Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.

(Pase de lista)

Hay una asistencia de 31 legisladores. Hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 11:28 horas): Luego entonces, se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.Se le dispensa la lectura.

«Primer receso.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 27 de diciembre de 2012

Lectura del acta de la sesión de instalación.

Comunicaciones

Acuerdo de la Comisión Permanente, por el que se establecen los lineamientos para el desarrollo de las sesiones durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura. (Votación)

Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, relativo a la integración de las Comisiones de Trabajo de la Comisión Permanente del primer receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura. (Votación)

De la Comisión Federal de Competencia

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las prácticas monopólicas en el sector de la aviación civil de pasajeros, que aplica Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V.

Solicitud de particular

De la C. Verónica Elizondo Martínez, por el que solicita el permiso constitucional necesario, para prestar servicios en la Embajada del Reino de los Países Bajos, en México.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con proyecto de decreto que concede permiso para que la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano, pueda aceptar y usar la condecoración de Orden de Bernardo O´Higgins, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Chile.

Con proyecto de decreto que concede permiso para que el ciudadano Bruno Francisco Ferrari García de Alba, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Carlos, en Grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Colombia.

Con proyecto de decreto que concede permiso para que el ciudadano Armando Vicencio Álvarez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Con proyecto de decreto que concede permiso para que el ciudadano Fidias Hernández Ubaldo, pueda aceptar y usar la condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Con proyecto de decreto que concede permiso para que el ciudadano José Julián Gascón Mercado, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel La Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos José Luis Lara Flores, Rodrigo Ávila Ramírez, Mayra Alejandra Bocanegra Bayardo, Jorge Miguel Cirilo Aguilar, Adriana De La Torre Olazábal, Marie Giséle Ibarra Cornille, Luis Manuel Soto Uruñuela y Sergio Trejo Ortiz, puedan prestar servicios en las Embajadas de La República Federal de Alemania y de Canadá, en México, e informa que los ciudadanos Elizabeth Martínez Atilano, Vicente Paulino Lima Cisneros Diana Cortés Chávez, Héctor Eduardo García Álvarez, César Olivo Sosa y Paola Velasco Herrejón, han dejado de prestar servicios a gobiernos extranjeros.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Juan Manuel Ayala Herrera, María Luisa Guadalupe Mosqueda Rodarte, José Luis González Reyes y Diana Angélica Galindo Laredo, puedan prestar servicios en las embajadas de la República Federativa del Brasil y de los Estados Unidos de América, en México y su Consulado en Ciudad Juárez, Chihuahua, e informa que los ciudadanos Luz María Liceaga Campos y José Edmundo García Crisanto, han dejado de prestar servicios a gobiernos extranjeros.

Iniciativas

Que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 150 de la Ley del Seguro Social, suscrita por el diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 59 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que el Senado de la República, se solidariza con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos de América, ante los acontecimientos suscitados el viernes 14 de diciembre en la población de Newtown, estado de Connecticut, suscrito por la senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo en relación con las autorizaciones para la edificación del megaproyecto comercial y de vivienda de capital de origen chino denominado “Dragon Mart” en la ciudad Cancún, municipio de Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo, así como del impacto social, económico y ambiental con la operación del mismo, suscrito por los diputados Graciela Saldaña Fraire y Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública Federal y Estatales, para que garanticen que la educación que imparte el Estado sea gratuita y no esté condicionada al pago de cuotas escolares, suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Morelos, para que de cumplimiento a los plazos constitucionales y disposiciones normativas aplicables en la elaboración de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para la entidad, suscrito por el senador Fidel Demédicis Hidalgo y por el diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que derogue el Decreto Oficial del 29 de noviembre de 2012, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Estado Mayor Presidencial, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNDH, para que interponga acción de inconstitucionalidad en contra de la Reforma Laboral Integral, producto de la iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo federal, publicada en el DOF el 30 de noviembre de 2012, suscrito por el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo para brindar un minuto de aplausos como homenaje póstumo a la compositora mexicana Ema Elena Valdelamar Casarín, en solidaridad ante su sensible fallecimiento y en reconocimiento a su amplia trayectoria profesional, suscrito por la senadora Dolores Padierna Luna y el diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para el análisis de la prevención y tratamiento de enfermedades curables, tales como la Diabetes, Hipertensión, Dislipidemia y Obesidad en el país, suscrito por los diputados Trinidad Secundino Morales Vargas y Antonio Sansores Sastré, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo en relación al cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larrainzar, para restituir los derechos de los pueblos indígenas de México, suscrito por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Agenda política

Comentarios relativos al llamado de los zapatistas al Estado Mexicano, a cargo de la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión de instalación. Se ruega a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ésta ha sido debidamente publicada.

El Secretario senador Miguel Romo Medina:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la sesión de instalación, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de instalación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el viernes veintiuno de diciembre de dos mil doce, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura

Conforme lo establece el artículo ciento dieciocho de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente provisional diputado Manuel Añorve Banos, designa como Secretarios provisionales a los siguientes diputados Fernando Rodríguez Doval y Silvano Blanco Deaquino.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta y un legisladores, a las catorce horas con cuarenta y nueve minutos del viernes veintiuno de diciembre de dos mil doce, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al artículo ciento veinte de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo suscrito por los representantes de los grupos parlamentarios para elegir una vicepresidencia adicional en la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura. En seguida se procede a la elección de la Mesa Directiva por cédula. Realizados el escrutinio y cómputo correspondientes, se elijen por treinta y dos votos a favor, a los siguientes legisladores: diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, como Presidente; senadora Hilda Esthela Flores Escalera, y senador José María Martínez Martínez, como Vicepresidentes; diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, diputado Carlos Alberto García González, y senador Miguel Romo Medina; y diputado Uriel Flores Aguayo, como Secretarios. Los legisladores electos, toman posesión de sus cargos y entran en funciones.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Puestos todos de pie, el Presidente declara:

“La Comisión Permanente que funcionará durante el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión se declara legalmente instalada”.

El Presidente designa comisiones protocolarias para participar la instalación de esta Comisión Permanente; al Presidente de la República lo comunicará los integrantes de la Mesa Directiva, y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se realizará por escrito.

El Presidente levanta la sesión a las quince horas con dos minutos y cita para la que tendrá lugar el jueves veintisiete de diciembre de dos mil doce a las once horas.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega someter a discusión el acta de la sesión de instalación.

El Secretario senador Miguel Romo Medina:Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.

COMISION PERMANENTE

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, como cada inicio de periodo de receso en esta Comisión Permanente, voy a rogar a la Secretaría dar lectura a los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de esta Comisión Permanente.

Entiendo que todo mundo los tiene, que han sido publicados y en tal caso, le rogaría a la Secretaría pregunte a la asamblea si se le dispensa la lectura a los Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de la Comisión Permanente, que funcionará durante el primer receso del primer año de ejercicio de esta LXII Legislatura.

El Secretario senador Miguel Romo Medina:En votación económica se pregunta si se dispensa la lectura. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Acuerdo de la Comisión Permanente, por el que se establecen los Lineamientos para el desarrollo de las sesiones durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura

Honorable Asamblea:

El Presidente de la Mesa Directiva y los representantes de los Grupos Parlamentarios de la Comisión Permanente que funcionará durante el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

Considerando

I. Que para el adecuado ejercicio de las facultades y obligaciones constitucionales y legales que la Comisión Permanente tiene encomendados, es necesario contar con un instrumento normativo que sistematice, interprete y amplíe la normatividad vigente, con la finalidad de hacer más eficiente el desarrollo de sus trabajos.

II. Que si bien la normatividad existente relativa al funcionamiento de la Comisión Permanente presenta diversos aspectos no regulados, es posible integrar gran parte de ellos a través de los acuerdos parlamentarios, considerando los precedentes que rigen la organización y funcionamiento de las Cámaras del honorable Congreso de la Unión.

III. Que conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es necesario definir el procedimiento para que la información producida en el ámbito del presente Acuerdo pueda ser publicada y difundida con base en los criterios establecidos.

Por lo expuesto, nos permitimos someter a su consideración las siguientes

Disposiciones generales

Artículo Primero. El presente Acuerdo tiene por objeto la interpretación de las normas legales y reglamentarias que rigen a la Comisión Permanente en lo relativo a la celebración de sus sesiones; los registros de asistencia de las legisladoras y los legisladores; la integración, formulación y desahogo del orden del día; los procedimientos para las discusiones; el control de acceso a las sesiones y la difusión de sus trabajos.

Artículo Segundo. Los asuntos no previstos en el presente Acuerdo serán interpretados y resueltos por consenso de los integrantes de la Mesa Directiva.

De la celebración de las sesiones

Artículo Tercero. La Comisión Permanente sesionará una vez por semana, preferentemente los días miércoles, de conformidad con el calendario legislativo  anexo al presente. Las sesiones darán inicio a las 11 de la mañana y tendrán una duración de hasta cuatro horas. La Asamblea podrá acordar que se amplíe el tiempo cuando existan asuntos cuyo despacho sean de especial interés, o para agotar todos los puntos que integran el orden del día.

La Presidencia de la Mesa Directiva podrá convocar a sesiones extraordinarias de la Comisión Permanente notificando a sus integrantes cuando menos con 24 horas de anticipación. También, por acuerdo de la Asamblea, podrán celebrarse sesiones en días u horas distintos a los programados.

De las asistencias

Artículo Cuarto. Para verificar que exista el quórum legal para el inicio de cada sesión, la Secretaría de la Mesa Directiva pasará lista de asistencia.

Por ello, y con objeto de contar con el registro correcto de asistencias y solicitudes de uso de la palabra, los representantes de los Grupos Parlamentarios informarán a la Secretaría de la Mesa Directiva, a más tardar al inicio de la sesión, los nombres de las legisladoras y los legisladores que sustituirán de manera indistinta en sus funciones a los titulares.

Una vez declarada abierta la sesión, las legisladoras y los legisladores que hayan pasado lista de asistencia no podrán ser sustituidos.

En caso de que algún legislador titular no pueda asistir a las reuniones de las comisiones de trabajo a las que pertenezca, el coordinador de su Grupo Parlamentario deberá notificarlo por escrito al Presidente de la misma, informando el nombre del legislador sustituto que cubrirá la ausencia. Dicho legislador tendrá voz y voto en la comisión de que se trate.

De la integración, formulacióny desahogo del orden del día

Artículo Quinto. La Mesa Directiva sostendrá reunión previa el día de la sesión, preferentemente a las 9:00 horas, para acordar el orden del día correspondiente.

Al efecto, deberá considerar las propuestas que reciba oportunamente de los representantes de los Grupos Parlamentarios, los dictámenes que le remitan las comisiones de trabajo y, en general, los asuntos que reciba de los otros dos Poderes de la Unión, los Poderes de los Estados, las autoridades locales del Distrito Federal y demás organismos públicos o, en su caso, de la ciudadanía.

A esta reunión se invitará a los representantes de los Grupos Parlamentarios que haya designado cada Cámara.

Artículo Sexto.La legisladora o el legislador que requiera la inclusión en el orden del día de una iniciativa, proposición con punto de acuerdo, excitativa, o algún punto para la agenda política, hará llegar la solicitud a la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Mesa Directiva, por conducto del representante de su Grupo Parlamentario, hasta las 14:00 horas del día anterior a la sesión en la que se solicita que el asunto sea incorporado.

Siempre que se trate de iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo y excitativas, al oficio de petición se anexará el documento en versión impresa y electrónica. El documento impreso deberá contener el nombre y la firma autógrafa o, en su caso, electrónica, de la legisladora o el legislador que la suscribe y el trámite que solicite. Los asuntos remitidos por legisladores no integrantes de la Comisión Permanente se registrarán únicamente con el trámite de sólo turno a comisión.

Cuando se requiera que algún asunto sea tramitado de obvia o urgente resolución, así deberá de señalarse expresamente.

Artículo Séptimo. La Mesa Directiva integrará los asuntos a desahogar durante las sesiones, preferentemente de acuerdo al siguiente orden:

a. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.

b. Comunicaciones.

c. Solicitudes de licencia.

d. Iniciativas de ley o de decreto.

e. Dictámenes.

f. Proposiciones con punto de acuerdo.

g. Solicitudes de excitativa.

h. Agenda política.

Este orden podrá modificarse por acuerdo de la Asamblea.

Artículo Octavo. El Pleno podrá dispensar la lectura del acta de la sesión anterior, siempre y cuando haya sido publicada previamente en la Gaceta Parlamentaria. En este caso y de no haber objeción de alguna legisladora o legislador se pondrá de inmediato a votación.

Artículo Noveno.Las comunicaciones se publicarán en la Gaceta Parlamentaria. Sólo se dará lectura a aquellas que deban seguir algún trámite reglamentario. En ningún caso se someterá a discusión o votación de la Asamblea una comunicación.

Artículo Décimo.Cuando algún legislador o legisladora solicite licencia, deberá dirigir el oficio a la Presidencia de la Mesa Directiva, especificando la causa o motivo de la petición y el tiempo que permanecerá separado de su encargo, en los términos del artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Undécimo. En el rubro de proposiciones con punto de acuerdo podrán presentarse los asuntos de orden político, cultural o social, que afecten a una comunidad, grupo, partido o colectividad y cuyos efectos sean de interés general, para que la Comisión Permanente, en el ámbito de su competencia, se pronuncie o resuelva lo conducente.

Toda proposición con punto de acuerdo que vaya dirigida a cualquiera de las Cámaras, o aquellas cuya materia no sea competencia explícita de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente, será turnada inmediatamente por la Presidencia de la Mesa Directiva a la comisión o comisiones ordinarias que correspondan.

Artículo Duodécimo. En cada sesión serán inscritas todas las proposiciones con punto de acuerdo que interesen a las legisladoras o los legisladores; el número máximo que se presentarán en tribuna será conforme a la siguiente distribución; en este sentido, los Grupos Parlamentarios definirán el orden o prioridad en el registro para abordarse en la sesión:

Grupo Parlamentario

• PRI                   6• PAN 4 • PRD        3 • PVEM   1 • Movimiento Ciudadano 1 • PT           1

Artículo Decimotercero. La Presidencia dictará el turno a las comisiones que corresponda, a aquellas proposiciones publicadas en la Gaceta Parlamentaria que no alcancen a ser abordadas en la misma sesión en que se registren, salvo que el Grupo Parlamentario solicite que se consideren para una subsecuente.

Artículo Decimocuarto. Cuando se solicite que se formule excitativa a alguna comisión legislativa, el promovente deberá remitir por medio del representante de su Grupo Parlamentario un oficio dirigido a la Presidencia de la Mesa Directiva, en el que detalle lo siguiente:

a) El autor de la iniciativa, proposición o asunto que se trate;

b) La fecha de presentación y del turno respectivo; y

c) La comisión o comisiones a las que se turnó para su estudio y dictamen.

Una vez recibido el oficio, el asunto será programado en el orden del día de la sesión para que la Presidencia de la Mesa Directiva informe en su oportunidad de la recepción de la solicitud respectiva y dicte el trámite que corresponda.

Artículo Decimoquinto.El rubro de agenda política se desarrollará mediante debate pactado y se incorporarán aquellos temas de interés general que motivan la discusión de las legisladoras y los legisladores, pero que no entrañan una proposición con punto de acuerdo o algún otro trámite posterior.

Se destinará a más tardar la última hora de cada sesión para abordar estos temas.

En el orden del día sólo se inscribirán un máximo de dos temas de agenda política por sesión, en orden decreciente, a partir del número de integrantes de cada Grupo Parlamentario. El Grupo que inscriba un tema de agenda política no logrará el registro de otro tema más, sino hasta que se hayan discutido los que registren los otros Grupos. En caso de que algún Grupo decline su derecho de inscribir un tema para debate en la sesión que le corresponda, la oportunidad se le trasladará al Grupo que le continúe en número de integrantes.

Artículo Decimosexto.A petición de los representantes de los grupos parlamentarios, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, instruirá la publicación en la Gaceta Parlamentaria de los textos remitidos por los legisladores que tengan por objeto alguna efeméride y la Secretaría General de la Cámara de Diputados gestionará su difusión ante el Canal del Congreso.

Artículo Decimoséptimo. El tiempo de que disponen las legisladoras y los legisladores para la presentación de los asuntos es el siguiente:

a) Iniciativas hasta por cinco minutos.

b) Proposiciones con punto de acuerdo hasta por cinco minutos.

c) Agenda política hasta por cinco minutos tanto para el promovente como para los demás oradores.

Estos tiempos podrán reducirse, previo acuerdo entre la Mesa Directiva y los representantes de cada Grupo Parlamentario, con el objeto de agilizar las tareas de la Asamblea.

De las discusiones

Artículo Decimoctavo. Los dictámenes publicados podrán ser objeto de dispensa de su correspondiente lectura sólo si fueron distribuidos con oportunidad antes de que se vayan a abordar en la sesión y previa consulta a la Asamblea en votación económica. En todo caso, la publicación de los dictámenes surtirá los efectos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.

Artículo Decimonoveno. En la discusión en lo general de un dictamen podrá hacer uso de la palabra para fijar su posición un orador por cada Grupo Parlamentario hasta por cinco minutos.

Las demás reglas para la discusión de los dictámenes serán las que señala el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo la Mesa Directiva, en consenso con los representantes de los Grupos Parlamentarios, determinar e interpretar los términos del debate en cuanto al número de oradores y tiempo de las intervenciones.

Artículo Vigésimo. Las proposiciones cuya materia sea competencia de la Comisión Permanente serán turnadas por la presidencia de la Mesa Directiva a la comisión de trabajo que corresponda, sin que proceda a discusión. Sólo podrán darse dos excepciones:

a) Si hubiere objeción de alguna legisladora o legislador, en cuyo caso su admisión será discutida y votada por la Asamblea, pudiendo intervenir un orador en contra y un orador en pro hasta por cinco minutos. Si la proposición no hubiere alcanzado mayoría se considerará desechada y no podrá volver a presentarse.

b) Cuando el trámite haya sido solicitado de obvia o urgente resolución y sea calificado así por el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes, en cuyo caso será leída y puesta inmediatamente a discusión y votación por la Asamblea.

Artículo Vigésimo Primero. Las deliberaciones sobre los asuntos contenidos en la agenda política deberán iniciar con el Grupo Parlamentario que haya solicitado su registro, pudiendo anotarse hasta una ronda de oradores para cada Grupo, en el orden que se acuerde, para que fijen su posición al respecto.

La presidencia de la Mesa Directiva podrá destinar la última hora de sesión para discutir o deliberar sobre alguno o los temas de este capítulo, acordando con los representantes de los Grupos Parlamentarios el tiempo destinado para la presentación de otros asuntos del orden del día.

Del control de acceso a las sesiones

Artículo Vigésimo Segundo. Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 212 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sólo con permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente podrán ingresar al Salón de Sesiones personas que no sean legisladoras o legisladores. A tal efecto, los interesados deberán acreditarse previamente y no podrán portar pancartas u objetos que perturben el orden, obstruyan la visibilidad o distraigan a los legisladores; de igual forma, se deberán comprometer a observar lo dispuesto en los artículos 205, 207 y 209 del mismo ordenamiento.

Artículo Vigésimo Tercero. Para apoyar el trabajo de las legisladoras y los legisladores en el interior del Salón de Sesiones, cada Grupo Parlamentario podrá contar con el número de personal de apoyo que por consenso acuerden sus representantes.

Dicho personal deberá estar debidamente acreditado por la Secretaría General de la Cámara de Diputados y se ubicará en las áreas que no obstruyan la visibilidad de los legisladores ni perturben el orden.

De la difusión de los trabajosde la Comisión Permanente

Artículo Vigésimo Cuarto. En la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados se publicará todo lo relativo al desarrollo de los trabajos de la Comisión Permanente. Invariablemente se deberá publicar lo siguiente:

a) Las actas de las sesiones públicas.

b) Las comunicaciones.

c) Las iniciativas con proyectos de ley o de decreto que se presenten en las sesiones.

d) Los dictámenes de las comisiones de trabajo y los votos particulares que sobre los mismos se presenten.

e) Los proyectos de punto de acuerdo.

f) Los acuerdos del Pleno de la Comisión Permanente y de las comisiones, en su caso.

g) Las proposiciones y acuerdos de la Mesa Directiva y de los representantes de los Grupos Parlamentarios.

h) Las convocatorias y el orden del día de las reuniones de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente.

i) Los documentos que disponga la Mesa Directiva y aquellos cuya publicación soliciten a ésta los representantes de los Grupos Parlamentarios.

Por lo que se refiere a las iniciativas con proyecto de ley o de decreto, las proposiciones con punto de acuerdo de las legisladoras y los legisladores y las solicitudes de excitativa, la Presidencia de la Mesa Directiva dictará el trámite que haya sido solicitado expresamente al momento de registro para inclusión en el orden del día, o que corresponda de conformidad con los documentos remitidos para publicación en la Gaceta Parlamentaria, según establece el Artículo Sexto del presente Acuerdo.

Artículo Vigésimo Quinto. La Gaceta Parlamentaria se imprimirá todos los días en que sesione la Comisión Permanente. Su contenido se difundirá a través de los servicios electrónicos de información de la Cámara de Diputados.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y tendrá vigencia durante el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura.

Comisión Permanente, 27 de diciembre de 2012.— Diputado Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva;diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica), Partido Revolucionario Institucional;senador Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), Partido Revolucionrio Institucional;diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Partido Acción Nacional;senador Francisco Domínguez Servién (rúbrica), Partido Acción Nacional;diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Partido de la Revolución Democrática;senadora Dolores Padierna Luna (rúbrica), Partido de la Revolución Democrática;diputada Judith M. Guerrero López (rúbrica), Partido Verde Ecologista de México;senador Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica), Partido Verde Ecologista de México;diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Movimiento Ciudadano;diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Partido del Trabajo;senadora Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Partido del Trabajo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si son de aprobarse.

El Secretario senador Miguel Romo Medina:En votación económica se pregunta si son de aprobarse. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobadas las reglillas de operación de esta Comisión Permanente para el primer receso del primer año de ejercicio legal.

Honorable asamblea, correspondería en este instante dar lectura y la eventual aprobación de la integración de las comisiones de trabajo. Los grupos parlamentarios no nos han hecho llegar los nombres que en su representación forman parte de las tres comisiones que tienen que funcionar para la dictaminación de los asuntos que tiene que ver con las competencias limitadas, pero competencias al fin, de esta Comisión Permanente.

Estaremos atentos por si en el desarrollo de esta sesión tenemos la numeralia completa para someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación de la integración de comisiones, de tal suerte de que estemos en condiciones de que éstas se instalen y funcionen normalmente.

Continúe la Secretaría.

GRUPO AEROMEXICO

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Federal de Competencia.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.

Hago referencia al punto de acuerdo presentado por el diputado Javier Filiberto Guevara González el 4 de diciembre de 2012, y aprobado por la Cámara de Diputados el 6 de diciembre de 2012, mediante el cual se exhorta a la Comisión Federal de Competencia (CFC o Comisión) en los siguientes términos:

“Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Federal de Competencia dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeros, que aplica al Grupo Aeroméxico, SAB de CV, de las rutas nacionales que actualmente está operando.

”Segundo. Se exhorta a Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que expida la normatividad referente a la protección de los derechos de los pasajeros de las líneas aéreas regulares concesionadas, en particular, respecto a los cargos adicionales por cambios de itinerarios a petición del usuario, y además respecto a la compensación y asistencia en casos de sobreventa de capacidad, cancelación y retraso de vuelos.

”Tercero. Se extiende excitativa para que respetuosamente la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, enliste en los dictámenes a discusión, el dictamen a la minuta relativo a la reforma de la Ley de Aeropuertos, la cual quedó pendiente de aprobarse el 30 de abril de 2012.”[Énfasis añadido]

Esta autoridad emite el presente con el fin de atender el punto de acuerdo exclusivamente por lo que respecta a las facultades de la CFC, en términos de lo establecido por la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).

Al respecto, la Comisión comparte la preocupación de la Cámara de Diputados señalada en las consideraciones del Punto de Acuerdo, que estima la necesidad de “procurar mayor concurrencia de líneas aéreas, desregular el procedimiento de concesionamiento para la prestación del servicio de transporte aéreo nacional para propiciar concurrencia de nuevas líneas aéreas y de las existentes, y liberar la movilidad del concesionario rutas”.

En este sentido, la Comisión ha buscado promover el proceso de competencia y libre concurrencia en el sector de la aviación civil de pasajeros, a través de diversas decisiones y opiniones emitidas en la materia.

Por ejemplo, la CFC resolvió en 2007 sobre la concentración entre Grupo Mexicana de Aviación, SA de CV (Mexicana), y Consorcio Aeroméxico, SAS de CV (Aeroméxico). En su análisis, la Comisión determinó que en 24 de las 25 rutas nacionales y en 13 rutas internacionales, la concentración podría representar un riesgo para la competencia. Además, la Comisión señaló que existía una gran cantidad de barreras a la entrada en el mercado de transporte aéreo, incluyendo la limitación del 25% a la inversión extranjera en transporte aéreo nacional.

Por lo anterior, la CFC decidió no autorizar la concentración entre Mexicana y Aeroméxico, a fin de proteger el proceso de competencia y libre concurrencia y prevenir la formación de un agente económico con poder sustancial en los mercados, con capacidad de desplazar indebidamente a sus competidores e imponer precios y condiciones desfavorables a los consumidores.

Además, la Comisión ha emitido diversas opiniones con el objetivo de promover mayor competencia en el sector de la aviación civil de pasajeros en México. Por ejemplo, en 2007 la CFC emitió una opinión para promover la aplicación de los principios de competencia y libre concurrencia en la proveeduría de servicios’ aeroportuarios, en la cual se realizaron diversas recomendaciones de política pública para alentar una mayor competencia y proponer medidas para mejorar la regulación en la materia.

Asimismo, ante la suspensión indefinida de operaciones de Mexicana en 2010, la Comisión emitió una opinión sobre la forma en que podrían garantizarse mejores condiciones de disponibilidad, precio y calidad para los usuarios, mediante el proceso de asignación de horarios de despegue y aterrizaje (“slots”) que habían quedado sin utilizarse en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Los horarios de despegue y aterrizaje (“slots”) son un recurso esencial para prestar el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros. El régimen de asignación de los “slots” determina la competencia que existe en este mercado. Por su parte, la legislación en la materia es la que determina el régimen de asignación de los “slots”.

