SUMARIO
Desde su curul el diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez se refiere a los comentarios expresados en la pasada sesión por parte del diputado Fernández Noro-ña, sobre la diputada con licencia Josefina Eugenia Vázquez Mota
Intervienen desde sus curules:
Jaime Fernando Cárdenas Gracia
Leoncio Alfonso Morán Sánchez
Desde su curul el diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega incluir en el orden del día el tema del Estado Palestino
Desde sus curules apoyan la propuesta, los diputados:
Laura Itzel Castillo Juárez, quien además se refiere a la comparecencia del director de Petróleos Mexicanos
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez
Jaime Fernando Cárdenas Gracia, y a la vez respecto a la designación de los consejeros electorales, la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, así como modificar la Ley sobre el Escudo Nacional, para conmemorar la fecha del 2 de octubre
Desde su curul, el diputado Agustín Torres Ibarrola realiza comentarios sobre el diputado Fernández Noroña
El Presidente da respuesta
Desde su curul, el diputado Agustín Torres Ibarrola
Desde su curul, el diputado Francisco Alejandro Moreno Merino realiza comentarios sobre el diputado Fernández Noroña
Desde su curul, el diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega ratifica su propuesta
Desde su curul el diputado Juan José Cuevas García se refiere a tarifas aéreas a Puerto Vallarta, en esa entidad
Desde su curul el diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez realiza comentarios sobre el diputado Fernández Noroña
Desde su curul el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza comenta sobre dictamen de la Comisión de Gobernación que modifica la Ley sobre el Escudo Nacional, para conmemorar la fecha del 2 de octubre de 1968
El Presidente da respuesta a lo expresado por los anteriores diputados
Desde sus curules intervienen los diputados:
Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez
Marcos Carlos Cruz Martínez
Se reanuda la sesión
El Presidente informa de reunión de la Junta de Coordinación Política sobre los dos temas mencionados
Dos invitaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a las siguientes ceremonias cívicas conmemorativas:
De Izamiento de Bandera con motivo del Día de Duelo en el Distrito Federal, por las víctimas de la masacre del 2 de octubre de 1968. Se designa comisión
Del CCIII aniversario luctuoso de Francisco Primo de Verdad y Ramos. Se designa comisión
Solicitud de excitativa del diputado Antonio Benítez Lucho, en relación a minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción III, del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, remitida el 6 de abril pasado. Se remite a la Cámara de Senadores, para su atención
Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con el que remite acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que por conducto de la Comisión de Hacienda, analice la posibilidad de diseñar un instrumento de aplicación federal que garantice el incentivo a la utilización medios de transporte distintos al automóvil particular. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención
Dos oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite proposiciones con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 se consideren recursos para los siguientes temas:
Adicionar al Presupuesto de la Universidad Autónoma Chapingo un monto de 130 millones de pesos para las actividades de investigación y vinculación que lleva a cabo el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral, presentada por la senadora Rosalía Peredo Aguilar. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención
Sobre presupuesto asignado al estado de Sinaloa principalmente en los rubros de obra pública, agricultura, salud y educación, así como los correspondientes a los proyectos de desarrollo del puerto de Mazatlán, del corredor económico del norte y del Centro Integralmente Planeado Teacapán, presentada por los senadores Margarita Villaescusa Rojo, Francisco Labastida Ochoa, María Serrano Serrano y Gabriela Ruiz del Rincón. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite solicitud de excitativa de la senadora Martha Leticia Sosa Govea, en relación con el proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 25; un artículo 47 Bis; y reforma el primer párrafo del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio
Oficio del Poder Judicial de la Federación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en la sesión del 14 del presente mes, para que en los sectores público, privado y social se fortalezcan la permanencia, inserción, integración y promoción laboral de las personas con discapacidad. Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su atención
Oficio del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para erradicar la violencia institucional considerada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se remite a la Comisión de Equidad y Género, para su atención
Cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente en la sesión del 24 de agosto del presente año, relativo al monto subejercido del Presupuesto en el primer semestre de 2011 y el subejercicio a la fecha. Se remiten a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público, para su estudio
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el listado sobre las instituciones que llevarán a cabo evaluación de consistencia y resultados establecidos en el programa anual de evaluación 2011 de los programas a cargo de la Secretaría de Economía. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento
Oficio del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el que se remite el informe correspondiente al segundo trimestre 2011 sobre la composición y situación financiera de las inversiones del instituto. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; de Seguridad Social; y de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento
Oficio del diputado Adán Augusto López Hernández con el que solicita licencia para separarse de sus funciones como diputado federal en la IV distrito del estado de Tabasco. Aprobado, comuníquese
El Presidente diputado designa comisión que acompañe al ciudadano Edgardo Chaire Chavero, diputado suplente electo en la segunda circunscripción plurinominal, en el acto rendir su protesta de ley
Desde su curul se refieren al diputado Adán Augusto López Hernández, los diputados:
Armando Ríos Piter
Jaime Fernando Cárdenas Gracia
Pedro Jiménez León
Rinde su protesta de ley el diputado suplente Edgardo Chaire Chavero
Oficio del Congreso del estado de Tabasco, con el remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 4 B de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el senador Alfonso Elías Serrano. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, presenta como representante del Poder Legislativo, el informe ante el Comité Técnico del Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (de 1942 a1964). De enterado, publíquese
Intervienen sobre el tema:
José Antonio Arámbula López
María Hilaria Domínguez Arvizu, desde su curul
Juan Enrique Ibarra Pedroza
José Antonio Arámbula López, desde su curul
Oscar García Barrón
Edgardo Melhem Salinas
Juan Enrique Ibarra Pedroza, desde su curul
José Antonio Arámbula López, desde su curul
José M. Torres Robledo
Pedro Ávila Nevárez
Juan Enrique Ibarra Pedroza
El Presidente ratifica el turno de enterado al informe
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua y Sonora, a llevar cabo en el marco de sus atribuciones, el registro de productores afectados por la sequía y se integre la documentación requerida para que reciban apoyo del Fondo de Desastres Naturales
A discusión interviene el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez
Aprobado, comuníquese
Desde su curul el diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez anuncia la visita de los jóvenes ganadores del segundo lugar mundial de la Copa del Mundial de Calle de Fútbol, celebrada en Francia el pasado mes de agosto
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea la Comisión Especial para Conmemorar el 150 Aniversario de la Batalla de Puebla, realizada el 5 de mayo de 1862. Aprobado, comuníquese
El Presidente con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 131 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
El Presidente con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
El Presidente con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud
El Presidente con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV Bis al artículo 5 y el artículo 7 Ter, a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud
El Presidente con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
El Presidente con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
El Presidente con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de las Comisiones Unidas de Salud y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 100 de la Ley General de Salud
El Presidente con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el inciso 19 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales
El Presidente con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones
Discusión de dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona la fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
A discusión en lo general y en lo particular, participan los diputados:
María Sandra Ugalde Basaldúa
María Guadalupe García Almanza
Olga Luz Espinosa Morales
Se considera suficientemente discutido y es aprobado. Pasa a la Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales
Discusión de dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que expide los Criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados
Desde su curul el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia solicita aclaración al orden del día, la Presidencia da respuesta
Fundamenta el dictamen el diputado Jesús María Rodríguez Hernández, y presenta propuestas de modificación que se aceptan
A discusión en lo general, se concede la palabra a los diputados:
José Antonio Arámbula López
Luis Felipe Eguía Pérez
Pedro Vázquez González
Suficientemente discutido en lo general es aprobado en lo general y en lo particular. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación
Discusión de dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor
Fundamenta el dictamen la diputada Susana Hurtado Vallejo, y presenta propuesta de modificación que es aceptada
A discusión en lo general:
Raúl Gerardo Cuadra García
Jaime Fernando Cárdenas Gracia
Suficientemente discutido en lo general y en lo particular con la modificación aceptada, es aprobado en lo general y en lo particular. Pasa a la Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales
Discusión de dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas
A discusión participan:
María del Carmen Guzmán Lozano
María Guadalupe García Almanza
Claudia Edith Anaya Mota
Suficientemente discutido es aprobado. Pasa a la Cámara de Senadores, para los efectos constitucionales
Solicitud de la Junta de Coordinación Política para modificar el orden del día para la presentación de proposiciones con puntos de acuerdo. Se aprueba
El diputado César Augusto Santiago Ramírez presenta proposición con punto de de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Energía y al director general de Petróleos Mexicanos a suspender las medidas anunciadas de cortes de suministro tanto de gasolinas Magna y Premium como de diesel a las estaciones de servicio de la franquicia Pemex hasta que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita la resolución definitiva a la acción de inconstitucionalidad interpuesta. Se considera de urgente resolución
A discusión intervienen los diputados:
Jaime Cárdenas Gracia
Nazario Norberto Sánchez
Juan Enrique Ibarra Pedroza
Ivideliza Reyes Hernández
Juan Carlos Natale López
Suficientemente discutido es aprobado. Comuníquese
El diputado Pablo Escudero Morales presenta proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a la brevedad se firme un convenio modificatorio entre la empresa III Servicios, SA de CV, y el Fideicomiso del Bicentenario, para que se cancele de manera inmediata la “comisión” que cobrará la empresa III Servicios, SA de CV, por un monto equivalente al 13% sobre el costo total de los trabajos ejecutados para la construcción del espacio conmemorativo y monumento Estela de Luz
Emilio Serrano Jiménez, desde su curul realiza interpelación
Desde su curul el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, solicita moción de procedimiento
Pablo Escudero Morales, da respuesta
Carlos Alberto Pérez Cuevas, realiza comentarios
Pablo Escudero Morales, continúa en su exposición
Se considera de urgente resolución la proposición con punto de acuerdo presentada
A discusión hacen uso de la palabra los diputados:
Mario Alberto di Costanzo Armenta
Esthela Damián Peralta, presenta propuesta
José Francisco Javier Landero Gutiérrez
Pablo Escudero Morales, desde su curul
César Augusto Santiago Ramírez
Se considera suficientemente discutido
Desde sus curules los diputados:
Jaime Fernando Cárdenas Gracia
Emilio Serrano Jiménez
Durante la votación desde sus curules se refieren a la presentación de la Cuenta Pública Federal, los diputados:
Miguel Ángel García Granados
Jaime Fernando Cárdenas Gracia
Mario Alberto di Costanzo Armenta
Es aprobado el acuerdo presentado. Comuníquese
El Presidente da respuesta a lo expresado anteriormente
El Presidente en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, informa que las iniciativas y las proposiciones registradas en el orden del día de esta sesión y que no tuvieron la oportunidad de presentarse en tribuna serán turnadas para su trámite
De conformidad con lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados, se publican las votaciones de los siguientes dictámenes:
De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona la fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación (en lo general y en lo particular)
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que expide los criterios para las inscripciones de honor en la Cámara de Diputados (en lo general y en lo particular)
De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (en lo general y en lo particular, con la modificación propuesta por la Comisión y aceptada por la asamblea)
De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas (en lo general y en lo particular)
Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del 29 de septiembre de 2011, de conformidad con los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados
ASISTENCIA
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Pido Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 267 diputados y diputadas; por tanto, hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor(a las 10:46 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Por instrucciones de la Presidencia..
JOSEFINA EUGENIA VAZQUEZ MOTA
El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Perdón, un minuto, señor secretario. El diputado Leoncio Morán.
El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (desde la curul): Presidente, con motivo de que voy a hacer alusión al diputado José Gerardo Rodolfo, de apellidos Fernández Noroña, le solicito que se le llame al pleno, porque no quiero aludirlo sin su presencia. No se encuentra él aquí, en este momento y es su obligación estar aquí. No lo veo. Además de que lo voy a aludir, sí quisiera que fuera llamado aquí, al pleno, presidente.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado Cárdenas Gracia.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Para informarle al diputado del Partido Acción Nacional, que reclama la presencia de mi compañero Gerardo Fernández Noroña, que el diputado Fernández Noroña está en comisión para atender un viaje de amistad. Él es quien preside el Grupo de Amistad con Irán; entonces, sé que está volando hacia Irán. Eso es lo que puedo informar, presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias. Señor diputado Morán.
El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (desde la curul): Bien. En virtud de que don José Gerardo Rodolfo está volando a Irán, según lo hace constar aquí mi compañero diputado Cárdenas, sí quiero dejar constancia y pido que se retire la intervención del diputado y la denuncia calumniosa que hace el diputado José Gerardo Rodolfo, en la sesión pasada, donde acusa a la diputada con licencia, Josefina Vázquez Mota, de hacer uso de recursos públicos en beneficio personal. Lo que el diputado José Gerardo Rodolfo ha dicho es una calumnia y es una mentira. No lo pudo probar en su momento y a la fecha, tampoco lo ha probado.
Sí quiero decirle y entregarle, si usted me lo permite, señor presidente, entregarle las constancias de los vehículos que ella estuvo usando o que estuvieron a su disposición cuando ella fue coordinadora del grupo parlamentario y diputada en funciones en esta Cámara de Diputados.
Además, quiero dejar constancia. De acuerdo a la Dirección de Contabilidad de esta Legislatura de la Cámara de Diputados, se hace constar que no tiene ningún adeudo la diputada con licencia Josefina Vázquez Mota, en lo que se refiere a su fondo fijo y gastos por comprobar. También quiero dejar constancia que no existen tampoco y en su poder, y se han entregado y devuelto los bienes que la Cámara entregó a la licenciada Josefina Vázquez Mota. Aquí dejo también constancia que no existe ninguna observación, de acuerdo a la Contraloría de esta Cámara de Diputados, en cuanto se refiere al área y a la responsabilidad que ella tuvo del manejo de recursos administrativos durante su función como coordinadora y legisladora en esta Cámara.
Por lo tanto, pido que se le exija una disculpa pública al diputado José Gerardo Rodolfo, de los dichos que emitió en la sesión pasada.
Voy a hacer entrega, si usted me lo permite, de esta documentación para conste en el acta, que obran en Contraloría de esta Cámara de Diputados, señor presidente.
CIERRE DE REGISTRO DE ASISTENCIA
(A las 10:52 horas, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia, con el registro de 293 diputadas y diputados)
ESTADO PALESTINO
El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega(desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado Muñoz Ledo.
El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega(desde la curul): Señor presidente, a propósito de este debate respecto del uso de recursos públicos, debemos entender que cualquier investigación debe estar abierta por las leyes que implican y que indican la transparencia de toda actividad al servicio público.
Quiero además abundar —en ausencia de nuestro compañero Gerardo Fernández Noroña—, puedo dar constancia, como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que él es el presidente del Grupo de Amistad con Irán y que en esa virtud ha sido invitado para un debate que habrá en Teherán sobre la cuestión del Medio Oriente.
Señor presidente, es lamentable que tengamos que ir a discutir la cuestión de Palestina a otros continentes, los parlamentarios mexicanos, porque en este Congreso no hay democracia, señor presidente.
No conozco y le pido —usted que siempre acude a los Servicios Parlamentarios—, que se haga una investigación por el Centro —que para ello existe en esta Cámara— de si hay algún Parlamento del mundo en el cual la minoría no puede someter un punto a debate. Los reto a que me digan en qué Parlamento del mundo la minoría no puede someter a debate un asunto de interés nacional y mundial. Esta es una basura de Congreso.
No puedo aceptar, presidente, no puedo aceptar que un grupo de gentes... Discúlpenme, una basura moral; un Parlamento donde no se puede discutir un tema de interés nacional, porque un partido que obedece al gobierno no quiere exhibir su carencia, y hay otro que no sabe qué hacer, no es un Parlamento. Llámenle como quieran. No es un Parlamento.
Le pido a usted, presidente, como cabeza de un Poder de la Unión, que nos diga cómo puede en este Congreso poner a debate una minoría política un tema fundamental para la nación. Nosotros no vamos a aceptar este tipo de conducta.
He dado una conferencia a los medios de información, en la que han entendido, con claridad, que si tenemos que hacer ruido desde estas bancadas, es porque no hay el camino para debatir. Si no legislamos o escasamente legislamos, por confusión; si ayer mismo hubo una serie de sucedidos casi inexplicables que detuvieron un proyecto de reforma política que estaba pidiendo a la sociedad o parte de éste, que prueban que los principales proyectos legislativos no tienen curso, cuando menos este Congreso debería ser una caja de resonancia de los grandes problemas nacionales.
Estoy dispuesto a abrir el debate desde este lugar y le pediría, presidente, que nos dé la palabra para saber cómo podemos iniciar el debate sobre esta cuestión. Muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputada Castillo.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): Me uno a la protesta que ha hecho el diputado presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara, en torno a un punto muy importante, que tiene que ver con la situación en Palestina; por lo tanto, considero que no podemos ser omisos frente a lo que está pasando en el mundo y que es fundamental fijar una posición y que por lo tanto, se tendría que estar debatiendo en esta Cámara de Diputados.
En segundo lugar, diputado presidente, quiero dejar constancia de que el director de Petróleos Mexicanos está violando el artículo 93 de nuestra Constitución Política mexicana, que no acudió al Congreso a la comparecencia que tenía con la Comisión de Vigilancia y que prefirió irse al Consejo de Administración de Repsol, cuando a él no le compete específicamente eso, sino al director de Finanzas de la paraestatal, al señor Quezada; que está confundiendo su trabajo y que es lamentable que no esté cumpliendo con sus obligaciones constitucionales. Gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En relación al segundo punto, haré la comunicación correspondiente, para efectos de que la comparecencia se dé en sus términos.
En relación al punto tratado por el licenciado Muñoz Ledo; señor diputado Muñoz Ledo, quiero decirle que en los términos de la ley y del reglamento respectivo, el orden del día, su proyecto, lo formula la Junta de Coordinación Política y que este cuerpo colegiado conoce del proyecto del orden del día unas horas antes —por los trabajos de la Junta— de que se lleve a cabo la sesión. Ayer a las 10 de la noche se dio a conocer el orden del día, pero cualquier modificación a ella debe estar apegada a una decisión de la Junta de Coordinación Política.
Ha pedido la palabra el diputado Encinas y el diputado Cárdenas Gracia, y en seguida el diputado Muñoz Ledo.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Para acompañar el planteamiento del diputado presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Porfirio Muñoz Ledo, y compartiendo que efectivamente usted tiene razón, en el sentido de que la Junta de Coordinación Política propone al pleno de la asamblea el orden del día. Sin embargo, el pleno tiene la facultad para modificar o incluir nuevos puntos.
En ese sentido, solicitaría, a propuesta de don Porfirio Muñoz Ledo, se incorpore en el orden del día el punto vinculado con el posicionamiento del Congreso respecto a Palestina.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El diputado Cárdenas Gracia.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Sí, presidente, en el mismo sentido. Creo que es muy importante el punto al que se refiere el diputado Muñoz Ledo, porque tiene relación desde luego con el reconocimiento a un Estado al que se le ha negado ese carácter, que es Palestina.
Creo que es importante que esta Cámara de Diputados se pronuncie al respecto para instar al gobierno federal, sobre todo al titular del Ejecutivo y a la Cancillería, para que se tome una posición clara por parte del Estado mexicano frente a este asunto de carácter internacional.
Por otro lado, señor presidente, de nuevo quiero preguntar el avance en la negociación —lo que usted nos pueda informar—, el avance en la negociación en la Junta de Coordinación Política respecto a la designación de los consejeros electorales.
También decirle que recibí en mi oficina un oficio de parte de las instancias de esta Cámara, en donde se me indica que la comparecencia de hace algunos días, del secretario de Hacienda y Crédito Público, se tiene ya por cumplida, cuando esta comparecencia no concluyó; preguntarle qué opina usted al respecto y qué podemos hacer para que el secretario de Hacienda cumpla en sus términos con su comparecencia.
También preguntarle acerca de otro tema, que me parece fundamental, que sé que fue motivo de debate en la Mesa Directiva, que tiene que ver con un punto para que el día 2 de octubre sea celebrado y que les recuerde a los mexicanos la importancia de vivir en una democracia y cómo esos hechos trágicos del 2 de octubre del 68 implicaron o entrañaron un parteaguas en la historia reciente de México.
¿Por qué este asunto relativo al 2 de octubre del 68 no lo tratamos en el pleno? ¿Por qué no se trata el punto que propone el diputado Muñoz Ledo? ¿Por qué se tiene por dada la comparecencia del secretario de Hacienda, cuando ésta no concluyó? ¿Qué pasa nuevamente con los consejeros electorales, presidente?
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Creo que son reflexiones muy serias las que hace el diputado Cárdenas Gracia, pero yo no tengo respuesta a ellas, porque todas son competencia de la Junta de Coordinación Política. Creo que será la Junta la que pueda explayarse en relación a estos temas y por mi parte, antes de dar opiniones, la observancia plena de la legalidad. No quiero hacer una evasiva a la respuesta, pero tampoco quiero generar un conflicto entre las instancias, que de acuerdo a la ley y al Reglamento tienen estas responsabilidades.
JOSEFINA EUGENIA VAZQUEZ MOTA
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Agustín Torres Ibarrola.
El diputado Agustín Torres Ibarrola (desde la curul): Gracias, presidente. Para pedir que nos centremos en el debate. En este momento estamos hablando acerca del acta de la sesión anterior y mi compañero Leoncio Morán solicitó una disculpa pública.
No tengo duda de la importancia del debate sobre Palestina, pero me parece que el diputado Muñoz Ledo está respondiendo a nombre del diputado Fernández Noroña sobre el tema que le plantea mi compañero Leoncio Morán y no ha dado una respuesta, sino nos ha metido a un debate que si bien es importante, no es el que estamos tratando en este momento. Lo invitaría a que correspondan, porque no se vale aventar la piedra y esconder la mano, como se hizo la sesión pasada.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En primer lugar, tiene la razón el diputado Agustín Torres, nos vamos a abocar en este momento al punto que ha señalado. Quisiera decirle que cuando se hizo la intervención por parte del diputado Fernández Noroña solicitó —entiendo que la Secretaría tomó nota—, hacer la investigación correspondiente.
No podría en estos momentos —dada su ausencia y dada la falta de elementos, que no me han sido proporcionados, en relación a esta investigación— formular la exigencia que se hace al diputado; primero, porque no está y no la podría físicamente hacer; segundo, porque debemos agotar la investigación para poder proceder a ello. Sí, diputado.
El diputado Agustín Torres Ibarrola (desde la curul): Sólo pediría, presidente, que esta circunstancia conste en las actas: que no hay presencia, que no se han presentado ninguna de las pruebas y que mi compañero Leoncio Morán está haciendo entrega de los acuses de recibo y de las entregas de estos vehículos a la Cámara de Diputados. Muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se hace constar, en los instrumentos respectivos, la petición que se formula y la ausencia de elementos en esta Presidencia para tomar una decisión de inmediato.
¿Está agotado el tema que el diputado Morán mencionó? Sí. Seguimos entonces con el otro punto.
ESTADO PALESTINO
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El diputado Francisco Alejandro Moreno Merino.
El diputado Francisco Alejandro Moreno Merino(desde la curul): Señor presidente, buenos días. Quiero solicitarle —con la venia de mis compañeros de Acción Nacional, los compañeros del PRI y del PRD—, que dado el interés manifiesto que siempre tiene mi compañero Gerardo Fernández Noroña por esas naciones, hagamos una propuesta para que el señor Presidente de la República lo nombre a la brevedad embajador plenipotenciario y vitalicio ante Teherán. Seguramente todos votaríamos a favor, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo.
El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega(desde la curul): Aunque se ha agotado el tema anterior, invita a dos comentarios lo dicho. No soy vocero del señor diputado Fernández Noroña, somos compañeros de bancada y de asiento, pero no soy su representante.
Creo que bastaría con que se le hiciera saber que se están solicitando las pruebas de su afirmación, para que a su regreso las presentara. “No por mucho apurar, amanece más Vázquez Mota”.
Punto número dos. Respecto a mí querido amigo y compañero diputado, Paco, quiero decirle que este cargo es muy honroso —el de diputado— y lo ha cumplido con creces el señor diputado Fernández Noroña y no creo que optaría por dejar su curul en favor de una embajada.
Le ha hecho un llamado, señor presidente, el señor diputado Alejandro Encinas. La Junta de Coordinación propone, pero la Mesa somete al pleno el orden del día. No hay ningún Parlamento al cual nadie le pueda imponer un orden del día; si la mayoría se inclina o se niega a incluir un punto de acuerdo, en todos los regímenes parlamentarios existe la facultad de la Mesa para acceder a una petición de minoría.
Quiero aclararle, señor presidente, si me presta su bondadosa atención. Quiero reconocer, porque estoy enterado de los debates de la Mesa, que usted ha tenido a este respecto una actitud positiva y democrática; por eso estoy haciéndole un llamado. En esta Cámara en el 99 se estableció un nuevo régimen; antes de eso la CRICP, Comisión de Régimen Interno, no proponía agenda. Se rompió un precedente de escala mundial, que es: quien decide el orden del día es la Mesa, porque en la Mesa están representados todos los partidos. Ésa es la verdad.
Entonces, usted tiene facultades remanentes, como Mesa Directiva y como responsable del buen orden de este Congreso. Le vuelvo a insistir en que sea por la vía de someter al pleno el debate sobre un asunto o sea por la vía de conceder a la minoría su derecho a poner en la mesa de discusión un asunto de suma importancia. Actúe en ese sentido.
Por último, quiero decirle que en las épocas heroicas del comienzo de la transición éramos cuatro senadores de oposición y luego nada más éramos tres y sin embargo, la dirigencia de la Cámara de Senadores jamás, en seis años, se negó a inscribir un punto de acuerdo, aunque había más de 60 senadores de la mayoría.
Me parece que es una regresión democrática, desde los antecedentes de los diputados de partido y luego los diputados plurinominales, que empezó a abrirse la Cámara de Diputados a las voces de las minorías, que ahora establecemos un sistema de cerrojo para que no podamos hablar. Lo insto, señor presidente, a que encuentre la vía de que se abra el debate.
Por algunas reacciones que escuché —quiero decir que en el diccionario, para que no haya malas interpretaciones—, la palabra basura, se interpreta...
No, no hay tiempo en esto, señor. Si no quiere oírme ése es su problema, usted tiene también unos tapones en los oídos o la puerta. Es la actitud mental de quien no quiere escuchar al otro. No sé a qué vienen al Congreso.
Quiere decir, basura: residuos desechables y otros desperdicios. Realmente es un desperdicio democrático lo que aquí está ocurriendo y creo que son residuos desechables, en la vida de un país libre, aquellos que no quieren oír el punto de vista del contrario. Muchas gracias.
ESTADO DE JALISCO
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Juan José Cuevas García.
El diputado Juan José Cuevas García(desde la curul): Con su venia, diputado presidente. Sólo para hacer un llamado especial a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Turismo federal y al gobierno de Jalisco y a su propia Secretaría de Turismo.
Hace varios meses, cuando Mexicana de Aviación cerró operaciones, los destinos turísticos, como en este caso, de todo el país vieron de inmediato con temor el incremento de tarifas aéreas. Al cerrarse la ruta de Mexicana, otras rutas incrementaron sus costos y volar en territorio nacional se convirtió en un lujo reservado para muy pocos.
Sin embargo, la incursión de la línea aérea Viva Aerobús sirvió para atemperar el mercado. Los bajos costos de esta línea de origen mexicano y soportada por autotransportistas, hizo posible que la actividad aérea estuviera al alcance de más paseantes y viajeros y los destinos turísticos se beneficiaron con ello.
Hago esta reflexión, porque en días pasados Viva Aerobús cerró sin más la ruta que cubría entre la Ciudad de México y Puerto Vallarta. Para un destino turístico como Puerto Vallarta, perder una ruta aérea es como perder una importante arteria.
Hoy Puerto Vallarta, que por sus circunstancias geográficas es un destino turístico de difícil acceso, ve caer un puente de comunicación importantísimo.
No es necesario que abunde que debido al cierre de esta ruta se elevaron de inmediato los costos de otras aerolíneas. Incluso las opciones que quedan se saturan, obligando a los paseantes a buscar destinos de mejor acceso o más económicos.
En Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit dependemos en buena parte del turismo aéreo de carga, a los juegos panamericanos, al tianguis turístico de México y al Foro Económico Mundial. No podemos permitirnos darnos el lujo de prescindir de estos servicios.
Por eso exhorto, invito a la SCT, Sectur y Setujal para que se sienten a platicar con directivos de Viva Aerobús para que reactiven sus vuelos a Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit. Es cuanto, diputado, gracias por su atención.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias. Diputado Morán.
JOSEFINA EUGENIA VAZQUEZ MOTA
El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (desde la curul): Presidente. Si bien el diputado que acusaba, José Gerardo Rodolfo, solicitaba una investigación, también es cierto —y consta en actas— que durante su intervención manifestó tener pruebas y presumir de ellas.
Hasta la fecha —quiero decirlo y quiero que conste también en actas— que seguramente las pruebas ni las tiene ni las va a poder presentar, porque lo que él dice es una mentira. Yo recién acabo de entregar a usted las constancias, que en su momento y en su oportunidad, no el día de hoy ni el día de ayer, sino en su oportunidad se hicieron y se entregaron, de acuerdo a lo que consta en los datos y en la información de esta Contraloría.
Quisiera que quedara asentado, por los comentarios que usted acaba de verter. Agradezco la oportunidad de mi intervención, presidente.
2 DE OCTUBRE DE 1968
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza(desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sí, diputado.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Gracias, presidente. Para reiterar lo que expresó el diputado Jaime Cárdenas Gracia, de la extrañeza que tenemos de que un dictamen que aprobamos hace días en la Comisión de Gobernación para modificar la Ley sobre el Escudo Nacional, para conmemorar la fecha del 2 de octubre y que lo aprobamos, lo discutimos y lo votamos, para que antes de esa efeméride ya estuviera aprobado. No aparece en la relación de dictámenes; por ello, una petición a la Presidencia de la Comisión de Gobernación, para que pueda incluirse en el orden del día y hacer la votación en forma oportuna. Gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Bien. Con relación a lo solicitado por el diputado Morán —punto que habíamos dado por concluido—, les ruego que con la intervención de su servidor me autoricen a pasar al segundo, para no estar interfiriendo en los diálogos. Agradezco los documentos que usted me envía. Ordeno a la Secretaría para que los turne a la Contraloría de esta Cámara para que haga la revisión correspondiente.
De la misma manera, se buscarán los elementos de juicio de los que dispuso el diputado Fernández Noroña para formular la intervención que tuvo en la última de nuestras sesiones y entonces, tomaremos la resolución —y digo: tomaremos conjuntamente— que el caso amerite.
Ahora, pasando a la propuesta del licenciado Muñoz Ledo, en relación al acuerdo sobre el Estado palestino que debe ser incluido en el orden del día por una votación del pleno. Tengo dos puntos de vista, que con todo respeto —y usted sabe que se lo tengo de mucho tiempo atrás— quiero formular; primero, se sentaría un precedente que nos conduciría a que cada sesión, con base en este precedente, cualquier diputado, cualquier diputada, quiera acudir al pleno para modificar el orden del día.
En segundo lugar, algo que es más grave a mi juicio, el pleno es también un órgano de legalidad. No está sobre la ley, está bajo la ley; y la ley señala claramente que es la Junta de Coordinación Política la que formula el proyecto del orden del día.
En tercer lugar —así se ha hecho siempre—, no se vota el orden del día, lo que se vota es la dispensa de la lectura del orden del día, habida cuenta que fue publicada. Una vez que se dispensa la lectura, se pasa al desahogo de la misma.
ESTADO PALESTINO
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Muñoz Ledo, quería hacer uso de la palabra.
El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega (desde la curul): Éste es el problema, tampoco la ley está sobre la Constitución. Esta asamblea es soberana. He protestado desde el 99 —hay constancia en esta Cámara de Diputados—, de una ley que no es constitucional. No se puede privar al pleno de votar su orden del día, ¿en qué cabeza cabe eso? Sé quiénes, qué compañeros de entonces propusieron y pergeñaron esta reforma, porque había una época muy tumultuosa y como se había acabado el viejo régimen de partido hegemónico; ahora las mayorías quisieron ser hegemónicas, hubo un pacto, había una mayoría y una minoría casi idénticas en tamaño —usted conoce la circunstancias—, de que siempre que se pusieran de acuerdo pasaban las cosas. Como dijo algunos de sus autores: y si no, ¿cómo íbamos a controlar a los compañeros?
Fue un mecanismo de control. Estoy refutando la constitucionalidad de ése mecanismo desde hace años. Creo que la Mesa tiene todo el derecho de someter al pleno. El pleno aprueba. Usted dice: la dispensa. No, no existe ninguna asamblea sobre la tierra que no apruebe su propio orden del día. Nadie se la puede imponer desde fuera.
Mi argumento respecto de la época en que fuimos senadores tiene que ver con un retroceso institucional. Entonces, había la posibilidad de poner puntos de la minoría y ahora no los hay.
Le hago un llamado, presidente. Usted delante de mí —de una manera muy cortés y gentil— habló con los coordinadores parlamentarios y ellos le dijeron que sí estaban de acuerdo; sin embargo, se arrepintieron, porque hicieron consultas afuera de la Cámara, porque están respondiendo a intereses electorales y tienen temor.
Quiero decirles —fundamentalmente a los compañeros del PRI—, que el ingreso de Palestina a las Naciones Unidas no es una ofensa al Estado de Israel. Me he entrevistado con ellos, igual que ellos, con la directiva de la Comunidad Israelí de México y hemos hablado racionalmente, y ellos tienen que estar de acuerdo y lo están, en que el ingreso del Estado de Palestina empareja el terreno, adelanta las negociaciones y permite la paz. De otra manera, es estar alentando a los bandos más radicales de ambos lados.
Hay una consolidación del Estado Palestino que permite una negociación. A Israel le conviene, así lo ha opinado en un documento público la Unión Europea.
No se dejen presionar. Éste es el tema, estos son asuntos de la soberanía nacional. Jamás el gobierno de Israel ni el gobierno de los Estados Unidos de América —y lo digo por mi experiencia personal, como antiguo presidente de la Comisión de Supervisión de Territorios Árabes Ocupados— ha presionado al gobierno de México ni a sus partidos en cuestiones que son de la soberanía nacional.
Aquí se está violando la soberanía del Congreso, se está atentando contra la soberanía del país. Discutámoslo; si lo quieren votar del otro lado, vótenlo, pero asuman su responsabilidad.
¿Cómo es posible que un partido —me refiero al PRI—, que tiene aquí una voz decisoria, diga que quiere restaurar un pasado revolucionario y no se atreva a retomar los principios elementales de la política exterior de México?
Por último. Aquí se están violando, en esta decisión del gobierno, tres principios de política exterior contenidos en el artículo 89: la igualdad jurídica de los Estados, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias. No estamos hablando de cosas menores.
Le ruego, presidente, que vuelva a instar a los grupos parlamentarios, como ya lo hizo, para que hoy mismo, hoy mismo, podamos discutir este asunto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Encinas.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez(desde la curul): Lamento nuevamente discrepar con usted, señor presidente.
Espero a que termine su conversación.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Lo estoy escuchando, señor diputado.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde la curul): Lamento no coincidir con usted, porque está en esta ocasión equivocado. La atribución para integrar y proponer el orden del día al pleno de la Cámara no es de la Junta de Coordinación Política, es de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, de acuerdo al artículo 59 de nuestro propio Reglamento, que establece que la Mesa Directiva integrará el proyecto del orden del día, en el que incluirá las propuestas que haga la Junta de Coordinación Política. El artículo 60 establece, con toda precisión, que el pleno puede modificarlo y de ahí la disposición para que se publique en el momento en que el pleno tome esa decisión. Creo que no se pueden conculcar los derechos de los diputados a plantear puntos en el orden del día, porque esto conduciría indudablemente a este pleno a vetar o censurar algunos temas del debate que debe conocer esta representación popular.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El diputado Marcos Carlos Cruz.
El diputado Marcos Carlos Cruz Martínez(desde la curul): Me parece que aquí deberíamos de ir al fondo del problema. Creo que no es aquí un tema de procedimiento.
¿Cuál es al final la resistencia de incluir el punto para debatirlo? Mire, en el caso del PAN, desde que Fox asumió la Presidencia de la República, la política exterior ha sido de sumisión a los Estados Unidos de América con la zanahoria de la reforma migratoria.
En el caso del PRI —estamos enterados que el Grupo Parlamentario del PRI, el que ahora se opone a que este asunto sea llevado al debate de esta tribuna—, porque no quieren desagradar a los grupos poderosos de judíos que influyen en la política nacional y en la política norteamericana y que además, son grupos de judíos muy poderosos y muy generosos en el financiamiento de las campañas electorales. El PRI piensa que ganará las elecciones presidenciales en 2012, y ya empieza a agachar la cabeza ante los intereses de la política exterior de Washington.
Les pregunto a los priistas, ¿dónde quedó el orgullo por aquella tradición diplomática que le dio lustre y liderazgo a la política exterior mexicana? ¿En dónde quedaron los principios que inspiraron la reforma constitucional del artículo 89? Producto de estas reformas debería guiar su política exterior, pero los principios de autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, la igualdad jurídica de los Estados y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
A los priistas ya se les olvidaron estos ideales que contribuyen a construir un mundo mejor. Ahora los priistas están obsesionados por la mezquindad del poder, a toda costa.
Es muy triste el papel que ahora ejerce México en la definición de los grandes temas mundiales, siempre regulando y protegiendo los intereses del imperio; por eso hacemos un llamado a la Mesa Directiva, para que se le dé curso al punto de acuerdo propuesto por el diputado Muñoz Ledo. Muchas gracias, presidente.
RECESO
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor (a las 11:24 horas): Esta Mesa les solicita dos minutos de receso a la asamblea para, sin demérito de escuchar con atención a los oradores, poder discutir con los miembros de la Mesa Directiva una solución que satisfaga al pleno. Gracias.
(Receso)
ESTADO PALESTINO - 2 DE OCTUBRE DE 1968
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor(a las 11:36 horas): Señores diputados, se reanuda la sesión.
Los coordinadores integrantes de la Junta de Coordinación Política habrán de abocarse a la solución de los dos temas que aquí se han discutido, para eventualmente incluirlos en el orden del día. Tanto el reconocimiento del Estado Palestino, como la propuesta en términos del 2 de octubre, su conmemoración mediante el izamiento a media asta de la Bandera Nacional.
ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Consulte a la Secretaría si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Tercer año de ejercicio.— LXI Legislatura.
Orden del día
Jueves 29 de septiembre de 2011.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones oficiales
De la Secretaría de Cultura del Distrito Federal
Por la que invita a la ceremonia cívica de izamiento de Bandera con motivo del Día de Duelo en el Distrito Federal, por las víctimas de la masacre del 2 de octubre de 1968, que tendrá lugar el domingo 2 de octubre a las 08:00 horas, en la Plaza de las Tres Culturas.
Por la que invita a la ceremonia cívica conmemorativa del 203 aniversario luctuoso de Francisco Primo de Verdad y Ramos, el martes 4 de octubre a las 10:00 horas, en el Monumento erigido en su memoria.
De la Junta de Coordinación Política.
Del diputado Antonio Benítez Lucho
En relación con la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
De la Asamblea Legislativa del Distrito federal
Con la que remite acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados, para que por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, analice la posibilidad de diseñar un instrumento de aplicación federal que garantice el incentivo a la utilización de medios de transporte distintos al automóvil particular.
De la Cámara de Senadores
Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Cámara de Diputados adicionar al Presupuesto de la Universidad Autónoma Chapingo un monto de 130 millones de pesos para las actividades de investigación y vinculación que lleva a cabo el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral, presentada por la senadora Rosalía Peredo Aguilar, a nombre propio y de diversos senadores.
Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, incrementar el presupuesto asignado al estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2012, principalmente en los rubros de obra pública, agricultura, salud y educación; además para los proyectos de desarrollo del Puerto de Mazatlán, del corredor económico del norte y del CIP Teacapán, presentada por los senadores Margarita Villaescusa Rojo, Francisco Labastida Ochoa, María Serrano Serrano y Gabriela Ruiz del Rincón.
Con el que remite solicitud de la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación con el proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 25; un artículo 47 bis y reforma el primer párrafo del artículo 49 de La Ley de Coordinación Fiscal.
Del Poder Judicial de la Federación
Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que en los sectores público, privado y social se fortalezca la permanencia, inserción, integración y promoción laboral de las personas con discapacidad.
Del Instituto Estatal de las Mujeres del Estado de Nuevo León
Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para erradicar la violencia institucional contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
De la Secretaría de Gobernación
Con la que remite contestaciones a punto de acuerdo, aprobado en la Comisión Permanente del segundo receso, relativo al monto subejercido del presupuesto en el primer semestre de 2011 y el subejercicio a la fecha.
Con la que remite el listado sobre las instituciones que llevarán a cabo la Evaluación de Consistencia y Resultados establecidos en el Programa Anual de Evaluación 2011de los programas a cargo de la Secretaría de Economía.
Del Instituto Mexicano del Seguro Social
Con el que remite el Informe correspondiente al Segundo Trimestre 2011, sobre la composición y situación financiera de las inversiones del instituto.
Solicitudes de licencia
Del diputado Adán Augusto López Hernández.
Toma de protesta de diputado.
Iniciativas de ley o de decreto de las legislaturas de los estados
Del Congreso del Estado de Tabasco, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 4º-B. de la Ley de Coordinación Fiscal. (Turno a Comisión)
Iniciativas de ley o de decreto de los senadores
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción I del artículo 2A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el senador Alfonso Elías Serrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Informe de la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, como representante del Poder Legislativo ante el Comité Técnico del Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964.
Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno
De la Junta de Coordinación Política
Por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua y Sonora, llevar a cabo en el marco de sus atribuciones, el registro de productores afectados por la sequía y se integre la documentación requerida para que reciban apoyos del Fondo de Desastres Naturales. (Votación)
Por el que se crea la Comisión Especial para conmemorar el 150 Aniversario de la Batalla de Puebla, realizada el 5 de mayo de 1862. (Votación)
Declaratorias de publicidad de los dictámenes
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 131 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV Bis al artículo 5 y el artículo 7 Ter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 4º de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.>
De la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
De las Comisiones Unidas de Salud y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII, al artículo 100 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el inciso 19) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
De la Comisión de Comunicaciones, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Dictámenes a discusión de leyes y decretos
De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
De las Comisiones Unidas de Salud y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto, que adiciona la fracción IX BIS al artículo 3o.; un Titulo Quinto Bis y su capítulo Único; y el artículo 421 Ter a la Ley General de Salud.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que expide los Criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados.
De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.
De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 9 y 14 de la Ley General de Educación.
De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo IV Bis, al Título Octavo del Libro Segundo del Código de Justicia Militar, adicionando los artículos 275 Bis y 275 Ter.
De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso para que los Ciudadanos Alicia Bárcena, Pedro José Armendáriz Pardo y Vicente Martínez Barrientos, puedan aceptar y usar condecoraciones que en diversos grados les ofrecen el Gobierno de la República de Francia y el Gobierno de la Republica de Chile, respectivamente.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso para que los Ciudadanos Adriana del Carmen Adame Martínez, Marcos Abraham Barrera Vázquez, Carlos Manuel Berumen Domínguez, Juan José Boyoli Kaulitz, Manuel Fernando García de la Mora, Sandra Citlaly González Román, Thalia Turena Macedo Martínez, Miguel Ángel Meza Rojas, César Olivo Sosa, Dolores Elizabeth Pacheco Alejandre, Adriana Ríos Torres, Carlos Rodríguez Ramírez, Oswaldo Salinas García, Karen Paola Serdán Corona, Sara Elizabeth Tapia Morales, Isaac Tinajero Castillo, Hilda Berenice Valdés López y Noemí Vázquez Pérez, puedan prestar sus servicios en la Embajada de Canadá, en México.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso para que los Ciudadanos Julio César Serrano Vázquez, Alejandro Joel Díaz Cofradía, Rodolfo Salazar González, Irene Vázquez Carrasco, Arizbé Mondragón Alvarado, Claudia Krings Heidel, Carlos Javier Garza Cantú, Mirna María Sotomayor Galindo y José Oscar Manríquez Montelongo, puedan prestar sus servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América y de Austria, en México, y en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León y Tijuana, Baja California, respectivamente.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso para que los Ciudadanos Diana Luz Martínez Uruñuela, Norma Gabriela Treviño Garza, Mario Abel Ortiz Estrada, Mario Vidaña Silva, Alejandra Yazmín Lozoya Martínez y Hannia Cruz Meza, puedan prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco, en Matamoros, Tamaulipas y en Monterrey, Nuevo León, respectivamente.
Dictámenes a discusión de proposiciones
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo al cumplimiento de compromisos internacionales por parte del Gobierno Federal, en materia de Cambio Climático.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo al impacto ambiental producido por las bolsas de plástico.
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a incrementar los recursos destinados a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Estatal de los estados, para atender la salud de personas de escasos recursos y que carecen de seguridad social.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a fin de que elabore y remita a esta Soberanía un diagnóstico con datos reales y actualizados de la situación de violencia contra los menores.
De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Baja California, a reformar las disposiciones de su Código Penal, que contravienen principios fundamentales de igualdad, no discriminación y equidad previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo para que en el ámbito de sus respectivas competencias, instrumente las acciones y medidas necesarias tendientes a implantar un programa integral de Apoyo, Atención y Seguimiento a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Narcotráfico.
De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las Entidades Federativas y a las autoridades correspondientes del Distrito Federal y de los municipios, capacitar a los servidores públicos en materia de Derechos Humanos de las Mujeres y de Perspectiva de Género
De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo relativo a la licitación propuesta por la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo, con la finalidad de que edifique una política pública en materia turística y en el cual se incentive la promoción como destino turístico, dentro de los programas regionales que opera esta Secretaría, uno relativo a Turismo Rural, y consecuentemente, se otorguen apoyos económicos a pequeños prestadores de servicios que lo abarquen.
Dictámenes a discusión negativos de iniciativas y minutas
De la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17 y 80 de la Ley Agraria.
De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desechan tres iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
De la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en Posesión de Órganos Públicos.
De la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8, 42, 48 y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
De la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
De la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
De la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
De la Comisión de Vivienda, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores.
De la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria.
De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma diversos artículos a la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
Iniciativas
Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Ninfa Clara Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma los artículos 100 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma el artículo 4o. de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma los artículos 33 de la Ley General de Educación y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 3o., 104 y 112 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Ley General de Educación y 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, a cargo del diputado Óscar Lara Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y expide la Ley Federal de la Pirotecnia, a cargo del diputado Héctor Guevara Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 3o. y 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 7o. y 111 y adiciona un artículo 8 ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 167 de la Ley General de Salud y 8o. de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 6o. de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 7o. y 24 de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo de la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 80 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que expide la Ley de Seguridad Alimentaria, a cargo de la diputada María Guadalupe García Almanza y suscrita por los diputados Laura Arizmendi Campos, Pedro Jiménez León y María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ricardo López Pescador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 307 de la Ley General de Salud y 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 11, 93 y 112 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrito por diputados integrantes de la Comisión Especial sobre Cambio Climático. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, a cargo del diputado Rafael Rodríguez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 25 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada María Isabel Pérez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que adiciona un artículo 225 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado J. Eduardo Yáñez Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que expide la Ley del Fideicomiso Público para la Defensa y Protección de la Economía Familiar, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Herón Agustín Escobar García y suscrita por el diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 19 de la Ley General de Desarrollo Social y 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Laura Felicitas García Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 578 y 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Agraria, a cargo del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Herón Agustín Escobar García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Efraín Ernesto Aguilar Góngora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 18 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a cargo del diputado Ariel Gómez León, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Alejandro Cano Ricaud, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sener y al Director General de Pemex, para que suspendan las medidas anunciadas de cortes de suministro de petrolíferos (gasolina magna, premium y diesel) a las estaciones de servicio de la franquicia Pemex hasta que el pleno de la SCJN, emita la resolución definitiva, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Urgente Resolución)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a la brevedad se firme un convenio modificatorio entre la empresa III Servicios S.A. de C.V. y el Fideicomiso del Bicentenario, para que se cancele de manera inmediata la “comisión” que cobrará dicha empresa por un monto equivalente al 13% sobre el costo total de los trabajos ejecutados para la construcción del Espacio Conmemorativo y Monumento Estela de Luz, que asciende a más de setenta y nueve millones de pesos, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)
Proposiciones
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al titular de la SSP, para que los agentes federales detenidos en Ciudad Juárez, el 20 de septiembre de 2011, sean juzgados y sentenciados, por los delitos cometidos, en esa entidad, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que esta Soberanía otorga un reconocimiento al Periódico El Universal, por ser el primer medio de comunicación impreso en autorregularse en base a los artículos 5o. y 13 fracción III de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, así como por su sensibilidad y compromiso social para prevenir y erradicar este grave delito que lacera a nuestra sociedad, a cargo de la diputada Caritina Sáenz Vargas y suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, instruya al Director General del Infonavit a diseñar y poner en marcha una serie de acciones dirigidas a proteger los derechos de los trabajadores acreditados y orientar la operación del organismo hacia su misión original, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que en uso de sus facultades, determine la reducción de las tarifas de suministro de energía eléctrica que brinda la CFE, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo para crear una Comisión Especial que se encargue de analizar y revisar el desarrollo de la actividad artesanal, a cargo del diputado Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Soberanía, para que al elaborar el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, considere adicionar los párrafos cuarto y quinto que ratifican los estímulos fiscales a la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, instruya a las dependencias que conforman el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales, den cuenta a la opinión pública de los resultados sobre su funcionamiento, a cargo de la diputada Josefina Rodarte Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Senadores, a que dictamine la Minuta que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Efemérides
Con motivo del trigésimo aniversario de la entrada en vigor de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), a cargo de la diputada Dolores de los Ángeles Názares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con motivo del 187 aniversario de la Federación de Chiapas en México, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con motivo del CCI aniversario del Inicio de la Lucha de Independencia, a cargo de la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
Relativo a la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con motivo del LI aniversario de la Nacionalización de la Industria Eléctrica en México, a cargo del diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, a cargo de la diputada Caritina Sáenz Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintisiete de septiembre de dos mil once, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura
Presidencia del diputadoEmilio Chuayffet Chemor
En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 300 diputadas y diputados, a las 11 horas con 14 minutos del martes 27 de septiembre de 2011, el presidente declaró abierta la sesión.
Desde sus respectivas curules realizaron comentarios en relación con el orden del día y acerca de diversos temas legislativos los diputados: Porfirio Muñoz Ledo, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo; y Pedro Ávila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional, quien solicitó un minuto de aplausos en la memoria de la Nacionalización de la Industria Eléctrica por el presidente Adolfo López Mateos. El presidente hizo aclaraciones y concedió dicha petición.
En votación económica se dispensó la lectura al orden del día.
A las 11 horas con 34 minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruyó el cierre del sistema electrónico de asistencia, con un registro de 393 diputadas y diputados.
En votación económica se dispensó la lectura al acta derivada de la sesión anterior, la cual se aprobó de la misma manera.
Se dio cuenta con comunicaciones oficiales:
a) De la Mesa Directiva, en relación con modificaciones de turno de minuta. De conformidad con los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno, se instruye se publique en el Diario de los Debates y se actualicen los registros parlamentarios.
b) De la Junta de Coordinación Política, en relación con el cambio de integrantes de comisiones ordinarias. De enterado. Comuníquese.
c) De los diputados, José Ramón Martel López, María del Carmen Izaguirre Francos, José Ricardo López Pescador y Margarita Liborio Arrazola, por los que solicitan sean retiradas de las Comisiones: Unidas del Distrito Federal, y de Puntos Constitucionales; de Economía; de Puntos Constitucionales y de Desarrollo Social, respectivamente, sus iniciativas, turnadas en las sesiones del 25 de marzo de 2010 y del 13 y 20 de septiembre del año en curso. Se instruyó que fueran retiradas de las comisiones mencionadas, que fuera publicada la relación correspondiente en la Gaceta Parlamentaria y actualizados los registros parlamentarios.
d) De la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, por la que invita a la ceremonia cívica, con motivo del 246 aniversario del natalicio del generalísimo José María Morelos y Pavón, izamiento que tendrá lugar el viernes 30 de septiembre a las 10:00 horas, en la Plaza de la Ciudadela. Se designó para asistir, en representación de la Cámara, a los diputados Roberto Rebollo Vivero y César Daniel González Madruga.
e) De la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para otorgar a los elementos encargados de la Seguridad Pública un seguro de vida y de gastos médicos mayores. Se remitió a la Comisión de Seguridad Pública para su conocimiento.
f) De la Secretaría de Gobernación:
• Con la que remite contestaciones a punto de acuerdo, aprobado en la Comisión Permanente del segundo receso, relativo al monto subejercido del presupuesto en el primer semestre de 2011 y el subejercicio a la fecha. Se remitió a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento.
• Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado en la Cámara de Diputados:
- Relativo a la problemática del módulo de riego La Palma, AC. Se remitió a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su conocimiento.
- Relativo a la infraestructura hidráulica, en la región sur de Baja California. Se remitió a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su conocimiento.
- Relativo a la modificación del Decreto del Parque Nacional los Mármoles, como Área de Protección de Flora y Fauna. Se remitió a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su conocimiento.
- Relativo al Proyecto de Rehabilitación del Arroyo Alamar, en Baja California. Se remitió a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su conocimiento.
g) De la Cámara de Senadores, con el que remite proposiciones con punto de acuerdo:
• Que exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo y a la Cámara de Diputados a instrumentar un programa que permita atraer una mayor captación de turismo, a través del fortalecimiento de la conectividad aérea para el municipio de Loreto, Baja California Sur, desde y hacia los demás destinos nacionales e internacionales, presentada por los senadores Josefina Cota Cota y José Luis Máximo García Zalvidea, del Partido de la Revolución Democrática.
• Que solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, se considere una partida presupuestal de 375 millones de pesos para que la Comisión Nacional del Agua elabore estudios y obras que permitan mitigar los daños por inundaciones en diversos municipios y comunidades de la cuenca del río Papaloapan, en Veracruz, presentada por el senador Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional.
• Que solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 se incrementen los recursos para el sistema nacional de institutos tecnológicos, asimismo, se destinen más recursos para la creación de plazas docentes y de personal directivo y administrativo de los Institutos Tecnológicos de Educación Superior, presentada por el senador Alberto Cárdenas Jiménez, del Partido Acción Nacional.
• Que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que amplíe y fortalezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 los programas dirigidos a las mujeres que fomentan la creación de proyectos productivos, presentada por la senadora Blanca Judith Díaz Delgado, del Partido Acción Nacional.
Se remitieron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su atención.
h) De la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo ciento treinta y tres de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona un Capítulo IX al Título Séptimo de la Ley Impuesto sobre la Renta, presentada por los senadores María del Socorro García Quiroz, Rosalinda López Hernández y Tomás Torres Mercado, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Trabajo y Previsión Social para dictamen.
i) De la Junta de Coordinación Política, por el que solicita a la asamblea la modificación en el orden día, para la presentación de una iniciativa con proyecto de decreto por cada grupo parlamentario. Desde su curul realizó comentarios el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña. En votación económica se autorizó.
