del gobierno de coalición, con su teoría de los dos motores: El Presidente de la República podrá optar por el Gobierno de Coalición, en cuyo caso acordará las políticas públicas convenidas, turnándolas para su registro y seguimiento a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Asimismo someterá a cada uno de los secretarios de despacho y por separado a ratificación del Senado por mayoría simple de los miembros presentes y en sus recesos por la Comisión Permanente. Si en el primer nombramiento no se alcanzara la mayoría de votos, el Presidente de la República hará un segundo nombramiento distinto, que deberá ser votado en los mismos términos y condiciones que el primero; si el segundo nombramiento no alcanzara la mayoría de votos, el Presidente de la República hará el nombramiento definitivo. Dota además al Presidente de la República de voz en las Cámaras del Congreso por sí o a través del Secretario de Gobernación, para presentar iniciativas, informes o responder a preguntas, mediando solicitud para hacerlo o por invitación o requerimiento de alguna de las Cámaras de Congreso, en los términos de esta Constitución y en las leyes que de ella emanen.

Compartimos en términos generales el sentido práctico de la propuesta de reformas constitucionales en la Cámara de Senadores, sin embargo consideramos fundamental adicionarle la figura del Jefe de Gabinete, en determinadas circunstancias y con sus atribuciones específicas, como el instrumento clave para concretar el nuevo modelo de régimen político.

Estamos conscientes que se trata de una plataforma de despegue deliberativo que tiene como propósito arribar a un nuevo arreglo constitucional que privilegie el acuerdo para el desarrollo democrático, en justicia y libertad. Ello nos impone abrir no sólo en ambas cámaras sino en el conjunto de la sociedad un gran diálogo para la construcción de un programa de gobierno de coalición en México.

Cambios en la Constitución

La propuesta pasa por una modificación sustancial a la mecánica de la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, sea el que sea el candidato triunfante en la elección presidencial y sea el que sea el partido con mayoría en la Cámara de Senadores y de Diputados, de modo que el Congreso no se convierta en el inmediato obstáculo del Presidente, pero sobre la base de un compromiso político y programático, transparente, que sustente una coalición de gobierno duradera en el tiempo.

En este contexto, ponemos a su consideración un conjunto de reformas que buscan el fortalecimiento del Poder Legislativo ya que se trata de dotar al Congreso de la Unión de mecanismos que aumenten su capacidad fiscalizadora, controladora y ratificadora sobre acciones y decisiones del Poder Ejecutivo.

En el esquema que proponemos en esta iniciativa, es necesario que el Poder Ejecutivo pueda incurrir en una modalidad que le permita dividirse en dos ámbitos, uno, en el del Estado, garante de las instituciones y de nuestros principios constitucionales, y otro, del gobierno, responsable y guía de la administración pública y de la elaboración e instrumentación de las políticas públicas.

En un régimen cada vez más plural, cuando el partido que resulte victorioso en la elección presidencial cuente con un respaldo muy amplio y con mayoría en las cámaras, o con una presencia muy sólida en las mismas, podrá establecer su gobierno en los términos actuales en el marco de un sistema presidencial pluripartidista.

Sin embargo, cuando el partido que logre mayoría no tenga por sí mismo el suficiente consenso y apoyo para formar gobierno, se requiere de instrumentos específicos para la construcción de consensos y de la elaboración de políticas de Estado que dicten la pauta de desarrollo presente, de medio y largo plazo del país, tareas inequívocas del Presidente de la República en su condición de Jefe de Estado; y por otra parte se requiere de un articulador del Poder Ejecutivo, un Jefe de Gabinete, en el ámbito de la administración pública, que sea responsable de la misma y en todo tiempo esté en el ejercicio de una relación fluida, permanente y estable con el Congreso de la Unión. Por supuesto que la relación entre estas dos figuras tendría que ser de estrecha colaboración, de complementariedad y de absoluta transparencia. No se trata de un primer ministro, puesto que su naturaleza es diferente; el Jefe de Gabinete dimana de un régimen presidencial.

El Jefe de Gabinete guarda una relación de dependencia con el Presidente de la República, pero también goza de atribuciones que le son propias en cuanto a la operatividad de las mismas y sin embargo no pueden entrar en contradicción con las del Presidente de la República.

Por tanto, más que reducir las atribuciones del Poder Ejecutivo se trata de diseñar un contrapeso más fuerte en el Poder Legislativo que obligue al Ejecutivo a observar estrictamente sus facultades, a rendir cuentas y a compartir una serie de atribuciones con el Congreso de la Unión, por el bien de la República.

El Jefe de Gabinete tiene la legitimidad que le confiere, la designación del Presidente de la República y la ratificación de la Cámara de Diputados. El Jefe de Gabinete deberá preferentemente pertenecer al partido mayoritario en el Congreso, o gozar de la confianza del mismo, sea este partido el mismo al que pertenece el Presidente u otro distinto, ya que le sería más sencillo consolidar los acuerdos y las coaliciones de mayoría necesarios para la buena marcha del gobierno establecidas bajo ciertas circunstancias por el Presidente de la República. El Jefe de Gabinete quedaría expuesto a la posibilidad de una moción de censura promovida por la mitad de los miembros de la Cámara de Senadores, y en caso de ser ésta moción de censura aprobada por los dos tercios de los legisladores presentes, significaría el cese inmediato del encargo del citado funcionario. Al mismo procedimiento quedarían también expuestos todos los integrantes del gabinete presidencial, con excepción del Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien es ratificado por la Cámara de Diputados, misma que estaría facultada para iniciar el procedimiento de la moción de censura en su contra.

Después de hacer diversos estudios de política comparada con regímenes que han instrumentado modalidades parlamentarias en regímenes presidenciales, y de observar la naturaleza y el comportamiento del sistema de partidos en México en las últimas dos décadas, se concluye que la mejor fórmula para la aprobación y ratificación tanto del Jefe de Gabinete, como eventualmente de la del resto del gabinete presidencial, es la de mayoría absoluta de la Cámara de Senadores, o bien de la Comisión Permanente, si fuere el caso, salvo en el caso del Secretario de Hacienda y Crédito Público, el cual es ratificado en la Cámara de Diputados.

Esto es debido a que de esta forma se promueve un esquema de coaliciones y alianzas duraderas por un lado, pero también se posibilita la formación de mayorías con algunas variantes, es decir, con cuando menos dos combinaciones de distintos partidos políticos relevantes, para darle flexibilidad y margen de maniobra al Jefe de Estado en caso de enfrentar algunas crisis de gobierno, en donde pudiera disolver eventualmente su coalición gobernante en caso de ruptura entre los socios que conforman la misma y tuviera la posibilidad de buscar una nueva mayoría gobernante a través de una coalición distinta, con un nuevo Jefe de Gabinete al frente de la misma.

La fórmula de dos tercios para ratificar a los integrantes del gabinete presidencial, incluido el Jefe de Gabinete, representa un esquema sumamente rígido en donde se corre grave riesgo de parálisis política ya que aún para alguna coalición de partidos será muy complicado arribar a la conformación de dos tercios y matemáticamente sólo es posible una única coalición de partidos relevantes, lo que no ofrece ningún margen de maniobra en caso de crisis de gobierno, salvo la disolución de la coalición y de la legislatura y el llamamiento a nuevas elecciones, lo que no está previsto en el andamiaje constitucional de un sistema político presidencial como el nuestro. Por estas razones proponemos la formulación de mayoría absoluta para la ratificación de los integrantes del gabinete presidencial, tal y como está desa-rrollada en párrafos anteriores.

Ahora bien, la capacidad de remover al responsable directo de la administración pública del país, le otorga al sistema político cierta flexibilidad para afrontar situaciones críticas en donde la figura presidencial no queda expuesta a una crisis de legitimidad. El cambio de un Jefe de Gabinete puede significar, si así lo demanda la representación política, un cambio de rumbo y orientación dentro de un mismo período presidencial, lo que equivaldría en los hechos a un cambio de gobierno entendido estrictamente en su dimensión de los negocios de la administración pública.

El Jefe de Gabinete no tiene un carácter de vicepresidente ya que el mecanismo de sustitución del Jefe de Estado por ausencia temporal o definitiva queda en los mismos términos que lo establece nuestra Ley Fundamental y el Jefe de Gabinete estaría impedido para ser presidente de la República en el periodo inmediato posterior. También estaría impedido este funcionario para ocupar la presidencia de la república de manera provisional o interina durante el periodo de su encargo.

El Presidente de la República tiene la legitimidad que le confieren las elecciones populares y su cargo es irrenunciable y dura seis años. En el régimen democrático que proponemos, el Jefe de Estado es sujeto de juicio político y de juicio de procedencia, en los términos que lo marca la ley para otros servidores públicos, incluido el Jefe de Gabinete y representantes populares.

El partido político que haya ganado una elección con una mayoría relativa amplia o absoluta, tiene el legítimo derecho de formar un gobierno por sí solo, en un esquema presidencial tradicional.

De igual forma, el partido político que haya ganado una elección con una mayoría relativa y que logre construir una coalición estable de mayoría, tiene también el legítimo derecho de formar un gobierno, en un esquema presidencial con elementos parlamentarios. En todo caso, se trata de que la oposición efectivamente confiera un voto de confianza a ese nuevo gobierno que reúne dos cualidades: primera, que ganó una elección, y segunda, que forma una coalición estable de mayoría bajo acuerdos programáticos, legislativos y públicos. No olvidemos, que esa coalición gobernante, tendría de todos modos que construir consensos más amplios para cualquier proyecto de reforma constitucional, la cual requiere de mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, y la mayoría simple de los congresos locales de las entidades federativas que dan cuerpo al Constituyente Permanente; y que justamente, esta labor de construcción de consensos sería la principal de la figura propuesta, en estos casos, es decir, la del Jefe de Gabinete presidencial.

Por las razones expuestas con anterioridad hemos descartado totalmente la pretensión de establecer como requisito, en caso de que el Ejecutivo recurra al esquema presidencial con elementos parlamentarios, para ratificar al Jefe de Gabinete y al resto de los integrantes del mismo gabinete por mayoría calificada, ya que cualquier coalición, o mejor dicho en términos teóricos, cualquier gran coalición de esas dimensiones carecería de incentivos reales para buscar acuerdos con los partidos políticos en la oposición -a esa gran coalición-, y podría significar la exclusión permanente de cuando menos una fuerza política relevante que represente al tercio menor del electorado y del Congreso de la Unión; incluso para cualquier reforma constitucional, este tercio menor –pero relevante– podría quedar sistemáticamente excluido.

No obstante lo anterior, la fórmula de moción de censura o de remoción de algún miembro del gabinete o incluso del mismo Jefe de Gabinete Presidencial, bajo el precepto de mayoría calificada de dos tercios, e incluso con la solicitud elaborada por cuando menos la mitad de los integrantes de la Cámara de Diputados, o de la Cámara de Senadores en el caso del Procurador General de la República, como lo proponemos, es absolutamente viable y conveniente, ya que ofrece un mecanismo de remoción pero sólo bajo el supuesto de que se configure una evidencia tan contundente que produzca una mayoría calificada en contra de la gestión de algún integrante del gabinete presidencial, y ofrece el resguardo de la estabilidad en los altos cargos de la función pública, dado la dificultad relativa que constituye conformar en este tiempo de pluralidad política una mayoría calificada.

Es por ello que proponemos a esta soberanía la siguiente iniciativa tendiente a conferirle a nuestro sistema presidencial tradicional, una alternativa en donde el propio titular del Ejecutivo pueda solicitar al Congreso de la Unión el establecimiento de un gobierno de coalición con un programa de gobierno avalado por los partidos políticos integrantes de la coalición y sustentado en una coalición parlamentaria estable, con una agenda legislativa común. En este esquema las Cámaras del Congreso de la Unión contarían con mayores facultades y quedarían diferenciadas las responsabilidades del Poder Ejecutivo en cuanto al ámbito del Estado y del gobierno, siendo el propio Presidente de la República el titular indiscutible del Poder Ejecutivo y responsable del ámbito del Estado, y el Jefe de Gabinete responsable de las tareas del gobierno.

Por la magnitud y envergadura de esta iniciativa, será preciso que una vez que se dictaminen y aprueben las reformas aquí propuestas, el Congreso de la Unión, deberá darse a la tarea de analizar las leyes secundarias que se vean implicadas en los alcances de esta reforma constitucional como lo será la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica de este Congreso de la Unión y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre otras, y proponer las reformas conducentes.

Fundamento legal

Los suscritos, diputados federales integrantes de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con:

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 29, 69, 70, 74, 76, 82, 89, 90, 91, 93, 102, 110, 111 y 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ampliar las facultades del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, dotándolos de un jefe de gabinete y de mecanismos para construir gobiernos de coalición sustentados en coaliciones legislativas estables en circunstancias específicas.

Artículo Único. Se reforman, los artículos 29, 69, 70, la fracción II del artículo 76, la fracción VI del artículo 82, 90, 93, 102, 110, 111 y 131 y se adicionan la fracción VII del artículo 74, y sus párrafos primero y segundo; los párrafos segundo y tercero de la fracción II del artículo 76; la fracción VII del artículo 89 y sus párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto, y la fracción XIX del mismo artículo; el numeral 1 del artículo 91; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con el Jefe del Gabinete, en su caso, y con los titulares de las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión, y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculos para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde.

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Artículo 69. ...

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar al Jefe de Gabinete, en su caso, los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

Artículo 70. ...

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La ley determinará, las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados y de los senadores, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en las Cámaras. En su caso, también determinará las formas y procedimientos para la formación y disolución de coaliciones legislativas, a petición expresa del Presidente de la República.

Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia.

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. a VI. ...

VII. Ratificar, por mayoría absoluta de los diputados que integran la cámara, el nombramiento que haga el Presidente de la República del Secretario de Hacienda y Crédito Público y empleados superiores de Hacienda, en caso de que haya solicitado la formación de un gobierno de coalición a las cámaras del Congreso de la Unión.

Solicitar por mayoría absoluta de los diputados que integran la cámara, una moción de censura para el Secretario de Hacienda y Crédito Público, que cuando menos haya desempeñado su cargo durante seis meses y éste haya sido ratificado por la misma cámara.

Aprobar por mayoría calificada de los diputados presentes al momento de la votación, una moción de censura para el Secretario de Hacienda y Crédito Público que cuando menos hayan desempeñado su cargo durante seis meses y éste haya sido ratificado por la misma cámara. En caso de aprobarse esta moción de censura, el servidor público implicado deberá ser cesado inmediatamente de su encargo por el Presidente de la República.

VIII. ...

Artículo 76. ...

I. ...

II. Ratificar por mayoría absoluta de los senadores que integran la cámara, el nombramiento que el Presidente de la República haga del Jefe de Gabinete, de los Secretarios de Despacho, sólo en el caso de que el Titular del Ejecutivo haya solicitado a las cámaras del Congreso de la Unión la formación de un gobierno de coalición; del Procurador General de la República, Ministros, de los Agentes Diplomáticos, cónsules generales, coroneles, y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga.

Solicitar por mayoría absoluta de los senadores que integran la cámara, una moción de censura para el Jefe de Gabinete, para los Secretarios de Despacho, y para el Procurador General de la República, siempre y cuando éstos hayan sido ratificados por la misma cámara.

Aprobar por mayoría calificada de los senadores presentes al momento de la votación una moción de censura para el Jefe de Gabinete, para los Secretarios de Despacho, y para el Procurador General de la República, que cuando menos hayan desempeñado su cargo durante seis meses, siempre y cuando éstos hayan sido ratificados por la misma cámara. En caso de aprobarse esta moción de censura, el servidor público en cuestión deberá ser cesado inmediatamente de su encargo por el Presidente de la República.

III. a XII. ...

Artículo 82. Para ser Presidente se requiere:

I. a la V. ...

VI. No ser Secretario o Subsecretario de Estado, Jefe o Secretario General de Departamento Administrativo, Procurador General de la República, ni Gobernador de algún estado, ni Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a menos que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección; y no haber sido Jefe de Gabinete en el periodo inmediato anterior.

VII. ...

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

I. a la XVI. ...

XVII. Podrá optar por el gobierno de coalición, en cuyo caso acordará las políticas públicas, iniciativas, mediante convenio en el que se especifique los objetivos del gobierno común y el número de legisladores que lo sustenten.

En tal caso solicitará la ratificación a la Cámara de Senadores, del Jefe de Gabinete, de los Secretarios de Despacho, del Procurador General de la República, de los agentes diplomáticos, cónsules generales, coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales.

Si en el primer nombramiento del Jefe de Gabinete y de los Secretarios de Despacho no se alcanzara la mayoría absoluta de votos de los integrantes de la cámara, el Presidente de la República hará un segundo nombramiento distinto; si el segundo nombramiento no alcanzara la mayoría absoluta de votos de los integrantes de la cámara, el Presidente de la República hará el nombramiento definitivo.

Al Jefe de Gabinete y a los Secretarios de Despacho los podrá remover libremente o como resultado de una moción de censura aprobada por la Cámara de Senadores.

Al Procurador General de la República podrá removerlo libremente o como resultado de una moción de censura presentada por esta misma Cámara.

A la Cámara de Diputados, solicitará la ratificación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y de los empleados superiores de Hacienda, a quienes podrá remover libremente o como resultado de una moción de censura aprobada por la misma Cámara.

Si en el primer nombramiento del Secretario de Hacienda y Crédito Público no se alcanzara la mayoría absoluta de los votos de los integrantes de la cámara, el Presidente de la República hará un segundo nombramiento distinto; si el segundo nombramiento no alcanzara la mayoría absoluta de votos de los integrantes de la cámara, el Presidente de la República hará el nombramiento definitivo.

XVIII. a XVIII. ...

XIX. El Presidente de la República tendrá voz en las Cámaras del Congreso por sí o a través del Jefe de Gabinete, en su caso, o del Secretario de Gobernación, para presentar iniciativas, informes o responder preguntas, mediando solicitud para hacerlo o por invitación o requerimiento de alguna de las Cámaras del Congreso, en los términos de esta Constitución y de las leyes que de ella emanen.

XX. ...

Artículo 90. La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de la Jefatura de Gabinete en su caso, de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales en la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.

Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado.

Artículo 91. Para ser Jefe de Gabinete o Secretario del Despacho se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos.

I. Las facultades y obligaciones del Jefe de Gabinete son las siguientes:

a) Participar en la administración general el país.

b) Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para asumir las facultades que le atribuye este artículo y aquellas que le delegue el Presidente de la República, con el refrendo del secretario de despacho del ramo al cual el acto o reglamento se refiera.

c) Coordinar, preparar y convocar las reuniones de gabinete con los secretarios de despacho, presidiéndolas en caso de ausencia del presidente.

d) Concurrir a las sesiones del Congreso de la Unión a las que sea convocado.

e) Producir los informes y explicaciones verbales o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al Poder Ejecutivo.

f) El Jefe de Gabinete no podrá desempeñar simultáneamente otra secretaría de despacho ni cargo alguno de elección popular.

j) El Jefe de Gabinete no podrá desempeñar el cargo de presidente de la república en el periodo inmediato posterior al de su encargo, ni sustituir como presidente provisional o interino al presidente de la república en caso de ausencia definitiva del mismo durante el tiempo de su encargo.

Artículo 93. El Jefe de Gabinete y los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos y tareas.

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar al Jefe de Gabinete en su caso, a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

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Las Cámaras podrán requerir información o documentación al Jefe de Gabinete en su caso, a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.

El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso.

Artículo 102-A. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un Procurador General de la República, designado por el titular del Ejecutivo Federal con ratificación de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Para ser Procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador podrá ser removido libremente por el Presidente de la República, o a través de una moción de censura de la Cámara de Senadores la cual deberá ser aprobada por el voto de la mayoría calificada de los legisladores presentes.

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B. ...

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Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, el Presidente de la República, el Jefe de Gabinete, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, los Diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, los Magistrados y Jueces del Fuero Común del Distrito Federal, el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales, y el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral, los Directores Generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, de sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

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Artículo 111. Para proceder penalmente contra los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la Judicatura Federal, el Presidente de la República, el Jefe de Gabinete, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, los Diputados a la Asamblea del Distrito Federal, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

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Artículo 131. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo, y aun prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos cualquiera que sea su procedencia; pero sin que la misma Federación pueda establecer ni dictar en el Distrito Federal los impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VII del artículo 117.

El Presidente de la República podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrara en vigor a partir del 1º de diciembre de 2012.

Segundo. Al entrar en vigor el presente decreto, deberán impulsarse en el primer año de ejercicio de la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, las reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y demás disposiciones legales aplicables en la materia.

Notas:

1 Véase, Becerra, Ricardo. “Pecado de la ciencia política mexicana”. 6/VI/2012.

2 Véase, Equidad social y parlamentarismo: argumentos para el debate de una época. Instituto de Estudios para la Transición Democrática, 2010.

3 Becerra, Ricardo y Daniel Zovatto. 30 años de vida democrática en América Latina. Nexos, noviembre de 2010.

Palacio legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de septiembre de 2011.— Diputados: Armando Ríos Piter, Javier Corral Jurado, Sami David David, Guadalupe Acosta Naranjo, César Nava Vázquez, Miguel Ángel García Granados, Ilich Augusto Lozano, Carlos Pérez Cuevas, Pablo Escudero Morales, José Luís Jaime Correa, Manuel Clouthier Carrillo, Víctor Hugo Círigo Vázquez, Arturo Santana Alfaro, Jesús Alberto Cano Velez, Carlos Samuel Moreno Terán, Agustín Castilla Marroquín, Mary Telma Guajardo Villarreal, Óscar Arce Paniagua, Pedro Jiménez León, Eduardo Mendoza Arellano, José M. Torres Robledo, Domingo Rodríguez Martell, Francisco Hernández Juárez, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Ivideliza Reyes Hernández, Arturo Ramírez Bucio, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Gustavo González Hernández, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Gerardo Leyva Hernández, Uriel López Paredes, Vidal Llerenas Morales, Filemón Navarro Aguilar, Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbricas).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES - CODIGO DE COMERCIO

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y del Código de Comercio, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial para la Competitividad.

El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez:Gracias, presidente. La iniciativa que hoy presento a nombre de los integrantes de la Comisión Especial para la Competitividad, tiene como finalidad facilitar la formal constitución de empresas. Todos hablamos sobre la importancia que tiene para este país el desarrollo de la economía, los graves problemas, el rezago en materia de pobreza y sin lugar a dudas, una de las vertientes que tenemos nosotros que explorar, en la que más podemos contribuir, es en la de poner reglas del juego que faciliten la generación de empresas y que, a su vez, conlleva a la generación de empleo, al aumento de bienestar, a una mejor distribución de la riqueza, sobre todo si facilitamos la generación de microempresas y de empresas chicas que son finalmente las que generan la mayor parte de los trabajos y de los empleos en este país.

Básicamente de lo que se trata esta iniciativa y por la cual agradezco a todos los compañeros que integran la Comisión Especial de Competitividad, que se sumaron y que enriquecieron su texto, es que los costos en dinero, en tiempo y en proceso para hacer una empresa en este país, sean menores.

Actualmente el artículo 5o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que sólo son a través de un notario público que se puede hacer una empresa. Y no nada más eso, sino que el proceso en general es un proceso tardado, es un proceso que cuesta alrededor de 10 mil pesos y que finalmente en tiempo, en dinero, en operación constituye una barrera de entrada importante para que se hagan empresas en este país.

El INEGI nos dice que sólo el 18 por ciento de las microempresas de este país están constituidos como tal, de una manera formal. Repito, sólo el 18 por ciento de las microempresas de este país están constituidos.

Eso genera problemas de toda índole, en un primer tiempo no pueden darse de alta en un banco como personas morales, tienen que estar cargando efectivo. En un segundo tiempo pierden seguridad jurídica, no están integradas a la economía formal.

Por otro lado, el Estado mexicano no cuenta con los elementos para tener un mejor y mayor padrón de contribuyentes, estas empresas no se benefician de la seguridad social, de las conquistas sociales de las que se benefician las empresas que sí están inscritas en nuestra economía formal.

La idea es muy sencilla. Lo que se propone es generar un sistema donde de manera, por internet, desde cualquier computadora en vez de tener que ir con un notario, cualquier persona que así lo desee pueda darse de alta, obviamente sujeta a un formato muy particular.

No es cualquier tipo de empresas, es un formato que tendría que estar preaprobado, prediseñado y preaprobado por la Secretaría de Economía y que permitiría a cierto tipo de empresas que no tengan actas constitutivas muy complejas, y obviamente está —como lo mencioné al principio— muy orientado a facilitar a los pequeños y micro, muy micro pequeños empresarios, emprendedores de este país para que puedan formalizar su negocio.

Los que necesiten un formado sencillo de acta constitutiva que podría estar preestablecido y aprobado en la Secretaría de Economía, lo podrán hacer muy rápido, en cuestión de minutos a través de Internet y creo que con esto no solamente ahorramos el tiempo sino ahorramos dinero.

Obviamente no se trata solamente de reducir el costo de los servicios notariales, sino también obviamente el costo del registro de la empresa, del pago que se hace actualmente por registro como empresa y en total la idea es que el costo acabe siendo de mil pesos en vez de los 10 mil pesos que se pagan ahora. Creo que sería un gran apoyo para las empresas.

Obviamente de aprobarse esta iniciativa se cuidaría la integridad legal del contrato social y que los estatutos estén 100 por ciento salvaguardados, ya que los socios deberían ceñirse invariablemente a estos formatos.

Habrá mecanismos fáciles para verificar la identidad y capacidad jurídica de los socios a través de la utilización de firma electrónica o a través de la autentificación de firmas por fedatario público, –y con esto culmino- yo creo que ayudaría mucho a que estas pequeñas empresas, este 18 por ciento que no está registrado hoy y que no tiene formalidad, se pueda aumentar.

No se trata de atacar ni mucho menos, al contrario, creo que esto puede fortalecer mucho al notariado, simplemente ayuda a que empresas que de todas formas nunca se van a registrar con las reglas que hay actualmente, se puedan registrar, y esperamos contar con el apoyo de ustedes, porque creemos que apoyando a las pequeñas empresas de este país se puede ayudar a generar empleos y a que este país cumpla una deuda importante que tiene con los mexicanos que no encuentran empleo actualmente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y del Código de Comercio, a cargo del diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez, del Grupo Parlamentario del PVEM, y suscrita por integrantes de la Comisión Especial para la Competitividad

Los que suscriben, diputados Alberto Emiliano Cinta Martínez (PVEM), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (PRI), Mario Alberto Di Costanzo Armenta (PT), César Daniel González Madruga (PAN), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (PRI), Israel Reyes Ledesma Magaña (PRI), Vidal Llerenas Morales (PRD), Elsa María Martínez Peña (NA), Melchor Sánchez de la Fuente (PRI) y Enrique Octavio Trejo Azuara (PAN) integrantes de la Comisión Especial para la Competitividad de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión someten a consideración del Pleno de la Asamblea la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y del Código de Comercio.

Problemática

La constitución de una sociedad mercantil es un paso indispensable para formalizar la existencia de una empresa. Dicha constitución, en términos del artículo 5º de la Ley General de Sociedades Mercantiles, debe realizarse ante notario público.

Los honorarios notariales derivados de la constitución de sociedades son considerables. El costo para la constitución de una sociedad anónima de capital variable (uno de los tipos más representativos de sociedades mercantiles) asciende en promedio a 9 mil 500 pesos, lo que equivale al 25.9 por ciento del ingreso corriente trimestral del hogar promedio.

Uno de los efectos previsibles de la situación descrita en el párrafo que antecede es que la penetración de las actas constitutivas resulta baja, particularmente en el caso de micronegocios. En este sentido, de los 414 mil 211 micronegocios con más de un participante que existían en el 2008, sólo el 18 por se encontraba formalizado ante notario público.

Los efectos del esquema legal vigente sobre el desarrollo de la competitividad son trascendentes, si se considera que los honorarios notariales representan un 63 por ciento del costo total para abrir una empresa.

Argumentación

Se considera apropiado reformar la legislación vigente a fin de establecer un mecanismo alternativo para disminuir el costo de la constitución de sociedades mercantiles. Mediante dicho mecanismo, plasmado a través de la adición de un artículo 5 Bis a la Ley General de Sociedades Mercantiles, se podrán constituir sociedades mercantiles simplificadas ante la Secretaría de Economía utilizando formatos o modelos de contrato social y de estatutos sociales previamente autorizados y publicados por dicha Secretaría. Esta opción se limita a las formas societarias más comunes para hacer negocios en México, es decir, la Sociedad Anónima y la Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Adicionalmente, debe precisarse que la utilización del mecanismo alternativo aludido es enteramente opcional y, si los interesados así lo deciden, podrán contratar los servicios profesionales de un fedatario público para la constitución de su sociedad mercantil siguiendo el esquema y procedimiento tradicionales previstos en la ley vigente.

Es decir, la presente propuesta responde principalmente a las necesidades de muchas micro y pequeñas empresas, mismas que pueden ser cubiertas por modelos estandarizados de contrato y estatutos sociales. En caso de requerirse arreglos corporativos especiales, los socios pueden acudir a la vía tradicional de constitución ante fedatario público, que la reforma no afecta.

Por otra parte, debe recalcarse que la integridad legal del contrato social y de los estatutos queda salvaguardada porque en el esquema alternativo de constitución de sociedades que se propone, los socios deben ceñirse invariablemente a la utilización de los formatos o modelos oficiales expedidos por la Secretaría de Economía.

Desde la perspectiva del derecho comparado, es menester señalar que la constitución de sociedades mercantiles utilizando mecanismos alternativos de esta clase ya ha sido puesta en marcha con éxito. Destacan los casos de Portugal y Colombia que resultan particularmente relevantes para México por ser países que, al igual que el nuestro, forman parte de la familia jurídica romano-germánica.

En otro rubro, la propuesta de adición del artículo 5 Bis a la Ley General de Sociedades Mercantiles señala que se podrán realizar modificaciones al contrato o estatutos sociales de las Sociedades Anónimas y de las Sociedades de Responsabilidad Limitada ante la Secretaría de Economía. Dichas modificaciones sólo operarían respecto de cambios en “reactivos” o información completada en los formatos autorizados por la propia Secretaría de Economía.

Una característica adicional de la reforma que se plantea es que los modelos o formatos empleados para la constitución de sociedades mercantiles bajo el mecanismo alternativo serán documentos inscribibles en el Registro Público de Comercio, tal como lo son las escrituras públicas de los notarios públicos o las pólizas de los corredores públicos. De esta forma, se garantiza que no se tenga que realizar un procedimiento adicional después de utilizar el mecanismo alternativo de constitución para inscribir la sociedad ante el Registro Público de Comercio. Así, se podrá facilitar la realización de dicho trámite de inscripción ante el citado Registro e incluso lograr una disminución en los costos asociados a ese trámite.

En la propuesta de reforma también se establece que los modelos o formatos empleados para la constitución de sociedades mercantiles bajo el mecanismo alternativo tendrán la misma validez jurídica y efectos probatorios que los documentos de los fedatarios públicos. Consecuentemente, se asegura la utilidad práctica y jurídica del mecanismo alternativo de constitución de sociedades mercantiles.

De igual manera, se prevén mecanismos eficaces para verificar la identidad y capacidad jurídica de los socios que pretenden constituir la sociedad respectiva, a través de la utilización de la firma electrónica señalada en el artículo 97 del Código de Comercio o bien, a través de la autenticación de firmas por fedatario público. De esta forma, se cubre un aspecto esencial para la realización del acto jurídico de constitución de la sociedad.

En otro orden de ideas, la reforma propone la adición de un último párrafo al artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles con el propósito de precisar que el objeto social que se describa en la escritura constitutiva de una sociedad indicará la actividad preponderante de la misma, así como cualquier otra actividad relevante. Pero se aclarará que, en cualquier caso, las sociedades estarán autorizadas para realizar cualquier actividad que sea lícita conforme las disposiciones jurídicas vigentes. Con esta adición se otorgará certeza jurídica a las empresas para que, independientemente de su objeto social, participen en cualquier actividad lícita. Ello, sin perjuicio de requerimientos específicos que lleguen a señalar otras leyes.

Por último, la reforma propone adicionar una fracción IV al artículo 21 del Código de Comercio con la finalidad de coadyuvar en los esfuerzos realizados hasta ahora por la Secretaría de Economía y los gobiernos de las entidades federativas para estandarizar los procesos del registro público de comercio, propiciando mayor homologación de la función registral a nivel nacional, lo que se traducirá en incrementar la seguridad y certeza jurídica en diversos actos de naturaleza mercantil.

De manera específica, esta última adición plantea que, en el supuesto de sociedades mercantiles, la forma precodificada habrá de presentarse exclusivamente por los medios electrónicos que establezca la Secretaría de Economía para tal fin, ya sea por un fedatario público o por un representante de la sociedad, y por el mismo medio se llevará a cabo, de forma inmediata y automatizada, la emisión y entrega de la boleta de inscripción definitiva, una vez acreditado el pago de los derechos correspondientes. Asimismo, se deja abierta la posibilidad de que la Secretaría de Economía pueda determinar posteriormente que este mecanismo registral pueda aplicarse a la inscripción de otros actos mercantiles.

Para efectos de la entrada en vigor de la reforma planteada en esta iniciativa se maneja un plazo razonable de tres meses después de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de que las autoridades estén en posibilidad de realizar los preparativos jurídicos e informáticos correspondientes.

Fundamentación

Con base en los argumentos anteriormente expuestos y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y del Código de Comercio

Artículo Primero. Se adicionan un artículo 5 Bis y un último párrafo al artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quedar como sigue:

Artículo 5 Bis. Las sociedades mercantiles a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 1º de esta Ley también podrán constituirse y efectuar modificaciones por medio del llenado y firma de los modelos de contrato social y de estatutos sociales que para tal efecto sean publicados por la Secretaría de Economía.

Las firmas de los modelos deberán estar autenticadas conforme al artículo 97 del Código de Comercio y los lineamientos que emita la Secretaría de Economía, o ratificadas ante fedatario público.

Los modelos que satisfagan los requisitos de este artículo tendrán la misma validez y efectos probatorios que los de una escritura pública o póliza. Asimismo, serán documentos inscribibles en el Registro Público de Comercio.

Artículo 6. La escritura constitutiva de una sociedad deberá contener:

I. a XIII. ...

...

El objeto social a que se refiere la fracción II indicará la actividad preponderante así como cualquier otra actividad relevante. En cualquier caso, las sociedades estarán autorizadas a realizar cualquier actividad que sea lícita conforme las disposiciones jurídicas vigentes.

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción IV al artículo 21 Bis del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 21 Bis. El procedimiento para la inscripción de actos mercantiles en el Registro Público de Comercio se sujetará a las bases siguientes:

I a III. ...

IV. En el caso de la constitución de sociedades mercantiles deberá presentarse la forma precodificada exclusivamente por los medios electrónicos que establezca la Secretaría para tal fin, ya sea por un fedatario público o por un representante de la sociedad, y por el mismo medio se llevará a cabo, de forma inmediata y automatizada, la emisión y entrega de la boleta de inscripción definitiva, una vez acreditado el pago de los derechos correspondientes. Lo dispuesto en esta fracción será aplicable a la inscripción de otros actos mercantiles que determine la Secretaría.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los noventa días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas:

1 Alternativamente, de acuerdo al artículo 6, fracción VI, de la Ley Federal de Correduría Pública, los corredores públicos pueden actuar como fedatarios en la constitución de las sociedades reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles.

2 Comisión Federal de Competencia. “El mercado de servicios notariales en México”. 2011. Páginas 16-17. El monto de 9 mil 500 pesos incluye los honorarios notariales, el permiso ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, la inscripción en el Registro Público de Comercio, y los poderes asociados. http://www.cfc.gob.mx/images/stories/Noticias/Presentaciones/2011/IMCO/estudios erviciosnotarialesenmexico.pdf

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Micronegocios 2008. Cuadro 1.8. http://www.inegi.org.mx/ prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/encuestas/establecimientos/enami n/2008/ENAMIN_2008.pdf

4 Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO). Presentación “Servicios Notariales y Competitividad”. 2011. Página 1. http://imco. org.mx/images/pdf/IMCO_-_Impuesto_notarial_a_formalidad_-_abril_2011.pdf

5 Ver http://www.empresanahora.pt/ENH/sections/EN_homepage

6 Ver http://www.crearempresa.com.co/General/Home.aspx

7 Nuria González Martín (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM). “Sistemas Jurídicos Contemporáneos: Nociones Introductorias y Familia Jurídica Romano-Germánica”. Jurídica. Universidad Iberoamericana, México, núm. 30, 2000. Páginas 644, 648, 649. http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/30/cnt/cnt27.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 15 días del mes de septiembre de 2011.— Diputados: Alberto Cinta Martínez, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Mario Alberto di Costanzo Armenta, César Daniel González Madruga, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Israel Reyes Ledesma Magaña, Vidal Llerenas Morales, Melchor Sánchez de la Fuente, Elsa María Martínez Peña, Enrique Octavio Trejo Azuara, Sergio Tolento Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.

ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL - LEY DE PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto interpretativo del párrafo VI del artículo 27 constitucional, y del 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos.

El diputado Laura Itzel Castillo Juárez:Muchas gracias, diputado presidente. Esta iniciativa que se presenta el día de hoy está firmada por diversos diputados y diputadas de la Fracción Parlamentaria del PRD, del PT y de Convergencia.

Algunos me han preguntado que cómo que un decreto interpretativo, que la interpretación con relación a las leyes, la interpretación en torno a la Constitución es facultad exclusiva de la Suprema Corte de Justicia.

Quiero decir que esta facultad está prevista en nuestra Constitución Política, en el artículo 72, en el inciso f), y que como Congreso nosotros podemos darle una interpretación a nuestra Constitución Política, y ese es el caso en específico que tiene que ver con lo que se aprobó directamente por parte del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en torno a las licitaciones que se hicieron específicamente para la zona del Golfo de México, para lo que tiene que ver con los campos de Carrizo, de Magallanes y de Santuario.

Lo que nosotros estamos planteando se está basando en lo que plantea el párrafo sexto de nuestra Constitución Política Mexicana, que a la letra dice: tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva.

La lucha que se ha dado en este país por la defensa de nuestra soberanía nacional es una lucha muy larga, es una lucha histórica que nosotros reivindicamos, una lucha que tienen que ver desde 1917 y que finalmente con el general Lázaro Cárdenas se lleva a cabo un proceso de expropiación petrolera, pero que es hasta los años 60 cuando se transforma la Constitución Política y se especifica claramente que se prohíben este tipo de contratos y que los que subsistan se pueden derogar.

Pero es ni más ni menos que Reyes Heroles cuando está como director de Petróleos Mexicanos cuando finalmente se plantea que se lleve a cabo la extinción de este tipo de contratos, que son los contratos de riesgo, que se le han cambiado los nombres en distintas épocas de nuestra historia, pero que ahora se les denominan contratos integrales y que en la misma Estrategia Nacional de Energía se les llaman contratos incentivados.

Quiero recordarles, sobre todo a los priistas, que hay una parte del discurso que pronunció Jesús Reyes Heroles como director de Petróleos Mexicanos, donde anuncia la cancelación de todos los contratos riesgo, que ahora son estos contratos integrales que está licitando Petróleos Mexicanos que es una reedición de este mismo tipo de contratos y que en esa época comprendían una superficie de 3 mil 858 kilómetros cuadrados, lo que ahora se licitó en esta zona son 317 kilómetros cuadrados, pero Reyes Heroles dijo en su momento: entre 1949 y 1961, Petróleos Mexicanos suscribió cinco contratos riesgos con empresas petroleras privadas que establecían un periodo para la exploración y perforación de pozos, y señalaban como remuneración, por parte de Pemex, el reembolso total sin plazo de vencimiento de los gastos e inversiones por trabajos ejecutados con el valor del 50 por ciento de los hidrocarburos producidos por los pozos perforados y una compensación que iba de 15 a 18.25 por ciento del valor de la producción, por un periodo de 25 años. Hasta aquí la cita.

Pueden ustedes consultar este discurso que me parece un discurso muy actual, porque tiene que ver directamente con lo que ahora se está planteando y que la remuneración prácticamente es idéntica y que se estaría pagando con el mismo petróleo a partir de un porcentaje de los barriles de acuerdo a los incentivos que se consideran en esas fórmulas tan complejas pero igualmente tan inconstitucionales.

La propuesta, compañeros y compañeras, es que simplemente se aplique a la letra la Constitución Política Mexicana. Por eso, esta iniciativa de decreto interpretativo, de acuerdo a nuestra propia Constitución Política, que se analice en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Dejo aquí la iniciativa completa, en la Mesa, y considero que estos son momentos de definiciones y que son momentos para defender la patria, para defender la soberanía nacional. Es cuanto.

«Iniciativa de decreto interpretativo del párrafo sexto del artículo 27 constitucional y del artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT

Laura Itzel Castillo Juárez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 70, 71, fracción II, y 72, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto interpretativo del párrafo sexto del artículo 27 constitucional y del artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

A. Planteamiento del problema

El 18 de agosto de este año, Pemex dio a conocer el otorgamiento de contratos a empresas privadas, una extranjera y una mexicana, para la explotación de seis campos petroleros en las áreas de Carrizo, Santuario y Magallanes, en Tabasco. Este hecho sienta un peligroso precedente y viola lo establecido por el artículo 27 de la Constitución y su Ley Reglamentaria.

En los contratos se establece una fórmula compleja que pretende ocultar la cesión de una parte de la renta petrolera a empresas privadas. Con ese motivo, varios presidentes municipales de Tabasco y la Cámara de Diputados, con el respaldo de todos los partidos políticos, presentaron controversias constitucionales contra los contratos. Sin embargo, el pasado 16 de agosto, la Suprema Corte optó por desechar la última de estas controversias, la de la Cámara de Diputados (48/2011), con el argumento de que carecía de “interés legítimo” para conocer del tema, aun cuando no se contaba con la información para determinarlo.

En lugar de que la Corte definiera en la Primera Sala, donde hubiera resultado ganadora la opción de no rechazar el interés legítimo (tres a dos votos) el asunto se resolvió en el pleno. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo propuso que, antes de determinar si había o no interés jurídico se debía conceder acceso a los “términos y condiciones” de los contratos, información clasificada por la paraestatal como reservada.

Este argumento fue apoyado por los ministros Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas y José Fernando Franco González Salas. Por su parte, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fue más allá: señaló que dada la prohibición constitucional expresa de otorgar contratos petroleros a privados, debían revisarse los términos y condiciones para llegar al fondo del asunto. Desafortunadamente, el resto de los ministros votó en contra de que se conociera la información completa de los contratos y así la Corte, con una votación de siete a cuatro rechazó estudiar la inconstitucionalidad demandada de los contratos.

Entre otros argumentos, el Poder Legislativo planteó que los contratos son inconstitucionales porque establecen que el pago al contratista representará un porcentaje del valor de las ventas del crudo.

A lo largo de 2008, durante el debate sobre la reforma energética el licenciado Andrés Manuel López Obrador alertó sobre el contenido de las modificaciones legales propuestas por Felipe Calderón. Denunció que la verdadera intención consistía en privatizar a Petróleos Mexicanos y ceder la renta petrolera a las empresas particulares.

Hoy, lamentablemente nos encontramos con la reedición de los extintos contratos de riesgo, derogados en la década de los 60, que mediante nombres diversos se han seguido impulsando bajo la presión de los intereses trasnacionales. Ahora a estos mismos contratos se les denomina incentivados, integrales o, incluso, como lo marca la Estrategia Nacional de Energía, de “desempeño”, con lo que se pone nuevamente en riesgo nuestro patrimonio.

Como consecuencia de la reforma energética de 2008 se perfiló la entrega de la riqueza petrolera a través de grandes extensiones marítimas o terrestres, mediante la concesión a las empresas privadas de los denominados “bloques o áreas” para la explotación de sus yacimientos.

Mediante subterfugios legales como lo son las disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Pemex y organismos subsidiarios (DACS), publicadas en el Diario Oficial de la Federación en 2010, en su artículo 78, inciso a), claramente se señala: “En los contratos cuyo objeto sea la ejecución de obras y servicios para la exploración y desarrollo de campos de petróleo crudo y gas natural, se podrán incluir, de manera enunciativa, mas no limitativa, y de acuerdo con el modelo económico, algunos de los siguientes términos:

a) Establecimiento de un área de trabajo identificada en términos de superficie con referencia en sectores de un minuto de latitud por un minuto de longitud.”

Ésa es la razón por la cual el Movimiento en Defensa del Petróleo y la Soberanía Nacional, hoy Morena, se opuso a la aprobación de dicha reforma. Por esto el voto en contra de la iniciativa por parte del Frente Amplio Progresista (FAP) integrado por el PRD, PT y Convergencia.

En octubre de 2008 Andrés Manuel López Obrador declaró:

“...en medio de esta crisis económica y de descomposición social, tenemos que seguir defendiendo el petróleo (...)

“Por ello, haciendo a un lado la campaña oficialista y tendenciosa en el sentido de que habíamos triunfado y que debíamos de celebrar, muchos compañeros, de buena fe, intelectuales, técnicos y expertos, sostenían que era el momento de aceptar lo hasta ahora logrado; vigilar que se cumplieran los compromisos y seguir luchando para evitar cualquier retroceso que signifique violar la Constitución, privatizar o que continúe la corrupción en Pemex. (...)

“Por eso, hemos tomado la decisión de presentarnos ante la Cámara de Diputados para continuar con la resistencia civil pacífica y apoyar a nuestros diputados que, seguramente, van a defender el petróleo con firmeza y patriotismo. Hemos propuesto que todo se resolvería con 12 palabras, en donde se aclare que no se entregarán áreas o bloques del territorio nacional para la exploración y producción de petróleo, de manera exclusiva”.

Finalmente la incorporación de dicha propuesta presentada por el FAP fue rechazada.

B. Argumentos que sustentan la presente iniciativa

La fórmula de pago que contienen los contratos incluye un ajuste inflacionario semestral que permitirá que la tarifa se modifique en el tiempo de la misma manera que el precio internacional del petróleo. Es decir, si el hidrocarburo sube, el pago a los contratistas también lo hará.

La fórmula o el esquema económico del contrato está basado tanto en el valor de la producción como en el precio de los hidrocarburos. Tal circunstancia equivale a un esquema de reparto de los beneficios del proceso de la producción; esto es, el contratista se convierte en una especie de socio de Pemex, cuyos derechos y expectativas en términos de la tasa de retorno de la inversión, además, se encuentran blindados por todos lados.

A mayor abundamiento, la fórmula para la remuneración del contratista representa un porcentaje directo del precio de las ventas de los hidrocarburos. En ella se incluye un factor de ajuste a la tarifa sobre la base de la actualización inflacionaria que determina el monto de la tarifa por barril en el tiempo.

El ajuste semestral de la tarifa que contiene la fórmula representa un comportamiento equivalente al precio del petróleo; por tanto, se trata de una tarifa que constituye un porcentaje del valor de las ventas del crudo.

La anterior afirmación se sustenta en el hecho de que los elementos del factor de ajuste de la tarifa se encuentran íntimamente relacionados con el precio del petróleo, máxime si se confrontan con el plazo contractual de 25 años. El índice de precios al productor de Estados Unidos, la inflación del diesel, del gas, de las empresas de perforación de petróleo y gas y del acero, en conjunto representan un comportamiento equivalente al precio del petróleo. Tal y como los directivos de Pemex Exploración y Producción expusieron a las empresas petroleras trasnacionales en Argentina.

Todo lo anterior pone de relieve que de facto se está haciendo partícipe a un particular de una proporción de la renta petrolera que sólo le corresponde a la nación, causándose un agravio directo a los mandatos emanados de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales y una violación a los lineamientos específicos fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 97/2009 que rezan como sigue:

“No se deberán establecer fórmulas o esquemas que correlacionen el precio del crudo y la remuneración del contratista que tengan como resultado que el pago de los servicios sea un proporción de la renta petrolera.”

El esquema de remuneración a los contratistas, en términos prácticos, es idéntica a la fórmula contemplada en los inconstitucionales contratos de riesgo. Esta afirmación encuentra sustento en el último discurso que pronunció Jesús Reyes Heroles como director de Pemex, donde anunció la cancelación de todos los contratos-riesgo que comprendían una superficie de 3,858 kilómetros cuadrados:

“Entre 1949 y 1961, Petróleos Mexicanos suscribió cinco contratos riesgo con empresas petroleras privadas, que establecían un periodo para la exploración y perforación de pozos y señalaban como remuneración, por parte de Petróleos Mexicanos, el reembolso total, sin plazo de vencimiento, de los gastos e inversiones por trabajos ejecutados, con el valor del 50 por ciento de los hidrocarburos producidos por los pozos perforados, y una compensación que iba del 15 al 18.25 por ciento del valor de la producción, por un periodo de 25 años.”

Con los denominados contratos integrales se advierte una remuneración prácticamente idéntica: se pagará el 75 por ciento de los costos más una compensación basada en una tarifa por barril que se comportará como porcentaje del valor de las ventas.

Con la reforma constitucional de 1960 se prohibió la celebración de este tipo de contratos y se estableció la “insubsistencia” de los que se habían celebrado. Sobre ello, Reyes Heroles explicó en su discurso cómo se aplico la modificación a la máxima norma:

“Tres posibilidades se planteaban para cumplir con esas instrucciones: 1) Que incurriera Petróleos Mexicanos en incumplimiento para que fueran las empresas extranjeras las que demandaran; 2) Promover judicialmente la nulidad de estos contratos, sosteniendo que la existencia de un interés público, consignado en el artículo 27 constitucional, estaba por encima del principio de no retroactividad establecido en el artículo 14 constitucional; 3) Buscar y negociar la rescisión voluntaria de los contratos. Se escogió este último camino en virtud de que el primero está vedado por la seriedad de México y Petróleos Mexicanos y a la larga en sí, en la cuestión, las posibilidades de una resolución favorable eran sumamente escasas. En cuanto al segundo, ni en casos extremos México se ha negado a reconocer derechos: ha discutido los montos de éstos y los términos para cubrirlos y, concretamente, Petróleos Mexicanos tiene la experiencia de que en situaciones similares o análogas, cuando se ha escogido el camino judicial no sólo se han originado enojosos conflictos, sino que se ha retrasado alcanzar los objetivos que se buscaban y, a la postre, se han pagado cantidades mayores a las adecuadas y razonables. Se optó por negociar la terminación voluntaria de los contratos. Las negociaciones se iniciaron el 12 de diciembre de 1964.”

Habían pasado casi 30 años del valiente acto expropiatorio, hasta que finalmente los contratos riesgo fueron rescindidos. Pero los intentos por privatizar han sido permanentes a lo largo de la historia, después de varias décadas los contratos integrales vuelven a ser prácticamente idénticos a los derogados de aquella época. Por tanto, deben ser declarados como insubsistentes y es por esto que se promueve el presente decreto interpretativo.

C. Fundamento legal

El artículo 70 de la Constitución establece que toda resolución del Congreso tendrá carácter de ley o decreto.

La facultad prevista en el artículo 72, inciso f), de la ley fundamental, se erige como un mecanismo de control; la interpretación del Poder Legislativo tendría formalmente el rango de ley, ya que sus actos pueden adoptar la forma de ley o decreto y, por ende, sería obligatoria para todos los órganos que la aplican así como para los gobernados, que deben cumplirla.

El Congreso de la Unión, al ejercer la facultad referida, se convierte en auténtico intérprete, tanto de las leyes federales como de la Constitución.

El procedimiento contenido en el inciso f) del artículo 72 de la carta fundamental apareció por primera vez en el artículo 64 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada por el Congreso General Constituyente el 4 de octubre de 1824, y establecía la forma de cómo debían resolverse las dudas, de la autoridad ejecutiva o judicial respecto de la aplicación y la interpretación de una norma, a través de lo previsto por el artículo 165, es decir, a través de un decreto se reforma, se deroga, se modifica, se adiciona, en tal sentido y con tal espíritu y significado.

El motivo del presente decreto, es ejercer la facultad anteriormente expuesta, con el único propósito de interpretar el párrafo sexto del artículo 27 constitucional y del artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos.

D. Ordenamientos a interpretar

a) La porción normativa del párrafo sexto del artículo 27 constitucional que se propone interpretar establece textualmente:

“Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva.”

b) Artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos establece:

“Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere, con las restricciones y en los términos del artículo 6o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. La celebración de estos contratos se sujetará a lo siguiente:

I. Se mantendrá, en todo momento, el dominio directo de la nación sobre los hidrocarburos;

II. No se concederá derecho alguno sobre las reservas petroleras, por lo cual los proveedores o contratistas no podrán registrarlas como activos propios y la Nación las registrará como parte de su patrimonio;

III. Se mantendrá, en todo momento, el control y la dirección de la industria petrolera a que se refiere el artículo 3o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo;

IV. Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan serán siempre en efectivo, por lo que en ningún caso podrá pactarse como pago por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten, un porcentaje de la producción o del valor de las ventas de los hidrocarburos ni de sus derivados o de las utilidades de la entidad contratante, observando para dicho efecto lo dispuesto en el artículo siguiente;

V. No se otorgarán derechos de preferencia de ningún tipo para la adquisición del petróleo o sus derivados, o para influir en la venta a terceras personas; y

VI. No se suscribirán contratos que contemplen esquemas de producción compartida ni asociaciones en las áreas exclusivas y estratégicas a cargo de la nación señaladas en el artículo 3o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.”

“Los contratos podrán contemplar cláusulas donde se permita a las partes realizar modificaciones a los proyectos por la incorporación de avances tecnológicos; por la variación de precios de mercado de los insumos o equipos utilizados en las obras, o por la adquisición de nueva información obtenida durante la ejecución de las obras u otras que contribuyan a mejorar la eficiencia del proyecto.

“Petróleos Mexicanos enviará a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para su registro, los contratos que sean materia de su competencia. La comisión deberá observar, en todo momento, la legislación relativa a la confidencialidad y reserva de la información.”

E. Interpretación jurisdiccional. Lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Al resolver la controversia constitucional 97/2009 contra el Reglamento de la Ley de Pemex, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó la interpretación de los preceptos citados y a continuación se transcribe:

“A lo anterior habría que agregar que los límites esenciales que tendría el artículo 62 del reglamento reclamado, conforme a lo dispuesto en la ley de la cual derivan serían los siguientes:

a) No se deberán establecer fórmulas o esquemas que correlacionen el precio del crudo y la remuneración del contratista que tengan como resultado que el pago de los servicios sea una proporción de la renta petrolera.

b) No se deberán establecer fórmulas o esquemas de remuneración que tengan como único límite el valor de la producción después del pago de impuestos en función del precio del crudo en el mercado internacional, que redunde en un pago que exceda una remuneración razonable bajo estándares de la industria de contratos de servicios de exploración y producción de hidrocarburos.

c) Las fórmulas y esquemas de contratación utilizadas en los contratos deberán corresponder estrictamente a un contrato típico de la industria de servicios de exploración y producción, y por ningún motivo deberán ser identificadas con contratos aceptados en la práctica internacional como modalidades de contratos de riesgo, de asociación o de participación de un porcentaje de las ventas en las que el contratista participe de la renta petrolera.

d) Las fórmulas o esquemas de remuneración, no deberán contener mecanismos sujetos a circunstancias futuras que pretendan revertir la asignación de rendimientos de la renta petrolera a los contratistas y que por tal motivo, afecten de manera absoluta o relativa la condición de precio cierto a la firma del contrato de servicios.”

Por lo anterior, el Congreso de la Unión expide el siguiente

Decreto interpretativo del párrafo sexto del artículo 27 constitucional y del artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos

Primero. Los límites constitucionales para los contratos que celebre Petróleos Mexicanos son los siguientes:

a) No se deberán establecer fórmulas o esquemas que correlacionen el precio del crudo y la remuneración del contratista que tengan como resultado que el pago de los servicios sea una proporción de la renta petrolera.

b) No se deberán establecer fórmulas o esquemas de remuneración que tengan como único límite el valor de la producción después del pago de impuestos en función del precio del crudo en el mercado internacional, que redunde en un pago que exceda una remuneración razonable bajo estándares de la industria de contratos de servicios de exploración y producción de hidrocarburos.

c) Las fórmulas y esquemas de contratación utilizadas en los contratos deberán corresponder estrictamente a un contrato típico de la industria de servicios de exploración y producción, y por ningún motivo deberán ser identificadas con contratos aceptados en la práctica internacional como modalidades de contratos de riesgo, de asociación o de participación de un porcentaje de las ventas en las que el contratista participe de la renta petrolera.

d) Las fórmulas o esquemas de remuneración, no deberán contener mecanismos sujetos a circunstancias futuras que pretendan revertir la asignación de rendimientos de la renta petrolera a los contratistas y que por tal motivo, afecten de manera absoluta o relativa la condición de precio cierto a la firma del contrato de servicios.

e) Los demás que se desprendan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Los denominados contratos integrales de servicios contienen un esquema de remuneración a los contratistas contraria al artículo 27 constitucional, al artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos y al presente decreto, por lo que no se otorgarán este tipo de contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Definidos por el artículo 10 de las disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Pemex y organismos subsidiarios, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 6 de enero y 10 de marzo de 2010. Los términos y condiciones de los contratos fueron impugnados por la Cámara de diputados a propuesta del partido del Trabajo (PT) por representar un requisito no modificable de los contratos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2011.— Diputados: Laura Itzel Castillo Juárez, Samuel Herrera Chávez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Herón Agustín Escobar García, Laura Arizméndi Campos, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, María Guadalupe García Almanza, Rigoberto Salgado Vázquez, Leticia Quezada Contreras, Florentina Rosario Morales, Víctor Manuel Castro Cosío, Balfre Vargas Cortez, Armando Ríos Piter, Agustín Guerrero Castillo, Óscar González Yáñez, Rodolfo Lara Lagunas, Adán Augusto López Hernández, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Feliciano Rosendo Marín Díaz, María Araceli Vázquez Camacho, Marcos Carlos Cruz Martínez, Luis Felipe Eguía Pérez, José M. Torres Robledo, José Alfredo González Díaz, César Francisco Burelo Burelo, Francisco Hernández Juárez, Pedro Vázquez González, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Mario Alberto Di Costanzo Armenta, Pedro Jiménez León, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega (rúbricas).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y las proposiciones que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo de las que se haya recibido comunicación para ser registradas en la siguiente sesión.

Esta Presidencia informa que tenemos el registro de la iniciativa propuesta por la diputada María Isabel Pérez Santos, marcada con el número 48 en el orden del día de hoy.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa directiva.

Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva, por la que informa del turno correspondiente a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 22 de septiembre de 2011, de conformidad con los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Con fundamento en los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea de los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo que no fueron abordadas en el orden del día del jueves 22 de septiembre de 2011, para su remisión a las comisiones correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2011.— Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma el artículo 381 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

2. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

3. Que reforma el artículo 202 del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

4. Que reforma el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

5. Que reforma el artículo 233 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

6. Que reforma los artículos 2°, 8° y 16 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

7. Que reforma el artículo 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Francisco Javier Orduño Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

8. Que reforma el artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

9. Que expide la Ley General sobre Trato Digno y Respetuoso hacia los Animales, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

10. Que expide la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal y reforma el artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Justicia.

Turno: Comisiones Unidas de Justicia y de la Función Pública, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

11. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Turno: Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

12. Que reforma el artículo 1004 y adiciona un artículo 1004 Bis a la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

13. Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal y de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Agricultura y Ganadería y de Salud, para dictamen.

14. Que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, relativo a la conformación de un Grupo de Trabajo que revise y evalúe el cumplimiento de las promesas de campaña del Ejecutivo Federal y en consecuencia, investigue los subejercicios y el destino de los recursos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por las posibles desviaciones o malos manejos administrativos que hayan servido a intereses electorales, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

2. Con punto de acuerdo, por el que esta Soberanía hace un reconocimiento a la responsabilidad social del periódico "El Universal" por suprimir de sus contenidos la publicidad que pueda fomentar la trata de personas, y donar espacios publicitarios a organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la lucha contra la trata y la atención a víctimas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

3. Con punto de acuerdo, relativo a la criminalización de los trabajadores por parte de FOVISSSTE, Procuraduría General de la República y Sociedad Hipotecaria Federal, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que en congruencia con la Cámara de Diputados, instrumente las medidas y modificaciones necesarias a la normatividad existente para que el CONEVAL cuente con la total independencia y autonomía que requiere para la realización de sus actividades sustantivas y que las mediciones de la pobreza y las evaluaciones de la política social de nuestro país se realicen sin sesgo de ningún tipo, a cargo del diputado Hugo Héctor Martínez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Gobernadora, así como a los consejeros electorales y personal del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, investiguen y sancionen las presuntas intromisiones del gobierno estatal en la contratación de funcionarios electorales, y garanticen la autonomía, imparcialidad, certeza e independencia en las actividades de ese instituto, a cargo del diputado Daniel Gabriel Ávila Ruíz, y suscrita por las diputadas Rosa Adriana Díaz Lizama y María Yolanda Valencia Vales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la SEP, autorice y otorgue recursos financieros específicos y suficientes para el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento, a favor de las escuelas públicas federales de educación básica, a cargo de la diputada Adela Robles Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, relativo a la realización de acciones para definir desde el Poder Legislativo Federal los nuevos mecanismos de cooperación bilateral y multilateral en el marco de la diplomacia parlamentaria, que permitan fortalecer nuestras relaciones internacionales y definir la política exterior de nuestro país, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, instrumente y opere programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas con el fin de evitar la migración de los indígenas mexicanos a los Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a diseñar y ejecutar programas y políticas públicas que contribuyan al desarrollo y eleven la competitividad de los distintos sectores productivos mexicanos que se verán afectados por la conclusión del acuerdo sobre medidas de remedio comercial entre México y China, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Economía, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a implementar una campaña de promoción dentro del empresariado nacional y extranjero, con el objeto de mostrar las ventajas competitivas que ofrecen los estados de la frontera norte y así diversificar la oferta del sector turismo y el fomento a la inversión nacional y extranjera, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Economía, para dictamen.»

Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Se han agotado los asuntos en cartera, diputado presidente.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor(a las 15:48 horas): Se levanta la sesión. Se cita para la que tendrá lugar el martes 27 de septiembre de 2011, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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RESUMEN DE ACTIVIDADES • Tiempo de duración: 5 horas 13 minutos • Quórum a la apertura de sesión: 255 diputados • Asistencia al cierre de registro: 401 diputados • Acuerdo de la Cámara de Diputados, aprobado: 1 • Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 5 • Número de diputados que participaron o aportaron algún tema: 98 PRI                                              24 PAN                                          25 PRD                                      12 PVEM                                          8 PT                                           27 Nueva Alianza                     2 Se recibió o presentó: • 4 oficios de la Junta de Coordinación Política por los que comunica cambios de integrantes en las Comisiones de: Hacienda y Crédito Público; Puntos Constitucionales; Justicia; Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; Seguridad Pública; y Medio Ambiente y Recursos Naturales; así como de las Comisiones Especiales de: Seguimiento y Supervisión de los Resultados y Avances del Proyecto “Aceite del Terciario del Golfo, en el Paleocanal Chicontepec”; y de Análisis de Políticas de Creación de Nuevos Empleos; • 1 comunicación de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, por la que solicita que iniciativa sea turnada nuevamente, de conformidad con lo que establece el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados; • 1 oficio de la diputada María Dina Herrera Soto, por el que solicita sea retirada iniciativa; • 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; • 1 minuta proyecto de decreto; • 1 iniciativa del Ejecutivo federal; • 2 iniciativas del PRI; • 10 iniciativas del PAN; • 2 iniciativas del PRD; • 3 iniciativas del PVEM; • 1 iniciativa del PT; • 1 iniciativa de Nueva Alianza; • 10 proposiciones con puntos de acuerdo Declaratoria de publicidad de dictamen: • 1 de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y de la Ley General de Salud; • 1 de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; • 1 de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona la fracción I Bis del artículo 15 y la fracción I Bis al artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; • 1 de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2, 12, 14 y 42 de la Ley de Ciencia y Tecnología; • 1 de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 8 y 13 a la Ley de Ciencia y Tecnología; • 1 de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 Bis y 128, y se adicionan los artículos del 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6 y 65 Bis 7 a la Ley Federal de Protección al Consumidor; • 1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que tres ciudadanos puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren los gobiernos extranjeros, respectivamente Dictámenes aprobados: • 1 de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y de la Ley General de Salud; • 1 de la Comisión de Comunicaciones, con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones