Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría hacer del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 354 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 12:15 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Proceda la secretaría a dar lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Periodo de sesiones extraordinarias.— Segundo receso del primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 17 de julio de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de legislación procesal penal única.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios.»

ELECCION DE CONSEJERO DEL IFE

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Manuel Huerta, ¿con qué objeto?

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Gracias, presidente. El objeto de mi intervención es pedir que en el orden del día también procuremos abordar el día de hoy, y antes que estos dictámenes inclusive si es posible, el dictamen que la Jucopo debe de presentar para la elección del consejero del IFE.

Sé que la Jucopo está en sesión permanente, sé que va a haber una comida a las tres, pero tengo la preocupación que, si en el orden del día de hoy no incluimos este tema, me temo que haya una maniobra del Partido Revolucionario Institucional, que por cierto tiene la mayoría en la Jucopo, junto con sus adláteres, para no emitir dictamen alguno y dejar en la indefensión a los consejeros y a los diputados de una votación, y cumplir el trámite, como nos está urgiendo la nación.

No precisamente es necesario que salga nombrado, pero sí hay que darle cumplimiento a la convocatoria. La preocupación es inclusive por las declaraciones que usted ha hecho, no sabemos si en calidad de presidente del Congreso o como diputado de su partido, sobre que el Tribunal puede nombrar al consejero, cosa que usted sabe que es inadmisible.

Me preocupan estas maniobras jurídicas que he estado denunciando del Revolucionario Institucional y que evidentemente desde la Presidencia del Congreso se esté abonando a ellas. Por tal motivo, le suplico pudiéramos incorporar el punto en el orden del día de hoy.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Alfonso Durazo.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Gracias, presidente. Para sumarme igualmente a la propuesta del diputado Ladrón de Guevara. Hay de por medio —como es conocimiento de todos los diputados— una sentencia del Tribunal que llama a este cuerpo legislativo a concluir el procedimiento.

Si eventualmente no hubiese un acuerdo de la Junta de Coordinación Política —por cualquiera de las razones— la propuesta es que de todas maneras se trajera al pleno el tema para que cumplamos. Primero, con nuestra responsabilidad. Número dos, con la sentencia del Tribunal. Y que finalmente queden en evidencia pública quienes realmente se oponen a concluir este procedimiento.

Comparto también los argumentos del diputado Ladrón de Guevara respecto a sus declaraciones, que las veo como una presión para obligar al resto de los partidos —que se oponen a esta decisión— a plegarse a la propuesta del PRI.

Ojalá pudiera considerar favorablemente la petición de llevar al pleno el tema.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia toma nota. Esta Presidencia de la Cámara de Diputados es absoluta y totalmente respetuosa de la vida institucional. Esta Presidencia entiende de las facultades exclusivas de esta honorable Cámara de Diputados, que en este momento pudiesen considerarse también como una obligación a ejercer.

Esta Presidencia ha informado con toda puntualidad que estamos atentos a que la Junta de Coordinación Política nos haga llegar un acuerdo o un comunicado, mismo que de inmediato se dará a conocer a esta asamblea en cuanto lo tengamos en poder de esta Mesa Directiva.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría dando lectura al acta de la sesión anterior.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes dieciséis de julio de dos mil trece, correspondiente al primer periodo extraordinario de sesiones del segundo receso del primer año de ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de cuatrocientos veinte diputadas y diputados, a las once horas con veintiséis minutos del martes dieciséis de julio de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al Orden del Día, y al Acta de Instalación del Periodo de Sesiones Extraordinarias, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba esta última.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Comisión Permanente:

— Por las que comunica que se concedió licencia para separarse de sus funciones a los diputados: Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional y Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México. Llámense a los suplentes.

— Por la que comunica que la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Partido Acción Nacional, se reincorporó a sus actividades legislativas a partir del diez de julio del año en curso. De enterado. Comuníquese.

b) De la Mesa Directiva, por la que informa que se turnaron a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, tres minutas con proyecto de decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De enterado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y actualícense en los registros parlamentarios.

c) Del diputado Benjamín Castillo Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, por la que comunica la reincorporación a sus actividades legislativas a partir de esta fecha. De enterado. Comuníquese.

La Presidencia informa a la Asamblea que los ciudadanos Mario Francisco Guillén Guillén, Liliana Castillo Terreros y María Irene Rufina Tress Villafuerte, diputados suplentes electos en los distritos electorales Octavo y Décimo, de los estados de Chiapas y Puebla, y de la Tercera Circunscripción Plurinominal, respectivamente, se encuentran a las puertas del Salón de Sesiones, designa una comisión para acompañarlos en el acto de rendir protesta de Ley, mismo que se lleva a cabo y entran en funciones.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Puntos Constitucionales:

a) Que reforma la fracción Vigésima Primera, del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de legislación procesal penal única.

b) Que adiciona una fracción vigésima novena-R, al artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales.

c) Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Extraordinaria que tendrá lugar mañana miércoles diecisiete de julio de dos mil trece, a las doce horas, y levanta la sesión a las once horas con treinta y ocho minutos.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Secretaria, el acta está publicada, los asuntos son de trámites. Si la asamblea no tiene inconveniente, le ruego la ponga a consideración de la misma.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias por su gentileza, diputada.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LEGISLACION PROCESAL PENAL UNICA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de legislación procesal única.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Dictamen en sentido positivo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia legislación procesal penal única.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

Dictamen

I. Antecedentes legislativos

1. El 14 de febrero de 2013, el senador Roberto Gil Zuarth, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno del Senado, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de los artículos 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

2. El 9 de abril de 2013, la senadora María del Pilar Ortega Martínez y los senadores, Roberto Gil Zuarth, Raúl García Guzmán, Carlos Mendoza Davis y José María Martínez Martínez, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron ante el Pleno del Senado, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de los artículos 20, 73 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. El 24 de abril de 2013, la senadora Arely Gómez González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; el senador Roberto Gil Zuarth, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; el senador Manuel Camacho Solís, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Democrática y el senador Pablo Escudero Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el Pleno del Senado, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de senadores turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

4. El 29 de abril de 2013, el Pleno de la Cámara de Senadores, aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. El 29 de abril de 2013, la Cámara de Senadores remitió a la Cámara de Diputados, el expediente relativo al proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6. El 30 de abril 2013, la Cámara de Diputados recibió la minuta con proyecto de decreto por lo que la Mesa Directiva la turnó dicha Minuta a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su análisis, estudio y elaboración del respectivo dictamen.

II. Contenido de la minuta

Esta Comisión considera realizar la transcripción de algunas de las consideraciones del Dictamen aprobado por el Senado de la República, siendo lo siguiente:

“[...] Las iniciativas que se analizan en el presente dictamen, se dictaminan de forma conjunta conforme al numeral 3, del artículo 183, del Reglamento del Senado de la República, por la estrecha similitud en sus propuestas.

Por cuanto hace a la iniciativa presentada el 14 de febrero de 2013, en la misma se propone unificar la legislación procesal penal, para que los criterios político-criminales que habrán de observarse en el procedimiento penal se uniformen evitando así que en el país haya distintas formas de procurar y administrar la justicia penal, por lo que también se sugiere la homologación de los mecanismos para enfrentar eficazmente el problema de la delincuencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

[...]

Por su parte, la iniciativa presentada el 9 de abril de 2013, busca establecer un mecanismo constitucional que permita el establecimiento de una legislación adjetiva penal única y de ejecución de sanciones penales, aplicable a todo el territorio nacional, con la finalidad de reforzar la idea de la seguridad jurídica, así como una justicia pronta, expedita, eficaz y eficiente que reduzca la confrontación de criterios, de forma que se aplique de manera uniforme en todo el país y en condiciones de igualdad para el justiciable y demás intervinientes en el procedimiento. [...]

[...]

Así, tal como se menciona en la iniciativa en análisis, estas Comisiones Dictaminadores consideran que con la unificación del código adjetivo penal, se establecerán criterios homogéneos en materia procedimental, en los mecanismos alternativos de solución de controversias, así como en la ejecución de penas, con lo que se obtendrán entre otros, los siguientes beneficios:

a) Una adecuada sistematización y homogeneidad de criterios legislativos;

b) Condiciones adecuadas para la construcción de una política criminal coherente, articulada e integral;

c) Una mayor y mejor coordinación entre las instancias encargadas de la procuración de justicia;

d) Mayor certeza para el gobernado respecto a cuáles son las normas penales de naturaleza adjetiva a observar en todo el país;

e) Una disminución en los índices de corrupción e impunidad, al existir menores resquicios legales con relación a la actual dispersión de normas; y

f) Criterios judiciales más homogéneos.

[...]

En el caso especifico de la regulación en su aplicación, evidentemente la ley única en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias deberá guardar una necesaria vinculación con la legislación sustantiva en materia penal, motivo por el cual se estimará necesario a la par de la implementación de la legislación única en la materia una vez que esta se apruebe, el poder realizar labores de homologación de la legislación penal a efecto de observar en todas las entidades federativas y en la federación el mandato del artículo 22 constitucional que establece que toda pena deberá de ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. [...]”

III. Cuadro comparativo

IV. Consideraciones

A la Comisión de Puntos Constitucionales, fue turnada la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se otorgan facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia procesal penal como codificación única, medios alternativos de solución de controversias y ejecución de sanciones penales para toda la república.

La Minuta recibida para su estudio y elaboración del dictamen respectivo tiene como principal propósito de otorgar facultades al Congreso de la Unión a efecto de legislar en materia procesal penal y su unificación en toda la federación, mecanismos alternativos de solución de Controversias, de ejecución de penas, en materia de Delincuencia Organizada. Por lo transcendental del proyecto, es que se establece la metodología respecto a la elaboración del presente dictamen, y está de conformidad con la importancia de los temas, es por ello, que en primer término, es lo referente a las facultades de legislar en materia procesal penal para crear una codificación única.

En segundo lugar es lo concerniente a la solución alternativa de controversias y lo trascendente dentro de nuestro marco normativo vigente.

1. Facultades del Congreso

Nuestro sistema federal, se sustenta en la división de Poderes como muchos países, para el caso de nuestra nación, el Constituyente plasmo en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la forma en que se integraría el Estado Mexicano. Así tenemos que el Poder Legislativo se compone por el Congreso de la Unión y sus respectivas Cámaras Legislativas Senadores y Diputados.

En este orden de ideas, el Congreso de la Unión, como parte esencial del Estado, tiene facultades expresamente definidas en el texto constitucional, siendo la legislativa, administrativa, política, jurisdiccional y electoral, todas ellas sustanciales para el trabajo legislativo.

En este rubro la función legislativa de creación o modificación del derecho positivo vigente, se encuentra plasmado en el artículo 71 Constitucional, por el cual se da inicio al proceso legislativo regulado en el artículo 72 del mismo ordenamiento, es preciso mencionar que por la naturaleza federalista de nuestro país, y en el caso de adiciones o reformas a la constitución se tiene que aplicar además el numeral 135 constitucional, como requisito indispensable se tengan que realizar con aprobación de la mayoría de los Estado miembros de la Federación, para respetar el pacto federal.

Que el Congreso cuente con facultades para legislar, es dotar a este órgano político-legislativo de herramientas jurídicas para dar soluciones a problemáticas sociales, económicas y de diversa índole que así lo requieran, cuando se crean diversos marcos normativos se están proveyendo de soluciones aplicables en todo el territorio nacional. En resumidas cuentas al otorgar facultades al Congreso de la Unión, es una acción política responsable que se reflejará al interior del sistema jurídico mexicano, así con elementos normativos actuales estamos tomado las acciones legislativas inherentes para construir un Estado de Derecho solido y congruente, con la finalidad dar resultados al ciudadano y, por ende, al Estado mismo.

Se debe recordar que el Constituyente del 17 consagro en el artículo 73 Constitucional las facultades del Congreso, y estas han sido modificadas o adicionadas con el transcurso del tiempo, de acuerdo con las necesidades requeridas. Para este caso en lo particular, respecto a la materia penal, con estrecha relación con los acontecimientos que abaten el territorio nacional, es muy significativo que el Congreso cuente con los elementos que hagan posible las acciones necesarias para abatir la problemática social del delito.

Al respecto la evolución de las diversas formas delictivas han dado la pauta para modificar la fracción XXI del artículo 73 Constitucional, así desde su publicación original en 1917, en la que establecía las facultades del Congreso eran para definir los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse, hasta ahora lo que se pretende adicionar, es otro esquema.

Así el desarrollo histórico legislativo del antes citado precepto, y como evolución de la sociedad misma se presentaron diversas formas o fenómenos que dieron pauta a la modificación de actividades y que fueron perfeccionando diversos fenómeno sociales como es el caso, de la delincuencia que paso a ser una forma más organizada, por tal motivo y por los efectos dañinos de esto fue necesario que el 28 de noviembre de 2005, en el Diario Oficial de la Federación, se publica el Decreto que amplía las facultades del Congreso, para implementaran las políticas y acciones jurídicas como una respuesta integral, pronta y eficaz, apegada a la realidad delictiva que ese momento histórico estaba inmerso nuestro país, esta acción es la primera reforma realizada a este precepto constitucional.

Posteriormente, se presenta otro fenómeno delictivo, que se centra en lo relativo a la trata de personas y secuestro, en este punto en particular es preciso mencionar que nuestra nación suscribió diversos documentos internacionales sobre este tema, lo que dio los elementos que sirvieron para tomar cartas en el asunto, tomando en consideración que el delito de secuestro y el de trata de personas dañan a la sociedad, a las personas dado que tiene repercusiones psicológicas irreversibles en lo personal y en lo social, estos delitos son considerados como una modalidad contemporánea de esclavitud y de violencia extrema más aun cuando es en contra de las mujeres, niñas y niños, lo que afectan directamente los Derechos Humanos fundamentales, por estas razones el Constituyente Permanente reformó el 14 de julio del 2011, la constitución para dar facultades ex profesas al Congreso de la Unión para abatir estas prácticas delictivas.

Por último, el 25 de junio del 2012 en el D.O.F., se adiciona un segundo párrafo a la citada fracción, los motivos fundamentales de esta reforma recaen en el aspecto de seguridad jurídica sobre a aquellos delitos que tengan como víctimas periodistas, o cualquier persona, o que se alteren la libertad de expresión, y así fortalecer las atribuciones del Congreso respecto de aquellos delitos contra periodistas y medios de comunicación que afecten, limiten y menoscaben el Derecho a la Información, la libertad de expresión y la libertad de imprenta.

Al mencionar la cronología de la fracción del precepto constitucional se ejemplifica como se ha ido ampliando las facultades para lograr acciones que den resultado a nuestra sociedad y la nación.

En este sentido, el proyecto en análisis tiene la pretensión directa de ofrecer un fortalecimiento del Estado de Derecho, cabe mencionar que el compromiso que tenemos como Legisladores es consolidar esto.

Por último, por la naturaleza de la modificación al texto constitucional por los alcances de está y por cuestiones metodológicas se realiza un apartado especial dentro del desarrollo del presente dictamen, con la única pretensión de precisar los alcances específicos.

2. Alcances específicos de la reforma

Como se mencionó con antelación, el proyecto de decreto tiene elementos facultativos para el Congreso, en este rubro se tienen que analizar desde la perspectiva muy particular, es por ello, que se ha esquematizado los siguientes elementos.

a) La fracción XXI y su división:

Se divide las facultades en tres incisos siendo los siguientes:

Para el inciso “a” se inserta el texto vigente sin modificación, relativo a la materia de secuestro y trata de personas, y la distribución de competencia en los tres órdenes de gobierno.

Para el inciso “b” del proyecto, se confirma la necesidad de que el Congreso, cuente con las facultades para legislar en materia de delitos Federales, y lo relacionado a la delincuencia organizada, como es sabido esta actividad delictiva, es una acción día con día que daña a nuestra sociedad.

En esta tesitura la Colegisladora enfatizó que una irresponsabilidad grave sería modificar estas facultades que tiene el Congreso, dado que no puede dejarse sin atender, en tanto que como fenómeno socio-delictivo se tiene que atender con mecanismos jurídicos acordes a la realidad del delito y su continua transformación.

Se suma a lo anterior, lo relativo a la impunidad y sus consecuencias, la impunidad como factor benéfico para la delincuencia, es por ello que si se quiere fortalecer las acciones en contra de la actividad delictiva y el delincuente debe haber un sentido óptimo y congruente entre las acciones legislativas y el resultado de estas.

b) Materia procesal penal y la facultad del Congreso

En el inciso “c”, se establece lo trascendental de esta reforma, dado que ahí se le otorgan las facultades para legislar en materia procesal penal unificada para toda la república.

En este rubro, es necesario mencionar que desde hace varias décadas prevaleció el sistema penal inquisitorio en nuestro país, durante la vigencia del mismo, se llegaron a presentar dentro de la práctica diversas percepciones que fueron deteriorando este sistema.

Es por ello, que el año del 2010, se transformo el sistema inquisitorio a un sistema acusatorio basado en los principios de oralidad, debido proceso, inmediatez, publicidad entre otros, así a través de ello, se busca el perfeccionamiento del control constitucional ante la problemática penal, pretendiendo eliminar pésimas prácticas y con el objetivo la pretensión primordial de lograr un verdadero respeto de los Derechos Humanos que nuestra Carta Magna establece.

Contar con un sistema procesal penal que de certidumbre, eficacia y transparencia, es la pretensión de cada uno de los legisladores que integramos esta Comisión, cuya finalidad es dotar a nuestra nación con una estructura penal óptima, para lograr esto se deben realizar todas las adecuaciones normativas necesarias. Se tiene claro que el tema es complicado, por esa complejidad es que la reforma constitucional publicada en el D.O.F., el 18 de junio del 2008, estableció en su parte transitoria que el sistema acusatorio tendría ocho años a partir del día siguiente de su publicación para que entrara en vigor estas reformas, es decir, que en el 2016, se tendría que tener unificado todos los sistemas penales de nuestro país.

En este rubro el proyecto que contiene la minuta en dictamen es una parte coyuntural que las acciones que permitan a logar los objetivos del sistema acusatorio penal, por ello, los diputados integrantes de esta Comisión afirmamos categóricamente que al contar con las facultades para legislar en materia procesal penal es construir con bases solidas un Estado de Derecho óptimo en su ejercicio.

Sin embargo, se puede pensar que al tener el Congreso de la Unión estas facultades se puede violentar el Sistema federal de nuestro país, en este punto es necesario precisar que contar con una legislación adjetiva única, no va en contra del pacto federal o vulnera de la soberanía de los Estados, para ello, es necesario comentar lo que el Doctor Carpizo menciono: “tradicionalmente esa facultad de las entidades federativas ha sido respetada por la Constitución federal, de manera que cualquier sugerencia de unificación legislativa suele calificarse como una tendencia centralizadora en perjuicio de las entidades federativas que para algunos representa un ataque al sistema federal,” empero nuestro sistema de derecho positivo tiene la flexibilidad de que puedan existir diversas normas de aplicación general, y no se ha visto afectado el federalismo, ni mucho menos la propia soberanía estatal, así a manera de ejemplo existe legislación Laboral, Mercantil, y de algunas en materia Fiscal, que están enfocadas a resolver la problemática en diversos ámbitos de competencia aunado al hecho de que se unifican los criterios de quienes ejercen dichas normas.

Sin embargo, la pregunta esencial es ¿cuál sería el beneficio de tener una legislación procesal única o modelo?, para dar respuesta a esta cuestión, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestó que: Es necesario “dotar de certidumbre y seguridad jurídicas a la sociedad, se requiere de un Código Procesal Penal Único en todo el país, el cual fortalecerá el Estado de derecho, (...) señaló que contar con 33 códigos penales y procesales en el país, permiten inconsistencias y generan un ambiente de desigualdad jurídica, ya que mientras en una entidad un delito es considerado como grave, en otra entidad no lo es. (...) Se pronunció por un Código Procesal Único, como una ley secundaria que redefinirá los contenidos del debido proceso penal en el que se respeten los derechos humanos, (...)El logro de una codificación única no es ociosa, por el contrario, ha ido congregando con el paso del tiempo razones de gran peso que logran justificar su necesidad, sobre todo, en el caso particular de México, el que, junto con los Estados Unidos, constituyen las excepciones de estados federados que no cuentan con una legislación penal aplicable en todo su territorio.

Lo que se deduce de lo pronunciado por el Ministro Juan N. Silva Meza, es que una diversidad de codificaciones penales procesales trae como consecuencia una divergencia de criterios, dando resultado una incertidumbre jurídica.

Que elementos aportaríamos al quehacer jurídico al legislar en materia procesal penal única, serían básicamente los siguientes:

• Todo el sistema legal estaría bajo la regla de legalidad en todo el país, se estaría inhibiendo las actuaciones arbitrarias del juzgador dado que se tendría una aplicación de criterios homogéneos y coherentes.

• Se tendría una especial atención para el equilibrio de los intereses de las partes dentro del proceso.

• Una buena marcha en el desarrollo de la justicia procesal, característica del proceso acusatorio.

• Se consagra la reforma en materia de oralidad y de publicidad en las actuaciones.

• Ayuda a la operatividad del nuevo sistema penal.

• Se desarrollaría con vehemencia lo relativo a los principios de lealtad y probidad en el debido proceso.

• La adecuada sistematización y homogeneidad de los criterios legislativos y judiciales.

• Certeza jurídica para el gobernado.

• Un posible abatimiento en la corrupción y en la impunidad dado que se podrá reducir cualquier coyuntura legal derivada de la diversidad de normas.

Estos son algunos elementos que se deben considerar respecto de contemplar un código procesal único, se puede establecer que la solución es optar por esta figura, sin embargo, hay que poner mucha atención al legislar sobre esta materia, dado que deberá ser un requisito indispensable que la comisión redactora tome en consideración todas y cada una de las experiencias de cada entidad federativa respecto de la materia procesal, esto es para evitar que haya concesos que den como resultado el avance que estamos obligados como legisladores a realizar.

c) Mecanismos alternativos de solución de problemas

Por último, dentro del texto del inciso “c” del proyecto, a demás de contemplar lo relativo a la Codificación Procesal única, también se establece la posibilidad de contar con mecanismos alternativos de solución, de controversias y de ejecuciones de penas.

Respecto a lo referente a las soluciones alternativas de controversias, en este rubro es necesario legislar de manera única, para efectos de no caer en la diversidad de criterios respecto a las soluciones alternativas, es preciso señalar que si la pretensión es alcanzar la realización de una justicia plena adecuada a la realidad social en donde se obtén por soluciones alternativas a los conflictos que se den dentro de la sociedad misma, así tenemos que la vía de conciliación, intermediación, arbitramiento y negociación funcionan como fuentes del derecho moderno que dan respuesta ante la necesidad de justicia.

En cuanto a los medios alternativos de solución de problemas se establece que son estos “la resolución de conflictos rescata la idea de que son las partes las dueñas de su propio problema (litigio), y que, por tanto, ellas son quienes deben decidir la forma de resolverlo, por lo que pueden optar por un catálogo amplio de posibilidades, en las que el proceso es una más, pero ni la única, ni la más recomendable siempre.

Podría parecer lo anterior un regreso y ampliación de las teorías contractualistas sobre el arbitraje, pero en realidad se trata de retomar la distinción que da origen al derecho procesal, la solución de una controversia de manera más simple, lo que se refleja en la agilidad de la función jurisdiccional, así mediante la aplicación de esas formas específicas, que pueden ser objeto del derecho público y, por tanto, ya no puedan las partes disponer de él” 4.

Una solución alternativa de controversias se puede esquematizar de la siguiente manera:

Lo importante de esta figura recae directamente tratar de abatir el retraso judicial existente, si dotamos al Estado con estos medios desde una perspectiva unificada, clara y precisa estaremos dotando de un medio eficaz para llegar a un sistema jurídico moderno y que responda a las necesidades sociales de nuestra nación.

d) Legislación Transitoria

El proyecto de decreto, tiene en su texto, específicamente en el Segundo transitorio, lo referente a entrada en vigor de esta reforma, esto es congruente a las reformas constitucionales del 18 de junio del 2010, las cuales se mencionaron anteriormente, por ello es que será la vigencia hasta el 18 de junio de dos mil dieciséis para que toda la republica este unificada.

Por su parte, el párrafo segundo de este precepto transitorio hace mención sobre la vigencia de los textos normativos respecto de los Estados y del Distrito Federal, con esta mención se está siendo claro para efectos de evitar una posible vacatio legis respecto con la nueva normatividad procesal y de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los diputados que integramos esta Comisión de Puntos Constitucionales, sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único.Se reforma la fracción XXI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XX.

XXI. Para expedir:

a) Las leyes generales en materias de secuestro y trata de personas, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones.

Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios;

b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia de delincuencia organizada;

c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales;

XXII. a XXX.

Transitorios

Primero.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación de conformidad con las disposiciones previstas en los artículos siguientes.

Segundo.La legislación única en las materias procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que expida el Congreso de la Unión conforme al presente Decreto, entrará en vigor en toda la República a más tardar el día dieciocho de junio de dos mil dieciséis.

La legislación vigente en las materias procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas expedida por el Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal continuará en vigor hasta que inicie la vigencia de la legislación que respecto de cada una de dichas materias expida el Congreso de la Unión conforme al presente Decreto.

Tercero.Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la legislación procedimental penal que establece el presente Decreto, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes al momento de iniciarse dichos procedimientos.

Notas:

1 Facultades del Congreso para unificar procedimientos penales, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, págs. 8, 9 y 10, estudio del 22 de mayo de 2013.

2 Carpizo McGregor Jorge, Estudios constitucionales, Estudios constitucionales, 7a. ed., México, Porrúa-UNAM, 1999, pgs 142 y ss.

3 Nota tomada del sitio http://www.dossierpolitico.com/vernoticias. php?artid=127990&relacion=&tipo=Principal1&categoria=2 el 21 de mayo de 2013.

4 Vado Grajales Luis Octavio, cita tomada en el sitio http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2264/19.pdf, consultado el 21 de mayo de 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 25 de junio de 2013.

Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Marcos Aguilar Vega, Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Raymundo King de la Rosa, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado, Paulina Alejandra del Moral Vela, Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Arely Madrid Tovilla (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega, Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez, Ricardo Villarreal García, Damián Zepeda Vidales (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Antonio Cuéllar Steffan, Amalia Dolores García Medina (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, Fernando Zárate Salgado.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Para fundamentar el dictamen tiene el uso de la palabra don Julio César Moreno Rivera, presidente de la comisión dictaminadora.

El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en la reciente historia legislativa, en los últimos periodos extraordinarios han estado presentes las reformas constitucionales.

En la LIX Legislatura, en el periodo extraordinario de junio de 2005, las reformas constitucionales consistieron en abolir la pena de muerte, sentar las bases para el debido proceso a seguir a los adolescentes, dar certeza a las etapas de promulgación y publicación en el procedimiento legislativo y definir la competencia entre autoridades federales y locales en materia concurrente.

De igual manera, en la LX Legislatura se realizó un periodo extraordinario, en junio de 2008, en el que las reformas constitucionales fueron modificar las diversas causales de pérdida de la ciudadanía mexicana e introducir cambios al formato del informe presidencial, entre otras.

Previo a las reformas que el día de hoy vamos a discutir existen temas de gran trascendencia para nuestro país, como lo son el fortalecimiento de la transparencia, la reforma política del Distrito Federal, la segunda vuelta electoral, la revocación del mandato, el referéndum, entre otros.

Sin embargo, esos temas no han alcanzado el consenso suficiente para ser sometidos a discusión y votación ante esta soberanía. Seguramente son varios temas que aún quedan pendientes.

Por otro lado, los temas que en esta ocasión nos convocan a este periodo extraordinario son la seguridad jurídica de los procesos penales, que se requieren por la próxima entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial; la dispersión catastral; y finalmente las escandalosas deudas de los estados y municipios, que deben ser reguladas.

En primer orden, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales vengo a fundamentar para someter a discusión y en su caso, aprobación, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de legislación procesal penal única.

La relevancia del tema recae en el hecho de que en nuestro país existe una pluralidad de legislaciones procesales que propician situaciones de injusticia y de arbitrariedad, que en su aplicación atentan contra el derecho fundamental de la igualdad reconocida por nuestra Constitución y diversos tratados internacionales, ya que actualmente a quien se le imputa la comisión de un delito es tratado de manera diferente, dependiendo del lugar en que lo cometió.

Con la presente reforma se fortalecerán las bases del debido proceso, como parte esencial de una serie de tareas que se requieren, a fin de materializar el sistema de justicia penal derivado de la reforma constitucional realizada en julio de 2008.

Con esta reforma se pretende establecer un modelo jurídico único de legislación procesal penal, de justicia alternativa y de ejecución de sanciones, evitando así que en el país existan distintas maneras de procurar, de administrar la justicia penal, así como de incumplir las penas.

Esta medida unificadora de la política criminal de nuestro país es con la finalidad de que el sistema de justicia penal sea similar en todo el territorio nacional, lo cual se traducirá en un beneficio para el juzgador, el procesado y —en especial— la víctima, ya que se regirá bajo un esquema de certeza y seguridad jurídica.

Por otro lado, se establecerá la homologación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, actualmente previstos en el artículo 17 de la Carta Magna. De esta manera armonizamos lo establecido en nuestros preceptos constitucionales. Asimismo, con la presente reforma se busca unificar la ejecución de sanciones, evitando la dispersión de la aplicación de la norma y brindando certeza jurídica al sentenciado.

Esta reforma constitucional tiene como fin propiciar una administración de justicia eficiente, congruente, respetando los derechos fundamentales en un marco de seguridad jurídica, trato igualitario y debido proceso para los habitantes de este país, fortaleciendo los criterios judiciales y el Estado de derecho.

Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad. Es por ello, compañeras y compañeros diputados, que los invito votar a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor presidente de la comisión.

Está a la consideración del pleno. Esta Presidencia informa que por tratarse de un artículo único, la discusión se desa-rrolla en lo general y en lo particular en un solo evento.

Tiene el uso de la voz don Luis Antonio González Roldán, para fijar posición de su partido Nueva Alianza.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados, la impartición de justicia a través del actual sistema procesal penal se ha quedado estancada en el pasado y representa un obstáculo real para el ejercicio efectivo del derecho y de las necesidades que hoy demanda la sociedad.

Nuestro sistema de impartición de justicia tiene problemas estructurales que impiden que el principio de certeza jurídico sea efectivo. Por ello, la percepción ciudadana sobre dicho sistema está lejos de los principios de equidad e igualdad. Pero, sobre todo, de un sentido eminentemente de justicia en la cual la víctima reciba la reparación del daño y el presunto acusado sea procesado de manera pronta y expedita bajo los procedimientos preestablecidos en la ley.

Sabemos que la definición del concepto de delito y su resolución representan problemas de fondo, los cuales son producto de nuestra evolución como pueblo y del mosaico que es México. Nuestra composición pluricultural constituye una de las causas en la variedad de modelos y leyes que rigen la procuración de justicia en los códigos penales del país, resultando diversos, inconexos y en algunos casos incompatibles.

Mucho se ha discutido y argumentado sobre la necesidad de establecer una legislación procedimental penal que unifique y homologue las legislaciones penales locales, eliminando discrepancias que en nada abonan a la certeza jurídica de los gobernados.

Avanzar en la construcción de un código penal procesal único para todo el país ofrece una solución a la variedad de problemas que tenemos solo en esta materia, lo cual implica un avance enorme en la federalización de la justicia mexicana.

La reforma que se somete a esta soberanía no es aislada, menos aún improvisada, conlleva una concatenación de los avances legislativos diseñados para modernizar el sistema de justicia penal, a través de un mejor desempeño policíaco, ministerial, acusatorio, de defensoría pública, de abogados y de todos quienes se encuentran involucrados en la aplicación de las leyes que vieron la luz en junio de 2008. Este modelo busca dar paso al sistema penal acusatorio mandatado en la ley y que hoy se encuentra pendiente.

Para concretar la construcción de este andamiaje es requisito crear los ordenamientos de carácter nacional que sirvan de cimiento sólido, debido a los obstáculos que representan los 33 cuerpos legislativos en materia penal.

Avanzar hacia nuestro objetivo nos exige ser críticos y, en consecuencia, señalar que el modelo base para implementar los juicios orales, la transparencia, los procesos de mediación, la reparación del daño, la garantía de defensa de los derechos humanos de las partes en conflicto mediante un sistema en el que intervengan de manera armónica los tres órdenes de gobierno, hoy no ha sido más que un buen propósito.

En Nueva Alianza somos conscientes del riesgo que implica aprobar y publicitar esta reforma, sin tener en cuenta que solo constituye el primer paso de un trabajo monumental, el cual deberá unificar tipos y criterios penales, operatividad administrativa, delimitación de principios, sujetos y figuras procesales, así como modalidades y gravedad de los delitos, procurando imponer sanciones congruentes con la falta, así como evitar la actuación arbitraria de la autoridad. Pero también estaremos atentos para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 se incluyan los recursos necesarios para erradicar estas conductas.

Esta dictaminación conlleva a la apremiante reconfiguración de los cuerpos policíacos. El modelo obliga a que todos sus integrantes se capaciten en las tareas de investigación y conciliación, además de las labores de prosecución del delito que ya ejercen.

Por otra parte, los funcionarios que intervienen en el proceso de impartición de justicia —como los agentes del Ministerio Público, jueces y abogados— deberán hacer lo propio.

El proceso que nos espera en la legislación secundaria deberá ser cuidadoso en la construcción de la norma, a fin de que las entidades y el Distrito Federal no supongan este código como una intromisión en el ámbito de sus facultades.

Señoras y señores legisladores, desde esta tribuna Nueva Alianza hace un llamado a no perder de vista los alcances de esta reforma, que incluyen además la elaboración de leyes generales en materia de secuestro, trata de personas y delincuencia organizada, así como el establecer los delitos y faltas contra la federación, penas y sanciones y los mecanismos alternativos de solución de controversias y ejecución de penas.

Bajo este esquema, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos que la ley secundaria deberá atender de manera integral la impartición y procuración de justicia en un plazo muy corto, debido a que la sociedad reclama respuestas comprometidas y contundentes en el menor tiempo posible.

Estamos obligados a hacer un ejercicio transversal, donde la conceptualización nos lleve efectivamente a la reincorporación de los delincuentes al seno social y, sobre todo, que no se impongan estigmas a grupos o sectores sociales.

Debemos analizar seriamente aquellas conductas o situaciones que propicien la criminalidad, mediante ópticas integrales y no únicamente con la institución de penalización mayor y leyes persecutorias, privilegiando en todo momento la atención irrestricta a los derechos humanos como elemento sine qua non de las leyes mexicanas, además de atender los principios de prontitud, expeditez e imparcialidad.

Compartimos la urgencia de hacer efectivo el modelo que hoy se propone. Sin embargo, debemos ser cautos e implementar el sistema de manera paulatina, a fin de corregir las deficiencias que se presenten, con la intención de llegar al término que marca la ley con buenos resultados.

Al instituir en el artículo 73 de nuestra Carta Magna la distribución de competencias en la persecución, atención y sanción de los delitos, esperamos que se concluya definitivamente la profesionalización ministerial, pues reconocemos que esta ausencia ha dado como resultado la integración de procesos penales con escasas evidencias, falta de protocolos uniformes de investigación, la recurrente fabricación de culpables, violación constante a los derechos humanos, incluso la comisión de delitos en las diligencias por servidores públicos malintencionados, corruptos o ignorantes de su función.

Estimadas compañeras y compañeros legisladores, las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza reconocemos que en el país tenemos una enorme deuda social en materia de impartición de justicia, la cual demanda un sistema efectivo, rápido y transparente.

El voto a favor del presente dictamen busca abonar a un verdadero federalismo en el acceso, a un sistema legal de avanzada, a elevar los niveles de probidad en estos procesos y a resarcir a la sociedad la falta de acuerdos para temas indispensables, como el que nos trae al presente periodo extraordinario.

La generación de confianza entre la ciudadanía implica un trabajo multifactorial, que no solo se circunscribe al tema que nos ocupa, sino al esfuerzo de todos los actores responsables de generar las condiciones que permitan que la presencia de delitos relacionados con la pobreza o la falta de oportunidades de desarrollo sean abatidos.

Asimismo debemos trabajar en la creación de entornos con lazos sociales fuertes que impidan la presencia de influencias negativas, pues estamos convencidos de que la mayor vigilancia es la que se presenta en las comunidades producto de lazos solidarios y acompañados de autoridades calificadas y responsables.

La historia nos enseña que solo mediante la reconstrucción del tejido social, naciones como Italia y Colombia pudieron salir de las crisis de criminalidad, que las colocaron en la palestra de los países con los mayores índices delincuenciales a nivel mundial.

Una reforma de este calado requiere de un cimiento legal sólido que descanse en sus funcionarios públicos, en sus instituciones, en la sociedad, en una relación de confianza mutua que propicie la transformación social armónica.

En Nueva Alianza creemos que todo esfuerzo descoordinado dará resultados débiles e incluso efímeros. Consideramos que la importancia de la presente reforma no se puede limitar al papel que juegan las instituciones y las leyes, sino a la creación de condiciones sociales que permitan mejores niveles de vida y desarrollo de la población mexicana.

Estamos hoy en la antesala de un trabajo de gran envergadura, en la creación de condiciones que hagan operativa la presente reforma constitucional.

En Nueva Alianza estamos plenamente convencidos que una legislación procedimental penal única otorgará certeza y seguridad jurídica a los gobernados y, sin lugar a dudas, fortalecerá el Estado de derecho. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, don Luis Antonio. Tenemos el gusto de escuchar a doña Loretta Ortiz Ahlf, del PT, además con una enorme atención, como siempre.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para fijar la posición de nuestro grupo parlamentario en relación con el dictamen que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los mexicanos, a lo largo y ancho del país, hemos enfrentado una terrible situación de inseguridad. Los delitos de alto impacto afectan por igual a toda la ciudadanía sin que las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia realicen adecuadamente sus tareas.

Para coadyuvar en el combate a la delincuencia, el Poder Legislativo aprobó distintas reformas a nuestra Norma Fundamental para establecer un sistema de justicia penal oral y adversarial, en donde los juicios orales tendrán que ser establecidos en todo el país.

El nuevo sistema procesal penal acusatorio tendrá que entrar en vigor a más tardar el 19 de junio de 2016. La federación, los estados y el Distrito Federal deberán contar con estos nuevos códigos de procedimientos penales.