Se concedió el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:
• Margarita Liborio Arrazola, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley para el Impulso a Favor del Desarrollo Pleno de las Mujeres Jefas de Familia. Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
Presidencia del diputadoFrancisco Javier Salazar Sáenz
• Gloria Trinidad Luna Ruíz, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen.
• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
• Rodrigo Pérez-Alonso González, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos 33, 43 y 45 de la Ley General de Educación. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.
• Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
Se recibió comunicación de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, con la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas como diputada federal, de la segunda circunscripción plurinominal. Desde su curul realizó comentarios el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. En votación económica se aprobó. Comuníquese.
El presidente informó a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes con proyectos de decreto de las Comisiones:
a) De Economía, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
b) De Derechos Humanos, que reforma el artículo 29 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
c) De Ciencia y Tecnología, que reforma la fracción XXIII del artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
d) Unidas de Juventud y Deporte, y de Equidad y Género, que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
e) De Medio Ambiente y Recursos Naturales:
• Que adiciona un párrafo tercero al artículo sesenta bis de la Ley General de Vida Silvestre.
• Que reforma los artículos 7, 35, 37, y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
f) De Juventud y Deporte, que adiciona las fracciones XV y XVI al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
g) De Gobernación:
• Que adiciona el artículo 18 inciso b) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
• Que concede permiso para que los ciudadanos:
- Adriana del Carmen Adame Martínez, Marcos Abraham Barrera Vázquez, Carlos Manuel Berumen Domínguez, Juan José Boyoli Kaulitz, Manuel Fernando García de la Mora, Sandra Citlaly González Román, Thalía Turena Macedo Martínez, Miguel Ángel Meza Rojas, César Olivo Sosa, Dolores Elizabeth Pacheco Alejandre, Adriana Ríos Torres, Carlos Rodríguez Ramírez, Oswaldo Salinas García, Karen Paola Serdán Corona, Sara Elizabeth Tapia Morales, Isaac Tinajero Castillo, Hilda Berenice Valdés López y Noemí Vázquez Pérez, puedan prestar sus servicios en la Embajada de Canadá, en México.
- Julio César Serrano Vázquez, Alejandro Joel Díaz Cofradía, Rodolfo Salazar González, Irene Vázquez Carrasco, Arizbé Mondragón Alvarado, Claudia Krings Heidel, Carlos Javier Garza Cantú, Mirna María Sotomayor Galindo y José Óscar Manríquez Montelongo, puedan prestar sus servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América y de Austria, en México, y en el Consulado General de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León y Tijuana, Baja California.
- Diana Luz Martínez Uruñuela, Norma Gabriela Treviño Garza, Mario Abel Ortiz Estrada, Mario Vidaña Silva, Alejandra Yazmín Lozoya Martínez y Hannia Cruz Meza, puedan prestar sus servicios en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco, en Matamoros, Tamaulipas y en Monterrey, Nuevo León.
De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumplió la declaratoria de publicidad.
Se sometieron a discusión los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:
a) De Educación Pública y Servicios Educativos, por el que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación. Se sometió a discusión en lo general e intervinieron en contra del dictamen el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, en una segunda intervención desde su curul para responder alusiones personales; y en pro los diputados Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo; Víctor Manuel Castro Cosío, del Partido de la Revolución Democrática, en una segunda intervención desde su curul para rectificación de hechos; desde su curul Feliciano Rosendo Marín Díaz, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificación de hechos; María de Lourdes Reynoso Femat, del Partido Acción Nacional; y para rectificación de hechos el diputado Ramón Jiménez López, del Partido de la Revolución Democrática; para presentar modificación por la comisión el diputado José Trinidad Padilla López. En votación económica se aceptó la modificación propuesta. En votación económica se consideró suficientemente discutido en lo general.
Presidencia del diputadoEmilio Chuayffet Chemor
En votación nominal se aprobó en lo general y en lo particular, con la modificación aceptada por la asamblea, el proyecto de decreto por unanimidad de 389 votos. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.
b) De Turismo, que reforma los artículos 2, fracción VI, 18 y 19, primer párrafo, de la Ley General de Turismo. Se sometió a discusión en lo general e intervino en pro del dictamen la diputada Lizbeth García Coronado, del Partido de la Revolución Democrática; y en contra el diputado Juan José Cuevas García, del Partido Acción Nacional. Se consideró suficientemente discutido. En su oportunidad y desde sus respectivas curules solicitaron a la Presidencia la corrección de sus votos los diputados Juan José Cuevas García y Carlos Alberto Pérez Cuevas, en nombre propio y de diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación nominal se aprobó en lo general y en lo particular en un solo acto el proyecto de decreto por unanimidad de trescientos noventa votos; y nueve en contra. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Presidencia del diputadoFelipe Amadeo Flores Espinosa
• Unidas de Comunicaciones, y de Transportes, por el que se garantizan los derechos de los usuarios de Compañía Mexicana de Aviación y sus filiales, en relación con la venta de boletos anterior al inicio del proceso de quiebra. Para fundamentar el dictamen en nombre de las comisiones se concedió el uso de la tribuna al diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar. Se sometió a discusión en lo general e intervienen en pro los diputados Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo;
Presidencia del diputadoEmilio Chuayffet Chemor
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; y Alejandro Carabias Icaza, del Partido Verde Ecologista de México, quien aceptó interpelación del diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo. En votación económica se consideró suficientemente discutido y en votación nominal se aprobó en lo general y en lo particular en un solo acto el proyecto de decreto por 390 votos a favor; y 2 abstenciones. Pasó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Se dio cuenta con cinco acuerdos de la Junta de Coordinación Política, por los que se:
• Exhorta al gobierno de Oaxaca, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de la Reforma Agraria, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, atiendan a la brevedad diversas demandas de los pueblos indígenas de Oaxaca. Intervinieron en pro del acuerdo el diputado Jorge Venustiano González Ilescas, del Partido Revolucionario Institucional, quien aceptó interpelación del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional; y desde sus curules realizaron comentarios los diputados Agustín Castillo Guerrero, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Alba Leonila Méndez Herrera, del Partido Acción Nacional; Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Partido de la Revolución Democrática; Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Partido Revolucionario Institucional; Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional; Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática; Antonio Benítez Lucho, del Partido Revolucionario Institucional; y Domingo Rodríguez Martell, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se aprobó. Comuníquese.
• Exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que se le otorgue al gobierno de Jalisco, de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, el tramo del puente Fernando Espinosa hasta nodo vial Revolución, para que éste se encargue de su mantenimiento y así, se convierta en una vialidad local que garantice de manera gratuita la libertad de tránsito a todos los usuarios. Intervinieron en pro del acuerdo los diputados Jorge Arana Arana, del Partido Revolucionario Institucional; y Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo. En votación económica se aprobó. Comuníquese.
• Exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que dé cumplimiento a las metas establecidas por el gobierno federal en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, particularmente en lo relativo al sector de infraestructura ferroviaria y multimodal. Intervino en pro del acuerdo el diputado Pedro Jiménez León, de Convergencia. En votación económica se aprobó. Comuníquese.
• Exhorta al Ejecutivo federal para que antes que concluya el presente ejercicio fiscal, dé inicio a la obra que permita recuperar el cordón litoral erosionado de la costa de Altamira, Tamaulipas. Intervino en pro del acuerdo el diputado José Francisco Rábago Castillo, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se aprobó. Comuníquese.
• Expresa su total anuencia para que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias establezca comunicación con su homóloga de la Cámara de Senadores, para acordar la instalación de una mesa interparlamentaria con objeto de actualizar el marco normativo que regula al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Intervinieron en pro del acuerdo el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. En votación económica se aprobó. Comuníquese.
d) Se somete a discusión el dictamen con proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Equidad y Género, que adiciona un párrafo segundo a los artículos 10 y 122; y se reforma el artículo ciento treinta y dos de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Para fundamentar el dictamen a nombre de las Comisiones se concede el uso de la tribuna a la diputada Lorena Corona Valdés. Fijan postura de sus respectivos grupos parlamentarios las diputadas Elsa María Martínez Peña, de Nueva Alianza; María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, de Convergencia; Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Partido de la Revolución Democrática; Laura Elena Estrada Rodríguez, del Partido Acción Nacional; y Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e interviene en pro el diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se considera suficientemente discutido y en votación nominal se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por unanimidad de trescientos cincuenta y dos, votos. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
e) De Recursos Hidráulicos, que adiciona tres párrafos al artículo 82 de la Ley de Aguas Nacionales. Se sometió a discusión en lo general e intervinieron, en contra del dictamen, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, de Partido del Trabajo; en pro, el diputado José María Valencia Barajas, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se consideró suficientemente discutido y en votación nominal se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 345 votos a favor; y 3 en contra. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.
f) De Desarrollo Rural, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se sometió a discusión en lo general e intervinieron en pro del dictamen los diputados Avelino Méndez Rangel, del Partido de la Revolución Democrática; Alberto Esquer Gutiérrez, del Partido Acción Nacional; Julián Nazar Morales, del Partido Revolucionario Institucional; y Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se consideró suficientemente discutido y en votación nominal se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por unanimidad de 330 votos. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.
En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizaron moción de procedimiento los diputados Carlos Flores Rico, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México; Gustavo González Hernández, y Carlos Alberto Pérez Cuevas, ambos del Partido Acción Nacional. El presidente hizo aclaraciones.
El presidente anunció que de conformidad con los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones registradas en el orden del día de la sesión que no se presentaron en tribuna fueran turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo de las que se reciba comunicación para ser registradas en la siguiente sesión, a saber:
a) Iniciativas con proyecto de decreto:
• Alberto Emiliano Cinta Martínez, del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados de la Comisión Especial para la Competitividad, que reforma el artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
• Jorge Antonio Kahwagi Macari, de Nueva Alianza, que reforma los artículos 4o. y 22 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se turnó a la Comisión de Economía para dictamen.
• Mary Telma Guajardo Villarreal y suscrita por el diputado Juventino Víctor Castro y Castro, del Partido de la Revolución Democrática que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
• Juan Nicolás Callejas Arroyo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos 84, 108 y 109 de la Ley Federal del Trabajo. Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.
• Jaime Oliva Ramírez, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 254 de la Ley General de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud para dictamen.
• Mary Telma Guajardo Villarreal y suscrita por el diputado Juventino Víctor Castro y Castro, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley Reglamentaria de los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia penitenciaria. Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
• Enrique Torres Delgado, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
• Fermín Montes Cavazos, del Partido Revolucionario Institucional, que deroga el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
• Ana Luz Lobato Ramírez del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, que reforma el artículo 5o. y adiciona los artículos 5o. Bis y 5o. Ter de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura para dictamen.
• Diana Patricia González Soto, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 66 de la Ley General de Educación. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.
• Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se turnó a la Comisión de Pesca para dictamen.
• Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo, que expide la Ley que Regula las Pensiones de los ex presidentes de la República. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para dictamen.
• Jorge Arana Arana, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turnó a la Comisión de Transportes para dictamen.
• Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turnó a la Comisión de Gobernación para dictamen.
• José Manuel Agüero Tovar, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 399 del Código Civil Federal. Se turnó a la Comisión de Justicia para dictamen.
b) Proposiciones con puntos de acuerdo:
• Laura Felicitas García Dávila, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Desarrollo Social, así como de la Comisión Federal de Electricidad, implante un programa integral para que las madres solteras, separadas o viudas y los adultos mayores de setenta años o más, obtengan una tarifa preferencial en el consumo de electricidad doméstica. Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía, y de Desarrollo Social para dictamen.
• Gumercindo Castellanos Flores, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al gobierno federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del gobierno de Jalisco, considere un acceso para la carretera Miraflores-Chila al nuevo Libramiento Sur de Guadalajara que está por construirse, a fin de beneficiar a las poblaciones que se encuentran en esta región del país. Se turnó a la Comisión de Transportes para dictamen.
• Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Economía, se detenga la desgravación arancelaria de las importaciones de calzado provenientes de China, toda vez que esto debilitará a la industria nacional. Asimismo, se exhorta al Ejecutivo federal a revisar y detener cualquier otra desgravación arancelaria que afecte a la planta productiva nacional. Se turnó a la Comisión de Economía para dictamen.
• Jorge Herrera Martínez, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, elabore y publique en su página electrónica, un programa integral de prevención de inundaciones en el valle de México. Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos para dictamen.
• Laura Felicitas García Dávila, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a que rectifique las cifras del número de habitantes del municipio de Reynosa, Tamaulipas, proporcionadas en el Censo Nacional de Población 2010. Se turnó a la Comisión de Gobernación para dictamen.
• Rafael Pacchiano Alamán, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, expida a la brevedad el manual para los instrumentos económicos aplicables a áreas naturales protegidas. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.
• Francisco Alejandro Moreno Merino, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Comunicaciones a homologar las tarifas telefónicas entre municipios en Morelos. Se turnó a la Comisión de Comunicaciones para dictamen.
• Fernando Espino Arévalo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, considere la exención en el pago del impuesto sobre la renta y del impuesto empresarial a taza única, a las personas físicas y morales que realicen actividades directamente relacionadas con la charrería, a partir del ejercicio fiscal dos mil doce. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
• Fernando Espino Arévalo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular del gobierno del Distrito Federal a dejar sin efecto el decreto por el que se expide el Programa de Transporte Escolar del Distrito Federal. Se turnó a la Comisión del Distrito Federal para dictamen.
• Antonio Benítez Lucho, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a que la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Soberanía, convoque a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para analizar la legalidad y los recursos del Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
• Salvador Caro Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, para que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría especial a los 10 municipios con más alto índice de población que reciben la mayor cantidad de recursos por concepto de desarrollo y aplicación de políticas públicas en materia de prevención social del delito con participación ciudadana, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 a fin de verificar que los municipios y organismos de la sociedad civil beneficiados cumplan estrictamente con los requisitos, procedimientos y metas establecidos para este rubro. Se turnó a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para dictamen.
• Melchor Sánchez de la Fuente, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que instruya a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a que se revisen los términos de la venta de Altos Hornos de México al grupo Acero del Norte. Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Trabajo y Previsión Social para dictamen.
• Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y, por conducto de este último, al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, a efecto de impulsar el establecimiento de observatorios ciudadanos de seguridad. Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública para dictamen.
Desde sus respectivas curules realizaron comentarios a diversos temas legislativos los diputados: José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, en cuatro ocasiones; Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; y Leoncio Alfonso Morán Sánchez del Partido Acción Nacional, en tres ocasiones.
El presidente clausuró la sesión a las 17 horas con 6 minutos y citó para la próxima que tendrá lugar el jueves 29 de septiembre de 2011, a las 10:00 horas.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Pido a la Secretaría proceda a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobada el acta.Comunicaciones oficiales. De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal.
SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Diputados Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica de izamiento de Bandera con motivo del Día de Duelo en el Distrito Federal por las víctimas de la masacre del 2 de octubre de 1968, el domingo 2 de octubre, a las 8:00 horas, en la Plaza de las Tres Culturas, a un costado de la parroquia de Santiago Tlateloco, situada en Eje Central y Ricardo Flores Magón, delegación Cuauhtémoc.
Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes, los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Licenciada Elena Cepeda de León, secretaria de Cultura.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los diputados: Roberto Rebollo Vivero y Avelino Méndez Rangel.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Diputados Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 203 aniversario luctuoso de Francisco Primo de Verdad y Ramos, el martes 4 de octubre a las 10:00 horas, en el monumento erigido a su memoria en la plaza ubicada en las calles de República del Salvador y Pino Suárez, Centro Histórico, delegación Cuauhtémoc.
Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Licenciada Elena Cepeda de León, secretaria de Cultura.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes diputados: José Luis Jaime Correa y Roberto Rebollo Vivero.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Estimado diputado presidente
Me permito informar que el 6 de abril del año en curso el pleno de ésta honorable LXI Legislatura voto a favor del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la minuta fue remitida a la Cámara de Senadores a fin de que la colegisladora continuara con el proceso legislativo y emitiera el dictamen correspondiente.
Con fecha 2 de agosto pasado, presente en la Comisión Permanente al presidente del Senado una excitativa a efecto de que se proceda a la formulación y discusión del dictamen, sin que hasta el día de hoy hayan dado cumplimiento.
Por tal motivo, con fundamento en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicito respetuosamente gire atento comunicado a la Mesa Directiva del Senado para que con fundamento en el artículo 67 de la citada ley, excite a la Comisión de Hacienda de dicha Cámara y formulen a la brevedad posible el dictamen que corresponde y se prosiga con el trámite legislativo que la iniciativa requiere, por tratarse de un tema de gran relevancia para nuestro país.
Agradeciendo la atención del presente, sin otro particular al respecto me suscribo a sus órdenes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2011.— Diputado Antonio Benítez Lucho (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a la Cámara de Senadores, para su atención.
MEDIOS DE TRANSPORTE
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— V Legislatura.
Licenciado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción XXI, 36, fracciones V y XX, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Esta Asamblea Legislativa exhorta a la Cámara de Diputados para que por conducto de la Comisión de Hacienda de ese órgano legislativo:
a) Analice la posibilidad de diseñar un instrumento de aplicación federal que garantice el incentivo a la utilización medios de transporte distintos al automóvil particular.
b) Asegure la progresividad fiscal en su aplicación, misma que debe residir en toda política tributaria en un país de alta desigualdad social.
En tal virtud, me permito solicitarle su intervención y apoyo, a efecto de que se haga del conocimiento del diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba, presidente de la Comisión de Hacienda de la honorable Cámara de Diputados. Sírvase encontrar anexo al presente copia del punto de acuerdo en comento para los efectos correspondientes.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
Atentamente
Recinto Legislativo, a 22 de septiembre de 2011.— Diputada María Alejandra Barrales Magdaleno (rúbrica), Presidenta.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— V Legislatura.
Diputada Alejandra Barrales Magdaleno, Presidenta de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
El suscrito diputado David Razú Aznar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17, fracción VI, de la Ley Orgánica y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea Legislativa, la siguiente “proposición con punto de acuerdo para que esta Asamblea Legislativa exhorte a la Cámara de Diputados para que por conducto de la Comisión de Hacienda de ese órgano legislativo: a) analice la posibilidad de diseñar un instrumento de aplicación federal que garantice el incentivo a la utilización medios de transporte distintos al automóvil particular; b) asegure la progresividad fiscal en su aplicación misma que debe residir en toda política tributaria en un país de alta desigualdad social”, conforme a los siguientes
Antecedentes
En el mes de junio de 2010 se publicó el decreto mediante el cual se anunció que la tenencia vehicular se eliminará completamente y dejará de existir como impuesto federal a partir del 1 de enero.
En ese decreto, se facultó a las entidades federativas para que fueran sus Congresos locales los que definieran si continuará existiendo en sus estados la tenencia o no.
La tendencia a nivel internacional es incluso, no de eliminar este tipo de gravámenes, sino de incrementarlos en razón al uso del vehículo particular; en este sentido, dichos impuestos se relacionan con las consecuencias de espacio y ambientales que traen aparejado el uso indiscriminado de los automóviles.
Por ejemplo, España cobra un impuesto relacionado con el rodaje de automóviles, el cual va dirigido a los vehículos de tracción mecánica que circulen en las vías públicas, con independencia de tipo, modelo, etcétera. Este impuesto es recaudado a nivel municipal y la base para su cobro se relaciona con el año del vehículo y la cilindrada del mismo.
Chile es otro ejemplo de esta tendencia, en este país se cobra un permiso de circulación para recorrer las calles del mismo en forma legal. La cantidad se define en relación con el precio del vehículo.
1. Ambientales
Es indudable que al eliminar el gravamen de la tenencia genera un incentivo adicional para la adquisición de vehículos automotores y en consecuencia el uso irracional del mismo; en este sentido el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) ha mencionado, entre otras cosas lo siguiente “El resultado (del uso irracional del vehículo privado) es una sistemática saturación y la consiguiente reducción de velocidad junto a un mayor impacto ambiental”.
Por otro lado, la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal ha argumentado en el estudio de Acciones para Mejorar la Calidad del Aire en la Zona Metropolitana del Valle de México que: “La Zona Metropolitana del Valle de México sufre las consecuencias de su enorme crecimiento poblacional, industrial y comercial que caracteriza a las grandes metrópolis. Emitimos a la atmósfera más de 2.5 millones de toneladas al año de contaminantes, de las cuales los vehículos son responsables del 84%, lo que provoca que 6 de cada 10 días se rebase alguna norma de calidad del aire, con enormes costos en salud pública por los padecimientos respiratorios de la población más susceptible”. Estas son sólo algunas de las consecuencias ambientales (y de salud) que se generan con el uso indiscriminado del vehículo particular.
2. Espacio público
El PUEC, estima un parque vehicular de 3.7 millones de unidades, en la Ciudad de México, este mismo estudio, arroja que en 2007 los vehículos particulares representaron el 19 por ciento del total de viajes realizados en la ciudad de México, mientras que el transporte público cubrió el 81 por ciento. La movilidad total de personas fue de 22 millones de viajes por día, esto, invariablemente genera una problemática sustantiva en cuanto a la ocupación del espacio público, aunado a que el mismo estudio reporta que: “En cuanto a los estacionamientos, en 1998 se contaba con una oferta de 160,227 cajones en lotes y edificaciones en el Distrito Federal, comparada con una demanda de 178 mil espacios, lo que daba una rotación de 1.11 espacios/cajón al día. Para el año 2000 se calculó un leve aumento en la ocupación de 160,966 mil cajones de estacionamientos públicos, pero la rotación resultó baja a pesar de haberse incrementado el uso del automóvil particular;” con estos datos se puede concluir que el fomento a la adquisición y como consecuencia el uso indiscriminado del automóvil particular contrasta con una política pública de recuperación del espacio público.
3. Eficiencia en la movilidad
Las y los investigadores que realizaron el PUEC han señalado que “La otra problemática para la movilidad es una red vial deficitaria, rebasada en su capacidad con fallas de integración para facilitar transferencias en los modos de transporte y entre las vialidades primarias y las secundarias, donde a la saturación se le suman las deficiencias en la administración, control y regulación del tráfico, así como una escasa cultura vial. Todo ello contribuye a acentuar los congestionamientos. “Todo esto redunda en una mala calidad de vida para las personas que habitan y transitan por la Ciudad de México; otro dato contundente arrojado por el multicitado estudio es el siguiente: “La encuesta de origen-destino 2007 calcula una pérdida total de 20 millones de horas/hombre/día que representa no sólo un impacto económico negativo para la metrópoli sino una pérdida de tiempo para la convivencia, la recreación y la cohesión familiar”. Esto, evidentemente se relaciona con una cultura de décadas de fomento al uso de vehículo particular; este tipo de políticas debe ser revertida y buscar que se traslade a una cultura de uso de transportes alternativos, que entre otras cosas hará más eficiente la movilidad para la ciudad y con costos ambientales, de salud, económicos y sociales menos elevados.
4. Imposibilidad de aplicar este tipo de impuesto si no es federal
Es necesario que la política fiscal respecto de la sustitución de la tenencia por un gravamen de uso de vehículo provenga de la esfera federal, esto porqué de otra forma si sólo la Ciudad de México decide sustituir el impuesto de referencia, se fomentará que las y los propietarios de vehículos particulares emplaquen en entidades federativas colindantes con el Distrito Federal y, por ende, se pierda un control sobre el parque vehicular real de la ciudad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del pleno de esta Asamblea Legislativa, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Esta Asamblea Legislativa exhorta a la Cámara de Diputados para que por conducto de la Comisión de Hacienda de ese órgano legislativo:
a) Analice la posibilidad de diseñar un instrumento de aplicación federal que garantice el incentivo a la utilización medios de transporte distintos al automóvil particular.
b) Asegure la progresividad fiscal en su aplicación, misma que debe residir en toda política tributaria en un país de alta desigualdad social.
Nota:
1 Padrón de Estacionamientos Públicos.
Atentamente
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil once.— Diputado David Razú Aznar (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2012
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Rosalía Pereda Aguilar, en nombre propio y de diversos Senadores, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a adicionar al Presupuesto de la Universidad Autónoma Chapingo un monto de 130 millones de pesos para las actividades de investigación y vinculación que lleva a cabo el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
México, DF, a 27 de septiembre 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»
«Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Alberto Cárdenas Jiménez, Jesús Dueñas Llerenas, Jaime Rafael Díaz Ochoa, Eduardo Tomás Nava Bolaños, Lázara Nelly González Aguilar, del Partido Acción Nacional; Heladio Elías Ramírez López, Ramiro Hernández García, Amira Griselda Gómez Tueme, Margarita Villaescusa Rojo, Francisco Herrera León, del Partido Revolucionario Institucional; Arturo Herviz Reyes, Antonio Mejía Haro, del Partido de la Revolución Democrática; Luis Walton Aburto, Eugenio Govea Arcos, Francisco Alcibiades García Lizardi, del Partido de Convergencia; Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México; Ricardo Monreal Ávila, del Partido del Trabajo; Rafael Ochoa Guzmán y Rosalía Peredo Aguilar, del Partido Nueva Alianza, senadoras y senadores de la republica a la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 58 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la cámara de diputados a que considere adicionar al presupuesto de la Universidad Autónoma Chapingo un monto de $130’000,000.00 (ciento treinta millones de pesos) para las actividades de investigación y vinculación que lleva a cabo el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral, perteneciente a la mencionada casa de estudios, con base en las siguientes
Consideraciones
La experiencia internacional ha demostrado que, para los países que apuestan a la actividad científica como estrategia para el desarrollo, el presupuesto destinado a ésta actividad significa una inversión y no un gasto.
En nuestro país contamos con Instituciones de Educación Superior del más alto nivel; una de ellas es la Universidad Autónoma Chapingo, que se ha caracterizado históricamente por su capacidad y potencial de innovar en los campos de educación, investigación, vinculación, transferencia de tecnologías, servicio y difusión.
Al interior de esta casa de estudios, se desarrolla una intensa actividad científica en torno a su principal objeto de estudio que es el campo mexicano; en este contexto se crea, en octubre de 2008, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral (CIIDRI).
El contexto actual de nuestro país y la urgente necesidad de responder en la mejor forma posible a las cada vez mayores demandas de investigación y servicio, que recibe la Universidad Autónoma Chapingo, por parte de Organizaciones de productores agrícolas, ganaderos y forestales de todas las regiones del país, exige de este centro de investigación buscar nuevas sinergias externas e internas que permitan cumplir mejor con tan loable compromiso y contribuir más en la solución de los viejos y nuevos problemas que padece el campo mexicano.
La investigación es una herramienta para conocer de forma más precisa la problemática del sector agrícola, para ello es necesario la realización de eventos científicos, el análisis y la difusión de los resultados para permitir la interacción de los actores del sector y la retroalimentación de experiencias que permitan hacer énfasis en los problemas a lo que nos enfrentamos, la difusión de la investigación y la socialización de propuestas y estrategias de mejora para el sector productivo en México.
Aunado a las actividades de investigación, el CIIDRI trabaja para ampliar el horizonte de la extensión hacia la vinculación como un eje estructurador de la planeación académica que consolide mecanismos y formas de articulación más estrechas y efectivas con el sector agrícola y la sociedad rural. La vinculación es una función que permite a las universidades re alinear sus objetivos y visiones a futuro construyendo y requiriendo de un amplio y fuerte apoyo institucional.
Las principales actividades que se desarrolla el centro son la investigación económica, sociológica, tecnológica, agroecológica y ambiental para el desarrollo rural; la formación de investigadores a alto nivel en áreas concernientes al desarrollo rural integral; la elaboración de estudios, planes y proyectos para el desarrollo agropecuario y agroindustrial de las organizaciones de productores en el país; realización de seminarios y congresos para la difusión y discusión de los resultados de las investigaciones; así como la suscripción de convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas, así como con diversas organizaciones de productores para realizar, fomentar, difundir la investigación concerniente al desarrollo rural integral.
Dentro del programa de trabajo para el próximo año, el centro contempla, entre otros los siguientes proyectos:
– Propuesta para la soberanía alimentaria.
– Capacitación a organizaciones indígenas para la gestión de proyectos de servicios ambientales a nivel nacional.
– Desarrollo rural integral para seis regiones del país.
– Conservación y reforestación de suelos.
– Producción de abonos orgánicos.
– Capacitación en certificación para la producción orgánica.
Debido a que estos temas representan importantes áreas de oportunidad para el desarrollo del campo en nuestro país, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados a que considere adicionar al Presupuesto de la Universidad Autónoma Chapingo un monto de $130’000,000.00 (ciento treinta millones de pesos) para las actividades de investigación y vinculación que lleva a cabo el Centro De Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral (CIIDRI), perteneciente a la mencionada casa de estudios.
Senadores: Rosalía Peredo Aguilar (rúbrica) Alberto Cárdenas Jiménez (rúbrica), Heladio Elías Ramírez López (rúbrica), Ramiro Hernández García (rúbrica), Arturo Herviz Reyes (rúbrica), Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), Francisco Xavier Berganza Escorza, María del Rosario Leticia Jasso Valencia, Antonio Mejía Haro (rúbrica), Jaime Rafael Díaz Ochoa (rúbrica), Javier Castelo Parada (rúbrica), Alfredo Rodríguez y Pacheco, Eduardo Tomás Nava Bolaños (rúbrica), Amira Griselda Gómez Tueme (rúbrica), Luis Walton Aburto (rúbrica), Eugenio Guadalupe Govea Arcos (rúbrica), Francisco Alcibíades García Lizardi (rúbrica), Lázara Nelly González Aguilar (rúbrica), José Guadarrama Márquez, Alfonso Elías Serrano, Manuel Velasco Coello (rúbrica), Fernando Baeza Meléndez, Adolfo Toledo Infanzón, Margarita Villaescusa Rojo (rúbrica), Francisco Herrera León (rúbrica), Rafael Ochoa Guzmán (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Margarita Villaescusa Rojo, Francisco Labastida Ochoa, María Serrano Serrano y Gabriela Ruiz del Rincón presentaron propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar el presupuesto asignado al estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal de 2012, principalmente en los rubros de obra pública, agricultura, salud y educación; además para los proyectos de desarrollo del puerto de Mazatlán, del Corredor Económico del Norte y del CIP Teacapán.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
México, DF, a 27 de septiembre 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»
«Los suscritos, senadores Margarita Villaescusa Rojo, Francisco Labastida Ochoa, María Serrano Serrano y Gabriela Ruiz del Rincón, de los Grupos Parlamentarios de PRI y del PAN, respectivamente, de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en los artículos 8, numeral I, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
Sinaloa está situado en una región naturalmente fértil para la agricultura, puesto que cuenta con 11 ríos y 11 presas, lo cual lo convierte en el estado agrícola más importante de México. Adicionalmente, cuenta con la segunda flota pesquera más grande del país.
Sin embargo, el desarrollo de Sinaloa en el presente año se ha visto sumamente afectado por los desastres naturales que han azotado a la región, limitando el ejercicio de las principales actividades económicas y, por ende, el progreso en sectores clave para el estado y para nuestro país.
En febrero del presente año se presentaron las temperaturas más bajas en 55 años, producto del frente frío número 27, causando severos daños a diversos cultivos de la región y dejando en situaciones muy difíciles a un significativo número de agricultores.
Cabe mencionar que los productores sinaloenses se repusieron de la peor catástrofe agrícola registrada en los últimos años en un tiempo récord, logrando resembrar y abastecer al mercado nacional con una producción superior a 3 millones de toneladas de maíz blanco, evitando que se registrara escasez del principal producto de consumo de los mexicanos, que es la tortilla.
Dicha hazaña fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), que brindó un reconocimiento a Sinaloa como el único estado del mundo en lograr resembrar tantas hectáreas en tres semanas, cuando normalmente el proceso tarda de dos a tres meses.
Asimismo en el pasado agosto se suscitaron las lluvias más fuertes de la historia en el municipio de Mazatlán, dejando damnificadas a más de 3 mil familias y causando serios daños en la infraestructura de dicha ciudad.
Cabe mencionar que los efectos que tuvo esta precipitación no solamente se debieron a la intensidad de ésta, sino a la falta de infraestructura y mantenimiento, que hubiera permitido un descenso más rápido del nivel del agua en las zonas que sufrieron inundaciones.
Precisamente esta falta de infraestructura y modernización de la ya existente es la razón por la cual el día de hoy someto a su consideración este punto de acuerdo, ya que el estado de Sinaloa y su actual administración tienen como objetivo prevenir este tipo de afectaciones a través de la inversión en las áreas que más lo requieren.
Es importante señalar que la prioridad para ejercer los recursos públicos será la actividad agrícola, particularmente el mejoramiento de la infraestructura hidroagrícola, atendiendo el grave problema de desabasto del agua que actualmente sufre nuestro país y que, de no atenderse, se agudizará significativamente. Es imprescindible seguir apoyando al campo sinaloense, impulsar la diversificación productiva, emprender acciones a favor de los productores que atiendan atender las demandas sociales.
Cabe mencionar que un eje central será la seguridad pública, así como el medio ambiente, ya que es necesario construir rellenos sanitarios, mejorar el manejo de los desechos sólidos y el tratamiento de las aguas negras. De igual manera, el impulso a la pesca, que es una actividad que cada vez está demandando mayores apoyos, así como el turismo.
Sinaloa tiene muchas carencias en materia de obra pública, pero también en seguridad, educación, salud, deporte, cultura, entre otras, por lo que es urgente contar recursos suficientes que permitan darle puntual respuesta a la sociedad en sus demandas, que son muchas y los recursos limitados, teniendo como consecuencia una respuesta limitada a éstas.
Lo mencionado denota la importancia de que los estados dispongan de un presupuesto más amplio, que permita atender las necesidades sociales con mayor premura, pero también crear la infraestructura que permita un más amplio desarrollo y un crecimiento que responda a la demanda de empleos, eje fundamental para disminuir la incidencia delictiva aunada a la educación.
Aunado a lo anterior, es necesaria la aplicación de recursos para la ejecución de proyectos de infraestructura estratégicos que coadyuven al desarrollo del estado de Sinaloa.
Tal es el caso del nuevo Centro Integralmente Planeado, situadoo en Teacapán, Sinaloa, a 100 kilómetros al sur de Mazatlán, en el municipio de Escuinapa, que será un destino turístico de alto nivel, el cual estará conformado por una superficie de 2 mil 381 hectáreas, un frente de playa de 12 kilómetros y una superficie de conservación de 559.9 hectáreas.
En los alrededores se localizan extensas playas, zonas de manglares y esteros, así como importantes zonas de pesca deportiva y diversas islas que conservan su estado natural.
La capacidad potencial del proyecto se ha estimado en 44 mil 13 unidades de alojamiento y vivienda turística, de los cuales 19 mil 967 serán cuartos de hotel, 16 mil 23 cuartos en condominio, tiempos compartidos y villas.
El nuevo CIP planeado en la costa del Pacífico se proyecta como un destino turístico de alto nivel que ofrecerá una amplia variedad de productos orientados a mercado especializado y turismo premium nacional e internacional, a fin de atender los segmentos más dinámicos del turismo mundial, entre los que se encuentran los siguientes: naturaleza, cultura, aventura, náutico, golf, convenciones y salud.
El proyecto estará conformado por sectores habitacionales vinculados a campos de golf, una marina, malecón y ramblas recreativas, integrados a complejos hoteleros, hoteles boutique y exclusivos spas. El complejo estará comunicado por canales interiores que conectarán los distintos sectores, creando una diversidad de ambientes acuáticos que privilegiarán espacios abiertos y de paisaje. Aunado a esto, el desarrollo contará con parque temático, plazas comerciales, núcleo administrativo, muelle de cruceros, clubes de playa y equipamiento para actividades cívicas y de entretenimiento.
Otro de los proyectos de infraestructura más importantes lo es el Corredor Económico del Norte, el cual implica una estrategia orientada a detonar el potencial económico de la macro región de la que forma parte, a través de una cartera de 17 proyectos estratégicos de inversión: 11 de carreteras, 2 de puertos marítimos, 2 de gasoductos, uno de comunicación ferroviaria y uno de desarrollo industrial, los cuales están orientados a optimizar, construir y modernizar la infraestructura de cada una de las entidades federativas integrantes del corredor.
Para la adecuada implementación de esta estrategia, es necesaria la realización de diversas obras, entre ellas, la modernización del eje carretero Ciudad Juárez-Durango, así como la construcción del Puente Internacional Acuña; el corredor Laguna-Norte, desde la ciudad de Torreón hasta la frontera con Acuña y Piedras Negras, y la modernización de la aduana de Piedras Negras, para situarla como tipo 1, a fin de que preste servicio las 24 horas.
Otras de las obras que se encuentran proyectadas es la construcción de un sistema formado por un periférico ferroviario, una terminal ferroviaria y uno más multimodal en Durango; la construcción del periférico de la capital de ese estado y la modernización de la carretera Fresnillo-Durango-Parral.
En Nuevo León se tiene planeada la construcción del gasoducto de la zona citrícola, la realización de la carretera La Gloria Colombia y la construcción de los accesos al Interpuerto de Monterrey, en el tramo Salinas Victoria-Ciénega de Flores.
Para Sinaloa, es prioritaria la modernización integral del puerto de Mazatlán: puerta del Corredor Económico del Norte; para Tamaulipas, la construcción del eje carretero Saltillo-Matehuala-Tula-Altamira; la rehabilitación del puerto de Matamoros; y la modernización de la carretera Ciudad Victoria-límite del estado con Nuevo León.
En Zacatecas está pendiente la creación del mega parque industrial aeropuerto, la construcción del gasoducto que va desde Aguascalientes hasta el municipio de Calera y la modernización de la carretera 45 en el tramo Fresnillo-Durango.
En tal virtud, y dada la importancia de las obras antes señaladas, es que se considera necesario solicitar a nuestra colegisladora integrar la cartera de proyectos estratégicos de inversión del Corredor Económico del Norte, así como los proyectos de desarrollo del puerto de Mazatlán y del CIP Teacapán en el Presupuesto de Egresos de 2012, con el objetivo de concretarlos con la brevedad posible para beneficio del desarrollo de la región y país.
En razón de lo anterior, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a incrementar el presupuesto asignado al estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal de 2012, dados los serios problemas que tiene el estado, principalmente en los rubros de obra pública, agricultura, el mejoramiento de la infraestructura hidroagrícola, salud y educación; además para los proyectos de desarrollo del puerto de Mazatlán, del Corredor Económico del Norte, del CIP Teacapán, la construcción de la presa Santa María, la creación del distrito de riego Picachos y para terminar el Hospital General de Mazatlán.
Salón de sesiones del Senado de la República, a 27 de septiembre de 2011.— Senadores: Margarita Villaescusa Rojo (rúbrica p.a.), Francisco Labastida Ochoa, Gabriela Ruiz del Rincón (rúbrica p.a.), María Serrano Serrano.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que sea atendida.
LEY DE COORDINACION FISCAL
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó solicitud de excitativa a comisiones en relación con el proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción IX al artículo 25 y el artículo 47 Bis, y se reforma el primer párrafo del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, presentado el 20 de noviembre de 2007.
La Presidencia acordó remitir la documentación, que se anexa, a la Cámara de Diputados.
Atentamente
México, DF, a 27 de septiembre 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»
«Senador José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.— Presente.
La que suscribe, Martha Leticia Sosa Govea, senadora de la república en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 214 y 216 del Reglamento del Senado de la República, solicita respetuosamente a esta Presidencia que, en pleno uso de sus facultades conferidas, remita al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados excitativa a la Cámara de Diputados para que formule el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 25, se adiciona el artículo 47 Bis y se reforma el primer párrafo del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, en razón de los siguientes
Antecedentes
I. En la sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Senadores el 20 de noviembre 2007 presenté, junto con los senadores Eva Contreras Sandoval, Jaime Rafael Díaz Ochoa Luis Alberto Coppola Joffroy y Rosalía Peredo Aguilar, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Coordinación Fiscal.
II. En la misma sesión ordinaria, la Cámara de Senadores dispuso que la mencionada iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados.
III. En la sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el 22 de noviembre de 2007 fue recibida la iniciativa, quedando publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XI, número 2388, la cual se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Consideraciones
I. La economía de una nación debe ser equitativa y sustentable, fortaleciendo el desarrollo regional, sobre todo de los municipios que sean puertos, por ser generadores económicos no sólo del estado a que pertenecen sino que contribuyen en gran medida a las arcas de la nación.
II. De tal manera, la actividad portuaria ha tenido tanta incidencia en la economía del país que fue motivo de que en 1993 se creara un “nuevo modelo” portuario, sustentando su regulación en una “Ley de Puertos”, creando a su vez sociedades mercantiles paraestatales con autonomía financiera propia llamadas: administraciones portuarias integrales (API), las que recibieron la administración, el uso, el aprovechamiento y la explotación de la infraestructura portuaria existente, transparentando las finanzas de esos puertos mexicanos, en las que han demostrado saldos positivos en su gestión.
III. En este sentido, es de reconocer que los puertos mexicanos han beneficiado en gran medida a los habitantes del municipio donde se encuentran, a través de la creación de fuentes de empleo. Sin embargo, la generación económica que produce no se refleja de manera directa en el municipio, donde la actividad portuaria genera contaminación, accidentes automovilísticos, deterioro de viabilidades, riesgos en el manejo de cargas peligrosas e inseguridad, evidenciando así que estos municipios requieren el acompañamiento de mayores obras y servicios públicos para garantizar mejor calidad de vida de los habitantes.
IV. De igual manera, la iniciativa presentada en 2007 introduce una visión de federalismo renovado, en el que se permita la conceptuación de “puertos-ciudades”, además de tender puentes de colaboración entre los tres órdenes de gobierno, creando un fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los puertos-ciudades en la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de que de los recursos que provengan de las contraprestaciones que pagan mensualmente las API a la federación se destine un porcentaje a la inversión en infraestructura social municipal y al mejoramiento del servicio público, con la firme intención de lograr un bien común para los habitantes y un desarrollo económico próspero para los municipios.
Por lo expuesto y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el artículo 214 del Reglamento del Senado de la República, a usted, presidente de la Mesa Directiva, atentamente solicito
Excitativa
Único. En los términos del artículo 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solcito respetuosamente que se remita a la Presidencia de la Cámara de Diputados la presente excitativa para que formule el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción IX al artículo 25 y el artículo 47 Bis, y se reforma el primer párrafo del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Dado en el salón de sesiones Senado de la República, a 27 de septiembre de 2011.— Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Judicial de la Federación.
Diputado Felipe Amadeo Flores Espinoza, diputada Laura Arizmendi Campos, vicepresidente y secretaria de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Con motivo del oficio número: D.G.P.L. 61-II-4-1689, expediente número: 2883, por medio del cual se informa al ministro Juan Nepomuceno Silva Meza, en su carácter de presidente del Consejo de la Judicatura Federal, que en sesión celebrada el 14 de septiembre de 2011, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, aprobó el punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a las áreas y dependencias administrativas, entre otras, del Poder Judicial de la federación, a no despedir funcionario, empleado o servidor público por motivo de discapacidad, y a reinstalar laboralmente, cuando así corresponda, a cualquier servidor público o empleado que durante el último trimestre del año 2010 Y durante el presente año fue despedido o dado de baja por su condición de discapacidad; con fundamento en el artículo 86 Ter fracción IV del acuerdo general de organización y funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal, por instrucciones del presidente del Consejo de la Judicatura Federal se da respuesta a dicho oficio en el siguiente sentido:
En el Consejo de la Judicatura Federal no se ha despedido a trabajador alguno por cuestiones de discapacidad, adicionalmente en esta Institución se han tomado diversas medidas para proteger a las trabajadoras que se encuentran en un estado de vulnerabilidad.
Al respecto, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió la circular 21/2011, en la que refirió que en sesión ordinaria de 13 de julio de 2011, con el propósito de evitar la violencia contra la mujer y en particular respecto de las servidoras públicas adscritas a los órganos jurisdiccionales, auxiliares y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, determinó instruir a los titulares de los órganos jurisdiccionales federales, auxiliares y administrativos del mencionado Consejo, que en relación con las servidoras públicas que se encuentren en tratamiento médico, derivado de algún padecimiento de cáncer u otros padecimientos considerados graves o terminales, que les constituye una afectación de riesgo a su salud, siempre que se dé en circunstancias debidamente acreditadas por el médico respectivo o institución de salud, deberán observar, por lo menos las siguientes medidas:
1. Establecer jornadas de trabajo acordes a su condición de salud.
2. Designarles trabajos en un área de menor demanda física y estrés; por lo que no podrán ser comisionadas o designárseles para que cubran guardias.
3. Permitir la salida durante el horario de trabajo y su reincorporación, de ser el caso, cuando de forma justificada tengan que acudir a tratamiento o revisión médica.
4. Tratar con respecto y dignidad a las personas que presenten problemas de salud.
Además se instruyó que no se les puede dar de baja ni presionarlas para obtener su renuncia; y que en caso de darse el supuesto de conducta inadecuada, se deben seguir los procedimientos normativos que correspondan, con claridad y transparencia.
Asimismo se determinó que lo anterior era aplicable, de igual forma, en lo correspondiente, para las servidoras públicas que se encuentren embarazadas o en período de lactancia, porque se trata de proteger el interés superior del menor y de las madres trabajadoras.
Adicionalmente se señaló que la falta de observancia de estos principios, puede ser causa de responsabilidad administrativa para los titulares o los subordinados jerárquicos que incurran en prácticas que den como resultado el desacato de éstos.
Por otro lado, la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, por medio de la circular 01, de 27 de junio de 2011, informó a los titulares de diversos órganos jurisdiccionales, áreas administrativas, Oficinas de Correspondencia Común y Delegaciones de la Defensoría Pública, que derivado de los niveles de inseguridad que priva en algunos lugares del país, se les invitaba a que, sin afectar la prestación del servicio se tomaran medidas para preservar la integridad física de los servidores públicos en las instalaciones y alrededores de los edificios del Poder Judicial de la federación.
Entre otras medidas a llevar a cabo, se señaló que se habría de considerar en primer término el horario de trabajo, para que el personal no permaneciera en las instalaciones en horas que pudieran implicar riesgo, como salir tarde o laborar en la noche, y en segundo, cuando fuera necesario contar con guardias de trabajo, se eligiera al personal masculino preferentemente al femenino.
De esta forma, el Consejo de la Judicatura Federal además de respetar los derechos de los trabajadores con discapacidad, ha adoptado diversas medidas con perspectiva de género, así como las relativas para proteger a las servidoras públicas en estado vulnerable.
Se comunica lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Atentamente
México, DF, a 22 de septiembre del 2011.— Juez Luis Fernando Angulo Jacobo (rúbrica), secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su atención.
VIOLENCIA CONTRA MUJERES
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Escudo.— Nuevo León Unido.— Gobierno para Todos.
Diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.— Presente.
En atención al oficio 3003-A-l/2011 enviado a la suscrita por instrucciones del gobernador licenciado Rodrigo Medina de la Cruz y el oficio DGPL61-II-3-1776 sobre el punto de acuerdo exhortando a los gobiernos vinculado a la violencia institucional hacia las mujeres tanto en acciones como en políticas públicas, al respecto le comparto que se realizaron encuestas directas a 7 mil 955 funcionarios de los primeros niveles de gobierno del estado y 2000 electrónicas para medir la violencia institucional cuyos resultados se presentaron a la junta de gobierno, el 30 de mayo del presente año.
Asimismo, se han capacitado a 3 mil 128 funcionarios y servidores públicos sobre los contenidos (tipos y ámbitos) de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia según instrucción del ciudadano gobernador expresada en reunión de gabinete.
Envío un cordial saludo.
Atentamente
Monterrey, Nuevo León, a 21 de septiembre de 2011.— Licenciada María Elena Chapa Hernández (rúbrica), presidenta ejecutiva.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Equidad y Género, para su atención.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número CP2R2A.-4122 signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 5.- 258/2011 suscrito por el licenciado Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, oficial mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al monto subejercido del presupuesto en el primer semestre de 2011 y el subejercicio a la fecha.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 26 de septiembre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Licenciado Adrián Flores Ledesma, director general adjunto de Proceso Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Me refiero al oficio número 312.A.-002504 de fecha 31 de agosto del 2011, recibido el jueves 8 de septiembre del presente año, por medio del cual el licenciado Jaime Hernández Martínez, director general de Programación y Presupuesto B de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, solicitó a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes proporcionar la información referida en su oficio número SEL/UEL/311/2905/11 de fecha 25 de agosto del presente año, mediante el cual hace del conocimiento al doctor Moisés Alcalde Virgen, coordinador de asesores del secretario de Hacienda y Crédito Público, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a fin de que se remita, a ambas Cámaras del Congreso de la Unión, un informe detallando el monto del subejercicio del presupuesto que fue asignado para el primer semestre del 2011 a diversas dependencias de la administración pública federal, entre las que se encuentra esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Sobre el particular, sírvase encontrar de manera anexa el informe del subejercicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al primer semestre de 2011, que contiene las cifras que se reportan en el Informe de Finanzas Públicas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envía al honorable Congreso de la Unión.
Sin otro asunto en particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 12 de septiembre de 2011.— Licenciado Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra (rúbrica), oficial mayor.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta del oficio número CP2R2A.-4122, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DGVI/601/2011 suscrito por Enrique Lepine Muñoz, director general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Social, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al monto subejercido del presupuesto en el primer semestre de 2011 y el subejercido a la fecha.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 26 de septiembre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.
Licenciado Carlos Angulo Parra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Adjunta al presente me permito enviar respuesta de su oficio número SEL/ UEL/ 311/ 2907/ 11, de fecha 25 de agosto del 2011, a través del cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en sesión del 24 del actual, que a la letra dice:
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los secretarios de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público; de Educación Pública; de Desarrollo Social; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Agricultora, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Turismo; y de Relaciones Exteriores, así como a la procuradora general de la República, a remitir a ambas Cámaras del Congreso de la Unión, en un plazo que no exceda de 10 días hábiles, contados a partir de la notificación del presente punto de acuerdo, un informe detallado del monto subejercicio del presupuesto que les fue asignado para el primer semestre de 2011 y el subejercicio que presentan a la fecha, señalando las causas de dicho subejercicio.
Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 12 de septiembre de 2011.— Enrique Lepine Muñoz (rúbrica), director general de Vinculación Interinstitucional.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.
Licenciado Enrique Lepine Muñoz, director general de Vinculación Interinstitucional.— Presente.
Atiendo el oficio número DGVI/ 572/ 11, mediante el cual remitió a la Oficialía Mayor copia del similar SEL/ UEL/ 311/ 2907/ 2011, suscrito por el licenciado Adrián Flores Ledesma, director general adjunto de Proceso Legislativo de la Secretaría de Gobernación, a través del cual se comunicó al secretario de Desarrollo Social el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la sesión celebrada el 24 del mes pasado, en el que se solicitó remitir a ambas Cámaras del Congreso de la Unión un informe detallado del monto subejercido del presupuesto que fue asignado para el primer semestre de 2011 y el subejercicio que se presenta a la fecha, señalando las causas de éste.
Sobre el particular, y de conformidad con los artículos 12, fracción XVII, y 33, fracciones V y XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, adjunta al presente me permito remitir a usted la información del presupuesto subejercido de mérito.
Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
México, DF, a 2 de septiembre de 2011.— Miguel Real (rúbrica), director general de Programación y Presupuesto.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta del oficio número CP2R2A.-4122, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 100. 2011. DGE. 719, suscrito por Rodrigo Ortega Cajigas, director general de Enlace de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al monto subejercido del presupuesto en el primer semestre de 2011 y el subejercido a la fecha.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 26 de septiembre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.
Licenciado Carlos Angulo Parra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Me refiero al oficio número SEL/ UEL/ 311/ 2909/ 11, de fecha 25 de agosto de 2011, a través del cual se remite el punto de acuerdo relativo a la solicitud de un informe en el que se detallen el monto subejercido del presupuesto que fue asignado a la Secretaría de Economía para el primer semestre de 2011 y el subejercicio que se presenta a la fecha, aprobado por el pleno de la Comisión Permanente el pasado 24 de agosto.
Al respecto, me permito enviar a usted el informe emitido por la Oficialía Mayor de esta secretaría, con el detalle a nivel de capítulo de gasto del recurso disponible al cierre de junio de 2011 y sus respectivas justificaciones, por un total de recursos no ejercidos de 164.1 millones de pesos al 30 de junio, los que se subsanarán en un plazo máximo de 90 días naturales, conforme al artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Por lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 2 del acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones, le solicito atentamente que haga del conocimiento del Congreso de la Unión la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.
Atentamente
México, DF, a 9 de septiembre de 2011.— Rodrigo Ortega Cajigas (rúbrica p.a.), director general de Enlace.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.
Licenciado Rodrigo Ortega Cajigas, director general de Enlace.— Presente.
Hago referencia a su atenta nota número 100. 2011. DGE. 696, remitida al oficial mayor con fecha 31 de agosto de 2011, mediante la cual informa del punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fecha 24 de agosto del presente año, en el que se hace referencia al requerimiento para presentar un reporte detallado del monto subejercido del presupuesto que fue asignado para el primer semestre de 2011 a la Secretaría de Economía.
Al respecto, y por instrucciones superiores, me permito anexar al presente un cuadro con el detalle a nivel de capítulo de gasto del recurso disponible al cierre de junio de 2011 y sus respectivas justificaciones, por un total de recursos no ejercidos de 164.1 millones de pesos al 30 de junio, los que se subsanarán en un plazo máximo de 90 días naturales, conforme al artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 9 de septiembre de 2011.— José Luis García Ramos L. (rúbrica), director general de Programación, Organización y Presupuesto.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta del oficio número CP2R2A.-4122, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DEP 1605/ 11, suscrito por la licenciada Betina Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al monto subejercido del presupuesto en el primer semestre de 2011 y el subejercido a la fecha.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 26 de septiembre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.
Maestro Carlos Fernando Angulo Parra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con arreglo a las facultades de la Unidad de Enlace Legislativo a su digno cargo, me permito hacer llegar a usted de manera adjunta los elementos de respuesta al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la sesión celebrada el pasado 24 de agosto, el cual se hizo del conocimiento de esta cancillería mediante el oficio número SEL/ UEL/ 311/ 2962/ 11, y que a la letra dice:
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los secretarios de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público; de Educación Pública; de Desarrollo Social; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Turismo; y de Relaciones Exteriores, así como a la procuradora general de la República, a remitir a ambas Cámaras del Congreso de la Unión, en un plazo que no exceda de 10 días hábiles, contados a partir de la notificación del presente punto de acuerdo, un informe detallado del monto subejercido del presupuesto que les fue asignado para el primer semestre de 2011 y el subejercicio que presentan a la fecha, señalando las causas de dicho subejercicio.
Lo anterior, para que por su atento y gentil conducto se haga llegar a ambas Cámaras del Congreso de la Unión y, cuando así lo estime oportuno, el envío de la nota adjunta que contiene los elementos de respuesta.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi más alta y distinguida consideración.