La CFC también ha emitido opinión sobre diversas iniciativas que buscaban reformar la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil. En éstas, la Comisión ha recomendado al honorable Congreso de la Unión realizar modificaciones a la legislación con el objeto de impulsar la conformación de un marco regulatorio que permita mayor competencia y libre concurrencia en el sector. En este sentido, la CFC manifiesta su total disposición de colaborar con el honorable Congreso de la Unión para trabajar conjuntamente en iniciativas que tengan por objeto generar un marco regulatorio acorde a los principios de competencia y libre concurrencia, que beneficien a los consumidores en términos de mayor calidad y variedad de servicios a menores precios.

Finalmente, se hace de su conocimiento que los artículos 30 de la LFCE y 28 de su Reglamento establecen que esta autoridad sólo puede iniciar una investigación cuando tenga conocimiento de hechos que puedan tener como consecuencia una sanción en términos de la LFCE. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la CFC sólo puede iniciar una investigación cuando tenga una causa objetiva para hacerlo.

Al respecto, de la información contenida en las consideraciones expuestas en el punto de acuerdo, no se desprenden elementos suficientes que otorguen a esta autoridad una causa objetiva para el inicio de una investigación de oficio por posibles prácticas violatorias de la LFCE.

Sin embargo, esta autoridad reitera su compromiso de vigilar y sancionar cualquier práctica que tenga por objeto dañar el proceso de competencia y libre concurrencia. De esta forma, se ofrece la total disposición de la CFC para recibir información adicional, que aporte elementos de información adicionales que permitan iniciar una investigación por parte de esta autoridad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi atenta consideración.

Notas:

1 Disponible en:

http://www.cfc.ob.mxlcfcresolucioneslDocs/Mercados%20Re uladosN2/7/1382537.pdf

2 Disponible en:

http://www.cfc.ob.mxlcfcresoluciones/Docs/Mercados%20ReguladosN2 f711382510.pdf

3 Por ejemplo, las siguientes iniciativas:

• Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos, presentada el16 de octubre de 2007 por el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva. Disponible en:

http://www.cfc.gob.mxlcfcresolucioneslDocs/Mercados%20Rehulados/ V3/7/1382557.pdf

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Aeropuertos, presentada el 13 de octubre de 2005 por el senador Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Disponible en:

http://www.cfc.gob.mxlcfcresolucioneslDocs/Mercados%20Regulados/ V2/7/1382553.pdf

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6 de la Ley de Aviación Civil y 18 de la Ley de Aeropuertos, presentada el 16 de marzo de 2005 por el senador Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Disponible en:

http://www.cfc.gob.mxlcfcresoluciones/Docs/Mercados%20Regulados/ V2/7/1380640.pdf

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, 14, 22, 37 y 44 de la Ley de Aeropuertos, presentada el 24 de febrero del 2005 por el diputado Luis Maldonado Venegas. Disponible en: http://www.cfc.gob.mxlcfcresoluciones/Docs/Mercados%20Regulados/V2/7/1382049.pd f

Atentamente

México, DF, a 18 de diciembre de 2012.— Eduardo Pérez Motta (rúbrica), presidente.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACION DIPLOMATICA

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Verónica Elizondo Martínez, mexicana por nacimiento, en pleno ejercicio de mis derechos, lo que acredito con el acta de nacimiento que acompaño como anexo uno, señalando como domicilio para oír notificaciones y recibir toda clase de documentos, el ubicado en San Francisco 427, colonia del Valle, delegación Benito Juárez, código postal 03100, México, Distrito Federal, y autorizando para oírlas y recibirlos a los ciudadanos licenciados Ysabel Margarita Ortiz Aja, Mónica Ortega Ortiz, José Luis Delgado Montoya, Ángel Rafael López Delgado y Hugo Brontiz Pérez Ramírez, con dirección para recibir notificaciones Marsella 21, colonia Juárez, México, Distrito Federal, código postal 06600, ante usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Con fundamento en los artículos 8 y 37, inciso C), fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito del honorable Congreso de la Unión, me sea concedido el permiso necesario para trabajar en la Embajada del Reino de los Países Bajos en México, para desempeñar el cargo de asesora de asuntos de prensa y cultura, como se desprende de la carta invitación que me hace para trabajar la Embajada del Reino de los Países Bajos en México, como consta en la comunicación de dicha embajada debidamente suscrita por su excelentísimo señor C.H.A. Hogewoning, en su carácter de embajador plenipotenciario, misma que se adjunta como anexo dos.

La petición de mérito se funda en lo siguiente:

Soy originaria de la Ciudad de México, donde nací el 24 de agosto de 1972, casada, con estudios superiores en diseño gráfico y artes visuales; anexo tres, currículum vitae.

Identificación, credencial de elector del IFE; anexo cuatro.

Por los motivos antes expuestos, vengo a solicitar a este honorable Congreso de la Unión, me sea otorgado el permiso para trabajar en la Embajada del Reino de los Países Bajos en México.

Conforme a lo expuesto, a usted, ciudadano presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, atentamente pido se sirva:

Único. Tenerme por presentada, solicitando con fundamento en los artículos 8 y 37, inciso C), fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el permiso correspondiente para trabajar en la Embajada de los Países Bajos, en México.

Protesto lo necesario.

México, Distrito Federal, a 10 de diciembre de dos mil doce.— Verónica Elizondo Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-16203, el embajador Alfredo Pérez Bravo, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano pueda aceptar y usar la condecoración de Orden de Bernardo O’Higgins, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Chile.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-16318, el embajador Alfredo Pérez Bravo, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Bruno Francisco Ferrari García de Alba, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Colombia.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-15669, el embajador Alfredo Pérez Bravo, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Armando Vicencio Álvarez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-15670, el embajador Alfredo Pérez Bravo, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Fidias Hernández Ubaldo pueda aceptar y usar la condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-15767, el embajador Alfredo Pérez Bravo, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano José Julián Gascón Mercado, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel La Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se turnan a la Primera Comisión de Trabajo, para dictamen.

PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACION DIPLOMATICA

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1601/12, la licenciada Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: José Luis Lara Flores.

Puesto:Secretario del Área de Alimentación, Agricultura y Protección al Consumidor.

Lugar de trabajo:Embajada de la República Federal de Alemania en México.

Nombre: Rodrigo Ávila Ramírez.

Puesto: Asistente de inmigración.

Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México.

Nombre: Mayra Alejandra Bocanegra Bayardo.

Puesto: Asistente de inmigración.

Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México.

Nombre: Jorge Miguel Cirilo Aguilar.

Puesto: Administrador de sistemas.

Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México.

Nombre: Adriana de la Torre Olazábal.

Puesto: Asistente de inmigración.

Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México.

Nombre: Marie Gisele Ibarra Cornille.

Puesto: Adjunta administrativa.

Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México.

Nombre: Luis Manuel Soto Uruñuela.

Puesto: Asistente de inmigración.

Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México.

Nombre: Sergio Trejo Ortiz.

Puesto: Asistente de inmigración.

Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo se informa que las personas que se citan a continuación, solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Elizabeth Martínez Atilano.Puesto: Asistente de visas.Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Nombre: Vicente Paulino Lima Cisneros.

Puesto: Ayudante de mantenimiento de aire acondicionado.

Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Nombre: Diana Cortés Chávez.

Puesto: Oficial comercial.

Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México.

Nombre: Héctor Eduardo García Álvarez.

Puesto: Asistente de inmigración.

Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México.

Nombre: César Olivo Sosa.

Puesto: Asistente de inmigración

Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México.

Nombre: Paola Velasco Herrejón.

Puesto: Asistente consular.

Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1617/12, la licenciada Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Juan Manuel Ayala Herrera.

Puesto: Auxiliar de apoyo.

Lugar de trabajo: Embajada de la República Federativa del Brasil en México.

Nombre: María Luisa Guadalupe Mosqueda Rodarte.

Puesto: Programadora webmaster.

Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Nombre: José Luis González Reyes.

Puesto: Operador telefónico.

Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Nombre: Diana Angélica Galindo Laredo.

Puesto: Asistente de Investigaciones de Fraude.

Lugar de trabajo: Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo se informa que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Luz María Liceaga Campos.

Puesto: Asistente de Recursos Humanos.

Lugar de trabajo: Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Nombre: José Edmundo García Crisanto.

Puesto: Técnico bibliotecario.

Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de diciembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se turna a la Primera Comisión de Trabajo, para dictamen y por lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicios remítanse a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

ARTICULO 71 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, don Fernando Rodríguez Doval, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Fernando Rodríguez Doval: Con su venia, diputado presidente. Queridos amigos legisladores, es muy sencilla la iniciativa que voy a poner a consideración de ustedes el día de hoy, y posteriormente, por supuesto, de la comisión dictaminadora correspondiente.

Esta iniciativa consiste básicamente en otorgar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atribución para presentar iniciativas de ley; esta iniciativa —quiero recordar— es una iniciativa que ya en su momento presentó el presidente Felipe Calderón, como parte de la reforma política integral que puso a consideración del Congreso en el 2010.

También hay un antecedente de la entonces diputada Violeta del Pilar Lagunes, del PAN, y también el diputado del PRI, Raúl Cervantes Andrade, en la LX Legislatura, presentó esta misma iniciativa.

¿Por qué otorgar a la Suprema Corte el derecho a presentar iniciativas? De esta manera consideramos que se fortalece lo que ha sido ya en la práctica nuestro máximo tribunal constitucional.

Hoy en día, el artículo 71 de la Constitución concede el derecho de presentar iniciativas al presidente de la República, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, a las Legislaturas de los estados y también a los ciudadanos con un número equivalente, por lo menos al 0.13 por ciento de la lista nominal de electores; es decir, lo que se conoce como la iniciativa popular.

Sin embargo, la Suprema Corte no tiene este derecho; que si nosotros hacemos un análisis de derecho comparado, de política comparada, veremos que está presente en prácticamente todos los países que tienen un régimen presidencial, como el mexicano.

Seguramente porque además —sé que en esta Cámara de Diputados y concretamente en esta Comisión Permanente— hay muy buenos abogados, algunos se preguntarán, ¿cómo es posible que si la Suprema Corte de Justicia es el órgano encargado de vigilar la constitucionalidad de las leyes, sea la que tenga también un derecho a presentar iniciativas? Pudiera haber eventualmente un conflicto de intereses o pudiera ser la Corte juez y parte. En efecto, ese riesgo existe.

Por lo tanto, nosotros lo que estamos proponiendo en esta iniciativa son dos limitaciones concretas a esta posibilidad; la primera, es que esta atribución que queremos otorgar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea únicamente en las leyes que son de su competencia, concretamente tres: primero, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; segundo, la Ley de Amparo, que reglamenta los artículos 103 y 107 de la Constitución; y la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución, que están relacionadas precisamente con las controversias constitucionales.

La segunda limitación que estamos introduciendo es que sea una mayoría de ocho ministros los que estén de acuerdo, para presentar esta iniciativa llegado el momento.

De esa manera, estamos adicionando simplemente una fracción al artículo 71 de la Constitución, que sería la fracción V, donde diríamos que también tendrían derecho a presentar iniciativas la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre que esta iniciativa hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos de sus miembros respecto a las siguientes leyes —repito— Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta propia Constitución, y también la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de esta Constitución.

Termino, diputado presidente, no sin antes, por supuesto, aprovechar para desear a todos los compañeros un muy feliz año nuevo. Gracias, es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Fernando Rodríguez Doval, en su carácter de diputado federal de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 122, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 39, 65, numeral 1, 66, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados; somete a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El objeto de ésta iniciativa es otorgar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atribución para presentar iniciativas de ley, en el ámbito de las leyes de su competencia, específicamente: a) Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; b) Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución; y c) Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de esta Constitución.

La facultad de iniciativa de ley que se está otorgando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sería una atribución constitucional acotada bajo el contrapeso de que sería exclusivamente en el ámbito de su competencia, por lo que habría un equilibrio razonable entre los poderes, sin que ésta nueva atribución pudiese generar un inestabilidad constitucional.

De esta manera se fortalece al Tribunal Constitucional Mexicana, se trata de alcanzar una mayor armonía en las leyes que regulan su actuación y se establecen nuevos vínculos funcionales entre el Poder Judicial Federal y el Poder Legislativo Federal.

De acuerdo al texto vigente del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de iniciativa de leyes le corresponde a:

I. Al Presidente de la República;

II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;

III. A las Legislaturas de los Estados; y

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.

Sobre el particular, se aprecia que el Poder Judicial de la Federación, aunque tiene la función de la revisión judicial de las leyes, se encuentra imposibilitado para participar formalmente en el proceso de creación de leyes en el ámbito de su competencia, siendo incapaz de aportar una visión y experiencia necesarias para adecuar ya sea su ley orgánica o las leyes que rigen los procedimientos de amparo, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales.

Por otra parte, haciendo uso del derecho comparado nacional se manifiesta que en veintinueve entidades federativas se ha incorporado el derecho de iniciativa de los poderes judiciales locales y se debe resaltar que como nota distintiva en la mayoría de las constituciones locales se constriñe la atribución a que se trate de asuntos propios o de organización de los poderes judiciales locales.

Y por lo que atañe al derecho comparado internacional, en Iberoamérica se utiliza regularmente la institución que se propone con este proyecto, destacando los casos de Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana o Venezuela.

En anteriores legislaturas, diversas fuerzas políticas han impulsado el tema de dotar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la atribución de iniciar reformas a la ley, al respecto se pueden citar los siguientes proyectos legislativos:

• Iniciativa que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Presentada por la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, PAN. Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Justicia. Gaceta Parlamentaria, número 2229-I, martes 10 de abril de 2007.

• Iniciativa que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Presentada por el diputado Raúl Cervantes Andrade, PRI. Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Gaceta Parlamentaria, número 2624-II, jueves 30 de octubre de 2008.

Ahora bien, para mejor entender la materia nos permitimos citar un extracto de la obra: La facultad de iniciativa legislativa de Marineyla Cabada Huerta, de acuerdo con lo siguiente:

A lo largo de la historia constitucional, la Corte ha gozado en algunas ocasiones de esta atribución, por ejemplo, el artículo 26 fracción II de la Tercera de las Siete Leyes de 1836, determinó que correspondería el derecho de iniciativa “a la Suprema Corte de Justicia, en lo relativo a la administración de su ramo”. Por su parte, el artículo 53 de las Bases Orgánicas de 1843 dispuso lo siguiente: “Corresponde la iniciativa de leyes: al Presidente de la República, á los diputados y á las Asambleas departamentales en todas materias, y á la Suprema Corte de justicia en lo relativo a la administración de su ramo.” Pese a los antecedentes mencionados, las más recientes constituciones federalistas (1857 y 1917) optaron por dejar a la Corte sin la potestad de iniciar leyes...

Entre los defensores más persistentes de esta pretendida facultad se encuentra el ex ministro Juventino Castro24, cuyos argumentos esgrimidos desde 1995 a la fecha en favor de modificar la Constitución, a fin de dotar a la Corte del derecho de iniciar leyes, han sido diversos y variados, destacándose en general los que se exponen a continuación:

• El principio de la división del poder del Estado, presupone el equilibrio entre los órganos encargados de su ejercicio, así como la colaboración de los mismos. Por lo anterior, el Poder Judicial Federal al ser excluido de la participación en el proceso de elaboración de la ley, se encuentra en una especie de desventaja frente a los otros dos Poderes de la Unión, afectando con ello el equilibrio entre ellos.

• Resulta una inequidad que sean el Legislativo o el Ejecutivo, quienes propongan las normas de organización y funcionamiento del Poder Judicial Federal.

• Sería conveniente limitar la facultad de iniciativa legislativa del Poder Judicial de la Federación, siendo esta procedente respecto de las tres materias que constituyen la columna vertebral del funcionamiento de ese poder constituido: la ley orgánica de dicho Poder, la Ley de Amparo y la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional (normas para substanciar las controversias constitucionales y a las acciones de inconstitucionalidad).

Esta iniciativa pretende otorgar la facultad de iniciativa legislativa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo en las leyes relativas a su organización interna y respecto de la tramitación del juicio de amparo, controversias y acciones de inconstitucionalidad, lo cual es un control inmediato material a la facultad propuesta.

Además como segundo elemento de contrapeso se expone que será una facultad del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la votación de la mayoría de cuando menos ocho votos de sus miembros, por lo que se establece una restricción de consenso mayoritario al interior del máximo tribunal para el efecto de que se pueda ejercitar tal facultad.

En tal tesitura, la iniciativa tiene como objeto esencial hacer más eficiente el trabajo del Poder Judicial Federal, a través de propuestas legislativas que emanen del interior y que tengan por objeto hacer más expedito la función judicial y que en consecuencia habrá un mayor desahogo de los asuntos que resuelven en beneficio directo de los ciudadanos que acuden en demanda de justicia.

Asimismo, al poder optimizar desde la ley los recursos con los que cuenta el Poder Judicial de la Federación, se fortalecerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación como órgano de garantía de cumplimiento jurisdiccional de la Constitución en aquellos asuntos políticos que le sean planteados por los poderes constituidos vía controversia constitucional o en aquellos donde se resuelva la posible inconstitucionalidad de una norma de carácter general a través de la acción de inconstitucionalidad.

Por lo expuesto y fundado en los puntos anteriores, se somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona una fracción V al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 71. ...

I.a IV. ...

V. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre que la iniciativa hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos de sus miembros, respecto de las siguientes leyes:

a) Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

b) Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta constitución; y

c) Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de esta constitución.

..

..

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión expedirá las reformas legales correspondientes dentro de los seis meses posteriores a la publicación del presente decreto.

Notas:

1. De conformidad con datos expuestos en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma política del Ejecutivo federal presentada el 15 de diciembre de 2009.

2 Cabada Huerta, Marineyla. La facultad de iniciativa legislativa. Revista Quórum Legislativo. Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados. México. Páginas 31 a 34. Disponible en www3.diputados.gob.mx/camara/content/.../facultad%20iniciativa.pd

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de diciembre de 2012.— Diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Compartimos su deseos, señor orador. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, don Uriel Flores Aguayo, del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 150 de la Ley del Seguro Social.

El diputado Uriel Flores Aguayo: Con su permiso, diputado presidente. Muy buenos días a todas y a todos, compañeras y compañeros diputados, público en general.

Presento esta iniciativa de ley que considero de enorme trascendencia, con el objeto de que a los trabajadores adultos mayores que ya han cubierto las cotizaciones exigidas para una pensión de cesantía en edad avanzada o vejez, a cargo del IMSS, al cumplir la edad necesaria, al efecto de que ya no se les obligue a reafiliarse al régimen obligatorio del Seguro Social, sino que se les respete su derecho adquirido a la misma.

Esto, en tanto se pensionen conforme a la Ley del Seguro Social de 1973, o en apego a la Ley del Seguro Social vigente a partir de julio de 1997.

Mi propuesta no solo parte de un sentido de justicia, sino se basa en la tesis de jurisprudencia 21/2011, que por fin les ha dado la razón a los trabajadores.

En forma repetida, los adultos mayores que tienen ya cubiertas las semanas cotizadas exigidas por la Ley del Seguro Social para acceder a una pensión de cesantía en edad avanzada o vejez, han denunciado ante la opinión pública que el Seguro Social injustamente les niega esta prestación, bajo el argumento de que deben reemplearse y cubrir un año más de cotizaciones en el régimen obligatorio del IMSS.

Si para cualquier persona es difícil conseguir un empleo, sobre todo en las actuales circunstancias de prolongada crisis económica, con más razón para los adultos mayores, motivo por el cual estos acaban viéndose imposibilitados de obtener una pensión y pierden las cotizaciones que han realizado con tanto esfuerzo.

Es innecesario dibujar el futuro de desprotección que deberán sufrir estas personas, situación inaceptable que debe impulsarnos como representantes populares a aprobar las reformas necesarias, ya que la negación de una pensión en estos casos es injusta e inconstitucional, desde el momento en que se priva a los trabajadores de un derecho adquirido y se desconoce el mandato del artículo 1o. constitucional, en el sentido de interpretar los derechos humanos, incluidos los sociales, en el sentido tutelar más amplio.

La pensión es una garantía social esencial para hacer posible una existencia con un mínimo de dignidad a favor de los adultos mayores en general, a favor de las personas que ven reducida o pierden su capacidad de trabajo, prestación que cada vez se transforma en un privilegio, ante el creciente desempleo y la proliferación del empleo precario que padece nuestra sociedad.

La exigencia de la reafiliación de las personas en edad de pensionarse, es más bien una trampa jurídica para excluir del acceso a una pensión al mayor número de personas posibles. Esto porque a la mencionada dificultad para reemplearse, el IMSS —en una actitud de total arbitrariedad— de oficio da de baja a las personas de avanzada edad que los patrones afilian en el régimen obligatorio, argumentando fraude al instituto. Paso a leer el artículo en mención:

Artículo 150. Para el otorgamiento de las pensiones de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, no serán aplicables los límites sobre conservación de derechos referidos en los dos párrafos anteriores y en consecuencia, a los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio se les deberá reconocer el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores, sin necesidad de cubrir los requisitos previstos en el artículo151 de esta ley.

Igualmente se propone un transitorio, que a la letra dice: A los aseguradores, en su caso los beneficiarios que hayan cotizado conforme a la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 1973, les será reconocido el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores para efectos de las pensiones de retiro, cesantía en edad avanzada o vejez, sin necesidad de cubrir los requisitos previstos en el artículo 182 de ésta o 151 de la Ley del Seguro Social vigente, según el caso, tanto si optan por pensionarse en apego a la Ley del Seguro Social de 1973, ya citada, o si lo hacen conforme a la ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 150 de la Ley del Seguro Social, suscrita por el diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema a resolver con la presente iniciativa con proyecto de decreto

Impedir, que las personas adultas mayores que  han cubierto al IMSS a lo largo de su vida laboral el número de cotizaciones que exige la Ley del Seguro Social para acceder a una pensión de cesantía en edad avanzada o vejez, estén en el desamparo económico, ante la negativa del IMSS a otorgarles su pensión con base en el artículo 151 de la Ley del Seguro Social que exige que estas personas consigan un empleo y cubran en el régimen obligatorio un año más de cotización, por regla general.

Argumentos

En forma repetida, los adultos mayores que tienen ya cubiertas las semanas cotizadas exigidas por la Ley del Seguro Social para acceder a una pensión de cesantía en edad avanzada y vejez, han denunciado ante la opinión pública, que la Ley del Seguro Social injustamente les niega esta prestación,  bajo el argumento de que deben reemplearse y cubrir un año más de cotizaciones en el régimen obligatorio del IMSS. Si para cualquier persona es difícil conseguir un empleo, sobre todo en las actuales circunstancias de prolongada crisis económica (y que será aún más difícil en el marco de la Reforma Laboral Integral surgida de la Iniciativa Preferente presentada por el Ejecutivo Federal), con más razón para los adultos mayores, motivo por el cual éstos acaban viéndose imposibilitados de obtener una pensión y pierden las cotizaciones que han realizado con tanto esfuerzo. Es innecesario dibujar el futuro de desprotección que deberán sufrir estas personas; situación inaceptable que debe impulsarnos como representantes populares a  aprobar las reformas necesarias, ya que la negación de una pensión en estos casos,  es injusto e inconstitucional, desde el momento en que se priva a los trabajadores de un derecho adquirido sin previo juicio en violación al artículo 14 Constitucional y, se desconoce el mandato del artículo primero constitucional de interpretar los derechos humanos, incluidos los sociales, en el sentido tutelar más amplio.

La pensión es una garantía social esencial para hacer posible una existencia con un mínimo de dignidad a favor de los adultos mayores, en general, a favor de las personas que ven reducida o pierden su capacidad de trabajo. Prestación  que cada vez se transforma en un  privilegio, ante el creciente desempleo y la proliferación del empleo precario que padece nuestro pueblo, y, que otra vez, tal empleo precario, se verá impulsado por la Reforma Laboral de cita. Además, de que la vida laboral de un trabajador tiene diversas incidencias: la etapa de empleo se suele completar con el desempleo, el empleo subordinado con el trabajo independiente o informal.

Por tal motivo cuando una persona de la tercera edad, después de miles de esfuerzos, cubre el número de las semanas cotizadas exigidas por la Ley del Seguro Social  para acceder a una pensión, no es justo ni constitucional que se le desconozca su derecho a esta pensión, y se les obligue, por regla general, a conseguir un empleo y a reafiliarse al régimen obligatorio, debiendo cubrir un lapso de 6 meses a un año más de cotización, según lo mandata el artículo 151, a efecto de que le sean reconocidas las anteriores cotizaciones realizadas  y que en principio son suficientes para el acceso a tal pensión.

Partiendo de lo anterior, la exigencia de la reafiliación de las personas en edad de pensionarse,  es más bien una trampa jurídica para excluir del acceso a una pensión, al mayor número de personas posible. Esto, porque a la mencionada dificultad para reemplearse, el IMSS, en una actitud de total arbitrariedad, de oficio da de baja a la personas de avanzada edad que los patrones afilian en el régimen obligatorio, argumentando fraude al Instituto.

Luego, si el mismo IMSS, (o  más bien el IMSSS en aplicación de la Ley del Seguro Social), pone el requisito y luego impide su cumplimiento; lo cual con mayor razón nos lleva a considerar que urge hacer las reforma necesarias, para impedir que se siga burlando de esta manera el derecho de los trabajadores a una pensión. Pues, lo ideal y lo jurídicamente procedente, es que el trabajador cumplido el total de semanas cotizadas, pueda separarse del trabajo sin perder su derecho a una pensión, esperando tan sólo llegar a la edad mínima requerida, tal y como sucede en el marco del ISSSTE.

Delimitación de los trabajadores beneficiados con la reforma que se propone y, en consecuencia de la reforma

En principio, deben serlo los trabajadores que hayan cotizado en el marco de la Ley de 1973 y que opten, al pensionarse por cesantía o vejez, por esta Ley de 1973; también los trabajadores que habiendo cotizado conforme a la Ley de 1973, opten por pensionarse con base a la Ley de 1997; finalmente los que no han cotizaron conforme a la Ley de 1973, y por tanto se afiliaron a partir del 1o. de julio de 1997. Sin embargo, en los dos últimos casos, recordemos que el artículo 150 señala, que el periodo de conservación de  derechos sólo es aplicable a las pensiones de invalidez y vida, suprimiendo la referencia a las pensiones de cesantía y vejez, a las que sí refería la ley anterior del Seguro Social en su artículo 182, equivalente al 150, de lo que se desprende que al no haber límite para el reconocimiento de sus cotizaciones, ya no les es aplicable a las pensiones de cesantía y vejez conforme a la actual ley del seguro social, el artículo 151,  que exige la reafiliación y los nuevos periodos de cotización, tal y como se desprende de la siguiente jurisprudencia:

Segunda Sala

Tomo XXXIII, Febrero de 2011

Pag. 1082

Jurisprudencia(Laboral)

[J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIII, Febrero de 2011; Pág. 1082

Seguro Social. El artículo 150 de la ley relativa, vigente a partir del 1o. de julio de 1997, que prevé un periodo de conservación de derechos en materia de pensiones, es inaplicable para obtener la pensión por cesantía en edad avanzada, respecto de quienes se encuentran en el régimen de la ley anterior.

