SUMARIO

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Presidencia del diputado Guadalupe Acosta Naranjo

ASISTENCIA

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 258 diputados y diputadas; por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo (a las 11:05 horas): Se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Tercer año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 14 de febrero de 2012.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

Del diputado Herón Agustín Escobar García, por el que solicita el retiro de sus iniciativas.

De la Comisión Permanente, con el que remite el Informe de las Actividades realizadas durante el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio.

De la Junta de Coordinación Política.

Reincorporación de los diputados Sofía Castro Ríos, Claudia Ruíz Massieu Salinas y Sergio Gama Dufour.

De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Con el que remite el Informe Anual sobre las concesiones que otorgó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante el Ejercicio 2011.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el Diagnóstico de la Situación Financiera y Operativa de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Seis, contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Cuatro, contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente del Primer Receso del Tercer Año.

Solicitudes de licencia

De los diputados Ángel Aguirre Herrera y Joel González Díaz.

Toma de protesta deciudadanos diputados

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que se solicita al Presidente de la Mesa Directiva, publique en el Diario Oficial de la Federación los decretos relativos a las cuentas de la Hacienda Pública Federal, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2002 y 2007. (Votación)

Declaratoria de publicidad de los dictamenes

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva.

De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma los artículos 108 y 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5o., 23 y 24 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos a la fracción II, del artículo 24 de la Ley del Servicio Militar.

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XXV, XXVI, y XXVII al artículo 18 y un artículo 138 Bis, a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que adiciona una fracción X al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones III, IV, V y VI al artículo 192 Quater de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 1165 del Código de Comercio.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona al artículo 1391 una Fracción VIII, recorriendo la actual VIII para quedar como IX del Código de Comercio.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Fomento a la Industria Vitivinícola.

Agenda política

Comentarios relativos a la situación que se vive en el IMSS, el Sindicato de dicho organismo y de los trabajadores que en el Instituto prestan sus servicios, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 9° y 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Alejandro Cano Ricaud, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4° de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 5 Bis a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o., 104 y 112 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. y 111 y adiciona un artículo 8 ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 212 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que adiciona un cuarto párrafo al artículo 212 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73, 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de los diputados Francisco José Rojas Gutiérrez, José Ramón Martel López, César Augusto Santiago Ramírez, Carlos Flores Rico, Óscar Guillermo Levin Coppel e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 29 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Hugo Héctor Martínez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 357 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado José Oscar Aguilar González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 371 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Protección y Reparación Integral a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos Generadas por la Violencia; a cargo de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 50 de le Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo de la diputada Lily Fabiola De la Rosa Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Susana Hurtado Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio Aysa Bernat, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Alejandro Cano Ricaud, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger y suscrita por los diputados Paz Gutiérrez Cortina y Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Ma. Dina Herrera Soto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Herón Agustín Escobar García y suscrita por el diputado Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Diana Patricia González Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Civil Federal y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 27, 135 y 157 Bis de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada María Guadalupe García Almanza y suscrita por la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Yolanda del Carmen Montalvo López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Herón Agustín Escobar García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que establece las características de dos monedas de plata conmemorativas del centenario de la fundación de la Escuela Libre de Derecho, a cargo del diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a los titulares de los gobiernos estatales, para que implementen caminatas y paseos en bicicleta en las principales calles de nuestro país, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, evalúe la posibilidad de crear un incentivo fiscal a empresas que proporcionen empleo a adultos que oscilan entre los 40 y 60 años de edad, a cargo del diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Hidalgo, para que investigue y en su caso sancione a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de las víctimas del desalojo verificado el día 28 de enero del 2012 en el predio ubicado en la zona norponiente de la ciudad de Pachuca, denominado Colonia Abril, en la zona 20 de noviembre, municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. Así como para que se reparen los daños cometidos en contra de las víctimas, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal, realice las acciones necesarias para frenar el incremento a los precios de las gasolinas y el diesel, así como a los productos de la canasta básica, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Colima, a respetar las donaciones y no destinarlas a fines distintos de los previstos en la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Yulenny Guylaine Cortés León, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los tres órdenes de Gobierno, ejecuten diversas medidas para garantizar la seguridad de los habitantes de Cherán, Michoacán, a cargo de la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la SFP y a la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales, realicen una investigación sobre presuntas faltas administrativas y delitos electorales por parte de funcionarios federales en el Municipio de Pueblo Nuevo, en el estado de Durango, a cargo del diputado José Ricardo López Pescador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Infonavit, para que ponga fin a los violentos desalojos en contra de los trabajadores, y para que se decrete una prórroga indefinida en el cobro de los créditos, especialmente en las zonas del país más afectadas por la crisis económica, la sequía y la violencia, a cargo del diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la SFP, investigue los procesos de licitación pública en materia de infraestructura carretera, por presuntos actos de corrupción, particularmente en la autopista Siglo XXI del estado de Michoacán, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que el recinto conocido como Salón de Protocolo del edificio C de Palacio Legislativo, se denomine “Salón de Protocolo José Miguel Ramos Arizpe”, a cargo del diputado Hugo Héctor Martínez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a la SHCP y a la SRE, realicen la contratación de un seguro de vida en beneficio de los migrantes, a cargo del diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se propone la creación y otorgamiento de la medalla de la Paz: “Dr. Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz”, a mexicanas, mexicanos y organizaciones de la sociedad civil que se distingan por su labor a favor de la cultura de la paz y la no violencia en nuestro país, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Efemérides

Relativa al Día del Ejército, a cargo de la diputada Diana Patricia González Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Señor diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, presidente. Respecto al orden del día, que se acaba de dispensar la lectura; nos llama mucho la atención a legisladores de distintas fuerzas el tema de la salida del fiscal especializado para la atención de delitos electorales y el nombramiento que hizo el gobierno federal de una nueva fiscal para la atención de delitos electorales.

Ese tema, como ya lo han manifestado algunos miembros de ciertos partidos políticos, desde luego no augura nada bueno para el proceso electoral, porque es incorrecto, desde el punto de vista electoral, político y hasta jurídico cambiar a un fiscal especializado para la atención de delitos electorales, que por cierto había tenido un buen desempeño y había promovido en esta Cámara de Diputados una reforma al Código Penal Federal, en materia de delitos electorales, que sea sustituido a mitad del proceso electoral, por una fiscal que se desconoce cualquier tipo de antecedente como experiencia en la materia electoral.

Tomo la palabra, presidente, para protestar por esta decisión del gobierno federal que propone una fiscal en materia de delitos electorales, que seguramente está subordinada al gobierno federal, que no tendrá independencia en su desempeño y no me parece que sea una noticia buena para la libertad y para la equidad del proceso electoral.

En este mismo orden de ideas, presidente, hay otro tema en relación con lo electoral que tiene que ver con el periodo de intercampañas; el IFE está pretendiendo, contrario a lo que establece la Constitución, a la base III de la Constitución del artículo 41, que establece que los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social.

El IFE pretende —en un acuerdo del Consejo General y en un boletín que publicaron el día de ayer en los medios de comunicación social— privar a los partidos de este derecho del que gozan por disposición constitucional en la base III del artículo 41, a tener acceso al uso de manera permanente de los medios de comunicación social, porque están entendiendo que en el periodo de intercampañas los partidos no pueden utilizar este tiempo.

Me parece indebido, me parece una violación a la Constitución y desde luego, esta Cámara de Diputados no puede estar ausente respecto a estos dos temas: el nuevo nombramiento de una fiscal para la atención de delitos electorales, que no tiene experiencia en la materia y que va a ser un alfil del gobierno federal, y el otro tema, respecto al asunto de intercampañas, en donde se quiere privar a los partidos políticos nacionales del uso de manera permanente de los medios de comunicación social.

Me parecen dos temas muy graves que vienen a empañar este proceso electoral, presidente, y quiero comentarlo; no sé si la Cámara de Diputados tenga al respecto una reacción para exigirle a las autoridades electorales del país que se comporten con respeto a la Constitución, en primer lugar, presidente.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputado Pablo Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias, presidente. En comunicaciones hay una documentación de la Lotería Nacional, me parece que es la situación financiera; le pediría si nos regala una copia turnada a la Presidencia de la Comisión de la Función Pública, para su revisión. Es cuanto, presidente, gracias.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Así será, señor diputado.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior; pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves nueve de febrero de dos mil doce, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputadoGuadalupe Acosta Naranjo

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos cincuenta y un diputadas y diputados, a las diez horas con veinticuatro minutos del jueves nueve de febrero de dos mil doce, el Presidente declara abierta la sesión.

A las diez horas con veintiséis minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de doscientos cincuenta y ocho diputadas y diputados.

En sendas votaciones económicas, la Asamblea dispensa la lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior y de la misma manera se aprueba esta última.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios en relación con el orden del día y sobre diversos temas legislativos los diputados José Ramón Martel López, del Partido Revolucionario Institucional; Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México; Jaime Fernando Cárdenas Gracia y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, ambos del Partido del Trabajo; Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México; Pedro Ávila Nevárez y Luis Carlos Campos Villegas, ambos del Partido Revolucionario Institucional; y María Sandra Ugalde Basaldúa, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, por la que informa que dos iniciativas con proyecto de decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal del Trabajo, presentadas el veintidós y el veinticuatro de febrero de dos mil once, respectivamente, no fueron dictaminadas dentro del plazo reglamentario. De conformidad con el artículo ochenta y nueve, numeral dos, fracción tercera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se tienen por desechadas. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

b) De las Comisiones Unidas de Marina y de Justicia, con la que remiten las conclusiones a las preguntas parlamentarias, formuladas en la sesión del día veintidós de septiembre de dos mil once. De enterado. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

c) Dos, de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, por las que invita a las Ceremonias Cívicas Conmemorativas del centésimo octogésimo primer Aniversario Luctuoso del General Vicente Guerrero, y del ducentésimo trigésimo séptimo Aniversario del Natalicio del doctor Miguel Ramos Arizpe, que tendrán lugar el catorce y quince de febrero, respectivamente. Se designan comisiones de representación.

d) De la diputada Marcela Guerra Castillo, por la que comunica la reincorporación a sus actividades legislativas a partir del diecisiete de febrero del año en curso. De enterado. Comuníquese.

e) De los diputados Lily Fabiola de la Rosa Cortés y Alejandro Gertz Manero, por las que solicitan el retiro de sus iniciativas de las comisiones correspondientes. Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

f) Del Gobierno del Distrito Federal, con la que remite contestación con punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que se mejoren las condiciones regulatorias que incidan en el proceso productivo de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas. Se turna a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

g) De la Cámara de Senadores:

• Con las que remite Minutas con proyecto de decreto:

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y el Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, de Cultura, y de Justicia, para dictamen.

– Que adiciona una fracción cuarta Bis al artículo cinco, y el artículo siete Ter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bebidas adicionadas con cafeína, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Con la que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso h) de la fracción segunda del artículo doscientos veinte de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Partido del Trabajo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La Secretaría da lectura a los siguientes dictámenes con proyecto de decreto que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión de Economía:

• Que reforma el artículo mil ciento sesenta y cinco del Código de Comercio.

• Que adiciona al artículo mil trescientos noventa y uno una fracción octava, recorriendo la actual octava para quedar como novena del Código de Comercio.

• Que expide la Ley Federal de Fomento a la Industria Vitivinícola.

La Presidencia informa que, de conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

Se someten a discusión los dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones de:

a) Salud:

• Que expide la Ley Sobre Controversias Derivadas de la Atención Médica. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Antonio Benítez Lucho. Se somete a discusión en lo general e intervienen en contra los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, quien acepta interpelación del diputado Antonio Benítez Lucho, del Partido Revolucionario Institucional; y el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, ambos del Partido del Trabajo; en pro los diputados Miguel Antonio Osuna Millán, del Partido Acción Nacional; Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática; María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, de Movimiento Ciudadano; y César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se considera suficientemente discutido, en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por doscientos noventa y nueve votos a favor; seis en contra; y una abstención. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de atención materno-infantil. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Miguel Antonio Osuna Millán. Para fijar postura de sus grupos parlamentarios intervienen los diputados María Guadalupe García Almanza, de Movimiento Ciudadano; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; Ariel Gómez León, del Partido de la Revolución Democrática; Paz Gutiérrez Cortina, del Partido Acción Nacional; y María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e interviene en contra el diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. El Presidente informa a la Asamblea de la reserva del artículo sesenta y dos Bis, del proyecto de decreto.

Presidencia del diputadoJesús María Rodríguez Hernández

En votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados por trescientos dieciséis votos a favor; y cuatro en contra.

En su oportunidad y desde su curul realiza moción de procedimiento el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones.

Se concede el uso de la palabra al diputado Ariel Gómez León, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo sesenta y dos Bis, quien acepta interpelación de los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México; por instrucciones de la Presidencia la Secretaría da lectura a la modificación propuesta; se continúa con la interpelación de los diputados José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; Laura Elena Estrada Rodríguez, del Partido Acción Nacional; Juan José Guerra Abud, del Partido Verde Ecologista de México; y José Ramón Martel López, del Partido Revolucionario Institucional.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules solicitan el retiro de la propuesta de modificación los diputados Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México; Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática; Rodrigo Reina Liceaga, del Partido Revolucionario Institucional; Leandro Rafael García Bringas, y Gerardo Cortez Mendoza, ambos del Partido Acción Nacional; Antonio Benítez Lucho, del Partido Revolucionario Institucional y Miguel Antonio Osuna Millán, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones y a petición de los grupos parlamentarios se difiere la votación.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de atención preventiva integrada a la salud. Se somete a discusión en lo general intervienen en contra los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia, y Laura Itzel Castillo Juárez, ambos del Partido del Trabajo; y a favor los diputados Leandro Rafael García Bringas, del Partido Acción Nacional; Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática; y María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se considera suficientemente discutido, en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos catorce votos a favor; siete en contra; y dos abstenciones. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

b) Ciencia y Tecnología, que reforma los artículos primero, treinta y nueve, y cuarenta y dos de la Ley de Ciencia y Tecnología. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado José Isabel Meza Elizondo. Se somete a discusión en lo general e interviene en pro el diputado Tomas Gutiérrez Ramírez, del Partido Acción Nacional. En votación económica se considera suficientemente discutido, en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos dieciséis votos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones.

El Presidente informa que se continúa con la votación de la reserva al artículo sesenta y dos Bis, del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Salud, que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de atención materno-infantil. Desde sus respectivas curules realizan comentarios con relación al artículo reservado los diputados Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional; Ariel Gómez León, del Partido de la Revolución Democrática; y María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional. A solicitud del proponente se retira la propuesta de modificación, por lo que se somete a votación nominal dicho artículo en términos del dictamen. Por diecinueve votos a favor; y doscientos ochenta y dos en contra se desecha el artículo sesenta y dos Bis. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

c) Turismo, que reforma el artículo octavo de la Ley General de Turismo. Se somete a discusión en lo general e interviene en contra el diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo; y a favor los diputados Julio Saldaña Morán, del Partido Acción Nacional; Lizbeth García Coronado, y Emilio Serrano Jiménez, ambos del Partido de la Revolución Democrática; para rectificación de hechos el diputado Miguel Ángel García Granados, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general.

Presidencia del diputadoGuadalupe Acosta Naranjo

En votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por doscientos ochenta y tres votos a favor; y siete abstenciones. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

La Presidencia informa que se recibió solicitud de diversos grupos parlamentarios así como de la Comisión de Derechos Humanos, para posponer la discusión del proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5, 23 y 24 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se concede la petición.

Se da cuenta con la comunicación de la Junta de Coordinación Política por la que se proponen cambios de integrantes en Comisiones Ordinarias y Especiales. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se da cuenta con acuerdos de la Junta de Coordinación Política, por los que:

• Se crea un Grupo de Plural de Trabajo para dar seguimiento y evaluar el impacto de las contingencias climatológicas que aquejan al país. Desde sus respectivas curules se refieren al tema los diputados Gerardo Sánchez García, del Partido Revolucionario Institucional; y Héctor Elías Barraza Chávez, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se considera suficientemente discutido y de la misma forma se aprueba. Comuníquese.

• La Cámara de Diputados exhorta al Instituto Federal Electoral y a los Institutos Electorales Locales que corresponda, a que tomen medidas adecuadas y fortalezcan sus mecanismos de supervisión y control, para impedir el ejercicio del gasto público y el uso de programas sociales a favor de candidatos o partidos en las próximas campañas electorales. Desde su curul se refiere al acuerdo el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. En votación económica se considera suficientemente discutido y de la misma forma se aprueba. Comuníquese.

Se recibe oficio de la diputada Olivia Guillén Padilla, por el que comunica la reincorporación a sus actividades legislativas a partir del veintiséis de enero de dos mil doce. De enterado. Comuníquese.

El Presidente informa a la Asamblea que la ciudadana Margarita Beatriz de la Candelaria Curmina Cervera, diputada federal electa en el Segundo Distrito electoral del estado de Campeche, se encuentra a las puertas del Salón de Sesiones y designa una comisión para introducirla al recinto, acto seguido rinde protesta de Ley y entra en funciones.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Miguel Ángel García Granados, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos veintidós, veintitrés, y ciento ochenta de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Lily Fabiola De la Rosa Cortés, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo doscientos veintitrés de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen; y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para opinión.

• Ildefonso Guajardo Villarreal, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía; y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento cincuenta de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Yolanda de la Torre Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma el artículo veintiuno de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

– Que reforma el artículo setenta y ocho de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres, y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley General de Educación y de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

– Que reforma los artículos ochenta y uno, ochenta y dos, ochenta y tres, y ochenta y tres Ter de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

• Canek Vázquez Góngora, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo doscientos veintiuno Bis cinco del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Eduardo Mendoza Arellano, del Partido de la Revolución Democrática:

– Que expide la Ley General de Amnistía y Reconciliación Nacional. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y Derechos Humanos, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

– Que adiciona un Artículo Transitorio al diverso por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el dieciocho de junio de dos mil ocho. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Jorge Antonio Kahwagi Macari, de Nueva Alianza:

– Que reforma el artículo diecinueve de la Ley de Vivienda. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

– Que reforma los artículos quinto, catorce, veinte, y ciento veintinueve de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Samuel Herrera Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, a nombre propio y del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

• Jaime Arturo Vázquez Aguilar, que reforma el artículo séptimo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Ariel Gómez León, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo trece de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

Se recibe iniciativa con proyecto de decreto del diputado Ariel Gómez León, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Norma Leticia Orozco Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que expide la Ley Federal de Sesiones Públicas. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de la Función Pública, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules, solicitan retirar sus iniciativas del orden del día y programarlas para la siguiente sesión los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, de Movimiento Ciudadano; Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Partido de la Revolución Democrática; Hugo Héctor Martínez González, Lily Fabiola de la Rosa Cortes, José Oscar Aguilar González, y José Antonio Aysa Bernat, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que el promovente haya solicitado de viva voz su registro en la siguiente sesión, se turnan:

a) Iniciativas con proyecto de decreto, de los diputados:

• María Guadalupe García Almanza, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de Comercio Exterior y de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía, y de Agricultura y Ganadería, para dictamen.

• Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Partido Acción Nacional:

– Que reforma el artículo cincuenta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Que reforma el artículo cuarenta y dos de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• José Manuel Marroquín Toledo, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen

• Leandro Rafael García Bringas, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo treinta y seis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Gloria Trinidad Luna Ruíz, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos once y quince de la Ley Federal de Defensoría Pública. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Rodolfo Lara Lagunas, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

• Pedro Jiménez León, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos setenta y cuatro, ciento diez, y ciento once de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• José Ricardo López Pescador, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo treinta y ocho de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Oscar Lara Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, veinticuatro de la Ley General de Educación y cincuenta y tres de la Ley Reglamentaria del artículo quinto Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• María Dina Herrera Soto, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se turna a las Comisiones Unidas de Pesca, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Héctor Guevara Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarenta y uno de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y expide la Ley Federal de la Pirotecnia. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Héctor Pedraza Olguín, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma los artículos ciento sesenta y siete de la Ley General de Salud y octavo de la Ley General de las Personas con Discapacidad. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

– Que reforma el artículo sexto de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

– Que reforma los artículos once, noventa y tres, y ciento doce de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Rafael Rodríguez González, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma el artículo catorce de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

– Que reforma el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Que reforma el artículo veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Efraín Ernesto Aguilar Góngora, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley Federal de Radio y Televisión, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Población. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud, para dictamen.

• José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Luis Carlos Campos Villegas, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos veinticuatro y cuarenta y seis de la Ley Minera. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Alma Carolina Viggiano Austria, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo séptimo de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Alfredo Francisco Lugo Oñate, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo séptimo de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Carlos Flores Rico, del Partido Revolucionario Institucional, que deroga el artículo cuarenta y siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Fernando Espino Arévalo, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un artículo treinta y cuatro Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Teófilo Manuel García Corpus, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

b) Proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

• Fernando Espino Arévalo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, realice las gestiones necesarias a efecto de reformar el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, con el propósito de crear la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Miguel Ángel García Granados, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se convoca a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Relaciones Exteriores de esta Soberanía, a que insten a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que a la brevedad sea ratificado por nuestro país el convenio ciento treinta y ocho sobre la edad mínima de admisión al empleo de la Organización Internacional del Trabajo. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Lily Fabiola De la Rosa Cortés, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a las dependencias federales y estatales del sector salud y de seguridad social, para que emprendan acciones que garanticen que los deportistas profesionales tengan un acceso eficaz a todos y cada uno de los servicios que proporcionan esas instituciones, en especial a su incorporación dentro del seguro social en sus respectivas modalidades. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte, para dictamen.

• Antonio Benítez Lucho, del Partido Revolucionario Institucional:

– Relativo a la presente administración del estado de Guanajuato. Se turna el primer resolutivo a Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su atención, y el segundo resolutivo a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

– Relativo a la presente administración del estado de Jalisco. Se turna el primer resolutivo a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su atención; y el segundo resolutivo a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Héctor Fernández Aguirre, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, reconsidere el Acuerdo del Tribunal Superior Agrario por el que se reubica el Tribunal Unitario Agrario del Distrito veinticuatro que funcionaba en la ciudad de Saltillo, Coahuila y que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de septiembre de dos mil seis, para que lo restituya a dicho estado. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Jesús Alberto Cano Vélez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que retire el retén militar ubicado en Querobabi, Sonora. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

• Del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación y al Gobernador del estado de Jalisco, proporcionen los apoyos necesarios para atender la situación de emergencia que viven los apicultores y se garantice la sustentabilidad de su actividad en dicho estado. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para dictamen.

• Diana Patricia González Soto, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los Congresos de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que adecuen su normatividad constitucional y legal vigente, en concordancia con la reforma constitucional del diez de junio de dos mil once, en materia de derechos humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, establezca medidas que cumplan lo reconocido en el Pacto Hauxa Manaka, suscrito en dos mil ocho y a la Secretaría de Economía, cancele las concesiones otorgadas en el Área de Influencia del Área Natural Protegida y Sitio Sagrado Natural de Wirikuta, tanto en la Sierra de Catorce como en el Bajío. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Economía, para dictamen; y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para opinión.

• Alejandro Del Mazo Maza, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Educación Pública y autoridades competentes, y en coordinación con los titulares de los gobiernos estatales, diseñen y apliquen las acciones y programas de transporte escolar sustentable, en las escuelas de educación básica nivel primaria (privadas). Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta al Gobernador Constitucional y al Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Tabasco, cumplan con los laudos a favor de los trabajadores de dicha entidad que fueron despedidos injustificadamente desde el año de mil novecientos noventa y ocho. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Rafael Yerena Zambrano y María Hilaria Domínguez Arvizu, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Jalisco y Nayarit, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a las autoridades competentes, impulsen y promuevan, como patrimonio natural de la humanidad, a la Bahía de Banderas, ubicada en los límites de los estados de Jalisco y Nayarit. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal, a la Secretaría de la Función Pública,, al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, revisen diversas situaciones jurídicas y de hecho, relativas al Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

El Presidente clausura la sesión a las quince horas con treinta y seis minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el día martes catorce de febrero de dos mil doce a las once horas.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobada el acta.Continúe la Secretaría, por favor.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - LEY FEDERAL DEL TRABAJO - LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitarle que sean retiradas de las comisiones respectivas las siguientes iniciativas turnadas por la Presidencia de la Mesa Directiva el 7 de febrero del año en curso:

• Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Herón Agustín Escobar García y suscrita por el diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Herón Agustín Escobar García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2012.—Diputado Herón Agustín Escobar García (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

COMISION PERMANENTE

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes el informe de las actividades realizadas por la Comisión Permanente durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura, con el que se dio cuenta en la sesión celebrada en esta fecha.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: “De enterado, insértese en el Diario de los Debates y remítase a las honorables Cámaras de Diputados y de Senadores”.

México, DF, a 1o. de febrero de 2012.— Diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica).»

Numeralia de la Comisión Permanente Primer receso del tercer año de ejercicioLXI Legislatura

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: De enterado.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado José Manuel Hinojosa Pérez cause baja como integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 13 de febrero de 2012.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comisión de Comunicaciones

Alta: Diputada Mayra Lucila Valdés González (integrante)

Comisión de Turismo

Alta: Diputada Mayra Lucila Valdés González (integrante)

Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social

Alta: Diputada Mayra Lucila Valdés González (integrante)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 13 de febrero de 2012.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso C), de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento solicitado por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido acción Nacional:

• Que el diputado Miguel Martín López cause baja como integrante de la Comisión Especial de seguimiento a nuevas inversiones en salud, recursos del Fonden y del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 13 de febrero de 2012.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: De enterado. Comuníquese.

DIPUTADOS QUE SE REINCORPORAN

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados; le informo de mi reincorporación al ejercicio de mi cargo como diputada federal, a partir del próximo 16 de febrero del año en curso. Para los efectos que contempla el mismo artículo 16, en su numeral 2, del reglamento antes mencionado.

Sin otro particular, agradezco su atención.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de enero de 2012.— Diputada Sofía Castro Ríos (Rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

La que suscribe, Claudia Ruiz Massieu Salinas, diputada federal con licencia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, solicito respetuosamente mi reincorporación a las actividades legislativas de esta honorable Cámara de Diputados a partir del 16 de febrero del año en curso.

Comunico lo anterior para los fines legales y administrativos correspondientes.

Asimismo, hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración y respeto.

Atentamente

México, DF, a 7 de febrero de 2012.— Diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

El que suscribe, Sergio Gama Dufour, diputado federal electo por el 3 distrito electoral federal del estado de San Luis Potosí e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 16 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa, para hacer de su conocimiento de la reincorporación al ejercicio de mi cargo como diputado federal para desempeñar las labores legislativas, a partir del lunes 20 de febrero del año 2012, por lo consiguiente solicito la conclusión hasta el domingo 19 de febrero del 2012 la licencia por tiempo indefinido que me fue concedida por el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el día 4 de enero de 2012.

Por lo expuesto y fundado, le solicito se sirva notificar lo anterior al pleno de esta soberanía, así como a todas las instancias administrativas pertinentes para los efectos procedentes a que haya lugar.

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de enero de 2012.— Diputado Sergio Gama Dufour (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: De enterado. Comuníquese.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Me refiero a la recomendación número 08-0-09100-07-0526-07-002, determinada por la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de 2008, a través de la cual se solicitó a esta secretaría la elaboración del informe anual sobre las concesiones otorgadas, a fin de presentarlo ante la Cámara de Diputados.

Sobre el particular y en cumplimiento del artículo 72, último párrafo, de la Ley General de Bienes Nacionales, le remito la información correspondiente a las concesiones otorgadas en el ejercicio fiscal de 2011 por esta dependencia.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 9 de febrero de 2012.— Sofía Fernández del Castillo Quintana (rúbrica), encargada de la Dirección General de Vinculación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicación y Transportes.— Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto.

Licenciada Sofía Fernández del Castillo, encargada de la Dirección General de Vinculación.— Presente.

Me refiero a la recomendación al desempeño número 08-0-09100-07-0526-07-002 determinada por la Auditoría Superior de la Federación, con motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2008, a través de la cual se solicitó a esta Secretaría la elaboración del informe anual sobre las concesiones que otorga esta dependencia, a fin de presentarlo a la Cámara de Diputados, en cumplimiento del artículo 72, último párrafo de la Ley General de Bienes Nacionales.

Por tal motivo, me permito solicitar a usted su valiosa intervención para que el informe referido correspondiente al año 2011 (anexo), se haga llegar por su amable conducto a la Cámara de Diputados, y con ello dar puntual atención a la recomendación presentada por el Órgano Superior de Fiscalización referido.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 7 de febrero de 2012.— Licenciado Armando Ruiz Massieu A. (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su conocimiento.

LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DG/017/030212, Benjamín González Roaro, director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, envía el diagnóstico sobre su situación financiera y operativa, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo transitorio décimo primero del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

México, DF, a 7 de febrero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica).»

«Escudo.— Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Licenciado Rubén Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado subsecretario:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo transitorio décimo primero del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, que dispone que a más tardar el 15 de febrero la Lotería Nacional para la Asistencia Pública deberá enviar a la Cámara de Diputados un diagnóstico sobre su situación financiera y operativa, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Anexo al presente, encontrará el documento presentado a la Junta Directiva de esta entidad en su primera sesión ordinaria, de fecha 2 de febrero de 2012, con la atenta solicitud de que por su conducto sea remitido a la honorable Cámara de Diputados a efecto de dar atención a la obligación antes referida.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de febrero de 2012.— Benjamín González Roaro (rúbrica), director general.»

«Escudo.— Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Diagnóstico de la situación financiera y operativa

Antecedentes

La Lotería Nacional cuenta con más de 240 años de existencia, se trata de una de las instituciones más antiguas del gobierno federal y mejor valoradas históricamente por los mexicanos. En razón de esto, su vida jurídica en la época moderna es recogida por el Congreso de la Unión, mediante la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, publicada en Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985. Dicha Ley, determina en su artículo 2o. el objeto de su creación, mismo que a continuación se transcribe:

El objeto del organismo es apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública, destinando a ese fin los recursos que obtenga mediante la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Dichos recursos, una vez deducidos el monto de los premios, reintegros y gastos de administración, así como el importe que se asigne para formar e incrementar las reservas y garantías a que se refiere esta ley, serán enterados a la Tesorería de la Federación para el cumplimiento de su destino especifico.

Consideraciones generales

• La filosofía de los sorteos de la Lotería Nacional es la de repartir muchos premios, mayores, medianos, menores y reintegros, a diferencia de otros juegos y sorteos que tienen como única finalidad la acumulación de fondos para ofrecer grandes premios. La naturaleza del juego de lotería tradicional, implica regresar a los usuarios un alto porcentaje de recursos (62.0 por ciento).

• Los juegos y sorteos que ofrecen las loterías estatales en el mundo, evitan la presencia de prácticas ilegales en esta actividad y la ludopatía en la población, por lo que los gobiernos fomentan su modernización y fortalecen su operación.

• Por la frecuencia de los juegos que se ofrecen en las “casas de juego”, el intervalo de pago, la accesibilidad y entorno social en el que se desarrollan, es común que los clientes de esos centros, experimenten problemas de ludopatía. Además de que fomentan un mayor desembolso de recursos de los consumidores.

• La Lotería Nacional tiene incorporado a sus vendedores ambulantes en el Seguro Social, en cumplimiento con el decreto presidencial emitido en diciembre de 1974. Asimismo, genera empleos indirectos para más de 40 mil personas aproximadamente en el proceso de distribución y venta de los billetes de lotería y cubre la seguridad social de alrededor de 10 mil personas, paga a empresarios y billeteros que comercializan sus productos y contrata a diversas empresas del Estado, como es el caso de Servicio Postal Mexicano.

Diagnóstico

La Lotería Nacional en los últimos 10 años ha sido afectada por la intensa competencia en el sector de juegos y sorteos, primeramente por la incursión de empresas privadas en el mercado y posteriormente con la proliferación de casinos y casas de juego, algunas de ellas ilegales, así como por los juegos de apuesta a través de Internet y la presencia de video loterías que operan de manera irregular y que no pagan impuestos. Lo anterior ha provocado una caída constante en sus ventas, como se muestra en el cuadro y gráficas siguientes:

En 2009 la Lotería Nacional enfrentó una difícil situación, originada principalmente por la desaceleración económica que se presentó en el País, así como por las medidas sanitarias tomadas para frenar el contagio del virus de la influenza, aspectos que se vieron reflejados en un fuerte impacto en las finanzas de la Institución. En este sentido es conveniente mencionar, que al mes de julio de ese año, se llevaba ya una pérdida de 279.6 millones de pesos y se estaba manifestando una creciente baja en las ventas.

Para frenar esta situación, en ese año se llevaron a cabo una serie de acciones en los esquemas operativos y comerciales, que aunadas a un programa de retención del gasto administrativo, se logró que en los últimos meses de 2009 se alcanzara una utilidad de 171.6 millones de pesos, que si bien no fue suficiente para resarcir la pérdida acumulada, colocó a la Institución en una mejor situación financiera.

La estructura de costo que tiene la Lotería Nacional, está conformada mayoritariamente por conceptos de difícil reducción, como es el caso de los premios, comisiones mercantiles a los Organismos de Venta, los servicios personales, la impresión de billetes que se realiza a través de un tercero, los servicios que ofrecen los Centros de Atención Tecnológica, los gastos de publicidad, así como los apoyos y seguridad social que se otorga a los billeteras y jubilados de la Institución. En su conjunto estos conceptos representan el 96.4 por ciento de las ventas. Además, en los últimos años los gastos se han aumentado por el pago del IEPS, que tiene un peso aproximadamente del 11.0 por ciento de las ventas, generándose en consecuencia una operación deficitaria.

En la presente administración y con objeto de aminorar la problemática financiera, se han llevado a cabo una serie de acciones enfocadas principalmente a la modernización de las operaciones, así como de mejoras comerciales y de optimización de los recursos, las cuales se describen a continuación:

• Estudio de la rentabilidad de los productos, con base a ello, se tomó la decisión de retirar del mercado el sorteo “30 por 30” que venía presentando un constante déficit.

• Oferta de nuevos sorteos, como fue “Gordito” que inició sus operaciones en el último trimestre de 2009.

• Diseño de una nueva imagen, para posicionar a la Lotería Nacional a través de su ícono más representativo, que son los niños gritones.

• Fortalecimiento de la red comercial de la lotería, incorporándose 50 nuevas agencias y realizándose una redistribución de la dotación de billetes.

• Redistribución geográfica de la dotación de billetes, abriendo nuevos puntos de venta, para atender aquellas zonas donde la presencia de los productos de la Lotería Nacional es débil.

• Certificación de las agencias de venta, con objeto de elevar la calidad de sus operaciones, con base a las mejores prácticas comerciales y estableciéndose estándares de operación. Esta acción se lleva a cabo con el apoyo de la Secretaría de Economía y del Instituto Politécnico Nacional.

• Certificación en estándares de competencia a Billeteros, a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de la SEP.

• Venta de todos los sorteos a través del Internet, buscando con ello abrir el mercado para la comercialización electrónica de los productos tradicionales.

• Implantación del sorteo “Profecía Maya”, en sustitución del sorteo “Zodiaco Especial”, buscando obtener una mejora en el ingreso y rentabilidad en este sorteo, al bajar el porcentaje del repartible en premios y ofreciendo un producto más económico.

• Lanzamiento al mercado de 5 sorteos de lotería instantánea impresa, los “Rascaditos”, con la finalidad de participar en el mercado de estos productos el cual tiene mayores perspectivas de crecimiento.

• Implantación del Monedero Electrónico, ofreciendo este medio para comprar productos de la Lotería Nacional, a través de la página de Internet, para lo cual se establece una cuenta por cada cliente, quien además puede adquirirlos utilizando tarjetas de crédito, de débito y de prepago, así como depósito bancario referenciado.

• Desarrollo de 42 sorteos electrónicos en línea, que se ofrecen en el portal de Internet de la Lotería Nacional.

• Con objeto de aumentar los ingresos de operación, se están revisando la política de precios, seleccionando para ello a un sorteo de de baja participación como lo es “El Gordito por Terminaciones”, para conocer su efecto sobre la demanda, tomando en cuenta su elasticidad y el impacto neto de dichos aumentos en las ventas totales.

• En el último trimestre de 2009 se contrataron los servicios para la impresión de billetes, en virtud de que las condiciones de la Planta de la Lotería Nacional eran deplorables, de acuerdo a lo señalado por los dictámenes correspondientes. Para garantizar su operación se requería de una inversión considerable (aproximadamente 150 millones de pesos). Es de mencionar, que las medidas de alta seguridad en la impresión que ofrece este servicio, permiten descartar la reincidencia de casos de falsificación de billetes presentados en los años 2008 y 2009.

• Con el objeto de reducir costos relacionados con la devolución que realizan los organismos de venta de los billetes de lotería que no pudieron ser vendidos y que por normatividad deben resguardarse en las oficinas centrales de la Lotería Nacional, como documentación soporte para los registros contables, la SHCP autorizó la sustitución de los billetes de lotería por los reportes que emiten los sistemas computacionales que operan los sorteos, lo que representa un avance muy importante en la modernización de la Institución y un ahorro anual estimado de 20.0 millones de pesos, quedando pendiente la emisión de la norma correspondiente.

• La infraestructura informática con la que se disponía en 2009, era obsoleta y ponía en riesgo el almacenamiento de la información de los sorteos, por lo que fue necesario la contratación de los servicios de tres centros de atención tecnológica (administrativo, telecomunicaciones y empresarial), requeridos para garantizar las operaciones de la Institución y para el diseño e implementación de sorteos electrónicos que actualmente se ofrecen en el mercado.

• Implantación de un nuevo sistema integral para la administración de recursos (GRP), que comprende el seguimiento presupuestal, el registro contable y los procesos de adquisición de bienes y servicios, lo que ha significado elevar la eficiencia en estas operaciones.

• Modernización de la Tesorería, incorporando en su operación a la banca electrónica, así como de los registros contables, mejorando la calidad en la información.

• Modificación del procedimiento de contratación de los servicios médicos y hospitalarios, estableciéndose un mecanismo de pago tipo seguro, que fija un tope máximo de gasto y garantiza recibir los servicios sin incrementar el costo.

• Elaboración de un cuadro básico de medicinas, basado principalmente en el surtimiento de medicamentos genéricos intercambiables, lo que ha disminuido este tipo de gasto.

• En materia de racionalización del ejercicio presupuestal, se han tomado importantes medidas como la disminución de la plantilla de personal, la cancelación de proyectos nuevos, la contratación plurianual de los principales servicios, generando con ello economías, el ajuste de los contratos abiertos a los niveles mínimos de ejecución y el retiro trimestral a las unidades del presupuesto no comprometido, entre otras.

• Promoción para la enajenación de los activos inmobiliarios de la Institución, entre los que destaca la venta en el pasado mes de diciembre del Edificio Prisma por un monto de 165.2 millones de pesos, cantidad superior al avalúo realizado por el Indaabin.

No obstante del resultado positivo de estas medidas y de haber recibido a finales del año pasado ampliaciones presupuesta les por 150.0 millones de pesos, la Lotería Nacional seguirá presentando un déficit en el 2012, producto del tiempo de maduración y consolidación que requieren los productos modernos, con características electrónicas y con estructuras financieras que permiten una mayor rentabilidad.

Este es el caso de productos como los “Rascaditos” y juegos en línea, que se han lanzado al mercado desde el año anterior y de los cuales se esperan ingresos crecientes. Es de mencionar, que para atender problemas de liquidez se hizo uso de la reserva para pago de premios y se mantuvo una rotación alta en el pago de proveedores, generándose un pasivo de operación de aproximadamente 200.0 millones de pesos.

En este contexto es que el resultado de operación se ha venido mejorando año con año y se espera que para el año 2013 la entidad presente una utilidad después de impuestos, como se muestra en el cuadro siguiente:

Reflexiones finales

• La Lotería Nacional en los últimos años ha enfrentado a un mercado abierto, cuyos competidores han crecido con base a condiciones distintas y operar con esquemas que les representan una mayor rentabilidad.

• Con la entrada del sector privado en el mercado de juegos y sorteos, se presenta una competencia agresiva, lo que ha repercutido para la Lotería Nacional en una reducción en las ventas, en virtud de estar disminuyendo su participación en este mercado, al no complementar su oferta con sorteos que tengan características de comercialización electrónica, premios inmediatos y bolsas atractivas, que son los que actualmente son requeridos por el consumidor.

• La instrumentación de los sorteos como los que ofrece Lotería Nacional, resulta muy costosa por las condiciones especiales de su operación y tienen una menor rentabilidad. Es por ello, que esta administración empezó a diseñar un portafolio de productos modernos, con características electrónicas y con estructuras financieras que permitan mayor rentabilidad, sin embargo, estos productos requieren de tiempo para su maduración y consolidación en el mercado, por lo que mientras concluya este periodo de transición, se requerirá de una ampliación presupuestal por parte del gobierno federal.

• Aunado a los conceptos anteriormente descritos, es conveniente resaltar que la Lotería Nacional es la única entidad en el país que ofrece un tipo de productos como son sus sorteos tradicionales o clásicos, cuya producción, distribución y comercialización de billetes resulta muy costosa, ya que abarca desde una impresión en tinta magnética, códigos de seguridad tanto visuales como electrónicos, papel con características especiales, la necesidad de su distribución por mensajería a todo el territorio nacional y la devolución correspondiente, hasta el pago de seguridad social a población vulnerable como los billeteros, en cambio la gestión de sorteos realizados por medios electrónicos, es de muy bajo costo, es por ello, que de acuerdo a las condiciones actuales del mercado, el futuro de la rentabilidad de la Institución estará basada en incrementar su participación en el mercado de los juegos electrónicos, tal como se está previendo con las acciones que se vienen desarrollando en los últimos años.

• Será obligación de la Lotería Nacional acelerar sus trabajos de instrumentación de sorteos modernos, atractivos, eficientes que combaten la ludopatía y generen recursos para la asistencia pública.

• Conforme a los tiempos de desarrollo que representa la implementación de los nuevos sorteos, se espera llegar a un nivel aceptable de penetración en el mercado a partir del 2013, mientras tanto la generación de recursos de los sorteos tradicionales serán insuficientes para cubrir la totalidad de los compromisos institucionales de gasto.

Solución

En atención a lo estipulado en el artículo décimo primero transitorio del decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, en el sentido de establecer las acciones para lograr una operación superavitaria que le permita cumplir con sus fines de ampliar la cobertura de los beneficios de la asistencia pública a favor de la población más desprotegida, la Lotería Nacional recibirá de manera transitoria una ampliación presupuestal del gobierno federal y en su caso, continuar con dicho apoyo hasta en tanto se concluya con el proceso de modernización de la Institución y los nuevos sorteos electrónicos generen los recursos suficientes para cubrir la totalidad de los compromisos, sin descuidar la operación de los sorteos tradicionales. En este sentido, en 2012 se ministrarán recursos que permitan restituirle a la reserva para pago de premios los recursos que fueron utilizados, así como cubrir el pasivo que se generó en el 2011 y concluir con las acciones de renovación.

Nota:

1 España tiene un repartible en premios del 70.0 por ciento, Costa Rica del 63.3 por ciento, Uruguay del 63.0 por ciento, El Salvador del 61.7 por ciento y Panamá del 60.2 por ciento

Febrero 2, 2012.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

ESTADO DE TLAXCALA

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-3-2314, signado por el diputado Bonifacio Herrera Rivera, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/115/2012, suscrito por la licenciada Iliana Castells Salas, directora de Vinculación y Participación Ciudadana de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a llevar a cabo las acciones necesarias para que el Hospital Materno Infantil de Tlaxcala le sea reconocido el carácter de hospital regional de alta especialidad.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de febrero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titula de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Licenciado Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente

Hago referencia al punto de acuerdo presentado el 19 de octubre de los corrientes por la diputada Oralia López Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, mediante el cual exhorta a la Secretaría de Salud para que lleve a cabo las acciones necesarias para que al Hospital Infantil de Tlaxcala le sea reconocido el carácter de hospital regional de alta especialidad.

Al respecto, me permito acompañar oficio CA/205/2011, suscrito por el licenciado José Ángel González Arreola, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Administración y Finanzas, con los anexos correspondientes; asimismo, se anexa oficio 1166, suscrito por el doctor Manuel de la Llata Romero, director general de Coordinación de Hospitales Regionales de Alta Especialidad.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, 3 de febrero de 2012.— Licenciada Iliana Castells Salas (rúbrica), firma, en ausencia del Director General Adjunto de Vinculación Social, con fundamento en el artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, la Directora de Vinculación y Participación Ciudadana.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor José Luis Treviño Rodríguez, director general adjunto de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

En respuesta a su similar 170/UCVPS/DGAVS/1016/2011, en el que solicita información para desahogar el punto de acuerdo de la diputada Oralia López Hernández, con relación al Hospital Infantil de Tlaxcala, le comento que en opinión de esta Comisión Coordinadora, para que ese hospital continúe prestando servicios a la población, no es necesario que se transforme en un hospital regional de alta especialidad, dependiente de la federación.

Se sugiere complementar los recursos del hospital a través de convenios de intercambio de servicios entre las instituciones públicas del sector y de los diferentes fondos del sistema de protección social en salud, como los del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos y los del Seguro para una Nueva Generación.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de noviembre de 2011.— Doctor Manuel de la Llata Romero (rúbrica), director general de Coordinación de Hospitales Regionales de Alta Especialidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Miguel Limón García, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Me refiero al oficio número 170/UCVPS/DGAVS/1016/2011, mediante el cual se hace del conocimiento de esta Subsecretaría que la diputada Oralia López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó un punto de acuerdo en los siguientes términos:

“ Único.- Se exhorta a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de su competencia lleve a cabo las acciones necesarias para que el Hospital Infantil de Tlaxcala le sea reconocido el carácter de hospital regional de alta especialidad”.

Sobre el particular, me permito remitir a usted copia del oficio número DGPOP/06/004480 emitido por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, en el que se indica que para que esa Unidad Administrativa emita opinión de impacto presupuestario, se deberá cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 18, 19 y 20 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como enviar la información correspondiente, en particular, indicar la posible fuente de financiamiento.

Asimismo, se adjunta al presente copia del oficio CA/198/2011, mediante el cual se envió el oficio de referencia a la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, a efecto de que en el ámbito de las atribuciones conferidas a esa Dirección General, conforme al artículo 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, se dé el trámite que en, su caso corresponda, de conformidad con las disposiciones normativas y administrativas aplicables.

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes para cualquier duda y/o comentario, y hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 31, de octubre de 2011.— José Ángel González Arreola (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

José Ángel González Arreola, coordinador de asesores de la subsecretaría de Administración y Finanzas.— Presente.

En atención a su oficio número CA/197/2011, mediante el cual solicita a esta Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto que emita emitir opinión en relación con lo señalado en el oficio número 170/UCVPS/DGAVS/1016/2011, suscrito por el doctor José Luis Treviño Rodríguez, director general adjunto de Vinculación Social, relativo al punto de acuerdo presentado por la diputada Oralia López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, respecto del Hospital Infantil de Tlaxcala, en los siguientes términos:

“ Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de su competencia lleve a cabo las acciones necesarias para que el Hospital Infantil de Tlaxcala le sea reconocido el carácter de hospital regional de alta especialidad”:

Sobre el particular le comento que para que esta dirección general a mi cargo emita una opinión de impacto presupuestario primero el Hospital Infantil de Tlaxcala tendrá que cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 18, 19 y 20 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo que deberá considerar los aspectos contemplados en dichos artículos y que a continuación se mencionan.

Articulo 18. Las dependencias y entidades deberán contar con un dictamen de la Secretaría sobre el impacto presupuestario de los siguientes proyectos que propongan someter a consideración del presidente de la república:

I. Iniciativas de leyes y decretos que deban enviarse al Congreso de la Unión;

II. Reglamentos de leyes;

III. Reglamentos interiores, decretos y demás ordenamientos que impliquen la creación o la- modificación de las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades;

IV. Decretos y acuerdos, cuando consideren que tienen un impacto presupuestario, y

V. Los demás proyectos que determine la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal.

Adicionalmente, los proyectos a que se refiere la fracción III de este artículo deberán contar con el dictamen sobre la estructura orgánica u ocupacional de la dependencia o entidad de que se trate, que emita la Función Pública en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 19. Las dependencias y entidades que tramiten proyectos en términos del artículo anterior, realizarán una evaluación sobre su impacto presupuestario en los términos que establezca la Secretaría.

La evaluación del impacto presupuestario considerará cuando menos los siguientes aspectos:

I. Impacto en el gasto de las dependencias y entidades por la creación o modificación de unidades administrativas y plazas o, en su caso, creación de nuevas instituciones;

II. Impacto presupuestario en los programas aprobados de las dependencias y entidades;

III. Establecimiento de destinos específicos de gasto público. En este caso, solamente podrán preverse destinos específicos en leyes fiscales;

IV. Establecimiento de nuevas atribuciones y actividades que deberán realizar las dependencias y entidades que requieran de mayores asignaciones presupuestarias para llevarlas a cabo, y

V. Inclusión de disposiciones generales que incidan en la regulación en materia presupuestaria:

Las dependencias y entidades deberán estimar el costo total del proyecto respectivo con base en los aspectos señalados en las fracciones anteriores, para lo cual podrán tomar como referencia el costo que hayan tenido reformas similares. En caso de que el proyecto tenga un impacto en el presupuesto, las dependencias o entidades deberán señalar la posible fuente de financiamiento de los nuevos gastos en términos del artículo 18 de la Ley.

Artículo 20. La Secretaría, a través de la Subsecretaría de Egresos, dictaminará el impacto presupuestario de los proyectos a que se refiere el artículo anterior...

Por lo anterior, para que esta dirección general pueda estar en condiciones de emitir opinión sobre el mismo, se requiere el envío de la información antes mencionada, en particular señalar la posible fuente de financiamiento.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 31 de octubre de 2011.— Carlos García Nava (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Licenciado Fernando Álvarez del Río, director general de Planeación y Desarrollo en Salud.— Presente.

Me refiero al oficio número 170/UCVPS/DGAVS/1016/2011, emitido por la Dirección General Adjunta de Vinculación Social, relativo al punto de acuerdo presentado por la diputada Oralia López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, respecto del Hospital Infantil de Tlaxcala, en los siguientes términos:

“ Único: Se exhorta a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de su competencia lleve a cabo las acciones necesarias para que el Hospital Infantil de Tlaxcala fe sea reconocido el carácter de hospital regional de alta especialidad”.

Al respecto, me permito atentamente remitir el oficio de referencia a efecto de que en el ámbito de las atribuciones conferidas a esa dirección general a su digno cargo, conforme al artículo 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, se dé él trámite que en su caso corresponda, de conformidad con las disposiciones normativas y administrativas aplicables.

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes para cualquier duda y/o comentario, y hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 25 de octubre de 2011.— José Ángel González Arreola (rúbrica), coordinador de asesores.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

LAMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-61-II-2-1952, signado por el diputado Jesús María Rodríguez Hernández, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 100.2012.DGE.071, suscrito por el ciudadano Rodrigo Ortega Cajigas, director general de Enlace de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la inclusión en normas oficiales los límites máximos permisibles del contenido de mercurio en las lámparas fluorescentes compactas que se comercializan en territorio nacional.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de febrero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio SEL/UEL/311/4282/11, del 7 de diciembre de 2011, mediante el cual se comunicó el punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 6 de diciembre, el cual se transcribe a continuación:

“ Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, por conducto de las dependencias e instancias correspondientes, se incluya en normas oficiales (NOM) los límites máximos permisibles del contenido de mercurio en las lámparas fluorescentes compactas que se comercializan en territorio nacional acorde con los estándares internacionales en la materia así como para proporcionar al consumidor la información homologada que deban contener los empaques de las referidas lámparas sobre su manejo disposición final.

”Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que por conducto de las dependencias e instancias correspondientes se implementen las medidas necesarias para que los empaques de las lámparas fluorescentes compactas que se comercializan en el país, cuenten con la información homologada de las referidas lámparas sobre su manejo y disposición final.”

Al respecto la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad informa que la norma oficial mexicana NOM- 017-ENER/SCFI-2008 Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. Límites y métodos de prueba; establece los límites mínimos de eficacia que deben cumplir estas lámparas, así como las especificaciones de seguridad al usuario y los métodos de prueba aplicables para verificar dichas especificaciones. Asimismo, establece el tipo de información que deben llevar los productos objeto de esta Norma Oficial Mexicana que se comercialicen dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos y atiende la necesidad de que dichos productos propicien el uso eficiente y el ahorro de energía.

Actualmente la NOM-017-ENER/SCFI-2008 no contempla los límites máximos permisibles de contenido de mercurio en las lámparas fluorescentes compactas, su manejo y disposición final; no obstante, las Secretarías de Energía y de Economía sólo pueden establecer aspectos de eficiencia energética, de seguridad al usuario y de información comercial en dicha norma.

Conforme a lo señalado en la fracción IV del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se considera que la competencia en la materia recae en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, toda vez que establece los límites máximos permisibles de contenido de mercurio en las lámparas fluorescentes compactas, su manejo y disposición final.

Por lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 2 del acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al Secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones, le solicito atentamente haga del conocimiento de la Cámara de Diputados la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 8 de febrero de 2012.— Rodrigo Ortega Cajigas (rúbrica), director general de Enlace.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remite a las Comisiones de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-61-II-2-1969, signado por el diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1 00.2012.DGE.038, suscrito por el ciudadano Rodrigo Ortega Cajigas, director general de Enlace de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la simplificación de trámites relacionados con la apertura y operación de empresas en México en el ejercicio de 2012.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de febrero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio número SEL/UEL/311/4324/11, del 9 de diciembre de 2011, mediante el cual se comunicó el punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 8 de diciembre, mismo que se transcribe a continuación:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la administración pública federal a continuar realizando la mediación y evaluación de las acciones de simplificación administrativa de los trámites federal, estatales y municipales relacionados con la apertura y operación de empresas en México en el ejercicio de 2012.”

Al respecto la Secretaría de Economía y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) continuarán realizando la medición y evaluación de las acciones de simplificación administrativa de los trámites federal, estatales y municipales relacionados con la apertura y operación de empresas en México. Asimismo, esta dependencia seguirá instrumentando esquemas, acciones, programas, mecanismos e instrumentos que fomenten la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, así como su consolidación y competitividad.

Por lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 2 del acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones, le solicito atentamente haga del conocimiento de la Cámara de Diputados la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 8 de febrero de 2012.— Rodrigo Ortega Cajigas (rúbrica), director general de Enlace.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

APERTURA Y OPERACION DE EMPRESAS

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-3-725, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 100.2012.DGE.040, suscrito por el ciudadano Rodrigo Ortega Cajigas, director general de Enlace de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a fortalecer la simplificación administrativa en los tres órdenes de gobierno, relacionados con la apertura y operación de empresas en México, llevando a cabo anualmente el estudio Doing business.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de febrero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención del oficio número SEL/ UEL/ 311/ 3503/ 10, del 21 de octubre de 2010, mediante el cual se comunicó el punto de acuerdo, aprobado en la Cámara de Diputados el mismo día, que se transcribe a continuación:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la administración pública federal a continuar realizando la medición y evaluación de las acciones de simplificación administrativa de los trámites federal, estatales y municipales relacionados con la apertura y operación de empresas en México, llevando a cabo anualmente el estudio Doing business.

Al respecto, la Secretaría de Economía reitera el compromiso de continuar llevando a cabo acciones encaminadas a fortalecer la simplificación administrativa en los tres órdenes de gobierno. En agosto de 2009, el portal tuempresa.gob.mx fue creado para facilitar la constitución y puesta en operación de empresas en México, mediante la simplificación de los trámites federales. De acuerdo con los reportes proporcionados por la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad, dicha plataforma electrónica había logrado los siguientes resultados un año después de su publicación:

• Reducción de los costos de oportunidad del ciudadano para abrir una empresa en hasta 65 por ciento.

• Trabajo coordinado con las 19 entidades federativas habilitadas en el portal tuempresa.gob.mx

• Reducción del tiempo para abrir una empresa de 13 a 9 días y del número de trámites de 8 a 6.

Los índices de competitividad son herramientas muy poderosas para la elaboración de políticas públicas, por lo que la secretaría continuará apoyando las mediciones y evaluaciones que en el ámbito internacional se hacen sobre el país, a través de indicadores ampliamente reconocidos, así como realizando esfuerzos para llevarlas a cabo en las entidades federativas.

Por lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 2 del acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones, le solicito atentamente que haga del conocimiento de la Cámara de Diputados la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 8 de febrero de 2012.— Rodrigo Ortega Cajigas (rúbrica), director general de Enlace.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

LAMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-8-1787, signado por el diputado Jesús María Rodríguez Hernández, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.2012. DGE.077, suscrito por el ciudadano Rodrigo Ortega Cajigas, director general de Enlace de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a fortalecer las acciones de inspección y vigilancia para verificar el punto de entrada al país de las lámparas fluorescentes compactas en cumplimiento de la NOM-017-ENER/SCFI-2008.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de febrero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio número SEL/UEL/311/4000/11, del 11 de noviembre de 2011, mediante el cual se comunicó el punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 10 de noviembre, el cual se transcribe a continuación:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, gire instrucciones a las autoridades aduaneras para fortalecer las acciones de inspección y vigilancia para verificar el punto de entrada al país de las lámparas fluorescentes compactas en cumplimiento de la NOM-017-ENER/SCFI-200B, eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas, límites y métodos de prueba.

Segundo. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Energía para que a través de la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, conforme a sus atribuciones y en el ámbito de sus respectivas competencias, implanten las medidas convenientes para fortalecer la vigilancia y el cumplimiento de la NOM- ENER/ SCFI-200B, sobre las lámparas fluorescentes compactas que se comercialicen en territorio nacional.”

Al respecto la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) precisa que la Administración General de Aduanas del Sistema de Administración Tributaria emite un dictamen técnico de la mercancía de procedencia extranjera que ingresa a territorio nacional, mismo que debe ser turnado oportunamente a las autoridades correspondientes con el propósito de ejercer facultades, atribuciones y eficientar las labores de vigilancia, para que la Profeco o cualquier autoridad competente proceda a través de acciones inmediatas de verificación a aplicar las medidas precautorias conducentes y ordenar su retiro del mercado, en caso de tratarse de productos inseguros para el consumidor por incumplir las normas oficiales mexicanas.

En relación con las acciones de verificación y vigilancia de los productos denominados lámparas fluorescentes compactas autobalastradas, Profeco informa que se han verificado un total de 4,481 artículos correspondientes a diversas marcas, constatando que los mismos cumplen con los requisitos de información comercial establecidos en la normatividad aplicable. Dichas acciones de verificación se han realizado de manera exclusiva en tiendas de autoservicio.

Por lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 2 del acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones, le solicito atentamente haga del conocimiento de la Cámara de Diputados la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial

Atentamente

México, DF, a 8 de febrero de 2012.— Rodrigo Ortega Cajigas (rúbrica), director general de Enlace.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remite a las Comisiones de Economía y de Energía, para su conocimiento.

PRODUCTORES GANADEROS NACIONALES

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-8-1920, signado por el diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 100.2012.DGE.079, suscrito por el ciudadano Rodrigo Ortega Cajigas, director general de Enlace de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la defensa de los intereses de los productores ganaderos nacionales.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de febrero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención del oficio número SEL/ UEL/ 311/ 4326/ 11, del 9 de diciembre de 2011, mediante el cual se comunicó el punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 8 de diciembre, el cual se transcribe a continuación:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la Secretaría de Economía la defensa de los intereses de los productores ganaderos nacionales. Asimismo, entable la impugnación correspondiente para eliminar las trabas al libre comercio generadas a partir de la entrada en vigor de la Ley de Etiquetado por País de Origen en Estados Unidos de América.

Al respecto, la Subsecretaría de Industria y Comercio informa que en diciembre de 2008, México y Canadá solicitaron a Estados Unidos la celebración de consultas en el marco de la OMC en relación con los requisitos de etiquetado de país de origen aplicables a diversos productos agropecuarios establecidos por dicho país. México consideró que la regulación en la materia, conocida como “COOL” (por sus siglas en inglés), publicada por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria de Estados Unidos, en agosto de 2008 y cuya entrada en vigor se registró el 16 de marzo de 2009, era violatoria de las reglas de la OMC, en materia de trato nacional, marcado de país de origen y obstáculos técnicos al comercio previstos por dicha organización.

Lo anterior dio lugar a que México y Canadá solicitaran ante el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC el establecimiento de un panel o grupo especial para que determinara si las disposiciones que regulan el etiquetado de diversos productos agropecuarios son compatibles con las reglas de la OMC.

En noviembre de 2011, dicho panel falló a favor de México, y en contra de la medida regulatoria de Estados Unidos (COOL) por considerar que es violatoria del artículo 2.2 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, ya que discrimina las importaciones de ganado bovino (becerros) y crea obstáculos innecesarios al comercio.

El 23 de diciembre de 2011 México, Estados Unidos y Canadá solicitaron al OSD adoptar la decisión emitida por el grupo especial en esta disputa, no antes del 23 de marzo de 2012. Lo anterior, a menos que el OSD decida por consenso no hacerlo, o cualquiera de las partes en disputa notifique al órgano su decisión de apelar.

Mediante comunicado del 5 de enero de 2012, el OSD de la OMC acepta la solicitud mencionada, por lo que aplaza hasta el 23 de marzo del año en curso la fecha límite para adoptar o apelar la decisión del grupo especial. En caso de que Estados Unidos apele el fallo la disputa continuará, y en caso de no hacerlo, dicho país tendrá que acatar el fallo y eliminar la regulación de etiquetado impuesta (COOL).

Por lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 2 del acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones, le solicito atentamente que haga del conocimiento de la Cámara de Diputados la información contenida en el presente en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 8 de febrero de 2012.— Rodrigo Ortega Cajigas (rúbrica), director general de Enlace.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

ECONOMIA MEXICANA EN 2012

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-2-2088, signado por el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 345-006, suscrito por el ciudadano Miguel Messmacher Linartas, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cual responde el punto de acuerdo relativo al informe sobre el estado que guardan sus predicciones y estimaciones del desempeño de la economía mexicana para 2012.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 7 de febrero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 18 de enero del año en curso, donde “se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a remitir un informe a esa soberanía del estado que guardan sus predicciones y estimaciones del desempeño de la economía mexicana para 2012, ante los estudios y proyecciones realizadas por organismos internacionales y nacionales autónomos, respecto de los problemas económicos detectados que afectan a nuestro país”.

Al respecto, con fundamento en el artículo 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se anexa el informe estimaciones del desempeño de la economía mexicana durante 2012, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dar cumplimiento al acuerdo antes citado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 2 de febrero de 2012.— Miguel Messmacher Linartas (rúbrica), titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Estimaciones del Desempeño de la Economía Mexicana durante 2012

En respuesta al punto de acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aprobado el 18 de enero de 2012, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a remitir un informe a esa soberanía del estado que guardan sus predicciones y estimaciones del desempeño de la economía mexicana para 2012, ante los estudios y proyecciones realizadas por organismos internacionales y nacionales autónomos, respecto de los problemas económicos detectados que afectan a nuestro país, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presenta el siguiente

Informe

En septiembre de 2011, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió al honorable Congreso de la Unión la propuesta de paquete económico para 2012, el cual incluyó los criterios generales de política económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2012 (CGPE2012). El documento CGPE2012 contiene proyecciones de los principales indicadores de la economía mexicana para 2012, así como los supuestos que las sustentan.

Derivado del análisis del paquete económico de 2012 y considerando la información adicional que se dio a conocer durante el periodo de análisis, discusión y aprobación del mismo, el Congreso de la Unión realizó modificaciones a algunos de los pronósticos de indicadores económicos de México para 2012. En particular, se redujo la estimación de crecimiento del PIB de 3.5 a 3.3 por ciento y se incrementó el tipo de cambio promedio del peso respecto al dólar de Estados Unidos de América de 12.2 a 12.8 pesos por dólar.

Cabe notar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha realizado una modificación a las proyecciones de los principales indicadores de la economía mexicana para 2012 publicados en los CGPE2012, si bien cuando fue consultada su opinión sobre las modificaciones propuestas en el Congreso de la Unión durante las sesiones de trabajo en las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras, se manifestó que estas eran adecuadas dada la información adicional que se observó en el periodo entre la entrega de los CGPE2012 y la aprobación de la Ley de Ingresos para 2012.

Los pronósticos más recientes para la economía mexicana de los principales organismos internacionales así como las encuestas que recopilan las predicciones de los principales analistas del sector privado, los cuales son totalmente independientes del gobierno federal, fueron publicados entre la segunda semana de enero y la primera semana de febrero del presente año.

Específicamente, las últimas encuestas a los especialistas del sector privado recabadas por el Banco de México y Banamex se publicaron el 1 de febrero y el 19 de enero de 2012, respectivamente; la encuesta Blue Chip Economic Indicators, más reciente, es del 10 de enero de 2012; y el Fondo Monetario Internacional (FMI) divulgó una actualización de sus proyecciones el 24 de enero pasado.

Cabe destacar que, dada su temporalidad, incorporan la información relativa al deterioro en las condiciones económicas en la zona del euro así como la estabilización en el dinamismo de la economía de Estados Unidos durante el cuarto trimestre de 2011, información que es adicional a la que se contaba al momento de la aprobación del paquete económico de 2012.

Las proyecciones actualizadas de los analistas especializados y el FMI son consistentes con las estimaciones incluidas en los CGPE2012 y las modificaciones realizadas por el Congreso de la Unión. Las expectativas de crecimiento del PIB se ubican en un rango de 3.1 a 3.5 por ciento, el cual incluye las contempladas en el paquete económico de 2012. Cabe notar que las mismas se han estabilizado, después de revisiones a la baja durante el tercer trimestre y el inicio del cuarto trimestre, ambos de 2011.

Las proyecciones de crecimiento del PIB y la producción industrial de Estados Unidos se estabilizaron también al inicio del cuarto trimestre de 2011, y posteriormente se revisaron ligeramente al alza.

En el caso de la tasa de interés, los analistas esperan que ésta se sitúe alrededor de 4.5 por ciento al cierre del año, ligeramente por debajo del 4.8 por ciento proyectado en el paquete económico de 2012.

Lo anterior se debe a que ante un escenario de mayores riesgos a la baja para el crecimiento global, ahora se considera menos probable un aumento de la tasa de interés por parte del Banco de México.

Ello difiere de lo observado al momento de la aprobación y discusión del paquete económico de 2012 cuando tanto los analistas como la curva de tasas de interés observada en los mercados financieros eran consistentes con un aumento. Por el contrario, las cotizaciones actuales de los futuros de tasas de interés de cierre de año para México implican una ligera disminución de las mismas; por ejemplo, las cotizaciones del 31 de enero de 2012 indican que la tasa de los cetes a tres meses será de 4.52 por ciento al cierre de este año, mientras que el 15 de noviembre de 2011 se esperaba que al cierre de 2012 está fuera de 4.60 por ciento.

Las estimaciones más recientes de los analistas indican que el tipo de cambio gel peso respecto al dólar cerrará el año entre 13.0 y 13.1 pesos por dólar, cifras que implican un promedio superior al contemplado en el paquete económico de 2012. Lo anterior fue resultado de la depreciación del tipo de cambio en el periodo septiembre-noviembre de 2011. Sin embargo, es importante notar que a partir de entonces se ha dado un proceso de apreciación del mismo, llevando a que el tipo de cambio se ubicara en 13.03 pesos por dólar al cierre del 31 de enero de 2012. De continuar la tendencia reciente, el tipo de cambio se ubicaría en niveles consistentes con los empleados en la aprobación del paquete económico de 2012

Es responsabilidad mencionar que en el artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece lo siguiente:

“El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría, deberá enviar al Congreso de la Unión, a más tardar el 1 de abril, un documento que presente los siguientes elementos:

a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año siguiente;

b) Escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el siguiente año: crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo;

c) Escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos y su déficit o superávit;

d) Enumeración de los programas prioritarios y sus montos.”

En el documento que se enviará en 2012 al Congreso de la Unión para cumplir con esa disposición, se incorporará la información adicional que se observe durante el resto del primer trimestre de 2012, llevando a cabo las actualizaciones adicionales que sean pertinentes a las estimaciones de los principales indicadores macroeconómicos para 2012.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remite al promovente, para su conocimiento.

ESTADO DE MEXICO

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-9-4646, signado por el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número PFPN3/8C.17.5/ 0057 -12, suscrito por el licenciado Sergio Eduardo Herrera Torres, subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la realización de una inspección a fin de evaluar el cumplimiento de las normas ambientales correspondientes, durante la operación de depósito de basura proveniente del Distrito Federal en rellenos sanitarios del estado de México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 7 de febrero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/131/12, de fecha 12 de enero de 2012, por el que el maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo a su digno cargo, informó al licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que mediante oficio número DGPL 61-11-9­4646, el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de La Unión, hizo del conocimiento de la Secretaría de Gobernación sobre el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 11 de enero de 2012, que en su punto segundo a la letra dice: Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a realizar una inspección a fin de evaluar la observación de las normas ambientales correspondientes durante la operación de depósito de basura proveniente del Distrito Federal en rellenos sanitarios del estado de México.

Sobre el particular, por instrucciones superiores, aprovecho este conducto para acusar recibo del referido oficio, y hacer de su conocimiento que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente carece de competencia para verificar el cumplimiento de las normas ambientales correspondientes a la operación de sitios en donde se deposite basura, específicamente la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, toda vez que en la misma se indica que su vigilancia le corresponde a los gobiernos de los estados y municipios.

Asimismo, de conformidad con las fracciones VI y XIII del artículo 7o. y IV, XII y XIV del artículo 8o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, le corresponde a los gobiernos estatales y municipales, respectivamente, vigilar el cumplimiento de la citada norma oficial mexicana, es decir, la aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos.

Además, de acuerdo con las fracciones II, III, IV y XVIII del artículo 9o., III, IV, V y VII del artículo 10o. y con el artículo 97 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, corresponde a los gobiernos estatales y municipales, vigilar el manejo de los residuos de manejo especial y regular la generación y manejo integral de los residuos sólidos urbanos y vigilar el cumplimiento de la citada NOM-083-SEMARNAT­2003 correspondiente.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo y ponerme a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

México, DF, a 30 de enero 2012.— Licenciado Sergio Eduardo Herrera Torres (rúbrica), subprocurador de Inspección Industrial.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remite al promovente, para su conocimiento.

SIERRA TARAHUMARA

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.61-II-9-4685 signado por el diputado Gustavo González Hernández, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGF/ 0228/2012 suscrito por el licenciado Rubem Hofliger Topete, director general del Fondo de Desastres Naturales de la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la liberación de recursos procedentes de dicho fondo, en los términos de ley, para la atención de la problemática y contingencia climática de la Sierra Tarahumara.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de febrero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo.— Presente.

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/20l/12 de fecha 20 de enero de 2012 dirigido inicialmente a la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, por medio del cual se comunica que mediante oficio DGPL 61-II-9-4685 el diputado Gustavo González Hernández, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hace del conocimiento de la Secretaría de Gobernación (Segob), el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo en sesión celebrada el 18 de enero de 2012, y cuyo punto resolutivo segundo se reproduce a continuación:

“Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el marco de la división y colaboración de poderes, exhorte respetuosamente al gobernador del estado de Chihuahua para que solicite la liberación de recursos procedentes del Fondo de Desastres Naturales al Ejecutivo federal a efecto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Gobernación de ser procedente, lleven a cabo la liberación de los mismos, en los términos de ley para la atención de la problemática y contingencia climática de la Sierra Tarahumara ”.

Sobre el particular, y considerando que el asunto de mérito fuera remitido a esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales (DGF) el 24 de enero de 2012 para efectos de su atención correspondiente, se comunica que en el presente oficio nos pronunciaremos específicamente sobre el punto resolutivo antes transcrito, por ser el único que guarda una relación directa con la esfera de competencia de la Segob, y por ende, de esta unidad administrativa. Ello, solicitando atentamente a usted, sea el amable conducto para hacer del conocimiento de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, lo siguiente:

I. En términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), son diversas las dependencias y entidades que conforman la Administración Pública Federal (centralizada y paraestatal), y cada una de ellas cuenca con atribuciones, presupuesto y programas propios e independientes para dar atención a los asuntos que les son encomendados. En esa lógica, cada dependencia o entidad puede ejecutar los programas que tengan a su cargo y manejar su respectivo presupuesto sin que para ello resulte necesario comunicar de su actuación a alguna otra dependencia y/o entidad en particular. Por su parte, cada entidad federativa cuenta con instituciones y legislación (específicas y propias), para atender las encomiendas de orden local que resultan de su competencia.

Atentos a lo anterior, y toda vez que las atribuciones conferidas a cada una de las instancias antes mencionadas pueden válidamente permitir que éstas converjan en brindar apoyo a un mismo asunto en particular, debe entenderse que no podría existir una única institución responsable de dar atención a las necesidades de la población que hubiere resultado afectada en su patrimonio, o bien para llevar a cabo las acciones tendientes para mitigar los daños ocasionados por la ocurrencia de un desastre natural, ya que cada una puede prestar el auxilio correspondiente, dentro de la esfera de su competencia y a través de los programas, apoyos y montos que sus propias atribuciones y respectiva normatividad les facultan.

Así también, serán dichas instancias quienes, atentas a la normatividad que rija los procesos de acceso a los apoyos que proporcionan, establezcan los medios, requisitos y formalidades que se deban satisfacer a efecto de ser beneficiarios de los mismos, así como de los montos a otorgarse.

II. En ese orden de ideas, y considerando que esta unidad administrativa carece de atribuciones para conocer, disponer y/o concentrar la información relativa a los recursos que, en su caso y en el ejercicio de sus atribuciones, pudieron haber erogado otras dependencias o entidades (ya sea federales o locales), para la atención del asunto a que se refiere el punto de acuerdo que nos ocupa, en el presente únicamente se centrará en las acciones que, una vez cubiertos los requisitos, formalidades y procedimientos previstos en la normatividad aplicable, han sido llevadas a cabo por la Segob, a través de la DGF y en la implementación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), para atender la ocurrencia de diversos fenómenos naturales perturbadores en el estado de Chihuahua.

De igual manera, en el presente oficio informaremos respecto a la forma y términos en los que el apoyo correspondiente fue puesto a disposición del estado de Chihuahua, y sobre las instancias encargadas de su manejo, distribución y/o control, según corresponda. Sin demérito de ello, podemos válidamente adelantar que en el marco del Fonden, el apoyo respectivo en ningún caso se entrega directamente a las autoridades municipales, a los órganos políticos-administrativos, o a la población en general.

Tal aseveración obedece a que, según se observará, en la normatividad que rige a este programa federal, ya se encuentran claramente definidos los instrumentos a través de los cuales se atiende la ocurrencia de algún fenómeno natural perturbador, el tipo de apoyo que por virtud de cada instrumento se brinda, las instancias y/o procedimientos a través de los cuales el apoyo correspondiente es puesto a disposición de las entidades federativas afectadas, y las instancias encargadas de su distribución, manejo, control y/o seguimiento, según corresponda.

III. Ahora bien, con la finalidad de lograr un mejor entendimiento de la información que antecede, así como de aquella que suministramos líneas adelante, ofrecemos a usted las consideraciones siguientes, relativas a las características generales y alcances del Fonden, los instrumentos financieros que lo integran, y el procedimiento de acceso a los mismos, vistos a la luz de la normatividad vigente y aplicable a este programa federal al día de la fecha, a saber el “Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales.

(en lo sucesivo las Reglas Generales):

Comenzaremos por mencionar que el Fonden, en términos de lo dispuesto en el artículo 1 de las Reglas Generales se define como un instrumento interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Para el cumplimiento de su objeto, cuenta con los instrumentos financieros siguientes:

a) El Fondo Revolvente Fonden, que se utiliza cuando exista una Declaratoria de Emergencia y con ello que esta DGF autorice la adquisición de suministros de auxilio (insumos), para responder de manera inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población afectada por situaciones de emergencia generadas o asociadas con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un fenómeno natural perturbador (según el numeral 3, fracción I de las Reglas Generales, y los artículos 1 y 3 del “Acuerdo que establece los Lineamientos para emitir las Declaratorias de Emergencia y la utilización del Fondo Revolvente Fonden, en lo sucesivo los Lineamientos).

En el marco del Fondo Revolvente Fonden se generan Declaratorias de Emergencia, para efectos del acceso a los suministros de auxilio que se autorizan con cargo a este instrumento, mismas que están entendidas como el acto mediante el cual la Segob, reconoce que uno o varios municipios u órganos político-administrativos de una entidad federativa se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal generada por un fenómeno perturbador de origen natural, que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población. Dicha declaratoria podrá subsistir aún ante la presencia de una Declaratoria de Desastre Natural (artículo 7 de los Lineamientos).

Cabe señalar que, si bien es cierto en términos de los Lineamientos a la DGF le corresponde autorizar la adquisición de suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden, y coordinar el procedimiento de acceso a los mismos, también lo es que esta unidad administrativa no tiene a su cargo la entrega de tales suministros a las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en particular, ya que según el artículo 15 del ordenamiento en cita, dichos insumos son adquiridos por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG) de la Segob, y entregados por esa unidad administrativa a la entidad federativa de que se trate, para que esta última proceda a su distribución.

b) El Fonden Reconstrucción (que incluye al Programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas” del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, y el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, en términos del numeral 3 fracciones II y III de las Reglas Generales), a través del cual se autorizan recursos destinados a la restitución parcial o total de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia federal, o de competencia de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos del Distrito Federal, así como a la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por un fenómeno natural perturbador.

Por virtud de este instrumento en el marco de las Reglas Generales, la Coordinación General de Protección Civil (CGPC) de la Segob, emite Declaratorias de Desastre Natural, entendidas como el documento mediante el cual la Segob declara formalmente en zona de desastre natural a determinados municipios, así como a los órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para que se pueda tener acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales.

Cabe igualmente señalar que, atentos a lo dispuesto por el artículo 33 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, en la implementación del Fonden Reconstrucción la participación de la Segob, por conducto de la DGF, se limita a coordinar el procedimiento de acceso a los recursos que se autorizan con cargo a este instrumento, dando cumplimento para tales efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en las Reglas Generales, motivo por el cual no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos autorizados a un municipio u órgano político-administrativo en particular, y tampoco actúa como instancia ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.

Para acceder a los instrumentos que opera el Fonden, resulta necesario que se cumpla previamente con los requisitos, formalidades y procedimientos establecidos en la normatividad aplicable a cada uno de ellos:

Al respecto, diremos que para la autorización de suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden, los Lineamientos establecen la necesidad de contar con una solicitud de Declaratoria de Emergencia, dirigida a la CGPC, de la Segob, suscrita por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente (o en su caso por el servidor público del nivel jerárquico inmediato inferior con facultades expresas para ello), en la que se describa, entre otros aspectos, el fenómeno natural perturbador origen de la situación de emergencia, los municipios u órganos político-administrativos en situación de emergencia, la población estimada que fue o pueda ser afectada con motivo de la emergencia, y señalar expresamente que ha sido rebasada la capacidad de respuesta de la entidad federativa y de los municipios u órganos político-administrativos en el Distrito Federal respecto de los que se solicita la Declaratoria de Emergencia.

Por su parte, para la autorización de los recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, las Reglas Generales establecen que una vez corroborada la existencia del fenómeno natural perturbador por parte de la instancia técnica facultada para ello, el gobierno de la entidad federativa afectada debe presentar una solicitud de Declaratoria de Desastre Natural, suscrita por el titular del Ejecutivo estatal correspondiente, dirigida a la CGPC de la Segob, en la que se deberá manifestar, entre otros aspectos, los municipios u órganos político-administrativos afectados que han sido corroborados por la instancia técnica facultada, incluyendo la descripción del fenómeno natural perturbador y la fecha de su ocurrencia; así como que ha sido rebasada su capacidad financiera y operativa, para atender, por sí misma, la totalidad de los efectos del fenómeno.

Contando ya con el conocimiento que plantean las consideraciones anteriores, y aun cuando en el punto de acuerdo que se atiende no se establece algún periodo específico de tiempo sobre el cual pudiéramos enmarcar la información del apoyo proporcionado a través de Fonden al estado de Chihuahua, hemos estimado oportuno comunicar sobre los suministros de auxilio y los recursos autorizados con cargo al Fonden durante el ejercicio 2011 y lo que va del presente 2012, con motivo de la ocurrencia de diversos fenómenos naturales perturbadores en dicha entidad federativa, respecto de los cuales medió una declaratoria de emergencia o de desastre natural, según corresponda.

En ese orden de ideas, precisamos que los municipios que han sido declarados en emergencia o como zona de desastre a la fecha, no necesariamente pueden coincidir con aquellos que abarca la Sierra Madre Occidental, conocida también como Sierra Tarahumara (es decir los municipios de Bocoyna, Urique, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Carichí, Balleza y Nonoava del estado de Chihuahua). Ello, obedece principalmente a que, según se ha puntualizado, son las entidades federativas, en una primera instancia, las encargadas de incluir en sus correspondientes solicitudes de corroboración, los municipios u órganos político-administrativos que consideren que de manera particular sufrieron o pudieron haber sufrido afectaciones a causa del fenómeno natural perturbador de que se trate.

Asimismo, se comunica que la información que ponemos a disposición, se encuentra actualizada al martes 7 de febrero de 2012, y aún podría sufrir una constante actualización por virtud de la dinámica propia del programa Fonden.

Instrumento Fondo Revolvente Fonden 2011-2012

Estado de Chihuahua

Declaratoria de Emergencia por la ocurrencia de helada severa del 2 al 3 de febrero de 2011, en 11 municipios del estado de Chihuahua.

• Con oficio P.P 034/2011, de fecha 3 de febrero y recibido el 4 de febrero de 2011 por la CGPC, el gobernador constitucional del estado de Chihuahua, licenciado César Duarte Jáquez, solicitó a la Segob a través de la CGPC la emisión de la Declaratoria de Emergencia para los municipios de Aldama, Bocoyna, Casas Grandes, Chihuahua, Coyame, Cuauhtémoc, Delicias, Guerrero, Ignacio Zaragoza, Manuel Benavides, Namiquipa, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga y Temósachi, por el fenómeno de Temperaturas Mínimas Extremas, a consecuencia del arribo el día primero de febrero del frente frío número 26 que se asoció con una masa de aire frío polar ártica, provocando nevadas ligeras en la zona fronteriza.

• Mediante oficio número CGPC/211/2011, de fecha 4 de febrero de 2011, la CGPC con el objeto de emitir la declaratoria de emergencia respectiva, solicitó la opinión a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) respecto de su procedencia.

• A través del oficio número BOO.-152, de fecha 4 de febrero de 2011, la Conagua emitió su opinión técnica respecto de dicho evento, misma que en su parte conducente dispone lo siguiente: se corrobora el fenómeno de helada severa del 2 al 3 de febrero de 2011, en los municipios de Aldama, Casas Grandes, Chihuahua, Coyame de Sotol, Delicias, Guerrero, Ignacio Zaragoza, Manuel Benavides, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga y Temósachi del estado de Chihuahua.

• Con fecha 4 de febrero de 2011, se emitió boletín de prensa 041/11, mediante el cual la CGPC declara en emergencia a los municipios citados en el punto que antecede, con lo que se activaron los recursos del Fondo Revolvente del Fonden para dar atención inmediata a la población damnificada. La declaratoria de emergencia fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de febrero de 2011.

• Por virtud de tal declaratoria de emergencia fueron autorizados los siguientes suministros de auxilio:

• Con el boletín de prensa 076/11, de fecha 8 de marzo de 2011 se cerró esta declaratoria de emergencia, motivo por el que se concluyó con la atención de este evento en el estado de Chihuahua.

Declaratoria de emergencia por la ocurrencia de helada severa del 1 al 3 de febrero de 2011, en 4 municipios del estado de Chihuahua

• Con oficio P. P 033/2011, de fecha 2 de febrero y recibido el día 3 de febrero de 2011 por CGPC, el gobernador constitucional del estado de Chihuahua solicitó a la Segob través de la CGPC, la emisión de la declaratoria de emergencia para los municipios de Ascensión, Guadalupe D.B., Juárez y Praxedis G Guerrero, por el fenómeno de nevada derivada del frente frío número 26 que arribó al estado e interaccionó con una alta presión y una masa de aire frío muy densa lo que provocó nevadas ligeras acompañadas de vientos de 30 a 45 kilómetros por hora, y temperaturas que sobrepasan los 10 grados centígrados bajo cero, iniciándose esto el día 1 de febrero.

• Mediante oficio número CGPC/208/2011, de fecha 3 de febrero de 2011, la CGPC, con el objeto de emitir la declaratoria de emergencia respectiva, solicitó la opinión a la Conagua respecto de su procedencia.

• Con el oficio número BOO.-151, de fecha 4 de febrero de 2011, la Conagua emitió su opinión técnica respecto de dicho evento, misma que en su parte conducente dispone lo siguiente: se corrobora el fenómeno de helada severa del 1 al 3 de febrero de 2011, en los municipios de Ascensión, Guadalupe, Juárez y Praxedis G. Guerrero del estado de Chihuahua.

• Con fecha 4 de febrero de 2011, se emitió boletín de prensa 042/11, mediante el cual la CGPC declara en emergencia a los municipios citados en el punto que antecede, con lo que se activaron los recursos del Fondo Revolvente del Fonden para dar atención inmediata a la población damnificada. La declaratoria de emergencia fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de febrero de 2011.

• Por virtud de tal declaratoria de emergencia fueron autorizados los siguientes suministros de auxilio:

• Mediante boletín de prensa 077 /11, de fecha 8 de marzo de 2011 se cerró esta declaratoria de emergencia, motivo por el que se concluyó con la atención de este evento en el estado de Chihuahua.

Declaratoria de emergencia por la ocurrencia de helada severa el 3 de febrero de 2011, en 8 municipios del estado de Chihuahua

• A través del oficio P.P 035/2011, de fecha 7 de febrero y recibido el 8 de febrero de 2011 por CGPC, la secretaria general de Gobierno del estado de Chihuahua, licenciada Graciela Ortiz González, solicitó a la Segob a través de la CGPC, la emisión de la declaratoria de emergencia para los municipios de Aquiles Serdán, Bachiniva, Cuauhtémoc, Madero, Matachi, Riva Palacio, Rosales y Satevó, por el fenómeno de heladas severas.

• Mediante oficio número CGPC/239/2011, de fecha 8 de febrero de 2011, la CGPC, con el objeto de emitir la declaratoria de emergencia respectiva, solicitó la opinión a la Conagua respecto de su procedencia.

• Con oficio número BOO.-253, de fecha 16 de febrero de 2011, la Conagua emitió su opinión técnica respecto de dicho evento, misma que en su parte conducente dispone lo siguiente: se corrobora el fenómeno de helada severa el 3 de febrero de 2011, en los municipios de Aquiles Serdán, Bachíniva, Cuauhtémoc, Madera, Matachí, Riva Palacio, Rosales y Satevó, del estado de Chihuahua.

• Con fecha 17 de febrero de 2011, se emitió boletín de prensa 055/11, mediante el cual la CGPC declara en emergencia a los municipios citados en el punto que antecede, con lo que se activaron los recursos del Fondo Revolvente del Fonden para dar atención inmediata a la población damnificada. La declaratoria de emergencia fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de febrero de 2011.

• Por virtud de tal declaratoria de emergencia fueron autorizados los siguientes suministros de auxilio:

• Mediante Boletín de Prensa 070/11, de fecha 4 de marzo de 2011 se cerró esta declaratoria de emergencia, motivo por el que se concluyó con la atención de este evento en el estado de Chihuahua.

Declaratoria de emergencia por la ocurrencia de nevada severa el 23 y 24 de diciembre de 2011, en 9 municipios del estado de Chihuahua

• Con el oficio número DE-159-2011, recibido con fecha 26 de diciembre de 2011 en la CGPC, el gobernador constitucional del estado de Chihuahua, solicitó a la Segob a través de la CGPC, la emisión de la declaratoria de emergencia para los municipios de Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Janos, Juárez, Madera, Namiquipa y Nuevo Casas Grandes, por el fenómeno de nevada severa, y los municipios de Ahumada, Aldama, Allende, Aquiles Serdán, Bachíniva, Balleza, Belisario Domínguez, Bocoyna, Camargo, Carichí, Chihuahua, Coronado, Coyame del Sotol, La Cruz, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Delicias, El Tule, Gómez Farías, Guadalupe D.B. Guadalupe y Calvo, General Trías, Gran Morelos, Guerrero, Hidalgo del Parral, Huejotitán, Jiménez, Julimes, Maguarachi, Manuel Benavides, Matachí, Matamoros, Meoqui, Moris, Nonoava, Ocampo, Ojinaga, Práxedis G. Gro, Riva Palacio, Rosario, San Francisco de Borja, San Francisco de Conchos, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Temósachi, Uruachi y Valle de Zaragoza del estado de Chihuahua por el fenómeno de helada severa, con el propósito de poder acceder a los recursos del Fondo Revolvente Fonden.

• En atención al oficio DE-159-2011, y mediante oficio CGPC/2052/2011, de fecha 27 de diciembre de 2011, la CGPC solicitó a la Conagua su opinión técnica sobre la procedencia de emitir la declaratoria de emergencia para los municipios solicitados del estado de Chihuahua.

• Con oficio Boo.-22, de fecha 6 de enero de 2012, la Conagua emitió su opinión técnica en atención al oficio CGPC/2052/2011, disponiendo en su parte conducente que se corrobora el fenómeno de nevada severa el 23 y 24 de diciembre de 2011, en los municipios de Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Janos, Juárez, Namiquipa y Nuevo Casas Grandes del estado de Chihuahua.

• Con fecha 7 de enero de 2012, se emitió boletín de prensa 010/12, mediante el cual la CGPC declara en emergencia a los municipios citados en el punto que antecede, con lo que se activaron los recursos del Fondo Revolvente del Fonden para dar atención inmediata a la población damnificada. La declaratoria de emergencia fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de enero de 2012.

Por virtud de tal declaratoria de emergencia fueron autorizados los siguientes suministros de auxilio:

• Al día de la fecha esta declaratoria de emergencia continúa abierta, motivo por el que aún no se concluye con la atención de este evento en el estado de Chihuahua.

Para el caso de que se desee conocer la forma en que los suministros de auxilio que hemos detallado han sido distribuidos en el estado de Chihuahua, se sugiere atentamente solicitar dicha información ante las instancias que hayan sido designadas por el gobierno de dicha entidad federativa para esos efectos, en razón de que, según se ha visto, en el marco de los Lineamientos, los insumos autorizados por la DGF serían adquiridos por la DGRMSG de la Segob, y entregados por dicha unidad administrativa a la entidad federativa de que se trate, a efecto de que esta última procediera a su posterior distribución.

Instrumento Fonden Reconstrucción

Estado de Chihuahua 2011-2012

Declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de sequía severa del 1 de mayo al 30 de noviembre de 2011, en 37 municipios del estado de Chihuahua.

• A través del oficio DE-154-2011, en cumplimiento al artículo 7 de las reglas generales, el gobernador constitucional del estado de Chihuahua, licenciado César Horacio Duarte Jáquez, solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la corroboración del fenómeno natural perturbador descrito como sequía severa, en los municipios de Ahumada, Aldama, Allende, Aquiles Serdán, Ascensión, Bachiniva, Balleza, Batopilas, Bocoyna, Buenaventura, Camargo, Carichi, Casas Grandes, Coronado, Coyame, La Cruz, Cuauhtémoc, Cusihiriachi, Chihuahua, Chinipas, Delicias, Dr. Belisario Domínguez, Galeana, Santa Isabel, Gómez Farías, Gran Morelos, Guachochi, Guadalupe, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Hidalgo del Parral, Huejotitán, Ignacio Zaragoza, Janos, Jiménez, Juárez, Julimes, López, Maguarichi, Madera, Manuel Benavides, Matachi, Matamoros, Meoqui, Morelos, Moris, Namiquipa, Nonoava, Nuevo Casas Grandes, Ocampo, Ojinaga, Praxedis G. Guerrero, Riva Palacio, Rosales, Rosario, San Francisco de Borja, San Francisco de Conchos, San Francisco del Oro, Santa Barbará, Satevó, Saucillo, Temosáchic, El Tule, Urique, Uruachi y Valle de Zaragoza de dicha entidad federativa.

• Mediante oficio Boo-3255, de fecha 26 de diciembre de 2011 y en atención al oficio DE-154-2011, la Conagua emitió su opinión técnica al respecto, disponiendo en su parte conducente que se corrobora la ocurrencia de sequía severa del 1 de mayo de 2011 al 30 de noviembre de 2011, para los municipios de Aldama, Aquiles Serdán, Ascensión, Bachiniva, Balleza, Camargo, Chihuahua, Coyame del Sotol, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Delicias, Dr. Belisario Domínguez, El Tule, Guadalupe, Guadalupe y Calvo, Huejotitán, Jiménez, Juárez, Julimes , La Cruz, López, Manuel Benavides, Matachí, Matamoros, Meoqui, Nonoava, Ojinaga, Praxedis G. Guerrero, Riva Palacio, Rosario, San Francisco de Borja, San Francisco de Conchos, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Satevó, Saucillo y Valle de Zaragoza del estado de Chihuahua.

• Que con fecha 28 de diciembre de 2011, y con fundamento en el artículo 11 de las Reglas Generales, se llevó a cabo la correspondiente sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños, en la cual el gobierno del estado de Chihuahua presentó la solicitud de declaratoria de desastre natural respectiva.

• Una vez cubiertos los requisitos y formalidades que establecen las Reglas Generales, la CGPC emitió y publicó en el Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de enero de 2012 la “Declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de sequía severa del 1 de mayo al 30 de noviembre de 2011, en 37 municipios del estado de Chihuahua.

• Con fecha 24 de enero de 2012 se llevó a cabo la sesión de entrega de resultados del CED.

• Por virtud de esta declaratoria de desastre natural se han autorizado con cargo al Fonden Reconstrucción los siguientes recursos, para la atención del sector hidráulico estatal:

No se omite señalar que al diagnóstico definitivo de obras y acciones que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) (en su carácter de instancia Federal encargada del sector hidráulico) presentó a la DGF, acompañó también el respectivo anexo al convenio marco de coordinación que suscribieron la Segob, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno del estado de Chihuahua. En dicho anexo ya se han identificado expresamente las obras y acciones que serán atendidas por cada uno de los órdenes de gobierno.

Abundando en las ideas anteriores, diremos que las obras a cargo de cada uno de los órdenes de gobierno y el tiempo estimado de ejecución para atender el fenómeno natural perturbador de que se trate, son acordados en un anexo del convenio marco de coordinación que, de conformidad con el artículo 22 de las Reglas Generales, ya tuvieron a bien suscribir la Segob y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el gobierno de cada una de las entidades federativas con el fin de acordar los términos generales para la ejecución de obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal, que serán llevadas a cabo a través de las dependencias y entidades federales, por sí o a través de un tercero, hasta por 50 por ciento con cargo al Fonden según se ha mencionado, y la entidad federativa por el porcentaje restante.

No se omite señalar que el anexo a que se refiere el párrafo que antecede, será suscrito exclusivamente por las dependencias y entidades federales responsables de la ejecución de obras y acciones de reconstrucción y por la entidad federativa dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la sesión de entrega de resultados del CED, con la intervención que en su caso corresponda al testigo social que designe el gobierno federal.

Asimismo, consideramos importante mencionar que la ejecución de las obras y acciones de reconstrucción que le corresponda llevar a cabo a las dependencias y entidades federales para la atención del fenómeno natural perturbador que nos ocupa, no estarán sujetas a que los recursos federales se ejerzan de manera concurrente con recursos de los otros órdenes de gobierno.

Acciones de la Segob en torno al “Acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequia que atraviesan diversas entidades federativas”

Adicionalmente a las acciones que actualmente lleva a cabo la Segob a través del Fonden Reconstrucción para atender la ocurrencia de sequía severa por la que atraviesa el estado de Chihuahua, diremos que en cumplimiento a las disposiciones del “Acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía que atraviesan diversas entidades federativas” emitido por el titular del Ejecutivo federal, la Segob ha remitido a diversas dependencias de la administración pública federal.

la lista de aquellas entidades federativas y sus respectivos municipios que al día de la fecha se encuentran declarados como zona de desastre por la ocurrencia de sequía en el marco del Fonden y del “Programa de Prevención y Manejo de Riesgos” a través de su Componente de Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (Cadena) que implementa la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Lo anterior, con la finalidad de que dichas dependencias indiquen a la DGF si a través de los programas que implementan en materia de atención del fenómeno natural perturbador aludido, existen municipios que no estén incluidos en la lista mencionada, pero que invariablemente requieran de una declaratoria de desastre para que puedan ser atendidos. Ello, en aras de que los municipios que, en su caso se sirvan señalar, sean igualmente contemplados en las acciones que la Segob y la Sagarpa llevarán a cabo para dar debida observancia al mandato contenido en el acuerdo de mérito, y se atienda de forma inmediata la apremiante situación que se vive en diversas entidades federativas como consecuencia de las sequías.

Al día de la fecha nos encontrarnos a la espera de la respuesta que se sirvan emitir las dependencias a las que se efectuó tal petición.

Sin otro particular, y en espera de que la información suministrada en el ámbito de nuestras atribuciones resulte de utilidad, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.

Notas:

1. Publicado en el Diario Oficial de Federación el 3 de diciembre de 2010.

2. Productos consumibles (despensas alimenticias, agua para beber, medicamentos, materiales de curación, insumos para el control de vectores y otros relacionados con la atención y protección de la salud de la población afectada o en riesgo). Productos duraderos (artículos de abrigo y protección como colchonetas, cobertores, láminas, bolsas para cadáveres, costales, hule y/o plásticos para evitar que traspase el agua proveniente de lluvias o fenómenos naturales similares en las viviendas de los damnificados, herramientas, artículos de limpieza, artículos de aseo personal, mochilas aspersoras para la atención de incendios forestales), servicios (arrendamiento de letrinas, arrendamiento de regaderas, fletes o transportes, combustible), según el Anexo I de los Lineamientos.

3. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008.

4. Aquellos entes facultados para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado, pudiendo ser la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por tratarse de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en caso de incendios forestales, o el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) para el caso de los fenómenos geológicos.

5. Según el artículo 5, fracción IX de las Reglas Generales, dependencias federales son aquellas a las que se refiere el artículo 2, fracción VIII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Para efectos de las Reglas Generales, las dependencias federales se considerarán normativas, cuando realizan funciones de validación y supervisión de la ejecución de obras y acciones conforme a sus atribuciones; asimismo, se considerarán ejecutoras en el caso de que realicen acciones de reconstrucción. Por su parte, las entidades federales son las entidades paraestatales a que se refiere el artículo 2, fracción XVI, de la propia LFPRH.

6. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2012 y en cuyo artículo tercero, fracción III, se establece que la Segob “... se coordinará con los titulares de las dependencias y entidades que corresponda, a efecto de que en términos de la Ley General de Protección Civil y las demás disposiciones aplicables, se emitan de manera prioritaria e inmediata las declaratorias de desastre natural relativas a las entidades federativas y municipios que hayan sido severamente afectados por la sequía y aún no cuenten con dichas declaratorias.

7. A saber, las Secretarías de Hacienda y Crédito Púbico (SHCP); de Economía (SE); de la Reforma Agraria (SRA); de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); de Salud (Ssa); de Desarrollo Social (Sedesol), así como a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

8. Incluidos los 37 municipios del estado de Chihuahua referidos con antelación en el presente oficio.

Atentamente

Licenciado Rubem Hofliguer Topete (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remite al promovente, para su conocimiento.

REGISTRO NACIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS EXTRAVIADOS

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-8-2136 signado por el diputado Gustavo González Hernández, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCI/V/0298/12 suscrito por el licenciado Abel Jiménez Alcázar, encargado de la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la elaboración de un Registro Nacional de Niños y Niñas Extraviados, a fin de adoptar políticas públicas focalizadas a la prevención y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de febrero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo.— Presente.

En respuesta a su oficio SEL/UEL/311/114/12, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los titulares del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, para que, en el contexto del proyecto de Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, trabajen de manera coordinada en la elaboración de un registro Nacional de Niños y Niñas Extraviados, a fin de adoptar políticas públicas focalizadas a la prevención y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos.

Sobre el particular, me permito informarle que esta Institución a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas participa en diversas acciones institucionales con el fin de concretar importantes proyectos de políticas públicas que redunden en la prevención de delitos relacionados con desapariciones especialmente de mujeres y niñas, así como en la activación de mecanismos eficaces para la búsqueda de personas en caso de reportes de desaparición y extravío. En este tenor de ideas le comparto los siguientes esfuerzos institucionales que se llevan a cabo:

En cumplimiento de la sentencia González y otras contra México (Campo Algodonero) emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano desarrolla una serie de acciones con miras a su cumplimiento, de manera específica y en relación con el resolutivo 18 de la sentencia, se conformó un grupo de trabajo ad hoc integrado con personal de la Procuraduría General de la República (Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, Dirección General de Servicios Periciales y la Agencia Federal de Investigación) y de la Secretaría de Gobernación (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres), con la participación además de investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). con el propósito de recabar las experiencias que dichas áreas tienen en integración de la averiguación previa, determinación de investigación científica; seguimiento e investigación de los delitos materia del protocolo base.

El 15 de abril de 2011, el Inacipe entregó a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR la versión preliminar del Protocolo único de investigación de los delitos relacionados con desapariciones de mujeres, del delito de violación de mujeres y del delito de homicidio de mujeres por razones de género, el cual se puso a consideración de diversas instancias con la finalidad de recabar comentarios y observaciones con miras a su fortalecimiento.

El grupo de trabajo ad hoc continuó con las acciones de análisis, perfeccionamiento e inclusión de las aportaciones recibidas por parte de las Procuradurías y las Fiscalías de 26 entidades federativas (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas), y las que fueron emitidas por las organizaciones civiles Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos humanos de las mujeres, las cuales fueron transmitidas por conducto de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los Feminicidios registrados en México de la Cámara de Diputados.

Así, el 25 de noviembre de 2011, en el marco de la XXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se adoptó la aplicación del instrumento técnico titulado Lineamientos Generales para la estandarización de investigaciones de los delitos relacionados con desapariciones de mujeres, del delito de violación de mujeres y del delito de homicidio de mujeres por razones de género. El acuerdo tomado por las y los titulares de las Procuradurías y Fiscalías de las entidades federativas del país es el siguiente:

CNPJ/XXVI/ll/2011. Investigación de ilícitos cometidos contra mujeres.

La Conferencia aprueba los Lineamientos Generales para la estandarización de las investigaciones de los delitos relacionados con desapariciones de mujeres, violación de mujeres y homicidio de mujeres por razones de género, Con base en estos lineamientos, cada instancia de procuración de justicia formulará su protocolo, conforme a los recursos económicos, científicos, humanos, técnicos y jurídicos disponibles, y precisando las medidas especiales que adoptarán para lograr su aplicación y cumplimiento en su ámbito de competencia.