Atentamente
México, DF, a 13 de septiembre de 2011.— Licenciada Betina Chávez Soriano (rúbrica), directora general de Coordinación Política.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.
Respuesta al punto de acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
Subejercicio del presupuesto autorizado a la Secretaría de Relaciones Exteriores
1. Ejercicio del presupuesto de 2011 al cierre del primer semestre. La SRE comprometió y ejerció para el periodo enero-junio de 2011 un monto de 3 mil 102.0 millones de pesos, los cuales, comparados con los 3 mil 258.41 millones que había programado ejercer para el mismo lapso, representaron una disponibilidad de 156.4 millones de pesos.
Los recursos disponibles al cierre del primer semestre de 2011 equivalieron a sólo 4.8 por ciento del presupuesto programado y no constituyeron subejercicios, toda vez que en su mayoría correspondieron a trámites de pago por concepto de impuestos y pagos a terceros (ISSSTE, Fovissste, seguros, etcétera) de la nómina de junio que fueron cubiertos en julio, así como a bienes y servicios cuyo pago se desfasó debido a que las empresas proveedoras no presentaron oportunamente para trámite la facturas.
Es importante mencionar que las cifras corresponden a las reportadas en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (Sicop) implantado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de uso obligatorio para las dependencias de la administración pública federal.
2. Ejercicio del presupuesto de 2011 en el periodo enero-agosto. La SRE comprometió y ejerció para el periodo enero-agosto de 2011 un total de 4 mil 378.5 millones de pesos, los cuales comparados con los 4 mil 763.2 millones que había programado ejercer para el mismo lapso, representaron una disponibilidad de 384.7 millones de pesos.
Los recursos disponibles al cierre de agosto de 2011 equivalieron a 8.1 por ciento del presupuesto programado y no constituyeron subejercicios, toda vez que en su mayoría corresponden a gastos de operación de embajadas y consulados que serán enviados en septiembre, así como a bienes y servicios que se encuentran en proceso de entrega. Cabe mencionar que los recursos asignados a esta secretaría se encuentran totalmente comprometidos para el cumplimiento de sus programas, objetivos y metas.
Nota:
1 Las cifras corresponden a las reportadas en el Sicop, sistema establecido por la SHCP y de uso obligatorio para las dependencias de la administración pública federal.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remiten a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público, para su estudio.
SECRETARIA DE ECONOMIA
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Por este conducto y en alcance al oficio número SEL/UEL/311/1235/11, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 100.2011.DGE.734, el ciudadano Rodrigo Ortega Cajigas, director general de Enlace de la Secretaría de Economía, envía el listado sobre las instituciones que llevarán a cabo la evaluación de consistencia y resultados establecidas en el Programa Anual de Evaluación 2011 de los programas a cargo de esa dependencia.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 180, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, le acompaño, para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido.
Atentamente
México, DF, a 23 de septiembre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.
Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
En alcance a mi oficio número 1 00,2011.DGE.299, de fecha 28 de abril de 2011, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 180, último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, atentamente solicito su valiosa intervención para informar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el siguiente listado sobre las instituciones que llevarán a cabo la evaluación de consistencia y resultados establecida en el Programa Anual de Evaluación 2011 de los programas a cargo de esta dependencia y su sector coordinado:
Para el caso del programa U005 Fondo Sectorial de Innovación (Finnova), le informo que de acuerdo con lo establecido en el oficio del Coneval número VQZ.SE124/11, fechado el 28 de marzo de 2011, se aprueba la sustitución de la evaluación de consistencia y resultados por una evaluación de diseño para el Finnova. Por lo anterior, esta dependencia coordinó la evaluación de diseño 2011 del Programa Fondo Sectorial de Innovación cargo del Centro de Estudios de Competitividad del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 19 de septiembre de 2011.— Rodrigo Ortega Cajigas (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Instituto Mexicano del Seguro Social.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 286 C de la Ley del Seguro Social, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el numeral 7.1.1 de la Norma de Inversiones Financieras, aprobada mediante acuerdo 251.R.DF del 25 de noviembre de 2009, establece los dispositivos de información para dar a conocer al público en general, la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto, a través de la publicación de informes trimestrales, que además se remitan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México, al Congreso de la Unión y a la Secretaría de la Función Pública, y que contengan la posición en inversión, evolución, estructura, rendimientos, cumplimiento de metas, medición y control de los riesgos financieros, entre otros elementos.
En consideración de lo anterior, envío a usted un ejemplar del informe correspondiente al segundo trimestre de 2011, mismo que fue revisado y aprobado por la Comisión de Inversiones Financieras del instituto, en su sesión ordinaria número 503 celebrada el 31 de agosto del presente.
Atentamente
México, DF, a 19 de septiembre de 2011.— Daniel Karam Toumeh (rúbrica), drector general.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; de Seguridad Social; y de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.
DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
El que suscribe, Adán Augusto López Hernández, en mi carácter de diputado federal, electo en el cuarto distrito electoral en Tabasco, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura, me dirijo a usted, de manera atenta y respetuosa, para manifestar lo siguiente:
Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 23, 6, fracción XVI, 9 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y para el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito, respetuosamente, tenga a bien dar trámite y someter a consideración de esta soberanía, mi solicitud de licencia por tiempo indefinido, para separarme del cargo de diputado federal con efectos a partir del 1 de octubre del presente año.
Asimismo, pido de la manera más atenta sea llamado a ocupar el cargo de diputado federal a mi suplente el ingeniero Alejandro de la Fuente Godínez.
Sin otro particular y agradeciendo de antemano el trámite que sirva dar a la presente, quedo de usted.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2011.— Diputado Adán Augusto López Hernández (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Adán Augusto López Hernández, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el cuarto distrito electoral del estado de Tabasco, a partir del 1o. de octubre del presente año.
Segundo. Llámese al suplente.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobados, comuníquense.
DIPUTADO SUPLENTE QUE SE INCORPORA
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Edgardo Chaire Chavero, diputado electo en la segunda circunscripción plurinominal.
Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados:
Diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, diputada María Isabel Merlo Talavera, diputado Agustín Torres Ibarrola, diputado Gerardo de los Cobos Silva, diputado Jaime Oliva Ramírez, diputado Rubén Arellano Rodríguez, diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, diputada Norma Sánchez Romero, diputado Guadalupe Vera Hernández, diputada Aránzazu Quintana Padilla, diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, diputada Laura Viviana Agundiz Pérez y diputado Liborio Vidal Aguilar.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su encargo)
DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA
El diputado Armando Ríos Piter (desde la curul). Presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Ríos Piter.
El diputado Armando Ríos Piter(desde la curul): Presidente. Se acaba de dar lectura a la solicitud de licencia del compañero diputado por el Partido de la Revolución Democrática y gran tabasqueño Adán López, quien se retira de los trabajos legislativos pidiendo licencia, con la finalidad de ir a una contienda política a su estado.
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática le deseamos el mayor de los éxitos, le deseamos que el trabajo que va a emprender sea para el bien de Tabasco y obviamente, que sea para el fortalecimiento de un proyecto de nación en el que él cree. Enhorabuena y muchas felicidades, compañero Adán. Muchas gracias.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Pido la palabra, presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Cárdenas.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Igualmente, señor presidente, para felicitar a nuestro compañero, el diputado Adán, que se ha distinguido en este pleno, en esta Cámara de Diputados, tanto en comisiones como en los trabajos conjuntos que celebramos aquí los martes y jueves, por su dedicación y sobre todo por su vocación social hacia la búsqueda de un proyecto de nación distinto, más justo, más igualitario, más solidario. Enhorabuena a nuestro compañero Adán López y le deseamos muchos éxitos, señor presidente.
El diputado Pedro Jiménez León(desde la curul): Señor presidente, pido la palabra.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado Pedro Jiménez.
El diputado Pedro Jiménez León(desde la curul): Diputado presidente, de igual manera para reconocer y felicitar el trabajo que en esta Cámara vino realizando en estos dos años mi paisano y amigo Adán Augusto López Hernández.
Lo vi defender las causas de Tabasco, las causas de México en las diferentes comisiones, con la energía y con la pasión que tenemos los del trópico y le quiero desear a mi amigo Adán la mejor de las suertes en la tarea que va a emprender; reconocerle su trabajo en esta Legislatura y refrendarle mi amistad permanente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado Augusto López Hernández, esta Presidencia se suma a la felicitación que le han hecho sus compañeros y lo despide con afecto. Muchas gracias.
DIPUTADO SUPLENTE QUE SE INCORPORA
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Ciudadano Edgardo Chaire Chavero, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado federal, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano Edgardo Chaire Chavero: Sí, protesto
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Buen trabajo y bienvenido.
Continúe la Secretaría con las iniciativas de ley o decreto de las Legislaturas de los estados.
LEY DE COORDINACION FISCAL
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
Diputado Federal Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de Unión.— Presente.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adjunto al presente remitimos a ese Poder Legislativo, un tanto del Decreto 130, aprobado por esta soberanía legislativa en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, por el que envía Iniciativa de Decreto al Honorable Congreso de la Unión, para reformar el primer párrafo del artículo 40-8 de la Ley de Coordinación Fiscal.
No omitimos manifestarle que tan luego se haya publicado en el Periódico Oficial dicho Decreto se le hará llegar.
Sin otro particular nos es grato saludarlo.
Atentamente
“Sufragio Efectivo. No Reelección”
Villahermosa, Tabasco, 26 de septiembre de 2011.— Honorable Congreso del Estado: Diputado Jaime Hernández Cordova (rúbrica), presidente;diputado Jesús González González (rúbrica), secretario.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Tabasco.
La Sexagésima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, fracciones I y XVI; y 83 de la Constitución Política del Estado de Tabasco, y con base en los siguientes:
Considerando
Primero. Que conforme al artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de las legislaturas de los estados iniciar leyes o decretos.
Segundo. Que en virtud de lo anterior, con fecha 20 de septiembre de 2011, la diputada Marcela de Jesús González García, integrante de la LX Legislatura al Congreso de Tabasco, suscribió una iniciativa mediante la cual se busca reformar el artículo 4o.-8 de la Ley de Coordinación Fiscal. Dicha iniciativa fue presentada el 15 de septiembre de 2011, dentro del segundo período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la presente legislatura. La iniciativa del caso, fue turnada el mismo día a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
Tercero. Que del análisis de la iniciativa los integrantes de esa Comisión consideraron que resulta procedente la iniciativa y que aunado a que corresponde a las legislaturas de los Estados el derecho de iniciar leyes o decretos; facultad que en el caso se ejercita para los efectos de que el H. Congreso de la Unión, y en términos del numeral 73, fracciones VII, X, XXIX puntos 4° y 5°, inciso a), de ese mismo ordenamiento supremo, que le atribuye la facultad de legislar, en su carácter de contribuciones, en nuestra calidad de Legislatura Local del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, previa aprobación del Pleno y su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, se deberá presentar el correspondiente Decreto bajo las formalidades del caso, a la consideración y aprobación del honorable Congreso de la Unión.
Cuarto. Que en virtud de lo anterior, con apoyo en los artículos 82, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 63, fracción V, inciso A), del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, nos permitimos someter a la aprobación del Pleno, la Iniciativa de Decreto que deberá ser enviada al Congreso de la Unión, en los términos que se precisa en el presente:
Decreto 130
Artículo Único. Con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LX Legislatura del honorable Congreso del estado, envía iniciativa de decreto al honorable Congreso de la Unión, para reformar el artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal, en los términos siguientes:
Villahermosa, Tabasco a 20 de septiembre de 2011.
Asunto: Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 40-8 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, DF.
Con la facultad establecida en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previa aprobación unánime de sus integrantes, la LX Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, somete a la consideración de esa honorable Cámara, iniciativa de decreto para reformar el artículo 4o.-8 de la Ley de Coordinación Fiscal; en los términos siguientes
Considerando
Primero. Que del análisis a la Iniciativa con proyecto de decreto presentada, se advierte que esta tiene como finalidad en reformar el primer párrafo del artículo 40-8 de la Ley de Coordinación Fiscal, para los efectos de incrementar el fondo de extracción de hidrocarburos, proponiendo para ello que el tanto por ciento previsto en el primer párrafo del precepto antes referido de la Ley de Coordinación Fiscal pase de 0.6 por ciento a un dos por ciento.
Segundo. Que los argumentos expuestos por la legisladora local, se refieren en los términos siguientes:
La legisladora local, precisa que con fecha 21 de diciembre del año 2007, en el Diario Oficial de la Federación, fue publicado un decreto que reformó, entre otros cuerpos jurídicos, la Ley de Coordinación Fiscal.
Expone la diputada, que el propósito del titular del Poder Ejecutivo federal, con aquella propuesta de reforma aprobada por el Congreso de la Unión, fue con el propósito de fortalecer las haciendas públicas locales y atender planteamientos efectuados de los estados de la República Mexicana; siendo el caso concreto de la exigencia de aquellas entidades federativas productoras de petróleo y gas, de participar de los usufructos de la actividad petrolera realizada en sus respectivas circunscripciones territoriales.
Aprobándose, en ese contexto, la adición del artículo 40-8 a la Ley de Coordinación Fiscal, acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre de 2007. En dicho precepto se preveía el fondo de extracción de hidrocarburos, mismo que se conformaba con el 0.46 porciento del importe obtenido por el derecho ordinario sobre hidrocarburos pagado por Pemex Exploración y Producción, en término de lo dispuesto en el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos; el cual se distribuiría entre las entidades federativas que formen parte de la extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico del Inegi.
La formula de distribución contenido en aquél artículo, establecía que el 0.75 por ciento del fondo se repartiría proporcionalmente entre los estados productores de petróleo y el 0.25 por ciento entre las entidades federativas productoras de gas asociado y no asociado.
El 1 de enero de 2009, sigue exponiendo la diputada local, entró en vigor una reforma realizada al artículo 40-8 de la ley de Coordinación Fiscal. La reforma, señala la colegisladora, modificó el tanto por ciento que conforma el Fondo de Extracción de Hidrocarburos para pasar de 0.46 a 0.6 por ciento del importe obtenido por el derecho ordinario sobre extracción de hidrocarburos.
Aunado a ello se modificó la fórmula de distribución, disponiendo que el Fondo de Extracción de Hidrocarburos se distribuirá un 50 por ciento entre los estados productores de petróleo y el otro 50 por ciento entre los estados productores de gas. En otras palabras, a los estados productores de petróleo se les redujo un 25 por ciento en su captación y se aumentó ese mismo porcentaje a los productores de gas.
En el contexto planteado es que la legisladora local, propone ante la LX Legislatura del Estado de Tabasco, la iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal con el propósito de incrementar el tanto por ciento que define la conformación del Fondo de Extracción de Hidrocarburos para pasar de 0.6 por ciento a un 2 por ciento del importe obtenido por el derecho ordinario sobre hidrocarburos pagado por Pemex Exploración y Producción.
Con la finalidad de robustecer la propuesta, la Legisladora Local precisa que actualmente, con el 0.6 por ciento del derecho que paga aquél organismo público descentralizado federal, mismo que conforma el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, al Estado de Tabasco le corresponde 927.5 millones de pesos; y, señala que: “..., con el 2 por ciento que hoy se propone, nuestra entidad federativa vería incrementado sus ingresos por ese concepto, en mil 731.3 millones de pesos adicionales, claro está, a los que actualmente recibe; y, los municipios en 432.8 millones de pesos.”
Aunado a ello, sigue señalando la legisladora, la propuesta del incremento del tanto por ciento, basa su justificación en el hecho de que el derecho ordinario de hidrocarburos, que deriva el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, disminuya año con año debido al cambio en el régimen fiscal de Pemex. Como dato informativo refiere que la tasa del derecho enterado por Pemex Exploración y Producción era de 79 por ciento en 2007, de 74 por ciento en el año 2008, y en el presente año es de 71.5 por ciento.
Por último, es importante señalar y reconocer por parte de esta Comisión Orgánica, al advertir la Legisladora Local, que de acuerdo a la tendencia siga disminuyendo la tasa del derecho que paga Pemex Exploración y Producción, y consecuentemente tienda a la baja el monto del Fondo de Extracción de Hidrocarburos; y, que, de aprobarse la propuesta planteada, estamos no sólo apoyando un sistema fiscal resarcitorio más justo hacia aquellas entidades federativas en las que en sus circunscripciones territoriales se produce la riqueza de nuestro país sino que garantizaríamos que los ingresos no se vean disminuidos, por la forma en que actualmente está diseñada la conformación del Fondo de Extracción de Hidrocarburos.
Tercero. En virtud de todo lo anterior y en razón de que el honorable Congreso de Tabasco está facultado para expedir decretos, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, fracción 1, de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Tabasco; y haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 71, fracción 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expide el decreto por el cual la LX Legislatura del Estado de Tabasco presenta Iniciativa ante el honorable Congreso de la Unión mediante el cual se reforma el primer párrafo del artículo 40-8 de la Ley de Coordinación Fiscal, en razón de que corresponde al honorable Congreso de la Unión, en términos del artículo 73, fracciones XXIX-O, XXIX-E, XXIX-F Y XXX, de la Carta Magna; expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social; expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico; y, para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana; decreto que se formula en los siguientes términos
Decreto
Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 40-8 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Ley de Coordinación Fiscal
Artículo 4o.-8. El Fondo de Extracción de Hidrocarburos estará conformado con el 2 por ciento del importe obtenido por el derecho ordinario sobre hidrocarburos pagado por Pemex Exploración y Producción, en términos de lo previsto en el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos.
Transitorios de la iniciativa
Artículo Primero. El correspondiente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan al presente decreto.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del gobierno del estado de Tabasco.
Segundo. Remítase a la brevedad, la iniciativa correspondiente que se contiene en el presente decreto, al honorable Congreso de la Unión, para el trámite legislativo que en derecho corresponda.
Tercero. De igual manera remítase copia autorizada de este decreto a los honorables Congresos locales de la entidades federativas de Campeche, Chiapas, Tamaulipas y Veracruz, para su conocimiento y, en su caso, adhesión a éste.
Nota:
1. Fuente: Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley de Coordinación Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 31 de diciembre de 2008
Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo del Estado, en la Ciudad de Villahermosa, Capital de Tabasco, a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil once.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección
Honorable Congreso.— Diputado Jaime Hernández Cordova (rúbrica), presidente;diputado Jesús González González (rúbrica), secretario.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Antes de continuar, señora secretaria, quiero dar la más cordial bienvenida a invitados del diputado Francisco Rojas San Román. A vecinos de la colonia Agua Azul, de Nezahualcóyotl, invitados por la diputada Martha Bernardino Rojas; y a integrantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, invitados por la diputada Paula Hernández Olmos. Sean cordialmente bienvenidos. Adelante, señora secretaria.
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Alfonso Elías Serrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción I del artículo 2A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
La Presidencia dispuso que dicha Iniciativa, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
México, DF, a 27 de septiembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»
«Presidente y Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.— Presentes.
Alfonso Elías Serrano, Senador de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, y 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la elevada consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción I del artículo 2A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con arreglo a la siguiente:
Exposición de Motivos
La presente iniciativa tiene por objeto facilitar a los hogares mexicanos la adquisición de útiles escolares y equipos de cómputo básicos, mediante la reforma de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para que por tales productos no se pague IVA.
Lo anterior, mediante la inclusión dentro del catálogo de productos y servicios a los que se les aplica la tasa del 0 por ciento de los útiles escolares de nivel primaria y secundaria que integran la lista oficial aprobada por la autoridad educativa federal, así como a las computadoras personales de escritorio o portátiles, en sus versiones caseras o iniciales.
Esto, en atención a la circunstancia de que en nuestro país, la mayor parte de familias carecen de ingresos suficientes para cubrir los gastos relacionados con la educación de sus integrantes, pues de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010, elaborada por el Inegi, el 50 por ciento de los hogares en México tienen ingresos menores a 4 salarios mínimos (7 mil 187 pesos al mes, aproximadamente).
Familias que de acuerdo a la Encuesta en mención, destinan en promedio cuatro de cada diez pesos de sus ingresos a alimentos y bebidas, aunque los hogares que perciben menos de dos salarios mínimos anuales llegan a dedicar hasta la mitad de sus entradas a este rubro.
Adicionalmente, los hogares con percepciones menores a cuatro salarios mínimos, invierten entre el 12 por ciento y el 15 por ciento de sus ingresos en vestido, transporte y cuidados médicos. A esto, se suma un rango del 10 por ciento al 20 por ciento de gasto en vivienda (renta o hipoteca); de 11 a 12 por ciento en servicios (energía eléctrica, agua potable y gas), y de 8 por ciento a 10 por ciento en pago de deudas o compromisos de ahorro (tiendas departamentales, abonos a vendedores informales, cajas de ahorro y préstamos personales).
Con ello, los hogares que perciben menos de cuatro salarios mínimos podrían destinar, con el mayor de los sacrificios, tan sólo entre 150 y 900 pesos mensuales para la compra de útiles escolares y equipo de cómputo.
Costo de útiles escolares
Ahora bien, de acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor, el costo promedio de la lista de útiles de la Secretaría de Educación Pública para primaria, por alumno, es el siguiente:
1o. grado 234.11 pesos
2o. grado 307.42 pesos
3o. y 4o. grados 516.81 pesos
5o. y 6o. grados 538.40 pesos
En el caso de la secundaria, el costo aumenta 250 pesos en promedio, derivado del requerimiento de una calculadora científica y de un cuaderno para cada una de las asignaturas propias de ese nivel educativo.
Así, considerando una familia con dos hijos en primaria (uno en primero y otro en cuarto) y uno en secundaria, todos ellos en escuela pública, el gasto de tal hogar sería de mil 539 pesos; ello, sin considerar uniformes, zapatos y mochila que, en algunas entidades del país, pueden sumar otros mil pesos adicionales.
Adicionalmente, de acuerdo a la ya citada Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010, las familias de los cinco deciles más bajos de ingreso gastan un promedio de 673 pesos mensuales en artículos y servicios de educación, esto es, 8 mil 76 pesos anuales, en los cuales podrían considerarse incluidos los $2,500 en gastos correspondientes al inicio del ciclo escolar.
No debe perderse de vista que el nivel de gasto educativo expuesto anteriormente se refiere a familias que en su gran mayoría inscriben a sus hijos en el sistema de escuelas públicas, por lo que en el caso de los hogares con hijos en escuela particular deberán considerarse costos adicionales en materiales escolares que pueden llegar a triplicar el nivel de gasto en este rubro.
Es por tales motivos, que según información de las principales casas de empeño de los distintos estados de la República, la solicitud de préstamos con garantía prendaria en esos establecimientos se incrementa de un 20 por ciento al 35 por ciento en el periodo correspondiente al inicio del ciclo escolar de cada año.
En atención a esta problemática, tanto el gobierno federal, como los gobiernos de diversas entidades federativas, han lanzado programas de becas y entrega de útiles y uniformes gratuitos, enfocados principalmente a los hogares con menores ingresos.
Sin embargo, no existe una política nacional tendiente a reducir el costo de los útiles escolares, como sería el exentar de impuestos la adquisición de los mismos, tal y como sucede en diversos países de Iberoamérica.
En Honduras, por ejemplo, el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Ventas, exenta del pago del impuesto las ventas de cuadernos y útiles escolares.
En Panamá, la Ley 6 de 2005 que modifica el Código Fiscal, establece que los artículos de exclusivo uso escolar están exentos del impuesto de transferencia de bienes muebles corporales y prestación de servicios.
En Nicaragua, el artículo 52, numeral 1), de la Ley número 453 Ley de Equidad Fiscal, dispone que los útiles escolares no pagan ningún impuesto.
Y en España, la Ley de Equidad Tributaria otorga la posibilidad a las personas naturales (físicas) deduzcan los gastos en uniformes y útiles escolares y exijan la devolución de los impuestos pagados en su adquisición.
Costo de equipos de cómputo
En el caso de las computadoras, el equipo más accesible del mercado oscila entre los 4 mil 149 pesos (netbook) y los 5 mil 999 pesos (escritorio tipo torre), según sea de las consideradas armadas o de marcas nacionales o internacionales reconocidas.
En este sentido, las familias con ingresos menores a cuatro salarios mínimos requerirían de cinco a veintisiete meses de ahorro constante para poder cubrir el costo de la computadora más económica en el mercado.
Por ello, no resulta extraño que la única forma actual de adquirir un equipo de cómputo para las familias de menores ingresos sea el crédito. Así lo confirma el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), al señalar en un estudio publicado en mayo del 2008 que sólo mediante financiamiento los hogares en los tres quintiles de más bajos ingresos pueden comprar una computadora.
El análisis de Bansefi muestra que tan sólo el 1 por ciento de los hogares de los dos deciles de menores ingresos logró adquirir una computadora sin contar con crédito alguno, a diferencia de los hogares en este mismo quintil que contaron con algún crédito, en cuyo caso el 17 por ciento pudo comprar un equipo de cómputo.
En los quintiles tres y cuatro de menores ingresos las proporciones son de 5 por ciento de hogares sin crédito que tienen computadora y 14 por ciento de familias con crédito que cuentan al menos con un equipo de cómputo; y en los deciles quinto y sexto quintil de ingreso, los porcentajes fueron de 11 por ciento de hogares sin crédito que tienen computadora y 24 por ciento de hogares con crédito que poseen como mínimo un equipo de cómputo.
Todo lo cual explica por qué en nuestro país sólo 3 de cada 10 hogares cuenten con una computadora, lo que ubica a México en el penúltimo lugar en este indicador entre los 32 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y en la quinta posición en Latinoamérica.
Y la nota común de las naciones que superan a México en cuanto a porcentaje en de hogares con computadora, y las que han incrementado más rápidamente estas proporciones, es la existencia de una serie de programas e inciaitivas tendientes a disminuir la brecha digital y hacer que cada vez más habitantes de sus países cuenten con un equipo de cómputo casero.
En el caso de Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay, los gobiernos nacionales han obtenido recursos de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, complementándolos con asignaciones locales, para otorgar créditos accesibles a toda la población para la compra de computadoras y otros instrumentos tecnológicos.
Adicionalmente, países como Argentina, Panamá y Paraguay, han disminuido sus tasas de impuestos a la venta de equipos de cómputo, como una forma de incentivar la compra de estos aparatos por parte de las familias de menores ingresos.
Argentina, por ejemplo, aplica un IVA del 10.5 por ciento a las computadoras, siendo la tasa general del 21 por ciento; Panamá tiene una tasa del 5 por ciento para la venta de equipos de cómputo, 10 puntos porcentuales menos que la tasa general; y Uruguay, cobra el 19 por ciento a estas tecnologías, lo que significa una reducción de 4 puntos porcentuales por debajo de la tasa general.
El objetivo común de todos estos programas e incentivos es hacer accesibles las nuevas tecnologías a la mayor parte de la población, bajo la idea de que un menor con computadora en casa observa un mejor aprovechamiento escolar que aquéllos que no cuentan con esta herramienta en el hogar, y un ciudadano con acceso a Internet está mejor informado y capacitado para rendir mejores resultados en su trabajo y exigir mejores cuentas a sus gobiernos.
Los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares 2010, permiten identificar que las computadoras se utilizan principalmente en actividades escolares (53 por ciento de los usuarios), y en segundo lugar en actividades laborales o de entretenimiento (30 por ciento aproximadamente).
Un estudio divulgado por la OCDE en el 2006, encontró que los estudiantes que hacen uso regular de computadoras, en su casa o en la escuela, tienen mejores resultados académicos en las principales materias, sobre todo en matemáticas.
La mayoría de los alumnos que utilizan regularmente una computadora - señala el estudio -, tienen resultados superiores a la media en matemáticas, mientras que los que carecen de acceso a computadoras o las utilizan desde hace poco tiempo tienden a estar retrasados respecto al nivel de su grado de estudios.
Esto cobra importancia en un momento en el que el aprovechamiento académico de los jóvenes mexicanos se ubica en el lugar 48 de 65 países evaluados y ocupa la última posición dentro de las 33 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ya que según los resultados del examen PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes), los estudiantes mexicanos no pueden comprender un texto y el 50 por ciento no puede resolver correctamente una simple ecuación matemática.
En competencia de lectura, México se ubicó en el lugar 48; en competencia matemática en el 50, y en ciencias quedó igualmente en la posición 50, por debajo de la media de América Latina y mundial.
Es por eso que debemos enfocar la mayor de las atenciones, como Estado mexicano, a proporcionar a las nuevas generaciones las herramientas necesarias para desarrollar en mayor medida sus capacidades, como es el caso de las computadoras y el Internet.
Con una auténtica política pública orientada a cerrar la brecha digital existente en México, estaríamos en posibilidad de mejorar el aprovechamiento académico de nuestros menores; se incrementaría la eficiencia y productividad de nuestra fuerza de trabajo, y se impulsaría el desarrollo profesional, cultural y social de la población.
Propuesta
En el Senado de la República tenemos claro que una gran parte de las políticas públicas necesarias para mejorar tanto la eficiencia terminal como el rendimiento escolar de los mexicanos, corresponde al exclusivo ámbito del Poder Ejecutivo.
Peor también entendemos que un segmento importante de estas políticas pueden originarse desde el Poder Legislativo, como es el caso del otorgamiento de incentivos o la disminución de cargas fiscales para la compra de útiles escolares y equipos de cómputo.
Es por ello que la presente iniciativa plantea incluir dentro del catálogo de productos y servicios a los que se les aplica la tasa del 0 por ciento del Impuesto al Valor Agregado, a los útiles escolares que integren la lista oficial expedida por la Secretría de Educación Pública, al igual que a las computadoras personales de escritorio o portátiles, en sus versiones caseras o iniciales, definidas éstas como aquéllas cuyo precio máximo de venta al público, antes de impuestos, sea menor a ciento veinte días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, es decir, 7 mil 140 pesos, aproximadamente.
Con esto, una computadora armada o ensamblada que actualmente cuesta 4 mil 500 pesos, tendría un precio final de venta al público de 3 mil 879 pesos; o bien, un equipo de cómputo de marca reconocida con un costo actual de 7 mil 140 pesos, saldría a la venta a 6 mil 124 pesos.
Por lo que toca a los útiles escolares, las familias mexicanas se ahorrarían desde mil 111 hasta 3 mil 643 anuales, lo que sin duda vendría a apoyar de manera importante la economía de los hogares de nuestro país.
Y dado que la mayor parte de los expendedores de computadoras y tiendas de autoservicio cuentan con sistemas de crédito accesibles y, en plazos cortos, con tasa cero de interés, un número importante de familias con ingresos menores a cinco salarios mínimos podrían adquirir con menor dificultad equipos de cómputo útiles para la educación de sus hijos, haciendo con esto más competitiva a la familia y por ende, al país entero.
En mérito de lo expuesto, tengo a bien proponer el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Primero. Se adicionan los incisos j) y k a la fracción I del artículo 2A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:
Artículo 2o. A. ...
I. ...
a) a h) ...
j) Computadoras personales, de escritorio o portátiles, cuyo precio de venta al público sea menor a ciento veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
k) Útiles escolares, de acuerdo a la lista oficial que publique la Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar y grados de estudio correspondientes.
Transitorio
Único. El presente decreto iniciará su vigencia el primer día del mes de enero del año 2012.
Notas:
1.Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2010.
2. Procuraduría Federal del Consumidor. Quién es Quién en los Precios del 20 al 24 de junio de 2011. http://www.profeco.gob.mx/encuesta /brujula/bruj_2011/CPSEP_México.pdf
3. Secretaría de Educación Pública. Lista de materiales y útiles escolares autorizados para iniciar las actividades en las instituciones de educación básica. Ciclo escolar 2011-2012.
http://www.sep.gob.mx/work/appsite/lista_de_utiles/lista_utiles_ 11_12.pdf
4. Análisis de contenido de información de prensa de 46 diarios nacionales de 28 estados de la República, con relación al costo a las familias del regreso a clases. Fuente: ADMéxico. http://www.adnmexico.mx
5. Con base en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010, se obtiene que los hogares ubicados en los cinco deciles de mayor ingreso gastan en promedio $2,200 mensuales en artículos y servicios de educación, lo que arroja un total de $26,414.
6. Análisis de contenido de notas periodísticas consultadas a través del servicio googlenews de México, en el que se obtuvieron 55 hits del 2011, bajo los criterios de búsqueda siguientes: “casas de empeño regreso a clases”. Fuente: ADNMéxico. http://www.adnmexico.mx
7. El programa oportunidades otorga apoyos a sus beneficiarios para la compra de útiles escolares que consisten en $195 para el nivel primaria, y $365 para secundaria, montos insuficientes según la tabla de costos de útiles escolares publicada por PROFECO.
8. Distrito Federal, Sinaloa, Oaxaca, Chihuahua, Hidalgo, Sonora, Quintana Roo y Campeche, cuentan con programas de entrega de uniformes y útiles escolares gratuitos en escuelas públicas.
9. Este argumento considera que el “remanente” mensual de las familias en los cinco deciles inferiores de ingreso oscila entre los $150 y $900, luego del gasto en alimentación, transporte, vestido, vivienda, cuidados médicos servicios y pago de deudas.
10.Inegi. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares, 2010.
11. Los países de Latinoamérica con mayor porcentaje de hogares con computadora que México son: Brasil, 31por ciento; Cost Rica, 34 por ciento; Uruguay, 39 por ciento y Chile, 40 por ciento.
12. Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico. Students performance in OECD countries. Results of the PISA 2009 survey. http://blog.oecdfactblog.org/?p=339
13. El cálculo considera los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010, que establece que el gasto anual en artículos y servicios de educación de los cinco deciles de menores ingresos es de $8,076 anuales y el de los cinco deciles superiores es de $26,414 anuales.
Salón de sesiones del Senado de la República, a 27 de septiembre de 2011.— Senador Alfonso Elías Serrano (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS (DE 1942 A1964)
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se concede el uso de la palabra a la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, hasta por 5 minutos, para presentar el informe como representante del Poder Legislativo ante el Comité Técnico del Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (de 1942 a1964).
Perdón, diputada. Ordené que fueran 5 minutos y el reloj parlamentario sigue marcando 7. Adelante, señora diputada.
La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu:Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, primero que nada quiero agradecerles a todos ustedes, a mis compañeras diputadas y diputados de esta LXI Legislatura, particularmente al coordinador de mi Grupo Parlamentario del PRI, al diputado Francisco José Rojas Gutiérrez, y a mis compañeras y compañeros diputados de mi partido; así como a todos los grupos parlamentarios de esta LXI Legislatura por la confianza que han depositado en esta servidora.
Informo a ustedes, compañeras y compañeros, que ha sido muy grato para esta servidora ser la representante del Poder Legislativo ante el Comité Técnico del Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (1942-1964), para la defensa de los intereses de mis hermanos ex braceros mexicanos; deuda social histórica que cala y seguirá calando en el sentimiento, en las condiciones y en el compromiso social.
Por tal razón, estando presente desde las primeras reuniones del Comité Técnico, solicité que informaran el estado financiero que guardaba la fiduciaria, que es Banobras, que es la responsable, dispersora y ejecutora de los recursos autorizados para el pago de ex braceros.
Como resultado de ello, me encontré con un subejercicio de los años 2009 y 2010, con un monto de 670 millones de pesos que no se habían ejercido. Con los mil 200 millones de pesos que aprobamos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se suma la cantidad de mil 870 millones de pesos, que se dispersaron de la siguiente manera:
De la lista 36-15 publicada el 15 y 16 de marzo del presente año, se publicaron y se beneficiaron 5 mil ex braceros para un pago de 34 mil pesos. En la lista 38, publicada el 29 de abril al 2 de mayo, 6 mil 12 con un pago de 38 mil pesos. Para la lista 39, publicada del 16 al 17 de mayo, 36 mil 70 pagando 34 mil pesos. Y la lista 37 con los ex braceros radicados, todos ellos en los Estados Unidos de América fueron 5 mil 89. Haciendo un total de 52 mil 171 ex braceros, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Atendiendo lo que establece en la propia ley, en el orden de prelación, los primeros fueron los enfermos en fase terminal y los segundos, de mayor edad conforme a los de menor edad, de los cuales nos faltan por cobrar aproximadamente 9 mil ex braceros, que tienen su fecha límite el miércoles 30 de noviembre del presente año.
Cabe hacer mención que también existe una reserva para los enfermos de fase terminal, con un monto que alcanza para pagar a 897 ex braceros para un pago de 38 mil pesos; que se encuentren en la situación, que lo demuestren mediante un certificado médico de cualquier dependencia pública, ante la dependencia coordinadora, Gobernación.
Informo que con respecto a la lista 37 que corresponde a los 5 mil 89 ex trabajadores ex braceros, todos ellos radicados en Estados Unidos de América, que fue publicado como lo expresé el 15 y el 16 de agosto, a partir del 15 de septiembre la Secretaría de Relaciones Públicas y Banobras serán las responsables de entregar el dinero a través de los consulados mexicanos.
Destaco en esto: dimos una gran pelea y un gran debate, muchas reuniones y muchas horas para poder acordar cuál sería el documento que presentarán los ex braceros ante los consulados mexicanos, y basta con presenten su credencial de elector o su pasaporte, aunque estos estén vencidos, en razón de su edad, de su condición física y se encuentren en un país lejano, en donde no tienen documentos.
También la matrícula consular será para su identificación personal, cuando ellos estén enfermos o tengan impedimentos físicos o enfermedades terminales también habrá de ser a través de una carta poder expedida y acompañada de sus familiares.
Se modificó el término de vencimiento del pago de 120 días, ampliándolo a 240 días, ya que se tardó mucho la lista en publicarse. No obstante, y a pesar del esfuerzo de todos nosotros, no fue suficiente, no alcanzamos a pagar al 100 por ciento de los ex braceros que han demandado por más de 42 años nuestros compañeros ex braceros que por sí propios, y a nombre de sus viudas o de sus hijos han hecho la petición y la solicitud, los requerimientos para hacerlo.
Ante esta disyuntiva, y haciendo míos los reclamos, las demandas y los clamores de mis hermanos ex braceros, nos abocamos a replantear la lista cercana que se acoplara a la realidad. Ante el Comité Técnico, una vez revisados que fueron los documentos, resultó que faltan 102 mil 680 ex braceros para ser beneficiarios.
Mi preocupación es grande al comprobar que todos ellos se encuentran enfermos, muchos de ellos con edad avanzada.
Hemos visto con agrado —está bien, tiempo pídanles también, le hubieran pedido 42 años a los ex braceros, cuando no les han pagado— y quiero expresar, y vengo a esta tribuna y le solicito respetuosamente, señor presidente, para dar las cantidades nada más, de los ex braceros.
Presidente, le solicito tiempo para concluir.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Adelante.
La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu:Compañeras y compañeros, después de haber tenido infinidad de reuniones en el Comité Técnico, maratónicas, fuertes debates dentro, con los compañeros integrantes de las dependencias del Comité Técnico, pudimos sensibilizarlos para que pudiese entrar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2012, en el Ramo 04, Gobernación, página de la 3 a la 6, la denominación: Fondos de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos en Estados Unidos de América, estableciendo la cantidad de 3 mil 816 millones 200 mil pesos, que habrán de pagarse en este 2012 a los compañeros, a los 102 mil 680 mexicanos ex braceros de 1942 a 1964.
Queridas compañeras y compañeros diputados, espero contar con su voto para que el presupuesto asignado a esta causa sea respetado íntegramente. Recuerden, tenemos en nuestras manos el momento histórico para pagarle a la mayoría de los ex braceros mexicanos de este país.
Por eso, solicito que íntegramente este presupuesto, de los 3 mil 816 millones 200 mil pesos, sean pagados a los ex braceros, su voto para que sea aprobado este presupuesto en la Ley de Egresos del Ejercicio Fiscal 2012, y siendo hoy el día más grande, el Día Internacional de los Ex Braceros, 29 de septiembre de 2011, el mejor homenaje que les podemos hacer. Las palabras no caben si los hechos no sirven. Muchas gracias.
«Informe de la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, como representante del Poder Legislativo ante el Comité Técnico del Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964
Primero que nada quiero agradecerles a todos ustedes, diputadas y diputados de la LXI Legislatura, particularmente al coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, diputado Francisco José Rojas Gutiérrez, por la confianza que han depositado en esta servidora.
Informo a ustedes compañeras y compañeros, que ha sido muy grato para esta servidora ser la representante del Poder Legislativo, ante el Comité Técnico del Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964; para la defensa de los intereses de mis hermanos ex braceros mexicanos, deuda social histórica, que cala y seguirá calando en nuestras convicciones y nuestro compromiso social con ellos.
Por tal razón, estando presente desde las primeras reuniones del Comité Técnico, solicite informaran el estado financiero que guardaba la Fiduciaria Banobras, que es la responsable dispersora y ejecutora del recurso autorizado para el pago de Ex braceros, y como resultado de ello me encontré con un Subejercicio del 2009 y 2010 con un monto de 670 millones de pesos que no se habían ejercido y con los mil 200 millones de pesos que aprobamos en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011 sumamos la cantidad de mil 870 millones de pesos, que se dispersaron en cuatro listas en este año y son las siguientes:
Haciendo un total de 52 mil 171 ex braceros publicados en el Diario Oficial de la Federación, atendiendo lo que establece la propia ley con el orden de prelación, los primeros fueron los enfermos en Fase Terminal y segundo los de mayor edad conforme a los de menor edad; de los cuales solo faltan por cobrar su dinero en las Oficinas de Telecomm Telégrafos más cercana a su domicilio, 9 mil 940 ex braceros, que tienen como fecha límite para poder cobrar hasta el miércoles 30 del mes de noviembre del presente año.
Cabe hacer mención que también existe una reserva para enfermos en fase terminal con un monto que alcanza para pagar a 897 ex braceros para un pago de 38 mil pesos, que se encuentren en esta situación y que lo demuestren mediante un certificado médico de cualquier dependencia de salud pública ante la dependencia coordinadora que se encuentra en la Secretaría de Gobernación.
Con respecto a la lista 37 que corresponden a los 5 mil 89 ex braceros, todos ellos radicados en Estados Unidos, informo a ustedes que a partir del 15 de septiembre la secretaria de Relaciones Exteriores y Banobras serán las responsables de entregar el dinero a través de los consulados mexicanos; destaco que en esto dimos un gran debate, de muchas reuniones y por muchas horas acordando que los braceros, para cobrar basta con que presenten su credencial de elector o su pasaporte aunque este vencido, ya que ellos por su condición no pueden estar viajando de México a Estados Unidos; así como también la matricula consular, será identificación oficial del ex bracero y cuando este por enfermedad o impedimento físico no pueda hacerla personalmente lo hará a través de una carta poder simple.
Se modificó el término de fecha de vencimiento de pago, de 120 días ampliándolo a 240 días, ya que fue la lista 37 que tardo más en publicarse.
No obstante, y a pesar del esfuerzo de todos nosotros no fue suficiente, ya que no alcanzamos a pagar el 100 por ciento de los ex braceros como lo han demandado por más de 42 años nuestros compañeros ex braceros que realizaron su trámite por propio derecho, así como sus viudas e hijos quedando muchos pendientes.
Ante esta disyuntiva y haciendo míos los reclamos, las demandas y los clamores de mis hermanos ex braceros, me avoque a replantear la lista más cercana que se aproximara a la realidad de cuantos faltaban; con posibilidades y viabilidad, en estos momentos y para ser publicados en listas de pago ante los integrantes del Comité Técnico; resultando la cantidad de 102 mil 680 beneficiarios.
De los cuales son:
86 mil 6 beneficiarios, para un pago de 34 mil pesos a cada uno, que genera un importe de 2 mil 924 millones 204 mil pesos.
16 mil 674 beneficiarios, para un pago de 38 mil pesos, lo cual genera un importe de 633 millones 612 mil pesos.
Mi preocupación fue extenuante, tomando en cuenta que la gran mayoría de ellos son de edad muy avanzada, con muchas limitaciones físicas y con enfermedades terminales, pasarían muchos años una vez más para que la gran mayoría cuando menos, y no todos, pudiesen tener en su mano este recurso y sirvieran para aliviar algunas de las tantas carencias de las que son objeto; por eso no dude en las tantas reuniones, debatir y replantear la gran y urgente necesidad que requería acordar el monto total para el pago de los ex braceros.
Con gran alegría y beneplácito vengo ante ustedes a informar que las múltiples y maratónicas reuniones de dialogo y debate para sensibilizar y hacer entender esta tan sentida deuda social que tenemos con los ex braceros, hemos sembrado en tierra fértil, los frutos se están dando, falta que maduren y se repartan; con el presupuesto se demuestra que al fin, que hemos sido escuchados, ya que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 en el ramo 04 de Gobernación página 3 de 6, en la denominación Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos en Estados Unidos, establece la cantidad de 3 mil 816 millones 200 mil pesos; que da respuesta a nuestra demanda, nuestra lucha que ha sido la de todos ustedes y la de nuestros hermanos ex braceros, y desde luego, no menos importantes las diputadas y diputados que integramos la Comisión Especial de seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros, y por supuesto reconocer con igual importancia a todas las dependencias que integramos el Comité Técnico del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
Cuando menciono que hemos sembrado en tierra fértil, y los frutos se están dando, y falta que maduren y se repartan; me refiero a la asignación de los recursos que envía el Ejecutivo Federal en el Proyecto de Presupuesto 2012 a esta soberanía, queda claro que de nosotros depende con su determinación y aprobación con su voto, segura estoy que contaré con todos ustedes para que quede en los mismos términos y con las mismas cantidades en que fue recibido en esta LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados; el proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2012, la cantidad de 3 mil 816 millones 200 mil pesos, para pagar a 102 mil 680 beneficiarios.
Espero contar con su voto, démosle un pedacito de justicia a nuestros hermanos ex braceros.
Diputada María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De enterado. Publíquese.
El diputado José Antonio Arámbula López (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Arámbula.
El diputado José Antonio Arámbula López (desde la curul): Le solicito el uso de la palabra por aclaraciones, señor presidente, del mismo tema.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Adelante.
El diputado José Antonio Arámbula López: Gracias, presidente. Quisiera decir que en la Comisión Especial para el Seguimiento de los Pagos a los Fondos de los Trabajadores ex Braceros Mexicanos, que todavía me toca presidir en este momento, hemos trabajado fuerte, hemos trabajado muy duro, y si algo habíamos hecho en la Comisión, es tratar de dejar lo político de lado; es tratar de no sacar una tajada política, precisamente para avanzar en un tema que todos estamos de acuerdo.
Se me hace de muy mal gusto que venga la diputada, como presidente o como representante del fideicomiso, a querer pararse el cuello a decir del trabajo, cuando ha sido un trabajo de toda la comisión que integramos todos los diputados de todos los partidos.
Creo que ha sido un trabajo de muchos años, de los dos que llevamos nosotros aquí y ha sido un trabajo especialmente en el último tramo, en el que he estado como presidente, como para que una sola persona quiera venir a decir que gracias a una persona, y que el trabajo y que ha sido el fideicomiso. El trabajo ha sido de la comisión, el trabajo ha sido de todos los diputados de todos los partidos y en especial, mi reconocimiento al Presidente Felipe Calderón, que puso los 3 mil 800 millones, que hubo sensibilidad, que hubo trabajo.
El PRI también, ¿por qué no se aprobó dónde quedó el dinero? En la comisión propusimos un punto de acuerdo para investigar dónde quedó el dinero y no se supo, y no quisieron investigar.
Ahorita les muestro, con todo respeto, una copia del periódico de 1943, donde le reclamaban al presidente de su partido porqué había perdido el dinero del Banco Nacional de Crédito Agrícola, que después desapareció, se convirtió en Banrural y volvió a desaparecer y se perdió el dinero.
Aquí estamos en la comisión pidiendo que se audite y no se ha seguido...
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Les ruego a los señores diputados no establecer diálogos, porque no están permitidos por la normatividad.
El diputado José Antonio Arámbula López:Aquí está el periódico de 1943, del 11 de diciembre, donde trabajadores agrícolas les depositaron el dinero en el Banco Nacional de Crédito Agrícola, que desapareció, que no se los entregaron, no se los dieron y nunca se quiso aprobar una comisión para que se investigara dónde está el dinero.
Qué bueno que ahora en las administraciones panistas, como con Fox, como con Calderón, se abre la puerta, se crea el fideicomiso y se empieza a pagar este dinero, y ahora con Calderón, el próximo año habrá el dinero suficiente para pagarles a los registrados.
Mi reconocimiento al presidente, pero también mi reconocimiento a la comisión, integrantes de todos los partidos que tuvieron el valor y habíamos dejado de lado lo político para coincidir en acuerdos. No se vale venir a sacar tajada política de aquí. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra desde su curul, para alusiones personales, la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu.
La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Como siempre, me he conducido con verdad y con respeto a mis compañeras y compañeros diputados, y con verticalidad.
Había solicitado el uso de la palabra para 10 minutos; sin embargo, lamento mucho que el que se ostenta como presidente de la comisión fue el primero que se paró a querer llamar tiempos, cuando debía haberme escuchado si en verdad le interesaba —como dice expresar—, el asunto de los braceros.
Por otra parte, el hecho de que el Ejecutivo federal envíe en el proyecto de Presupuesto 2012, no significa, compañeros, que es de su bolsa; es del erario y es de la lucha que en efecto todos los ex braceros mexicanos hemos dado, todos los ex braceros mexicanos, todas las diputadas y diputados aquí y en las diferentes comisiones y todos hemos dado.
Pero una cosa importante: el gran debate se dio en el Comité Técnico, la definición para que viniera en el proyecto de presupuesto, y en mi carácter de representante —que no fue sólo mi grupo parlamentario—, fue el pleno de esta honorable de Cámara de Diputados, y con esa representación vengo a informar a esta soberanía del resultado en las gestiones. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, diputada. El diputado Enrique Ibarra.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza:Señoras y señores diputados, a no dudar este tema de los ex trabajadores migratorios braceros ha sido parte de nuestra agenda en esta Legislatura, es lamentable lo que aquí se comentó hace unos instantes en cuestiones de ver en esto situaciones de oportunismo político electoral. Esto nunca ha sido la constante en la Comisión de Ex Braceros, en donde en el seno de la misma todos los acuerdos han sido prácticamente por unanimidad.
Lástima de los signos preelectorales para que se cambie el tono, la actitud de los participantes en esta tribuna. Quien hablaba por Acción Nacional vino a restregarnos la sensibilidad y solidaridad de Felipe Calderón. Qué flaca memoria de quien emitió esas opiniones.
Hay que recordar quién acordó esa mísera cantidad a lo que se les debe a los ex braceros: fue Calderón. En forma inhumana Calderón quería pagarles en 10 cómodas anualidades; desvergonzadamente Calderón quería darles a los ex braceros, que tienen 82 años de vida en promedio, 4 mil pesos cada diciembre. Esta representación unánimemente cambió la ley para obligarlo a que pagara en una sola exhibición.
No conforme con eso, cuando debió de empezar a pagarles, a partir del 11 de marzo de 2011, todavía ha evadido la responsabilidad y se les debe a más de 102 mil ex braceros. ¿Es eso ser sensible? ¿Es eso ser humano, como aquí se dijo, de Calderón? Por supuesto que no.
Ahora como vienen las elecciones ya viene en el contenido del presupuesto lo que debió de haber sido desde hace varios años, pero que no se le quiera sacar raja política, ni el PAN ni el PRI, ésa es una deuda histórica con campesinos de este país. El PRI en sus gobiernos se quedó con el dinero y ustedes han sido insensibles y no les han pagado a más de 102 mil. Calderón quería pagarles hasta el año de 2019.
Vamos reencauzando las cosas. Vamos dándole salida, porque hay cosas pendientes de los ex braceros, no sólo los 102 mil a quienes se les adeuda, está pendiente que se les aclare, a decenas de miles de ellos, por qué no han salido en las listas aprobadas por el fideicomiso.
Hay que abrir una nueva convocatoria y hay que tratar las correcciones que con el pretexto de un solo cambio de letra en el apellido o nombre no se los quiere pagar el Telecom. Pero ni el PAN ni el PRI deben intentar llevar agua a su molino de una deuda que tienen con centenares de miles de trabajadores ex braceros. Gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Hace uso de la palabra el diputado Óscar García Barrón. Pase usted. Tiene la palabra un minuto para alusiones personales, desde su curul, brevemente, el diputado Arámbula.
El diputado José Antonio Arámbula López(desde la curul): Solamente aclarar que al final de cuentas se podrá decir que nada más había 300 millones, que Calderón nada más ponía 300 y que les iba a pagar en abonos. Pero a final de cuentas, se pagaba del dinero de los impuestos, del presupuesto que pone esta Cámara.
No se vale que esta Cámara solamente apruebe 300 millones, como lo hizo el primer año y por otro lado, quiera que el Presidente pague. De dónde paga si nada más hay 300 millones en el presupuesto. No se vale, por un lado, pedir que el presidente haga tal o cual cosa, cuando aquí se aprueban, en la Ley del Fideicomiso, otras reglas y otro presupuesto.
Es por eso que trabajamos en la Comisión por aumentar el presupuesto. No podemos exigirle al gobierno federal que pague algo que no tiene.
Al fin de cuentas, el dinero y la deuda de los ex braceros se pagó empezando con Fox y terminando en el sexenio de Calderón. Le duela o no le duela. Se pagó en el sexenio de Calderón, o se va a pagar en el próximo año.
Entonces, no es cierto que ha sido insensible, el gobierno ha sido sensible, ha escuchado y hemos trabajado en ese sentido. Vamos a seguir trabajando por los ex braceros.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado García Barrón.
El diputado Óscar García Barrón: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el compromiso que se tiene con la gente más pobre de México, que son los ex braceros, no es cuestión de venir a esta tribuna, compañeros diputados, a desgarrarnos las vestiduras. Éste es un compromiso moral, social que se tiene con hombres y mujeres de México. Hombres y mujeres de México que año tras año están haciendo fila, queriendo abordar a los diputados de esta Legislatura para ver qué vamos a hacer con lo que todavía se les adeuda a 102 mil ciudadanos que ahí están pendientes de que se les haga justicia.
Aquí no es Calderón, porque Calderón no es el dueño del país, compañeros diputados, es el Presidente de la República y es quien tiene el compromiso moral y civil, como primer responsable de la política pública, de que se les haga justicia a los más pobres. Pero no es Calderón quien les pagó, diputado. No mal interprete.
Hace un año a su servidor le tocó exponer un punto de acuerdo para que al fideicomiso se le auditara —y no sé que habrá hecho esta comisión para darle seguimiento— y se aprobó al 100 por ciento, por todos los diputados, ese punto de acuerdo. No sé qué habrá pasado.
Lo que sí quiero decirles, compañeros diputados, más allá de cuestiones ideológicas, de cuestiones políticas, es que aquí tenemos un compromiso moral como diputados con la gente más pobre del país, que son los ex braceros.