Conforme a los numerales 154, 155 y 156 de la Ley del Seguro Social, ubicados en el Capítulo VI, Del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, para otorgar la pensión por cesantía en edad avanzada se requiere que el asegurado: a) Haya cumplido 60 años de edad; b) Se encuentre privado de trabajo remunerado; y, c) Tenga reconocidas un mínimo de 1250 cotizaciones semanales; sin que sea aplicable el artículo 150 del mismo ordenamiento legal, ya que éste se encuentra dentro del Capítulo V, Del Seguro de Invalidez y Vida, y se refiere únicamente a pensiones en los seguros de invalidez y vida, de manera que ese precepto legal excluye lo relativo al seguro de cesantía en edad avanzada, pues sólo incluye a las pensiones de invalidez y vida. Luego, para el derecho a obtener una pensión por cesantía en edad avanzada respecto de un trabajador que antes de cumplir 60 años dejó de cotizar en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, no es requisito que se encuentre dentro del periodo de conservación de derechos previsto en el artículo 150 de la Ley del Seguro Social.

Segunda Sala

Contradicción de tesis 359/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Noveno, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 12 de enero de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García.

Tesis de jurisprudencia 21/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de enero de dos mil once.

Esta Jurisprudencia es aplicable por analogía a la pensión de vejez.

Conclusión: en un artículo transitorio se debe respaldar a los trabajadores que se pensionen conforme a la Ley de 1973 para el reconocimiento de sus semanas cotizadas; en los demás casos ya enunciados renglones adelante y, pese a que existe Jurisprudencia a su favor, es adecuado se consagre jurídicamente y en forma expresa el contenido de la misma,  para borrar toda duda sobre de que no les es aplicable la injusticia contenida en el artículo 151 de la Ley del Seguro Social.

Esta iniciativa se extenderá a los trabajadores que opten por una pensión de retiro, pues donde la ley no distingue no se debe distinguir; esto, toda vez que el artículo 150, tampoco incluye estas pensiones dentro del periodo de conservación de derechos; sin olvidar que la pensión de retiro puede contratarse antes de los 60 años, e implica a trabajadores de altos recursos, esto conforme al artículo 158 de la Ley del Seguro Social.

Esta iniciativa, en la forma más sencilla: contienen una de las medidas más justas y anheladas por las personas de la tercera edad en el país, ya que por medio de ella el Instituto Mexicano del Seguro Social les otorgará de inmediato una pensión para dignificar su vida y aumentar su bienestar económico. Y el único camino para hacer justicia a las personas que ya han cumplido con el número de semanas cotizadas necesarias para que se les otorgue una pensión, pero han sido dados de baja antes de cumplir la edad exigida para recibir ésta, es suprimir el injusto e inconstitucional artículo 151 de la Ley del Seguro Social.

Fundamento legal

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 6, Numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a su consideración la presente Iniciativa.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 150 a la Ley del Seguro Social.

Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo el artículo 150 de la Ley del Seguro Social, en los siguientes términos:

Artículo 150. ...

...

Para el otorgamiento de las pensiones de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez no serán aplicables los límites sobre conservación de derechos referidos en los dos párrafos anteriores y en consecuencia, a los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio se les deberá reconocer el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores, sin necesidad de cubrir los requisitos previstos en el artículo 151 de esta Ley.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.A los asegurados, o en su caso los beneficiarios, que hayan cotizado conforme a la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 1973, les será reconocido el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores para efectos de las pensiones de retiro, cesantía en edad avanzada o vejez, sin necesidad de cubrir los requisitos previstos en el artículo 182 de ésta ó 151 de la Ley del Seguro Social vigente, según el caso, tanto si optan por pensionarse en apego a la Ley del Seguro Social de 1973 ya citada, o si lo hacen conforme a la  Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de diciembre 2012.— Diputados: Uriel Flores Aguayo, Trinidad Morales Vargas (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor orador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público de la honorable Cámara de Diputados, para dictamen.

ARTICULO 6o. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, el apreciable compañero don Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, compañero presidente. Compañeros integrantes de esta Comisión Permanente.

La presente iniciativa con proyecto de decreto que presentamos es una propuesta de reforma al artículo 6o. de la Constitución Política de la República para reformar y adicionar un párrafo a este artículo.

Lo que estamos planteando lisa y llanamente, es incluir un párrafo en este artículo 6o. que a la letra diga: El Estado garantizará el derecho de toda persona al acceso libre y universal a Internet para integrarse a la sociedad de la información y el conocimiento y con ello promover su desarrollo individual y el progreso social.

Fundamos esta propuesta en las siguientes consideraciones: el acceso a Internet de manera universal es una demanda de diferentes sectores desde la academia, desde los grupos ciudadanos, porque actualmente en nuestro país el 64 por ciento de los ciudadanos se encuentra en la marginación digital y no obstante el avance tecnológico del conocimiento que ha habido, sigue habiendo una brecha digital que es importante cerrar.

Necesitamos que toda la sociedad tenga acceso al conocimiento y desde luego, que la carretera de la información en que se ha convertido el Internet es un detonante, no solo de crecimiento personal, sino de desarrollo social y progreso colectivo.

Por eso lo estamos planteando, para cerrar esta brecha digital y fortalecer el acceso de toda la población al conocimiento.

Recordaremos que a partir de la llegada de la imprenta como tecnología y el posterior nacimiento de los primeros periódicos en el siglo XVII, hasta la lucha por las libertades civiles, después de la Revolución Francesa de 1789, la comunicación fue reconocida dentro del campo jurídico como una necesidad social para mejorar los niveles de vida y las nacientes democracias.

El conocimiento, la información y la difusión siempre han estado ligados a los afanes libertarios y democráticos y han sido fuente de progreso social.

Por eso estamos planteando esta iniciativa y nos basamos —entre otras cosas— en las conclusiones que arrojó la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que planteó el acceso universal ubicuo, equitativo y accesible a la infraestructura y los servicios de las tecnologías de la información, como una de las ambiciones y de los objetivos de la sociedad de la información.

Hoy en día existen en el mundo más de 2 mil 200 millones de seres humanos conectados a la red, de los cuales mil 100 millones están unidos todos los días a través de redes sociales, como facebook o tuiter, y a nivel global el 32 por ciento de la población tiene acceso a Internet.

En nuestro país, según datos de la encuesta de la Asociación Mexicana de Internet, de los 113 millones de personas que hay en el país, 42 millones están unidos a la red, lo que representa el 36 por ciento de la población, y de este porcentaje el 60 por ciento son menores de 35 años; es decir, fundamentalmente los sectores jóvenes están haciendo uso de estas tecnologías, pero sigue habiendo todavía un mercado muy importante de ciudadanos, un número importantísimo —64 por ciento— que sigue marginado de este conocimiento.

El primero de junio de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el acceso a Internet como un derecho humano; el relator especial Frank La Rue, leyó el documento donde los representantes de los países consideran que el Internet no solo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que también forma parte de sus derechos humanos y promueve el progreso de la sociedad, en su conjunto.

Esta resolución reconoce la naturaleza mundial y abierta de Internet como fuerza impulsora de la aceleración del progreso hacia el desarrollo en sus distintas formas, y exhorta a los estados a que promuevan y faciliten el acceso a Internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los países.

Es decir, hay en esta conclusión esta exhortación a los estados integrantes a promover el Internet como un derecho humano, el acceso a Internet, y también se reconocen sus valores como promotor de la libertad de la democracia y como mecanismo que hace horizontal el conocimiento.

Por todas estas razones, estamos planteando que se reforme el artículo 6o. constitucional y también porque tiene un soporte de progreso económico.

Según Boston Group, en 2010 el Internet aportó 324 mil millones de pesos a la economía mexicana, que representa el 2.5 por ciento del producto interno bruto, y esta tendencia seguirá en expansión; por esas razones consideramos que sería un producto muy importante legislativo de este Congreso de la Unión, de esta Legislatura, aprobar una enmienda constitucional, que permita precisamente instituir este derecho como un derecho humano. Es cuanto, gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El diputado Ricardo Mejía Berdeja, y los suscritos Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidrobro González, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el segundo párrafo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Actualmente intelectuales, académicos, investigadores, estudiantes y público en general, han demandado en reiterados foros, espacios y ocasiones la urgencia de establecer en la Carta Magna el acceso a Internet como derecho humano, porque 64 por ciento de los mexicanos se encuentran en la marginación digital, y por considerar que tal acceso se circunscribe en un derecho humano denominado de cuarta generación y se constituye en una herramienta que no sólo permite el desarrollo individual, sino favorece el crecimiento y progreso de la sociedad en su conjunto.

Los derechos humanos de cuarta generación según diversos autores como Javier Bustamante Donas, la cuarta generación de derechos humanos “será la expansión del concepto de ciudadanía digital, que presenta tres dimensiones. En primer lugar, como ampliación de la ciudadanía tradicional, enfatizando los derechos que tienen que ver con el libre acceso y uso de información y conocimiento, así como con la exigencia de una interacción más simple y completa con las administraciones públicas a través de las redes telemáticas. En segundo lugar, ciudadanía entendida como lucha contra la exclusión digital, a través de la inserción de colectivos marginales en el mercado de trabajo en una sociedad de la información (SI) (políticas de profesionalización y capacitación). Por último, como un elemento que exige políticas de educación ciudadana, creando una inteligencia colectiva que asegure una inserción autónoma a cada país en un mundo globalizado.

Al entrar en juego un nuevo elemento definidor de la ciudadanía, asistimos a la aparición de nuevos valores, derechos y estructuras sociales que se encuentran actualmente en un periodo de incubación; nuevas formas de interrelación humana amplificadas por la tecnología, nuevas comunidades virtuales cuyo criterio de pertenencia de adscripción no es el territorio, ni la lengua compartida, sino un nuevo modelo visionario de la sociedad que encuentra en la comunicación no presencial un elemento de unión entre individuos.

Todo ello nos lleva a la consideración de una nueva comprensión de los derechos humanos, que reflexione constantemente sobre el sentido de la relación entre los desarrollos técnicos y el entorno humano. La influencia de la tecnología informática sobre el mundo de la cultura puede además dotar de significado a un conjunto de principios éticos que sin ella acabarían siendo poco más que una voluntariosa declaración de intenciones. Esta es la base que me ha llevado a sugerir la necesidad de postular la existencia de una cuarta generación de derechos humanos”.

La comunicación es una de las principales características de la cultura humana. Desde la comunicación interpersonal, pasando por la grupal y la social, la comunicación ha sido la base fundamental de cambios sociales y tecnológicos. A lo largo de la historia de la humanidad, el desarrollo de tecnologías para mejorar la comunicación, generó nuevas sociedades, sistemas de producción, formas económicas e incluso sistemas de aprendizaje.i

A partir de la llegada de la imprenta como tecnología y el posterior nacimiento de los primeros periódicos en el siglo XVII, hasta la lucha por las libertades civiles después de la Revolución Francesa de 1789, la comunicación fue reconocida dentro del campo jurídico como una necesidad social para mejorar los niveles de vida y las nacientes democracias.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, y la Convención Americana de Derechos Humanos son los principales instrumentos internacionales que consagran la libertad de información como un derecho universal.ii

A lo largo del siglo XX los derechos informativos se orientaron en dos sentidos: como derecho social y como derecho mediático. En el segundo de los casos se refiere al campo jurídico que regula la comunicación emitida a través de los medios tradicionales de comunicación analógica (radio, televisión, prensa y cine). En México tales regulaciones se encuentran fundamentadas en la Ley Federal de Radio, Televisión y Cinematografía de 1960, y en la Ley de Imprenta de 1917.

Sin embargo durante las últimas tres décadas con el surgimiento de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC), el derecho a la información se expande del campo analógico al digital dando a los usuarios la posibilidad de construir sus propios contenidos y enviar mensajes a un receptor, a un grupo o en forma masificadas. La apertura de Internet en 1993 para su uso social, trajo consigo el paradigma llamado “Sociedad de la Información y el Conocimiento” o “Sociedad de la Información y la Comunicación”,la cual “crece y se desarrolla alrededor de la información y aporta un florecimiento general de la creatividad intelectual humana, en lugar de un aumento del consumo material”.iii

Ante los cambios globales que generó Internet en las últimas décadas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocó a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI)1celebrada en Ginebra, a finales de 2003 y en su segunda fase en Túnez, en diciembre de 2005, donde se advirtió sobre los riesgos de la brecha entre comunidades conectadas y comunidades desconectadas de las nuevas tecnologías.

En las conclusiones de la última cumbre se planteó que el acceso universal, ubicuo, equitativo y asequible a la infraestructura y los servicios de las tecnologías de la información (con inclusión del acceso a la energía, a las computadoras y servicios de Internet), es una de las ambiciones de la Sociedad de la Información y debe ser un objetivo de los que participan en su creación. Los representantes de los países reconocieron que un dominio tecnológico es un factor capital para el crecimiento, ya que genera ventajas tales como un público consciente, nuevos empleos, incremento del comercio y una mayor divulgación de la ciencia.

De acuerdo a las resoluciones de la CMSI2, se acordó que las naciones deberían de fortalecer las entidades públicas tales como bibliotecas y archivos, museos, colecciones culturales y otros puntos de acceso comunitario para promover la preservación de los registros de documentos y el acceso libre y equitativo a la información.

“Internet es conocido como la “autopista de la información”, “red de redes”, y surgió a finales de 1969 como red experimental (Arpanet), que conectaba entre sí a los centros de información de tres universidades norteamericanas y al Instituto de Investigaciones Stanford. A fines de los años 80 la Fundación Americana de la Ciencia (NSF) puso en funcionamiento la red denominada NSFnet para que universidades y centros de investigación pudieran hacer uso de las grandes computadoras. El uso del correo electrónico, la transferencia de datos y archivos se constituyó en las piezas clave del funcionamiento de Internet que hoy es el fundamento de la Infraestructura Global de la Información. Internet es un protocolo (el TCP/IP) un “lenguaje” compartido que permite la interconectividad de las redes de computadoras y por lo tanto el intercambio de la información.

Pero además y esto es lo que resulta de un mayor compromiso para las comunicaciones sociales, provee de un lenguaje común denominado el hipertexto (HTML). La importancia de conocer la historia del desarrollo de la Internet para las sociedades es la interacción y cooperación habida entre la ciencia, la investigación universitaria, la predisposición a las subvenciones tanto públicas como privadas que permitió la autogestión y la conformación de una cultura -de la innovación- o grupos autónomos que desearon conformar salidas en conjunto para el desarrollo nacional, todo ello en Estados Unidos de América (EU)

No es sólo un nuevo medio de información y comunicación sino que con otros sistemas de multimedia, infojuegos, realidad virtual, es un nuevo “espacio social”, electrónico, telemático, digital, informacional al que suele denominársele “el tercer entorno”, ya que incluye no sólo los ambientes rurales y urbanos naturales y humanos sino los datos digitalizados con numerosas operaciones, organizaciones, dispositivos y jurisdicciones.

La virtualidad connota simulación, visualización, velocidad, simultaneidad, procesos y otras acciones de usuarios/as en que Internet se erige como un “poder simbólico” trasnacional que interconecta millones de personas por interacciones comunicacionales, genera su propia cultura, -su cibercultura-, sus normas, puntos de vista y acarrea la formación de varias y diferentes subculturas. Como dijera Manuel Castells: Internet es el tejido de nuestras vidas en este momento, no es futuro, es presente...”3.

A diferencia de las tecnologías de comunicación analógicas, Internet y sus innovaciones son las herramientas comunicativas de mayor penetración en la historia de la humanidad: en cuatro años alcanzó la cifra de 50 millones de usuarios. Hoy en día existen en el mundo más de 2 mil 200 millones de seres humanos conectados a la red, de los cuales mil 100 millones están unidos todos los días a través de redes sociales como Facebook o Twitter. A nivel global 32 por ciento de la población tiene acceso a Internet.iv

En el caso de México, de una población de más de 113 millones de personas, 42 millones están unidos a la red, lo cual representa 36 por ciento de la población, en tanto 64 por ciento restante de los mexicanos se encuentran en la marginación digital. Datos estimados a partir del estudio Hábitos de los usuarios de Internet en México 2011 realizado por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), establecen que de 17 millones de internautas que había en 2005, la cifra se duplicó en cinco años para llegar en 2010 a 34 millones, de los cuales 60 por ciento son personas jóvenes: menores de 35 años de edad.

De acuerdo al “Índice de Prosperidad 2011” que realiza el Instituto Legantum de Londres, México presenta problemas de acceso a un Internet con mayor velocidad debido a que no tiene una cobertura adecuada de banda ancha por lo que de 110 países, ocupa el lugar 50, y para emprender negocios mediante la red en el lugar 61. Por su parte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), informó en enero de 2012 que México también registra rezagos en materia de Investigación y Desarrollo (I+D) donde la inversión del estado apenas representa 0.5 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Respecto a la principal característica de las nuevas técnicas digitales se encuentran su conectividad a la red: Internet es la columna vertebral por la cual atraviesa la nueva comunicación humana. Las redes a su vez se unen mediante la telefonía fija o inalámbrica, la banda ancha, la televisión de alta definición y las conectividades digitales del hogar. Cada red lleva información a una terminal (computadora, reproductor de DVD/Blue-Ray, reproductores portátiles, televisores, sistemas operativos, consolas de videojuegos, etcétera) y servicios que son empleados por los usuarios (correo electrónico, blogs, gobierno digital, comercio en línea, charlas virtuales, redes sociales, diseño, reproducción de contenidos multimedia, etcétera).

La libertad de información dentro de la Sociedad de la Información y el Conocimiento se refiere a los derechos digitales: la posibilidad para que las personas puedan recibir, enviar y buscar información mediante el uso de las TIC. Dicha libertad contiene los mismos diques que la libertad de expresión en el sentido de que sus límites se establecen cuando puedan afectar derechos de terceros.

Dentro de los derechos digitales se encuentra el derecho informático, relacionado específicamente a los impactos que tienen las nuevas tecnologías en las actividades colectivas y la vida privada. En el campo del derecho informático podemos encontrar la ciberjusticia, los datos personales, la administración pública, la propiedad intelectual, la seguridad informática, el comercio electrónico, los delitos en la red, los documentos digitales y el trabajo flexible.

Cabe destacar que en el mundo gran cantidad de países han adoptado medidas para crear políticas públicas que generaran crecimiento económico a partir del desarrollo tecnológico. Un caso exitoso es Finlandia, donde desde el primero de julio de 2010 el derecho a Internet se convirtió en una garantía social. En Finlandia los ciudadanos tienen el derecho constitucional a la conexión de banda ancha de un megabyte, además el sistema educativo tiene la obligación de conectar a todas las escuelas y librerías públicas a la red. La Constitución contempla para 2015 la conectividad social a una banda ancha de 100 megabyte, lo cual representa que por Internet se podrán realizar actividades simultaneas sin que esto represente lentitud en la conectividad como envío de archivos, teletrabajo, consumo de televisión de alta definición o edición de productos.

El primero de junio de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), declaró el acceso a Internet como un derecho humano. El relator especial Frank La Rue leyó el documento donde los representantes de los países consideran que Internet “no sólo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que también forma parte de sus derechos humanos y promueve el progreso de la sociedad en su conjunto”.

Asimismo la resolución señala que “los derechos humanos de las persona también deben estar protegidos en Internet, en particular la libertad de expresión, que es aplicable sin consideración de fronteras y por cualquier procedimiento que se elija, de conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

Esta resolución “reconoce la naturaleza mundial y abierta de Internet como fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo en sus distintas formas y exhorta a los estados a que promuevan y faciliten el acceso a Internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los países”.

Asimismo la declaratoria destaca “el carácter transformador de Internet, como medio que permite a miles de millones de personas en todo el mundo expresen sus opiniones, a la vez que incrementa significativamente su capacidad de acceder a información y fomenta el pluralismo y la divulgación de información”.

La declaratoria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es importante en varios sentidos:

a) Promueve la libertad de la red: el tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no debe ser objeto de ningún tipo de discriminación en función de factores como dispositivos, contenido, autor, origen o destino del material, servicio o aplicación. La libertad ha sido fundamental a partir de 2008 para el cambio político de regímenes autoritarios en todo el mundo.

b) El acceso a la red: “Los estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres”.

Argumentación

En este último sentido el estado deberá de crear un marco normativo a partir del reconocimiento del derecho de Internet como un derecho social para que: a) los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a las nuevas tecnologías mediante la regulación de precios y servicios; b) establecer programas para brindar apoyos para que la sociedad desconectada tenga posibilidad de acceso, incluidos la creación de centros comunitarios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y otros puntos de acceso público; c) implementar mecanismos educativos para generar conciencia sobre el uso adecuado de Internet y los beneficios que pueden reportar, especialmente entre sectores pobres, niños ancianos, y en poblaciones rurales aisladas; y e) vigilar el acceso equitativo de la red, principalmente a sectores marginados y menos favorecidos.

Sobre el desarrollo de la red y la economía, la conectividad demuestra que los países donde existe mayor participación social mediante Internet también presentan mejoras en sus niveles de vida. Los países con mayores niveles de penetración social de la red en el mundo son Noruega 97.2 por ciento, Islandia 97 por ciento, Suecia 92.9 por ciento Australia 89.9 por ciento, Dinamarca 89 por ciento, Finlandia 88 por ciento, Corea 82 por ciento, Canadá 81.6 por ciento, Japón 80 por ciento, Estados Unidos 78.3 por ciento, Singapur 77 por ciento, Hong Kong 68 por ciento, Alemania con 67.4 por ciento y Reino Unido 52 por ciento.

Internet puede considerarse como una herramienta fundamental de la actividad económica, permitiendo miles de millones de transacciones no sólo en el ámbito económico, sino en el social, cultural, familiar, etcétera; y contribuyendo en su totalidad al crecimiento mundial, la productividad y el empleo.

El impacto de Internet en crecimiento global aumenta rápidamente y representa 21 por ciento de crecimiento del producto interno bruto (PIB) en países como Alemania, Canadá, Corea del Sur, Francia, India, Italia, Japón, Rusia, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos; y aunque se han eliminado medio millón de puestos de trabajo, se han creado 1.2 millones de nuevos empleos, dando lugar a 2.4 puestos nuevos por cada puesto directo.4

Por su parte en México Internet aportó 324 mil millones de pesos a la economía mexicana durante el 2010, lo que representa 2.5 por ciento del producto interno bruto según el análisis de The Boston Consulting Group, y se espera que en 2016 la cifra supere los 860 mil millones de pesos.

A partir del pronunciamiento de la ONU para considerar el acceso a la red como un derecho universal, algunos países comenzaron a realizar esfuerzos por llevar la nueva garantía a sus legislaciones. El 20 de septiembre de 2011 la Comisión Primera del Senado en Colombia aprobó la iniciativa presentada por Luis Fernando Velasco, donde se promueve integrar a la normatividad a Internet como un derecho fundamental, además de la inversión para el programa Viva Digital, que incluye la conexión a la red de más de 700 municipios en la primera fase.

Es imperativo que nuestro país siga a la vanguardia en la aprobación y vigencia de supuestos jurídicos constitucionales que permitan a sus habitantes gozar y ejercer derechos humanos fundamentales que le permitan alcanzar su desarrollo integral, tales como el acceso universal a Internet, por ello consideramos urgente que desde nuestra constitución se establezca tal derecho y que en breve tiempo sea vigente y positivo.

Tal disposición jurídica permitirá por un lado que cada vez más personas se apropien de Internet de una forma universal, equitativa, solidaria, abierta, horizontal y democrática; y por otro que el Estado mexicano impulse políticas públicas que potencien la generación de conocimientos y capacidades innovadoras para utilizar atingentemente el Internet, elevar el desarrollo humano y fortalecer lazos entre autoridades gubernamentales, sociedad e iniciativa privada para materializar la visión y uso social de Internet en acciones, planes, programas y políticas concretas que impacten en el crecimiento económico y el progreso social.

Fundamento legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Primero. Se reforma y adiciona el segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6o.. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el estado.

El estado garantizará el derecho de toda persona al acceso libre y universal a Internet para integrarse a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, y con ello promover su desarrollo individual y el progreso social.

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. al VII.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. ITU. Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. En www.itu.int/wsis/index-es.html. [Diciembre de 2005]

2. Las resoluciones de la Cumbre pueden ser consultadas en el portal www.itu.int/wsis/index-es.html.

3. ¿Cómo puede ser internet una herramienta para el desarrollo social? Por Bibiana Apolonia Del Brutto López, disponible en: http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo. fecha de consulta 7 de abril de 2012

4. La contribución de la red a la generación de la riqueza. Disponible en: http://www.enriquedans.com/2012/02/la-contribucion-de-la-red-a-la-generacion-de -riqueza.html.

i. Marshall McLuhan publicó en 1964 Understanding Media: the extensions of man, donde consideró que las tecnologías que desarrolla el ser humano para comunicarse son extensiones del hombre. Así, la televisión sería una extensión de nuestros ojos, mientras que la computadora sería la extensión de nuestros cerebros.

ii. Carpizo Jorge y Carbonell Miguel. Derecho a la Información y derechos humanos. IIJ-UNAM. México, 2000.

iii. Yoneji Masuda. La Sociedad de la Información como sociedad post-industrial. Estados Unidos, 1984.

iv. Datos estimados al 31 de diciembre de 2011 por Internet World Stats.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de diciembre de 2012.— Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, don Ricardo. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados.

REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió de don Ricardo Monreal, de Movimiento Ciudadano, iniciativa que reforma el artículo 59 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Iniciativa que reforma el artículo 59 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de MCovimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 , fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los’ párrafos I y II del artículo 59 del Reglamento de la Cámara de Diputados al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Diccionario Universal de Términos Parlamentarios de la Cámara de Diputados define el concepto de parlamento como aquel término que se deriva del latín parabolare y del francés parlament que significan hablar.

A lo largo de la historia, el Parlamento se ha consolidado como la institución política donde se debate y delibera sobre la vida nacional. Además ha servido como el espacio en el que se reúnen las distintas corrientes ideológicas que representan los intereses de un pueblo.