El dictamen que hoy conocemos plantea otorgar al Congreso de la Unión, en el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73, la facultad para expedir la legislación única en materia procedimental penal de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirán la República en el orden federal y en el fuero común.

Lo anterior significa que habrá un solo código procedimental penal, con base en el que se realizarán los procesos, sea por delitos de orden federal o del fuero común.

En el Partido del Trabajo tenemos una firme vocación federalista. Estamos convencidos de que nuestro sistema político funcionaría mejor si las entidades federativas y el Distrito Federal contaran con mayores atribuciones que les permitieran realizar sus tareas de gobierno.

En el nuevo código de procedimientos penales único se tendrán que establecer las formalidades esenciales del procedimiento a las que hace alusión el artículo 14 constitucional, en su segundo párrafo, y respetar las garantías individuales previstas en los artículos 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo se tendrán que respetar los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

En esta reforma también se plantea la expedición de una legislación única respecto a mecanismos alternos de solución de controversias y de ejecución de penas, que regirá en toda la República Mexicana.

Lo anterior con el propósito de eliminar la pluralidad de hipótesis y obtención de beneficios por parte de personas sentenciadas, ya que existen sobre esta materia una ley federal, 31 leyes estatales, más la del Distrito Federal.

En el caso de los mecanismos alternos de solución de controversias, su fundamento constitucional está en el párrafo cuarto del artículo 17 constitucional, por lo que en la fracción XXI se faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley única, en donde se asegure la reparación del daño.

Si bien en lo general aprobamos la reforma al artículo 73, fracción XXI, consideramos que se puede mejorar la reforma, con base a los mismos argumentos que se exponen en los antecedentes del dictamen. Se señala en los antecedentes del dictamen que es para fortalecer precisamente el combate al crimen organizado y, en concreto, se puntualiza que a través del Código Procesal Penal Único se va a lograr esta finalidad.

Pero no solamente es suficiente con establecer un código penal único, es necesario precisamente modificar no solamente lo procedimental, sino también lo sustantivo y hacer un hincapié sumamente importante en la cuestión de la investigación de los delitos, en concreto.

Por esta razón, la sugerencia es que se federalicen en ciertas materias los siguientes delitos y que quedara el artículo 73, fracción XXI, en el siguiente tenor: En materias de secuestro, trata de personas, tráfico de migrantes, desaparición forzada, feminicidio y delitos contra periodistas, personas o instalaciones, que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o libertades de expresión o imprenta. En estos delitos, a la fecha no se ha logrado una unificación de la legislación estatal.

Existen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que a la fecha no se cumplen y no solamente los problemas sobre la persecución de los delitos se dan en lo que se refiere a trata de personas y el secuestro, tráfico de migrantes, feminicidios y también los delitos contra los periodistas.

Como están actualmente redactadas estas facultades, que una ley general —como la de Víctimas— es la que debe designar las atribuciones, tanto las correspondientes a las entidades federativas como a los municipios y a la federación. Desgraciadamente, por esta situación se han ocasionado lo que denominamos zonas grises o zonas en las cuales se convierte en un escudo para no hacerse responsable, bien sea la federación o el gobierno estatal en concreto.

Un ejemplo clarísimo lo tenemos en el caso del Campo Algodonero, en que no se acabó de resolver el feminicidio precisamente porque había una diferencia sobre a quién correspondía el combate a este feminicidio. Y en el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos las víctimas pedían que fuera resuelto por la federación, por considerar que están muchísimo más capacitados y que pueden tener —como son delitos trasnacionales— mejor contacto y ayuda, tanto de la Interpol como de la Europol.

Además de esta sugerencia de federalizar los delitos ya mencionados, me preocupa seriamente la cuestión de los medios alternativos de solución de controversias. El Código Penal único, como está redactado en la minuta, es la legislación única en materia procedimental penal de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República, en el orden federal y en el fuero común.

La propuesta es que la legislación única en materia procedimental penal dé mecanismos alternos de solución de controversias, reservando exclusivamente los delitos que no sean considerados como graves.

De otra manera, lo que puede suceder —algunos sostienen— es que la mayoría de los códigos procesales deje a los medios alternos nada más para los casos de delitos leves, no los graves. Pero si no se establece esa limitación en la Constitución se podría estar negociando con un tratante de personas, con un traficante de migrantes, con un feminicida, etcétera. Bastaría pagar la compensación para que no tuviera que seguir un procedimiento judicial ni cumplir con una pena y pagar por el delito cometido, al compensar el daño a la víctima.

En estos casos, considero que debe de quedar plasmado perfectamente que los medios alternativos de solución de controversias únicamente tendrán lugar cuando se trate de delitos no graves.

En el caso de los graves, como no solamente se afecta a la propia víctima —a la víctima directa— sino que se afecta a la sociedad, estos habría que cuidar necesariamente que cumplan con una pena y que se sometan al procedimiento que se establezca en el Código Procesal Único. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. ¿Anunció sus modificaciones? En virtud de que ha anunciado las modificaciones, que son dos, pregunte la Secretaría a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas de doña Loretta Ortiz Ahlf.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas presentadas por la diputada del PT. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, el dictamen queda en sus términos.

Tiene el uso de la voz doña Zuleyma Huidobro González, a nombre de Movimiento Ciudadano.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente. El dictamen a discusión propone otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir un Código de Procedimientos Penales, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas único, que regirá en la República, en el orden federal y en el orden común.

Tiene la finalidad de homologar la legislación procesal penal para que los criterios político-criminales —que habrán de observarse en el procedimiento— se informen, evitando que en el país haya distintas formas de procurar y administrar justicia penal, por lo que también se sugiere la homologación de los mecanismos para enfrentar eficazmente el problema de la delincuencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Aprobar este dictamen implicará la posibilidad de implementar una reforma integral al sistema de justicia penal y la posibilidad de integrar en un solo frente a todas las autoridades ejecutivas y judiciales del orden estatal y federal, a través de una legislación común.

En la última década el fenómeno delictivo se ha vuelto más complejo y obscuro, desafiando no únicamente a las instituciones encargadas de la seguridad pública en el país, sino fundamentalmente a las propias autoridades judiciales.

El problema de la inseguridad se debe a múltiples factores y algunos de ellos recaen directamente en la responsabilidad del Estado. Entre estos factores sobresale la falta de transparencia a la corrupción y la deficiente coordinación y operación de los órganos encargados de prevenir el delito, procurar y administrar justicia y rehabilitar socialmente al sentenciado. El resultado de ello es el crecimiento de la delincuencia y de la impunidad.

La inseguridad ha atentado con nuestras formas más esenciales de convivencia y el miedo ha trastocado el flujo normal de nuestras vidas y actividades. Es necesario que nuestras instituciones ataquen el problema de la inseguridad, pero reconociendo el inminentemente derecho humano al debido proceso, de forma institucional, responsable, organizada y persiguiendo fines legítimos y fundados en el derecho y los principios rectores de los derechos humanos.

La actitud del ciudadano frente a las instancias federales y estatales de impartición de justicia es de desconfianza. Ante la imposibilidad para encontrar en ellas la justicia a la que tiene derecho ha tenido que prescindir de su apoyo, a pesar del sufrimiento moral y la pérdida material que significa el ser víctima de un delito. Lo más grave de este hecho es el cuestionamiento que hacen los ciudadanos acerca del papel del Estado, como responsable de garantizar el orden público y la justicia.

Es cierto que se han heredado instituciones y prácticas añejas, pero también debe reconocerse que las deficiencias en materia de seguridad pública tienen su origen en la inoperancia de la ley.

En este sentido, la normatividad penal quedó rebasada por esta nueva dinámica social, haciendo incompatibles e insuficientes las premisas que habían servido durante décadas de sustento a dichos ordenamientos. Sin ir más lejos, la normatividad que rige el procedimiento penal a nivel federal data de un código expedido en 1934.

Las condiciones estructurales que prevalecen en el México contemporáneo obligan al rediseño legal e institucional para enfrentar eficientemente los desequilibrios sociales y económicos derivados de los actos delictivos.

La demografía del México actual es totalmente distinta. Para cuando se expidió el Código Federal de Procedimientos Penales existían aproximadamente 17 millones de personas, en la actualidad somos más de 112 millones. Si a ello le sumamos las diferencias poblacionales y la fragmentación de los espacios sociales, la carencia de una infraestructura comunicacional y productiva adecuada, entonces los regionalismos penales que todavía hoy existen como inercia histórica cobran sentido en su real inoperancia.

Es la razón por la cual el universo de acción de instancias y órganos encargados de impartir justicia ha tenido que crecer exponencialmente. De igual forma, el fenómeno delictivo y los delincuentes mismos son totalmente distintos. Las organizaciones delictivas o los mismos delitos del orden común se han vuelto más sofisticados, más uniformes en sus métodos y, por supuesto, más violentos.

Ni las sanciones ni los procedimientos pueden ser los mismos. Los delitos cambian y evolucionan como la sociedad misma. Pero, de igual forma, tampoco podemos continuar inmersos en una lógica que supone una diferenciación delictiva por región y costumbres.

Existe una tendencia general a la homogeneidad y especialización de las conductas delictivas. De ahí el absurdo de mantener sanciones y procedimientos penales particulares para cada entidad de la República.

Existen todavía muchos temores respecto a la uniformidad de las leyes en el país. Es un asunto que gira en torno al federalismo mexicano y a la manera como lo entendemos y al cual históricamente somos muy susceptibles.

No obstante las críticas que pudieran en la actualidad verterse, alcanzar la uniformidad y coherencia de los criterios penales en toda la República lejos de constituir un mecanismo de centralización supone la creación de un orden jurídico y jurisdiccional más justo y eficiente.

Las modificaciones al artículo 20 constitucional, en 2008, iniciaron el camino para terminar con el viejo sistema garantista. Los juicios orales y el sistema acusatorio vendrán a darle una bocanada de aire a un sistema de impartición de justicia lleno de contradicciones.

No obstante, el punto nodal del asunto radica en los cambios que ha venido sufriendo nuestra Constitución en materia de derechos humanos y que de una u otra manera han incidido en la conformación de un clima social y político que apela, solicita con inmediatez los cambios del régimen penal.

Como se sabe, en el año 2011 se reformó la Constitución mexicana en su artículo 1o., en la búsqueda de implementar un sistema amplio de protección de los derechos humanos. Esto provocó la necesidad de comenzar a legislar leyes secundarias, que implementan los nuevos principios rectores de la Constitución.

Si observamos cuáles han sido las leyes más importantes en materia de seguridad e impartición de justicia que se han expedido últimamente llegaremos a la conclusión que éstas han sido aquellas que están relacionadas con los procesos perversos de delincuencia organizada.

Así, por ejemplo, tenemos la Ley General de Trata de Personas, la Ley General de Víctimas, la Ley General de Secuestro, todas ellas —repito— bajo los auspicios del cambio constitucional en materia de derechos humanos.

El común denominador de estas leyes es su criterio uniforme y homogéneo. Es una cuestión de técnica legislativa pero, sobre todo, de acuerdo político.

Lo que hasta ahora se ha realizado es importante pero no suficiente. Es necesario realizar modificaciones en otros ámbitos relacionados. Por citar algunos ejemplos, resulta indispensable actualizar la norma en materia de reclusorios, el Ministerio Público, en materia de readaptación o reinserción social, como lo estipula la Constitución.

No basta, por supuesto, con la publicación de leyes progresistas con depurada técnica legislativa, es necesario establecer también políticas públicas eficaces que la acompañen.

Es decir, si no somos capaces de generar un sistema económico más equitativo, donde la igualdad de oportunidades para las mayorías sea lo cotidiano, donde los principios constitucionales de respeto a los derechos humanos sean una realidad incontestable, donde cada mexicano pueda llevar una vida sin exclusiones sociales o culturales y, por lo mismo, gozar de los beneficios de la educación, del trabajo, de la salud y la vivienda, y todo aquello que otorga dignidad y sentido a la condición humana. Solo llevando a la realidad estas ilusiones es como se generarán las condiciones suficientes para la conformación de una sociedad estable y segura.

Las modificaciones legislativas son indispensables para actualizar los problemas nacionales, pero las políticas públicas, equitativas y racionales, generales y eficaces son la piedra de tope de los cambios necesarios en el país. De ahí la relevancia del dictamen que hoy analizamos.

Dotar explícitamente al Congreso de la facultad de legislar en todo el país en materia procesal penal, mecanismos alternos y ejecución de penas constituye la ruta parlamentaria más eficaz para comenzar a resolver el ambiente social de violencia e impunidad que nos envuelve.

Sin embargo, deseamos dejar claro que facultar al Congreso General para legislar en materia procesal penal no resolverá el problema de la delincuencia ni de la inseguridad ni de la falta de certeza jurídica en los procesos.

Repito, solamente la cohesión social, a partir de la redistribución del ingreso y el crecimiento económico y, sobre todo, una justa distribución de la riqueza, un aumento de la capacidad productiva, el acceso a la educación y a la cultura y un cambio de conciencia colectiva lo lograrán. Justicia social es lo que necesita México para combatir la inseguridad pública y jurídica.

Con el avance democrático del país la población mexicana exige renovar aquellas instituciones que la vinculan de una manera directa con el Estado. Por eso, la demanda de los ciudadanos es que se realicen acciones para que éste cumpla con su deber esencial de garantizar la seguridad y recuperar la confianza en la justicia, reformando los mecanismos y leyes encargados de procurarla y administrarla.

Como lo hemos manifestado en múltiples ocasiones, no se trata de un problema exclusivamente de leyes, sino de su implementación y de aquellos que la aplican. Se trata de corrupción, impunidad y vicios que existen dentro de nuestras instituciones. Sin embargo, es nuestra obligación como legisladores proveer los insumos necesarios para que la erradicación de estos vicios sea siquiera posible.

El hecho es que desde hace por lo menos una década la participación ciudadana organizada, la sociedad civil, ha sido el resorte que ha impulsado muchos de los cambios que observamos hoy en día en el país.

Pero debemos tener claro que el diseño de un sistema de justicia penal eficaz transita necesariamente por la uniformidad y armonía de sus normas, que permiten sin distinción alguna la cabal protección jurídica de todos los habitantes del territorio nacional, por lo que estamos obligados a reflexionar sobre la importancia y pertinencia de realizar lo antes posible una Ley General de Delitos Penales, con el objeto de establecer una normatividad sustantiva general, que comprenda y sancione las mismas conductas delictivas que se generan en todo el territorio nacional.

Coincidimos en la necesidad de construir no un catálogo de delitos penales, pero sí una legislación penal general que permita a las distintas instancias y niveles jurisdiccionales del país afrontar con decisión y firmeza el fenómeno delictivo que nos envuelve y que tanto vulnera a nuestras familias.

Si no llevamos a cabo esta normatividad general en materia penal sustantiva, entonces las bondades que se estipulan en el presente dictamen quedarán aisladas en el propósito común de contar con un sistema penal acorde con la realidad del país, armónico e integral, que verdaderamente soporte la arquitectura institucional de procuración e impartición de justicia.

Movimiento Ciudadano se suma con entusiasmo a la aprobación del presente dictamen, en la inteligencia que si bien los cambios normativos que se vienen generando en la materia son los adecuados, aún falta mucho por hacer.

Creemos que resulta ineludible que en lo inmediato comencemos a diseñar desde el Congreso de la Unión una estrategia parlamentaria que involucre a todas las fuerzas políticas que lo conforman, que nos permita alcanzar rápidamente una lógica uniformidad de criterios en materia de delitos, que consolide el proceso de integración de nuestro sistema penal. Solo de esta manera podremos construir verdaderamente lo que la sociedad requiere y espera, el bienestar y seguridad que los mexicanos nos lo demandan. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada Patricia Elena Retamoza Vega

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: En el uso de la voz el diputado Antonio Cuéllar Steffan, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.

Saludamos a un grupo de ciudadanos del distrito VII, Madero y Aldama, de Tamaulipas, invitados por la diputada Marcelina Orta Coronado. Bienvenidos.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan:Con su venia, diputada presidenta. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hemos asumido con absoluta vocación patriótica y una responsabilidad histórica los compromisos que han derivado de los análisis, discusión y aprobación de las distintas iniciativas que han venido presentándose a lo largo de los últimos meses, con el objeto de reformar leyes diversas que inciden en múltiples materias, con incidencia económica —desde luego— que tienen como único propósito, como objetivo final, el de mejorar las condiciones de vida de la población y estamos conscientes de ello. Pero lo hemos dicho desde el principio y lo reiteramos esta vez: difícilmente creemos que esto se llegue a consolidar, en la medida en la que no podamos establecer definitivamente un auténtico Estado de derecho.

Nosotros entendemos por Estado de derecho la observancia plena de la legalidad por parte de todos aquellos órganos de gobierno a quienes les corresponda, bien sea expedirlas, interpretarlas o aplicarlas. Y es el caso de que en México hemos venido sufriendo a lo largo de los últimos años, desafortunadamente, un Estado de creciente inseguridad pública que mantiene en la zozobra a la nación. Esta zozobra deriva de la impunidad que nosotros repudiamos, impunidad que no se traduce en otra cosa sino en la falta de aplicación de las leyes para castigar a todos aquellos que incurren en actividades antisociales claramente identificadas en la ley como delitos.

Tenemos que darles los elementos a las autoridades encargadas de la procuración y de la investigación de los delitos, como también a las autoridades encargadas de castigarlos y sancionarlos para que cumplan las funciones.

No basta ya con que se mantenga en el discurso cotidiano esta frase reiterativa de que se va a buscar el fortalecimiento del Estado de derecho, sino es con un ejercicio vigoroso y eficaz de las funciones que la Constitución les otorga a las autoridades. Esto es, persiguiendo los delitos y castigándolos, en los términos que legalmente sean los oportunos, los prudentes, los correctos.

Vemos nosotros múltiples discusiones legislativas en torno al endurecimiento de las penas, pero consideramos también que existen otros mecanismos a través de los cuales las Legislaturas —cada una en su soberanía— decidirá quizá también cómo mediante la persecución eficaz y el castigo, quizá con penas menos duras, podrían lograrse el restablecimiento de las cosas y el reencauzamiento de las actividades fuera de estos esquemas de inseguridad.

Vamos a buscar por consiguiente, a través de la aprobación de las reformas conducentes, la abolición de la impunidad y el establecimiento de un auténtico Estado de derecho.

Desde el 2008 nuestro Constituyente identificó un nuevo mecanismo y un cambio en el paradigma de la defensa de los derechos humanos, para funcionar un nuevo sistema procedimental penal que logre erradicar de alguna manera esta preocupación que vengo mencionando.

Desde luego que tan repudiable es la impunidad en la que quedan los delincuentes, muchas veces cobijados por la falta de pericia o por la falta de ejercicio de las facultades que la ley les otorga a quienes se encargan de perseguir los delitos, como también lo es el abuso por parte de las autoridades judiciales, tratándose del respeto de los derechos de todas aquellas personas que se les procesa por la comisión de algún delito.

La Constitución —como ya se ha mencionado antes— establece en el artículo 14 un derecho fundamental del debido proceso y de audiencia, que tiene que respetarse por parte de las autoridades sin distingo, particularmente desde luego por parte de las autoridades judiciales.

¿Qué es lo que sucede en el artículo tercero transitorio de las reformas a la Constitución de 2008? Se establecen plazos fatales para la expedición de las normas procesales, las nuevas normas procedimentales que establecerán la conducción de los procedimientos por parte de los jueces penales para el cumplimiento de este nuevo paradigma y de esta nueva función, respetuosa y garantista de los derechos humanos, a fin de lograr erradicar la impunidad.

Nosotros hemos estudiado y nos percatamos de que, a pesar de que existen desde luego ya grandes esfuerzos que han venido materializándose por parte de entidades federativas para concretar leyes procesales que den respuesta a este mandato constitucional, existe un rezago y un retraso en las mismas.

Pero no nada más esto, existe también el riesgo de que por virtud de la implementación de la reforma constitucional vayan aprobándose leyes procedimentales diversas, con términos, con derechos y obligaciones, facultades diversas para todos los sujetos actores dentro del procedimiento penal, que vendrían a causar una incertidumbre jurídica para todos los que participan, llámense víctimas, llámense procesados, llámense autoridades encargadas de la persecución y de la investigación de los delitos y, desde luego, llámense también de los jueces.

De ahí que, dentro de lo que nosotros identificamos como un claro compromiso dentro del federalismo que reconoce la Constitución, podemos ver dentro de la iniciativa que ahora se presenta —y que habrá en su caso de aprobarse por parte de esta Legislatura— la ventaja y la conveniencia de lograr establecer, a través de esta nueva facultad, el camino para que el Congreso de la Unión el día de mañana emita una ley procedimental única en materia penal para toda la República, que vendrá a dar certidumbre jurídica a todos los que participan en esta actividad, que es de fundamental importancia para el desarrollo, para el progreso del país.

Si identificamos desde luego la conveniencia de aprobar este mecanismo, que es congruente con el pacto federal, es congruente con el compromiso que asume la federación con los estados porque respeta la soberanía de los estados por cuanto a la identificación de las conductas antisociales que deben castigarse como delitos.

Exclusivamente atañe a los aspectos procedimentales con el objeto de armonizar a nivel nacional la forma en que los abogados habrán de cumplir sus funciones como acusadores, como defensores, como juzgadores.

Desde luego, a pesar de que en este caso solamente nosotros discutimos y valoramos esta conveniencia de aprobar esta nueva facultad constitucional en materia de Código de Procedimiento Penal Único, no dejamos de ver la conveniencia de que esto pudiera tener lugar también en otro tipo de actividades, porque finalmente acaban traduciéndose en lo mismo.

En materia contencioso-administrativa, por ejemplo, nosotros podemos encontrar legislaciones a lo largo de la República que contemplan términos distintos, obligaciones y recursos distintos, medidas cautelares y providenciales distintas, que lo único que causan es incertidumbre jurídica.

Si con motivo de la complejidad conforme a la cual se vienen llevando a cabo las actividades delincuenciales hoy en día y con motivo de la intercomunicación obligada, que además irá progresando en el país entre entidades federativas, podemos ver que las conductas empiezan cometiéndose en una entidad y en un estado, pero continúan en otras. Entonces es conveniente darles a los abogados instrumentos armónicos, únicos, a través de los cuales, con conciencia plena de sus obligaciones, de las facultades que la ley les concede a las autoridades, éstos puedan atajar el cumplimiento de aquello que la ley establezca, a fin de ver cumplidos sus propósitos, en cualquiera de los sentidos que esto pueda llegar a darse.

Es por esta razón, por consiguiente, que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México desde luego que suscribe con decisión esta iniciativa de reforma al artículo 73, fracción XXI, de la Constitución e identifica, no una afectación a la cláusula federal que contempla el pacto de la Unión sino todo lo contrario, un fortalecimiento a favor de la mayor vinculación entre las entidades federativas con respeto, desde luego, de aquellas decisiones que en su esfera soberana hayan de llevar a cabo e implementar, por cuanto a la identificación de conductas antisociales que se identifiquen como delitos y su penalización.

No desde luego sin dejar de ver que en la misma reforma constitucional que estamos discutiendo se reconoce, se contempla y se deja a salvo la posibilidad de que el Congreso también identifique y emita, a través de leyes con valor nacional, los tipos penales y las sanciones para delitos comunes y que nos aquejan a todos, como lo es el delito de secuestro o el delito de trata de personas.

De ahí que encontramos en la reforma constitucional que se propone plena congruencia y, desde luego, un fortalecimiento de aquello que queremos llevar a cabo con el objeto de lograr el establecimiento de un Estado de derecho y el cumplimiento de la legalidad. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. En el uso de la voz el diputado Fernando Zárate Salgado, de la fracción parlamentaria del PRD.

Saludamos y damos la bienvenida a quienes hoy nos acompañan del municipio de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Bienvenidos.

El diputado Fernando Zárate Salgado:Con su venia, presidenta. Diputadas y diputados, ésta es una de las reformas que más consenso tienen en este periodo legislativo y es muy claro por qué.

Donde las leyes son claras y precisas, el oficio del juez no consiste más que en asegurar un hecho, en buscar las pruebas de un delito se requiere habilidad y certeza, en el presentar lo que de él resulta es necesario claridad y precisión. Para juzgar de lo mismo que resulta no se requiere más que un simple y ordinario buen sentido, menos falaz que el saber de un juez, acostumbrado a querer encontrar reos y que todo lo reduce a un sistema de antojo. Esta cita es de Cesare Beccaria, aplicable en nuestro país a los estados en donde distintos códigos penales y procesales penales aplican con distintos criterios los mismos delitos, tanto en Baja California como en Chiapas, en Nayarit como en Tlaxcala.

La reforma que hoy discutimos, si bien resulta simple en sus términos, sus implicaciones son muy grandes, ya que contempla el otorgamiento de facultades al Congreso para emitir una legislación procesal penal única, que consuma el proceso iniciado con la reforma constitucional promulgada en el año 2008, para el establecimiento del sistema de justicia penal acusatorio en nuestro país.

Ésta no es una idea nueva, es una idea que desde los años cuarenta ha sido propuesta por diversos académicos de la Universidad Nacional y que hoy en muchos de nosotros ha generado varios consensos. Y uno de los mayores consensos en esta Legislatura implica eliminar la existencia de 33 códigos procesales penales en el país y sustituirlos por uno único que establezca las bases, que le dé contenido y que establezca sobre todo los límites y las sanciones para todos los tipos penales y todo el proceso penal que se establece en nuestro país.

Es ilógico, incoherente e injustificable fomentar criterios distintos a casos iguales e incluso el extremo de ser opuestos como ocurre —y todos hemos vivido o nuestros familiares lo han vivido— en distintos casos en distintos estados del país.

Es importante señalar un tema que se va a volver trascendente para la discusión de distintos otros temas de la misma naturaleza en esta Cámara, y es que esta reforma no tiende hacia la centralización de la impartición de justicia ni mucho menos viola la competencia originaria de los estados, establecida por el artículo 124 constitucional, como falazmente argumentan ciertos iluminados.

No es una reforma que viole el federalismo ni tampoco las facultades previstas por los estados de la República. Adelantémonos un poco. El federalismo es una forma de organización territorial que establece las funciones públicas y en última instancia debe estar al servicio de los ciudadanos. No es ni debe ser visto como un instrumento de protección de los intereses de los poderosos en los estados, específicamente los gobernadores.

Por cierto, este debate —y adelantémonos un poco más— se replicará en torno a la nueva organización electoral del país, como se le ha llamado a la propuesta del Instituto Nacional Electoral, incluso los argumentos serán muy parecidos: para qué queremos 33 distintos organismos y organizaciones estatales electorales si todas son corruptas o la mayoría de ellas. Para qué queremos 33 organizaciones electorales si establecen sus propios lineamientos y sus propios procedimientos e incluso en un estado de la República el mismo caso es juzgado de manera distinta que en otro.

No solo en el Congreso se debe establecer una interpretación uniforme y coherente sino que debemos ir matizando y cada vez más eliminando las interpretaciones voluntaristas que organizaciones y organismos, dictados desde una oficina que en lo específico han sido los gobiernos estatales y los gobernadores, han creado sus pequeños feudos.

No es un debate perenne ni es un debate superficial. Repetiremos en muchas ocasiones más este mismo debate y les recuerdo que tampoco ha habido debate sobre el federalismo en materias fiscales, en materia penal —como es el caso— y sobre todo en materias laborales.

Esta reforma está estableciendo el ejemplo de cómo podemos establecer un nuevo sistema de pesos y contrapesos con los gobernadores de los estados, que han debilitado un sistema a costa y a favor de sus bolsillos y de su autoritarismo.

Queda claro entonces que estas bases se sentarán para garantizar un balance que dentro del proceso penal acusatorio beneficia sobre todo a los habitantes, a los ciudadanos, no a los gobernantes y específicamente a que los derechos humanos estén en vigencia en este país.

Se trata en esencia de la expedición de un Código de Procedimientos Penales único que homologue los procedimientos en materia penal, superando las interpretaciones y divergencias de carácter local y aspirando a la integralidad del sistema de justicia penal en México.

La tarea siguiente será la emisión de la propia ley en donde deberemos poner especial énfasis en los derechos humanos, especialmente en el derecho al acceso a la justicia. Vigilaremos los temas sobre delincuencia organizada, declaraciones de testigos protegidos, arraigo, que se cumplan los estándares internacionales y sobre todo que modifiquemos el sistema legislativo que actualmente rige.

Asimismo insistimos en recordar, como uno de los complementos indispensables, sin duda la legislación en materia de uso de la fuerza. Hoy la seguridad pública y los militares cumplen funciones de seguridad pública en la calle.

Establecer un Código Penal Procesal único no es suficiente, necesitamos aprobar, derivado de la reforma de 2008 y 2011 de derechos humanos, cuáles son las condiciones bajo las cuales la seguridad pública de este país ejerce su función, sobre todo para dotar de seguridad jurídica a los ciudadanos. A su vez, la suspensión de garantías constitucionales que en estados, especialmente en el norte, no han manifestado ni la circunstancia real que es necesaria para garantizar la garantía de la vida, la suspensión de diversas otras garantías individuales.

Debemos partir por el reconocimiento de nuestra realidad, y esta realidad la hemos reconocido en materia penal a través de establecimiento de este código procesal único.

Como ya lo señalé, éste será el ejemplo y sentaremos el precedente de cómo abordaremos la legislación electoral y muchas otras legislaciones, que actualmente existe un desbalance de poder entre los gobernadores y este Congreso de la Unión. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputado. En el uso de la voz el diputado Carlos Fernando Angulo Parra, de la fracción parlamentaria del PAN.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra:Compañeras y compañeros, es principal responsabilidad del Estado mexicano hacer que las condiciones de vida de todos los mexicanos sean lo suficientemente adecuadas para que todos y cada uno de nosotros, los habitantes de este país, podamos realizar nuestros anhelos.

Para ello se necesitan muchas cosas que realizar pero destaca una muy importante, la condición esencial para poder vivir realizando las actividades cotidianas de cada uno y para poder estar trabajando de una manera positiva, de una manera tranquila, es que todos los habitantes de este país gocen de varias cosas: primero de seguridad, de un Estado de derecho que garantice que haya concordia social y donde no la haya, haya justicia y —como lo dicta nuestra Constitución— que esa justicia sea pronta y expedita.

Ahora nos encontramos en un momento histórico esencial para el desarrollo de la vida cotidiana en este país, de poder hacer un salto cuántico al desarrollo de la justicia. Por desgracia nuestra condición de federación y la condición de inseguridad, que se ha tornado muy difícil en nuestro país por la delincuencia organizada principalmente y las condiciones socio-económicas políticas globales, nos ha llevado a que tengamos un sistema penal muy inadecuado.

Hay que tomar en cuenta varias cosas, compañeras y compañeros, en primer término los compromisos internacionales que México ha asumido y la responsabilidad que manda la Constitución, a partir de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, de tener cabalmente garantizados los derechos humanos en el país.

Uno de los derechos humanos que más es afectado es el derecho a tener una justicia cabal en el país, porque nuestro sistema inquisitorial que data del régimen colonial inquisitorial no lo hemos eliminado, y no se ha eliminado por desgracia por mucha conveniencia de los gobernantes autócratas que hemos tenido. Y así en nuestro país este sistema lo hemos rechazado de una manera muy clara a partir de 2008, mandando a las entidades federativas del país, y a la misma federación, migrar del sistema penal inquisitorio a un sistema penal oral acusatorio.

Así quiero mencionarles que ahora nos encontramos ante la reforma de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, en materia de legislación penal procesal única, y tenemos también varios cambios que facultan al Congreso de la Unión, en cuanto a la fracción XXI, inciso a), para expedir leyes generales en materia de secuestro y trata de personas, que ambos delitos verdaderamente afectan de una manera terrible a la sociedad, y para establecer penas mínimas penales y sus sanciones, así como establecer leyes generales que contemplen la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación, las entidades federativas y el Distrito Federal, como con los municipios, para que este entramado jurisdiccional no sea ápice para que los delincuentes se aprovechen de ellos y las víctimas se vean totalmente despojadas de sus derechos.

Asimismo estamos estableciendo reformas para que el Congreso de la Unión tenga facultades para legislar en delitos y faltas contra la federación, y las penas y sanciones que por ellos deban de imponerse, así como legislar en materia de delincuencia organizada.

Ahora bien, compañeros, esta legislación es producto de un consenso multipartidista muy importante que empieza desde la Cámara de Senadores, en donde el 14 de febrero de 2013, el 9 de abril de 2013, el 24 de abril de 2013 y el 29 de abril de 2013 presentaron diferentes senadores del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, estas reformas que ahora estamos a punto de votar.

Ahora bien, el 29 de abril de 2013 el Senado aprobó la minuta y el 30 de abril de 2013 esta honorable Cámara de Diputados recibió la minuta, que ha sido dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales, de la cual soy secretario.

Como ustedes saben, el origen de un nuevo sistema penal para la República Mexicana tuvo su nacimiento con las reformas constitucionales de 2008 y así esta etapa de implementación del sistema penal oral y acusatorio ha tenido un muy lento desarrollo. Así, tenemos 15 entidades federativas que aún se encuentran en su etapa de planeación, que son: Coahuila, Veracruz, Aguascalientes, Sinaloa, Quintana Roo, Baja California Sur, Colima, Querétaro, Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí, Sonora, Hidalgo, Campeche y Distrito Federal.

En la etapa de entrada en vigencia se ubican los estados de Tlaxcala, Tamaulipas, Michoacán, Tabasco y Puebla. Finalmente, se encuentran en operación mi estado natal, Chihuahua, y se encuentran el estado de México y Morelos. En operación parcial se encuentran Chiapas, Oaxaca, Nuevo León, Zacatecas, Durango, Yucatán, Guanajuato y Baja California Sur.

Compañeras y compañeros, es inaceptable que a cinco años de esta reforma ni siquiera la mitad de las entidades haya implementando el sistema, manteniendo a los gobernados bajo el yugo del sistema inquisitorio.

Los principales problemas al contar con una legislación procesal por cada entidad son diversos. Se tienen 33 legislaciones adjetivas en materia penal, con 33 criterios diversos, que provocan una gran oportunidad a los delincuentes. Ya lo mencionó otro compañero, de trasladarse de un estado a otro, etcétera.

La unificación y sistematización de criterios entre las 32 entidades federativas nos da una mejor coordinación y operadores jurídicos del nuevo sistema de justicia penal, con mayor certidumbre jurídica para todos los involucrados.

La reforma penal no es algo novedoso, se empezó desde 49, 58 y 63. En el Partido Acción Nacional impulsamos las reformas que requiere el país, tanto desde el gobierno como fuera de él.

Es por ello que apoyamos esta reforma en comento, la cual tendrá como consecuencia una mayor certeza jurídica para el pueblo mexicano, ya que desde el momento en que hay presentada una acusación hay una intervención judicial, junto con el Ministerio Público, que deja de tener esa facultad omnipotente que fue causal de múltiples, y ha sido causal de múltiples, abusos.

Ahora vamos a tener una justicia que le garantizará al detenido el pleno ejercicio de sus derechos humanos y a las víctimas el pleno ejercicio de su reparación. Amén de que también se establecerá un sistema de resolución de controversias de querella necesaria, en donde se ven afectados nada más intereses particulares y muy fácilmente se pueden resolver múltiples problemas y quitarle el enmarañamiento que tiene el sistema penal mexicano respecto de juicios que tienen poca relevancia, porque son meramente privados y ahora se pueden liberar.

Los insto por favor, compañeros y compañeras, a que aprobemos esta reforma histórica, para el bien del país y la justicia. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias a usted, don Carlos Fernando Angulo Parra.

Esta Presidencia saluda con un enorme afecto a don Peter Yocupicio, gobernador pascua yaqui de Arizona, a Jonathan Rothschild, alcalde de Tucson, Arizona, y a don Ramón Guzmán, presidente municipal de Nogales, Sonora. Sean ustedes bienvenidos a esta honorable Cámara de Diputados.

Tiene el uso de la voz dona Delvim Fabiola Bárcenas Nieves, del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Delvim Fabiola Bárcenas Nieves:Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras legisladoras, el acceso a la justicia de manera eficaz, pronta y expedita es una prerrogativa fundamental que a pesar de estar plasmada en nuestro texto constitucional su cumplimiento aun está pendiente en la agenda nacional, el cual de no ser cumplido a cabalidad seguirá retardando la consolidación de un sistema democrático que garantice las libertades del individuo y permita el ejercicio de los derechos humanos.

Resulta prioritario construir las bases de un sistema de justicia que garantice tanto la adecuada protección de la ciudadanía, y sus bienes jurídicamente tutelados, como el adecuado juzgamiento de quienes son señalados como transgresores de las normas penales, garantizando así la protección de los derechos de quienes se constituyen como partes en un proceso penal.

La situación de inseguridad en la que ha vivido inmerso nuestro país trajo consigo la incapacidad de nuestras instituciones para otorgar la debida atención y la protección de los derechos de las víctimas, así como garantizar un justo enjuiciamiento de quienes infrinjan la legislación penal.

El resultado de todo ello son agencias ministeriales, juzgados, centros de readaptación y defensorías de oficio rebasadas por la carga excesiva de trabajo. Funcionarios de los tres niveles de gobierno acusados de ineficiencia o de corrupción. Reclusorios desbordados por la población penitenciaria. Inocentes o pobres saturando las cárceles, y delincuentes caminando impunes en las calles.

En este rubro la situación que vivimos apenas se podría imaginar, pero es peor con los datos contenidos en la primera encuesta realizada en la población interna de los centros federales de readaptación social —elaborada en el CIDE y que son muy reveladores—. El 54 por ciento de los sentenciados dijeron haber sido llevados a otro lugar antes de la Agencia del Ministerio Público. El 27.5 por ciento dijo que el Ministerio Público no le había explicado por qué razón se encontraban ahí. El 42.2 por ciento dijo que no le había comunicado o informado del derecho que tenía para tener un abogado. El 66 por ciento de los encuestados dijo que no fue informado de que tenía derecho a no declarar.

Sobre la posibilidad de hacer una llamada telefónica, el 64.4 por ciento no pudo hacer una llamada telefónica. Sobre la existencia de amenazas o el uso de fuerza pública para obligar una declaración o para cambiar ésta, el 34 por ciento dijo haber sido amenazado y que se uso la fuerza física en su contra. Esta incertidumbre que vive la sociedad hoy en día es tan solo una pálida muestra del deterioro de nuestro sistema de justicia penal.