Los invito, de todo corazón, para que en los hechos vengamos a reivindicar nuestro compromiso, aportándole en el Presupuesto de Egresos del 2012 los casi 4 mil millones de pesos que se necesitan para resarcir ese daño moral que se le ha hecho a hombres y mujeres de México. Los invito, más allá de ideologías, los invito, más allá de protagonismos, que nos demos la oportunidad como diputados de demostrarles a estos hombres y mujeres que somos sensibles y que vamos a poner el mejor esfuerzo para que el Presupuesto de Egresos de la Federación, de una vez por todas, cuente con los 3 mil 816 millones de pesos para saldar al 100 por ciento este compromiso que México, más allá de partidos y de ideologías, tiene con la gente más pobre que son los ex braceros.
Ahí está el compromiso y vamos a ver en próximos días si de veras nos desgarramos las vestiduras por ellos compañeros. Muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se concede el uso de la palabra al diputado Edgardo Melhem.
El diputado Edgardo Melhem Salinas:Con su permiso, señor presidente. Creo que el tema de los ex braceros es un tema que nos preocupa a todos, es un tema que debe ir más allá de partidos políticos. Es un problema social que quienes estamos sobre todo en las zonas fronterizas y en muchos estados lo vivimos en nuestras oficinas de gestoría. Todos los días asiste gente para ver cuándo va a salir su pago.
Por eso, aplaudo hoy que la comisión, el esfuerzo de nuestra compañera Hilaria venga en el presupuesto, porque no es un logro particular del Ejecutivo, creo que la lucha se ha dado también aquí en el Poder Legislativo, con los diputados federales de todas las fracciones.
Pero lo que me preocupa, y lo que quiero pedir que se agregue en este acuerdo, en esto que viene el presupuesto es lo siguiente. Cuando van a pedirnos a todos cuándo va a salir el pago de los ex braceros nadie sabe decirles, estamos en la tómbola del sorteo de a ver a quienes ponen en las listas que publica la Secretaría de Gobernación. Quisiera que estos tres mil y pico de millones de pesos, que se van a autorizar por esta Cámara para el pago total de los ex braceros, traigan fechas precisas, para no tener en la incertidumbre a los ex braceros de a ver si hasta diciembre del próximo año, como está pasando ahorita.
Tenemos que precisar que Hacienda se comprometa y que venga en el Presupuesto de Egresos cuándo va a ser el pago de los ex braceros. Tenemos que darles claridad, certidumbre, transparencia. Si van a ser en dos o tres meses los pagos, que nos digan cómo se va a distribuir la lista de los ex braceros.
Quisiera pedirles el apoyo para esta propuesta, porque muchas veces aprobamos aquí apoyos financieros para muchas cosas. En este caso es algo muy importante, pero lamentablemente no tenemos el poder de decidir ante Hacienda cuándo se debe hacer el pago. Quisiera que fuera en el primer trimestre de 2012 cuando todos los ex braceros, el 100 por ciento de los ex braceros, reciba el 100 por ciento de su pago.
Es importante ponerle fecha precisa a este pago, para no seguir en los estados donde están todos estos compañeros en la incertidumbre y que tengan la seguridad jurídica de que su pago va a ser realizado en una fecha precisa. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Hace uso de la palabra el diputado Ibarra desde su curul, por favor. Desde su curul.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Quisiera, para disipar cualquier percepción de quienes están aquí o quienes ven y escuchen estas sesiones por el Canal del Congreso, disipar la percepción de que se está haciendo un gran favor a los ex braceros. Eso de ninguna manera corresponde a la realidad. Aquí el diputado del PAN presumía que los 38 mil pesos se aprobaron por Calderón.
Según un estudio actuarial de la UNAM, esa cantidad que se le va a destinar a cada ex bracero es ridícula, es exigua en lo que en justicia les debería de corresponder. Según ese análisis actuarial, a los ex trabajadores braceros que de 1942 al 64 trabajaron en el campo de los Estados Unidos de América, de acuerdo al precio del dólar —en toda esa época— y a los intereses que debieron de haber generado el 10 por ciento de sus ingresos, que debió reponérseles, tendría este país que regresarles —según la UNAM— 5 billones 200 mil millones de pesos.
Entonces, que no se venga a presumir aquí como si fuera a ser un acto de justicia. Es un elemental apoyo contrastante con lo que debería de reponérseles.
Una excitativa al PRI y al PAN. Hay que despojarse de vulgares apetitos electorales en este tema; hay que hacerlo, como decía uno de los oradores en este debate, con un elemental sentido de justicia, aunque sea en mínima parte y de cumplir un compromiso moral. Muchas gracias.
El diputado José Antonio Arámbula López(desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sí, diputado Arámbula.
El diputado José Antonio Arámbula López(desde la curul): Gracias, señor presidente. Nada más decir que, sí hay que despojarnos de apetitos electorales, también hay que despojarnos de discursos demagógicos.
Que me diga de dónde vamos a sacar los 5 billones. Lo reto a que los ponga en el próximo Presupuesto; por favor, eso es materialmente imposible. Ahora, si quiere hacer justicia, que se investigue quién se robó el dinero en ese entonces. Por favor, es materialmente imposible poner eso en el próximo Presupuesto.
Discursos demagógicos es muy fácil. No hay que hacer eso. Pongamos los pies en la tierra y qué podemos hacer.
Por eso los 3 mil 800 millones que están son buenos, hay que conservarlos y vamos a votar a favor de los ex braceros, a favor de la causa y seguiremos trabajando y además los que faltan, pero tampoco hagamos discursos demagógicos de cosas que no se pueden pagar.
Qué más quisiéramos, que pagarles su dinero real, pero el dinero que se les va a pagar —hay que decirlo—, no es el dinero que les retuvieron, es dinero de los impuestos actuales, de otra gente que cumple sus compromisos con México. Gracias.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: No voy a conceder más el uso de la palabra para alusiones personales, por respeto al resto de los diputados inscritos para hablar, de suerte que si usted quiere hacer uso de la palabra, lo hará al final de la lista de oradores. Tiene la palabra el diputado José María Torres Robledo.
El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sí, don Pedro, ya lo anoté.
El diputado José M. Torres Robledo:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, les pido sensibilidad para este tema. No sigamos politizándolo.
A más de cinco años de la creación por esta Cámara de Diputados de la ley que beneficia a los ex braceros, nuestra Legislatura va a lograr casi concluir con la deuda histórica que el gobierno federal tiene con nuestros hermanos ex braceros que fueron a trabajar a los campos agrícolas y ferroviarios entre los años 1942 y 1964, en los Estados Unidos de América.
La Comisión Especial de ex Braceros, de la cual formo parte, desde su instalación se propuso lograr presupuesto suficiente para pagar a estos compatriotas. Por otro lado, obligamos al fideicomiso 2106, que encabeza la Secretaría de Gobernación, a transparentar y a aplicar los recursos no ejercidos de años pasados y destinarlos a este sector. Además de seguir insistiendo para poner en orden los listados de los ex braceros que puedan ser beneficiados en el menor tiempo posible.
Estos trabajos van a servir y fortalecen la propuesta que nuestra comisión especial exigió al Ejecutivo, que dé presupuesto suficiente y que efectivamente viene incluida en la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2012, por la cantidad de 3 mil 816 millones 200 mil pesos, cantidad suficiente para resolver el rezago de los padrones de la primera y segunda convocatorias.
Mi partido, el de la Revolución Democrática, ha tenido y tiene un compromiso sin condiciones con los ex braceros. De antemano adelantamos nuestro apoyo a esta propuesta. Llamamos a las diferentes fracciones parlamentarias a sumarnos sin reservas a apoyar esta partida, que resolverá en gran parte la actual demanda de los ex braceros.
Habremos dispuesto —y lo digo con satisfacción—, si la propuesta no se modifica, que en los tres años de nuestra Legislatura serán aprobados cinco mil 316 millones de pesos, que beneficiarán a más de 150 mil ex braceros o sus familiares, que han esperado más de 50 años para lograr esta conquista.
Repito, es logro nuestro y demuestra el compromiso de esta Legislatura con los sectores sociales de los cuales forman parte los ex braceros para que haya justicia y se termine con este agravio nacional.
Ahora nada más debemos exigir a Hacienda que los primeros tres meses del 2012 se termine de pagar hasta al último ex bracero. Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Pedro Ávila.
El diputado Pedro Ávila Nevárez:Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados, da tristeza y a la vez da risa que todo lo que pasa en este país se le cargue al PRI: que el PRI esto, que el PRI lo otro. Ya se les olvida a muchos de los compañeros que están aquí que el PRI fue el que sentó las instituciones sobre las cuales se desarrolla este país.
Es cierto que en ese tiempo, en 1944, se fueron miles de compañeros campesinos a los Estados Unidos de América, pero se olvida decir quién fue el que implementó esa política, y no porque el partido hecho gobierno, el PRI, los quisiera mandar, sino porque todos los campesinos querían irse a Estados Unidos de América a trabajar a los campos agrícolas. De Durango salían cientos de camiones y los trenes cargados de campesinos hacia Estados Unidos de América.
Ese dinero —óiganlo bien— no se lo robaron los gobiernos del PRI, a los que quieren cargarles todos los muertitos. Ese dinero se depositó en el Banco Agrícola y el Banco Agrícola, al desaparecer, fue auditado y todo lo que había en el Banco Agrícola auditado se pasó a la Financiera Rural, que ahora es la que está tratando todos los problemas del campo mexicano.
Que se le haga una auditoría a la Financiera Rural; ahí debe de estar ese dinero de los campesinos de México, ahí debe estar ese dinero de la gente que, como bien dijeron la compañera Hilaria y el compañero García Barrón, es la gente más pobre de México.
Recordemos que fue el Presidente Adolfo Ruiz Cortines quien implementó ese pacto, porque él no quería dejar ir a los campesinos a trabajar a los campos de Estados Unidos de América y llegaron a un acuerdo, porque todos los campesinos se lo pidieron.
No culpemos al PRI de todo. El PRI, quiéranlo o no, es el partido que sentó las bases para que ahora los señores de Acción Nacional gobiernen, y nos dejó todas las instituciones de México.
Creo que lo que debemos de hacer aquí es investigar a la Financiera Rural y ver dónde quedó ese dinero. Creo también que en este presupuesto podemos meter los 5 mil millones de pesos que se necesitan para pagarles a todos nuestros ex braceros.
No critiquemos a la compañera Hilaria, porque la compañera Hilaria es una mujer que siempre ha entregado su vida por los campesinos de México, y es del PRI orgullosamente, donde todavía se lucha por la grandeza del país. Viva el PRI, aunque les pese a muchos.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene el uso de la palabra, desde su curul, el diputado Enrique Ibarra.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza(desde la curul): Por alusiones implícitas, señor presidente, cuando aquí se habló de discursos demagógicos, por señalar la cifra que les correspondería a los ex braceros, de más de 5 billones.
Simplemente hice una referencia a un estudio actuarial, con sustento técnico, que el dinero que les correspondería a los ex braceros rebasa los 5 billones de pesos; que desde luego, eso es lo que les corresponde y eso es lo que se les debería de reintegrar.
Sin embargo, ante las situaciones y la realidad, lo que no podemos admitir ni dejarlo pasar en la omisión es que la bancada del PAN quiera manejar como que es una generosidad de Calderón entregar esa magra, esa mísera cantidad, que es ínfima, en lo que debería de reintegrárseles.
Reiteramos, éste es un tema que en la comisión lo habíamos procesado siempre en cohesión, en unanimidad y ahora, por la cercanía de los procesos electorales, llevan a las bancadas del PRI y del PAN a querer beneficiarse con este tema. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De enteradoel informe. Publíquese. Continúe la Secretaría con la propuesta de acuerdos de los órganos de gobierno de esta Cámara.
ESTADOS DE DURANGO, ZACATECAS, SAN LUIS POTOSI, COAHUILA, CHIHUAHUA Y SONORA
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua y Sonora, a llevar a cabo en el marco de sus atribuciones, el registro de productores afectados por la sequía y se integre la documentación requerida para que reciban apoyos del Fondo de Desastres Naturales
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que sustentan diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente
Acuerdo
Primero.Se exhorta a los gobiernos de los estados de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua y Sonora, a llevar a cabo en el marco de sus atribuciones, el registro de productores afectados por la sequía y se integre la documentación requerida para que reciban apoyos del Fondo de Desastres Naturales.
Segundo.Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que emita la declaratoria de emergencia y zona de desastre en el sector agrícola de los estados de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua y Sonora por la intensa sequía que ha azotado a dichas entidades federativas.
Dado en el Palacio Legislativo d San Lázaro, a 29 de septiembre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se ha registrado como orador el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del PT.
El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:Compañeras y compañeros diputados y diputadas; presidente, para nosotros es satisfactorio el que la Junta de Coordinación Política esté promoviendo este punto de acuerdo que exhorta a diferentes gobiernos de estados del país, que han estado padeciendo una de las peores sequías en el norte de México.
En particular, queremos señalar que Durango es uno de los estados que representa la mayor pobreza en el centro norte del estado y actualmente de su población existen 340 mil habitantes que no pueden cubrir la canasta básica y que cerca de 400 mil duranguenses trabajan en Estados Unidos de América para resolver sus necesidades en Durango.
Por ello, desde aquí nosotros exhortamos, como lo hace la Junta de Coordinación Política, al gobierno del estado de Durango a que agilice el levantamiento de los productores que hasta este momento se encuentran en quiebra total por la falta de lluvias; para que esta Cámara de Diputados considere en el próximo presupuesto, una partida especial para apoyar a estas familias campesinas que hoy se encuentran en el peor de los desastres, y tercero, para que el gobierno federal, a través de sus diferentes instancias, proceda de igual manera. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado, comuníquese.Continúe la Secretaría.
COPA DEL MUNDIAL DE CALLE DE FUTBOL
El diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez(desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado... Perdón, quiere hacer uso de la palabra.
El diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez (desde la curul): Gracias, presidente. Sólo para mencionar que tenemos el gusto de recibir en galerías de este recinto, a los jóvenes ganadores del segundo lugar mundial de la Copa del Mundial de Calle de Fútbol, que se celebró en Francia el pasado mes de agosto. Nos acompañan ellos aquí.
Destacar que estos jóvenes han sorteado muchos obstáculos que han tenido durante la vida y compitieron en un mundial donde estuvieron representados 56 países. Son un ejemplo para nuestra nación, que con la alianza gubernamental de empresarios y sobre todo, la voluntad que se les puede dar a los jóvenes, pueden salir adelante. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputado. Les damos la más cordial bienvenida. Igualmente, a los integrantes de la Escuela Secundaria Técnica No. 56, Juan Rodríguez Puebla, del estado de México, invitados por la diputada María Cristina Díaz Salazar. A empresarios jaliscienses invitados por el diputado Alberto Esquer Gutiérrez. Sean todos bienvenidos a esta casa.
Adelante, señora secretaria.
COMISION ESPECIAL PARA CONMEMORAR EL 150 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA, REALIZADA EL 5 DE MAYO DE 1862
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crea la Comisión Especial para Conmemorar el 150 Aniversario de la Batalla de Puebla, realizada el 5 de mayo de 1862
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34 numeral 1, inciso c); y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. Que en términos del artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política tiene la facultad para presentar al pleno de la Cámara de Diputados proyectos de puntos de acuerdo.
II.Que el artículo 42 de la Ley Orgánica otorga al pleno la facultad de acordar la constitución de Comisiones Especiales cuando se estimen necesarias p ra hacerse cargo de un asunto específico; y que, de conformidad con artículo 34, numeral 1, inciso c), del mismo ordenamiento, a la Junta I corresponde proponer la integración de las comisiones.
III.Que para la integración de las Comisiones Especiales la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del pleno y la conformación de las comisiones; cuidando que al hacerla se incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios.
IV.Que el diputado Pedro Vázquez González, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó, en la sesión del 13 de septiembre de 2011, proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados acuerde la creación de la Comisión Especial para conmemorar el 150 Aniversario de la Batalla de Puebla, realizada el 5 de mayo de 1862, la que fue turnada a la Junta de Coordinación Política para su atención. Asimismo, que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional registró, ante este órgano de gobierno, el 26 de septiembre .pasado, proposición de urgente resolución para crear una comisión especial con las mismas características.
Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno el siguiente:
Acuerdo
Primero.Se constituye la Comisión Especial para Conmemorar el 150 Aniversario de la Batalla de Puebla, realizada el 5 de mayo de 1862.
Segundo.Para el cumplimiento de su objetivo, la Comisión Especial podrá allegarse de la información que considere pertinente; reunirse, cuando lo estimen necesario, con las autoridades federales, estatales y municipales responsables y con organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción, de conformidad con el marco normativo aplicable.
Tercero.La Comisión Especial estará integrada por dieciséis miembros propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: seis diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, cuatro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, dos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, uno del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, uno del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, uno del Grupo Parlamentario de Convergencia y uno del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Cuarto.La Comisión Especial contará con una junta directiva, que se conformará por un presidente que será un diputado del grupo parlamentario mayoritario, y tres secretarios que serán uno por cada grupo parlamentario con mayor número de diputados.
Quinto.La Comisión Especial motivo del presente acuerdo no contará con recursos técnicos, administrativos o financieros para el desarrollo de sus actividades.
Sexto.La Comisión Especial para Conmemorar el 150 Aniversario de la Batalla de Puebla, realizada el 5 de mayo de 1862, estará vigente hasta que haya concluido su cometido. Para estos efectos deberá presentar de manera periódica un informe de actividades ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: No hay ningún orador registrado, por lo que pido a la Secretaría consulte en votación económica a la asamblea si se aprueba el acuerdo.
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea, los que estén por la afirmativa de este acuerdo sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa sírvanse también manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado. Comuníquese.Declaratoria de publicidad de dictámenes. Ruego a la Secretaría proceder a leer los que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 131 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnado para estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente número 4752, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, presentada por el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
En virtud del análisis y estudio de la iniciativa que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que le confiere la fracción XXIX-G del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección del ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico; los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 78, 80, numeral 1, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 84, numeral 1, y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes
Antecedentes
1. El 29 de abril de 2010, el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
2. La Mesa Directiva, en la misma fecha, acordó que se turnara a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para estudio y dictamen correspondiente.
3. Esta comisión recibió el asunto con fecha 13 de mayo de 2011, iniciándose un cuidadoso proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el presente dictamen.
Contenido de la iniciativa
El legislador plantea la problemática de la deforestación que se presenta en todo el país y plantea la necesidad de poner candados y fijar rigurosos requisitos con posibilidades de ser vigiladas, todas aquellas actividades concernientes al uso y explotación de las áreas forestales del país y su entorno ecológico. Para ello propone adicionar una fracción XV al artículo 33, una fracción XI al artículo 40, una fracción VII al artículo 144 y una fracción X al artículo 147; asimismo, reformar la fracción V del artículo 74 y el tercer párrafo del artículo 131 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:
Consideraciones
El legislador plantea diversas propuestas para enfrentar la problemática de la deforestación, respecto a las cuales la comisión dictaminadora se pronuncia de la siguiente manera:
1. Establecer la reforestación de selvas, bosques, manglares o aéreas naturales, así como el restablecimiento de su fauna y del equilibrio ecológico , como criterio obligatorio de política forestal de carácter ambiental y silvícola. Dicha propuesta resulta inviable, pues la reforestación no es un criterio, es una acción, no podría tomarse como base general para las acciones a implementar en todos los terrenos forestales. La ley de la materia señala en el artículo 7 que la reforestación es el “establecimiento inducido de vegetación forestal en terrenos forestales”. Lo anterior, con el propósito de inducir el mejoramiento de la estructura, la fertilidad y la protección de los suelos y para aumentar la disponibilidad de forraje durante la estación seca.
2. Incluir en el Sistema Nacional de Información Forestal el número de hectáreas que pierden los bosques, selvas y manglares al año, además del grado de deforestación a nivel nacional, estatal y municipal. La ley ya considera dicha propuesta, pues existe el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, el cual forma parte del Sistema Nacional de Información Forestal, y que es un instrumento de política nacional en materia desarrollo forestal sustentable, así lo considera el artículo 35 en la fracción III, es un conjunto de técnicas y procedimientos consistentes y comparables en el tiempo para la obtención de información cuantitativa y cualitativa de los recursos forestales, vegetación asociada, componentes y características del territorio donde se localiza el bosque; sirve para contar con información cartográfica y estadística de los suelos y ecosistemas forestales del país para apoyar la política nacional de desarrollo forestal sustentable e impulsar las actividades del sector con información de calidad, dentro de sus principales funciones se encuentra
• La planeación de políticas públicas.
• Definición de inversiones en el sector.
• Ordenamiento ecológico territorial.
• Reportar la situación de los bosques y suelos de México en el mundo.
• Impulsar la industria forestal y el sector ambiente.
• Desarrollar los servicios ambientales.
• Establecer los programas de conservación y restauración.
• Registrar datos históricos de la vegetación de México para la toma de decisiones futuras.
• Conocer las zonas con tendencias de pérdida de vegetación en el país, mediante el monitoreo forestal anual.
• Informar a la sociedad sobre el tipo de ecosistemas vegetales y su estado actual.
De lo anterior se desprende que, el monitoreo del grado de deforestación que pudiera tener un bosque se puede detectar mediante dicho instrumento de política ambiental.
3. Que las solicitudes para obtener autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables deberán de incluir, en el programa de manejo forestal que presenten, un plan de reforestación. La ley ya considera que cuando los particulares soliciten autorización para el aprovechamiento de recursos forestales maderables, deberán de llevar a cabo acciones de reforestación, de conformidad con lo previsto en el programa de manejo autorizado, así lo señala el artículo 62, que a la letra dice:
Artículo 62. Los titulares de los aprovechamientos forestales y de plantaciones forestales comerciales estarán obligados a
I. Firmar el programa de manejo;
...
III. Reforestar, conservar y restaurar los suelos y, en general, a ejecutar las acciones de conformidad con lo previsto en el programa de manejo autorizado;
...
V. Inducir la recuperación natural y, en caso de que no se establezca ésta, reforestar las áreas aprovechadas de conformidad con lo señalado en el programa de manejo;
...
IX. Presentar informes periódicos, en su caso avalados por el responsable técnico sobre la ejecución, desarrollo y cumplimiento del programa de manejo forestal. La periodicidad de la presentación de dichos informes se establecerá en el reglamento y en la autorización correspondiente;
...
Asimismo, el párrafo segundo del artículo 131: “Las acciones de reforestación que se lleven a cabo en los terrenos forestales sujetos al aprovechamiento deberán incluirse en el programa de manejo forestal correspondiente. El prestador de servicios técnicos forestales que, en su caso, funja como encargado técnico será responsable solidario junto con el titular, de la ejecución del programa en este aspecto”. Y el artículo 37 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que en los programas de manejo que los particulares presenten en su solicitud para el aprovechamiento de recursos forestales maderables deberán contener, para nivel avanzado, entre otros requisitos, los compromisos de reforestación cuando no se presente la regeneración natural.
4. Que la reforestación de las áreas afectadas, impulsada por los tres órdenes de gobierno con especies forestales autóctonas o nativas, tenga un plazo no mayor de dos años. Es de señalar que es improcedente, pues tal y como lo señala el artículo 131 la reforestación que se realice con propósitos de conservación y restauración estarán sujetas a las normas oficiales mexicanas, las cuales definirán las especies de vegetación forestal exótica, que por sus características biológicas afecten los procesos o patrones de distribución de la vegetación forestal nativa en terrenos forestales y preferentemente forestales, cuya autorización esté prohibida.
El proceso de reforestación toma en cuenta varios indicadores, por ejemplo que las zonas geográficas tengan vocación natural que beneficien la recarga de cuencas y acuíferos, la valoración de los bienes y servicios ambientales de los bosques y selvas en las cuencas hidrológico-forestales, el mejoramiento de la biodiversidad, de la estructura y fertilidad del suelo, de la calidad de vida humana con la disponibilidad de madera para leña, frutos y productos secundarios; sin embrago, sino se lleva a cabo un estudio previo pueden generarse impactos negativos con las plantaciones de árboles, algunas especies exóticas pueden ser invasoras o grandes consumidoras de agua, las plantaciones de árboles pueden incrementar la presión de las aves sobre las cosechas, pueden reducir la cobertura de pastos en el caso de altas densidades. Por ello resulta imposible establecer un plazo de dos años.
5. Que se incluya la reforestación en la promoción del desarrollo de infraestructura para el desarrollo forestal que hagan la federación, a través de las dependencias y entidades competentes, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios. Resulta improcedente, pues la reforestación no forma parte de la infraestructura forestal, es una medida de conservación forestal; es decir, contribuye al mantenimiento de las condiciones que propician la persistencia y evolución de un ecosistema forestal natural o inducido, sin degradación de éste ni pérdida de sus funciones. Tan es así que el capítulo V, “De la reforestación y forestación con fines conservación y restauración”, forma parte del título quinto, “De las medidas de conservación forestal”, y no al título sexto, “Del fomento al desarrollo forestal”, como es el caso del capítulo II, “De la infraestructura para el desarrollo forestal”.
6. Finalmente, la propuesta de establecer una promoción de una cultura de reforestación como una acción, que la comisión realice en materia de cultura forestal, en coordinación con las dependencias competentes de la administración pública federal y las correspondientes de los estados y el Distrito Federal, organizaciones e instituciones públicas, privadas y sociales. Es de señalar que ya se considera en la fracción IV del artículo 147, pues incluye promover la actualización de los contenidos programáticos en materia de conservación, protección, restauración y aprovechamientos forestales en el sistema educativo nacional que fortalezcan y fomenten la cultura forestal, y como en el punto anterior señalamos, la reforestación es una acción de conservación, por lo que al contemplarse la conservación se entienden todas las acciones que la forman: cambio de uso del suelo en los terrenos forestales, acciones de sanidad forestal, de prevención, combate y control de incendios forestales, de conservación y restauración, de reforestación y forestación con fines de conservación y restauración, de los servicios ambientales forestales y del riesgo y daños ocasionados a los recursos forestales, al medio ambiente, ecosistemas o sus componentes, de los previstos en la ley de la materia.
Ahora bien, esta comisión dictaminadora toma en cuenta la problemática planteada por el legislador y coincide con que es necesario fortalecer las disposiciones relativas a las acciones de reforestación. Por ello, y derivado de un análisis integral de la ley de la materia y siguiendo con la propuesta del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez de reformar el artículo 131, esta comisión considera reformar dicho disposición en los siguientes términos:
Artículo 131. La reforestación que se realice con propósitos de conservación y restauración, las actividades de forestación y las prácticas de agrosilvicultura en terrenos degradados de vocación forestal no requerirán autorización y solamente estarán sujetas a las normas oficiales mexicanas, en lo referente a no causar un impacto negativo sobre la biodiversidad.
Las acciones de reforestación que se lleven a cabo en los terrenos forestales sujetos al aprovechamiento deberán incluirse en el programa de manejo forestal correspondiente. El prestador de servicios técnicos forestales que, en su caso, funja como encargado técnico será responsable solidario junto con el titular, de la ejecución del programa en este aspecto.
Los tres órdenes de gobierno se coordinarán para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementen programas de reforestación, así como para el monitoreo y seguimiento de los mismos. Se impulsará la reforestación con especies forestales autóctonas o nativas. La norma oficial mexicana definirá las especies de vegetación forestal exótica, que por sus características biológicas afecten los procesos o patrones de distribución de la vegetación forestal nativa en terrenos forestales y preferentemente forestales, cuya autorización esté prohibida.
La reforestación o forestación de las áreas taladas será una acción prioritaria en los programas de manejo prediales, zonales o regionales.
Para los efectos del presente capítulo, se consideran prioritarias las zonas incendiadas, especialmente las que hayan sufrido incendios reiterados. En los programas de reforestación que promueva y apoye la comisión se dará énfasis a la demanda y necesidades de campesinos y sociedad; a precisar en cada tipo de reforestación de acuerdo con sus objetivos, especies a plantar y a reproducir en los viveros, metas a lograr especialmente en términos de calidad de la planta y mayor supervivencia en el terreno, así como a establecer un sistema de incentivos para la reforestación y su mantenimiento durante los primeros años sobre bases de evaluación de resultados.
Dicha propuesta se considera necesaria, pues la reforestación es una acción de la política forestal que compete a la federación; es decir, a la Comisión Nacional Forestal y en zonas degradadas que no sean competencia de la federación, los estados y el Distrito Federal podrán elaborar y aplicar programas de reforestación y forestación, así como llevar a cabo acciones de protección y mantenimiento de las zonas reforestadas o forestadas. Sin embargo, hace falta disposiciones que garanticen que tales acciones de conservación, sean monitoreadas y las cuales se le dé el seguimiento adecuado que garantice el cumplimiento de los objetivos y metas para los que se crearon.
Es de tomar en cuenta que el programa ProÁrbol, con sus diversos tipos de vertientes, es el principal programa federal de apoyo al sector forestal Conafor. Sin embargo, de acuerdo con la evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) realizada en julio de 2008, el Programa Pro-árbol necesita cuantificar con más claridad la población potencial y objetivo del programa para tener una mejor estrategia de cobertura; debe fortalecer la planeación estratégica del programa contando con planes de mediano y largo plazos y tiene que contar con evaluaciones rigurosas que permitan conocer si se cumplen los resultados finales del mismo. Es decir, una política de reforestación integral debe de tomar en cuenta el mantenimiento y la protección de áreas reforestadas.
Así, retomando el espíritu de la propuesta del legislador, que es la reforestación, esta comisión dictaminadora considera que lo que hace falta es fortalecer en el capítulo V, “De la reforestación y forestación con fines de conservación y restauración” lo relativo a que las autoridades se coordinen, en el ámbito de sus competencias, para implantar los programas de reforestación, así como para el monitoreo y seguimiento de éstos.
Por las razones señaladas en los párrafos anteriores, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales nos permitimos someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 131 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Artículo Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 131 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:
Artículo 131. ...
...
Los tres órdenes de gobierno se coordinarán para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, implanten programas de reforestación, así como para el monitoreo y seguimiento de los mismos. Se impulsará la reforestación con especies forestales autóctonas o nativas. La norma oficial mexicana definirá las especies de vegetación forestal exótica, que por sus características biológicas afecten los procesos o patrones de distribución de la vegetación forestal nativa en terrenos forestales y preferentemente forestales, cuya autorización esté prohibida.
...
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 http://148.223.105.188:2222/gif/snif_portal/index.php?option=com_content&ta sk=view&id=1&Itemid=4
2 el cual tendrá por objeto registrar, integrar, organizar, actualizar y difundir la información relacionada con la materia forestal, que estará disponible al público para su consulta y que se integrará al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales y se articulará en lo conducente con el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural.
3 http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/es/lead/toolbox/Tech/ 6Reaff.htm
4 http://www.conafor.gob.mx/index.php?option=com_content&task= view&id=432&Itemid=455
Dado en el Palacio Legislativo, a 31 de agosto de 2011.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Honorable Asamblea:
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39, y 45, numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción I, 81, numeral 1, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El 13 de abril de 2010 el senador Sergio Álvarez Mata del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
2. El 22 de marzo de 2011 se presentó al pleno de 1a Cámara de Senadores el dictamen de las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, donde se aprobó con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
3. El 22 de marzo de 2011 el vicepresidente del senado, Francisco Arroyo Vieyra, remite a esta Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
4. El 29 de marzo de 2011, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó la minuta en comento a la Comisión de Derechos Humanos, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
Contenido de la minuta
La minuta del Senado propone eliminar la limitante legal establecida en el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que establece: “la Comisión Nacional no estará obligada a entregar ninguna de sus pruebas a la autoridad a la cual dirigió una Recomendación o a algún particular. Si dichas pruebas le son solicitadas, discrecionalmente determinará si son de entregarse o no”.
La presente minuta, tiene como objetivo que el quejoso o las víctimas de violaciones de derechos humanos, puedan presentar ante el juez competente, como medio de convicción en un procedimiento jurisdiccional, las actuaciones que integren un expediente de queja interpuesto ante la CNDH.
Consideraciones
Efectivamente, como lo plantea la minuta, las y los integrantes de esta comisión compartimos la misma preocupación del Senado de la República, concerniente a la necesidad de eliminar este impedimento legal, con el propósito de que sean beneficiados los quejosos o las víctimas de violaciones de derechos humanos. Cierto resulta que con esta reforma, se les proporcionará equidad y seguridad jurídica en el proceso jurisdiccional.
Esta dictaminadora comparte el razonamiento expuesto en la minuta, sobre la problemática de que el o los agraviados, no puedan presentar ante el juez competente las pruebas que integren la queja gestionada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en virtud del impedimento normativo del artículo 48 de la Ley de la CNDH, porque faculta la discrecionalidad por parte de este organismo para entregar o no dichas pruebas.
Por consiguiente, al quejoso o deudos de éste, se les niega por parte de la CNDH la expedición de copia simple o certificada de las actuaciones, aduciendo la confidencialidad de la información de conformidad con el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley de la CNDH, que establece: “El personal de la Comisión Nacional deberá manejar de manera confidencial la información o documentación relativa a los asuntos de su competencia”. Generando, con lo anterior una doble vulneración de derechos, la primera es la planteada en la misma queja y la segunda trasgrediendo la garantía de audiencia de conformidad con lo establecido por la tesis aislada en materia constitucional del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación XLVIII/2000, citada en la minuta.
Además, al no permitir a los agraviados obtener las pruebas solicitadas, como son las copias de constancias relativas a los expedientes de queja, impide exhibirlas en un juicio como medio de prueba durante un procedimiento jurisdiccional. Lo que trasgrede el acceso a una justicia completa, pronta e imparcial. Esto conlleva que el Estado, no garantiza al quejoso los medios necesarios, ni las garantías que le corresponden de acuerdo al segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, que señala:
Artículo 17. ...
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
Además, los quejosos no pueden ser privados de derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme leyes expedidas con anterioridad al hecho. Atendiendo a lo establecido por el artículo 14 Constitucional, que en su parte conducente dice:
Artículo 14. ...
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.
Con relación a lo anterior, las formalidades esenciales del procedimiento, no son respetadas por la limitante legal que establece el artículo 48 de la CNDH. Es conveniente señalar lo estipulado por la jurisprudencia 47/95 en materia constitucional, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos lo siguiente:
Registro No. 200234
Novena Época
Instancia: Pleno
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: II, Diciembre de 1995
Materia(s): Constitucional, Común
Tesis: P./J. 47/85
Página: 133
Jurisprudencia
Formalidades esenciales del procedimiento. Son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga “se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento”. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, 2) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa, 3) la oportunidad de alegar, y 4) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.
En lo referente al inciso 2 y 3 de la jurisprudencia anteriormente citada, concerniente a las pruebas y alegatos, la limitante señalada por el artículo 48 de la Ley de la CNDH, no permite al quejoso la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en las cuales se sustente su defensa, durante un procedimiento jurisdiccional, por consiguiente queda en estado de indefensión, al no contribuir a una adecuada y oportuna defensa, contraviniendo los derechos humanos y las garantías para su protección que le son reconocidas por nuestra Carta Magna.
Finalmente, debido a la necesidad de establecer mecanismos que coadyuven a la protección del quejoso y garanticen con ello la defensa de sus derechos en los procedimientos jurisdiccionales, coincidimos con la propuesta de la colegisladora para facultar a la CNDH para proporcionar al quejoso o los deudos de éste, previa solicitud de éstos, la oportunidad de presentar ante el juez competente, como medio de convicción, las pruebas o constancias que integraron la queja ventilada ante este organismo nacional.
Por todo lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos sometemos a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto que reforma el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Artículo Único. Se reforma el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:
Artículo 48. La Comisión Nacional no estará obligada a entregar ninguna de sus pruebas a la autoridad a la cual dirigió una Recomendación o a algún particular. Si dichas pruebas le son solicitadas, resolverá si son de entregarse o no, excepto en los casos en que el quejoso o sus familiares en línea ascendente o descendente en cualquier grado o colaterales hasta el segundo grado, ofrezcan como medio de convicción en un procedimiento jurisdiccional las pruebas o constancias que integraron la queja ventilada ante la propia Comisión Nacional.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Nota:
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, abril de 2000, página 65, tesis P. XLVIII/2000. Rubro “Comisión Nacional de Derechos Humanos. La negativa a expedir copia de constancias relativas a los expedientes de queja a las partes que la solicitan para exhibirlas en juicio, viola la garantía de audiencia, aun cuando se aduzcan razones de confidencialidad”.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de agosto de 2011.
La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Manuel Cadena Morales (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez, Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León, Sami David David, Margarita Gallegos Soto, Lizbeth García Coronado (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, Diana Patricia González Soto (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Aránzazu Quintana Padilla (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Florentina Rosario Morales, Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa, Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
LEY GENERAL DE SALUD
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud
Honorable Asamblea:
La Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, numeral 1, 85, 157 numeral 1, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.
I. Antecedentes
1. En sesión celebrada con fecha 6 de julio de 2011 los diputados María Cristina Díaz Salazar y Fermín Montes Cavazos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Alberto Ezeta Salcedo, del Partido Verde Ecologista de México, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud.
2. Con la misma fecha la Mesa Directiva de este órgano Legislativo, turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud, para su estudio y posterior dictamen.
II. Contenido de la iniciativa
Enriquecer y fortificar la masa de maíz nixtamalizada, así como indicar los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.
Ley General de Salud vigente
Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:
I. a VI. ...
VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos.
Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.
VIII. ...
Iniciativa
Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:
I. a VI. ...
VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y maíz y de masa de maíz nixtamalizada, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.
VIII. ...
III. Consideraciones
Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... y establecera la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.
Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.
El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.
En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.
Segunda. Se considera pertinente comenzar con la explicación de algunos términos para tener un mejor entendimiento de la iniciativa:
Nixtamal es el nombre que se le da al maíz cocido con cal, con la finalidad de eliminar el hollejo. Es usado principalmente para la elaboración de tortillas. La palabra proviene del náhuatl nextli, o cenizas de cal, y tamalli, masa de maíz cocida.
Masa de nixtamal es el producto que se obtiene de la molienda húmeda de granos de maíz nixtamalizado, esta se forma a partir de maíz, cal y agua, se pueden también agregar otros ingredientes para la elaboración de la tortilla y de muchos otros alimentos como tamales, atole, etcétera.
El proceso nixtamalización tiene la finalidad de hacer el grano más digerible así como el de aumentar su valor proteínico, la concentración de calcio aumenta en 20 por ciento, la de fosforo en 15 por ciento y la de hierro en 37 por ciento.
La fortificación de alimentos se define generalmente como la adición de uno o más nutrientes a un alimento con la finalidad de mejorar su calidad, y reducir y controlar su carencia de nutrientes.
Tercera. La desnutrición crónica afecta en México a 1.8 millones de niños menores de cinco años, de los cuales al menos 170 mil que habitan las zonas marginadas de las ciudades y el campo presentan una situación aguda y mueren por enfermedades infecciosas.
Las estadísticas del Instituto Nacional de Salud Pública hablan de que entre 168 mil y 170 mil son lo que se detectaron con un problema agudo; el resto, que son casi dos millones, como se menciona en el párrafo anterior, presentan desnutrición crónica, de tal manera que el problema que hay es severo.
Es por ello acertado, como lo señalan los promovente en la exposición de motivos Desde el año de 1998, la industria harinera de maíz nixtamalizado acordó voluntariamente con el gobierno federal a petición de este último, realizar acciones de enriquecimiento nutricional a la harina producida en paquete por esta industria. Esta acción se volvió obligatoria, al plasmarse en la Ley General de Salud publicada el 12 de julio de 1998 en el Diario Oficial de la Federación y que en su artículo 115, fracción VII, dice a la letra: “...establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse...”
Desde esa fecha, la industria harinera ha cumplido con este acuerdo beneficiando nutricionalmente a los consumidores de harina de maíz nixtamalizado en paquete, aunque, la venta de este producto es una mínima parte de la producción total de la industria harinera. La mayor parte de la producción de este producto se realiza con el método tradicional de la masa nixtamalizada, por lo que el objetivo central del Gobierno Federal de ofrecer un valor nutricional mayor a la población que más lo requiere, no abarca a toda la población, especialmente la de menor ingreso, que consume más tortilla per cápita.
Cuarta. La tortilla es para la gran mayoría de la población el alimento más importante en su dieta. Donde la pobreza es más aguda la tortilla es el alimento principal, casi único.
El consumo de tortilla es parte sustancial de la dieta de los mexicanos, se consumen diariamente alrededor de 325 gramos per cápita de este alimento, y en zonas rurales provee cerca del 70 por ciento del total de calorías y el 50 por ciento de las proteínas.
Quinta. Como legisladores se tiene el compromiso moral en pro de la buena salud, pero si bien el combate a la desnutrición es una necesidad ética, una razón moral no es suficiente: se considera que se necesitan reformas eficientes y eficaces. Es un imperativo ético no sólo el hacer lo correcto, es decir combatir la desnutrición, sino también hacerlo correctamente.
Sexta. Si bien las tortillas fortificadas existen desde hace años, y en México se han hecho por supuesto muchos estudios e iniciativas impulsando el uso de tortillas como medios para llevar nutrientes a los más necesitados. El problema estriba en cómo se fabrican las tortillas en el país.
Séptima. Con lo que respecta en específico a la iniciativa, es preciso señalar que actualmente se tiene contemplado en la Norma Oficial Mexicana NOM-247-SSA1-2008, que todas las harinas industrializadas de trigo y maíz deben de ser fortificadas. Uno de los objetivos de esta norma es:
1.3. Esta Norma Oficial Mexicana establece los nutrimentos que se deben adicionar y restituir en las harinas de trigo y de maíz nixtamalizado y su nivel de adición, exceptuándose las utilizadas para: frituras, como texturizantes o espesantes y base para harinas preparadas.
Se menciona también las especificaciones que deben contener algunos productos como:
5.2.2.7. Especificaciones nutrimentales
i) Las harinas de trigo y de maíz nixtamalizado deben ser restituidas con los siguientes nutrimentos y en los niveles que se indican a continuación.
ii) Las harinas de trigo y de maíz nixtamalizado deben ser adicionadas con los siguientes nutrimentos y en los niveles que se indican a continuación.
...
Es por ello necesario igualar los términos, para que de esta manera se de mayor certeza jurídica en el artículo, es por ello que el termino de “masa de maíz nixtamalizada” sea homologado como la NOM-247-SSA1-2008 la cual lo define como “maíz nixtamalizado o nixtamal”
Iniciativa
Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:
I. a VI. ...
VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y maíz y de masa de maíz nixtamalizada, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.
VIII. ...
Propuesta de modificación
Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:
I. a VI. ...
VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y maíz; así como de las de masa de maíz nixtamalizado o nixtamal, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.
VIII. ...
Octava. Los integrantes de esta comisión consideran viable dicha iniciativa con la modificación de homologar términos con la NOM-247-SSA1-2008, ya que se muestra sin duda como una estrategia de impacto sustancial con el objetivo principal de Prevenir y proteger a la población de zonas marginadas con riesgo a la desnutrición.
Es por ello necesario garantizar la fortificación desde las materias primas como lo es el maíz nixtamalizado o nixtamal, para que desde sus procesos primarios se cuente con la fortificación, y finalmente estos nutrientes se encuentren en el producto consumible final.
Asimismo, se propone necesario también que dentro de los transitorios se agregue que se emita una Norma Oficial Mexicana correspondiente o adecuaciones a la ya existentes, para que se cumpla en un plazo no mayor a 300 días naturales, y no de 180 días como se propone, debido a que una norma oficial incluye procedimientos que no se cubrirían en 180 días.
En mérito de lo antes expuesto, la Comisión de Salud se permite someter a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud, a efecto de enriquecer y fortalecer con micronutrientes la masa de maíz nixtamalizada
Artículo Único.Se reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:
I. a VI. ...
VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y maíz; así como de las de masa de maíz nixtamalizado o nixtamal, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.
VIII. ...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaria de Salud deberá emitir la Norma Oficial Mexicana correspondiente, o en su caso, hacer las adecuaciones pertinentes a las ya existentes, a efecto de dar cumplimiento al presente decreto en un plazo no mayor a 300 días naturales.
Palacio Legislativo, a 7 de septiembre de 2011.
La Comisión de Salud, diputados:Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica en abstención), Antonio Benítez Lucho (rúbrica en abstención), Rosalina Mazari Espín, Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez, Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Oralia López Hernández (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona la fracción IV Bis al artículo 5 y el artículo 7 Ter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud
Honorable Asamblea:
La Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan el siguiente dictamen.
I. Antecedentes
1. Con fecha 28 de octubre de 2010, la diputada María Cristina Díaz Salazar integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
2. Con la misma fecha el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen.
II. Contenido de la iniciativa
Considerar al Instituto de Geriatría como Instituto Nacional de Salud.
Ley de los Institutos Nacionales de Salud
Artículo 5. Los organismos descentralizados que serán considerados como Institutos Nacionales de Salud, son cada uno de los siguientes, para las áreas que se indican:
I. Instituto Nacional de Cancerología, para la especialidad de las neoplasias;
II. Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, para los padecimientos cardiovasculares;
III. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, para las disciplinas biomédicas vinculadas con la medicina interna de alta especialidad en adultos y las relacionadas con la nutrición;
IV. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, para los padecimientos del aparato respiratorio;
V. Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, para las afecciones del sistema nervioso;
V Bis. Instituto Nacional de Medicina Genómica, para la regulación, promoción, fomento y práctica de la investigación y aplicación médica del conocimiento sobre del genoma humano;
VI. Instituto Nacional de Pediatría, para los padecimientos de la población infantil hasta la adolescencia;
VII. Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, para la salud reproductiva y perinatal;
VIII. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, para la psiquiatría y la salud mental;
VIII Bis. Instituto Nacional de Rehabilitación;
IX. Instituto Nacional de Salud Pública, para la investigación y enseñanza en salud pública;
X. Hospital Infantil de México Federico Gómez, para los padecimientos de la población infantil hasta la adolescencia, y
XI. Los demás que en el futuro sean creados por ley o decreto del Congreso de la Unión, con las características que se establecen en la fracción III, del artículo 2 de la presente ley.
Iniciativa
Artículo 5. Los organismos descentralizados que serán considerados como Institutos Nacionales de Salud, son cada uno de los siguientes, para las áreas que se indican:
I. a IX. ...
IX Bis. Instituto Nacional de Geriatría
X. ...
XI. ...
III. Consideraciones
Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... y establecera la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.
El derecho a la protección de la salud es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.
En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.
Segunda. En México desde el siglo XX hasta estos días, se han venido originando grandes cambios demográficos; entre éstos destaca el inicio del proceso de envejecimiento demográfico que se expresa como un incremento relativo y absoluto de la población en edades avanzadas.
Actualmente es un país de jóvenes, donde 50 por ciento de la población tiene 22 años o menos; no obstante, es necesario analizar las condiciones de vida y brindar atención a los principales problemas de las personas adultas mayores en el presente, con el objetivo de prever el perfil de demandas y necesidades de este grupo de población en los años por venir.
Tercera. El 28 de julio de 2008, se emitió el decreto que creó el Instituto de Geriatría, por lo que al ser un problema nacional, el beneficio en la creación fue y es prevenir y tratar los problemas inherentes a los adultos mayores, en relación a los padecimientos, discapacidades, invalidez física y social, fomentando la creación y capacitación de recursos humanos en geriatría, así como la implantación de programas y cursos especializados para los adultos mayores de todo nuestro país.
Cuarta. Dentro de la exposición de motivos la promovente se apoya en el reconocimiento por parte del Instituto Nacional de la Personas Adultas Mayores, al mostrarse de acuerdo en promover una cultura del envejecimiento, a fin de que se valore y reconozca la dignidad de los adultos mayores, y con ello combatir la discriminación, segregación y desprecio que aún están presentes en el país.
Es por ello que esta reforma es un gran paso en pro de este grupo poblacional vulnerable, ya que propone considerar al Instituto de Geriatría como Instituto Nacional de Salud, los integrantes de esta comisión consideramos necesario dar los medios para que hacer crecer la infraestructura y personal médico especializados en enfermedades de la vejez, que la atención medica este dirigida a las enfermedades crónico degenerativas, incapacitantes y psicológicas especializadas en las personas mayores de 60 años.
Quinta. Con respecto a la adición de la fracción IX Bis artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, es necesario mencionar que, los integrantes de esta comisión, aprueban dicha propuesta, se considera importante que el instituto de Geriatría pase a ser Instituto Nacional de Salud, como un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, agrupado en el Sector Salud, es importante señalar que al ser considerado instituto nacional es importante que al dedicarse a la investigación científica en el campo de la salud, y a la formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, se destinen en especifico para los cuidados del adulto mayor, es por ello que se propone la siguiente modificación:
Iniciativa
Artículo 5. Los organismos descentralizados que serán considerados como Institutos Nacionales de Salud, son cada uno de los siguientes, para las áreas que se indican:
I. a IX. ...
IX Bis. Instituto Nacional de Geriatría
X. ...
XI. ...
Propuesta de modificación
Artículo 5. Los organismos descentralizados que serán considerados como Institutos Nacionales de Salud, son cada uno de los siguientes, para las áreas que se indican:
I. a IV. ...
IV Bis. Instituto Nacional de Geriatría, para la formación de recursos y la investigación del envejecimiento, de las enfermedades y cuidados del adulto mayor;
V. a XI. ...
Sexta. Es menester señalar que en la reforma que se pretende en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, se debe notar que cada instituto tiene funciones en especifico reflejas en el articulo 7o. en adelante, y es fundamental que se especifiquen las funciones en especifico, tal y como establecen los demás Institutos Nacionales de Salud. Sin embargo el artículo 6 de Ley de institutos Nacionales de Salud, establece las funciones en general que deben cubrir estos, a pesar de que únicamente son aplicables al Instituto de Geriatría son de las fracciones I a VI y IX a XIV, es de gran utilidad establecer funciones mas especificas, es por ello que al ya estar establecido el Instituto de Geriatría se pueden tomar en cuenta, algunas funciones que pueden ser aplicables al Instituto Nacional de Geriatría.
1. En el decreto de creación del Instituto de Geriatría, se señalaron las siguientes funciones:
I. Fomentar la creación y capacitación de recursos humanos especializados en materia de geriatría y en aquellas complementarias y de apoyo, mediante la creación e implementación de programas y cursos especializados;
II. Desarrollar e impulsar estudios e investigaciones en materia geriátrica;
III. Apoyar a la Secretaría de Salud en su carácter de dependencia coordinadora de sector, para la elaboración y ejecución de los programas anuales, sectoriales, especiales y regionales de salud en el ámbito de sus funciones, así como promover la concertación de acciones con los sectores social y privado en su ámbito de competencia;
IV. Fungir como órgano de consulta nacional sobre temas relacionados con su objeto;
V. Difundir y publicar los estudios e investigaciones que en materia de geriatría elabore, así como de aquellas materias afines o complementarias a ésta;
VI. Llevar a cabo el intercambio de estudios científicos, de carácter nacional e internacional, a través de la celebración de reuniones, eventos y convenios con instituciones afines, y
VII. Desarrollar las demás actividades necesarias para el cumplimiento de su objeto, de conformidad con el presente Decreto y demás disposiciones jurídicas aplicables.
2. Es trascendental que dichas funciones sean tomadas en cuenta, debido a que ya como Instituto Nacional de Salud, en su carácter de coordinador de sector geriátrico, debe seguir elaborando y ejecutando programas anuales, sectoriales y especiales así como la concertación de acciones con los diversos sectores tanto sociales como privados, con la finalidad de ocupar la estructura ya establecida.
3. Asimismo, se considera que otra función que lleva a cabo y debe seguir al ser Instituto Nacional de Salud es la de fomentar la creación y capacitación de recursos humanos especializados en materia de geriatría y en aquellas complementarias y de apoyo, mediante la creación e implementación de programas y cursos especializados, con la finalidad de seguir formando especialistas en la materia.
4. Al ser un Instituto Nacional debe de dejar de ser un órgano únicamente de consulta, y sería más adecuado que se convierta en un Instituto Nacional de Referencia que tenga que ver con estudios sobre el envejecimiento y sus aplicaciones.
5. Por lo anteriormente expuesto se propone la siguiente adición:
Artículo 7 Ter.El Instituto Nacional de Geriatría tendrá, además de las funciones señaladas en las fracciones I a VI y IX a XIV del artículo 6 de esta Ley, las siguientes:
I.Apoyar a la Secretaría, en su carácter de dependencia coordinadora de sector, para la elaboración y ejecución de los programas anuales, sectoriales, especiales y regionales de salud en el ámbito de sus funciones, así como promover la concertación de acciones con los sectores social y privado en su ámbito de competencia;
II.Fomentar la realización de proyectos de desarrollo de tecnología especializada, obteniendo con ello protocolos de innovación tecnológica en cuanto a la elaboración de medios de diagnóstico y tratamiento; y
III.Ser el Centro Nacional de Referencia para asuntos relacionados con estudios sobre el envejecimiento poblacional y sus aplicaciones.
Octava. Es preciso señalar en los transitorios que se sugiere que en cuanto a la creación del Instituto Nacional de Geriatría, deba sujetarse a los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta actualmente el Instituto de Geriatría, es necesario que sea paulatinamente esto con la finalidad que exista un equilibrio en cuanto a la atención que se quiere cubrir con el recurso con el que cuenta la institución. Además es importante que se establezca el Estatuto Orgánico, con el que se regirá, aunado a lo anterior en cuanto se aproveche la estructura actual, se tome en cuenta que la designación del director general, representante del Instituto Nacional de Geriatría, recaiga en el servidor público que a la fecha se encuentra en funciones, de igual manera que los cuatro vocales, se contemple, que durarán en el cargo por excepción el plazo de 2 años.
Asimismo es importante que se protejan las relaciones laborales con los trabajadores del Instituto Nacional de Geriatría, para que estos se sujeten al régimen laboral establecido en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en el Apartado B del artículo 123 constitucional.
Y por último, es necesario que se contemple en los transitorios la abrogación del decreto por el que se crea el Instituto de Geriatría, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de julio de 2008, para de esta manera dar paso a la creación del Instituto Nacional de Geriatría.
Novena. De esta manera, como integrantes de la comisión de Salud, comprometidos con todos los grupos poblacionales de este país, consideramos que la iniciativa de modificar la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, en sus artículos 5o. y 7o. Ter, es un trabajo conjunto entre Ejecutivo y Legislativo, esta iniciativa es necesaria y viable, debido a que tal y como lo menciona la promovente en la exposición de motivos el beneficio en la creación del Instituto Nacional de Geriatría es prevenir y tratar los problemas inherentes a los adultos mayores, en relación a los padecimientos, discapacidades, invalidez física y social, fomentando la creación y capacitación de recursos humanos en geriatría, así como la implementación de programas y cursos especializados para los adultos mayores de todo el país.
En mérito de lo expuesto, la Comisión de Salud se permite someter a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Decreto por el que se adiciona una fracción IV Bis al artículo 5 y el artículo 7 Ter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud
Artículo Único. Se adiciona una fracción IV Bis al artículo 5 y el artículo 7 Ter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 5. ...