En otras palabras es el órgano político del cual emanan las disposiciones jurídicas que regulan la vida de la colectividad.

Para Kelsen el parlamentarismo significaba una formación de la voluntad decisiva del Estado, mediante un órgano colegiado elegido por el pueblo en virtud de un derecho de sufragio general e igual, forjado en el principio de la mayoría.

Desde luego la figura de órgano colegiado a la que Kelsen se refiere se distingue desde el momento que este actúa con fundamento en el principio de representación.

Por ello, Rousseau sostenía que la representación es “la forma adecuada de resolver los problemas de muchos por unos cuantos”.

En la representación podemos encontrar el origen, desarrollo y finalidad de todas las funciones que debe cumplir un Parlamento en un sistema democrático.

De cumplir con sus funciones que les fueron encomendadas los parlamentos se convierten en los lugares indicados, donde se debaten y discuten los problemas que aquejan al conjunto de la sociedad.

La estrecha relación entre el parlamento la representación permite en la mayoría de los casos, pluralidad de opiniones, diversidad de corrientes políticas, mismas que pueden reflejarse en los órganos de trabajo y en la toma de decisiones.

Desde este enfoque, y dada la reciente integración de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, resulta de suma importancia la actualización de las normas que rigen la actuación institucional y procedimental de la Cámara de Diputados.

Tan es así que se deben garantizar el pleno ejercicio de los derechos o facultades de los diputados que integran esta Cámara.

El Reglamento de la Cámara de Diputados se diseño específicamente para regular el procedimiento, debate y conducta de los miembros de la asamblea, en otras palabras normar su funcionamiento.

El Reglamento con el que cuenta la Cámara de Diputados, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2010, sin embargo, es un reglamento que constriñe el actuar de cada uno de sus integrantes.

Un claro ejemplo es el número de asuntos de urgente u obvia resolución tratados en cada sesión, ya que estos se limitan a tan sólo 2 proposiciones, las cuales serán acordadas previamente por la Junta de Coordinación Política como se establece en el artículo 79, numeral 2, fracción IV del reglamento de esta H. Cámara de Diputados que a la letra dice:

Artículo 79. (...)

(...)

IV. En cada sesión la Junta podrá acordar la inscripción de hasta dos proposiciones con punto de acuerdo para que sean consideradas por el Pleno, a trámite de urgente u obvia resolución, atendiendo a los principios de equidad e inclusión de los grupos. En caso excepcional la Junta podrá acordar la inscripción de una proposición adicional;

En la práctica legislativa la Junta de Coordinación Política se ha convertido en un órgano que sustituye al pleno en la toma de decisiones.

La norma prevista en el Reglamento de la Cámara de diputados difiere por mucho, o con la que ocurre en el Senado de la República, ya que en la colegisladora si se pueden presentar cuantos temas enliste cualquier senador.

En el Senado a diferencia de la Cámara de Diputados, es la asamblea la que determina con una mayoría calificada, cuáles asuntos deberán ser considerados como de obvia o urgente resolución.

Esta cámara debería procurar que se mantenga la naturaleza jurídica y política del apartado de asuntos que deban ser discutidos y aprobados de inmediato por la Cámara.

Los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano creemos que es de suma importancia que se rescate la esencia de debate que esta Cámara ha perdido, consecuencia de la aplicación de un marco normativo restrictivo que no permite ir más allá de lo que la burocracia parlamentaria señale.

Por esta razón y en virtud que el pleno es el máximo órgano deliberativo, incluso por encima de los acuerdos que establezca la Junta de Coordinación Política, se plantea la necesidad de romper con la rigidez burocrática en la integración y contenido del orden del día, para que las recomendaciones de la Junta no se conviertan en una práctica totalitaria y sea el pleno quien decida que asuntos requieran su inmediata atención.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los párrafos I y II, del artículo 59 del Reglamento de la Cámara de Diputados para quedar como sigue:

Capítulo IIIDel Orden del Día

Sección PrimeraIntegración y Contenido

Artículo 59.

1. La Mesa Directiva formulará e integrará el proyecto del orden del día de las sesiones que dará a conocer al pleno con proyectos-de la Junta de Coordinación Política, a los que se refiere el inciso b) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso, los dictámenes y resoluciones que le turnen las comisiones, así como los asuntos que reciba de la Cámara de Senadores, los otros dos Poderes de la Unión, los Poderes de los Estados, las autoridades locales del Distrito Federal, los municipios y los organismos públicos o en su caso, de los particulares.

2. Integrado el orden del día, la Mesa Directiva, señalará los nombres de los diputados o diputadas que intervendrán en tribuna.

3. (...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Véase Kelsen, Hans, Esencia y valor de la democracia, México, Colofón, 1977, p. 50.

2 Muro Garita, La función Legislativa, Senado de la República LXII Legislatura, edición Mesa Directiva, México 2012.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de diciembre de 2012.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la propia Cámara de Diputados, para dictamen.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz doña Gabriela Cuevas Barron, del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos de América, ante los acontecimientos suscitados el viernes 14 de diciembre, en la población de Newtown, en Connecticut.

La senadora Gabriela Cuevas Barron: Muchas gracias, compañeras y compañeros. El pasado 14 de diciembre, en el poblado de Newtown, Connecticut, en los Estados Unidos de América, de acuerdo con la información que se cuenta a la fecha, un joven que ante la opinión pública ha sido identificado por las autoridades correspondientes con el nombre de Adam Lanza, de solo 20 años de edad, presuntamente tras matar a su madre ingresó a la escuela Sandy Hook, armado con dos pistolas y un rifle de asalto semiautomático, para disparar en contra de alumnos y maestras que intentaron detenerlo.

La muerte de 12 niñas, 8 niños, 7 mujeres, incluyendo a la madre del agresor, fue el saldo de lo ocurrido en esa población norteamericana.

Es difícil expresar cualquier manifestación de duelo ante tan sentidos acontecimientos; sin embargo, el Senado mexicano se solidariza con el pueblo norteamericano y con el gobierno del presidente Barack Obama y envía sus más profundas condolencias a las familias de las víctimas del artero crimen cometido en contra de lo más sensible que tiene una sociedad, que son sus niños y sus niñas.

Las razones del presunto homicida no se conocen, al menos no son del dominio público; sin embargo, la pregunta natural que surge en cualquier persona es, ¿qué hacía un joven de 20 años de edad con este tipo de armamento? ¿Cómo tuvo acceso a él? ¿Nadie se dio cuenta que lo tenía hasta que lo usó contra seres humanos indefensos e inocentes?

De acuerdo con el National Center for Injury Prevention and Control (Centro Nacional para Prevenir y Controlar las Lesiones), dice que unos 3 mil niños y niñas mueren anualmente en Estados Unidos de América por heridas provocadas por arma de fuego, y si lo vemos desde el punto de vista económico, los datos también son alarmantes; la violencia generada por las armas de fuego provoca cada año 100 mil millones de dólares en pérdidas para aquel país.

Desde esta soberanía, es preciso invitar al pueblo y a los órganos legislativos de la vecina nación norteamericana a reflexionar —como seguramente ya lo estarán haciendo— en la aparente facilidad con la que casi cualquier joven puede acceder a este tipo de armas.

Manifestar la preocupación de la Cámara de Senadores y de la Comisión Permanente por la falta de políticas más precisas para controlar el comercio de armas en territorio estadounidense. Nuestra preocupación es legítima, debido a que las armas utilizadas por el crimen organizado en este lado de la frontera, utilizadas para acabar con la vida de miles de vidas humanas, son adquiridas de forma legal e ilegal con proveedores norteamericanos.

De acuerdo con Colby Goodman —especialista en política pública internacional— y el periodista Michel Marizco, en una investigación para descubrir el origen de las armas usadas por el crimen organizado en México, la mayor parte de las armas capturadas por las autoridades mexicanas, en los últimos tres años, fue comprada en Estados Unidos de América y se trata de armas pesadas.

El mismo estudio afirma que de las 75 mil armas confiscadas en ese periodo, aproximadamente el 80 por ciento; es decir, 60 mil armas de fuego, llegaron de Estados Unidos de América.

Por todo ello, ratificamos nuestra solidaridad y acuerdo con el presidente Barack Obama, cuando expresa que no podemos tolerar más esto; cuando dice que estas tragedias deben terminar y que para que terminen tenemos que cambiar.

Es cierto que un problema que urge atacar es la facilidad para acceder a las armas, pero otro más importante es aceptar que los valores familiares y sociales son cada vez más laxos y permisivos.

En ambos temas debemos manifestar nuestra profunda consternación, pero sobre todo nuestra disposición para construir sociedades más justas, respetuosas del estado de derecho, de la vida humana y garantes del bien común.

Por lo anterior es que propongo a esta soberanía que expresemos nuestro beneplácito por las declaraciones del presidente Barack Obama, en el sentido de usar el poder de su cargo para hacer todo lo que sea posible para prevenir cualquier otro hecho similar.

Los mexicanos esperamos que una regulación más estricta sobre la venta de armas evite que ese tipo de incidentes se repita y que contribuya a detener la violencia, que debido al flujo de armas ha cobrado vidas en ambos lados de la frontera.

Dada la urgencia del propio tema, y toda vez que el mismo ha sido firmado por senadoras, senadores, diputados y diputadas, de distintos grupos parlamentarios, quisiera solicitar que sea considerado como un asunto de urgente resolución, por favor.

«Proposición con punto de acuerdo, por la que el Senado de la República se solidariza con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos de América ante los acontecimientos suscitados el viernes 14 de diciembre en Newtown, Connecticut, suscrito por la senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, senadora Gabriela Cuevas Barron, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 87, numeral 5, 109 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, así como en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual el Senado de la República se solidariza con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos de América ante los acontecimientos suscitados el viernes 14 de diciembre en la población de Newtown, estado de Connecticut, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El pasado 14 de diciembre, en el poblado de Newtown, Connecticut, ocurrió un hecho que conmocionó a la comunidad internacional. El joven Adam Lanza, de 20 años de edad, después de matar a su madre ingresó a la escuela Sandy Hook armado con dos pistolas y un rifle de asalto semiautomático, donde disparó en contra de alumnos y maestras que intentaron detenerlo.

La muerte de doce niñas, ocho niños y siete mujeres, incluyendo la madre del agresor, fue el saldo de lo ocurrido en esa población norteamericana.

Es difícil expresar cualquier manifestación de duelo ante tan sentidos acontecimientos; sin embargo, el Senado Mexicano se solidariza con el pueblo norteamericano y con el gobierno del Presidente Barack Obama, y envía sus más profundas condolencias a las familias de las víctimas del artero crimen cometido en contra de lo más sensible que tiene una sociedad, que son sus niños.

Conscientes de la gravedad de estos hechos, y firmes en la decisión de no cruzarnos de brazos ante la violencia que genera el comercio de armas, invitamos al pueblo y a los órganos legislativos de la vecina nación norteamericana a reflexionar, como ya lo deben estar haciendo, sobre la presunta facilidad con la que casi cualquier joven puede acceder a ese tipo de armas. Externamos nuevamente nuestra preocupación por la falta de políticas precisas que permitan un control efectivo sobre el comercio de armas de fuego en territorio estadounidense y, en consecuencia, que eviten sucesos indignantes que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos.

Nuestra preocupación es legítima, debido a que las armas que se comercializan en los Estados Unidos son adquiridas por el crimen organizado para seguir cometiendo crímenes arteros en nuestro país y segar la vida de miles de personas. De acuerdo con la investigación, titulada U.S. Firearms Trafficking to México: New Data and Insights Illuminate Key Trends and Challenges (“Tráfico de armas de Estados Unidos hacia México: nuevos datos y análisis aclaran las principales tendencias y desafíos”), la mayor parte de las armas capturadas por las autoridades mexicanas en los últimos tres años fue comprada en Estados Unidos. “En mayo de 2010, el gobierno mexicano declaró que, de las 75 mil armas confiscadas en ese periodo, aproximadamente 80%, es decir 60 mil armas de fuego, llegaron del país vecino”, afirma el estudio.

Por todo ello, ratificamos nuestra solidaridad y acuerdo con el presidente Barack Obama, cuando expresa que “no podemos tolerar más esto. Estas tragedias deben terminar. y para que terminen tenemos que cambiar”.

Es cierto que un problema que urge atacar es la facilidad para acceder a las armas. Pero otro, el más importante, es aceptar que los valores familiares y sociales son cada vez más laxos y permisivos.

En ambos temas, el Senado mexicano debe manifestar su profunda consternación, pero sobretodo, su disposición para construir sociedades más justas, respetuosas del Estado de Derecho y de la vida humana, sociedades que sean verdaderos garantes del Bien Común.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado mexicano se solidariza con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos de América ante los acontecimientos suscitados el pasado viernes 14 de diciembre de 2012 en la población norteamericana de Newtown, Estado de Connecticut, y expresa sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas de estos condenables crímenes.

Segundo. El Senado mexicano expresa su beneplácito por las declaraciones del Presidente Barack Obama, en el sentido de usar el poder de su cargo para hacer todo lo que sea posible para prevenir cualquier o.tro hecho similar. Los mexicanos esperamos que una regulación más estricta sobre la venta de armas evite que este tipo de incidentes se repita y que también contribuya a detener la violencia que, debido al flujo de armas, ha cobrado vidas humanas en ambos lados de la frontera.

Nota:

1 De acuerdo con el National Center for Injury Prevention and Control (Centro Nacional para Prevenir y Controlar las Lesiones), cerca de tres mil niños y niñas mueren anualmente en los Estados Unidos por heridas provocadas por armas de fuego.

Ciudad de México, a 27 de diciembre de 2012.— Legisladores: Gabriela Cuevas Barron, Iván Francisco Cáceres de la Fuente, Carlos García González, José María Martínez, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Mariana Gómez del Campo, Francisco Domínguez S., Juan Carlos Romero Hernández, Mariana Dunyaska García Rojas, Fernando Rodríguez Doval, Manuel Añorve Baños, Arturo Zamora Jiménez, Copta Jiménez, Emilio F., Ana Lilia Herrera, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Dolores Padierna (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Así se le preguntará al pleno. Pregunte en términos del viejo y nonagenario Reglamento, al amparo del cual funcionan estos procederes, si es que la asamblea obsequia la urgente u obvia resolución.

El Secretario senador Miguel Romo Medina:En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está a la consideración. Don Ricardo Mejía ha pedido el uso de la voz en pro.

Está Presidencia les recuerda que —al amparo del viejo Reglamento— solo son dos en un mismo sentido y que en caso de haber más solicitudes esta Presidencia preguntará a la asamblea, para el obsequio de la misma.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Como aquí se ha comentado, el pasado 14 de diciembre, 27 personas fueron asesinadas en la escuela de Newtown, en el vecino país, y de estos, 20 niños. Esta tragedia es verdaderamente lamentable, dantesca, es una tragedia que realmente ha conmocionado a todo el mundo.

Sin embargo, no podemos olvidar que apenas cinco meses antes, en Aurora, Colorado, en un cine, 12 personas fueron también asesinadas, en el inicio de una película muy conocida.

Así podemos irnos remontando, y es un caso periódico en los Estados Unidos de América que se cometa este tipo de infamias, este tipo de tragedias, y siempre el argumento es que son producto de algún loco, algún desadaptado; se hacen biografías de todos los antecedentes, estudios clínicos y no pasa de ahí.

Nosotros estamos en pro del punto de acuerdo que propone la senadora Cuevas; sin embargo, no podemos dejar de hacer algunas reflexiones, porque lo que acontece en el país vecino, con este tráfico desmedido de armas, que a veces es más fácil adquirir un arma de grueso calibre, letal, que solo sirve para matar personas y no para el deporte de la cacería, es más fácil adquirirla, que una medicina sin receta médica.

Es decir, se ha llegado a este nivel de insensatez, a este nivel de proliferación de armas, y es que detrás de ello hay toda una industria armamentista, hay todo un grupo poderoso de cabilderos, de asociaciones y por eso vemos como hay armas regadas, de tal suerte que cada uno de los habitantes de aquel poderoso país tiene cuando menos en promedio un arma, según las estadísticas. Pero aquí lo grave no solo es lo que pasa en el vecino país y que nos duele, porque somos parte de una comunidad mundial, sino lo grave es que este tráfico de armas también invade a nuestro país y aquí cabe recordar esta operación, que todavía está por dilucidarse completamente, como es la operación de Rápido y furioso.

Por eso nosotros, aparte de solidarizarnos con el punto de acuerdo, no podemos dejar de llamar la atención que mientras siga habiendo este tráfico de armas, mientras se siga invadiendo a nuestro país con esta liberalidad que hay en las fronteras para que pasen y pasen miles y cientos de miles de armas, el combate al crimen organizado será simplemente un sueño o un ideal.

Por eso nosotros no podemos, como grupo parlamentario en esta Legislatura, dejar pasar esta oportunidad para hacer esta reflexión para que verdaderamente haya una lucha frontal contra esta industria armamentista.

Ya en una columna el prestigiado periodista Jorge Ramos, se dolía de lo que pasaba y era muy escéptico en que pudiera haber un cambio; hacía una reflexión de los intereses creados que hay y traía a colación una reflexión de un representante de aquel país, que decía que si aprobaban una reforma de esta envergadura, seguramente ninguno de los que la aprobara volvería a ser titular en la próxima Legislatura, y todos sabemos que hay reelección indefinida.

Por eso la reflexión de este comunicador iba en el sentido de que difícilmente se tocaría a esta industria tan pesada en términos económicos y en términos políticos; por eso tenemos —desde ésta tribuna, desde el Congreso mexicano— que solidarizarnos con el presidente de aquel país, pero al mismo tiempo hacer la crítica de que esta liberalidad, esta industria armamentística está, no solamente destrozando los cimientos de la sociedad norteamericana, sino que está totalmente derruyendo a nuestro país.

Ya basta de simple y sencillamente hacer llamados; basta ya de que la lucha contra el narcotráfico simplemente signifique muerte y desolación en el país. Si no paramos el tráfico de armas, no vamos a lograr triunfar en esta batalla.

Por eso aprovechamos este punto de acuerdo para hacer esta reflexión y desde luego que nuestro voto va a ser a favor del punto de acuerdo. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Doña Ana Lilia Herrera Anzaldo, del PRI, tiene el uso de la voz en pro, y en términos de lo nonagenario cerramos la lista de oradores.

La senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el 14 de diciembre, sin duda alguna será recordada por el mundo entero como una fecha triste y llena de dolor.

Tras darse a conocer este trágico suceso, líderes mundiales expresaron su dolor y solidaridad a quienes sobrevivieron al ataque, a los familiares de las víctimas y, desde luego, al gobierno del presidente Barack Obama.

Sentimientos que en este momento —a nombre del Grupo Parlamentario del PRI— hacemos propios y dirigimos al pueblo de los Estados Unidos de América, nación con la que nos unen intensos lazos de todo tipo y a la que manifestamos nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles.

No es éste —y hay que llamar la atención al respecto— el primer hecho de esta naturaleza que se presenta en aquella nación, a lo largo de los últimos años han ocurrido sucesos similares y los resultados lamentablemente también han sido dramáticos.

Estamos seguros de que la sociedad norteamericana encontrará la manera de evitar que tragedias como ésta vuelvan a suscitarse. Una vez más se demuestra que hechos como el ocurrido sirven también para que las personas saquen lo mejor de sí mismas.

Gracias a los relatos de los sobrevivientes nos hemos enterado de la forma en que algunas maestras de la escuela atacada se enfrentaron al atacante y pagaron con su vida el precio de proteger a sus alumnos. Para ellas y para sus seres queridos, también nuestra admiración y nuestro respeto.

Como consecuencia de la tragedia, evidentemente se ha intensificado el debate sobre el control de armas en la nación vecina. Hacemos votos porque los representantes populares del pueblo norteamericano encuentren fórmulas que permitan coexistir las prerrogativas consagradas en su Constitución, con el derecho de las personas a vivir en un ambiente de paz y en un ambiente desde luego de seguridad.

Un buen indicio sobre lo anterior ha sido la preocupación expresada por el presidente Obama, para encontrar formas que permitan evitar la compra masiva de armas en su país, así como el programa de despistolización iniciado ayer por el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, programa que por cierto, en México, en varias ciudades, en varios estados se ha llevado también a cabo.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI queremos sumarnos a la propuesta que hizo la senadora Gabriela Cuevas, no solo en solidaridad con nuestros vecinos de Estados Unidos de América, diría también con un llamado de atención a la sociedad y a las autoridades mexicanas.

El incremento de la violencia está generalmente relacionado con el uso de armas. Lo ocurrido a mediados de diciembre en nuestro vecino país del norte debe ser un llamado de atención generalizado para lograr un control efectivo en el comercio de armas y su uso también en nuestro país.

Prevenir para no lamentar sucesos, como las balas perdidas que en este país también ya han cobrado vidas. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueba.

El Secretario senador Miguel Romo Medina:En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahora sí, a ver si se aprueba.

El Secretario senador Miguel Romo Medina:En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquense.

EMA ELENA VALDELAMAR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, a propuesta de doña Dolores Padierna, esta Presidencia hace una evocación de doña Ema Elena Valdelamar, que fue una compositora muy apreciable, autora de grandes éxitos, que fueron cantados y popularizados por los artistas más apreciados de este país; las expresiones culturales, finalmente las populares, recogen la voz del pueblo, diciéndolo inclusive laicamente: la voz del pueblo, que finalmente es la voz de Dios.

Esta mujer apreciable dejó este mundo terrenal y hoy en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la sede de la representación popular de este México nuestro, la recordamos con afecto, con cariño y con consideración. Descanse en paz.

Aquí están sus familiares y a ellos les mandamos un abrazo solidario y cariñoso. Muchas gracias por venir aquí.

ESTADO DE QUINTANA ROO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra don Trinidad Secundino Morales Vargas, del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo relacionado con el megaproyecto comercial y de vivienda de origen chino, denominado Dragon Mart, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, suscrito por la diputada Graciela Saldaña Fraire y por el propio don Trinidad Secundino.

El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas:Gracias, compañero presidente, con su permiso y con el permiso de esta honorable asamblea. A nombre de la diputada Graciela Saldaña Fraire y el mío propio, agradezco las firmas de diputadas y diputados de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Verde Ecologista, también las inscripciones de Movimiento Ciudadano y del PT, y en especial a todos nuestros compañeros del Grupo Parlamentario del PRD.

También agradecemos la participación intensa que ha tenido el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, diversos empresarios de Cancún y los medios de comunicación, por hacer de este problema tan conocido ya en el país y por supuesto, también controvertido.

La primera pregunta que nos aparece es, ¿por qué se están permitiendo, por qué se le está dando un cierto realce a la construcción de este Dragon Mart, en Cancún?

Si no va a generar un solo empleo, si la inversión que se va a desarrollar es meramente comercial y por lo tanto, es una inversión que sería solo en beneficio de extranjeros, con impactos ambientales, que en verdad todos los ecologistas, no solo de la península, sino del país, se han manifestado en contra, porque además está en un área protegida, porque a final de cuentas, como en muchos casos de concesiones que se han hecho a las minas, solo lo que van a generar va a ser un gran deterioro ambiental, sin ningún empleo, sin ningún beneficio para el país, y la pregunta entonces que se hace es, ¿por qué se está permitiendo que este mega centro comercial se pueda instalar en nuestro precioso Cancún?

Sería un tanto ocioso, porque incluso, en cuestiones que han hecho enclave, que han hecho pie de playa en nuestro país, como fueron las maquiladoras en los años sesenta y setenta, en la frontera norte del país, se exigieron muchas mejores condiciones. No podían, por ejemplo, tener o traer los trabajadores de base. Tenían muchas restricciones para empleados de confianza.

Aquí no, aquí hasta se van a hacer construcciones; está un plan de vivienda, en dos etapas, donde van a traer a todos los extranjeros, en este caso chinos, para que habiten y operen el centro comercial.

Entonces, no sé por qué aquí no se ponen restricciones de ningún tipo ni de carácter ambiental y las licitaciones siguen su curso. Afortunadamente con una denodada negativa del presidente municipal, porque efectivamente no le traerá beneficio ni a Cancún, ni a los mexicanos, ni al turismo.

Además, todos conocemos las prácticas comerciales que han venido desarrollando estos extranjeros, que hoy se pretenden poner en el país; unas prácticas comerciales que ponen en desventaja a cualquier empresario mexicano, comenzando por el uso de los empleos de la mano de obra, donde es sumamente barata y entonces les permite tener precios, por demás, por debajo del mercado nacional y con ello el deterioro de todas las cadenas productivas que se han venido creando en el mismo puerto, porque hoy es el principal destino turístico del país, y se han creado alrededor de este turismo un conjunto de cadenas productivas y comerciales, que a quien a final de cuentas van a afectar, con una práctica desleal comercial, los van a afectar enormemente, porque no podrían nuestros empresarios mexicanos, cumpliendo con las normas, no podrían competir con esta situación comercial que hoy tienen los chinos.

Por todo este conjunto de prácticas, de problemas que nos generaría, los conmino a enviar desde esta soberanía una manifestación de apoyo, con su voto favorable, a aquellos inversionistas que sí cumplen con la ley, y hacia aquellos empresarios que sin coludirse con la autoridad compiten lealmente y generan con mucho esfuerzo empleos en Quintana Roo y en todo el país.

Con su voto favorable estamos también enviando un mensaje de apoyo y solidaridad a aquellos ciudadanos de Cancún y de Quintana Roo, que luchan por conservar los recursos naturales de su región.

Por tanto y por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición de punto de acuerdo:

Primero. Exhortamos respetuosamente al ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, a no expedir el permiso de construcción del proyecto Construcción y Operación del Centro Comercial Dragon Mart Cancún y Obras Asociadas, hasta que el mismo cumpla fehacientemente con las disposiciones establecidas en el Programa de Ordenamiento Ecológico local del municipio de Benito Juárez.

Segundo. Exhortamos respetuosamente al gobierno del estado de Quintana Roo para considerar promover juicio de lesividad para revertir las irregularidades del resolutivo de autorización en materia de impacto ambiental del proyecto Construcción y Operación del Centro Comercial Dragon Mart Cancún y Obras Asociadas.

Tercero. Exhortamos respetuosamente al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a no procesar solicitud alguna respecto al cambio de uso de suelo y evaluación de impacto ambiental relacionados con el proyecto Construcción y Operación del Centro Comercial Dragon Mart Cancún y Obras Asociadas.