Asimismo, en el término de 6 meses a partir de la aprobación de 105 Lineamientos Generales, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en colaboración con la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, coordinarán la instalación de una mesa técnica por cada especialidad (investigación ministerial, investigación policial e investigación pericial), con la participación de representantes de las procuradurías y fiscalías generales de justicia del país, para evaluar su aplicación y adecuaciones, en su caso, con miras a su fortalecimiento.

Estatus actual de cumplimiento del resolutivo 18.

Con la finalidad de dar cabal cumplimiento al acuerdo anterior tomado en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Procuraduría General de la República realiza actualmente las siguientes acciones:

• La Dirección General de Normatividad de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales analiza el mecanismo institucional o, en su caso, el instrumento jurídico mediante el cual se establezca la obligatoriedad de la aplicación de los lineamientos referidos al interior de la institución la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, realiza una análisis minucioso con miras al fortalecimiento y aplicación de los lineamientos generales para la estandarización de las investigaciones de los delitos relacionados con desapariciones de mujeres, violación de mujeres y homicidio de mujeres por razones de género, incluyendo estándares internacionales establecidos en el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul), emitido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; el Manual de las Naciones Unidas para la Prevención e Investigación Eficaces de las ejecuciones extralegales, sumarias, las ejecuciones arbitrarias de la ONU (Protocolo de Minnesota); los Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes adoptados por la Asamblea General en la resolución 55/89; estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, además de la inclusión de estándares señalados en jurisprudencia internacional determinada por Cortes Internacionales.

Resolutivo 19

Respecto a los avances sobre la adecuación del Protocolo Alba o, en su defecto, la implementación de un nuevo dispositivo análogo, de acuerdo a las directrices señaladas en la propia sentencia de la CIDH, es importante informar que la instancia responsable de la coordinación interinstitucional para el seguimiento de este resolutivo es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, por las atribuciones legales de la Fevimtra en materia de búsqueda y localización de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas, esta Fiscalía ha tenido una participación activa en las sesiones de trabajo, el análisis de documentos, la emisión de propuestas, la aportación de enfoques, lineamientos y directrices internacionales en materia de derechos humanos y en la retroalimentación de los trabajos realizados por el grupo interinstitucional que coordina para este efecto la Conavim.

Actualmente los trabajos continúan con la finalidad de lograr el mecanismo de búsqueda que señala la CIDH en la sentencia, bajo los más altos estándares que produzcan en la práctica la activación inmediata y sin dilación alguna, de los mecanismos de búsqueda y localización de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas, eliminando los obstáculos de jure y de facto para la obtención de resultados eficaces.

Resolutivo 21

Base de datos de personas desaparecidas a nivel nacional.

De conformidad con las reuniones sostenidas entre el grupo de trabajo encargado de dar cumplimiento al resolutivo 21 y funcionarías de la Secretaría de Seguridad Pública federal, se estableció que para dar cumplimiento a la creación o actualización de una base de datos que contenga la información disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, se tome como referente el sistema que integra la Secretaría de Seguridad Publica Federal, denominado Registro Nacional de Personas Extraviadas (Renpe). el cual es parte del programa “Plataforma México”, y es operado a través de su Centro Virtual de Atención a Víctimas.

Este programa se encuentra en adecuación en términos de los lineamientos establecidos en la sentencia dictada por la CIDH; en él se publica la información que proporcionan las autoridades y la ciudadanía para la búsqueda y localización de personas extraviadas; está ubicado en la página de Internet: www.ssp.gob.mx, seleccionando la liga Personas Extraviadas y tiene cobertura mundial con disponibilidad los 365 días del año.

Asimismo, el Renpe forma parte del sistema de atención a víctimas y cuenta con el servicio telefónico gratuito a través de los números 088 01800 32 Ayuda (29832) y 01800 4403 690, opción 6 y por ese medio se permite la obtención de indicios para las autoridades competentes sobre la posible ubicación de la persona extraviada, por lo cual el expediente que se genere será dado de baja una vez que la persona sea localizada, sin que sea necesario el inicio de averiguación previa para el registro y publicación de la persona extraviada en el Renpe.

Como parte de las adecuaciones para el cabal cumplimiento de la sentencia, el RENPE cuenta con los filtros de búsqueda para niñas, adolescentes y mujeres no sólo aplicables para el municipio de Ciudad Juárez, sino para todos los municipios de la República Mexicana. Se tiene conocimiento que será incluido el campo para ingresar el “código de ADN” en las fichas de registro.

Por otro lado, en el marco de la XXV Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) celebrada el ro de junio de 2011 en el Estado de Chiapas, se estableció un punto de acuerdo referente a la elaboración de un protocolo de intercambio de información, a fin de potenciar las acciones ministeriales en materia de denuncias de personas reportadas como desaparecidas a nivel nacional.

Adicionalmente, en los trabajos del XI Encuentro Nacional de Presidentes/as de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores/as Generales de Justicia celebrado el 22 y 23 de septiembre de 2011 en el Estado de Veracruz, se firmó el Convenio de colaboración para la unificación, integración e intercambio de información en materia de personas no localizadas, entre la Procuraduría General de la República y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia del país.

Este documento se conforma por un protocolo de intercambio de información, el cual tiene como principal objetivo, coadyuvar en la investigación y la actuación de las Procuradurías y Fiscalías con información consistente y confiable enriquecida por estas instancias, sobre los casos correspondientes a personas que se encuentran en calidad de no localizadas.

Base de datos genéticos.

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento respecto a la construcción de la base de datos genética, existe un acuerdo entre la Procuraduría General de la República y el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) de la Embajada de los Estados Unidos de América, a fin de suministrar un software denominado Codis, para la instalación de una Base de Datos Nacional, conformada por información genética que mejore la investigación de diversos delitos en México.

El Codis es de acceso restringido, motivo por el cual en México únicamente será la Procuraduría General de la República la encargada de administrar tanto la base como los derechos de uso. No obstante el software y el protocolo Codis se compartirá con las distintas procuradurías y fiscalías generales de justicia de las entidades federativas para su implementación e intercambio de información, a fin de homologar criterios respecto a técnicas, reactivos e insumas utilizados. Sobre esta plataforma se pretende crear la Base Nacional de Datos Genéticos de personas fallecidas en un hecho delictivo. Asimismo, se contempla brindar capacitación al personal responsable en las entidades federativas que cuenten con laboratorios forenses que cumplan con los estándares exigidos por el FBI.

Con relación a la Carta de Entendimiento entre el FBI y la PGR para la utilización del Codis, suscrita el 25 de septiembre de 2009, y a fin de dar cumplimiento a los compromisos alcanzados en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Procuraduría General de la República elaboró un proyecto de bases de coordinación y colaboración para alimentar la base de datos relativa al sistema indexado combinado de ADN en el territorio nacional e integrar información completa y exacta relacionada con investigaciones efectuadas en territorio mexicano, el cual se planea suscribir entre la Procuraduría General de la República y las Procuradurías y Fiscalías Generales de justicia de las entidades federativas. Dicho documento tiene como objetivo establecer el mecanismo de coordinación y colaboración para alimentar la base de datos del Codis, con información relacionada con investigaciones efectuadas en territorio mexicano, que estén a cargo de las instituciones de procuración de justicia del país.

Además de lo anterior, es importante destacar que actualmente el Ejecutivo Federal, desarrolla proyectos interinstitucionales de alcance nacional e internacional como el Programa Alerta Amber, el cual constituye un mecanismo operativo de coordinación y respuesta inmediata para la búsqueda de personas menores de edad reportadas como desaparecidas; su objetivo es la implantación de dispositivos de oficio y sin dilación alguna para la protección de la vida, libertad e integridad, hasta dar con su paradero, eliminando los obstáculos de jure y de facto para el inicio y consecución de las investigaciones y procedimientos pertinentes; vincula la cooperación de autoridades de los tres ámbitos de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación e iniciativa privada.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 31 de enero de 2012.— Licenciado Abel Jiménez Alcázar (rúbrica), encargado de la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remite al promovente, para su conocimiento.

DIPUADOS QUE SOLICITAN LICENCIA

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.— Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 y 78 fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; 12, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito informarle a usted de la necesidad de ampliar la licencia que me fuera concedida el martes 24 de enero del año en curso, para separarme de mi cargo como diputado federal, por la Comisión Permanente de esta Cámara de Diputados, en el periodo comprendido del 26 de enero al 12 de febrero de 2012.

Es así que por razones de fuerza mayor requiero que dicha ampliación comprenda a partir del 13 de febrero al 5 marzo del año en curso. Por tal motivo, solicito a usted que realice todos los trámites conducentes a la presente.

Sin otro particular y para los efectos legales a que haya lugar, agradezco de antemano su fina atención.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2012.— Diputado Joel González Díaz (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia al diputado Joel González Díaz, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el 12 distrito del estado de Jalisco, del 13 de febrero al 5 de marzo del año en curso.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobados. Comuníquese.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio de la presente le envío un cordial saludo, al mismo tiempo, solicito de la manera más atenta, se me otorgue licencia por los próximos 25 días a partir del 14 de febrero del presente año.

Esperando contar con su apoyo, quedo a sus órdenes.

Palacio Legislativo, a 13 de febrero de 2012.— Diputado Ángel Aguirre Herrera (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por 25 días al diputado Ángel Aguirre Herrera para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el 08 distrito del estado de Guerrero, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados por la negativa. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobados. Comuníquese.

DIPUTADAS SUPLENTES QUE SE INCORPORAN

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se encuentran a las puertas de este recinto las ciudadanas Fátima del Sol Gómez Montero y Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, diputadas federales electas en el 1 y 3 distritos electorales de los estados de Nayarit y Coahuila, respectivamente; se designa en comisión para que las acompañen en el acto de rendir protesta de ley para entrar en funciones, a las siguientes diputadas: a la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, a la diputada Diana Patricia González Soto, a la diputada Olivia Guillén Padilla, a la diputada Josefina Rodarte. Hagan el favor.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Se solicita a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple su cometido)

Se invita a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Ciudadanas Fátima del Sol Gómez Montero y Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputadas que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Las ciudadanas Fátima del Sol Gómez Montero y Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga: Sí, protesto.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Si así no lo hicieren, que la nación se los demande.Muchas felicidades.

Continúe la Secretaría, por favor.

CUENTAS DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL 2002 Y 2007

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita al presidente de la Mesa Directiva que publique de manera inmediata en el Diario Oficial de la Federación los decretos relativos a las Cuentas de la Hacienda Pública Federal correspondientes a los ejercicios fiscales de 2002 y 2007

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, adopta el presente acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera.Que en términos del artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política tiene la facultad para presentar a la Mesa Directiva pronunciamientos que entrañen la posición política del órgano colegiado;

Segunda.Que el 18 de agosto de 2011 entró en vigor la reforma de la fracción B del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se establece que se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente;

Tercera.Que el 22 de abril de 2010 la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el Ejercicio Fiscal de 2002 con 318 votos en pro, 19 en contra y 20 abstenciones, turnándose al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales;

Cuarta.Que el 29 de abril de 2010 la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el Ejercicio Fiscal de 2007 con 263 votos en pro, 129 en contra y 3 abstenciones, turnándose al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales;

Quinta.Que el Ejecutivo Federal transcurrido el plazo legal para su publicación, no ha promulgado y publicado en el Diario Oficial de la Federación los decretos relativos a las Cuentas de la Hacienda Pública Federal correspondientes a los ejercicios fiscales de 2002 y 2007;

Y con fundamento en las disposiciones referidas en el proemio, se adopta el siguiente:

Acuerdo

Único.Se solicita al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que con fundamento con la fracción B del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publique de manera inmediata en el Diario Oficial de la Federación los decretos relativos a las Cuentas de la Hacienda Pública Federal correspondientes a los ejercicios fiscales de 2002 y 2007.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2012.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muy bien. No habiéndose registrado ningún orador, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a esta asamblea si se aprueba el acuerdo. Quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobado.Le solicito a la Secretaría General prepare los oficios correspondientes para ordenar la publicación de las cuentas públicas referidas en el acuerdo.

Continúe la Secretaría.

LEY GENERAL DE EDUCACION

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 176 y 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados el 14 de abril de 2011 fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, por la diputada federal Paz Gutiérrez Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura.

2. En sesión celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados el 4 de noviembre de 2010, fue presentada la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, por los diputados federales María de Jesús Aguirre Maldonado y Eduardo Alonso Bailey Elizondo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura.

3. En la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados efectuada el 24 de marzo de 2011, fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley General de Educación, por la diputada federal Nely Edith Miranda Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura.

4. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura, en uso de sus atribuciones, acordó turnar las Iniciativas en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

5. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo a cada una de las Iniciativas de referencia y decidió iniciar su discusión conjunta, debido a que proponen reformas sobre temas coincidentes.

II. Contenido de las iniciativas

A. Iniciativa de la diputada Paz Gutiérrez Cortina

La diputada Gutiérrez manifiesta preocupación por el alto grado de exclusión que viven en nuestro país las personas con discapacidad. Señala que, de acuerdo con cifras oficiales, “en 2010 menos del 8 por ciento de las personas con discapacidad cuenta con educación básica completa, y considerando otros indicadores, los niños y niñas con discapacidad enfrentan hasta 10 veces más exclusión en la escuela que el resto de los educandos, misma que va del 26 por ciento en la educación primaria, hasta cerca del 95 por ciento en la educación superior.”

Las cifras anteriores –argumenta– indican que la mayoría de los niños y niñas en esta condición están destinados a seguir una carrera y un estilo de vida diferente en términos de empleo y autosuficiencia.

La diputada Gutiérrez manifiesta en su exposición de motivos la necesidad de realizar reformas legales y de implementar políticas educativas que permitan que tanto las personas con discapacidad como aquéllas con aptitudes y capacidades sobresalientes se desarrollen plenamente en las instituciones del sistema educativo nacional. Para ello –afirma– es indispensable fomentar el respeto y el aprecio por la diversidad y reconocer la igualdad de las personas en dignidad y derechos.

De manera específica, la Iniciativa busca contribuir a eliminar las barreras que impiden la inclusión de estas personas en las aulas y su formación efectiva en igualdad de condiciones con el resto de los individuos. Se plantea como marco el compromiso que el Estado mexicano asumió por respetar y promover los derechos de las personas con discapacidad, al ratificar en 2001 la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y en 2008 la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En la argumentación se señala la necesidad de transitar de la concepción de “integración” predominante en el artículo 41 de la Ley General de Educación, hacia un enfoque inclusivo y transversal que permee en toda la legislación y en toda la política educativa, fomentando una cultura de inclusión para las personas con discapacidad en todos los planteles educativos.

La Iniciativa contiene el siguiente proyecto de decreto:

Artículo 2o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

Las personas con discapacidad tienen derecho al acceso y permanencia en el sistema educativo nacional en todos sus niveles y modalidades, sin discriminación, con equidad y en igualdad de oportunidades.

(...)

(...)

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a XVI. ...

XVII. Fomentar la educación inclusiva y la valoración de la diversidad como una condición de enriquecimiento social y cultural, sin discriminación de acuerdo con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. ...

II. ...

III. Elaborar y mantener actualizados y en formatos accesibles para las personas con discapacidad,los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos,mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectoressociales involucrados en la educación.

IV. a XIV. ...

Artículo 20. Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, constituirán el sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros , incluyendo maestros con discapacidad, que tendrá las finalidades siguientes:

I. a IV. ...

(...)

Artículo 38. La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la comunidad sorda,de la población rural dispersa y grupos migratorios.

Artículo 41. La educación especial está destinada a personas con y sin discapacidad, incluyendo a las personascon aptitudes sobresalientes , que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación.Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje,con equidad social incluyente y con perspectiva de género , considerando siempre la protección del interés superior del educando.

Tratándose de menores de edad con discapacidad, esta educación garantizará su inclusióna los planteles de educación regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos , incluyendo la realización de ajustes razonables y las medidas de apoyo que sean necesarias.

Para quienes opten por los servicios escolarizados de educación especial, ésta garantizará el máximo desarrollo del potencial del educando para su plena participación comunitaria y social; elaborando losmateriales de apoyo didáctico necesarios.

La autoridad educativa federal en todos los niveles educativos y las instituciones de educación superior deberán homologar criterios para la evaluación, acreditación y certificación de todos los educandos con y sin discapacidad que enfrenten barreras para el aprendizaje y la participación.

La educación especial incluye la orientación y participación delos padres de familia o responsables de las personas con discapacidad, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular para garantizar la educación inclusiva.

Artículo 54 Bis. Las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas que tengan como objeto prestar servicios educativos sin fines de lucro, podrán impartir educación en términos de la presente ley. Las autoridades competentes podrán otorgar apoyo para la formación y actualización del personal de dichas organizaciones, así como otros recursos conforme a los programas y modalidades que se determinen.

Artículo 55. Las autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:

I. a III. ...

IV. Con ajustes razonables para garantizar una efectiva educación inclusiva de los diversos grupos de la población.

Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I. a XVI. ...

XVII. Negar la inscripción, aislar, segregar o discriminar a las personas con discapacidad, u omitir llevar a cabo los ajustes razonables que sean necesarios para garantizar su inclusión.

B. Iniciativa de los diputados Aguirre Maldonado y Bailey Elizondo

En su exposición de motivos los promoventes señalan que pese a los esfuerzos realizados a lo largo de la historia de nuestro país, no se ha logrado una cobertura total de los servicios educativos y por lo tanto, tampoco se ha garantizado el derecho a la educación al que obligan diferentes instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. Los sectores sociales menos favorecidos son quienes más padecen las complicaciones para acceder a los servicios educativos, “ya sea porque las escuelas no tienen espacios suficientes, los padres de familia no cuentan con recursos para mantener a los hijos estudiando, no hay planteles cercanos, los horarios de trabajo de los padres no compaginan con los de las escuelas” o “la falta de infraestructura”.

Ante ese panorama, una parte de las soluciones –se afirma– provienen de la sociedad civil organizada. En el caso específico de la educación preescolar, se han conformado centros comunitarios u otras instituciones que tienen por objeto prestar servicios educativos sin fines de lucro a la población que no tiene acceso a escuelas públicas y mucho menos privadas. Estos servicios –que se caracterizan por ser autogestivos y por contar con el apoyo y la participación de los padres de familia– trabajan en coordinación con autoridades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, generalmente proporcionan alimentación, custodia y atención médica, operan con bajas tarifas y cuotas diferenciadas, además de que cuentan con horarios amplios y flexibles.

“Sin embargo, el problema radica en que dichas organizaciones no cuentan con reconocimiento jurídico en la Ley General de Educación, por lo que los programas y planes de estudio muchas veces no cuentan con validez, dejando desprotegidos a los niños que han recibido educación en los centros comunitarios del sector social.”

Para cubrir tal hueco jurídico, se propone reconocer oficialmente a los centros comunitarios e instituciones afines y en consecuencia emitir normas específicas para su incorporación al sistema educativo nacional, acordes con su objeto, organización y administración, operación y finalidad no lucrativa. Se propone el siguiente proyecto de decreto:

Artículo 54 Bis. Los particulares dentro del sector social, a través de los centros comunitarios y demás instituciones que tengan por objeto proporcionar educación sin fines de lucro, podrán impartir educación en los términos de la presente ley. Para lo anterior, los centros comunitarios deberán contar con las siguientes características:

I. Su administración y operación serán resultado de procesos sociales autogestivos de las comunidades, en coordinación con instituciones gubernamentales u organizaciones no gubernamentales;

II. Deberán constituirse como asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada u otras formas legales de asociación no lucrativa para participar en proyectos de desarrollo social;

III. Además de los planes y programas de estudio respectivos, contarán con programas complementarios de salud, nutrición y fortalecimiento de la cultura;

IV. Deberán funcionar en un horario que fluctuará de 8 a 12 horas diarias;

V. Los encargados de los centros comunitarios deberán formar parte de la comunidad y recibirán instrucción y formación para su desempeño a través de programas de capacitación y educación permanente, implantados por la secretaría, por entidades de los tres órdenes de gobierno o por organizaciones civiles, con la finalidad de realizar con mejores habilidades la función encomendada.

La autoridad educativa federal, en ejercicio de sus atribuciones, emitirá normas específicas para la operación de las actividades educativas de los centros comunitarios, acorde con su objeto, organización, administración, operación y finalidad no lucrativa.

Artículo 57 Bis. Los centros comunitarios y demás instituciones que tengan por objeto proporcionar educación sin fines de lucro que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán

I. Cumplir lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la presente ley;

II. Cumplir los planes y programas de estudio que las autoridades educativas competentes hayan determinado o considerado procedentes;

III. Cumplir los requisitos previstos en el artículo 55; y

IV. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las autoridades competentes realicen u ordenen.

C. Iniciativa de la diputada Nely Edith Miranda Herrera

Mediante esta Iniciativa, la diputada Miranda busca que las personas con discapacidad puedan acceder en igualdad de condiciones a las instituciones educativas. Señala que esto no es un problema menor, puesto que de acuerdo con el duodécimo Censo General de Población y Vivienda (Inegi) en el año 2000 en nuestro país 1 millón 795 mil personas tenían algún tipo de discapacidad, lo cual representaba el 1.8 por ciento de la población total.

La promovente señala como una responsabilidad de los poderes públicos federales, eliminar los obstáculos que limitan el ejercicio de los derechos ciudadanos e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país. Se propone el siguiente proyecto de decreto:

Artículo 2o. ...

...

...

Las personas con discapacidad tendrán acceso a recibir educación en cualquiera de los niveles que esta ley especifica, por lo que no se les prohibirá de este derecho por razones de déficit funcionales, sensoriales o estéticos que presenten. Asimismo, el Estado proveerá las condiciones de accesibilidad y disfrute pleno de los servicios educativos, promoviendo además acciones sustantivas, de sensibilización y sociabilización, para garantizar de manera plena su integración social.

III. Consideraciones generales

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados comparte con los promoventes de las iniciativas descritas en el punto anterior la preocupación por la atención educativa que reciben los niños y jóvenes –con y sin discapacidad– que tienen necesidades educativas especiales, así como por las limitaciones de nuestro sistema educativo para implementar una política de auténtica inclusión. Sin duda éste es un terreno en el que a nuestro país le resta un largo trecho por recorrer.

Nuestro país, junto con 91 naciones más, se adhirió en 1994 a la Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales, promovida por la UNESCO. Los compromisos que México asumió al adherirse a dicha declaración son los siguientes:

- todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la educación y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos,

- cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que le son propios,

- los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y necesidades,

- las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz de satisfacer esas necesidades,

-las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos; además, proporcionan una educación efectiva a la mayoría de los niños y mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación costo-eficacia de todo el sistema educativo.

La UNESCO establece que “la educación inclusiva y de calidad se basa en el derecho de todos los alumnos a recibir una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas. Al prestar especial atención a los grupos marginados y vulnerables, la educación integradora y de calidad procura desarrollar todo el potencial de cada persona. Su objetivo final es terminar con todas las modalidades de discriminación y fomentar la cohesión social”.

La educación inclusiva se refiere a todos los niveles y modalidades educativas, por lo cual los criterios y principios deben ser atendidos también por la educación especial.

En este marco, durante las dos últimas décadas en nuestro país se han impulsado algunos programas que se proponen una educación integradora o inclusiva. Sin embargo, aun se enfrentan severos rezagos en este sentido. Tal como se menciona en la iniciativa de la diputada Gutiérrez Cortina, para 2010 “menos del 8 por ciento de las personas con discapacidad cuenta con educación básica completa, y considerando otros indicadores, los niños y niñas con discapacidad enfrentan hasta 10 veces más exclusión en la escuela que el resto de los educandos, misma que va del 26 por ciento en la educación primaria, hasta cerca del 95 por ciento en la educación superior”.

Otro de los terrenos en los que se aprecia rezago es el legislativo, puesto que la Ley General de Educación mantiene la visión de la “integración” de los niños con necesidades educativas especiales. En este sentido, la dictaminadora coincide con la promovente en la necesidad de armonizar con la conceptualización actualmente utilizada en el medio de la educación especial, de manera que se contribuya desde este ámbito a la creación de una auténtica cultura de la inclusión.

Por lo que toca específicamente al reconocimiento de la educación preescolar ofrecida por organizaciones de la sociedad civil, los integrantes de esta Comisión reconocemos que el carácter obligatorio de la educación preescolar para niños de tres a cinco años de edad establecido en 2002, ha obligado a una expansión del servicio tanto en el ámbito público como en el privado. Pese a ello, actualmente el sistema educativo enfrenta la insuficiencia de los servicios educativos del nivel, especialmente en las entidades y zonas de mayor pobreza.

El Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) elaboró un análisis de la cobertura actual y la estimada para los próximos años del servicio de preescolar. A continuación se presentan los principales datos:

1. En el ciclo escolar 2006-2007, la población de 3 años no atendida por preescolar a nivel nacional fue de 69.4 por ciento. El problema fue más grave en algunos estados: en Colima se registró el 98 por ciento y en Campeche el 92 por ciento.

2. La cobertura para el primer año de preescolar en el presente ciclo escolar (2007-2008) se estima en 35.6 por ciento. Para el ciclo 2008-2009 se estima en 41 por ciento, lo cual significa que más de 1 millón 100 mil niños de tres años no tendrían acceso, constituyendo un rezago temprano e incrementando la brecha de inequidad, ya que los educandos excluidos de este servicio en su mayoría pertenecen a estratos sociales caracterizados por la pobreza.

3. La cobertura universal de niños de tres años en 2008-2009 implicaría la creación de 61,984 grupos, lo cual significaría una erogación de más de 20,000 millones de pesos.

4. De mantenerse el crecimiento inercial de los últimos años en la matrícula, la cobertura de los niños de tres años para 2012-2013 sería de 53.4 por ciento, mientras que la cobertura universal se lograría aproximadamente en el año 2030.

Frente a este panorama, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos reconoce que el ofrecimiento de servicios educativos en el nivel preescolar por parte de distintas organizaciones de la sociedad civil –como la Cooperativa Popular de Madres Educadoras (Copome), la Fundación de Apoyo a la Infancia (FAI), Save the Children y Ayuda en Acción, entre otras- significa una valiosa aportación en el propósito de atender a toda la población en edad escolar.

Los servicios ofrecidos por estas organizaciones se dirigen principalmente a los sectores más pobres de población que requieren un servicio con horario más amplio que el de las escuelas oficiales regulares, lo cual permite a los padres y madres cubrir sus horarios laborales con la confianza de que sus hijos son atendidos de manera adecuada por personas de la misma comunidad.

Sin embargo, la obligatoriedad de la educación preescolar colocó a las organizaciones de la sociedad civil que prestan este tipo de servicios, en la situación de que la educación que ofrecen no se reconoce oficialmente como válida para el ingreso a la educación primaria, por lo cual es impostergable establecer los mecanismos necesarios para el reconocimiento de estos estudios, favoreciendo así el tránsito de los alumnos egresados de este servicio.

Es importante mencionar que la Ley General de Educación prevé el apoyo a las organizaciones sociales que se dediquen a la enseñanza. La fracción X del artículo 33 establece lo siguiente:

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. a IX. ...

X. Otorgarán estímulos a las asociaciones civiles y a las cooperativas de maestros que se dediquen a la enseñanza;

Cabe aclarar que en el artículo 2676 del Código Civil Federal, se define que “cuando varios individuos convinieren en reunirse, de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación.”

De manera más específica, de acuerdo con el artículo 4 la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, se entiende por organizaciones de la sociedad civil:

“... todas las agrupaciones u organizaciones mexicanas que, estando legalmente constituidas, realicen alguna o algunas de las actividades a que se refiere el artículo 5 de la presente ley y no persigan fines de lucro ni de proselitismo partidista, político-electoral o religioso, sin menoscabo de las obligaciones señaladas en otras disposiciones legales.”

Con base en las consideraciones expuestas, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos manifiesta su acuerdo en lo general con las reformas a la Ley General de Educación materia de este dictamen. Sin embargo, de manera particular se presentan observaciones importantes respecto a algunas de las propuestas y a continuación se formula un nuevo proyecto de decreto.

IV. Consideraciones particulares

Iniciativa de la diputada Paz Gutiérrez Cortina

• Reforma al artículo 2o.

La reforma se considera procedente, toda vez que fortalece lo establecido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto a la prohibición de la discriminación motivada por las discapacidades. Adicionalmente, se armoniza la Ley General de Educación con los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito en relación con la atención educativa de las personas con necesidades educativas especiales, entre otros:

- Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

- Convención sobre los Derechos del Niño.

- Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

• Reforma al artículo 7o.

La reforma se considera procedente, aunque se estima necesario realizar un ajuste en la redacción debido a que el artículo en cuestión plantea los fines de la educación impartida por el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o RVOE; tal como está, la reforma indicaría que mediante la educación debe lograrse una educación inclusiva. Se propone la siguiente redacción:

XVII. Fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión, como condiciones para el enriquecimiento social y cultural.

Asimismo, se plantea incluir la reforma en una fracción VII, recorriendo las siguientes, a fin de mantener la lógica en la que se presentan los asuntos materia de este artículo.

• Reforma al artículo 12

La reforma se considera pertinente, aunque se propone una pequeña modificación de forma para lograr su mejor entendimiento. Cabe aclarar que el Diccionario de la Real Academia Española define la edición como la “producción impresa de ejemplares de un texto, una obra artística o un documento visual”, lo cual permite una perspectiva más amplia de los formatos para las personas con discapacidad y no sólo los materiales en Braille. Se propone la siguiente redacción:

III. Elaborar, mantener actualizados y editar en formatos accesibles para las personas con discapacidad los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación.

• Reforma al artículo 20

La propuesta se considera no procedente, debido a que se trata de una disposición más bien de orden laboral que no compete al ámbito de la Ley General de Educación. Adicionalmente, el derecho al trabajo de las personas con discapacidad está consagrado como garantía individual en los artículos 1º y 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos...

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad expresa de manera más específica los derechos y garantías de las personas con discapacidad en relación con el trabajo:

Capítulo IITrabajo y Empleo

Artículo 11. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad, que les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral. Para tal efecto, realizará las siguientes acciones:

I. Prohibir cualquier tipo de discriminación por motivo de discapacidad en la selección, contratación, remuneración, tipo de empleo, reinserción, continuidad, capacitación, liquidación laboral, promoción profesional y asegurar condiciones de trabajo accesibles, seguras y saludables;

...

• Reforma al artículo 38

La reforma se considera procedente, pues lleva implícito el reconocimiento del lenguaje de señas como uno más de los utilizados en nuestro país.

• Reforma al artículo 41

De manera general se consideran procedentes las modificaciones propuestas, salvo que no es posible eliminar lo concerniente a la atención de los alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes ni es procedente establecer normatividad desde la Ley General de Educación para las Instituciones de Educación Superior autónomas, en atención a lo establecido en la fracción VII del artículo 3o. constitucional.

Es importante mencionar que el término “ajustes razonables” es definido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como “las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas, que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”. En opinión de esta Comisión, si bien tales ajustes responden a las características y necesidades individuales de las y los alumnos con necesidades educativas especiales, debe establecerse como facultad de la autoridad educativa federal el establecimiento de los criterios generales que permitan realizar tales ajustes.

Adicionalmente, se considera pertinente que en este artículo se establezca con claridad que la educación inclusiva no significa la desaparición de la educación especial; por esta razón se propone incluir en el último párrafo la frase “la educación inclusiva presupone el fortalecimiento de la educación especial”.

Además de las adecuaciones mencionadas, se proponen algunos cambios en la redacción de la propuesta a fin de hacerla más precisa:

Artículo 41. La educación especial está destinada a personas con y sin discapacidad, incluyendo a las personas con aptitudes sobresalientes, que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, con equidad social incluyente y con perspectiva de género, manteniendo como prioridad la protección del interés superior del educando.

Tratándose de menores de edad con discapacidad, se favorecerá su inclusión en los planteles de educación regular mediante la realización de ajustes razonables y la aplicación de métodos, técnicas, materiales específicos y las medidas de apoyo necesarias.

A quienes tomando en cuenta las recomendaciones de la autoridad educativa correspondiente opten por los servicios escolarizados de educación especial, se les garantizará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje y el máximo desarrollo del potencial del educando para la autónoma convivencia social y productiva, elaborando los materiales de apoyo didáctico necesarios.

En los niveles y modalidades de la educación básica, educación normal, así como la media superior y superior en el ámbito de su competencia, la autoridad educativa federal establecerá criterios generales para realizar los ajustes razonables que garanticen la educación inclusiva, con atención al principio de progresividad. En el caso de los alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes, establecerá los lineamientos para la evaluación psicopedagógica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación; las instituciones de educación superior autónomas por ley, podrán establecer convenios con la autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación y certificación de este tipo de alumnos.

La educación inclusiva presupone el fortalecimiento de la educación especial. Considera la capacitación y orientación a los maestros y personal de las escuelas de educación regular que atiendan alumnos con discapacidad, así como a los padres de familia o tutores, propiciando su participación.

• Adición del artículo 54 Bis

Los integrantes de la comisión reconocen que existe un hueco jurídico respecto a los servicios educativos que ofrecen las organizaciones de la sociedad civil, por lo que se manifiestan por establecer regulación al respecto, aunque agregan a la propuesta la facultad de la autoridad educativa federal para establecer los lineamientos para que tales servicios sean reconocidos oficialmente.

Adicionalmente, se considera necesario precisar que el apoyo de las autoridades educativas a este tipo de OSC se otorgará, en su caso, en el marco de los lineamientos establecidos en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, de manera que se propone el siguiente texto para el artículo 54 Bis:

Artículo 54 Bis. Las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas que tengan como objeto prestar servicios educativos de nivel preescolar sin fines de lucro, podrán impartir educación en términos de la presente ley y de conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública. Las autoridades competentes podrán otorgar apoyo para la formación y actualización del personal de dichas organizaciones, así como otros recursos conforme a los programas y modalidades que se determinen, en el marco de lo establecido en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

• Reforma al artículo 55

La reforma propuesta se considera no procedente, ya que constituye un requisito que, a juicio de esta comisión, deben cumplir los planteles escolares particulares una vez que hayan recibido a los alumnos con necesidades educativas especiales, y no antes de que este hecho se presente. Los ajustes razonables se realizan para atender necesidades individuales específicas, mismas que serían desconocidas en tanto no se conozca al o los alumnos que requieren la atención especial. La preocupación de la promovente respecto a que las escuelas particulares estén obligadas a realizar los ajustes razonables se atiende mediante la nueva fracción propuesta al artículo 75 de la Ley General de Educación.

• Reforma al artículo 75

La reforma propuesta se considera procedente, toda vez que se esta manera puede hacerse efectivo el derecho a la educación de los niños y niñas –con y sin discapacidad- que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación.

B. Iniciativa de los diputados Aguirre Maldonado y Bailey Elizondo

• La “educación preescolar comunitaria” es un término utilizado para identificar básicamente al servicio que presta el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), así como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). En la iniciativa se tratan indistintamente estos servicios y los ofrecidos por OSC.

Tanto el Conafe como el DIF son organismos públicos –en particular, el Conafe es un órgano descentralizado de la SEP y, por tanto, forma parte del sistema educativo nacional-, por lo que los servicios que ofrecen tienen un carácter legal distinto a los de las OSC. Por esta razón, no es viable que en la Ley General de Educación se trate indistintamente a los servicios públicos y a los ofrecidos por OSC, además de que crearía confusión el hecho de que a éstos últimos se les denomine en este ordenamiento con el término “educación preescolar comunitaria”.

• Las organizaciones de la sociedad civil sonparticulares que operan sin fines de lucro. Por tanto, aquellas OSC que ofrecen servicios educativos de nivel preescolar pueden ser consideradas parte del sistema educativo nacional, en los términos del artículo 10 de la Ley General de Educación:

Artículo 10.La educación que impartan el estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, es un servicio público.

Constituyen el sistema educativo nacional:

I. a V. ...

VI.Las instituciones de los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios,

Sin embargo, se considera pertinente recuperar la idea plasmada en esta iniciativa respecto a que la obtención del reconocimiento oficial de los estudios de nivel preescolar ofrecidos por OSC tenga como requisito la acreditación legal como organizaciones con fines no lucrativos. De esta manera, siguiendo en la lógica de la creación de un artículo 54 Bis, se propone agregar en el artículo 55 una fracción en los siguientes términos:

Artículo 55. Las autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:

I. a III. ...

• Respecto a la adición del artículo 57 Bis, se considera que la propuesta está contenida en el artículo 1o. de la Ley General de Educación, que establece lo siguiente:

Artículo 1o.Esta ley regula la educación que imparte el estado -federación, entidades federativas y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la república y las disposiciones que contiene son de orden público e interés social.

C. Iniciativa de la diputada Nely Edith Miranda Herrera

En opinión de los miembros de esta comisión, la preocupación expresada por la promovente en su exposición de motivos –esto es, garantizar el derecho que todas las personas tienen de acceder al sistema educativo nacional en igualdad de condiciones- se atiende plenamente con las reformas propuestas en el proyecto de decreto que se presenta más adelante.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 fracción A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta honorable asamblea que se remita a la Cámara de Senadores el presente proyecto de decreto que reforma la Ley General de Educación, para efecto de que las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados sean discutidas por el Senado de la República en su calidad de Cámara revisora.

Por lo anterior, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva

Artículo Único. Se reforman los artículos 12, fracción III; 38 y 41; y se adicionan los artículos 2o., con un segundo párrafo recorriéndose los subsecuentes en su orden; 7o. con una fracción VII Bis; 54 Bis; 55, con una fracción IV y 75, con una fracción XVII a la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

Las personas con discapacidad tienen derecho al acceso y permanencia en el sistema educativo nacional en todos sus niveles y modalidades, sin discriminación, con equidad y en igualdad de oportunidades.

...

...

Artículo 7o. ...

I. a VII. ...

VII Bis. Fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión, como condiciones para el enriquecimiento social y cultural.

VIII. a XVI. ...

Artículo 12. ...

I. y II. ...

III. Elaborar, mantener actualizados y editar en formatos accesibles para las personas con discapacidadlos libros de texto gratuitos y demás materiales educativos,mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectoressociales involucrados en la educación.

IV. a XIV. ...

Artículo 38. La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la comunidad sorda,de la población rural dispersa y grupos migratorios.

Artículo 41. La educación especial está destinada a personas con y sin discapacidad, incluyendo a las personas con aptitudes sobresalientes , que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje,con equidad social incluyente y con perspectiva de género, manteniendo como prioridad la protección del interés superior del educando.

Tratándose de menores de edad con discapacidad, se favorecerá su inclusión en los planteles de educación regular mediante la realización de ajustes razonables y la aplicación de métodos, técnicas, materiales específicos y las medidas de apoyo necesarias.

A quienes tomando en cuenta las recomendaciones de la autoridad educativa correspondiente opten por los servicios escolarizados de educación especial, se les garantizará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje y el máximo desarrollo del potencial del educando para la autónoma convivencia social y productiva, elaborando los materiales de apoyo didáctico necesarios.

En los niveles y modalidades de la educación básica, educación normal, así como la media superior y superior en el ámbito de su competencia, la autoridad educativa federal establecerá criterios generales para realizar los ajustes razonables que garanticen la educación inclusiva, con atención al principio de progresividad. En el casode los alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes, establecerá los lineamientos para la evaluación psicopedagógica,los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación; las instituciones de educación superior autónomas por ley, podrán establecer convenios con la autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación y certificación de este tipo de alumnos.

La educación inclusiva presupone el fortalecimiento de la educación especial. Considera la capacitación y orientación a los maestros y personal de las escuelas de educación regular que atiendan alumnos con discapacidad, así como a los padres de familia o tutores, propiciando su participación.

Artículo 54 Bis. Las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas que tengan como objeto prestar servicios educativos de nivel preescolar sin fines de lucro, podrán impartir educación en términos de la presente ley y de conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública. Las autoridades competentes podrán otorgar apoyo para la formación y actualización del personal de dichas organizaciones, así como otros recursos conforme a los programas y modalidades que se determinen, en el marco de lo establecido en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Artículo 55. Las autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:

I. ...

II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento;

III. Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de la preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás para la formación de maestros de educación básica, y

IV. Con la acreditación legal como asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada u otras formas legales de asociación no lucrativa, en el caso de las organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I. a XIV....

XV .Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;

XVI .Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas, niños y adolescentes que presenten problemas de aprendizaje, condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos; presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para la atención de problemas de aprendizaje de los educandos, y

XVII. Negar la inscripción, aislar, segregar o discriminar a las personas con discapacidad, u omitir llevar a cabo los ajustes razonables que sean necesarios para garantizar su inclusión.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La implementación de las medidas establecidas en el presente decreto se realizará con la concurrencia presupuestal de la federación y de las entidades federativas y en atención a los recursos disponibles, para garantizar de manera progresiva el pleno ejercicio de los derechos establecidos en la legislación vigente para las personas con discapacidad.

Tercero. Las autoridades educativas instrumentarán los programas y acciones encaminados al cumplimiento de lo previsto en el presente decreto, garantizando procesos de capacitación y conocimiento para los docentes de las instituciones educativas que participen en el programa.

Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto.

Notas:

1 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI), Censo de Población y Vivienda 2010.

2 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), adelantos de la Encuesta Nacional de Discriminación 2010, disponible en:

http://www.conapred.org.mx/redes/index.php?contenido=noticias&id=328&id_opcion=108&op=214 (fecha de consulta 21 de marzo de 2011).

3 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en el Distrito Federal 2007-2008, Ed. 2008, pág. 9, 11, 140 y 143.

4 UNESCO (1994). Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales, Aprobada por la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad.Salamanca, España, 7-10 de junio de 1994. Consultado el 23 de mayo de 2011 en www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_S.PDF

5 Extraído el 13 de septiembre de 2011 de: http://www.unesco.org/new/ es/education/themes/strengthening-education-systems/inclusive-education/

6 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI), Censo de Población y Vivienda 2010.

7 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), adelantos de la Encuesta Nacional de Discriminación 2010, consultado el 23 de mayo de 2011 en:

http://www.conapred.org.mx/redes/index.php?contenido=noticias&id=328&id_opcion=108&op=214

8 SEP-Conaedu (2007). Las Implicaciones de la Obligatoriedad de la Educación Básica en México: Diagnóstico y Propuestas. México, octubre de 2007.

9 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 2, definición de “ajustes razonables”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2011.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales, Germán Contreras García (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío, Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo, Francisco Herrera Jiménez, Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldua (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, José Isabel Meza Elizondo (rúbrica), Blanca Soria Morales.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma los artículos 108 y 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, 85, 157, fracción I, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

A la Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnado el día ocho de noviembre de 2011 para su estudio y dictamen, el expediente No. 5712, que contiene la minuta de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto que reforma los artículos 108 y 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Mediante la minuta de referencia se plantea la reforma a los artículos 108 y 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, relativo a los supuestos que se consideran infracciones graves a dicho ordenamiento.

La finalidad, de acuerdo con los autores de la propuesta senadores Javier Orozco Gómez, José Isabel Trejo Reyes, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas y José Luis Máximo García Zalvidea; integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, es reformular el espectro de sanciones contenidas en la ley en materia de dopaje, a fin de establecer medidas que ayuden a prevenir la comisión de conductas que perjudiquen la práctica deportiva saludable a nivel nacional y armonizar la legislación mexicana con los instrumentos internacionales en la materia.

En este sentido destacan como puntos relevantes de su exposición los siguientes:

1. El deporte y la activación física conllevan grandes beneficios para la sociedad de cada país; empero, se puede ver afectada sensiblemente por la intervención de agentes dañinos contenidos en suplementos alimenticios que atentan contra la salud de los deportistas.

2. Es menester de las autoridades competentes, promover y combatir el uso de sustancias que alteran el rendimiento físico de los deportistas que generan daños irreversibles y en varios casos hasta la muerte.

3. En ese tenor, la UNESCO ha participado de forma activa en la lucha contra el dopaje por su deseo de mantener la justicia y equidad en el deporte, así como de proteger a los jóvenes deportistas. Por tal motivo, el 19 de octubre de 2005, en la ciudad de París se adoptó la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, en el marco de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Cultura y Tecnología.

4. Esta convención fue aprobada por México y ratificada por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión el 20 de diciembre de 2006, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de enero de 2007. El instrumento de ratificación, firmado por el Ejecutivo Federal el 8 de febrero de 2007 fue depositado ante el director general de la UNESCO el once de abril del mismo año.

5. Con la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, los Estados parte se han puesto de acuerdo por primera vez para aplicar la fuerza del derecho internacional contra el dopaje.

6. La convención constituye un marco jurídico internacionalmente reconocido y crea obligaciones vinculantes para los gobiernos firmantes, quienes deberán adoptar medidas contra el dopaje en el deporte de su país.

7. En la misma esfera de competencia se encuentra la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que es aquella organización internacional independiente creada en 1999 para promover, coordinar y monitorear la lucha contra el dopaje en el deporte en todas sus formas, la cual tiene el deber de monitorear los tres aspectos de las actividades antidopaje de las autoridades públicas y deportivas (desde la aceptación hasta la implementación y el cumplimiento). AMA por lo tanto facilita y monitorea los esfuerzos antidopaje de los gobiernos y el movimiento deportivo, tomando las medidas necesarias para asegurar la integridad del Código Mundial Antidopaje.

Esto incluye el compromiso de los gobiernos de adoptar los principios del Código, derivado de la adopción de la Convención Internacional de la UNESCO contra el dopaje en el Deporte, que es la herramienta práctica que permite a los gobiernos armonizar sus políticas domésticas con el Código Mundial Antidopaje.

8. El trabajo con el AMA se enfoca en que las normas de los deportes sean consistentes con el Código Mundial Antidopaje y que sean promovidas como tal por el Movimiento Deportivo. Más allá, AMA tiene la tarea de revisar sanciones y de apelar ante la Corte de Arbitramento Deportivo cuando las decisiones no cumplan con El Código Mundial Antidopaje.

9. Por consiguiente la UNESCO y la AMA colaboran en la lucha contra el dopaje en el deporte. La UNESCO se responsabiliza de la aplicación de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte y, por lo tanto, actúa sobre todo con gobiernos. La AMA trabaja con el movimiento deportivo (COI, CPI, Federaciones Deportivas Internacionales, etc.) y con organizaciones antidopaje para garantizar el cumplimiento del Código Mundial Antidopaje.

10. El Código Mundial Antidopaje es el documento fundamental y universal en el que se basa el Programa Mundial Antidopaje en el deporte. El propósito del Código es promover la lucha contra el dopaje mediante la armonización universal de los principales elementos relacionados con la lucha antidopaje. El Código es lo suficientemente preciso para lograr una armonización completa sobre cuestiones en las que se requiere uniformidad, aunque lo bastante general en otras áreas para permitir una cierta flexibilidad en lo que respecta a la forma en que se aplican los principios antidopaje admitidos.

11. Todas las disposiciones del Código son obligatorias en esencia y deben cumplirse según corresponda por todas las organizaciones antidopaje, deportistas y otras personas. Sin embargo, el mismo no sustituye ni elimina la necesidad de adoptar normas específicas antidopaje por parte de cada organización antidopaje. Aunque algunas de las disposiciones del Código deben ser adoptadas sin cambios sustanciales por cada una de las organizaciones antidopaje en sus reglamentos respectivos, otras disposiciones del Código establecen principios orientadores que conceden cierta flexibilidad a cada organización antidopaje en la redacción de sus reglamentos, o especifican las exigencias que deben respetar las organizaciones antidopaje sin tener que recoger obligatoriamente estas disposiciones en sus reglamentos.

12. En el numeral 23.2.2 del Código establece una serie de artículos entre los que se encuentra la definición de dopaje, que deben ser implantados por los signatarios sin introducir cambios sustanciales, a saber:

Artículo 1o. El dopaje se define como la comisión de una o varias infracciones de las normas antidopaje según lo dispuesto desde el artículo 2.1 al artículo 2.8 del Código.

Dichos numerales expresan lo siguiente:

Constituyen infracciones de las normas antidopaje:

2.1 La presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un deportista.

2.2 Uso o intento de uso por parte de un deportista de una sustancia prohibida o de un método prohibido.

2.3 La negativa o resistencia, sin justificación válida, a una recogida de muestras tras una notificación hecha conforme a las normas antidopaje aplicables, o evitar de cualquier otra forma la recogida de muestras.

2.4 Vulneración de los requisitos sobre la disponibilidad del deportista para la realización de controles fuera de competición.

2.5 Falsificación o intento de falsificación de cualquier parte del procedimiento de control del dopaje.

2.6 Posesión de sustancias prohibidas y métodos prohibidos.

2.7 Tráfico o intento de tráfico de cualquier sustancia prohibida o método prohibido.

2.8 Administración o intento de administración durante la competición a un deportista de una sustancia prohibida o método prohibido, la administración o el intento de administración de cualquier método o sustancia prohibidos a un deportista fuera de competición, o bien la asistencia, incitación, contribución, instigación, encubrimiento o cualquier otro tipo de complicidad en relación con una infracción de las normas antidopaje o cualquier otra tentativa de infracción de éstas.

Es por todo lo anterior, y con la con la finalidad de actualizar la normatividad en materia de dopaje y armonizar nuestra legislación deportiva con lo dispuesto en el Código Mundial Antidopaje, que la Cámara de Senadores aprobó la reforma a los artículos 108 y 1308 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y la turnaron a esta Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación como Cámara Revisora.

La Comisión de Juventud y Deporte procedió al estudio y análisis de la minuta de referencia, tomando las consideraciones expresadas por la Cámara de origen y la opinión emitida por el Gobierno Federal por conducto de la Conade, de fecha 13 de octubre de 2011, llevando a cabo para tal efecto reuniones de trabajo con los integrantes del pleno de la Comisión, hasta alcanzar el dictamen que hoy se presenta bajo las siguientes:

Consideraciones

I. En efecto, como lo expone la Cámara de origen y el Gobierno Federal, la reforma a los artículos 108 y 138 en materia de dopaje tiene como finalidades específicas:

a) Establecer medidas que ayuden a prevenir la comisión de conductas que perjudiquen la práctica deportiva saludable a nivel nacional.

b) La adecuación y armonización de la legislación mexicana en materia de dopaje , con lo previsto en la “Convención Internacional de Lucha Contra el Dopaje” y con el “Código Mundial Antidopaje” aprobado por el Consejo de Fundación de la Agencia Mundial Antidopaje el 17 de noviembre de 2007, en vigor a partir del 1 de enero de 2009.

II. Lo anterior obedece a que México adoptó la “Convención Internacional de Lucha Contra el Dopaje” en la ciudad de París en el marco de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 19 de octubre de 2005, y la ratificó el 20 de junio de 2007 mediante el Decreto Promulgatorio de la Convención Internacional Antidopaje en el Deporte.

Con esta reforma en materia de dopaje, se atiende el compromiso del gobierno mexicano de adoptar los principios del Código y su ratificación a través de la Convención Internacional de la UNESCO contra el dopaje en el deporte.

III. El Código Mundial Antidopajees el documento fundamental y universal en el que se basa el Programa Mundial Antidopaje en el deporte y el propósito es promover la lucha contra el dopaje mediante la armonización universal de los principales elementos relacionados con la lucha antidopaje.

IV. En los artículos 3o., 20, 22 y 23 del Código se hace referencia a la obligación del Estado Mexicano para dar cumplimiento a lo dispuesto en este instrumento internacional, jurídicamente vinculante, y adoptar las medidas apropiadas.