Esta situación no podría entenderse sino a partir de —entre otras causas— la diversidad de códigos adjetivos en nuestro país, que han provocado la dispersión de los procedimientos penales. Lo que ha restado uniformidad al tratamiento de quienes son señalados como infractores y ha dejado a la ciudadanía imposibilitada para hacer valer y para defender sus derechos constitucionales.

Es por ello que los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional nos pronunciamos a favor de esta reforma constitucional que se somete hoy al pleno, pues gracias a ella será posible que el Congreso de la Unión expida una legislación única procedimental penal, misma que contemplará mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirán en la República tanto en el orden federal como en el fuero común.

La reforma constitucional, hoy sometida a este pleno, nos permitirá fortalecer nuestro sistema penal a través de estrategias que permitan atender y servir de mejor manera a quien ha sido víctima de un delito y que de ninguna manera tiene que ser victimizado de nueva cuenta por las instituciones, o por los mismos servidores públicos. Pero no solo eso, contaremos con normas adjetivas que coadyuven al adecuado juzgamiento de quienes han violentado la ley, buscando en todo momento acceder a la verdad legal con base en pruebas tangibles y no en consignas.

Compañeras y compañeros legisladores, Séneca decía que nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía. Nosotros agregamos que también raya en la injusticia el juzgamiento sin equidad ni probabilidad de defensa. Injusto es criminalizar a las víctimas y ser indiferente a su dolor e indignación. Injusticia es hacer de los reclusorios el vertedero de la venganza social, en vez de una oportunidad para el perdón y la readaptación.

No habrá justicia en México hasta que las víctimas sean atendidas con humanidad y empatía, mientras los policías no se dediquen a proteger a la población, los fiscales dejen de poner precio a sus servicios y mientras los defensores no defiendan adecuadamente a sus clientes.

Imposible hablar de justicia mientras los reclusorios estén llenos de injusticias cuyos derechos siguen padeciendo aquella vieja máxima cincelada en las paredes de Lecumberri: En este maldito lugar, donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza.

Impensable hablar de justicia si, al contrario de cómo aconsejaba el Quijote a Sancho Panza, en México se sigue doblando la vara de la justicia con el paso de la dádiva y no con la misericordia.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos a favor de la reforma, que sin duda alguna ayudará de manera positiva a seguir moviendo a México. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Con esta cita del caballero de la triste figura terminamos la ronda de posicionamientos. Tendremos el gusto de escuchar, como siempre, a doña Luisa María Alcalde Lujan que va a hablar a favor. Tiene usted el uso de la voz por cinco minutos.

La diputada Luisa María Alcalde Luján:Un gusto también escucharlo a usted, presidente. Como es bien sabido, la reforma constitucional en materia penal del 18 de junio de 2008 fue una apuesta por transformar profundamente la forma de ejercer justicia en nuestro país que, como todos sabemos, es obscura e ineficiente y no garantiza debidamente los derechos de víctimas ni de imputados.

La reforma busca adoptar una nueva metodología, más transparente, lógica y ágil para ejercer justicia. Es decir, para exponer los argumentos de las partes y decidir sobre el futuro del imputado. En vez de largos procesos de creación de expedientes y transcripciones, el nuevo proceso acusatorio adversarial estará regido por un sistema de audiencias orales, en las que se deberán respetar los principios de oralidad, contradicción, publicidad, continuidad e inmediación.

Indudablemente la reforma ofrece grandes oportunidades para mejorar nuestro sistema penal pero también implica serios retos, que enfrentan hoy las entidades federativas que ya han empezado a implementar el nuevo sistema de justicia acusatorio. Uno de esos retos es la creación de un código procesal penal que instrumentalice debidamente los principios y derechos que la Constitución exige ahora. Un código que integre las buenas prácticas de los sistemas acusatorios que se han implementado a lo largo del país y que se aventure a romper paradigmas y evitar reintroducir las prácticas viciadas del proceso penal pasado, como se ha visto ya en ciertos estados.

Un código que por un lado garantice los derechos del imputado, como la presunción de inocencia y el derecho a una defensa adecuada, pero no deje de lado los derechos de las víctimas, que hoy más que nunca tenemos que proteger.

Esta labor se vuelve aún más difícil en el entorno de nuestro país, donde se tienen que elaborar no uno sino 33 códigos procesales penales, empezando por el Código Procesal Federal que hasta ahora no hemos aprobado. No obstante, de acuerdo con la Constitución tenemos menos de tres años para implementar el nuevo sistema de justicia acusatorio en nuestro país.

La diversidad de códigos procesales no nada más dificulta la implementación exitosa del nuevo sistema de justicia, también motiva criterios de interpretación contradictorios entre las entidades federativas, dificulta la coordinación entre las autoridades y fomenta la improvisación legislativa sobre temas que deberían ser modificados previo consenso y discusión por parte de todos los actores sociales interesados.

Es por esto que creemos que la unificación de las leyes procesales en materia penal es el mejor camino para remediar la dispersión legislativa y las inconsistencias y vicios entre las leyes locales y federales. Es la mejor forma de lograr la armonización entre la teoría penal y la práctica en todo el país, permitiendo además concentrar los esfuerzos académicos en la capacitación de los futuros operadores y la difusión y enseñanza de la legislación procesal. De manera más general, con la emisión de un código único se sumaría a la creciente tendencia internacional en materia procesal: la simplificación.

En pocas palabras, la unificación procesal-penal brindará certeza jurídica a la sociedad, evitando que exista desi-gualdad en la manera de juzgar a los ciudadanos por el solo hecho de residir en distintas entidades federativas.

Aprobar el presente dictamen, que facultaría al Congreso para legislar y expedir un Código Procesal Penal Único, es el primer paso de una larga lista de responsabilidades que tenemos los legisladores para enmendar un sistema corrupto e injusto, desigual y arbitrario.

Esperamos que las distintas fracciones parlamentarias acompañen esta reforma constitucional que hoy votaremos a favor. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, muy apreciable diputada.

Ábrase el sistema electrónico de votación para recabar votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, del dictamen en sus términos, por cinco minutos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, le informo que se emitieron 452 votos en pro, 3 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Estoy leyendo 453.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Perdón, 453.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 453 votos el proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de legislación procesal penal única. Pasa a las Legislaturas de los estados para los efectos del artículo 135 constitucional.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

Dictamen

I. Antecedentes legislativos

1. El 18 de septiembre de 2012, el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa que reforma los artículos 73, 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de empréstitos.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

2.El 9 de octubre de 2012, el diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa que reforma los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de deuda pública de los municipios.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. El 18 de octubre de 2012, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa que reforma los artículos 73, 74 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

4. El 21 de marzo de 2013, el diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, presentó iniciativa que reforma el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

5. El 21 de marzo de 2013, el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa que reforma los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para opinión.

6. El 21 de marzo de 2013, el diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa que reforma los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

7.El 16 de abril de 2013, la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa que reforma y adiciona los artículos 73 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

8. El 16 de abril de 2013, la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa que reforma los artículos 73 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

9. El 16 de abril de 2013, el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa que reforma y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

10. El 29 de abril de 2013, el diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, presentó iniciativa que reforma los artículos 73 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

11. En sesión celebrada el día 30 de abril de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta con la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos suscrita por las diputadas Tanya Rellstab Carreto del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, María Sanjuana Cerda Franco del Grupo Parlamentario Nueva Alianza y Lilia Aguilar Gil del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; así como los diputados Marco Antonio Bernal Gutiérrez, José Sergio Manzur Quiroga, y Manuel Añorve Baños del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Miguel Alonso Raya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Iván Villalobos Seáñez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Arturo Escobar y Vega y Tomás Torres Mercado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; y Ricardo Mejía Berdeja del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, en materia de deuda de los Estados.

El 14 de mayo de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, la iniciativa antes mencionada, para su análisis, estudio y elaboración de dictamen.

II. Contenido de las iniciativas

Las iniciativas en estudio pretenden modificar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer principios, controles y lineamientos de responsabilidad fiscal y disposiciones que promueven un uso ordenado y sostenible del financiamiento. Para dicho fin, cada iniciativa propone lo siguiente, conforme al orden en que fueron presentadas al Pleno de la Cámara de Diputados:

Iniciativa del diputado José Guillermo Anaya Llamas

Conforme a la exposición de motivos, contenida en la iniciativa, el endeudamiento es una forma de obtener financiamiento para realizar proyectos que no se lograrían con los ingresos ordinarios de los gobiernos. Resalta el hecho, de que en los últimos años, la contratación de créditos por parte de las Entidades Federativas se ha incrementado en forma notable.

Destaca, que los empréstitos contratados han sido destinados a gasto corriente, o bien, para la operación del gasto gubernamental, lo cual genera una carga financiera que no puede sostenerse, al no contar con mecanismos de recaudación eficiente.

Por ello, el iniciante propone reformar la fracción XXVII, del artículo 73, de la Ley Fundamental, para que el Congreso de la Unión tenga facultades para expedir leyes en materia de deuda pública; para adicionar un último párrafo a la fracción IV, del artículo 115, para que los Municipios solo puedan contratar obligaciones o empréstitos; así como para modificar la fracción VIII, del artículo 117 de la Constitución, a fin de establecer nuevas reglas en materia de endeudamiento para los Estados y los Municipios, señalando los límites y requisitos para que éstos puedan contratar deuda.

Iniciativa del diputado Omar Antonio Borboa Becerra

Según la iniciativa, el aspecto medular, es que no existe una relación entre el aumento de la deuda estatal y el desarrollo y crecimiento económico de las Entidades Federativas y Municipios. Destaca que existen diversos problemas que provocan el incremento de la deuda. Sostiene, que si bien los Estados reciben ingresos federales mediante las participaciones, éstos no son estables ni predecibles, lo cual provoca que al disminuir estos ingresos, se incurra en deuda.

Con base en las anteriores consideraciones, la iniciativa propone adicionar un párrafo sexto al inciso c) de la fracción IV, del artículo 115, reformar el segundo párrafo de la fracción VIII y adicionar dos párrafos al artículo 117 de la Carta Magna, para establecer que los municipios no pueden contraer obligaciones o empréstitos que rebasen su capacidad de pago o pongan en riesgo sus finanzas públicas;  la prohibición de contraer obligaciones o empréstitos mediante operaciones de refinanciamiento y reestructura; que el treinta por ciento de las obligaciones deben estar respaldadas con las contribuciones que recaude cada Estado y Municipio; y que la contratación de obligaciones financieras sea aprobada por las tres cuartas partes de los integrantes del Congreso Local.

Iniciativa del diputado Ricardo Mejía Berdeja

La iniciativa, considera que actualmente la Ley Fundamental, en la fracción VIII, del artículo 117, establece el marco jurídico de las Entidades Federativas para contratar créditos, estableciendo además que los empréstitos debe destinarse a inversiones públicas y pagarse en moneda nacional.

La deuda pública ha sido una herramienta utilizada por los gobiernos estatales para obtener recursos adicionales a los que puede generar la recaudación de contribuciones

Además, la deuda de los Estados está estructurada con obligaciones de pago con la banca comercial, la banca de desarrollo, emisiones bursátiles y fideicomisos, siendo el primer rubro al esquema al que se recurre por los órdenes de gobierno.

Para resolver el problema planteado, propone reformar la fracción XXVIII Bis, del artículo 73; la fracción VII del artículo 74 y la fracción VIII del artículo 117, de la Constitución, para otorgarle a la Cámara de Diputados la facultad de aprobar la contratación de empréstitos o créditos a los Estados, y que al contraer obligaciones o empréstitos sea conforme a los dispuesto por las Ley Fundamental y la ley.

Iniciativa del diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís

Según lo planteado por la iniciativa, los Estados y Municipios tienen un acceso limitado al financiamiento de deuda para proyectos de infraestructura. La banca de desarrollo cuenta con fondos limitados y el riesgo que impide otorgar préstamos que los bancos comerciales y la participación de los mercados de capital.

Las participaciones y aportaciones federales a que tienen derecho los Municipios, se encuentran etiquetados para financiar infraestructura social básica, aunado que los ingresos propios son insuficientes.

Por ello, la deuda es una opción para financiar la inversión pública, sin embargo, hay muchos casos en el país donde se ha detectado que ésta ha sido contratada alejada de las mejores condiciones que el mercado puede ofrecer, con tasas de interés evidentemente altas.

Con la finalidad de resolver el problema planteado, la iniciativa propone adicionar tres párrafos a la fracción VIII, del artículo 117 de la Constitución, para establecer que los Estados y Municipios al contratar un crédito deberá realizarse mediante licitación pública.

Iniciativa del diputado Carol Antonio Altamirano

Esta iniciativa considera que la deuda pública es un instrumento financiero para cubrir las necesidades de inversión gubernamental y que puede ser un elemento que impulse el desarrollo económico y social.

Estima el proponente que se debe mejorar el diseño y funcionamiento del proceso vinculado a la deuda pública en las Entidades Federativas y Municipios.

Considera que las iniciativas presentadas ante la Cámara de Diputados invaden la autonomía estatal al proponer la injerencia del titular del Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el manejo de las finanzas públicas estatales o para centralizar el control de deudas mediante una ley; por ello, no se debe atentar contra dicha autonomía con un control económico y político.

Para resolver el problema planteado, propone reformar la fracción IV, del artículo 115 y adicionar la fracción VIII, del artículo 117, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer la obligación para que las legislaturas de los Estados aprueben los compromisos de pago conforme a los lineamientos que pretenden adicionar a los referidos preceptos constitucionales.

Iniciativa del diputado Javier López Zavala

La iniciativa estima que el endeudamiento de los Estados y Municipios que crecido en los años recientes, por lo que se debe regular en la Carta Magna el manejo responsable de las finanzas públicas subnacional, ya que su indebido uso, provoca que no haya crecimiento ni desarrollo.

Además, señala que la iniciativa pretende garantizar el uso responsable en la contratación del financiamiento tanto nacional como extranjero; obtener empréstitos y una adecuada administración.

Estima que los gobiernos locales no tienen la capacidad para atender sus obligaciones crediticias, debido al dese-quilibrio de fondos de operación en el que los gastos corrientes exceden los ingresos recaudados en un  año fiscal.

Con base en las anteriores consideraciones, la iniciativa propone adicionar tres párrafos a la fracción IV, inciso c), del artículo 115 y reformar la fracción VIII del artículo 117, ambos de la Ley Fundamental, para que la legislaturas de las Entidades Federativas aprueben las obligaciones de deuda pública y que ésta sea destinada exclusivamente a la inversión pública productiva; considerar la reestructuración y refinanciamiento de la deuda pública se considere inversión pública productiva y que cualquier recurso que tenga un origen en empréstitos, emisión de valores o cualquier clase de financiamiento deberán ser aplicados en la ejecución de proyectos de inversión pública productiva.

Iniciativa de la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez

Según la iniciativa, ésta tiene por objeto regular el endeudamiento de los Estados y Municipios, para evitar que éste siga siendo manejado en forma irresponsable.

Estima que el crecimiento de la deuda no es un desequilibrio estructural de las finanzas locales, pues se encuentra focalizado en algunas Entidades Federativas.

A efecto de resolver la problemática planteada, propone adicionar la fracción VI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para legislar en materia de responsabilidad hacendaria y de coordinación fiscal, para establecer principios presupuestales  y de deuda pública, a fin de homologar la regulación de las finanzas públicas y lograr una adecuada coordinación; además, para reformar la fracción VIII, del artículo 117, de la Carta Magna, para introducir un nuevo esquema de endeudamiento público para v Estados y Municipios.

Iniciativa de la diputada Roxana Luna Porquillo

Esta iniciativa, destaca el contenido de la fracción VIII, del artículo 117 de la Ley Fundamental, en el sentido de que concede a los Estados y Municipios el derecho de contratar empréstitos, previa aprobación de sus Congresos, sin establecer un monto máximo o acumulado del endeudamiento; aunado a que no existe un contrapeso que impida sumar el monto total de los empréstitos y éstos sean impagables.

Con la finalidad de atender la problemática detectada, propone adicionar un segundo párrafo a la fracción VIII, del artículo 73 y modificar el segundo párrafo de la fracción VIII, del artículo 117, ambos del Código Político, para fijar las bases que regulen las operaciones de financiamiento que constituyan deuda pública, establecer en una ley los límites máximos de endeudamiento.

Iniciativa del diputado Silvano Blanco Deaquino

Según la iniciativa, el manejo imprudente e irresponsable de las finanzas públicas representa una amenaza para la ciudadanía. El correcto manejo del endeudamiento, provoca ampliar y diversificar las alternativas de financiamiento externo; desarrolla y fortalece los bonos de referencia del Gobierno Federal.

El crecimiento de la deuda subnacional representa un riesgo grave para la estabilidad macroeconómica del país, por lo que es necesario establecer reglas claras para los tres órdenes de gobierno.

Para atender la problemática expuesta, propone adicionar un párrafo tercero al artículo 25; adicionar una fracción XII al artículo 76; las fracciones IV, VIII y XXVIII, del artículo 73; adicionar dos párrafos a la fracción VI, del artículo 74; adicionar la fracción XI, del artículo 76; la fracción I, del artículo 79; así como adicionar los artículos 108, 110, 115 y 117, de la Constitución, para concederle al Congreso de la Unión la rectoría de las reglas y bases normativas que regulen la deuda pública; para establecer un mecanismo, a cargo del Senado de la República, para revisar el proceso de contratación; y para que una vez contratada la deuda, los gobiernos de los Estados y Municipios presenten informes de deuda pública para que en la revisión de la cuenta pública la Auditoría Superior de la Federación lleve a cabo la fiscalización respectiva.

Iniciativa del diputado José Martín López Cisneros

La iniciativa, considera que el problema de la deuda no solo constituye su acelerado crecimiento, sino que su uso no ha sido para orientarlo a la inversión en proyectos productivo que permitan obtener ingresos para solventar los compromisos de pago.

Para atender la problemática planteada, plantea reformar la fracción XXVII, del artículo 73 y la fracción VIII, del artículo 117 de la Constitución, para que el Congreso de la Unión tenga facultades para legislar en materia de deuda pública; y que los Estados y Municipios generen ingresos que les permitan cubrir el pago de sus deudas.

Iniciativa de las diputadas Tanya Rellstab Carreto, María Sanjuana Cerda Franco, Lilia Aguilar Gil y de los diputados Marco Antonio Bernal Gutiérrez, José Sergio Manzur Quiroga, Manuel Añorve Baños, Miguel Alonso Raya, Jorge Iván Villalobos Seáñez, Arturo Escobar y Vega, Tomás Torres Mercado y Ricardo Mejía Berdeja.

Según la iniciativa, contratar créditos para financiar necesidades relativas al gasto público es un derecho de los tres órdenes de gobierno y de sus respectivos organismos; pero no es una prerrogativa sujeta a caprichos de los gobernantes en turno, o de las legislaturas de los estados, para que estas puedan, en complicidad con los jefes del ejecutivo, endeudar de forma irresponsable, sin límites y con total opacidad a las entidades federativas que representan.

En casos concretos de algunas entidades, los pasivos se incrementaron de forma significativa y difícil de justificar.

La iniciativa afirma que en las entidades donde se observaron problemas hay un factor común: los sistemas de control a nivel local no fueron suficientes para llevar a un manejo responsable del financiamiento, y no hubo la transparencia necesaria. Por lo tanto, la iniciativa concluye lo siguiente:

La iniciativa, pretende modificar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer principios, controles y lineamientos que promuevan un uso ordenado y sostenible del financiamiento para las Entidades Federativas.

La iniciativa expone que la disciplina financiera de los Estados y los Municipios es una necesidad impostergable para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas locales.

Resalta que su contenido recoge en su esencia e integridad, las diversas preocupaciones que se han planteado en el Congreso de la Unión para ordenar, regular y transparentar la deuda que pueden contratar los Estados y Municipios, en el marco de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, en esta materia.

Asimismo, en dicha iniciativa se señala que a partir de la crisis en el sistema de pagos suscitada en 1995, el Gobierno Federal diseñó e implementó un programa para atender el problema financiero que presentaban las Entidades Federativas con la deuda pública. De ahí, gran parte de la deuda pública de los Estados fue reestructurada, recuperando viabilidad los programas financieros.

Además, los proponentes estiman que el esquema tributario que prevalece desde hace varios años, en el cual, los ingresos recaudados y distribuidos por el Gobierno Federal, aunado a los recursos captados por los Estados y Municipios, no han sido suficientes para cubrir el gasto público de éstos últimos; por esta razón, han acudido al endeudamiento para llevar a cabo inversiones en infraestructura.

Sin embargo, advierten que algunos gobiernos estatales y municipales han abusado del endeudamiento al realizar obras políticamente rentables, dejando la responsabilidad de la operación, el mantenimiento y el pago de dicha deuda a las siguientes administraciones. Ello ha ocasionado el sobregiro de la capacidad de endeudamiento de diversos Estados y Municipios, cuando el presupuesto que se destina al pago de los intereses y el capital es tan grande que limita seriamente su operación normal, poniendo en peligro el equilibrio de la tesorería y los servicios públicos que el gobierno está obligado a proporcionar.

Lo anterior, ha ocasionado que la deuda contraída por las Entidades Federativas y los Municipios haya crecido en años recientes, lo cual ha motivado que los iniciantes propongan las reformas y adiciones a la Carta Magna para replantear el manejo responsable de las finanzas públicas y evitar el uso incorrecto de los recursos obtenidos vía deuda pública.

También indican los iniciantes, que las reformas y adiciones a la Ley Fundamental deben garantizar el uso responsable del financiamiento y otorgamiento de empréstitos contratados con instituciones financieras tanto nacionales como extranjeras, así como la transparencia en la administración y ejercicio de los recursos; para ello, la iniciativa pretende establecer límites claros y precisos para que los Estados y Municipios adquieran deuda y se disminuya su costo.

La iniciativa hace énfasis en que debe incrementarse la inversión en proyectos de infraestructura orientados a programas sociales, de comunicaciones y transportes que permitan el desarrollo de la Nación.

En este tenor, los proponentes estiman que deben evaluarse los recursos obtenidos por los tres órdenes de gobierno mediante la deuda pública que generen bienestar y desarrollo, en forma responsable y transparente. Incluso, estiman los iniciantes que el abuso e irresponsabilidad en el endeudamiento, ha trastornado las finanzas públicas de los Estados y Municipios ya que destinan parte de los ingresos obtenidos al pago de las cargas financieras, como son el pago de intereses y capital.

Al respecto, afirman que de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre 2000 y junio de 2012, la deuda de Estados y Municipios aumentó el doble que sus ingresos, lo que puso a muchos de ellos en riesgo de insolvencia financiera; limitó sus posibilidades de endeudarse para proyectos realmente necesarios; y paralizó a algunos por la falta de liquidez ante sus proveedores. Además, comenta que en los últimos 12 años, la deuda de Estados y Municipios aumentó en más de 130%; y, más del 50% de esos recursos fueron erogados en los últimos cuatro años, sin que se conozca con el suficiente detalle el destino de los mismos; las tasas a las que fueron contraídos cada uno de esos créditos; y las razones que justificaron su contratación.

Agregan, que la incapacidad de los gobiernos locales para atender sus obligaciones crediticias, por lo general, coincide con la presencia de cualquiera de los siguientes factores o una combinación de ellos: un desequilibrio de fondos de operación en el que los gastos corrientes exceden significativamente a los ingresos corrientes en un período fiscal; una desviación importante y creciente en la recaudación de los ingresos pronosticados; un incremento inesperado en el monto de los intereses a pagar en un ejercicio (cuando en los contratos se estipulan tasas variables de interés), por causas de un desequilibrio macroeconómico como incrementos constantes en las tasas de inflación; y una actitud displicente de la banca privada, para otorgar créditos sin el debido sustento.

Frente a la problemática anterior, los proponentes aseveran que es necesario un marco legal que haga posible un uso más eficiente, responsable y transparente de los recursos públicos, por parte de los funcionarios estatales y municipales, el cual dé certeza a los ciudadanos de que sus impuestos están siendo destinados de la mejor forma posible y tengan la garantía de que nadie ha comprometido su bienestar o los servicios públicos a los que tienen derecho en los años por venir.

Por ello, indican que, dentro del respeto del federalismo, la iniciativa se orienta a fijar límites muy claros y precisos al endeudamiento de estados y municipios, que contribuirá a disminuir el costo de la deuda al que cada vez acceden más.

Opinan que los sistemas financieros deben superar la simple transmisión de la información para llegar a un sistema de rendición de cuentas, en el cual la sociedad evalúe los recursos financieros que ejercen los tres niveles y órdenes de gobierno, especialmente los obtenidos por deuda pública.

Afirman que es importante legislar en materia de deuda pública para las Entidades Federativas y los Municipios, para que se permita seguir considerando esa alternativa para financiar parcial o totalmente, complementando inversiones de los tres órdenes de gobierno y de la iniciativa privada, los proyectos de infraestructura que tienen una alta rentabilidad social y/o una fuente de repago.

Finalmente, refieren que como toda iniciativa que verse sobre empréstitos corresponde a la Cámara de Diputados conocer como Cámara de origen, en términos del inciso H, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y proponen reiterar dicha disposición dentro de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados.

Para atender la problemática planteada, plantean reformar los artículos 74, fracciones VII, VIII y IX; 79, párrafos primero y segundo de la fracción I; 108, último párrafo; 116, párrafo sexto de la fracción II y 117, fracción VIII; y adicionar los artículos 25, con un párrafo segundo, pasando los actuales párrafos segundo a octavo a ser los párrafos tercero a noveno; y 74, con las fracciones VIII y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer una disciplina financiera a los Estados y Municipios.

Modelos de control de la deuda propuestos en las iniciativas

En términos conceptuales, las iniciativas proponen establecer principios, reglas y controles constitucionales para promover, y en algunos casos, obligar a las entidades federativas a llevar una administración financiera responsable, que evite el sobre-endeudamiento, es decir, que impida se contraten obligaciones de pago que generen problemas fiscales para el Estado o el Municipio, y que en caso de que haya abusos, se sancione a los responsables.

Para llevar a cabo lo anterior, las iniciativas plantean dar la facultad al Congreso de la Unión de emitir una legislación que detalle los principios y las reglas de responsabilidad hacendaria, así como las bases para la contratación de empréstitos y obligaciones a cargo de las entidades federativas y los municipios. También proponen un conjunto de controles legales y políticos para asegurar el cumplimiento de las nuevas disposiciones legales y constitucionales, tales como autorizaciones ex ante por parte del Poder Legislativo Federal, y fiscalización ex post de los contratos por parte de la Cámara de Diputados.

El modelo de principios consiste en establecer en la Constitución redacciones de mandatos generales, las cuales servirán como base para establecer en leyes secundarias las reglas específicas, respetando la soberanía de los estados y municipios, y manteniendo el pacto federal. Por otro lado, el modelo de controles, además de establecer los mandatos generales, incluye mayor detalle de lo que se pretende normar, reglar o alcanzar así como un papel más fuerte del Congreso de la Unión, como por ejemplo, que el Poder Legislativo apruebe los montos de empréstitos que pretenden suscribir los Estados y Municipios.

A nivel del articulado, las iniciativas coinciden en reformar los artículos 73 y 117, aunque con diferencias respecto a las fracciones a modificar de tales artículos. Por su parte, las principales diferencias se encuentran en los artículos 25, 74, 76, 79, 108, 110, 115, 116 y 122, de la Carta Magna; lo anterior se muestra en el siguiente:

III. Cuadro comparativo

IV. Consideraciones

Esta Comisión dictaminadora, después de hacer un análisis de cada una de las iniciativas en estudio, llega a la convicción de emitir dictamen en, al estimar que es pertinente reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de deuda de los Estados, en razón de los siguientes argumentos.

Como quedó de manifiesto, las iniciativas que hoy se procede a dictaminar abordan desde distintos ángulos el problema de la deuda. Por ello, esta Comisión dictaminadora ha decidido enriquecerlas con la finalidad de formular una redacción que incorpore todas y cada una de las propuestas descritas en el apartado de antecedentes legislativos del presente dictamen, por lo que resulta necesario complementar el propósito de esta reforma.

Así, el concepto de deuda pública, enmarca todos aquellos ingresos obtenidos por los Entes Públicos a cambio de una cierta retribución, existiendo además, en la mayoría de los casos, la obligación de devolver el conjunto de las cantidades recibidas una vez transcurrido un determinado período de tiempo.

Según Salvador Santana Loza, la deuda pública estatal o municipal, es el “conjunto de obligaciones contraídas por un estado o una de sus subdivisiones políticas, cada una de las cuales es el resultado de una operación de crédito” .

Incluso, la deuda pública representa una fuente de ingresos a disposición de los Estados y Municipios más importante. En efecto, son numerosas las ocasiones en las que estos órdenes de gobierno deciden acudir al crédito como instrumento de financiamiento del déficit presupuestario, esto es, de la diferencia entre los gastos de un determinado ejercicio y los ingresos del mismo.

En este sentido, la forma más sana de financiamiento son los ingresos propios, lo cual obliga a que la administración tributaria, en la que descansa el gasto, perfeccione su sistema de recaudación de impuestos, derechos, contribuciones especiales por mejoras, así como los ingresos no tributarios como los aprovechamientos y productos.

Además de los ingresos descritos anteriormente, en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, se establecen aportaciones federales que la Federación transfiere a las haciendas públicas estatales y municipales, condicionando su ejercicio conforme a lo previsto por la Ley de Coordinación Fiscal.

Ahora bien, cuando existe un desfase en la relación ingreso-gasto, después de haber recurrido a la obtención de recursos, entonces pueden obtener ingresos recurriendo a la deuda pública mediante empréstitos, o bien, emitiendo y colocando bonos y obligaciones de deuda pública.

Por ello, el endeudamiento es una forma de financiamiento que hace posible realizar proyectos, que con los ingresos propios u ordinarios, no pueden lograrse, aunque si no existe una adecuada planeación o se presenta una mala administración, puede producir consecuencias lesivas en las finanzas del Estado o Municipio. Además, afecta el equilibrio presupuestal ya que cada año debe considerarse el pago a la amortización de la suerte principal y de los intereses respectivos.

En tal virtud, las diputadas y los diputados que integran este órgano legislativo, coinciden en la necesidad impostergable de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de los Estados y los Municipios, que garantice en el mediano y largo plazos un manejo adecuado de las finanzas públicas, con el fin último de generar condiciones que permitan el crecimiento de nuestra economía en beneficio de la población.

El crecimiento cotidiano de la población, que cada vez demanda mayores y mejores servicios, ha ocasionado que los recursos que recauda y distribuye el gobierno federal y los que generan los Estados y los Municipios, no resulten suficientes para atender sus necesidades.

Ante ello, los Estados y los Municipios, de conformidad con las facultades que les otorga el segundo párrafo de la fracción VIII, del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, han tenido que recurrir a contratar empréstitos, cada vez más, para realizar inversiones en infraestructura. Dicho párrafo dispone:

“Art. 117. Los Estados no pueden, en ningún caso:

VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública.”

Esta Comisión dictaminadora, considera que el endeudamiento en sí mismo no es pernicioso. La deuda bien utilizada es un instrumento de desarrollo tanto a nivel nacional como estatal. Una deuda bien utilizada es aquélla que tiene destinos claros y económicamente viables, con una aprobación transparente y de amplio consenso, con un registro del total de los compromisos, con una proporción razonable respecto de los ingresos y eficazmente supervisada.

El problema radica en que, en los últimos años, algunos de los Estados y los Municipios han abusado de ese medio de financiamiento, acompañado de la falta de normas que pongan límites, y que obliguen a la transparencia y rendición de cuentas.

Algunos gobiernos estatales y municipales han realizado obras políticamente rentables, pero que dejan la responsabilidad de la operación, el mantenimiento y el pago de dicha deuda a las administraciones siguientes. Ello ha ocasionado el sobregiro de la capacidad de endeudamiento de los Estados y los Municipios, porque el presupuesto comprometido al pago de la deuda es tan grande que limita seriamente su operación normal, poniendo en peligro el equilibrio de la tesorería y los servicios públicos que el gobierno está obligado a proporcionar.

Esta Comisión dictaminadora, también considera que el tema de la deuda pública Estatal y Municipal ha cobrado importancia dado su nivel de crecimiento y su impacto en las finanzas públicas locales, y tomando en cuenta que:

a) El crecimiento acelerado de la deuda estatal es relativamente reciente. En el periodo 2000-2007, el saldo de las obligaciones financieras de entidades federativas aumentó en promedio 6.0% por año en términos reales, mientras que para el periodo 2008-2012, la deuda aumentó en un monto de 231,691 millones de pesos (mdp), equivalentes a 114.1% respecto del cierre de 2008, por lo que en cuatro años se duplicó nominalmente;

b) El problema de deuda no es generalizado y se encuentra focalizado en algunas Entidades Federativas. En 2012, 13 Estados concentraron 82.1% del total de la deuda subnacional. De acuerdo al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 9 Entidades se encuentran en situación crítica;

c)El inicio del periodo de más acelerado crecimiento de la deuda Estatal coincide con la crisis económica y financiera internacionales de 2009. En este año, la actividad económica nacional se contrajo en 6% y los ingresos públicos federales registraron una caída de 5.6% con respecto a 2008, impactando las participaciones federales que disminuyeron 14.9% (equivalente a 47.7 mil millones de pesos), mismas que fueron compensadas por un incremento del endeudamiento estatal (49.1 mil millones de pesos). Es de destacar que los ingresos de las entidades federativas son dependientes de recursos federales (participaciones y aportaciones) que en conjunto significan cerca de 90% del total de los ingresos estatales;

d) La insuficiencia de los ingresos públicos de las Entidades Federativas para cubrir el gasto público es la principal causa del crecimiento de la deuda estatal. El número de Entidades Federativas con superávit primario ascendía a 22 en 2008 y para 2009 era tan solo de 12, lo que hace evidente las restricciones presupuestarias para cubrir el servicio de la deuda. De hecho, esta situación está presionando a las Entidades Federativas a caer en un círculo vicioso de mayor endeudamiento para conseguir recursos para pagar la deuda pública. Lo anterior, en un contexto de débil crecimiento económico y de un gasto público comprometido e irreductible;

e) El gasto de las Entidades Federativas muestra una tendencia creciente, inercial e incremental. De acuerdo a la ASF 90% es gasto irreductible (educación, salud, seguridad social, seguridad pública, pensiones, servicios personales y programas federales que operan en concurrencia financiera federal y estatal). En este caso del gasto en educación y salud, asociado a los procesos de descentralización, la participación estatal en su subvención en el periodo 2000-2011 pasó de 27.9 a 35.8% del total;

f) El déficit público estatal es persistente y acumulativo. La vulnerabilidad de los ingresos relacionados con las participaciones fiscales y el gasto público creciente e inercial de la mayoría de los componentes del gasto, se traduce en un problema de carácter estructural para las finanzas públicas locales; y,

g) El crecimiento de la deuda también está relacionado a contingencias relacionadas con la afectación de la infraestructura local por la ocurrencia de desastres naturales, bajas tasas de interés y ampliación en el plazo de financiamiento, así como el aumento de la oferta de financiamiento de la banca comercial y las oportunidades para la emisión de certificados bursátiles.

En suma, esta Comisión dictaminadora presta atención en que existe una diversidad de factores estructurales y coyunturales que explican la necesidad de financiamiento creciente por parte de los gobiernos Estatales y Municipales para hacer frente a sus obligaciones, mismas que se han visto afectadas por las crisis económicas, lo que ha conducido a convertir el endeudamiento local en un problema.

En este contexto, la solución a la problemática del endeudamiento acelerado de los gobiernos estatales requiere de una reforma de las finanzas públicas y del federalismo hacendario, que transformen las causas primarias que dan origen a la problemática que se está enfrentando.

En ese panorama, esta Comisión dictaminadora está de acuerdo en que es necesario un marco constitucional que haga posible un uso más eficiente, responsable y transparente de los recursos públicos por parte de los funcionarios Estatales y Municipales, el cual dé certeza a los ciudadanos de que sus impuestos están siendo destinados de la mejor forma posible, y tengan la garantía de que nadie ha comprometido su bienestar o los servicios públicos a los que tienen derecho en los años por venir.

La reforma constitucional que se pone a consideración de esta Soberanía, mantiene congruencia con el Pacto Federal. Es decir, establece un marco general aplicable a los diferentes órdenes de gobierno y, al mismo tiempo, respeta el ámbito de competencia de los gobiernos locales en la emisión de sus respectivos ordenamientos legales, la autorización de sus respectivos paquetes económicos y, en particular, en la aprobación de los montos anuales de endeudamiento y en los procesos de contratación correspondientes.

Es ideal que la presente reforma constitucional establezca las bases para transitar de la simple transmisión de la información para llegar a un sistema de transparencia y rendición de cuentas, en el cual la sociedad evalúe los recursos financieros que ejercen los tres niveles y órdenes de gobierno, especialmente los obtenidos por deuda pública. En este orden de ideas, entre otras medidas, se estima adecuado que se mejore el registro de deuda y de los demás pasivos contingentes con que cuenten los gobiernos locales.

Ahora bien, con el propósito de dar congruencia y eficacia a los planteamientos y propuestas presentadas por las diputadas y los diputados, los suscritos integrantes de esta Comisión planteamos modificaciones a las iniciativas que se dictaminan, por lo que los alcances por artículo que se proponen, se indican a continuación:

En este artículo se propone incluir, en el ámbito de la Planeación Nacional de Desarrollo, principios básicos para lograr un desarrollo económico sostenible. En ese sentido, se prevé que el Estado, entendido éste en los tres órdenes de gobierno, debe velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero.

Por ello, se establece que el Estado observe que la hacienda pública procure el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera, tomando en consideración los ciclos económicos nacionales e internacionales.

Dichos principios deben ser seguidos por los tres órdenes de gobierno, y ser considerados cuando se proceda a elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, así como los planes estatales y municipales, para que no hagan compromisos incumplibles, es decir, que estén más allá de la capacidad de la hacienda pública y de la economía nacional.

Esta Comisión plantea que los principios de equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera se desarrollen en las leyes secundarias, según se propone en la fracción XXIX-R, del artículo 73 Constitucional que más adelante se detalla.

En este artículo se propone lo que a continuación se indica:

a) Reformar la fracción VIII vigente, para facultar al Congreso de la Unión, para dar las bases por las que el titular del Poder Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la Nación; para aprobar los empréstitos, reconocer y pagar la deuda.