Planteo, compañero presidente, que pudiera ser incluido el texto en el Diario de los Debates y me reciba por favor las firmas de apoyo que ha tenido este punto de acuerdo. A la asamblea le solicito su apoyo para que pueda pasar como punto de urgente u obvia resolución. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, en relación con las autorizaciones para el proyecto denominado “Dragon Mart” en Cancún, Quintana Roo, así como el impacto social, económico y ambiental con la operación de éste, suscrito por los diputados Graciela Saldaña Fraire y Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, diputados Graciela Saldaña Fraire, Silvano Blanco de Aquino y Trinidad Morales Vargas, diputados federales integrantes de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo considerada como de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes hechos y consideraciones:

1.Que la ciudad de Cancún, Quintana Roo es uno de los mayores polos de atracción del turismo internacional hacia nuestro país y también es una de las mayores fuentes de entrada de divisas e ingresos por servicios turísticos.

2.Que alrededor de la industria turística de Cancún se ha configurado toda una cadena productiva y comercial para proveer insumos y productos finales que demanda la actividad turística, misma que se constituye en la fuente de empleo de cientos de miles trabajadores mexicanos y el sustento de un vasto número de empresas grandes, medianas y pequeñas que compiten con lealtad de acuerdo a las condiciones del mercado y la competencia económica cumpliendo con las Leyes y Normas mexicanas.

3.Que esos cientos de miles de empleos así como la existencia de estas empresas estarían amenazados por la operación de un Clústercomercial de capital 100% chino denominado “Dragón Mart Cancún”, el cual pretende establecerse en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en unasuperficie total de 561.37 hectáreas con el propósito de establecer naves para el almacenamiento de insumos y productos de manufactura de origen chino; instalaciones industriales para el procesamiento final de productos; un mega centro comercial para la venta de los mismos así como la urbanización y edificación de por lo menos 722 viviendas que albergarían a un conjunto de 5 mil trabajadores de nacionalidad china que trabajarían en dichas instalaciones.

4.Que la operación de este Clúster bajo las condiciones anteriormente descritas implicaría prácticas de dumping y comercio desleal operadas en una especie de ínsula china dentro de territorio mexicano, sin el empleo de mano de obra mexicana y sí con el empleo de trabajadores chinos bajo condiciones laborales y salariales chinas, en franca violación a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Inversión Extranjera y la Ley de Comercio Exterior.

5.Que para ocultar esa ilegal forma de operar el futuro comercio, los inversionistas chinos y presentaron parte del proyecto Dragón Mart Cancún como “Desarrollo Turístico” para además de obtener el equipamiento y desarrollo urbano a costa de la inversión de los gobiernos federal, estatal y municipal, lograr la entrada de ciudadanos chinos como turistas que en realidad serán los encargados de operar y laborar al interior del Clúster.

6. Que aun considerándolo como un simple desarrollo turístico el proyecto Dragón Mart implica severas violaciones la normatividad local y federal en materia ambiental y de desarrollo urbano en por lo menos los siguientes aspectos:

I. El área máxima de desmonte permitida por el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (vigente desde el año de 2005) del municipio de Benito Juárez, permitiría como límite 135.2 hectáreas como superficie factible ocupar para las obras del proyecto en las Unidades de Gestión Ambiental números 26 y 27, siendo insuficientes para desarrollar el centro comercial, las viviendas, bodegas y áreas verdes que de conformidad en lo originalmente declarado el Manifiesto de Impacto Ambiental representan 153.95 hectáreasEsto significa que la superficie que pretende aprovecharse rebasa la permitida por el Programa de Ordenamiento Ecológico Local.

II. El proyecto “Dragón Mart” solo guardaría congruencia con los criterios del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Benito Juárez, respetando el condicionamiento a edificar instalaciones de uso comercial en la Unidad de Gestión Ambiental número 27, sin embargo, la vivienda que pretende desa-rrollarse no es viable en la Unidad de Gestión Ambiental número 26 ya que en ella únicamente se permite la edificación de vivienda asociada a actividades agropecuarias.

III. En fecha 6 de septiembre de 2012, el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental de Quintana Roo emitió el oficio número INIRAQROO/DG/DIA/156/2012, por el que resuelve autorizar de manera condicionada la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto denominado “construcción y operación del centro comercial Dragón Mart Cancún y obras asociadas”, ubicado en la Supermanzana 50, Manzana 01, Lote 22-09, flexión izquierda del Kilómetro 333+000 de la carretera federal 307, Chetumal-Cancún autorizando el desarrollo de 722 viviendas en la Unidad de Gestión Ambiental 26, pese a la prohibición expresa en sentido contario establecida en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local.

IV. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en sus Artículos 12 Fracciones XXIII, XXVIII, XXIX; Artículo 16 Fracciones I, VIII y XXII, considera que son atribuciones de la de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Materia Forestal: “expedir, las autorizaciones de cambio de uso del suelo de los terrenos forestales, así como controlar y vigilar el uso del suelo forestal”. Dragón Mart no cuenta con el cambio de uso de suelo forestal en la totalidad del predio donde se desarrollará el proyecto.

V. A la fecha el proyecto “Dragón Mart” no cuenta con los permisos de construcción lo que implicaría realización de actividades de Chapeo y Desmonte mismas que ya se han llevado a cabo. Cabe recordar que el predio se encuentra ubicado en un área de protección de especies endémicas y nativas de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010.

VI. La Manifestación de Impacto Ambiental y su autorización condicionada omitió evaluar los impactos por el manejo de lodos y descargas de plantas de tratamiento de aguas, por el vertido de sodio de la planta desaladora a cuerpos de agua y la construcción de vialidades.

7.Que la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Quintana Roo, en sus Artículos 21, 22 y 23, considera la figura de juicio de lesividad, como el mecanismo para revertir resoluciones que hubieran sido emitidas sin apego al cumplimiento de la normatividad.

(Acompañan a la presentación de esta proposición con punto de acuerdo, además de las firmas de diputados y diputadas del Grupo Parlamentario del PRD, las firmas de 4 firmas de diputados del Grupo Parlamentario del PRI, 15 firmas de diputados y diputadas del Grupo Parlamentario del PAN, 4 firmas de diputadas del Grupo Parlamentario del PVEM, 4 firmas de diputados del Grupo Parlamentario del PT y 3 firmas de diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano).

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades exhorta respetuosamente al honorable ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo a no expedir el permiso de construcción del Proyecto “construcción y operación del centro comercial Dragón Mart Cancún y obras asociadas” hasta que el mismo cumpla fehacientemente con las disposiciones establecidas en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Benito Juárez.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades exhorta respetuosamente al gobierno del Estado de Quintana Roo, para considerar promover juicio de lesividad para revertir las irregularidades del resolutivo de autorización en materia de impacto ambiental, mediante oficio INIRAQROO/DG/ DIA/156/2012, del proyecto “construcción y operación del centro comercial Dragón Mart Cancún y obras asociadas”.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades exhorta respetuosamente al titular la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a no procesar solicitud alguna respecto al cambio de uso de suelo y evaluación de impacto ambiental relacionadas con el proyecto “construcción y operación del centro comercial Dragón Mart Cancún y obras asociadas ”.

Cuarto. La LXII Legislaturade laCámara de Diputados con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades exhorta respetuosamente al titular la Secretaría de Economía a emprender una investigación respecto al impacto económico en los factores de la producción así como las violaciones a la Ley de Comercio Exterior y Ley de Inversión Extranjera relacionados con el proyecto “construcción y operación del centro comercial Dragón Mart Cancún y obras asociadas ”.

Quinto. El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión instruye a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente a formar una Subcomisión que emprenda una investigación respecto al impacto económico en los factores de la producción así como las violaciones a la Ley de Comercio Exterior y Ley de Inversión Extranjera relacionados con el proyecto “construcción y operación del centro comercial Dragón Mart Cancún y obras asociadas ”.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de diciembre de 2012.— Diputados: Trinidad Morales Vargas, Claudia Elena Águila Torres, Carol Antonio Altamirano, Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, Teresita de Jesús Borges Pasos, José Valentín Maldonado Salgado,  Alliet Mariana Bautista Bravo, Juana Bonilla Jaime, Aleida Alavez Ruiz, Joaquina Navarrete Contreras, Israel Moreno Rivera, José Antonio León Mendívil, Roxana Luna Porquillo, Alejandro Carbajal González, María del Socorro Ceseñas Chapa, Yesenia Nolasco Ramírez, Mario Alejandro Cuevas Mena, Rodrigo González Barrios, Juan Manuel Fócil Pérez, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Martha Berenice Álvarez Tovar, Leticia López Landero, Juan Jesús Aquino Calvo, Arturo de la Rosa Escalante, Víctor Rafael  González Manríquez, Margarita Licea González, María Teresa Jiménez Esquivel, Humberto Armando Prieto Herrera, Sergio Augusto Chan Lugo, María Guadalupe Mondragón González, Martha Leticia Sosa Govea, Tania Margarita Morgan Navarrete, Silvano Aureoles Conejo, Amalia Dolores García Medina, Crystal Tovar Aragón, Miguel Agustín Alonso Raya, Verónica Beatriz Juárez Piña, Víctor Manuel Bautista López, Josefina Salinas Pérez, Gerardo Gaudiano Rovirosa, Víctor Reymundo Nájera Medina, Fernando Belaunzarán Méndez, Víctor Manuel Manríquez González, Roberto Carlos Reyes Gámiz, Angélica Rocío Melchor Vásquez, Ángel Cedillo Hernández, Tomás Torres Mercado, Lourdes Adriana López Moreno, Silvano Blanco Deaquino, Armando Contreras Ceballos, Alberto Anaya Gutiérrez, José Luis Muñoz Soria, Héctor Hugo Roblero Gordillo, Luis Manuel Arias Pallares, Máximo Othón Zayas, Felipe de Jesús Almaguer Torres, Consuelo Argüelles Loya, Carlos Fernando Angulo Parra, Juan Carlos Uribe Padilla, Esther Quintana Salinas, Korina Labastida Sotelo, Juan Bueno Torio, José Alfredo Botello Montes, Raquel Jiménez Cerrillo, José Rubén Escajeda Jiménez, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Alma Marina Vitela Rodríguez, Jhonatan Jardines Fraire, Ricardo Monreal Ávila, Luisa María Alcalde Luján, Francisco Alfonso Durazo Montaño, Merilyn Gómez Pozos, María Fernanda Romero Lozano, Ramón Montalvo Hernández, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, María Isabel Ortiz Mantilla, Rubén Camarillo Ortega, María Celia Urciel Castañeda, Marcos Aguilar Vega, Ernesto Alfonso Robledo Leal, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Mario Sánchez Ruiz, Luis Alberto Villarreal García, David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro. Se pide a la Secretaría recabar las firmas de apoyo que el señor diputado hace llegar a esta Mesa Directiva.

En términos del 59, pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución y se somete a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Comisión de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Presidente, le solicitaría que se repita la votación.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Vamos a repetir la votación. Esta Presidencia les recuerda que son dos terceras partes.

Para que a todo mundo le quede claro, vamos a utilizar ponerse de pie en cada uno de los dos sentidos, más que levantar la mano. Se está votando la urgente u obvia resolución. Si se considera de urgente resolución es lo que sometería a la consideración de la asamblea en este momento. Por favor repita la votación.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Comisión de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está a consideración del pleno. Tiene el uso de la voz doña Judith Guerrero, en contra. Luego viene don Juan Carlos Romero Hicks, en pro, y Silvano Blanco Deaquino, en pro.

¿Doña Judit no viene? Luego entonces, don Juan Carlos Romero Hicks, en pro de la propuesta que presentó don Trinidad Secundino.

El senador Juan Carlos Romero Hicks:Distinguidos legisladores, la posición del Grupo Parlamentario de Acción Nacional es a favor del estado de derecho; hoy vivimos un mundo que tiene, entre otras, tres constantes: la competencia, la incertidumbre y el cambio.

Si bien es muy importante promover la atracción de inversiones, el desarrollo sustentable tiene que tener un equilibrio de tres variables, primero la económica, segundo la social, y tercero la correspondiente al medio ambiente.

Esta preocupación manifestada por los promoventes basta para que nosotros tengamos solidaridad y hacer un exhorto para verificar; primero, si se han cumplido los requisitos de permisos de uso de suelo y los permisos de carácter municipal; segundo, si la autoridad estatal también ha hecho lo propio, y tercero, para que la autoridad federal, particularmente a partir de la Secretaría de Economía, vea las prácticas comerciales y haga las verificaciones correspondientes, así como también el Instituto Nacional de Migración, en lo que competería posteriormente —en su caso— al asunto del estatus migratorio de todos los trabajadores.

Este caso puede verse en un contexto de cualquier otra inversión, no es solamente el caso en particular. Nuestra opinión es que la verificación debe hacerse en todos los casos. Cuentas claras, amistades largas. Es todo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, pues muy bien. Ahora, don Silvano Blanco Deaquino, también en pro.

El diputado Silvano Blanco Deaquino:Con su permiso, señor presidente. Con el permiso de las senadoras, senadores, diputadas y diputados. En este sentido, queremos decir nosotros, con mucha puntualidad, que es muy recurrente en los estados de la República el hecho que por una serie de situaciones totalmente irregulares se permita que proyectos de este tipo inicien sin tener los permisos correspondientes.

Comentarles que no estamos, por supuesto, en contra de la inversión extranjera, pero sí estamos en contra de las situaciones irregulares que se presentan de manera cotidiana en distintos estados de la República y de manera muy concreta, ahí en Quintana Roo.

Este gobernador Roberto Borge Marín, se ha preocupado más por tratar de aplastar políticamente a quienes no coinciden con él, y de manera concreta referirme ahí a quien fue electa alcaldesa de Tulúm, a quien la hizo renunciar, presionándola para que firmara algún documento y quien sin haber concluido su juicio de procedencia en el Congreso del estado, pues la mandó detener y la tiene en la cárcel.

Es decir, este gobernador, y no es el único caso, está también agrediendo a otras alcaldesas y otros alcaldes en Quintana Roo, simple y sencillamente porque no comulgan con sus ideas políticas y porque tiene una idea errónea de cómo se debe gobernar un estado. Pero debería estarse preocupando, precisamente, por lo negativo que puede tener una inversión de este tipo para el impacto ambiental de su estado, Quintana Roo.

Les comento esto, porque Semarnat, en fecha 19 de diciembre del 2012, contesta de manera oficial que esta dependencia federal no ha otorgado ningún permiso para este proyecto en el estado de Quintana Roo, y refiere que el único permiso que existe es otorgado por el gobierno del estado.

Es decir, es algo totalmente irregular que una empresa empiece a devastar, empiece a impactar negativamente el medio ambiente en Quintana Roo, que ya de por sí se duele durante muchos años que se ha impactado el medio ambiente, los manglares y todo eso, y bueno, sin tener los permisos correspondientes a nivel municipal y a nivel federal, solamente con el aval del gobierno del estado, esté devastando este proyecto esa zona en el municipio de Benito Juárez.

Por tanto, aquí hacemos una invitación para que se mantenga el estado de derecho, para que este proyecto se pare de manera inmediata, hasta que no tenga todos los permisos correspondientes.

Ésa sería la invitación que haríamos nosotros y estoy convencido de que todas y todos estamos con el ánimo, efectivamente, que se respete el estado de derecho en nuestro país y que vamos a votar a favor en este sentido.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, don Silvano. Doña Judit Guerrero, del Partido Verde Ecologista, va a presentar una propuesta, y esta Presidencia le da el uso de la voz; es por ello que no anuncio si es en pro o en contra. Va a presentar una propuesta.

La diputada Judit Magdalena Guerrero López:Efectivamente, señor presidente. Con su venia, señoras y señores legisladores, el Partido Verde será el primero en señalar aquellas violaciones en materia ambiental que pudieran realizarse en el territorio nacional.

Para no prejuzgar, para no fincar en este momento un tema tan determinante, sin la información correspondiente, le solicitamos atentamente que se restituyan los resolutivos por un único y que para ello se turne a la Tercera Comisión de esta honorable Comisión Permanente, creando un grupo que analice la viabilidad del proyecto. Ésa es nuestra propuesta puntual, señor presidente, que le rogamos ponga a consideración.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia tiene la obligación de someter a la consideración del pleno la propuesta de la diputada, que eventualmente puede permitir que la asamblea se pronuncie en su momento. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se turna a la Tercera Comisión.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: En votación económica se pregunta a la asamblea...

El senador Francisco Domínguez Servién (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Don Francisco Domínguez, ¿con qué objeto?

El senador Francisco Domínguez Servién(desde la curul): Por hechos.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Perdón? Por hechos. Pero estamos votando esto.

El senador Francisco Domínguez Servién (desde la curul): No había sometido todavía a votación.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Perdón? ¿Quiere usted hablar por hechos que se desprenden de la intervención de la diputada Judit? Tiene usted el uso de la voz.

El senador Francisco Domínguez Servién:Con su permiso, presidente. Más que esta soberanía pedirle al gobierno del estado y al gobierno municipal si tiene viabilidad este proyecto, como lo expone aquí nuestra compañera diputada, creo que más bien esta soberanía debe pedirle a las autoridades federales, estatales y municipales que nos expliquen si tienen los permisos que cualquier inversionista mexicano o extranjero deba tener y cumplir para generar cualquier inversión.

Me voy a referir al tipo comercial: tiene que tener un impacto ambiental, tiene que tener un cambio de uso de suelo para dicho centro comercial y tiene que tener un permiso de giro comercial para la creación de esta plaza.

Creo que mientras no nos den o nos informen más bien a esta soberanía si cumple con todos los permisos, si los cumple, habrá que ver quién se los otorgó y de qué forma se otorgaron, y si no los cumple, pues aunque los tuviera no puede hacer ninguna construcción.

Entonces, más bien que nos informen, presidente, para no meter a lo que este país necesita, inversión y empleo, siempre y cuando se salvaguarden los permisos que cualquier inversionista mexicano o extranjero pueda hacer en ese país y en este estado tan bello, que es Quintana Roo. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Así las cosas. Vamos a continuar con la votación que habíamos iniciado. Entonces, se ruega a la Secretaría que pregunte a la asamblea si se turna a la Tercera Comisión, como está pidiendo la diputada Judit Guerrero.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: En votación económica se pregunta a la asamblea si se turna a la Tercera Comisión de esta Permanente. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Tercera Comisión.

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:  Tiene el uso de la voz don Ricardo Mejía Berdeja, de MC, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública federal y estatales a garantizar que la educación que imparte el Estado sea gratuita y que no esté condicionada a pago de cuotas escolares.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañero presidente. El presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución que planteamos tiene por objeto fortalecer, mediante un exhorto a la Secretaría de Educación Pública federal y a las Secretarías de Educación Pública en los estados para que se acentúe el mandato constitucional de la gratuidad de la educación que imparte el Estado.

Nosotros hemos venido advirtiendo que a raíz de la reforma educativa, que se votó recientemente en ambas Cámaras del Congreso de la Unión y que fue turnada a los estados de la República para que las Legislaturas locales, como parte del Constituyente Permanente, tuviesen a bien aprobarlas o rechazarlas.

Nosotros hemos manifestado nuestro rechazo al artículo transitorio quinto, en su fracción III, en el inciso A, que nosotros consideramos que al hablar de autonomía de gestión, al hablar de compra de materiales, al hablar de mejorar infraestructura, involucrando para tal efecto a los padres de familia, pues no es otra cosa que abrir la puerta a las cuotas escolares; es decir, bajo este transitorio que nosotros denunciamos, que subrepticiamente en el cuerpo de la reforma ahí perdido estaba este transitorio, pero ustedes saben —y es conseja popular— que en los detalles se esconde el diablo. Nosotros advertimos de esto y sin embargo, fue aprobado en ambas Cámaras.

Nosotros creemos que hay un riesgo latente, no a que se deje de cobrar, porque esta práctica inconstitucional se ha venido generalizando en el país, pero al generar una vía constitucional, bien sea por un transitorio, pues este proceso se va a venir acelerando y va a entrar en contradicción con lo que establece el mismo artículo 3o. constitucional, en su fracción IV, que dice que toda educación que imparta el Estado deberá ser gratuita.

Nosotros vemos que ya es una práctica común que con el pretexto de materiales, mejorar infraestructura, hacer festejos del maestro o de diferente índole, se les pasa la charola a los padres de familia, se hace la coperacha —para decirlo en términos coloquiales— y esto implica una erogación para las  familias mexicanas que de por sí viven tiempos difíciles.

Aquí además, de manera totalmente ilegal, se les exhibe públicamente a los padres de familia o alumnos que no cubren e incluso se les niega el acceso a los salones de clases. Esta práctica se ha extendido y nosotros creemos que con este transitorio nada más vamos a estarla legalizando y por eso nosotros estuvimos en contra y estamos en contra.

Hemos denunciado también la contradicción de algunos actores políticos, que con la bandera de No a las cuotas escolares, hicieron campañas multimillonarias por todo el país, haciendo un llamado a que se pararan este pago de cuotas.

No es el interés ahorita polemizar, creo que ya ha habido un debate importante ahí con los compañeros del Partido Verde, para decirlo con franqueza. Pero lo que nos parece importante es que haya una exhortación de esta Comisión Permanente a estos órganos rectores de la educación pública en el país, para que se pare esta práctica ilegal de cobrar cuotas, haciendo nugatorio el derecho constitucional a la gratuidad de la educación.

Por esas razones, lo que estamos planteando, como punto de acuerdo, sería un punto de acuerdo único, que a la letra diría:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Educación Pública federal y estatales a garantizar que la educación que imparta el Estado sea gratuita y no esté condicionado al pago de cuotas escolares.

Hasta aquí cerraría el texto del punto de acuerdo. Nos parece que si hay voluntad política para consolidar el tema de la gratuidad, porque muchos decían en el debate que dónde veíamos el tema de las cuotas y nosotros sí vemos este riesgo grave.

Nosotros creemos que la Comisión Permanente hará una contribución para frenar esta práctica ilegal que se da en las escuelas de carácter público. Esto es, insisto, para las escuelas de carácter público. Las escuelas privadas tienen su propia normatividad, pero nos parece grave que se niegue a los educandos de educación por este tipo de cuotas.

Concluyo, presidente. Entiendo que la gratuidad de la educación no solamente es los maestros y las aulas, es toda la infraestructura; es decir, es facilitar la posibilidad de que efectivamente tengan acceso al conocimiento y que no tengan desventajas, porque hemos visto cómo en muchos lugares no hay condiciones para que los alumnos puedan recibir conocimientos; en los lugares calurosos, extremosos, evidentemente no hay ventilación y en los lugares fríos, en el norte del país particularmente, no hay calefacción.

Entonces, los mínimos necesarios con infraestructura y materiales, pero no a cargo de los padres de familia. Ésa es nuestra posición. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública federal y estatales a garantizar que la educación que imparte el Estado sea gratuita y no se condicione al pago de cuotas, suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La educación pública es un derecho fundamental de las y los mexicanos establecido en el artículo 3o. de nuestra Constitución Política, y es concebida como un medio para adquirir y transmitir conocimientos, y acrecentar la cultura, así como un proceso permanente que contribuye al desarrollo de las personas y a la transformación de la sociedad.

Para garantizar el derecho de todas las personas a recibir la educación, el Constituyente mexicano definió que la educación que imparta el Estado debe ser laica, gratuita, y obligatoria; la obligatoriedad de la educación considera el nivel básico que comprende la educación preescolar, primaria y secundaria, y también el nivel medio superior.

Si consideramos el nivel educativo que tienen los países desarrollados, podemos encontrar que sin duda la educación es el motor de desarrollo y crecimiento de una sociedad, y es por ello que la educación debería de adquirir un carácter estratégico para el futuro de nuestro país.

Sin embargo, la educación en México, después de alcanzar niveles de cobertura nacional y abatir algunos rezagas, parece haberse estancado en una política mediocre que no considera los problemas relacionados con la calidad educativa, el ingreso y permanencia de estudiantes, las necesidades diferentes que enfrenta la educación por la diversidad cultural, étnica, regional y de capacidades de las y los mexicanos, pero sobretodo sin considerar las necesidades de infraestructura y materiales educativos que se requieren para impartir los servicios educativos a los que se refiere el artículo 3o Constitucional.

La gratuidad es una condición indispensable y sin cortapisas para garantizar la educación pública a las y los niños mexicanos, pues establece condiciones mínimas de acceso igualitarias al ejercicio de su derecho a la educación y es el medio por el cual el Estado Mexicano garantiza ese derecho.

La fracción IV del artículo 3o. Constitucional vigente es muy clara: “Toda la educación que imparta el Estado será gratuita” y además la Ley General de Educación, establece en su artículo 25 que: “El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos”. Estableciendo además que los recursos que se inviertan en la educación pública a nivel nacional deberán ser equivalentes al 8%) del producto interno bruto del país.

Lo cierto es que el Estado no ha invertido los recursos necesarios para garantizar que se imparta una educación de calidad, ni para atender los problemas de financiamiento que enfrenta el sistema educativo en México.

No basta con tener cubierta la oferta para la demanda de matriculación en la educación básica y media superior con escuelas y profesores suficientes, sino que se deben garantizar las condiciones de infraestructura, sociales y educativas para el ingreso y permanencia de estudiantes, en las diferentes regiones de nuestro país.

Hoy en día las escuelas carecen de materiales básicos y de infraestructura para que profesores~ y alumnos estén en condiciones de enseñar y aprovechar al máximo el aprendizaje. En localidades donde hace mucho frío o mucho calor se requieren hacer el pago de la calefacción o del aire acondicionado, hay comunidades rurales que tienen sólo un salón para todos los grados de un nivel educativo, y hay otros lugares en los que las clases se dan en la intemperie o en pisos de tierra, que no cuentan con agua corriente, sin contar con las deficiencias de pupitres, pizarrones y materiales para impartir clases que enfrentan la mayoría de las escuelas.

Estos problemas son cotidianos en las escuelas públicas de nuestro país, y en la mayoría de los casos son los padres y madres de familia quienes tienen que solventar los recursos para solucionados, a través de las llamadas cuotas escolares.

El problema de las cuotas escolares, es que además de atentar contra la gratuidad de la educación, que por principio constitucional corresponde al Estado garantizar, en muchos de los casos se han convertido en una condición impuesta a padres de familia para permitir el ingreso y permanencia de sus hijos en las escuelas, no importando si ellos pueden o no cubrir esos gastos. Quien no logra solventar estas inconstitucionales cuotas escolares, se convierte incluso en motivo de exhibición pública frente al resto de los alumnos y padres de familia del plantel escolar de que se trate.