I. a IV. ...
IV Bis. Instituto Nacional de Geriatría, para la formación de recursos humanos y la investigación del envejecimiento, de las enfermedades y cuidados del adulto mayor;
V. a XI. ...
Artículo 7 Ter. El Instituto Nacional de Geriatría tendrá, además de las funciones señaladas en el artículo 6 de esta Ley, las siguientes:
I. Apoyar a la Secretaría, en su carácter de dependencia coordinadora de sector, para la elaboración y ejecución de los programas anuales, sectoriales, especiales y regionales de salud en el ámbito de sus funciones, así como promover la concertación de acciones con los sectores social y privado en su ámbito de competencia;
II. Fomentar la realización de proyectos de desarrollo de tecnología especializada, obteniendo con ello protocolos de innovación tecnológica en cuanto a la elaboración de medios de diagnóstico y tratamiento; y
III. Ser el Centro Nacional de Referencia para asuntos relacionados con estudios sobre el envejecimiento poblacional y sus aplicaciones.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario oficial de la Federación.
Segundo. La creación del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, Instituto Nacional de Geriatría, deberá sujetarse a los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta actualmente el órgano desconcentrado Instituto de Geriatría.
Tercero. Las relaciones entre el Instituto Nacional de Geriatría y sus trabajadores, se sujetarán a lo dispuesto en el Apartado B del artículo 123 constitucional.
Cuarto. Dentro de los 90 días naturales posteriores a la publicación del presente Decreto, deberá celebrarse la sesión de instalación de la Junta de Gobierno, en la cual se deberá expedir su Estatuto Orgánico, y se podrá designar un director general.
Quinto. Las funciones a que se refieren las fracciones VII y VIII del artículo 6 de la ley, se realizarán de manera paulatina por el Instituto Nacional de Geriatría, a partir de que cuente con los recursos humanos y financieros necesarios.
Sexto. En tanto se haga la designación del director general, la representación del Instituto Nacional de Geriatría, recaerá en el servidor público que a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, ocupa el cargo de director general del órgano desconcentrado creado por el decreto por el que se crea el Instituto de Geriatría, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de julio de 2008.
Séptimo. Por única vez dos de los cuatro vocales de la honorable Junta de Gobierno del Instituto durarán en su encargo 2 años.
Octavo. Se abroga el decreto por el que se crea el Instituto de Geriatría, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de julio de 2008.
La Comisión de Salud, diputados:Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho, Rosalina Mazari Espín, Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Oralia López Hernández (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley para prevenir y eliminar la Discriminación
Honorable Asamblea:
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) a g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 1, fracción II, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El 29 de abril de 2011, la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 13 Bis de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación.
2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Derechos Humanos, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente (expediente número 4839).
Contenido de la iniciativa
La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo señala en la exposición de motivos de la iniciativa la discriminación a que están sometidas las personas que padecen acondroplasia (talla pequeña), y propone mecanismos jurídicos y programas sociales que eleven su calidad de vida.
Estas medidas, comenta, incluyen crear y acondicionar espacios públicos, la adaptación de medios de transporte y vivienda.
La iniciativa propone adicionar
Artículo 13 Bis. Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las personas con acondroplasia:
I. Promover un entorno que permita el libre acceso y desplazamiento;
II. Procurar su incorporación, permanencia y participación en las actividades educativas regulares en todos los niveles;
III. Crear programas permanentes de capacitación para el empleo y fomento a la integración laboral;
IV. Crear espacios de recreación adecuados;
V. Procurar la accesibilidad en los medios de transporte público de uso general;
VI. Promover que todos los espacios e inmuebles públicos o que presten servicios al público tengan adecuaciones físicas y de señalización para su acceso, y uso; y
VII. Informar y asesorar a los profesionales de la construcción acerca de los requisitos para facilitar el acceso y uso de inmuebles.
Derivado del análisis de la iniciativa de mérito, esta comisión formula las siguientes
Consideraciones
Los integrantes de la comisión compartimos la preocupación de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo para atender y brindar opciones de solución a la discriminación e iniquidad a que se ven sometidas las personas con acondroplasia, toda vez que el párrafo tercero del artículo 1o. constitucional se refiere a la prohibición de cualquier tipo de discriminación, señalando específicamente, entre otras causas, la discapacidad.
De conformidad con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (en actual revisión), la acondroplasia es considerada una discapacidad.
En este sentido, la ley federal en comento, en el capítulo III, “Medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades”, considera en el artículo 13 el caso de las personas con discapacidad.
Asimismo, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011, tiene por objeto reglamentar lo señalado en el artículo 1o. constitucional en la materia, “estableciendo las condiciones en que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión en la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades”.
En virtud de la reciente publicación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que podrá observarse fue promulgada en fecha posterior a la presentación de la iniciativa motivo de este dictamen (30 de mayo de 2011), esta comisión considera que la adición propuesta está incluida en la norma general citada que, con la ley objeto de modificación en la iniciativa de mérito, contiene medidas para asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos, sin discriminación alguna.
Sin embargo, en la investigación que llevó a cabo esta dictaminadora, tanto en organismos públicos como en privados, es evidente que la situación de la acondroplasia en el país aún no se encuentra debidamente estudiada, sistematizada y atendida, por lo que una de las estrategias más efectivas para abatir la discriminación es hacer notorias las condiciones reales de existencia de los grupos que la padecen, quienes son relegados y objeto de mofa.
La comisión dictaminadora reitera y comparte con la diputada Gastélum Bajo el compromiso para promover acciones que coadyuven a eliminar la discriminación en el país, considerando que la discriminación es una conducta sistemáticamente injusta contra un grupo humano determinado y que una de sus manifestaciones es privar a un grupo social de los mismos derechos que el resto de la población. Es labor del Poder Legislativo enriquecer las normas para hacerlas cada vez más inclusivas y explícitas, se acuerda tomar la intención y el espíritu de la iniciativa original e incluir la talla como una de las causas comunes de discriminación.
Por lo expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de la asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de
Decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación
Único. Se reforma el artículo 4o. de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación.
Artículo 4o. Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, talla pequeña, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.
(...)
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de agosto de 2011.
La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Manuel Cadena Morales (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda, Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica, con las observaciones hechas en la reunión), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez, Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León, Sami David David, Margarita Gallegos Soto, Lizbeth García Coronado (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, Diana Patricia González Soto (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Aránzazu Quintana Padilla (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Florentina Rosario Morales, Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa, Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
Honorable Asamblea:
La Comisión de la Función Pública de esta honorable Cámara de Diputados dictaminando de forma única, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XVIII, 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, 84, 85, 176, 177, 180, 182, 183, 187, 188, 190 y 191 demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen:
De la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Antecedentes
1. El día 28 de febrero de dos mil ocho fue presentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el Diputado Obdulio Ávila Mayo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
2. Con fecha 28 de febrero de dos mil ocho la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la turno para su análisis y dictamen a la Comisión de la Función Pública bajo el número de expediente número 3431.
3. La iniciativa pretende, en lo dicho por el iniciante: “volver eficiente y eficaz el procedimiento administrativo en materia de responsabilidades, y atender los principios de legalidad y seguridad jurídica a que debe de apegarse el mismo para brindar de este modo la certeza jurídica que debe prevalecer en este tipo de procedimientos”.
4. Señala que “es por la importancia de que en la actualidad los ordenamientos que emanan de nuestra Ley Suprema, cumplan y se sujeten a los principios constitucionales de legalidad y de seguridad jurídica, con la finalidad de que los gobernados tengan la certeza de que existen los instrumentos legales que permiten la impartición de justicia”.
5. Asimismo señala que, “la Ley Federal en materia de responsabilidades de los servidores públicos, tiene como finalidad fijar las diversas hipótesis jurídicas en las que se puede encontrar un servidor público y el procedimiento administrativo al que se sujetara en el supuesto de que incurra en algún supuesto normativo que regule dicha Ley, en consecuencia, es relevante que como todo ordenamiento normativo, cuente con principios legales sólidos, que permitan su correcta aplicación y sobre todo que no dejen en estado de indefensión o incertidumbre jurídica, a los servidores públicos”.
6.Tomando en cuenta lo anterior el iniciante considera importante que “la ley, salvaguarde lo establecido en el artículo 113 constitucional y que no transgreda de ninguna manera los principios que este artículo consagra”, señala que “en el caso concreto del artículo 37, antepenúltimo párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se distingue que dicho artículo contiene una incompatibilidad con los principios contenidos en el artículo 113 constitucional en relación con los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución, ya que el artículo 37 de la LFRASP contempla en su párrafo sexto, que en el supuesto de que un servidor público no presente la declaración de situación patrimonial por conclusión de su encargo, será inhabilitado por un año, desprendiéndose claramente de que se deja en estado de indefensión al servidor público, y que el procedimiento administrativo deja de cumplir su función primordial que es de otorgar legalidad y seguridad jurídica al gobernado, ya que al ser una sanción fija, ésta no permite al órgano sancionador tomar en cuenta las particularidades, excepciones o justificaciones de cada supuesto”.
7. En consecuencia, manifiesta que “es relevante que el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, establezca las condiciones de hecho que tendrá que tomar en cuenta el sancionador para imponer la infracción, para que esta deje de ser una imposición legal que deja a un lado los derechos constitucionales del servidor público, en ese sentido es de destacar, que la presente iniciativa pretende dotar de elementos de juicio a la autoridad sancionadora, con el objeto de que la sanción no sea rígida y contemple las peculiaridades de cada caso, para lo cual prevé introducir supuestos de análisis para la fijación de la sanción, como lo son la omisión de presentar declaración de conclusión por un servidor público que no ha sido sancionado anteriormente, en este supuesto se pretende que la autoridad una vez consideradas las especificaciones anteriores, cuente con elementos para sancionar al infractor con una sanción administrativa que iría de 6 a 12 meses de inhabilitación, además de que es importante que contemple, que tratándose de un servidor público reincidente, la sanción será no menor a nueve meses sin que pueda llegar a exceder del plazo máximo de un año...”
8. En síntesis, el iniciante considera necesaria la reforma al artículo 37 de la LFRASP, estableciendo que la sanción administrativa tendrá un rango mínimo de seis meses y máximo de un año, y sólo el rango mínimo será de nueve meses, para el caso de los servidores públicos reincidentes.
Consideraciones
Primera. La iniciativa de merito, tiene por objeto establecer los parámetros mínimo y máximo de la sanción de inhabilitación que se imponga por la omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración de situación patrimonial de conclusión del encargo de un servidor público, así como prever una sanción mínima y máxima para los casos de reincidencia, en la omisión de la presentación de dicha declaración.
Segunda. Para tales efectos se reformaría el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP) en los siguientes términos:
“Artículo 37. ...
I. ...
II. ...
III. ...
...
...
...
...
Para el caso de omisión, sin causa justificada en la presentación de la declaración a que se refiere la fracción II, se inhabilitará al infractor de seis meses a un año. Si el infractor fuese reincidente, se impondrá una inhabilitación que no será menor a nueve meses sin que pueda llegar a exceder del plazo máximo de un año.
...
...”
Tercera. En ese sentido, la reincidencia forma parte de los elementos que se tomarán en cuenta al momento de imponer las sanciones administrativas de conformidad con el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos vigente, y de acuerdo con ese precepto legal se considerará como reincidente al servidor público que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 8 del ordenamiento legal en cita, incurra nuevamente en una o varias conductas infractoras.
Artículo 14. Para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, que a continuación se refieren:
I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la Ley o las que se dicten con base en ella;
II. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;
III. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio;
IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;
V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y
VI. El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.
Para los efectos de la ley, se considerará reincidente al servidor público que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 8 de la ley, incurra nuevamente en una o varias conductas infractoras a dicho precepto legal.
*Lo resaltado es nuestro
Cuarta. Proceden los integrantes de la Comisión de la Función Pública a estudiar los demás elementos que integran la Iniciativa, considerando que el texto actual del párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es contrario a la Constitución al disponer de una sanción “fija” sin considerar los elementos que revistieron a la conducta del servidor público.
Esto es así, ya que el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las sanciones administrativas consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas mismas que deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.
De la redacción del artículo constitucional citado, se desprende que al imponer la sanción, la autoridad está obligada a valorar las circunstancias particulares que existen en el caso y que le permitan graduar el quantum de la sanción, puesto que, aún y cuando el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se refiera a la omisión de la declaración de conclusión del encargo sin causa justificada, no se exime de observar los elementos previstos en el artículo 14 de la misma Ley al momento de imponer la Sanción Administrativa, sirviendo de apoyo los criterios jurisprudenciales emitidos por el Poder Judicial de la Federación que a continuación se citan:
Tesis I.7o.A.301 A con número de registro 181025 emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo XX del mes de Julio de 2004, Novena Época a foja 1799, que a la letra dice:
Responsabilidad administrativa de servidores públicos. Al resolver el procedimiento relativo, la autoridad debe buscar el equilibrio entre la conducta infractora y la sanción a imponer. De conformidad con el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados con su conducta. De esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro para graduar la imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de un servidor público, es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción u omisión. Por su parte, el numeral 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (de contenido semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil dos), dispone que las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta, además del señalado con antelación, los siguientes elementos: I. La gravedad de la responsabilidad y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley; II. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; III. El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; V. La antigüedad en el servicio; y, VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la autoridad administrativa debe buscar un equilibrio entre la conducta desplegada y la sanción que imponga, para que ésta no resulte inequitativa. Por ejemplo, si la autoridad atribuye a un servidor público el haber extraviado un expediente, y esa conducta la estima grave, pero sin dolo o mala fe en su comisión; reconoce expresamente que no existió quebranto al Estado, ni beneficio del servidor público; valoró la antigüedad en el empleo, lo cual no necesariamente obra en perjuicio del empleado de gobierno, toda vez que la perseverancia en el servicio público no debe tomarse como un factor negativo; tomó en cuenta si el infractor no contaba con antecedentes de sanción administrativa, y no obstante lo anterior, le impuso la suspensión máxima en el empleo, es inconcuso que tal sanción es desproporcionada y violatoria de garantías individuales.
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Amparo directo 1217/2004. Julio César Salgado Torres. 12 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales.
Tesis I.4o.A.604 A con número de registro 170605 emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo XXVI del mes de diciembre de 2007, novena época, a foja1812 que establece lo siguiente:
Responsabilidades de los servidores públicos. Para que se considere debidamente fundada y motivada la imposición de una sanción administrativa, la autoridad debe ponderar tanto los elementos objetivos como los subjetivos del caso concreto. Tanto los principios como las técnicas garantistas desarrolladas por el derecho penal son aplicables al derecho administrativo sancionador, en virtud de que ambos son manifestaciones del ius puniendi del Estado. Así, al aplicarse sanciones administrativas deben considerarse los elementos previstos por el derecho penal para la individualización de la pena, que señalan al juzgador su obligación de ponderar tanto aspectos objetivos (circunstancias de ejecución y gravedad del hecho ilícito) como subjetivos (condiciones personales del agente, peligrosidad, móviles, atenuantes, agravantes, etcétera), pues de lo contrario, la falta de razones suficientes impedirá al servidor público sancionado conocer los criterios fundamentales de la decisión, aunque le permita cuestionarla, lo que trascenderá en una indebida motivación en el aspecto material. En ese contexto, para que una sanción administrativa se considere debidamente fundada y motivada, no basta que la autoridad cite el precepto que la obliga a tomar en cuenta determinados aspectos, sino que esa valoración debe justificar realmente la sanción impuesta, es decir, para obtener realmente el grado de responsabilidad del servidor público en forma acorde y congruente, aquélla debe ponderar todos los elementos objetivos (circunstancias en que la conducta se ejecutó) y subjetivos (antecedentes y condiciones particulares del servidor público y las atenuantes que pudieran favorecerlo), conforme al caso concreto, cuidando que no sea el resultado de un enunciado literal o dogmático de lo que la ley ordena, y así la sanción sea pertinente, justa, proporcional y no excesiva. En ese tenor, aun cuando la autoridad cuente con arbitrio para imponer sanciones, éste no es irrestricto, pues debe fundar y motivar con suficiencia el porqué de su determinación.
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Revisión fiscal 98/2007. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública. 8 de agosto de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez.
Quinta. Robusteciendo el sentido del dictamen, los integrantes de la Comisión de la Función Pública consideramos oportuna la reforma al sexto párrafo del artículo 37 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, máxime que dentro de dicho artículo sí se establece parámetros para la imposición de sanciones, concretamente el último párrafo dice lo siguiente:
“Artículo 37. ...
...
El servidor público que en su declaración de situación patrimonial deliberadamente faltare a la verdad en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de la Ley, previa sustanciación del procedimiento a que se refiere el artículo 21, será suspendido de su empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor de tres meses, y cuando por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de uno a cinco años, sin perjuicio de que la Secretaría formule la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para los efectos legales procedentes.”
Consideramos incongruente la redacción vigente del artículo 37 de la Ley de Responsabilidades Administrativa de los Servidores Públicos, puesto que el sexto párrafo señala una sanción fija y el último párrafo contempla un parámetro de sanción mínima y máxima, respetando las garantías de legalidad y seguridad jurídica a que hace mención el artículo 113 Constitucional.
De igual forma, el artículo 13 de la Ley en comento establece que las sanciones por falta administrativa consistirán, entre otras, en “suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres días ni mayor a un año”.
“Artículo 13. Las sanciones por falta administrativa consistirán en:
I. Amonestación privada o pública;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un año;
III. Destitución del puesto;
IV. Sanción económica, e
V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
...”
Del argumento anterior, podemos acreditar que la intención del legislador al momento de crear el cuerpo jurídico que regula la imposición de sanciones administrativas a los servidores públicos, fue establecer el procedimiento para que la sanción sea personal, tomando todos los elementos personales y externos que llevar a la conducta sancionada.
No obstante lo anterior, en lo que toca respecto a la falta o inexistencia de la garantía de audiencia a favor del servidor público, es importante reiterar que el artículo 21 de la Ley en estudio establece el procedimiento al cual deberá sujetarse la Secretaría o el Contralor Interno o el titular del área de responsabilidades al momento de intentar la imposición de sanciones, el cual en sus diversas fracciones garantiza tanto la audiencia del servidor, como el procedimiento.
En mérito de lo expuesto, la Comisión Dictaminadora, con base en las consideraciones anteriores y al analizar la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, los integrantes de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
Artículo Único. Se reforma el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:
Artículo 37. ...
I. a III. ...
...
...
...
...
Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que se refiere la fracción II, se inhabilitará al infractor de seis meses a un año. Si el infractor fuese reincidente, se impondrá una inhabilitación que no será menor a nueve meses sin que pueda llegar a exceder del plazo máximo de un año.
...
...
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la comisión, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 15 de junio de 2011.
La Comisión de la Función Pública, diputados:Pablo Escudero Morales (rúbrica), presidente; Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Marcos Pérez Esquer (rúbrica), Juan Carlos López Fernández, secretarios; Janet Graciela González Tostado, Agustín Guerrero Castillo, Sergio Lobato García (rúbrica), Kenia López Rabadán (rúbrica), Tereso Medina Ramírez, Pedro Peralta Rivas (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández, José Francisco Rábago Castillo (rúbrica), Fausto Sergio Saldaña del Moral (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Esthela Damián Peralta (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María de Jesús Mendoza Sánchez, Josefina Rodarte Ayala (rúbrica), Héctor Pedroza Jiménez (rúbrica), Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
LEY GENERAL DE SALUD
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VII al artículo 100 de la Ley General de Salud
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada, para análisis y dictamen, la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 100 de la Ley General de Salud.
Estas comisiones, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 81 y 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se abocó al examen de la minuta descrita, y presentan el siguiente dictamen:
I. Antecedentes
1. Con fecha 8 de agosto de 2007, los diputados Ector Jaime Ramírez Barba, Margarita Arenas Guzmán, Martín Malagón Ríos, Efraín Arizmendi Uribe, Antonio Muñoz Serrano y Adriana Vieyra Olivares, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nac ional,presentaron al pleno de la comisión permanente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 100 y adiciona el 104 Bis de la Ley General de Salud.
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones de Salud, y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados la iniciativa de mérito para realizar estudio y dictamen correspondiente.
2. Con fecha 24 de abril de 2008, las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología emitieron dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 100 y adiciona el 104 Bis de la Ley General de Salud.
3. Con fecha 28 de octubre de 2008, el pleno de la honorable Cámara de Diputados aprobó el dictamen de referencia remitiéndolo en calidad de minuta al Senado de la República.
Con la misma fecha, la Presidencia de la honorable Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 100 de la Ley General de Salud para realizar su estudio y dictamen correspondiente.
4. Con fecha 7 de diciembre de 2010, las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos emitieron dictamen respecto de la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 100 de la Ley General de Salud para realizar su estudio y dictamen correspondiente.
5. Con fecha 22 marzo de 2011, el pleno del honorable Senado de la República aprobó el dictamen de referencia remitiéndolo en calidad de minuta al la honorable Cámara de Diputados.
Con la misma fecha, la Presidencia de la honorable Cámara de Diputados turnó a las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 100 de la Ley General de Salud para realizar el estudio y dictamen correspondiente.
II. Contenido de la minuta
Incluir dentro de las responsabilidades de las instituciones de atención a la salud el proporcionar atención médica a la persona que sea sujeta a estudios de investigación y que por éstos sufra algún daño en su salud, si estuviere relacionado directamente con ésta, sin perjuicio de la indemnización que legalmente corresponda.
III. Consideraciones
Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud [...] y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.
El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.
En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.
Segunda. La investigación científica y tecnológica es un tema que aparece recurrentemente en nuestro entorno, es así que el derecho a la protección de la salud cuenta entre sus finalidades con el desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.
Hoy por hoy el progreso de la medicina se basa íntegramente en la investigación científica, la cual recurre en muchas ocasiones al desarrollo de la investigación clínica en seres humanos.
En el marco normativo para la investigación en salud se hallan tratados y pronunciamientos internacionales, la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley General de Salud (LGS) con su normativa reglamentaria, la legislación constitutiva de las diferentes instituciones públicas de salud y sus ordenanzas de menor jerarquía. Todas ellas componen el encuadre que asegura y hace viable y factible la investigación en salud.
Actualmente, los integrantes de esta honorable Cámara de Diputados están comprometidos con dicho tema, tal es el ejemplo de la aprobación el 28 de abril pasado de una iniciativa propuesta por la diputada María Cristina Díaz Salazar: Dicha iniciativa considera sustancial y necesario potenciar los beneficios de fomentar el ejercicio de protocolos de investigación clínica, tanto para atraer recursos y avanzar la práctica médica, como por la importante función social que guardan al permitir a pacientes tener acceso a cuidados óptimos de salud. Asimismo permitir la participación de terceros autorizados para emitir dictámenes que coadyuven a la autorización de los protocolos de investigación clínica, con la finalidad de optimizar los procesos de aprobación, haciendo explícita la posibilidad de que inicien al mismo tiempo los procesos de emisión del dictamen técnico por parte de terceros autorizados y el de aceptación por parte de la institución donde se pretenda conducir la investigación.
Tercera. No obstante lo anterior y de manera complementaria a la reforma antes mencionada, es preciso establecer en la Ley General de Salud, la importancia de asegurar los derechos de las personas que se someten a alguna intervención en virtud de su participación en investigaciones en seres humanos, siendo ese, el motivo de la iniciativa.
Igualmente y desde el punto de vista metodológico, la validez de los estudios de investigación depende en gran medida de un tamaño muestral suficiente y de la adherencia de los participantes a los protocolos de investigación, previo cumplimiento de los requisitos bioéticos y administrativos correspondientes.
Al perder los participantes-derechohabientes su calidad de asegurados, se provoca la atrición, especialmente en los estudios prolongados y de intervención en los que es necesaria la vigencia de derechos, a fin de seguir prestando al paciente los servicios auxiliares de diagnóstico, consulta e intervenciones, en beneficio de la salud del paciente, y que el protocolo de investigación tenga previsto, mismas que conforman los datos necesarios para concluir dichos estudios.
Cuarta. El derecho del sujeto en investigación está regulado en el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la Salud, para recibir atención médica hasta que terminen los efectos de la investigación, es decir, por daños causados directamente por la investigación o relacionados con la misma; además establece que es responsabilidad de la institución la disponibilidad del tratamiento a que legalmente tendría derecho.
El Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la Salud, en el artículo 19 establece:
Es responsabilidad de la institución de atención a la salud proporcionar atención médica al sujeto que sufra algún daño, si estuviere relacionado directamente con la investigación, sin perjuicio de la indemnización que legalmente corresponda.
Quinta. A pesar de que el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la Salud contempla esta responsabilidad, se debe precisar que este es solo el instrumento jurídico para que se puedan desarrollar los requisitos y características, así como las medidas de seguridad, ejecución y seguimiento, que deben cumplir todos los involucrados en dichas investigaciones, sin embargo es importante que en la Ley General de Salud se establezca la base para el desarrollo de la investigación en seres humanos y de esta manera la responsabilidad de la institución para proporcionar atención médica al sujeto que sufra algún daño, si estuviere relacionado directamente con la investigación, sin perjuicio de la indemnización que legalmente corresponda.
Estas comisiones dictaminadoras, en el argumento de que el objeto de un reglamento es ser un instrumento jurídico que nos permita llegar al detalle de las situaciones contempladas en el orden normativo superior, en este caso la Ley General de Salud; lo que en la esfera administrativa hace posible afrontar de manera equitativa problemas que se presentan dentro de la dinámica social.
Sexta. Respecto al supuesto establecido en la adición aprobada el 23 de octubre del 2008 en la Cámara de Diputados, que dice:
Para ello, el responsable de la investigación, deberá prever recursos, para el caso de pérdida de derechohabiencia, seguro médico u otra forma de financiamiento, de acuerdo a las disposiciones aplicables.
La colegisladora ocupa el argumento antes mencionado, esta vez en sentido negativo, respecto a que los reglamentos son el instrumento jurídico para regular requisitos, características, medidas de seguridad, etcétera, y este supuesto debería ser regulado dentro del reglamento y no en la ley.
Estas comisiones unidas no coinciden totalmente con dicha iniciativa , ya que en la ley si puede estipularse la designación de recursos para el caso de pérdida de derechohabiencia y en el Reglamento estipular los mecanismos para la obtención de estos recursos y la forma bajo la cual se administren (por ejemplo un fideicomiso); sin embargo, el que la persona responsable de una investigación, deba prever recursos para este supuesto, significa reunir recursos financieros para que las personas sujetas a investigación adquieran seguridad social, aspecto que no se considera conveniente ya que la gente usaría este procedimiento para obtener este beneficio y no para cumplir con el objeto principal que es la investigación en seres humanos.
Es por ello que los integrantes de las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología concluyen que la reforma es de aprobarse en sus términos, con la finalidad de dar a la investigación un tratamiento humano en el que prevalezcan los derechos de los pacientes y la participación corresponsable de las partes.
Por las razones expuestas y fundamentadas, y para los efectos de la fracción a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología someten a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Decreto por el que se adiciona una fracción VII, recorriéndose la actual para ser la VIII, al artículo 100 de la Ley General de Salud
Artículo Único.Se adiciona una fracción VII, recorriéndose la actual para ser la VIII, al artículo 100 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 100. ...
I. a V. ...
VI. El profesional responsable suspenderá la investigación en cualquier momento, si sobreviene el riesgo de lesiones graves, invalidez o muerte del sujeto en quien se realice la investigación;
VII. Es responsabilidad de la institución de atención a la salud proporcionar atención médica al sujeto que sufra algún daño, si estuviere relacionado directamente con la investigación, sin perjuicio de la indemnización que legalmente corresponda; y
VIII. Las demás que establezca la correspondiente reglamentación.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2011.
La Comisión de Salud, diputados:Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica en abstención), Rosalina Mazari Espín, Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez, Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Oralia López Hernández (rúbrica).
La Comisión de Ciencia y Tecnología, diputados:Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), presidente; Blanca Juana Soria Morales (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Óscar Román Rosas González, secretarios; Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Alejandro del Mazo Maza (rúbrica), José Alberto González Morales, Tomás Gutiérrez Ramírez, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Aarón Irízar López (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Óscar Lara Salazar, Ana Luz Lobato Ramírez (rúbrica), Oralia López Hernández, José Trinidad Padilla López, César Octavio Pedroza Gaitán, María Isabel Pérez Santos, Jorge Romero Romero (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el inciso 19 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Justicia de la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso 19) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
La Comisión de Justicia de la LXI Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes
Antecedentes
I.En sesión celebrada el 8 de marzo de 2011 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso 19) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
II.En 8 de marzo del 2011, la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, turnó la iniciativa, con el número de oficio D.G.P.L. 61-II-8-905, a la Comisión de Justicia, para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
Contenido de la iniciativa
La iniciativa de la diputada, propone reformar el inciso 19) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. Encuentra su justificación en los siguientes argumentos:
Recientemente el secretario de Economía señaló que la dependencia a su cargo ha detectado posibles casos de acaparamiento de maíz en diversas entidades del país, lo cual resulta de suma gravedad ya que recientemente por las heladas en el norte del país se perdieron un número importante de toneladas de granos lo que generó el alza al precio de las tortillas.
No obstante de que el acaparamiento es un delito en contra de la riqueza y el consumo nacional, éste no se encuentra calificado como delito grave, no obstante de que afecta de manera grave a la sociedad por tratarse de un productos de consumo nacional, de ahí la necesidad de agravar esta conducta.
Por tanto, proponemos tipificar como delito grave los delitos contra el consumo y las riquezas nacionales establecidos en la fracción I del artículo 253 del Código Penal Federal.
Las últimas heladas en el norte del país ocasionaron pérdidas a productores y agricultores de estados como Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora, afectando la producción de trigo, sorgo, maíz, hortalizas y papa.
Datos oficiales señalan que alrededor de 220 mil jornaleros agrícolas quedaron sin trabajo y la economía nacional obtuvo daños de alrededor de mil 700 millones de dólares tan sólo en la exportación de hortalizas 1.
Derivado de lo anterior, uno de los efectos que de manera inmediata viene afectar la economía de las familias es el aumento indiscriminado en el precio de la tortilla, por el acaparamiento del maíz.
El propio secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, aseguró que existe la garantía del abasto en el maíz y que no hay causas internas –sino sólo presiones internacionales– para el alza del grano, de hortalizas y de otros alimentos, mientras que el secretario de Economía, Bruno Ferrari, ha señalado que existe una “tendencia de incremento” de la tortilla, pero por abuso de comercializadores, no de los tortilleros.
Asimismo la Procuraduría Federal del Consumidor ha señalado que verificará las denuncias que existen en el aumento en los precios del maíz, con la finalidad de identificar si existe acaparamiento del producto con la finalidad de provocar un alza en el precio del maíz.
Por tanto, la especulación y el acaparamiento injustificados son legal y moralmente condenables por ocultar y alterar el precio de un bien de consumo que en la alimentación y cultura de los mexicanos tiene un simbolismo: la tortilla.
No obstante de que este tipo de conductas afectan gravemente no sólo la economía de las familias sino la riqueza nacional, no se encuentran calificadas como delitos graves, por tanto, proponemos agravar estas conductas en el Código Federal de Procedimientos Penales, ya que se trata de un debate no concluido, –el constante incremento a los precios de la tortilla–, toda vez que al margen de las medidas implantadas resulta indispensable dotar a las autoridades de procuración de justicia de los instrumentos para consignar a los responsables por estos hechos.
Contenido de la iniciativa
a) Se propone reformar el inciso 19) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:
Código Federal de Procedimientos Penales
Texto vigente
Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:
I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:
1) a 18) ...
19) Contra el consumo y riqueza nacionales, previsto en el artículo 254, fracción VII, párrafo segundo;
20) a 36) ...
II. a XVIII. ...
Propuesta
Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:
I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:
1) a 18) ...
19) Contra el consumo y riqueza nacionales, previsto en los artículos 253, fracción I, y en el artículo 254, fracción VII, párrafo segundo;
20) a 36) ...
II. a XVIII. ...
Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Justicia de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes
Consideraciones
1. La presente iniciativa propone añadir, al inciso 19 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, el contenido del artículo 253 fracción I.
2. Esta comisión después de entrar al estudio considera viable la propuesta, como bien dice el cuerpo de la iniciativa nuestra Constitución es clara al establecer en el segundo párrafo del artículo 28 que la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.
3. El Código Penal Federal en su artículo 253 establece como delitos en contra del consumo y la riqueza nacional entre otras las siguientes conductas:
a) El acaparamiento, ocultación o injustificada negativa para su venta, con el objeto de obtener un alza en los precios o afectar el abasto a los consumidores.
b) Todo acto o procedimiento que evite o dificulte, o se proponga evitar o dificultar la libre concurrencia en la producción o en el comercio.
c) La limitación de la producción o el manejo que se haga de la misma, con el propósito de mantener las mercancías en injusto precio.
d) Todo acuerdo o combinación, de cualquier manera que se haga, de productores, industriales, comerciantes o transportistas, para evitar la competencia entre sí y traiga como consecuencia que los consumidores o usuarios paguen precios exagerados.
e) La suspensión de la producción, procesamiento, distribución, oferta o venta de mercancías o de la prestación de servicios, que efectúen los industriales, comerciantes, productores, empresarios o prestadores de servicios, con el objeto de obtener un alza en los precios o se afecte el abasto de los consumidores.
f) La venta con inmoderado lucro, por los productores, distribuidores o comerciantes en general;
4. Es de suma importancia esta propuesta, toda vez que los alimentos son un tema que nos atañe a todos y es un problema, como lo manifiesta la diputada proponente de interés nacional, por lo que merece elevarlo a delito grave, viviendo ya los antecedentes de los cambios climatológicos que serán tema frecuente en los próximos años.
Por todo lo anterior, los integrantes de la Comisión de Justicia someten a consideración de esta asamblea, el siguiente proyecto de
Decreto que reforma el inciso 19) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales
Único. Se reforma el inciso 19) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:
Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:
I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:
1) a 18) ...
19) Contra el consumo y riqueza nacionales, previsto en los artículos 253, fracción I, y en el artículo 254, fracción VII, párrafo segundo;
20) a 36) ...
II. a XVIII. ...
Transitorios
Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2011.
La Comisión de Justicia, diputados:Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato García (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Camilo Ramírez Puente, Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Juanita Arcelia Cruz Cruz, Eduardo Ledesma Romo, secretarios; Israel Madrigal Ceja (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Norma Leticia Salazar Vázquez, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa, Nancy González Ulloa, Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), Pedro Vázquez González, J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
VOLUMEN II
LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones
Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 67, 68, 78, 80, 82, 84, 85 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; la Comisión de Comunicaciones somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
I. En sesión celebrada en fecha 22 de agosto de 2007, se dio cuenta a la Asamblea de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el diputado Abundio Peregrino García y el senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el Oficio No. CP2R1A-2086, instruyó el turno de la iniciativa de referencia a la Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictaminación.
II. En sesión celebrada en fecha 11 de octubre de 2007, se dio cuenta a la Asamblea de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de la Iniciativa que reforma los artículos 3 y 60 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por la Diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el Oficio No. D.G.P.L. 60-II-2-976, instruyó el turno de la iniciativa de referencia a la Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictaminación.
III. En sesión celebrada en fecha 30 de abril de 2008, se dio cuenta a la Asamblea de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de la Iniciativa que reforma los artículos 43 y 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por la Diputada Adriana Dávila Fernández y diversos diputados de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y de Nueva Alianza. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el Oficio No. D.G.P.L. 60-II-3-1643, instruyó el turno de la iniciativa de referencia a la Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictaminación.
IV. En sesión celebrada en fecha 19 de noviembre de 2008, se dio cuenta a la Asamblea de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de la Iniciativa que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el diputado José Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el Oficio No. D.G.P.L. 60-II-5-2161, instruyó el turno de la iniciativa de referencia a la Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictaminación.
V. En sesión celebrada en fecha 24 de noviembre de 2009, se dio cuenta a la Asamblea de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de la Iniciativa que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el diputado Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el Oficio No. D.G.P.L. 61-II-2-191, instruyó el turno de la iniciativa de referencia a la Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictaminación.
VI. En sesión celebrada en fecha 27 de enero de 2010, se dio cuenta a la Asamblea de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de la Iniciativa que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por los Diputados Jorge Humberto López Portillo y Arturo Zamora Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el Oficio No. D.G.P.L. 61-II-7-238, instruyó el turno de la iniciativa de referencia a la Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictaminación.
VII. En sesión celebrada en fecha 4 de febrero de 2010, se dio cuenta a la Asamblea de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de la Iniciativa que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el diputado Eric Rubio Barthell, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el Oficio No. D.G.P.L. 61-II-8-234, instruyó el turno de la iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Gobernación para su estudio y dictaminación.
VIII. En sesión celebrada en fecha 16 de febrero de 2010, se dio cuenta a la Asamblea de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el diputado Enrique Castillo Ruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el Oficio No. D.G.P.L. 61-II-5-523, instruyó el turno de la iniciativa de referencia a la Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictaminación.
IX. En sesión celebrada en fecha 9 de marzo de 2010, se dio cuenta a la Asamblea de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de la Iniciativa que reforma los artículos 60 y 61 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por la Diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el Oficio No. D.G.P.L. 61-II-6-0334, instruyó el turno de la iniciativa de referencia a la Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictaminación.
X. En sesión celebrada en fecha 08 de abril de 2010, se dio cuenta a la Asamblea de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de la Iniciativa que expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales; y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Vías Generales de Comunicación, y Federal del Derecho de Autor, suscrita por el Diputado Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del PAN; misma que en su artículo 125 plantea lo siguiente:
“Artículo 125. Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones deberán interconectar sus redes, y a tal efecto suscribirán un convenio. Dicho convenio deberá cumplir con las condiciones técnicas indispensables, así como con el modelo de costos que establezca el Instituto para la determinación de las tarifas de interconexión, de conformidad con el artículo 126.
El Instituto dentro del primer trimestre de cada año, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y en su página de Internet, la resolución administrativa mediante la cual se establezcan las condiciones técnicas indispensables y las tarifas que resulten de los modelos de costos determinados por el Instituto. En caso que se utilice el tiempo para determinar la contraprestación económica por la prestación de los servicios de interconexión, la unidad de medida será el segundo, sin perjuicio de que también se puedan cobrar por capacidad, evento o cualquier otra unidad de medida que atienda a los principios, tendencias y mejores prácticas internacionales”.
Es importante destacar que la iniciativa presentada por el diputado Corral Jurado, se encuentra actualmente en proceso de análisis, discusión y dictaminación, al interior de la propia Comisión de Comunicaciones; sin embargo y considerando que la misma aborda el tema en comento, para efectos del presente dictamen es importante tomar en cuenta el planteamiento del diputado Corral Jurado; específicamente en lo que se refiere al segundo como unidad de medida, para el caso en que se utilice el tiempo para determinar la contraprestación económica por la prestación de los servicios de interconexión.
XI. Con base en lo anterior, la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura procedió a la revisión de los expedientes, al análisis de las iniciativas y a la elaboración del presente dictamen.
Contenido de las iniciativas
1. El senador Alejandro González Yáñez y el diputado Abundio Peregrino García, refieren que el sector servicios ha registrado en los últimos años un importante crecimiento, hasta colocarse a la par o por encima de otros sectores económicos, como el industrial y el agropecuario.
Asimismo, exponen que los crecimientos más significativos en cuanto a usuarios se han dado en cuatro momentos muy concretos de desarrollo de la industria: en 1996, cuando se introdujo la tarjeta de prepago; en 1997, con la introducción de descuentos en llamadas entrantes; en 1999, con la entrada en funcionamiento de la modalidad “el que llama paga”; y en 2007, con la modalidad “el que llama paga nacional”.
Resaltan que, al tener libertad las compañías concesionarias para el establecimiento de las tarifas, hay gran margen de discrecionalidad por dichas empresas para determinar los montos y las condiciones sobre las cuales se fijan sus precios y se presta el servicio.
Aunando a lo anterior, los legisladores señalan que entre las condiciones que fijan las compañías al establecer las tarifas, las cuales son avaladas por la Cofetel, están las relativas a la medición y facturación del tiempo aire que los usuarios consumen. Las tarifas establecen que el tiempo de llamada será facturado por minuto, sin importar que el usuario no hable la totalidad del mismo, es decir, el tiempo de la llamada se redondea al minuto superior siguiente.
Por lo que los autores proponen adicionar un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, donde se establezca la obligación de los concesionarios y permisionarios de telefonía local móvil de facturar a los usuarios el tiempo aire efectivo de llamada, para quedar como sigue:
Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:
Artículo 60. ...
Sin menoscabo de lo señalado en el párrafo primero, para el caso de la telefonía local móvil el parámetro para fijar la tarifa será la facturación del tiempo aire efectivo de llamada, eliminando el cobro por redondeo de llamada.
Transitorios
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Las compañías que gozan de una concesión para prestar los servicios de telefonía local móvil contarán con 180 días naturales a partir de la publicación del presente decreto para hacer los ajustes necesarios a los sistemas de facturación que se derivan de la adición planteada en el presente decreto.
2. Por su parte la diputada Irma Piñeyro Arias señala que durante 2006, el 48 por ciento del total de los ingresos de telecomunicaciones fueron aportados por el mercado de telefonía móvil, acorde con los informes presentados por la Cofetel.
Agrega, que el redondeo es un sistema de cobro que ha permitido a las compañías de celulares obtener ganancias extraordinarias por un tiempo de servicio que no prestaron. Según algunas estimaciones, cada usuario hace en promedio cinco llamadas de su celular por día, de las cuales la mayoría utiliza 30 segundos, que son cobrados como minuto completo.
En este escenario, se calcula que para 2007 los 61 millones de usuarios pagaron 30 segundos de tiempo no utilizado; es decir, pagaron en promedio 2.85 pesos más, ya que el minuto tenía un costo aproximado de 5.70 pesos. Esto implica que cada cliente pago por las cinco llamadas 14.25 pesos al día, por un servicio que no recibió. Esto significa que 61 millones de usuarios proporcionaron, durante 2007, a las empresas de telefonía celular 869 millones de pesos diarios y 317 mil millones de pesos anuales, de ganancias extraordinarias.
La diputada Piñeyro propone una regulación en el cobro del servicio y evitar que se apliquen tarifas de redondeo, ya que este sistema de cobro es injusto, porque basta que el usuario haga la llamada para que la empresa cobre el minuto completo, lo cual resulta un atentado económico para los consumidores.
Por lo expuesto, plantea adicionar las fracciones XVII y XVIII al artículo 3o. y el artículo 60 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar en los siguientes términos:
Decreto por el que se adicionan las fracciones XVII y XVIII al artículo 3o. y el artículo 60 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones
Artículo Primero. Se adicionan las fracciones XVII y XVIII al artículo 3o. de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:
Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
I. a XVI. ...
XVII. Servicio de telefonía celular, al sistema de comunicación de alta tecnología telefónica, que se transmite de manera inalámbrica, utilizando ondas electromagnéticas que viajan por aire.
XVIII. Tarifa es la cantidad que se cobra por comunicación o información emitida o recibida.
Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 60 Bis a la ley mencionada en el artículo precedente, para quedar de la siguiente forma;
Artículo 60 Bis. Los cobros que se realicen por los servicios prestados en telefonía celular o móvil se aplicarán por tiempo consumido. La base de la unidad de medida para el cobro de la tarifa será el “segundo”.
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
3. En tanto la diputada Adriana Dávila Fernández expone que, una de las grandes confusiones de las iniciativas que los legisladores han propuesto es situar el cambio o modificación en el Capítulo V de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que se refiere al aspecto tarifario, y en este sentido no se trata de cambiar las tarifas sino que el punto central es el sistema de medición de la operación de los servicios de telefonía. Por tanto, se debería situar en el Capítulo IV, en particular en los artículos 43 y 44, el primero de los cuales se refiere a los convenios de interconexión, y el segundo, a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones.
Argumenta que, el sector de la telefonía móvil se mantiene como el sector más dinámico de la industria de las telecomunicaciones, por el crecimiento del número de usuarios, por la cobertura que proporciona a éstos y por el tráfico de minutos registrados anualmente.
Indica que el problema radica en la aplicación de los criterios de la contabilización de los minutos transcurridos en una conferencia, y su posterior facturación y cobranza. Concretamente, la disputa versa a razón de que las fracciones del minuto registrado, actualmente, se cobran como minuto completo, aplicando el mecanismo del redondeo.
Resalta que, el redondeo no es parte de la libertad tarifaria de que gozan las compañías, dado que el sistema de medición de las conferencias afecta directamente el bolsillo de los usuarios al cobrarles segundos que no están consumiendo en las llamadas telefónicas que realizan.
La diputada Dávila propone la reforma de los artículos 43 y 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para que los concesionarios y los permisionarios cobren a los usuarios lo que realmente están consumiendo en cada conferencia que realicen, y con ello eliminar el mecanismo del redondeo, injusto en su aplicación porque se cobra fracciones de tiempo que no fueron consumidas, y que afectan la economía familiar de los usuarios.
Derivado de lo anterior, la legisladora propone el siguiente:
Decreto por el que se reforman los artículos 43 y 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones
Artículo 43. En los convenios de interconexión a que se refiere el artículo anterior, las partes deberán:
I. a XI. ...
XII. Utilizar el segundo como medida de tiempo para calcular la contraprestación económica por la prestación efectiva de los servicios de interconexión, sin perjuicio de que en la interconexión se pueda cobrar por capacidad.
Artículo 44. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán:
I. a VI. ... VII. Prestar los servicios sobre las bases tarifarias y de calidad contratadas por los usuarios. Cuando el concesionario convenga con el usuario utilizar el tiempo consumido como medida para determinar el monto de la contraprestación por la provisión de los servicios de telecomunicaciones, éste deberá contabilizar únicamente la unidad por segundo que duró la prestación efectiva del servicio.
VIII. a XI. ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
4. El diputado José Edmundo Ramírez Martínez; señala que la telefonía celular ha contribuido al desarrollo de aquellos lugares donde las redes telefónicas tradicionales no alcanzan a cubrir las necesidades de comunicación de la población, y que al paso del tiempo se ha convertido en un servicio de primera necesidad, en comparación con la telefonía fija.
Esta iniciativa prevé modificar los artículos 60 y 61 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para que las compañías de telefonía celular no fijen sus tarifas libremente, tal como lo estipula la actual legislación, sino que sea el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la autoridad que establezca una tarifa que vaya de acuerdo con la economía de la población y que garantice la competitividad, la seguridad y permanencia así como servicios de calidad, para quedar como sigue:
Decreto
Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:
Artículo 60. Los concesionarios y permisionarios fijarán las tarifas de los servicios de telecomunicaciones de conformidad con la lista de tarifas emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.
Las tarifas y los términos en que se presten los servicios señalados en el párrafo anterior atenderán en todo momento a las necesidades de los usuarios.
Transitorios
Primero. Quedará sin efecto cualquier disposición que se oponga al presente ordenamiento.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Tercero. La reglamentación y normatividad en la materia deberá adecuarse en un plazo no mayor de 30 días naturales, una vez publicado el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Cuarto. Las empresas dedicadas a la prestación de servicios de telefonía celular contarán con un plazo no mayor a 30 días naturales para adecuarse a la normatividad correspondiente y subsanar sus deficiencias.
Quinto. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá publicar, en un periodo no mayor a 60 días naturales, la lista de las tarifas autorizadas para telefonía móvil y celular.
5. En su oportunidad, el diputado Oscar González Yáñez resalta la importancia de la aportación que hace el sector de comunicaciones y transportes a la producción de riqueza nacional. Señala que en 2007 el producto interno bruto (PIB) del sector representó el 13.4 por ciento del total de la economía; y el PIB del sector de comunicaciones fue de 6.2 por ciento en relación con el nacional, de acuerdo con lo reportado en el III Informe de Gobierno.
Indica el diputado proponente que en el anexo estadístico del III Informe de Gobierno de la presente administración reporta, que a marzo de este año existen 79.8 millones de usuarios de telefonía móvil, mientras que en el año 2000 había 14.1 millones, esto significa que en 9 años se ha quintuplicado el número de usuarios. En contraste las líneas fijas para 2009 fueron de 20 millones.
Agrega que los usuarios de telefonía en México gastaban un promedio mensual de 491.7 pesos de acuerdo conforme a datos señalados en la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto 2008 de los Hogares, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Mientras que en 2004, gastaban en el mismo rubro 286 pesos, lo que significó un incremento del 58 por ciento en 4 años.
La reforma propuesta por el diputado González Yáñez, consiste en adicionar un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para quedar como sigue:
Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones
Artículo 60. ...
Sin menoscabo de lo señalado en el párrafo primero, para el caso de la telefonía local móvil, el parámetro para fijar la tarifa será la facturación del tiempo aire efectivo de llamada, eliminando el cobro por redondeo de llamada.
Transitorios
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Las compañías que gozan de una concesión para prestar los servicios de telefonía local móvil contarán con 15 días hábiles a partir de la publicación del presente decreto para hacer los ajustes necesarios a los sistemas de facturación que se derivan de la adición planteada en el presente decreto.
6. En tanto, los diputados Jorge Humberto López-Portillo Basave y Arturo Zamora Jiménez proponen que la oferta comercial, en aras a permitir el mayor acceso a usuarios a los servicios de telecomunicaciones, así como de fomentar la sana competencia entre los operadores, debe verse complementada por planes y tarifas donde la medición, tasación y cobro de los servicios local y de larga distancia se encuentren basados en el tiempo real de consumo, tomando como unidad de medida el segundo, lo cual, por una parte fomentará la capacidad de elección de los usuarios, quienes podrán decidir además de otros criterios de calidad y precio, por aquél criterio de medición y cobro, que mejor se acomode a sus necesidades particulares y presupuestos, así como por otra en materia de competencia entre operadores; que creará un entorno adicional a considerar y que conducirá a mejores condiciones para los usuarios.
Expresan que su propuesta es perfectamente compatible con lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones, en cuyo artículo séptimo señala como uno de sus objetivos: promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, así como el de fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuario, que es precisamente lo que aquí se propone.
Además, los proponentes indican que la iniciativa en estudio es congruente con el objetivo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el sentido de garantizar el acceso a servicios de comunicaciones a fin de que los mexicanos puedan comunicarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo; y es compatible con la estrategia de incrementar la competencia entre operadores con la finalidad de aumentar la cobertura de los servicios en el país y contribuir a que las tarifas permitan el acceso de un mayor número de usuarios al servicio.
Agregan los diputados Basave y Zamora que su propuesta no atenta contra la libertad tarifaria prevista en la Ley Federal de Telecomunicaciones que establece en su artículo 60 la posibilidad de que los concesionarios y permisionarios fijen libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia, por lo que el principio de libertad tarifaria se encuentra subordinado a la consecución de los objetivos planteados en la propia ley. Se trata de un tema de medición y cobro del servicio por el tiempo efectivamente utilizado y de la disponibilidad de planes y tarifas basadas en el principio del cobro por segundo como unidad de medida.
Derivado de lo anterior, el legislador propone la modificación al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, bajo el siguiente esquema:
Decreto
Artículo Único: Se adicionan un segundo, tercer y cuarto párrafos al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:
Artículo 60. ...
Tanto para el caso de la telefonía sea fija o móvil, tratándose del servicio local como el de larga distancia, el parámetro para fijar la tarifa y su cobro será aquél que de acuerdo con la fracción VII del artículo 44 de esta Ley, sea contratado por el usuario de entre los planes y tarifas que al efecto tenga disponibles el operador del que se trate.
Al efecto, los operadores de servicios de telecomunicaciones tanto del servicio local como de larga distancia, sean concesionarios o permisionarios, deberán incorporar a su oferta comercial el tiempo real en segundos, como medio de tasación y cobro para el servicio de voz tanto local como de larga distancia, estableciendo al efecto planes y tarifas que estén basados o tengan tal opción de cobro, sin perjuicio de la existencia de planes y tarifas basadas para su medición y cobro por minuto, por evento, por capacidad, o cualquier otra modalidad, dando al usuario la opción de elegir el que más convenga a sus intereses y fomentando con ello la competencia entre operadores.
Los operadores de los servicios de telecomunicaciones tendrán la obligación de informar a sus usuarios los planes y tarifas disponibles, incluyendo aquellos que incluyan la oferta de servicios de voz local como de larga distancia empleando el segundo como criterio de medición.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor a los ciento ochenta días posteriores al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de que los operadores de redes Públicas de Telecomunicaciones que presten el servicio local y/o el servicio de larga distancia realicen las adecuaciones necesarias a sus sistemas de facturación e infraestructura, elaboren los planes y tarifas considerando el segundo como criterio de medición y cobro, así como para que presenten para su registro, previo a su puesta en vigor, de acuerdo con lo señalado en los artículos 61 y 64 fracción VIII de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Segundo. Sin perjuicio de las atribuciones de verificación y sanción conferidas a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 8, 13, 24 y demás aplicables de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal de Consumidor, podrá realizar las acciones conducentes a efecto de verificar el establecimiento y aplicación de planes y tarifas basados en segundo por parte de los operadores en la prestación de servicio local y de larga distancia.
7. El legislador Eric Rubio Barthell refiere el reporte emitido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en 2009, en el cual México se mantiene entre los primeros lugares de los países con las tarifas más altas de los servicios de telecomunicaciones, sobre todo en banda ancha y telefonía móvil.
Señala que pese a que ha habido reducciones importantes, el consumo empeoró la posición del país frente al resto de las naciones en términos de tarifas. Un ejemplo de lo anterior, es que en las canastas del servicio telefónico móvil de medio y alto consumo en el reporte de 2007, México aparecía en la mitad de la tabla, mientras que en el reporte de 2009, nos encontramos entre los primeros lugares de los más caros.
El autor propone modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones, a fin de que se fijen tarifas de acuerdo al tiempo utilizado, es decir, si la llamada es de un minuto 30 segundos se tomará como un minuto, y si pasa de los 30 segundos se redondeará al minuto siguiente. Esto representará que los usuarios paguen tarifas menos excesivas, cuenten con un cobro más equitativo en el servicio de telefonía móvil.
Decreto
Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo y tres fracciones al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:
Artículo 60. Sin menoscabo de lo señalado en el párrafo primero, para el caso de la telefonía móvil nacional, el parámetro para fijar la tarifa de facturación por tiempo de llamada, será de la siguiente manera:
a) El primer minuto se cobrará sin importar las fracciones utilizadas del mismo.
b) Si el último minuto llega a .5 de minuto (30 segundos) se cobrará el anterior.
c) Si en el último minuto pasa de .5 de minuto (30 segundos) se cobrará el minuto posterior.
Transitorios
Primero. Quedará sin efecto cualquier disposición que se ponga al presente ordenamiento.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Tercero. La reglamentación y normatividad en la materia, deberá adecuarse en un plazo no mayor de 30 días naturales, una vez publicado el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Cuarto. Las empresas dedicadas a la prestación de servicios de telefonía celular, contarán con un plazo no mayor a 30 días naturales para adecuarse a la normatividad correspondiente, y subsanar sus deficiencias.
8. En el mismo sentido, el diputado Enrique Castillo Ruz, señala que las empresas de telefonía celular ofrecen el servicio en dos modalidades: prepago, en el que el usuario paga una tarifa promedio de 5 pesos el minuto usado; y pospago, en el que el usuario paga en promedio 2.5 pesos el minuto. En la modalidad de prepago se ubican 71 millones de usuarios; los restantes, 7 millones han contratado la modalidad de pospago.