Además, establecer las bases generales para regular la deuda pública de los Estados, del Distrito Federal y los Municipios, en los siguientes aspectos:

— Las Entidades Federativas, el Distrito Federal y los Municipios podrán incurrir en endeudamiento, observando los principios de responsabilidad hacendaria;

— Los límites y modalidades bajo los cuales podrán afectar sus respectivas participaciones;

— La obligación de inscribir y publicar todos sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro único;

— Un “sistema de alerta” sobre el manejo de la deuda; y

— Así como, las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan dichas disposiciones.

La intención de estas bases, es que todas las obligaciones de pago, con independencia de cómo se denominen, queden perfectamente armonizadas, homologadas y sean transparentes.

En particular, cobra especial relevancia la creación de un registro público único de empréstitos y obligaciones que fortalecerá la transparencia y rendición de cuentas sobre el uso del endeudamiento público y brindará certeza a las operaciones que realicen dichos órdenes de gobierno. También es de destacar el “sistema de alertas”, el cual constituirá un instrumento clave para el seguimiento sobre el uso del endeudamiento público.

Asimismo, la ley general respectiva deberá complementarse con definiciones que clarifiquen los conceptos sobre los cuales aplicará la instrumentación de la presente reforma.

Un aspecto medular, consiste en que se enfatiza para que las referidas leyes deban discutirse primero en la Cámara de Diputados, tal y como lo previene el artículo 72, inciso H, de la Ley Fundamental vigente.

b) Adicionar la fracción XXIX-R, para facultar al Congreso de la Unión a iniciar leyes en materia de responsabilidad hacendaria, que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas, con base en los principios de equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera que se proponen adicionar en el artículo 25 Constitucional.

Cabe destacar que los principios de responsabilidad hacendaria aplicables a la Federación ya están previstos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo que aquéllos aplicables a los Estados, a los Municipios, al Distrito Federal y a sus demarcaciones territoriales, serán materia de la ley, que el Congreso de la Unión, tendrá que expedir para reglamentar esta fracción en términos similares a la referida legislación federal.

En este artículo se proponen las siguientes reformas y adiciones:

Adicionar una fracción VIII, para implementar un control político que ejercerá la Cámara de Diputados sobre las Entidades Federativas y los Municipios, en materia de deuda pública.

En este caso, se propone que la Cámara de Diputados conozca y, en su caso, emita una opinión, mediante la Comisión legislativa competente, respecto de la estrategia de ajuste de finanzas públicas de los Estados que tengan niveles elevados de deuda.

Para tal efecto, tendrán que ser enviadas a la Cámara de Diputados, las estrategias de ajuste, que se vayan a llevar a cabo, e incorporar los convenios que dichos órdenes de gobierno pretendan celebrar con el Gobierno Federal para obtener garantías.

Asimismo, se prevé que en los casos de Municipios, con niveles elevados de deuda y que celebren dichos convenios, se informe a la Cámara de Diputados.

El caso del Distrito Federal, se mantiene en sus términos la regulación constitucional vigente para su aprobación.

En esta hipótesis normativa se reforma la fracción I, con el objeto de reforzar la rendición de cuentas, concediendo facultades a la Auditoría Superior de la Federación, para fiscalizar que el Gobierno Federal otorgue las garantías con cargo al crédito de la Nación en forma adecuada.

Además, la Auditoría Superior de la Federación, podrá fiscalizar directamente a los Estados, a los Municipios, al Distrito Federal y a los órganos políticos-administrativos de sus demarcaciones territoriales, cuando accedan a dichas garantías, para auditar el destino y el ejercicio de los recursos correspondientes. Incluso, para el caso de que las Entidades Federativas y Municipios, que cuenten con la garantía de la federación, fiscalizará el destino y ejercicio de eso recursos. Los recursos federales serán fiscalizados aún y cuando sean destinados y ejercidos por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, así como los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra forma jurídica.

En esta disposición normativa, se propone adicionar un cuarto párrafo, el cual mandate a los gobiernos locales a que contemplen en sus Constituciones la responsabilidad en que incurren los servidores públicos de los Estados y de los Municipios, por el manejo indebido de recursos públicos y de la deuda pública.

Lo anterior, se considera indispensable para que la propuesta sea integral al prever reglas que fomenten un uso responsable y adecuado del financiamiento y, al mismo tiempo, que fortalezcan decididamente la rendición de cuentas, tanto de los entes públicos como de los servidores públicos.

No se omite señalar, que conforme a las reformas recientemente aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, falsear o desvirtuar información financiera con el objeto de engañar u ocultar la real situación financiera, constituye una falta administrativa grave y también es motivo de responsabilidad penal. En este sentido, si los servidores públicos llegaran a incurrir en dichas conductas, serán sancionados en términos de dicha ley y las demás que resulten aplicables.

La propuesta consiste en reformar el párrafo sexto, de la fracción II, para fortalecer la rendición de cuentas en el uso del endeudamiento público, al concederle atribuciones a las entidades de fiscalización de los Estados para fiscalizar las acciones de los Estados y los Municipios, en materia de fondos, recursos federales, locales y deuda pública.

La reforma a la fracción VIII, tiene como finalidad fomentar un uso responsable del endeudamiento y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, al considerar lo siguiente:

a) Se mantiene la prohibición para contraer obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, personas físicas o morales, extranjeras, así como aquéllos que deban cubrirse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

b)Las legislaturas locales, tendrán que aprobar los empréstitos y obligaciones por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.

c) Se precisa que, además de contraer endeudamiento para financiar inversiones públicas productivas, podrán realizar operaciones de refinanciamiento y reestructura, siempre y cuando, las realicen bajo condiciones de mercado.

d)Se prohíbe expresamente que se destinen los recursos de los empréstitos a cubrir gasto corriente, como un principio básico de responsabilidad fiscal.

e)Se faculta a los gobiernos estatales para otorgar garantías a los Municipios, con el objeto de facilitar el acceso al crédito de los mismos, bajo condiciones financieras más favorables.

f)Se mantiene la obligación de reportar el uso del endeudamiento público en la Cuenta Pública correspondiente.

g)Los Estados y los Municipios, podrán contratar obligaciones de corto plazo para cubrir sus necesidades de flujo, sujeto a los límites y condiciones que se establezcan en la legislación federal y siempre que se liquiden totalmente a más tardar tres meses antes del término del período de gobierno correspondiente. Asimismo, se prevé que no podrán incurrir en este tipo de obligaciones en dicho plazo.

Por lo anterior, con la finalidad de comparar el texto vigente de la Ley Fundamental con las modificaciones propuestas a las iniciativas que se dictaminan, se presenta el siguiente cuadro:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales que suscriben, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios.

Artículo Único.Se reforman la fracción VIII del artículo 73; los párrafos primero y segundo de la fracción I del artículo 79; el párrafo cuarto del artículo 108; el párrafo sexto de la fracción II del artículo 116; y, el párrafo segundo de la fracción VIII del artículo 117; y se adicionancon un segundo párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes al artículo 25; la fracción XXIX-R al artículo 73; la fracción VIII al artículo 74, pasando la actual a ser fracción IX; y los párrafos tercero y cuarto a la fracción VIII del artículo 117 todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. Para ello, procurará el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera, tomando en consideración los ciclos económicos nacionales e internacionales. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dichos principios.

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 73.El Congreso tiene facultad:

I. a VII. ...

VIII. En materia de deuda pública, para:

1o. Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado; así como los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29.

2o. Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe de Gobierno le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal informará igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública.

3o. Establecer en las leyes las bases generales, para que los Estados, el Distrito Federal y los Municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan; la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de manera oportuna y transparente; un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones. Dichas leyes deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados conforme a lo dispuesto por el inciso H del artículo 72 de esta Constitución;

IX. a XXIX-Q. ...

XXIX-R. Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas de la Federación, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, con base en los principios establecidos en el párrafo segundo del artículo 25 de esta Constitución;

XXX. ...

Artículo 74. ...

I. a VII. ...

VIII. Conocer, y en su caso, opinar, a través de la Comisión legislativa competente en los términos que señale la ley, respecto a la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los Estados, planteada en los convenios que, en su caso, pretendan celebrar con el gobierno federal para obtener garantías. Lo anterior aplicará en el caso de los Estados que tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley. Asimismo, de manera inmediata a la suscripción del convenio correspondiente, ser informado de la estrategia de ajuste para los Municipios que se encuentren en el mismo supuesto, así como de los convenios que, en su caso, celebren los Estados que no tengan un nivel elevado de deuda, y

IX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.

Artículo 79. ...

...

...

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios;el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales. En el caso de los Estados y los Municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales.Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

...

...

...

II. a IV. ...

...

...

...

...

Artículo 108. ...

...

...

Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

Artículo 116. ...

...

I. ...

II. ...

...

...

...

...

Las legislaturas de losEstados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos federales y locales, y deuda pública.

...

...

III. a VII. ...

Artículo 117. ...

I. a VII. ...

VIII. ...

Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado,inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y, en el caso de los Estados, adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los Municipios. Lo anterior,conforme a las bases que establezcan las legislaturas en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en esta Constitución,y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben.Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.

Las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.

Sin perjuicio de lo anterior, los Estados y Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del período de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses.

IX. ...

...

Artículos Transitorios

Primero.El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La Ley Reglamentaria en Materia de Responsabilidad Hacendaria Aplicable a las Entidades Federativas y los Municipios que deberá expedirse en términos de la fracción XXIX-R del artículo 73 del presente Decreto, así como las reformas que sean necesarias para cumplir lo previsto en este Decreto, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Tercero.Dentro del plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la ley reglamentaria a que se refiere el artículo anterior, las legislaturas de las Entidades Federativas realizarán las reformas necesarias para armonizar su legislación con este Decreto y la ley citada.

Cuarto.Las Entidades Federativas y los Municipios se sujetarán a las disposiciones de este Decreto y a las de las leyes a que se refiere el artículo transitorio Segundo del mismo, a partir de la fecha de su entrada en vigor y respetarán las obligaciones que, con anterioridad a dicha fecha, hayan sido adquiridas con terceros en los términos de las disposiciones aplicables.

Quinto.La ley reglamentaria establecerá la transitoriedad conforme a la cual entrarán en vigor las restricciones establecidas en relación a la contratación de financiamiento de corto plazo, a que se refiere el artículo 117, fracción VIII, último párrafo de este Decreto.

Sexto.Las entidades federativas y los municipios enviarán al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión un informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, en un plazo máximo de 60 días naturales, conforme a los lineamientos que aquél emita.

Séptimo.La ley reglamentaria establecerá que en el registro a que se refiere el inciso 3o. de la fracción VIII, del artículo 73 de este Decreto, se incluirán cuando menos los siguientes datos de cada empréstito u obligaciones: deudor, acreedor, monto, tasa de interés, plazo, tipo de garantía o fuente de pago, así como los que se determinen necesarios para efectos de fortalecimiento de la transparencia y acceso a la información.

En tanto se implementa el referido registro, se pondrá a disposición de las comisiones legislativas competentes de la Cámara de Diputados un reporte de las obligaciones y empréstitos a que se refiere el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal con la que actualmente cuenta el registro, a más tardar en un plazo de 30 días naturales; así como, aquella información adicional que las comisiones legislativas competentes soliciten a las autoridades relacionadas con la misma. Igualmente, se deberá informar cada cierre trimestral (marzo, junio, septiembre y diciembre), los empréstitos y obligaciones registrados en cada periodo, especificando en su caso, si fue utilizado para refinanciar o reestructurar créditos existentes. Lo anterior, con el objeto de que en tanto entra en vigor la ley reglamentaria y se implementa el registro, la Cámara de Diputados pueda dar puntual seguimiento al endeudamiento de los estados y municipios.

Los servidores públicos y demás personal de la Cámara de Diputados que tengan acceso a la información referente al presente artículo transitorio, serán responsables del manejo de la misma y responderán por los daños y perjuicios que en su caso ocasionen por su divulgación.

Octavo.La ley reglamentaria a que se refiere el artículo 73, fracción VIII, inciso 3o. de este Decreto, establecerá las modalidades y condiciones de deuda pública que deberán contratarse mediante licitación pública, así como los mecanismos que se determinen necesarios para efectos de asegurar condiciones de mercado o mejores que éstas y el fortalecimiento de la transparencia en los casos en que no se establezca como obligatorio.

Nota:

1 Santa Loza, Salvador, “La hacienda pública municipal”, Hacienda Municipal, Guadalajara, Jalisco, Indetec, número 47, junio de 1994, pp. 40 y 41.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de julio de 2013.

Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Marcos Aguilar Vega, Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, Héctor García García, Raymundo King de la Rosa, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela, Julisa Mejía Guardado, Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Arely Madrid Tovilla (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega, Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez, Ricardo Villarreal García, Damián Zepeda Vidales (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Antonio Cuéllar Steffan, Amalia Dolores García Medina (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, Fernando Zárate Salgado.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Para fundamentar el dictamen tiene la palabra el presidente de la comisión, don Julio César Moreno Rivera.

El diputado Julio César Moreno Rivera:Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales vengo a fundamentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios.

Es lamentable que en los últimos años de forma recurrente se han presentado casos escandalosos de sobreendeudamiento en algunos estados y municipios, por lo que no se debe dejar de lado la necesidad que existe de armonizar límites, criterios y principios que normen la capacidad de pago, evitando así que con el paso del tiempo la deuda de estos ponga en riesgo la estabilidad financiera en el país.

Como es de nuestro conocimiento, en la actualidad la insuficiencia de los ingresos públicos de las entidades federativas para cubrir el gasto público es la principal causa del crecimiento de la deuda estatal. Situación que está orillando a las entidades federativas a caer en un círculo vicioso de mayor endeudamiento para conseguir recursos suficientes para pagar la deuda pública. Lo anterior, en un contexto de débil crecimiento económico y de un gasto público comprometido e irreductible.

Al respecto de un estudio realizado por la Auditoría Superior de la Federación, se desprende que hasta el 31 de diciembre del 2011 el saldo de la deuda subnacional de los registros de obligaciones y empréstitos de las entidades federativas y municipios ascendió a 390 mil 797 millones de pesos. De igual forma, se indicó que del 2008 al 2011 se presentaron aumentos significativos en las variaciones reales de las deudas de los estados, observándose los montos más altos en 11 entidades federativas, siendo éstas Campeche, Coahuila, Tamaulipas, Morelos, Zacatecas, Quintana Roo, Nayarit, Yucatán, Veracruz, Chihuahua y Baja California Sur.

Compañeros legisladores, las cifras hablan por sí solas. Incrementos sustanciales en la deuda pública de municipios y estados son evidentes, por lo que ante estas situaciones tan alarmantes resulta imperativo que este Poder Legislativo lleve a cabo las acciones necesarias para controlar la deuda pública de los diferentes órdenes de gobierno.

En este sentido, con las reformas y adiciones propuestas a la Ley Fundamental se pretende solucionar la problemática del endeudamiento acelerado de los gobiernos estatales y municipales, ya que se requiere de una reforma a las finanzas públicas del federalismo hacendario que transforme las causas primarias que dan origen a la problemática que se está enfrentando.

De este modo, el dictamen puesto hoy a su consideración tiene como ejes rectores los siguientes temas: en el ámbito de la planeación nacional de desarrollo, el establecimiento de principios básicos para lograr un desarrollo económico sostenible. La previsión para que el Estado, entendido éste en los tres órdenes de gobierno, vele por la estabilidad de las finanzas públicas.

El establecimiento de las bases generales para regular la deuda pública de los estados y municipios, con la intención de que todas las obligaciones de pago, con independencia de cómo se denominen, queden perfectamente armonizadas, homologadas y sean transparentes.

La creación de un registro público único de empréstitos y obligaciones, que fortalecerá la transparencia y la rendición de cuentas sobre el uso de endeudamiento público, además de brindar certeza a las operaciones que realicen dichos órdenes de gobierno.

La implementación de un control político que ejercerá la Cámara de Diputados sobre las entidades federativas y los municipios en materia de deuda pública. En este caso, esta soberanía conocerá y en su caso emitirá una opinión mediante la comisión legislativa competente respecto de la estrategia de ajuste de finanzas públicas de los estados que tengan niveles elevados de deuda.

La facultad de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar que el gobierno federal otorgue las garantías con cargo al crédito de la nación en forma adecuada. El fortalecimiento de la rendición de cuentas en el uso del endeudamiento público, al concederle atribuciones a las entidades de fiscalización de los estados para fiscalizar las acciones de los estados y los municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública.

Asimismo se prohíbe expresamente que se destinen los recursos de los empréstitos a cubrir gasto corriente, como un principio básico de responsabilidad fiscal, y se faculta a los gobiernos estatales para otorgar garantías a los municipios, con el objeto de facilitar el acceso al crédito de los mismos bajo condiciones financieras más favorables.

Cabe señalar que la reforma constitucional que se pone a consideración de esta soberanía mantiene congruencia con el pacto federal, al establecer un marco general aplicable a los diferentes órdenes de gobierno, al mismo tiempo que respeta el ámbito de competencia de los gobiernos locales en la emisión de sus respectivos ordenamientos legales en la autorización de sus paquetes económicos y, en particular, en la aprobación de los montos anuales de endeudamiento y en los procesos de contratación correspondientes.

Compañeros y compañeras diputadas, no debemos perder de vista el compromiso impostergable que como legisladores debemos de garantizar en el mediano y largo plazo un manejo adecuado de las finanzas públicas, con el fin último de generar condiciones que permitan el crecimiento de nuestra economía en beneficio de la población mexicana.

En tal sentido, los invito a votar a favor del dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales, con la finalidad de establecer en nuestra Ley Suprema principios, reglas y controles constitucionales para que las entidades federativas y municipios lleven una administración financiera responsable que evite el sobreendeudamiento. Es decir, que impida se contraten obligaciones de pago que genere problemas fiscales para el estado o municipio, y que en caso de que haya abusos se sancione a los responsables.

Quiero terminar, compañeras y compañeros diputados, comentando que en su momento presentaré una reserva suscrita por distintos diputados de diversas fracciones con la finalidad de alcanzar los más amplios consensos para la aprobación de esta reforma. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor presidente.

El dictamen ahora sí está a la consideración de la asamblea. Don Luis Antonio González Roldán, tiene usted el uso de la voz.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados, el proyecto de decreto que hoy nos ocupa es producto de una amplia discusión y análisis que derivó en diversas coincidencias, a partir de perspectivas y propuestas de compañeros diputados provenientes de diferentes enfoques ideológicos.

Se trata de un decreto que resume coincidencias y preocupaciones para atender, orientar y regular el endeudamiento de las entidades federativas y sus municipios, que en su conjunto conforman el pacto federal, pero que hoy en día ante el desequilibrio que muestran las haciendas públicas locales en relación con su ingreso-gasto han recurrido a la obtención de recursos mediante el endeudamiento.

Hoy entramos a una nueva etapa de responsabilidad y transparencia sobre el manejo de los recursos públicos del país. Y estamos convencidos de lo anterior porque en Nueva Alianza consideramos que un buen gobierno es sinónimo de una administración honesta, transparente y con visión de futuro, centrada en la ciudadanía.

Estamos conscientes que es mucho más difícil transformar el futuro que repetir los esquemas del pasado, pero tenemos como legisladores la responsabilidad de mirar hacia adelante para mejorar el porvenir de todos los mexicanos. En eso radica lo trascendental de esta reforma constitucional. Con su aprobación sentamos las bases para un manejo adecuado de las finanzas públicas de los estados y municipios. Bases que deben fomentar, incluso en su endeudamiento, mejores condiciones de vida para los actuales y futuros mexicanos.

El eficaz manejo de la deuda pública es un tema fundamental en la salud de las finanzas de los gobiernos estatales y municipales. Algunos de éstos registran un endeudamiento excesivo en relación a sus posibilidades reales de pago, hipotecando el futuro de sus entidades y coartando el desarrollo del territorio y sus ciudadanos.

Como diputado federal perteneciente a la fracción parlamentaria de mi instituto político, Nueva Alianza, me complace reconocer que en esta reforma constitucional se han condensado distintos puntos de vista sobre el problema de la deuda que enfrentan las entidades federativas. Y que según la estadística disponible pasaron de 203 mil 70 millones de pesos en el año 2008 a 436 mil 242 millones a marzo de este año 2013, lo que equivale a un aumento del 115 por ciento.

Según la distribución por acreedor, la banca comercial registra el 62 por ciento de dicho endeudamiento, la banca de desarrollo ha financiado casi 89 mil millones de pesos, que significan el 20.4 por ciento, mientras que otras fuentes de endeudamiento —como las emisiones bursátiles, los fideicomisos y otros— financiaron a los estados y municipios con el 17.8 por ciento de recursos, que rebasaron los 77 mil millones de pesos.

Sin embargo, aunque este endeudamiento de por sí es voluminoso, se advierte un consenso entre las autoridades financieras del país, al señalar que el endeudamiento todavía no representa un peligro para el sistema financiero nacional, ya que en su conjunto equivale respecto al producto interno bruto menos del 3 por ciento.

La contratación de deuda deberá realizarse bajo condiciones de mercado, aun la de organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos, así como la que sirva para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los municipios. Se prevé incluso, según la reforma al artículo 73, que la licitación pública sea una modalidad y con las condiciones necesarias para la contratación de la deuda. De igual manera, se mantiene la prohibición para contraer obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, personas físicas o morales extranjeras, así como aquellos que deban cubrirse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Luego entonces, los diputados federales que integramos esta LXII Legislatura desde sus orígenes, a tiempo y de manera preventiva, estamos actuando respecto de un problema que empieza a tener dimensiones de alcance nacional.

¿Qué logramos con este decreto, al reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? En Nueva Alianza afirmamos que se pretende atender el problema del endeudamiento acelerado de los gobiernos estatales y municipales y —al mismo tiempo— promover un uso eficiente, responsable y transparente de los recursos públicos, precisando además que los servidores públicos de las entidades federativas serán los responsables del eventual manejo indebido de la deuda pública.

Al aprobarse este dictamen, los estados y los municipios —incluyendo el Gobierno del Distrito Federal— tendrán la obligación de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único de manera oportuna y transparente. Igualmente, se creará un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda de estados y municipios y se definirán sanciones aplicables a los servidores públicos que incumplan con estas nuevas normas.

Las entidades federativas en ningún caso podrán destinar los empréstitos para cubrir gasto corriente ni contraerán deuda cuyo destino no sean las inversiones públicas productivas o el refinanciamiento o reestructura de la misma.

La contratación de deuda deberá realizarse bajo condiciones de mercado, aun la de los organismos descentralizados. Se mantiene la prohibición para contraer obligaciones con gobiernos de naciones extranjeras.

Con esta reforma estamos definiendo la participación de las fuerzas políticas del país, representadas en los Congreso locales, con una tarea muy precisa: ser las instancias que conozcan y determinen hacia dónde debe ir el endeudamiento de los gobiernos de los cuales forman parte.

En mi grupo parlamentario estaremos muy atentos y seguiremos participando para precisar cómo deberán ser los alcances de la legislación secundaria que en materia de responsabilidad hacendaria expedirá la Cámara de Diputados, como resultado de esta reforma constitucional y —en tal sentido— se establecerán las bases generales para el endeudamiento, así como sus límites y modalidades bajo las cuales esos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los préstamos y obligaciones de pago que contraigan.

En Nueva Alianza mantenemos un firme compromiso con las y los mexicanos. Sabemos que demandan un gobierno eficiente, eficaz, que sea transparente y honesto al ejercer recursos públicos, recursos que provienen de sus contribuciones, a fin de que se atiendan sus necesidades y se establezcan las condiciones necesarias para su superación.

Por ello, para que México se desarrolle de forma productiva y brinde las condiciones necesarias y elementales a su población es indispensable que cuenten con finanzas públicas ordenadas, sanas y sostenibles en los tres órdenes de gobierno.

En mi partido, en Nueva Alianza, no tenemos duda que con ejercicio de concertación, confluencia y acuerdos con todas las fuerzas políticas —como el que antecede a esta reforma— es lo que a nuestro México le dará toda la viabilidad para construir una nación más justa, moderna y con gobiernos estatales y municipales plenamente responsables, transparentes y comprometidos con sus gobernados. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz la diputada Lilia Aguilar Gil.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del pleno. Creo que más allá de venir a esta tribuna a decir qué es lo que contiene la reforma, porque eso es lo que haremos o lo que trataremos de hacer todos, primero debemos preguntarnos qué es lo que nos tiene aquí aprobando esta reforma, claramente, aparte del Pacto por México.

Y lo que nos tiene aprobando esta reforma y la necesidad popular que se ha creado sobre este tema, es el uso irresponsable de una herramienta que debería ser virtuosa y se ha convertido en una herramienta viciosa para los estados. Es decir, quién no recuerda —diputados ciudadanos— quién no se ofende con los grandes escándalos que se han dado con el tema de la deuda en varios estados y no voy a nombrar a personas, porque no se trata esto de una discusión política sino de una discusión técnica, los grandes escándalos sobre los temas de Coahuila, Chiapas, inclusive Veracruz. Eso es lo que nos tiene aquí.

Es decir, un elemento que podría haber sido virtuoso —como lo dije— que es el endeudamiento, que es una forma de financiamiento para los estados, que permitiría que los estados pudiesen adquirir recursos adicionales que bien manejados podrían crear infraestructura y podrían utilizarse para programas sociales o para programas de desarrollo de los estados y los municipios, se ha optado por utilizar Congresos locales a veces poco responsables, otras veces poco informados y, en muchas ocasiones, completamente entregados a los gobernadores, para aprobar deuda que ha dañado a los estados, a los municipios y que se ha ido no solamente a gasto corriente, sino a gasto dudoso —por decirlo de alguna manera— en algunos estados de este país.

Entonces, ¿qué es lo que hace esta reforma, en términos prácticos? ¿Para qué sirve? Es decir, ¿por qué tanto ir y venir con el tema del endeudamiento de estados y municipios, que hemos tenido ya desde el pasado receso de este Congreso de la Unión?

Garantiza el uso responsable de la contratación de financiamiento de créditos, empréstitos y préstamos para los gobiernos estatales y municipales, así como su administración transparente. Establece —y esto es muy importante— límites claros y precisos para que los estados y municipios adquieran deuda y disminuyan su costo.

Porque hay que ser muy claros en esto. Hay estados en donde —hay que decirlo, en su mayoría— los gobernadores y muchos municipios ya no tienen que pedir autorización a sus Congresos ni a sus cabildos para adquirir ciertas deudas que no superen el término de su periodo de gobierno. Es decir, los titulares de los Ejecutivos pueden endeudarse de la manera que mejor les parezca y utilizar este recurso de la manera que mejor les parezca, todo depende de la legislación del estado.

Incluye además —esta iniciativa— mecanismos de control que obligarán a los estados y municipios, entre otras cosas, a licitar la contratación de deuda. Es decir, ya no será directamente por un trato, por un amigazgo, o cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar.

De manera muy importante, creo que incrementa el tema de la inversión en infraestructura para que estas deudas no se vayan a gasto corriente. Aunque pareciera un lugar común o un tema común, ésta es una de las cosas más importantes de esta iniciativa. Es decir, si vas a endeudar al estado, endéudalo con algo positivo, que tenga y que deje cuando menos en el estado infraestructura y que deje proyectos a largo plazo.

Es decir, estamos de cierta manera “obligando” —y lo digo entre comillas— a nuestros gobernadores y a nuestros presidentes municipales a que tengan miras a largo plazo y dejar un granito de arena a quienes están gobernando.

Porque, ¿cuáles son los pros y los contras de esta reforma? Y con esto pasaría ya al último tema, que es el tema de auditoría y fiscalización. Mucho se ha dicho que con este tema —y lo discutimos nosotros en el grupo parlamentario— probablemente vamos a entrar a un sistema de centralización que no ayuda al sistema federal mexicano. Es decir, si ustedes revisan los tres asuntos que estamos tratando en este periodo extraordinario podemos observar que todos tienen que ver con la centralización de atribuciones del Congreso.

El código procedimental único, es decir que le da la atribución al Congreso de hacer un código de procedimiento único para todos los estados. Una Ley de Catastro, donde ponemos el mínimo o las reglas generales para los temas catastrales desde esta Cámara de Diputados. Y ésta, que tiene que ver con el tema de endeudamiento de estados y municipios que se fijarán desde el Estado.

Sin embargo, en este tema digamos que es necesario replantear el pacto federal. Y creo, y creemos en el Partido del Trabajo —y así lo discutimos y así concluimos— que esta reforma constitucional está en congruencia con el pacto federal. Es decir, establece un marco general aplicable a los diferentes órganos de gobierno y al mismo tiempo respeta el ámbito de competencia de los gobiernos locales en la emisión de sus respectivos ordenamientos legales.

Se ha dicho sobre esta reforma —algunos legisladores— que probablemente aprobarla como está, lejos de poner orden va a causar que haya mayor deuda, o que desde el centro se pueda acreditar a algunos gobernadores o presidentes municipales a que adquieran deuda y a los menos cercanos al centro a que no lo hagan. Es por eso que las normas son de aplicación general y esperamos que la tentación no esté en manos del Ejecutivo o de quien así lo pueda determinar.

Me gustaría cerrar con un tema central y que nos deja un pendiente en esta Cámara de Diputados, que es el tema de auditoría y fiscalización.

Esta iniciativa toca también temas de auditoría y fiscalización para las deudas que se están adquiriendo y que se están regulando por esta ley. Sin embargo hay un gran tema, un gran hoyo negro —diría— en el tema de auditoría y fiscalización en los estados, en su mayoría tenemos auditores completamente entregados a los gobernadores —por decir lo menos— y que no realizan su trabajo como deben hacerlo.

Aunque tenemos órganos de auditoría autónomos e independientes —se supone— éstos obedecen finalmente a los gobernadores y nunca revisan ni fiscalizan el ejercicio real del gasto. Esta iniciativa en algunos de sus puntos habla de cómo se hará, en concordancia con la Auditoría Superior de la Federación y las auditorías locales, la auditoría de estos recursos.

Pero nos queda pendiente, señores diputados, y esperemos poder presentar ya en el próximo periodo ordinario, cómo se fiscalizarán los recursos de participaciones y aportaciones federales, cómo es y se tratará ese gran hoyo negro del recurso que baja en el Presupuesto que aprobamos nosotros y que no sabemos muchas veces cómo se aplica, y que las auditorías de los estados son cómplices en el mal manejo de estos recursos, no solamente ni las participaciones y aportaciones, sino también inclusive de los recursos propios. Éste es un gran pendiente que nos deja esta iniciativa, que el PT ve con mucha preocupación y que no nos vamos a preocupar solamente, sino que nos vamos a ocupar.

Anunciamos que votaremos a favor esta iniciativa que nos parece una iniciativa positiva, que presentaremos algunas reformas y que estas reformas —creemos— son necesarias para afianzar y no centralizar el tema ni quitar las atribuciones que deben tener los estados y respetar —como ya lo dije— el pacto federal. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, compañero presidente. Esta reforma constitucional puede ser la primera definición relevante que se tome en esta Cámara de Diputados después de una serie de reformas fallidas que se han realizado al amparo del Pacto por México. Esta reforma tiene la virtud que no surge de un dictado de la pactocracia, sino que surge de una iniciativa plural de legisladores de todos los partidos, surge incluso retomando la facultad que tenemos en el artículo 72 de ser la Cámara de origen cuando se tratan estos temas, facultad que quería escamotearnos, sorprendernos nuestra colegisladora.

Decía que puede ser la primera reforma relevante, porque preguntaría, después de casi ocho meses de promulgada la reforma laboral, ¿acaso hay más empleos en el país? ¿Acaso hay más competitividad? ¿Acaso hay crecimiento económico? ¿Acaso hay mejores salarios?

La reforma educativa hasta ahora ha traído más problemas que beneficios para el país y siguen esperando los maestros de México, los padres de familia, la discusión de la legislación secundaria.

Otra reforma inconclusa —y que apunta a fallida— es la reforma de Telecomunicaciones. Ni han mejorado las tarifas ni han mejorado los servicios. El público usuario sigue esperando que esta reforma no sea solamente un trueque entre oligopolios en el país.

Por otro lado, la reforma financiera —que ya se presentó— no es más que mayores facilidades de cobro a las instituciones bancarias. Cárcel para deudores y secuestro de bienes es la manera como se busca estimular los créditos en el país.

El país ha tenido un declive en materia de crecimiento económico en estos meses, en este periodo ha repuntado la inflación y la carestía es cosa que se ha ido acentuando a la luz de los gasolinazos y de los aumentos de productos de la canasta básica. Por eso insisto en que ésta es, quizá, la primera reforma relevante que se va a construir en esta Legislatura.

Desde el inicio de los trabajos de esta Legislatura insistimos en la necesidad de poner un alto a los endeudamientos criminales que se han venido presentando en diferentes partes del país. La deuda subnacional de estados y municipios pasó de 203 mil millones de pesos a 434 mil millones en solo cuatro años, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Hoy se quiere poner esta solución, que nos parece que es un primer paso, faltan todavía otras reformas. Lo vemos, como coloquialmente se dice, después de ahogado el niño a tapar el pozo.

Después de los Andrés Granier, después de los Humberto Moreira, ahora sí a regular los endeudamientos criminales que han provocado falta de obra, falta de servicios, nuevos impuestos y pérdida de oportunidades para generaciones enteras en varios estados del país.

Hoy en día la deuda pública per cápita es encabezada por el estado de Coahuila, donde cada coahuilense debe 13 mil 281 pesos, producto de un endeudamiento criminal de seis años.

Pasó, con Enrique Martínez —hoy secretario de Agricultura— de ser prácticamente cero deuda a 36 mil millones de pesos con Humberto Moreira, que hoy está cómodamente instalado viviendo como rey en Barcelona, España.

Quintana Roo tiene una deuda per cápita de 9 mil 774 pesos por habitante. Nuevo León, 8 mil 141 pesos por habitante. La pregunta es, ¿a dónde se ha ido toda esta deuda? Según estudios, por cada peso que se contrata de deuda solo 16 centavos se destinan a inversión productiva. Es decir, es una mentira cuando se argumenta que es para obra y que es para proyectos, Sólo 16 centavos.

Preguntaría, en esos estados que están endeudados ¿a cuántos constructores de obras, que se realizaron supuestamente con esos préstamos, no se les pagó y están quebrados? Es decir, la deuda se fue a la corrupción y al desvío de recursos para financiar proyectos políticos y proyectos electorales. Fue una orgía financiera y un desvío de recursos para construir candidaturas.

De varios financiamientos surgieron hoy candidatos, surgieron gobernadores y surgieron también financiamientos, incluso a la campaña presidencial del PRI. Por eso, qué bueno que se están tomando estas medidas.

Pero, compañeras y compañeros diputados, a nosotros nos parece insuficiente que sean solo las legislaturas locales, ahora por las dos terceras partes, las que aprueben estas deudas. Todos sabemos que los Congresos locales están al servicio de los gobernadores, sean del color que sean. Por eso como reserva habremos de presentar una propuesta para que, una vez que las Legislaturas locales aprueben los empréstitos, sea la Cámara de Diputados quien también los ratifique.

Se podrá alegar —con un falso federalismo— que esto afecta a las legislaturas, pero les puedo asegurar que los ciudadanos de esos estados que hoy sufren las consecuencias de esta corrupción galopante de las deudas nos lo van a agradecer. El federalismo no puede ser coartada para la corrupción, para el desvío de recursos ni para el financiamiento de campañas electorales con la deuda de muchos ciudadanos.

Por eso vamos a insistir en esta propuesta que presentaremos como reservas y vamos a insistir en que esta disposición no sea un borrón y cuenta nueva. Sí nos interesan nuevas reglas y mayores candados para la contratación de préstamos en los estados y municipios. Pero nos interesa también que no haya impunidad, que no haya intocables. Ahí está Granier, pero falta Moreira y faltan varios ex gobernadores.

Por eso vamos a insistir en el tema y no quitaremos el dedo del renglón, esta reforma no es borrón y cuenta nueva y no es un pasaporte a la impunidad. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Ruth Zavaleta Salgado, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado:Con su venia, presidente. Qué bueno que ya comenzamos el debate, antes de que comience el periodo ordinario.

He escuchado las diferentes participaciones de algunos compañeros y me parecen muy interesantes, porque pareciera que confundimos las cosas. No somos los vengadores justicieros para señalar quiénes están bien y quiénes están mal y —en todo caso— nosotros decidir lo que es bueno y lo que es malo, compañeros.

Nosotros en este caso, con los gobernadores de los estados tenemos que ser justos también. Y no es por defender a alguien en particular, no es PRD, PAN o PRI, todos gobiernan en los estados de la República y sin embargo en todos los estados ha habido problemas que no necesariamente —y eso lo quiero remarcar— se derivan de la corrupción, en este caso del endeudamiento.

El endeudamiento tiene puntos fundamentales por los que se ha fomentado en cada estado y en cada municipio. No es solamente la corrupción. Minimizarlo a la corrupción y minimizarlo a un asunto de que vamos a ser los justicieros y vamos a hacer que se rindan cuentas por parte de los estados y municipios, es no reconocer que también en los estados hay un desarrollo democrático, más lento quizás que en el ámbito federal pero también se están desarrollando los esquemas de equilibrios y contrapesos dentro del ámbito estatal.

Quiero ilustrar la magnitud del problema repitiendo algunas cifras que los compañeros han dado, pero también fundamentarlas con los orígenes. El endeudamiento subnacional creció aceleradamente efectivamente —como lo han dicho— desde el 2008 al 2011 de 203 mil 70 millones de pesos a 390 mil 777.

Sin embargo también aquí tenemos, compañeros y compañeras legisladores, que hacer énfasis en que la mayor deuda no la tienen los estados de la República sino la federación. Y es ahí también en donde esta soberanía tiene que poner atención en la rendición de cuentas.

Por otra parte, entre el cierre del 2011 y el primer semestre del 2012, la deuda de los estados pasó de 390 mil 777 millones a 404 mil 409 millones, como ya lo han mencionado otros compañeros que me antecedieron.

Respecto de la deuda municipal, la Auditoría Superior de la Federación reportó que entre el cierre del 2011 y junio de 2012 se incrementó de 44 mil 124 millones de pesos a 44 mil 859 millones de pesos, una diferencia de 734 millones de pesos.

Los problemas —como lo mencioné al principio— solamente los podemos resolver, y en este caso creo que así se tomó en cuenta en la Comisión de Puntos Constitucionales, sí conocemos las causas.

El primer factor es la vulnerabilidad de los ingresos vinculados con las participaciones fiscales. Este problema se ha identificado por tres factores: el descenso de los ingresos petroleros gracias a la extracción decreciente, la crisis económica internacional que se ha vivido desde el 2009 y el carácter incremental e inercial de la mayoría de los componentes del gasto.

A lo anterior, también se debe tomar en cuenta la incidencia de las contingencias naturales y otras discreciones, como las erogaciones sin impacto social y económico que los justifiquen.

Otra razón del incremento del saldo de la deuda pública es la diversificación de fuentes de financiamiento. Otra más, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha reportado que el monto de préstamos bancarios a estados y municipios se incrementó en 88 por ciento en los últimos tres años. Es decir, hubo más oportunidad de que tuvieran financiamiento los municipios y los estados.

Compañeras y compañeros, ante esta circunstancia esta soberanía —y en particular la Comisión de Puntos Constitucionales— escuchó los diversos puntos de vista. También quiero hacer mención que nosotros dentro de esa comisión pusimos mucha atención y énfasis en reafirmar las funciones que nos otorga el artículo 74 de la Constitución Política.

Reformar este artículo y darle las facultades para lograr una mejor rendición de cuentas y transparencia de los recursos económicos que gastan los estados y los municipios fue fundamental para nosotros.

Hago mención y énfasis en esta ocasión, por las discrepancias que se pudieran dar en el Senado de la República. He visto con mucha tristeza y desencanto los desencuentros que hemos tenido con los señores senadores. Y lo digo realmente, porque me parece que esta soberanía tiene que poner atención en que no solamente podemos sacar las normas nosotros de una manera autónoma, debemos tener una coordinación adecuada con los senadores y que el Congreso de la Unión funcione también de una manera equilibrada. Esto que nos sucede a nosotros de desencuentros seguramente también los tienen los estados de la República.

Por eso también quiero retomar el debate que el compañero del PRD vino a proponer hace un rato. En el punto anterior que votamos, el compañero empezó a debatir el problema del federalismo en el aspecto del Instituto Electoral Federal, es un debate que vamos a dar en el futuro seguramente, pero no caigamos en la tentación, compañeros, no caigamos en la tentación del conservadurismo ni de centralizar las funciones que le corresponden a los estados y a sus soberanías. Y en este caso tratemos mejor de fortalecer el equilibrio de Poderes, entre el Ejecutivo y el Legislativo de los estados de la Republica. No ganamos nada disminuyéndoles sus funciones, al contrario, estamos disminuyendo la posibilidad de fortalecer la democracia de nuestro país.

Los invito, compañeros, a que tratemos de rescatar nuestra relación, si no cordial por lo menos coordinada con el Senado de la República. Pero también que impongamos una posibilidad de coordinarnos con los estados de la República por medio de los Congresos locales.

Cuántas veces no se discuten aquí leyes y normas que ni siquiera les informamos a los Congresos de los estados, ¿cómo quieren que los compañeros diputados locales en los Congresos de los estados participen de un equilibrio de Poderes si nosotros no estamos ni siquiera contemplándolos en las discusiones importantes del país?

Invito a esta soberanía a que reflexionemos, antes de que nos gane la tentación en seguir centralizando y siendo conservadores con las reformas que estamos haciendo para disminuirles poderes a los estados. Reflexionemos en cómo podemos fortalecer a los municipios y a los estados de la República para que tengan un adecuado equilibrio de Poderes y con ello pueda haber una justa rendición de cuentas, una transparencia del uso de los recursos públicos, pero también un justo desarrollo igual para todos los ciudadanos de esos estados. Es cuanto, compañeros y compañeras diputadas. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Carol Antonio Altamirano:Con el permiso de la Presidencia. Diputadas y diputados, a nombre del PRD fijo posición ante el dictamen que se construyó en la Comisión de Puntos Constitucionales y de las reservas de consenso que lo complementan, respecto del endeudamiento de estados y municipios.

Lo primero que debemos señalar es, ¿cuál es el problema que se quiere encarar con esta reforma constitucional? La deuda de estados y municipios ha tenido un problema en el ritmo de crecimiento que ha sido muy alto en algunos estados y en 22 municipios, mientras que el resto del país tiene un buen manejo de su endeudamiento.

Aun cuando a nivel nacional no representa un riesgo general, porque su monto equivale a menos de 3 puntos del PIB, es decir 436 mil millones de pesos, sí tiene un impacto fuerte en las finanzas locales. Ante este problema, el dictamen y sus reservas de consenso representan avances que debemos respaldar, pero primero hay que partir de un enfoque justo sobre el uso de la deuda.

El endeudamiento no debe ser satanizado, es un instrumento que bien usado puede servir para impulsar el desarrollo nacional y de las entidades. Si tiene destinos y controles suficientes es útil para financiar obras y proyectos que hacen falta al país. Ése es el espíritu general del dictamen y sus reservas de consenso, se trata de acotar el endeudamiento con un conjunto de disposiciones que fortalecen su destino, el proceso de su autorización y su fiscalización.

En lo particular debemos reconocer las bondades de los acuerdos alcanzados. En el artículo 25 la reforma lleva al Estado a velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar al crecimiento económico y el empleo. Eso es un gran consenso y al mismo tiempo fue un acierto eliminar de este artículo el concepto de equilibrio presupuestario, pues ello daba pie a que se estableciera en la Constitución el mito genial del déficit cero que impediría al país desarrollar políticas contracíclicas, tal como lo hemos hecho desde 2008 a la fecha. Ningún país debe renunciar a la posibilidad de financiar su desarrollo con un manejo serio de sus finanzas.

En el artículo 73 se precisa que las facultades legales en el procesamiento de leyes secundarias en materia de disciplina y de responsabilidad hacendaria corresponderán al Congreso de la Unión, actuando la Cámara de Diputados como Cámara de origen y la de Senadores como revisora, exactamente como lo señala la Constitución.

Respecto del artículo 74 existe una gran diferencia respecto de la discusión que teníamos hace cinco meses que quiero destacar ante ustedes. Hubo un momento en que las primeras iniciativas y las discusiones nos llevaban a un control absoluto de la federación al manejo de las finanzas estatales. Eso por fortuna fue superado. Ahora el dictamen establece un esquema potestativo. Es decir, que mantiene en lo general la soberanía de las entidades y al mismo tiempo permite que, en los casos de altos niveles de endeudamiento, los estados puedan pedir el apoyo de la federación para que ésta los apoye como un aval al garantizar sus adeudos.

Eso significa un beneficio económico directo que se expresa en la disminución de los riesgos y por tanto en la tasa de interés, cuando los adeudos estatales queden garantizados por las finanzas nacionales como una deuda contingente. Pero, para evitar que se abuse del esquema y no dar un incentivo perverso, se establece que las entidades deberán sujetarse —cuando lo soliciten— a un programa de ajuste expresado en convenios suscritos con la federación.

Los artículos 79 y 116 mantienen la misma orientación contenida en la minuta del Senado respecto de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación y de los órganos fiscalizadores de cada entidad.

En el artículo 117 se fortalece el esquema general del dictamen y sus reservas, al establecerse una prohibición categórica para usar el endeudamiento en el gasto corriente: la aprobación por dos tercios de los Congresos locales para evitar mayorías incondicionales, que las reestructuraciones de los adeudos serán viables sólo en las mejores condiciones del mercado y al limitar el endeudamiento de corto plazo para los últimos tres meses de cada administración.

En los artículos transitorios destaca la disposición incluida en el transitorio séptimo, que establece un conjunto de disposiciones para mandatar la intervención de las entidades de fiscalización para no alentar la impunidad ni la opacidad.

Los informes que reciba la Cámara de Diputados, en tanto entran en vigor las reformas legales, serán verificados por la Auditoría Superior de la Federación y en las entidades se mandata la fiscalización de las obligaciones de pago.

Finalmente, uno de los avances más importantes de esta reforma se estipula en el artículo noveno transitorio, que establece la intervención del Congreso al aprobar un programa general de garantías de manera que la soberanía y las facultades del Legislativo quedan fortalecidas y se evita una actuación discrecional por parte del Ejecutivo.

Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen y las reservas de consenso que se van a presentar establecen un esquema general de control de la deuda de estados y municipios que mejora las condiciones actuales.

Al mismo tiempo, para los casos en que se requiera se abre una opción de acceso a garantías federales que —en efecto— implica una limitación a la soberanía estatal, pero solo de manera temporal y sujeta a un convenio que obligue a generar condiciones de pago y al saneamiento de las finanzas locales. Por esas razones, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de este dictamen.

Hago un reconocimiento al trabajo de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, así como a los compañeros de la Comisión de Hacienda que nos mantuvimos atentos al proceso de discusión junto con nuestros coordinadores parlamentarios.

El PRD en este tema mantuvo una actitud constructiva y con propuestas. Reivindicamos, junto con las demás fracciones legislativas, el respeto a los procedimientos constitucionales. Sostuvimos y ahora reiteramos que en la discusión de la ley secundaria no cejaremos en los principios federalistas y en la lucha por alejarnos de las tentaciones centralistas.

Reconocemos y valoramos que la Cámara de Diputados está actuando con seriedad, siendo útil a la sociedad para superar un problema relevante para los estados y municipios y que no puede ni debe esperar más para ser resuelto.

Para concluir, destacamos que en este dictamen se incluye la mayor parte de las observaciones contenidas en la minuta del Senado de la República. Por ello hacemos votos para que esta Cámara valore la posibilidad de resolver el problema de fondo de una vez por todas.

El país observa y a nadie conviene paralizar el trabajo legislativo, sino encauzarlo con sus coincidencias y diferencias conforme lo señala Constitución y buscando el bien mayor.

Vayamos a nuevas condiciones que permitan un endeudamiento sano, racional y controlado. Vayamos por el federalismo, vayamos por consolidar lo avanzado en cuanto a facultades del Congreso de la Unión. Vayamos por mejorar la fiscalización de la deuda de estados y municipios. Vayamos, compañeras y compañeros, por acabar con la opacidad y la discrecionalidad. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Corresponde ahora el uso de la tribuna al diputado Damián Zepeda Vidales, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Damián Zepeda Vidales:Con su permiso, señor presidente. Ningún ciudadano —por muy gobernador o alcalde que sea— debe tener el derecho en este país de endeudar de manera irresponsable a su estado o a su municipio, arriesgando el futuro de los mexicanos. Ningún ciudadano —por muy gobernante que sea— debe poder hipotecar el futuro de nuestros hijos.

Tenemos un grave problema en México: Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, por solo señalar algunos, tienen algo en común, todos deben mucho más de lo que pueden, mucho más de lo adecuado, todos han puesto en riesgo el futuro de sus estados, todos deben más del total de las participaciones federales que reciben en todo un año, todos han visto un crecimiento exponencial de sus deudas. Hay que decirlo claro, la situación está fuera de control en México.

Tan solo en ocho años, señores, las deudas de los estados y los municipios se han triplicado en este país. Hemos pasado de 147 mil millones de pesos a 436 mil millones. Tan solo Coahuila aumentó en 11 mil por ciento su deuda en estos años. Veracruz más de mil por ciento, y Tabasco casi 700 por ciento.

¿Falta de dinero, nos preguntamos? Por supuesto que no. En los últimos años estos estados y los municipios han recibido —como nunca— recursos federales vía participación y aportaciones. Ambición desmedida más bien de gobernantes irresponsables. No todos, hay que decirlo con claridad, algunos que han hecho estas irregularidades y que piensan que antes de ellos no se hacía lo suficiente en inversión de obras. Y seguramente que después de ellos habría que sentarse a contemplar su legado, porque prácticamente dejan las arcas vacías, completamente endeudadas y ni un solo centavo para poder invertir en el futuro en inversión productiva. No, señores, es nuestra responsabilidad ponerles un alto.

Es por esos motivos que hoy los diputados del PAN de manera clara y decidida apoyamos el presente dictamen. De frente decimos a quienes se han aprovechado del control que ejercen en sus estados sobre los Congresos locales, de la falta de reglamentación adecuada en la materia, e incluso —en algunos casos— cometido delitos para lograr endeudarse: hasta aquí llegó su irresponsabilidad. Con esta reforma nos aseguraremos que nunca más pongan en riesgo el futuro de los mexicanos.

En el PAN —no de hoy, sino de siempre— hemos venido impulsando una reforma en deuda pública que nos asegure finanzas sanas en los estados y en los municipios. En el PAN buscamos el desarrollo y el crecimiento, sí por supuesto, pero sustentable y sin arriesgar el desarrollo de las futuras generaciones.

Es por esto que el día de hoy nos paramos junto a los compañeros de los distintos grupos parlamentarios y apoyamos la presente reforma. Celebramos que hayamos tenido la capacidad de ponernos de acuerdo y respaldar juntos esta importante reforma.

Decimos que la impulsamos y la respaldamos porque la presente reforma, de manera muy clara y muy contundente, busca asegurar finanzas sanas en los estados y en los municipios, busca controlar y regular de manera adecuada el problema de la deuda pública del país, pero entendiendo que la deuda pública no debe ser satanizada.

La deuda pública en condiciones adecuadas puede ser un mecanismo válido y muy positivo para el desarrollo del país ya que puede impulsar grandes inversiones en infraestructura productiva, pero reconociendo también la necesidad de pararle un alto fuerte al endeudamiento desmedido que hemos visto en los últimos años en México.

Los diputados del PAN impulsamos y respaldamos la reforma, porque de manera clara establece la obligación del Estado de velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sector financiero. Impulsamos y respaldamos la reforma porque faculta a este Congreso de la Unión a establecer la ley que sentará las bases generales para el endeudamiento público a nivel nacional, a las cuales se tendrán que ajustar todos los estados y los municipios, asegurando con ello un manejo responsable y asegurando también la transparencia de los créditos a través de un registro público único.

Los diputados del PAN apoyamos todos e impulsamos esta reforma, porque fortalece la fiscalización de la deuda pública en este país, otorgándole a la Auditoría Superior de la Federación incluso la facultad de fiscalizar deuda local cuando utilicen recursos federales puestos en garantía.

Impulsamos esta reforma, porque de manera clara y específica la Constitución señala un régimen sancionador, señalando que los servidores públicos serán responsables del manejo indebido en la materia.

Adelantamos que nosotros consideramos que se tiene que fortalecer la responsabilidad, tanto penal como administrativa, para aquella persona que haga uso indebido de recursos públicos. Cárcel es lo que merece una persona que comete un delito con recursos de los mexicanos.

La impulsamos porque establece reglas específicas de auditorización de las deudas por parte de los Congresos locales, destacando la necesidad de aprobación de dos terceras partes de los miembros presentes de su Congreso. Además prohibiendo que se utilice para gasto corriente. Pero también —al mismo tiempo— fortaleciendo la autonomía que tienen los propios municipios y los estados, otorgándoles facultad para contratar de manera directa deuda de corto plazo, sí y solo sí la pagan completamente antes de tres meses de irse de su mandato.

La impulsamos porque otorga mejores oportunidades a quien esté dispuesto a tener un manejo responsable de sus finanzas públicas. ¿Cómo? Otorgando garantías del gobierno federal que permita acceder a créditos con mejores tasas, más baratos, bajo un programa anual que será autorizado aquí en el Congreso de la Unión.

Por último —entre muchas cosas más— la consideramos adecuada y solicitamos se apruebe porque incluye nuestra propuesta de los diputados del PAN en materia de transparencia y competencia, la obligación de licitar las deudas públicas en este país, garantizando con ello competencia abierta que nos asegure las mejores condiciones de mercado.

Ya basta de la completa discrecionalidad con la que hoy se otorgan los créditos en México. Ya basta de los posibles actos de corrupción que esta falta de transparencia genera. Cómo es posible que hoy en México se tenga que licitar la compra de papelería o unos cuántos vehículos, pero no sea obligatorio el licitar cuando se contratan miles de millones de empréstitos con créditos. Ya basta. Cómo es posible que en estados, como en Nuevo León, tengamos casos de tasas tan diferenciadas, en las cuales se contratan los créditos en ese estado.

La transparencia y la competencia en las licitaciones nos van a asegurar las mejores tasas, los créditos más baratos y los créditos más justos para los estados y los municipios. Dejemos la simulación y dejemos la discrecionalidad atrás.

En el PAN estamos convencidos que esta reforma vendrá a poner orden a aquellos gobernantes que de manera muy suelta y muy irresponsable han endeudado a nuestro país. No queremos un solo Humberto Moreira más en México, que ningún estado vuelva a pasar por lo que han pasado nuestros estados, nuestros ciudadanos de Coahuila, de Tabasco, de Nuevo León o de Quintana Roo.

De manera clara lo decimos: los diputados del PAN le enviamos un mensaje claro a México, le vamos a apretar el cinturón a aquellos gobernantes irresponsables y vamos a fortalecer a quien hace buen uso de su gobierno, con mejores oportunidades. No permitiremos que se vuelva a hipotecar el futuro de nuestros hijos. Hasta aquí llegó su abuso, señores, pondremos orden a las deudas públicas en este país. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Finalmente, en la ronda de posicionamientos tiene el uso de la voz la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la disciplina financiera —tanto en entidades federativas como en municipios— es un asunto tan relevante que no puede seguir postergándose ni poder ignorarse, por lo que se ha considerado llevar a cabo una reforma integral como la que se plantea en el dictamen que hoy discutimos, la cual recoge todas las propuestas que han hecho los distintos legisladores de los distintos grupos parlamentarios al interior de este Congreso, misma que busca armonizar la Constitución a los nuevos retos que en esta materia se han venido presentando.

A través de los años ha sido cada vez más recurrente que las entidades federativas y los municipios echen mano de mecanismos de deuda para hacer frente a las necesidades de su entorno, para así generar menores condiciones de vida en su población.

Esta realidad, la del crecimiento en el empleo de instrumentos de deuda de los órdenes locales y municipales, hacen necesario replantear los mecanismos que rigen las finanzas públicas para generar un manejo más responsable, transparente y oportuno de las finanzas, toda vez que su uso discrecional e irregular pone freno al desarrollo y al crecimiento económico e incide negativamente a los bolsillos de todos los mexicanos.

Es menester en esta soberanía garantizar el empleo transparente y responsable de los instrumentos de deuda pública y de acceso al financiamiento del que gozan los órdenes locales y municipales.

Aprovechando esta oportunidad histórica de consenso entre todas las fuerzas políticas para fortalecer el marco normativo de la disciplina financiera, con absoluto e irrestricto respeto al federalismo, fijando así límites evidentes y precisos al endeudamiento para disminuir en lo posible el costo que representa a las arcas públicas y —por ende— a todos los mexicanos, lo que redundará en un uso racional de los recursos financieros y crediticios que incidan en un México más sólido, con un gasto más eficiente, oportuno y claro.

A lo largo y ancho del país se requiere de manera urgente incrementar la inversión en infraestructura que genere y promueva la prestación de servicios sociales con los estándares que la sociedad exige y que la misma merece. En este sentido, para que las necesidades sociales sean realmente atendidas es importante sentar las bases de un sistema que rinda cuentas de cara a la sociedad mexicana, evaluando cómo se ejercen los recursos financieros en los tres órdenes y niveles gubernamentales, haciendo hincapié en los objetivos a través de los instrumentos de endeudamiento público. Lo que permitirá la generación de bienestar y condiciones de desarrollo en las entidades federativas y en los municipios, por lo que para ello es fundamental el uso transparente, responsable y ético de los recursos financieros a los que se tiene acceso.

Es en razón de lo expuesto que en el Grupo Parlamentario del PRI concordamos con el dictamen que discutimos el día de hoy pues es necesario llevar a cabo adecuaciones a nuestro orden normativo en materia de endeudamiento público y disciplina financiera en las entidades federativas y en los municipios, con la finalidad de seguir considerando y de tener acceso a esta alternativa para el financiamiento total o parcial de los proyectos de infraestructura que sean altamente rentables socialmente y que puedan ser complementados por inversiones públicas de los tres órdenes de gobierno.

Lo anterior cobra especial relevancia cuando se toma conciencia que el uso incorrecto o indebido de los recursos públicos, parcialmente el financiamiento o endeudamiento, menoscaban la posibilidad de un crecimiento y un desarrollo óptimo para los órdenes locales y municipales de todo nuestro país.

Desafortunadamente algunos gobiernos locales y municipales han hecho uso poco responsable de los instrumentos de la deuda al cabo de los proyectos que reportan grandes dividendos políticos.

Sin embargo su costo es trasladado a administraciones subsecuentes, lo que compromete el patrimonio público y el desarrollo pues en muchos de los casos se ha excedido la capacidad de contratación de deuda de las entidades y de los municipios, haciendo que los recursos presupuestales destinados a liquidar intereses y capital sean desmesurados y que frenen sensiblemente la operación gubernamental normal. Situación que ha comprometido seriamente las arcas y los servicios públicos y sociales que el gobierno debe prestar obligatoriamente para cumplir sus funciones constitucionales y legales.

Es ineludible generar los cambios normativos para materializar efectivamente el uso eficiente, transparente y responsable de los recursos de todos los mexicanos por parte de los funcionarios federales, estatales y municipales pues su mandato no es una patente para ejercer de forma discriminada su encargo para el beneficio de intereses personales, sino es más bien una relación de servicio a la ciudadanía sujeta a transparentar y a rendir cuentas. Un mandato que debe dar certeza a los mexicanos sobre la forma en que sus impuestos se gastan en los asuntos más necesarios con garantía de que no se comprometan en lo absoluto por visiones cortas o egoístas y que no se comprometa el bienestar de la ciudadanía ni de las generaciones venideras.

México requiere un cambio en la forma en la que se gasta y en lo que se gasta. México tiene prisa por encaminarse en las vías del desarrollo, la competencia y el crecimiento. México está ávido de gestiones efectivas, oportunas y transparentes siempre sujetas a la rendición de cuentas, y no puede esperar más.

Por ello el día de hoy, compañeros y compañeras, el Grupo Parlamentario del PRI celebra este dictamen, producto del consenso y del estudio concienzudo de nuestra realidad nacional, convencidos de que generará las condiciones que han sido reclamadas por toda la ciudadanía mexicana y que hemos recogido, materializándolas en el presente proyecto. El cual, en el Partido Revolucionario Institucional, estamos convencidos que rendirá los frutos añorados en materia de endeudamiento público y disciplina financiera por todos los mexicanos reclamados. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Quiero aprovechar la oportunidad para dar la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de derecho de la Universidad Londres del estado de Querétaro que están aquí invitados por el diputado Marcos Aguilar. Bienvenidos a esta sesión.

Compañeras y compañeros, concluida la ronda de posicionamientos —y en razón de que hay dos compañeros que están inscritos para la discusión en lo general— antes de ponerlo a discusión quisiera permitieran darle el uso de la voz al diputado Julio César Moreno, presidente de la comisión, para que presentara las reservas consensuadas en la comisión para poder ponerlo a discusión con las reservas, si éstas son aceptadas por la asamblea.

Tiene el uso de la voz el diputado Julio César Moreno, para presentar estas reservas que ya todos pueden consultar en el monitor de su escaño. Están ya en este momento publicadas. Son propuestas de modificación más que reservas, perdón.

El diputado Julio César Moreno Rivera:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales vengo a presentar cuatro modificaciones al dictamen, que pueden consultar en el sistema electrónico y es de mi conocimiento que se las han entregado en forma física en sus curules. Estas modificaciones son el resultado de los acuerdos alcanzados por los principales grupos parlamentarios de esta Cámara —cabe resaltarlo— mismas que consisten en lo siguiente:

Modificar el primer párrafo del artículo 25 y el párrafo sexto de la fracción II del artículo 116, así como adicionar la parte final del segundo párrafo y un tercer párrafo al artículo séptimo transitorio y adicionar un artículo noveno transitorio, los cuales están contenidos en el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios, para quedar de la siguiente forma:

La primera propuesta consiste en suprimir del primer párrafo del artículo 25 contenido en el proyecto de decreto el texto que indica: Para ello procurará el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera, tomando en consideración los ciclos económicos nacionales e internacionales, debido a que no debe quedar plasmado en la Carta Magna el equilibrio presupuestal.

Al final del párrafo se propone que únicamente indique que el Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar el principio de estabilidad de las finanzas públicas y para ello, al final del párrafo, la redacción deberá indicar: deberán observar dicho principio.

La segunda propuesta consiste en suprimir de la parte final del párrafo sexto de la fracción II del artículo 116, contenido en el proyecto de decreto, la palabra federales, debido a que se invaden las facultades de las entidades estatales de fiscalización, pues a éstas les corresponde fiscalizar las acciones del estado y municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública, no así de recursos federales.

La tercera propuesta consiste en adicionar, en la parte final del segundo párrafo del artículo séptimo transitorio de este decreto, el texto: para tal efecto, la Auditoría Superior de la Federación verificará el destino y aplicación de los recursos en los que se hubiere establecido como garantía recursos de origen federal. Y adicionar un tercer párrafo a dicho artículo transitorio que indique lo siguiente: Las Legislaturas de los estados realizarán y publicarán por medio de sus entes fiscalizadores una auditoría al conjunto de obligaciones del sector público, con independencia del origen de los recursos afectados como garantía, en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Así, por último, la cuarta propuesta consiste en adicionar un artículo noveno transitorio para que en la ley se establezca un programa anual de garantías por parte del Ejecutivo federal. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Julio César Moreno a nombre de la comisión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se acepta la modificación propuesta por el diputado Julio César Moreno, a nombre de todos los integrantes de la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión en lo general, con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea.

Informo a la asamblea que están inscritos para hablar a favor los diputados: Nabor Ochoa, el diputado Héctor Roblero y el diputado Ricardo Monreal. En consecuencia, tiene el uso de la voz para hablar a favor el diputado Nabor Ochoa, hasta por cinco minutos.

El diputado Nabor Ochoa López:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, para nadie es un secreto el enorme endeudamiento que se ha presentado en los últimos años en estados y municipios.

Esto hay que decirlo: no es un problema de un color, de un partido, no podemos darnos el lujo, porque entonces no vamos a encontrar soluciones a esto, de solo asignar responsabilidad de mal uso a un solo color. En endeudamientos ha habido colores de todo tipo, por ello no debemos dejar que nos ceguemos por cuestiones de colores, que el color no nos lleve a cegarnos y no reconocer una realidad.

La realidad es que no solo Coahuila y Veracruz, también están Jalisco y Guanajuato, también está el DF. Reconozcámoslo para entonces sí encontrar una solución a este grave problema, problema que según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anda por ahí alrededor de los 450 mil millones de pesos. Y esto es nada más la deuda registrada porque hay mucha deuda a corto plazo, hay muchas obligaciones con proveedores, con contratistas, que ahí están y que obviamente aumentarían una vez que se registren como lo establecen algunas disposiciones que hemos aprobado en esta Cámara —caso concreto, la Ley General de Contabilidad Gubernamental— que van a incrementar estos montos.

Resulta significativo que en los últimos 12 años este endeudamiento se haya incrementado en más del 130 por ciento, y de esto el 50 por ciento se contrató en los últimos cuatro años, de 2008 a 2012. Por eso es importante que tomemos decisiones como éstas que abonan en el camino de poner orden, responsabilidad, transparencia y mejor rendición de cuentas en la deuda pública.

Ha sido muy importante este tema para todos los integrantes de esta Cámara, lo acredita el hecho de que todas las fracciones parlamentarias presentaron propuestas en este tema de disciplina financiera. Por ello venimos a manifestar nuestro apoyo, nuestro respaldo a estas reformas, porque tienen elementos importantes para el uso eficiente, responsable y transparente de los recursos obtenidos vía endeudamiento.

Lo primero es destacar la facultad de esta Cámara de expedir una Ley Reglamentaria de Responsabilidad Hacendaria para Estados y Municipios, así como ocurre hoy para el gobierno federal. Pero también algo importante es el hecho de que aunque en algunos estados para contratar la deuda ya se exigen las dos terceras partes, también es cierto que en muchos otros estados no está establecida esta obligación. Por eso es importante la mayoría calificada para la contratación de créditos, como es importante también precisar la inversión pública productiva, pero prohibiendo expresamente el uso de la deuda para gasto corriente, como se acostumbra actualmente en muchas ocasiones.

Ahora viene la prohibición expresa de que no podrá destinarse al gasto corriente y también el hecho importante de poder contratar deuda en mejores condiciones de mercado. Es decir, la licitación. Además del hecho de que el gobierno federal pueda garantizar la deuda. Compañeras y compañeros, eso implica mejores condiciones de tasas, de plazos para los contratantes.

Finalmente, un tema que tiene que ver con la transparencia y rendición de cuentas es la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para auditar el destino, el ejercicio, el uso de esos recursos.

Miren ustedes, en este tema ha habido irresponsabilidades y abusos —es cierto— incluso ha habido contratación de deuda fuera de la ley y todo eso debe castigarse. Pero en muchas ocasiones y aquí estamos algunos que hemos ocupado cargos municipales, la diputada Monreal, pero también hay ex gobernadores, como el diputado Ricardo Monreal, la diputada Amalia García, el diputado Arnoldo Ochoa, entre otros, que sabemos que en muchas ocasiones el único camino que tenemos para hacer frente a las necesidades de la gente, a los compromisos que se tienen con la sociedad, es el endeudamiento.

Ése es el fondo del problema, el problema está en que necesitamos ya entrarle a redefinir el sistema nacional de coordinación fiscal, necesitamos modificar este esquema de asignación de recursos para que los estados y municipios tengan más recursos y puedan atender de mejor manera sus compromisos y sus obligaciones.

En obvio de tiempo, señor presidente, solo quisiera que me permitieran señalar, compañeras y compañeros, que aparte de este tema que hemos dejado de lado hay otro tema que tiene que ver con los pari passu. Es decir, la aportación de los gobiernos locales que en muchas ocasiones no se cuenta con esos recursos, las reglas de operación que nos obligan a destinarlos, a etiquetar esos recursos, y finalmente también la necesidad de los gobiernos locales de darle respuesta a la gente.

Solo insistir, señor presidente —y con esto culmino— en que vamos por buen camino. Esto abona en el sentido de un uso eficiente, responsable y transparente de la deuda pública en estados y municipios. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. De todos modos le corresponde el uso de la voz, en razón de que el diputado Roblero ha declinado su intervención. Tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Monreal, que también se inscribió para hablar a favor y puede responder sus alusiones.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, me inscribí para alusiones y en el mismo turno me ha concedido el tiempo para mi intervención en el debate en general, primero desarrollaré el tema de las alusiones.

Miren, los políticos piensan que todos somos iguales, el león piensa que todos son de su condición. Voy a aclararlo, porque además está registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En 1998 inicié como gobernador y en el 98 recibí una deuda de 600 millones de pesos, con un presupuesto de 3 mil millones de pesos —era un gobierno del PRI— es decir, recibí una deuda de casi el 20 o el 22 por ciento del presupuesto que le correspondía a mi estado por año, que era de cerca de 3 mil millones de pesos. No solo no la incrementé, la disminuí. Al término de mi gestión, 2004, la deuda que quedó en el estado fue de 280 millones, con un presupuesto de casi 9 mil millones de pesos. Están los registros en la Secretaría de Hacienda y por eso no puedo permitir que nos metan a todos en un mismo costal.

No soy Moreira, no acepto que me comparen con estos pillos, porque bastante trabajo me ha costado conservar mi posición. No acepto de ninguna manera que me comparen con esos bribones que tanto daño le han causado al país. Esos ladrones que ahora se dan aires de decencia, que están estudiando en el extranjero o que andan en el país como si fueran grandes señores. Delincuentes de cuello blanco los hay por todas partes, ladrones que han dejado al país en bancarrota.

Pero déjenme decirles lo que creo sobre el tema que se discute. Y lo hago con mucha seriedad, porque sé que aquí en la Cámara podremos tener diferencias, las tengo con muchos de manera ideológica, pero sé que hay estudiosos, abogados, conozco algunos de todos los partidos.

Hace varios años, Porrúa publicó un libro que escribí, que se llama El federalismo. Origen y perspectivas del federalismo mexicano.

Lo que aquí he escuchado me parece absurdo. No pueden decir —nadie— que esta reforma que hoy se está aprobando sea federalista. Me parece un exceso discursivo. Acepto el que gobernadores sátrapas y corruptos, presidentes municipales con la misma característica, o Congresos locales subordinados y lambiscones de los gobernadores usen el sistema federalista o la expresión del federalismo para justificar sus pillerías. Acepto eso.

Acepto el que ha sido este slogan de federalismo, a través del cual se han ocultado estos grandes saqueos a los estados del país. Pero lo que no puedo aceptar es que digan que es una reforma federalista, porque recuerden ustedes cómo se construyó el federalismo en 1824. Las diputadas y diputados provinciales, fundamentalmente de Nueva Galicia, Jalisco, de Yucatán, de Oaxaca, de Zacatecas, que fueron las primeras diputaciones provinciales que se declararon independientes y autónomas como una muestra de oposición a Iturbide, que en 1823 estaba el exceso del Imperio de Iturbide.

Como una muestra de confrontación, de oposición, de inconformidad, estas diputadas y diputados provinciales dijeron basta, en razón del Plan de Casamata dicen: me declaro un estado independiente.

¿Por qué se declararon estados soberanos e independientes? Porque querían que las facultades y las atribuciones no se centralizaran, sino que quedaran en manos de los estados y municipios. Desde la recaudación de rentas, desde el pago de alcabalas, desde el derecho de tránsito o peaje que quedaran en manos de las soberanías de los estados.

¿Qué ha pasado a través del tiempo? Que usamos un lenguaje federalista pero en realidad estamos legislando centralistamente, porque el restarle facultades al estado, a una entidad federativa, en esta materia de deuda y atribuírsele al Congreso federal pues es un centralismo. No pueden decir que es una reforma federalista. Lo único que les pido es que no se excedan.

Podríamos estar de acuerdo en el propósito, pero me parece un lenguaje inapropiado, incorrecto y un debate falso. Las tres reformas que ahora están inscritas en esta discusión, las tres reformas en materia constitucional, las tres son centralistas. Las tres son centralistas.

¿Por qué son centralistas? Porque le restas a la autonomía del estado una facultad. Se la arrancas y se la atribuyes a la federación, en el artículo 73, como una nueva facultad de la federación o del centro en detrimento de los estados.

Si la justificación es el saqueo que de manera indiscriminada han sufrido los estados y los municipios, los ladrones de cuello blanco, pues digamos que es una reforma en razón de las circunstancias, que es necesaria frente al saqueo que viven nuestros estados. Pero no se excedan, no digan que es una reforma federalista.

¿Por qué es una reforma centralista? Porque elimina facultades de atribuciones de los estados, o las comparte, pero finalmente le restringimos a los estados y municipios facultades. Por eso no podría sustraerme al debate, porque me parece que se han dicho muchas imprecisiones.

Miren, las tres reformas que ahora se tienen, las tres son centralistas. Vamos a entrar a la del catastro: es centralista. ¿La anterior? Es centralista. ¿Ésta que se está discutiendo? Es centralista. Y lo puedo discutir, desde el punto de vista jurídico y constitucional o doctrinario, con cualquier miembro de este Parlamento.

Lo único que pido es que no se excedan en la verborrea y en el discurso fácil, porque no es una reforma federalista, es una reforma centralista, en la que en la primera me abstuve y seguramente en las otras lo haré, independientemente de que mi grupo ha acordado votar a favor. Pero, desde el punto de vista doctrinario —repito— no puedo admitirlo, no puedo admitirlo por mi formación jurídica constitucional. Presidente, por su tolerancia muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

La diputada Amalia Dolores García Medina(desde la curul): Presidente, para rectificación de hechos.

El Presidente diputado José González Morfín: Ha solicitado y se le concede la palabra para rectificación de hechos a la diputada Amalia García. ¿Desde su escaño?

La diputada Amalia Dolores García Medina (desde la curul): Sí, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, desde su curul. Sonido en la curul de la diputada Amalia García, por favor.

La diputada Amalia Dolores García Medina (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente, para rectificación de hechos. Hay un debate aquí muy importante sobre las deudas estatales y municipales que me parece que es de interés de toda la sociedad puesto que, aunque mi intervención es para rectificación de hechos, hubo una mención a distintos legisladores que hemos sido gobernadores, gobernadora en mi caso.

Quiero que quede incluido, incorporado al Diario de los Debates y a la versión estenográfica de esta sesión, un documento con información que he solicitado al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de las deudas de los estados, de las entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal, de 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 la totalidad de las entidades federativas.

Quisiera que quede asentado todo el documento, toda la información precisa. Pero en el caso de Zacatecas, en esta información no oficial se señala que para el 2010 —que es el año cuando terminé mi responsabilidad como gobernadora— la deuda que quedó y que está asentada es de 682 millones de pesos y la deuda que está asentada en este documento es que para marzo de 2013 la deuda en el estado de Zacatecas es de 5 mil 298 millones.

Le pido entonces que se incorpore este documento, con esta información, a la versión estenográfica y al Diario de los Debates.

«Escudo  Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

Asunto: respuesta de solicitud.

Diputada Amalia Dolores García Medina, Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios.— Presente.

Por este medio y en atención a su oficio CAM/220/13, respecto a la solicitud de información sobre deuda Pública de cada una de las entidades federativas y del Distrito Federal de los años 2010, 2011, 2012 y 2013, me permito hacerle llegar la respuesta anexa a la presente.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de julio de 2013.— Licenciado Raúl Mejía González (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Solicitud de InformaciónCEFP / IFO / 191 / 2013 Asunto:Deuda Pública de Entidades Federativas y el Distrito Federal.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Centro de Estudios de las Finanzas Públicas,

www.cefp.gob.mx

Director general: Raúl Mejía GonzálezDirector de área: Ildefonso Morales VelázquezElaboró: José Luis Clavellina Miller.»

El Presidente diputado José González Morfín: Con mucho gusto, diputada. Tanto su intervención, como el documento del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados se incorporarán al Diario de los Debates.

Quiero decirles que ha concluido la discusión en lo general y que han sido reservados el artículo 73, fracción VIII, numeral 1, por el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana; el artículo 73, fracción VIII, numeral 3, por la diputada Rosa Elba Pérez Hernández; el artículo 73, fracción VIII, numeral 3, por el diputado José Guillermo Anaya Llamas y también por el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana.

El artículo 74, fracción VIII, por la diputada Merilyn Gómez Pozos; el artículo 74, fracción VIII, por la diputada Loretta Ortiz Ahlf; el artículo 79, fracción I, párrafo segundo, por el diputado Enrique Alejandro Flores Flores, también por el diputado Víctor Manuel Jorrín y también por la diputada Loretta Ortiz Ahlf.

El artículo 117, fracción VIII, párrafo segundo, por el diputado Alfonso Durazo Montaño, también el mismo artículo, fracción y párrafo, por la diputada Nelly del Carmen Vargas; y finalmente, el artículo 117, fracción VIII, párrafo tercero, por el diputado Gerardo Villanueva Albarrán.

En consecuencia, voy a pedir a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea. Ábrase el sistema electrónico.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

De viva voz:

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron a favor 457, 2 en contra, 1 abstención.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 457 votos.

Honorable asamblea, vamos a empezar a tramitar las reservas, espero que nadie vaya a sugerir que estamos acordando en lo oscurito.

Tiene el uso de la voz para presentar la reserva de la fracción VII, numeral 1, del 73, don Marcos Rosendo Medina Filigrana.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana:Gracias. Con su venia, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros diputados, sin duda el dictamen que se pone a consideración el día de hoy se trata de una propuesta para perfeccionar y para darle sentido y transparencia a la deuda de estados y municipios. En éste mismo ánimo, vengo a esta tribuna no en el ánimo de ir en contra del dictamen —que me parece que tiene avances— sino en el ánimo de que pudiera ser perfeccionado.

En términos generales, me parece que el dictamen responde a la preocupación y a las inquietudes que en este tema tenemos la mayoría de los grupos parlamentarios. En particular, reconozco el trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales y de su presidente, nuestro compañero diputado Julio César Moreno.

La propuesta que les presento en su origen la presentó en la comisión mi compañero diputado José Ángel Ávila, compañero de mi grupo parlamentario, y es una preocupación que tenemos en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Señala esta reforma que se plantea que las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda deban realizarse bajo las mejores condiciones del mercado y lo que nosotros estamos proponiendo es que se anexe: y preservando el interés público.

Porque muchas veces las condiciones del mercado no van en sintonía con el interés público y la obligación que tenemos en esta soberanía es la de vislumbrar posibles escenarios y —sobre todo— garantizar y salvaguardar el interés de México y de las y los mexicanos.

No podemos dejarlo nada más a las condiciones del mercado, que son condiciones económicas, tenemos que incorporarle también el sentido social y la obligación del Estado mexicano. Por eso es esta propuesta que hacemos de que se anexe, se adicione el término o el párrafo: y preservando el interés público, a la hora de generar estas condiciones de refinanciamiento o reestructuración de deuda. Esa es la propuesta, ciudadano presidente, muchas gracias.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, señor presidente, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada. Queda en términos del dictamen.

Doña Rosa Elba Pérez Hernández, del Verde Ecologista, para presentar reserva de la fracción VIII, numeral 3, del 73.

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández:Gracias. Compañeras y compañeros, un par de horas pueden hacer la diferencia entre un gobernador y un gobernador en fuga, entre una alcaldesa y una alcaldesa en fuga.

El Inegi reporta 41 millones de usuarios de Internet, navegan diariamente un promedio de 4 horas y 9 minutos. Esas son las horas que los mexicanos realmente tienen para ejercer su derecho de acceso a la información. Ellos no tienen tiempo de salir a la oficina de Transparencia de su municipio y pedir la información, en un formato que en el mejor de los casos tardará 72 horas en llegar.

Según un estudio académico, en la Legislatura LXI solo el 34 por ciento de los legisladores tenía cuenta de tuitter. Pregunto, a tan solo un año, ¿quién no tiene una cuenta de tuitter? Los mayores tuiteros —por cierto— el Partido del Trabajo, el Verde Ecologista y el PRI.

Felicito la reforma para disciplinar a municipios y estados en su endeudamiento. Señores gobernadores y alcaldesas, sabemos que los recursos a su disposición son insuficientes, eso lo entendemos. Pero también conocemos las consecuencias de la oscuridad en la que ustedes han tomado sus decisiones de endeudamiento.

La reforma que discutimos hoy, que lee en su numeral tercero fracción VIII del artículo 73 la obligación de inscribir y publicar la totalidad de empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único —y ojo— de manera oportuna y trasparente.

¿Qué diablos es esto: de manera oportuna y transparente? Es indispensable la reforma, pero no es suficiente. La reserva que hoy presento requiere indicar explícitamente que este registro deberá y podrá ser consultado en una plataforma de información digital en línea abierta y de acceso gratuito, mejor y vulgarmente conocido como Internet.

Requerimos información en un formato donde las horas que transcurren entre la generación de información —esto es, de la solicitud u otorgamiento del empréstito— y su publicación en línea pueden hacer la diferencia entre firmar o no firmar la autorización para recibir o utilizar el empréstito. La sociedad hace el resto.

Por qué empujar, compañeros y compañeras —especialmente a los abogados, me dirijo a ustedes— ¿por qué empujar en poner esto en el texto de la Constitución? ¿Por qué no esperar a la ley secundaria, dirán los abogados y algunos de mis compañeros congresistas? Es demasiado importante, porque es dejar a la Constitución en la época del papel. Solo si le damos fuerza desde el punto de partida, que es esta reforma constitucional, estaremos reconociendo una nueva realidad social que los ciudadanos ya enfrentan.

Internet no es un teorema, es un axioma que no debe ni puede ser demostrado. Todos sabemos de lo que estamos hablando. Repito la pregunta para mis compañeros que se han opuesto a que esto vaya a la Carta Magna, ¿tiene el nivel, la calidad para estar inscrito en la Carta Magna? Les invito a que salgan y chequen la realidad.

Entiendo que hay información sensible que no puede ser liberada sino en plazos de ley, pero la información de nuestro dinero público no puede ser cautiva de alcaldesas y gobernadores. Justicia que no es aquí ni ahora no es justicia. La información que no está aquí y ahora y en línea abierta digital de acceso gratuito no es una información oportuna y mucho menos transparente.

Dejémonos de atavismos, perdámosle el miedo a las palabras tecnológicas. La Constitución debe dejar atrás el momento del papel e incorporar la realidad de la información digital. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputada. Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de admitirse a discusión la propuesta de doña Rosa Elba.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada. Queda en sus términos. Don José Guillermo Anaya Llamas, tiene usted el uso de la palabra.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, como ya ha quedado señalado en este pleno quiero hacer hincapié en que los diputados de Acción Nacional nos congratulamos por supuesto con la propuesta del dictamen que acabamos de aprobar en lo general.

Han sido ya varios años de trabajo constante en la materia por parte de nuestro grupo parlamentario, encaminados todos ellos a regular la contratación de deuda en los estados y municipios del país por lo cual presenté iniciativa de ley precisamente iniciando esta Legislatura, el 18 de septiembre de 2012.

Hoy esos trabajos, en coordinación con los diferentes grupos parlamentarios, se ven concretados en una iniciativa de ley que reforma nuestra Constitución y que —no tengo duda— pondrá fin al ejercicio irresponsable de los recursos públicos de muchos gobernadores y presidentes municipales.

Con este dictamen esperamos no tener más estados endeudados más allá de sus condiciones presupuestarias, como el caso de Coahuila. Ya no tendremos más gobernadores irresponsables, como Humberto Moreira, porque ahora habrá reglas claras, habrá sanciones sobre aquellos que incurran en delitos y una reglamentación que dará orden al proceso de contratación de deuda.

Sin embargo, como toda ley es perfectible creemos conveniente proponer modificaciones de redacción a la propuesta del dictamen. La reserva que someto a consideración, compañeros diputados, tiene que ver con la facultad del Congreso para establecer bases generales para limitar la adquisición de deuda.

Actualmente el texto del dictamen hace referencia al establecimiento de los límites y modalidades bajo los cuales los órdenes de gobierno local pueden afectar sus participaciones para cubrir empréstitos y obligaciones de pago. Sin embargo no se establece de manera específica que el reglamento establecerá límites a todo tipo de deuda pública, sumando a las obligaciones financieras derivadas de las participaciones federales que quedarán en garantía de pago ya permitidas por la ley. Esto para evitar simulaciones.

Actualmente la deuda de una buena parte de las entidades federativas rebasa el 100 por ciento de sus participaciones. Es decir que, al dejar en garantía de pago a mediano y largo plazo esos recursos, se limita la capacidad de inversión en otros rubros.

Por ello, el objeto de la presente reserva es que sea el Congreso quien establezca no solo los límites de endeudamiento sino también las formas en que se podrá adquirir la deuda, con ello brindaremos la posibilidad de generar finanzas públicas locales sanas, garantizando —en consecuencia— los derechos de desarrollo de los ciudadanos.

La propuesta de reserva al artículo 73, fracción VIII, numeral 3, de la Constitución que ustedes, compañeras y compañeros, tienen ya en sus pantallas. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de tomarse en cuenta a discusión esta propuesta de don Guillermo Anaya.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada. Queda en sus términos.

Don Marcos Rosendo Medina Filigrana, igual el 3 de la fracción VII del 73.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana:Gracias, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros diputados, ahora sí estamos a plena luz, es evidente que esta reforma trata de poner orden ante el caos administrativo y financiero que se vive en una gran cantidad de entidades federativas y municipios de nuestro país.

En ese sentido, es positivo y qué bueno que la reforma establece la creación de un registro público único, en el cual deben inscribirse y publicarse los empréstitos y las obligaciones de pago de las entidades federativas y municipios.

La reserva que hoy presento ante ustedes tiene por objeto que dentro de ese registro público único también se inscriban los laudos laborales, porque si bien son de otra naturaleza, también son pasivos. Y quienes han tenido la oportunidad de estar al frente de una administración municipal o de participar en la administración pública estatal saben que a veces el monto de los laudos constituye un verdadero lastre para el erario municipal o para el erario del estado.

Por eso la propuesta es la siguiente, que diga: La obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pagos en un registro público único, incluyendo los posibles pasivos por laudos laborales de manera oportuna y transparente.

Ojalá pudiera ser tomada en cuenta, en beneficio de la transparencia y de la solidez también de las finanzas municipales y estatales. Es cuanto, ciudadano presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de admitirse a discusión la propuesta de don Marcos Rosendo Medina Filigrana.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada. Queda en sus términos.

Doña Merilyn Gómez Pozos, para presentar reserva de la fracción VIII del artículo 74.

La diputada Merilyn Gómez Pozos:Gracias, presidente. Esta Cámara está obligada a encontrar la respuesta a los abusos en que han incurrido estados y municipios en la contratación voraz de deuda. La cual ha provocado en la mayoría de los casos una crisis de solvencia en sus finanzas, dejando sin resolver muchas de las necesidades de los gobernados.

Sobran los ejemplos de este inadecuado manejo de los gobiernos, por lo cual se ha optado por proponer cambios constitucionales que acaben con ese escenario que perjudica el desarrollo del país que —de continuar— provocaría una gran debacle económica cuyos efectos dañarán a todos los mexicanos.

La urgencia de sentar las bases para un nuevo sistema de contratación de deuda por parte de los estados no puede llevarnos a cometer errores que a la larga podríamos lamentar. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha realizado un análisis detallado de la propuesta para modificar el artículo 74 constitucional, en el cual se propone facultar a la comisión legislativa competente —en términos de la ley reglamentaria— para que opine respecto a las estrategias de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, por lo cual se está facultando a una comisión legislativa para conocer y dar su opinión respecto de aspectos de la vida institucional de los estados de la federación.

Sin embargo no debemos olvidar cuál es la naturaleza de las comisiones legislativas, siendo éstas órganos auxiliares en el trabajo legislativo. Es decir, no se trata de órganos representativos o cuya función sea legislar sino que únicamente se trata de órganos dependientes de esta Cámara, por lo que en nuestra opinión resulta dañino que exista una comisión legislativa que conozca y opine respecto de este tema, sin que su facultad derive de esta Cámara sino que sea designada directamente por la Constitución.

En ese sentido, dicha comisión legislativa se constituiría en un órgano autónomo de la Cámara, teniendo una suerte de naturaleza constitucional, que implicaría una separación con la misma Cámara de la cual teóricamente derivan todas sus facultades.

El pleno es el órgano del cual derivan todas las facultades de las comisiones y para favorecer la normalidad en el funcionamiento y la relación entre el órgano primigenio y el derivado correspondería asignar la competencia al pleno de la Cámara. Asimismo es el pleno de la Cámara el que cuenta con facultades específicas con relación a la organización del Estado, el que cuenta con la legitimidad para conocer del tema, legitimidad derivada de la representación que ostenta. Es decir, la representación directa de la población y de la cual carece absolutamente una comisión legislativa.

Debemos reconocer que la conformación del pleno tiene una naturaleza más plural, que enriquecería el debate correspondiente pudiendo participar de forma activa y directa legisladores de todos los estados, incluido aquél que plantee la problemática específica.

Por ello la modificación en los términos propuestos podría resultar inconveniente para los efectos deseados ya que la opinión favorable de la comisión podría verse afectada por la conformación de la misma y teniendo un sesgo partidista, sin que ello resulte conveniente en las finalidades de este dictamen.

Por tal motivo, someto a la consideración de esta asamblea la reserva al artículo 74 del dictamen en comento, para que sea el pleno y no una comisión legislativa quien emita su opinión en el tema de la deuda en los estados. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la reserva.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada. Queda en sus términos.

Doña Loretta Ortiz Ahlf, igual, la fracción VIII del 74.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia. Compañeros legisladores, antes de referirme a mi reserva quisiera hacer notar que a pesar de que ahorita se está regulando la cuestión de la deuda externa, o tratando de regular la cuestión de la deuda adquirida por las entidades federativas y los municipios, se deja un amplio campo todavía de falta de control, que es lo que se refiere a la deuda externa.

Y aunque a muchos de ustedes les puede llamar la atención el que utilice el término de deuda externa, las entidades federativas, los municipios o cualquier fideicomiso público puede adquirir deuda externa vía acuerdos interinstitucionales, regulados actualmente por la Ley de Celebración de Tratados de 1992 y que se pretende modificar por una ley que está ahorita precisamente en el Senado —aprobada por la anterior legislatura— que es la Ley General sobre Celebración de Tratados.

Ésa ha sido la fuente precisamente de mayor adquisición de deuda por parte de entidades federativas y de municipios.

Su servidora presentó una iniciativa, desgraciadamente no se ha emitido ninguna opinión al respecto y ésa sería la forma, abrogación total de ambas, de una ley y la otra, de impedir que ya en su momento se expida, para que pudiera controlarse desde la federación, porque es una facultad de la federación la contratación de deuda externa, precisamente la adquisición de estos compromisos internacionales.

En relación con la reserva al artículo 74 y su fracción VIII —la que presento— tiene por finalidad fortalecer las atribuciones que se le otorgan a esta soberanía en la regulación de la deuda de los estados y municipios. La redacción propuesta en dicha fracción habla de que la Cámara conocerá y, en su caso, podrá opinar en relación a la estrategia de ajuste que llevarán a cabo las entidades federativas para obtener garantías del gobierno federal para hacer frente a la deuda que hayan contratado.

El convenio que celebren los estados con el gobierno federal debe incluir una serie de medidas para mejorar la situación financiera de los estados como un requisito indispensable para que el gobierno pueda ser aval de los pasivos contratados. Esta parte es relevante porque de nada sirve que el gobierno federal sea aval, si no se corrigen las situaciones que llevaron a las entidades a tener un desequilibrio financiero.

Nos parece que señalar que la Cámara podrá opinar sobre dicha estrategia de ajuste limita la facultad, como está actualmente en el dictamen, que pretende incluirse en el texto constitucional.

Señalar una facultad potestativa y no obligatoria para que la Cámara opine sobre la estrategia de ajuste vulnera el equilibrio de Poderes, porque la Cámara aprueba el Presupuesto de Egresos, donde en un momento dado se establecerá la partida presupuestal para otorgar las garantías.

Por ello consideramos que la facultad debe ser plena, la Cámara de Diputados debe conocer y opinar —subrayo opinar— sobre la estrategia de ajuste y saneamiento que vayan a llevar a cabo las entidades federativas en acuerdo con la Secretaría de Hacienda.

Compañeros legisladores, esta reserva contribuye a que el proceso de ajuste y saneamiento se lleve a cabo con mayor transparencia, por lo que solicitamos de manera muy atenta pueda ser aceptada y votada por este pleno. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, doña Loretta. Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de admitirse a discusión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada. Queda en sus términos.

Don Enrique Alejandro Flores, el segundo párrafo de la fracción I del 79.

El diputado Enrique Alejandro Flores Flores:Gracias. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, Acción Nacional celebra la propuesta de dictamen que el día de hoy se somete a votación. Éste es un dictamen que dará rumbo —sin lugar a dudas— a la regulación de deuda de los estados y de los municipios. Sin embargo en esta tarde podemos mejorarla aun más.

Mi intención es contribuir a generar mayor transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. Un ejemplo claro de la opacidad y la falta de rendición de cuentas es que hoy en día existen en el país estados con crecimientos exorbitantes en sus deudas y de cuyos mecanismos de financiamiento, con respectivas tasas de interés, plazos de pago y fondeo se sabe poco, al no existir la obligación de ser información pública.

Tenemos los casos ya mencionados el día de hoy en este pleno, como los de Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Tabasco, también Guanajuato, Jalisco. Pero también hay de deudas a deudas, la deuda de Coahuila, los ciudadanos si quisieran pagarla tendrían que pagar cerca de 15 mil pesos cada ciudadano de Coahuila, igual en el estado de Nuevo León tendrían que pagar cerca de 12 mil pesos cada ciudadano para saldar las deudas que sus gobernadores contrajeron.

Por otro lado es casi imposible que en los Presupuestos locales podamos detectar no solo los montos de endeudamiento que se prevé que contraigan los gobiernos en el registro fiscal sino también las tasas de interés altas, como en el caso de Nuevo León, con Rodrigo Medina.

La reserva que hoy planteo para que se someta a consideración y se apruebe es dotar a la Auditoría Superior de la Federación de más facultades para que los recursos propios que bajan de la federación también puedan ser objeto de auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, que la caja chica de los gobernadores y de los presidentes municipales para financiar campañas políticas no sea exenta de ser auditada por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

En este caso, le doy la razón al diputado Mejía Berdeja, que decía que de ahí, de ahí exactamente, de los recursos que no son auditables por la federación se dota dinero a las campañas, como la de Enrique Peña Nieto por supuesto.

También quiero decirle a la diputada Ruth Zavaleta que sí es cierto, no somos vengadores ni justicieros para venir, criticar y juzgar a los ex gobernadores. Pero sí es cierto que no podemos negar lo obvio, que existen Graniers, que existen Fideles Herreras y que existen Rodrigos Medinas, que no podemos seguir con este tipo de hurtos.

Por eso quiero que la Auditoría Superior de la Federación pueda auditar también los recursos locales. No es quitarle facultades o autonomía a éstos, simplemente son recursos que bajan de la federación a los municipios y por supuesto que deben ser objeto de transparentarlos. No podemos ser opacos y no podemos seguir negando lo que estamos viendo a cada rato.

Se acabaron —como bien dijo mi compañero Guillermo Anaya— se acabaron los gobernadores opacos, por eso promuevo una adición al segundo párrafo del artículo 79, que versa de la siguiente forma:

En el caso de los estados y municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la federación, o que se hayan afectado los recursos federales bajo su administración o ejecución —incluyendo las respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan— se fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales.

Con esto evitamos los gobiernos con cajas chicas para financiar campañas electorales. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se acepta a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada. Queda en sus términos.

Doña Loretta Ortiz Ahlf, segundo párrafo, fracción I, del 79.

Perdón. Don Víctor Manuel Jorrín. Discúlpeme, doña Loretta, discúlpeme. Le ruego sea benevolente.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano:Con su permiso, presidente. La reserva al segundo párrafo de la fracción I del artículo 79 del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios.

Es el artículo 79 y es una adición muy sencilla en la que se menciona que también se va a fiscalizar directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales.

En el caso de los estados y los municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales.

La adición es la siguiente, que diga: En el último año de gobierno de los titulares del Poder Ejecutivo de estados y municipios, la fiscalización de dichos empréstitos será ejercida de manera trimestral.

Lo que se pide es que exista una revisión permanente, de tal manera que no tengamos que esperar un año para poderlos auditar sino que sea de manera inmediata. Ésta es la propuesta, espero que la voten a favor.

Sin embargo quiero aprovechar el tiempo para hacer un comentario, estas reformas que se están haciendo solamente son una parte, que me parece muy positiva, pero es una sola parte de una iniciativa que presenté en el periodo pasado de sesiones, en la que estoy pidiendo que la Auditoría Superior de la Federación ejerza un mayor control sobre los estados y municipios y esto ayuda muchísimo. Pero la otra parte es el aumentarle el Presupuesto a los estados y municipios, de no hacerlo estaríamos dejando solamente la vigilancia, pero no vamos a permitir el desarrollo de los municipios, debe hacerse manera integral.

No es posible que sigamos permitiendo que también los municipios que sí trabajan sigan endeudados y además sean embargados por la misma Secretaría de Hacienda, en donde tenemos municipios que tienen embargado su mercado o tienen embargados hasta el panteón municipal o la plaza pública, porque tienen adeudos que no pueden sostener, porque los 4 centavos que le da la federación del recurso que le pertenece al municipio, por los impuestos que genera su municipio a nivel federal, no se les regresan más que 4 centavos y la federación se queda con los 80 centavos, que después no los puede aplicar y se van al subejercicio.

Por eso la importancia de valor que esta reforma, que se entienda como una reforma parcial y que hace falta analizar en forma integral la otra parte importante para atender realmente a los municipios, independientemente de la vigilancia.

Diría que no habría necesidad tal vez de hacer tantas reformas sino que simplemente la Auditoría Superior de la Federación ejerza acción inmediata en todos los municipios en donde sabe que existe desvío de recursos o en los estados en donde sabe que existe la desviación de recursos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, y es mucho. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada. Queda en sus términos.

Ahora sí, doña Loretta, ahora sí. Es la misma reserva, párrafo segundo de la fracción I del 79.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Muchas gracias, presidente, con su venia. Compañeros legisladores, con relación a la reserva al artículo 79, fracción I, discutir las reformas a nuestra Norma Fundamental para fortalecer el equilibrio financiero de los estados y de los municipios habla de la preocupación que existe entre la opinión pública y los ciudadanos, que exigen rendición de cuentas y que no se repitan los abusos de gobiernos estatales que contrataron deuda de manera excesiva.

Por ello la reserva que estamos proponiendo es relevante, porque de aprobarse se estaría abonando a que los recursos —que son de todos los mexicanos— sean auditados para comprobar que se destinaron para los fines correctos.

El endeudamiento excesivo se explica por varias razones: una de ellas es la falta de controles administrativos y de auditoría en el ámbito local, por ello nos parece positivo que se fortalezca a través de la Auditoría Superior de la Federación la labor de fiscalización de los recursos que se derivan de la contratación de deuda y empréstitos, pero también consideramos que se debe ir más allá.

El texto constitucional vigente excluye de la órbita de fiscalización de la auditoría las participaciones federales, ya que ésta se realiza a través de los órganos locales de fiscalización. Sin embargo dichos órganos a veces no gozan de la autonomía que se requiere y ven limitada su actuación por presiones de los Ejecutivos estatales.

Por ello nos parece que debe abrirse la fiscalización de estos recursos a la Auditoría Superior, porque de esta forma se afianza la rendición de cuentas y se minimiza una actuación sesgada por parte de las entidades de fiscalización estatales. Más aún, si las participaciones federales servirán en algunos casos para garantizar los pasivos contratados es más imperioso que la institución federal colabore en la revisión del uso y destino de las mismas.

Éstos son los argumentos que justifican nuestra propuesta y esperamos que sean atendibles y voten a favor de la reserva que proponemos. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, doña Loretta. Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de admitirse a discusión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada. Queda en sus términos.

Don Alfonso Durazo, tiene usted el uso de la voz. ¿Está don Alfonso? Ahí viene. Llegó por otro lado —adelante— pero llegó al fin.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Es la versatilidad para el diálogo político. Gracias, presidente. Primeramente quisiera comentar cómo no estar de acuerdo con las cosas que aquí se han expresado. La verdad es que no hay forma, es un discurso políticamente correcto, lo que no significa que esté apegado a la verdad y no lo está porque no hay el menor asomo de autocrítica en ninguno de los partidos.

La verdad es que donde un partido está en el poder ha cometido iguales o mayores trapacerías y eso le da una dimensión de mayor gravedad al problema. La pregunta aquí sería, para ser autocrítica, ¿cuántos partidos, donde son poder a nivel estatal o municipal, o incluso federal, escapan a esta realidad? La otra es, ¿qué dimensión de esta deuda se ha ido a romper los topes de campaña, a romper la legalidad que debe enmarcar la contienda electoral?

No me voy a extender en argumentos por una razón, porque quiero pedirles que reflexionen una propuesta realmente sencilla que traigo. En el fondo de todos los conflictos económicos que tienen los estados está una disputa no democrática por el poder. Ningún gobernante que llegue a su responsabilidad municipal, estatal o a la presidencia de la República, si no es producto de una elección limpia, equitativa y transparente no tendrá un desempeño responsable y sobre todo comprometido con los electores.

Para no enredarme y cumplir con mi compromiso ante ustedes de ser muy breve les pido que reflexionen la propuesta. Jóvenes diputados, diputadas, les pido su atención. La propuesta es que toda aquella infraestructura estatal o municipal que no haya sido construida con deuda, no sea utilizada para pagar deuda. Así de simple, así de sencillo.

Si tenemos una carretera que se construyó ya con recursos propios, que no la utilicemos para pagar deuda, porque al siguiente día van a llegar a ponerle a la gente una caseta, un puente, la infraestructura de agua potable.

La propuesta en síntesis es agregarle al artículo 117, fracción VIII, el siguiente texto: Tampoco se podrá pagar deuda adquirida con la venta o cesión de infraestructura o bienes públicos que no fueron construidos, desarrollados o adquiridos con esa deuda. Eso es todo, ojalá merezca su consideración esta propuesta tan sencilla. Muchas gracias a todos por su atención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, don Alfonso. Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de admitirse a discusión la propuesta de don Alfonso Durazo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada. Queda en sus términos.

Doña Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez:Históricamente el manejo de la deuda en los estados se ha efectuado con total opacidad y de manera discrecional por parte de los Ejecutivos locales, quienes sin importar la prevención constitucional de que la deuda únicamente será destinada a inversiones productivas han aplicado libremente los recursos a un sin número de fines ajenos al desarrollo de su estado.

Lo anterior ha sido posible porque constitucionalmente se reservó a los Congresos estatales la facultad de fiscalizar los recursos derivados de la contratación de empréstitos, siendo que en la mayoría de los casos las Legislaturas locales están sometidas a los intereses de los gobiernos en turno.

El ejemplo del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, se mantiene como un caso emblemático al respecto, quien a poco más de 40 días de que terminara su gestión contrató deuda por la cantidad de 4 mil 130 millones de pesos sin que a la fecha se conozca su destino y que dejó en pobreza y miseria preocupante al estado.

Los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano urgimos a esta Cámara, integrante del Constituyente Permanente, a impulsar la creación de nuevos candados constitucionales que acaben con estas prácticas nocivas e ilegales, que tanto han perjudicado a las haciendas de sus estados.

Nuestra reserva propone modificar el dictamen presentado al pleno por la Comisión de Puntos Constitucionales adicionando un nuevo candado que incluya la obligación de destinar los recursos adquiridos por medio de la contratación de créditos y empréstitos a proyectos específicos y plenamente identificados.

Lo anterior supone la etiquetación de los recursos para que sean aplicados a proyectos que impliquen el desarrollo económico del estado y en consecuencia el bienestar de la sociedad.

Con este candado adicional a los ya previstos en el dictamen materia de discusión daríamos un paso adelante en los controles de deuda sin que ello implique que hayamos concluido con este proceso.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva al artículo 117 del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados, para quedar establecido como sigue:

Artículo 117. Los estados no pueden, en ningún caso, contraer directa o indirectamente obligaciones, empréstitos o créditos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. Los municipios y estados no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, asignadas con proyectos específicos que hayan sido previamente aprobados en el Presupuesto correspondiente y a su refinanciamiento o estructura, mismas que deberán realizarse bajo condiciones de mercado, inclusive las que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos, y en el caso de los estados, adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los municipios.

Lo anterior, conforme a las bases que establezcan las Legislaturas en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en la Constitución y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben. Los Ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir a la Cuenta Pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de admitirse a discusión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada. Queda en sus términos.

Don Gerardo Villanueva Albarrán, finalmente, tiene el uso de la voz. Reserva el párrafo tercero de la fracción VIII del 117.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Con su venia, diputado presidente. En años recientes —como se ha dicho aquí una y otra vez— hemos sido testigos de múltiples casos de pillería, protagonizadas por gobernadores corruptos, quienes teniendo la anuencia de Congresos locales afines han endeudado gravemente a sus estados y a los ciudadanos.

El caso más evidente quizá sea el de Coahuila, en donde la deuda pasó de ser de 200 millones de pesos a 36 mil 384 millones de pesos. Es decir, 12 mil 800 per cápita, sin que el destino de ese dinero beneficiara de forma alguna a dicho estado. Es más, existe la sospecha de que dicho dinero fue destinado a financiar diversas campañas políticas.

También se ha mencionado aquí el caso de Chiapas, que endeudó a su estado el gobernador de entonces por 5 mil millones de pesos, faltando solamente tres meses para acabar su mandato. Y el multicitado caso Granier, que es una vergüenza, a 40 días que concluyera su mandato se endeudó con más de 4 mil millones de pesos.

Quiero agregar, incluso, que hay voces que se atreven a plantear el incremento al IVA en alimentos, en medicinas, en transportes y libros para cubrir estos huecos financieros provocados por la deuda pública y el dispendio. Esto a costa del sufrimiento de la mayoría de la población.

Sí les quiero decir una cosa: no lo vamos a permitir y vamos a plantear una resistencia férrea aquí en la Cámara, pero también en las calles.

Les voy a hablar como militante de Morena, el 8 de septiembre nos vamos a reunir en el Zócalo capitalino miles de mexicanas y mexicanos para plantear que este tipo de pillerías y de iniciativas...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado, diputado. Usted como gente conocedora de la Constitución sabe que en un período de sesiones extraordinarias solo podemos abordar los asuntos para los que fuimos convocados. Le ruego por favor respeto a la Carta Magna.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Claro que sí, diputado presidente. Es el mismo tema y son las peores consecuencias de las que estoy haciendo referencia. Ojalá pudieran acomodar el sonido.

En el sobreendeudamiento hay ineptitud, irresponsabilidad y falta de probidad. Se debe cumplir con el pacto federal pero federalizando la austeridad republicana y el uso honesto de los fondos públicos.

Por eso corresponde a esta Cámara de Diputados resolver a través de esta reserva, adicionando al artículo 117 de la Constitución, en la fracción VIII, un párrafo en el que no únicamente quede establecido que sean los Congresos locales los que aprueben la deuda de los estados sino que, una vez aprobado en los Congresos locales, se traiga a esta Cámara de Diputados para que a su vez se apruebe por mayoría.

Diputado presidente, es cuanto. Le agradezco su tolerancia, aunque he observado que ha dado un trato distinto a quienes hacemos uso de la palabra, que tenemos todo el derecho de hacer planteamientos que sí tienen que ver con el tema.

Refrendo la invitación al Zócalo el 8 de septiembre, con Andrés Manuel López Obrador. Ahí los esperamos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de admitirse a discusión la propuesta del diputado.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico por 10 minutos, a efecto de recoger la votación en lo particular de los artículos 73, 74, 79 y 117 que fueron reservados. Éstos se van a votar en sus términos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación de los artículos 73, 74, 79 y 117, en sus términos.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron, señor presidente, a favor 421 votos, 18 en contra, 9 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios. Pasa al Senado, para los efectos constitucionales.

Dejo la Presidencia en las expertas y doctas manos de don José González Morfín.

VOLUMEN II

Presidencia del diputado José González Morfín

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REGISTRO PUBLICO INMOBILIARIO Y CATASTROS

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:«Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de registro público inmobiliario y catastros.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

Dictamen

I. Antecedentes legislativos

1. El día 31 de octubre de 2012, el senador Raúl Cervantes Andrade, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de decreto que busca homologar y armonizar la operación de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales, así como los catastros de todo el país, a través de otorgar una nueva facultad al Congreso de la Unión para expedir una ley general que, reconociendo que tales registros públicos y catastros nos son del ámbito federal, permita su fortalecimiento institucional en beneficio del Estado Mexicano y respete la autonomía y la soberanía de las Entidades Federativas y

2. Municipio. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. El 30 de abril de 2013, el Pleno de la Cámara de Senadores, aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona una fracción XXIX-U al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviándolo a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.

4. El 30 de abril de 2013, la Cámara de Senadores remitió a la Cámara de Diputados, el expediente relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona una fracción XXIX-U al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. El 2 de julio de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, la Minuta antes mencionada, para su análisis, estudio y elaboración de dictamen.

II. Contenido de la minuta

Para efecto de emitir el presente dictamen, esta Comisión estima conveniente transcribir las consideraciones del Dictamen aprobado por el Senado de la República, bajo lo siguiente:

“III.1 Consideraciones de orden general

Primera. Las Comisiones Dictaminadores comparten la motivación y los objetivos de la iniciativa antes citada, pues en la medida que se fortalezca a la institución catastral se permitirá fortalecer las haciendas locales por medio de la recaudación de impuestos inmobiliarios (predial y traslado de dominio) dentro del marco de seguridad jurídica de la propiedad y a la vez se podrá generar información para el ordenamiento territorial y para las políticas públicas de desarrollo urbano y vivienda. Asimismo, se eliminarán miles de litigios hereditarios por falta de claridad en las propiedades, las instituciones de seguridad pública y fiscales podrán tener una herramienta de apoyo a sus investigaciones, y las familias y las empresas podrán tener mayores oportunidades de acceso al crédito, entre otros beneficios para el país.

Segunda. No pasa desapercibido para estas Comisiones Unidas que el catastro y la base gravable para la generación del impuesto predial, están desactualizados; asimismo, que los registros públicos no están modernizados ni armonizados con los catastros. Por lo mismo, contar con valores catastrales actualizados y uniformes con los registros públicos no implica cobrar más impuestos a la población que ya paga sus contribuciones; lo que se busca es cobrar mejor pues la desactualización es la principal causa de la evasión: muchos predios que están urbanizados siguen pagando como si fueran rústicos lo cual es a todas luces injusto porque tales predios reciben servicios públicos sin contribuir proporcional y equitativamente para ello, como lo señala claramente la Constitución.

Tercera. México requiere modernizar las instituciones registrales para estar a la vanguardia a nivel nacional e internacional, para coadyuvar en el trabajo a las autoridades fiscales y de procuración de justicia, para facilitar las traslaciones de dominio de los inmuebles y para que los Estados y los municipios tengan una herramienta útil para diseñar mejores políticas de desarrollo y ordenamiento urbano y de vivienda.

Cuarta. Las Comisiones Dictaminadoras están conscientes de que en la legislatura pasada esta H. Cámara de Senadores advirtió una probable afectación a la esfera de competencia de las entidades federativas con una reforma similar. No obstante, en los términos planteados por la iniciativa y con base en las consideraciones de orden específico que se plantean más adelante, estas Comisiones consideran que no existe tal afectación, y por el contrario, de ser aprobada por la Asamblea se fortalecerán las instituciones catastrales y registrales de las entidades federativas y municipios.

Quinta. Las Comisiones Dictaminadoras recibieron comentarios a la iniciativa que hoy se dictamina de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió la siguiente opinión, en la parte conducente:

•Se considera adecuada la intención del proponente que pretende adicionar la Carta Fundamental a efecto de que los registros públicos de la propiedad contribuyen a mejorar la seguridad de la titularidad y tenencia de los bienes, disminuyendo los costos de intercambio de los mismos, lo cual derivaría en un mejor funcionamiento del sistema económico.

Lo anterior atendiendo a que dichos registros protegen la seguridad de los derechos, garantizan la certeza jurídica de la titularidad de los inmuebles registrados, la legalidad en las transacciones del mercado inmobiliario y contribuye a reducir los costos de averiguación, seguros, incertidumbre, así como los probables litigios.

•La propuesta también atendería la necesidad de contar con un marco regulatorio que permita modernizar los catastros para el mejor funcionamiento de la economía nacional, lo cual es indispensable considerando que los mismos se constituyen como el único registro de la propiedad inmobiliaria del país, porque es de suma importancia su actualización, debido a que, como bien lo señala el senador, contribuyen a cobrar mejor y de manera progresiva y equitativa los impuestos locales.

•En los términos descritos se considera certera la intención del proponente de facultar al Congreso de la Unión para emitir una ley general, que no vulnere el pacto federal y, que por el contrario, fortalezca a las entidades federativas y a los municipios, pues en la medida que así suceda, la Unión Federal se verá asimismo fortalecida.

Lo anterior entendiendo, como bien se señala en la exposición de motivos de la iniciativa, a que el Congreso de la Unión sólo pretende ser un facilitador de la coordinación, que las entidades federativas ya reconocen y aceptan que es necesaria e implicaría un desarrollo conjunto de las conductas y de las actividades de los gobiernos, en el ámbito federal y local.

La Ley General correspondiente tendría como fin la armonización y homologación de la operación de los Registros Públicos y los catastros del país, lo cual se considera adecuado habida cuenta que en el ámbito de Comercio ya existe dicha homologación y desde 2007 se ha estado apoyando con recursos económicos federales y estatales para dicho efecto.

•En los términos descritos, se considera que la reforma implicará diversos beneficios a favor de la población, entre los cuales se encuentran: simplificar procedimientos y agilizar trámites, mayor seguridad para el patrimonio inmobiliario de los mexicanos, la unificación registral, aunada al programa de modernización, permitirá reunir en una sola base de datos el registro del Distrito Federal, estatal o municipal, se facilitaría la acción de las autoridades fiscales y  de procuración de justicia cuando procedan a realizar investigaciones de evasión de impuestos y/o lavado de dinero así como de enriquecimiento inexplicable.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geo-grafía señaló, en la parte conducente lo siguiente:

Me refiero a su oficio CPC_RCA_142/03/03 de fecha 22 de marzo de 2013, dirigido al Dr. Eduardo Sojo Garza-Aldape, mediante el cual solicita la opinión del Instituto Nacional de Estadística y Geografía respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 6 de noviembre de 2012 en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República.

Dicha iniciativa se considera adecuada, toda vez que menciona al INEGI, tanto en los antecedentes como en la justificación, como árbitro técnico para garantizar estándares de datos geoestadísticos, pero sin llegar a definir y establecer procesos y estándares de operación catastral y no implica que la reforma tenga algún efecto sobre las atribuciones del Instituto.

Asimismo, si bien en la justificación de la iniciativa se considera la creación del Consejo Nacional de Homologación y Armonización Registral, del cual se propone que el INEGI sea parte, esto ocurriría una vez que se faculte al Congreso y se expida la Ley General. En caso de que se apruebe esta iniciativa y se emita el proyecto de Ley General, se considera pertinente que el INEGI analice y emita la respectiva opinión técnica sobre el particular.

Sexta. Las Comisiones Dictaminadoras están de acuerdo con suscribir los términos y las bases esenciales de la nueva ley general que aprobaría el Congreso de la Unión en uso de la nueva facultad que se le está otorgando, para el efecto de que dicha ley se circunscriba única y exclusivamente al mandato del Constituyente Permanente. A dicho fin, se aclara que la ley general de ninguna manera podrá federalizar los Registros Públicos ni los Catastros. Por el contrario, su expedición debe crear el fundamento jurídico que permita unificar esfuerzos y recursos de los tres órdenes de gobierno. Más aun cuando actualmente hay una dispersión de leyes, acuerdos y demás dispositivos en materia de registro inmobiliario, que ha provocado políticas encontradas o dispares.

Séptima. La nueva ley general que apruebe el Congreso de la Unión debe ser respetuosa de la soberanía y de la autonomía de los Estados, del Distrito Federal y de los municipios, órdenes de gobierno que conservarán a su favor las facultades en la materia tales como el aspecto tributario que sobre los ingresos de registro perciben, o la designación de los funcionarios de tales Registros y Catastros, la administración de las instalaciones, entre otras atribuciones; lo único que se deja al Congreso es la facultad de legislar para que haya una base jurídica que permita al Consejo Nacional de Homologación y Armonización Registral determinar los términos del procedimiento de registro, procesos, tecnologías, sistemas, mecanismos de coordinación para la capacitación y modernización de los mismos.

III.2 Consideraciones de orden específico

Primera. Las Comisiones Dictaminadoras estiman procedente la redacción propuesta por la iniciativa. Sin embargo, resuelven modificar la numeración de la facultad que se pretende otorgar al Congreso en virtud de que recientemente fue aprobada una reforma a dicho artículo en materia de transparencia, misma que por cierto, está en estudio en la Cámara de Diputados. Asimismo, está en proceso otra reforma constitucional en materia de corrupción, que también asigna una nueva facultad. Por tanto, se previene que de ser aprobada la reforma de transparencia y la de anticorrupción, ésta nueva facultad le correspondería la fracción XXIX-U en la numeración, para quedar en los términos siguientes:

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-T. ...

XXIX-U. Para expedir la ley que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales.

XXX. ...

Las Comisiones Dictaminadoras quieren señalar que si no fuese aprobada la Minuta en materia de transparencia o si hubiera otra nueva facultad que llegue a aprobarse antes de esta reforma que hoy se dictamina, en virtud de que actualmente hay en puerta varias reformas constitucionales que contemplan dar al Congreso nuevas facultades, como por ejemplo, la reforma en materia de anticorrupción, se previene que la numeración de la fracción puede cambiar al momento de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segunda. Las Comisiones Dictaminadoras desean pronunciarse respecto a los alcances de la ley general que se propone en la iniciativa, en concreto respecto a los siguientes temas:

• Ley que homologue y armonice la operación de los registros públicos y los catastros. Mediante la expedición de una ley general se busca la homologación y la armonización de conceptos, estándares, procedimientos y sistemas de operación de ambas instituciones. El objetivo que se busca es contar con una base nacional de datos registrales y catastrales que sea de utilidad a las entidades federativas y municipios y a la Federación para la implantación de políticas públicas que contribuyan al desarrollo nacional. De ahí que no se pretenda uniformar mediante la ley a las estructuras orgánicas ni al modelo administrativo de los registros y catastros.

• La ley general que expida el Congreso de la Unión tendrá el siguiente alcance general:

a) El objeto es homologar y armonizar la operación de los Registros Públicos inmobiliarios y de personas morales a que se refiere el Código Civil Federal, bajo la jurisdicción de las entidades federativas así como de los catastros municipales.

b) La homologación y la armonización pretendida es para el logro de los cuatro objetivos planteados por la iniciativa que hoy se dictamina.

c) La homologación y la armonización implica contar con protocolos, sistemas informáticos, procesos y procedimientos comunes para el registro inmobiliario.

Éstos serán aprobados en el seno de un Consejo Nacional que funcionaría con base en los lineamientos que determine el Congreso de la Unión, entre otros:

i. El Consejo es el órgano de coordinación y de decisión para la homologar y armonizar los Registros Públicos y catastros y tendría por mandato emitir las normas y lineamientos para dicho efecto.

ii. Los miembros del consejo no recibirán remuneración alguna por su participación en los mismos.

iii. El Consejo estaría presidido por una entidad federativa, de carácter rotatorio entre éstas.

iv. El Consejo estaría conformado por representantes de las entidades federativas, representantes de los municipios y representantes de las Dependencias y Entidades Federales, así como del INEGI y de la Procuraduría General de la República. Las decisiones se adoptarían por mayoría. Estas Comisiones dictaminadoras consideran que la conformación específica de Dependencias y Entidades sea determinada por el Legislador Ordinario.

v. En el Consejo podrán participar con derecho a voz, representantes de asociaciones empresariales y registrales, habida cuenta que su participación enriquecería las decisiones del Consejo.

vi. Las entidades federativas y municipios adoptarán e implementarán, con carácter obligatorio, en el ámbito de sus respectivas competencias, las decisiones que tome el Consejo.

d) Si bien la iniciativa propone que los registros públicos y los catastros sean constituidos como entidades paraestatales con personalidad jurídica y patrimonio propios, dejando a las legislaturas estatales que determinen libremente su estructura organizacional y gobierno corporativo, estas Comisiones Dictaminadoras consideran que este asunto corresponde ser definido por el legislador ordinario en la legislación. Pero dicha decisión deberá considerar que los Registros Públicos y los catastros puedan alcanzar el objetivo de prestar un servicio que se dé en forma continua, regular, uniforme, profesional, expedita y permanente, características que exige la seguridad jurídica en materia registral y catastral. Para dicho fin se considera que deberán contar con un estatuto jurídico–administrativo que les otorgue la flexibilidad adecuada para hacer frente a las necesidades económicas del servicio.

e) Será el Congreso de la Unión el que determine los mandatos de ley específicos y las facultades del Consejo.

f) Para la conformación de las bases de datos, se contará con el soporte y la infraestructura que ya ha desa-rrollado el INEGI.

Finalmente, estas Comisiones Dictaminadoras después de deliberar el contenido del presente Dictamen consideran añadir una disposición transitoria relativa a la necesidad de complementar este esfuerzo de armonización y homologación registral mediante una reforma en el mismo sentido para la actividad notarial. A dicho fin, se propone incorporar un mandato para que el Congreso de la Unión discuta y apruebe en un plazo de 180 días contado a partir de la entrada en vigor del Decreto que hoy se dictamina una reforma al marco jurídico que siente las bases mínimas a las que deberá sujetarse la función notarial.”

III. Cuadro comparativo

IV. Consideraciones

A la Comisión de Puntos Constitucionales, fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-U al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los diputados integrantes de este cuerpo Legislativo, después de hacer un análisis de la minuta del Senado de la República, llega a la convicción de emitir dictamen endel referido proyecto de decreto, en materia de registro público inmobiliario y catastros.

En principio, esta Comisión Dictaminadora considera, al igual que lo hace la Cámara de Senadores, que actualmente el Registro Público de la Propiedad en el país, presenta diversos problemas que inciden en la seguridad jurídica de la propiedad. Esto trae como consecuencia un impacto al catastro que cada Entidad Federativa tiene y con el cual le permite determinar la base gravable para el pago de los impuestos predial y de traslado de dominio.

Así, en la medida que se fortalezca a la institución catastral se permitirá fortalecer las haciendas locales por medio de la recaudación de impuestos inmobiliarios dentro del marco de seguridad jurídica de la propiedad y se podrá generar información para el ordenamiento territorial y las políticas públicas de desarrollo urbano y vivienda. Asimismo, se eliminarán miles de litigios hereditarios por falta de claridad en las propiedades, las instituciones de seguridad pública y fiscales podrán tener una herramienta de apoyo a sus investigaciones, y las familias y las empresas podrán tener mayores oportunidades de acceso al crédito, entre otros beneficios para el país.

No obstante los programas implementados para mejorar, modernizar y actualizar los registros públicos, no han logrado su objetivo, esto es, de contar con un registro público eficiente y eficaz que otorguen certeza y seguridad jurídica a los actos que por ley deben ser inscritos.

En razón de ello, esta Comisión Dictaminadora estima que otorgarle facultades al Congreso de la Unión para expedir una ley que armonice y homologue la organización y funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios existentes en las Entidades Federativas, así como los catastros en los Municipios, incidirá en el desarrollo de políticas públicas orientadas al desarrollo y ordenamiento urbano y de vivienda, aunado a la obtención de recursos fiscales mediante la recaudación de los impuestos predial y de traslado de dominio.

Por lo que respecta a la posible invasión o afectación de la soberanía y autonomía de los Estados con las reformas y adiciones planteadas, esta Comisión Dictaminadora considera que la Constitución Federal, al prever en su artículo 40 la forma de gobierno del pueblo mexicano, señala que es la de una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de la propia Constitución y que al regular el ejercicio del poder soberano, en términos de su artículo 41, establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la propia Ley Suprema y por las Constituciones particulares de los Estados; premisas que indudablemente consagran la autonomía de las entidades federativas en cuanto a su régimen interno, así como el ejercicio soberano del poder local.

Además, los artículos 115, párrafo primero y 124 de la Constitución, establecen el principio de división de poderes en los Estados, las normas a las que deberán sujetarse las Constituciones Locales y, por último, la reserva de facultades de los Estados al constituir el Pacto Federal.

De lo anterior, se desprende que no se conculca la facultad que tienen los Estados para establecer de forma libre y soberana su régimen interno, pues el hecho de que el Congreso de la Unión pueda expedir una ley que tenga por objeto armonizar y homologar la organización y funcionamiento del Registro Público y del Catastro, no implica que éstos se conviertan al ámbito federal, sino que el propósito es crear una normativa que unifique los procedimientos registrales, así como la agilización de los trámites, para lograr seguridad y certidumbre jurídica de la cual carecen los organismos registrales estatales.

Incluso, el respeto a la soberanía y autonomía de los Estados, es acorde al criterio que recientemente adoptó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual señala, que si se toma en cuenta que las constituciones locales constituyen cuerpos normativos dictados por los Estados de la Federación en ejercicio de su autonomía y soberanía interior, es dable considerar sus preceptos como normas autónomas respecto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos materiales y formales, por lo que ve al régimen interior de los Estados, por ser parte de un ordenamiento fundamental dentro de la Entidad Federativa donde fue emitido. Lo anterior es así, porque la Constitución Federal, al consignar en su artículo 40 la forma de gobierno del pueblo mexicano, señala que es la de una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de la propia Constitución y que, al regular el ejercicio del poder soberano, en términos de su artículo 41, establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la propia Ley Suprema y por las constituciones de los Estados; postulados éstos que indudablemente consagran la autonomía de las Entidades Federativas en cuanto a su régimen interno, así como el ejercicio soberano del poder local.  Por lo tanto, la ley que emane debe considerar en todo momento esta premisa.

Asimismo, si bien en la justificación de la iniciativa se considera la creación del Consejo Nacional de Homologación y Armonización Registral, se precisa que las reglas y procedimientos que determine el citado Consejo deberán apegarse a lo que dispone la Constitución General, las constituciones estatales y las leyes estatales en la materia, garantizando  que en la integración del citado Consejo los representantes de los Estados y los Municipios tengan mayoría, dado que se pretende que sus decisiones se tomen por mayoría de votos.

V. Modificaciones

La Comisión de Puntos Constitucionales, como ha quedado establecido, coincide con la minuta sujeta a estudio para concederle al Congreso de la Unión la facultad para expedir una ley que armonice y homologue la organización y funcionamiento de los Registros Públicos y Catastros municipales existentes en el país.

No obstante lo anterior, se proponen modificaciones a los alcances de la propuesta contenida en la Minuta para adicionar con una fracción XXIX-U al artículo 73 de la Ley Fundamental.

En primer término, y debido a que en el Diario Oficial de la Federación del día 9 de agosto de 2012, fue publicado el decreto por el que se adicionó la fracción XXIX-Q a dicho precepto constitucional, no es dable incluir una fracción que no corresponde al orden consecutivo. En razón de ello, la modificación deberá ser para adicionar una fracción XXIX-R.

En segundo lugar, se propone precisar que sea una ley general, con la finalidad de dar mayor claridad a la normativa que expedirá el Congreso de la Unión y ésta se distinga de una ley federal.

Así, ambos cuerpos normativos (ley federal y ley general) son creadas por el Poder Legislativo Federal, de acuerdo con las competencias atribuidas por la Constitución Política tanto a la Cámara de Senadores, como a la Cámara de Diputados.

Sin embargo, existen diferencias importantes entre ambos. Las leyes federales son aquellas que deberán ser aplicadas por autoridades federales, y por regla general, son reglamentarias de algún artículo de la Ley Fundamental. Por su parte, las leyes generales versan sobre materias que son de aplicación tanto para las autoridades federales como para las autoridades locales, es decir, son de competencia concurrente y establecen obligaciones y facultades en cada uno de los niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal).

Finalmente, se debe suprimir el artículo cuarto transitorio propuesto en la Minuta, por considerar que la función notarial al ser distinta de la registral, no tiene ninguna relación con los alcances de la reforma que ahora se propone.

Por lo anterior, con la finalidad de comparar el texto propuesto en la Minuta enviada por el Senado de la República con las modificaciones propuestas, se presenta el siguiente cuadro:

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Puntos Constitucionales, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-R al articulo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único.Se adicionauna fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73.-El Congreso tiene facultad:

I.a XXIX-Q. ...

XXIX-R. Para expedir la ley general que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales;

XXX. ...

Transitorios

Primero.El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Congreso de la Unión expedirá la ley general correspondiente en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Tercero.Las legislaturas de las entidades federativas adecuarán las legislaciones correspondiente a lo dispuesto en el presente Decreto y a la ley general que apruebe el Congreso de la Unión en un plazo no mayor a 60 días a partir de la entrada en vigor de dicha ley general.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de julio de 2013.

Comisión de Puntos Constitucionales, diputados: Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Marcos Aguilar Vega, Fernando Rodríguez Doval, Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, Héctor García García, Raymundo King de la Rosa (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela, Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra, Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Arely Madrid Tovilla (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Ricardo Villarreal García, Damián Zepeda Vidales, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Antonio Cuéllar Steffan, Amalia Dolores García Medina (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Fernando Zárate Salgado.»

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra por 10 minutos para fundamentar el dictamen el diputado Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien —me informan— también hará alguna propuesta de modificación por parte de la comisión.

El diputado Julio César Moreno Rivera:Gracias. Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales vengo a fundamentar el dictamen de la minuta con proyecto de decreto que propone adicionar una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se pretende otorgar al Congreso de la Unión la facultad para expedir una Ley General en Materia de Registro Público Inmobiliario y Catastro.

En la actualidad, el Registro Público de la Propiedad presenta diversos problemas que inciden en la seguridad jurídica de la propiedad, lo que trae como consecuencia un impacto al catastro que cada entidad federativa tiene y con el cual le permite determinar la base gravable para el pago de los impuestos predial y de traslado de dominio.

A pesar de que las entidades federativas han implementado programas para mejorar, modernizar y actualizar los registros públicos, éstos no han logrado su objetivo. Esto es, contar con un registro público eficiente y eficaz que otorgue certeza y seguridad jurídica a los actos que por ley deben ser inscritos.

Por ello, la reforma constitucional que hoy se analiza tiene como principal objetivo contar con una normativa que permita unificar esfuerzos y recursos de los tres órdenes de gobierno, ya que actualmente existe dispersión de leyes, acuerdos y demás dispositivos normativos en materia de registro inmobiliario, generando políticas encontradas o dispersas.

Lo anterior significa que las gestiones que realice cualquier ciudadano para registrar su propiedad se harán los mismos trámites y tiempos en cada uno de los estados del país. Además implica que las inscripciones no pueden ser modificadas o alteradas, lo que da seguridad y certeza jurídica a la propiedad.

Por otra parte, la ley general que aprueba el Congreso de la Unión para hacer efectiva la facultad que se pretende concederle debe ser respetuosa de la soberanía de los estados y de los municipios, órdenes de gobierno que conservarán sus facultades en el aspecto tributario que sobre los ingresos de registro perciban, la designación de los funcionarios de tales registros y catastros y la administración de las instalaciones, entre otras atribuciones.

En otras palabras, la única facultad que tendrá el Congreso de la Unión será expedir la base jurídica que permita crear una ley en la cual se determinen los términos del procedimiento de registro, procesos, sistemas, mecanismos de coordinación para la capacitación y modernización de los mismos para que mediante el uso de las nuevas tecnologías se lleven a cabo todos los trámites correspondientes, como ya se hizo en varias entidades, entre ellas en el Distrito Federal.

Asimismo para este órgano legislativo no pasa desapercibido el hecho de que en los estados y en los municipios el catastro y la base gravable para la generación de impuesto predial se encuentran desactualizados, además de que los registros públicos no están modernizados ni armonizados con los catastros por lo que es necesario contar con valores catastrales actualizados y uniformes con los registros públicos sin que ello implique cobrar más impuestos a la población.

En este sentido, la reforma constitucional que hoy se pone a su consideración otorgará la seguridad jurídica a la propiedad, facilitará la traslación de dominio de los inmuebles y los estados y municipios tendrán una herramienta útil para diseñar mejores políticas de desarrollo y ordenamiento urbano y de vivienda.

En concreto, el dictamen cuyos fundamentos ahora se exponen pretende modificar la minuta enviada por el Senado de la República en los siguientes aspectos:

Primero. Se propone precisar que la normativa que expedirá el Congreso de la Unión sea una ley general con la finalidad de dar mayor claridad a la redacción contenida en la minuta aprobada por el Senado de la República, en donde únicamente se refiere al término ley, sin distinguir si es federal o general.

En segundo lugar se suprime el artículo cuarto transitorio propuesto en la minuta por considerar que la función notarial, al ser distinta de la registral, no tiene ninguna relación con los alcances de la reforma que ahora se propone.

Compañeras y compañeros diputados, los invito a votar a favor de este dictamen que sin duda alguna fortalecerá la institución catastral y, con ello, las haciendas locales por medio de la recaudación de impuestos inmobiliarios, tales como los impuestos predial y de traslado de dominio. Lo que simboliza un paso adelante en el camino de la seguridad y la certidumbre jurídica, de la que actualmente carecen la mayoría de los organismos registrales estatales.

Antes de concluir, quiero también hacer de su conocimiento que a nombre de la comisión hago entrega a la Presidencia de la Cámara la propuesta de modificación al artículo segundo transitorio para su trámite correspondiente, en su momento oportuno. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias a todos ustedes, diputados.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. En razón de que se trata de una adición de un renglón al segundo transitorio la propuesta de modificación planteada por el presidente de la comisión, y por la comisión, voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea si se acepta la modificación planteada, para que la discusión se dé ya con esta modificación que trae el consenso de la comisión.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación planteada.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Julio César Moreno Rivera. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Se acepta la modificación.

En razón de haberla presentado en tiempo y en forma, tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar una moción suspensiva.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente; ciudadanos legisladores, la tenencia de la tierra representa un problema político ancestral. Es sin duda uno de aquellos que generan siempre no solo inconformidad, sino que su falta de regulación provoca también la falta de planificación y de desarrollo.

Históricamente el tema catastral ha sido discutido, por eso afirmo que las tres leyes o tres reformas, motivo del periodo extraordinario que hoy hemos tocado, las tres, son o representan una involución federalista. Las tres son regresivas, las tres son centralistas.

¿Por qué lo afirmo y lo sostengo? Porque actualmente el tema de catastro y registro público es una facultad exclusiva de los estados y de los municipios. Es una figura regulada directamente por la Ley de Catastro de cada entidad federativa o municipal, o sus respectivos reglamentos, según se encuentre total o parcialmente determinar esta función.

No discutimos sobre la protección de los derechos de propiedad, como un elemento indispensable para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Tampoco discutimos si con una claridad en la norma se genera mayor seguridad jurídica, o si sea indispensable la actualización catastral en el país. Incluso creo que desde la óptica liberal, cuanto más sólido es el marco jurídico institucional para proteger los derechos de propiedad, se supone que es más eficiente el funcionamiento de la economía.

Sin embargo, les quiero señalar lo siguiente, por eso planteo la moción suspensiva. Los registros públicos de la propiedad y catastro son instituciones clave en la economía y su objetivo principal de establecer y asegurar los derechos de propiedad, brindar certidumbre y transparencia sobre ellos es fundamental.

El catastro conceptual y operativamente hasta ahora se concibe en todas las entidades como el órgano encargado de la conformación y conservación de los registros sobre los predios y construcciones que se ubican en cada una de las regiones, los cuales permiten obtener los elementos técnicos, estadísticos, jurídicos y fiscales de cada bien inmueble.

¿Qué es lo que está pasando con esta reforma que se propone? Finalmente lo que esta reforma propone y en lo que se traduce es en una mayor recaudación económica para los ciudadanos, no solo se concentra una facultad que actualmente desde los estados y los municipios, no solo se anula el federalismo sino que se establecen bases para la nueva actualización del catastro y del Registro Público de la Propiedad.

Por eso nosotros no podemos estar en favor, porque finalmente en lo que esto se traduce es en que los ciudadanos van a pagar más por sus casas, van a pagar más por sus terrenos, porque en la llamada modernización —que algunos pugnan— no es sino más cobro para los ciudadanos. Los ciudadanos ya no pueden aguantar más carga. Los servicios públicos se encarecen, las gasolinas se encarecen, la energía eléctrica se encarece y ahora el catastro.

Fíjense ustedes, ahora con la llamada actualización y modernización catastral se le restringe una facultad a los estados y los municipios. Y con motivo de la actualización, los ciudadanos —a través de una ley federal— van a pagar más impuestos prediales por sus predios de manera general. Pero no solo es esto, ya expliqué dos razones por las cuales no votaré en favor.

Segundo. Hay un problema de técnica legislativa y procedimental. No podemos pasar por alto las violaciones al proceso legislativo de este particular, de esta reforma a la fracción XXIX-R del artículo 73, ¿por qué? Por lo siguiente: se está violando el artículo 95 y se está violando el artículo también 63.

¿Por qué? Fíjense lo que pasó. Esta reforma llegó el 30 de abril. Cuando llega hay una obligación del presidente de informarla al pleno. No la informaron —se violó el Reglamento— sino que hasta julio, dos meses o tres meses después, el Presidente de la Cámara y de manera directa envía esta minuta a la Comisión de Puntos Constitucionales. Cuando envía directamente la minuta a Puntos Constitucionales, la comisión emite un dictamen y está violando el Reglamento.

Está violando flagrantemente el procedimiento legislativo porque en periodos de receso el Presidente de la Cámara no puede enviar ninguna minuta a comisiones para su dictamen, tiene que hacerlo ante el pleno. Por esa razón adolece de un procedimiento correcto.

Es no solo grave el contenido sino incluso procedimental, se está violando la Ley y el Reglamento de la Cámara de Diputados. Por esa razón me parece muy grave que se pretenda ignorar esta fase procedimental, porque esta minuta se envió en julio a la Comisión de Puntos Constitucionales, cuando debió el presidente de la Cámara recibir la minuta y turnarla a comisiones en el pleno —en el pleno— y decir, como siempre se dice: se recibió la minuta de la Cámara de Senadores y se turna a la comisión de tanto para su dictamen. Eso no se hizo.

El 30 de abril que la Cámara de Senadores aprobó esa minuta nos la envió. Pero el presidente de la Cámara en ningún momento la turno a la comisión, sino fue hasta julio cuando la turnó a la comisión y la comisión emitió este dictamen. Es absurdo, es ilegal y es totalmente contrario a la ley.

Sé que aquí hay abogados serios, aunque los sometan sus grupos parlamentarios, pero no pueden permitir violación tras violación.

Por esa razón, presidente, planteo una moción suspensiva. Que se regrese a la comisión y que una vez que entremos al periodo de sesiones ordinario se haga el procedimiento y se convalide, se reciba por la Mesa Directiva, la Mesa Directiva informe al pleno, el presidente turne a la comisión y se haga el dictamen. ¿Cuál es el problema por unos dos meses más? Esta reforma es clave.

Nosotros no estamos de acuerdo y por eso planteo la moción suspensiva. Es un grave error y lamentablemente de nuevo otro sector de la izquierda está planteando esta modificación centralista, cercenando la facultad de los estados y otorgando la posibilidad de una ley federal en materia catastral y del Registro Público de la Propiedad.

Por esta razón, presidente, planteo la moción suspensiva, que ojalá y pudieran con seriedad reflexionar. Es muy grave lo que está pasando en esta Cámara de Diputados. Muchas gracias, presidente.

«Moción suspensiva respecto del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de registro inmobiliario y catastros, presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila.

Los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento al pleno de esta Asamblea, la moción suspensiva respecto del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de registro inmobiliario y catastros, al tenor de la siguiente

Motivación y justificación

La tenencia de la tierra representa un problema político ancestral que sin lugar a dudas debe resolverse para emprender nuevas acciones productivas. Su debida regulación se encuentra en la base de la necesaria planificación estatal y del desarrollo social.

Históricamente el tema catastral ha carecido de un equilibrio a nivel federal, ya que esta figura es regulada directamente por la Ley de Catastro de cada entidad federativa o municipio y sus respectivos reglamentos, según se encuentre total o parcialmente centralizada esta función.

La protección de los derechos de propiedad es un elemento indispensable para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. De acuerdo con los indicadores de desempeño, México tiene grandes rezagos en materia de costos de transacción.

No solo es fundamental una clara normatividad jurídica, sino también la existencia de un reconocimiento oficial general de este tipo de derechos. Asimismo, se hace indispensable el desarrollo de un sistema coercitivo que pueda tutelar de una mejor manera todo lo relacionado con la propiedad privada, de manera que se incremente considerablemente la certidumbre jurídica en torno al uso, goce, disposición o disfrute de los derechos reales.

Desde la óptica liberal, cuanto más sólido es el marco jurídico e institucional para proteger los derechos de propiedad, más eficiente será el funcionamiento de la economía. Queda claro que la prisa por aprobar este tipo de dictámenes, se inscribe en la línea de acuerdos con los poderes fácticos, que pretenden arrastrar al estado mexicano al esquema prediseñado por los representantes del imperio económico global.

De este modo, si bien los registros públicos de la propiedad y catastro son instituciones clave en la economía del país, pues su objetivo principal es el establecer y asegurar los derechos de propiedad, brindar certidumbre y transparencia sobre los mismos, el rediseño del marco jurídico e institucional en donde estos se inscriben, amerita un proceso legislativo mucho más sesudo, plural e incluyente.

El catastro, conceptual y operativamente, se concibe en todas las entidades como el órgano encargado de la conformación y conservación de los registros sobre los predios y construcciones que se ubiquen en cada una de las regiones, los cuales permitan obtener los elementos técnicos, estadísticos, jurídicos y fiscales de cada bien inmueble.

Se insiste en que abundan razonamientos y consideraciones de sobra, respecto de la imperiosa necesidad de que la dimensión gubernamental del Estado se avoque al reordenamiento urbano y de vivienda que exige todas y cada una de las entidades federativas en el país.

La minuta en materia de registro público inmobiliario y catastros que es parte de los temas que se desahogarán en el periodo extraordinario tiene su origen en una iniciativa del senador Cervantes, cuyo dictamen fue aprobado en el pleno de la Cámara de Senadores en fecha 30 de abril del actual y en esa misma fecha se envió a la Cámara de Diputados.

Al terminar el periodo ordinario, la Mesa Directiva de esta Cámara ya no tuvo oportunidad de dar a conocer la minuta al pleno y el pasado 2 de julio, la turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, violentando con ello los artículos 66 y 95 del Reglamento de la Cámara de Diputados que se citan a continuación:

Artículo 66.

1. El procedimiento por el que la Mesa Directiva turnará los asuntos a la instancia respectiva será el siguiente:

I. La Secretaría presentará el asunto al pleno,

II. El Presidente, atendiendo el tema de cada asunto, informará al pleno de su envío a la comisión o comisiones que corresponda, señalando para qué efectos se turna, y

III.  La Secretaría hará constar por escrito el trámite y lo cumplimentará dentro de las setenta y dos horas siguientes. Para este efecto bastará la firma de un secretario.

Artículo 95.

1. En el caso de minutas a las que hace referencia el artículo 72 constitucional:

I. El Presidente dará el turno que corresponda, en cuanto el asunto se reciba y se dé cuenta de él al pleno;

II. en el momento de anunciar el turno, el presidente dará noventa días como plazo a la comisión, a partir de la recepción formal del asunto, para que presente el dictamen correspondiente.

(...)

Este procedimiento vicia la normatividad de la Cámara de Diputados y vulnera la legalidad del dictamen; por esta razón, no es viable que se quiera incluir en este periodo extraordinario.

En cambio, el proceso legislativo podrá resarcirse conforme al reglamento en el próximo periodo ordinario de sesiones, y se evita sentar un precedente negativo.

Empero, no podemos pasar por alto las violaciones al proceso legislativo, llevadas a cabo por los integrantes de la Mesa directiva de esta Cámara de Diputados.

Lo anterior, en razón de que la minuta de mérito se turnó a la comisión correspondiente sin que antes el Presidente de la Mesa Directiva enterara al pleno la recepción de dicha minuta.

Con el proceder de los órganos directivos de esta Cámara, se está coartando el sano ejercicio democrático; se está vulnerando el correcto proceso legislativo, y de paso se está poniendo en evidencia el soslayo por la cultura de la legalidad.

Derivado de lo anterior, sometemos a la consideración de la Asamblea, la presente moción suspensiva, con el efecto de suspender inmediatamente la discusión en trámite de manera indefinida.

Atentamente

Diputados: Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva presentada.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta si se toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Se desecha.

En la fijación de posiciones tiene el uso de la voz el diputado Luis Antonio González Roldán, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con su venia, señor presidente. Señoras y señores legisladores, el sistema registral mexicano constituye una tradicional institución jurídica de nuestro país no solo en la regulación de los fundamentales temas civiles relativos a la propiedad inmobiliaria sino en temas torales de derecho público, como lo es el impuesto catastral, la certeza en la titularidad de la propiedad inmobiliaria y los derechos y modalidades inherentes a ésta, que permite la organización administrativa del Estado en estas materias.

El Registro Público Inmobiliario, institución de competencia del ámbito local, asocia igualmente aspectos de relevancia estatal, como la determinación de políticas públicas de vivienda y de organización territorial, diseño de programas sociales y de seguridad pública, entre otros.

Sin embargo, para el ciudadano la importancia esencial de la institución es la seguridad jurídica sobre un derecho tan próximo y altamente valorado, como lo es la propiedad inmobiliaria.

De este modo podemos señalar el valor fundamental de la actividad registral pública y éste lo constituye precisamente la seguridad y legalidad en la detentación de la propiedad y en las modalidades, derechos y condiciones que afectan a la misma y, por ende, la seguridad en la traslación de los derechos inherentes a los bienes inmobiliarios sin lo cual no podría constituirse un sistema jurídico esencial en cualquier estado.

La iniciativa que presenta la adición de una fracción XXIX-Q al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de registro público inmobiliario y catastros, propone una atribución de relevante importancia para el Legislativo federal, a fin de otorgar a éste la facultad de dictar normas generales con el propósito de normar, homologar y modernizar la organización y el funcionamiento de la institución registral de la propiedad inmobiliaria, el registro catastral y el registro de personas morales en las entidades federativas.

La reforma propuesta resulta acorde a los nuevos desafíos y alcances que proyecta el Estado mexicano y en los que es partícipe y promotor de manera preponderante el Poder Legislativo, a través de la expedición de una ley general que concede igualmente precisión, uniformidad, facilidad de acceso y publicidad y eficacia y eficiencia en la tramitación de los derechos inherentes a las materias que abordamos.

El fortalecimiento de la función registral permitirá igualmente fortalecer la potestad estatal y realizar cambios institucionales que propicien el desarrollo del país, además de brindar a los ciudadanos en todo el territorio nacional el acceso a servicios registrales en igualdad de condiciones, aspecto que resulta esencial bajo los principios de igualdad y justicia social.

Es conocida la diversidad de condiciones, de recursos y eficiencia que reportan los registros inmobiliarios en las distintas entidades federativas, lo que motiva que los ciudadanos tengan acceso al servicio en distinto grado y, por tanto, su derecho no sea el mismo, dependiendo del territorio, situación que deberá ser superada al uniformarse las instituciones que la iniciativa promueve.

Por supuesto, inicialmente la reforma vendría a beneficiar el sistema registral en sí, dando mayor certeza a la titularidad y al comercio inmobiliario, por lo que destacamos un aspecto importante correspondiente a la mayor y más eficaz publicidad de la información registrada, acorde a la transparencia y apertura de un gobierno moderno y eficiente.

La reforma igualmente da cumplimiento a lo prescrito por el párrafo inicial del citado artículo 121 de nuestro Ordenamiento Constitucional Supremo, que dispone que el Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros, al referirse a los actos públicos como son los inherentes a las instituciones referidas en esta reforma.

Cabe insistir de manera expresa, superando cualquier objeción al respecto, que la facultad constitucional que se promueve no vulnera o afecta de ningún modo la soberanía de las entidades federativas, toda vez que se refiere estrictamente a disposiciones generales que la propia Constitución política concede a la autoridad legislativa federal, correspondiendo al ámbito local en cada caso determinar las normas específicas que regulen la ejecución y modo de cumplimiento de los citados principios generales.

Es importante señalar que la reforma impactará positivamente a la institución catastral y la recaudación que este impuesto genera, por lo que su aplicación tenderá a ser más justa, precisa y equitativa en la aplicación de un nuevo marco regulatorio.

Esta reforma permitirá establecer las bases legales para la constitución de modernas, eficientes y confiables bases de datos registrales de la propiedad inmobiliaria y de las personas morales, de las que se beneficiarán tanto entidades públicas como ciudadanos, eliminando los registros ineficientes e incluso anacrónicos que aún subsisten.

Reconocemos la importancia de la labor legislativa en llevar a cabo las reformas normativas que marchen acordes al desarrollo del país, fundamentalmente aquellas que impactan favorablemente y decisivamente en distintas instituciones esenciales de la estructura jurídica y social, como es el caso de la reforma a la cual hoy nos referimos.

Por lo señalado anteriormente, en Nueva Alianza expresamos nuestra coincidencia y aprobación con la minuta de la Comisión de Puntos Constitucionales, conviniendo la importancia y la procedencia de la reforma propuesta y su respeto a las competencias federal y local en una integración armónica. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz la diputada Magdalena Núñez Monreal, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Además propondrá la adición de un artículo transitorio.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para fijar nuestra posición respecto al dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales en el que se propone la adición de una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta fracción se propone otorgar la facultad al Congreso de la Unión para expedir una ley general que armonice y homologue la organización y funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales en las entidades federativas y los catastros municipales.

Es necesario tomar en consideración que hasta el momento y conforme a lo que se dispone en el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que se refiere a la distribución de competencia, los Congresos de las entidades federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tienen la facultad para legislar en materia de registros públicos y en lo referente a los catastros municipales. De ser aprobada la reforma que se contiene en el dictamen, el Congreso de la Unión tendrá facultades para expedir la ley a que se hace referencia.

La Ley General de Sociedades Mercantiles dispone, en su artículo 2o., que las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio tienen personalidad jurídica distinta de la de los otros.

En el artículo 6o., segundo párrafo, señala que la escritura social de una sociedad mercantil se debe presentar dentro de un término de 15 días para su inscripción en el Registro Público de Comercio.

Por su parte el Código Civil del Distrito Federal, en su artículo 1157, en lo que se refiere a la prescripción positiva, establece que la sentencia en donde se declare procedente la acción se inscribirá en el Registro Público y servirá de título de propiedad al poseedor.

En el tema de asociaciones civiles, el Código Civil del Distrito Federal en su artículo 2673 establece que las asociaciones se regirán por sus estatutos, lo que deberá ser inscrito en el Registro Público para que produzca efectos contra terceros.

En el caso de sociedades civiles, el artículo 2694 del Código Civil para el Distrito Federal establece que el contrato de sociedad debe inscribirse en el Registro de Sociedades Civiles para que produzca efectos ante terceros.

Como se puede apreciar en esta exposición de una ley federal, la de Sociedades Mercantiles establece la obligación de inscribir a éstas en el Registro Público y en el caso de una legislación local, el Código Civil del Distrito Federal dispone la obligación de registrarse ante el Registro Público a las asociaciones o sociedades civiles que en este ámbito geográfico se constituyen.

La función de los registros públicos es muy importante, dada la pluralidad de actos jurídicos que se deben registrar, fundamentalmente para dar seguridad jurídica a terceros, por lo que con la aprobación de este dictamen solo se faculta al Congreso para expedir una ley general que armonice y homologue la organización y funcionamiento de dichos registros públicos, uniformar los procedimientos de inscripción y fundamentalmente garantizar que en los registros no haya simulaciones, evitando —hasta donde esto sea posible— actos de corrupción.

También en esta fracción XXIX-R se hace alusión a los catastros municipales. Debemos tomar en cuenta que en el artículo 115, fracción IV, de nuestra Norma Fundamental, en el inciso a) se establece que los municipios percibirán las contribuciones incluyendo tasas adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio del valor de los inmuebles. Este es el fundamento constitucional para que las Legislaturas de los estados aprueben el denominado impuesto predial.

También en el tercer párrafo de esta fracción IV se establece la facultad de los ayuntamientos para proponer a las Legislaturas de los estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejora y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Reiteramos, estas facultades de los municipios y de las Legislaturas de los estados no se ven afectadas por la reforma constitucional, en todo caso debemos estar atentos para que bajo el argumento de las actualizaciones catastrales no se dispare la tasa del impuesto predial y que con ello se afecte a particulares cuya capacidad contributiva es escasa.

Llamamos la atención de nuestras compañeras y compañeros legisladores para evitar abusos en esta materia y generemos una gran inconformidad social. Sabemos que los mecanismos de coordinación fiscal premian la eficacia recaudatoria de los municipios, en particular sobre el impuesto predial, pero no podemos ni debemos abrir una puerta en la que se castigue fiscalmente a quienes menos tienen. Por eso, sobre este tema en particular, formulamos una reserva en la que se propone adicionar un artículo transitorio.

En nuestra opinión, se debe adicionar este artículo transitorio cuarto al dictamen, en donde se establece con claridad que previo a que los ayuntamientos del país envíen a las Legislaturas de los estados las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, se deba hacer consulta entre los posibles afectados en el incremento del impuesto predial, a efecto de que contribuyentes y autoridad municipal puedan determinar si la actualización propuesta corresponde o no al valor que el propietario considera que tiene su inmueble para efecto de la determinación del impuesto predial. De esta manera se da la certeza al contribuyente que el monto del impuesto que debe cubrir corresponde a la realidad.

En todos los estados de la República hay inconformidad en los propietarios de inmuebles porque de un año a otro se incrementa de manera notable el impuesto predial y no siempre se está en capacidad de cubrirlo oportunamente.

Lo que estamos proponiendo es un asunto en donde la autoridad hacendaria que corresponda, en un ámbito de apertura política, dialogue con los contribuyentes para lograr una solución adecuada entre ambas partes.

Estamos convencidos de que se deben fortalecer los ingresos propios de los ayuntamientos, entre ellos el del impuesto predial, pero no a costa de la capacidad contributiva de la persona obligada al pago.

Por lo anterior, nuestro Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor el dictamen. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tenemos la propuesta de adición de un artículo transitorio, presentado por la diputada Núñez Monreal. Pediría a la Secretaría consulte a la asamblea si se acepta la propuesta de adición de un transitorio más.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia...

El Presidente diputado José González Morfín: Le pediría que leyera la propuesta para que todo mundo tenga conciencia de lo que se trata.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Propuesta de la diputada Magdalena Núñez Monreal. Adición de un artículo cuarto transitorio.

Cuarto. Cuando los ayuntamientos ejerzan la facultad que les confiere el tercer párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tendrán la obligación de realizar audiencias públicas para que los contribuyentes del impuesto predial, a quienes pueda afectar la actualización de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, puedan alegar lo que a su derecho convenga con el propósito de evitar cobros excesivos en el impuesto predial que determinen las Legislatura de los estados en las correspondientes leyes locales de la materia. Atentamente, rúbrica de la diputada.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite a discusión. Se desecha. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano tiene el uso de la tribuna el diputado José Luis Valle Magaña.

El diputado José Luis Valle Magaña:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la tenencia de la tierra en México ha sido resultado de un conjunto de reivindicaciones políticas, económicas y sociales y uno de los procesos de mayor trascendencia para la sociedad mexicana.

El catastro en México tiene sus orígenes desde la época colonial y ha sido utilizado a lo largo del tiempo como la principal herramienta para la distribución de la tierra, así como para la determinación del uso y modalidades de la misma. Es decir, si ésta se constituye como propiedad privada, ejidal o comunal.

Empero a lo largo de la historia el tema catastral ha carecido de un equilibrio a nivel federal, ya que esta figura es regulada directamente por la Ley de Catastro de cada entidad federativa o municipio y sus respectivos reglamentos, según se encuentre total o parcialmente centralizada esta función.

En cuanto a la clasificación de la propiedad inmobiliaria para efectos catastrales existen diversos criterios plasmados en las diferentes legislaciones de cada uno de los estados, sobresaliendo por lo general la división en dos tipos de predios, rural y urbano, además de un tercero denominado suburbano.

Por esta misma razón es que el catastro conceptual y operativamente se concibe de diferente forma. Sin embargo, en términos generales, la normatividad vigente le asigna funciones y características comunes, como son la conformación y conservación de los registros sobre los predios y construcciones que se ubican en cada una de las regiones, los cuales permitan obtener los elementos técnicos, estadísticos, jurídicos y fiscales para cada bien inmueble.

En los últimos 50 años la población ha crecido de manera desigual y desordenada dentro del territorio, lo que ha llevado a obtener diferencias en cuanto a las operaciones de control y registro inmobiliario en los tres órdenes de gobierno, provocando afectaciones a la población ya que cada uno trabaja de acuerdo a un marco jurídico y administrativo propio.

Una de las principales inconsistencias de los sistemas de información es que las propiedades se encuentran desvinculadas y contienen información incongruente sobre la misma. Como por ejemplo cambios de nomenclatura de calles, errores de medición, abreviaturas usadas en nombres y apellidos, celebración de contratos privados, construcciones no declaradas a la autoridad competente.

Qué decir de inconsistencias mucho más graves, como es la proliferación de asentamientos irregulares, donde además de la nula certidumbre en la tenencia de la tierra, quienes construyen y viven ahí, viven en condiciones deplorables por la falta de servicios elementales.

Indudablemente la protección a los derechos de propiedad es una condición necesaria para el crecimiento y desarrollo económico en una sociedad, pues a través de éste se genera un ambiente favorable para la realización de transacciones, además de dotar de certidumbre jurídica sobre la prelación de derechos y obligaciones de bienes inmuebles y empresas.

Cuando más firme es el conjunto de derechos de propiedad más eficiente será el funcionamiento de la economía. Mientras más eficaz y fácil sea ejercer los derechos de propiedad existirá el incentivo para regular derechos y situaciones, fortaleciendo la economía formal y todos los beneficios que se derivan de ella.

La economía mexicana se ha visto afectada y continuamente se ha producido una obstaculización de la democratización de la propiedad y el crecimiento económico.

En ese entendido, la reforma hoy planteada se sustenta en la necesidad de reordenamiento urbano y de vivienda, que impera tanto a nivel federal, estatal y municipal en el país, además de dotar de mayor seguridad jurídica respecto a la titularidad y tenencia de la tierra.

La necesidad de cambio, modernización y actualización en que se encuentra inmerso el catastro en México surge no solo como la exigencia de optimizar sus rendimientos tributarios sobre la propiedad inmobiliaria, tema muy valioso en sí mismo ya que nuestro país experimenta una de las tasas efectivamente más bajas de recaudación predial en América Latina.

Dicho esto, que son precisamente los motivos y las razones positivas para pensar en la conveniencia de esta reforma que se propone, tendremos que añadir que si bien son muchos los beneficios que se obtendrían de esta medida —como ya fueron también comentados por quienes nos antecedieron— también tendremos que decir que si de certeza jurídica se habla necesitamos empezar por respetar el marco jurídico que nos marca precisamente los procedimientos al interior de esta soberanía, mismos que —como bien lo apuntó nuestro coordinador— no fueron respetados.

No dejamos de reconocer que trae esta iniciativa muchas cosas positivas. Sin embargo en función de no haber respetado el procedimiento, por un lado, que de antemano por la práctica que se ha dado aquí en esta Legislatura, que en muchas ocasiones se ha hecho, sin embargo hay algo que todavía nos preocupa más, como es precisamente el quitarle facultades a la administración pública municipal, atribuciones que le corresponden única y exclusivamente a la misma.

Quienes tuvimos la oportunidad de ser presidentes de nuestro municipio sabemos que de los escasos recursos con los que cuenta el mismo es precisamente la recaudación catastral, predial, la que aporta lo más significativo de los recursos de un municipio.

Dicho esto tendremos nosotros que dejar muy claro que, aunque reconocemos muchas bondades de esta iniciativa, sin embargo por estos dos motivos —uno de procedimiento y el otro que va precisamente contra la autonomía y las atribuciones del municipio— no estamos a favor. Votaremos en contra por las razones anteriormente expresadas. Es cuanto, señor presidente, gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Valle Magaña. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Carlos Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares:Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares:Compañeras diputadas y compañeros diputados, el proceso de consolidación del Estado de derecho en nuestro país exige el establecimiento de las medidas necesarias para ofrecer a los ciudadanos condiciones de seguridad jurídica tendientes a garantizar la propiedad y la posesión de bienes. Para ello es imprescindible la existencia de un marco normativo que defina con claridad los derechos de propiedad, así como las prerrogativas y obligaciones de todos aquellos que intervienen en la actividad económica y social del país.

No obstante, tanto una regulación excesiva como la falta de reglamentación suponen en muchas ocasiones un obstáculo para el desarrollo económico de las naciones, sobre todo en un mundo en el cual la realización de inversiones depende en buena medida de un marco regulatorio que no imponga costos innecesarios a la actividad económica de los ciudadanos.

Para ser un país competitivo es prioritario —entre otras cosas— contar con un gobierno eficiente que promueva el crecimiento económico mediante el mantenimiento de la seguridad jurídica y la estabilidad. Parte esencial de lo anterior es —a su vez— una regulación de calidad e instituciones eficientes, que diseñen y apliquen dicha regulación.

Por este motivo se hace necesario instaurar ordenamientos que, además de brindar certeza jurídica a los gobernados, se adapten a los requerimientos actuales de la economía mundial.

Asimismo la modernización de instituciones constituye un elemento esencial para que el Estado de manera eficaz y eficiente, con sus funciones regulatorias, sin entorpecer la reactividad productiva pueda garantizar esta seguridad jurídica.

La tierra es uno de los recursos fundamentales de cualquier comunidad, por ello desde la antigüedad hasta nuestros días el hombre ha realizado múltiples esfuerzos orientados a su estudio, clasificación y registro. Al mismo tiempo, las sociedades han establecido diversos impuestos ligados a la propiedad de la misma, como una forma de financiar la realización de las tareas que al Estado le corresponden.

En tiempos recientes el papel que juega la tierra en la producción se ha transformado paulatinamente. Si bien ésta ha cedido terrenos frente a avances de otros factores, como el conocimiento, lo cierto es que sigue siendo muy importante para la promoción del desarrollo económico y, en este sentido, la protección de los derechos de propiedad es una pieza fundamental para crear un clima propicio para la inversión.

En México —como en todo el mundo— el Registro Público de la Propiedad y los catastros constituyen la piedra angular en el establecimiento de la protección de los derechos de propiedad. Pero —además de lo anterior— estas instituciones cumplen con una importante función de proveer de un banco de información muy valiosa, al cual se pueden dar diferentes usos, tanto en el ámbito político como en el privado.

Una ciudad o región que cuenta con información clara y sistematizada sobre los derechos de propiedad brinda certeza jurídica a los ciudadanos, al tiempo que promueve la realización eficiente de toda clase de actividades productivas, las cuales van desde la creación de empresas hasta la transferencia de bienes o la obtención de créditos.

En el México contemporáneo la función catastral había estado reservada a las entidades federativas hasta la década de los años ochenta del siglo pasado, cuando con la finalidad de fortalecer el régimen municipal en nuestro país se realizaron reformas al artículo 115 constitucional, en virtud de las cuales la gestión catastral y la administración de los impuestos inmobiliarios se transfirieron a la esfera de los ayuntamientos.

Más tarde, en 1999, una nueva reforma otorgó a los municipios la facultad de llevar a cabo la valuación catastral, con lo cual se aceleró el proceso de transferencia de funciones desde los estados a los ayuntamientos.

Sin embargo para muchos municipios asumir estas nuevas funciones supuso un gran dilema, pues se enfrentaron en un principio a la insuficiencia de funciones de funcionarios públicos debidamente capacitados en la realización de labores propias del catastro, lo cual ha redundado en la generación de diversos problemas que alejan a nuestras instituciones registrales de aquellas que se mantienen a la vanguardia a nivel internacional.

Un funcionamiento inadecuado de las instituciones registrales provoca que el país no cuente con la información necesaria para diseñar mejores políticas públicas, sobre todo en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

Además se debe señalar que la evaluación catastral es un dato fundamental para la fijación de impuestos que a final de cuentas recalan en las haciendas municipales, por lo que una variación en los valores catastrales tiene una incidencia directa en los recursos con los que cuentan los ayuntamientos para llevar a cabo sus funciones.

Hoy en nuestro país existen muchos predios que reciben servicios públicos en una zona urbana, pero gracias a la falta de actualización de los datos catastrales siguen pagando impuestos como si aún fueran rústicos, lo cual implica un déficit significativo en la recaudación de las haciendas municipales.

Ante estas situaciones es evidente la necesidad de realizar propuestas de modernización en materia de registros públicos inmobiliarios y de catastros para garantizar un buen funcionamiento, la permanente actualización de sus instituciones sobre la base de mejoras continuas en sus procesos, en su infraestructura, que se vea reflejado positivamente en la sociedad y en la economía.

El proyecto de reforma que hoy discutimos tiene la finalidad de reformar nuestra Ley Fundamental para dar pie a la expedición de una norma general que regule el funcionamiento de los registros públicos y de las normas catastrales. Lo anterior influirá de manera directa en la creación de empresas, así como en el establecimiento y desarrollo de infraestructura, las cuales representan actividades sobre las que se detona la riqueza al resto de los sectores del país y en los cuales tenemos todavía un largo camino por andar.

El hecho de que las haciendas municipales se hagan de una mayor cantidad de recursos redundará en la evaluación y en la elevación de los niveles de bienestar de la población, que podrá acceder a más y mejores servicios públicos. Asimismo las propias dependencias de los diferentes órdenes de gobierno podrán realizar una planeación urbana y la administración de servicios más eficientes.

Finalmente, la bancada del Partido Verde Ecologista de México quiere dejar en claro que la reforma propuesta busca la coordinación entre el ámbito federal y los gobiernos de los estados y los municipios.

Ya con anterioridad en este pleno aceptamos la modificación al dictamen para que se tome en cuenta la opinión de las entidades federativas en la generación de la ley reglamentaria, que derivada de esta reforma constitucional se vaya a implementar.

Los gobiernos locales son los mejores conocedores de la realidad física, urbanística y económica de su comunidad, por lo que constituyen un agente de colaboración imprescindible que no puede ser excluido de las funciones catastrales. Por su atención, compañeros, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado José Ángel Ávila Pérez, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado José Ángel Ávila Pérez:Gracias, diputado presidente. Aquí se han expuesto ya muchas y muy variadas razones por las cuales los diversos grupos parlamentarios apoyarán en sus términos el dictamen propuesto por la Comisión de Puntos Constitucionales, relativo a la minuta que enviara el Senado para dotar al Congreso de la Unión de facultades para legislar y para homologar el funcionamiento de los registros públicos de la propiedad, el registro de las personas morales y los catastros municipales.

Puedo suscribir prácticamente todas estas referencias a las ventajas que ofrece la reforma que se consolidaría a través de este dictamen. Por otro lado, disiento de quienes han visto con objeción lo relacionado con los aspectos impositivos derivados de una reforma, como la que aquí se está comentando.

En efecto, difiero de esas posiciones puesto que es claro que la reforma propuesta —la adición a una fracción al artículo 73 de la Constitución— no versa sobre la facultad de dictar impuestos, específicamente el predial —que es al que se han referido— ni ningún otro. Por ello me parece que no ha lugar a una referencia de objeción en ese sentido.

Por el contrario, me parece que es fundamental que en este momento, cuando se ha complejizado de tal manera, no solamente el sistema de seguridad jurídica patrimonial sino también el mercado inmobiliario en el país, que se logre finalmente a través de una norma que expida el Congreso de la Unión homologar el funcionamiento, la organización, los sistemas registrales que en todas las entidades federativas y en los municipios del país se llevan para efecto de darle certidumbre jurídica a los actos que requieren para ser oponibles a terceros de su inscripción.

Me parece inobjetable que en estos momentos del país se convierte en una necesidad contar con la información que procede de registros públicos eficientes, completos, veraces y no como desgraciadamente hoy los tenemos.

A todos seguramente nos constan las enormes dificultades por las que atraviesa cualquier particular para averiguar la pertinencia de una titularidad de propiedad de un inmueble, de una garantía otorgada para garantizar cualquier tipo de operación, la pertinencia y certidumbre de que en el catastro municipal se esté reflejando con objetividad el tamaño, la dimensión, el valor de la propiedad inmueble de las personas. Eso no sucede hoy. Hay una gran disparidad —por supuesto— hay entidades federativas, hay municipios con un desarrollo más amplio que otros. Se ha intentado por otros medios.

Diputadas y diputados, ustedes han visto seguramente que en los últimos años se han celebrado diversos convenios de colaboración entre la federación y los estados para poder regularizar y homogeneizar los sistemas registrales en el país.

Desgraciadamente los resultados han sido muy pobres. Desgraciadamente los resultados no son suficientes para garantizar que en efecto se pueda aprovechar la información para beneficio de las comunidades y de los habitantes de las respectivas ciudades, sino también para las autoridades del país, que en su búsqueda de la comisión de ilícitos, que desgraciadamente todos los que están en torno a la delincuencia organizada tienen una expresión inmobiliaria tarde o temprano, y para que pueda ser utilizada esta información creo que es el momento en que, a través de la facultad que se le está confiriendo al Congreso de expedir esta ley general se podrá lograr.

Me parece también que el tema tocado por algunos diputados y algunas diputadas previamente en torno a la vinculación de reformas como ésta —y como las otras que hemos discutido en el día— el tema que tienen con el federalismo mexicano no es un asunto menor. El federalismo tal como está concebido en nuestra Constitución, desde la definición que el Constituyente de 1824 adoptó, es un sistema que implica el reconocimiento de esferas de gobierno distintas y este sistema desde que se adoptó en nuestro país ha ido marcando la historia política de México entre tendencias centralizadoras y tendencias descentralizadoras.

Hay una diferencia fundamental entre unas y otras. Las tendencias centralizadoras generalmente se hacen en silencio, se generan en las muy pequeñas cúpulas del poder político y van logrando fortalecer a esa cúpula para hacer un gobierno más fuerte, más sólido, un gobierno que pueda lograr sus propósitos. Por contra, las corrientes descentralizadoras le han costado mucho trabajo, mucho tiempo, le han costado hasta vidas a los grupos muy amplios de la sociedad que han buscado acercar a los gobiernos locales las verdaderas decisiones que impactan en la vida de los seres humanos.

Por eso llamo la atención sobre el momento que atraviesa este Congreso. Hoy hemos resuelto tres reformas, que —sin ambages hay que decirlo— son reformas centralizadoras. Pero esto tampoco nos lleva a quienes hemos votado a favor de esos dictámenes —y lo hemos hecho aquí en el pleno— a arrepentirnos ni mucho menos.

Lo asumo, sí son reformas centralizadoras. Pero son reformas que ante la inactividad de este legislador en otros ámbitos y en otras direcciones se convierten en indispensables.

¿Por qué tener que arrebatarle a los estados de la federación la facultad para resolver, con limpieza y con pulcritud su endeudamiento público? Porque hemos permitido que se endeuden de manera ilegal, no solamente en exceso sino con documentos falsos. Eso ha sido acreditado y, sin embargo, las consecuencias legales no existen. Entonces, este Congreso tiene que tomar la decisión de arrebatar la facultad a los estados para regular.

Quién dice que la norma emitida por el Congreso ahora si va a ser obedecida, si las normas estatales nunca lo fueron por los gobernadores, que juraron cumplirlas y hacerlas cumplir y no ha sucedido, ¿qué nos hace pensar que la federal sí? Bueno, hagamos un intento más.

¿Por qué tenemos que regular para homologar los registros públicos de la propiedad y de las personas morales? Porque el federalismo hacendario de este país es tan insuficiente, que ni los estados ni los municipios tienen el dinero necesario para hacer sistemas registrales adecuados.

No hemos corregido las deficiencias del federalismo hacendario, pues tenemos que corregir de una u otra manera el problema que hoy tenemos.

¿Por qué tenemos que arrebatarles también la facultad de emitir un Código Procesal Penal, como corresponde de manera natural en nuestro sistema federal? Porque no hemos sido capaces de generar en los sistemas existentes —como es el Sistema Nacional de Seguridad Pública— el consenso necesario para adoptar un código único, un código modelo, pero que sea un código expedido —como debe ser— por cada entidad federativa.

Ante esas deficiencias tenemos que buscarle soluciones. Por eso es que nuestro partido ha votado en favor de las propuestas anteriores y lo hará también en favor de ésta, porque es indispensable hacerlo. Pero también es indispensable que retomemos el tema en este Congreso y que no dejemos llevarnos por la facilidad de ir concentrando nuevamente atribuciones, facultades que ya le corresponden originalmente a las entidades federativas.

Lo federal debe permanecer siendo federal, pero lo estatal, lo local, también debe permanecer siendo así. Defendámoslo, creo que es un mejor camino. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Ricardo Villarreal García para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Ricardo Villarreal García:Con su permiso, señor presidente. El dictamen que nos ocupa el día de hoy es un dictamen de suma importancia. Escuchaba algunas de las intervenciones de mis compañeros, en donde se establece o se puede pensar que le estamos quitando atribuciones a los estados y a los municipios, y como abogado y como un creyente en el federalismo de este país, pues creo que sería totalmente incorrecto, pero considero que no es el caso.

Así como tenemos que darles más recursos a los municipios y a los estados para poder ser ellos los que atiendan las necesidades básicas de los ciudadanos, también tenemos que garantizar la seguridad jurídica de los mexicanos y de cualquier persona que pretende venir a invertir a nuestro país.

Hemos visto grandes abusos en este país en una materia tan importante, como es la propiedad privada. Creo que si no tenemos garantizada la propiedad en este país no podemos hablar de crecimientos económicos, no podemos hablar de desarrollo, no podemos hablar de absolutamente nada, porque todo empieza precisamente en la seguridad jurídica de las propiedades de todos los mexicanos.

En ese sentido es importante generar esta homologación, que no es quitarle facultades, porque los registros públicos seguirán siendo estatales, los catastros seguirán siendo municipales, pero sí tendremos un mucho mejor orden al homologarlos, al armonizarlos y el garantizar que las cosas funcionen. Ahí va a ser un trabajo de todos nosotros garantizar que en la nueva Ley General de Registros Públicos de la Propiedad y del Catastro de los municipios generemos una legislación que funcione en todo lo largo y ancho del país.

Como todos sabemos aquí, ésta es simplemente una reforma constitucional que va a dar el marco para que el día de mañana podamos ya meternos a detalle y generar estas leyes generales iguales para todos los mexicanos. Lo importante va a ser trabajar muy cuidadosamente estas leyes para que podamos tener mejores registros públicos.

También debo de reconocer que tenemos estados que funcionan hoy en materia registral muy bien. Vengo del estado de Guanajuato y en mi estado en tres días hábiles tienes una hipoteca registrada, o en cinco días hábiles tienes una compra-venta de un bien inmueble registrado. Pero tienes lugares, como esta ciudad, que es la capital de nuestro país, en donde tardas seis meses o un año para registrar un acto y eso evidentemente no lo podemos seguir permitiendo, porque paralizas el comercio, paralizas el desarrollo y no generas la seguridad jurídica que todos los mexicanos necesitan.

Tenemos estados en el país que inclusive le han delegado a los municipios los registros públicos de la propiedad y eso ha generado que haya alcaldes que han hecho barbaridades y que han registrado tres o cuatro veces un mismo inmueble. No tenemos una homogeneización de los procedimientos de matriculación registral, no tenemos una homogeneización de cuándo puede registrar actos y cuándo no y eso lo que genera son sin duda alguna esas incertidumbres jurídicas que tanto daño nos hacen.

En materia de catastros, compañeras y compañeros, creo que es un tema muy relevante, porque lo que vamos a buscar al tener una ley igual para todo el país es que de entrada logremos una mejor y mayor recaudación en los municipios.

Todos sabemos que las muy poquitas posibilidades que tienen los municipios de recaudación es precisamente el catastro, las traslaciones de dominio y, sin embargo, tenemos muchos municipios que no han podido tener un catastro muy bien ordenado, que no saben todavía de quiénes son las propiedades, que no saben quién debe y demás.

Si tenemos este órgano o este marco jurídico general, sin duda alguna vamos a lograr que los municipios, sobre todo los pequeños municipios de este país puedan tener mejores catastros y mejores recaudaciones. De eso se trata.

Qué mejor que pensar que a raíz de esto que estamos haciendo el día de hoy, el día de mañana, en unos años, tengamos un mapa digital de todos los rincones de este país, en donde uno pueda acceder con la tecnología con la que hoy contamos y saber que un predio en Oaxaca o en Chiapas o en la Ciudad de México o en Guanajuato, está registrado con tal folio en el Registro Público de la Propiedad de dicho estado, que no tiene gravámenes, o que tiene tal y cual gravamen y que ha pagado todos sus impuestos o que debe sus impuestos prediales. Eso nos ayudaría muchísimo en la vida práctica a agilizar y a evitar que haya fraudes, o que inclusive la gente tenga un mayor compromiso de pagar, porque sabe que si no paga va a ser público que debe impuestos.

Ese tipo de cosas creo que son muy posibles el día de hoy con el marco digital en el que vivimos, con la agenda digital en la que vivimos y creo —como abogado, como litigante— que nos ayudaría muchísimo a todos poder tener estas normas generales, que el día de mañana nos hagan mucho más sencillo el trabajo a todos y, sobre todo, como decía hace un rato, nos den una seguridad jurídica plena a todos los mexicanos, y finalmente tengamos un verdadero orden en los catastros y en los registros públicos de la propiedad. Es cuanto, señor presidente, gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Finalmente, en esta ronda de fijación de posturas tiene el uso de la voz la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano:Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, el Grupo Parlamentario del PRI celebra la reforma propuesta, toda vez que como bien señala tanto el dictamen a discusión como la minuta enviada por parte de la colegisladora, en la medida que se fortalezca a las instituciones catastrales se fortalecerá también la hacienda locales, a través de la recaudación de impuestos inmobiliarios, como son el predial y el traslado de dominio dentro del marco de seguridad jurídica de la propiedad.

Coincidimos con el presente dictamen en cuanto a señalar que actualmente el Registro Público de la Propiedad en el país presenta diversos problemas que inciden en la seguridad jurídica de la propiedad, lo que trae como consecuencia un impacto al catastro en cada entidad federativa y con el cual permite determinar las bases gravables para el pago de los impuestos prediales y traslado de dominio. Esto pese a los programas implementados para mejorar, modernizar y actualizar los registros públicos, mismos que no han logrado su objetivo de contar con un registro público eficiente y eficaz, que otorgue certeza y seguridad jurídica a los actos que por ley deben ser inscritos.

Esta reforma es fundamental ya que resulta a todas luces prioritaria generar información para el ordenamiento territorial y para la política pública de desarrollo urbano y vivienda, con lo que se evitarán miles de litigios hereditarios por falta de claridad en las propiedades.

Por otro lado, las instituciones de seguridad pública y fiscales podrán contar con una herramienta de apoyo a sus investigaciones, y las familias y las empresas podrán tener mayores oportunidades de acceso al crédito, atendiendo a que dicho registro protege la seguridad de los derechos que garantizan la certeza jurídica de la titularidad de los inmuebles registrados.

La legalidad de las transacciones del mercado inmobiliario constituye reducir el costo de averiguaciones, seguros, incertidumbre, así como probables litigios.

Es de señalarse que la propuesta al actualizar el sistema constitucional propicia un nuevo marco regulatorio que permitirá la modernización del catastro, lo cual sin duda beneficiará la economía nacional al contribuir a cobrar mejor, de manera progresiva, equitativa, los impuestos locales, cumplimentando así la máxima de justicia distributiva que debe privar en materia tributaria.

Bajo el anterior orden de ideas es menester considerar que de aprobarse la propuesta se otorgará mayor certeza y seguridad al patrimonio inmobiliario de las y los mexicanos, lo cual a todas luces constituye una condición fundamental en la materia, toda vez que el patrimonio de las personas y de las familias es uno de los bienes jurídicamente tutelados de mayor envergadura.

Es preciso reconocer que México tiene un pendiente en la materia. Lo que se requiere es modernizar las instituciones registrales para estar en la vanguardia a nivel nacional e internacional y así coadyuvar en el trabajo de las autoridades fiscales y de procuración de justicia, facilitando con ello la traslación de dominio de los inmuebles bajo criterios de certeza, equidad y transparencia.

No debemos perder de vista que una auténtica política pública de vivienda y de desarrollo urbano requiere de las herramientas confiables y actualizadas que permitan un verdadero desarrollo sostenible, que impulse un crecimiento urbano lógico, armónico, sustentable, eficiente y orientado a las necesidades ciudadanas y regionales.

Bajo el anterior orden de ideas resulta conveniente dejar en claro que la propuesta en comento se inscribe en el marco del nuevo federalismo, de donde resulta necesario fortalecer las capacidades recaudatorias de los estados y municipios, así como contar con instrumentos útiles de registro mobiliario y de catastro.

De ahí resulta fundamental —en primer término— adicionar una fracción al artículo 73 de la Constitución, no solo para elevar la ley fundamental de esta facultad del Congreso, sino como una forma de reconocer que las Legislaturas locales también forman parte del Constituyente Permanente, por lo que su aval y su voz en este tema no pueden dejar de ser tomados en consideración.

Reconocemos que la propuesta —que hoy está a nuestra consideración— requiere para su cabal implementación de la suma de todas las voluntades, porque implica posibilitar desde el punto de vista económico, político, jurídico e institucional a los municipios del país para que modernicen sus registros, al tiempo de que fortalezcan su capacidad recaudatoria, lo cual —sin duda alguna— fortalecerá su economía en beneficio de la población respetando en todo momento la autonomía municipal.

En México es claro que la idea federal ha sido columna vertebral en la Constitución de la República y lo debe seguir siendo. El federalismo unió la voluntad común, la variedad de culturas regionales, desarrollos históricos, las realidades locales que conforman al país diverso que somos.

El federalismo por su importancia en la vida nacional exige una renovación constante del pacto federal, que restablezca el equilibrio entre los Poderes del Estado y a los distintos órganos de gobierno y las facultades de cada uno en la materia. Por ello esta propuesta no tendría ningún sentido si no cuenta con el aval mayoritario de los Congresos locales.

Señoras diputadas y señores diputados, el Grupo Parlamentario del PRI una y otra vez ha señalado que el federalismo no será una realidad hasta que en tanto venga acompañado en su diseño de la suma de voluntades, de la actitud y de los actores sociales, políticos e institucionales, involucrados y comprometidos en el afán de trascender en el orden práctico y cotidiano.

Compartir importantes tareas legislativas y gubernamentales en México —de grave desigualdad social y del latente desequilibrio regional— es la mayor y la mejor de las ventajas del sistema federal, como lo es también el dictamen que aquí nos ocupa.

En este sentido es importante dejar en claro que si bien el fondo del dictamen merece nuestra posición favorable, es también pertinente aclarar la importancia de legislar con mayor pulcritud técnica y jurídica, y de ahí que se considere pertinente modificar los alcances de la propuesta contenida en la minuta para adicionar la fracción XXIX-R, que corresponde al orden constitutivo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Concluida la ronda de fijación de posturas está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular, en razón de que se trata de un solo artículo. Tiene el uso de la voz para hablar en pro la diputada Lilia Agilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de la asamblea. Permítanme iniciar esta intervención —como la mayoría de mis intervenciones— citando a personajes mucho más inteligentes que su servidora. Decía Honoré de Balzac, el novelista francés: Las leyes son como las telas de araña, a través de las cuales pasan libremente las moscas grandes y se quedan enredadas las pequeñas.

Mi posicionamiento en efecto es para refrendar —como ya lo había comentado la diputada Magdalena— votaremos a favor esta iniciativa, obviamente con muchas reservas. Pero no queríamos dejar pasar el momento de señalar algunas cosas de la línea tan delgada sobre la que estamos caminando, de lo que comentaba ya Ricardo —perdón¸ el coordinador de Movimiento Ciudadano, el diputado Monreal— sobre centralizar y caer en los excesos de desfederalizar esta República.

¿Por qué lo decimos? En efecto, esta iniciativa de la que se ha hablado mucho en esta tribuna sobre el objetivo que tiene de dar seguridad jurídica, en efecto, da seguridad jurídica, pero estamos quitando a los estados y municipios una atribución que tiene muy cerca y que puede causarles grandes problemas sociales.

No podemos dejar de lado el hecho de que centralizar o poner —como han dicho en esta tribuna— reglas generales sobre el tema de catastro y de actualización catastral, no le causará a los estados y a los municipios un desapego, cuando menos un desapego a un tema tan sentido, como es la propiedad. Se ha dicho mucho aquí que esto es para dar seguridad jurídica y es para ayudar a darle certeza a aquellos que tienen propiedades y que finalmente tendrán que regularizarlas.

Lo que les digo es: primero, en efecto, nos estamos metiendo con una atribución de los estados y de municipios. Y segundo, cuando las actualizaciones catastrales se hacen en el gabinete, los problemas que se tienen con la ciudadanía en general son inmensos, porque las actualizaciones de gabinete se hacen en un escritorio en el centro y los problemas están en sus municipios, en sus distritos, en sus estados. Eso es lo que queremos señalar y era lo que señalaba la diputada Magdalena y era por eso su reserva sobre esta iniciativa.

¿Qué es lo que queremos dejar nosotros claro en esta tribuna? En efecto, estamos caminando en una línea muy delgada sobre el tema federal, pero en este tema del catastro, como se harán actualizaciones de gabinete habrá problemas sociales. Como ya lo ha habido en estados como Chihuahua o como el propio Distrito Federal con la actualización del pago predial.

Debemos de ser muy cuidadosos de que cuando venga la ley general, no solamente haya una actualización de gabinete, sino que haya una verificación en la tierra de la actualización de los catastros y de los valores catastrales de los predios, porque si no —como decía bien Honoré de Balzac—: las moscas grandes pasarán por en medio de la telaraña y las chicas se quedarán atoradas.

Es decir, se verán perjudicados aquellos precisamente que son los más pobres, los menos informados, los que tienen menos acceso a la ley y a defenderse, y creo que todos nosotros hemos —cuando menos— sabido o conocido de casos muy claros donde personas que pagaban 200 pesos de impuesto predial, al siguiente día con una actualización catastral de un momento a otro están pagando 20 mil, 30 mil pesos, cuando viven en colonias populares.

Seamos cuidadosos, caminemos con cuidado en la línea delgada del federalismo, pero también caminemos con cuidado en esta línea de la certeza jurídica donde podemos hacer mucho daño a nuestros representados. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Ahora para hablar en contra tiene el uso de la voz la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Con su venia, señor presidente. A pesar de que esta reforma es necesaria para establecer una reorganización territorial y urbana, no podemos votarla en favor cuando surge de un procedimiento viciado, máxime que estamos en el recinto donde emana la norma que rige la conducta de la sociedad. De ahí que toca a los congresistas ser los primeros en defender y hacer respetar la ley, aun tratándose de un procedimiento. No debemos olvidar que una norma que nace viciada corre el riesgo de ser nula.

Recalcando que Movimiento Ciudadano no olvida que el respeto al derecho ajeno es el principio básico que debería regir a toda sociedad y una regla fundamental que facilite la convivencia. De ahí que surja como una obligación para el Estado procurar que el desarrollo de los grupos sociales se dé en un marco del respeto para alcanzar la paz.

Tal es el caso de la seguridad jurídica patrimonial en donde existe la imperiosa necesidad de crear una ley que dé certeza jurídica al patrimonio inmobiliario y robustezca las instituciones administrativas que conduzcan a un ordenamiento urbano y garanticen la convivencia social.

Por las razones vertidas, Movimiento Ciudadano vota en contra de la presente iniciativa. Pero aprovechando el tiempo que me resta, quiero sumarme a la indignación y a la postura que tomó el cabildo de Oaxaca de Juárez —del municipio— al decir que Vicente Fox Quesada no es una persona grata, máxime que ha ofendido al Benemérito de las Américas.

Como Oaxaqueña exijo a este personaje poco inteligente —y se me hace que nulo inteligente— que se retracte. No es posible que quiera compararse con don Benito Juárez García, que haya dicho que es mejor presidente que él, cuando todos sabemos aquí el poco crecimiento que tuvo nuestro país al ser gobernado por Vicente Fox.

Parece que a ese señor ya le hizo daño, no la mariguana, sino el toloache que se toma. Por eso le exijo una disculpa pública para el pueblo de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores lo que corresponde es solicitar a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación para recoger la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, así como de las adiciones aprobadas presentadas por la Comisión de Puntos Constitucionales.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, le informo que se emitieron 424 votos en pro, 26 en contra y 4 abstenciones.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 424 votos el proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales. Se devuelve al Senado, para los efectos del inciso E del artículo 72 constitucional.

PROPUESTA DE CANDIDATO AL CARGO DE CONSEJERO ELECTORAL DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, nos hemos ocupado de temas importantes para la vida de la República y hemos dado cauce y votación a los asuntos primero, segundo, tercero y quinto establecidos en el artículo 3o. del decreto por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión convoca a la Cámara de Diputados a celebrar un periodo de sesiones extraordinarias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio pasado.

Respecto del asunto precisado en el punto 4 del mencionado decreto, la Junta de Coordinación Política nos informa lo siguiente:

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame y no me interrumpa en este momento.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Remito a usted el comunicado que acordaron emitir los integrantes de este órgano de gobierno en relación al proceso de designación de consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 17 de julio de 2013.— Diputado Luis Albeto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Comunicado

Después de haberse instalado en sesión permanente y durante el proceso de deliberación para determinar la propuesta de consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral, de conformidad con lo establecido en el punto décimo primero de la convocatoria, la Junta de Coordinación Política comunica que:

En virtud de que no se han alcanzado los consensos necesarios a que obliga la convocatoria para dar a conocer al pleno de la Cámara de Diputados la propuesta de candidato al cargo de consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral, que concluirá su periodo el 30 de octubre de 2019, la Junta de Coordinación Política mantendrá durante el receso legislativo los esfuerzos de diálogo y construcción de acuerdos para concluir el proceso de selección determinado en la convocatoria.»

Es un comunicado que no está a debate.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Sobre ese tema.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No está a debate. Se invita a los presentes a ponerse de pie.

DECLARATORIA DE CLAUSURA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Hoy 17 de julio de 2013, la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al primer periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del primer año de ejercicio.

Procedemos a entonar el Himno Nacional Mexicano.

(Himno Nacional)

La Presidencia de la Mesa Directiva participará por escrito al Ejecutivo federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Senadores y a la Comisión Permanente, que ha declarado formalmente terminados sus trabajos correspondientes al primer periodo de sesiones extraordinarias.

ACTA DE LA SESION

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se autoriza a que el acta de esta sesión se dé por leída y copias de la misma se distribuyan a los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que el acta de la sesión se dé por leída y copias de la misma se distribuyan a los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se da por leída.

CLAUSURA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(18:28 horas): Se da por leída. Se levanta la sesión.

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