Pretendiendo desconocer esa realidad, y abriendo las puertas a la privatización de la educación pública en México, recientemente el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron una reforma constitucional en materia educativa, que aún requiere del aval de la mayoría de los congresos locales, en la que se estableció subrepticiamente la posibilidad de cobrar cuotas escolares en el artículo 5o. transitorio, fracción III, inciso a), a fin de que los padres de familia se involucren, ahora de manera obligatoria, en la resolución de los retos que enfrenta cada escuela con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos y resolver problemas de operación básicos.

Esta disposición establecida en la reciente e inconclusa reforma es sin duda inconstitucional, pero además servirá para generar mayores problemas a nivel del funcionamiento de las escuelas, pues los padres no pueden ni deben cubrir cuotas escolares para resolver los problemas de financiamiento que enfrentan las escuelas, pero tampoco los profesores y personas que dirigen las escuelas cuentan con recursos ni condiciones para impartir las clases.

Es por las razones expuestas, que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se debe pronunciar por la inconstitucionalidad de las cuotas escolares y exhortar a las autoridades educativas a nivel federal y en los estados, a garantizar con los medios legales y presupuestales a su alcance, que la educación pública conserve su carácter gratuito y que no esté condicionada al pago de cuotas escolares.

Por lo antes expuesto, se somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Educación Pública federal y estatales a garantizar que la educación que imparte el Estado sea gratuita y no esté condicionada al pago de cuotas escolares.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de diciembre de 2012.— Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea, en términos del 59, si se admite como de urgente resolución.

El Secretario senador Miguel Romo Medina:En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladores y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, tiene el uso de la voz don Juan Carlos Romero Hicks, porque se inscribe en contra. Luego a favor viene María de las Nieves y Judit Guerrero.

El senador Juan Carlos Romero Hicks:Con el permiso de la Presidencia. Distinguidos legisladores, la razón por la que no coincidimos es porque están leyendo de manera diferente el texto, tanto del Pacto por México como del artículo quinto transitorio A.

El pacto que firmó el señor presidente de la República con el PAN, el PRI y el PRD, señala lo siguiente: se fortalecerá la autonomía de gestión de las escuelas, con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrente.

El Pacto por México tiene ocho compromisos educativos, del número 7 al número 15, y éste es el número noveno. En todos los estudios internacionales educativos que se han hecho, la calidad educativa depende fundamentalmente de cuatro variables; primero, docentes de calidad, y para eso iniciamos la reforma constitucional; segundo, el tener un mejor currículum y estructura; tercero, mejoras a escuelas y directores, y cuarto, un mejor mecanismo de evaluación. Y éste es lo que discutimos recientemente en la propia reforma constitucional.

Desde el punto de vista del alcance del Pacto y el artículo quinto transitorio, no es el incremento de las cuotas, y no lo es porque ya hay un principio constitucional de gratuidad de educación básica, porque las cuotas deben de ser voluntarias y la autonomía de gestión corresponde estrictamente a otro sentido, a que la escuela profesionalice los cargos directivos, y eso tiene que ver con algo muy importante de que sea precisamente la recuperación del Estado en la dirección de las escuelas, para que pueda nombrar sus directores y evaluarlos de una manera más directa, sin tanta intervención del sindicato.

En los propios estudios internacionales, cuando hay éxito en el cambio de la calidad es cuando se centra el trabajo en la escuela y se hace esto como una auténtica comunidad educativa para priorizar, contratar y apoyar a los mejores docentes y a los mejores directores de escuelas, y los avances rápidos por supuesto que nunca van a exceder la calidad de los docentes y también lo que tenemos que hacer es reforzar la autonomía escolar. Eso significa profesionalizar la formación y asignación de plazas de directores y definir una dirección escolar más eficaz.

Ya en ley reglamentaria veremos detalles. El principio constitucional es muy claro, hay la obligatoriedad; luego entonces, con todo respeto, el contexto de la interpretación de los promoventes es inexacto, no es para promover las cuotas, no es para suplir la responsabilidad del Estado mexicano de tener buenos profesores, buena infraestructura y buena atención al medio educativo, es para complementar, para que tengamos mejores directores que puedan hacer una gestión inmediata con su comunidad para poder tener mejores condiciones. Este es el alcance del quinto transitorio y con todo respeto, no es lo que el promovente está solicitando. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña María de las Nieves, tiene usted el uso de la voz.

La diputada María de las Nieves García Fernández: Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores, el diagnostico presentado en la proposición a discusión es en parte acertado.

La educación pública es un derecho fundamental, es definida en nuestra Constitución como laica, gratuita y obligatoria; es motor de desarrollo y crecimiento de una sociedad y tiene un carácter estratégico para el futuro de nuestro país.

Es insoslayable, la educación en México se ha estancado en políticas ineficaces e indolentes frente a la calidad de la educación y a los rasgos distintivos y característicos de cada región, localidad y plantel educativo, ignorando las necesidades de infraestructura y materiales didácticos requeridos en cada escuela.

El PRI está de acuerdo con el diagnóstico en comento, es innegable. La educación de calidad es una meta a la que se aspira y es necesario replantear la política educativa de gobiernos anteriores.

En razón de lo expuesto, es que el presidente Enrique Peña Nieto, durante su candidatura estableció como compromisos de campaña alcanzar la escuela digna, que trata de que todos los planteles educativos cuenten con las condiciones mínimas de infraestructura y en sus instalaciones que le doten de dignidad, sobre todo en las comunidades de más escasos recursos y mayor rezago. Este como uno de los compromisos que asume el Estado mexicano.

Asimismo se habló de las escuelas, como centro de la transformación educativa, tras las recomendaciones de expertos en la materia, a México para fortalecer la autonomía de gestión y el financiamiento de las mismas.

Las comunidades educativas deben tener mayor autonomía para que siguiendo estándares nacionales de calidad tengan facultades y recursos para tomar decisiones cotidianas y concretar acciones que tengan gran impacto en el rendimiento educativo de cada uno de los estudiantes.

La gratuidad de la educación, con la que el PRI mantiene un irrestricto y permanente compromiso, sigue estando considerada por la fracción IV del artículo 3o. constitucional, que a la letra establece que toda la educación que imparta el Estado será gratuita, y no se contraviene en ningún momento por la reforma educativa.

Que quede claro, lo que se busca en el quinto transitorio, fracción III, inciso A, es involucrar a alumnos, padres y maestros en los procesos de fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas.

Esto significa que deben ser tomados en cuenta para saber qué tipo de organización es la más conveniente, cuáles son las necesidades más apremiantes y cuál es el camino más efectivo para resolverlas.

Estamos de acuerdo en la premisa de que en ningún momento se debe de condicionar la educación ni la permanencia de los estudiantes al pago de cuota alguna y por lo mismo, vamos con el resolutivo. Pero estamos en contra de las consideraciones por dos razones; primera, porque estamos seguros que no es necesario reiterar algo ya consagrado por la fracción IV del artículo 3o. constitucional y con la cual estamos totalmente de acuerdo, y segundo, la interpretación que se hace del artículo quinto transitorio, fracción III, inciso A, es errónea, el objetivo que busca no es la privatización de la educación pública, sino el fortalecimiento de la organización social de la educación, que son las escuelas. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Judit.

El diputado Fernando Rodríguez Doval (desde curul): Presidente, para rectificación de hechos.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, permítame un segundo. Don Fernando Rodríguez Doval me está pidiendo para rectificación de hechos. ¿Le parece primera doña Judit y vamos a cerrar con usted? ¿Le parece? Luego preguntamos si está suficientemente discutido. Doña Judit, tiene el uso de la voz.

La diputada Judit Magdalena Guerrero López:Gracias, señor presidente, con su venia; señoras y señores legisladores, quienes ocupamos por primera vez esta tribuna tenemos la ilusión de que podamos coincidir en aquello que es bueno para México, para los mexicanos, sin necesidad de desvirtuarlo por los intereses político-partidistas.

Celebramos el hecho de pertenecer a esta Legislatura, en la que hemos logrado identificar un tema que es apremiante para todos los mexicanos, y le hemos podido dar la celeridad que desde luego éste merece, el tema de la reforma educativa. Coincidimos en gran parte con la propuesta presentada por el diputado Ricardo Mejía.

Sin lugar a dudas, como ha sido nuestra postura desde hace varios años, nos encontramos completamente en contra de que el acceso a la educación en nuestro país sea condicionado al pago de cuotas escolares. Tan es así, que el Grupo Parlamentario del Partido Verde, en el mes de marzo pasado presentó la modificación al Código Penal Federal tipificando como delito el condicionamiento de la prestación de la educación a cambio de alguna cuota, propina o dádiva. De esto se derivó que el Partido Verde, en el estado de Zacatecas, la misma iniciativa fue presentada y ya fue aprobada.

Derivado de la pasada reforma educativa y de los señalamientos a la supuesta legalización del cobro de cuotas, queremos desmentir esta visión, desde luego errada, con relación a la interpretación al artículo quinto transitorio de la reforma al artículo 3o. constitucional.

Es falso que en cualquier parte de la redacción de este artículo se hable de las contribuciones que habrán de hacer los padres; es absolutamente falso que vaya a haber en el futuro el cobro de cuotas para ingresar a las escuelas o para mantenerse en ellas.

Desde luego que a la luz de la fracción IV del artículo 3o. constitucional se mantiene la gratuidad en la impartición escolar.

El artículo quinto transitorio no contiene, sino la inclusión de los padres, de los alumnos y de los directivos, lo que derivará en autonomía en la gestión de las escuelas. Es necesario que en el futuro los padres intervengan en la educación de sus hijos y logren, mediante la identificación de sus potencialidades, mejorar su calidad educativa.

La OCDE ha calificado como alianzas sociales eficaces la participación de los padres de familia en los planteles educativos y por ende, en la educación de sus hijos.

Es falsa, por consiguiente, la interpretación que se le da al vocablo participación, el cual debe entenderse como una intervención o como una coordinación de los padres de familia en las actividades que a ellos les interesan y que tienen que ver con la educación, con la capacitación de sus hijos para el futuro y que no haya de cobrárseles un centavo por la misma.

Nos mantenemos con la gratuidad de la educación y desde luego, reprobamos cualquier interpretación del artículo quinto transitorio, que con este carácter obtuso insiste en darle calidad de contribución, que desde luego no le corresponde, y en cualquier ejercicio de interpretación jurídica futura que jamás podría tener cabida.

El Partido Verde seguirá trabajando a nivel local y a nivel federal para erradicar el cobro de cuotas que condicionen la educación; 30 años en el servicio educativo creo nos dan cierta autoridad para hablar de este tema. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Fernando Rodríguez Doval tiene el uso de la voz, en términos del 102, hasta por cinco minutos.

El diputado Fernando Rodríguez Doval: Muchas gracias, diputado presidente. Nada más aclarar que el Partido Acción Nacional votará a favor de este punto de acuerdo, ya con la aclaración que hace unos minutos dio el senador Juan Carlos Romero, en el sentido de que todo este debate que se ha venido manejando en las últimas semanas, en los últimos días, a propósito de la aprobación aquí en el Congreso de la Unión a la reforma al artículo 3o. constitucional es un debate bastante tramposo, es un debate falso, porque realmente no hay ninguna intencionalidad de cobrar cuotas escolares.

La gratuidad de la educación —como ya se ha dicho hasta el cansancio— está garantizada en la Constitución.

Una vez que se ha hecho esta aclaración, dado que el resolutivo del punto de acuerdo únicamente enfatiza la necesidad de exhortar a la Secretaría de Educación Pública federal y a las secretarías de Educación Pública de los estados para hacer un esfuerzo adicional, por si lo podemos llamar de alguna manera, para que esa educación sea gratuita, en ese sentido por supuesto nos sumamos a este punto de acuerdo. Pero sí queríamos aclarar que ha sido bastante falsa y tramposa esta argumentación que se ha manejado en las últimas semanas. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Finalmente, el senador Fidel Demédicis.

El senador Fidel Demédicis Hidalgo:Gracias. Con su venia, compañero presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas, y compañeros senadores, compañeras senadoras, en mi calidad de miembro de la Comisión de Educación del Senado de la República y en mi calidad de educador, este tema por supuesto que ha generado situaciones muy complicadas para la educación pública de México.

Es una realidad concreta que viven las escuelas públicas del país, en donde el Estado se ha desatendido de erogar las cantidades económicas suficientes para que las escuelas públicas tengan mantenimiento, tengan material didáctico los profesores, tengan las condiciones adecuadas para que puedan operar y obtener la educación de calidad que hemos planteado en la reforma del artículo 3o. constitucional, el cual aprobamos en lo general y el cual en especial el PRD se opone al tema de la autogestión, en los términos planteados.

Difiero aquí mucho de mi presidente de la Comisión de Educación, el senador Hicks, porque es cierto que se plantea que la autogestión se da ante los gobiernos municipales, estatales y ante el federal; sin embargo, no se puntualiza.

No es lo mismo —con todo respeto— que estén los directores mendingando presupuesto, yendo con el gobernador y decirle: oiga, mi escuela se está cayendo, requiero, a que de manera muy puntual se asigne una cantidad concreta para el mantenimiento y la conservación de las escuelas.

Pongo el caso de Morelos. En Morelos aprobamos la ley en contra de las cuotas escolares, en el Congreso local, y en el Presupuesto del estado se asignaron 62 millones de pesos para este rubro concreto; es decir, 190 pesos por cada niño, multiplicado por 320 mil niños que tiene el sistema educativo morelense nos da 62 millones de pesos, exclusivamente para el rubro de mantenimiento y compra de material didáctico de las escuelas. Ésas son cuestiones muy concretas y sí se erradican las cuotas escolares desde esa perspectiva.

Mientras en el Presupuesto de la Federación no se asigne de manera puntual, concreta, un rubro que diga: esta cantidad está etiquetada para corregir los problemas de mantenimiento y de material didáctico en las escuelas, compañeros, serán buenos deseos. Contribuimos, le entramos con decisión, pero sí es importante que clarifiquemos esta situación, para que el pueblo de México no se confunda.

Allá, en la sociedad están con la ilusión de que el artículo 3o., en especial el transitorio del que se está hablando de la autonomía de gestión, va a venir a resolver el problema de las cuotas escolares, que ya no se van a pedir, y por fin el 3o. constitucional cumplirá con el espíritu que está plantea-do ahí de la gratuidad de la educación pública en México. Sigue siendo una falacia, con todo respeto.

Sí es importante que el planteamiento de que se especifique con claridad va a ayudar mucho y va a ayudar más si la Cámara de Diputados, en el Presupuesto del 2014, y ojalá se pudieran hacer reasignaciones en el Presupuesto 2013, se diga: para mantenimiento y para material didáctico de las escuelas públicas del país se asigna una cantidad concreta.

Lo que sea, pero que ya se vea reflejado en el Presupuesto, para que no anden mendingando los directores, los padres de familia y los maestros de México ante los gobernantes. Por su atención, muchas gracias. A favor del punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueban los resolutivos.

El Secretario senador Miguel Romo Medina:En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

ESTADO DE MORELOS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el propio don Fidel Demédicis, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Morelos a dar cumplimiento a los plazos constitucionales y disposiciones normativas aplicables en la elaboración de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para la entidad.

El senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, compañero presidente. Honorable asamblea, el suscrito, senador Fidel Demédicis Hidalgo, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, por el cual se conmina a la LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos a dar debido cumplimiento a las disposiciones constitucionales y normativas durante el proceso legislativo de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el estado de Morelos, y en su caso, a corregir las deficiencias y excesos cometidos.

El estado de Morelos se erige el 17 de abril de 1869, mediante el decreto que dictó el presidente Benito Juárez García, a partir de una porción geográfica del estado de México, y desde entonces, esta entidad federativa ha sido fiel testigo de épocas de luces y de sombras en sus instituciones.

En la actualidad, la renovación de poderes, a partir de los procesos electorales constitucionales, fue concurrentemente en julio, en este año 2012, por el cual a partir del primero de septiembre se renovó el Poder Legislativo, el primero de octubre el Poder Ejecutivo y será el 30 de diciembre que se renovarán los 33 ayuntamientos de la entidad.

Ante esta circunstancia, los plazos constitucionales locales en materia de la emisión de leyes relativas a los ingresos y presupuestos de egresos de cada ejercicio fiscal obedecen a una ratio legis, que permite coordinar las acciones de los diversos actores, a fin de tener instrumentos precisos, con tiempos adecuados para las proyecciones financieras de cada entidad, particularmente, cuando se trata de municipios que inician funciones en su primer año de ejercicio constitucional.

Ante este escenario, cada autoridad constitucional está compelida a generar actividades específicas para que dichas normas sean eficaces y eficientes, con el margen de tiempo y maniobra suficiente para atender la aplicación de su Presupuesto, ejercer las actividades a desarrollar y los programas a implementar, incluso, a partir de las prioridades sociales y económicas de cada localidad, atendiendo a la problemática, diversidad y singularidad, que vive en específico cada ayuntamiento.

En este sentido, la Constitución del estado de Morelos, en el artículo 32, segundo párrafo, en la parte conducente establece que cuando el gobernador inicie su encargo entregará una iniciativa de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del gobierno del estado a más tardar el 15 de noviembre de ese año, teniendo la obligación el Congreso del estado de aprobarla a más tardar el 15 de diciembre de cada año.

En el debido respeto republicano de la sana división de poderes, entendemos que la LII Legislatura del Congreso de Morelos, al sesionar el día 15 de diciembre del 2012 y no culminar su sesión sino hasta el 20 del mismo mes y año y mandar a publicación los decretos hasta el 25 de diciembre, violenta el marco constitucional y normativo institucional, con lo cual afecta de manera irreparable el proceso legislativo de las instituciones encargadas de los trabajos financieros y por supuesto, al estado de derecho, que —por una entidad, como el estado de Morelos— implica lesionar aún más la ya mermada confianza de los gobernados en las instituciones.

Nos extraña y nos preocupa la actuación del Congreso del Estado de Morelos, que ha emitido el decreto número 216, por el que aprueba el Presupuesto de Egresos para el gobierno del estado, para el ejercicio fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2013, y que mediante el decreto número 264, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, del Código Fiscal para el Estado de Morelos, y de la Ley de Coordinación Hacendaria del estado, haya aplicado de manera retroactiva disposiciones fiscales a un Presupuesto aprobado anteriormente, por el cual se afecta el porcentaje de participaciones a los municipios de este estado.

Es decir, conforme al artículo primero transitorio del decreto que modifica la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, el Congreso del estado modifica el artículo 6, donde de manera inverosímil baja el monto de participaciones a los municipios a su piso más bajo, del 25 al 20 por ciento, cuando la tendencia es que se incremente ese porcentaje conforme a las posibilidades financieras de cada entidad, y ese artículo que hoy se reformó se aplicó en el decreto 216, que aprueba el Presupuesto de Egresos del gobierno del estado, de manera completamente lesiva a los programas sociales de la problemática económica grave que circunda los municipios del estado de Morelos.

Por todo lo anterior expuesto, solicitamos de urgente u obvia resolución la consideración de esta honorable asamblea a la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos a dar debido cumplimiento en lo sucesivo a los plazos constitucionales y exposiciones normativas aplicables en la elaboración de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del estado de Morelos. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta al Congreso del estado de Morelos a cumplir los plazos constitucionales y las disposiciones aplicables en la elaboración de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para la entidad, suscrito por el senador Fidel Demédicis Hidalgo y por el diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito senador Fidel Demédicis Hidalgo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, en su fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, en su fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8 en su fracción II, y los artículos 276, 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la LII Legislatura del Congreso del estado de Morelos, a dar debido cumplimiento a las disposiciones constitucionales y normativas en lo sucesivo durante el proceso legislativo de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Estado de Morelos

Consideraciones

El estado de Morelos se erige el 17 de abril de 1869; mediante el decreto que dicto el Presidente Benito Juárez García, a partir de una porción geográfica del entonces extenso estado de México; y desde entonces, mi entidad Federativa ha sido fiel testigo de épocas de luces y de sombras por sus instituciones.

En la actualidad, la renovación de poderes a partir de los procesos electorales constitucionales fue en este año 2012, por el cual a partir del primero de septiembre se renovó el Poder Legislativo, el primero de octubre el Poder Ejecutivo, y será el 30 de diciembre que se renovarán los treinta y tres ayuntamientos de la Entidad.

Ante estas circunstancias, los plazos constitucionales locales en materia de la emisión de las leyes relativas a los ingresos y presupuestos de egresos de cada ejercicio fiscal, obedecen a una ratio legis que permite coordinar las acciones de los diversos actores, a fin de tener instrumentos precisos, con tiempos adecuados para las proyecciones financieras de cada entidad, particularmente cuando se trata de municipios que inician funciones en su primer año de ejercicio constitucional.

Ante este escenario, cada autoridad constitucional esta compelida a generar las actividades específicas para que dichas normas sean eficaces y eficientes, tengan el margen de tiempo y maniobra suficiente, para atender la aplicación de su presupuesto a ejercer, las actividades a desarrollar y los programas a implementar, incluso a partir de las prioridades sociales y económicas de cada localidad, atendiendo a la diversidad y singularidad que vive en lo específico cada ayuntamiento.

En este sentido, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos en el artículo 32, segundo párrafo en la parte conducente, establece que “Cuando el Gobernador inicie su encargo entregará las iniciativas de Ley de Ingresos y de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado a más tardar el 15 de noviembre de ese año. Teniendo la obligación el Congreso del Estado de aprobarlas a más tardar el 15 de diciembre de cada año.” La norma constitucional estadual realiza un imperativo, cuya única intención es tener los tiempos apropiados para que dicha norma sea publicada con la debida presteza, y no como en este año que por lo menos a los 26 días del mes, aún no se había publicado en el medio oficial correspondiente, generando incertidumbre y la consabida falta de seguridad jurídica que otorga la norma.

En el debido respeto republicano de la sana división de poderes, entendemos que la quincuagésima segunda legislatura del Congreso del Estado de Morelos, al sesionar el día quince de diciembre del dos mil doce y no culminar su sesión sino hasta el día veinte del mismo mes y año, violenta el marco constitucional y normativo institucional, con lo cual afecta de manera irreparable el proceso legislativo y a las instituciones encargadas de los trabajos financieros, al estado de derecho, que para una entidad como el estado de Morelos, implica lesionar aún más la ya mermada confianza de los gobernados en sus instituciones.

El Congreso de la Unión y en particular la Cámara de Senadores, ha estado abierta y ha sido proactiva al trabajo y apoyo interinstitucional para todas y cada una de las entidades federativas, para el Distrito Federal, y los municipios de la república, en particular cuando hay que trabajar y atender el bien de la población en general, reiterando la voluntad y buena fe, para la consolidación de las instituciones democráticas que nos dan patria.

Por lo anteriormente expuesto solicitamos de urgente y obvia resolución, la consideración de esta honorable asamblea, de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la LII Legislatura del Congreso del estado de Morelos, a dar debido cumplimiento en lo sucesivo a los plazos constitucionales y disposiciones normativas aplicables en la elaboración de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 27 de diciembre de 2012.— Diputado Trinidad Morales Vargas (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Señor secretario, pregunte, en términos del 59, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que no hay oradores, pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueban los resolutivos.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

REFORMA LABORAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra don Silvano Blanco Deaquino, del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que interponga acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma laboral integral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012.

El diputado Silvano Blanco Deaquino: Con su permiso, señor presidente; con el permiso de las compañeras legisladoras y los compañeros legisladores. Como ustedes saben, se dio un intenso debate en la Cámara de Diputados en torno a la reforma laboral, y nosotros queremos señalar que el pasado 30 de noviembre se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma integral de la Ley Federal del Trabajo, producto de la iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo federal, con excepción de los artículos 388 Bis y 390 cuya discusión y aprobación fue diferida en los términos del artículo 72, inciso E de la Constitución.

La inconformidad contra esta reforma laboral comprende amplios sectores de la sociedad, trabajadoras y trabajadores y sus sindicatos, especialistas, organizaciones de abogados, estudiantes, entre otros.

El punto de acuerdo que hoy presento tiene por objeto exhortar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que interponga acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma laboral de cita, por su carácter violatorio a los derechos humanos laborales, haciendo realidad el papel de la acción inconstitucional, como medio fundamental de control constitucional.

La decisión de la Suprema Corte en la materia restablecerá la justicia social, el estado de derecho y el equilibrio entre poderes, como base esencial de la democracia.

La competencia en la materia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deviene de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, contra leyes de carácter federal que vulneren los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que México es parte.

Al propio tiempo, esta reforma reconoce plenamente los derechos laborales en su calidad de derechos humanos.

El podrán ejercitar —con que abre el artículo 105 constitucional— para enlistar a los sujetos legitimados para hacer valer las acciones de inconstitucionalidad, no refiere un derecho subjetivo, propio de los particulares que según a su arbitrio ejercen o no, sino precisa una facultad referida a diversas autoridades, que están obligadas a ejercer cuando se agrede la normatividad constitucional y en el caso concreto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando se desconocen los derechos humanos, en este caso laborales.

La reforma laboral viola la Constitución y concretamente los derechos humanos de las y los trabajadores mexicanos, si tomamos en cuenta que se aplicó la vía parlamentaria preferente sin que se hubiera elaborado la reglamentación exigida para su aplicación por el artículo segundo transitorio del decreto de 9 de agosto de 2012.

También se falta a lo previsto en el artículo 71 constitucional, ya que prácticamente todo el contenido de esta reforma implica la modificación de un precepto constitucional, como lo es el artículo 123 de nuestra Carta Magna, siendo que el uso de la vía preferente fue fundamental para que se aprobara la reforma de cita.

Se opone al artículo 1o. constitucional, desde el momento en que el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión incumplieron su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; rompieron con los principios de universalidad, interdependencia y divisibilidad y progresividad, al establecer una legislación eminentemente discriminatoria, en agresión de los derechos humanos de los trabajadores, especialmente tratándose del trabajo de las niñas y niños, jóvenes, mujeres, discapacitados, migrantes, trabajadores domésticos y trabajadores del campo.

En el artículo 175 Bis se niega la calidad de trabajo al servicio que presten las niñas y los niños menores de 14 años en los ámbitos del arte, la ciencia, el deporte y cualquier otro talento.

En consecuencia de lo anterior, estos menores no tendrán derecho a sus prestaciones laborales y de seguridad social, sobre todo quedarán fuera de la inspección del trabajo; es decir, son reducidos a objetos mediante un acuerdo privado entre el solicitante y los padres o quienes ejerzan la patria potestad.

En se sentido, señor presidente, quisiera que se integrara de manera completa este exhorto.

Nosotros consideramos que a final de cuentas, si realmente queremos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no nosotros, ellos, sino el máximo órgano de justicia de nuestro país pueda decir si efectivamente esta reforma viola los derechos humanos de los trabajadores, de los niños, de las niñas y que es una obligación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hacerlo. El término vence precisamente el día 30 de diciembre, por eso la urgencia.

Valdría la pena que fuese la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien, a final de cuentas, determinara si la Comisión Nacional decide ejercer ese derecho que tiene de interponer ese recurso de inconstitucionalidad, porque esto daría pie a que fuera un órgano distinto, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determinara si se violentaron los derechos humanos de los trabajadores mexicanos, sí o no.

Por eso, en este ámbito de armonía y tranquilidad que ha privado en esta primera sesión de la Comisión Permanente, apelo a esa sensibilidad de todos ustedes. No nos quita nada, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en el sentido del cual hacerle este exhorto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que pueda presentar este recurso jurídico. Gracias, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta a la CNDH a interponer acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma laboral integral derivada de la iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo federal y publicada en el DOF el 30 de noviembre de 2012, suscrito por el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

El pasado 30 de noviembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Reforma Laboral Integral surgida a partir de la Iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo Federal, esto después de ser aprobada por el Senado de la República, con excepción de los artículos 388 bis y 390, cuya discusión y aprobación se difiere, en los términos del artículo 72 E). Por lo que ante los profundos rasgos de inconstitucionalidad, y concretamente de violación a los derechos humanos laborales de esta Reforma, urge que se interponga ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la acción de inconstitucionalidad, por conducto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación del Decreto respectivo en el Diario Oficial de la Federación.

La acción de inconstitucional es un medio de control constitucional, contenida en nuestra Carta Magna desde el año de 1994.

En la forma más breve, podemos definir a la acción de inconstitucionalidad: como un medio procesal constitucional, que tiene por objeto resolver la posible contradicción entre una norma general( ley nueva o tratado internacional) de cualquier tipo y la Carta Magna, pudiendo ejercitarse por un grupo representativo de legisladores federales o locales integrantes del órgano que ha emitido la norma, la Procuraduría General de la República, las comisiones nacional y locales de derechos humanos y los partidos políticos con registro en el IFE, cuya resolución puede invalidar total o parcialmente tales normas, teniendo efectos generales siempre que sea aprobada por un mínimo de ocho ministros del Pleno de la SCJN.

Como parte de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, se otorgó a la CNDH la facultad de interponer la acción de inconstitucionalidad, contra leyes de carácter federal que vulneren los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que México sea parte, entre otros casos.

Por otra parte, mediante la misma reforma constitucional del 10 de junio de 2011, se reconoció a los derechos laborales su calidad de derechos humanos, dándose igualmente competencia a la CNDH para atender las quejas surgidas por su violación.

El “podrán ejercitar”, con que abre el artículo 105 Constitucional, para enlistar a los sujetos legitimados para hacer valer las acciones de inconstitucionalidad, no refiere un derecho subjetivo propio de los particulares que según su arbitrio ejercen o no, sino precisa una facultad referida a diversas autoridades, que deben, que están obligados a ejercer, cuando se agrede la normativa constitucional, y en el caso concreto de la CNDH los derechos humanos, en este caso laborales.

La Reforma Laboral viola la Constitución y, concretamente los derechos humanos de las y los trabajadores mexicanos, si tomamos en cuenta que:

a) Se aplicó la vía parlamentaria preferente, sin que se hubiera elaborado la reglamentación exigida para su aplicación por el artículo segundo transitorio del Decreto del 9 de agosto de 2012, también se falta a lo previsto en el artículo 71 Constitucional, ya que prácticamente todo el contenido de esta Reforma implica la modificación de un precepto constitucional, como lo es el artículo 123 Constitucional. Siendo que el uso de la vía preferente, fue fundamental para que se aprobara la Reforma de cita.

b) Se opone al artículo primero constitucional, desde el momento en que el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión incumplieron su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, por el contrario emitieron una legislación que desconoce tales derechos humanos, como se desprende a lo largo del presente documento.

Igualmente, el Ejecutivo y el Legislativo Federal, rompieron con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Al reducir derechos ya ganados por los trabajadores y que mantienen su vigencia en el marco del artículo 123 Constitucional y diversos tratados de los que nuestro país es parte, por lo que la aplicación de esta legislación provocará más pobreza, y menos libertad e igualdad en perjuicio de los trabajadores.

c) También desconocen el artículo primero constitucional, al establecer una legislación eminentemente discriminatoria en agresión de los derechos humanos de los trabajadores, especialmente tratándose del trabajo de las niñas y niños, jóvenes, mujeres, discapacitados, migrantes, trabajadores domésticos, y trabajadores del campo.

d) La reforma laboral, se emite en desconocimiento de los principios generales de derecho que dan sustento al artículo 123 Constitucional, destacadamente al establecer, los periodos de prueba, contratos por hora y para capacitación inicial, la subcontratación, tareas conexas y la flexibilización del despido, y las disposiciones que limitan los derechos colectivos.

Principios generales de derecho que delimitan en esta materia el actuar de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y regulan en todo momento las relaciones de trabajo, y que son destacadamente:

Los trabajadores, son ante todo seres humanos, por lo que se debe proteger su libertad, dignidad y su derecho a un proyecto de vida; La tutela y protección de los trabajadores y sus derechos; Estabilidad en el trabajo o estabilidad laboral; Irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores; Primacía de la realidad. En caso de duda debe optarse por la protección más favorable al trabajador y su familia; Equilibrio y justicia social en las relaciones de trabajo; El trabajo es un derecho y un deber sociales; El trabajo no es artículo de comercio; El trabajo debe prestarse en condiciones que aseguren la vida y la salud del trabajador; El trabajo debe efectuarse en condiciones que aseguren un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia; El trabajo debe llevarse a cabo en condiciones de igualdad, sin discriminación y en un ambiente libre de violencia; La buena fe y la equidad son sustento de las relaciones de trabajo; Deben tutelarse de manera preferente el trabajo de niñas y niños, jóvenes, madres y padres solos, mujeres embarazadas, discapacitados, indígenas y migrantes; Libertad y autonomía sindicales, derecho de contratación colectiva y huelga, derecho a la participación; Justicia laboral no formalista, accesible, gratuita, expedita, tutelar de la dignidad y los derechos de los trabajadores con transversalidad de género; La seguridad social debe conceptuarse como pública, solidaria e integral; Prohibición de reducir los derechos humanos y garantías ya reconocidas en este artículo, en esta Constitución, en los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte, y en las leyes.

e) Artículo 175 Bis.Este artículo niega la calidad de trabajo, al servicio que presten las niñas y niños menores de 14 años, en los ámbitos del arte, la ciencia, el deporte y cualquier otro talento.En consecuencia de lo anterior, estos menores no tendrán derecho a sus prestaciones laborales y de seguridad social, y sobre todo, quedarán fuera de la inspección del trabajo. Es decir, son reducidos a objetos, mediante un acuerdo privado entre el “solicitante” (que en realidad es patrón), y los padres, o quienes ejerzan la patria potestad.

f) Los Artículos 279, 280 y subsecuentes de la Reforma, equivalen a la extensión en perjuicio de los trabajadores del campo de la flexibilización de los contratos de trabajo contenidas en los artículos 39-A a 39-F y 83 de la Ley Federal del Trabajo, pero de manera aún más brutal.

Baste ver que el artículo 280, eleva de 3 meses a más de 27 semanas (6.75 meses), el tiempo que de manera continua debe laborar un trabajador estacional o eventual, para que se le conceptúe como de planta o permanente.

Es decir, a los patrones del campo, este artículo les da el derecho de contratar desde una hora o menos, hasta casi siete meses, de manera que al término del plazo acordado, puede prescindir del trabajador, sin responsabilidad, y por tanto sin necesidad alguna de pago de indemnización. Bastará que un patrón, no contrate de manera continua por más de 6.75 meses a un trabajador, y éste nunca será de planta; por lo que podrá contratarlo, dejar pasar un lapso, y volver a contratarlo, y así una y otra vez. O bien, el trabajador, podrá ir rodando de empresa en empresa, sin llenar el tiempo referido para que nazca contrato por tiempo indeterminado.

g) La Cámara de Diputados alteró lo acordado por el Pleno de la Cámara de Diputados en materia de causales de despido, en absoluta falta de respeto a la votación del Pleno, por lo que presentó al Senado una Minuta alterada en materia de despido, una Minuta pirata.

Así, se desprende de la versión estenográfica de la sesión del 28 y 29 de septiembre de 2012, que muestra que se aprobó: que la violencia del trabajador contra clientes y proveedores, se suprime como causa de despido, haciéndose eco de diversas críticas. Esta alteración es nula de pleno derecho, y deben hacerse el deslinde de responsabilidades.

f) Se otorgan medidas de protección a favor de los trabajadores de las minas de carbón, excluyendo al resto de mineros, en un acto igualmente de abierta discriminación. Además de que igualmente, se hicieron en la materia diversas alteraciones a la Minuta que se envió al Senado.

g) Por todo lo dicho, se violan los derechos humanos previstas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, desde el momento en que los trabajadores son privados de derechos ya adquiridos en forma retroactiva, y sin haber sido oídos ni vencidos en juicio, igualmente son molestados en sus derechos, sin que se les haya fundado y motivado debidamente este extremo.

h) Esto con independencia de los errores y contradicciones, que harán inaplicable parte de esta Reforma.

i) Con esta reforma, prácticamente se violentan todos los instrumentos en la materia de los que México es parte, destacadamente los convenios de la Organización Internacional del trabajo (OIT).

Por lo dicho, urge que la CNDH como órgano defensor de los derechos humanos laborales, interponga una acción de inconstitucionalidad en contra de la Reforma Laboral, y así la Suprema Corte anule esta aberración.

Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que interponga acción de inconstitucionalidad en contra de la Reforma Laboral Integral, producto de la Iniciativa Preferente presentada por el Ejecutivo Federal y, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012; esto, ante su evidente inconstitucionalidady, concretamente, su carácter violatorio a los derechos humanos laborales. Para así recobrar la justicia social y el respeto de nuestro estado de derecho.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de diciembre de 2012.— Diputado Silvano Blanco Deaquino (rùbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro y pregunte, en términos del 59, la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario senador Miguel Romo Medina:En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Primera Comisión.

REGLAMENTO DEL ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL

El Secretario senador Miguel Romo Medina:«Proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el decreto oficial del 29 de noviembre de 2012 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Estado Mayor Presidencial, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y el suscrito Ricardo Mejía Berdeja,  integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa fue un mandato caracterizado por la corrupción, la permanencia de las viejas prácticas de opacidad y la impunidad. Mientras el resto del mundo siguió creciendo y apostando a políticas públicas efectivas, México se sumió aún más en el rezago.

Sin miedo a equivocarnos la decisión más desafortunada de su gestión fue la de emprender una guerra sin analizar las consecuencias que ésta traería.

Para el ex presidente Calderón, los 90 mil muertos ocasionados por la guerra contra el narcotráfico significaban daños colaterales, un costo que se tenía que pagar en aras de ganar la batalla contra el crimen organizado.

Así, las personas fallecidas eran estadísticas para el gobierno, no eran padres que dejaban huérfanos a sus hijos, esposos que dejaban viudas, hermanos, hijos, amigos. Al pasado ejecutivo no le importó tener cabeza fría ante los atroces crímenes cometidos contra civiles inocentes.

Ahora que ha dejado la presidencia parece comenzar a importarle, parece comenzar a tomar dimensión del clima de inseguridad que dejó en el país. Sus “daños colaterales” han dejado de ser un costo necesario de la guerra, para convertirse en riesgos reales.

El pasado 30 de noviembre, el mandatario emprendió una acción que garantizara su seguridad y la de su familia. A través de una modificación al Reglamento del Estado Mayor Presidencial facultó al general Roberto Miranda, nuevo jefe de dicho órgano militar, a autorizar seguridad especial para los ex presidentes y sus familias según el riesgo que cada caso particular presente.

La fracción IX del artículo 11 de dicho Reglamento ahora establece que:

Artículo 11. El jefe del Estado Mayor Presidencial tendrá las atribuciones no delegables siguientes:

IX. Autorizar, de acuerdo a los análisis de riesgo correspondientes, la ampliación de los servicios para garantizar la seguridad de los ex presidentes de la República y de su familia, en cada caso en particular.

Con esta medida, el ex presidente trata de blindar su necedad persistente ante una guerra que de inicio estaba perdida. Poco le importa que fueron sus propias decisiones las que pusieron en riesgo a todo el país, a él lo único que le interesa es mantener a salvo a los suyos de la consecuencias que sus propios actos propiciaron.

Haciendo de la garantía de seguridad a los ex mandatarios y sus familias un derecho obligatorio, se obliga a que cada vez que Calderón llegue al país, el servicio de seguridad de México esté en la obligación de elaborar un plan para garantizar su seguridad.

El pasado titular del ejecutivo no es ninguna víctima, por lo que, ante las enormes necesidades que tiene el país, recurrir en un gasto de esta naturaleza resulta indignante.

Según la descripción oficial del gobierno, la misión del Estado Mayor Presidencial es “dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades del presidente, además de velar por su seguridad y la de su familia”.

En ningún momento se especifica que la misión de este órgano militar sea proteger a los ex presidentes de los errores cometidos durante su administración.

¿Cómo se pueden pedir más concesiones a ex mandatarios cuando México tiene el primer lugar de salarios mínimos mensuales e infraestructura destinados a los ex presidentes, superando incluso a países como Estados Unidos e Inglaterra?

Se destinan aproximadamente 5.8 millones de pesos mensuales a los ex titulares del ejecutivo, lo que implica un costo aproximado para los mexicanos de 280 millones de pesos al año.

El salario mínimo promedio en México es de 60.86 pesos, por lo que esto equivale a 4 millones 600 mil 722.97 de remuneraciones en un país en el que sector informal genera 2 millones 8 mil empleos.

¿Cómo nos podemos dar el lujo de otorgar estas pensiones cuando, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el país existen 52 millones de pobres? Esto representa a 2010 el 46.2 por ciento de la población total, es decir la mitad de la población vive en pobreza mientras 5 ex presidentes reciben millones de pesos al año.

Si se repartiera este dinero entre los 90 mil “daños colaterales” de la guerra a la que ahora finalmente dimensiona Calderón, se podrían otorgar en el sexenio 18 mil 666.67 pesos por persona. ¿Quién necesita más ese dinero, las familias de los muertos en la guerra o políticos sátrapas que sólo buscan blindar las deficiencias de su administración?

Aún cuando el artículo tercero transitorio del decreto establezca que “las erogaciones que deriven de la aplicación del presente decreto serán realizadas mediante movimientos compensados, por lo que el Estado Mayor Presidencial debe sujetarse a su presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal y no incrementar su presupuesto regularizable”, como se expuso previamente los recursos destinados a ex presidentes ya son obscenos y en este tema no tan sólo se involucra un aspecto de dinero sino también de equidad.

Ya basta de aumentar la brecha de desigualdad entre los ciudadanos y la clase política, el país es uno, los problemas nos involucran a todos. Si todos pagamos las consecuencias de las decisiones tomadas, todos debemos contar con las mismas condiciones de seguridad, las consideraciones especiales no tienen cabida en este contexto.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que se derogue el decreto oficial, con fecha 29 de noviembre del 2012, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Estado Mayor Presidencial.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de diciembre de 2012.— Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

COMISION ESPECIAL PARA EL ANALISIS DE LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES CURABLES TALES COMO LA DIABETES, HIPERTENSION, DISLIPIDEMIA Y OBESIDAD EN EL PAIS

El Secretario senador Miguel Romo Medina:«Proposición con punto de acuerdo, por la que se solicita la creación de una Comisión Especial para el análisis de la prevención y tratamiento de enfermedades curables, tales como la diabetes, hipertensión, dislipidemia y obesidad en el país, suscrito por los diputados Trinidad Secundino Morales Vargas y Antonio Sansores Sastré, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, diputados Graciela Saldaña Fraire y Trinidad Morales Vargas, diputados federales integrantes de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo ante el pleno de esta soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, por lo que se crea la Comisión Especial para el análisis de la prevención y tratamiento de enfermedades curables, tales como la diabetes, hipertensión, dislipidemia y obesidad en el país, con base en lo siguiente:

Exposición de Motivos

La salud pública en México comienza desde que los aborígenes creían en los dioses, era mágica y empírica, mágica porque ellos creían firmemente que si le rezaban a un dios y le daban ofrendas se salvaban y se curaban y empírica porque era basada en la experiencia de cada persona y se fue pasando de generación en generación.

Pero para una mejor comprensión de la historia en la salud pública, comienza en la época precolombina. Cuando llegaron los españoles a conquistarnos hubo brotes de más enfermedades tuvimos contacto con personas que venían de un lugar diferente y provocaron todo tipo de males, desde la sífilis que se fue curando con baños de pavor, también apareció el sarampión y ya en el imperio de Moctezuma se utilizaron plantas medicinales o la herbolaria para curar diversos males, y es en 1542 que se crea un hospital por fundador Hernán Cortes fue un centro de labores curativos.

La salud es tanto una fuente de bienestar para las personas como un activo que forma parte de su capital humano, en otras palabras es la capacidad específica de cada individuo para realizar actividades de forma eficiente, vigorosa y consistente, y que influyen sobre los ingresos monetarios futuros o en especie del individuo. Además, la salud complementa a otras fuentes del capital humano como la educación y la experiencia laboral. Una buena salud favorece las capacidades cognoscitivas y la retención de ideas que forman parte del acervo de conocimientos de los individuos; también permite prolongar la estancia de las personas en las actividades productivas y con ello favorece el aprovechamiento de la experiencia laboral. De esta forma, el capital humano en salud contribuye a la eficiencia y la productividad económica.

La salud es fundamental para la acumulación de capital humano porque es la única fuente que puede determinar la cantidad de tiempo que un individuo podrá dedicar a producir bienes o servicios durante su vida.

En vista de lo anterior se desprende que:

1. Que vivimos en un mundo en que los avances en la ciencia y la tecnología y la facilidad de viajar ponen continuamente en jaque a las fronteras nacionales, los problemas de salud pueden aumentar rápidamente, amenazando la vida y la prosperidad de numerosas poblaciones.

2. Que en todo el mundo el desarrollo de las enfermedades infecciosas y crónicas desafían a más de mil millones de personas que viven en la pobreza. Los países ricos se enfrentan a sus propias dificultades cuando se ven obligados a encontrar medios para financiar la atención médica sofisticada. Para que haya avances significativos en la salud de todos, los gobiernos y organizaciones con y sin fines de lucro necesitan encontrar una forma de estimular soluciones innovadoras y revolucionarias no sólo para tratar las enfermedades existentes, sino también para mejorar la prestación de servicios de salud.

3. Que la magnitud del problema es enorme y llama la atención debido a sus disparidades escandalosas. África subsahariana es responsable de un 24% de las enfermedades de todo el mundo, aunque sólo un 11% de la población mundial vive allí.

4. Neal Nathanson, rector adjunto de salud global de la escuela de medicina de la Universidad de Pensilvania, dice que los desafíos para la salud mundial se encuadran en tres categorías principales. En primer lugar, hay problemas de dimensiones muy amplias —como es el caso de la contaminación, superpoblación y agotamiento de los recursos— que afectan a todo el planeta. Cuando falta lo básico para las personas, inclusive alimentos y agua, es muy probable que padezcan problemas de salud. El segundo problema es económico. Con 1400 millones de personas viviendo con 1.25 dólares al día, según datos del Banco Mundial, la pobreza es un factor de peso en la salud mundial. El obstáculo final para la mejora de la salud global es lo que Nathanson llama desarrollo social.

5. Que aunque las instituciones multilaterales, como la Organización Mundial de Salud y las Naciones Unidas, junto con instituciones de caridad y fundaciones, estén intentando aliviar los problemas de salud de todo el mundo, siempre topan con dificultades a la hora de distribuir eficazmente los recursos que poseen.

6. muchos casos, se dispone de la voluntad y los recursos para tratar las enfermedades en el mundo en desarrollo, pero a esos países les faltan las infraestructuras básicas. Sin carreteras, energía, agua limpia y proveedores de servicios básicos de salud —inclusive profesionales de enfermería— es simplemente imposible llevar medicamentos y tratamientos que puedan salvar vidas hasta los pacientes que los necesitan.

7. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dado a conocer cuáles son las afecciones que en los últimos años están cobrando mayor cantidad de vidas y que, por ende, merecen mayor atención y deberían ser parte de la agenda de prioridades de políticas sanitarias de todos los países. Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes causaron, por ejemplo en el 2005 la muerte de más de 35 millones de personas. Además, se prevé que en la próxima década esta tasa de defunciones prevenibles aumente en un 17% más si no se toman medidas para evitarlo. Por esto, la modificación de cuatro factores de riesgo como el consumo de tabaco, la dieta deficiente o desequilibrada, el sedentarismo y el consumo abusivo de alcohol son clave a la hora prevenir la muerte prematura de millones de personas.

8. Para la Organización Mundial de la Salud hacer frente a la carga global representa hoy por hoy uno de los principales desafíos al desarrollo en el siglo XXI. Desde la OMS, se ha indicado repetidamente que el rápido aumento de la incidencia de estas enfermedades afecta, sobre todo, y de forma desproporcionada, a las poblaciones pobres y desfavorecidas, con lo cual se agravan aún más las desigualdades en materia de salud entre los países y dentro de ellos.

9. El cáncer es la segunda causa principal de muerte. En el 2005, más de un millón de personas murieron de cáncer, solamente en América 480,000 de los casos correspondieron a los países de América Latina y el Caribe. La OMS calcula que para el año 2020, más de 833,000 personas en América Latina y el Caribe morirán por esta causa. Aproximadamente la tercera parte de todas las defunciones por cardiopatías y cáncer en América pueden ser atribuidas al consumo de tabaco. Además, la prevalencia del sobrepeso y de la obesidad está claramente en aumento en la región.

10. Otro de los grandes problemas es la obesidad, pues está se está extendiendo en todo el mundo y representa una amenaza grave para la salud. En la revista médica The Lancet. El Dr. Richard Horton, llama a la obesidad una pandemia, y dijo que es una de las “grandes amenazas que enfrentan los gobiernos que probablemente hará fracasar sus mejores esfuerzos por mejorar la salud de sus naciones, mientras que al mismo tiempo controlan los costos”.

11. Uno de los primeros estudios dice que cerca de 1500 millones de adultos en el mundo tienen sobrepeso, y 500 millones más son obesos. La obesidad se define como un índice de masa corporal (IMC) de más de 30. Eso es equivalente a un adulto que mide 1.67 metros con un peso de 84 kilogramos, de acuerdo con la calculadora del IMC de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) estadounidenses. En los próximos 20 años la obesidad podría aumentar entre 6 y 8.5 millones de casos de diabetes, entre 5.6 y 7.3 millones de casos de enfermedades cardiovasculares, y más de medio millón de nuevos casos de cáncer en Estados Unidos y Reino Unido países considerados como de primer mundo.

12. México ocupa el primer lugar en obesidad y sobrepeso en adultos pues el 70% de la población padece sobrepeso. Lo mismo sucede en la población infantil con más de cuatro millones de niños con este padecimiento, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La obesidad está en aumento, y las naciones que no puedan detenerla, afrontarán las consecuencias. La obesidad puede causar enfermedades como la diabetes, padecimientos cardiacos, derrames cerebrales y ciertos tipos de cáncer. A medida que la obesidad aumente, también lo hará la cantidad de dinero que se gasta en el tratamiento de las personas que la padecen.

13. La diabetes es otra de las principales problema de salud pública en México y en el mundo la Organización Mundial de la Salud estima que existen 220 millones de personas que padecen ésta enfermedad y para el 2030 se espera que estas cifran se dupliquen.

14. Diversas instituciones en nuestro país promueven la vida saludable, tanto para aquellas personas que padecen esta enfermedad como para aquellas que no viven con diabetes, pero que tienen alto riesgo de padecerla. En México existen cerca de 14 millones de personas que padecen éste enfermedad.

15. En México, las enfermedades con mayor incidencia son, para las mujeres: diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares, responsables del 27% de las muertes femeninas en el país. Para los hombres: diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y crónicas del hígado, con 27% de las muertes masculinas en el país. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el 70% de los mexicanos padecen obesidad o sobrepeso.

16. Conviene hacer mención que en el Sexto Informe de Gobierno, la Presidencia de la República reconoce que el crecimiento en la mortalidad por diabetesentre 1995-2006 fue de 4.9% cada año, en promedio. La reducción de 20% de la velocidad de crecimiento representa alcanzar 3.9% anual, cifra que no se ha alcanzado, ya que en 2010 la tasa de mortalidad por esta causa aumentó 4.1%, por lo que éste sigue siendo un reto importante dentro de las acciones del sector salud. Se estima que para 2011 se mantendrá el incremento de la mortalidad por esta causa, lo que constituye un enorme reto para la salud pública del país.

De lo anterior se desprende, que es necesario incorporar en los programas de educación primaria y secundaria, las siguientes consideraciones, mismas que deberán plantearse en los ejes temáticos de estos niveles de enseñanza:

Por lo anterior, me permito proponer ante el pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para el análisis de la prevención y tratamiento de enfermedades curables, tales como la diabetes, hipertensión, dislipidemia y obesidad en el país.

Segundo.La Comisión se integrará por diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión, entre la integración del pleno y su conformación.

Tercero.Los recursos técnicos, financieros y humanos para el funcionamiento de esta Comisión Especial deberán ser aprobados por la Junta de Coordinación Política.

Cuarto.La Comisión deberá presentar semestralmente un informe de actividades ante el Pleno de la Cámara de Diputados, durante los recesos, o bien ante la Junta de Coordinación Política.

Quinto.La Comisión tendrá las siguientes actividades:

a. Impulsará programas tendientes a educar al niño y adolescente, enfocados principalmente a cambios de estilo de vida, hábitos y conductas alimentarias, en los que participe toda la familia guiados y coordinados por el médico.

b. Promoverá que en las instituciones educativas de los niveles primaria y secundaria se recrea el ejercicio como una fuente de energía corporal.

c. Promoverá que se reduzca el sedentarismo limitando el ver televisión, los videojuegos y la computadora a menos de dos horas por día.

d. Impulsará la identificación de habilidades especiales para deportes individuales o de equipo plazo.

e. Procurará hacer consciencia del problema en todos los sectores involucrados, tanto de la magnitud del problema como de las consecuencias para la salud y el impacto en la economía familiar y nacional al incrementarse las enfermedades asociadas a la obesidad y el sobrepeso, que son de evolución crónica, que requieren tratamientos –algunos de por vida- costosos, con frecuencia hospitalización y que deterioran la calidad y acortan la esperanza de vida.

f. Promoverá ante la instituciones de salud formar y capacitar grupos ex profeso para realizar campañas de presentaciones con material de apoyo y nivel de entrega adecuado a los diversos grupos y edades de la población, resaltando los peligros del sobrepeso y la obesidad, el beneficio de su control y prevención, las ventajas del consumo de alimentos sanos, frutas, vegetales, agua y la promoción del ejercicio en todas las edades.

g. Finalmente, promoverá seguir el ejemplo de otros países y legislar para que se regulen o prohíban los anuncios publicitarios en televisión, que fomentan el consumo de comida rápida y refrescos en horarios infantiles, sin anteponer los intereses económicos y la corrupción, a la salud de los niños y adolescentes de México.

Sexto.La Comisión Especial estará vigente hasta el 31 de agosto de 2015.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 27 de diciembre de 2012.— Diputado Trinidad Morales Vargas (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se turna a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados, para su atención.

ACUERDOS DE SAN ANDRES LARRAINZAR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, ya en el último capítulo, en el de agenda política, nuestra muy apreciable compañera Dolores Padierna Luna. Son dos cosas las que presenta doña Dolores; una, proposición con punto de acuerdo para dar cabal cumplimiento a los acuerdos de San Andrés Larráinzar, mismo que se turna a la Primera Comisión y ella misma tiene el uso de la voz, pero ya en agenda política, para hacer comentarios respecto al llamado de los zapatistas al Estado mexicano.

Solo habla en agenda política y tiene el uso de la voz, tiene derecho y esta Presidencia se lo concede.

La senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor presidente de la Comisión Permanente, Francisco Arroyo Vieyra; legisladoras, legisladores, como nos enteramos todos a través de los medios de comunicación, el pasado 21 de diciembre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional realizó marchas en cinco ciudades de Chiapas; la magnitud de esa movilización es una señal de fuerza, una fuerza que ha crecido desde su irrupción hace ya 18 años; una fuerza que se ha desestimado, pero que es reconocida incluso internacionalmente.

Muchas cosas han pasado desde aquel diciembre de 2004, durante el último gobierno del PRI, antes de la alternancia y ésta reaparición en diciembre de 2012, a menos de un mes de haber regresado el PRI al gobierno federal.

El movimiento zapatista debe entenderse como el reinicio de su actuación política pública, su reinserción en el debate nacional y una crítica implícita al sistema político mexicano en su conjunto.

Desde que surgió el conflicto en Chiapas, en la Primera Declaración de la Selva se demandó un ya basta contra la explotación y la pobreza. A casi dos décadas la situación del sector de la población sigue siendo lamentable: los indígenas de México continúan siendo los eternos olvidados, los pobres de los pobres, los por siempre marginados del país.

El comunicado del subcomandante Marcos, en el que se pregunta, ¿escucharon? Tiene un gran significado. Marcharon en silencio para poder ser escuchados; se cubrieron el rostro para poder ser vistos; marcharon pacíficamente, con mucha dignidad y disciplina.

Su comunicado va dirigido a quien corresponda y nos corresponde atender el tema, dado que desde un principio se pedía la intervención del Poder Legislativo, incluso a instancias de la Cocopa se estableció el diálogo con ese movimiento.

Los diálogos y todas las medidas han fracasado, porque la concepción indígena no ha sido entendida ni comprendida por quienes han ostentado el poder. Tal vez ahora pueda escucharse ese fuerte silencio que exige que los pueblos indígenas sean valorados, respetados y atendida su situación.

De acuerdo con el Inegi, uno de cada diez mexicanos es indígena; de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México ocupa el octavo lugar mundial en los países con mayor cantidad de pueblos indígenas.

Según la información publicada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en 2011, en un reporte sobre el avance de los objetivos del desarrollo del milenio, en México ocho de cada diez indígenas son pobres. Esta proporción duplica al de la población en general del país, donde 5.3 de cada 10 personas padecen la situación de pobreza.

Si nos comparamos con el resto de países que cuentan con población indígena, la situación es también vergonzosa, pues México tiene la segunda proporción más alta de la población indígena en pobreza en el mundo, solo debajo de la que prevalece en la República Democrática del Congo, país en que 8.5 de cada 10 indígenas son pobres.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval), de acuerdo a la última medición de pobreza en el país, ha señalado que entre el 2008 y 2010 aumentó la proporción de población indígena en situación de pobreza en 3.4 puntos porcentuales.

Asimismo el Coneval afirma que sigue teniendo niveles de pobreza y cobertura de servicios básicos muy diferentes a los de la población que no es indígena, lo cual indica discriminación.

Es urgente tener una verdadera política de estado hacia ese sector de la población y en general, resolver el problema de pobreza que crece día con día.

En resumen, después de casi 20 años, la población indígena continúa en las peores condiciones de pobreza, desi-gualdad, discriminación, olvido y marginación.

Desde la mesa de negociación en la cabecera municipal de San Andrés Larráinzar, donde se firmaron los acuerdos del mismo nombre de esa comunidad para dar paso a la autonomía y libre determinación de las comunidades, hasta las promesas que se hicieron a raíz de la marcha del Color de la Tierra hacia la Ciudad de México, todo sigue siendo una enorme deuda con los indígenas.

El EZLN no pide nada, no demanda nada, todo se dijo ya, quedó escrito incluso y el Estado mexicano no cumplió con lo pactado. Ese silencio estruendoso no debe ser ignorado, esa dignidad que llena de orgullo es una muestra de que no todo está perdido.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a su consideración el siguiente punto de acuerdo:

Primero. El pleno cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar para restituir los derechos de los pueblos indígenas de México y atender sus justas demandas en materia de justicia, igualdad y autonomía.

Segundo. Exhortar respetuosamente a las diversas instancias del gobierno federal y estatal para que de manera incluyente y tomando en cuenta las propuestas del propio EZLN, la sociedad civil, recomendaciones de organismos internacionales de expertos, de partidos políticos y otras instituciones, realice un esfuerzo serio, de diálogo y concertación de acuerdos que garanticen a la población indígena del país su justo derecho a una vida digna.

Es cuanto, compañeras, compañeros. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, en relación al cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larrainzar para restituir los derechos a los pueblos indígenas de México, suscrito por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de Acuerdo.

Consideraciones

Como nos hemos enterado a través de los medios de comunicación, el pasado 21 de diciembre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) realizó marchas en 5 ciudades de Chipas. Esta fue la movilización más numerosa desde el surgimiento del EZLN en enero de 1994, en algunas fuentes se ha calculado hasta 40 mil zapatistas.

Diecinueve años han pasado desde que surgió el conflicto en Chiapas, en la primera Declaración de La Selva se demandó un “ya basta” contra la explotación y la pobreza. A casi dos décadas, la situación de este sector de la población sigue siendo lamentable, los indígenas de México continúan siendo los eternos olvidados, los por siempre marginados del país.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, seis de cada 100 habitantes de cinco años o más hablan alguna de las 89 lenguas indígenas de que hay registro. No obstante según otras mediciones la proporción de indígenas en el país podría ser de hasta uno de cada 10 mexicanos. Información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que hay más de 364 variantes de lenguas indígenas; los pueblos autóctonos ocupan una quinta parte del territorio del país; y México ocupa el octavo lugar mundial entre los países con mayor cantidad de pueblos indígenas.

A pesar de su importante proporción, la diversidad cultural con la que enriquecen nuestro país, aportaciones laborales que realizan y los múltiples compromisos de respeto a los derechos humanos que ha hecho el estado mexicano a todos sus ciudadanos, los indicadores señalan que las oportunidades para este sector de la población siguen siendo extremamente limitadas.

Según información publicada por el propio Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en 2011, en un reporte sobre el avance de los objetivos de desarrollo del milenio (ODM), en México ocho de cada 10 indígenas son pobres. Esta proporción duplica a de la población en general del país, donde 4.3 de cada 10 personas padece esta situación.

Si nos comparamos con el resto países que cuentan con población indígena, la situación es también vergonzosa pues México tiene la segunda proporción más alta de población indígena en pobreza en el mundo, sólo debajo de la que prevalece en la República Democrática del Congo, país en que 8.5 de cada 10 indígenas es pobre.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval,) de acuerdo a la última medición de pobreza en el país, ha señalado que entre 2008 y 2010 aumentó la proporción de población indígena en esta situación en 3.4 puntos porcentuales. Asimismo, el Coneval afirma que sigue teniendo niveles de pobreza y de cobertura de servicios básicos muy diferentes a los de la población que no es indígena, lo cual indica la necesidad de tener mejores políticas públicas para este sector de la población.

No es de extrañarse que organizaciones nacionales e internacionales contantemente levanten la voz a favor de los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, a principio de este año, el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de la ONU pidió explicaciones al gobierno mexicano por la situación de los indígenas y los inmigrantes. Situación de desigualdad y discriminación que genera incluso la violación de sus derechos en múltiples procesos penales.

En resumen, después de casi 20 años, la población indígena continúa en las peores condiciones de pobreza, desi-gualdad, discriminación, olvido y marginación. Desde la mesa de negociación en la cabecera municipal de San Andrés Larráinzar, donde refirmaron los Acuerdos del mismo nombre de comunidad para dar paso a la autonomía y libre determinación de las comunidades, hasta la promesas que se hicieron a la Marcha del Color de la Tierra hacia la Ciudad de México, todo sigue siendo una enorme deuda con los indígenas. Ante esta situación, el nuevo gobierno federal poco ha dicho o propuesto.

Desafortunadamente el llamado Pacto por México señala en apenas tres párrafos sus planteamientos a favor de los indígenas de manera muy general. En los compromisos 36 al 38 no hace ninguna mención sobre los Acuerdos de San Andrés, no se presenta ninguna acción específica que presente cambios de fondo o programas en este sentido. Las manifestaciones de los días pasados son el llamado de una nueva generación de zapatistas que de manera pacífica hacen la justa demanda a que se pague la deuda con la población indígena del país.

No se puede seguir postergando la respuesta, es urgente y justo que se enfoquen con seriedad los esfuerzos necesarios para desarrollar acciones de promoción, difusión y defensa de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas del país.

Con lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.El pleno cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar para restituir los derechos a los pueblos indígenas de México y atender sus justas demandas en materia de justicia, igualdad y autonomía.

Segundo.Exhortar respetuosamente a las diversas instancias del gobierno federal y estatal para que de manera incluyente y tomando en cuenta las propuestas del propio EZLN, la sociedad civil, recomendaciones de organismos internacionales, expertos, partidos políticos realice un esfuerzo serio, de diálogo y concreción de acuerdos.

Nota:

1 http://www.jornada.unam.mx/2011/04/16/economia/025n2eco

Recinto legislativo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 27 días del mes de diciembre del año 2012.— Senadora Dolores Padierna Luna (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, esta Presidencia tiene un problema. Le dimos la palabra a nuestra compañera Dolores Padierna en uso del capítulo de agenda política, pero me presenta puntos de acuerdo.

Esta Presidencia obsequiaría con muchísimo gusto el turno de los puntos de acuerdo, pero ya no habría agenda política. O bien, preguntamos a la asamblea si se admite de urgente u obvia resolución y entonces abriríamos una ronda de oradores, pero ya no sería de agenda política.

Quisiera preguntarle a doña Dolores Padierna; el trámite que usted me sugiera, lo adoptamos con mucho gusto.

La senadora Dolores Padierna Luna (desde la curul): Punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ya no entraríamos en la agenda política.

La senadora Dolores Padierna (desde la curul): Por el 58 y el 59.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Entonces, en términos del 59, pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite de urgente resolución.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Entonces, le daríamos la palabra a don Manuel Añorve Baños, en pro y a don Ricardo Mejía, en pro. En términos del 90, preguntaríamos si está suficientemente discutido y si a la asamblea le parece que no, abriríamos otros dos.

El diputado Manuel Añorve Baños:Con su permiso, señor presidente. Por convicción y compromiso democrático, en nuestros grupos parlamentarios del Senado de la República y de la Cámara de Diputados siempre estaremos a favor de la participación política, pacífica y totalmente libre, individual o colectiva de cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos, que haciendo uso de sus garantías constitucionales expresen una opinión, se manifiesten por una causa o hagan uso de su derecho de protesta.

Pronto se cumplirán 20 años del levantamiento que sacudió al país y cambió nuestras conciencias en la madrugada de 1994. Hoy confirmamos que el zapatismo sigue ahí, pero hoy demuestra la autenticidad de su causa con métodos pacíficos.

Es indudable que la causa indígena —como aquí se ha dicho— continúa vigente, pues muchas de las demandas de comunidades y pueblos indígenas no han sido satisfechas. Pero será con expresiones pacíficas y con acuerdos políticos que los mexicanos podremos encontrar la solución a ésos y a muchos otros problemas que aún gravitan en nuestra convivencia, entre ellos los más dañinos son la desigualdad y la pobreza, que afecta a millones de mexicanos, entre los que se encuentran nuestros hermanos indígenas como los más pobres.

Sabemos que como sociedad tenemos una deuda histórica aún pendiente con ellos; sabemos también que cuentan con distintas formas de organización y filiaciones políticas que deben de respetarse, al igual que su idiosincrasia y sus costumbres.

Forman parte de la comunidad democrática nacional que estamos empeñados en consolidar con espacios para cada mexicano, sin exclusiones y con respeto a la pluralidad de expresiones que la constituyen.

El tema de justicia para los pueblos indígenas no puede estar ausente en cualquier acuerdo político nacional que busque ir a la raíz de la solución de nuestros problemas; por eso forma parte destacada del Pacto por México, y no podría ser de otra manera, ahí se reconoce que siete de cada 100 mexicanos son hablantes de una lengua indígena y de ésos, ocho de cada 10 son pobres, la mitad de los cuales vive en pobreza extrema.

De manera destacada, en el capítulo relativo al fortalecimiento de las comunidades indígenas, se subraya que se llevará a la práctica el reconocimiento efectivo de las comunidades y pueblos indígenas, como entidades de derecho e interés públicos; realizar la planeación comunitaria de sus proyectos de desarrollo, así como asociarse libremente con otras comunidades o municipios, para promover proyectos comunes que impulsen su desarrollo.

Se marca ahí la necesidad de dar prioridad a la atención de las necesidades de los pueblos indígenas, en materia de educación, salud, infraestructura y desarrollo, que el gobierno de Enrique Peña Nieto habrá de atender, como se ha comprometido.

Existe un acuerdo político que expresa el interés de la sociedad mexicana para cumplir con las aspiraciones de justicia de las comunidades indígenas, entre ellas, la de los zapatistas de Chiapas.

El Congreso también tiene que contribuir y en nuestro grupo parlamentario estamos en la mejor disposición de hacerlo, en el perfeccionamiento de nuestro marco legal en la materia. Así lo reclama la sociedad y ése es un compromiso colectivo.

No dar marcha atrás en el sendero de las soluciones democráticas, la manifestación zapatista del 21 de diciembre confirma que ése es el camino y no hay ningún otro camino. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, don Manuel. Don Ricardo Mejía, en pro. Ah, permítame, perdóneme, estaba el senador Melgar y ya me lo habían anunciado, por favor. Bueno, adelante, va él, sí.

Luego voy a preguntar a la asamblea que me permita otra ronda de oradores. Usted don Ricardo, adelante, si no así me va, adelante. Es que casi no escuchamos a don Ricardo, entonces vamos a escucharlo.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Veo que en esta Comisión Permanente hay más apertura y lo celebramos, de veras, o será quizá el espíritu navideño, pero bueno, en cualquier caso gracias por esta tolerancia, que finalmente es el ejercicio de un derecho que como parlamentarios tenemos, pero nos parece que el punto propuesto por la senadora Dolores Padierna es totalmente atendible.

Qué bueno que se recondujo que fuera como punto de acuerdo y no solamente como agenda política, porque nos parece que hay una deuda histórica con los indígenas del país, y la manifestación silenciosa del pasado 21 de diciembre es un mensaje estruendoso a la vida política del país.

El silencio también es una forma de comunicarse y sin duda, el silencio de ellos fue muy elocuente, porque pareciera que no pasa nada en el sureste mexicano, que es un tema propio de las hemerotecas o de la nostalgia, pero es un tema vigente.

Sigue habiendo una deuda histórica, siguen habiendo problemas no resueltos, y nosotros como grupo parlamentario hemos sostenido que los temas que implican relevancia para el país, sean de carácter legislativo o sean temas políticos, tienen que pasar por el Congreso mexicano.

Por eso, hemos insistido en que no es necesario firmar ningún pacto para cumplir con nuestra responsabilidad institucional y nuestro compromiso con el país, y por eso, no obstante que hemos manifestado nuestro rechazo a pactos que hemos llamado propagandísticos, nosotros estamos de acuerdo en que se hagan todos los esfuerzos necesarios para que se atienda la problemática integral de los indígenas mexicanos.

Nos parece que siguen habiendo temas no resueltos; el tema de Acteal, que fue el 22 de diciembre del 97, Acteal, Chiapas, por cierto actores políticos que tuvieron que ver en esa fecha, hoy se han reciclado, como es el caso del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, que en esa fecha, ante la gravedad de los hechos de Acteal, pues tuvo que renunciar a la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, vemos que en el caso de este grave hecho de violencia, que Ernesto Zedillo calificó en aquel momento como un hecho propio de las comunidades, un conflicto intercomunitario, vemos que es un problema que sigue siendo materia de observación por parte de organismos internacionales, y la propia Amnistía Internacional señaló que el Estado mexicano tiene una deuda de justicia con las víctimas y con sus familiares.

Por otra parte, esta marcha silenciosa por cinco municipios de Chiapas, es un mensaje muy ilustrativo. Nosotros creemos que se debe ir a fondo en todas las medidas que se tomen en cuenta para cumplir los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, para profundizar en hacer efectivo el artículo 2o. constitucional y con todas las reformas que puedan darle fortaleza a estas comunidades, las más pobres del país, las más olvidadas, las que viven no solamente desigualdad económica y social, sino desigualdad política y de salud pública.

Por eso estamos de acuerdo en esta propuesta que hace la compañera Dolores Padierna, pero consideramos que no solamente los grupos indígenas tienen que atenderse en sus demandas, hay grupos urbanos, sindicales, hay grupos de jóvenes que siguen siendo víctimas de violencia de Estado, de violencia irracional y por eso celebramos también que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal haya tomado la decisión de reformar el artículo 362 del Código Penal para reclasificar el delito —todavía decimonónico— de la alteración a la paz pública y que en la reclasificación puedan, próximamente o estén ya por tomar libertad 14 jóvenes que tuvieron la desgracia de encontrarse en un lugar, en un día violento en la Ciudad de México.

Por esa razón vemos que esta decisión tiene que extenderse a todos los grupos políticos y sociales, a los jóvenes, a los sindicatos y a todos aquellos que han sufrido violencia física o violencia social y que son necesarios atender.

Aprovecho para concluir, para agradecer el voto aprobatorio del punto de acuerdo que presentamos. Nos parece que todas las medidas encaminadas a fortalecer la gratuidad de la educación en sentido amplio; es decir, incluyendo materiales e infraestructura y no en una interpretación restrictiva deben saludarse.

Por eso concluyo, dejamos pasar algunas referencias hacia nuestra persona, en un ánimo de concordia y de que finalmente se apruebe este punto de no a las cuotas escolares, que nos parece muy importante para millones de mexicanos. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Senador Melgar, tiene usted el uso de la voz. Con esto cerramos la lista de oradores y preguntamos si se aprueba.

El senador Luis Armando Melgar Bravo:Muy buenas tardes, compañeros y compañeras legisladores, todos miembros de esta Comisión Permanente. Con su permiso, señor presidente.

El día de hoy se ha abierto —llamémosle así— una gran reflexión, un espacio para la reflexión con respecto de esta marcha silenciosa, pacífica y justa de los indígenas, que forman parte del movimiento zapatista.

Como lo expresó aquí mi compañera senadora Dolores Padierna, de la misma manera mi compañero diputado Ricardo, nosotros creemos que esto sea un gran punto de partida, esta marcha silenciosa, dentro del marco —sí, es un buen augurio dentro del marco— del Pacto por México, que suscribieron los partidos políticos conjuntamente con el gobierno de la República.

Quiere decir que hay un buen ánimo, que existe disposición y sobre todo, un firme compromiso porque en nuestro México haya espacio para la reflexión y haya espacio para las marchas, y todos aquellos pronunciamientos de manera pacífica que se puedan dar.

El pasado 17 de noviembre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional cumplió 29 años de su fundación, y con este antecedente se llevó a cabo esta movilización muy sobresaliente de movimiento, que conjuntó a 20 mil zapatistas en San Cristóbal de las Casas, 6 mil en Ocosingo y 7 mil en las Margaritas. Los de las bases de apoyo fueron masivas, en total silencio, de manera civilizada y en una total y contundente organización civil de la gente.

El gobierno de Chiapas, el gobierno constitucional de Manuel Velasco, con ánimo democrático confirmó que las marchas de los más de 40 mil indígenas zapatistas que se manifestaron el viernes pasado se llevaron a cabo de manera pacífica y en un marco de respeto a las instituciones del estado y del país.

En su comunicado, el gobierno estatal reconoce a las movilizaciones que éstas se desarrollaron de manera civilizada y en orden, con un visible respeto a las instituciones, repito.

También queremos reconocer la disposición mostrada por el gobierno federal para ofrecer tolerancia, respeto y compromiso con una agenda social que favorecerá a Chiapas y a los indígenas del estado y del país, con un ánimo de justicia, equidad y libre expresión.

Por todo lo anterior, debo señalar que en el Partido Verde Ecologista de México se respalda cabalmente este tipo de expresiones; expresiones que le dan a nuestro orden democrático fortaleza, que nos da un oxígeno para poder todos transitar de manera pacífica, de manera ordenada y donde todo mundo encuentra un espacio para así hacerlo dentro de nuestro país. Por su atención gracias, es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muy bien. Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los resolutivos planteados por nuestra muy apreciable compañera doña Dolores Padierna.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado.

Honorable asamblea, tenemos dos comunicados de la Mesa Directiva, uno que tiene que ver con la integración de comisiones. Le ruego a la Secretaría que dé a conocer los nombres que los grupos parlamentarios nos han proveído, de tal suerte de que queden en condiciones de instalarse a la brevedad.

COMISIONES DE TRABAJO

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Acuerdo de la Mesa Directiva, relativo a la integración de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente del primer receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura

La Mesa Directiva, de conformidad con lo que establece los artículos 78, fracción III. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 123, 127, 128 y 129 de la Ley Orgánica del Congreso; así como 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, acuerdo para la integración de las comisiones para el despacho de los negocios de su competencia, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

Primera. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión es el órgano constitucional que funcionará durante los recesos de éste, siendo integrado por 37 legisladores, de entre los cuales 19 son diputados y 18 son senadores, que representan a sus Grupos Parlamentarios de conformidad con la configuración con la que cuente cada Cámara.

Segunda. Que de conformidad con la Constitución Federal, tiene competencia para resolver sobre diversos asuntos de orden público, para lo cual requiere el auxilio de comisiones previstas en la normatividad parlamentaria.

Por lo expuesto, se propone a la consideración del Pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se propone para ocupar las directivas y para integrar las correspondientes Comisiones de Trabajo de la Comisión Permanente durante el presente receso a los siguientes legisladores.

Segundo. Las mesas directivas de las Comisiones de Trabajo de la Comisión Permanente adoptarán sus decisiones por mayoría absoluta, mediante el sistema de voto ponderado, en el cual los respectivos integrantes representarán tantos votos como miembros tenga su Grupo Parlamentario en la Comisión Permanente.

Transitorio

Único. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Salón Legisladores de la República, a 27 de diciembre de 2012.— Diputado Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva; senadora Hilda Estela Flores Escalera (rúbrica), vicepresidenta; senador José María Martínez Martínez, vicepresidente; diputada Mirna Hernández Morales (rúbrica), secretaria; senador Miguel Romo Medina (rúbrica), secretario; diputado Carlos Alberto García González (rúbrica), secretario; diputado Uriel Flores Aguayo (rúbrica), secretario.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado.Esta Presidencia hace la aclaración de que en el caso de la Segunda y Tercera Comisión los primeros tres de la lista son presidente y secretarios; en el caso de la Segunda y la Tercera Comisión, así está el acuerdo.

Le ruego, por favor, a la Secretaría, dar lectura a un resolutivo para obsequiar la petición del Partido de la Revolución Democrática de cambiar secretario de la Mesa Directiva. Es propuesta de la Mesa, para votarlo económicamente.

MESA DIRECTIVA

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se designa secretario de la Mesa Directiva

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Primer Receso del Primer año de Ejercicio de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

Considerando

Que la Comisión Permanente cuenta con una Mesa Directiva que tiene la responsabilidad de conducir las deliberaciones y los trabajos del Pleno de la Asamblea y

Que el Grupo Parlamentario del PRD ha propuesto para ocupar la Secretaría que le corresponde a dicho grupo parlamentario al senador Fidel Demédicis Hidalgo en sustitución del diputado Uriel Flores Aguayo, somete a la consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Único. Se designa al senador Fidel Demédicis Hidalgo como secretario de la Mesa  Directiva de la Comisión Permanente del primer receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura en sustitución del diputado Uriel Flores Aguayo.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 27 días del mes de diciembre de 2012.— Diputado Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva; senadora Hilda Estela Flores Escalera (rúbrica), vicepresidenta; senador José María Martínez Martínez, vicepresidente; diputada Mirna Hernández Morales (rúbrica), secretaria; senador Miguel Romo Medina (rúbrica), secretario; diputado Carlos Alberto García González (rúbrica), secretario; diputado Uriel Flores Aguayo (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tenemos que aprobarlo, por favor.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: Se va a proceder a recoger la votación nominal...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Perdón, es un acuerdo de la Mesa Directiva; por lo tanto, es en votación económica.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: En votación económica se solicita a los presentes manifestar su voto, los que estén a favor. Los que estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (a las 13:39 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 3 de enero de 2013, a las 11 horas.

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