VI. En el numeral 23.2.2 del Código se establece una serie de artículos que deben ser retomados sustancialmente por las legislaciones nacionales de los países miembros, a saber:

Artículo 1o. El dopaje se define como la comisión de una o varias infracciones de las normas antidopaje según lo dispuesto desde el artículo 2.1 al artículo 2.8 del Código.

Dichos numerales expresan lo siguiente:

Constituyen infracciones de las normas antidopaje:

2.1. La presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un deportista.

2.2. Uso o intento de uso por parte de un deportista de una sustancia prohibida o de un método prohibido.

2.3. La negativa o resistencia, sin justificación válida, a una recogida de muestras tras una notificación hecha conforme a las normas antidopaje aplicables, o evitar de cualquier otra forma la recogida de muestras.

2.4. Vulneración de los requisitos sobre la disponibilidad del deportista para la realización de controles fuera de competición.

2.5. Falsificación o intento de falsificación de cualquier parte del procedimiento de control del dopaje.

2.6. Posesión de sustancias prohibidas y métodos prohibidos.

2.7. Tráfico o intento de tráfico de cualquier sustancia prohibida o método prohibido.

2.8. Administración o intento de administración durante la competición a un deportista de una sustancia prohibida o método prohibido, la administración o el intento de administración de cualquier método o sustancia prohibidos a un deportista fuera de competición, o bien la asistencia, incitación, contribución, instigación, encubrimiento o cualquier otro tipo de complicidad en relación con una infracción de las normas antidopaje o cualquier otra tentativa de infracción de éstas.

VI. En ese tenor, el gobierno mexicano asumió el compromiso de adoptar en su legislación interna las normas internacionales en comento, en materia de dopaje. Para armonizar las disposiciones es necesario reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte.

VII. La Cámara de Senadores aprobó la siguiente reforma, la cual armoniza la legislación mexicana con los instrumentos internacionales en la materia.

Artículo Único. Se reforman los artículos 108 y 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 108. Se entenderá por dopaje en el deporte, la administración a los deportistas, su uso deliberado o inadvertido de una sustancia prohibida o de un método no reglamentario; enunciado en la lista vigente de la Agencia Mundial Antidopaje, misma que será publicada por la Conade para efectos del conocimiento público.

Se sancionará como infracción, por dopaje, lo establecido en la fracción primera del artículo 138 de la presente Ley.

Artículo 138. Se considerarán como infracciones muy graves a la presente Ley, las siguientes:

I. En materia de dopaje:

a) La presencia de una sustancia prohibida, de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un deportista;

b) La utilización o tentativa, de las sustancias y grupos farmacológicos prohibidos, así como de métodos no reglamentarios, destinados a aumentar artificialmente las capacidades físicas de los deportistas o a modificar los resultados de las competiciones;

c) La promoción, instigación, administración y encubrimiento a la utilización de sustancias prohibidas o métodos no reglamentarios dentro y fuera de competiciones;

d) La negativa o resistencia, sin justificación valida, a someterse a los controles de dopaje dentro y fuera de competiciones cuando sean exigidos por los órganos o personas competentes, posterior a una notificación hecha conforme a las normas antidopaje aplicables;

e) Cualquier acción u omisión tendiente a impedir o perturbar la correcta realización de los procedimientos de represión del dopaje;

f) La falsificación o tentativa, de cualquier parte del procedimiento de control del dopaje;

g) Tráfico o tentativa, de cualquier sustancia prohibida o de algún método no reglamentario, y

h) La administración o utilización de sustancias o prácticas prohibidas en animales destinados a la práctica deportiva.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Juventud y Deporte aprueba en sus términos la minuta en estudio, y para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma los artículos 108 y 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Artículo Único. Se reforman los artículos 108 y 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 108. Se entenderá por dopaje en el deporte, la administración a los deportistas, su uso deliberado o inadvertido de una sustancia prohibida o de un método no reglamentario; enunciado en la lista vigente de la Agencia Mundial Antidopaje, misma que será publicada por la Conade para efectos del conocimiento público.

Se sancionará como infracción, por dopaje, lo establecido en la fracción primera del artículo 138 de la presente Ley.

Artículo 138. Se considerarán como infracciones muy graves a la presente Ley, las siguientes:

I. En materia de dopaje:

a) La presencia de una sustancia prohibida, de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un deportista;

b) La utilización o tentativa, de las sustancias y grupos farmacológicos prohibidos, así como de métodos no reglamentarios, destinados a aumentar artificialmente las capacidades físicas de los deportistas o a modificar los resultados de las competiciones;

c) La promoción, instigación, administración y encubrimiento a la utilización de sustancias prohibidas o métodos no reglamentarios dentro y fuera de competiciones;

d) La negativa o resistencia, sin justificación valida, a someterse a los controles de dopaje dentro y fuera de competiciones cuando sean exigidos por los órganos o personas competentes, posterior a una notificación hecha conforme a las normas antidopaje aplicables;

e) Cualquier acción u omisión tendiente a impedir o perturbar la correcta realización de los procedimientos de represión del dopaje;

f) La falsificación o tentativa, de cualquier parte del procedimiento de control del dopaje;

g) Tráfico o tentativa, de cualquier sustancia prohibida o de algún método no reglamentario, y

h) La administración o utilización de sustancias o prácticas prohibidas en animales destinados a la práctica deportiva.

II. Las distinciones, exclusiones, restricciones, preferencias u hostigamiento que se hagan en contra de cualquier deportista, motivadas por origen étnico o nacional, de género, la edad, las discapacidades, la condición social, la religión, las opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra su dignidad o anule o menoscabe sus derechos y libertades;

III. El uso indebido de recursos públicos por parte de los sujetos destinatarios de los mismos, y

IV. El incumplimiento o violación a los estatutos de las Asociaciones Deportivas Nacionales, por cuanto hace a la elección de sus cuerpos directivos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo federal publicará las reformas correspondientes al Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a efecto de ajustarlo a los términos del mismo.

Salón de sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta y un días del mes de enero de dos mil doce.

La Comisión de Juventud y Deporte, diputados:José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), presidente; Salvador Caro Cabrera (con licencia), Sandra Méndez Hernández (rúbrica), Nely Edith Miranda Herrera (rúbrica), Juan José Cuevas García (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), Sixto Alfonso Zetina Soto (rúbrica), Pavel Díaz Juárez, Juan Carlos Natale López (rúbrica), secretarios; Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Víctor Alejandro Balderas Vaquera (rúbrica), Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Noé Martín Vázquez Pérez (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Francisco Ramos Montaño, Rolando Bojórquez Gutiérrez, Onésimo Mariscales Delgadillo, Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Laura Felícitas García Dávila (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica), Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza (con licencia), Lizbeth García Coronado (rúbrica), Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Dora Evelyn Trigueras Durón (rúbrica), Jesús Gerardo Cortés Mendoza (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Ilich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Jorge Herrera Martínez, Fidel Kuri Grajales.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5o., 23 y 24 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5o., 23 y 24 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Honorable Asamblea

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

Expediente número 2862

Gaceta Parlamentaria: 3361-VI.

1. El martes 4 de octubre del 2011, el diputado Sabino Bautista Concepción, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5o., 23 y 24 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Derechos Humanos, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de la iniciativa

El diputado Sabino Bautista Concepción señala que la violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas ha sido y sigue siendo impresionante, a pesar de que se ha conseguido su reconocimiento parcial como sujetos de derecho. Empero, hasta el día de hoy aún persisten violaciones a sus derechos humanos al grado de estar amenazados en su supervivencia.

Por lo que a pesar de que existen instrumentos internacionales y nacionales para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, los mismos no han sido suficientes para evitar las violaciones a tales derechos, en virtud de que en nuestro país, señala el iniciante, las políticas de los gobiernos y el poco interés en el tema no han permitido que se concrete este reconocimiento.

Actualmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuenta para el auxilio de sus funciones con cinco visitadores generales señalados en su ley secundaria, así como diversos visitadores adjuntos, adscritos a la materia correspondiente.

En lo que respecta al tema indígena, materia de la presente iniciativa, se delega la competencia a la Cuarta Visitaduría, que a través de una Dirección de Asuntos Indígenas, se encarga de la protección y defensa de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas desde 1998.

Por lo que se propone la creación de una visitaduría especial en materia indígena, todo ello con el fin de lograr un fortalecimiento en la defensa de sus derechos humanos, además de proponer que dicho cargo sea ocupado por un representante indígena, que tenga amplio conocimiento en la materia y quien deberá apoyarse de interpretes y traductores con experiencia.

Derivado del análisis de la iniciativa de mérito, esta comisión formula las siguientes:

Consideraciones

Las diputadas y los diputados de esta comisión compartimos la preocupación del diputado Sabino Bautista Concepción para atender y brindar los mecanismos necesarios que protejan los derechos humanos de los indígenas, siendo de suma importancia que se proporcione la debida atención a los asuntos en materia de violación a los derechos humanos de la población y en particular de los indígenas. Tal como lo enuncia el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre los pueblos indígenas y tribales, adoptado por nuestro país mediante decreto publicado el 3 de agosto de 1990, en el Diario Oficial de la Federación, lo que nos obliga a adoptar y crear los mecanismos necesarios para fomentar la protección de los derechos humanos de los indígenas. El mencionado instrumento dispone:

Artículo 2

I. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

Artículo 3

Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.

Artículo 6

I. Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán:

a)...

b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles, en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;...

Por lo que esta dictaminadora comparte la intención de brindar los mecanismos necesarios para la protección y promoción de la defensa de los derechos humanos de los indígenas, todo ello con el fin de lograr un desarrollo integral de sus pueblos, culturas y tradiciones, promover la participación del Estado de una manera organizada en el marco del reconocimiento a la naturaleza pluricultural de México y por último, crear los mecanismos necesarios para que se de esa protección a las violaciones de derechos humanos en las que se vean inmersos.

Ahora si bien es cierto que la CNDH cuenta con 5 visitadurías, de las cuales cada una conoce de temas en específico, es necesario que exista una Especial que resuelva sólo asuntos en materia indígena, y coadyuve al fortalecimiento de sus derechos humanos para un mejor desarrollo de su vida y su entorno.

Empero, la propuesta del diputado Sabino para encaminar el objetivo de la presente iniciativa resulta loable e incluso indispensable, de conformidad con lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas, la cual cita a la letra:

Artículo 1

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normativa internacional de los derechos humanos.

Artículo 5

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

Artículo 18

Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.

Artículo 37

Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos concertados con los estados o sus sucesores sean reconocidos, observados y aplicados y a que los estados acaten y respeten esos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.

Esta comisión dictaminadora reitera su compromiso para promover acciones que coadyuven a eliminar las violaciones de derechos humanos indígenas en nuestro país. Considerando que dicha conducta es injusta, misma que priva a un grupo social de los mismos derechos que el resto de la población posee.

Por lo que la dictaminadora considera viable dicho proyecto, debido a que en los estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas muestran que el mismo se ha implementado y aplicado en otros países del conteniente americano, tal es el caso de Bolivia, Republica de Perú, Ecuador y Venezuela; este cuenta con su propia Defensoría del Pueblo, el cual funciona como órgano autónomo del Estado funciona con un programa de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, mismo que es dirigido y coordinado por un defensor indígena, especializado y capacitado en dicha materia.

Siendo labor del Poder Legislativo fortalecer las normas, así como proporcionar los mecanismos necesarios para su aplicación, marco en el que se inscribe la presente iniciativa, cuyo objetivo es la protección de los derechos humanos de los indígenas.

Derivado del presente análisis concluimos que la creación de dicha visitaduría especial en comento no amerita un impacto presupuestal, es decir, un incremento al presupuesto designado para la CNDH, por el contrario se daría una atención más especializada y pronta a la resolución de asuntos y conflictos en materia indígena.

Por lo expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona los artículo 5o, 23 y 24 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Artículo Único. Se reforman los artículos 5o., primer párrafo y 24, primer párrafo y se adicionan los artículos 23, con un último párrafo y 24, con un último párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 5o. La Comisión Nacional se integrará con un presidente, una secretaría ejecutiva, hasta 5 visitadores generales y un visitador especial en materia indígena, así como el número de visitadores adjuntos y personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones.

...

Artículo 23. Los visitadores generales de la comisión nacional deberán reunir para su designación, los siguientes requisitos:

I. a IV. ...

En el caso del visitador especial en materia indígena, además de los requisitos señalados en el presente artículo, deberá ser de origen indígena y tener experiencia en la defensa de los derechos humanos.

Artículo 24. Los visitadores generales y el especial tendrán las siguientes facultades y obligaciones:

I. a V. ...

...

El visitador especial en materia indígena funcionará en los términos que se fijen en el reglamento, debiendo contar con personal especializado en la materia para el desempeño de sus funciones.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los estados deberán adecuar su ordenamiento relativo al organismo protector de derechos humanos, a fin de establecer un área especializada en protección, observancia y respeto de los derechos humanos de los indígenas, en plazo no mayor a un año, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a seis de diciembre de 2011.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Manuel Cadena Morales (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Margarita Gallegos Soto (rúbrica), Lizbeth García Coronado (rúbrica), Diana Patricia González Soto (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Gloria Romero León (rúbrica), Aránzazu Quintana Padilla (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Sabino Bautista Concepción para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados. No encontrándose en el salón de sesiones, ponemos el dictamen a discusión en lo general. Señor diputado Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Antes de ponerlo a discusión, presidente, le quisiera pedir un favor: quisiera pedirle una moción; la moción sería que pudiéramos leer el Diario Oficial de la Federación respecto al manual de organización general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde nos dice que esta Visitaduría encargada de la atención de los asuntos indígenas ya existe y que fue creada con ese objetivo; creo que es un tema muy importante para ilustrar la discusión que vamos a tener e incluso haría la reflexión y pediría a la comisión que lo analizaran con más tiempo, porque existen varias contradicciones.

Tampoco tenemos creada la figura de visitador especial, no existe; vamos a entrar al debate entonces de cuántos visitadores especiales tenemos que tener para diferentes temas, como trata de niñas, migrantes, ex braceros.

Creo que estamos con muy buenas intenciones por parte de la comisión, pero creo que estamos buscándole un serio problema a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y para ilustrar la discusión me gustaría darle esta documentación e insistirle en que se pudiera cambiar de orden o regresar a la comisión.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: ¿Tiene el documento en su poder, diputado Escudero? ¿Por qué no nos hace el favor de leerlo, si usted gusta, desde la tribuna?

El diputado Pablo Escudero Morales: Gracias, presidente. Voy a dar lectura a este manual de organización general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La referencia es Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; Secretaría General; Secretaría de Servicios Parlamentarios, Dirección General de Bibliotecas, Diario Oficial de la Federación del 30 del 06 del 2005. Justamente habla de la organización dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; dice:

La presencia cada vez más fuerte de grupos sociales marginados que demandaban atención a sus problemas, así como la necesidad de una mejor atención a los requerimientos de carácter administrativo en la comisión, hicieron necesario que su estructura experimentara una modificación; por ello, en el mes de septiembre de 1993, se crean las coordinaciones de Asuntos Indígenas y de Asuntos de la Mujer. Es el primer antecedente.

Es necesario mencionar que durante los años de existencia de la comisión han ocurrido sucesos cuyos efectos han influido en el crecimiento y desarrollo, tales como el surgimiento del conflicto armado en el estado de Chiapas el 1o. de enero de 1994; por ello, en el mes de marzo del mismo año, se crea la Coordinación del Programa para la investigación de quejas sobre presuntas violaciones de los Derechos Humanos en los Altos y la selva de Chiapas cuya oficina se radicó en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Después de esta modificación y hasta el año de 1997, la operación sustantiva y administrativa de la comisión se soportó en la estructura orgánica autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 1994.

Para atender las demandas que en materia de derechos humanos derivaron de dichos problemas, en el mes de septiembre de 1997 y con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se crea la Cuarta Visitaduría General, de Asuntos Indígenas. Es lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, presidente.

También quisiera leer otro, respecto ya a la Cuarta Visitaduría , en Concreto y dice: conocer sobre quejas, recursos de queja e impugnaciones por presuntas violaciones a Derechos Humanos de cualquier naturaleza jurídica, principalmente de grupos indígenas, a fin de proporcionar la defensa necesaria y el respeto a los Derechos Humanos.

Es decir, presidente, si buscamos los antecedentes de las discusiones de lo que se legisló en esta Cámara de Diputados, encontramos que la Cuarta Visitaduría General tiene toda la fundamentación correcta para atender estos asuntos indígenas que son de gran relevancia.

Más aún, presidente, si nosotros aquí viniéramos a crear una nueva figura, como la de un visitador especial que no existe, tendríamos que empezar a debatir cuántos más visitadores especiales vamos a tener en el tema de trata, en el tema de migrantes, en el tema de los braceros, en los temas que queramos. Es sin número de irregularidades, de tipos que pudiéramos encontrar, sin tampoco definir qué carácter tendría este visitador especial, ¿sería del nivel de un visitador general, que gana más 120 mil pesos mensuales? Es un tema muy delicado; por lo tanto, presidente, le pediría que se tratara con cuidado, inclusive que se pudiera regresar a la comisión. Creo que las intenciones son muy buenas de la Comisión; creo que hay que poner atención en el tema de los asuntos indígenas, pero no hay que crearle problemas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; los antecedentes están aquí, los he expuesto y pido su comprensión. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se habían registrado para la discusión en lo general, para posicionamiento de partido la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, el propio diputado Pablo Escudero Morales, el diputado Martín García Avilés y la diputada Guadalupe Valenzuela Cabrales. Está solicitando la palabra también el diputado Jaime Cárdenas.

Vamos a abrir la ronda de oradores para que posicionen, y rogaría pudieran referirse a lo ya dicho por el diputado Pablo Escudero y tomemos una decisión en la asamblea.

Tiene la palabra la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Partido del Trabajo.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún:Buen día a todos y todas. Básicamente estamos a favor de la constitución de esta visitaduría especial, digamos, para atender el tema de los indígenas; una visitaduría especial en materia indígena, no solamente porque es contundente la constante violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas que se ha venido desarrollando a lo largo de ya varios años.

Actualmente tenemos movimientos de pueblos indígenas en varios lugares de nuestro país, que argumentan y demuestran la constante violación de derechos humanos; los huicholes o wixárikas, en el caso de la zona que se pretende hacer industria minera, en una zona sagrada, y así podríamos sacar muchísimos pueblos indígenas que están ahorita demandando justicia, a partir de que demuestran que efectivamente son violados sus derechos humanos.

El asunto de que si está o no está esta visitaduría en lo que planteó el diputado que me antecedió, más allá de que pudiera estar en alguna reglamentación la pretensión de este dictamen, es que esta visitaduría quede en la ley, lo cual lo haría de mayor contundencia, de mayor vigencia, de mayor vigor.

El argumento de si después tendríamos que hacer visitadurías sobre diferentes temas, es un argumento que bien valdría la pena una discusión, nada más que poniendo los puntos sobre las íes.

Cuando hablamos de pueblos indígenas en este país, estamos hablando de cerca de 11 millones de personas; 11 millones de mexicanos y mexicanas que corren riesgo, y que en el caso de trata de personas o en el caso de los ex braceros, o en el caso de los migrantes, quizá el impacto social y el impacto político, económico, humano es de mucho menor alcance.

Entonces creemos que, efectivamente, la constitución de visitaduría especial en materia indígena, es uno de los adeudos que tiene esta Legislatura y el Estado como tal, frente a los pueblos indígenas.

Todavía la discusión sobre los acuerdos de San Andrés Larráinzar siguen en un impasse, todavía hay adeudos fundamentales, históricos y sin embargo, agregado a ello, constantemente son violados los derechos humanos de los indígenas, tanto en lo individual como en lo colectivo, incluso principalmente en lo colectivo y de ello tenemos muchísimas pruebas.

Por lo anterior, más allá de que pudiera estar ya en algunos apartados el tema de la visitaduría, nosotros como Partido del Trabajo consideramos que sí es necesario que quede en la ley.

El otro argumento que en algún momento mencionaron fue el tema del presupuesto; quizá en algunas de las diputadas y algunos de los diputados está en lo más profundo de su decisión el tema de si hay o no presupuesto para institucionalizar esta visitaduría especial.

Hace unos días salió en la prensa, salió en los medios de comunicación cómo Pemex paga miles de millones de pesos por sobreprecios; es decir compra, adquiere bienes a precios más arriba de lo que pudieran haberse realizado y sin embargo, parece no ser un problema el tema del dinero.

Sorprendería que para el caso de una visitaduría de los pueblos indígenas, de los temas indígenas, de la defensa de los indígenas, el tema fuera el asunto de los recursos que pudieran invertirse en proteger a cerca de 11 millones de seres humanos.

Supongo que ése no será el punto fundamental de nuestra discusión, y el tema jurídico creo que queda aclarado y por lo tanto, reitero que como Partido del Trabajo estamos de acuerdo en que se institucionalice y quede dentro de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la institucionalización de la visitaduría especial en materia indígena. Gracias.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputada, ¿acepta una pregunta del diputado Pablo Escudero? Sí la acepta.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias, diputada. Diputada, es que la ley sí contempla la visitaduría; habla de las cuatro visitadurías y ahora además ya tenemos la quinta visitaduría, que es la del tema de migrantes.

Justamente para ver la materia que atiende cada una de estas visitadurías uno va al reglamento, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación; lo que leí hace unos momentos fue justamente lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el reglamento donde nos dice qué materias atiende cada visitaduría, y de aquí se desprende —de esta discusión que se dio— que la Cuarta Visitaduría se creó para atender el tema indígena y el reglamento lo contempla.

Es decir, sí existe en la ley, es la Cuarta Visitaduría y el reglamento habla que es el tema que debe de comprender.

Quería hacerle esa precisión; creo que el tema es muy bondadoso, muy noble, pero ya existe en la ley.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún:Sí. El centro del asunto es efectivamente que esta visitaduría pueda atender los temas de los indígenas y más allá de los argumentos que usted esgrimió anteriormente, con respecto a que esto podría generar otras múltiples instancias sobre temas específicos, creemos que el tema central de los pueblos indígenas es fundamental para nuestro país. Gracias.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Martín García Avilés, hasta por cinco minutos.

El diputado Martín García Avilés:Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que el día de hoy se pone a discusión es un logro, es un avance y sin duda es un apuntalamiento de los derechos y de las conquistas de uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, me refiero al sector indígena.

Lamento profundamente la pericia con la que se mueve el diputado Pablo Escudero, para intentar cabildear que este dictamen no se discuta; la verdad es que es triste su argumentación, porque no hay literalidad en el reglamento, en la comisión, donde establezca que la cuarta visitaduría deberá tener el enfoque de especial, para atender asuntos indígenas.

Ciertamente la cuarta visitaduría conoce el tema indígena, pero en la actualidad más de 13 millones de indígenas, de los más de 112 millones 336 mil, de los 13 millones, el 94 por ciento se encuentran en pobreza extrema y la marginación, y son objeto de menoscabo en sus derechos humanos, en general y en particular.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce que en el 2011 hubo un incremento del 24 por ciento de quejas; es decir, más de 20 mil 799, un incremento de preocupación para toda la población en general.

Existen en nuestro país también 64 pueblos y comunidades indígenas, con igual número de lenguas; existen expedientes de queja que de manera oficiosa inicia las investigaciones por violación a sus derechos la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Pero nos preocupa, si no entramos en armonía con el Convenio 169, que firmó el Estado mexicano en 1990, para respetar, promover e incrementar el reconocimiento de los derechos humanos y derechos en general de este sector vulnerable, estaríamos también con este dictamen, de manera colateral, cumpliendo con un compromiso de nuestro país con la comunidad internacional y me refiero a los retos del milenio, que también es un compromiso de nuestro país.

Crear una visitaduría especial en materia indígena es una conquista y es un adelanto; esto no significa que abramos la puerta para que haya visitadurías especiales de la mujer, de los discapacitados, de los migrantes, de los jóvenes o de cualquier otro sector; atiende este dictamen a un tema de alta preocupación y de contenido de la pobreza en la que se encuentran.

Felicito al Partido Revolucionario Institucional y en particular, al diputado Sabino Bautista, por haber presentado esta iniciativa.

En espera de que haya solidaridad del Revolucionario Institucional con su diputado ponente, ojalá que entremos a la discusión.

Es lamentable que el diputado Escudero se encuentre en un lapsus, porque hace días leímos declaraciones sobre su preocupación por los indígenas del norte y ahora quiere deteriorar más el estado vulnerable en el que se encuentran. Muchas gracias, presidente.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: ¿Quiere hacer una pregunta, señor? Están haciendo posicionamiento; la verdad le estoy dando a usted la posibilidad de intervenir, porque en posicionamiento no hay preguntas.

Si me permite, diputado Escudero, lo anoto en primer lugar en la lista de oradores para que terminen los posicionamientos de los grupos. Muy bien, le agradezco, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Sabino Bautista Concepción.

El diputado Sabino Bautista Concepción:Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados; primero, quiero agradecer a la Comisión de Derechos Humanos el haber avalado una iniciativa que presentamos como parte de las necesidades de los pueblos indígenas, pero también quiero mostrar mi indignación por algunos legisladores, que no conociendo la verdadera problemática de los pueblos indígenas, se oponen a que los indígenas sigan avanzando en materia jurídica.

Hemos visto tantos casos de indígenas que son violados en sus derechos y que después de cierto tiempo únicamente salen libres y nadie repara el daño.

Los legisladores cuando andamos en campaña nos acordamos de los indígenas, pero ya estando aquí, nos olvidamos de defenderlos verdaderamente; por eso promoví esta iniciativa, pensando en las tantas violaciones que existen hacia los indígenas; por eso estoy proponiendo crear una visitaduría especial para Asuntos Indígenas, porque es cierto que desde 1998 se crea una Dirección de Asuntos Indígenas dentro de la Cuarta Visitaduría; sin embargo, esa Dirección, por la carga de trabajo que tiene, no ha hecho absolutamente nada. Ahí tenemos varios casos de indígenas que son violados en sus derechos.

Por eso, hoy vengo a pedirles a todos ustedes a que hagamos conciencia, a que verdaderamente —así como lo decimos en campaña— hoy demostremos que de veras estamos bien puestos para defender a los indígenas de México.

Quiero agradecerles, invito a mi bancada, a los diputados del PRI, a que no se opongan a este dictamen, que apoyen verdaderamente para que podamos seguir hablando de frente con los indígenas de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se han inscrito en la lista de oradores el diputado Pablo Escudero Morales, para hablar en contra del dictamen y el diputado Camilo Ramírez Puente; para hablar a favor el diputado Jaime Cárdenas Gracia y el diputado Domingo Rodríguez Martell. Tiene la palabra, en contra, el diputado Pablo Escudero Morales.

El diputado Pablo Escudero Morales:Gracias, presidente. Me decía aquí mi diputado y amigo que voy a perder la votación.

Aquí el tema es más allá de una votación, no hay que confundirnos con estos discursos chafas, perdón que lo diga así; es un tema técnico, todos estamos a favor de los indígenas, todos, no hay nadie aquí que esté en contra de los indígenas; es un tema técnico legislativo, es un tema en el que hay que revisar la ley.

La Cuarta Visitaduría General ya existe, ya está atendiendo esos temas; si uno busca la publicación del Diario Oficial de la Federación, que les leí, trae todo el antecedente de la discusión que se dio en esta Cámara del porqué se crea la Cuarta Visitaduría General, ahí viene, concreto, fecha tras fechas cuál era la importancia de los asuntos indígenas, por qué se fue elevando de una unidad a una dirección general, por qué se elevó a una visitaduría. El tema es que ya existe ahí la...

Perdón, creo que quiere participar el diputado.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Continúe, señor diputado.

El diputado Pablo Escudero Morales: Que ya existe ahí, con la documentación, esta Visitaduría General, de eso estamos discutiendo.

Todos estamos a favor de los indígenas, no hay duda de ello. Más aún, tenemos más problemáticas ahí, estamos poniendo ahí que el visitador tendrá que ser de origen indígena, así lo dice el dictamen que nos están presentando; actualmente, los criterios para determinar la pertenencia de un grupo indígena son de orden etnolingüísticas, pero también hay un alto porcentaje de personas que se autodescriben como indígenas.

De ahí que el Congreso, que esa comisión debía dejar claro a qué se refiere el requisito de origen indígena.

Es decir, compañeros legisladores, aquí de lo que estamos hablando es de técnica legislativa, de una Visitaduría que ya existe, de un presupuesto que ya existe, y sin duda alguna, si quieren exigir mejores resultados hagámoslo: citemos al presidente de la CNDH, citemos a la cuarta visitadora, veamos en qué están trabajando, por supuesto que me sumo.

Pero me parece una verdadera irresponsabilidad venir a votar aquí un tema que ya existe en la ley, que ya está atendiendo esos temas, que tiene un presupuesto asignado y que en lugar de darle seguimiento vamos a crear una nueva visitaduría fantasma.

Sin duda alguna el tema de los indígenas por supuesto que es importantísimo, ¿el tema de los niños abusados no lo es? ¿El tema de los migrantes no lo es? ¿Quién puede medir qué tema es más importante que el otro? A eso es a lo que vamos, a que mañana aquí, cada uno de estos diputados que tiene un tema, que ha tomado una bandera, se suba aquí a pedir lo mismo, una visitaduría especial para niños abusados, una visitaduría especial para niños desaparecidos, una visitaduría especial para el tema de migrantes; una visitaduría especial. Bueno, señores, éste es el tema que estamos discutiendo.

Estoy a favor de los asuntos indígenas, se los repito; estoy a favor que construyamos, con el presidente de la CNDH y que lo escuchemos; que venga la visitadora, que nos diga qué hay que hacer, si hay que reforzar; pero no estoy a favor de un tema, que pareciera que más se quiera empujar por una foto, que por una obligación que tenemos todos los legisladores. Éste es un tema técnico legislativo con el cual no puedo estar de acuerdo. Muchas gracias.

El diputado Sabino Bautista Concepción (desde la curul): Señor presidente, una pregunta al orador.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Señor diputado Escudero, ¿acepta una pregunta del diputado Sabino Bautista Concepción?

El diputado Pablo Escudero Morales: Acepto todas las preguntas de todo mundo, y con mucho gusto; sé que es uno de los proponentes y sé que lo hace de buena fe y preocupado por los indígenas, sin duda alguna. Le reconozco su trabajo, diputado.

El diputado Sabino Bautista Concepción(desde la curul): Diputado, quiero hacerle una pregunta en relación; usted dice que hasta ahorita ya está atendido el asunto, ¿por qué será que todavía hay tantos indígenas y que solamente algunos salen a la luz pública, cuando son violados en sus derechos? ¿Estará atendiendo la visitaduría la problemática de los indígenas? Ésa es la pregunta.

Por otro lado, quiero decirle que una persona que no es indígena no siente la verdadera problemática y no atiende como debe de ser, además de la carga de trabajo que se tiene.

La Cuarta Visitaduría tiene una dirección y sin embargo, hasta ahorita no ha atendido, simplemente, porque por un lado, no le interesa el tema y por otro lado, es la carga de trabajo que se tiene; por eso los indígenas estamos peleando una visitaduría especial.

El diputado Pablo Escudero Morales: Gracias, diputado. Le contesto con otra pregunta, ¿usted cree que si tenemos una visitaduría que no funcione, creando otra visitaduría va a funcionar?

Lo que dije aquí no es que está resuelto el tema de los indígenas, por supuesto que no, ¿quién se podría atrever en esta tribuna a decir eso? Lo que dije es que normativamente sí está en la ley, que normativamente sí existe esa cuarta visitaduría que atiende esos temas; lo que dije por eso es que era importante que nos reuniéramos con el presidente de la CNDH, con la cuarta visitadora para saber cómo impulsamos y cómo damos fuerza a esa visitaduría, sin tener que crear otra.

El argumento es lo que usted me pregunta, si no funciona ésta, para qué creamos otra. Vamos a juntarnos con las instituciones para ver cómo nos fortalecemos; si la institución, después de una plática a fondo nos dice que hace falta una visitaduría del tema, la apoyamos y la empujamos.

Lo único que creo es que tenemos obligación, como legisladores, de hacer las cosas bien, diputado; que no nos gane el corazón; aquí nos pagan para venir a atender muchos problemas, pero para también atenderlos de manera jurídica y legislativa.

Le invito a que hagamos ese compromiso; reunámonos con el presidente, reunámonos con la visitadora y si requiere, le damos para adelante. Muchas gracias. Si hubiera alguna otra pregunta.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: No hay. Tiene la palabra, para hablar en pro del dictamen, el diputado Jaime Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Estoy totalmente en contra de lo que dijo aquí el diputado Pablo Escudero; no es verdad que la Visitaduría Especial en Asuntos Indígenas esté en la ley, lo que está en la ley es la existencia de una Visitaduría General, la Cuarta Visitaduría, en donde en un reglamento específico existe un área administrativa que atiende los asuntos indígenas; pero no hay una visitaduría especial de asuntos indígenas en la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Las razones por las que estoy en contra de lo dicho por el diputado Pablo Escudero, son jurídicas, son sociales y son históricas; jurídicas, porque este Congreso de la Unión no puede delegar su atribución legislativa.

De acuerdo con el artículo 102, apartado B de la Constitución, corresponde a este Congreso de la Unión legislar en materia de derechos humanos. No tenemos porqué delegar una atribución, una facultad, que es nuestra.

En segundo lugar, todos sabemos que las autoridades están obligadas a salvaguardar el principio de legalidad; es importante, para el ejercicio de cualquier función pública, que las autoridades tengan sus atribuciones expresamente previstas en la ley para no vulnerar el principio de legalidad.

Actualmente las atribuciones del área administrativa que atiende asuntos indígenas están previstas en un reglamento, no en una ley, en sentido formal y material; para no vulnerar el principio de legalidad conviene que las atribuciones y las competencias de la visitaduría en materia indígena estén en la ley.

Otra razón jurídica y presupuestal por la que conviene que esta visitaduría especial se encuentre recogida en disposiciones legales y no reglamentarias, es que obligaría esa previsión legal, a que la Cámara de Diputados, cada año al aprobar el Presupuesto, estableciera recursos específicos para esa visitaduría especial en materia indígena.

Finalmente, hay otra razón jurídica muy importante; al estar prevista el área indígena en un reglamento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es obvio que el Poder Ejecutivo puede derogar esa área, porque está en un reglamento; en cambio, al prever esta figura en la ley, el Poder Ejecutivo no podría hacer su real gana, como lo hizo el día de ayer u hoy al nombrar a la nueva fiscal especializada en materia de delitos electorales.

Es decir, el Congreso asume su potestad soberana y no delega una atribución al Ejecutivo para que en un reglamento se establezcan las competencias de un área tan importante. Éstas son las razones jurídicas.

Las razones sociales. Estamos hablando de más de 13 millones de mexicanos que son los más pobres, los más olvidados, los más marginados de este país y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe atender con prontitud, con puntualidad las reivindicaciones, los reclamos de estos grupos indígenas del país.

Los grupos indígenas del país deben tener el reconocimiento jurídico pleno, reconocimiento jurídico pleno que el Estado mexicano les ha escatimado; se los escatimó con la reforma constitucional de 2011, se los escatimó al no querer aprobar íntegramente los acuerdos de San Andrés Larráinzar, se los ha escatimado al vulnerarles sus derechos previstos en el Convenio 169 de la OIT. Hay muchas razones jurídicas, sociales, históricas. Este pueblo de México tiene una deuda histórica con los indígenas; desde que fueron conquistados, desde la Colonia, desde el México independiente los indígenas en México nunca han sido mexicanos de primera, han sido mexicanos de segunda y hasta de tercera.

Por eso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe tener un área específica tutelada, prevista en la ley, con suficientes atribuciones y presupuestos para garantizar los derechos de millones de indígenas de este país. Estas son las razones, diputado Pablo Escudero, por las que estoy en contra de usted.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Señor diputado Jaime, dice el diputado Escudero, que si le puede aceptar una pregunta.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Desde luego, presidente. Muchas gracias, diputado Escudero.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Señor Pablo.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias, diputado Cárdenas. Diputado Cárdenas, si el tema, por supuesto que tiene la mayor relevancia —y yo en eso coincido con usted—, ¿por qué no mejor modificamos la ley de la comisión para ponerle en cada una de las visitadurías cuáles son los temas, para que no sea solamente del reglamento? Con eso satisfacemos la preocupación que tienen, vamos al fondo del problema y no creamos una nueva visitaduría, que es el tema.

Quiero dejarlo claro e insistir en que no me opongo al tema, creo que es un tema importantísimo; creo que ya está ahí, la ley dice que ya está ahí. Ahora, si quedan dudas, modifiquemos la ley y en la cuarta visitaduría pongamos el tema que debe de atender, con los otros temas, porque si no, mi segunda pregunta sería, ¿cuántas visitadurías usted cree que debieran de existir en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, usted siendo un diputado sensible ante toda la problemática de este país? Gracias por su respuesta.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, diputado Escudero. Mire, atentamente le contesto y respetuosamente. No solamente habría que cambiar la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tendríamos que empezar por la Constitución.

La reforma constitucional del 2001, en materia indígena, que modificó, entre otros, el artículo 2o. de la Constitución, quedó muy por debajo de las expectativas de los pueblos indígenas de nuestro país.

Habría que empezar por modificar la Constitución de nuestro país para que esta Constitución nacional sea consecuente con el Convenio 169 de la OIT, para que la Constitución de nuestro país, en materia indígena, sea consecuente con la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, con la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas y con tantos otros documentos internacionales, al igual para que la reforma constitucional en materia indígena fuese consecuente con los acuerdos firmados entre el gobierno federal y los pueblos indígenas en San Andrés Larráinzar.

Entonces, creo que no bastaría una simple reforma a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino al marco jurídico de nuestro país, en materia indígena.

Pienso que no hay que escatimar instituciones ni mecanismos jurídicos para proteger a ciudadanos que están en situación vulnerable; si se requiere una comisión o una visitaduría en la Comisión Nacional de Derechos Humanos para atender los problemas de equidad de género, debemos crear esa visitaduría de equidad de género en la Comisión Nacional de Derechos Humanos; si para el tema de trata de personas es necesario crear esa visitaduría nueva y preverla en la ley, esa visitaduría debe crearse en la ley.

El orden jurídico, diputado Escudero, está para proteger, maximizar y respetar los derechos humanos, no para mediatizarlos.

Los legisladores estamos para abundar, para optimizar los derechos fundamentales de los mexicanos, no para limitarlos, no para incorporar pretextos que impidan el desarrollo, la ampliación de los derechos fundamentales de las personas.

Por eso —le repito— no comparto su punto de vista; sé que es un punto de vista responsable y usted quiere que la atención de los pueblos indígenas siga realizándose a través de la Cuarta Visitaduría mediante un área administrativa de derechos humanos, pero eso no es suficiente, debemos recordarnos una y otra vez los mexicanos: tenemos una deuda histórica con los pueblos indios de México y a esa deuda histórica no le hemos dado la atención necesaria y suficiente.

Por eso estoy a favor de una visitaduría especial en materia indígena y la modificación correspondiente en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por su atención, muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra el diputado Camilo Ramírez Puente, hasta por cinco minutos.

El diputado Camilo Ramírez Puente:Con la venia, presidente. Con su permiso compañeras diputadas y diputados, estoy convencido y el Grupo Parlamentario de Acción Nacional tiene como premisa, precisamente, el apoyo a todos los pueblos indígenas y ése es, hoy por hoy, una de las premisas que tenemos siempre.

Sin embargo, sí quiero llamar la atención de todas y todos ustedes, no es ése el punto el que se está debatiendo en este momento; no es el punto de darle o no el apoyo irrestricto a los pueblos indígenas y esta Cámara ha dado claros ejemplos de que ha legislado para migrantes y ha legislado para todo el aspecto verdaderamente vulnerable de nuestra sociedad y de una forma decidida; no, lo que estamos ahorita teniendo es una coincidencia en el aspecto de que todos estamos con los indígenas; sin embargo, al calor del debate, estamos llegando a una conclusión errónea.

Nosotros apoyamos decididamente que este dictamen se baje para un reanálisis en la comisión correspondiente, tal y como ya se había dado previamente; este dictamen fue retirado previamente para ser reanalizado y no se hizo.

No se convocó para llevar a cabo ése análisis por parte de la Comisión respectiva; es decir, los argumentos para ir a revalorarlo no se han hecho, en definitiva. Eso es lo que hay que atender.

Este dictamen, no podemos decir ahorita que no prospere o que sí prospera; el tema es que no se ha tocado con puntos de técnica legislativa y sobre todo, tener una mayor información por parte de los órganos autorizados por la ley para llevar a cabo la procuración de este tipo de asuntos, como es la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En conclusión, estamos hablando de lo mismo, todos queremos la reforma, todos queremos lo mejor para los pueblos indígenas y no tan solo para ellos, sino para todas y todos los mexicanos que están en estado vulnerable en México.

El asunto es que esta Cámara, por disposición de la Constitución, también tiene la obligación de normarse conforme a leyes, a reglamentos y a técnica jurídica particularmente, y quiero referirme, precisamente, a uno de los aspectos que deben ser analizados, si es menester o no de esa visitaduría, cuando ya tenemos una cuarta.

La otra, los aspectos de establecer ahí que el visitador debe ser de origen indígena, bueno, vamos —en el dictamen que se haga— a poner cuál es ese visitador de origen indígena, cuáles son las características, cuáles son los perfiles que tiene que llenar.

Respeto decididamente a los iniciadores de este tema, a quienes elevaron esta propuesta de iniciativa, a la Comisión que ya tiene un dictamen; sin embargo, no estamos en contra, estamos simple y sencillamente llamándolos a hacer un razonamiento frío, sereno y sobre todo que demos leyes verdaderamente que se ajusten al aspecto constitucional.

Por eso mi llamado, mi refrendo es a que este dictamen no sea dictaminado en este momento; si no fue dictaminado en la primera ocasión y se ordenó devolverlo para analizarlo y no se hizo, creo que tiene que hacerse; si no, nosotros mismos estaríamos incumpliendo con aquellos pasos o procedimientos que ordenamos.

Insisto, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional está a favor de todas las causas de los indígenas y de todos los grupos vulnerables del país; sin embargo, también está a favor de que lo hagamos con propiedad y siguiendo los pasos que la propia Constitución nos marca. Muchas gracias. Es cuanto.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra el diputado Domingo Rodríguez Martell.

El diputado Domingo Rodríguez Martell:Gracias, presidente. Compañeras diputados, compañeros diputados, hermanas y hermanos que hoy nos ven en toda la República, quiero empezar por agradecerle al hermano Sabino Bautista Concepción, por haber iniciado esta iniciativa, que nos permite a nosotros, los pueblos y las comunidades indígenas, tener por fin alguien que vele, que cuide, que proteja contra los actos de violación que constantemente se realizan en contra de nuestros pueblos y comunidades.

Quiero agradecerle a todas las bancadas la disposición de apoyar este dictamen, independientemente de que haya mentalidades que pretenden postergar una vez más este paso muy significativo para nosotros; consideramos que hay una gran mayoría que puede avanzar en la dictaminación y en la votación positiva sobre este asunto.

Muchos años han pasado y siempre hemos venido planteando la necesidad del reconocimiento de nuestros derechos en todo el país; muchas legislaturas han pasado y en vez de buscar cómo avanzar en esta legislación, han estado buscándole cómo atorar este proceso y cómo detenerlo y cómo desvirtuar estas propuestas.

Hoy creo que hay condiciones de avanzar y no solamente en esto; quiero decirles que tenemos también un compromiso, firmado por las bancadas de todos los grupos parlamentarios, con fecha del 15 de noviembre de 2011, donde se comprometen a agilizar los dictámenes y llevarlos a cabo al consenso del pleno, en materia de legislación indígena; espero que este compromiso lo asuman todos los grupos parlamentarios.

Hoy tenemos la oportunidad de ver que hay voluntad para avanzar en este proceso; si hoy salimos de este pleno y no logramos avanzar en esta votación, quiere decir que la voluntad que se expresa aquí en público solamente es de palabra, pero no hay nada en concreto, nada sincero, nada franco para los pueblos y comunidades.

¿Por qué apoyamos la creación de esta visitaduría especial? Porque ya es tiempo de que los pueblos y comunidades, que somos los originarios de este país, tengamos la protección de las instituciones y que estas instituciones verdaderamente sirvan a este sector olvidado y marginado de nuestra patria.

¿Por qué queremos que esta visitaduría esté en manos de nuestros hermanos indígenas? Porque no queremos que nos pase lo que nos está pasando hoy, con el director general de la CDI, con Xavier Abreu Sierra, que hoy publica en algunos diarios, donde dice que la pobreza entre los indígenas es un asunto casi resuelto, cuando la verdad esto cada vez más se agudiza allá en nuestras comunidades, en la sierra, donde solamente hay a veces tortilla con sal, tortilla con chile, es todo lo que se consume en nuestros pueblos y comunidades, y ustedes aquí, algunos, siguen pensando en que podemos seguir esperando para mañana o pasado mañana.

Compañeras, compañeros, suplico a todos y a todas su apoyo para que este dictamen, que hoy se pone aquí a consideración de ustedes, pueda tener una votación positiva. Muchas gracias. K’ak’namal yan. Es cuanto.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra el diputado Jorge González Ilescas. Desde la tribuna, diputado.

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas:Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados, la verdad es que he escuchado con mucha atención y mucho interés el debate que se ha dado en torno a la creación de la comisión o de la visitaduría especial para indígenas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Me parece un tema no menor; me parece un tema que debiera de estarse discutiendo en otro contexto, en el contexto de una revisión integral, en el contexto de un análisis de a de veras, serio, profundo, pero muy comprometido con las causas y las razones de los indígenas.

Hemos dicho una y otra vez, y yo en mi calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, que es necesario que esta soberanía eleve y pueda discutir, analizar y proponer esquemas de política integral, de una política de Estado que permita ir superando, por lo menos en su arranque, las condiciones de pobreza, de marginación en las que se encuentran los indígenas de nuestro país.

Estamos hablando de una población aproximada del 13.5 por ciento, una población que está compuesta por más de 13 millones de mexicanas y de mexicanos, a las que en el pasado presupuesto solamente logramos otorgarles el 1.56 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación.

A más del 13 por ciento de los mexicanos solamente les pudimos asignar el 1.56, y de ese 1.56, compañeras, compañeros diputados, solamente el 22 por ciento de esa cantidad es verificable, porque el resto se pierde en el sueño, en el túnel del tiempo y de la burocracia de las diferentes secretarías de Estado, en lo que nosotros conocemos como el presupuesto transversal.

De la población indígena de nuestro país solamente el 5 por ciento tiene un salario fijo; de la población indígena de nuestro país solamente el 1 por ciento de los que alcanzan a terminar el nivel medio superior tienen matrícula en el nivel superior, y aquí estamos discutiendo si es o no importante el crear una visitaduría especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; por supuesto que es importante; por supuesto que lo ideal sería que no hubiera discriminación para ningún segmento de la población; por supuesto que aquí debiéramos nosotros estar escuchando que todos los mexicanos somos iguales y todos los mexicanos tenemos las mismas oportunidades.

Lamentablemente, en el sector indígena no se da esa condición, porque es ahí donde está el mayor porcentaje de pobres, de marginados; es ahí donde se da, por desgracia, en nuestro país, el mayor rezago social.

Por eso, señor presidente, aprecio que me haya usted dado la palabra, y quiero aprovechar, compañeras, compañeros diputados, para decirles que —resultado del presupuesto que utilizamos para el 2012— se instruyó por decreto que se cree una Comisión Especial de la Comisión de Asuntos Indígenas, que se encargue de dar seguimiento a la aplicación del presupuesto, que para este fin autorizamos los diputados.

Dicha comisión se va a integrar mañana a las 11 de la mañana, con la cual nosotros daremos cumplimiento puntual al mandato que esta soberanía ordenó, mandató a esta comisión.

Por cierto, señor presidente —y lo digo con todo respeto—, está usted invitado a esta instalación y hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta de su persona para ver si nos hace el favor de acompañarnos.

Esa tiene que ser la respuesta, que se aplique los presupuestos pequeños, cortos, limitados, pero que se apliquen y se apliquen bien; que empecemos con lo básico, con lo que ya autorizamos, con lo que ya tenemos y que esto pueda llegar a su fin y pueda llegar a constituirse en una posibilidad de mejoras en las condiciones de nuestros hermanos indígenas.

Tenemos que discutirlo y tenemos que analizarlo, porque tenemos muchas iniciativas pendientes, está la ley de consulta de los pueblos indígenas, está la ley de desarrollo integral de los indígenas, y hay muchas iniciativas más, que por desgracia no hemos podido ni siquiera discutir, por falta de quórum en la Comisión. Esto demuestra el desinterés que existe de muchos diputados y de algunas bancadas por atender de manera responsable, seria y congruente el tema de los indígenas.

Los invito, compañeras diputadas y compañeros diputados, para que en esta instalación ,que serán los dientes con los que podamos nosotros actuar para la aplicación del presupuesto, demos un primer paso institucional y demos una primera respuesta seria, responsable a las demandas, a las necesidades y a la problemática de nuestros hermanos indígenas.

Ojalá puedan acompañarnos y con su presencia darle fortaleza a este instrumento nuevo, que sin duda va a favorecer a nuestros hermanos y a nuestras hermanas indígenas. Muchas gracias por la atención.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene por último la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, para rectificación de hechos.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Declino, señor presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Declina. Se le agradece.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Pablo Escudero, sí.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias, presidente; presidente, le pediría, con el espíritu de seguir construyendo y de tener una oportunidad más, pues ahorita el Reglamento nos obliga a votar el tema, le pediría y le invoco que aplique el artículo 107.

Es decir que, en caso de que la votación sea negativa, consulte nuevamente a esta asamblea de manera económica si el dictamen puede ser regresado a la comisión durante 20 días para que se dé la discusión en la comisión y se pueda perfeccionar; es decir, en caso de perder la votación, les abrimos la puerta nuevamente para que vaya a la comisión.

Creo que todos estamos tratando de construir sobre lo mismo. Le pido y le invoco el artículo 107, presidente. Es cuanto.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Consulte la Secretaría si el asunto está suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general...

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Perdón, perdón. Hay allá varios diputados levantando la mano efusivamente. Sí, Domingo.

El diputado Domingo Rodríguez Martell(desde la curul): Sí, presidente, muchas gracias. K´ak´namal yan, como decimos en Tenek. La idea que estamos formulando con el hermano diputado Sabino y varios diputados aquí cercanos es que si el diputado Escudero mantiene su posición de seguir postergando la determinación a favor de los pueblos indígenas, nosotros le proponemos que efectivamente se regrese, pero únicamente para opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Sí, diputado Escudero. Perdón, secretaria.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Presidente, nuevamente aclarar, aquí hay un mal entendido; no estoy pidiendo que se postergue nada, lo que estoy diciendo es que ahorita el Reglamento nos obliga a votar y hay que votar, es nuestra obligación como diputados.

Lo que estoy invocando, diputado, es que el 107 les abre a ustedes una nueva oportunidad de que esta asamblea considere que el tema es lo suficientemente importante para que se vuelva a discutir; es decir, le estamos dando otra oportunidad a ir al fondo del tema. Simplemente para aclarar a la asamblea. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y diputados por la negativa. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: En virtud que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Vamos a recoger la votación de viva voz de la diputada Fátima del Sol Gómez Montero.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Sigue abierto el sistema electrónico.

La diputada Fátima del Sol Gómez Montero (desde la curul): A favor.

La diputada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se han emitido un total de 220 votos en pro, 53 en contra, 21 abstenciones.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobado en lo general y en lo particular por 220 votos en pro, el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5o, 23 y 24 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY DEL SERVICIO MILITAR

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos a la fracción II del artículo 24 de la Ley del Servicio Militar.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos a la fracción II del artículo 24 de la Ley del Servicio Militar

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Defensa Nacional fue turnada, para estudio y dictamen correspondiente, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 24 y 25 de la Ley del Servicio Militar.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 81, 82, 84, 85 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen.

Metodología

La Comisión de Defensa Nacional, encargada del análisis y dictamen de la iniciativa citada, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado Antecedentes, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado Contenido de la iniciativa, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las Consideraciones, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las reformas y adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

Antecedentes

En sesión de fecha 28 de abril de 2011, la diputada Elsa María Martínez Peña del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 24 y 25 de la Ley del Servicio Militar.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Defensa Nacional para dictamen.

Contenido de la iniciativa

De acuerdo con la diputada Elsa María Martínez Peña, en las últimas décadas el gobierno de México ha concretado diversas reformas legislativas y acciones institucionales encaminadas a garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; así como el establecimiento de mecanismos de cooperación con organismos internacionales y regionales y la ratificación de instrumentos internacionales en la materia.

No obstante lo anterior, de acuerdo con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el reto actual que presenta nuestro país consiste en continuar con la política de apertura, transparencia y firma de instrumentos internacionales, así como el establecimiento de mecanismos internos para de dar seguimiento a las recomendaciones que resultan de la supervisión de los organismos de la Organización de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Como respuesta al informe inicial que el gobierno de México presentó en 2008 respecto al Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en conflictos armados, el Comité de los Derechos del Niño dio a conocer el documento con las observaciones y recomendaciones finales que se consideran necesarias para implementar de manera más efectiva los protocolos facultativos relativos a la participación de niños en conflictos armados y a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía.

En su informe de 2008, el gobierno de México manifestó que en virtud que dentro del territorio nacional no existía ningún conflicto armado interno y que tampoco participaba en conflictos de índole internacional, no había ninguna amenaza de que los niños mexicanos fueran convocados por las fuerzas armadas para participar en hostilidades.

De acuerdo con la iniciante, la Red por los Derechos de la Infancia en México ha manifestado que nuestro país ha incumplido la convención antes citada, así como el Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en conflictos armados al enrolar a menores de edad para realizar su servicio militar adelantado en labores contra el narcotráfico. Además, ha sostenido que en la lucha del Ejército contra el narcotráfico participan menores de edad, reclutados mediante el Servicio Militar Nacional y el Sistema Educativo Militar.

La Ley del Servicio Militar, todos los mexicanos que cumplan los 18 años de edad tienen la obligación de inscribirse en las juntas municipales o en los consulados en el extranjero para cumplir con sus obligaciones militares.

El artículo 25 de la ley citada establece la excepción por la que adolescentes de 16 y 17 años pueden incorporarse al servicio militar anticipado, de acuerdo a sus intereses o en razón de sus estudios, con la autorización de sus padres.

De acuerdo con la iniciante, la cifra de adolescentes de 16 y 17 años que realizan su servicio militar adelantado ha crecido durante la pasada y presente administración del gobierno federal.

Por otra parte, refiere que de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, en 2009 se les ofreció a 314 adolescentes del Servicio Militar la posibilidad de cumplir con su servicio en 3 meses, en lugar de un año, al integrarse a un adiestramiento de erradicación de cultivos de amapola y mariguana, materializando sus actividades del 25 de mayo al 1 de agosto de 2009, en el estado de Michoacán.

En cuanto al servicio activo en el Ejército, se pueden admitir voluntarios menores de 18 años y mayores de 16 años de edad en las unidades de transmisiones para su preparación como técnicos.

Otra opción para que los menores ingresen a las Fuerzas Armadas es el Sistema Educativo Militar, que admite alumnos desde los 15 años que hayan terminado la secundaria o el bachillerato. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, la educación y el adiestramiento son actividades prioritarias para el Ejército y Fuerza Aérea, que buscan desarrollar y fortalecer los conocimientos de sus miembros en la ciencia y el arte militar.

Con relación a lo anterior, el Comité de los Derechos del Niño expresó su inquietud por el involucramiento de menores de edad en la lucha contra el narcotráfico, lo que pone seriamente en riesgo sus derechos y sus vidas. Entre otras cosas, la instancia internacional se refirió al servicio militar adelantado y el reclutamiento voluntario para menores de 18 años e hizo un llamado a revisar la legislación para prohibir que los menores participen en estas tareas.

Asimismo, el Comité manifestó su preocupación de que se admitan adolescentes a partir de los 16 años en las unidades de transmisiones para técnicos y reiteró también su inquietud por la posibilidad de llevar a cabo el servicio militar anticipado.

Por los razonamientos expresados, con la iniciativa se proponen reformar los artículos 24 y 25 de la Ley del Servicio Militar con la finalidad de que los adolescentes menores de 18 y mayores de 16 años, realicen su servicio militar desarrollando actividades cívicas y obras sociales, precisando que por ningún motivo participarán en misiones de combate u operativos tendientes a garantizar la seguridad interior y defender la integridad, independencia y soberanía de la nación.

Objetivos de la iniciativa:

a) Adicionar un párrafo final al artículo 24, para precisar que los menores de 18 años y mayores de 16 que se incorporen al activo del Ejército de manera voluntaria, no participarán en misiones de combate u operativos tendientes a garantizar la seguridad interior y defender la integridad, independencia y soberanía de la nación.

b) Adicionar dos párrafos al artículo 25, el primero para precisar que el personal incorporado de manera anticipada al activo, prestará sus servicios realizando exclusivamente actividades cívicas y obras sociales; asimismo, un segundo párrafo para señalar que dicho personal no participará en misiones de combate u operativos tendientes a garantizar la seguridad interior y defender la integridad, independencia y soberanía de la nación.

Si bien el encabezado de la iniciativa se refiere a reformas a los artículos 24 y 25 de la Ley del Servicio Militar, el proyecto de decreto correspondiente contempla la adición de un párrafo final al artículo 24, así como la adición de dos párrafos finales al artículo 25 de la misma.

Consideraciones

Primera. Aspectos generales.

La Comisión de Defensa Nacional comparte la intención de la diputada Elsa María Martínez Peña, de avanzar en la estructuración de un marco jurídico que fortalezca los mecanismos de protección a los adolescentes, en lo que respecta a la posibilidad de que los menores de 18 y mayores de 16 años puedan incorporarse al activo del Ejército de manera anticipada.

Esta comisión es consciente de que los adolescentes merecen que el Estado, a través de sus instituciones, les garanticen las condiciones que permitan su sano desarrollo.

Esta comisión tiene presente los alcances de los instrumentos internacionales de protección de los derechos de los niños y adolescentes, como lo es la Convención de los Derechos del Niño, así como el Protocolo facultativo de dicha convención, relativo a la participación de niños en conflictos armados, entre otros, así como del objetivo y fines de la Ley General para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Asimismo, conforme a la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 10 de junio del año 2011, las normas relativas a éstos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

En razón de lo anterior, es oportuno precisar en la Ley del Servicio Militar, que los menores de 18 años y mayores de 16 no podrán participar en conflictos armados, hostilidades u operaciones en materia de seguridad interior.

En congruencia con lo anterior, se sustituye el concepto de operativos, planteado en la iniciativa, por operaciones, toda vez que éstas últimas corresponden a las actividades que llevan a cabo las Fuerzas Armadas, en tanto el concepto de operativos se refiere a las actividades que llevan a cabo las corporaciones policiales.

A partir de lo anterior, se prevendrá la participación de menores en los rangos de edad establecidos en operaciones que pudieran poner en peligro su vida, integridad corporal o sano desarrollo, físico y mental. Asimismo, a partir de lo anterior, la Secretaría de la Defensa Nacional deberá implementar las medidas correspondientes para garantizar el cumplimiento de dicha prohibición, sin que esto implique limitar la formación de los mismos en las áreas y temas de las armas y disciplina militar.

Esta Comisión tiene presente que la disciplina de las Fuerzas Armadas Mexicanas, con pleno respeto a los derechos humanos y garantías consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha permitido que las instituciones armadas mantengan un alto grado de confianza por parte de la sociedad mexicana, conforme lo establecen diversos estudios y encuestas recientes, aspecto éste que sin duda puede contribuir al mejor desarrollo de los ciudadanos, así como a mayores de 16 y menores de 18 años que por alguna circunstancia se incorporen de manera anticipada al activo del Ejército.

En este sentido, cabe señalar que de acuerdo con el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el servicio de las armas será obligatorio, en términos de la Ley del Servicio Militar.

Asimismo, cabe destacar que la incorporación anticipada en el activo en el Ejército Mexicano tiene carácter estrictamente voluntario y está sujeto a las condiciones dispuestas en el artículo 25 de la Ley del Servicio Militar, en los siguientes términos:

Artículo 25.Podrán obtener el anticipo de la incorporación en el activo, únicamente:

I.Quienes deseen salir del país en la época en que reglamentariamente les corresponde prestar servicios, si son mayores de 16 años al solicitar la incorporación.

II.Quienes por razón de sus estudios les sea menester hacerlo así.

El número máximo de los individuos que puedan obtener el anticipo de su incorporación, será fijado cada año por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Lo anterior refleja la preocupación del Legislador, así como del Ejército Mexicano de brindar alternativas para las personas, incluyendo menores de edad en los rangos antes señalados, tomando en cuenta el deseo de los mismos de salir del país o bien, por cuestiones de estudios.

Esta comisión considera que dichas disposiciones, que parten de la voluntad de los menores con autorización de sus padres, son respetuosas de los derechos de los adolescentes así como de su capacidad para la toma de decisiones.

Dichas disposiciones son armónicas con lo dispuesto en los artículos 38 de la Convención de los Derechos del Niño, así como 1 y 2 del Protocolo Facultativo de dicha convención, relativo a la participación de niños en los conflictos armados, en los siguientes términos:

Convención de los Derechos del Niño.

Artículo 38

1. Los Estados parte se comprometen a respetar y velar por que se respeten las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño.

2. Los Estados parte adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades.

3. Los Estados parte se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los Estados parte procurarán dar prioridad a los de más edad.

4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados parte adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en conflictos armados.

Artículo 1

Los Estados parte adoptarán todas las medidas posibles para que ningún miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente en hostilidades.

Artículo 2

Los Estados parte velarán porque no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas armadas a ningún menor de 18 años.

Como lo ha sostenido esta comisión en dictámenes similares, la instrucción militar obligatoria conforma paulatinamente en las personas en edad militar el concepto de disciplina, patriotismo y de sacrificio en defensa de la nación. Asimismo, la obligatoriedad del Servicio Militar se justifica por el deber de todos los ciudadanos de defender a la nación.

La obligación de colaborar en el servicio de las armas, deriva del interés colectivo al que deben subordinarse los gobernados, ya que el interés general debe prevalecer sobre el particular, lo anterior, intrínseco a la naturaleza de nuestra Carta Magna.

Lo anterior fue tomado en cuenta desde 1940, ya que en la sesión celebrada el 29 de julio de ese año por la Cámara de Diputados del XXXVII Congreso de la Unión, se dio lectura a la iniciativa de Ley del Servicio Militar, remitido por el Ejecutivo de la Unión, en la cual se establecía:

“...la obligación de defender a la patria y a nuestras instituciones incumbe por igual a todos los sectores de la colectividad mexicana.”

 “... la escasez de reservas en el Ejército [...] hacen prácticamente imposible una movilización que podría requerirse en cualquier momento para la defensa de nuestras instituciones y del territorio de la Patria,... en la defensa debe utilizarse el esfuerzo coordinado e integral de todos los elementos de la nación, si se quiere conservar la independencia y la soberanía de un país.”

“...el gobierno tiene el deber de poner en las reservas a todos los habitantes útiles del país y hacer así posible cuando el caso llegue, la movilización eficaz de cuantos contingentes reclame la patria para enfrentarse a cualquier peligro exterior.”

Asimismo, cabe tener presente que la fase de adiestramiento durante el Servicio Militar se lleva a cabo durante los días sábados del periodo de febrero a diciembre del año que corresponda, tiempo en el cuál se brinda información sobre los temas de:

I. Legislación militar;

II. Plan DN III-E, que comprende:

Búsqueda y rescate de personas.

Evacuación de comunidades en riesgo.

Administración de albergues.

Protección de la familia.

Seguridad y vigilancia en las áreas afectadas.

III. Derecho Internacional Humanitario;

IV. Derechos Humanos;

V. Ética militar y civismo;

VI. Conocimiento del armamento;

VII. Medidas de seguridad con el armamento;

VIII. Defensa personal;

IX. Educación física; y

X. Sanidad militar.

Esta comisión estima que los temas desarrollados durante el Servicio Militar Nacional contribuyen al desarrollo integral de quienes participan y fomentan el sentimiento de identidad y solidaridad entre los mexicanos.

Por otra parte, esta Comisión tiene presentes las misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, contenidas en el artículo 1o. de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Artículo 1o.El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales siguientes:

I.Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación;

II.Garantizar la seguridad interior;

III.Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas;

IV.Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y

V.En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

Finalmente, en cuanto a las consideraciones generales, cabe destacar que las disposiciones relativas a la incorporación anticipada y voluntaria en el activo del Ejército Mexicano, respectivamente, contenidas en los artículos 24 y 25 de la Ley del Servicio Militar son facultativas y constituyen una alternativa para las personas que se ubiquen en alguno de los supuestos contenidos y cubran los requisitos dispuestos en los citados artículos, entre otros, quienes deseen salir del país en la época en que legalmente les corresponde o por razones de estudio.

Cabe tener presente también que así como existe una disposición que permite la participación voluntaria en el activo del Ejército Mexicano, se contempla en el artículo 26 de la misma Ley la posibilidad de aplazar la incorporación en el mismo, a los estudiantes, por el tiempo que sea necesario de acuerdo con sus planes de estudio, a los residentes en el extranjero, a los que se encuentren procesados o cumpliendo alguna condena, o a quienes sean sostén de familia durante cinco años posteriores a la edad de enrolamiento.

A partir de lo anterior, esta comisión concluye que las disposiciones relativas a la incorporación voluntaria y anticipada al activo del Ejército Mexicano, así como al aplazamiento de la misma reflejan una normatividad flexible, encaminada a brindar facilidades a los menores, en los rangos de edad antes señalados e incluso posterior a los mismos, para dar cumplimiento al Servicio Militar Nacional.

Segunda. Consideraciones específicas:

1. En cuanto adicionar un párrafo final al artículo 24, para precisar que los menores de 18 años y mayores de 16 que se incorporen al activo del Ejército de manera voluntaria, no participarán en misiones de combate u operativos tendientes a garantizar la seguridad interior y defender la integridad, independencia y soberanía de la nación.

Conforme a las consideraciones antes expresadas y tomando en cuenta lo dispuesto en el párrafo final del artículo 24, que precisa que los menores de 18 años y mayores de 16 de edad, en su caso, se admitirán en las unidades de transmisiones para su preparación como técnicos mediante contrato con el Estado que no deberá exceder de 5 años, se concluye que dichos menores quedan excluidos de participar en misiones de combate u operaciones acordes con las misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Con relación a lo anterior, y para efecto de armonizar la legislación de la materia con los instrumentos internacionales ratificados por el gobierno de nuestro país en la materia, como lo son la Convención sobre los Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo de la misma, relativo a la participación del Niño en los conflictos armados, se estima viable la adición de un antepenúltimo párrafo al artículo 24 de la Ley del Servicio Militar Nacional, a efecto de precisar que los adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años, no podrán participar directamente en conflictos armados, hostilidades u operaciones en materia de seguridad interior.

En este sentido, se considera conveniente realizar algunas modificaciones al texto propuesto a efecto de armonizar el mismo con disposiciones específicas sobre el particular, dispuestas en los instrumentos internacionales y ley antes citados, privilegiando en todo momento la protección de los menores de edad en los rangos antes señalados.

Asimismo, se propone incorporar un último párrafo al artículo 24 de la Ley del Servicio Militar, que precise la posible intervención en la aplicación del Plan DN-III, el cual tiene como objetivo la atención a la población civil, en casos de desastres naturales.

Con base en lo anterior, los párrafos a adicionar en el citado artículo 24, quedarían en los términos siguientes.

Dicho personal por ningún motivo podrá participar directamente en conflictos armados, hostilidades u operaciones.

Lo anterior, no excluye la participación de los mismos en los planes que tengan como objetivo la atención de la población civil en casos de desastres naturales.

Es decir, se propone sustituir el concepto de misiones de combate, por los de conflictos armados y hostilidades, contemplados en el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, relativos a la participación de niños en conflictos armados.

Asimismo, se estima conveniente establecer una disposición que permita la participación de los voluntarios en los planes que tengan como objetivo la atención de la población en los casos de desastres naturales, toda vez que se trata de un acto de asistencia emergente que exige el apoyo de toda persona que se encuentre en condiciones de ayudar.

Por otra parte, se retiran los conceptos defensa de la integridad, independencia y soberanía de la nación, toda vez que el objetivo de la adición es la protección del menor, independientemente de los fines que pudiera tener la actuación del instituto armado.

Las adiciones antes señaladas son acordes con el artículo 38 de la Convención de los Derechos del Niño, así como el artículo 1 del Protocolo Facultativo de la misma convención, relativo a la participación de niños en conflictos armados; antes citados.

2. Respecto adicionar dos párrafos al artículo 25, el primero para precisar que el personal incorporado de manera anticipada al activo, prestará sus servicios realizando actividades cívicas y obras sociales; asimismo, en el segundo párrafo para señalar que dicho personal no participará en misiones de combate u operativos tendientes a garantizar la seguridad interior y defender la integridad, independencia y soberanía de la nación.

Al respecto esta comisión dictaminadora no considera viables dichas adiciones por los siguientes razonamientos:

El artículo 25 contempla la posibilidad de obtener el anticipo de la incorporación en el activo, para quienes deseen salir del país en la época que les corresponda prestar el servicio militar o quienes se encuentren realizando sus estudios, no manteniendo una vinculación con las disposiciones que se proponen.

La incorporación de los párrafos propuestos afectaría la claridad del contenido y sentido actual del artículo de referencia, lo cual podría afectar la seguridad jurídica de los gobernados.

Por otra parte, en cuanto al mandato para que el personal que se incorpore de manera anticipada al activo realice exclusivamente actividades cívicas y obras sociales, se estima inviable toda vez que lo anterior desnaturalizaría el sentido del Servicio Militar Nacional.

Dicha disposición, incluso, podría considerarse discriminatoria pues la edad de los mismos no puede considerarse limitativa para poder acceder a diversos conocimientos vinculados no necesariamente con conflictos armados u hostilidades, sino con legislación militar, derecho humanitario, ética militar y civismo, defensa personal, educación física y sanidad militar, los cuales podrán inclusive contribuir a su sano desarrollo.

Asimismo, como se expresa con claridad en el párrafo final del artículo 24, los menores en los rangos de edad señalados, se admitirán en las unidades de transmisiones para su preparación como técnicos.

Por otra parte, se debe tener presente que la incorporación de menores en los rangos de edad antes señalados, se hará siempre de manera voluntaria y con autorización de los padres o de quienes ejerzan la patria potestad sobre los mismos y cumpliendo los exámenes médicos necesarios, conforme se dispone en los artículos del 44 al 48 del Reglamento de la Ley del Servicio Militar Nacional

Como se expresó anteriormente, con la finalidad de fortalecer la protección de los menores de edad en los rangos antes señalados, la limitación que debe establecerse es la relativa a la prohibición para que dicho personal participe en conflictos armados, hostilidades u operaciones.

En cuanto a la precisión para que los menores de edad en los rangos establecidos, no participen en misiones de combate u operativos tendientes a garantizar la seguridad interior, esta comisión dictaminadora la estimó viable, con las modificaciones señaladas anteriormente, siendo innecesaria su repetición en un párrafo final del artículo 25. Como se sustento anteriormente, el artículo 25 contempla la posibilidad de obtener el anticipo de la incorporación en el activo.

Esta comisión considera que las modificaciones propuestas, con fundamento en los artículos 80, 82 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, respetan la esencia de la iniciativa presentada por la diputada Elsa María Martínez Peña.

Por los razonamientos expresados, esta comisión considera de aprobarse el proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 24 de la Ley del Servicio Militar y somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona dos párrafos al artículo 24 de la Ley del Servicio Militar Nacional

Artículo Único. Se adicionan los párrafos tercero y cuarto a la fracción II del artículo 24 de la Ley del Servicio Militar para quedar como sigue:

Artículo 24. ...

I. ...

II. ...

...

Dicho personal por ningún motivo podrá participar directamente en conflictos armados, hostilidades u operaciones.

Lo anterior, no excluye la participación de los mismos en los planes que tengan como objetivo la atención de la población civil en casos de desastres naturales.

III. y IV. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional contará con 60 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente decreto para hacer las adecuaciones correspondientes al reglamento de esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2011.

La Comisión de Defensa Nacional, diputados:Rogelio Cerda Pérez (rúbrica), presidente; Roberto Armando Albores Gleason, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos (rúbrica), Bernardo Margarito Téllez Juárez (rúbrica), Pablo Escudero Morales (rúbrica), Armando Meza Castro (rúbrica), secretarios; Víctor Humberto Benítez Treviño, Manuel Cadena Morales, Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), Jorge Franco Vargas (rúbrica), Miguel Ángel Terrón Mendoza (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Canek Vázquez Góngora, José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Jesús Ramírez Rangel, Gabriela Cuevas Barron, Sergio Arturo Torres Santos, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Adriana Fuentes Cortés (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), José César Nava Vázquez (rúbrica), Esthela Damián Peralta (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza, Pavel Díaz Juárez (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Elsa María Martínez Peña...

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Permíteme, termino esta parte. Para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Enrique, tiene usted la palabra, señor diputado.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza(desde la curul): Gracias, presidente. Para solicitar a la Presidencia de esta Comisión de Defensa Nacional, se nos pueda aclarar, porque el día de hoy que tuvimos sesión, se dio el acta en que supuestamente se aprobó este dictamen que se va a discutir, que en lo personal lo suscribo, estoy a favor de que se apruebe, pero en el acta correspondiente nunca aparece que se discutió y se votó el 13 de diciembre, como aquí se menciona.

La petición es que la Presidencia de la comisión nos acredite que se discutió en la comisión y que se cumplió con el procedimiento que establece nuestra normatividad interna.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: ¿Se encuentra el señor presidente de la comisión? Sí, diputado presidente, por favor.

El diputado Rogelio Cerda Pérez(desde la curul): Sí, señor presidente, con todo gusto, me permito poner a disposición las actas correspondientes al diputado Ibarra y si es posible, podemos proporcionar una copia certificada de tal sesión, donde se aprobó esta iniciativa con dictamen y propuesta de ley que va a presentar la diputada Martínez.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Está la contestación del presidente. El presidente afirma que se hizo la reunión y que están los documentos firmados por la mayoría de la comisión. Sí, Enrique.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza(desde la curul): Mi observación es en contra del procedimiento, no de contenido, que en su momento ya lo veremos; estoy a favor de lo que se propone y de lo que contiene el dictamen, nada más que en lo que aparece del acta, en la publicación, no consta que se haya discutido en la sesión del 13 de diciembre ese punto. Que nos pudiera mostrar el acta que él menciona.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Ya la puso a disposición el señor presidente de la Comisión, usted puede revisarla. Procedemos a continuar con la discusión. La diputada Elsa María Martínez Peña, por favor, para dictaminar el dictamen.

La diputada Elsa María Martínez Peña:Gracias señor presidente. Con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, con la aprobación del dictamen que estamos discutiendo haremos una aportación importante a la protección de los derechos humanos en México.

La Comisión de Defensa Nacional consideró que las propuestas de la iniciativa presentada por su servidora, abonan al marco jurídico que garantiza el pleno respeto a los derechos fundamentales, particularmente a los derechos humanos de los jóvenes.

El proyecto de decreto, en comento, adiciona dos párrafos a la fracción II del artículo 24 de la Ley del Servicio Militar, con el objeto de establecer que los jóvenes menores de 18 años y mayores de 16 que se incorporan al Ejército, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia deberán participar en conflictos armados, hostilidades u operaciones bélicas.

En el artículo 24 de la Ley del Servicio Militar se establece la posibilidad de que jóvenes en el mencionado rango de edad se incorporen de manera voluntaria al activo del Ejército en las unidades de transmisiones, para su preparación como técnicos; sin embargo, no existe ninguna disposición adicional, que en un momento dado pueda prohibir y frenar la decisión de canalizar a dichos adolescentes hacia la participación en conflictos armados.

Desafortunadamente estamos viviendo en México un período de violencia, originada principalmente por el combate frontal contra la delincuencia organizada; en esta lucha, las Fuerzas Armadas tienen una participación determinante.

De acuerdo con expresiones emitidas por el Ejecutivo federal y compartidas por diversos actores, el Ejército y la Marina seguirán combatiendo intensamente a los diferentes cárteles del narcotráfico, mientras no se avance significativamente en la depuración, capacitación y coordinación de las policías.

En el marco de una realidad social, donde la pobreza aumenta en vez de disminuir, donde a los jóvenes no se les ofrece suficientes alternativas de educación o empleo, es probable que sus padres o ellos mismos vean una opción de empleo remunerado en el Ejército, que a su vez necesitará cada vez mayores recursos humanos para cumplir su delicada misión; en este contexto, es importante que se promueva por todos los medios el respeto pleno de los derechos humanos.

Es innegable que el Estado mexicano ha avanzado mucho en esta materia; un punto culminante en la protección de los derechos humanos es la reforma constitucional recientemente promulgada; sin embargo, es indispensable que se siga avanzando y para ello es necesario tomar en cuenta observaciones y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.

Tal es el caso del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en conflicto armado; si bien México no participa en ningún conflicto armado contra otro Estado, es evidente el clima de violencia generado por la lucha contra el crimen organizado y la participación decidida de las Fuerzas Armadas; por esta razón, el Comité de los Derechos del Niño ha expresado su inquietud por el involucramiento de menores de edad en la lucha contra el narcotráfico, lo que pone seriamente en riesgo sus derechos y sus vidas.

En función de lo anterior, la Comisión de Defensa Nacional consideró que las adiciones al artículo 24 de la Ley del Servicio Militar otorgarán mayor certidumbre a los adolescentes que se incorporen al Ejército; de este modo los jóvenes de entre 18 y 16 años de edad no podrán participar absolutamente en ningún caso en operaciones bélicas ni contra un enemigo extranjero ni contra la delincuencia organizada.

Sin embargo, en el dictamen no cancelamos la posibilidad de que dichos jóvenes reciban el adiestramiento militar correspondiente e incluso se adiciona un párrafo específico para establecer que el hecho de no participar en conflictos armados no excluye a los jóvenes de la participación en los planes que tenga como objetivo la atención de la población civil en caso de desastres naturales.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Defensa Nacional solicita a esta honorable asamblea el voto favorable al presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias, diputada. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular los siguientes diputados: en contra, el diputado Gerardo Fernández Noroña, y a favor, el diputado Pablo Escudero Morales, el diputado Bernardo Téllez Juárez y la diputada Diva Gastélum Bajo.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: ¿A favor o en contra?

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): En contra.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: En contra, muy bien. En contra, el diputado Enrique Ibarra. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Compañeros diputados, compañeras diputadas, ya planteó mi compañero Enrique Ibarra, un problema de procedimiento; no me detendré en él, él va a tocarlo con puntualidad.

Es correcto plantear que jóvenes de 18 años o menores, hasta de 16 años, no intervengan en conflictos bélicos, pero otra vez estamos haciendo un planteamiento equivocado, lo que tendríamos que hacer es desaparecer el Servicio Militar Nacional, no sirve para absolutamente nada.

Nuestro país no es un país militarista, no es un país que esté queriendo defenderse de Estados Unidos de América por la vía militar, lo cual sería un despropósito, y la mal llamada guerra contra el narco, nos trae en una situación ilegal, donde violando el artículo 29 constitucional, el 129 primero, que establece que en tiempo de paz el Ejército debe estar en los cuarteles, y el 29, que esta soberanía junto con el Senado, no hemos recibido ninguna petición de suspensión de derechos y garantías constitucionales, tiene ensangrentado al territorio nacional.

Así que esta iniciativa que plantea el que no intervengan jóvenes de 16 y 18 años en las Fuerzas Armadas, en conflictos armados, no tiene sustento ni fundamento, porque simple y llanamente no debería haber tal situación, el Ejército debería de estar los cuarteles.

Reitero, uno de los temas de fondo debería ser que se dejara de hacer el Servicio Militar Nacional y que solamente quien tenga vocación por las armas, sea el que se forme en este propósito y bajo esta responsabilidad.

No veo televisión, pero me dicen que hay una parte que dice: te lo dije, te lo dije.

Aquí está un libro de Julio Scherer García: Calderón de cuerpo entero, y aquí plantea entre otras cosas cómo tomó la decisión, de manera irresponsable, de la guerra contra el narco, sin asesoría sobre el tema, no escuchando, inclusive, planteamientos que no fuera él el que tomara esta decisión de militarizar el país, y quienes se habían escandalizado porque yo decía que Calderón es borracho, aquí están testimonios, absolutamente contundentes de los problemas de alcoholismo de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, y también están aquí planteados asuntos de corrupción muy fuertes; la verdad es que Calderón debería irse.

Por cierto, a los del PRI les avisan que en la tumba del padre, Calderón juró que bajo ninguna circunstancia permitiría que regresara a la Presidencia de la República.

Les recomiendo ampliamente el libro de Julio Scherer, a ver si a él también lo insultan, a ver si a él también le dicen que está diciendo majaderías, a ver si a él también le dicen que está faltando a la verdad; los testimonios son muy sólidos, lo leí ayer, se lee muy rápido, en una sentada. Vale la pena para la reflexión.

Pienso regalarle uno a Rojas, para que le eche una revisada y a ver si ahí, en el PRI, lo socializa para que vean de qué tamaño va a estar la elección de este año.

Vuelvo al tema, lo que propongo es que se retire el Servicio Militar Nacional, que se exente a los jóvenes de este anacronismo, que no tiene ningún sentido de ser. Muchas gracias por su atención, compañeros diputados, compañeras diputadas. Te lo dije, te lo dije.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra en pro, el diputado Pablo Escudero Morales.

El diputado Pablo Escudero Morales:Gracias, señor presidente. El dictamen que hemos presentado los integrantes de la Comisión de la Defensa Nacional tiene pequeñas modificaciones, con grandes implicaciones en materia de derechos humanos; modificaciones al artículo 24 de la Ley del Servicio Militar Nacional.

El compromiso con Naciones Unidas por los Derechos Humanos consiste en dar seguimiento a la política de apertura, de transparencia y firma de instrumentos internacionales; tenemos que recordar que el gobierno de México presentó, en 2008, un informe inicial, respecto al Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos de los Niños, en específico lo relativo a la participación de los niños en conflictos armados.

El Comité de los Derechos del Niño dio a conocer observaciones, recomendaciones, anotaciones muy importantes para hacer más efectivos los protocolos facultativos relativos a la participación de los niños.

¿Cuál fue la respuesta del gobierno federal? En el informe de 2008, el gobierno manifestó lo siguiente. Lo voy a leer textualmente: en virtud que dentro del territorio nacional no existe ningún conflicto armado interno, y que tampoco participaba en uno de índole internacional, no habría ninguna amenaza para que los niños mexicanos fueran convocados por las Fuerzas Armadas.

—Lamentablemente la realidad nos decía otra cosa, en 2008 ya teníamos más de 10 mil muertos.

En este artículo, artículo 24, se menciona: en el activo del Ejército se podrán admitir voluntarios hasta completar la cifra que anualmente fije la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando se satisfagan los siguientes requisitos:

1. Haber hecho una solicitud;

2. Ser mexicano mayor de 18 y menor de 30 años de edad, y hasta los 40 años para el personal de especialistas del ejército —y éste es el tema delicado—; se admitirán menos de 18 y mayores de 16 años de edad en las unidades de transmisiones para su preparación como técnicos, mediante contrato con el Estado, que no deberá de exceder de cinco años.

La modificación que hemos propuesto es la siguiente: dicho personal —refiriéndonos a los menores entre 16 y 18 años—, por ningún motivo podrá participar directamente en conflictos armados, hostilidades u operaciones. Lo anterior no excluye la participación de los mismos en los planes que tenga como objetivo la atención de la población civil, en caso de desastres naturales.

Es decir, diputado Noroña, el gobierno federal también se oponía justamente a esta modificación.

Por eso creo que es valiosa, los instrumentos internacionales nos dicen hacia dónde ir; se ha hecho un gran esfuerzo en la Comisión de la Defensa Nacional y tenemos que asegurar esto, a pesar de que algunos, como el gobierno federal, digan que no estamos en guerra; por eso vengo a solicitar su apoyo y nuestra fracción votará a favor. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Desde su curul, para responder a alusiones, el diputado Gerardo Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Sí, es una provocación mayor decir que estoy en la misma línea que el gobierno usurpador, pero no caeré en ella, no.

Estoy de acuerdo en la preocupación que planteó el diputado Escudero —va a subirse mi camarada Diva Hadamira también a favor, o sea, no—, estoy de acuerdo en la preocupación.

Lo que planteo es que deberíamos aprovechar el viaje y desaparecer el Servicio Militar Nacional, que no sirve, no les da un adiestramiento a los jóvenes, pero además no hay por qué obligar a una visión militarista a los jóvenes de este país. Inclusive un país militarista, como Estados Unidos de América, tiene una percepción en el tema diferente, pero, en fin.

Lo que quiero decir es que quienes quieran sumarse a las filas del Ejército lo hagan, y con esta preocupación que están planteando los compañeros de que entre 16 y 18 años no participen directamente en hechos de armas y que se retire el Servicio Militar Nacional, para dejar de obligar a los jóvenes a prestar un mal llamado servicio, que no tiene ninguna función de fondo.

Finalmente, insistirles, ya está en las librerías, no llevo ninguna comisión del libro de Julio Scherer: Calderón de cuerpo completo; cómprenlo, no está muy caro, vale 129 pesos, les va a ser de mucha utilidad. Muchas gracias.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra ahora el diputado Enrique Ibarra.

Aprovechamos para saludar a un grupo de personas de la Federación de Organizaciones Obreras Juveniles, de la CTM, del estado de México, invitados por el diputado Armando Neyra Chávez. Sean bienvenidos.

De la misma manera, a los invitados de la colonia Cuatro Vientos, del municipio de Ixtapaluca, estado de México, invitados por el diputado Armando Corona Rivera. Sean bienvenidos.

Tiene usted la palabra, señor diputado.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza:Gracias, señor presidente. Mire, en el dictamen que nos ocupa le comenté a Servicios Parlamentarios —antes de expresarlo ante usted y la asamblea— los evidentes vicios de procedimientos.

Esta acta que está aquí es la que se votó el día de hoy en la sesión de la comisión ordinaria; en ella se votaron algunas disposiciones, pero en ninguna parte de la misma, ciudadano presidente, aparece que se haya votado el dictamen que aquí está a discusión, en la plenaria.

El presidente de la comisión nos dijo, a voz en cuello, que estaba a nuestra disposición el acta y yo la sigo esperando, porque, ¿qué ocurre en ocasiones? Que sin discutir en la comisión se recaban firmas en los pasillos, en los corredores y se dan como que se votaron y discutieron.

Pasando al contenido de lo que aquí se propone, como ya se dijo, nosotros no podríamos ir en contra de que a los jóvenes entre 16 y 17 años se establezca el que no participen en cuestiones beligerantes, en cuestiones armadas, en cuestiones de inminente riesgo a su vida, pero el procedimiento, a todas luces estamos acreditando y la comisión todavía a estas alturas no nos muestra el documento de mentís, a lo que yo estoy comentando.

Por otra parte, el día de hoy en la reunión de la comisión volvimos a ratificar lo que es nuestra postura; es una comisión en donde ha campeado, ha prevalecido inflexibilidad y cerrazón para tratar los grandes temas; se desahogan asuntos menores, se desahogan reformas, la mayor parte de ellas, irrelevantes, y se tienen en el tintero temas, como el que reiteramos que esta comisión debe dictaminar, lo que fue una iniciativa presentada por los diputados Alejandro Encinas, Teresa Incháustegui, el de la voz, entre otras y otros legisladores para reformar los artículos 56 y 57 del Código de Justicia Militar.

Todos sabemos y aquí en esta tribuna lo hemos comentado, la necesidad de que el Congreso de la Unión asuma su responsabilidad ante la Corte Interamericana y su decisión, de los derechos humanos, para derogar el fuero de guerra en los casos de los delitos cometidos por efectivos militares contra víctimas civiles.

Desde que propusimos atender las disposiciones del caso Rosendo Radilla, ese órgano interamericano ha reiterado el punto en las sentencias de Inés Fernández, Valentina Rosendo, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

Con mayor razón esta Cámara debe emprender esta reforma, dado que Calderón envió una iniciativa sobre esta materia, que significa un engaño, una burla a nuestras obligaciones internacionales porque su propuesta se restringe a la jurisdicción civil, juzgar, investigar y sancionar los delitos de desaparición forzada, secuestro y violación cometidos por militares, pero no ataca lo que es el punto medular de nuestra petición, que cuando se cometan faltas de efectivos militares en contra de civiles sean juzgados por órganos jurisdiccionales del fuero común.

Por tanto, consideramos que esta comisión debe dictaminar de inmediato las reformas que hemos presentado para la supresión o el acotamiento del fuero militar, del fuero de guerra, y que éste quede solamente encuadrado para casos únicamente y estrictamente vinculados a la disciplina militar de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Gracias.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: A usted. El diputado Rogelio Cerda ha solicitado la palabra. La tiene desde su curul.

El diputado Rogelio Cerda Pérez(desde la curul): Gracias, señor presidente, solamente para alusiones; debo decirle al diputado Ibarra, que a las 9:40 horas del 13 de diciembre del año pasado, en el edificio G, en el salón D, se celebró la décima reunión plenaria de la Comisión de Defensa, en el inciso e), se discutió y aprobó el dictamen que reformaba o que pretende reformar los artículos 24 y 25 de la Ley del Servicio Militar Nacional. Por cierto, señor presidente, a esta reunión de la comisión el diputado Ibarra no acudió. Gracias. Es cuanto.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Bernardo Téllez Juárez, del Partido Acción Nacional.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Presidente, por alusiones personales.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: No hay alusiones de las alusiones; usted aludió a él, no hay una alusión del aludido; si no, sería una discusión interminable. Pero le sugeriría, tanto al presidente de la comisión como al integrante, que se pudieran reunir para ver el acta que está leyendo en este momento.

Lo que pasa es que no quisiera ordenarle al diputado que viniera para acá ni usted para allá, sino que se pongan de acuerdo; me perece de elemental cortesía que usted lo vea, en ese tema de quién va a qué curul. Tiene usted la palabra, diputado Bernardo Téllez Juárez.

El diputado Bernardo Margarito Téllez Juárez:Gracias, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el dictamen sometido a la consideración de este honorable pleno, por parte de la Comisión de Defensa Nacional, refleja la importancia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para nuestro país.

Sin duda, en el pasado hemos contribuido en la protección de sus derechos mediante la aprobación de diversas reformas legislativas y acciones institucionales con la adopción de directrices internacionales sobre la materia.

Entre otros, México forma parte de la Convención de los Derechos del Niño desde 1990, así como del protocolo facultativo de dicha convención, relativo a la participación de niños en conflictos armados.

De igual manera, desde el año 2000 contamos con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes cuyo objetivo es garantizar a las niñas, a los niños y a los adolescentes, la tutela y respeto de sus derechos fundamentales, reconocidos en la Carta Magna.

Además, será importante considerar, al decidir sobre el presente dictamen, la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada, mediante la cual se prevé la protección de los derechos fundamentales de las personas, tanto en las disposiciones consagradas en la Constitución federal como de aquéllas contenidas en los instrumentos internacionales de la materia que nuestro país es parte.

En este contexto, resulta de vital importancia el presente dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, ya que precisa que los adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 años no podrán participar directamente en conflictos armados, hostilidades u operaciones en materia de seguridad interior.

Con lo anterior se obtendrá un mecanismo jurídico más sólido y claro para la protección de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes mexicanos, sin vulnerar el derecho de aquellos que deseen anticipar el cumplimiento de su obligación al Servicio Militar.

Es decir, los adolescentes mayores de 16 y menores 18 años de edad que se incorporen al activo del Ejército de manera anticipada, podrán ingresar solamente con la prohibición de participar en acciones que impliquen peligro a su vida, integridad corporal o sano desarrollo físico y mental, como son los conflictos armados, hostilidades u operaciones en materia de seguridad interior.

No dejamos de soslayar que nuestro país no tiene una tradición histórica bélica. Sin embargo la adopción del sistema del Servicio Militar obligatorio, como mecanismo de defensa de la nación, tiene como única finalidad poner en las reservas del Ejército a todos los habitantes útiles del país para afronta cualquier contingencia exterior contra México.

Actualmente las condiciones y necesidades sociales han sufrido una transformación y no necesariamente se trata de una amenaza proveniente del exterior del país, sino de situaciones internas de seguridad ocasionadas por el crimen organizado y derivado de la incapacidad de las autoridades locales para afrontarlas y a petición de las mismas, las Fuerzas Armadas mexicanas han intervenido en actividades de seguridad interior con la finalidad de garantizar y brindar protección a las familias mexicanas.

Bajo este nuevo panorama, nuestra obligación como legisladores es continuar afianzando el marco jurídico nacional para garantizar plenamente la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que privilegien su desarrollo integral.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor de este dictamen, consciente del compromiso ante niños, niñas y adolescentes mexicanos, en la protección de sus derechos y al mismo tiempo, abonar en el pleno cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos por México en esta materia. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo.

Aprovechamos para dar la bienvenida a los maestros de la Universidad Autónoma de Querétaro, invitados por el vicepresidente de esta Cámara, el diputado Jesús María Rodríguez Hernández. Sean ustedes bienvenidos.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo:Con su permiso, señor presidente. Pareciera ocioso abordar un tema que se debe sobreentender, el hecho de que nos debemos de ocupar de los adolescentes y los jóvenes, hombres y mujeres; sin embargo, creo que lo que llevó a la iniciadora de esa propuesta, la licenciada Elsa Martínez, tiene un fundamento muy importante.

Ha habido una declaración de guerra en este país de manera unilateral; creo que es oportuno, tal como lo propone la diputada Martínez, que podamos blindar el sector más importante que tenemos, como son nuestros adolescentes y jóvenes, y que además les demos la seguridad de que no serán obligados a portar armas, a mandarlos a la guerra o a cualquier acto bélico.

Porque el ejemplo está muy claro, si el Ejército —que era o sigue siendo para algunos un ícono muy importante—, lo bajaron a la calle, lo traen esculcando bolsas en los aeropuertos, creo que tiene un doble propósito esta reforma al artículo 24 de la Ley del Servicio Militar, poder proteger, poder salvaguardar, poder orientar, cuidar a nuestros adolescentes y jóvenes, lo que debería ser una materia permanente de esta Legislatura y del Estado mexicano.

Solamente traigo a colación el deshonroso descalificativo que México ha tenido, precisamente porque nuestros jóvenes no están estudiando ni trabajando.

Toda esta alusión la hago a propósito de que pido, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, apoyemos este dictamen, que tiene un propósito principalísimo: cuidar, proteger, salvaguardar, salvo la excepción, cuando fuera un estado de guerra, que es en el que estamos, previa capacitación a nuestros adolescentes y jóvenes, pero no antes, no dar por sentado que los jóvenes y adolescentes puedan estar en el servicio militar en automático.

Creo que es un dictamen bondadoso, generoso, que trasluce la urgente necesidad de atender a este sector tan importante, la generación que está por venir, la generación que nos relevará, a la cual hemos desprotegido

El voto del Grupo Parlamentario del PRI será a favor de este dictamen, además de que el presidente de esa comisión, que es el diputado Cerda, ha sido un hombre activo para poder alcanzar este dictamen tan importante para nuestros adolescentes y jóvenes. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: A usted, diputada. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

De viva voz, le solicito a la diputada Fátima del Sol Gómez Montero el sentido de su voto.

La diputada Fátima del Sol Gómez Montero (desde la curul): Fátima del Sol, a favor.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Gracias. De igual modo a la diputada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.

La diputada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga (desde la curul): Lilia Gutiérrez Burciaga, a favor.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Gracias. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 284 votos a favor, 0 en contra y 11 abstenciones.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobado en lo general y en lo particular por 284 votos el proyecto de decreto que adiciona dos párrafos a la fracción II del artículo 24 de la Ley del Servicio Militar. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 36 de la Ley General.... No, perdón. ¿Quién me la robó?

VOLUMEN II

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XXV, XXVI y XXVII al artículo 18 y un artículo 138 Bis a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Tiene la palabra el diputado presidente Cerda, de la Comisión de Defensa Nacional.

El diputado Rogelio Cerda Pérez(desde la curul): Gracias, señor presidente. Solamente para hacer de su conocimiento que hace unos momentos se presentó un escrito en la secretaría técnica de esa Presidencia, mediante el cual y con fundamento en el artículo 80, numeral 2, del Reglamento de esta Cámara, se solicitó se posponga la discusión y eventual aprobación del proyecto de decreto, aprobado ya y discutido por la Comisión de Defensa, respecto de lo que usted justamente puntualizaba, las fracciones XXV, XXVI y XXVII del artículo 18 y 138 Bis de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Lo anterior, a fin de consolidar los consensos ya alcanzados entre las diversas fracciones parlamentarias, agendando su discusión —y ésta es una solicitud respetuosa de la Presidencia— para la próxima sesión ordinaria de esta Cámara de Diputados, que será el jueves 16.

Esto, señor presidente, lo estamos solicitando como deferencia, como una cortesía política hacia algunos compañeros diputados que todavía abrigan algunas dudas, que esperamos aclararles entre el día de hoy y mañana. Es cuanto.

«Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en el artículo 80, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicito se posponga el dictamen aprobado de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XXV, XXVI y XXVII al artículo 18 y un artículo 138 Bis, a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Agendado como número 3, del apartado de dictámenes a discusión de leyes y decretos, del día de la fecha.

Lo anterior, a fin de consolidar los consensos ya alcanzados entre las diversas fracciones parlamentarias, agendado su discusión para la próxima sesión ordinaria del pleno de esta Cámara de Diputados el día jueves 16 de febrero del año en curso.

Sin más que agregar, reciba un cordial saludo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2012.— Junta Directiva, diputados: Rogelio Cerda Pérez (rúbrica), Presidente; Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos, Bernardo Margarito Téllez Juárez (rúbrica), Armando Meza Gasca, Pablo Escudero Morales (rúbrica), secretarios.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Hemos recibido la solicitud de los integrantes de la Junta Directiva y se concede que se posponga este punto para el próximo jueves.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente, estaba apuntado para ese punto.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Pues sí, pero se pospuso para el próximo jueves.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): ¿Por qué?

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Porque así lo solicitó la Junta Directiva de la comisión y así lo concedió esta Presidencia; me parece que si se hace un esfuerzo adicional para lograr consensos, siempre será otorgada esta solicitud a los señores diputados.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Ahora sí, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social

Honorable Asamblea

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fue instalada el 6 de octubre de 2009 y recibió como parte de los asuntos pendientes por dictaminar la proposición con punto de acuerdo referida.

La Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio DGPL 61-II-4-650 de fecha, 19 de octubre de 2010 turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para su estudio y dictamen, el expediente número 3027, que contiene una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el Diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la sesión de la misma fecha.

Con estos antecedentes, la Comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las iniciativas con proyecto de decreto referidas, a fin de valorar su contenido, deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta.

Contenido de la iniciativa

Para la iniciativa presentada por el diputados José Francisco Yunes Zorrilla, la ampliación de la conectividad nacional es la herramienta integradora de los pueblos que permite establecer relaciones económicas, comunicar y transmitir el progreso. Tiene como meta el crecimiento económico, la competitividad y el desarrollo humano de los pueblos de una nación.

De esta manera, la conectividad debe entenderse como una red de infraestructura física que permite movilizar bienes, servicios, información y personas entre distintos puntos del territorio. Además brinda a las comunidades más alejadas del país, acceso a infraestructura de salud y educación.

Uno de los principales objetivos de las acciones de conectividad y las políticas públicas que las impulsan, es permitir el acceso a los servicios básicos de infraestructura a los agentes económicos y personas residentes de un país, de tal modo que aseguren el acceso a los sistemas de comunicaciones físicas y a los beneficios que conllevan.

De tal manera, en la iniciativa se propone, sumar el criterio de conectividad a los que hasta ahora el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social ha tomado en cuenta para medir y estudiar la pobreza multidimensional en nuestro país, conforme el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, ya que consolidaría la caracterización de la pobreza y permitiría tener nuevos elementos para la toma de decisiones y el diseño de cursos de acción que permitan superar las condiciones de marginación de millones de mexicanos.

Consideraciones de la comisión dictaminadora

I. En lo referente a la modificación al artículo 36, propuesta en la iniciativa presentada por el Diputado Yunes Zorrilla, se considera procedente, toda vez que aporta un elemento más para la caracterización de la medición multidimensional de la pobreza, al considerar el acceso físico a las comunidades y localidades como un elemento que permite caracterizar de mejor manera las dificultades que enfrenta gran parte de la población vulnerable en el país.

II. Toda vez que el concepto “conectividad” utilizado en la iniciativa en comento, puede causar confusión con el ámbito de las telecomunicaciones y en especial con el acceso a redes de comunicación digitales, se propone sustituir dicho concepto por el de “accesibilidad”, el cual tiene una relación directa con el grado de acceso terrestre a las comunidades, pueblos o congregaciones.

III. Bajo los argumentos expuestos, y una vez analizada y discutida la Iniciativa en análisis, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó en sesión ordinaria de fecha 7 de septiembre del año en curso, aprobar la iniciativa con proyecto de decreto presentada por el diputado José Francisco Yunes Zorrilla.

Por los argumentos expuestos, la Comisión de Desarrollo Social, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona una fracción IX al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social

Artículo Primero. Se adiciona una fracción IX al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue:

Artículo 36. ...

I. a VI. ...

VII. Acceso a la alimentación;

VIII. Grado de cohesión social, y

IX. Grado de accesibilidad.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2011.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados:José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irizar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas, Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar, Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González, Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruíz, Alba Leonila Méndez Herrera, Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston, Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto. Se han inscrito para hablar a favor del proyecto el diputado Aníbal Peralta Galicia, el diputado Camilo Ramírez Puente y el diputado Martín García Avilés. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Aníbal Peralta Galicia.

El diputado Aníbal Peralta Galicia: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, me he inscrito a favor del dictamen presentado para modificar el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social.

Permítanme comentarles que la Ley General de Desarrollo Social, que ustedes conocen, fue promulgada apenas en enero de 2004, en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión; muchos de ustedes aquí presentes participaron en aquella votación, que fue por unanimidad.

Desde aquella fecha, prácticamente no se ha modificado la ley; se considera en lo general que está funcionando para efecto de apoyar y ayudar al desarrollo social.

La iniciativa que presenta el diputado José Francisco Yunes, pretende modificar el artículo 36 de la mencionada ley, en donde se definen los lineamientos y criterios que tiene aplicar el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para la medición multidimensional de la pobreza.

Los factores que actualmente considera la ley para que el Coneval haga la medición de la pobreza tiene que ver con el ingreso per cápita de la población, con el rezago educativo, con el acceso a los servicios de salud, con el acceso a la seguridad social, con la calidad y espacios de vivienda, acceso a los servicios básicos de la vivienda, acceso a la alimentación y el grado de cohesión social; estos son los factores que hasta ahora el Coneval tiene que tomar en cuenta para hacer la medición multidimensional de la pobreza en México.

Como ustedes saben, ya también ha habido dos reportes, dos informes del Coneval: el que produjo en 2008 y el que produjo en el año 2010.

La propuesta del diputado José Francisco Yunes, que fue aprobada por toda la Comisión, consiste en agregar una fracción IX a éstas ocho que he mencionado, que tiene que ver con la accesibilidad a las comunidades y a las localidades.

Como ustedes saben, les consta a la mayoría que somos representantes de zonas rurales, muchas veces la dificultad para que nuestros connacionales —que viven en lugares muy apartados— puedan tener acceso al bienestar, es que no hay comunicaciones terrestres adecuadas.

La Comisión consideró que esta modificación legal brindará mayores elementos de juicio para impulsar medidas de políticas públicas, que permitan brindar mejores comunicaciones y accesos a las comunidades con alto grado de vulnerabilidad y con ello, aumentar también consecuentemente sus indicadores de bienestar.

La dificultad en el acceso a las comunidades y localidades más vulnerables en el país impide en gran medida una atención eficiente y un sesgo en el diseño de políticas que permitan abatir los rezagos sociales en esas comunidades.

Mejores accesos a las comunidades permitirán establecer relaciones económicas, comunicar y trasmitir el progreso; en esencia, permitirá llevar mayores recursos a comunidades que hasta ahora no reciben los apoyos y programas sociales para el combate a la pobreza.

Estamos seguros que al agregar este indicador a la medición de la pobreza contribuirá con un mejor instrumento para que la política nacional de desarrollo social logre su objetivo fundamental y permita abatir los rezagos en las zonas más marginadas del país.

Compañeros diputados, en la Comisión de Desarrollo Social, cuando fue dictaminada esta iniciativa, se obtuvo el voto unánime de todos los integrantes de la misma; en ese tenor, les solicito a todos ustedes el voto afirmativo para esta iniciativa, que permitirá que los beneficios de la política pública, de la política social puedan llegar a todos nuestros connacionales. Por su atención, muchas gracias.

Presidencia del diputado Jesús María Rodríguez Hernández

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Martín García Avilés.

El diputado Martín García Avilés:Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, como ya lo dijo y lo dejó patente el diputado que me precedió, el compañero Aníbal, al interior de la Comisión de Desarrollo Social tuvimos el voto unánime en la discusión y análisis del presente dictamen, que hoy se somete a consideración de ustedes y se trata de adicionar una fracción IX al artículo 36, que establece los lineamientos y criterios para definir, identificar y medir la pobreza en nuestro país.

Como ustedes saben, adolecemos de un sistema nacional de indicadores; es decir, de sólo un instrumento de Estado que permita medir la pobreza en nuestro país y que sea un sistema nacional de indicadores, que sea la base de todas las secretarías de despacho del Ejecutivo federal y de las instituciones que existen en nuestro país.

Actualmente la Coneval y el Inegi miden los índices de pobreza en nuestro país. A colación cito un dato a modo de ilustrar; actualmente existen en nuestro país aproximadamente 60 millones de pobres, 40 millones de ellos están en extrema pobreza y 10 millones adolecen de accesos dignos y caminos humanamente transitables.

De modo que la propuesta, que hoy se somete a consideración de ustedes, intenta crear el grado de accesibilidad, como una condición para medir e incrementar las decisiones de Estado para atender la pobreza.

La ausencia de caminos, de caminos sacacosecha, de carreteras, de caminos dignos aumenta y es un pivote para incrementar la pobreza.

De modo que esta reforma, este dictamen que pretende adicionar la fracción IX será bastante noble y generosa para el Coneval y el Inegi, de modo que tendremos datos más certeros para orientar las políticas de desarrollo social e incorporar a los núcleos de población marginadas y aisladas.

Con esto evitaremos sin duda que las poblaciones se conviertan —aunque es natural— en ciudades cosmopolita, donde podamos vivir todas y todos los mexicanos, independientemente de nuestra condición socioeconómica.

El grado de accesibilidad nos va a permitir atender de fondo y de formar certera la pobreza y las decisiones, para atender el desarrollo armónico de la sociedad en general a través del desarrollo de la política en turno. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias, señor diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y diputados por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y diputados por la negativa. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. Suficientemente discutido en lo general y en lo particular, y aprobado en igual manera. Se instruye a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

FEMINICIDIOS

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: La compañera diputada.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún(desde la curul): Diputado presidente, quisiera informar que el día de hoy, en la mañana, me fue notificado por el área administrativa de la Comisión de Equidad, que una propuesta de punto de acuerdo que fue presentada por su servidora hace aproximadamente un año, sigue sin dictaminarse en esa comisión.

Ya me habían citado para el día en que iba a ser dictaminada, la semana pasada y después me avisaron que no se iba a dictaminar; nuevamente me vuelven a citar por escrito para el día de hoy y me dicen que no se va a dictaminar.

El punto de acuerdo era un exhorto al gobierno del estado de México y al entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, para que realizara las acciones pertinentes a fin de acabar con la impunidad y con los feminicidios, y la impunidad que les está adherida.

Es impresionante que la bancada del PRI, al parecer, deduzco que está en contra de los feminicidios, pero está tan a favor de un gobierno que era capaz de evitar que se discutiera aquí y se mandó hacia la Comisión; no estuvieron de acuerdo en que fuera un punto de urgente y obvia resolución, se mandó a la comisión y en esta comisión tiene más de un año sin que se dictamine.

Yo entiendo que las diputadas y los diputados del PRI, que están en la Comisión de Equidad, no quieran que se luche contra los feminicidios en el estado de México; estoy de acuerdo en que tienen el derecho a preferir defender un gobierno, a defender a las mujeres del estado de México, pero que lo digan y que lo voten en la comisión, no que sigan posponiendo un dictamen, hasta el punto donde se puede volver obsoleto.

Le pido que —por este medio— se busque el formato apropiado para tratar de hablar con los diputados, y los diputados del PRI, que acepten que de cara a la nación voten a favor de los feminicidios, voten a favor de su gobierno y voten en contra de las mujeres, pero que tengan el valor de hacerlo, no que sigan posponiendo inútilmente algo, que además sigue siendo una herida lacerante para las mujeres del estado de México, para las cuales siguen habiendo feminicidios y sigue habiendo impunidad por parte de las autoridades del nuevo gobierno del estado de México. Gracias.

POZOS DE AGUA

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. Sonido en la curul del diputado Samuel Herrera, por favor.

El diputado Samuel Herrera Chávez(desde la curul): Diputado presidente, solamente para solicitarle que, como Presidencia de esta Cámara de Diputados y la Junta de Coordinación Política, estén pendientes de la negociación para los recortes que están haciendo de los pozos en muchos estados del país a los campesinos; en Zacatecas hay una sequía.

Antier, la Unión de Productores El Barzón tomaron las instalaciones de la CFE, en Zacatecas y me pidieron, por su conducto, que se pudiera atender esa situación.

Hoy, en Gobernación, hay una mesa de negociación para que se atienda y se eviten estos recortes a los campesinos en el país; hoy hay una negociación en Gobernación, en el Salón Rojo y le pido muy atentamente a esta Presidencia, a la Junta de Coordinación Política, que le dé seguimiento, sobre todo por la sequía que hay, para que se eviten esos recortes para muchos pozos que está afectando a los productores en Zacatecas y otros estados del país. Sería cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. Sonido en la curul del diputado Pablo Escudero y después de la diputada Estela Durán, para después solicitarle a la Secretaría el resultado de la votación.

FEMINICIDIOS

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias, presidente. Presidente, simplemente para hacer una consideración. El tema de los feminicidios es un tema tan delicado, es un tema tan importante en este país, que no conviene llevarlo a la arena electoral. Me parece que es incorrecto hacer estas afirmaciones., los números demuestran que es un problema que está en todo el país.

Espero que todos los diputados seamos lo suficientemente responsables para no llevarlo a la arena electoral. Rechazamos esta actitud por completo. Es cuanto.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias, señor diputado. Sonido en la curul de la diputada Estela Durán.

La diputada Ana Estela Durán Rico(desde la curul): Gracias, señor presidente. Hago el comentario pertinente, en alusión de lo que citó la diputada que me antecedió en el uso de la voz, en relación de la Comisión de Equidad y Género.

Quiero hacer partícipe a este honorable Congreso que por ningún motivo mi grupo parlamentario estamos a favor de los feminicidios, todo lo contrario. Pero le pediría a la diputada que habláramos con toda esta prontitud, pero también con la precisión debida del tema.

El caso de los feminicidios no es un caso particular de un estado de la República, es una situación de carácter nacional, que no es privativo nada más de una comunidad o de un estado determinado. Eso es en primera instancia.

En segundo, bueno, es tan grave este asunto, como la violencia que se genera en el país, es igual de grave; sin embargo, nosotros, en la Comisión de Equidad y Género, no hemos dicho no.

Sí le quiero también nada más pedir que en esta ocasión, que está diciendo que acudió a la Comisión de Equidad y Género, pues la verdad sesionamos hoy y no estuvo presente, pero porque sesionó nada más la Directiva, y en ese sentido, nada más le pediría a la diputada que escuchara a la representante y a la presidenta también, que en este caso estuvimos hoy sesionando, porque en ningún momento se dijo que se le daba un atrás al planteamiento que está con el resolutivo en la comisión.

No se dictaminó todavía ni a favor ni en contra, no está dictaminado, como hoy tampoco se dictaminaron otros temas que estaban en la agenda, nada más no se quiera hacer una confusión; no estamos negando, el grupo parlamentario, la cuestión de los feminicidios, que —repito— no es privativo nada más del estado de México, esto sucede en todo el territorio nacional, al igual que la violencia. Es cuanto, gracias.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Compañeras diputadas, compañeros diputados, estamos justamente concluyendo la votación de un dictamen. Me ha solicitado la palabra la diputada Teresa Incháustegui, es la última a la que se le va a conceder, para después escuchar el resultado de la votación. Adelante. Sonido a la curul de la diputada Incháustegui, por favor.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero(desde la curul): Estoy de acuerdo en lo que decía el diputado Escudero, de que el problema de los feminicidios es un problema nacional; es un problema muy agudo, porque va creciendo en todas las entidades del país.

No se trata de convertir el problema en un problema partidario; sí es un problema político y es un problema de política, que nos preocupa; creo que lo importante es darle adelante al problema.

No porque estamos en una coyuntura electoral, cada vez que hablemos de un problema en una entidad, vamos a decir que se trata de una agresión o de un atentado al clima electoral; por las elecciones no se van a parar ni se deben de parar los dictámenes. En ese sentido, tenemos que ser muy responsables.

No es solamente el caso del estado de México, también tenemos el caso de Oaxaca, donde están también parados los dictámenes para la tipificación del feminicidio.

Actuemos efectivamente con la madurez y la responsabilidad y no estemos rasgándonos las vestiduras cada vez que hay un estado o un gobierno del partido, que sea que tiene que cumplir con su obligación, porque eso está más allá de los partidos y de las elecciones. Seamos serios.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Informe la Secretaría el resultado de la votación.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: De viva voz, la votación de la diputada Fátima del Sol Gómez Montero.

La diputada Fátima del Sol Gómez Montero (desde la curul): Fátima del Sol, a favor.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Gracias. La diputada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.

La diputada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga (desde la curul): Lilia Gutiérrez Burciaga, a favor.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Gracias. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se ha emitido 286 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 286 votos el proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

FEMINICIDIOS

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Antes de continuar con el desarrollo del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, a la diputada Dolores Nazares.

La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo(desde la curul): Compañeras, compañeros, efectivamente todas y todos conocemos la situación por la que atraviesa el país en torno a los feminicidios. Tan es así, que los datos estadísticos que tenemos nos llevó a que esta Cámara de Diputados aprobara, ya aquí en el pleno, ya se remitió al Senado, la tipificación del feminicidio.

Pero también es cierto que en la Comisión de Equidad y Género existe un punto de acuerdo presentado por la diputada Tere Lupe, que ya hizo uso de la voz y en el cual está señalando que se tienen que realizar unas acciones en el estado de México, tendientes a que no se lleven a cabo ya o que no se realicen estos asesinatos de mujeres.

También quiero comentarles que en la Comisión de Equidad y Género sí tenemos ya dictaminado ese punto de acuerdo, sí lo hemos ya mencionado en el orden del día que teníamos programado para la sesión que se iba a llevar a cabo el día de hoy y que efectivamente se tuvo que retirar, a solicitud de las diputadas del Revolucionario Institucional.

Así es como está la situación; la vamos a revisar, pero quiero que no quepa ninguna duda de que como presidenta de la Comisión de Equidad y Género, estamos a favor de que no sólo en el estado de México, sino en todo el país se realicen todas aquellas acciones y mecanismos que sean tendientes a que no se cometan más feminicidios.

Pero como el caso concreto que nos ocupa es del estado de México, debemos y tenemos que enfocarnos a ello y efectivamente, la propuesta que ha hecho la presidenta de la comisión es en sentido positivo, también es cierto que existe la libre decisión de los grupos parlamentarios de discutirlo y de emitir el voto que mejor así les haya parecido y que así lo hayan razonado.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias, compañera diputada. Tiene la palabra la diputada Laura Itzel Castillo. ¿No se encuentra? Para concluir, la diputada Diva Hadamira, por favor.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo(desde la curul): Me preocupa bastante que cada vez que vamos que a tratar temas tan delicados, como son los crímenes de odio en contra de las mujeres, se le ponga dedicatoria. Esa es la gran problemática que tenemos.

Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho la presidenta, avalo la propuesta de Tere Lupe; lo que me preocupa es que otra vez tenga dedicatoria y precisamente se sesgue un asunto tan delicado, como son los feminicidios en este país.

Me pronuncio porque revisemos —y lo ha dicho Teresa Incháustegui— en todo el país, porque entonces en ese caso estaríamos revisando estados como Baja California, en donde la violencia en contra de las mujeres ha crecido tres veces más y creo que eso no le sirve a nadie.

Aquí el tema es los crímenes de odio en contra de las mujeres en todo el país, sin dedicatoria, porque entonces escandaliza, mete ruido y encontramos otras cosas que no favorecen el esclarecimiento y sobre todo, el ponerle punto final a un problema tan delicado, como son los crímenes de odio en contra de las mujeres mexicanas.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Para continuar con el orden del día, esta Presidencia simplemente quiere precisar lo siguiente: es un tema que no está dentro del orden del día; se han expresado diferentes compañeras, han quedado registradas sus expresiones y desde luego, las han escuchado tanto los órganos de dirección como los órganos auxiliares y en particular la Junta Directiva de la comisión a que se ha hecho referencia.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Para continuar, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción X al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que adiciona la fracción X al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fue instalada el 6 de octubre de 2009 y recibió como parte de los asuntos pendientes por dictaminar la iniciativa referida.

Al iniciar la LXI Legislatura. la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio DGPL 61-II-8-293 de fecha, 9 de marzo de 2010 turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para su estudio y dictamen, el expediente número 1538, que contiene una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, en la sesión de la misma fecha.

Con estos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las iniciativas con proyecto de decreto referidas, a fin de valorar su contenido, deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta.

Contenido de la iniciativa

La primera iniciativa, presentada por la diputada Martínez Peña tiene como objetivo incidir en un aspecto fundamental de la problemática del desarrollo social: la equidad de género. De manera concreta, la iniciativa busca que la política de desarrollo social se sujete al principio de la perspectiva de género, como una manera de garantizar que la compleja condición de la mujer sea tomada en cuenta en el diseño de las decisiones públicas que tienden a promover el desarrollo social.

Para la iniciativa una perspectiva de género repercute en mujeres y en hombres, y beneficia al conjunto de la sociedad, pues levanta obstáculos y discriminaciones, establece condiciones más equitativas para la participación de la mitad de la sociedad y releva a los hombres de muchos supuestos de género que son también un peso y una injusticia.

En la exposición de motivos de la iniciativa en comento, se considera que la perspectiva de género se entiende como una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, que se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género; una perspectiva que debe ser incorporada desde la creación de las normas legislativas y acompañarla en todo su proceso legislativo; es decir, desde el momento en que el legislador propone la iniciativa de ley hasta se publica en el Diario Oficial de la Federación.

En concreto, la iniciativa propone retirar de la fracción VII. Respeto a la diversidad:... el concepto de género, a fin de plasmarlo en la fracción X, donde se incorporaría como uno de los principios rectores de la política de desarrollo social la perspectiva de género.

Por otra parte, en una segunda iniciativa presentada por la diputada Elsa María Martínez Peña, se propone incorporar el principio de Imparcialidad, al texto de la Ley General de Desarrollo Social, ya que porque la dimensión de la desigualdad, la marginación y la pobreza que presenta la geografía nacional, implica que en la construcción de la política de desarrollo social se pongan en juego las distintas concepciones del Estado, de la sociedad, del ejercicio del poder, del bienestar social, de las formas de relación entre ciudadanos y gobernantes, de los vínculos entre población y sistema político; cada partido político, cada grupo social, tienen distintas concepciones al respecto y cuando, como resultado de la disputa política institucional, uno de ellos accede al poder público, tiene la legítima atribución de definir los puntos fundamentales de la política de desarrollo social; pero esa definición no debe imponerse sin considerar la pluralidad de intereses y concepciones en torno al tema.

Por ello, es indispensable que el principio de imparcialidad se incorpore en el cuerpo de referentes axiológicos que rigen la política de desarrollo social, porque la complejidad del problema de la desigualdad y la pobreza, la diversidad social, cultural y regional del país, así como la dimensión demográfica, política y económica del reto del desarrollo social, hacen ineludible que la política de desarrollo social incorpore realmente todos los intereses, necesidades y particularidades de los actores involucrados, sin discriminar o favorecer deliberadamente a alguno de ellos; es decir se debe construir la política de desarrollo social con imparcialidad.

Es por ello, que la Iniciativa en comento propone adicionar una fracción X al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, para establecer que entre los principios que rigen la política de desarrollo social se encuentre el de imparcialidad, entendida como:

La perspectiva que garantiza que en las etapas de concepción, diseño, gestión y evaluación de la política de desarrollo social no se favorecerá o perjudicará deliberadamente ninguna perspectiva filosófica, teórica o metodológica, así como ningún interés legítimo de tipo regional, demográfico, cultural, político o electoral de los actores involucrados en la construcción de dicha política.

Finalmente, con el objeto de establecer de la manera más precisa el alcance y sentido de la Iniciativa, se menciona que el principio de Imparcialidad incluye el aspecto de la aplicación imparcial de los recursos públicos por parte de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Lo dispuesto en los ordenamientos citados obedece a la necesidad de preservar la equidad en la competencia entre los partidos políticos.

De esta forma, para la iniciativa, el principio de Imparcialidad contempla, pero no se agota en ello, la obligación de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno de aplicar de manera imparcial los recursos públicos destinados a los programas sociales, sin favorecer o perjudicar a un candidato o a un partido político, y se refiere al momento de la ejecución de la política de desarrollo social.

Consideraciones de la comisión dictaminadora

I. Por lo que atañe a las iniciativas presentadas por la diputada Martínez Peña, para modificar el artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, se aporta una visión de la perspectiva de género como una concepción distinta de la diversidad.

II. Es importante señalar que la problemática de la relación entre géneros presenta una complejidad especial, de manera tal que es necesaria su incorporación en la Ley General de Desarrollo Social, como uno de los principios rectores de la política de desarrollo social.

III. La comisión dictaminadora considera que la motivación expresada en la iniciativa es suficiente y se encuentra fundamentada la propuesta expresada por la diputada iniciante.

IV. Bajo los argumentos expuestos, y una vez analizada y discutida la Iniciativa en análisis, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó en sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre del año en curso, aprobar las iniciativas con proyecto de decreto presentada por la diputada Elsa María Martínez Peña.

Por los argumentos anteriormente expuestos, la Comisión de Desarrollo Social, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona una fracción X al artículo 3 de la Ley General De Desarrollo Social

Artículo Primero. Se adiciona una fracción X al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 3. ...

I. a VII. ...

VIII. Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades: Reconocimiento en el marco constitucional a las formas internas de convivencia y de organización; ámbito de aplicación de sus propios sistemas normativos; elección de sus autoridades o representantes; medios para preservar y enriquecer sus lenguas y cultura; medios para conservar y mejorar su hábitat; acceso preferente a sus recursos naturales; elección de representantes ante los ayuntamientos y acceso pleno a la jurisdicción del Estado;

IX. Transparencia: La información relativa al desarrollo social es pública en los términos de las leyes en la materia. Las autoridades del país garantizarán que la información gubernamental sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz, y

X. Perspectiva de género: una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres que se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género; que se plantea la equidad de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas de desarrollo social.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2011.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados:José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas, Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar, Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González, Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz, Alba Leonila Méndez Herrera, Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston, Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: En términos de los artículos 104 y 109, se han registrado para la discusión en lo general la diputada Elsa María Martínez Peña y el diputado Martín García Avilés. Tiene la palabra, para hablar a favor del dictamen, la diputada Elsa María Martínez Peña.

La diputada Elsa María Martínez Peña:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy discutimos se inscribe en la larga lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres.

En el último siglo, las mujeres de México y el mundo hemos impulsado una lucha por la reivindicación de nuestros derechos políticos, económicos, sociales, culturales, laborales y reproductivos; sin embargo, hoy la realidad muestra que la condición de mujer significa una desventaja en muchos ámbitos.

Por citar ejemplos evidentes, solamente hay una gobernadora de 32 posibles; las mujeres no ocupan ni el 30 por ciento de las curules en el Congreso de la Unión, y más delicado aún, las mujeres son las más pobres entre la población en situación de pobreza. No se trata de propiciar un conflicto destructivo entre géneros, sino de impulsar en la legislación, en el diseño institucional y en la cultura general, la necesidad de organizar el mundo desde una perspectiva de género.

La perspectiva de género es un modo de concebir las cosas para erradicar cualquier tipo de discriminación basada en el género, para que no se sigan reproduciendo las relaciones sociales que sustentan la dominación de género, para que en la integración de los órganos del Estado no exista una presencia avasalladora de un género respecto al otro, para que en el diseño de las instituciones y las políticas públicas se reconozca que un género, en este caso las mujeres, enfrenta desventajas que las marginan y disminuyen sus oportunidades para mejorar integralmente su existencia.

Al incorporar la perspectiva de género en los diversos niveles de la vida nacional iremos dejando atrás la visión retrógrada que concibe a las mujeres solamente desde su papel reproductivo como un sector vulnerable, receptoras de las acciones del desarrollo e intermediarias por su papel de madres para que sus hijos accedan a determinados bienes y servicios.

Es preciso reconocer la desigualdad estructural entre hombres y mujeres y desmontar el orden sociocultural de género dominante; la perspectiva de género beneficia al conjunto de la sociedad y releva a los hombres de muchos de sus puestos de género que son también un peso y una injusticia para ellos.

En este contexto, la política de desarrollo social de México tiene que fortalecerse con la perspectiva de género, dada la profunda pobreza y desigualdad que padecemos; si queremos consolidar nuestra incipiente democracia, no solamente debemos hacer realidad el acceso efectivo a los derechos sociales consagrados en la Constitución, sino que además debemos hacerlo sin profundizar la desigualdad que evidentemente existe en la relación entre géneros.

Por estas razones, la Comisión de Desarrollo Social consideró pertinente aprobar la iniciativa de su servidora, para adicionar una fracción X al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, para que además de los principios de libertad, justicia distributiva, solidaridad, integralidad, participación social, sustentabilidad, respecto a la diversidad, libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y transparencia, se establezca el principio de la perspectiva de género, como referente fundamental de la política de desarrollo social, entendido por ello una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres que se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género, que se plantee la equidad de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas de desarrollo social.

De este modo será más difícil que en el proceso de distribución de los beneficios sociales alguno de los géneros quede marginado o en desventaja; he ahí la importancia de votar a favor del presente dictamen de la Comisión de Desarrollo Social. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Martín García Avilés, para hablar a favor del dictamen.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los alumnos y maestros de la preparatoria oficial 212, de la Colonia Cuauhtémoc de Ecatepec, invitados por nuestro compañero diputado Martín Vázquez Pérez.

También a empresarios de Aguascalientes, invitados por el diputado Raúl Gerardo Cuadra García. Bienvenidos.

El diputado Martín García Avilés:Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros, el principio de perspectiva de género en el que se plantea que se institucionalice jurídicamente en una ley de orden público, como lo es la Ley de Desarrollo Social, es un paso de avanzada, es un avance y tenerlo en la ley significaría una actitud a negar la regresión y las conquistas de los derechos de la mujer.

A propósito del principio, por principio de economía, me sumo, me adhiero, me incorporo al planteamiento hecho por la diputada Elsa, como ya lo hicimos al seno de la Comisión de Desarrollo Social, en donde la discusión fue álgida, por momentos arrebatada, pero finalmente pudo más la coincidencia en incorporar una nueva figura jurídica como instrumento para fortalecer los derechos de la mujer.

El dictamen que presenta la diputada, referente al artículo 3 de la Ley de Desarrollo Social y que propone incorporar la fracción X, es desde luego muy generoso para la mujer y hablando de las políticas públicas de desarrollo social, es una garantía en el trato, en la equidad y significa también, naturalmente, un avance en la igualdad, en los programas de desarrollo social, ya que su establecimiento es un imperativo para las instituciones y en el campo del derecho se circunscribe también en un principio constitucional.

El derecho en general reconoce tres principios: los principios constitucionales, los principios de derecho, en general y los principios procesales.

El principio de perspectiva de género contiene el primero y el último; es un principio constitucional, porque trata de la igualdad entre el hombre y la mujer, y es un principio procesal, porque ahora estará establecido en una Ley General de Desarrollo Social que establecerá con claridad la orientación de las políticas públicas de la Secretaría de Desarrollo Social.

En la espera de que encontremos, como lo encontramos en la Comisión de Desarrollo Social, dejamos nuestra reflexión y ojalá que nuestra coincidencia que existió en el PAN, PRD, PRI y otras fuerzas políticas representadas en la comisión, se refleje en la votación del presente dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Abra la Secretaría el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

CAMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Sonido en la curul del diputado Mario Di Costanzo y después, en la de la diputada Diva Hadamira.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente, en la sesión anterior señalé el tema de los asesores, que se les estaban escamoteando sus contratos; el día de ayer estuve con el presidente de la Mesa Directiva y estuve hablando con el secretario general —ése que ya nunca viene— y también uno de sus ayudantes —que tampoco está ahora—, y acordaron formalmente plantear el tema en la Junta de Coordinación Política, y todavía en la noche hablé con el secretario general de Cámara y me dijo que iban a poner el remedio.

Reconocían que era una injusticia para 2 mil personas, 2 mil asesores que trabajan en esta Cámara de Diputados, que los contratos se les limitaran hasta junio y no hasta agosto, cuando todos nos vamos.

Ahora me entero que la respuesta que está dando el secretario general de Cámara y sus ayudantes, que vuelvo a señalar, no están en esta Cámara, es que están obligando a los asesores a firmar seis meses y les están dando como plazo máximo hasta el jueves para que firmen, si no les renuevan sus contratos.

Esto es un atropello a los trabajadores, a los derechos de los asesores; es un atropello que los diputados no puedan sacar la cara por sus propios asesores, de todos; que estén platicando cuando aquí hay un tema y es una agresividad, que conteste así, el secretario general, obligando y dando como fecha máxima el jueves, que firmen unos contratos a seis meses.

Esto no fue lo que se acordó, y no fue lo que se acordó ayer en la mañana que estuvimos en la Mesa Directiva y que se habló con este señor —se me va el nombre—, que nunca viene a trabajar, el secretario de Servicios Administrativos. Es una vergüenza que en lugar de ponerle remedio a las cosas, es una vergüenza que contesten con hostilidad.

No lo van a hacer, ellos no mandan a los diputados, presidente; exijo que se ponga solución inmediata a este problema, hoy, hoy, presidente, porque estamos haciendo las cosas como no se deben de hacer.

Se supone que hacemos las leyes y atropellamos a la gente que trabaja en la Cámara de Diputados y eso no lo podemos permitir, y si no, presidente, ahorita voy a ir a la prensa a entregarles todos los gastos y las licitaciones y lo que compran de agua y lo que pagan de vales de gasolina y lo que compran de vehículos con chip rastreador, y todos los gastos superfluos y absurdos de esta Cámara de Diputados, porque no vamos a soportar más atropellos. Yo fui asesor y sé de lo que se trata y sé los atropellos que se cometen contra los asesores.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Sonido en la curul de la diputada Diva, por favor.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo(desde la curul): Presidente, regresando al tema que nos ocupa, que lo considero de la mayor importancia; el asunto de incorporar la perspectiva de género en desarrollo social debe ser inaplazable, porque a nosotras, en el tema de mujeres, siempre nos quieren desagregar y nos quieren medir.

Por ejemplo, en el tema de Oportunidades, dicen que está pensado y hecho para mujeres; es la peor mentira, ése es un programa electoral que solamente las que van son las mujeres a recoger eso, eso es distinto.

Por eso el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de este dictamen, porque consideramos inaplazable que la perspectiva de género esté en el programa de desarrollo social de este país, toda vez que solamente nos hacen creer que estos programas son pensados para mujeres. Nada más alejado.

Ojalá se dé en la palabra y también en los hechos que la ley genere esa responsabilidad del Estado mexicano. Gracias.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. En tanto concluye el tiempo para la votación, sonido en la curul de la diputada Laura Itzel Castillo, por favor.

FEMINICIDIOS

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): Sí, muchas gracias, diputado presidente. También celebro que finalmente se incorpore este concepto de género dentro de la Ley de Desarrollo Social, pero al mismo tiempo lamento el hecho de que un asunto que tiene que ver en el caso de los feminicidios no se haya dictaminado en el tiempo prudente, ya que lleva más de un año este punto de acuerdo que propuso la diputada Teresa Guadalupe Reyes; sin embargo, por esa cuestión meramente política, consideraron que no se debería de aprobar aquí de urgente u obvia resolución.

Ahora, también me extraña que se esté considerando que se tiene que desechar este punto y que se esté tomando en consideración, que es una cuestión de carácter electoral.

Pero lo que aquí me queda muy claro, es que el Partido Verde es quien sale a la defensa del Partido Revolucionario Institucional; por eso he insistido en que efectivamente, el Partido Revolucionario Institucional es el padre político del Partido Verde, y si no, ahí tenemos la intervención del diputado Pablo Escudero.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Gracias. Dé cuenta la Secretaría con el resultado de la votación, por favor.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Solicito de viva voz de la diputada Fátima del Sol Gómez Montero, el sentido de su voto.

La diputada Fátima del Sol Gómez Montero (desde la curul): A favor.

La diputada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, le informo que se emitieron 273 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 273 votos el proyecto de decreto que adiciona una fracción X al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numerales 6 incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 numeral 1, 85, 157 numeral 1 fracción I y 158 numeral 1 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 4 de agosto de 2010, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley General de Salud Mental.

2. Con fecha 9 de noviembre 2010, la diputada María Cristina Díaz Salazar integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental.

3.Con fecha 9 de noviembre de 2010, el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental. Con returno 13 de abril de 2011.

4. Con fecha 15 de diciembre de 2010, la diputada Ma. de Lourdes Reynoso Femat, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental. Con returno 19 de enero de 2011.

5. Con fecha 4 de octubre de 2011, la diputada María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental.

6. La presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dichas iniciativas fueran turnadas a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen correspondiente.

II. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado Antecedentes, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado Contenido de la iniciativa, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las Consideraciones, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

III. Contenido de las iniciativas

• Iniciativa 4 de agosto de 2010

Crear un ordenamiento jurídico, con el objeto de garantizar el derecho a la salud mental de todas las personas; regular el derecho a la mejor atención disponible en materia de salud mental; actualizar las necesidades de tratamiento, recuperación y rehabilitación; proteger a las poblaciones afectadas por trastornos mentales, trastornos de la conducta y adicciones, a través de servicios de salud mental; promover la erradicación de los prejuicios y estigmas contra las personas que padecen trastornos mentales, trastornos de la conducta y adicciones, y establecer los principios básicos y los niveles de cuidado en los servicios prestados.

• Iniciativa de 9 noviembre 2010

Instalar con un mínimo de seis camas en los hospitales generales, servicios psiquiátricos, así como aumentar los centros comunitarios de salud mental.

• Iniciativa de 9 de noviembre de 2010 (con returno 13 de abril de 2011)

Incluir en el rubro de protección social en salud, la atención de enfermedades mentales y sus trastornos.

Ley General de Salud

Texto Vigente

Artículo 77 Bis. La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo,  oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de  utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de  promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.

Iniciativa

Artículo 77 Bis. La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar la atención de enfermedades mentales y sus trastornos, los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.

• Iniciativa de 15 de diciembre de 2010 (con returno 19 de enero de 2011.)

Establecer que quienes tengan la custodia permanente o transitoria, el personal docente y cualquier persona que esté en contacto recurrente con los menores, serán responsables de la atención informada e inmediata de los menores que presenten alteraciones de conducta que permitan suponer la existencia de enfermedades mentales. Facultar a las autoridades educativas, para encargarse de que el personal docente y administrativo cuente con la capacitación necesaria para colaborar con los padres o tutores cuando el menor haya sido diagnosticado con algún padecimiento mental, a fin de complementar su tratamiento con las actividades escolares.

Ley General de Salud

Texto Vigente

Artículo 77. Los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de menores, los responsables de su guarda o custodia, las autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto con los mismos, procurarán la atención inmediata de los menores que presenten alteraciones de conducta que permitan suponer la existencia de un trastorno mental y del comportamiento.

A tal efecto, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de personas con trastornos mentales y del comportamiento.

En caso de que el diagnóstico confirme la existencia de un trastorno mental y del comportamiento, y que se requiera el internamiento del menor, deberá respetarse lo dispuesto por el artículo 75 de esta Ley y dicho internamiento deberá efectuarse en un establecimiento o área específicamente destinada a la atención de menores. De igual manera, se deberán tomar las medidas necesarias a fin de proteger los derechos que consigna la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Iniciativa

Artículo 77. Los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad y por ello la guarda o custodia, serán responsables de la atención informada e inmediata de los menores que presenten alteraciones de conducta que permitan suponer la existencia de enfermedades mentales. Quienes tengan la custodia permanente o transitoria, el personal docente y cualquier persona que esté en contacto recurrente con los menores, procurarán lo mismo.

Las autoridades educativas, se encargarán de que el personal docente y administrativo cuente con la capacitación necesaria para colaborar con los padres o tutores cuando el menor haya sido diagnosticado con algún padecimiento mental, a fin de complementar su tratamiento con las actividades escolares. Lo anterior, con estricta observancia de lo que en la materia establecen las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 75 de la Ley General de Educación.

A tal efecto, podrán obtener orientación y asesoría en las instituciones públicas dedicadas a la atención de enfermos mentales.

• Iniciativa de 4 de octubre de 2011

La iniciativa en comento tiene como objetivo atender los trastornos mentales y del comportamiento con base en un diagnóstico, conservación y mejoramiento de la salud mental; así como definir el concepto de salud mental. Además, establece que la atención de los trastornos mentales y del comportamiento deberá brindarse con un enfoque comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto a los derechos humanos, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, pretende implementar los servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, considerando la investigación multidisciplinaria en esta materia. Por otra parte, busca incluir la participación de observadores externos para vigilar el respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento.

Finalmente, la Iniciativa pretende prever que los padres, tutores, quienes ejercen la patria potestad o quienes ostenten la representación legal de personas con trastornos mentales y del comportamiento, serán responsables de la guarda y custodia. Las autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto con las personas con trastornos mentales y del comportamiento, procurarán la oportuna y debida atención de los mismos.

Ley General de Salud

Texto Vigente

Artículo 72.La prevención de los trastornos mentales y del comportamiento es de carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control multidisciplinario de dichos trastornos, así como otros aspectos relacionados con la salud mental.

Artículo 73.Para la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

I.El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que contribuyan a la salud mental, preferentemente de la infancia y de la juventud;

II.y III....

IV.Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, y

V.Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan al fomento de la salud mental de la población.

Artículo 74.La atención de los trastornos mentales y del comportamiento comprende:

I....

II.La organización, operación y supervisión de instituciones dedicadas al estudio, tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos mentales y del comportamiento, y

III.La reintegración de la persona con trastornos mentales y del comportamiento a su comunidad, mediante la creación de programas extrahospitalarios y comunitarios para la atención de estos trastornos.

Artículo 74 Bis.La persona con trastornos mentales y del comportamiento tendrá los siguientes derechos:

I.Derecho a la mejor atención disponible en materia de salud mental y acorde con sus antecedentes culturales, lo que incluye el trato sin discriminación y con respeto a la dignidad de la persona;

II.a VIII....

Artículo 75.El internamiento de personas con trastornos mentales y del comportamiento en establecimientos destinados a tal efecto, se ajustará a principios éticos y sociales, además de los requisitos científicos y legales que determine la Secretaría de Salud y establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.

...

Artículo 76.La Secretaría de Salud establecerá las normas oficiales mexicanas para que se preste atención a las personas con trastornos mentales y del comportamiento que se encuentran en reclusorios o en otras instituciones no especializadas en salud mental.

A estos efectos, se establecerá la coordinación necesaria entre las autoridades sanitarias, judiciales, administrativas y otras, según corresponda.

Artículo 77.Los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de menores, los responsables de su guardia o custodia, las autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto con los mismos, procurarán la atención inmediata de los menores que presenten alteraciones de conducta que permitan suponer la existencia de un trastorno mental y del comportamiento.

A estos efectos, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de personas con trastornos mentales y del comportamiento.

...

Iniciativa

Artículo 72.La prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento es de carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control multidisciplinario de dichos trastornos, así como otros aspectos relacionados con el diagnóstico, conservación y mejoramiento dela salud mental.

Para los efectos de esta Ley, se entiende por salud mental el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última estancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.

La atención de los trastornos mentales y del comportamiento deberá brindarse con un enfoque comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios de estos servicios.

Artículo 73.Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

I.El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad;

II.y III....

IV.Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno de la atención;

V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, que permita abatir la brecha de atención;

VI. La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental;

VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, y

VIII. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población.

Artículo 74....

I....

II.La organización, operación y supervisión de establecimientos dedicados al estudio, tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos mentales y del comportamiento, y

III.La reintegración de la persona con trastornos mentales y del comportamiento a su familia y comunidad, mediante la creación de programas sociales y asistenciales como residencias y talleres protegidos, en coordinación con otros sectores, para la debida atención de estos pacientes.

Artículo 74 Bis....

I.Derecho a la mejor atención disponible en materia de salud mental y acorde con sus antecedentes culturales, lo que incluye el trato sin discriminación y con respeto a la dignidad de la persona, en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud;

II.a VIII....

Artículo 75. El internamiento de personas con trastornos mentales y del comportamiento, como último recurso terapéutico, se ajustará a principios éticos, sociales, de respeto a los derechos humanos y a los requisitos que determine la Secretaría de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables.

...

Artículo 76. La Secretaría de Salud establecerá las normas oficiales mexicanas para los establecimientos que prestan atención a las personas con trastornos mentales y del comportamiento, de la red del Sistema Nacional de Salud

Artículo 77.Los padres, tutores, quienes ejercen la patria potestad o quienes ostenten la representación legal de personas con trastornos mentales y del comportamiento, serán responsables de la guardia o custodia. Las autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto con las personas con trastornos mentales y del comportamiento, procurarán la oportuna y debida atención de los mismos.

A estos efectos, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento.

...

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda.Las enfermedades o trastornos mentales son alteraciones de los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo, consideradas como anormales con respecto al grupo social de referencia del cual proviene el individuo. Se encuentra alterado el razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad o de adaptarse a las condiciones de la vida. Las principales enfermedades de origen mental son la depresión, la enfermedad de Alzheimer y demás demencias, la dependencia al alcohol, la epilepsia, la psicosis, la farmacodependencia y estrés postraumático, entre otras. Estos trastornos se han incrementado drásticamente en las últimas décadas entre 5 y 10 por ciento.

Tercera.En 2004, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyeron una evaluación de los servicios de salud mental, realizada a solicitud de las autoridades nacionales de salud, que entre sus recomendaciones principales establecieron la necesidad de integrar la salud mental al sistema general de salud, principalmente en el nivel primario de atención. Asimismo, recomendaron continuar progresivamente en opciones de hospitalización parcial y domiciliaria, promoviendo redes comunitarias de apoyo a los enfermos, crear servicios de psiquiatría en los hospitales generales, sin ampliar el número de camas para internación, aunque sí mejor distribuidas. Estas recomendaciones sirvieron para tomar la decisión de impulsar una reforma psiquiátrica, que promoviera cambios importantes en esta esfera, solicitando a ambas organizaciones su cooperación técnica en este esfuerzo.

Cuarta.La detección temprana de trastornos mentales se relaciona directamente con la evolución del padecimiento, lo cual nos indica que cuando los pacientes y familiares acuden de manera temprana solicitando ayuda profesional, mejor será el pronóstico. Los estudios realizados hacia la población infantil y adolescente arrojaron alrededor del 15% de prevalencia de trastornos psiquiátricos en niños, siendo que ellos requieren de una atención especializada e integral. La falta de habilidades de algunos jóvenes para la vida social tiene antecedentes en problemas escolares y familiares tempranos que no fueron atendidos oportunamente, lo que hace que los individuos en la edad adulta padezcan alguna alteración psiquiátrica, generando severos problemas personales en sus relaciones interpersonales, de pareja, familiar, social y laboral.

Quinta.Con relación a la Iniciativa Proyecto de decreto que crea la Ley General de Salud Mental del Diputado Jorge Ramírez Marín integrante del Grupo Parlamentario del Partido  Revolucionario Institucional, se considera lo siguiente:

1. La Ley General de Salud, ya contiene de manera genérica en el Titulo Tercero capítulo VII, la prevención, promoción y atención de las enfermedades mentales, la atención a los trastornos mentales y de comportamiento entre los que se encuentran los que favorecen los suicidios; asimismo, es materia de salubridad general la prevención y control de accidentes; y la Ley General de Salud establece las acciones que se llevaran a cabo para la prevención y control de accidentes en el Titulo octavo, capítulo IV, por lo que jurídicamente se estima que se duplicaría la materia.

2. Con relación a lo anterior, en nuestra actual reglamentación referente a la Prestación de Servicios de Atención Medica, ya contiene preceptos para la prevención, promoción y atención de las enfermedades mentales y trastornos mentales y de comportamiento, en su capítulo VII, por lo que jurídicamente también se duplicaría la materia.

3. Dentro del Programa Nacional de Salud 2007-2012, así como el Programa de Acción Especifico 2007-2012, Prevención de la Violencia, contienen objetivos, estrategias y puntos que tienen como finalidad preservar la vida y la salud de las personas, incluyendo la atención a los trastornos mentales y de comportante.

4. La Norma Oficial Mexicana NOM- 025-SSA2-1994, para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria medico-psiquiátrica, tiene como objetivo uniformar criterios de operación, actividades, actitudes del personal de las Unidades que prestan servicios de atención hospitalaria medico-psiquiátrica, la cual se proporcionara en forma continua e integral, con calidad y calidez y es obligatoria en todas las unidades que presten servicios de atención integral hospitalaria medico-psiquiátrica para enfermos agudamente perturbados y otros de estancia prolongada, de los sectores públicos, social y privado del país que conforman el Sistema Nacional de Salud.

5. Es importante mencionar que para efectos de lo que propone en los artículos 14 y 59 de dicha iniciativa, debe estarse a lo que establece el Código Civil Federal en los artículos 449 al 469 y el Código Federal de Procedimientos civiles o en su caso al que determina el artículo 77 del Reglamento de Prestación de Servicios de Atención Medica, el cual establece lo siguiente:

Artículo 77. Será involuntario el ingreso a los hospitales, cuando por encontrarse el enfermo impedido para solicitarlo por si mismo, por incapacidad transitoria o permanente, sea solicitado por un familiar, tutor, representante legal u otra persona que en caso de urgencia solicite el servicio y siempre que exista previamente indicación al respecto por parte del médico tratante.

6. Se considera que dicha iniciativa es innecesaria, ya que como se menciona anteriormente, existen disposiciones, programas, políticas públicas, entre otros medios, que atienden a la situación que se pretende resolver, o bien de acuerdo a su criterio hay otra razón que permita afirmar lo innecesario de la propuesta. Además de que podría implicar un impacto presupuestario, por lo que sería necesario atender lo dispuesto por el artículo 18, tercer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad hacendaria.

Sexta.Con relación a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental, de la Diputada María Cristina Díaz Salazar,  se considera lo siguiente:

1. Las diputadas y los diputados de esta Comisión de Salud coincidimos con el espíritu que anima la modificación propuesta por la autora de la iniciativa para establecer la obligación de que se instale dentro de los Hospitales Generales, servicios psiquiátricos que cuenten con un mínimo de seis camas para pacientes psiquiátricos; así como un reforzamiento aumentando los Centros Comunitarios de Salud Mental y las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan al fomento de la salud mental de la población ya que estamos conscientes que México se encuentra rezagado en la atención que brinda a la salud mental, puesto que si bien se estima que alrededor del 15% de la población del país padece algún trastorno mental, sólo 2.5 por ciento de los pacientes se encuentran bajo supervisión de algún especialista.

2. Nuestro país tiene 2.7 psiquiatras por cada 100 mil habitantes y destina el 0.85% de su presupuesto nacional para la salud, en atender la salud mental, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que este porcentaje sea del 10%. La discapacidad psiquiátrica en nuestro país como tal, simplemente no existe; a pesar de que cuando la OMS nos indica que las enfermedades mentales representan el 13% dentro de las discapacidades.

3. Voz Pro Salud Mental, red de organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, abocada a mejorar la vida de las personas con enfermedad mental y sus familiares a través de la educación, menciona que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Psiquiatría, Dr: Juan Ramón de la Fuente, en la población mexicana existen:

- 7 por ciento de personas con depresión.

- 1.6 por ciento con trastorno bipolar.

- 1 por ciento de personas con esquizofrenia.

- Más de 1 por ciento con trastorno obsesivo compulsivo.

- 7 por ciento Trastorno de angustia y pánico.

Estas cifras han sido alarmantes y han causado interés en las Diputadas y Diputados  no solamente de esta Legislatura, por estas razones es momento de tomar medidas necesarias con la finalidad de investigar el campo de la Psiquiatría ya que  es una de las áreas que menos productividad ha tenido en el campo de la investigación.

4. No obstante las cifras de la OMS, según las cuales el suicidio el cual se relaciona estrechamente con enfermedades mentales ya ocupa el quinto lugar en la población joven a nivel mundial y en México el INEGI lo reporta en segundo o en tercer lugar, dependiendo la entidad federativa.

También reporta que las 10 enfermedades más frecuentes y de alto costo entre la población mundial, al menos cuatro son de tipo mental como es la epilepsia, la depresión, el alcoholismo y el trastorno bipolar. La depresión es la cuarta enfermedad discapacitante en la población mundial. Se calcula que para el año 2020 será la segunda. En los países llamados en desarrollo, menos del 5% de las personas con depresión recibe tratamiento.

5. Dicha iniciativa se considera inviable debido que no puede ser posible ya que los pacientes con enfermedades mentales estarían más expuesto a contraer otro tipo de enfermedades si esto se hiciera en los hospitales Generales y por lo tanto compromete más el problema psicológico de los pacientes con enfermedades orgánicas; y un nosocomio psiquiátrico es un establecimiento de salud, dedicado al diagnóstico y tratamiento de patologías psiquiátricas o locura y no va dirigido a pacientes con enfermedades orgánicas o degenerativas.

Insistimos que en lugar de instalar en los Hospitales Generales, servicios psiquiátricos, se fortalezca dentro del ámbito de nuestros nosocomios psiquiátricos el desarrollo de actividades de enseñanza e investigación con el fin de mejorar la atención de los pacientes en base al conocimiento de las causas que desencadenan las enfermedades mentales, implementando esquemas de tratamiento más adecuados así como analizar los factores que inciden en diferentes patologías en la población mexicana y a su vez dar manutención a los nosocomios psiquiátricos ya existentes.

Séptima. Con relación a la iniciativa con proyecto que reforma el artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, se considera lo siguiente:

1. Las diputadas y los diputados de esta comisión de Salud concordamos con el autor de establecer la obligación de que se incorporen las enfermedades mentales como especialidades básicas en primer nivel de atención, dentro de los esquemas de la protección social en Salud; ya que estamos conscientes que se han reportado que los trastornos mentales constituyen uno de los mayores problemas de salud en todo el mundo.

2. En 1994, los resultados obtenidos de la Encuesta Nacional de Adicciones realizada en zonas urbanas, detectaron la prevalencia de trastornos mentales entre 15 y 18 por ciento de la población en general; en esta encuesta se observa que la depresión es el trastorno más frecuente tanto en hombres como en mujeres, con 4.9 por ciento y 9.7 por ciento, respectivamente.

Los resultados del estudio concuerdan con los realizados en otros países e indican que una de cada seis personas sufrirá un problema de salud mental que podría requerir atención médica especializada; esto significa que, en nuestro país, para una población aprox. de 100 millones de personas, padecen trastornos mentales aproximadamente 15 millones, lo que equivale a una sexta parte de nuestra población y de acuerdo con la Secretaria de Salud, 8 % de las enfermedades mentales corresponden al área neuropsiquiátrica, cuatro millones de personas padecen depresión, seis millones más tienen problemas relacionados con el consumo de alcohol, 10% de los adultos mayores de 65 años sufren cuadros demenciales, mientras que 15 % de la población entre 3 y 12 años de edad padece algún tipo de trastorno mental o de conducta.

3. Más de tres millones de personas son dependientes del alcohol, 13 millones son fumadores y 400 mil personas se reportan adictas a las drogas; 500 mil presentan esquizofrenia, un millón epilepsia y 5 de cada mil niños sufren retardo mental, con lo que –de acuerdo con la Secretaría de Salud-, se conforma un panorama que exige acciones firmes, permanentes y coordinadas en todo el país.

4. Actualmente en nuestro país existen trastornos neuropsiquiátricos que ocupan el quinto lugar como índice de muerte y discapacidad; dentro de los diez principales figuran las enfermedades neuropsiquiátricas, como la esquizofrenia, depresión, obsesión, compulsión y alcoholismo.

5. Simultáneamente, se ha reportado que el índice de enfermos con padecimientos neuropsiquiátricos se incrementará debido a aspectos como la pobreza, violencia, consumo de drogas y el envejecimiento de la población, entre otros.

Además de la discapacidad que causan los trastornos mentales y el impacto psicosocial y económico, tanto para los enfermos, familiares y la sociedad; cerca de una tercera parte de todas las ausencias por enfermedad en el trabajo se atribuyen a trastornos mentales comunes, los cuales influyen sobre la productividad en el medio laboral.

6. Se calcula que a nivel mundial en 1990, 114 millones de personas sufrían un trastorno mental, mientras que en 2010 las cifras pueden aumentar a 176 millones, en nuestro país, los trastornos mentales ya forman parte del panorama epidemiológico de México y seguirán incrementando su presencia como causa de enfermedad, discapacidad y muerte; por lo que el manejo epidemiológico de estos problemas se hace inminente. A nivel mundial, con demasiada frecuencia no se reconoce la importancia real de la salud mental, a pesar de las consecuencias devastadoras de los trastornos mentales, por lo que la OMS reporta que se necesitan urgentemente nuevas estrategias e iniciativas para hacer frente a los retos actuales y mejorar la atención de los problemas mentales. Por lo que es primordial en nuestro país identificar los casos de pacientes con trastornos mentales y que se canalicen a Instituciones especializadas para mejorar la atención, la calidad de vida de los pacientes, de sus familiares y de la sociedad.

7. Estamos conscientes de que es muy probable que los trastornos mentales vayan en aumento. Sin embargo, no puede ser posible la iniciativa propuesta por el promovente ya que dentro de la postura en cuanto a la atención básica y tener un buen diagnóstico prevalece en los tiempos de atención médico paciente y  a su vez requiere de la protocolización al diagnóstico definitivo, supeditado al conocimiento del especialista; de no ser de esta manera, estaríamos cayendo en la forma de cómo se diagnosticaba en el ex Hospital Psiquiátrico la Castañeda; es decir, que no tenían una forma viable para poder diagnosticar una enfermedad mental. Y no es posible, ya que puede estar subestimado debido a que el primer lugar de atención es la medicina general, donde estos diagnósticos no se realizan de manera adecuada y la atención es menor e insuficiente.

La poca prioridad que se da generalmente a la salud mental se debe a la centralización de los servicios, por la deficiente organización y financiación.

Octava.Con relación a la iniciativa con proyecto que reforma el artículo 77 de la Ley General de Salud, en materia de Salud mental, de la diputada Ma. de Lourdes Reynoso Femat, se considera lo siguiente:

1. En México, la política nacional de salud mental para los jóvenes se encuentra descrita en el Plan Nacional de Juventud 2008-2012. Este documento incorpora los objetivos que establecen otros instrumentos normativos importantes relacionados al derecho a la protección de la salud, tales como el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley General de Salud y la Estrategia Nacional de Promoción y Prevención para una Mejor Salud. En general, todos estos documentos comparten una visión integral de la salud de los jóvenes, entendida como un estado de bienestar físico, mental y social, a través del cual se puede alcanzar el ejercicio pleno de las capacidades, y el mejoramiento de la calidad de vida.

2. Una revisión de las estrategias específicas de salud para los jóvenes, indica que las políticas de atención a la salud mental de este grupo son realmente limitadas. El Plan Nacional de Juventud menciona tres estrategias principales para atender este problema de salud. En primer lugar, se fomenta el diseño y la aplicación de campañas para la prevención de la depresión, el suicidio y la salud mental. La segunda se centra en la prevención de estos problemas en la educación secundaria y media superior. La tercera, y más detallada gira en torno a la atención y tratamiento de las adicciones, también por medio de campañas de salud y la colaboración y los centros de atención y prevención.

3. A pesar de que en los tres casos se habla de la participación de los diversos niveles de gobierno, co-responsabilidad de la familia, las comunidades, los medios de comunicación, la sociedad civil, y el sector privado, se pone mayor énfasis en el rol que juega la familia, la escuela y la comunidad para la prevención y atención de todos los factores de riesgo.

Dejar la mayor parte de la responsabilidad de la detección de las enfermedades mentales en la familia y la escuela puede representar una gran debilidad de las políticas actuales.

Un estudio sobre los síntomas, la percepción y demanda de atención en salud en niños y adolescentes en la Ciudad de México indica que los padres y madres no son una fuente efectiva para la detección de enfermedades mentales entre los niños y adolescentes. Los resultados señalan que en general, los padres no tienen una percepción clara de la importancia de detectar algunas de las manifestaciones psicopatológicas que pueden presentarse en la infancia y adolescencia. Aún en los casos más claros de síntomas relacionados con el trastorno de hiperactividad, por ejemplo, los padres no percibieron esto como un síntoma que requiriera atención y/o consulta médica.

4. Lo que es aún más preocupante es que este mismo estudio menciona que es común que los padres confundan síntomas relacionados con enfermedades mentales, con manifestaciones de mal comportamiento. Esto puede llevar a tratar de inculcar disciplina a los niños, niñas y adolescentes sin tener éxito, al tiempo en que se fomentan los actos de violencia.

5. Por ello, que la OMS recomienda que la atención, detección y tratamiento de los problemas de salud mental corra por parte de profesionales capacitados, que puedan trabajar con jóvenes y que cuenten con las habilidades necesarias para detectar los síntomas tempranamente y dar un seguimiento oportuno a aquellos que lo requieran. La OMS de igual forma establece que los problemas de salud mental deben tratarse de forma integral e incorporar asesoramiento, terapia cognitiva conceptual, e incluso medicación psicotrópica cuando ésta sea conveniente. Sin embargo, en el país las posibilidades de prevención y atención de enfermedades mentales de la población en general y de los jóvenes en particular son limitadas, pues existe un déficit de servicios específicos para la atención de estos problemas, el número de especialistas en las instituciones públicas es insuficiente y los recursos destinados a programas específicos de promoción de la salud mental y atención de los psicotrastornos son mínimos.

Novena.Con relación a la iniciativa del 4 de octubre de 2011, presentada por la diputada María Cristina Díaz Salazar, se considera lo siguiente:

1. Dentro de la exposición de motivos, la promovente hace mención a que existe una brecha entre las necesidades de la población con padecimientos mentales y los servicios para atenderlas. Se ha detectado que una de cada diez personas con trastorno mental severo acude a una instancia de salud y que de estos, sólo la mitad recibe atención especializada, cifra que disminuye aún más sin la constancia del tratamiento. Es por ello que las autoridades de salud reconocen la necesidad de mejorar la calidad de la atención en los hospitales psiquiátricos y transformar su estructura haciéndola más humana y respetuosa de los derechos de los pacientes internados, para llegar a su recuperación y posterior regreso a la vida plena.

2. Históricamente, los enfermos mentales han sufrido el rechazo y la discriminación de la sociedad, la cual los ha estigmatizado y marginado. Por este motivo, es importante también sensibilizar a la población sobre la situación complicada que viven estas personas, las cuales con la atención y tratamiento adecuados podrían reinsertarse en la sociedad. Asimismo, el respeto a los derechos humanos de los enfermos mentales contribuiría a que accedieran a los servicios médicos necesarios para mejorar su situación, siendo que la salud es un derecho constitucional para todos los mexicanos.

3. Dentro de la Ley General de Salud, se mencionan algunas disposiciones generales en los artículos iniciales que pueden ir relacionados al tema de la salud mental, por lo que es necesario respaldarlos con las reformas que se plantean en la Iniciativa. Por ejemplo, el artículo 2, fracción I) menciona que el derecho a la protección de la salud tiene como finalidad el bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades. Asimismo, el artículo 3 establece que es materia de salubridad general la atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables.

4. Con respecto a la serie de reformas que se proponen en ésta iniciativa referentes a la salud mental, es necesario mencionar que son relevantes e importantes por su fin último, que es la salud mental. De esta manera, es necesario especificar algunas cuestiones en la Ley General de Salud que no se encontraban establecidas y que serán un marco para el correcto tratamiento médico de las personas que tengan algún trastorno mental, eliminar la discriminación de la que son víctimas, y posteriormente lograr su reinserción a una vida normal dentro de la sociedad.

Décima.Los integrantes de esta comisión consideran que el siguiente dictamen es viable con modificaciones debido a que los cambios que impulsen avances en materia de instalaciones, fármacos y tratamiento psicológico permitirían tener la posibilidad de recuperar la vida de los enfermos mentales. Asimismo, los tratamientos médicos permitirían la reintegración a la sociedad de un gran porcentaje de estas personas.

Por lo expuesto y para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de Comisión de Salud de la LXI Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental.

Artículo Único. Se reforman los artículos 72; 73, fracciones I, IV y actual V, que pasa a ser VIII; 74, fracciones II y III; 74 Bis, fracción I; 75, primer párrafo; 76, primer párrafo; 77, primer y segundo párrafos; y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 73 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 72.La prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento es de carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control multidisciplinario de dichos trastornos, así como otros aspectos relacionados con el diagnóstico, conservación y mejoramiento dela salud mental.

Para los efectos de esta Ley, se entiende por salud mental el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.

La atención de los trastornos mentales y del comportamiento deberá brindarse con un enfoque comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios de estos servicios.

Artículo 73.Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

I.El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad;

II.y III....

IV.Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno de la atención;

V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, que permita abatir la brecha de atención;

VI. La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental;

VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, y

VIII. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población.

Artículo 74.La atención de los trastornos mentales y del comportamiento comprende:

I....

II.La organización, operación y supervisión de  establecimientos dedicados al estudio, tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos mentales y del comportamiento, y

III.La reintegración de la persona con trastornos mentales y del comportamiento a su familia y comunidad, mediante la creación de programas sociales y asistenciales como residencias y talleres protegidos, en coordinación con otros sectores, para la debida atención de estos pacientes.

Artículo 74 Bis.La persona con trastornos mentales y del comportamiento tendrá los siguientes derechos:

I.Derecho a la mejor atención disponible en materia de salud mental y acorde con sus antecedentes culturales, lo que incluye el trato sin discriminación y con respeto a la dignidad de la persona, en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud;

II.a VIII....

Artículo 75.El internamiento de personas con trastornos mentalesy del comportamiento , como último recurso terapéutico,se ajustará a principios éticos, sociales, de respeto a los derechos humanos y a los requisitos que determine la Secretaría de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables.

...

...

...

...

Artículo 76.La Secretaría de Salud establecerá las normas oficiales mexicanas para los establecimientos que prestan atencióna las personas con trastornos mentales y del comportamiento , de la red del Sistema Nacional de Salud.

...

Artículo 77.Los padres, tutores, quienes ejercen la patria potestad o quienes ostenten la representación legal de personas con trastornos mentales y del comportamiento, serán responsables de la guardia o custodia. Las autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto con las personas con trastornos mentales y del comportamiento, procurarán la oportuna y debida atención de los mismos.

A estos efectos, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento.

...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, contará con un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para emitir las disposiciones administrativas necesarias para su aplicación.

Palacio Legislativo, a los 14 días del mes de diciembre de 2011.

La Comisión de Salud, diputados:Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala, María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Rosalina Mazari Espín, Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), secretarios; Felipe Borja Texocotitla, Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales, Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro, Delia Guerrero Coronado (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva (rúbrica), Laura Piña Olmedo, Leticia Quezada Contreras, Oralia López Hernández (rúbrica), Marcela Vieyra Alamilla.»

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: En los términos del artículo 104 de nuestro Reglamento de la Cámara de Diputados y abierta la discusión en lo general, se han inscrito para intervenir los siguientes compañeros: en primer lugar, en contra, el diputado Jaime Cárdenas Gracia; a favor, el diputado Gerardo Verver y Vargas, la diputada Gloria Trinidad Luna Ruíz y el diputado Rodrigo Reina Liceaga. Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia. El diputado Mario di Costanzo, en contra.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, señor presidente. Diputadas, diputados, esta reforma aparentemente es una reforma conveniente, porque establece modificaciones a la Ley General de Salud para establecer fórmulas y categorías jurídicas, orientadas a brindar atención en materia de enfermedades mentales; es decir, es una reforma orientada a garantizar la salud mental.

Sin embargo, es una reforma, desde mi punto de vista, del todo insuficiente; señalo que es del todo insuficiente, porque una reforma de esta naturaleza debe inscribirse, debe contextualizarse, como lo discutíamos en sesiones previas de este pleno, dentro de una visión de la salud integral de las personas.

Por otro lado, la atención de la salud mental y problemas mentales que padece un porcentaje importante de la población mexicana, no puede estar referida solamente a cuestiones vinculadas con el tratamiento psicológico o psiquiátrico; gran parte de los problemas mentales y de las enfermedades mentales en nuestro país, que padecen miles de mexicanos y de mexicanas, son consecuencia de las condiciones socioeconómicas y políticas de México.

Está demostrado científicamente que aquellas sociedades que son igualitarias, aquellas sociedades que brindan esperanza a su población, aquellas sociedades en donde se garantizan los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, son sociedades en donde las enfermedades mentales, en donde la depresión, por ejemplo y otro tipo de padecimientos mentales tienden a reducirse.

Las enfermedades mentales tienen orígenes no solamente genéticos, tienen orígenes principalmente o se producen en contextos sociales, en contextos económicos, en contextos culturales profundamente injustos, ¿cómo no va haber enfermedades mentales en un país como el nuestro, en donde tenemos la más absoluta y terrible y pésima distribución del ingreso y de la riqueza? En un país donde existe el nivel de distribución de riqueza como el nuestro, en un país en donde más de 7 millones de jóvenes no tienen acceso a la educación pública universitaria de carácter público y gratuito, en un país donde millones de mexicanos no acceden al empleo, en un país en donde no existe la movilidad social, es obvio que su población o que sectores de su población, sobre todo los sectores más afectados por la crisis económica, por la crisis social, por la desigualdad social, pues recibirán este tipo o tendrán este tipo de enfermedades mentales.

En este proyecto de decreto no encuentro ninguna norma, ningún principio, ninguna regla, ningún valor, ninguna norma jurídica que prevea o que dé respuesta al contexto social, económico y político, como causante de las enfermedades mentales.

De verdad tenemos un compromiso con la salud de nuestro país, pues una causa de los problemas de salud físicos, somáticos y mentales psicosomáticos tienen que ver con las condiciones socioculturales y socioeconómicas de México, ¿queremos resolver los problemas de salud mental? Atendamos a esas causas sociales y económicas.

Este proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud es totalmente omiso respecto al tema contextual, únicamente se concreta —y también debo decirlo— de manera limitada en los asuntos médicos vinculados a la salud mental, pero no a tratamientos intensivos, preventivos, que atiendan los problemas de las enfermedades mentales de los mexicanos; por ese motivo, por la insuficiencia del proyecto de decreto, es que votaré en contra de este dictamen. Por su atención muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra, para hablar a favor del dictamen, el diputado Gerardo Verver y Vargas.

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez:Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes a todas, buenos tardes a todos, cuando comenzamos esta Legislatura, hace ya casi tres años, uno de los primeros dictámenes que fue sometido a esta soberanía fue un dictamen relacionado con un cambio total en la política pública de la salud mental; en ese dictamen se conjuntaron más de 50 iniciativas que existían y minutas, en el cual se podía comprender y dimensionar ese tema tan trascendente y tan importante.

La salud mental en nuestro país probablemente no ha sido lo convenientemente valorada ni lo convenientemente dimensionada.

Sabemos, por cifras muy serias, que el 60 por ciento de las personas en algún momento dado han sufrido de depresión, que es una de las enfermedades mentales más cotidianas del mundo moderno. Probablemente existían desde antes, pero actualmente ya se ven, se identifican y se conocen.

Sabemos también que la salud mental no solamente depende de aspectos médicos, biológicos y psicológicos, sino también depende de antecedentes genéticos, de condiciones del entorno y de condiciones propias de vulnerabilidad de las personas.

Después de ese decreto viene este otro proyecto de decreto, en el cual se determina, en el artículo 72, una cosa bien importante, que es incorporar el concepto de diagnóstico y conservación y mejoramiento de la salud mental; si bien las condiciones del entorno son fundamentales, también las condiciones de las mismas personas pueden ser consideradas importantes.

Para los efectos de esta ley, se define la salud mental como el estado de bienestar de una persona que experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognitivo, afectivo y conductuales; en ésta última instancia, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.

La atención de los trastornos mentales —que se debe de definir así y no como enfermedades mentales— y del comportamiento, debe brindarse con un enfoque comunitario, de tal manera que a la persona no solamente los medicamentos van a ser necesarios, sino una estrategia de política integral y tratando de incorporarlo a la reinserción social.

Sabemos historias de hospitales psiquiátricos en los cuales los tratamientos son inhumanos; ha sido una lucha de todas y todos el respeto a los derechos humanos de las personas, y que paulatinamente esas personas, que desafortunadamente cursan con un problema de salud mental grave, se puedan incorporar a la vida cotidiana en ese sentido. Obviamente que en esos lugares se debe de tener el respeto irrestricto a los derechos humanos.

En el artículo 73 se incorpora el término de atención a las personas y preferentemente a los grupos en situación de vulnerabilidad; es dramático pensar que algunos hospitales de especialidades mentales se transforman en lugares de abandono de personas que nunca logran recuperar su salud mental.

La indigencia y la situación del deterioro mental va en que los familiares abandonan a los pacientes en esos lugares donde no hay la posibilidad de atenderlos y muchas veces sufren fenómenos de discriminación por los mismos trabajadores de los hospitales, dada la cotidianeidad y la persistencia de ello.

La implementación estratégica de servicios de salud mental en el sistema de salud; podría sorprenderlos la cantidad de sicólogas, sicólogos que están contratados a nivel municipal, estatal y federal, pero no existe una política pública definida para que todos jalen para el mismo lugar; no hay un modelo de atención a la salud mental, no hay una búsqueda intencionada del deterioro cognitivo, conductual de los niños y el problema de hiperactividad; no hay una búsqueda intencionada de la depresión y el problema de riesgo de adicción en los jóvenes, y no hay una búsqueda intencionada del deterioro cognitivo y la depresión en el adulto mayor.

Creo que estamos sentando bases legislativas para que el Sistema Nacional de Salud se aplique y se aplique bien; la política pública no solamente se hace con buenas intenciones, se hace con definición de acciones para que esto suceda.

Por ello personalmente, y mi fracción parlamentaria del PRD, invitamos a todas y a todos consideren votar a favor esto; estoy totalmente de acuerdo que es un remedio a una necesidad de una política integral, pero tenemos que comenzar algo en el marco de las posibilidades de cómo estamos. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Mario di Costanzo, para hablar en contra del dictamen.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Gracias, presidente. Miren, compañeros, estoy en contra del dictamen, porque esto vuelve a ser una simulación.

En la sesión anterior, ya lo señalaba, acabo de intervenir desde mi curul por el asunto de los asesores, y lo comento porque es un asunto de salud mental de los diputados, ¿cómo puede ser que a personas que nos estuvieron apoyando toda la Legislatura, ahora se les estén pichicateando contratos y sean por seis meses? Aquí está la prueba —le borro los nombres, porque si no van a correr al asesor que lo llevó—; los están obligando a hacer contratos por seis meses, cuando todos sabemos que la Legislatura acaba en agosto, y dicen que va a ser a discreción de cada legislador si su asesor va a continuar por el mes de julio y agosto.

Les pregunto, si en época de sesiones muchos no vienen, en junio y agosto, julio, ¿a quién van a encontrar en esta Cámara de Diputados? ¿Quién va a mandar la instrucción para que se les renueven sus contratos por dos meses? Les están pichicateando dos meses, esa es una cuestión de salud mental, por decirlo con palabras decentes.

Lo estamos solicitando y como ayer, hago la petición, hoy no viene el secretario general; debería de estar aquí de presidente el diputado Chuayffet, para que esté el secretario general en las sesiones, y Zamanillo, que es el encargado de las cosas administrativas, se esconde y le esconden la cabeza y nosotros no hacemos nada ni decimos nada.

¿Qué les van a decir a sus asesores ahorita que regresen, con este problema? ¿Y saben cómo contestan? Contestan obligándolos a firmar este contrato por seis meses, a más tardar el jueves, si no, se quedan sin firmar contrato.

¿Cómo podemos permitir eso y estar aquí tan campantes hablando de leyes y hablando de hacerle bien a la gente? Aquí se suben a decir discursos, que México va a cambiar con su iniciativa, que la iniciativa no sé a cuánta gente va a beneficiar, y no podemos apoyar a nuestros asesores, a los que a muchos les hicieron el punto de acuerdo que van a presentar hoy o la iniciativa que presentaron la sesión anterior, ¿a esos les quieren pichicatear dos meses?

No se vale, compañeros, no se vale que permanezcan con esa indiferencia y con esa pasividad y que se avienten la pelotita de la Mesa Directiva a la Junta de Coordinación Política y la Junta de Coordinación Política al secretario general; la salud mental empieza por el respeto a nosotros mismos, y un asunto de respeto a nosotros mismos es cuidar y abogar por la gente que nos ayuda, y esos son nuestros asesores.

Ni siquiera fuimos capaces de reintegrarles lo que están aportando al ISSSTE; terminaron ganando menos y nosotros estamos aquí sentados, cuando se puede y los que no vienen le preguntan a su asesor: oiga, ¿qué se vio en la sesión?

Por favor, es un asunto de respeto a los derechos laborales y tenemos que empezar en esta casa donde se hacen las leyes; tenemos que empezar por respetarnos a nosotros mismos y tenemos que empezar por tener la coherencia mental, si queremos sacar a este país adelante.

Le pido por favor, presidente, que llame al secretario general, que llame a Zamanillo y que nos den un informe en este momento, porque ellos no son nuestros jefes; ellos están aquí para que aquí las cosas funcionen bien. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, para hablar a favor del dictamen.

La diputada Gloria Trinidad Luna Ruíz:Con su permiso, señor presidente. El dictamen que hoy ponemos a consideración de todos los diputados y diputadas de esta LXI Legislatura, es un trabajo realizado en aras de todos los proyectos que se fueron presentando durante esta Legislatura e incluso recogiendo otras propuestas de otras legislaturas y que tiene como finalidad dar respuesta a un problema que estamos viviendo en México y que particularmente lo hemos vivido de manera más profunda en los estados, en los municipios, cuando no tenemos cómo resolver esta problemática, cuando no tenemos los lugares propios para atender los diferentes padecimientos que en salud mental se presentan.

Por ello, hoy hacemos una recopilación de todo esto, dado que cada vez tenemos más enfermedades de este tipo, que son ocasionadas por diferentes causas, como son el estrés, la depresión, los suicidios, las adicciones, los trastornos de humor y afectivos, así como la ansiedad, los trastornos obsesivo-compulsivos, alimenticios y de la conducta, entre otros.

De hecho, la modernidad conlleva diferentes fenómenos que agudizan la manifestación de este tipo de enfermedades; entre ellos podemos mencionar la urbanización acelerada y sin control, que sin duda comporta tiempos prolongados de traslado, costos económicos y estrés, dinámicas de incertidumbre y desesperanza por falta de empleo o por otras circunstancias. Todos estos son terreno fértil para la depresión, la angustia y diversos trastornos sicosomáticos.

En México, se estima que alrededor del 15 por ciento de la población del país padece algún tipo de trastorno mental; sin embargo, sólo el 2.5 por ciento de los pacientes se encuentran bajo supervisión de algún especialista.

Ello da muestra de que hasta ahora, dentro del conjunto de enfermedades que afectan a la población mexicana, las enfermedades mentales, en la práctica, no son consideradas como prioritarias y la capacidad de respuesta de las instituciones de salud para enfrentarlas es muy limitada, poniendo en riesgo a las personas, dado que estas enfermedades no son debidamente diagnosticadas o tratadas.

Por ello y ante nuestro compromiso con el respeto a la dignidad de la persona humana, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor de este dictamen, que además de instituir una definición de salud mental en concordancia con la dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), establece que en la atención de los trastornos mentales y del comportamiento deberá brindarse en un enfoque comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios de estos servicios y asimismo considera el abatimiento de su brecha de atención. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Rodrigo Reina Liceaga, para hablar a favor del dictamen.

El diputado Rodrigo Reina Liceaga:Con su permiso, señor presidente. Para el Grupo Parlamentario del PRI este decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental, en sus artículo 72, 73, fracción I, IV y artículo 74, 75, 76, 77, me parece relevante, ya que en nuestro país los resultados de la encuesta nacional detectaron que el 15 y el 18 por ciento de la población con trastornos mentales, siendo la depresión la más frecuente, tanto en hombres como mujeres, indica que aproximadamente 15 millones de personas padecen este tipo de trastorno. De ahí la relevancia, la trascendencia de que continuemos construyendo una reglamentación clara, un fundamento claro, instituciones que tengan las herramientas para tratar a este enorme número de mexicanos que necesitan de nuestra ayuda.

La detección temprana de trastornos mentales se relaciona directamente a la evolución del padecimiento, esto denota que cuando los pacientes y familiares acuden de manera temprana solicitando ayuda profesional mejora su pronóstico.

En 2004 la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud concluyeron una evaluación de los servicios de salud mental, realizada a solicitud de las autoridades nacionales de salud, que entre sus recomendaciones principales establecen la necesidad de integrar la salud mental, principalmente en el nivel primario de atención. Continúa progresivamente en opciones de hospitalización parcial y domiciliaria, previniendo redes comunitarias de apoyo a los enfermos, crear servicios de psiquiatría; en los hospitales generales sin ampliar el número de camas para internación, aunque sí mejor distribuidas.

Estas recomendaciones sirvieron para tomar la decisión de impulsar una reforma psiquiátrica que promoverá los cambios importantes en esta esfera solicitando a ambas organizaciones su cooperación técnica en este esfuerzo.

Es un dictamen que apoyaron diputados y estuvieron presentes diputados del PRI, como la diputada María Cristina Díaz, diputado Jorge Carlos Ramírez, que han sido protagonistas de los temas en salud de México y de la preocupación que tiene el PRI para darle alternativas a la gente en todos los ámbitos.

Por nuestra cuenta, decirles que el Revolucionario Institucional irá a favor de este dictamen y pedirles nos acompañen, que acompañemos a todos estos mexicanos que necesitan que les demos esa mano, les brindemos de las herramientas necesarias para ser atendidos. Por mi cuenta es tanto, señor presidente, gracias a todos.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Diputadas y diputados por la negativa. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En tal virtud, se instruye a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos que propone el dictamen.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

De viva voz:

La diputada Fátima del Sol Gómez Montero (desde la curul): A favor.

La diputada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Gracias. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se han emitido un total de 267 votos en pro, 1 en contra, 3 abstenciones.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 267 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona las fracciones III, IV, V y VI al artículo 192 Quáter de la Ley General de Salud.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones III a VI al artículo 192 Quáter de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 39 y 45 numerales 6 incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 numeral 1, 85, 157 numeral 1 fracción I y 158 numeral 1 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 1 de marzo de 2011, la diputada Caritina Sáenz Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para la Regulación de los Centros de Apoyo y Rehabilitación en Materia de Adicciones y Discapacidades.

2. Con fecha 3 de marzo de 2011, la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 184 Bis-I  a la Ley General de Salud, y suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios.

3. Con fecha 17 de marzo de 2011, la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 192 Quáter de la Ley General de Salud.

4. Con fecha 24 de marzo de 2011, el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

5. La Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dichas Iniciativas fueran turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen correspondiente.

II. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En la “Valoración del impacto presupuestal y regulatorio” se establece si dicha iniciativa tiene un impacto presupuestario.

IV. Contenido de las iniciativas

Iniciativa 1 de marzo de 2011

Crear un ordenamiento de orden público e interés social que tenga por objeto establecer las bases y procedimientos para regular la atención y operación de los Centros de Apoyo y Rehabilitación en materia de Adicciones y Discapacidades, ubicados en la República Mexicana, mismos que deberán ser registrados y autorizados por la Secretaría de Salud, así como con el reconocimiento y validez de la Secretaría de Educación Pública. Establecer que el ingreso de los individuos a los Centros será de manera voluntaria, y cuando el paciente no tenga la capacidad de decidir, su ingreso será responsabilidad de un familiar directo y avalado por una constancia médica que así lo establezca. Responsabilizar a los titulares de los centros para que garanticen: el trato digno y respetuoso de los individuos que acuden a recibir sus servicios, salvaguardando en todo momento la integridad física, psicológica y social de aquellos; la atención por personal profesional debidamente acreditado; que sean tratados bajo procedimientos debidamente acreditados ante la Secretaría; a los individuos y a sus familiares en caso de que su estado físico o mental no se los permitiera, ser informados en todo momento de la evolución y tratamiento de que sean objeto; y que deberán presentar su marco regulatorio, procedimientos de trabajo, así como la acreditación del personal responsable ante la Secretaría para el ejercicio de su operación.

Iniciativa 3 de marzo de 2011

Facultar al Consejo Nacional contra las Adicciones para dar de alta a un Grupo de Alcohólicos Anónimos. Crear un padrón de instituciones, organismos y agrupaciones denominados grupos alcohólicos anónimos que realicen actividades tales como la prevención, tratamiento, atención, internamiento y reinserción social, en materia de alcoholismo. Supervisar y otorgar el registro de dichas agrupaciones. Establecer que los grupos de alcohólicos anónimos cualesquiera que sea su forma de operar o denominación deberán contar con registro de funcionamiento. Informar sobre el costo directo o indirecto y total del tratamiento, así como su duración Explicar con detalle y claridad, tanto al usuario como al familiar responsable o representante legal, las condiciones del establecimiento, días y horarios de visita; llenar una hoja de ingreso o reingreso de cada persona. Los establecimientos que no cumplan con los requisitos, se harán acreedores a las sanciones civiles y penales en que incurran.

Iniciativa 17 de marzo de 2011

Establecer que los establecimientos especializados en adicciones que brinden atención residencial deberán contar con el aviso de funcionamiento respectivo, así como con el registro como institución especializada ante el Conadic; con un reglamento interno y un programa general de trabajo aprobado por el Conadic, en el que se contemple el tratamiento médico y/o psicosocial basado en principios científicos, sociales y éticos; con lo necesario para dar atención a los usuarios, estableciendo perfectamente la división de acuerdo con su grupo de edad y sexo; y que el personal que labore en ellos tendrá la obligación de vigilar, proteger y dar seguridad a los usuarios, mientras permanezcan en ellos.

Iniciativa 24 de marzo de 2011

Facultar a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para coordinarse en la ejecución del programa contra la famacodependencia. Facultar a la Secretaría de Salud, el Consejo de Salubridad General y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para aprobar y verificar los Centros de Rehabilitación. Establecer que los gobiernos de las entidades federativas serán responsables de verificar que los centros de rehabilitación operados por asociaciones civiles, instituciones y organismos públicos, operen de acuerdo con las normas aplicables en la materia, y en caso de que no lo hagan, los clausuren de manera inmediata y los internos serán reasignados a centros de rehabilitación acreditados. Incluir en el padrón de instituciones y organismos públicos y privados que realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de farmacodependencia, las características de sus programas de terapias, plantilla médica y laboral. Establecer que el proceso de superación de la farmacodependencia debe ser supervisado por personal médico, de enfermería, psicología y psiquiátrico, certificado por la Secretaría de Salud.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su  párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud [...] y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda.La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la rehabilitación como, en el campo del consumo de sustancias, el proceso mediante el cual una persona con un trastorno debido al consumo de sustancias alcanza un estado de salud, una función psicológica y un bienestar social óptimos. La rehabilitación tiene lugar después de la fase inicial de tratamiento (que puede requerir desintoxicación y tratamiento médico y psiquiátrico). Engloba diversas estrategias, tales como la terapia de grupos, terapias conductuales específicas para evitar la recaída, participación en un grupo de ayuda mutua, ingreso en una comunidad terapéutica o un piso protegido, formación profesional y experiencia laboral. Se espera lograr la reinserción social en la comunidad. Los centros de rehabilitación son establecimientos especializados en adicciones de carácter público, privado o social, fijos o móviles, que proporcionan servicios para la atención específica de personas con consumo perjudicial o adicción a sustancias psicotrópicas y, que en cualquier caso, operan bajo un modelo de atención profesional, de ayuda mutua o mixta.

Tercera.Dentro de la exposición de motivos, los promoventes de todas las iniciativas hacen mención a que el incremento de enfermos crónicos o adictos a las drogas y el alcohol ha propiciado la demanda y creación de los centros de rehabilitación. En México, los centros de rehabilitación, “granjas” o “anexos” para tratar a personas con adicciones operan con un débil control por parte de las autoridades. Prueba de esto es que no todos los establecimientos especializados en adicciones cuentan con un aviso de funcionamiento y no están registrados ante el Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic), como algunas agrupaciones instaladas por la Sociedad Mexicana de AA, que cuentan con anexos que operan sin apego a la norma. Asimismo, estos centros no cuentan con un programa confiable para la recuperación de las adicciones. En varios estudios realizados, se observa que estos centros se han desarrollado ante la ausencia de políticas de Estado y de opciones de rehabilitación, con marcadas características de vulnerabilidad, pobreza y abandono. En ocasiones, estos centros son fundados por grupos sin conocimientos suficientes, apoyo, ni condiciones de seguridad, ocasionando que muchos de ellos sean semilleros de delincuencia. El grave problema de estos centros es que no hay un control sobre su apertura o cierre, y es por ello que es urgente analizar las estrategias de operación para regular o impedir que abran este tipo de sitios. De aprobarse estas reformas, se dará mayor seguridad a las personas que reciben tratamiento contra las adicciones, además de que se podrá verificar que los establecimientos especializados en este padecimiento cumplan con los lineamientos establecidos.

Cuarta.La Encuesta Nacional de Adicciones reveló que en total en el país, 465 mil pacientes requieren atención especializada, 4 millones de personas requieren atención breve y el 80 por ciento de la población requiere de algún tipo de prevención universal para drogas. Por su parte, cifras del Consejo Nacional contra las Adicciones establecen que en México hay 1,730 centros de atención o rehabilitación para pacientes en internación, de los cuales sólo 450 cuentan con certificación y 200 más están en proceso de certificación; de los 1,730 establecimientos, 10 son Centros de Integración Juvenil, 20 centros estatales y 400 clínicas privadas; además de que al menos 1,300 centros fueron fundados por ex adictos, sin un protocolo y gente profesional. También, de acuerdo con estadísticas que ofrece la Asociación Alcohólicos Anónimos, en México aún operan 100 granjas que lejos de ayudar a los enfermos, los perjudican y se estima que del total de los centros de rehabilitación en México, sólo 320 cumplen con las normas mínimas de calidad.

Quinta.Algunos de estos centros de rehabilitación no son más que sitios donde se cometen todo tipo de atropellos, donde además de ser sitios clandestinos, las terapias dirigidas en estos anexos consisten en violencia física y verbal –por ejemplo, se presentan actos de mutilación, violación  y tortura, donde los internos son golpeados y maltratados con insultos–; y la alimentación es sumamente pobre. El que estas granjas funcionen sin una regulación oficial ha ocasionado que en algunas de ellas se hayan registrado homicidios causados por golpes propinados por los mismos cuidadores, que también obligan a los internos a trabajar para pagar cuotas de gastos.

Sexta.Es a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a quien corresponde dar seguimiento y verificar la forma en que operan los centros de rehabilitación, así como supervisar que no se cometan abusos en contra de las personas enfermas. En caso de que estos centros contravengan lo dispuesto, se deberán iniciar los procedimientos administrativos y penales contra quien resulte responsable. Asimismo, las autoridades locales deben verificar las autorizaciones relacionadas con el uso de suelo, supervisión de servicios mercantiles y licencias sanitarias.

Séptima.Los tratados de fiscalización internacional de drogas constituyen el fundamento jurídico de las medidas adoptadas en la matera de rehabilitación. La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, de los que México forma parte, contienen disposiciones en que se pide a los Estados Miembros de las Naciones Unidas que presten atención especial a la pronta identificación, el tratamiento, el postratamiento, la rehabilitación y la readaptación social de las personas con problemas de uso indebido de drogas y que adopten todas las medidas posibles en ese sentido. También se pide a los Estados Miembros que fomenten la formación de personal para el tratamiento, postratamiento, rehabilitación y readaptación social de quienes hagan uso indebido de drogas. Dentro de los aspectos jurídicos relativos a las esferas de acción a adoptar, destacan: la designación de la autoridad encargada del tratamiento, ética profesional, derechos y deberes de los participantes en los programas de tratamiento, normas y acreditación de los servicios, entre otras.

Octava.La Ley General de Salud hace referencia a la prestación de los servicios de salud en varios de sus artículos, los cuales se pueden utilizar como base que sustenta las modificaciones que se proponen:

Artículo 3.En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

I.La organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y de establecimientos de salud a los que se refiere el artículo 34, fracciones I, III y IV, de esta ley.

...

Artículo 6.El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:

I.Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en las acciones preventivas;

...

Artículo 23.Para los efectos de esta ley, se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.

En los tres artículos mencionados, es necesario recalcar las acciones de las autoridades para garantizar una óptima prestación de los servicios de salud, por ejemplo, su competencia en su organización, control y vigilancia; mejorar su calidad; y las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona.

Novena.Existe una Norma Oficial Mexicana, la NOM-028-SSA2-2009, Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, la cual establece que para combatir el problema de las adicciones, se debe:

“Contar con una variedad de recursos humanos especializados, técnicos y profesionales, capacitados en la orientación, asistencia y tratamiento de las adicciones, así como establecer mecanismos de coordinación entre las instituciones y programas disponibles en el país, de tal modo que se implementen estrategias, programas y acciones de investigación, prevención, tratamiento y rehabilitación, reducción del daño, normatividad, legislación, sensibilización y capacitación, para garantizar que las acciones beneficien a la población. Asimismo, para asegurar un nivel de calidad adecuado en la prestación de los servicios que permita reducir la incidencia y prevalencia del uso y abuso de sustancias psicoactivas, así como la morbilidad y mortalidad asociadas, se requiere establecer las condiciones y requisitos mínimos indispensables que regulen la prestación de los mismos.”

Asimismo, esta norma establece que:

5.2.Los establecimientos especializados en adicciones que brinden atención residencial deben contar con:

...

5.2.1.1.Contar con el aviso de funcionamiento respectivo, así como con el registro como institución especializada ante el Conadic.

5.2.1.2. Programa general de trabajo aprobado por el Conadic, en el que se contemple el tratamiento médico y/o psicosocial basado en principios científicos, sociales y éticos.

...

5.2.4.Programa de atención integral para los usuarios, mismo que habrá de comprender:

5.2.4.1.Ambiente físico apropiado, limpio y seguro,

5.2.4.2.Tratamiento médico y/o psicosocial, de acuerdo con los principios científicos, sociales y éticos aplicables,

5.2.4.3.La alimentación suministrada a los usuarios debe ser balanceada, de buen aspecto, en cantidad suficiente para una adecuada nutrición y servida en utensilios higiénicos, de acuerdo con el estado de salud del usuario,

...

5.2.4.5.El personal que labora en los establecimientos especializados en adicciones, tiene la obligación de vigilar, proteger y dar seguridad a los usuarios, mientras permanezcan en el mismo,

5.2.4.6.La relación del personal con los usuarios se basará en el respeto a su persona, a sus derechos civiles y humanos, así como a sus pertenencias.

...

Los promovente hacen mención a que los centros de rehabilitación incumplen esta Norma; por lo tanto, si ésta da pie a realizar acciones de legislación, entonces las reformas que se promueven en la Ley General de Salud irán de acuerdo con la norma.

Décima.Respecto a las modificaciones que se pretenden en todas las iniciativas mencionadas, y recogiendo la importancia y coincidencias de cada una de ellas, se considera construir una reforma concisa, ante la situación actual en el aumento de las personas que han caído en problemas de adicciones, es de suma importancia que éstas cuenten con todos los medios para lograr su franca recuperación mediante condiciones y tratamiento médico adecuados, y evitar así que recaigan en la farmacodependencia, dentro de la iniciativa del 17 de marzo de 2011, consideramos potencialmente útil adicionar las fracciones III, IV, V y VI al artículo 192 Quáter de la Ley General de Salud, relativo a los centros especializados de adicciones, incluyendo anexos, granjas y en general grupos de ayuda mutua, mismas que forman parte de la NOM-028-ssa2-2009, lo anterior en razón del nivel de obligatoriedad de su cumplimiento para garantizar que los servicios que otorguen se basen en principios generales de calidad, calidez, con respaldo científico, social y ético y de total respecto a los derechos fundamentales de la población afectada por el consumo de sustancias psicoactivas.

No obstante, resulta necesario sustituir “Conadic”  por “Cenadic” (Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones) en función del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento interior de la Secretaria de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2011, en el que se estableció la creación de esta Unidad Administrativa, misma que tiene como parte de sus atribuciones el registro de los centros de tratamiento especializados en adicciones; por lo que es parte de su competencia emitir la opinión técnica concerniente a esta iniciativa.

por otro lado las fracciones III, IV y V se consideran parcialmente necesarias, dado que en la fracción I, de este articulo 192 Quáter, se menciona la creación de un padrón, término que es sinónimo al registro, acción que llevara a cabo el hoy denominado Cenadic, a través de los Consejos Estatales contra las Adicciones CECA, con los establecimientos especializados en adicciones, así denominados en la NOM-028-SSA2-2009, en su numeral 3.21.

Por lo tanto, se propone la siguiente redacción:

III. Los establecimientos especializados en adicciones que brinden atención residencial deben contar con el registro como centro especializado ante el Centro Nacional  para la Prevención y Control de las Adicciones (Cenadic), a través de los Consejos Estatales contra las Adicciones (Cecas)

IV. Deberán contar con un reglamento interno; manual de organización y modelo de atención aprobado por el Cenadic, en el que contemple el tratamiento médico y/o psicosocial basado en principios científicos, sociales y éticos.

V. Las instalaciones deberán contar con lo necesarios para dar atención a los usuarios, estableciendo perfectamente la división de acuerdo con su grupo de edad y sexo.

VI. la relación del personal con los usuarios se basara en el respeto a su persona, a sus derechos civiles y humanos, y a sus pertenencias favoreciendo un ambiente de protección y seguridad durante su estancia.

Undécima. Esta comisión considera que esta reforma al artículo 192 Quáter de la Ley General  de Salud, es necesaria y viable debido a que se dará mayor seguridad a las personas que reciben tratamiento contra las adicciones, con atención especializada y respetando sus derechos humanos; además de que se podrá verificar que los establecimientos especializados en adicciones cumplan con los lineamientos establecidos en la NOM-028-SSA2-2009. De aprobarse las reformas que se proponen, se homologarían la norma oficial y la Ley General de Salud, dando facultades a las autoridades correspondientes, como la Comisión Nacional de Adicciones, para que regulen estos centros de rehabilitación y operen bajos los permisos y condiciones sanitarias adecuadas; provocando además la implementación de una estrategia viable para combatir el problema de las adicciones.

Por lo expuesto y para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de Comisión de Salud de la LXI Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan las fracciones  III, IV, V y VI al Artículo 192 Quáter de la Ley General de Salud

Artículo Único.Se adicionan las fracciones III, IV, V y VI al artículo 192 Quáter de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 192 Quáter....

...

I. y II. ...

III. Los establecimientos especializados en adicciones que brinden atención residencial deben contar con el registro como centro especializado ante el Centro Nacional  para la Prevención y Control de las Adicciones, a través de los Consejos Estatales Contra las Adicciones.

IV. Deberán contar con un reglamento interno, manual de organización y modelo de atención aprobado por el Centro Nacional  para la Prevención y Control de las Adicciones, en el que contemple el tratamiento médico y/o psicosocial basado en principios científicos, sociales y éticos.

V. Las instalaciones deberán contar con lo necesarios para dar atención a los usuarios, estableciendo perfectamente la división de acuerdo con su grupo de edad y sexo.

VI. la relación del personal con los usuarios se basara en el respeto a su persona, a sus derechos civiles y humanos, y a sus pertenencias favoreciendo un ambiente de protección y seguridad durante su estancia.

Transitorio

Único.El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2011.

La Comisión de Salud, diputados:Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala, María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Rosalina Mazari Espín, Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruíz(rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), secretarios; Felipe Borja Texocotitla, Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales, Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro, Delia Guerrero Coronado (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva (rúbrica), Laura Piña Olmedo, Leticia Quezada Contreras, Oralia López Hernández (rúbrica), Marcela Vieyra Alamilla.»

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Está a discusión en lo general y en lo particular.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular los siguientes diputados: para hablar en contra, el diputado Jaime Cárdenas Gracia; para hablar a favor, el diputado Gerardo Verver y Vargas, la diputada Silvia Pérez Ceballos y el diputado Rodrigo Reina Liceaga.

ORDEN DEL DIA

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Sonido en la curul donde se encuentra el diputado Fernández Noroña, por favor. ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Gracias diputado. Diputado presidente esperé a que terminara la información de la votación, y como estaba platicando aquí un tema con el diputado Gerardo del Mazo, ya se me estaba yendo el santo al cielo.

Quiero pedirle dos cosas, diputado presidente; primero, viendo la hora que es y está un tema en la agenda política que promoví, preguntar en qué momento se va a abordar. No vaya a ser que nos vayan a hacer perdidizo el tema.

Segundo. La sesión pasada que estaba presidiendo el diputado Acosta Naranjo, solicité que una comisión de diputados y diputadas de todos los partidos nos trasladáramos a la sierra Tarahumara a ver la situación real existente en este momento, los apoyos si se han recibido, cómo se ha atemperado el problema, cuáles son las necesidades que hay, para que esta soberanía pudiera ayudar.

Ya no hubo ninguna respuesta de la Junta de Coordinación Política, donde entiendo que se turnó el tema, y hoy la Junta de Coordinación Política quién sabe dónde anda; entonces, quiero solicitarle que antes de que termine la sesión pudiéramos tocar este tema.

Finalmente, el tema de las mineras. Está el tema de Caballo Blanco, ahí cerca de la termoeléctrica de Laguna Verde, que es muy delicado. Tampoco está mi compañero diputado Pompa, y quisiera que retomáramos no solamente esa concesión, la revisión de esa concesión, sino de varias minas que están generando un daño terrible al medio ambiente; contaminación, explotación voraz en diversos puntos del territorio nacional, que está dentro de ellos lo de las zonas sagradas de los pueblos coras y huicholes, está el caso de la minera San Javier.

Hay una lista larga, larga de casos delicados con el asunto de las mineras y quisiera pedir que hubiese apoyo a la comisión que preside el diputado Pompa, para que podamos presentar a la brevedad una información de cuál es esta situación en varios puntos del país, en torno a las concesiones a las mineras canadienses.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias, señor diputado. Antes de que haga uso de la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia, informo al señor diputado Fernández Noroña respecto del primer punto: nos faltan tres dictámenes, desahogado el que estamos en discusión, para poder llegar a agenda política. De acuerdo al tiempo, usted, como el resto de las diputadas y diputados sabe que son cinco horas las que debe durar la sesión.

Respecto del segundo tema, hoy por lo mañana en la reunión de la Mesa Directiva se informó del tema acerca de la instrucción que dio el señor presidente a la Secretaría General, seguramente le estarán informando del avance de la información que recibió el propio presidente Guadalupe Acosta Naranjo.

Respecto del tercer tema. Le puedo compartir que han sido escuchados por los miembros de la Junta de Coordinación Política y seguramente las siguientes sesiones en todo caso, si así lo resuelve este órgano de dirección, estará incluido en el orden del día.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Tiene la palabra el diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Este proyecto de dictamen que modifica también la Ley General de Salud, estableciendo una reforma al artículo 192 Quáter, es una reforma creo que conveniente, porque establece centros especializados de prevención y de atención de las adicciones, pero me preocupa nuevamente, parece que avanzamos un poco, pero no lo suficiente.

La mayor parte de los centros de prevención de adicción y de tratamiento de adicciones que existen en el país son centros de prevención y atención de adicciones de carácter privado, y lo que propone esta reforma es que exista un control, unos requisitos mínimos con los que deben cumplir estos centros de atención y de prevención de las adicciones, y aquí es donde creo que el sistema de salud nacional fracasa, en donde no estamos garantizando plenamente el derecho a la salud, porque los centros de prevención y de atención a las adicciones debieran ser centros preferentemente o mayoritariamente de carácter público.

Centros de atención de adicciones y de prevención de adicciones en México de carácter público existen muy pocos; el gobierno del Distrito Federal se caracteriza por tener algunos de estos centros públicos gubernamentales de atención y de prevención de adicciones.

Es decir, el tema de la atención a las adicciones en México, es un tema en donde millones de mexicanos no tienen acceso a estos centros privados de atención y de prevención a las adicciones, porque cuestan; solamente son atendidos en los centros de prevención de adicciones la clase media o la clase alta que pueden pagar el tratamiento sus familias, los tratamientos correspondientes.

Este proyecto de decreto de reforma a la Ley General de Salud lo que debería proponer y no propone, es la existencia de centros públicos sufragados con recursos presupuestales de atención y de prevención a las adicciones, para que millones de jóvenes, para que millones de personas que están sujetas o están dominadas por una adicción a las drogas o al alcohol, etcétera, pudiesen ser tratados de manera adecuada por estos centros públicos de atención y de prevención de adicciones, sin que el tratamiento de las adicciones implique, como implica ahora, una carga a las familias mexicanas, al maltrecho patrimonio de miles y de millones de familias mexicanas.

Creo que el dictamen es positivo por establecer estos mecanismos de control y de supervisión, pero es un dictamen insuficiente; en México debemos aspirar a una salud, a procedimientos, a mecanismos, a un sistema de salud integral, en donde el acceso a la salud sea público, el acceso a la salud sea gratuito, en donde cualquier mexicano por el hecho de serlo, por el hecho de ser persona pueda recibir tratamiento de salud mental, de salud física, de combate a adicciones o de tratamiento de adicciones, y no generar estas bolsas que existen en el sistema de salud nacional, en donde organismos privados lucran con la salud de millones de mexicanos.

Por eso no puedo acompañar este proyecto de dictamen, porque le falta sentido social, carece de solidaridad, de salvaguarda al principio de solidaridad, porque no promueve los centros de salud públicos para el tratamiento de las adicciones, porque no hay un compromiso serio con la garantía del derecho a la salud que está previsto en el artículo 4o. de nuestra Constitución; por eso votaré en contra de este dictamen.

No dejo de reconocer alguna de sus bondades, pero sus bondades no son suficientes y no se comprometen con el derecho a la salud como debieran comprometerse, estableciendo centros de adicciones, de tratamiento a adicciones públicos y gratuitos. Muchas gracias, compañeras diputadas, muchas gracias, compañeros diputados.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Gerardo Verver y Vargas, para hablar a favor del dictamen.

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez:Con su permiso, diputado presidente. A todas y a todos los diputados, gracias por su atención. Quiero comentarles que en nuestro país la política pública para el tema de las adicciones está equivocada, se basa en un modelo de reducción de la oferta, una criminalización del problema de las adicciones; el enfoque, diputadas y diputados de diferentes fracciones parlamentarias, lo tienen bien claro, es la reducción de la demanda.

En ese sentido, hay tres aspectos en el tema de la reducción de la demanda; el primero, es el tema relacionado de actividades universales para la mayoría de la población que tiene susceptibilidad de tener un problema de adicción. Ese tema de actividades universales es el deporte, la cultura, el entretenimiento, el desarrollo del bienestar y de la felicidad.

El segundo tema viene siendo el tema relacionado con los que tienen el riesgo de tener un problema de adicción; el 12 por ciento de la población, genéticamente trae la probabilidad de que si está en contacto con una sustancia psicoactiva pueda desarrollar la adicción. Ahí políticas públicas intencionadas de atención personalizada.

El tercer tema, es el tema de aquellos que desafortunadamente ya tienen el problema de la adicción; en México el riesgo de adicción se va duplicando, según las encuestas nacionales y lo único que nos han mostrado era que no teníamos una manera de cómo atenderlos.

Ante eso la sociedad civil anticipó a las autoridades, por eso surgieron los famosos centros de rehabilitación, los anexos, los grupos de estancia 24 horas y todas esas estrategias que probablemente son remedios y parchecitos a situaciones de inequidad y de política pública integral, pero que no podemos cerrar los ojos a que estén existiendo en nuestro país.

De ahí que el artículo 3, el artículo 192 señale en su fracción III, IV, V y VI poder implementar estrategias para poder regular esos centros.

Quiero invitarlas e invitarlos a que reflexionen sobre las historias que han conocido de personas en centros pagados o no pagados o en centros gubernamentales, del trato inhumano que reciben algunas veces las personas que desafortunadamente tienen el problema de la adicción y tienen la necesidad de estar internados en esos lugares. Existen algunos que ni siquiera sabe la autoridad que están y que están presentes.

De acuerdísimo que la política pública la debe hacer el gobierno con la instalación de ellos, pero el problema lo tenemos aquí y ya está sucediendo.

Por ello, pedimos que los centros que brindan atención residencial deban contar con un registro en la autoridad correspondiente, que acrediten un modelo de acreditación mínimo indispensable en su estructura, en sus procesos y en sus resultados, que deben tener reglamentos y manuales de procedimiento, organización, independientemente si son públicos o son privados, con el enfoque fundamental de la reinserción de las personas con problemas de adicción a la sociedad.

Las instalaciones deberán ser dignas, en donde el marco del respeto a los derechos humanos sea el punto medular y el respeto a la persona, sus derechos civiles independientemente de sus preferencias, su condición social y su filiación.

Creo que esta iniciativa, que si bien toca una parte de la Ley General de Salud, es una iniciativa que viene a resolver un problema que ya tenemos aquí. Nos esperaremos a una política pública integral y mientras cuántas personas nos dirán: interné a mi hermano, lo estaban rehabilitando y me lo regresaron muerto.

Por su atención, muchas gracias y las invito a todas y a todos que votemos a favor de este proyecto, que mete orden en esas instituciones que ya están aquí y ya está sucediendo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Señor diputado, la diputada Laura Itzel Castillo quiere formularle una moción de cuestionamiento, ¿la acepta usted?

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez: Claro.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): Muchas gracias, diputado. Es una pregunta con relación a cuál sería el impacto presupuestal, ya que dentro de la iniciativa se plantea que es necesario tomar en consideración esto debido a las adaptaciones que se tienen que hacer de los inmuebles o bien a partir de una visión mediante la cual las diferentes edificaciones pudieran tener una especialización de acuerdo a la edad, como se está considerando en el dictamen que ese presenta, ya sean adolescentes, niños, adultos mayores o discapacitados.

Esto representa evidentemente un impacto y eso está considerado dentro de la misma exposición de motivos; sin embargo, ya no está planteada una respuesta. Quisiera ver si usted pudiera ampliar esta información.

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez:Cómo no, diputada, muchas gracias por la pregunta. En el tema de las instituciones privadas el impacto presupuestal, si las condiciones no son adecuadas y convenientes, sería por parte de los que están prestando el servicio en el tema; en el tema de las instituciones públicas y privadas deberá correr por parte de las autoridades.

¿Qué hacen en algunos estados? Las autoridades municipales han adoptado centros de ello. Tendrían que responder ellos esa circunstancia.

En otra, en los estados —en algunas otras— hay instituciones mixtas y voy a poner un ejemplo. En mi estado, en Zacatecas, hay una que está en Jerez, Zacatecas, donde los servicios de salud de Zacatecas y centros de integración juvenil, participan con el financiamiento y la organización. Le puedo decir que es un modelo a seguir ese lugar que muestra condiciones dignas de decoro y de trato adecuado.

El impacto presupuestal sería por el que es el que financia el lugar. Le quiero señalar que ahorita la mayor parte de estos centros son de tipo privado.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Silvia Pérez Ceballos, para hablar a favor del dictamen.

La diputada Silvia Esther Pérez Ceballos:Con su venia, diputado presidente. Con el dictamen que hoy se pone a consideración estamos enfrentando un problema grave de salud pública, como lo es el problema de las adicciones; problema que precisamente se está volviendo un cáncer social en nuestro país.

La rehabilitación es una de las acciones de atención médica que se realizan en el Sistema Nacional de Salud con apego al derecho a la protección de la salud y sus finalidades, contenidas en la Ley General de Salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la rehabilitación como el proceso mediante el cual una persona con un trastorno debido a un consumo de sustancias, alcanza un estado de salud, una función sicológica y un bienestar social óptimos.

La Ley General de Salud establece que el Programa Contra la Farmacodependencia es materia de salubridad general y por lo tanto, materia de interés público. Asimismo establece que el derecho a la protección de salud tiene como finalidad el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y el mejoramiento de su calidad de vida humana.

De acuerdo con la encuesta nacional de adicciones 2008, indica que tan solamente en seis años hubo un aumento del 28 por ciento en el consumo de adicciones y de drogas, al pasar de 3.5 millones a 4.5 millones de personas. Asimismo se estima que casi 216 millones de adolescentes, antes de cumplir 17 años, ya habían consumido drogas.

Los legisladores del Partido Acción Nacional votaremos a favor de este decreto, por considerar que se trata de un proyecto de iniciativa de carácter integral que pone énfasis en el mejoramiento de la infraestructura, con la que hoy cuenta nuestro Sistema Nacional de Salud, para hacer frente a tan lamentable problema de salud pública.

Involucra a las principales autoridades competentes en la materia y les otorga mayores facultades para realizar sus funciones de manera efectiva y eficiente.

Sabemos que la única manera de enfrentar este problema de salud pública es motivando la participación de la comunidad, la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y poniendo mayor énfasis en el carácter clínico de la rehabilitación en aquellas personas que padecen de una adicción.

La importancia de los centros de rehabilitación es la de ofrecer la posibilidad de una vida digna a millones de adolescentes que han caído en este problema.

Los legisladores de Acción Nacional estamos convencidos de la necesidad de enfrentar con todos los recursos posibles el problema de las adicciones, pues no es desconocido para nadie que se trata de un cáncer social, que termina con la vida de miles de personas y con la salud mental de sus familias. Es cuanto, señor presidente, gracias.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada María Cristina Díaz Salazar, para hablar a favor del dictamen.

La diputada María Cristina Díaz Salazar:Gracias, presidente. Lo que estamos ahorita observando es la adición al artículo 192, relativo a los centros de rehabilitación a pacientes con adicciones.

Desde la década de los ochentas han proliferado en nuestro país los llamados grupos y anexos de internamiento terapéutico fuera de orden, manejados por particulares y otros por la Secretaría de Salud.

En cuanto a los privados o particulares y oficiales, hay mil 730 centros de atención o rehabilitación, de los cuales sólo 450 cuentan con certificación por la Secretaría de Salud; por lo que el resto trabaja sin cumplir con la norma oficial para la prevención y tratamiento contra las adicciones, consistiendo en centros de violación, tortura y maltrato.

Indudablemente no todos ellos, pero sí un número importante se encuentra, primero, sin ser certificado, no está certificado por la norma oficial e indudablemente hay atropellos a los derechos humanos.

Por lo que estamos solicitando los integrantes de esta comisión su apoyo a este dictamen para que estos centros sean registrados y vigilados, contando con los programas que apruebe la Conadic y que cuenten con el personal capacitado; esperamos, compañeros diputados, contar con su apoyo. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulte a la asamblea si el dictamen se encuentra  suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Abra la Secretaría el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El voto de la diputada Fátima del Sol Gómez Montero. No se encuentra. El voto de la diputada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga

La diputada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Ciérrese el sistema electrónico de votaciones. Señor presidente, se ha emitido un total de 273 votos en pro, 4 en contra, 0 abstenciones.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Aprobado en lo general y en lo particular por 273 votos el proyecto de decreto que adiciona las fracciones III, IV, V y VI al artículo 196 Quáter de la Ley General de Salud. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

Se acaba de recibir una comunicación de parte de la Junta de Coordinación Política. Le pido a la Secretaría dé cuenta de la misma.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Francisco Javier Salazar Sáenz cause alta como secretario en la Comisión de Relaciones Exteriores.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de febrero de 2012.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento solicitado por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Que el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña cause alta como presidente en el Grupo de Amistad México-Chile.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 13 de febrero de 2012.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Siendo aprobadas, comuníquense.

CODIGO DE COMERCIO

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 1165 del Código de Comercio.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 1165 del Código de Comercio

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 de su Reglamento, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente

“Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1165 del Código de Comercio”, presentada por el diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en fecha 4 de octubre de 2011.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 66, 68, 157 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de la Iniciativa mencionada al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados en fecha 4 de octubre de 2011, los ciudadanos secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la iniciativa con proyecto de decreto que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo. El ciudadano presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero. El legislador propone en resumen lo siguiente:

• Modificar el procedimiento preparatorio de juicio ejecutivo mercantil contenido en el artículo 1165 del Código de Comercio, que se refiere al que se utiliza cuando se tiene posesión de documentos privados con deuda líquida y plazo cumplido y se pretende demandar su cumplimiento, a efecto de (i) establecer que junto con el citatorio se deberá dejar cédula de notificación en la que se encuentre transcrita la orden judicial respectiva; y (ii) que se sancione al presunto deudor con el reconocimiento del adeudo cuando haya sido debidamente notificado de la fecha y hora en que se llevará a cabo la diligencia ordenada por el juez y no espere al actuario o ejecutor para su desarrollo.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Púbica Federal, la Comisión de Economía es competente para conocer sobre la Iniciativa con Proyecto mencionada en el exordio del presente dictamen.

Segunda. Los diputados que integran la Comisión de Economía comparten la preocupación del proponente de agilizar los procedimientos judiciales mercantiles a fin de que sus normas puedan ser efectivamente aplicadas, por lo que consideran aprobar la reforma propuesta con los cambios que se establecen en las siguientes consideraciones.

1. En efecto, el Libro Quinto del Código de Comercio contempla la regulación procesal de los juicios mercantiles y en el Capítulo X, se establecen las reglas correspondientes a los medios preparatorios de juicio, en las que se enuncian los diversos supuestos en los que es posible pedir al juez competente la realización de diligencias judiciales previas al inicio de un procedimiento jurisdiccional a efecto de que quien pretenda presentar una demanda o tema ser demandado, pueda materializar elementos de la acción que no estén completos y que van a ser necesarios durante el proceso que se vislumbra.

Asimismo, en el referido Capítulo X se contemplan, en los artículos 1162 y 1165, dos procedimientos mediante los cuales quien se ostente como acreedor pueda preparar la acción a ejercer a fin de tener acceso a la vía ejecutiva, la cual le da derecho de embargar bienes durante el proceso del juicio. Uno es, pidiendo al deudor confesión judicial bajo protesta de decir verdad respecto del adeudo, y otro, pidiendo al deudor el reconocimiento de la firma, del origen y monto del adeudo, cuando se tengan documentos de deuda líquida y plazo cumplido.

2. Es en el segundo de los procedimientos donde el diputado proponente pretende realizar modificaciones, pues actualmente el artículo 1165 del Código de Comercio solo establece que en la primera búsqueda del deudor que realice el actuario o ejecutor, en caso de no encontrarlo, dejará “citatorio”. Sin embargo, en la práctica algunos tribunales han interpretado que dicho “citatorio” solo debe contener la fecha y hora en la que se deberá esperar al actuario o ejecutor sin precisar los demás elementos materiales que motivan y fundamentan la orden judicial para el desarrollo del medio preparatorio.

Los diputados de la Comisión de Economía estiman que ese tipo de prácticas no abonan a la certidumbre jurídica que debe operar en los procedimientos jurisdiccionales mercantiles, por lo que coinciden en que el referido citatorio no debe ser uno en el que simplemente se establezca una fecha y una hora para esperar a un supuesto servidor público, sino que también se debe dejar cédula de notificación en la que se precisen todos los elementos materiales que sirvieron de fundamento al juez que conoce de la causa para ordenar el desarrollo de la diligencia; máxime si como veremos más adelante, la falta de atención al citatorio referido estará investido de consecuencias jurídicas.

3. Asimismo, se considera adecuado eliminar del dispositivo referido la parte en la que se faculta al actuario o ejecutor para que realice un máximo de cinco búsquedas, así como el que la actividad jurisdiccional no tenga consecuencias jurídicas para quien trata de evadir la acción de la justicia.

En este sentido, la propuesta de que el citatorio sea para entre las cuarenta y ocho y noventa y seis horas, en lugar de las seis y setenta y dos que actualmente señala el Código, es adecuada, pues cuarenta y ocho horas son suficientes para que el deudor pueda prepararse para esperar al actuario o en su caso dejar a un representante para que lo atienda, lo que abona a la seguridad jurídica y a cumplir con la finalidad de la norma.

4. Por otra parte, se estima acertado establecer consecuencias jurídicas para el caso de que el deudor, no obstante haber sido debidamente notificado, no espere al actuario o ejecutor para el desarrollo de la diligencia, pues debe existir un total respeto a la actividad jurisdiccional que ha sido motivada por quien siente lesionado alguno de sus derechos y es precisamente la finalidad de los procesos judiciales dirimir controversias de los particulares de forma civilizada, es decir, dentro del estado de derecho; de ahí que la actitud evasiva que algunos deudores pudieran presentar debe ser sancionada y con ello incentivar la resolución de controversias dentro del marco legal.

5. También, a fin de no permitir excesos en el cumplimiento de la norma y a fin de dar congruencia a la reforma que se plantea, es necesario eliminar la facultad que el actuario o ejecutor tiene para, sin necesidad de providencia judicial, pueda trasladarse a otros domicilios para encontrar al deudor, pues la pertinencia de dicha atribución se encontraba fundamentada en que no existían consecuencias jurídicas para el caso de que aquél no esperara al funcionario judicial.

En este sentido, si la reforma que se propone sanciona con la certeza de la deuda a quien no atienda la diligencia ordenada por la autoridad competente, entonces el apercibimiento que se realice al deudor para ese efecto y el lugar donde se deberá llevar a cabo la diligencia, debe ser sancionado por una autoridad judicial e inclusive debe establecerse la obligación para el actuario o ejecutor de cerciorarse que el domicilio es el de la persona que se pretende notificar.

6. Por lo anterior, los diputados que integran la Comisión de Economía consideran que la reforma al artículo 1165 del Código de Comercio debe quedar en los siguientes términos:

Artículo 1165. El documento privado que contenga deuda líquida y sea de plazo cumplido, permitirá al acreedor, promover medios preparatorios a juicio, exhibiendo el documento al juez a quien se le hará saber el origen del adeudo, solicitándole que ordene el reconocimiento de la firma, monto del adeudo y causa del mismo.

Para tal fin, el juez ordenará al actuario o ejecutor que se apersone en el domicilio del deudor y debidamente cerciorado de ser ése, se le requiera que bajo protesta de decir verdad, haga reconocimiento de su firma, así como del origen y monto del adeudo, y en el mismo acto se entregue cédula de notificación en que se encuentre transcrita la orden del juez, así como copia simple cotejada y sellada de la solicitud.

De no entenderse la diligencia personalmente con el deudor cuando se trate de persona física o del mandatario para pleitos y cobranzas o actos de dominio tratándose de personas morales o del representante legal, en otros casos, el actuario o ejecutor se abstendrá de hacer requerimiento alguno, y dejará citatorio y cédula de notificación en la que se transcriba la orden judicial para que ese deudor, mandatario o representante legal, lo espere para la práctica de diligencia judicial en aquellas horas que se señale en el citatorio, la que se practicará después de las cuarenta y ocho y hasta las noventa y seis horas siguientes, apercibiendo que para el caso de no atender la diligencia señalada, ya sea por sí mismo o por conducto de su mandatario o representante legal, se le tendrá por reconocida la certeza de la deuda.

Cuando fuere localizado el deudor, su mandatario o representante, e intimado dos veces rehúse contestar si es o no es suya la firma, se tendrá por reconocida, y así lo declarará el juez.

Cuando reconozca la firma, más no el origen o el monto del adeudo, el actuario o ejecutor lo prevendrá para que en el acto de la diligencia o dentro de los cinco días siguientes exhiba las pruebas documentales que acredite su contestación. De no exhibirse, el juez lo tendrá por cierto en la certeza de la deuda señalada, o por la cantidad que deje de acreditarse que no se adeuda, al igual que cuando reconozca la firma origen o monto del adeudo.

Cuando el deudor desconozca su firma se dejarán a salvo los derechos del promovente para que los haga valer en la vía y forma correspondiente pero de acreditarse la falsedad en que incurrió el deudor, se dará vista al Ministerio Público.

Lo mismo se hará con el mandatario o representante legal del deudor que actúe en la misma forma que lo señalado en el párrafo anterior.

Cuando se tenga por reconocida la firma o por cierta la certeza de la deuda, se ordenará la expedición de copias certificadas de todo lo actuado a favor del promovente y a su costa.

El actor formulará su demanda en vía ejecutiva, ante el mismo juez que conoció de los medios preparatorios acompañando la copia certificada como documento fundatorio de su acción, copias simples de éstas y demás que se requieran para traslado al demandado, y se acumularán los dos expedientes y en su caso se despachará auto de ejecución.

Cuando se despache auto de ejecución, se seguirá el juicio en la vía ejecutiva como marca la ley para los de su clase.

La resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata.

Tercero. Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Economía, se manifiestan por aprobar la iniciativa con proyecto de decreto mencionada en el exordio del presente dictamen en los términos siguientes

Decreto que reforma el artículo 1165 del Código de Comercio

Artículo Único. Se reforma el segundo y tercer párrafo del artículo 1165 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 1165. ...

Para tal fin, el juez ordenará al actuario o ejecutor que se apersone en el domicilio del deudor y debidamente cerciorado de ser ése, se le requiera que bajo protesta de decir verdad, haga reconocimiento de su firma, así como del origen y monto del adeudo, y en el mismo acto se entregue cédula de notificación en que se encuentre transcrita la orden del juez, así como copia simple cotejada y sellada de la solicitud.

De no entenderse la diligencia personalmente con el deudor cuando se trate de persona física o del mandatario para pleitos y cobranzas o actos de dominio tratándose de personas morales o del representante legal, en otros casos, el actuario o ejecutor se abstendrá de hacer requerimiento alguno, y dejará citatorio y cédula de notificación en la que se transcriba la orden judicial para que ese deudor, mandatario o representante legal, lo espere para la práctica de diligencia judicial en aquellas horas que se señale en el citatorio, la que se practicará después de las cuarenta y ocho y hasta las noventa y seis horas siguientes, apercibiendo que para el caso de no atender la diligencia señalada, ya sea por sí mismo o por conducto de su mandatario o representante legal, se le tendrá por reconocida la certeza de la deuda.

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Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de febrero de 2012.

La Comisión de Economía, diputados:Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda, Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, José Antonio Arámbula López, Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Pavel Díaz Juárez (rúbrica), Sergio Gama Dufour, Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Ramón Jiménez López, Vidal Llerenas Morales, Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez, David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Está a discusión en lo general y en lo particular.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular los siguientes diputados: para posicionar a nombre de la comisión la diputada Susana Hurtado Vallejo; para hablar en contra, los diputados Jaime Cárdenas Gracia, el diputado Gerardo Fernández Noroña, y para hablar a favor del dictamen, el diputado Vidal Llerenas Morales y el diputado Leonardo Arturo Guillén Medina. Tiene la palabra la diputada Susana Hurtado Vallejo.

La diputada Susana Hurtado Vallejo:Con su permiso, señor presidente. Es el posicionamiento de la iniciativa para que mejore el procedimiento preparatorio del juicio ejecutivo mercantil, cuando se tienen documentos de deuda líquida y plazo cumplido.

Estimados compañeros y compañeras diputadas, como ya se ha expresado en otras ocasiones, gran parte de la actividad judicial de los tribunales del país se concentra en resolver contiendas de carácter mercantil. Lo anterior se explica por el tamaño de la actividad económica que caracteriza nuestros mercados y que dicho sea de paso, demanda procedimientos jurisdiccionales rápidos, de bajo costo, que den certidumbre jurídica y que eleven la competitividad del país.

El dictamen que hoy se presenta a consideración de este pleno tiene la finalidad de modificar uno de los procedimientos establecidos en el Código de Comercio para preparar juicios ejecutivos, estableciendo sanciones para los deudores de medianas actitudes, evasivas que obstruyen y retrasan la impartición de justicia.

Con esta forma se obliga a que el procedimiento preparatorio en el que se tiene un documento primario de deuda líquida y plazo cumplido; el actuario, una vez que se haya cerciorado del domicilio del deudor le deje el citatorio con la transcripción de la orden judicial para que dentro de 48 y 96 horas siguientes lo espere para el reconocimiento de la firma, objeto de monto, del adeudo, apercibiéndolo de que no atender la diligencia por sí mismo o por medio del representante, se le tendrá por reconocida la certeza de la deuda.

De esta manera se permite que los acreedores puedan tener acceso a la vía ejecutiva mercantil sin el deudor que reconoce el adeudo, y además, desincentiva que el deudor realice acciones evasivas, ante el temor de que se le tenga por reconocido el adeudo y con ello que el acreedor pueda embargar bienes al momento de iniciar el juicio.

Con esta reforma se impulsa la eficiencia de los procedimientos judiciales mercantiles, se les da sentido a una norma, que prácticamente es letra muerta y se permite que los acreedores puedan tener acceso a la vía ejecutiva mercantil, con lo que se podrá reducir el plazo y el costo que actualmente conlleva la recuperación de los créditos.

Por lo anterior, los invito a votar a favor de la reforma que se pretende. Es tanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias, diputada. En contra, tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Éste es un asunto para nosotros de principio, y por eso pedimos que nos apuntaran en la lista de oradores para votar en contra de este dictamen.

¿Qué nos preocupa? Sabemos que el derecho privado, el derecho civil, el derecho mercantil, históricamente son derechos, producto de la Revolución Francesa, son por supuesto expresiones jurídicas del ascenso de la clase burguesa al poder económico y al poder político en la Francia posrevolucionaria y desde luego, la influencia que los códigos, tanto el Código Civil Napoleónico, como los códigos de comercio, tuvieron en los países de Europa y de América Latina.

El derecho privado es esencialmente un derecho burgués; es un derecho que tutela los intereses de las clases económicamente dominantes en detrimento de las clases dominadas; no es un derecho que esté orientado con una visión social, por ejemplo, como el derecho del trabajo o el derecho agrario.

Entonces, partiendo de ése supuesto histórico de que se trata del derecho de la burguesía, es evidente que los juicios ejecutivo-mercantiles corresponden a esta orientación ideológico-jurídica.

Los juicios ejecutivos, los juicios hipotecarios, en general, los juicios especiales, son juicios en donde se favorece el derecho del acreedor en detrimento de los derechos de los deudores, y los deudores suelen ser las clases sociales oprimidas, las clases sociales marginadas, las clases sociales que recurren al crédito.

En esta propuesta de reforma, en materia de notificaciones, nos preocupa mucho la parte final del segundo párrafo del artículo 1165 del Código de Comercio, que establece que si no se atiende la diligencia señalada, ya sea por sí mismo o por conducto de su mandatario o representante legal, se tendrá por reconocida la certeza de la deuda.

Los que somos abogados sabemos que los títulos ejecutivos tienen esta característica, pero a pesar de que lo asumimos así, sabemos también que no se puede tener por cierta una deuda desde el punto de vista constitucional, porque se viola el principio de ser oído y vencido en juicio.

¿Cómo se va a tener por cierta una deuda, cuando apenas está iniciándose el procedimiento legal, cuando se está iniciando apenas el proceso jurídico correspondiente? Para que se tenga por cierta una deuda es necesario procesalmente, desde el punto de las garantías de seguridad jurídica, previstas en el artículo 14 y 16 constitucionales, que una persona sea oída, sea vencida en juicio.

Aquí, sin darle derecho de defensa al deudor, simplemente por tratarse de un título ejecutivo, al hacer el requerimiento y al hacer el apercibimiento en la notificación se tiene por reconocida la certeza de la deuda.

Desde mi punto de vista, desde el punto de vista constitucional de los derechos humanos, se violan las garantías de seguridad jurídica, se viola el derecho de defensa de los deudores; se está violando el principio jurídico de que una persona no es culpable hasta que sea vencida en el juicio respectivo y hayan concluido todas las etapas procesales. Cómo podemos tener por cierta la deuda, cuando apenas el juicio y el proceso van a empezar.

Entonces, por estos motivos de carácter constitucional, que tienen que ver con los derechos humanos y partiendo del reconocimiento histórico de que el derecho de comercio y el derecho civil son derecho de la burguesía, diseñados institucional y jurídicamente para proteger a la clase jurídica de los acreedores, en detrimento de los deudores, es que nuestro voto, por lo menos el mío y estoy seguro de otros compañeros de mi grupo parlamentario, será en contra, y del Partido de la Revolución Democrática, serán en contra de este dictamen. Por su atención, muchas gracias compañeros.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra, para hablar en pro del dictamen, el diputado Leonardo Arturo Guillén.

El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina:Gracias, diputado presidente. Respeto los comentarios que se han vertido aquí en contra del dictamen, que celebramos se hayan emitido de manera favorable por la Comisión de Economía.

Hay que valorar no solamente los principios que dice aquí el diputado que nos antecedió, que efectivamente a la luz de ese razonamiento, de esa interpretación, podría tener un cauce si nada más lo limitamos al tema de preocuparnos por la seguridad jurídica, si no le damos una reflexión completa al tema que está en discusión.

¿Cuál es el tema que está en discusión? Que aquí en el Congreso, en la Cámara de Diputados tenemos que buscar mecanismos que hagan más ágiles los procedimientos de impartición de justicia; es decir, lo único que se está proponiendo, es que en los que en los medios preparatorios a juicio se pueda incluir ese apercibimiento de que se tenga por cierta la deuda si no se atienden.

La realidad, diputado, así como sucede en muchos de los juicios, es que algunos abogados son de buen proceder, como no lo dudo que usted, pero hay muchos abogados que aplican las prácticas chicaneras y las prácticas chicaneras en pocas palabras es que hacen trabajar a la autoridad judicial el triple o el cuádruple de lo que debería de ser, y eso afecta no solamente al juicio que se esté pretendiendo iniciar con los medios preparatorios, sino que afecta los juicios que en un juzgado se están llevando y afecta una pronta expedición de la justicia.

Eso es lo que se está procurando con esta reforma, compañeros diputados, que se le dé celeridad a los procedimientos y que no sea por prácticas evasivas y dilatorias el que no se pueda dar continuidad y resolver los juicios mercantiles, ya será posibilidad, tanto del deudor atender a esas diligencias de los medios preparatorios y también posibilidad del acreedor irse, tanto en la vía ordinaria mercantil, que es el supuesto actual, o también elegir la vía ejecutiva mercantil; de eso se trata, de hacer más pronto la impartición de justicia en nuestro país.

Quiero cerrar como comentario, que hablando de abogados, esta propuesta en principio fue reflexionada con la barra mexicana de abogados; es decir, a ellos como litigantes y que en el día a día viven esto, pues son situaciones que entorpecen, tanto el ejercicio diario de la profesión de la licenciatura en derecho como también la carga de trabajo que se acumula en los juzgados civiles y mercantiles. Por su atención, muchas gracias; esperamos su voto favorable. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias, señor diputado. El último orador, para hablar en contra, es el diputado Gerardo Fernández Noroña, antes se le concede el uso de la palabra al diputado Jaime Cárdenas Gracia, desde su curul, hasta por tres minutos, en los términos del artículo 114 y 120 de nuestro Reglamento.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, señor presidente. Sí, simplemente señalar que entiendo los procedimientos dilatorios o chicaneros que pueda haber en un proceso o procedimiento de esta naturaleza, pero mi crítica era de fondo, mi crítica era demostrar cómo el derecho privado, no solamente en nuestro país, sino casi en el mundo entero, en los sistemas jurídicos que son de nuestra familia jurídico romana, germánica, continental, cómo son procedimientos diseñados para beneficiar siempre a los acreedores en detrimento de los deudores, y cómo sería importantísimo que en México construyésemos y diseñemos un nuevo derecho civil, un nuevo derecho mercantil elaborado y orientado bajo principios de equidad entre acreedor y deudor.

Por el momento, el derecho mercantil mexicano y el derecho civil mexicano no están diseñados desde principios de equidad, están diseñados para atender los privilegios, los intereses del acreedor, siempre con afectación al deudor.

Ése es el motivo, señor presidente, compañeros diputados, compañeras diputadas, de mi inconformidad con este dictamen.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Fernández Noroña, hasta por cinco minutos.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Gracias, diputado presidente. A ver, compañeros diputados, compañeras diputadas, aquí sí les pediría que no aprobáramos este dictamen, porque hay una muy añeja deuda con el pueblo en esta materia.

El azote de la gente pobre es la usura; muchísima gente no tiene acceso a los sistemas financieros formales y son, todo el tiempo, atendidos por los usureros, que les ponen condiciones verdaderamente brutales.

Son ellos los que recurren a prácticas chicaneras de ir a notificar sin notificar, de sobornar a la autoridad judicial y de despojar a la gente de su patrimonio, que con mucho esfuerzo realiza.

Cualquiera de nosotros conoce cualquier cantidad de atropellos y abusos que gente del pueblo ha sufrido por la usura, y darle ahora la ventaja adicional de que al notificarle, si no está reconoce la deuda, es una verdadera arbitrariedad.

La gente debe ser, como aquí lo ha planteado el diputado Jaime Cárdenas, vencida en un juicio, un juicio que de entrada le es desfavorable; ya no digamos con la banca, donde todos los contratos son de adhesión y el deudor no tiene ninguna posibilidad de cambiarle una sola coma al contrato que establece el crédito y sus condiciones, y las renegociaciones, y las reestructuraciones y todos estos abusos y atropellos, que conozco de manera puntual y perfecta.

Se olvida que en este país ha habido guerras por el problema de las deudas entre particulares; se olvida que uno de los motivos fundamentales de la separación de la Iglesia y del Estado fue el carácter brutalmente usurario que tenía la jerarquía católica en contra del pueblo de México, y se olvida la crisis del 94 que vivimos, donde gente de los más diversos niveles, no sólo gente pobre, se enfrentó a abusos y atropellos brutales de la banca, que en vez de irse resolviendo ha sido entregada en su totalidad al capital extranjero.

Hemos pasado de una banca nacional, de una banca del Estado mexicano, inclusive, que no permitía ninguna inversión de capital extranjero, a una banca que es subsidiada con dinero del pueblo y que pertenece absolutamente al capital extranjero y que los deudores no tienen ninguna posibilidad de defensa, porque ni siquiera se creó, como lo exigíamos en su momento, los diferentes movimientos que convergíamos en el Barzón, en una procuraduría de defensa del deudor, sino se creó la Condusef que no es ni chicha ni limonada y no sirve absolutamente para nada.

Entonces, plantear que la simple notificación es reconocimiento ante la ausencia del deudor, de deuda, hará que el usurero compre al notificador, diga que hizo la notificación, que no estuvo el deudor y que por lo tanto, está reconocida la deuda.

Es un despropósito, es violar el derecho y la garantía constitucional de ser escuchado en la defensa, es ahorrarle el despojo a quien viene despojando al pueblo de México de manera habitual y cotidiana, lamentablemente.

La gran deuda que tenemos con la mayoría de la gente que se enfrenta a estos atropellos y arbitrariedades no la hemos saldado, y sí en cambio, como aquí lo planteó con su estilo Jaime Cárdenas, se siguen dando instrumentos y herramientas para que sean beneficiados los usureros; a las cosas por su nombre.

La banca recurre también a prácticas usureras, la banca recurre también a prácticas arbitrarias en contra de la gente y el pueblo sigue sin ningún instrumento de defensa y se sigue avanzando en el sentido contrario.

De verdad, compañeros diputados y compañeras diputadas, quería que se agilizara la discusión, porque está el tema de la seguridad social, que está desmantelando el gobierno usurpador y quería que se tocara. No veo ya que vaya a haber condiciones para ello; sin embargo, en este punto me pareció muy importante no dejar pasar mi planteamiento, mi petición de que no hagamos más desventajosas aún la situación de quien recurre a un préstamo.

Sobre todo pensemos que estamos hablando en este punto, además específico de la usura, estamos hablando de una práctica que formalmente está prohibida, pero que está arraigada, enraizada en todo el territorio nacional. Les pido que en este caso no aprobemos esta reforma, que sería totalmente lesiva a los intereses de la mayoría de la población. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Señor diputado, la diputada Susana Hurtado quiere formularle una moción de cuestionamiento, ¿la acepta usted?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:¿Una moción de pregunta? Sí, si eso es pregunta, con mucho gusto.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Adelante, diputada Susana Hurtado.

La diputada Susana Hurtado Vallejo(desde la curul): Sí, diputado. Usted dice que sería netamente, si le hiciera esta modificación a la ley, un tema netamente usurero. Le hago una pregunta, ¿cómo se podría resolver la situación de los micros y pequeñas empresas, cuando en su momento lo único que tienen ellos es una factura firmada, no como los grandes monopolios, que en su momento si hablamos de un Elektra, que cuando van y solicitan o tienen un adeudo se firma un pagaré y automáticamente pueden entrar al juicio mercantil?

En el caso de los bancos hay contratos y en ese momento automáticamente puede entrar el juicio mercantil; en el caso de la gente micro, si estamos hablando de la gente más humilde, las micros y pequeñas empresas, que su único documento que tienen es una factura firmada por ellos, y en el momento que ven que también hay gente que está usurando y está afectando también a los pequeños propietarios que quieren de alguna forma salir adelante con este tema, donde no se pueden dar por enterados o notificados, ¿cómo se podría resolver este tema, según usted, que dice que vienen afectando a la gente más fregada?

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Concluya la oradora, por favor.

La diputada Susana Hurtado Vallejo (desde la curul): Si nos puede comentar.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Adelante, señor diputado, hasta por tres minutos.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Muchas gracias, guapa y bien intencionada compañera. Le respondo con mucha puntualidad; lo que aquí se pretende no es lo que usted pone en el cuestionamiento, de cómo hacer válido un documento de ese tipo como deuda, sino lo que aquí se pretende es que una notificación, estando ausente el deudor, sea el reconocimiento explícito de la deuda por parte del deudor. Son dos cosas totalmente diferentes.

Creo que nosotros tendríamos que hacer un esfuerzo por evitar que casos como los que usted menciona se queden en estado de indefensión y que sean válidos como documentos reclamables este tipo de documentos. Pero eso no tiene que ver con la propuesta que está planteándose en esta iniciativa.

Esta iniciativa puntualmente plantea que el deudor que esté evadiendo el compromiso contraído en el momento, pero la manera que dicen que está evadiendo, es la notificación.

Sabemos cómo actúan los tribunales, que hacen notificaciones sin hacerlas, que se prestan a cualquier tipo de tropelía. La verdad es que vivimos un estado de impunidad y de deterioro bárbaro de la impartición de justicia; vivimos el mundo al revés.

Lo que ustedes están planteando en esta reforma es esto que estamos comentando; por eso es que tanto el diputado Jaime Cárdenas como un servidor, hemos subido a la tribuna a pedir que no se apruebe. Si se quita esta parte que está comentándose por nosotros, nosotros no tendríamos ninguna objeción al planteamiento que se está presentando.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias, señor diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias, compañera secretaria. Sonido a la curul donde se encuentra el diputado Vidal Llerenas.

El diputado Vidal Llerenas Morales(desde la curul): Creo que lo más sano en esta discusión, en donde quedan todavía por esclarecerse temas sobre que esta notificación se da solamente en documentos en firme, es decir facturas, etcétera, creo que es una discusión que valdría la pena que se diera en el seno de la Comisión de Economía.

Que regresara este dictamen a la Comisión de Economía; que las inquietudes que hay por parte de los compañeros se pudieran discutir ahí y ver la posibilidad que en la comisión se hicieran los cambios o no correspondientes.

Me parece que el espíritu de la reforma pudiera ser positivo y por lo tanto, valdría la pena que en la comisión se pudiera discutir.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. El diputado Leonardo Guillén había solicitado la palabra, en primer lugar, para hacer una pregunta; en los términos de nuestro Reglamento no procede la pregunta cuando se está dando respuesta a una pregunta.

La rectificación de hechos solamente se puede solicitar cuando el orador está haciendo uso de la palabra en una primera intervención, cuando está en discusión, no cuando se está dando respuesta a una moción de cuestionamiento.

En relación a lo que plantea el diputado Vidal Llerenas, le voy a pedir a la Secretaría  que dé lectura al artículo 107 de nuestro Reglamento de la Cámara de Diputados, para enmarcar el planteamiento que ha hecho el diputado Vidal Llerenas y en seguida, concederé el uso de la palabra.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos:Artículo 107.

1. Cuando un dictamen no se apruebe en lo general, el presidente consultará al pleno, en votación económica, si el proyecto de devuelve a la comisión. Si la resolución fuese afirmativa, se devolverá a la comisión para que elabore un nuevo dictamen. Si fuese negativa, se tendrá por desechado.

2. Las comisiones a las que el pleno devuelva el dictamen para elaboración de uno nuevo, dispondrán de 20 días para presentarlo nuevamente. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. Ha solicitado la palabra tanto el diputado Guillén como el diputado García Granados. Vamos a escuchar a los dos oradores y en seguida con mucho gusto. El diputado Guillén, por favor, después el diputado García Granados y después la diputada Susana Hurtado.

El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina(desde la curul): Gracias, diputado presidente. En primer lugar, creo que no nos pusimos de acuerdo usted y yo, que no vio que levanté la mano en el momento que estaba interviniendo el orador y ni siquiera era preguntar; entonces, le diría, por favor, que no afirme cosas que no existieron.

Segunda, es una cuestión de rectificación de la información, es una cuestión de aclaración. Quienes están en la Comisión de Economía lo dijeron en principio, en el tema del dictamen, actualmente el Código de Comercio establece que después de la quinta visita que se realice y no se atiende, es cuando eso se devuelven los documentos originales y se va a la vía ordinaria.

¿Cuál es el tema ahorita? Que se aperciba que de no atenderse la diligencia se da por cierto esa deuda.

Lo que se procura, diputado presidente —es el comentario que habría que hacer, porque se estaban dando datos que no corresponden a la realidad—, es informarle al deudor que si no atiende las diligencias, se le va a dar por cierto que tiene ese adeudo, pero un apercibimiento.

Actualmente la ley, insisto, establece que tiene cinco visitas y después se da un procedimiento ordinario. Era hacer esa corrección, diputado, nada más para que lo tengan en cuenta los compañeros diputados y tomen su decisión. Gracias.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Entiendo su exposición por ser el promovente de la iniciativa, pero confío plenamente en lo que me auxilia el vicepresidente y su intervención fue calificada por él en esos términos. Tiene la palabra el diputado García Granados.

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Gracias, presidente. A ver, en primer lugar creo que hubo una falsa apreciación por parte de la Secretaría al momento de la votación; cuando se preguntó si estaba suficientemente discutido, la gran mayoría de esta asamblea determinó que no estaba suficientemente discutido. Sin embargo, la Secretaría determinó que sí, que fue por la afirmativa.

Pero por otro lado, sí quisiera con franqueza decir que me preocupa y gravemente, el hecho de que estemos dejando en un estado de indefensión, por sacar adelante en forma expedita, los juicios preparatorios.

Muy concreto: aquí se establece en la reforma que si la diligencia se lleva a cabo con la ausencia del deudor o del represente legal, en caso de ser una persona moral, se tenga que dejar un citatorio en el cual se establezca un parámetro de entre 48 horas y 96 horas para que el deudor o su representante legal, en caso de ser una persona moral, se encuentre presente.

Pero lo que sí es grave —como bien lo señalaba Cárdenas Gracia y el diputado Fernández Noroña—, es que si por alguna causa no imputable al deudor no se encuentra presente al momento de la diligencia, se dé por reconocida la certeza de la deuda. Me parece que ahí estamos incurriendo en un gravísimo error.

Recomiendo, con toda profundidad, que esto se siga discutiendo, como fue la decisión de esta asamblea, o dos, que se regrese a comisión para que se siga analizando, porque no podemos darnos el lujo de pegarle una puñalada trapera a una gran cantidad de mexicanos, que se han visto envueltos en la insolvencia y que fundamentalmente se fortalezca el espíritu de la banca o de la usura.

Creo sinceramente que tenemos que dar marcha atrás y devolver esto a comisión o que se siga discutiendo, como fue la decisión que observé de la mayoría de este recinto.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. Señor diputado García Granados, justamente por lo que expresa usted y seguramente algunos otros compañeros percibieron de la votación de si estaba suficientemente discutido, esta Presidencia no se ha pronunciado al respecto.

En este momento me pidieron la palabra y es lo que estamos agotando; no ha habido ningún pronunciamiento en el sentido de si está suficientemente discutido. Tiene la palabra la diputada Susana Hurtado.

La diputada Susana Hurtado Vallejo(desde la curul): Señor presidente, en cuestión de que todavía no se declara para que se vote, como integrante de la comisión pido que se baje para que se analice en la misma comisión, en los términos que se requiere y que no entre en polémica la propia redacción; que se regrese a comisión para que se haga una discusión propia en la comisión y posteriormente poderla subir.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. El diputado Pablo Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): A ver, presidente, creo que tenemos todos el acuerdo de que se regrese a la comisión; procedimentalmente no se puede hacer lo que se está pidiendo, tenemos que cumplir con el Reglamento.

Lo que procede ahorita es, con fundamento en el 107, que todos votemos en contra por tablero; una vez votado en tablero, usted nos pregunta a la asamblea, de manera económica, si estamos de acuerdo en que regrese a la Comisión, ahí votamos nosotros que sí y se regresa a la comisión. Ése es el canal jurídico para hacerlo.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. Esta Presidencia, como una moción de ilustración, después de la intervención del diputado Vidal Llerenas, solicitó y se dio lectura por parte de la Secretaría al artículo 107, que es lo que realmente puede obsequiar los deseos de varios integrantes de esta comisión y de quienes han hecho uso de la palabra.

Para que nos quede a todos claro la forma de proceder respeto a las últimas expresiones, nuevamente la Secretaría va a dar lectura al artículo 107 de nuestro Reglamento y enseguida le daremos el uso de la palabra al diputado Carlos Flores Rico.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Artículo 107.

1. Cuando un dictamen no se apruebe en lo general, el Presidente consultará al pleno, en votación económica, si el proyecto se devuelve a la comisión. Si la resolución fuese afirmativa, se devolverá a la comisión para que elabore un nuevo dictamen; si fuese negativa, se tendrá por desechado.

2. Las comisiones a las que el Pleno devuelva el dictamen para elaboración de uno nuevo, dispondrán de ocho días hábiles para presentarlo nuevamente. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. Sonido en la curul del diputado Carlos Flores Rico y enseguida, el diputado Alejandro Encinas.

El diputado Carlos Flores Rico(desde la curul): Señor presidente, la solicitud es —como usted puede observar— que hay una inquietud con este dictamen ni queremos ni detenerla ni aprobarla; entonces lo que queremos, de acuerdo con usted, sería lo siguiente: que nos permita rectificar la votación en donde se determinó que estaba suficientemente discutido; si se rectifica esa votación, queda abierta nuevamente la votación y ahí le pediríamos entonces que se regrese a comisión.

Lo que requerimos de usted es que nos acepte la rectificación de la votación que se acaba de desarrollar, en la que se determinó que estaba suficientemente discutida, sin que esté —como lo estamos viendo— en este propio recinto.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Sonido en la curul del diputado Encinas, por favor.

El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez(desde la curul): A ver si esto resuelve esta discusión. Creo que bien el presidente tiene atribuciones para declarar un receso en la discusión de este dictamen y continuar con la sesión y quitar el receso, una vez que tengamos el acuerdo para votar el dictamen.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: En la sesión del pasado martes lo que se resolvió, lo que permitió resolver un diferendo semejante al que estamos abordando en este momento fue dar un tiempo a que la comisión se reuniera tras banderas y mientras, nos permitiera continuar con el orden del día; si el presidente de la comisión y los miembros de la misma atienden esta solicitud de la Presidencia podrían intentar revisar su dictamen para que antes de que se levante la sesión podernos pronunciar sobre el particular y lo haré, en su caso, preguntando de nueva cuenta si está suficientemente discutido donde hubo duda.

Entonces, solicito al presidente de la Comisión de Economía, al diputado Ildefonso Guajardo...

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Un momento, diputado Di Costanzo.

A los miembros de la Comisión de Economía, si se encuentran, pudieran dialogar e informar a la Presidencia y al pleno el acuerdo al que pudiesen llegar. Sonido en la curul del diputado Di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): A ver, presidente, coincido con lo que dice el diputado Escudero; si ya la ley y el Reglamento marcan un procedimiento, que está claramente definido en el artículo 107, me parece que es y es muy sencillo, se vota ahorita este dictamen, se vota en sentido negativo, al terminar la votación usted pregunta si se regresa a comisiones y se regresa a comisiones y tienen creo que 20 días para volver a presentar el dictamen.

De otra manera, lo que vamos a hacer o a provocar es una junta o es una sesión de comisión precipitada tras banderas, a legislar sobre las rodillas, a inventar párrafos y nos va a salir mal.

Creo que es mejor que regrese y que nos tomemos el tiempo para que en comisión se discuta; es un asunto muy delicado, muy delicado el tema de los deudores en este país.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Gracias, diputado Di Costanzo. Están los dos supuestos, como dije, no se ha pronunciado la Presidencia si está suficientemente discutido, se requiere volverle a consultar al pleno.

En tal virtud...

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Por...

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: No, permítame la Secretaría. Vamos a continuar con el siguiente punto del orden del día, que es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona...

A ver, para claridad del pleno; se tomó una votación si estaba suficientemente discutido, pero a juicio de esta Presidencia —y advierto que de la mayoría de los diputados aquí presentes— no hubo una claridad en lo que expresó la Secretaría.

Requeriríamos volver a tomar la votación si se encuentra suficientemente discutido, ése es un camino, y el otro, en los términos del artículo 107, que se ha dado lectura. Eso es lo que procedería.

Estábamos consultando si los miembros de la Comisión de Economía se encuentran presentes para poder intentar el mecanismo que nos permitió resolver un diferido semejante la semana anterior. Al no encontrarse, esta Presidencia ahorita se va a pronunciar de cuál va a ser la forma de resolver la duda que se tiene por parte de algunos en el pleno.

El diputado Carlos Flores Rico(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: El diputado Flores Rico, nuevamente, por favor.

El diputado Carlos Flores Rico(desde la curul): Gracias, presidente, simplemente para ilustrar a la asamblea. Le quiero compartir que este grupo parlamentario ha concluido, que estamos de acuerdo en que se lleve a cabo la votación, a efecto de que podamos abstenernos nosotros y darle opción, con vistas al 107, de que se regrese a la Comisión dicho dictamen, sin que esté calificado.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. Lo que procede, y le instruyo a la Secretaría, consulte al pleno si se encuentra suficientemente discutido el dictamen.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. Suficientemente discutido. En tal virtud, abra la Secretaría el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general, del dictamen.

(Votación)

LUIS MANUEL MARTINEZ ESTRADA

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Sonido en la curul de la diputada Espinosa Morales.

La diputada Olga Luz Espinosa Morales(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Solamente para solicitar a usted si terminando esta votación podríamos guardar un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del maestro Luis Manuel Martínez Estrada.

El maestro Luis Manuel Martínez Estrada fue un catedrático de la Universidad Autónoma de Chiapas, que ha sido un ejemplo de rectitud, honorabilidad, hombre de gran trayectoria académica en la Universidad Autónoma de Chiapas, que siempre expresó sus ideas, promotor del diálogo y la concertación.

Además, se ha caracterizado por ser un luchador incansable por la erradicación del porrismo de la UNACH y ha recibido cientos de premios por sus cátedras en derecho y a quien la UNACH le debe el lugar que ocupa hoy a nivel nacional. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. Esta Presidencia, después de haberlo consultado con los integrantes de la Mesa Directiva, los señores vicepresidentes, lo obsequiará al término de dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

CODIGO DE COMERCIO

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: De viva voz, el sentido del voto de la diputada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.

La diputada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga (desde la curul): Abstención.

La diputada Fátima del Sol Gómez Montero(desde la curul): Abstención.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente...

RECESO

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández(a las 15:52 horas): En términos del artículo 46 de nuestro Reglamento de la Cámara de Diputados, en virtud de que no se ha logrado el quórum en esta votación, se declara un receso de hasta por cinco minutos, para ver si logramos el quórum.

(Receso)

LUIS MANUEL MARTINEZ ESTRADA

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Entre tanto, vamos a obsequiar la solicitud de la diputada Espinosa Morales, de guardar un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del maestro Luis Manuel Martínez Estrada.

(Minuto de silencio)

CODIGO DE COMERCIO

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández(a las 15:57 horas): Se reanuda la sesión, solicitándole a la Secretaría abra el sistema electrónico, hasta por tres minutos, para proceder a la votación en lo general.

En tanto transcurre el tiempo, se le concede el uso de la palabra al diputado Di Costanzo, en primer término.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general del dictamen.

(Votación)

CAMARA DE DIPUTADOS

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente, dado que ya está con nosotros el secretario general, quisiera ver... Presidente, hágame caso, no sea así. Dado que ya está el secretario general con nosotros, quisiera ver si ya le dio algún informe del asunto de los asesores o va a pasar como siempre, que nadie contesta, hacemos como que hacemos.

Ya llegó, estuvo toda la mañana fuera, pero a ver si ya nos puede dar un informe; al que no veo es a Zamanillo, a lo mejor nos va a decir que necesita a Zamanillo, pero tenemos que salir de aquí con una resolución del tema de los asesores, presidente.

TRABAJOS LEGISLATIVOS

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Sonido en la curul del diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Tengo una duda respecto a la interpretación del Reglamento. ¿Qué ocurriría si nuevamente no hay quórum, presidente, en el sistema de votación? ¿Qué pasaría respecto a las iniciativas que están agendadas y donde no hemos tenido oportunidad de solicitar, los diputados y las diputadas, con fundamento en el artículo 102, párrafo tercero, que se reagenden para la próxima sesión?

¿Será posible que lo solicitemos y que sea atendida nuestra petición, para que estas iniciativas sean reagendadas? Porque cuando se determinó que no había quórum, no sabíamos que estaba a punto de concluir la sesión, presidente; entonces, ¿qué ocurre con nuestras iniciativas? ¿Van a ser reagendadas o no?

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Sonido en la curul del diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Fernández Noroña(desde la curul): Exacto. En el mismo sentido; la agenda política no se reprograma para la próxima sesión, sino tiene que, otra vez, pasar por el matiz de los mandarines, entonces me parece una locura.

Entonces, pido que el jueves la agenda política sí se toque —con todo afecto a los mandarines, es de cariño—, se agende, se incluya en la agenda el tema del Seguro Social.

También insistir, diputado presidente, que la Junta de Coordinación no da señales de vida en torno a la petición sobre la tarahumara; si la vida de los tarahumaras dependiera de los coordinadores de las fracciones, ya se habrían erradicado a esas etnias. Llevo más de una semana planteando que vayamos a ver la condición en que se encuentran.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. Sonido en la curul del diputado Ríos Piter.

El diputado Armando Ríos Piter(desde la curul): Gracias, presidente. Solamente comentar, es un asunto que tendrá que revisar la Junta; mañana tenemos reunión a la una de la tarde, con mucho gusto lo ponemos en la agenda, tanto lo que ha planteado el diputado Mario di Costanzo como lo que ya ha venido diciendo Gerardo Fernández Noroña, con quien hemos venido dándole seguimiento al tema.

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias, señor presidente de la Junta de Coordinación Política. En relación al planteamiento del diputado Cárdenas Gracia, se informa que como ha sido aplicación de esta Mesa Directiva, las iniciativas que no se desahoguen en una sesión, como la que nos ocupa el día de hoy, se habrán de reprogramar en la siguiente, en los términos que para el día de hoy se tenían programadas.

CODIGO DE COMERCIO

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: En razón de que no existe el quórum para continuar la sesión.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández(a las 16:01 horas): Se levanta la presente y se cita para la que tendrá lugar el jueves 16 de febrero, a las 10 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8 horas.

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