Menciona también, que los 79 millones de usuarios de telefonía celular realizan durante el día un promedio de cinco llamadas con 1.5 minutos de duración cada una. En un solo día se realizan en promedio 395 millones de llamadas, que representan más de 592 millones de minutos de tráfico de llamadas por día. De estos más de 197 millones de minutos corresponden a las fracciones de segundos que son redondeados a minuto y facturados de esta forma, con lo que las empresas prestadoras del servicio obtienen una ganancia estimada de más de 987 millones de pesos por día, al mes más de 29 mil millones de pesos y al año más de 355 mil millones de pesos facturado. Ingresos facturados u obtenidos por un tiempo que no consumió el usuario.
Por lo anterior, propone que las tarifas para el servicio de telefonía celular se determinen y cobren por el tiempo real; es decir, en minutos y segundos exactamente usados. Instituir además la obligación de los concesionarios y permisionarios en el sentido de la disposición de referencia, estableciendo expresamente la sanción por la infracción de dicha norma e incluso la obligación para devolver lo cobrado indebidamente al usuario, para quedar como sigue:
Decreto por el que se adicionan un tercer y cuarto párrafo, al artículo 12; el artículo 60 Bis; y la fracción V al inciso C) del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones
Artículo Primero. Se adiciona un tercer y cuarto párrafo al artículo 12 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para quedar como sigue
Artículo 12. ...
...
Los concesionarios y permisionarios de telefonía celular cobrarán el tiempo exactamente usados por el usuario. Teniendo al segundo como base de la unidad de medida para el cobro de la tarifa.
En los estados de facturación la cantidad de llamadas realizadas por el usuario, especificando el tiempo en minutos y segundos consumidos, y la cantidad a pagar que del tiempo utilizado.
Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 60 Bis a la ley mencionada en el artículo anterior para quedar de la siguiente forma.
Artículo 60 Bis. El servicio de telefonía celular o móvil, se determinará y cobrará por el tiempo real que el usuario haya consumido. Teniendo al segundo como base de la unidad de medida para el cobro.
Artículo Tercero. Se adiciona la fracción V, recorriendo la numeración subsiguiente, del inciso C) del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue
Artículo 71. ...
A y B. ...
C. ...
I. a IV. ...
V. Por infringir lo dispuesto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 12 y 60 Bis de esta ley.
VI. ...
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
9. Finalmente, la diputada Ana Estela Durán Rico, expresa que el escenario del uso de telefonía móvil en el país no es muy alentador, ya que según datos recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el quinto lugar de sus países miembros respecto a las tarifas más altas en el servicio. De acuerdo con el informe del año pasado, se formuló una canasta de bajo uso de la telefonía móvil por persona, de la cual se calculó el costo anual en dólares; la cifra para México fue de 231.77 dólares, muy por encima de Japón, que la obtuvo de 168.41 (63.36 dólares menos).
Propone reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones a fin de que el Estado imponga a las compañías concesionarias del servicio de telefonía móvil la obligación de cobrar únicamente el tiempo efectivo de uso del servicio, con objeto de proteger la economía de la población que menos tiene. Esta medida ayudará a que aumente el uso de la telefonía móvil en sectores sociales más numerosos.
Resalta la legisladora proponente, que la iniciativa planteada intenta establecer que por ministerio de ley, los usuarios de telefonía móvil comercial paguen proporcionalmente lo que consumen, es decir, por segundo, lo que favorecerá un incremento en el uso de la telefonía móvil, debiéndose cobrar únicamente el tiempo efectivo utilizando, es decir, cobrando por segundo las llamadas, eliminando el redondeo, otorgando al usuario la elección del servicio que desee contratar de acuerdo con sus necesidades y posibilidades.
Por lo que la legisladora plantea el siguiente:
Decreto que adiciona un segundo párrafo a los artículos 60 y 61 de la Ley Federal de Telecomunicaciones
Único. Se adiciona un segundo párrafo a los artículos 60 y 61 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:
Artículo 60. ...
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo primero, para el caso de la telefonía local móvil la unidad de medida para fijar la tarifa será el segundo para la facturación del servicio.
Artículo 61. ...
La secretaría podrá denegar el registro de las tarifas fijadas por los concesionarios si éstas implican prácticas discriminatorias, depredatorias, de carácter monopólico, de dominancia en el mercado o una competencia desleal que impida la permanencia en el mercado de otros concesionarios, y podrá establecer niveles tarifarios mínimos o máximos, según sea el caso, para los servicios respectivos, a fin de ordenar dichos niveles, con objeto de fomentar la sana competencia.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las compañías que gozan de una concesión para prestar los servicios de telefonía local móvil contarán con 180 días naturales, contados a partir de la publicación del presente decreto, para hacer los ajustes necesarios a los sistemas de facturación que se deriven de las reformas y adiciones planteadas en el presente decreto.
Consideraciones de la comisión
1. Esta comisión dictaminadora coincide plenamente en la necesidad de legislar en beneficio de los usuarios no sólo en el sector de telefonía móvil y fija, sino en toda la industria de las tecnologías de información.
Los integrantes de esta comisión consideramos importante resaltar lo expuesto por la diputada Adriana Dávila Fernández, al señalar que el sector de la telefonía móvil se mantiene como el sector más dinámico de la industria de las telecomunicaciones, por el crecimiento del número de usuarios, por la cobertura que proporciona a éstos y por el tráfico de minutos registrados anualmente.
Que durante 2009, la industria de las telecomunicaciones en nuestro país generó ingresos superiores a los 359 mil millones de pesos, de los cuales 295 mil 332 millones de pesos fueron generados por servicios de telefonía. Mientras que en 2010, se invirtieron en esta misma industria poco más de 45 mil millones de pesos.
Que de acuerdo a datos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), los usuarios de telefonía móvil pasaron de 66.6 millones durante 2008 a casi 93 millones de usuarios para febrero de 2011. Obteniendo una densidad de 70 usuarios por cada 100 habitantes en 2008 a 81 usuarios para 2010. Sin embargo, esta densidad de telefonía móvil está muy por debajo de países como Rusia que tiene una penetración de 163 usuarios por cada 100 habitantes o Italia con 151.
Que el tráfico de minutos de la telefonía móvil pasó de 14.3 millones en febrero de 2010 a 16.5 millones para el mismo mes de 2011. Según datos de la propia Cofetel, el tráfico de telefonía móvil creció 15.1 % con respecto al cuarto trimestre de 2009.
Aunado a lo anterior, esta comisión dictaminadora coincide con el diputado Oscar González Yáñez, al manifestar la importancia del sector de comunicaciones y transportes a la producción de riqueza nacional, ya que durante 2007 el producto interno bruto (PIB) del sector representó el 13.4 por ciento del total de la economía; y el PIB del sector de comunicaciones fue de 6.2 por ciento en relación con el nacional.
Adicionalmente los diputados Gerardo Flores Ramírez y Adriana Sarur Torre expresan que, en México la política económica promueve el libre mercado y la competencia entre las empresas, por lo cual el presente dictamen debe enfocarse a privilegiar la libertad tarifaria en un sector como el de las telecomunicaciones, ya que dicho principio promueve la innovación tecnológica y la sana competencia dentro del sector.
Asimismo, señalan que gracias a la libertad tarifaria que prevalece, los concesionarios y permisionarios tienen el incentivo para armar o diseñar diferentes ofertas a los consumidores, las cuales incluyen cobro por minuto, por capacidad o por evento. En tal sentido, el presente proyecto debe establecer la obligación a los concesionarios y permisionarios de incluir como una alternativa planes y/o paquetes donde la modalidad de cobro sea por segundo; con lo cual se logra que los consumidores finales puedan elegir, entre diferentes opciones, la que más se ajuste a sus necesidades.
De la misma forma, indican que es necesario que quienes ofrecen servicios de telecomunicaciones, al diseñar su oferta comercial, no discriminen entre los diferentes tipos de usuarios que adquieren sus servicios. Lo anterior, con el objeto de que esta posibilidad de elección, es decir la modalidad de cobro por segundo, esté abierta a todos los usuarios y no sólo a unos cuantos. Es así, como los concesionarios, respetando siempre el principio de libertad tarifaria, deberán ofrecer planes y tarifas cuya tasación esté basada en el segundo tanto para usuarios de postpago como para usuarios de prepago.
2. Que la Ley Federal de Telecomunicaciones establece en sus artículos 7, 44, 60 y 61:
Artículo 7. La presente Ley tiene como objetivos promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones; ejercer la rectoría del Estado en la materia, para garantizar la soberanía nacional; fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios, y promover una adecuada cobertura social.
Artículo 44. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán:
I. Permitir a concesionarios y permisionarios que comercialicen los servicios y capacidad que hayan adquirido de sus redes públicas de telecomunicaciones;
II. Abstenerse de interrumpir el tráfico de señales de telecomunicaciones entre concesionarios interconectados, sin la previa autorización de la Secretaría;
III. Abstenerse de realizar modificaciones a su red que afecten el funcionamiento de los equipos de los usuarios o de las redes con las que esté interconectada, sin contar con la anuencia de las partes afectadas y sin la aprobación previa de la Secretaría;
IV. Llevar contabilidad separada por servicios y atribuirse a sí mismo y a sus subsidiarias y filiales, tarifas desagregadas y no discriminatorias por los diferentes servicios de interconexión;
V. Permitir la portabilidad de números cuando, a juicio de la Secretaría, esto sea técnica y económicamente factible;
VI. Proporcionar de acuerdo a lo que establezcan los títulos de concesión respectivos, los servicios al público de manera no discriminatoria;
VII. Prestar los servicios sobre las bases tarifarias y de calidad contratadas con los usuarios;
VIII. Permitir la conexión de equipos terminales, cableados internos y redes privadas de los usuarios, que cumplan con las normas establecidas;
IX. Abstenerse de establecer barreras contractuales, técnicas o de cualquier naturaleza a la conexión de cableados ubicados dentro del domicilio de un usuario con otros concesionarios de redes públicas;
X. Actuar sobre bases no discriminatorias al proporcionar información de carácter comercial, respecto de sus suscriptores, a filiales, subsidiarias o terceros;
...
XII. a XVI. ...
Artículo 60. Los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.
Artículo 61. Las tarifas deberán registrarse ante la Secretaría previamente a su puesta en vigor. Los operadores no podrán adoptar prácticas discriminatorias en la aplicación de las tarifas autorizadas.
3. Esta Comisión dictaminadora considera improcedente el texto normativo planteado en las iniciativas presentadas por los siguientes legisladores: Diputado Abundio Peregrino García y el senador Alejandro González Yáñez, ambos del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza; Diputada Adriana Dávila Fernández y diversos diputados de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y de Nueva Alianza; Diputado José Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Eric Rubio Barthell, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Enrique Castillo Ruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y por la Diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Lo anterior debido a que el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones dispone, que los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.
En ese sentido, cualquier restricción que se pretenda imponer a los concesionarios y permisionarios, estaría en contra del espíritu de libertad tarifaria establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones.
4. Sin embargo, los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos con la propuesta de los diputados Jorge Humberto López-Portillo Basave y Arturo Zamora Jiménez, al señalar que la oferta comercial, en aras a permitir el mayor acceso a usuarios a los servicios de telecomunicaciones, así como de fomentar la sana competencia entre los operadores, debe verse complementada por planes y tarifas donde la medición, tasación y cobro de los servicios local y de larga distancia se encuentren basados en el tiempo real de consumo, tomando como unidad de medida el segundo, lo cual, por una parte fomentará la capacidad de elección de los usuarios, quienes podrán decidir además de otros criterios de calidad y precio, por aquél criterio de medición y cobro, que mejor se acomode a sus necesidades particulares y presupuestos.
De la misma forma, consideramos que el proyecto es perfectamente compatible con lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones, en cuyo artículo séptimo establece entre sus objetivos el promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, así como el de fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuario.
En el dictamen, se considera procedente la iniciativa presentada por los diputados Jorge Humberto López-Portillo Basave y Arturo Zamora Jiménez, con la salvedad de aplicar una modificación a la redacción del texto normativo que propone los iniciantes, para quedar como sigue:
Decreto
Artículo Único: Se adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:
Artículo 60.Los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.
En el caso de servicios de telecomunicaciones que se ofrecen al público consumidor con cargos por concepto de la duración de las comunicaciones, los concesionarios y permisionarios deberán incluir dentro de su oferta comercial de planes y/o tarifas, el cobro por segundo, sin perjuicio de otros que se basen en el cobro por minuto, por evento, por capacidad o cualquier otra modalidad.
En mérito de lo antes expuesto, la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones
Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:
Artículo 60. ...
En el caso de servicios de telecomunicaciones que se ofrecen al público consumidor con cargos por concepto de la duración de las comunicaciones, los concesionarios y permisionarios deberán incluir dentro de su oferta comercial de planes y tarifas, el cobro por segundo, sin perjuicio de otros que se basen en el cobro por minuto, por evento, por capacidad o cualquier otra modalidad.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones, realizaran las adecuaciones necesarias a sus sistemas de facturación e infraestructura, elaboren los planes y tarifas considerando el segundo como criterio de medición y cobro, así como para que presenten para su registro, previo a su puesta en vigor, de acuerdo con lo señalado en los artículos 61 y 64, fracción VIII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2011.
La Comisión de Comunicaciones, diputados:José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), presidente; Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Arturo García Portillo (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández, Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Fernando Ferreira Olivares (rúbrica), José M. Torres Robledo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales, Adriana Fuentes Cortés, secretarios; Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Rogelio Cerda Pérez, Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Ricardo Ahued Bardahuil, Sofía Castro Ríos (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez, Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre, Ana Estela Durán Rico, Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Javier Corral Jurado (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), Aranzazu Quintanilla Padilla (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Martín García Avilés, Maricarmen Valls Esponda (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona la fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación
Honorable Asamblea:
Las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Derechos Humanos de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 80, numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a su consideración el presente dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El 12 de enero del 2011, el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, “con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 60, 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 27 bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación”.
2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, turnó la citada iniciativa a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Derechos Humanos para el análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
Contenido de la iniciativa
La iniciativa en estudio refiere que el Estado Mexicano al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño, asumió el compromiso “de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella,” así como de constituir el interés superior del niño. Cuyo compromiso quedó plasmado en nuestra Constitución al señalar que:
Los niños y niñas tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Asimismo, quedó señalado que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos y que el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos otorgando facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.
Particularmente, refiere el diputado proponente que la infancia que se encuentra en situación de calle, realiza actividades que ponen en riesgo su integridad, sumado a las condiciones deficientes de salud, desventaja social, adicciones, entre otras de naturaleza similar. Además de que su número ha aumentado considerablemente.
Los planteamientos contemplados en la iniciativa que se analiza, pretenden garantizar los derechos de la niñez que se encuentra en situación de calle, mediante “propuestas legislativas que vayan encaminadas a brindarles mayores herramientas para su atención, y por medio de la instrumentación de políticas públicas y planes de desarrollo”.
Para dar cumplimiento a lo anterior, considera necesario la adición de un artículo 27 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de “establecer la obligación de las autoridades de impulsar programas para la atención, rehabilitación e inserción social de las niñas, niños y adolescentes que viven en situación de calle. Para ello, las autoridades podrán establecer convenios de colaboración con las instituciones del sector privado y social con el objeto de brindarles a través de programas compensatorios, las medidas que garanticen el peno respeto y ejercicio de sus derechos.”
Y sumado a lo anterior, propone la adición de la fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, “con el propósito de que los órganos públicos y las autoridades federales... lleven a cabo como una medida positiva y compensatoria a favor de la igualdad de oportunidades la de instrumentar programas para garantizar la protección y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que por alguna situación de vulnerabilidad social se encuentran en riesgo, abandono o situación de calle.”
Derivado del análisis de la iniciativa de mérito, estas comisiones Unidas formulan las siguientes
Consideraciones
1. Efectivamente, como lo refiere el diputado proponente, el Estado Mexicano debe cumplir con el contenido y alcance de las disposiciones contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño. Por lo que esta Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, en su sesión celebrada el 29 de abril del 2010, aprobó la reforma a los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. y la adición de la fracción XXIX-P al artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativa al interés superior de la infancia, al disponer que:
Artículo 4o. ...
...
...
...
...
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y hacer cumplir estos derechos y principios.
...
...
Artículo 73. ...
I. a la XXIX-O. ...
XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los Tratados Internacionales de la materia, de los que México sea parte.
XXX. ...
2. En este tenor, es importante reconocer que desde hace varias décadas se han constituido familias en la calle, porque de acuerdo a datos estadísticos de organismos no gubernamentales como de instancias del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, las primeras generaciones de niños en situación de calle han constituido familias que pernoctan en la calle.
Al respecto, refiere la entonces jefa del Departamento de Menores Trabajadores Urbanos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, Patricia Tella Rosas que “así, se encuentran casos de abuelos, padres e hijos en situación de calle; sin embargo, debido a que siempre están moviéndose se complica un seguimiento oficial”. 1 Y debido al gran número de familias en la calle, ha sido necesaria la implementación de programas que atiendan esta problemática, como en el Estado de Jalisco.
Luego entonces, hablar de niñas, niños y adolescentes que se encuentran “privados de su familia” excluiría a gran parte de este sector que viven en la calle con su familia, razón por la cual resulta improcedente incluir un artículo adicional al Capítulo Séptimo del Derecho a vivir en Familia, cuando claramente esta determinado en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que:
Artículo 23. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de sus padres o de los familiares con los que convivan, ni causa de la pérdida de la patria potestad.
El Estado velará porque sólo sean separados de sus padres y de sus madres mediante sentencia u orden preventiva judicial que declare legalmente la separación y de conformidad con causas previamente dispuestas en las leyes, así como de procedimientos en los que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas incluidas niñas, niños y adolescentes. Las leyes establecerán lo necesario, a fin de asegurar que no se juzguen como exposición ni estado de abandono, los casos de padres y madres que, por extrema pobreza o porque tengan necesidad de ganarse el sustento lejos de su lugar de residencia, tengan dificultades para atenderlos permanentemente, siempre que los mantengan al cuidado de otras personas, los traten sin violencia y provean a su subsistencia.
Se establecerán programas de apoyo a las familias para que esa falta de recursos no sea causa de separación.
3. Del planteamiento contemplado en la iniciativa para que las autoridades de los distintos niveles de gobierno, impulsen programas para la atención de la infancia que se encuentra privada de su familia y en situación de calle, celebrando “convenios de colaboración con las instituciones del sector privado y social a efecto de realizar acciones conjuntas” que permitan el pleno respeto y ejercicio de sus derechos, cabe señalar que esta propuesta ya se encuentra contemplada en el segundo párrafo de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que a la letra dice:
Artículo 1. ...
La federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de su competencia, podrán expedir las normas legales y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta ley.
Así como en el artículo 3 que dispone:
La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.
Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes:
A. El del interés superior de la infancia.
B. El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia.
C. El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales.
D. El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo.
E. El de tener una vida libre de violencia.
F. El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad.
G. El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales.
Por otra parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dispone en su artículo 32 que a la Secretaría de Desarrollo Social le corresponde:
VI. Coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos de las áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales y, con la participación de los sectores social y privado;
Sumado a lo anterior, las y los diputados integrantes de estas Comisiones dictaminadoras coinciden en que la propuesta del diputado, ya se encuentra contemplada en el marco legal correspondiente.
4. Por otro lado, en cuanto al interés del diputado Jorge Kahwagi para que las autoridades celebren convenios de colaboración para brindarles protección a la infancia que se encuentren en situación de calle, es importante señalar que estas acciones ya se encuentran contempladas en la Ley Federal de Fomento de las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, hecho que se puede apreciar en las fracciones III, VIII y XI del artículo 6 que ordena:
Artículo 6. Para los efectos de esta ley, las organizaciones de la sociedad civil tienen los siguientes derechos:
[...]
III. Integrarse a los órganos de participación y consulta instaurados por la Administración Pública Federal, en las áreas vinculadas con las actividades a que se refiere el artículo 5 de esta ley, y que establezcan o deban operar las dependencias o entidades;
[...]
VIII. Coadyuvar con las autoridades competentes, en los términos de los convenios que al efecto se celebren, en la prestación de servicios públicos relacionados con las actividades previstas en el artículo 5 de esta ley;
[...]
XI. Participar, en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables, en la planeación, ejecución y seguimiento de las políticas, programas, proyectos y procesos que realicen las dependencias y entidades, en relación con las actividades a que se refiere el artículo 5 de esta ley, y
Además del artículo 13 de este mismo ordenamiento, en sus fracciones IV y VII dispone que:
Artículo 13. Las dependencias y las entidades podrán fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil establecidas en el artículo 5 de esta ley, mediante alguna o varias de las siguientes acciones:
[...]
IV. Concertación y coordinación con organizaciones para impulsar sus actividades, de entre las previstas en el artículo 5 de esta ley;
[...]
VII. Celebración de convenios de coordinación entre ámbitos de gobierno, a efecto de que éstos contribuyan al fomento de las actividades objeto de esta ley, y
[...]
Por otra parte, en la Ley de Asistencia Social también se contempla en los artículos 9 y 21 que:
Artículo 9. La Secretaría de Salud, en su carácter de autoridad sanitaria, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en su carácter de coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, tendrán respecto de la asistencia social, y como materia de salubridad general, las siguientes atribuciones:
[...]
X. Concertar acciones con los sectores social y privado, mediante convenios y contratos en que se regulen la prestación y promoción de los servicios de salud en materia de asistencia social, con la participación que corresponda a otras dependencias o entidades;
[...]
Artículo 21. Los gobiernos Federal, de las Entidades Federativas, del Distrito Federal, y de los Municipios, en sus respectivas competencias, podrán promover la participación correspondiente de la sociedad en la planeación, ejecución y evaluación de la política nacional de asistencia social. Para tal efecto, podrán concertar acciones y establecer acuerdos y convenios de colaboración con los sectores social y privado y con instituciones académicas, grupos y demás personas físicas y morales interesadas en la prestación de servicios de asistencia social.
Por lo anteriormente analizado en torno al marco legal vigente y a la propia problemática de la población infantil que se encuentra en situación de calle, estas codictaminadoras estiman que la intención del diputado proponente ya se encuentra contemplada en los ordenamientos antes citados, motivo por el cual es innecesaria la adición del artículo 27 bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sugerido por el diputado proponente.
5. En cuanto a la propuesta del diputado Kahwagi para adicionar una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ésta resulta parcialmente viable en el sentido de incorporar la obligación por parte de las instancias públicas federales de instrumentar programas para garantizar la protección y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes que por alguna situación de vulnerabilidad social se encuentran en riesgo, abandono o situación de calle.
El artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación señala:
Artículo 11. Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de las niñas y los niños:
I. Instrumentar programas de atención médica y sanitaria para combatir la mortalidad y la desnutrición infantiles;
II. Impartir educación para la preservación de la salud, el conocimiento integral de la sexualidad, la planificación familiar, la paternidad responsable y el respeto a los derechos humanos;
III. Promover el acceso a centros de desarrollo infantil, incluyendo a menores con discapacidad;
IV. Promover las condiciones necesarias para que los menores puedan convivir con sus padres o tutores, incluyendo políticas públicas de reunificación familiar para migrantes y personas privadas de la libertad;
V. Preferir, en igualdad de circunstancias, a las personas que tengan a su cargo menores de edad en el otorgamiento de becas, créditos u otros beneficios;
VI. Alentar la producción y difusión de libros para niños y niñas;
VII. Promover la creación de instituciones que tutelen a los menores privados de su medio familiar, incluyendo hogares de guarda y albergues para estancias temporales;
VIII. Promover la recuperación física, psicológica y la integración social de todo menor víctima de abandono, explotación, malos tratos o conflictos armados, y
IX. Proporcionar, en los términos de la legislación en la materia, asistencia legal y psicológica gratuita e intérprete en los procedimientos judiciales o administrativos, en que sea procedente.
Al anterior numeral, el diputado proponente sugiere incluir la siguiente fracción:
X. Instrumentar programas para garantizar la protección y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que por alguna situación de vulnerabilidad social se encuentren en riesgo, abandono o situación de calle.
6. Al respecto, estas comisiones unidas comparten la intención del diputado proponente para que se asegure la protección a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, consideran que el sector poblacional para el que propone su atención, limitaría la protección que requiere la población infantil que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.
Sumado a lo anterior, la aplicación de medidas positivas y compensatorias señaladas en las distintas fracciones del artículo 11, implican acciones que pretenden propiciar la igualdad de oportunidades entre la población infantil, razón por la que necesariamente deben ser beneficiados las y los infantes que se encuentran en desventaja social. Cabe mencionar que por su fragilidad y vulnerabilidad, la infancia requiere de mayor protección en los ámbitos familiar y social, con el propósito de evitarles mayores condiciones de desventaja.
Luego entonces, la protección que se les brinde debe ser una auténtica prioridad sin distinción alguna, salvo aquella que atienda sus propias características de necesidad, ya que no se puede atender de manera similar a las personas con discapacidad que a las que se encuentran refugiadas, por mencionar un ejemplo.
En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido la siguiente tesis jurisprudencial que señala la atención que requiere la población que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad:
Registro número 166608
Novena época, Pleno
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXX, Agosto de 2009
Página: 1072
Tesis: P./J. 85/2009
Jurisprudencia
Pobreza, marginación y vulnerabilidad. Conforme a lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social no Constituyen Sinónimos. Conforme a lo establecido en la fracción VI del artículo 5 de la Ley citada los “grupos sociales en situación de vulnerabilidad”, se definen como: “aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar”. Por su parte, los artículos 8 y 9 de esa Ley los identifican como los sujetos que tienen derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja y su artículo 19, en su fracción III, prevé que son prioritarios y de interés público para la Política Nacional de Desarrollo Social los programas dirigidos a las personas en situación de vulnerabilidad. ...Desde la definición de “grupos en situación de vulnerabilidad” se desprende que la vulnerabilidad es una condición multifactorial, ya que se refiere en general a situaciones de riesgo o discriminación que impiden alcanzar mejores niveles de vida y lograr bienestar. El derecho de estos grupos y de personas en lo individual, según el artículo 8, es el de recibir acciones y apoyos para disminuir su desventaja...
Por otra parte, atendiendo el contenido central de la disposición señalada en el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, relativo a la aplicación de “medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de las niñas y los niños” implica necesariamente, la realización de acciones que combatan la discriminación, a través de medidas especiales que faciliten y alcancen la igualdad real de oportunidades y de resultados.
En el análisis de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la maestra María Estela Ferrer MacGregor, secretaria de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala que “en el ámbito jurídico nacen las acciones positivas como medidas de impulso y promoción que tienen por objeto lograr la igualdad real de hombres y mujeres mediante la eliminación de las desigualdades existentes.”
7. Por lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras estiman necesario modificar la propuesta del diputado para efecto de enriquecer la protección que, en materia de discriminación, requiere la población infantil vulnerable de nuestro país, toda vez que la iniciativa sólo se enfoca a la población que se encuentra “en riesgo, abandono o situación de calle”.
Al efecto, se propone la siguiente redacción:
X. Realizar acciones que disminuyan y en su caso erradiquen, las causas que originan sus condiciones de vulnerabilidad social.
El Comité de Derechos de la Organización de Naciones Unidas ha señalado “que los Estados a menudo deberán tomar acciones afirmativas para disminuir o eliminar las condiciones que causan o favorecen la persistencia de discriminaciones”. Y con la anterior propuesta, las y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas, pretendemos dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño, que a la letra dice:
Artículo 2.
1. ...
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.
8. Por lo que corresponde al impacto presupuestal y en apego a lo establecido en la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se solicito la valoración de impacto presupuestal al Centro de Estudios de las Finanzas Publicas de esta Cámara de Diputados, informando que la aprobación de esta Iniciativa no genera impacto presupuestario por tanto estas Comisiones Dictaminadoras concluyen que no implica partida adicional alguna, toda vez que las acciones que pudieran realizar las instancias competentes para el cumplimiento de la presente disposición, se encuentran consideradas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 (publicado el 7 de diciembre del 2010 en el Diario Oficial de la Federación), en virtud de que el último párrafo del artículo 1o. dispone que
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportará en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública la evolución de las erogaciones correspondientes a los respectivos anexos relacionados con los programas presupuestarios para la igualdad entre mujeres y hombres; de ciencia, tecnología e innovación; especial concurrente para el desarrollo sustentable; erogaciones para el desarrollo integral de los jóvenes; recursos para la atención de grupos vulnerables, y erogaciones para el desarrollo integral de la población indígena.
Y particularmente para el ejercicio fiscal del presente año, se encuentra el anexo 24 relativo a los recursos para la atención a grupos vulnerables.
Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Derechos Humanos someten a consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de
Decreto que adiciona una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Artículo Único. Se adiciona una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:
Artículo 11. ...
I. a VII. ...
VIII. Promover la recuperación física, psicológica y la integración social de todo menor víctima de abandono, explotación, malos tratos o conflictos armados;
IX. Proporcionar, en los términos de la legislación en la materia, asistencia legal y psicológica gratuita e intérprete en los procedimientos judiciales o administrativos, en que sea procedente, y
X. Realizar acciones que disminuyan y en su caso erradiquen, las causas que originan sus condiciones de vulnerabilidad social.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 http://impreso.milenio.com/node/8060893
2 http://www.lajornadajalisco.com.mx/2009/01/15/index.php?section=opinion&art icle=008a1pol
3 http://www.scjn.gob.mx/2010/transparencia/Documents/Becarios/Becarios_092.pdf
4 Red por los Derechos de la Infancia. Índice de medición de calidad de leyes en el marco normativo de los derechos de la infancia. Diciembre 2009, página 38.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de mayo de 2011.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), presidenta; Delia Guerrero Coronado, Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Daniela Nadal Riquelme (rúbrica), María Jeann Novoa Mossberger (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Carlos Bello Otero, Obdulia Magdalena Torres Abarca, secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Hilda Ceballos Llerenas (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), Laura Felícitas García Dávila (rúbrica), Luis García Silva (rúbrica), Patricia González Soto, Inocencio Ibarra Piña (rúbrica), Blanca Estela Jiménez Hernández, Margarita Liborio Arrazola, Ilich Augusto Lozano Herrera, Rosalina Mazari Espín, Nelly Edith Miranda Herrera (rúbrica), Ana Elia Paredes Árciga, María Isabel Pérez Santos (rúbrica), Caritina Sáenz Vargas, Laura Margarita Suárez González, María Sandra Ugalde Basaldúa, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica).
La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Manuel Cadena Morales (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda, Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Clara Gómez Caro, Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz, secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez, Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León, Sami David David (rúbrica), Margarita Gallegos Soto (rúbrica), Lizbeth García Coronado, Noé Fernando Garza Flores, Diana Patricia González Soto, María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Héctor Hernández Silva, Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Aránzazu Quintana Padilla, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Florentina Rosario Morales, Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular. Tiene la palabra la diputada María Sandra Ugalde Basaldúa.
La diputada María Sandra Ugalde Basaldúa:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, de acuerdo al artículo 4o. constitucional, los niños y las niñas tienen de derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Sin embargo, a pesar del mandato constitucional de lo que establece la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y lo previsto en la Convención de los Derechos del Niño, resulta claro que aún queda mucho camino por recorrer en la labor de superar la disparidad que persiste en el país, y garantizar para todos y cada uno de los niños y niñas el acceso a una igualdad plena y la no discriminación.
La propuesta que hoy votamos y que adiciona la fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, busca contribuir a ello, pretende que los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, realicen acciones que disminuyan y, en su caso, erradiquen las causas que originan las condiciones de vulnerabilidad social en las que se encuentran las niñas y los niños.
Coincidimos con las modificaciones que presentan las comisiones dictaminadoras a la iniciativa del legislador proponente, toda vez que enriquecen la protección que en materia de discriminación requiere la población infantil vulnerable de nuestro país.
Es un hecho que por su fragilidad y vulnerabilidad los menores de edad requieren de mayor protección en los ámbitos familiar y social. Con el propósito de evitarles mayores condiciones de desventaja, haber ratificado una herramienta fundamental para la Convención sobre los Derechos del Niño nos obliga a invertir en los derechos de la infancia, a asumir una visión de largo plazo, fortaleciendo las capacidades humanas e institucionales para asegurar su bienestar.
Las niñas y los niños son ciudadanos de hoy, por lo que todas las acciones encaminadas a garantizar y proteger sus derechos son un imperativo impostergable para la sociedad mexicana. El cumplimiento de los derechos de los niños es una tarea del presente, porque la infancia es protagonista de una realidad actual y no futura.
Compañeras y compañeros legisladores, en Acción Nacional los invitamos a colocar a las niñas y los niños en el centro de las respuestas jurídicas, institucionales, sociales y de políticas públicas y al mismo tiempo, a sumar esfuerzos para construir un México que brinde condiciones óptimas para su desarrollo integral. Muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Hace uso de la palabra, por el partido Convergencia, la diputada María Guadalupe García Almanza.
La diputada María Guadalupe García Almanza:Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados, el dictamen que este día se somete a la consideración de esta soberanía, referente a la adición de una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, plantea y establece que los niños y niñas tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Asimismo, los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar los derechos de niñas y niños. Que el Estado deberá prever lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y otorgando facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los mismos. Ya que se pretenden garantizar propuestas educativas que vayan encaminadas a brindarles mayores herramientas para su atención, por medio de la instrumentación de políticas públicas y planes de desarrollo.
En las consideraciones de este dictamen se establece que las autoridades de los distintos niveles de gobierno deben impulsar programas para la atención de la infancia que se encuentra privada de su familia, celebrando convenios de colaboración entre las instituciones del sector privado y social, a efecto de realizar acciones conjuntas que permitan el pleno respeto y ejercicio de sus derechos.
El grupo parlamentario de movimiento ciudadano considera que con la aprobación de dicho dictamen se atiende el contenido central de la disposición señalada en el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, relativa a la aplicación de medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de las niñas y los niños. Ello implica, necesariamente, la realización de acciones que combatan la discriminación a través de medidas especiales que faciliten y alcancen la igualdad real de oportunidades y de resultados.
Consideramos que con esta adecuación se fortalece el marco regulatorio que contribuya a la protección requerida para inhibir o mitigar, considerablemente, las prácticas de discriminación que sufre la población infantil como un sector vulnerable de nuestro país. Confiamos en que esta reforma se articule con otras más que apunten en el mismo sentido.
Por lo antes expuesto, el grupo parlamentario del movimiento ciudadano emitirá su voto aprobatorio para respaldar el presente dictamen. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra la diputada Olga Luz Espinosa Morales.
La diputada Olga Luz Espinosa Morales:Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, el día de hoy subo a esta tribuna de la nación para posicionar a mi grupo parlamentario respecto del proyecto de dictamen, donde se adiciona la fracción X, al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, al tenor de las siguientes consideraciones:
Las crisis económicas determinan de manera alarmante el crecimiento de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Al hablar de vulnerabilidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado que son todas aquellas situaciones de riesgo y discriminación que impiden que una persona pueda lograr su bienestar.
Al hablar de la situación de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad nos tenemos que remitir a todas aquellas condiciones que, por edad, pobreza, género, discapacidad o estado de salud, impiden que los niños puedan tener una vida plena, que puedan hacer frente a todas aquellas circunstancias que la misma sociedad les impone.
Cuando hablamos de los derechos de la infancia no podemos dejar atrás o dejar de mencionar a la Convención de los Derechos del Niño, de la cual nuestro Estado mexicano es parte desde 1990. Es por ello que todo lo enumerado en esta convención forma parte de nuestro derecho positivo y vigente.
Sin embargo, es preocupante que el comité encargado de vigilar el debido cumplimiento de esta convención haya manifestado su preocupación de que el Estado mexicano no cuenta con políticas públicas eficientes para garantizar todo lo enumerado y reconocido en esta convención.
Compañeros diputados, compañeras diputadas, han pasado más de 20 años desde que el Estado mexicano adoptó como premisa fundamental al interés superior del niño, como base fundamental para la creación, la interpretación y aplicación de la normativa a favor de la infancia en México.
Esto es preocupante, debido a que en México existen más de 29 millones de niños, niñas y adolescentes, además que tenemos que considerar que los niños y niñas de nuestro país pueden caer en estado de vulnerabilidad más que un adulto.
Sólo al tocar el tema sensible de los niños en situación de calle tenemos que reconocer que efectivamente existen políticas públicas como De la vida a la calle; sin embargo, también tenemos que reconocer que el Sistema DIF Nacional ha manifestado que en nuestro país existen más de 95 mil niños que están en esta situación. Muchos de ellos se dedican a la mendicidad, otros a la prostitución, con la finalidad de ganar de uno a dos salarios mínimos al día.
Reconocemos que la problemática de los derechos a favor de la infancia es mucha; que existen grandes retos. También reconocemos que este dictamen que hoy nos ocupa tiene un enfoque de justicia social. También reconocernos que tenemos que dar pasos más firmes para favorecer los derechos de la infancia.
Es por ello, compañeros diputados, compañeras diputadas, que hoy los invito a votar a favor de este dictamen, en donde se adiciona la fracción X, donde se obliga a las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, para realizar tantas y cuantas diligencias sean necesarias y procedentes para que los niños y niñas puedan evitar ese tortuoso proceder de vulnerabilidad. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Está abierto todavía el sistema. Vamos a recoger la votación de los que faltaron, de viva voz.
El diputado Liborio Vidal Aguilar(desde la curul): A favor.
La diputada Yolanda de la Torre Valdez(desde la curul): A favor.
El diputado Alfredo Villegas Arreola(desde la curul): A favor.
La diputada Iridia Salazar Blanco(desde la curul): A favor.
La diputada Sonia Mendoza Díaz (desde la curul): A favor.
La diputada Gloria Romero León(desde la curul): A favor.
El diputado Pedro Jiménez León(desde la curul): A favor.
La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): A favor.
La diputada Georgina Trujillo Zentella (desde la curul): A favor.
El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez(desde la curul): A favor.
La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo(desde la curul): A favor.
La diputada Ana Elia Paredes Arciga(desde la curul): A favor.
El diputado José Francisco Rábago Castillo(desde la curul): A favor
El diputado Edgardo Melhem Salinas(desde la curul): A favor.
La diputada Daniela Nadal Riquelme(desde la curul): A favor.
El diputado José Ignacio Pichardo Lechuga(desde la curul): A favor.
El diputado David Ricardo Sánchez Guevara(desde la curul): A favor.
La diputada Kenia López Rabadán(desde la curul): A favor...
El diputado César Octavio Madrigal Díaz(desde la curul): A favor.
El diputado Juan José Cuevas García (desde la curul): A favor.
La diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza(desde la curul): A favor.
La diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz(desde la curul): A favor.
El diputado Óscar Martín Arce Paniagua(desde la curul): A favor.
El diputado José Antonio Aysa Bernat(desde la curul): A favor.
El diputado Rogelio Cerda Pérez (desde la curul): A favor.
La diputada María Cristina Díaz Salazar(desde la curul): A favor.
El diputado Óscar Javier Lara Aréchiga (desde la curul): A favor.
La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (desde la curul): A favor.
El diputado Sami David David (desde la curul): A favor.
El diputado Jaime Sánchez Vélez (desde la curul): A favor.
La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: A favor.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Señor presidente, se emitieron 369 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
Presidencia del diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Aprobado en lo general y en lo particular por 369 votos el proyecto de decreto que adiciona una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
INSCRIPCIONES DE HONOR EN LA CAMARA DE DIPUTADOS
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide los criterios para las inscripciones de honor en la Cámara de Diputados.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que expide los Criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados
Honorable Asamblea:
La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias (comisión), correspondiente a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, 40, incisos a) y b), 45, numeral 6, inciso e), todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, 85 y 157, numeral 1, fracción I, 262 y décimo transitorio, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, expone a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes
I. Antecedentes
Durante la LX Legislatura, el jueves 3 de abril de 2008, los diputados Víctor Samuel Palma César y Carlos Ernesto Zatarain González, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 40, numeral 2, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y expedir el Reglamento para la Inscripción de Letras de Oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados.
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mandató que se turnará a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
La iniciativa se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 2476-II, el jueves 3 de abril de 2008.
II. Contenido de la iniciativa
En la exposición de motivos, los autores de la iniciativa explican que “de conformidad con el artículo 40, numeral 2, incisos a) y b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, compete a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presentar proyectos de ley o de decreto para adecuar las normas que rigen las actividades camarales y la de dictaminar propuestas que se presenten en esta materia, así como lo concerniente a las distinciones que se otorguen en nombre de la Cámara de Diputados.
No es tarea menor, consideran los autores, “...poder valorar y reconocer a instituciones, a mujeres y hombres en su justa dimensión, ya que sus vidas y obras, a favor del pueblo de México y de la humanidad, merecen una evaluación objetiva, imparcial, apartada de prejuicios y de posiciones ideológicas de los integrantes de la comisión antes señalada, para hacer prevalecer principios de validez universal en sus decisiones, al momento de resolver sobre las diversas solicitudes de inscripción de letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados”.
Como antecedente refieren los iniciadores “...que el 19 de julio de 1823 fue aprobado el decreto relativo a las primeras inscripciones denominado Declaración de Honor de los primeros héroes libertadores de la nación y los que los siguieron, como el resultado de la decisión del Congreso mexicano de inscribir sus nombres con letras de oro en el salón de Cortes, al consumarse la independencia nacional.
Cabe aclarar que estas disposiciones de 1823 se dieron en un ambiente de profundas diferencias ocasionadas al término de la Guerra de Independencia, cuyos efectos incidían para la consagración de los héroes que se habían distinguido por su participación en las diferentes batallas para alcanzar la libertad del pueblo mexicano. La exaltación de los grandes personajes de una nación en busca de consolidarse como país soberano, resultaba imprescindible en el marco de la consumación de la Independencia de México; de esa forma se reivindicaban actos heroicos y aportaciones fundamentales para la afirmación de nuestra nacionalidad”.
“A casi 200 años de establecerse los primeros reconocimientos plasmados con letras de oro en los diferentes recintos parlamentarios, es necesario establecer los mecanismos jurídicos y políticos para actualizar estas distinciones a quienes por su destacada labor en las distintas áreas del conocimiento, han aportado su vida y obra en beneficio de la nación o de la humanidad”. En la actualidad “...sigue siendo una necesidad como la de entonces, honrar las gestas, las instituciones y las aportaciones que nos han forjado como una nación con lugar preeminente en el mundo; en la actualidad la heroicidad de quienes destacan por su contribución, no necesariamente se relaciona con ofrendar la vida en el campo de batalla, sino en aportaciones que sobresalen especialmente, en el ámbito humanista”.
Otro dato que destaca la iniciativa, para reiterar la importancia de tener una regulación respecto de las distinciones que se otorguen, es la distinción que otorga el Senado de la República “la Orden Mexicana de la Medalla de Honor Belisario Domínguez a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de la patria o de la humanidad”, para la cual dispone de los mecanismos jurídicos y políticos que permiten elegir al personaje más idóneo para recibirla.
“Desde 1953, la Cámara de Senadores constituyó una comisión especial encargada de estudiar las postulaciones y de expedir el Reglamento correspondiente, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre, del mismo año.
Es oportuno recordar que también en el artículo 100, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente, se establece que el Senado otorgará, anualmente, a las y los mexicanos que se consideran de excepción la señalada distinción”.
Por lo anterior, plantean los autores “...resultaría pertinente que expidiéramos el Reglamento para la Inscripción de Letras de Oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, con la finalidad de que establezcamos en él, los mecanismos precisos que regulen los aspectos relacionados con las propuestas de nombres, leyendas o inscripciones que tienen referencia a la vida, obra o acción de personas o instituciones que resulten de trascendencia para los mexicanos y para la humanidad; la votación necesaria en el pleno para que proceda la inscripción; la temporalidad y el protocolo, entre otros aspectos que resulten de trascendencia para las presentes y las futuras generaciones.
Es deber de esta representación nacional fomentar las acciones que permitan elevar la cultura cívica y política de los gobernantes y de los ciudadanos para que valoren con oportunidad, objetividad y transparencia, el legado de personas e instituciones que nos permitan fortalecer el orgullo nacional por ellas, ya que sus aportaciones al país resaltan nuestra identidad para trascender en el mundo del siglo XXI”.
III. Consideraciones
El 15 de diciembre de 2010 se aprobó la expedición del Reglamento de la Cámara de Diputados, en cuyo artículo 262 se incluyó la disposición de que la Cámara podrá realizar inscripciones dentro del recinto, en los espacios adecuados para tal fin, conforme a los Criterios para las Inscripciones de Honor en el Recinto de la Cámara de Diputados que emita la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
En el mismo sentido, el artículo décimo del Reglamento de la Cámara de Diputados estableció la obligación para que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias estableciera los Criterios para Inscripciones de Honor en el Recinto de la Cámara de Diputados, a que se refiere el artículo 262, a más tardar seis meses después de la entrada en vigor del Reglamento.
De esta forma, quedó sin efecto la práctica parlamentaria de presentar iniciativas con propuestas para realizar inscripciones con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones. Lo anterior, porque a pesar de que comúnmente se han llamado así a este tipo de reconocimientos, en realidad se trata de letras en bronce y no de oro.
Asimismo, en atención a que el Muro de Honor del salón de sesiones está prácticamente cubierto con inscripciones, se estima conveniente permitir que tales homenajes puedan plasmarse no sólo en el sitio hasta ahora acostumbrado para ello, sino que puedan colocarse en otras áreas del Recinto, como salones, auditorios, pasillos o incluso edificios, sin que ello signifique un demerito de los tributos que la Cámara acuerde rendir a determinados personajes o hechos históricos. Por el contrario, lo que se busca es posibilitar que continúen este tipo de reconocimientos, pero de una forma más ordenada y bajo lineamientos definidos que eviten controversias como las que se han presentado.
Es una realidad que desde la aprobación de las primeras inscripciones hasta la más reciente, no existieron normas o algún reglamento específico que señalara los requisitos que debían contener las propuestas para las inscripciones con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados, de nombres, leyendas o apotegmas. Asimismo, tampoco han existido criterios definidos para aceptar o rechazar alguna inscripción. Por tal motivo, cualquier decisión y argumento en un sentido o en otro, podía resultar controversial; no obstante que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias tiene facultad plena para resolver al respecto, de acuerdo a lo que dispone el artículo 40, párrafo 2, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Es importante mencionar que en esta Soberanía, así como en la Cámara de Senadores, ya existe un antecedente digno de tomar en cuenta para regular las distinciones que se otorgan a nombre de la Cámara a personajes distinguidos, estamos hablando del Reglamento para la entrega de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, cuya expedición más reciente data de febrero de 2009.
Lo anterior, obliga a establecer criterios que permitan dictaminar a la Comisión todo lo relacionado con inscripciones de nombres, leyendas o apotegmas, en el marco de normas claras, que den certidumbre al proceso de discusión y aprobación o no de una iniciativa.
Por cuanto a la propuesta de reformar el artículo 40 de la Ley Orgánica que sugiere la iniciativa, esta dictaminadora considera conveniente posponer su modificación, en virtud de que como parte de su programa de trabajo, se planteó la meta de realizar una propuesta de reforma integral a este ordenamiento.
En este sentido, consideramos conveniente aprobar parcialmente la iniciativa, tomando sólo la propuesta de regular las inscripciones, aunque ahora con el fin de emitir los criterios en materia de inscripciones de honor que estamos obligados a expedir, y no un reglamento, así como dejar sin efecto la parte que corresponde a Ley Orgánica.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de
Decreto por el que se expiden los Criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados
Artículo Único. Se expiden los Criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados.
Artículo 1. Para los efectos de estos Criterios se entiende por:
I. Cámara: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
II. Comisión: La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
III. Inscripción o inscripciones: La Inscripción o inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados.
IV. Mesa Directiva: La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
V. Muro de Honor: Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados.
VI. Reglamento: Reglamento de la Cámara de Diputados.
Artículo 2. Las Inscripciones de nombres, leyendas o apotegmas tendrán como objetivo rendir homenaje a un personaje, institución o suceso histórico de trascendencia para nuestro país.
Artículo 3. Las Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados serán procedentes cuando tengan el acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes en el Pleno, previo dictamen que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presente debidamente fundado y motivado.
Artículo 4. Las características y especificaciones de las Inscripciones de Honor serán análogas a las Letras de Oro que ya se encuentran inscritas. La Comisión de Régimen será competente para ordenar las acciones que permitan conservar las condiciones de dignidad del Muro de Honor y dictaminar sobre la disposición de los espacios físicos respectivos en el salón de sesiones.
Artículo 5. La Comisión resolverá sobre las propuestas de Inscripción presentadas valorando los méritos, virtudes, grado de eminencia, aportaciones y servicios a la patria o a la humanidad; sujetándose a los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia, atendiendo a criterios de validez universal.
Artículo 6. La Comisión podrá expedir convocatoria dirigida a instituciones públicas, científicas, tecnológicas, académicas, sociales, culturales, deportivas, entre otras, a efecto de que presenten propuestas de inscripción, cada tres años y, de considerarlo necesario, solicitar opinión a instancias específicas cuyo punto de vista se considere relevante.
Artículo 7. La Comisión deliberará en sesión pública, transmitida por el Canal del Congreso, sobre los méritos de las personas o instituciones propuestas y la Inscripción precisa, que no esté contenida en el Muro de Honor o que pudiera generar confusión.
Artículo 8. Cuando se proponga la Inscripción del nombre o nombres de personas deberá haber transcurrido cuando menos, un período no menor a veinte años desde su fallecimiento.
Artículo 9. La Inscripción se hará en el espacio físico adecuado para ello, de la Plaza Legislativa, o bien, en los salones o auditorios que habitualmente se utilizan para las reuniones de las comisiones ordinarias.
Artículo 10. Para realizar la Inscripción podrá realizarse una Sesión Solemne a la que concurrirán como invitados representantes de los diversos sectores de la sociedad, expidiéndose el bando correspondiente.
Artículo 11. La Mesa Directiva llevará el registro de las inscripciones y difundirá por los medios de comunicación a su alcance, el contenido y significado de estas.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Comisión podrá, a través de un dictamen, atender todas las iniciativas pendientes de resolución en materia de Letras de Oro, que no alcancen el consenso de sus integrantes para ser aprobadas.
La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Jesús María Rodríguez Hernández (rúbrica), presidente; Emiliano Velázquez Esquivel, José Antonio Arámbula López (rúbrica), secretarios; Sami David David (rúbrica), Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Jesús Alfonso Navarrete Prida, Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), José Ricardo López Pescador (rúbrica), Julio César Castellanos Ramírez (rúbrica), Carlos Agustín Castilla Marroquín, Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, Gastón Luque Garza, José Luis Jaime Correa (rúbrica), Luis Felipe Eguía Pérez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica).»
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): No se oye.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Repito, diputado. El siguiente del punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide los Criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Sí, diputado.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Le pregunto, porque en el orden del día teníamos un asunto previo relativo a las reformas a la Ley General de Salud. Después del tema que acabamos de votar, la reforma a la fracción X, del artículo 11, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; el siguiente punto era de Comisiones Unidas de Salud y de Ciencia y Tecnología, para adicionar la fracción IX Bis, del artículo 3o., el título quinto Bis y su capítulo único, y el artículo 421 Ter de la Ley General de Salud.
Pregunto si por alguna razón no se va a cumplir con el orden del día, o si se modificó, ¿o qué pasó, presidente?
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Sí, diputado. A solicitud de los grupos parlamentarios pasamos a este punto y después, seguimos con los demás.
Tiene la palabra el diputado Jesús Rodríguez para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados por 5 minutos.
El diputado Jesús María Rodríguez Hernández:Presidente, con el permiso de la asamblea. A nombre de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, vengo a presentar ante ustedes el contenido del dictamen que establece los criterios para las inscripciones de honor en el recinto legislativo.
La expresión de este ordenamiento forma parte de la serie de modificaciones que esta Legislatura se trazó como meta, desde su inicio, con la Comisión de Régimen, el Reglamento ha podido materializar.
Cobra relevancia su aprobación, puesto que el origen de la inscripción de letras de oro data de julio de 1823, cuando fue aprobado el decreto bajo el título: Declaración de Honor de los Primero Héroes Libertadores de la Nación y los que siguieron.
Como resultado de la decisión del Congreso mexicano para inscribir sus nombres, de letras de oro, en el Salón de las Cortes. De esta forma, las llamadas Letras de Oro han estado inscritas en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados desde mediados del siglo XIX, en aquél salón ubicado en Palacio Nacional, pasando por el recinto de Donceles, que desde 1911 y hasta 1982 albergó la sede de la Cámara de Diputados, en cuyos frisos, arriba de las galerías para el público se apreciaban las inscripciones y posteriormente, se fueron colocando en los muros interiores.
Así llegamos hasta el último salón de sesiones donde nos encontramos, construido hace ya 30 años, en el que se encuentran plasmadas 76 inscripciones compuestas por nombres de mujeres y hombres que contribuyeron a la construcción de nuestra nación, en momentos como la Independencia, la Reforma o la Revolución; leyendas o apotegmas que conmemoran pasajes o lugares distintivos para la historia de nuestro país.
En tiempos tan inciertos para la nación, los legisladores consideraron pertinente enaltecer el heroísmo de quienes labraron el camino para el nacimiento y consolidación de nuestra patria. Eso fue así, hasta por lo menos la década de los años 60.
Pasada a la mitad del siglo XX, el Poder Legislativo consideró oportuno también, a través de las inscripciones con letras de oro, la labor de otros ilustres personajes, incluso, instituciones que dieron luz a nuestra historia en otros ámbitos de nuestra vida nacional.
Sin embargo, sin que para ello existiera una disposición o criterios definidos, bastó la apreciación y el acuerdo de quienes entonces se encontraban dotados de la investidura parlamentaria.
De ahí que encontremos destacados nombres de distintos personajes como Sor Juana Inés de la Cruz, Justo Sierra Méndez, Ricardo Flores Magón o la Universidad Nacional Autónoma de México, como el Instituto Politécnico Nacional.
Hasta hoy no existen normas o algún reglamento específico que señale los requisitos que deben contener las propuestas para la inscripción de letras de oro en el muro de honor del salón de sesiones, de nombres de leyendas o apotegmas. Asimismo, tampoco existen criterios definidos para aceptar o para rechazar alguna inscripción.
Por tal motivo, cualquier decisión en un sentido o en otro, resulta controversial. Y los argumentos esgrimidos para ello lo son también. No obstante, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias tiene la facultad plena para resolver al respecto, de acuerdo como lo establece el artículo 40 de la Ley Orgánica o, en su defecto, el artículo 262 de nuestro Reglamento de la Cámara de Diputados.
Cabe destacar que el nombre de Letras de Oro pasa a ser, si se aprueba, ahora Inscripciones de Honor y hasta el propio Reglamento nos permite hacer propuestas, no sólo para que este tipo de reconocimientos se realice en el interior del salón de sesiones, sino también en otros sitios destinados para ello.
De tal suerte que ahora se podrá nombrar a mujeres y hombres que en distintas etapas de la historia de nuestro país, han aportado en los ámbitos de la cultura o en cualquier otro, y que en ellos se han destacado como grandes partícipes de las transformaciones de nuestra patria.
Por lo anterior la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, se da a la tarea de presentar a ustedes este dictamen, por el que se expiden dichos criterios que hoy exponemos a su consideración.
De aprobarse por este pleno, los integrantes de la Comisión, esteramos en posibilidad de resolver las iniciativas pendientes, que son 32 relacionadas con la materia, turnadas durante la presente Legislatura, y tres que vienen de la anterior legislatura. Para ello, vamos a lograr tener reglas claras que nos permitan tomar una decisión objetiva al respecto.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a ustedes la aprobación del presente dictamen, que son una vez más el reflejo de la pluralidad representada en esta Cámara, en donde convergen distintas visiones de la sociedad, pero también en donde se logran consensos necesarios para avanzar en el camino de una mejor convivencia.
De igual forma, a nombre de la Comisión, presento a ustedes modificación al dictamen en el artículo 5o. y en el artículo 8o. para que se precise que solamente serán sujetos de este tipo de homenajes los ciudadanos mexicanos o ciudadanas mexicanas, para efecto de que no haya margen de confusión. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Los suscritos, integrantes de la junta directiva de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 146, numeral 3, y 158, numeral 1, fracción XI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos solicitarle exponga a la consideración de esta asamblea la modificación del dictamen por el que se expiden los Criterios para las Inscripciones de Honor de la Cámara de Diputados, con el fin de hacer una precisión en los artículos 5 y 8 de dichos criterios contenidos en el proyecto de decreto, para quedar como sigue:
Artículo 5.La Comisión resolverá sobre las propuestas de Inscripción presentadas valorando los méritos, virtudes, grado de eminencia, aportaciones y servicios a la patria o a la humanidad, de ciudadanos mexicanos o mexicanas; sujetándose a los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia, atendiendo a criterios de validez universal.
Artículo 8.Cuando se proponga la Inscripción del nombre o nombres de de ciudadanos mexicanos o mexicanasdeberá haber transcurrido cuando menos, un periodo no menor a veinte años desde su fallecimiento.
Sin otro particular, reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Palacio Legislativo, a 27 de septiembre de 2011.— Diputados: Jesús María Rodríguez Hernández (rúbrica), presidente; José Antonio Arámbula López (rúbrica), secretario; Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica), secretario.»
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Jesús María Rodríguez, a nombre de la Comisión.
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación propuesta. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias. En consecuencia, está a discusión en lo general, con la modificación propuesta por la comisión y aceptada por la asamblea.
De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se encuentran registrados para la discusión en lo general, los siguientes diputados: José Antonio Arámbula López, del Partido Acción Nacional; Luis Felipe Eguía Pérez, del Partido de la Revolución Democrática y Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo. Tiene el uso de la voz el diputado José Antonio Arámbula López.
El diputado José Antonio Arámbula López:Gracias, presidente. Honorable asamblea, distinguidas señoras y señores diputados, difícilmente es posible logar unanimidad cuando se define el tono y el contenido de un discurso, sobre todo en una etapa en la que el discurso político está caracterizado por la estridencia y por la descalificación generalizada.
Por ello, me complace traer ante este pleno un tema en el cual estoy seguro encontraremos algunas coincidencias, ya que estamos obligados a aprobar todas aquellas propuestas que tengan como principal objetivo adecuar las normas que rigen las actividades de esta Cámara de Diputados.
En efecto, adquiere especial relevancia, ya que mediante este dictamen se expiden los criterios para las inscripciones de honor en la Cámara de Diputados, la cual trae aparejada una nueva responsabilidad para nosotros, pues se trata de los lineamientos para estar en posibilidades de poder —o como lo menciona la propia exposición de motivos— valorar y reconocer a instituciones, a mujeres y hombres en su justa dimensión, ya que con sus vidas y obras a favor del pueblo de México y de la humanidad, han hecho prevalecer principios de validez universal en nuestras decisiones.
Debemos reconocer y por lo tanto lo enfatizo ante todos ustedes, que la inscripción en Letras de Oro en el muro de honor en el salón de sesiones está prácticamente ocupado, por lo que este dictamen nos permitirá colocar en otras áreas del recinto como salones, auditores, pasillos o incluso edificios otro tipo de inscripciones, sin que ello signifique un demérito de los tributos que la Cámara acuerde rendir a determinados personajes o hechos históricos.
De esta manera podremos continuar realizando este tipo de reconocimientos a aquellos personajes que han forjado lo que es hasta ahora nuestra nación, pero de una forma más ordenada y bajo lineamientos definidos que eviten controversias.
Por supuesto que estos criterios no únicamente abren espacios para rendir merecidos homenajes y reconocimientos, sino también obliga a los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias a dictaminar las propuestas que se presenten en esta materia, así como lo concerniente en las distinciones que se otorguen en nombre de la Cámara de Diputados, con la obligación de ejercitar una evaluación objetiva, imparcial, apartada de prejuicios y de posiciones ideológicas.
Estoy seguro, señores legisladores, que la aprobación de esta dictamen sentará un precedente positivo, en el cual nos demos a la tarea de actualizar y contemporizar todas aquellas disposiciones que no se prevean con exactitud en nuestra labor como representantes del pueblo mexicano.
Por tanto, Acción Nacional votará a favor de este dictamen, comprometidos con el orden institucional y con el recuerdo y reconocimiento constante de nuestras destacadas y destacados mexicanos. Es tanto, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la voz al diputado Luis Felipe Eguía Pérez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Luis Felipe Eguía Pérez:Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados, el dictamen que hoy nos ocupa viene a darle certeza a un proceso que sigue ante la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para proponer al pleno de esta Cámara los criterios para la Inscripción de Honor en los muros de este recinto legislativo y el cual está fundamentado en el artículo 262 del Reglamento Interno de esta Cámara de Diputados.
Con este instrumento normativo, esta comisión viene a darle continuidad a los trabajos que viene desarrollando a lo largo de la presente Legislatura, para modernizar el marco jurídico con el que la Cámara de Diputados toma sus decisiones soberanas, un marco cuyo principal fundamento lo encontramos en su propio Reglamento que tuvo a bien aprobar con sus últimas reformas en el pasado periodo de sesiones y que constituye una renovación profunda del funcionamiento de sus órganos.
Entre estos criterios, se señala que las inscripciones tendrán como objetivo rendir un homenaje a un personaje, instituciones o sucesos históricos de trascendencia para nuestro país, que serán procedentes por mayoría calificada por el pleno y que las características y especificaciones serán a partir de su aprobación y entrada en vigor a las que ya se encuentran inscritas, y será la Comisión de Régimen la que ordene las acciones pertinentes para conservar las condiciones de dignidad del muro de honor.
Será la propia comisión la que se encargue de resolver sobre las propuestas de Inscripción, siempre valorando sus méritos, sus eminencias del personaje o sus aportaciones para nuestro país o para la humanidad.
En esta tarea, la comisión deberá seguir los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia. Se hará una convocatoria amplia a la sociedad, a las instituciones educativas, científicas, culturales, sociales o deportivas, para que hagan llegar sus propuestas cada tres años.
El criterio novedoso también es que en la Inscripción se podrá hacer en los espacios físicos exterior del recinto, tomando en cuenta la saturación que existe en esta sala, y que para tal caso se podrá utilizar la Plaza Legislativa, o bien, las salas y salones o auditorios de uso cotidiano para el trabajo de las comisiones.
En suma, con estos criterios la comisión cumple con su propósito enhorabuena para la concretación de este instrumento. Es por esta razón que el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de este dictamen. Gracias, compañeros.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la voz al diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo.
El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputadas, diputados, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoyamos en sus términos el dictamen que nos presenta la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se expiden los criterios para la Inscripción de Honor en la Cámara de Diputados.
El muro de honor que se encuentra a mis espaldas y al frente de ustedes es una síntesis de la historia de México, que cubre prácticamente todas las etapas de nuestra vida como país; desde el México precolombino hasta la actualidad, en estos muros encontramos los nombres de mujeres y hombres, así como de instituciones que contribuyeron a forjar el México en el que hoy vivimos.
Desde Cuauhtémoc, el último emperador azteca, que enfrentó la conquista española y a quien correspondió rendirse ante los invasores el 13 de agosto de 1521, hasta los nombres de los principales promotores y autores de nuestra independencia, pasando por los héroes de la Reforma, la Revolución y la construcción del México moderno, todos ellos se encuentran aquí: Morelos, Juárez, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, encuentran aquí justo reconocimiento a su patriotismo y entrega a México.
Sor Juana Inés de la Cruz, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Mariana Rodríguez, Antonia Nava, Margarita Maza de Juárez y Carmen Serdán son testimonio también del valor, abnegación y desinterés de la mujer mexicana, que supieron supeditar sus intereses personales a ofrendar sus vidas y acciones por la construcción de un México mejor.
Instituciones como el Heroico Colegio Militar, la Heroica Escuela Naval Militar, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional tienen, con la inscripción de sus nombres en este muro de honor, el justo reconocimiento del pueblo de México a lo que ellos nos han aportado.
Lemas como el inmortal de Guerrero: La patria es primero. Que debería ser guía de nuestros gobernantes. También nos engalanan otros como el del inmortal indio de Guelatao, Benito Juárez.
En el dictamen que se somete a nuestra consideración se proponen mecanismos para reconocer el mérito y la valía de mexicanos de excepción, al reconocerlos con la Inscripción de su nombre en el recinto de la Cámara de Diputados cuando hayan transcurrido, al menos, 20 años desde su fallecimiento.
Se nos establece un candado de que los candidatos propuestos deben obtener una mayoría de al menos dos terceras partes de los votos, para que su nombre sea inscrito. Esto nos garantiza que ninguna fuerza política por sí misma puede imponer nombres, sino con el amplio acuerdo y consenso para su inscripción en los muros de honor.
Para concluir, compañeros, éste es el mérito del dictamen que hoy conocemos, el establecer mecanismos de consenso necesario para reconocer las aportaciones de excepción de mexicanos y mexicanas a nuestro país. Sin lugar a dudas, son muchos los nombres a los que en el futuro tendremos que honrar.
Por estas consideraciones, compañeros y compañeras diputadas, nuestro voto será a favor. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Quienes estén en contra.
Mayoría por la afirmativa, presidente.
Presidencia del diputado Emilio Chuayffet Chemor
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias. Suficientemente discutido en lo general. De conformidad con el artículo 109, del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
Diputados, faltan 52 segundos para cerrar el tablero. Sigue abierto el sistema electrónico. Ciérrese el sistema de votación electrónico.
El diputado Liborio Vidal Aguilar(desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se emitieron 344 votos en pro; 0 en contra, 1 abstención.
Presidencia del diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Aprobado en lo general y en lo particular por 344 votos el proyecto de decreto que expide los criterios para las inscripciones de honor en la Cámara de Diputados. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 de su Reglamento, fue turnada para estudio y dictamen la “iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor”, presentada por la diputada Susana Hurtado Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en fecha 9 de marzo de 2011.
La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 66, 68, 157 y 158, inciso 1), fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa mencionada, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados en fecha 9 de marzo de 2011, sus secretarios dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la iniciativa con proyecto de decreto que se mencionó en el exordio del presente dictamen.
Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.
Tercero. La legisladora propone en resumen lo siguiente:
• Establecer que la venta del servicio de tiempo compartido sólo podrá realizarse cuando el inmueble en que se prestará dicho servicio se encuentra afectado para ello por el mismo tiempo por el que se pretende comercializar.
• Establecer que la comercialización en México de los servicios de tiempo compartido que deberán prestarse en el extranjero sólo podrá realizarse cuando quien lo realice sea sujeto de comercio y se encuentre constituido como “tiempo compartido” o “club vacacional” de conformidad con las leyes de su país o, en su defecto, que cumplan mecanismos equiparables con los que establece la legislación nacional.
Consideraciones
Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Comisión de Economía es competente para conocer sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Segunda. Que los integrantes de la Comisión de Economía comparten la preocupación de la diputada proponente de proteger y garantizar la seguridad jurídica de los consumidores de servicios de tiempo compartido, así como la de garantizar una competencia transparente y equitativa en ese sector.
1. En efecto, la comisión ha reconocido en anteriores dictámenes que la regulación que establece la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) a la prestación del servicio de tiempo compartido es escueta, pues sólo son dos dispositivos que se refieren al respecto; esto es, los artículos 64 y 65.
Asimismo, se ha dejado constancia de que existe la “NOM-029-SCFI-2010. Prácticas comerciales. Requisitos informativos para la prestación del servicio de tiempo compartido”, que establece requisitos de información comercial y elementos normativos a los que deben sujetarse los proveedores de este tipo de servicios.
No obstante, aun cuando la referida NOM menciona que se debe acreditar que el inmueble donde se prestará el servicio de tiempo compartido deberá estar afectado en ese sentido, lo cierto es que esto sólo es obligatorio cuando las legislaciones locales así lo establezcan (véase el numeral 5.2.1.1 de la NOM-029-SCFI-2010).
En este orden de ideas, la preocupación de la diputada proponente de que los servicios de tiempo compartido vayan avalados por la afectación del inmueble a ese servicio, a fin de dar seguridad jurídica a los consumidores y reducir la posibilidad de que sean objeto de fraude ante la venta de espacios inexistentes, es completamente justificada, pues ante las reglas mencionadas es evidente que existe la necesidad de regular dicha situación y que ya se han realizado esfuerzos en ese sentido.
Sin embargo, como quedó mencionado, la NOM de referencia, al establecer la obligación de la afectación del inmueble sólo para los casos en que las legislaciones locales así lo prevean, sigue dejando espacio para que los derechos de los consumidores de este tipo de servicios se afecten, pues en esos estados no se podrán garantizar al consumidor los espacios necesarios para este servicio.
Esto último también genera una competencia desequilibrada en el sector, pues en los lugares donde la legislación local es más laxa, es más fácil para el proveedor de servicios comercializar el servicio de tiempo compartido que en los lugares donde sí se exige la referida afectación.
Asimismo, debe establecerse que la propuesta de la diputada no es un instrumento novedoso para el sector, pues –como ha quedado establecido– no sólo algunos estados de la República Mexicana tienen en su legislación normas como la aquí discutida,sino que en el derecho comparado encontramos países que tienen disposiciones equiparables, como es la legislación de Florida, Estados Unidos de América, que –como menciona la proponente– es uno de los lugares de mayor oferta de tiempo compartido, o España, Argentina y Venezuela.
Con lo anterior se puede concluir que la propuesta que se dictamina tiene viabilidad respecto al problema que se pretende evitar.
No obstante, los integrantes de la Comisión de Economía estiman que el texto de la fracción II del artículo 65 de la LFPC que propone la diputada Hurtado Vallejo debe aclararse en el sentido de que la afectación es por el número de años por los que se está ofreciendo el servicio, pues con la redacción que propone parecería que la afectación es sólo mientras se comercializa, lo que no daría solución al problema que expone y no implicaría mayor protección para los consumidores.
Asimismo, se estima correcto agregar, a fin de no generar retardos innecesarios en los trámites registrales, que una vez concluida la afectación quedaran a salvo los derechos de propiedad del proveedor una vez que haya concluido la afectación.
En este sentido, el texto deberá decir lo siguiente:
II. Lugar e inmueble donde se prestará el servicio, exhibiendo copia certificada de la afectación del inmueble o parte del mismo ante notario público mediante el acto jurídico de una declaración unilateral de la voluntad o fideicomiso en el que se destine el inmueble al servicio de tiempo compartido por el número de años que se está ofreciendo el servicio, debiendo obtener el registro definitivo en el Registro Público de la Propiedad, para con ello registrarse en la Procuraduría Federal del Consumidor, dejando a salvo los derechos de propiedad del proveedor una vez concluida la afectación.
2. De igual forma, la propuesta de la diputada Susana Hurtado de incluir una fracción VII en el artículo 65 de la LFPC se estima acertada, pues aun y cuando la NOM-029-SCFI-2010, en el numeral 10 se refiere a los requisitos para la comercialización de los servicios de tiempo compartido que se prestan en el extranjero, las personas físicas o morales que realizan actividades de comercio en México forzosamente deben cumplir las disposiciones mexicanas para tales efectos, lo que no es materia de una NOM sino de la legislación vigente que regule al sector.
No obstante, se estima que la obligación que se establece en la iniciativa para los que comercializan los servicios de tiempo compartido en territorio nacional para ser prestados en el extranjero, de que deban cumplir los requisitos que se establecen en México cuando las legislaciones de los países donde se va a prestar el servicio son omisas genera un problema real de aplicabilidad de la norma, pues no todos los países siguen la misma tradición jurídica mexicana, lo que implicaría menor oferta de este servicio en detrimento de los consumidores, cuando la razón que motiva la norma es dar seguridad jurídica al consumidor, específicamente de que el inmueble que se está ofreciendo para prestar el tiempo compartido existe y que su propietario ha dado consentimiento para la comercialización del servicio.
Por eso, los integrantes de la Comisión de Economía estiman que se debe sustituir la última parte de la fracción VII propuesta por un texto en los siguientes términos:
... en caso de ser omisas, las personas referidas en el párrafo anterior deberán acreditar fehacientemente que su representada es el dueño del inmueble y su autorización para ser destinado a la comercialización de tiempo compartido...
Asimismo, los integrantes de la Comisión de Economía estiman que el texto de la fracción VII del artículo de la LFPC que propone la diputada Hurtada Vallejo debe corregirse para quedar en los siguientes términos:
VII. En lo relativo a los servicios de tiempo compartido por prestarse en el extranjero, éstos podrán ser comercializados en la República Mexicana únicamente cuando las personas físicas o morales que ofrezcan y/o presten y/o comercialicen los servicios sean sujetos de comercio, y que se hayan constituido en lo general, así como en lo especial en materia de tiempo compartido o club vacacional, de conformidad con las leyes de su país de origen. En caso de que sus legislaciones sean omisas al respecto, deberán establecer mecanismos iguales o equiparables a los que cubren los nacionales; en cualquiera de los dos casos deberán dar cumplimiento a los requisitos establecidos en territorio nacional para celebrar actos de comercio en materia de tiempo compartido.
Tercera. Por lo expuesto, la Comisión de Economía se manifiesta por aprobar la iniciativa que reforma el artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; para quedar en los siguientes términos:
Decreto que reforma el artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor
Artículo Único. Se reforma la fracción II, y se adiciona la VII del artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:
Artículo 65. La venta o preventa de un servicio de tiempo compartido sólo podrá iniciarse cuando el contrato respectivo esté registrado en la Procuraduría y cuando especifique
I. ...
II. Lugar e inmueble donde se prestará el servicio, exhibiendo copia certificada de la afectación del inmueble o parte del mismo ante notario público mediante el acto jurídico de una declaración unilateral de la voluntad o fideicomiso en el que se destine el inmueble al servicio de tiempo compartido por el número de años que se está ofreciendo el servicio, debiendo obtener el registro definitivo en el Registro Público de la Propiedad, para con ello registrarse en la Procuraduría Federal del Consumidor, dejando a salvo los derechos de propiedad del proveedor una vez concluida la afectación;
III. y IV. ...
V. Las opciones de intercambio con otros prestadores del servicio y si existen costos adicionales para realizar tales intercambios;
VI. Descripción de las fianzas y garantías que se otorgarán en favor del consumidor ; y
VII. En lo relativo a los servicios de tiempo compartido por prestarse en el extranjero, éstos podrán ser comercializados en la República Mexicana únicamente cuando las personas físicas o morales que ofrezcan y/o presten y/o comercialicen los servicios sean sujetos de comercio, y que se hayan constituido en lo general, así como en lo especial en materia de tiempo compartido o club vacacional, de conformidad con las leyes de su país de origen; en caso de ser omisas, las personas referidas en el párrafo anterior deberán acreditar fehacientemente que su representada es el dueño del inmueble y su autorización para ser destinado a la comercialización de tiempo compartido.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La secretaría contará con un periodo de tres meses, a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, para emitir la norma oficial mexicana, ajustada al cumplimiento del mismo.
Notas:
1 Considerando séptimo del CEP 20-2010.
2 Artículos 1118 del Código Civil de Jalisco, 2405 del Código Civil de Baja California Sur, 2761 del Código Civil del Estado de Quintana Roo y 13 de la Ley de Regulación del Sistema de Tiempo Compartido del Estado de Guerrero.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de julio de 2011.
La Comisión de Economía, diputados:Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud, Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez, María Antonieta Pérez Reyes, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, José Antonio Arámbula López, Raúl Gerardo Cuadra García, Pavel Díaz Juárez, Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Vidal Llerenas Morales, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), María Florentina Ocegueda Silva (rúbrica), David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica).»
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Tiene la palabra la diputada Susana Hurtado Vallejo, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, hasta por cinco minutos.
La diputada Susana Hurtado Vallejo:Con su venia, señor diputado presidente; honorable asamblea, diputadas y diputados, el turismo para México representa la tercera fuerza de ingresos del producto interno bruto, donde una de sus actividades primordiales son los tiempos compartidos, que consisten básicamente en la venta de hospedajes a mediano y largo plazos y que representan actualmente cerca del 40 por ciento de la oferta de la calidad turística en México, con más de 2 millones de propietarios nacionales y extranjeros, mismos que generan 450 mil empleos directos e indirectos y representan el 19 por ciento de los trabajos en el sector turístico y con ventas anuales superiores a 3 mil 750 millones de dólares.
Esta modalidad de turismo en el país deja una derrama económica en servicios de aproximadamente 10 mil 600 millones de dólares anuales.
Los tiempos compartidos, independientemente del nombre o de la forma que se dé el acto jurídico correspondiente, consiste en poner a disposición de una persona o grupo de personas, el uso, goce y demás derechos que se provengan sobre un bien o parte del mismo por periodos previamente convenidos, mediante el pago de alguna cantidad, sin que en el caso de los inmuebles se transmita el dominio de éstos.
En la actualidad, existe un gran número de empresas extranjeras que venden servicios de tiempo compartido; por lo que es de suma importancia establecer con claridad los requisitos que deberán cumplir para poder llevar a cabo ventas en el territorio nacional.
Así también las empresas nacionales que en el amparo de contar con una descripción clara de los lineamientos que deberán cubrir todos los que comercializan tiempo compartido, llámense desarrolladores, propietarios de los inmuebles, que se comercializan en intermediarios o comercializadores de tiempo compartido, a prestar el servicio en el extranjero, realicen sus actividades sin cumplir los requisitos establecidos en las disposiciones legales de nuestro país, cuando todos venden lo mismo y en razón de ello deberán de dar exacto cumplimiento a los requisitos equivalentes y otorgar las mismas garantías para cualquier nacional a fin de que se brinde certeza a todos los consumidores.
A razón de lo señalado con anterioridad, son muchos los actores que participan en esta actividad económica, nacionales y extranjeros. Sin embargo, se detectó que por la falta de una competencia leal ante nuestros nacionales quedan en desventaja ante los extranjeros o que aparezcan empresas ilegales que sólo venden aire.
La legislación en la actualidad tiene un vacío, pues no señala con claridad los requisitos de esta actividad para cualquier persona que se representa algún tiempo compartido. De igual forma, la falta de certificación y de garantizar ante un notario público la afectación de toda o una parte del inmueble, como es su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y posterior al registro del contrato de la Procuraduría para la Protección del Consumidor, ha provocado el surgimiento de empresas fantasmas que mediante una competencia desleal han absorbido parte del mercado y en muchas ocasiones han incurrido en actividades fraudulentas que han afectado a un sinnúmero de consumidores, trayendo como consecuencia la pérdida de empleos en esta actividad turística.
La propuesta señala que quienes comercialicen con tiempos compartidos deberán hacer que los inmuebles, en el que las empresas ofrecen estos servicios, cubran sus expectativas de seguridad jurídica, de calidad, de precio y satisfacción con los inmuebles.
Sin otro particular, diputado presidente, esta es la propuesta y posicionamiento de nuestro partido. Solicito respetuosamente, a nombre de la comisión, se considere la siguiente modificación a la fracción VII, que se adiciona a dicho ordenamiento dentro de la iniciativa de la reforma del artículo 65 de la Ley de Protección al Consumidor. El texto actual del proyecto de decreto establece en esta fracción lo siguiente:
“VII. En lo relativo a los servicios de tiempo compartido por prestarse en el extranjero, éstos podrán ser comercializados en la República Mexicana únicamente cuando las personas físicas o morales que ofrezcan y presten o comercialicen los servicios sean sujetos de comercio, y que se hayan constituido en lo general, así como en lo especial en materia de tiempo compartido o club vacacional, de conformidad con las leyes de su país de origen; en caso de ser omisas, las personas referidas en el párrafo anterior deberán acreditar fehacientemente que su representado es el dueño del inmueble y su autorización para ser destinado a la comercialización de tiempo compartido.
Dicha redacción en la fracción señalada es poco clara pues pareciera que quien comercialice los servicios de tiempo compartido en territorio mexicano para ser prestados en el extranjero sólo deberían ser sujetos de comercio en su país de origen. Sin embargo, es claro que deberán regirse por leyes de origen, sin dejar a nuestro país para que realice tal acto de comercio.
Es por ello que los proveedores de estos servicios provenientes del extranjero, al momento de ingresar a México deberán ser sujetos de comercio, de conformidad con la legislación mexicana aplicable, ya que es en nuestro país donde se comercializan dichos servicios.
En este orden de ideas resulta de la mayor importancia destacar que todos aquellos extranjeros que deseen llevar a cabo los actos de comercio en nuestro país deben cumplir con los principios fundamentales del derecho de comercio y con base en la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de Inversión Extranjera y el Código de Comercio; leyes regidas en el comercio de nuestro país, que dan equidad a los proveedores y que han sido creadas con anterioridad a la presente actividad, y han demostrado su eficiencia para tener un comercio organizado y ordenado en nuestra República Mexicana.
Por lo anterior, para que la referida fracción sea clara en cuanto a las obligaciones que debiere cumplir quien ofrezca este tipo de servicios en México sean que, los extranjeros o los nacionales, deberán sujetarse a lo establecido en esta ley. Por consiguiente, debe de quedar en los siguientes términos dicha fracción:
VII. En lo relativo a los servicios de tiempo compartido a prestarse en el extranjero, éstos podrán ser comercializados en la República Mexicana únicamente cuando las personas físicas o morales que ofrezcan o presten o comercialicen los servicios sean sujetos de comercio en México, de conformidad con las leyes aplicables, y que se hayan constituido en lo general...
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Termine, diputada.
La diputada Susana Hurtado Vallejo:... y que se hayan constituido en lo general, así como en lo especial en materia de estas leyes del país.
Por ello, diputado presidente, pido amablemente que someta a votación de la asamblea la presente disposición a esta modificación. Muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por la diputada Susana Hurtado Vallejo, a nombre de la comisión.
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación presentada. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: En consecuencia, está a discusión en lo general, con la modificación propuesta por la comisión y aceptada por la asamblea.
Esta Mesa tiene registrados para la discusión en lo general...
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Sí, diputado.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Para que me registre, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: ¿En qué sentido?
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): A favor.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Tiene el uso de la voz el diputado Raúl Gerardo Cuadra García, del Partido Acción Nacional.
El diputado Raúl Gerardo Cuadra García: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, es importante resaltar la importancia del dictamen a discusión el cual busca regular la venta de los servicios de tiempo compartido. Por mencionar algunos datos, se estima que de 2001 a 2009 se realizaron ventas por 1 millón 434 mil 954 intervalos vacacionales de tiempo compartido, representando más de 24 millones de dólares estas ventas.
Otro dato a destacar es que nuestro país ocupa el segundo lugar en desarrollo y comercialización en proyectos de este tipo. Al respecto existen disposiciones que regulan la venta de tiempos compartidos dentro de la Ley General de Protección al Consumidor, en los artículos 64 y 65 de la misma ley; sin embargo es necesario que se fortalezcan y especifiquen los alcances de las mismas, ya que existen fraudes en la venta de tiempo compartido.
En este sentido, la reforma propuesta a la Ley Federal de Protección al Consumidor plantea diversas disposiciones para proteger y garantizar la seguridad jurídica de los consumidores de servicios de tiempo compartido, así como garantizar una competencia, transparente y equitativa en este sector.
Es importante destacar lo argumentado por la Comisión de Economía, en el sentido de que no sólo ya algunos estados de la República Mexicana como Guerrero, Quintana Roo, Jalisco, Sinaloa y Baja California Sur tienen en su legislación normas al respecto, sino que en el derecho comparado encontramos países que ya tienen disposiciones equiparables, como es la legislación del estado de Florida, en Estados Unidos de América, o en países como España, Argentina y Venezuela, por ejemplo.
Sin duda, la aprobación de la presente iniciativa es un importante paso para dar mayor certeza jurídica y seguridad a las familias y personas que compran un servicio de tal índole; por lo tanto, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor de este dictamen. Por su atención, gracias.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz para hablar en lo general y en lo particular, el diputado Jaime Cárdenas Gracia.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Inicialmente pensaba votar en contra del dictamen, pero con la modificación que planteó aquí, nuestra compañera diputada y que fue aceptada por el pleno, creo que cambié de opinión y votaré a favor. La razón que esgrimió la diputada que presentó este dictamen es muy importante.
Tal como estaba originalmente en el dictamen, la fracción VII de este artículo 65, de la Ley Federal de Protección al Consumidor parecía que no respetaba el derecho de nuestro país, porque aunque se trata de empresas que prestan sus servicios en el extranjero, comercializarían los tiempos compartidos en la República Mexicana, en pocas palabras, son empresas extranjeras que realizan actos de comercio en nuestro país.
Originalmente el dictamen solamente obligaba a que estas sociedades, estas empresas, estuviesen constituidas legalmente, de acuerdo a la ley de su país de origen. Sin embargo, principalmente el Código de Comercio en los artículos 14 y 15 de esta norma tan importante que regula el comercio en nuestro país, señala lo siguiente:
Artículo 14, del Código de Comercio: Los extranjeros comerciantes en todos los actos de comercio en que intervengan se sujetarán a este Código y demás leyes del país.
Artículo 15. Las sociedades legalmente constituidas en el extranjero que se establezcan en la República o tengan en ella alguna agencia o sucursal, podrán ejercer el comercio sujetándose a las prescripciones especiales de este Código en todo cuanto concierna a la creación de sus establecimientos, a sus operaciones mercantiles y a la jurisdicción de los tribunales de la nación.
En lo que se refiere a su capacidad para contratar, se sujetarán a las disposiciones del artículo correspondiente del título de sociedades extranjeras.
Es claro que el derecho mexicano, tanto en el Código de Comercio como en la Ley de Sociedades Mercantiles, como en la Ley de Inversiones Extranjeras, obliga a las empresas extranjeras a sujetarse a las leyes nacionales.
Por eso, enhorabuena esta enmienda que propuso nuestra compañera diputada, y votaremos en consecuencia a favor. Muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputado Cárdenas. Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular con la modificación aceptada.
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Recibimos y saludamos al Grupo Felicidad, de la colonia Miguel Hidalgo, municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, y al Consejo de Participación Ciudadana de la colonia Granjas Valle de Guadalupe, de Ecatepec, invitados por el diputado José Alfredo Torres Huitrón. Bienvenidos.
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: ¿Falta algún diputado de emitir su voto? Aún está abierto el sistema. Ciérrese el sistema. Por favor, los diputados que hacen falta, de viva voz.
El diputado Liborio Vidal Aguilar (desde la curul): A favor
El diputado José Gerardo de los Cobos Silva(desde la curul): A favor.
El diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila (desde la curul): A favor.
La diputada María Elena Pérez de Tejada Romero (desde la curul): A favor.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes (desde la curul): A favor.
La diputada José Luis Velasco Lino (desde la curul): A favor.
Ricardo Ahued Bardahuil(desde la curul): A favor.
La diputada María de Jesús Mendoza Sánchez (desde la curul): A favor.
El diputado José Ignacio Pichardo Lechuga (desde la curul): A favor.
La diputada Ma. Dina Herrera Soto(desde la curul): A favor.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez(desde la curul): A favor.
El diputado José Ricardo López Pescador (desde la curul): A favor.
El diputado Ariel Gómez León(desde la curul): A favor.
El diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza (desde la curul): A favor.
La diputada Paz Gutiérrez Cortina(desde la curul): A favor.
La diputada Silvia Puppo Gastélum (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Armando Meza Castro(desde la curul): A favor.
El diputado Jorge Hernández Hernández(desde la curul): A favor.
El diputado Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (desde la curul): A favor.
El diputado José Erandi Bermúdez Méndez(desde la curul): A favor.
La diputada Georgina Trujillo Zentella(desde la curul): A favor.
El diputado Rafael Rodríguez González(desde la curul): A favor.
El diputado Martín Rico Jiménez (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Diputado presidente, le informo que se emitieron 359 votos, todos a favor.
Presidencia del diputado Emilio Chuayffet Chemor
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 359 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 65, de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Está a discusión en lo general.
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas
Honorable Asamblea:
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes:
Antecedentes
1. El 26 de mayo de 2010, el diputado Juan Carlos López Fernández, a nombre de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78 y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
2. Esa misma fecha, la Presidencia de Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal, por conducto de su vicepresidencia, turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
3.El 24 de febrero de 2011, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, dictó nuevamente la presente iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos, para el análisis y elaboración del dictamen correspondiente, bajo los términos reglamentarios.
Contenido de la iniciativa
La diputada Claudia Edith Anaya Mota refiere en la exposición de motivos de su iniciativa que en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, no existen disposiciones que protejan a las personas con discapacidad y a las víctimas que por la comisión de este delito, adquieran una discapacidad.
Agrega la legisladora que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se encuentra vigente para México desde el 3 de mayo de 2009, cuyo instrumento establece en su artículo 16, entre otras obligaciones para los Estados Partes, la adopción de todas las medidas necesarias para proteger a las personas con discapacidad frente a todas las formas de explotación, violencia y abuso, además de promover la recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las personas con discapacidad que hayan sido víctimas de cualquier forma de explotación, violencia o abuso.
Para ilustrar su propuesta, la diputada Anaya Mota hace un recuento pormenorizado del caso de la familia Paoletti, que reclutaba a personas con sordera, con el propósito de explotarlas laboralmente.
Bajo esta tónica, la legisladora propone sanciones administrativas a los servidores públicos que participen en la trata de personas de las personas con discapacidad, con independencia de la responsabilidad penal correspondiente; que se apoye con los costos de los implementos que tengan por objeto subsanar la discapacidad provocada por la comisión de este delito y de todo aquello que sirva para su incorporación social; que en las respectivas campañas, la Comisión Intersecretarial dé lugar a las personas con discapacidad, y, finalmente, que se adopten las medidas respectivas para la protección de las personas con discapacidad auditiva y de la vista.
Por lo tanto, la diputada Anaya Mota propone modificar y adicionar diversos artículos de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, con el propósito de incluir acciones que protejan de manera específica al grupo vulnerable que conforman las personas con discapacidad, previsto en el derecho convencional invocado.
Derivado del análisis de la iniciativa de mérito, esta Comisión formula las siguientes:
Consideraciones
El párrafo tercero del artículo 1º, in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la no discriminación, bajo los siguientes términos:
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.
Como se advierte de la lectura del texto transcrito, nuestra Ley Fundamental hace referencia específica a la no discriminación por virtud de las discapacidades, por tanto, este derecho particular debe ser irradiado a todo el sistema jurídico, a las políticas públicas y a los criterios jurisdiccionales.
El artículo 133 de la propia Constitución, en su parte conducente, señala: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión...”
Y como lo señala la proponente, después de seguir con el procedimiento establecido en el artículo 133 constitucional, el Estado mexicano adoptó, el 3 de mayo de 2008, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, razón por la que este tratado internacional constituye parte integrante de nuestro sistema jurídico y el Estado mexicano está obligado a cumplirlo.
El artículo 16 de este instrumento internacional versa sobre la protección de las personas con discapacidad contra la explotación y el abuso. Dicho precepto, por su trascendencia, se transcribe a continuación:
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género.
2. Los Estados Partes también adoptarán todas las medidas pertinentes para impedir cualquier forma de explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género, la edad para las personas con capacidad y sus familiares y cuidadores, incluso proporcionando información y educación sobre la manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso. Los Estados Partes asegurarán que los servicios de protección tengan en cuenta la edad, el género y la discapacidad.
3. A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso, los Estados Partes aseguran que todos los servicios y programas diseñados para servir a las personas con discapacidad sean supervisados efectivamente por autoridades independientes.
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las personas con discapacidad que sean víctimas de cualquier forma de explotación, violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios de protección. Dicha recuperación e integración tendrán lugar en un entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona y que tenga en cuenta las necesidades específicas del género y la edad.
5. Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas legislación y políticas centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar que los casos de explotación, violencia y abuso contra personas con discapacidad sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados.
Las propuestas formuladas en la iniciativa atienden el contenido de este importante instrumento internacional, razón por la que esta dictaminadora estima indispensable incorporar al marco legal vigente, las disposiciones sugeridas por la diputada proponente.
En efecto, las personas con discapacidad representan un grupo vulnerable, cuya condición se ve todavía más ultrajada cuando son víctimas del delito de trata de personas. Quienes cometen este reprobable ilícito contra personas con discapacidad, las sitúan en un doble estado de indefensión: por virtud de su situación de víctima y por razón de la discapacidad que los imposibilita aún más hacer frente a tal ilícito.
Sin embargo, las y los diputados integrantes de esta Comisión estimamos necesario ampliar las propuestas de la diputada Anaya, con el propósito de, en la medida de lo posible, incorporar dentro de las políticas públicas dirigidas a las personas con discapacidad no sólo a las personas con discapacidad auditiva, sino también a las personas con discapacidad visual. Por lo que esta dictaminadora sugiere modificar y reestructurar las propuestas contenidas en la iniciativa en estudio, con el propósito de enriquecer su contenido.
Lo anterior, en virtud de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su estudio de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad señala, como un derecho a la salud, la obligación de que las instituciones encargadas de prestar atención y apoyo necesario a las personas con discapacidad, reciban los tratamientos físicos y médicos que hagan que su discapacidad se reduzca o aminore. Este organismo refiere que “para ello existen las instituciones encargadas de prestar atención y el apoyo que necesitan para la prevención y el tratamiento a personas con cualquier tipo de discapacidad (auditiva, visual, locomotora, mental), así como brindar ayuda a los familiares”.
En este mismo sentido, la Convención anteriormente mencionada define en su artículo 2 que:
La “comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso;
Y en el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad señala que la discapacidad visual, ocupa el segundo lugar de las discapacidades (26%) cuyo parámetro incluye a las personas ciegas y a quienes tienen debilidad visual.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas
Artículo Único.Se reforma el inciso a) de la fracción III del artículo 6, la fracción II y el inciso b) de la fracción IX del artículo 12, la fracción I del artículo 16 y la fracción II del artículo 18; y se adicionan la fracción VIII al artículo 9 y el inciso h) a la fracción I del artículo 13 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, para quedar como sigue:
Artículo 6. ...
I. a II. ...
III. ...
a) Si el agente se valiese de la función pública que tuviere o hubiese ostentado sin tener la calidad de servidor público. Además, se impondrá al servidor público la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta; o cuando la víctima sea persona mayor de sesenta años de edad; con discapacidad; o se trate de persona indígena.
b) ...
Artículo 9. ...
I. a V. ...
VI. La indemnización por daño moral;
VII. El resarcimiento derivado de cualquier otra pérdida sufrida por la víctima que haya sido generada por la comisión del delito, y
VIII. Los costos de los insumos que tengan por objeto subsanar la discapacidad provocada y todo aquello que se requiera para su incorporación social.
Artículo 12. ...
I. ...
II. Desarrollar campañas de prevención, protección y atención en materia de trata de personas, fundamentadas en la salvaguarda de la dignidad humana y los derechos humanos, con especial referencia a las niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad.
III. a VIII. ...
IX. ...
a) ...
b) El número de víctimas de trata de personas, su sexo, estado civil, edad, nacionalidad, modalidad de victimización y, en su caso, calidad migratoria o discapacidad;
c) a d) ...
X. a XI. ...
Artículo 13....
I. ...
a) a e) ...
f) Garantizar que bajo ninguna circunstancia se albergará a las víctimas en centros preventivos, penitenciarios o estaciones migratorias, ni lugares habilitados para ese efecto;
g) Proporcionar protección, seguridad y salvaguarda de su integridad y la de sus familiares ante amenazas, agresiones, intimidaciones o venganzas de los responsables del delito o de quienes estén ligados con ellos, y
h) En caso de que la víctima sea una persona con discapacidad auditiva, toda la atención prevista en el presente artículo, se le proporcionará con el apoyo de un intérprete en lengua de señas mexicanas.
Y para las personas con discapacidad visual, se le brindarán las medidas necesarias que garanticen los fines que establece esta ley.
II. a III. ...
Artículo 16. ...
I. Proporcionar a la víctima la asistencia jurídica necesaria, así como un traductor en caso de requerirlo, con la finalidad de que logre comprender las leyes del país al cual haya sido trasladada. Y de ser el caso, un intérprete de lengua de señas mexicanas cuando la víctima sea una persona con discapacidad auditiva; o cuando sea una persona con discapacidad visual, se le brindarán las medidas necesarias que garanticen los fines establecidos en esta fracción;
II. a III. ...
Artículo 18. ...
I. ...
II. Otorgar información a la víctima, en un idioma o dialecto que pueda comprender, sobre sus derechos legales y el progreso de los trámites judiciales y administrativos, según proceda. Igualmente se le proporcionará información sobre los procedimientos para su retorno al país de origen o residencia permanente en México, cuando la víctima sea una persona con discapacidad visual, esta información se le proporcionará en braille;
III. a IV. ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, dos de junio de 2011.
La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Manuel Cadena Morales (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo, Clara Gómez Caro (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez, Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León, Sami David David (rúbrica), Margarita Gallegos Soto, Lizbeth García Coronado (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, Diana Patricia González Soto, María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Aránzazu Quintana Padilla, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldúa, Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se han registrado en esta Mesa, para discutirlo en lo general, los diputados Teresa Rosaura Ochoa Mejía, María del Carmen Guzmán Lozano y María Guadalupe García Almanza. Tiene la palabra la diputada Teresa Rosaura Ochoa Mejía. ¿Declina?
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Declino, diputado presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se le concede el uso de la voz a la diputada María del Carmen Guzmán Lozano, del Partido Acción Nacional.
La diputada María del Carmen Guzmán Lozano:Con su venia, señor presidente. Señores diputados y señoras diputadas, hoy tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes para pronunciar a favor de este importante dictamen que se nos ha puesto a consideración, que además es integrante de la Comisión de Derechos Humanos.
La trata de personas se encuentra catalogada como una forma moderna de esclavitud, la cual se ha posesionado en nuestra sociedad por ser muy rentable y tener grandes ganancias, todo desde el punto de vista ilícito.
Como ya es del conocimiento de nosotros, al ser partícipes de la promulgación de normas que pugnan por abatir este fenómeno social, en muchas de las ocasiones detrás de estas conductas se encuentran verdaderas redes de delincuencia organizada, propiciando una gran problemática social, que nos expone a todos y a todas a ser víctimas de este delito y lo tenemos tan cerca que a veces no lo percibimos. Pero en esta ocasión, también nosotros tomamos en cuenta a personas con capacidades diferentes, porque en un momento dado se ven afectadas y por lo mismo, pueden tener una discapacidad posterior.
Por tal motivo la fracción de Acción Nacional, al tener claro en nuestros ideales y principios de doctrina luchar por la dignidad de la persona, impulsaremos la presente propuesta dando nuestro voto a favor, toda vez que este dictamen contempla disposiciones que defenderán a las víctimas que sufragan alguna discapacidad o bien, que la hayan adquirido después de ser víctimas de este delito.
Con la aprobación de estas reformas podrán acceder a la reparación del daño y de esta manera también tener una asistencia integral, ya que no nada más son agredidas en los físico sino también en lo sicológico y afectan a tantas familias, por lo tanto se afecta a la sociedad.
Por lo anterior, como les comento y les reitero, todos estamos expuestos en un momento dado a nivel social y lo creemos muy lejos; sin embargo, les pido, compañeros y compañeras, nuevamente unir nuestros esfuerzos con el objeto de que esta tarea legislativa siga propiciando la elaboración de un marco jurídico que atienda y combata efectivamente el delito de trata de personas. Además, que se vea también ese diseño para que nosotros veamos un diagnóstico adecuado, veamos ese tratamiento oportuno y extender lo máximo posible esa atención a personas con discapacidad a que la incluya.
Por tal motivo, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votaremos a favor y contaremos con el apoyo de todos los compañeros diputados en esta importante misión, que tenemos como legisladores. Muchas gracias, señor presidente.
Presidencia del diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa:
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz a la diputada María Guadalupe García Almanza.
La diputada María Guadalupe García Almanza: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados. El dictamen que hoy se somete a la consideración de este pleno hace referencia a la reforma de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, con el propósito de incluir acciones que protejan de manera específica al grupo vulnerable que conforman las personas con discapacidad o que, por el delito, adquieran una discapacidad.
Iniciativa presentada por la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Partido de la Revolución Democrática, la cual constituye sin duda un importante adelanto en el camino para implementar de manera pertinente y eficaz el marco normativo vigente y llevar a la práctica lo mandatado en los ordenamientos internacionales que garantizan la atención incluyente a todas las personas sin distinción de edad, género, discapacidad, posición socioeconómica, entre otros.
En el caso de México, según cifras del Inegi, al año 2010 las personas que tienen algún tipo de discapacidad se acercan a los 6 millones, representando el 5.1 por ciento de la población total del país.
Este dato adquiere mayor relevancia para los estados, en virtud de que la Organización Mundial de la Salud ha proyectado que en los próximos años la discapacidad aumente su prevalencia debido principalmente al envejecimiento de la población, y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores, los grupos vulnerables, como es el caso de mujeres, niñas, niños e indígenas; así también al aumento mundial de enfermedades crónicas como diabetes y enfermedades cardiovasculares, cáncer y los trastornos de la salud mental.
Las personas con discapacidad —como lo señala el presente dictamen—, se ubican en un doble estado de indefensión, por su situación de víctima y por la discapacidad que limita o imposibilita su capacidad para hacer frente a estos ilícitos.
En este sentido, resulta primordial la reforma al marco jurídico vigente, materializado en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas que a la fecha no contempla la atención a las personas con discapacidad, lo que violenta los acuerdos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, signados por México.
Con esta reforma que hoy se analiza se abre un nuevo camino que favorece la denuncia de estas agresiones, facilitando la actuación judicial, así como los tratamientos médicos y psicológicos necesarios.
El grupo parlamentario movimiento ciudadano considera que la aprobación del presente dictamen se inscribe en esa lógica, pues es sensible a las necesidades de las personas con discapacidad que son víctimas de abuso sexual, violencia o explotación de cualquier índole, como resultado del delito de trata de personas.
Por lo antes expuesto el grupo parlamentario del movimiento ciudadano emitirá su voto para respaldar el sentido a favor del presente dictamen. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz a la diputada Claudia Edith Anaya Mota.
La diputada Claudia Edith Anaya Mota:Con su permiso, presidente. Metí esta iniciativa que reforma la Ley de Trata, porque no estaba considerado el tema de discapacidad como uno de los sujetos o los grupos a los que tiene que tenerse mayor cuidado y salvaguarda en la protección del tema de trata.
Hay un estudio de UNICEF muy interesante que nos dice que en Tailandia las prefieren sordas. Efectivamente, para todas las redes de trata, para prostitución y esclavitud en Tailandia están buscando y reclutando mujeres sordas, porque les es mucho más fácil evitar que se comuniquen y que comprendan cuáles son sus derechos, a qué tienen acceso, ante qué institución tienen que acudir y si estas instituciones tienen también preparado un sistema de impartición de justicia para atender a las víctimas de trata por alguna discapacidad.
También hay muchas redes de discapacidad en el mundo y en México es en donde se está reclutando a personas con discapacidad para la mendicidad. Seguramente ustedes ven en las calles a personas con malformaciones o con alguna discapacidad pidiendo dinero, y lo vemos como un simple hecho del tema económico.
Lo cierto es que a muchas personas con discapacidad se les está reclutando y se les hace víctimas de esclavitud, impidiéndoles salir de los lugares en donde se las tienen resguardadas. Es en ocasiones hasta su misma familia quienes los explotan o los comercializan, porque una persona con discapacidad evidentemente para una familia representa un gasto, un gasto mucho mayor que cualquier otro integrante de la familia, y si esta familia se encuentra en condiciones económicas y bajo una cultura en donde se permite la comercialización, pues al primero que se comercializa es al hijo o hija con alguna discapacidad, porque es más fácil explotarlo laboralmente, porque es más fácil tenerlo recluido, porque es más difícil que escape y porque le es más difícil pedir ayuda y también por las mismas implicaciones sicológicas que mantienen a la persona con discapacidad en una situación de auto menosprecio o de baja autoestima.
Es por eso que las personas con discapacidad a veces se sienten que pertenecen a ese lugar donde se les maltrata, pero donde son acogidos o son resguardados.
Por eso es tan importante incluir a las personas con discapacidad en la Ley de Trata, para que se les considere como uno de los grupos prioritarios en el cuidado y la atención, y que se tengan también en el proceso de impartición de justicia y de atención al tema de trata, las adecuaciones necesarias como intérpretes de señas y como el sistema braille o bien cualquier implemento tecnológico que sea necesario para permitir que las personas con discapacidad puedan acudir a las instituciones a requerir ayuda.
Es importante que en la ley estén mencionadas las personas con discapacidad y que en todos los programas de atención al tema de trata se incluya también a las personas con discapacidad.
Pongamos mucha atención a este sector tan específico de la sociedad como son las personas con discapacidad, que suelen ser vulnerables porque el Estado no crea las condiciones y el andamiaje para salvaguardar sus derechos y para salvaguardar su integridad. Es por eso que presenté esta reforma y les invito a que la voten a favor. Gracias.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputada. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido, en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Suficientemente discutido, en lo general. De conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la votación, en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Recibimos y damos la bienvenida a la telesecundaria oficial 550, Isidro Fabela Alfaro, de la comunidad de El Cuento, estado de México, invitados por el diputado Emilio Chuayffet Chemor.
Asimismo, a los estudiantes de derecho de la Universidad Santa Fe, en la ciudad de Guanajuato, invitados por la diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Quedan 15 segundos. Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz, diputados.
El diputado Liborio Vidal Aguilar (desde la curul): A favor.
El diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo(desde la curul): A favor.
La diputada Silvia Isabel Monge Villalobos(desde la curul): A favor.
El diputado Miguel Martínez Peñaloza(desde la curul): A favor.
La diputada Georgina Trujillo Zentella (desde la curul): A favor.
La diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (desde la curul): A favor.
El diputado Edgardo Melhem Salinas (desde la curul): A favor.
El diputado Pedro Jiménez León (desde la curul): A favor.
La diputada Diana Patricia González Soto(desde la curul): A favor.
El diputado Jaime Sánchez Vélez (desde la curul): A favor.
El diputado Jesús Ricardo Enríquez Fuentes(desde la curul): A favor.
El diputado Nazario Norberto Sánchez (desde la curul): A favor.
El diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (desde la curul): A favor.
La diputada María Cristina Díaz Salazar (desde la curul): A favor.
El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez(desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Ramos Montaño (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Diputado presidente, el resultado de la votación es la siguiente: 350 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Aprobado en lo general y en lo particular por 350 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Pasa al Senado, para los efectos constitucionales.
Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Pido a la Secretaría dar cuenta de ésta.
MODIFICACION DE ORDEN DEL DIA
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 65, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los suscritos coordinadores de los grupos parlamentarios integrantes de la Junta de Coordinación Política, le solicitamos atentamente consulte al pleno sobre la modificación del orden del día, con objeto que las siguientes proposiciones de urgente resolución se desahoguen en el turno más inmediato posible.
1. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sener y al director general de Pemex, para que suspendan las medidas anunciadas de cortes de suministro de petrolíferos (gasolina Magna, Premium y Diesel) a las estaciones de servicio de la franquicia Pemex, hasta que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita la resolución definitiva, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución.)
2. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a la brevedad se firme un convenio modificatorio entre la empresa III Servicios SA de CV, y el Fideicomiso del Bicentenario, para que se cancele de manera inmediata la comisión que cobrará dicha empresa por un monto equivalente al 13 por ciento sobre el costo total de los trabajos ejecutado para la construcción del Espacio Conmemorativo y Monumento Estela de Luz, que asciende a más de 79 millones de pesos, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución.)
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, señor secretario. De conformidad con el artículo 65 numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si es de modificarse el orden del día.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día, en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Se acepta la modificación del orden del día.
ESTACIONES DE SERVICIO DE LA FRANQUICIA PEMEX
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: De conformidad con el artículo 76 fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra el diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a las medidas anunciadas de corte de suministros de petrolíferos.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez:Buenas tardes, compañeras y compañeros. En estricto sentido este punto de acuerdo lo hemos suscrito diputados prácticamente de todos los partidos. Señalo de manera importante a los compañeros del PRD, a los compañeros del Verde Ecologista y por supuesto, a nuestros amigos del PT, que lo han hecho de manera solidaria.
Creo que esta motivación que voy a hacer hoy aquí, es la secuencia de algo que ya votamos aquí en el pleno de esta Cámara y que está discutiéndose en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Quiero decirles a todas y todos que no me parece que sea un procedimiento correcto que estemos defendiendo a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad como entidades para prestar un servicio a la nación, como entidades públicas que representan parte del patrimonio de los mexicanos, que tengamos que estar defendiendo a estas entidades con controversias constitucionales.
Que cada vez que ambas direcciones de estas entidades públicas quieren ir por la ruta de las privatizaciones, busquen subterfugios en los reglamentos, en las circulares, o descaradamente en acuerdos de sus cúpulas directivas, para ir privatizando un servicio, una motivación y el ser mismo de estas entidades que fueron nacionalizadas por dos grandes mexicanos para que formaran parte del patrimonio de todos nosotros.
En el caso que nos ocupa, Pemex está iniciando un proceso de privatización de la distribución del combustible que distribuye Pemex para las 10 mil estaciones de gasolineras que hay en este país.
Doy simplemente dos datos. Se trata de 10 mil empresas de mexicanos que acudieron a comprar su franquicia en los términos que dijo Pemex y que están dando el servicio de gasolina en todo el país.
Otro dato, que quiero compartir con ustedes, es que estamos hablando de 182 millones de litros, de estos combustibles, que se distribuyen diariamente.
De manera subrepticia, como lo comentamos en la primera ocasión, Pemex decide que ese mecanismo de distribución que está prestigiado, respetado, que es la costumbre por la que se están utilizando estas estaciones del servicio de gasolina, que además tiene la ventaja de que tributa a la hacienda del erario federal y de las entidades federativas, se suspenda subrepticiamente para dar lugar a la intromisión de empresas privadas que distribuyan ahora también el combustible a las estaciones de servicio.
En la ocasión que discutimos el tema aquí en la tribuna, argumentamos sobre los costos adicionales que esto va a implicar en la gasolina y sobre el perverso proceso de privatización que de manera soterrada está iniciando Pemex.
El hecho es que presentamos ya la controversia constitucional, con el aval de todos ustedes. Está pendiente de discusión en la Suprema Corte y ahora hay esta maniobra en donde se amenaza que si no se obliga a los 10 mil permisionarios, franquiciarios de las estaciones de gasolina, a firmar estos acuerdos que Pemex está sometiendo a la consideración de ellos, se suspenderá el servicio para estas estaciones, a contar del 30 de septiembre.
Queremos hacer una exhortación. Soy enemigo de estas prácticas. Creo que la Cámara debiera evitar estas exhortaciones y tomar medidas definitivas, pero lamentablemente no hay otra vía más que hacer una exhortación al secretario de Energía y al director de Pemex, para que suspendan esta medida y que esperemos que la Corte resuelva la controversia constitucional, porque seguramente declarará a favor nuestro, porque estoy seguro que los mexicanos y mexicanas, que defendemos a Pemex como una entidad propia de los mexicanos, no podemos estar equivocados. Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sener y al director general de Pemex a suspender las medidas anunciadas de cortes de suministro tanto de gasolinas Magna y Premium como de diesel a las estaciones de servicio de la franquicia Pemex hasta que el pleno de la SCJN no emita resolución definitiva, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del PRI, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
César Augusto Santiago Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción II, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por medio del cual este órgano legislativo exhorta respetuosamente al secretario de Energía, licenciado Jordy Herrera Flores, y al director general de Petróleos Mexicanos, doctor Juan José Suárez Coppel, a suspender las medidas anunciadas de corte de suministro de petrolíferos a las estaciones de servicio de la franquicia Pemex, con motivo de las sustituciones de estos contrato de franquicia por los contratos de ventas de primera mano (CVPM), hasta que el pleno de la Suprema Corte de Justicia emita la resolución definitiva.
Planteamiento del problema
Los servicios de venta al menudeo de productos petrolíferos, se realiza en nuestro país, por más de 10 mil estaciones de servicio mediante el esquema de franquicias Pemex desde hace ya varios años.
El 12 de abril de 2010 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las “disposiciones administrativas de carácter general a las que deberán sujetarse Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios para la realización de ventas de primera mano destinadas al mercado nacional de los petrolíferos distintos al combustóleo, de los petroquímicos básicos y del gas”.
El 30 de marzo de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “disposición para llevar a cabo la distribución y comercialización de petrolíferos”, por parte de la Secretaría de Energía.
En ambos ordenamientos se utiliza la voz contrato de venta de primera mano (en adelante CVPM) y se establece el 30 de septiembre como la fecha fatal en la que las autoridades deben modificar o sustituir los CVPM.
A pesar de que estos ordenamientos obligan principalmente a las autoridades y no a los particulares, algunos representantes de la Secretaría de Energía y de Petróleos Mexicanos han interpretado que obliga a los particulares franquiciatarios de Pemex a sustituir sus contratos franquicia por CVPM.
Bajo esta óptica, estos funcionarios han presionado a los franquiciatario gasolineras del país para que acepten la sustitución contractual al punto de amenazar con la suspensión del suministro de los productos petrolíferos a partir del día último de septiembre.
Estos contratos franquicia tienen una duración de 15 años que aún no ha vencido por lo que su vencimiento anticipado daría lugar a responsabilidades económicas y administrativas.
Los empresarios gasolineras que operan bajo el esquema de franquicia han presentado diversos recursos legales en los que hay suspensiones definitivas.
El punto está pendiente de resolución en la acción de inconstitucionalidad 58/2011, presentada por el entonces presidente de la Cámara de Diputados el 12 de mayo de 2011.
La anunciada suspensión del suministro de gasolinas y diesel, además de la parálisis económica y social, traería como consecuencias:
• La falta de ingresos por las ventas de 182 mil litros de estos combustibles diariamente, que equivalen a mil 741 millones de pesos diarios.
• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los gobiernos estatalesno recibirán los miles de millones de pesos diarios que representan el impuesto especial sobre producción y servicios.
• El IVA del 16 por ciento y la cuota IEPS de gasolina que se entrega a los estados de la república no podría enterarse.
• Los 36 centavos por litro, además de los cuantiosos derechos de hidrocarburos que aporta Pemex a la federación, no podrían generarse.
Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a consideración del pleno de esta soberanía la proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de Energía, licenciado Jordy Herrera Flores, y al director general de Petróleos Mexicanos, doctor Juan José Suárez Coppel, a suspender las anunciadas medidas de cortes de suministro de petrolíferos (gasolina Magna, Premium y diesel) a las estaciones de servicio de la franquicia Pemex, hasta que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita la resolución definitiva a la acción de inconstitucionalidad interpuesta.
Notas:
1 Artículo quinto transitorio de las “disposiciones administrativas de carácter general a las que deberán sujetarse petróleos mexicanos y sus organismos subsidiarios para la realización de ventas de primera mano destinadas al mercado nacional de los petrolíferos distintos al combustóleo, de los petroquímicos básicos y del gas”.
2 Cláusula tercera de los “contratos de suministro” y cláusula cuarta de los “contratos de franquicia Pemex”.
México, DF, a 27 de septiembre de 2011.— Diputados: César Augusto Santiago Ramírez, Jaime Cárdenas Gracia, Víctor Castro Cosío, Pedro Vázquez González, Adán Augusto López Hernández, Arturo Zamora Jiménez, Óscar González Yáñez, Ramón Jiménez López, Agustín Guerrero Castillo, Humberto Benítez Treviño, Juan José Guerra Abud (rúbricas).»
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputado. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para hablar sobre el tema las siguientes diputadas y diputados: Jaime Cárdenas Gracia, Nazario Norberto Sánchez, Ivideliza Reyes Hernández. Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia, hasta por 3 minutos.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, ya el diputado César Augusto Santiago lo explicó muy bien, éste es un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, firmado por diputados de casi todos los grupos parlamentarios. Destaco, por ejemplo, la firma de mi compañero, el diputado Enrique Ibarra, entre otros compañeros diputados y diputadas del Partido del Trabajo.
La propuesta que nos están haciendo aquí los compañeros, como el diputado César Augusto Santiago, es para suspender la intención de Pemex para realizar cortes al suministro de los petrolíferos; es decir, de gasolina y de diesel a las estaciones de servicio de la franquicia Pemex.
Hay que decir que son más de 10 mil estaciones de gasolina en el país, de franquicia a Pemex, que todas estas empresas franquiciatarias han celebrado contratos hasta por 15 años. Ahora les dice Pemex que como tiene un nuevo plan para privatizar la distribución de los petrolíferos deben modificarse estos contratos y, si no modifican los contratos, entonces se les suspenderá el suministro.
Me parece esta medida de Pemex totalmente autoritaria, porque hay contratos en vigor hasta por 15 años. No solamente me parece autoritaria y antidemocrática la decisión de Pemex para que los franquiciatarios modifiquen y cambien sus contratos, sino me parece también contraria a derecho.
Los contratos, como lo sabemos todos, se celebran para cumplirse. Hay un viejo principio latino que dice: pacta sunt servanda. Los pactos, los convenios, deben cumplirse. Pemex puede incurrir en responsabilidades porque hay un contrato, hay un convenio firmado por un plazo determinado.
Si se modifica el convenio sin el consentimiento de la contraparte; es decir, si no existe novación de contrato aquí pueden existir responsabilidades de carácter civil y responsabilidades de carácter administrativo.
Me preocupa muchísimo este tema, como a muchos de los diputados y diputadas que firmamos este punto de acuerdo, porque no solamente —en caso de que se concrete la suspensión del suministro de petrolíferos a estas empresas franquiciatarias— puede implicar una afectación al erario público, sino también el suministro y al abasto de millones de mexicanos.
Pido, compañeras diputadas, compañeros diputados, que votemos a favor de este punto de acuerdo, porque estamos beneficiando a la industria petrolera nacional y porque estamos evitando que con ello, que con la actitud de Pemex se cometan excesos arbitrarios, antidemocráticos y contrarios al orden jurídico de nuestro país. Por su atención muchas gracias.
Presidencia del diputado Emilio Chuayffet Chemor
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se le concede el uso de la palabra al diputado Nazario Norberto Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Nazario Norberto Sánchez:Muchas gracias, diputado presidente. Este punto de acuerdo es muy importante, el cual fue firmado por varios diputados de diversas fracciones parlamentarias, donde se exhorta al director de Petróleos Mexicanos a que suspenda las medidas anunciadas, ya lo explicaron muy bien los diputados que me antecedieron.
Hay un juicio, una acción de inconstitucionalidad que se presentó en mayo del 2011; hay contratos firmados por 15 años. Nosotros decimos, se conculcarían los contratos. Había responsabilidad —ya lo dijeron— civil, habría responsabilidad administrativa. Se estarían perdiendo miles de millones de pesos.
Es importante que este exhorto llegue; por eso invito a todas las diputadas y diputados a que lo votemos a favor. Estaríamos perdiendo millones de pesos sólo por caprichos de los órganos de Petróleos Mexicanos. Por lo consiguiente, nosotros estamos a favor de este exhorto a Petróleos Mexicanos. Muchas gracias.
Presidencia del diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputado.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Presidente, solicito la palabra por alusiones.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: El diputado Enrique Ibarra, por alusiones.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Señoras y señores diputados. Los argumentos que han esgrimido aquí, tanto el proponente César Augusto Santiago como los dos compañeros Cárdenas y Nazario, que lo sucedieron en el uso de la voz, han desdoblado una serie de razones para que este pleno atienda el punto de acuerdo que aquí se ha planteado.
No hay ninguna prisa y tampoco nos parece que la Secretaría de Energía ni Pemex quieran tener a quienes son franquiciatarios con la espada de Damocles, con la amenaza de retirarles y cancelarles la venta de los energéticos.
Sin embargo, aunado a todo ello, hay un aspecto muy relevante. Nuevamente estamos viendo la intención de Petróleos Mexicanos y del gobierno federal de darle la vuelta a la Constitución, concretamente a su artículo 27 que contempla esta materia de energéticos como propiedad de la nación, y mediante dos disposiciones administrativas, una del 12 de abril de 2010 y otra del 20 de marzo de 2011, quieren privatizar a Pemex Refinación en todo el proceso de almacenamiento, transporte y distribución de los petrolíferos, gasolinas y diesel, contraviniendo plenamente la reglamentación constitucional.
El 30 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la disposición para llevar a cabo la distribución y comercialización de Petróleos por parte de la Secretaría de Energía y previamente, a través de disposiciones administrativas publicadas en el Diario Oficial, se asentó en abril de 2010 que las disposiciones en esta materia deberán sujetarse Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios para la realización de ventas de primera mano, destinadas al mercado nacional de los petrolíferos distintos al combustóleo, de los petroquímicos básicos y del gas.
Esto es, por la puerta de atrás, con simples disposiciones reglamentarias, se quiere una vez más vulnerar y quebrantar el mandato del artículo 27 constitucional. Por eso nos sumamos a este punto de acuerdo y que esperemos la resolución que sobre inconstitucionalidad presentó Jorge Carlos Ramírez Marín, como presidente de la Cámara hace unas semanas. Muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la voz a la diputada Ivideliza Reyes Hernández, del Partido Acción Nacional.
La diputada Ivideliza Reyes Hernández: Honorable asamblea, como sabemos, en 2008 se aprobaron diversas reformas al marco jurídico energético del país, entre ellas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional, en el ramo del petróleo.
En ella se establece que Petróleos Mexicanos, en materia de venta de primera mano, deberá abstenerse de realizar prácticas indebidas y que la Secretaría de Energía tendrá facultades para establecer el marco normativo de este tipo de ventas, con el fin de disminuir acciones discrecionales que la paraestatal o sus trabajadores pudieran realizar en ese sentido.
En septiembre del siguiente año el Ejecutivo federal emitió el reglamento y la ley mencionada, en el que entre otros temas define el concepto de venta de primera mano y se especifican las causas por las cuales se puede negar esta actividad, a saber cuando existía impedimento técnico o comercial.
Posteriormente, la Secretaría de Energía publicó las DAG, Disposiciones Administrativas Generales para la Venta de Primera Mano, en las que se obliga a la paraestatal a pactar nuevos contratos bajo los principios de equidad, regularidad y homogeneidad, así como de transparentar sus acciones, publicando en Internet los textos de los contratos y a través del uso de medios y firmas electrónicas.
Estas disposiciones, en sus artículos transitorios, especifican los plazos para realizar el traslado de los nuevos tipos de contratos, plazos que sin embargo en la práctica han resultado insuficientes.
La intención es buena, pues se trata de lograr homogeneidad en los acuerdos entre Pemex, los distribuidores y los expendedores de combustibles y de este modo cristalizar lo que se plasmó en la reforma del 2008.
Sin embargo, las presiones o las medidas de corte de suministro no son por mucho la mejor vía para lograr los objetivos que incluso pueden llegar a contravenir el reglamento emitido por el Ejecutivo federal.
Por esos motivos el Grupo Parlamentario de Acción Nacional se suma al respetuoso exhorto para no intervenir en la actividad comercial que representan las estaciones de servicio en el país y además analizar la posibilidad de prorrogar los plazos para la transición a estos nuevos modelos de contrato. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputada.
El diputado Juan Carlos Natale López (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Sí, diputado Natale.
El diputado Juan Carlos Natale López (desde la curul): Para pedirle, presidente, si me concede el uso de la palabra para fijar la postura de mi bancada respecto a este tema.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: tiene usted el uso de la tribuna, diputado, hasta por tres minutos.
El diputado Juan Carlos Natale López:Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados federales de San Lázaro, el Partido Verde Ecologista se suma a la propuesta del diputado César Augusto Santiago, en el aspecto de no permitir esta suspensión, ya que aparte de que afectaría a muchos empresarios mexicanos y que miles de familias viven de esta actividad, hay más de 10 mil gasolineros en México que dan muchísimos empleos y que sostienen parte importante de la economía en varios estados de la República. Aparte de esto, se verían afectados los ingresos tributarios de las entidades federativas al darle una aparente entrada a otros grupos económicos que quién sabe qué intereses puedan tener.
En el Partido Verde estamos convencidos de que estas medidas se deben de suspender y de que debemos de estar muy pendientes de lo que pase en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esperar a que emitan el fallo definitivo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Estando suficientemente discutido, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación del punto de acuerdo.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para proceder a la votación del punto de acuerdo.
(Votación)
Los diputados que falten por emitir su voto todavía tienen un minuto para hacerlo. El sistema está abierto. Ciérrese el sistema de votación.
El diputado Liborio Vidal Aguilar (desde la curul): A favor.
El diputado Alejandro Gertz Manero (desde la curul): A favor.
El diputado Armando Ríos Piter(desde la curul): A favor.
El diputado Pedro Jiménez León (desde la curul): A favor.
La diputada Alba Leonila Méndez Herrera(desde la curul): A favor.
El diputado Arturo Santana Alfaro(desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Diputada Diva, ¿cuál es el sentido de su voto?
La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo(desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: A favor. Que le arreglen ese aparato.
El diputado Armando Jesús Báez Pinal (desde la curul): A favor.
La diputada Rosalina Mazari Espín(desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos(desde la curul): A favor.
El diputado Manuel Humberto Cota Jiménez(desde la curul): A favor.
La diputada Paz Gutiérrez Cortina(desde la curul): A favor.
La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena(desde la curul): A favor.
El diputado Luis Enrique Mendoza Sánchez (desde la curul): A favor.
El diputado Benjamín Clariond Reyes Retana(desde la curul): A favor.
La diputada María Marcela Torres Peimbert(desde la curul): A favor.
La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández(desde la curul): A favor.
La diputada Lizbeth García Coronado (desde la curul): A favor.
El diputado José Antonio Arámbula López(desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Señor presidente, se emitieron 331 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Aprobado por 331 votos. Comuníquese.
ESPACIO CONMEMORATIVO Y MONUMENTO ESTELA DE LUZ
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Tiene la palabra el diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que se firme un convenio modificatorio entre la empresa III Servicios S.A. de C.V. y el Fideicomiso del Bicentenario, hasta por cinco minutos.
El diputado Pablo Escudero Morales:Muchas gracias, presidente. Para hablar de la Estela de Luz, evidentemente hay que recordar el antecedente de este fracasado fideicomiso del Bicentenario. Fue un fideicomiso que se creó con la intención de conmemorar, de festejar nuestras gestas históricas por medio de varios eventos. Varios eventos que debieron ser motivo de orgullo nacional para este país.
Lejos de ello, se convirtió en un sistema de fraude, de fraude para gastar más de 6 mil millones de pesos de manera directa, por medio de adjudicaciones directas evitando licitar, por medio de tres empresas básicamente: se mandó dinero a Turissste, se mandó dinero a la empresa III y se mandó dinero también a Fonatur.
Por lo que respecta al día de hoy de la Estela de Luz, el fideicomiso contrató a esta empresa del gobierno federal, la empresa III, para que construyera esta Estela de Luz, que en un principio iba a ser un arte.
Desde ahí empezó la historia triste de este monumento. Se contrató a la empresa III para que hiciera una licitación pública y se contrataran bajo los mejores esquemas de adquisiciones, cuidando el precio, la honradez, la eficiencia y la eficacia, situación que evidentemente no ocurrió. Un monumento que tenía que haber costado 390 millones de pesos, al día de hoy nos va a costar más de mil millones de pesos, sin explicación alguna.
Un concurso amañado, un concurso en el cual se pidió no licitar y se hizo una invitación a tres, y antes de hacer el concurso se contrató a una persona que trabajaba en una de estas empresas, que iba a ser invitada al concurso. Una vez que se integró a la empresa del gobierno federal, fue la encargada de hacer el concurso en la que casualmente resultó ganadora la empresa en la que trabajaba. Tiempo después que fue despedido de la empresa del gobierno federal, regresó a su empresa de origen, la cual es la encargada de hacer la construcción de esta Estela de Luz. Una historia de fraude y de impunidad que va a costar mucho a los mexicanos.
Pero como si eso no bastara, esta empresa del gobierno ahora pretende cobrarnos por sus buenos servicios, por una contraprestación, más de 80 millones de pesos. Es inadmisible que se pague un solo centavo más del dinero de los mexicanos. Por eso estamos aquí este día.
¿Qué es lo que nos ha dejado esta empresa III, que es una empresa del gobierno federal? Nos ha dejado cuatro denuncias penales presentadas por irregularidades y por corrupción. Nos ha dejado 25 servidores públicos, que fueron despedidos de un día al otro, ya sea por corrupción, ineficacia o ineficiencia...
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: El diputado Emilio Serrano le quiere hacer una pregunta, señor diputado, ¿la acepta usted?
El diputado Pablo Escudero Morales: Sí, por supuesto. Las que quiera.
El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Diputado, le pregunto, usted dijo al principio que había sido un fracaso lo de la Estela de Luz, yo le pregunto, ¿fue un fracaso después que resultó un gran negocio para Alonso Lujambio? Para ellos fue un éxito, un fracaso para el país, no para el secretario de Educación Pública.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Diputado Pérez Cuevas.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Gracias, presidente. Haría un llamado de atención a la Mesa Directiva para que nos apegáramos. Es una moción de procedimiento, presidente. Hace un rato se abrió el tablero para votar un punto de acuerdo que no se vota de manera nominal. Es un primer planteamiento erróneo.
Segundo. Ahora se abre en el momento en que están apenas exponiendo el planteamiento de un punto de acuerdo, el uso de la palabra a las preguntas. Las preguntas son bienvenidas, ése es el derecho de los diputados, pero no en el momento de hacer el planteamiento. Ya vendrá el debate y cada quien podrá hacer uso del derecho que tiene para expresarlo en la tribuna.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputado. Señor orador, ¿le permite usted a la secretaria que lea el artículo 113, numeral 2, por favor?
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Artículo 113. Las proposiciones consideradas de urgente y obvia...
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Numeral 2 nada más.
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: “Cuando concluyan las intervenciones de los oradores, el Presidente preguntará al Pleno, quien resolverá a través de una votación económica, si el asunto está suficientemente discutido. Si el Pleno decide continuar la discusión, podrá hablar hasta un orador más de cada Grupo, pero si la resolución fuese negativa, el Presidente anunciará el término de discusión y el inicio de la votación nominal.”
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputada. Continúe, diputado Escudero, por favor. Diputado. Dígame, diputado.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): El segundo punto del planteamiento sobre otorgar la palabra en el momento del planteamiento.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Se consideró para ilustrar a la asamblea, diputado, nada más. Pero continúe usted, diputado, por favor.
El diputado Pablo Escudero Morales: Sí, gracias. Contestando a la pregunta. Evidentemente creo que la Estela de Luz, que es la estela de la opacidad y la corrupción, no puede ser un festejo para nadie; es un motivo de vergüenza que estamos todavía a tiempo de corregir. Yo así lo he manifestado.
Creo que si hubiera una intención verdadera de revisar cada uno de los precios de los conceptos, de los materiales, de los pagos que se van a realizar...
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Un momento, diputado Escudero. Sí, diputado Pérez Cuevas.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Ése es justo el planteamiento, presidente, por lo que le pedíamos nos explicara por qué se abren preguntas en un tiempo preciso y específico que tiene el diputado para hacer su planteamiento.
Con la pregunta, el reloj se ha parado, no hay derecho en el tiempo de planteamiento se hagan preguntas, porque sería el mismo planteamiento para presentación de iniciativas, para presentación de postulados y entonces, habría que parar el reloj las veces que le pregunten. Que concluya el tiempo que le dieron para exponer su punto y en el momento que los legisladores, cuando se abra, si es que se abre el debate, hagan uso de la tribuna y las preguntas y los planteamientos que quieran.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputado Cuevas. Continúe, diputado.
El diputado Pablo Escudero Morales:Gracias. Como decía hace un momento, estamos a tiempo de corregir lo que ha sucedido con la Estela de Luz. Estamos a tiempo de revisar...
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: ¿Ya terminó usted la respuesta, diputado, para que el reloj camine? ¿Sí?
El diputado Pablo Escudero Morales:Sí, gracias. Estamos a tiempo de revisar cada uno de estos conceptos, cada peso que se va a pagar. Estamos a tiempo de fincar los créditos fiscales necesarios para que se regrese el dinero y estamos a tiempo de salvar un monumento que el día de hoy es una vergüenza.
Lo que sí no podemos permitir, por ningún motivo, es esta contraprestación, estos 80 millones adicionales que quieren pagar por los buenos servicios de la empresa triple I (Empresa III), a eso obedece este exhorto.
Es un exhorto al señor presidente de la República para que intervenga de manera directa, para que se firme un convenio modificatorio y se eche para atrás estos vergonzosos 80 millones de pesos. Estamos a tiempo de hacerlo. Hay muchísimas irregularidades, pero sería una buena muestra de cómo se puede corregir y mandar un buen mensaje a la sociedad. Es cuanto, señor presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que se firme con la mayor brevedad un convenio modificatorio III Servicios, SA de CV-Fideicomiso del Bicentenario para cancelar de inmediato la “comisión” que dicha empresa cobrará, por un monto equivalente a 13 por ciento del costo de construcción del Espacio Conmemorativo y Monumento Estela de Luz, superior a 79 millones de pesos, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del PVEM
Pablo Escudero Morales, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, así como los numerales 1 y 2 del artículo 79 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acudo ante el pleno de esta soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a la brevedad se firme un convenio modificatorio entre la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, y el Fideicomiso del Bicentenario, para que se cancele de manera inmediata la “comisión” que cobrará la empresa III Servicios, SA de CV, por un monto equivalente al 13% sobre el costo total de los trabajos ejecutados para la construcción del espacio conmemorativo y monumento Estela de Luz, que asciende a más de $79’000,000.00 (setenta y nueve millones de pesos 00/100 moneda nacional), con base en los siguientes
Antecedentes
1. Con fecha 27 de enero de 2009 fue anunciado por la Presidencia de la República el concurso nacional para la creación de un Arco Bicentenario frente a la puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, aun costado del Paseo de la Reforma y acceso principal al Castillo de Chapultepec.
2. El 15 de abril de 2009, Se anunció como ganador al arquitecto Cesar Pérez Becerril, y aunque las bases señalaban la construcción de un Arco, la obra proyectada por el ganador fue una estela, denominada Estela de la Luz recubierta de cuarzo sobre una plaza de mármol y se propuso reordenar la zona, para dar cabida al nuevo proyecto.
3. El 6 de septiembre del mismo año, se anunció el segundo cambio radical al proyecto, la Plaza donde seria erigida la obra ya no sería de mármol sino de granito gris, irregularidad que fue denunciada por el mismo arquitecto César Pérez Becerril ante la opinión pública.
4. Con fecha 18 de diciembre de 2009, se firmó el contrato entre el Fideicomiso del Bicentenario y la empresa de participación mayoritaria de Pemex: I.I.I. Servicios, SA de CV, con el objeto de que dicha empresa se encargara de coordinar y ejecutar la construcción del espacio conmemorativo y monumento Estela de Luz, destinando un presupuesto total de $393’489,970.34 (trescientos noventa y tres millones cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos setenta pesos 34/100 moneda nacional).
Dentro del contrato, en su cláusula novena se pactó que la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, cobrará como “contraprestación” por sus servicios el 13% de la cantidad que resulte de restarle al monto total, el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los insumos principales para la construcción del monumento Estela de Luz, consistentes en el acero inoxidable y el cuarzo. La contraprestación ascendía a la cantidad de $39’024,791.08 (treinta y nueve millones veinticuatro mil setecientos noventa y un mil pesos 08/100 moneda nacional)
5. Con fecha 29 de enero de 2010, se firmo el primer convenio modificatorio al contrato descrito en el punto anterior, a través del cual se convino aumentar el monto del contrato en $98’600,000.00 (noventa y ocho millones seiscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), para quedar en un monto total de $492’089,970.34 (cuatrocientos noventa y dos millones ochenta y nueve mil novecientos setenta pesos 34/100 moneda nacional), reajustando la cantidad de la contraprestación a que tiene derecho la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, a la cantidad de $25’291,342.64 (veinticinco millones doscientos noventa y un mil trescientos cuarenta y dos pesos 64/100 moneda nacional)
6. El mismo día, 29 de enero de 2010, la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, firma el contrato de Obra Pública sobre la Base de Precio Unitario con la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, para que realice los trabajos de construcción del espacio conmemorativo y monumento Estela de Luz.
7. Con fecha 4 de junio de 2010 se celebró un segundo convenio modificatorio al contrato entres el Fideicomiso del Bicentenario y la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, por medio del cual se consideró un incremento al monto del contrato por $139’400,000.00 (ciento treinta y nueve millones cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), dando un monto total a ejercer de $690’489,970.34 (seiscientos noventa millones cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos setenta pesos 34/100 moneda nacional), consecuentemente el aumento a la contraprestación otorgada a la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, por un importe de $41’906,143.64 (cuarenta y un millones novecientos seis mil ciento cuarenta y tres presos 64/100 moneda nacional).
8. Con fecha 1 de septiembre de 2010, se firmó un tercer convenio modificatorio a través del cual se pactó un tercer aumento al monto a ejercer en la obra por la cantidad de $297’750,025.57 (doscientos noventa y siete millones setecientos cincuenta mil veinticinco pesos 57/100 moneda nacional), con lo cual el techo presupuestal llegaría a la cantidad de $893’000,000.00 (ochocientos noventa y tres millones de pesos 00/100 moneda nacional) más el impuesto al valor agregado.
Con la modificación al contrato, se eleva el monto de la “contraprestación” a que tiene derecho la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, para situarse en la cantidad de......... $79’384,316.95 (setenta y nueve millones trescientos ochenta y cuatro mil trescientos dieciséis pesos 95/100 moneda nacional).
9. Entre los meses de septiembre y noviembre del 2010, fueron despedidos 27 funcionarios de la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, de entre los cuales se destacan las del Director General y el Contralor Interno, por irregularidades cometidas en el proceso de construcción del Espacio Conmemorativo y Monumento Estela de Luz.
10. A últimas fechas, el Secretario de Educación Pública, el licenciado Alonso Lujambio, reconoce que las renuncias citadas en el punto anterior, fueron solicitadas por él mismo a la paraestatal PEMEX, en virtud de que contaba con elementos que advertían irregularidades cometidas por la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV,
11. Al día de hoy 1 de septiembre de 2011, la obra continua en etapa de cimentación y las autoridades guardan silencio sobre los avances y fecha de conclusión de la obra.
Estos antecedentes son analizados bajo los siguientes
Considerandos
Derivado de las constantes irregularidades descritas en los hechos que anteceden, el suscrito acude ante esta soberanía a presentar este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, ya que la obra Estela de la Luz se ha convertido en el monumento a la opacidad y a la ilegalidad del Ejecutivo Federal y no podemos permitir que la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, resulte beneficiada por la construcción de una obra que debió ser terminada y entregada hace ya casi un año para los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, con una “contraprestación” por la cantidad de $79’384,316.95 (setenta y nueve millones trescientos ochenta y cuatro mil trescientos dieciséis pesos 95/100 moneda nacional).
Es necesario recordar que, las irregularidades que se han venido cometiendo por la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, las cuales han sido debidamente documentadas y turnadas a la Auditoría Superior de la Federación para ser revisadas, consisten en la total opacidad en el manejo del presupuesto destinado para la construcción de la obra.
Para entrar a detalle del tema, una de las muchas irregularidades en las que ha incurrido la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, es el conflicto de intereses por parte del arquitecto Alberto Bravo, funcionario público de la empresa paraestatal y encargado de invitar y posteriormente adjudicar el contrato para la construcción del Espacio Conmemorativo y Monumento Estela de Luz a la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, siendo que unos meses antes trabajaba para dicha empresa.
Otro factor a considerar en el presente Punto de Acuerdo, son las anomalías detectadas por el Secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, al interior de la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, y por las cuales fue que solicitó formalmente a PEMEX en agosto de 2009, el despido de 27 funcionario de la empresa de participación estatal, de entre los cuales se destaca el Director General y el Contralor Interno.
Es irónico pensar que la obra se llama Estela de la Luz y el gobierno federal la construye en una absoluta obscuridad, como lo he venido denunciando en diversos actos en esta misma Cámara de Diputados y en diversos foros públicos a la opinión de la ciudadanía. La obra debió quedar concluida en su totalidad en el mes de septiembre de 2010, para estar acorde con la celebración de las festividades alusivas a los 200 años de independencia Mexicana y 100 años del movimiento revolucionario, pero esto no sólo no se dio, sino que hasta el día de hoy las obras siguen inconclusas, apenas se ha construido parte de la cimentación y se ha anunciado por el Secretario de Educación Pública que “la obra no será entregada en su totalidad”, ya que se prevé que no será construida la plaza de granito donde se alojara la Estela de la Luz, siendo que esta afirmación no ha causado la reducción del presupuesto de la obra, sino que por el contrario el costo creció en perjuicio de las finanzas públicas federales, situación que no parece preocupar al titular del Ejecutivo federal, quien derrocha a manos llenas y de forma obscura el dinero.
La empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, ha cambiado de forma arbitraria y en múltiples ocasiones las fechas de entrega del monumento, argumentando la necesidad de modificar el proyecto en atención a conceptos tales como adquisición de materiales de mejor calidad o pruebas de seguridad que no se habían practicado en tiempo, tan es así, que al día de hoy, ni los mismos trabajadores que laboran en el proyecto saben cuándo será concluido y los responsables de obra se niegan a contestar esto.
I.I.I. Servicios, SA de CV, ha modificado las características estéticas del proyecto ganador, cuando se había anunciado la construcción de una plaza de mármol, para ser cambiada por una de granito gris y para terminar en el último anuncio de la no construcción de la plaza, también se han cambiado las dimensiones originales de la obra en lo relativo a su volumen pasando de tan solo 80 toneladas a 1, 700 toneladas, lo que demuestra que el proyecto no contó en un principio con estudios de mecánica de suelos o de resistencia al viento, estudios que si fueron elaborados por la UNAM y por el IPN, pero que de forma extraña no fueron considerados el primero de septiembre de 2010.
Así también la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, ha cambiado las características de las placas de cuarzo que en un proyecto original tendrían un grosor de de 1.5 pulgadas para pasar a 3 pulgadas, pero lo más grave, es el aumento del costo de la obra que inició en la cantidad de $393’489,970.34 de pesos (trescientos noventa y tres millones cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos setenta pesos 34/100 moneda nacional) y que al día de hoy se ha anunciado un costo total de $893’000,000.00 (ochocientos noventa y tres millones de pesos 00/100 moneda nacional) más el Impuesto al Valor Agregado.
Como legisladores no podemos permitir que se cometan este tipo de irregularidades, no podemos permitir que la empresa I.I.I. Servicios sea beneficiada por una “contraprestación” contractual por la cantidad de $79’384,316.95 (setenta y nueve millones trescientos ochenta y cuatro mil trescientos dieciséis pesos 95/100 moneda nacional) cuando ella es la principal causante de los retrasos, modificaciones a la obra y el mal manejo de los recursos públicos otorgados.
Considero e invito a la reflexión de los integrantes de la Cámara de Diputados a que así como los mexicanos nos perdimos la oportunidad de celebrar el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana con la inauguración del Monumento Estela de Luz, es necesario y coherente el pedir que, la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, no sea recompensada económicamente por la construcción de dicha obra, la cual tuvo que haber sido entregada hace más de un año y que dichos recursos públicos por la cantidad de $79’384,316.95 (setenta y nueve millones trescientos ochenta y cuatro mil trescientos dieciséis pesos 95/100 moneda nacional) sean destinados a programas sociales educativos o de salud, los cuales en verdad necesitan dichos recursos.
Es nuestro deber velar por que la utilización de los recursos públicos sea ejercido con total pulcritud y transparencia, el dinero de la nación debe ser tratado en una caja de cristal, debiéndose rendir cuentas en todo momento a la ciudadanía y con total apego a la ley.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.Sea votada a favor la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por los motivos expuestos en el cuerpo de la misma, por lo que deberá ser aprobado en el pleno de esta Cámara de Diputados sin turno a comisión.
Segundo.Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a la brevedad se firme un convenio modificatorio entre el Fideicomiso del Bicentenario y la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, para que se cancele de manera inmediata la “comisión” que cobrará la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, por un monto equivalente al 13% sobre el costo total de los trabajos ejecutados para la construcción del espacio conmemorativo y monumento Estela de Luz, que asciende a más de $79’000,000.00 (setenta y nueve millones de pesos 00/100 moneda nacional).
Tercero.Sea reasignada la partida de la “comisión” para que dicho monto sea destinado a algún programa social del sector educación o salud.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 29 de septiembre de 2011.— Diputado Pablo Escudero Morales (rúbrica).»
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputado. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para hablar sobre el tema las siguientes diputadas y diputados: Mario di Costanzo Armenta, Esthela Damián Peralta, José Francisco Javier Landero Gutiérrez, César Augusto Santiago Ramírez. Tiene la palabra el diputado Mario di Costanzo Armenta, hasta por tres minutos.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Con su venia, presidente. Vengo a hablar a favor de este punto de acuerdo, pero no solamente a hablar a favor, yo quiero ir más allá. Propongo, en esta tribuna, que ya tomemos medidas mucho más fuertes contra este monumento a la corrupción. Este monumento a las tranzas, por ejemplo, de Alonso Lujambio.
Sinceramente, no creo que quien se robó la Presidencia vaya a hacer caso a un exhorto para evitar la corrupción.
Así como en este punto de acuerdo lo que deberíamos estar solicitando es el cese inmediato de los funcionarios que violan persistentemente la ley, que dañan a las finanzas públicas, porque en el fondo de qué sirve exhortar cuando levantamos una piedra y vemos corrupción.
Hace un rato se discutía el caso de Pemex y también se le exhorta, cuando el señor debería estar ya denunciado para un juicio político.
Todos estos actores involucrados en este gran fraude, encabezado por Alonso Lujambio y solapado por otros directores de paraestatales, por el mismo secretario de la Función Pública, tienen que ser castigados. No es un asunto de reestructurar la comisión, a una empresa que ha servido de parapeto, así como los narcotraficantes utilizan empresas fantasmas para lavar dinero. Aquí en el gobierno federal ya se hacen empresas para lavar dinero.
Sucede en Pemex, cuando utiliza filiales para aumentar participaciones en empresas españolas; sucede en el caso del monumento a la corrupción y todo queda impune. Parece mentira que al Congreso nada más le alcanza para un exhorto.
Siempre estaremos a favor de combatir la corrupción y castigar a los culpables. Pero los invito a tomar acciones más contundentes y más severas contra estos funcionarios corruptos, que lo único que hacen es utilizar el cargo público para beneficios propios.
Compañeros, no nos quedemos en este exhorto, asumamos el juicio político para Alonso Lujambio. Muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Esthela Damián Peralta, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 3 minutos.
La diputada Esthela Damián Peralta: Con su venia, diputado presidente. El PRD en el planteamiento de la Estela de Luz ha sido muy enérgico, y ha sido muy enérgico y hemos planteado diferentes propuestas y medidas que son aún más estrictas o más radicales que la que hoy propone el diputado Pablo Escudero, al que por supuesto acompañamos, pero queremos hacer aquí una contrapropuesta a este punto de acuerdo.
Queremos señalarlo, porque no solamente en todo lo que viene de la redacción que se presenta el día de hoy es cierto, sino sobre todo, porque algo que a los mexicanos nos debió llenar de orgullo, de satisfacción, hoy es una vergüenza, hoy es una estela de corrupción, hoy es una estela de total y completa opacidad y eso me parece que no lo merece nadie en este país.
Que un asunto que tenía que ser entregado en tiempo y forma no se haya hecho, no se haya entregado y que además, se estén incrementando de manera totalmente injustificada los costos, desviando por completo un proyecto que se concursó y se ganó, nos parece totalmente inaceptable.
Por eso, el PRD, en la Permanente, presentó un punto de acuerdo en el que solicitó que de manera inmediata el Ejecutivo federal suspendiera la construcción del monumento conmemorativo al Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, denominado: Estela de Luz.
En estos momentos, hago esa contrapropuesta a mi compañero, también secretario de la Comisión de Vigilancia, para que acompañe esta petición y para que quede exactamente redactada en estos términos: Que esta Cámara de Diputados hace un atento exhorto al titular del Ejecutivo, para que de manera inmediata suspenda la construcción del monumento conmemorativo al Bicentenario, Estela de Luz, en tanto no se entreguen los resultados de la auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
Esto nos parece elemental. No encontramos justificación ni razón para seguir entregando y derrochando recursos públicos que a este país le faltan, no le sobran; por eso, coincidimos no solamente en que no se entreguen los recursos a la empresa, sino en que se suspenda, en que se justifique y sobre todo, en que —una vez que tengamos en la mano los resultados— se castigue a los responsables con mucha energía, que esto no vuelva a suceder; pero sobre todo, en este tema, no se continúe una obra que está completa y totalmente injustificada. Es cuanto, diputado.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz al diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos.
El diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez:Compañeros legisladores, en primer lugar, dejar muy claro que para Acción Nacional el tema de la transparencia, el combate a la corrupción es una de sus prioridades.
En ese sentido, hacemos en primera un reconocimiento claro, que es obvio, al atraso que ha tenido por más de un año la inauguración de este importante monumento. Es un monumento que representa también unidad y va a representar, en cuanto esté inaugurado, la conmemoración de un 200 aniversario, que si bien llega tarde, al final estoy seguro que nos sentiremos orgullosos de tener este tipo de monumento.
Sin embargo, también, por el otro lado, es importante señalar ante las situaciones que se han presentado en los atrasos que ya hay procesos abiertos por cuatro funcionarios, como bien lo señalaba el diputado Escudero. Además está corriendo en estos momentos ya un análisis de la Auditoría Superior de la Federación, con el objetivo de señalar las posibles omisiones, errores y en su momento, que se apliquen las sanciones correspondientes si ha lugar.
Pero también es claro que los gastos de operación que se están aplicando y que está la construcción siguiendo, la empresa tiene que llevarlos a cabo y operarlos y en un momento dado situarnos. Quitarle a la empresa sus gastos de operación pondría en riesgo tal vez la terminación de este importante monumento.
Sin embargo, a pesar de todo esto, en Acción Nacional pensamos que es muy claro —y no queremos dejar lugar a dudas— el que se debe llegar e investigar hasta sus últimas consecuencias este tema; por eso nosotros nos sumaremos a este punto de acuerdo, para que en su momento las instancias correspondientes —el Ejecutivo— puedan hacer las precisiones, las correcciones o invitar, en su caso, a la empresa para que se lleven a cabo las acciones que en el mismo se proponen, si ha lugar.
También es muy importante dejar en la justa dimensión este tema. En primer lugar —esperaría que también el diputado Escudero nos lo aclarara—, creo que todos estamos a favor de que se termine el monumento.
Creo que ya el costo sería mayor de parar las obras. En ese sentido creo que debemos lograr y buscar que se terminen las obras este año a más tardar y darle la justa dimensión al tema. Porque también creo, diputado Escudero, que hay otros temas más relevantes, de mayor impacto social que hay que abordar. Ya se invitó aquí al secretario de la Función Pública; el secretario Lujambio está al tanto; están las auditorías corriendo.
Vamos a aprobar este punto de acuerdo, pero démosle celeridad también a otros temas que son más relevantes. Pero en Acción Nacional, ténganlo por seguro, vamos a estar también atentos, y a que se subsanen las irregularidades.
Por último, nada más mencionar que efectivamente, como lo menciona el diputado Pablo Escudero, hay aquí algunos documentos que tengo firmados por el propio arquitecto proyectista de fecha 18 de mayo del año 2010, donde él mismo señaló y dice textualmente: Asimismo y producto de la revisión de los planos del proyecto, se ha determinado —termino, presidente— la imposibilidad de construir la estructura con la propuesta inicial como estaba planeado.
Aquí está el documento, por el propio arquitecto y eso ha llevado a esos retrasos que no estoy juzgando que estén bien o mal. Sabemos que la obra se ha retrasado más de lo debido, pero en que también fundamentemos y le demos la justa dimensión, que fue por un cambio de proyecto del mismo arquitecto que diseñó la obra. Pero tengan ustedes la seguridad de que Acción Nacional está por la transparencia y vamos a votar a favor de este punto de acuerdo.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Se le concede el uso de la voz al diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos.
El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Sí, diputado Escudero.
El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Sí, gracias, presidente; para alusiones personales, si me lo permite desde aquí.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Sí, diputado, adelante.
El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Invitar al orador, a nuestro compañero diputado que hizo uso de la tribuna, a que nos acompañe; el día lunes viene el Colegio de Arquitectos justamente a entregarnos un dictamen del proyecto que se entregó, para empezar a disipar dudas si estaba bien el proyecto o no. Es a las 11 de la mañana en la Comisión de la Función Pública. Lo invitamos.
Qué bueno que haya interés, a la mejor si este interés que muestran los diputados lo hubiéramos mostrado antes, tendríamos una solución. Eso es lo que estamos buscando en esta Cámara de Diputados o por lo menos la fracción del Partido Verde, volvernos soluciones a los problemas de este país. Bienvenido que se sume, me da mucho gusto.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias. Adelante, diputado César Augusto.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez: El tema de la Estela de Luz es indefendible, es una vergüenza para el país. Implica una muestra de un gobierno que no le interesa la transparencia, no es un insulto a la inteligencia de cualquier mexicano. No entiendo cómo alguien pueda tratar de impedir que esto llegue hasta sus últimas consecuencias.
El día que iniciaron la convocatoria, luego programaron una sesión para verificar quiénes eran los concursantes que habían llegado a la final de la famosa Estela de Luz del monumento conmemorativo del Bicentenario y en la ceremonia de la primera piedra hay una observación de la Auditoría Superior de la Federación, que en esos tres eventos no pudieron justificar 31 millones de pesos. Está en la Cuenta Pública del 2008. Pueden verla.
De ahí en adelante, hemos ido acumulando una serie de cuestiones, de las que el diputado Escudero el día de hoy revela unas dos más.
No es posible que para hacer un monumento conmemorativo del Bicentenario, estemos entrampados en esta serie de maniobras, falsificaciones, duplicidades, en fin, hecho con recursos públicos para celebrar la conmemoración de la Independencia. Eso es lo que me subleva. No es posible que lleguemos a las maniobras para apoderarse del dinero público con los fastos de nuestra República.
Si esto no les parece suficiente para que iniciemos un juicio político a las autoridades involucradas en el asunto, no entiendo dónde estará nuestra responsabilidad de legisladores.
He exigido que en el tema se resuelvan las cosas como son y no amerita este asunto un debate político de ningún tipo. Simple y llanamente, en la conmemoración del Bicentenario vamos a hacernos de la vista gorda para no aclarar la ofensa al pueblo de México, que significa este asunto o vamos a entrarle para tratar de transparentarlo, para que la gente entienda que hay alguien que tuvo interés en aclarar las cosas en beneficio de los mexicanos.
Los debates de otro tipo se dan en su momento. El gran problema es ese. No se puede tender cortinas de humo para ocultar la corrupción. Estoy en contra de ello y espero que ustedes me apoyen. Muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputado. Terminada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación del punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para proceder a la votación del punto de acuerdo.
(Votación)
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente, destacar que la compañera diputada Esthela Damián hizo una propuesta alternativa; entonces, creo que es importante, para ilustrar a la asamblea, por qué no se tomó en consideración esa propuesta alternativa de la compañera diputada Esthela Damián, que a muchos de nosotros nos parecía muy correcta.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Le pediría a la Secretaría que leyera el artículo 113, fracción IV.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Sí, don Emilio.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Diputado presidente, para que sea usted tan amable de solicitarle o que me permita solicitarle al diputado Escudero, que acepte el anexo que le está proponiendo la diputada Esthela Damián. Creo que de esta manera sería más completo.
De otra forma, no vamos a poder presionar para detener este robo, este fraude que se está cometiendo.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Ya estamos en votación, diputado. Ya se terminó la discusión, gracias. Lea la Secretaría, por favor, el artículo.
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Doy lectura. Artículo 113.
“IV. El Grupo que haya presentado la proposición podrá sugerir alguna modificación, siempre que la presente durante su discusión, por escrito y firmada por su coordinador.”
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias. Votamos.
CUENTA PUBLICA FEDERAL
El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: El diputado García Granados.
El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente, mientras se está votando, quisiera hacer un comentario.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Adelante, diputado.
El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Hoy estamos a 29 de septiembre y el artículo 74 de la Constitución establece claramente que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, a más tardar el día 30 de septiembre del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe del resultado de la entidad de fiscalización superior, concluir la revisión de la Cuenta Pública.
Nosotros tenemos pendientes todavía en esta Cámara: 2004, 2005, 2008, 2009, y me resulta muy grave que no se observe en el orden del día de hoy la discusión de la Cuenta Pública para su valoración, la revisión puntual de la Cuenta Pública, cuando menos la del 2009.
Independientemente de ello, lo que quisiera es también preguntar a la Mesa Directiva si se está pensando convocar a una reunión para el día de mañana, a una sesión, a efecto de dar cumplimiento a esta obligación que tenemos como Cámara de Diputados. No quisiera que incurriéramos en una actitud que pudiera someternos a nosotros a juicio político por no estar cumpliendo precisamente con las atribuciones que la Constitución señala.
Creo que este mandato constitucional es superior a la decisión que una Mesa Directiva tome de si llegamos o no llegamos a la revisión de las Cuentas Públicas en plazos fatales que la propia Constitución señala, y es muy por encima la disposición de la Constitución, de las disposiciones que tome la propia Junta de Coordinación Política o —reitero— la propia Mesa Directiva.
Por eso quisiera preguntar a la Presidencia, en razón de que no se encuentra en el orden del día de hoy llevar a cabo esta acción, si se está contemplando citarnos para el día de mañana.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Sí, diputado.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Gracias, presidente. En abono de lo que dice mi compañero diputado García Granados. Creo que de acuerdo al texto de la Constitución, artículo 74, el día límite para concluir la revisión de la Cuenta Pública es el día de mañana.
Entonces, preguntar, ¿por qué el día de hoy en el orden del día no se previó nada a ese respecto? Y como él también lo señala o indica, porque mañana ¿vamos a sesionar o no vamos a sesionar? Preguntar si va a haber una sesión para cumplir con ese cometido constitucional.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Al término de este trámite daré un informe a la asamblea.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Diputado Di Costanzo.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Yo tengo una propuesta para salvar este problema; el país está tan mal, presidente, en todos aspectos, hay tanta corrupción de la administración de Calderón, que en votación económica reprobemos la Cuenta Pública. No hay mucho análisis que hacer.
ESPACIO CONMEMORATIVO Y MONUMENTO ESTELA DE LUZ
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Gracias, diputado. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Gracias. Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz, diputado.
El diputado Liborio Vidal Aguilar (desde la curul): A favor.
Diputado presidente, se emitieron 269 votos, de los cuales 268 son a favor, 0 en contra, 1 abstención.
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Aprobado por 268 votos. Comuníquese.
CUENTA PUBLICA FEDERAL
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Se informa a la asamblea que en reunión de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos celebrada el día de hoy, se acordó remitir comunicación a los presidentes de las comisiones para que procedan a la entrega de sus programas anuales de trabajo y sus informes semestrales, en los términos que disponen los artículos 161 y 165 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
De igual manera, signar una atenta comunicación a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en cumplimiento de la obligación que refiere la fracción VI, del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remita los dictámenes correspondientes a las Cuentas Públicas de los ejercicios 2004, 2005, 2006, 2008, así como la relativa 2009, cuyo plazo fenece el 30 de septiembre de 2011.
Compañeros diputados, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, mañana 30 de septiembre de 2011 vence el plazo para que los autores de las iniciativas, presentadas del 1 de septiembre de 2009 hasta la entrada en vigor del Reglamento de la Cámara de Diputados, que no hayan sido dictaminadas, puedan solicitar a la Mesa Directiva que sus propuestas sean procesadas bajo las reglas del nuevo Reglamento.
* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: En término de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y las proposiciones que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo de las que se haya recibido comunicación para ser registradas en la siguiente sesión.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.
Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva, por la que informa del turno correspondiente a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 29 de septiembre de 2011, de conformidad con los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados
Con fundamento en los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea de los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo que no fueron abordadas en el orden del día del jueves 29 de septiembre de 2011, para su remisión a las comisiones correspondientes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2011.— Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Presidente.»
«Iniciativas con proyecto de decreto
1. Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
2. Que reforma el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Ninfa Clara Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
3. Que reforma los artículos 100 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
4. Que reforma el artículo 4° de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
5. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Turno: Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para dictamen.
6. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.
7. Que reforma el artículo 25 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada María Isabel Pérez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.
8. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Agraria, a cargo del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria, para dictamen.
9. Que reforma el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Efraín Ernesto Aguilar Góngora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
10. Que reforma el artículo 18 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a cargo del diputado Ariel Gómez León, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.
11. Que reforma el artículo 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
12. Que reforma el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
13. Que reforma el artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.
Proposiciones con punto de acuerdo
1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al titular de la SSP, para que los agentes federales detenidos en Ciudad Juárez, el 20 de septiembre de 2011, sean juzgados y sentenciados, por los delitos cometidos, en esa entidad, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Turno: Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
2. Con punto de acuerdo, por el que esta Soberanía otorga un reconocimiento al Periódico El Universal, por ser el primer medio de comunicación impreso en autorregularse en base a los artículos 5° y 13, fracción III de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, así como por su sensibilidad y compromiso social para prevenir y erradicar este grave delito que lacera a nuestra sociedad, a cargo de la diputada Caritina Sáenz Vargas y suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Turno: Junta de Coordinación Pública, para su atención.
3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, instruya al Director General del Infonavit a diseñar y poner en marcha una serie de acciones dirigidas a proteger los derechos de los trabajadores acreditados y orientar la operación del organismo hacia su misión original, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Vivienda, para dictamen.
4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que en uso de sus facultades, determine la reducción de las tarifas de suministro de energía eléctrica que brinda la CFE, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Energía, para dictamen.
5. Con punto de acuerdo, para crear una Comisión Especial que se encargue de analizar y revisar el desarrollo de la actividad artesanal, a cargo del diputado Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.
6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Soberanía, para que al elaborar el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, considere adicionar los párrafos cuarto y quinto que ratifican los estímulos fiscales a la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, instruya a las dependencias que conforman el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales den cuenta a la opinión pública de los resultados sobre su funcionamiento, a cargo de la diputada Josefina Rodarte Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Senadores, a que dictamine la Minuta que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Turno: Remítase a la Cámara de Senadores, para su atención.»
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se han agotado los asuntos en cartera.
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa(a las 15:47 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 4 de octubre de 2011, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES • Tiempo de duración: 5 horas 3 minutos con un receso de 12 minutos • Quórum a la apertura de sesión: 267 diputadas y diputados • Asistencia al cierre de registro: 293 diputadas y diputados • Comisiones reglamentarias y protocolarias: 3 • Diputado que solicita licencia: 1 • Diputado suplente que se incorpora: 1 • Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 2 • Número de diputados que participaron o aportaron algún tema: 92 PRI 21PAN 22PRD 14PVEM 7PT 23Convergencia 3Nueva Alianza 2 Se recibió o presentó: • 1 oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con el que remite acuerdo; • 2 oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite proposiciones con punto de acuerdo en relación al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012; • 1 excitativa de senadora del PAN; • 1 oficio del Poder Judicial de la Federación, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 1 oficio del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León; • 4 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente en la sesión del 24 de agosto del presente año, relativo al monto subejercido del Presupuesto en el primer semestre de 2011 y el subejercicio a la fecha; • 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el listado sobre las instituciones que llevarán a cabo evaluación de consistencia y resultados establecidos en el programa anual de evaluación 2011 de los programas a cargo de la Secretaría de Economía; • 1 oficio del Instituto Mexicano del Seguro Social; • 1 iniciativa con proyecto de decreto del Congreso del estado de Tabasco; • 1 iniciativa de senador del PRI; • 2 proposiciones con puntos de acuerdo, aprobadas; • 2 iniciativas del PRI; • 4 iniciativas del PAN; • 2 iniciativas del PRD; • 3 iniciativas del PVEM; • 2 iniciativas de Nueva Alianza; • 8 proposiciones con puntos de acuerdo Declaratoria de publicidad de dictamen: • 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 131 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; • 1 de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; • 1 de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud; • 1 de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV Bis al artículo 5 y el artículo 7 Ter, a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud; • 1 de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación; • 1 de la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; • 1 de la Comisión de las Comisiones Unidas de Salud y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 100 de la Ley General de Salud; • 1 de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el inciso 19) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; • 1 de la Comisión de Comunicaciones, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones Dictámenes aprobados: 1 de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona la fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación; • 1 de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que expide los criterios para las inscripciones de honor en la Cámara de Diputados; • 1 de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; • 1 de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas