Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Sí, señor presidente, muy buen día a todas y todos.

(Pase de lista)

Hay una asistencia de 29 legisladores; por lo que hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 11:11 horas): Se abre la sesión. Feliz año a todos.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El diputado Rodrigo González Barrios (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, con mucho gusto. Un micrófono, por favor, para nuestro muy amigo legislador nayarita.

El diputado Rodrigo González Barrios (desde la curul): Gracias, diputado presidente. El día de ayer, la Tercera Comisión aprobó un dictamen, un punto de acuerdo, y no lo veo en el orden del día, fue aprobado por unanimidad y es un punto de acuerdo sumamente importante, es sobre Dragon Mart.

Solo comentarle que el presidente Peña Nieto, antes de que terminara el año, tomó la decisión de que se sigan cobrando aranceles, fundamentalmente lo que tiene que ver con calzado y textil, que son producidos de China.

El asunto de Dragon Mart tendría que ver con una superficie de más de 500 hectáreas; hay una en Dubai, un Dragon Mart, de una superficie de 17.5 hectáreas. Aquí estaríamos hablando de más de 500 hectáreas en Quintana Roo.

Dragon Mart-Dubai es el primer lugar después de China donde se venden productos chinos y venden hasta maquinaria pesada.

La industria textilera y del calzado están planteando que no se debiera de aperturar un emporio con estas características.

El punto de acuerdo tiene que ver con cuestiones económicas que pudieran romper con cadenas productivas muy importantes de calzado y textilera, no solamente en Cancún, sino en todo el país. Le quisiera pedir amablemente, diputado presidente, que de ser posible se integre al orden del día este punto de acuerdo que fue aprobado por unanimidad.

Algo está viendo el presidente de la República y algo están viendo los industriales mexicanos, que plantean que esa situación debe de revisarse puntualmente. A partir de la propuesta de punto de acuerdo que propuso el compañero diputado Trinidad Morales, en respaldo a la diputada de Quintana Roo, Graciela Saldaña, se ha venido una andanada, allá en Quintana Roo, en contra de ellos diciendo que están difamando.

Sería importante que si los responsables, los que están al frente de esta empresa, los apoderados legales, si dicen que se está mintiendo, que nos invitaran.

Pediría incluso que la Tercera Comisión, que preside la senadora Dolores Padierna, pudiera invitar a los industriales del calzado y textileros para escucharlos. Es un asunto de la mayor importancia. Desde mi opinión, es la cabeza del dragón chino en México y en toda Latinoamérica. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, muy apreciado diputado. No se nos remitió a Mesa Directiva el dictamen. Hasta donde entiendo, estaban juntando firmas.

Senadora Dolores. Adelante.

La senadora Dolores Padierna Luna (desde la curul): La Tercera Comisión sesionó a partir de las cuatro de la tarde. De acuerdo al Reglamento que aprobamos en la sesión pasada, el registro termina a las dos de la tarde.

Como es un dictamen votado por unanimidad, consideramos conveniente apartar el lugar mientras se reunían todas las firmas. Hasta hoy, que esperamos ver a todos nuestros legisladores y legisladoras, podría cubrirse este requisito de la firma.

Quisiera hacerle la misma súplica de mi compañero, que pudiera abrirse en el orden del día el punto para presentarlo como dictamen y se vote por el pleno.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Les parece que si nos llega a Mesa Directiva el dictamen, debidamente firmado, consultemos a la asamblea para que nos permita cambiar el orden del día? Creo que no habrá inconveniente. Lo hacemos con mucho gusto, aun cuando no está agendado, las razones de nuestro muy querido amigo el señor diputado nayarita han quedado expuestas y en el Diario de los Debates.

Estamos en el trámite de la dispensa del orden del día, por favor.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer receso.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 3 de enero de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Cuatro, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Dos, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.

Con el que remite la designación de los ciudadanos Guillermo Hopkins Gámez, Luis Miguel Montaño Reyes, José Gerardo Quijano León y Óscar Guillermo Levín Coppel como vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Con el que informa que catorce ciudadanos mexicanos han dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América.

Con el que informa que el 30 de noviembre de 2012 fue constituido el Fideicomiso Público denominado “Fondo para el Cambio Climático”, en cumplimiento al artículo Noveno Transitorio de La Ley General de Cambio Climático.

Iniciativas

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por el diputado Jorge Herrera Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, suscrita por el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del artículo 5° Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, suscrita por el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 57 del Código de Justicia Militar, suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 18 Bis y reforma los artículos 42 y 52 de la Ley de Aviación Civil, suscrita por la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la senadora Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Rodrigo González Barrios y Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por el diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, suscrita por el diputado Abraham Montes Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, para que formule un llamado a las autoridades migratorias de las regiones de Estados Unidos de América y Canadá, para que en la conducción de las labores de auxilio a las mujeres y la población menor de edad indocumentada, migrante mexicana que resultó damnificada a consecuencia de la tormenta Sandy, se priorice el trato digno y el respeto a sus derechos humanos, suscrito por la diputada Marcelina Orta Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, para que con base en el PEF 2013, se dé prelación en el ejercicio presupuestal para la Campaña Fitozoosanitaria de Prioridad Nacional contra el HLB, suscrito por la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, realice un estudio en coadyuvancia con la UNAM, el IPN y otras instituciones académicas de investigación, para que por medio de sus convenios, se determine el impacto ambiental de la empresa Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, SA de C., a fin de que cumpla con la normatividad aplicable, así mismo, se exhorta a la Sedesol, para que realice el análisis respectivo para implementar programas sociales en beneficio de la comunidad indígena Hñähñu del estado de Hidalgo, suscrito por la senadora Luz María Beristaín Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración, para que integre un estudio minucioso de su personal presuntamente involucrado en actos ilícitos e irregulares, y en caso de probarse la comisión de algún ilícito, se actúe en consecuencia, a fin de garantizar los derechos humanos de los migrantes, suscrito por la senadora Luz María Beristaín Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia, para que investigue sobre la posible existencia de prácticas monopólicas en el sector de la aviación civil de pasajeros, aplicada por el Grupo Aeromexico SAB. de C., en las rutas nacionales que actualmente opera, suscrito por el diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Segob, para que garanticen la continuidad de la certificación de los integrantes de los cuerpos policiacos del país, por la vía de los controles de confianza; así como para que den a conocer el programa de reestructura de las áreas operativas y de inteligencia que se encontraban adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública, suscrito por el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, realice una revisión y ajuste de tarifas en el tramo carretero “Perote-Banderillas” y “Libramiento Xalapa”, suscrito por el diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Segob, para que lleve a cabo acciones para terminar con la grave crisis de inseguridad que vive el país, suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, Federal y del estado de Tlaxcala, para que requiera a la concesionaria promotora de autopistas del Pacífico SA de CV, cumpla con el requisito de mejorar, conservar y mantener en buen estado el tramo carretero de San Martín Texmelucan-Tlaxcala-Molinito, suscrito por la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los ayuntamientos del Estado de México, a conducirse con responsabilidad, con apego a derecho y bajo los principios de transparencia, en la conducción de las finanzas públicas, suscrito por la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SHCP, se tomen medidas respecto del endeudamiento, déficit y posibles medidas ante el precipicio fiscal de los Estados Unidos de América, informando a la brevedad sobre las acciones acordadas, suscrito por el senador Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Semarnat, a negar la autorización del proyecto “La Ensenada” en la Isla Holbox, dentro del Área Natural Protegida de Yum Balam, en Lázaro Cárdenas, estado de Quintana Roo, así como para que se apruebe y publique el programa de manejo correspondiente a dicha área natural, suscrito por el diputado Ricardo Monreal Avila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que entregue trimestralmente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, la información relativa a la deuda pública de los estados y municipios, suscrito por la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Profeco, para que aumente la cobertura de la campaña de difusión y divulgación sobre los derechos de los consumidores, informando a la ciudadanía sobre los mismos, así como de las violaciones e infracciones contenidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrito por el senador Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales, para que aceleren la aplicación de las evaluaciones de control de confianza a los elementos de las instituciones de Seguridad Pública, suscrito por la senadora Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Agenda política

Comentarios relativos a la situación actual que prevalece en la República Árabe Siria, a cargo de la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior, que está publicada. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el jueves veintisiete de diciembre de dos mil doce, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Salón Legisladores de la República sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta y un legisladores, a las once horas con veintiocho minutos del jueves veintisiete de diciembre de dos mil doce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; en votación económica se dispensa la lectura al Acta de la Sesión de Instalación, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con los siguientes documentos:

a) De los Grupos Parlamentarios con representación en la Comisión Permanente, Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el desarrollo de las sesiones durante el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura. En votación económica se dispensa la lectura y de la misma manera se aprueba.

b) De la Comisión Federal de Competencia oficio con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las prácticas monopólicas en el sector de la aviación civil de pasajeros, que aplica Grupo Aeroméxico, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable. Se remite a la Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

c) De la ciudadana Verónica Elizondo Martínez, oficio por el que solicita el permiso constitucional necesario, para prestar servicios en la Embajada del Reino de los Países Bajos, en México. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

d) De la Secretaría de Gobernación oficios:

• Por los que concede permisos para que los ciudadanos:

Patricia Espinosa Cantellano, pueda aceptar y usar la Condecoración de Orden de Bernardo O´Higgins, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Chile.

• Bruno Francisco Ferrari García de Alba, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Carlos, en Grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Colombia.

• Armando Vicencio Álvarez, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

• Fidias Hernández Ubaldo, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

• José Julián Gascón Mercado, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel La Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

• Por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los Ciudadanos:

• José Luis Lara Flores, Rodrigo Ávila Ramírez, Mayra Alejandra Bocanegra Bayardo, Jorge Miguel Cirilo Aguilar, Adriana De La Torre Olazábal, Marie Giséle Ibarra Cornille, Luis Manuel Soto Uruñuela y Sergio Trejo Ortiz, puedan prestar servicios en las Embajadas de La República Federal de Alemania y de Canadá, en México, e informa que los ciudadanos Elizabeth Martínez Atilano, Vicente Paulino Lima Cisneros, Diana Cortés Chávez, Héctor Eduardo García Álvarez, César Olivo Sosa y Paola Velasco Herrejón, han dejado de prestar servicios a gobiernos extranjeros.

• Juan Manuel Ayala Herrera, María Luisa Guadalupe Mosqueda Rodarte, José Luis González Reyes y Diana Angélica Galindo Laredo, puedan prestar servicios en las Embajadas de la República Federativa del Brasil y de los Estados Unidos de América, en México y su Consulado en Ciudad Juárez, Chihuahua, e informa que los ciudadanos Luz María Liceaga Campos y José Edmundo García Crisanto, han dejado de prestar servicios a gobiernos extranjeros.

Las solicitudes de permiso, se turnan a la Primera Comisión de Trabajo. Por lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicios, se remiten a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados, y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

Se concede el uso de la tribuna para presentar las iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo setenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Uriel Flores Aguayo, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo ciento cincuenta de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

Se recibe iniciativa con proyecto de decreto del diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo cincuenta y nueve del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

Se concede el uso de la tribuna para presentar las proposiciones con punto de acuerdo a los legisladores:

• Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Partido Acción Nacional, por el que el Senado de la República, se solidariza con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos de América, ante los acontecimientos suscitados el viernes catorce de diciembre en la población de Newtown, estado de Connecticut. En votación económica se considera de urgente resolución. Se somete a discusión e intervienen en pro los legisladores: diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; y senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se considera suficientemente discutido, y de la misma manera se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

La Mesa Directiva hace referencia a la proposición con punto de acuerdo suscrita por la senadora Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, para rendir un homenaje póstumo a la compositora mexicana Ema Elena Valdelamar Casarín, ante su sensible fallecimiento y en reconocimiento a su amplia trayectoria profesional, a lo cual la Presidencia expresa unas palabras.

• Diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, a nombre propio y de la diputada Graciela Saldaña Fraire del Partido de la Revolución Democrática, en relación con las autorizaciones para la edificación del megaproyecto comercial y de vivienda de capital de origen chino denominado “Dragon Mart” en la ciudad Cancún, municipio de Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo, así como del impacto social, económico y ambiental con la operación del mismo. En votación económica se considera de urgente resolución. Se somete a discusión e intervienen en pro los legisladores: senador Juan Carlos Romero Hicks, del Partido Acción Nacional; y diputado Silvano Blanco Deaquino, del Partido de la Revolución Democrática; e interviene para presentar modificación la diputada Judit Magdalena Guerrero López, del Partido Verde Ecologista de México; e interviene para rectificación de hechos el senador Francisco Domínguez Servién, del Partido Acción Nacional. En votación económica se considera suficientemente discutido, y de la misma manera se acepta la modificación presentada por la diputada Judit Magdalena Guerrero López, y se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública Federal y Estatales, para que garanticen que la educación que imparte el Estado sea gratuita y no esté condicionada al pago de cuotas escolares. En votación económica se considera de urgente resolución. Se somete a discusión e interviene en contra el senador Juan Carlos Romero Hick, del Partido Acción Nacional; e intervienen en pro los legisladores: diputadas María de las Nieves García Hernández, del Partido Revolucionario Institucional; Judit Magdalena Guerrero López, del Partido Verde Ecologista de México; y senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Partido de la Revolución Democrática; para rectificación de hechos el diputado Francisco Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional. En votación económica se considera suficientemente discutido, y de la misma manera se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

• Senador Fidel Demédicis Hidalgo, y a nombre propio y del diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Congreso del estado de Morelos, para que dé cumplimiento a los plazos constitucionales y disposiciones normativas aplicables en la elaboración de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para la entidad. En votación económica se considera de urgente resolución. Sin oradores registrados, en votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

• Diputado Silvano Blanco Deaquino, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que interponga acción de inconstitucionalidad en contra de la Reforma Laboral Integral, producto de la iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce. En votación económica no se considera de urgente resolución, y se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

Se reciben proposición con punto de acuerdo de los legisladores:

• Diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que derogue el Decreto Oficial del veintinueve de noviembre de dos mil doce, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Estado Mayor Presidencial. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

• Diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, y a nombre propio y del diputado Antonio Sansores Sastré, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para el análisis de la prevención y tratamiento de enfermedades curables, tales como la Diabetes, Hipertensión, Dislipidemia y Obesidad en el país. Se turna a la Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados, para su atención.

Se concede el uso de la palabra para presentar proposición con punto de acuerdo a la senadora Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, en relación al cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larrainzar, para restituir los derechos de los pueblos indígenas de México. En votación económica se considera de urgente resolución. Se somete a discusión e intervienen en pro los legisladores: diputado Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional; diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; y senador Luis Armando Melgar Bravo, del Partido Verde Ecologista de México. En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo. Comuníquese.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a los siguientes Acuerdos de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente:

• Relativo a la integración de las Comisiones de Trabajo de la Comisión Permanente del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura. En votación económica se aprueba.

• Por el que se designa como secretario de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente al senador Fidel Demédicis Hidalgo, en sustitución del diputado Uriel Flores Aguayo, ambos del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se aprueba.

El Presidente clausura la sesión a las trece horas con treinta y nueve minutos, y cita para la que tendrá lugar el jueves tres de enero de dos mil trece, a las once horas.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si se aprueba, por favor, secretaria.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.Continúe la Secretaría.

AGUAS INTERNACIONALES DE LOS RIOS COLORADO, TIJUANA Y BRAVO

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 6-II-1-0278, signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP1657/12, suscrito por la licenciada Betina Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como del anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 24 de diciembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Respuesta al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, relativo al exhorto al comisionado mexicano de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Estados Unidos a hacer pública de manera inmediata la información referente al posible acuerdo que modificaría el tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de Estados Unidos de América de la distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo

El Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América, firmado el 3 de febrero de 1944 (Tratado de Aguas de 1944) establece la distribución de agua de los ríos Colorado y Bravo. La aplicación del Tratado, así como “la reglamentación y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que los dos gobiernos adquieren en virtud del mismo” se realizan a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).

El Tratado establece que los acuerdos de la CILA “se harán constar en forma de actas”. Asimismo, prevé que “los comisionados ejecutarán las resoluciones de la Comisión, aprobadas por ambos gobiernos”.

En fechas recientes no se ha planteado ninguna modificación al Tratado de Aguas de 1944. En una materia de gran trascendencia y potencial desacuerdo como el manejo y repartición de aguas internacionales, México y Estados Unidos han colaborado durante décadas.

Las condiciones de baja precipitación y escurrimiento en la cuenca del Río Colorado, desde finales de la década de los noventa, han incrementado las probabilidades de que se puedan presentar condiciones de bajo almacenamiento en las presas. Como resultado, ambos gobiernos instruyeron a ambas secciones de la CILA a llevar a cabo un diálogo binacional para identificar oportunidades en proyectos de cooperación, minimizar los impactos potenciales condiciones de escasez en la cuenca del Río Colorado y generar volúmenes adicionales de agua en beneficio de ambos países.

Para tal efecto, las secciones de la CILA negociaron el contenido del Acta 319 “Medidas interinas de cooperación internacional en la cuenca del Río Colorado hasta el 2017 y ampliación de las medidas de cooperación del Acta 318, para atender los prolongados efectos de los sismos de abril de 2010 en el valle de Mexicali, Baja California”. Este documento fue suscrito el pasado 20 de noviembre, como se informó a la opinión pública a través de un comunicado (disponible en http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/ es/ comunicados/2112-338).

Entró en vigor, de conformidad con el artículo 25 del Tratado de Aguas de 1944, tras su aprobación por ambos gobiernos. El texto íntegro del Acta se encuentra disponible en http://www.sre.gob.mx/cilanorte/images/stories/pdf/ 319.pdf.

El Acta permite concretar los términos de cooperación binacional en materia de excedentes de agua, condiciones de escasez, salinidad, proyectos de inversión conjunta y proyectos ambientales y de conservación. No modifica el Tratado de Aguas de 1944, ni implica la enajenación del agua correspondiente a uno y otro país. No se refiere a la cuenca del río Bravo.

El contenido del Acta fue explicado a detalle a las partes interesadas. Se llevaron a cabo una serie de reuniones en Mexicali el 28 y 29 de noviembre de 2012. Se expusieron los alcances y beneficios para México a partir de la suscripción de dicho documento, mismos que se exponen a continuación:

• Mejora el diálogo sobre la cuenca del río Colorado. Representa la adopción de un enfoque preventivo, integral y de largo plazo en el manejo compartido de la cuenca.

• Amplía el periodo de aplicación del Acta 318, firmada en 2010 y disponible en http://www.sre.gob.mx/cilanorte/ images/stories/pdf/318.pdf que permite diferir entregas de agua a México en tanto se contempla la reparación de la infraestructura que resultó dañada por el sismo en el área de Mexicali registrado ese año, a fin de asegurar el aprovechamiento de estos recursos.

• Establece criterios para el manejo de eventuales excedentes y de condiciones de escasez, lo que permite fortalecer la planeación y beneficia de esta manera a los usuarios de agua de la zona.

• Busca avanzar en la restauración de los ecosistemas de la región, a los cuales están asociadas diversas especies, muchas de ellas en peligro de extinción. Acuerdos como éste benefician por igual a ambos países.

• Prevé, por primera vez, que Estados Unidos contribuya recursos a través de la Comisión a proyectos de infraestructura y ambientales en México. Toma nota también de la intención de ambos gobiernos de buscar el desarrollo de proyectos adicionales y aún mayores en años subsecuentes, con base en un conjunto de proyectos planteado por grupos binacionales de trabajo.

• Toda vez que el Acta tiene una vigencia de 5 años, ambos países podrán conservar los aspectos positivos de la instrumentación de lo acordado y realizar los ajustes que puedan resultar necesarios.

El artículo 10 del Tratado de 1944 considera reducciones en la misma proporción a las asignaciones de México y a los consumos en Estados Unidos, en caso de “extraordinaria sequía o de serio accidente al sistema de irrigación de Estados Unidos”. No obstante, el Acta 319 establece explícitamente que México podría utilizar el agua diferida de años anteriores, con que cuenta con base en el Acta 318, para restituir eventuales reducciones por escasez durante el periodo de vigencia del Acta.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

HURACAN SANDY

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio D.G.P.L. 62-II-2-177, signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DEP1656/12, suscrito por la licenciada Betina Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al apoyo para los mexicanos que independientemente de su situación migratoria, fueron damnificados por el paso del huracán Sandy.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 24 de diciembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en apego a las facultades de la Unidad de Enlace Legislativo, me permito hacer llegar la respuesta a la proposición con punto de acuerdo aprobada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la sesión ordinaria del pasado 11 de diciembre, la cual se hizo llegar para la atención de esta dependencia mediante oficio SEL/ UEL/ 311/ 3357/ 12, y que a la letra dice:

“Único. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que informe sobre las acciones que ha realizado en particular el Consulado General de Nueva York, para apoyar a los mexicanos que, independientemente de su situación migratoria, fueron damnificados por el paso del huracán Sandy. Asimismo, para que continúe con dichas acciones a fin de lograr el mayor apoyo posible a nuestros connacionales en tal situación”.

Por lo antes expuesto, ruego a usted considerar la respuesta que me permito acompañar y; en su caso, ser el amable conducto para hacer llegar la información anexa a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviar a usted un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de diciembre de 2012.— Licenciada Betina Chávez Soriano (rúbrica), directora general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Respuesta al punto de acuerdo aprobado la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, relativo a las acciones del Consulado de México en Nueva York para apoyar a los mexicanos, independientemente de su situación migratoria, damnificados por el huracán Sandy

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha implementado diversas medidas desde que se advirtió la amenaza que el huracán representaba para los mexicanos que visitan o residen en las zonas por las que éste pasaría, inicialmente con un enfoque preventivo, y a fin de estar en posibilidades posteriormente de brindar asistencia efectiva a quienes se vieran afectados, sin importar su condición migratoria.

A partir del 24 de octubre, los consulados de México en Boston, Raleigh, Filadelfia y Nueva York, así como la Sección Consular de la Embajada de México en Washington, DC, implementaron medidas para alertar a la población mexicana así como brindar la asistencia y protección consular requeridas. Destacan las siguientes líneas generales de acción:

– Contacto permanente con autoridades locales, federales y de protección civil para coordinar el flujo de información sobre albergues, medidas preventivas y de asistencia, incluyendo determinaciones de la autoridad migratoria estadounidense;

– Difusión de información sobre medidas de prevención a la comunidad mexicana por medios en español e Internet (páginas web, correo electrónico y redes sociales);

– Operación de guardias de protección;

– Recopilación de información sobre criterios de elegibilidad para recibir apoyos públicos; – Elaboración de un censo de connacionales damnificados;

– Otorgamiento de apoyos en los casos que lo ameritaran, de acuerdo con la normatividad presupuestaria, para la compra de alimentos, ropa y medicina, para casos de indigencia temporal derivados de la crisis;

– Habilitación de la línea del Centro de Llamadas de Protección (1-877-63-CONSUL) para atender emergencias y solicitudes de asistencia en las circunscripciones consulares de Boston, Filadelfia, Nueva York y Washington, de manera adicional a los teléfonos de emergencia disponibles a nivel local y atendidos por personal de Protección en esos consulados;

– Reprogramación de las citas para emisión de documentos consulares;

– Atención inmediata a las víctimas del huracán y sus familias, en coordinación con las autoridades estadounidenses competentes y organizaciones de la sociedad civil, así como mediante visitas a albergues en las zonas afectadas.

La Cancillería emitió un comunicado de prensa (disponible en: http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/ es/comunicados/2019-309) para reiterar los teléfonos de emergencia, cuentas de correo electrónico y de Twitter de la Embajada de México en Washington y los Consulados en Nueva York, Boston y Filadelfia.

Adicionalmente, para reforzar la estrategia desplegada por las representaciones consulares mencionadas, la Secretaría de Relaciones Exteriores envió mensajes a las personas registradas en el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior (Sirme) en las circunscripciones afectadas, incluyendo en este caso a la del Consulado General de México en Toronto, Canadá, donde se registraron altos vientos y la pérdida de energía eléctrica.

Se informó sobre los posibles medios disponibles para contactar al Consulado de México más cercano en caso de requerir asistencia o protección consular, o para brindar apoyo para comunicarse con familiares en México.

En el caso particular del Nueva York se envió un segundo mensaje para notificar sobre la re apertura de la sede que permaneció cerrada entre el miércoles 31 de octubre y el viernes 2 de noviembre por las condiciones imperantes en la ciudad.

El Sirme es un sistema en línea de registro voluntario de mexicanos en el exterior (disponible en: https//sirme.sre. gob.mx).

La Secretaría de Relaciones Exteriores y la red consular han continuado el apoyo a las familias de los cuatro connacionales que lamentablemente perdieron la vida durante el huracán Sandy. Se ha brindado asistencia y apoyo económico para los servicios funerarios y la repatriación de sus restos a nuestro país.

A continuación se destacan algunas de las acciones específicas más relevantes llevadas a cabo por los Consulados de México en la zona afectada:

Consulado General de México en Boston

Difundió entre líderes comunitarios y aliados locales los datos de contacto de todas las agencias estatales de Nueva Inglaterra encargadas de atención de emergencias, solicitando su apoyo para difundido a la población mexicana.

Transmitió a las comunidades mexicanas, con el apoyo de los medios en español, las recomendaciones de seguridad de las autoridades sobre la importancia de permanecer en casa.

Publicó los números telefónicos de las agencias de atención de emergencias que operan en la circunscripción a través del sitio web y cuentas de redes sociales (Pacebooky Twitter) del Consulado General.

En el sitio web puso a su disposición del público el documento “Plan de Contingencia por Huracán Sandy” con recomendaciones para enfrentar la emergencia.

Consulado en Filadelfia

– Emitió 3 boletines informando de la línea de emergencia de protección, la reprogramación de citas de documentación y la lista de albergues de la Cruz Roja. El último boletín detalló las líneas y extensiones para recibir orientación y ayuda para las personas afectadas por el huracán. Retransmitió a los medios el boletín de prensa de la oficina de Derechos Civiles del Departamento de Seguridad Interior (DHS) relativo a la suspensión de operativos de control migratorio durante el paso del Huracán Sandy.

– Publicó en el sitio web de la representación la lista de instituciones de auxilio y los albergues de la Cruz Roja identificados en la circunscripción y emitió un mensaje a la lista de contactos comunitarios para informar de los números de emergencia de la representación.

– Estableció contacto y colaboración con la Cruz Roja en Nueva Jersey y Pennsylvania, con la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), la Diócesis de Dover y líderes comunitarios en Lakewood, Atlantic City, Bridgeton y Vineland, Nueva Jersey.

– Tras el paso del huracán, personal consular acudió a la estación WNCJ AM 1360 de Sewell, Nueva Jersey, para emitir un programa de radio especial dedicado a difundir información de interés para los damnificados del huracán.

Realizó un recorrido de protección por 4 albergues habilitados en las poblaciones de Pleasantville y Buena, Nueva Jersey.

– Difundió el documento “20 Recomendaciones después del Huracán Sandy”, por medio del sitio web, medios de comunicación y contactos comunitarios. Dicha lista compila sugerencias básicas con miras a orientar a la comunidad con respecto a la situación imperante, en particular en el estado de Nueva Jersey.

Consulado General en Nueva York

– Difundió a través de radio, periódicos, televisoras y redes sociales (Facebook y Twitter) medidas preventivas y teléfonos de emergencia, conf0rme lo anunciado por las autoridades, así como los datos de contacto de la representación. Actualizó la página de internet de la representación e incluyó el boletín de prensa de la oficina de Derechos Civiles del Departamento de Seguridad Interior (DHS), relativo a la suspensión de operativos de control migratorio durante el paso del huracán.

– Mantuvo comunicación constante con los líderes comunitarios, especialmente en aquellas zonas de mayor afectación por la tormenta, a fin de hacer un diagnóstico de la situación, coordinar acciones y poner a disposición los números de emergencia y de contacto con el personal de protección.

– Envió mensajes de texto a celular a más de un millón de usuarios, con el apoyo de la plataforma SaberEsPoder,conminando a compartir con el Consulado General de México en Nueva York información sobre connacionales que pudieran necesitar asistencia o protección consular.

– Ante la incapacidad de operar en la sede por falta de suministro eléctrico y la suspensión de los servicios de transporte en la localidad, implementó un “Consulado sobre Ruedas” en la sede de Mi Casa es Puebla, en Passaic, Nueva Jersey.

– Tras el restablecimiento de las operaciones de la sede se abrieron “Consulados sobre Ruedas” adicionales en St. Jerome Hands y Mixteca Organization, en el Bronx y Brooklyn. Se habilitaron también oficinas temporales para ofrecer asistencia a la comunidad mexicana en la Residencia Oficial del Cónsul General, y en la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas, en Manhattan.

– Colaboró con radiodifusoras hispanas de Long Island, la zona más afectada de Nueva York, a fin de proporcionar información y orientación a la comunidad mexicana que a causa de la tormenta tuvo que permanecer en sus hogares.

– Realizó recorridos de protección en Nueva York, Nueva Jersey y Conneticut para identificar y contactar a las personas damnificadas de nacionalidad mexicana que pudieran encontrarse en los albergues establecidos por causa de la emergencia. En el transcurso de los mismos se detectaron personas mexicanas a las que se les brindó orientación y ofreció apoyo económico para enfrentar la contingencia.

– Se puso a disposición de la comunidad el correo electrónico proteccionny@sre.gob.mx como una vía de contacto adicional entre la comunidad y el Consulado General.

– Atendió a dos grupos de estudiantes mexicanos que se encontraban en la ciudad, verificando que se encontraban en su hotel y ofreciendo el apoyo necesario.

– Mantuvo contacto permanente con las autoridades locales y estatales para informar a la comunidad mexicana sobre albergues, centros de restauración, la ayuda que proveen las distintas agencias de gobierno, y los programas que existen para asistir a los más vulnerables.

– Estableció una línea de atención telefónica de emergencias, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se mantuvo en operación hasta el 5 de diciembre, actualizando la información de carácter general así como la localización de los albergues para que los connacionales pudieran hacer frente a las condiciones adversas en la región.

– Envió brigadas consulares en Ashbury Park, Freehold y Long Beach en Nueva Jersey; a Coney Island, Brighton Beach y Red Hook en Brooklyn. En Staten Island, de dos a tres brigadas recorrieron diariamente durante dos semanas las calles de los vecindarios más afectados.

– Estableció presencia consular continua en el Centro del Inmigrante en Staten Island y en la iglesia our Lady of Solace en Coney Island, Brooklyn.

– Mantuvo contacto con donadores potenciales, como la cantante Thalía y la marca Colgate, quienes han distribuido provisiones de emergencia entre familias mexicanas afectadas.

– Identificó un estimado de 930 mexicanos afectados en los estados de Connecticut, Nueva Jersey y Nueva York. Se tiene información sobre 798 damnificados, de los cuales aproximadamente 80% residía en Staten Island y Brooklyn, mientras que 20% vivía en Nueva Jersey y otros condados. 579 damnificados mexicanos han recibido apoyo económico del Consulado. Hasta el día 12 de diciembre de 2012, el Consulado ha entregado $250,453.50 dólares en cheques de asistencia a las familias afectadas. Además, se distribuyeron $4,000.00 dólares en efectivo de emergencia durante la primera semana post-tormenta.

– Brindó asistencia y apoyo económico para la repatriación de los cuerpos de tres mexicanos que fallecieron en la circunscripción.

– En Freehold, Nueva Jersey, el Consulado distribuyó 100 despensas de emergencia.

– En colaboración con la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) se han realizado talleres para trabajadores de limpieza que podrían calificar para participar en el programa National Emergency Grant. Se ha colaborado con autoridades locales para informar a la comunidad mexicana y las organizaciones comunitarias sobre dicha beca.

– El Cónsul General recorrió junto con la secretaria del Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís, las zonas afectadas de Staten Island.

– El Instituto Cultural Mexicano de Nueva York creó un fondo para recibir donaciones que serán distribuidas entre las familias que perdieron sus hogares. Hasta el momento, la cuenta ha recaudado $51,000 dólares, aproximadamente.

– La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de Michoacán (APEAM) donó aproximadamente 5 toneladas de aguacate (con un valor de $33,000 dólares para la campaña “Guacamole for a Good Cause”. Esta campaña donará al fondo creado por el Instituto Cultural Mexicano de Nueva York las ganancias generadas en los 12 restaurantes participantes de la ciudad de Nueva York.

– La fundación Sabores auténticos de México y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación llevaron a cabo una subasta silenciosa en beneficio del fondo de recuperación para mexicanos damnificados por el huracán Sandy.

– La Cámara de Comercio México Estados Unidos, capítulo noreste, celebró su festejo navideño en el hotel Americano. Como parte de su celebración, la Cámara llevó a cabo una subasta silenciosa, de la que destinó 50% de las ganancias al fondo creado por el Instituto Cultural Mexicano de Nueva York.

Consulado General de México en Raleigh

– Realizó recorridos de reconocimiento por la costa este de Carolina del Norte y contactó diversos grupos de comunidades migrantes, centros hispanos y organizadores de la comunidad de esa región, con la finalidad de verificar el estado de la población mexicana tras el paso de la tormenta a identificar posibles necesidades de asistencia y protección.

Sección Consular de la Embajada de México en Washington

–Difundió entre la comunidad mexicana una circular con información preventiva ante el inminente paso de la tormenta por la zona.

– Mantuvo comunicación con las estaciones de radio en español del área metropolitana de Washington, DC, de la Eastern Shore de Maryland y de Hampton Road en Virginia a fin de conocer posibles requerimientos de apoyo de la población mexicana que llegaran a plantearse a través de esas estaciones.

– Mantuvo contacto también con múltiples líderes comunitarios de la circunscripción, particularmente aquellos en las zonas costeras, así como en poblaciones montañosas más alejadas de la capital estadounidense.

– Realizó recorridos por diversas localidades de la circunscripción a fin de acercarse a los albergues en funciones e identificar a connacionales afectados por el paso del huracán. Visitó también colonias de casas móviles, negocios mexicanos, riveras de los ríos y costas en las que se reportaron inundaciones, principalmente en las ciudades de Annapolis, Blandesburg y Riverdale en el estado de Maryland; así como de Alexandria, Manassas, Woodbridge, Newport News, Norfolk y Virginia Beach, en el estado de Virginia. También se realizaron recorridos de protección en la Península Delmarva (Eastern Shore) y en Hampton Roads.

– Mantuvo estrecha comunicación con medios de comunicación, autoridades locales y estatales y con líderes comunitarios, a fin de contar con información precisa sobre la situación en localidades con alta concentración de mexicanos.

– Brindó asistencia y apoyo económico para la repatriación del cuerpo de un mexicano que falleció en la circunscripción.

El Gobierno de México reitera su compromiso de seguir apoyando a la población mexicana en el exterior con acciones específicas de información, protección y asistencia, independientemente de su calidad migratoria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

GUILLERMO AREVALO PEDRAZA

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-0058, signado por el diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP- 1588/12, suscrito por la licenciada Betina Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al asesinato del ciudadano mexicano Guillermo Arévalo Pedraza, a manos de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos de América.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de diciembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en apego a las facultades de la Unidad de Enlace Legislativo, me permito hacer llegar la respuesta a las siguientes proposiciones con punto de acuerdo aprobadas tanto por la Cámara de Senadores como por Congresos Estatales:

1) Punto de acuerdo aprobado por el Senado de la República en la sesión ordinaria del pasado 11 de septiembre y cual se hizo llegar a esta Dependencia mediante oficio SEL/UEL/311/2648/12 (12 de septiembre de 2012).

“Primero. El Senado de la República condena el artero asesinato del ciudadano mexicano Guillermo Arévalo Pedraza a manos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y exige el pronto esclarecimiento de los hechos.

”Segundo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a seguir brindando apoyo jurídico a los familiares de Guillermo Arévalo Pedraza con el fin de llevar los procesos penales hasta sus últimas consecuencias.

”Tercero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a presentar, en el momento procesal adecuado, la solicitud de detención provisional con fines de extradición del agente o de los agentes de la Patrulla Fronteriza que resulten responsables del asesinato.

”Cuarto. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a garantizar la plena implementación de la Declaración Conjunta México-Estados Unidos sobre Prevención de la Violencia Fronteriza, explorando vías adicionales en los ámbitos bilateral y multilateral, así como todos los instrumentos diplomáticos y jurídicos internacionales a su alcance.

”Quinto. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar, a través de los canales propios de la diplomacia parlamentaria, al Senado de los Estados Unidos de América, revisar los protocolos de uso de la fuerza que utiliza la patrulla fronteriza en concordancia .al marco normativo internacional de protección a los derechos humanos, para evitar que estos lamentables acontecimientos vuelvan a ocurrir.

”Sexto. El Senado de la República envía el texto íntegro de esta proposición a ambas Cámaras del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y se pronuncia por que se otorgue la mayor prioridad a este tema en la agenda de discusión de la próxima Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos.

”Séptimo. El Senado de la República exhorta a la Junta de Coordinación Política a fin de otorgar la mayor prioridad a este tema en la agenda de diálogo de la próxima Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos.”

2) Punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la sesión ordinaria del pasado 13 de septiembre, el cual se hizo llegar para la atención de esta dependencia federal con oficio SEL/UEL/ 311/2674/12 (14 de septiembre de 2012):

“Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, lamenta el asesinato del ciudadano Guillermo Arévalo Pedraza, ocurrido el pasado 3 de septiembre en el área del Patinadero de la Ciudad Fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, cometido presuntamente por un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, e insta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reforzar las acciones emprendidas para esclarecer y sancionar conforme a la ley dicho asesinato.”

3) Punto de acuerdo aprobado por el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla en la sesión de la Comisión Permanente del pasado 12 de septiembre, el cual se hizo llegar de manera directa para la atención de esta dependencia federal con oficio DGAJEPL/7411/2012 (12 de septiembre de 2012):

“Primero. Exhórtese a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno federal, para que, en el ámbito de sus atribuciones coadyuve con las autoridades norteamericanas al esclarecimiento del asesinato de nuestro connacional Guillermo Arévalo Pedraza, contemplando incluso, de ser necesario, la figura de extradición de quien o quienes resulten responsables.

”Segundo. Exhórtese a los Congresos y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, de así considerarlo se adhieran al presente acuerdo debido a la trascendencia del mismo.”

4) Punto de acuerdo aprobado por el honorable Congreso del estado de Chihuahua en la sesión ordinaria del pasado 11 de octubre, el cual se hizo llegar para la atención de esta dependencia federal mediante oficio SEL/UEL/311/ 2937/12 (5 de noviembre de 2012):

“Primero.Hacer suyo el acuerdo tomado por la Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por virtud del cual solicita se exhorte a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, coadyuve con las autoridades norteamericanas al esclarecimiento del asesinato de nuestro connacional Guillermo Arévalo Pedraza, contemplando incluso, de ser necesario, la figura de extradición de quien o quienes resulten responsables.

”Segundo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, remítase copia del presente acuerdo y de la iniciativa que le da origen, a la Secretaría de Gobernación federal para su oportuno despacho.

”Tercero. Comuníquese la adhesión contenida en el presente acuerdo, a la Legislatura del estado de Puebla, para su conocimiento.”

5) Punto de acuerdo aprobado por el honorable Congreso del estado de Guerrero en la sesión ordinaria del pasado 25 de octubre, el cual se hizo llegar de manera directa para la atención de esta Dependencia Federal mediante oficio LX/1ER/OM/DPL/0212/2012 (25 de octubre de 2012):

“Único. La Sexagésima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero se adhiere al acuerdo enviado por el honorable Congreso del estado de Puebla, por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, coadyuve con las autoridades norteamericanas al esclarecimiento del asesinato de nuestro connacional Guillermo Arévalo Pedraza, contemplando incluso, de ser necesario, la figura de extradición de quien o quienes resulten responsables.”

Por lo antes expuesto, ruego a usted considerar la respuesta que me permito acompañar y, en su caso, ser el amable conducto para hacer llegar la información anexa a la Mesa Directiva de las Cámaras que integran el honorable Congreso de la Unión; así como a las de los honorables Congresos de los Estados arriba mencionados.

Sin otro particular, quedo de usted.

México, DF, a 6 de diciembre de 2012.— Licenciada Betina Chávez Soriano (rúbrica), directora general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Respuesta a los puntos de acuerdo aprobados tanto por la Cámara de Senadores como por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; así como por los Congresos de los estados de Puebla, Chihuahua y Guerrero, relativos a la muerte del connacional Guillermo Arévalo Pedraza

• El Gobierno de México expresó su enérgico rechazo por el incidente registrado el pasado 3 de septiembre en la línea fronteriza entre Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas, en el que perdió la vida el connacional Guillermo Arévalo Pedraza, desde el momento en que se tuvo conocimiento del caso.

• El Consulado General de México en Laredo remitió de inmediato una comunicación oficial a las autoridades estadounidenses solicitando una investigaciót’1 exhaustiva de este lamentable incidente.

• Mediante nota diplomática la Cancillería exigió al Gobierno estadounidense que los hechos fueran esclarecidos a fin de deslindar las responsabilidades correspondientes. La Embajada de México en Estados Unidos dirigió comunicaciones a los titulares del Departamento de Justicia y Seguridad Interna para subrayar la importancia de que el Gobierno de Estados Unidos actuara con transparencia y celeridad en este caso.

• El miércoles 5 de septiembre la Cancillería emitió un documento de prensa (http://saladeprensa.sre.gob.mx/ index.php/es/comunicados/1764-248). En el texto se reiteró que el uso desproporcionado de la fuerza letal en el ejercicio de funciones de control migratorio es absolutamente inaceptable y que los hechos ocurridos deben derivar en investigaciones exhaustivas que conduzcan a establecer o deslindar responsabilidades de manera transparente e independiente, reparar el daño a las víctimas y sus familiares y evitar incidentes similares en el futuro.

• La Secretaría de Relaciones Exteriores ofreció desde el primer momento toda la asistencia y protección consular necesaria a la concubina del connacional fallecido. Se le brindó asesoría legal, si bien en ejercicio de sus derechos, la señora optó por contratar a un representante legal que la contactó de manera directa. Se brindó apoyo logístico a fin de exponer los hechos a las autoridades estadounidenses que llevan a cabo la investigación del caso.

• Asimismo, la Cancillería ha dado el apoyo que corresponde a las autoridades mexicanas de todos los órdenes de gobierno para que éstas emprendan las acciones legales que resulten procedentes en el ámbito penal en ejercicio de su competencia.

• El Gobierno de México ha impulsado entendimientos con Estados Unidos con miras a evitar incidentes de este tipo. En diciembre de 2010 se emitió una Declaración Conjunta México-Estados Unidos sobre Prevención de la Violencia en la Región Fronteriza, y en diciembre de 2011 se adoptaron los Protocolos para la Prevención de la Violencia Fronteriza. Se trabaja para asegurar su plena implementación por las autoridades de ambos países.

• La violencia fronteriza es un asunto de especial preocupación para el gobierno de México. Es inaceptable el uso excesivo o desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estadounidenses encargados de las tareas de control migratorio.

• La Secretaría de Relaciones Exteriores continuará dando puntual seguimiento a las investigaciones relacionadas con todos los incidentes que involucre el abuso por parte de fuerzas policiales estadounidenses, insistiendo ante todas las autoridades competentes en la necesidad de respetar el marco de colaboración acordado para evitar la violencia transfronteriza y de mantener la debida comunicación entre las autoridades de ambos países.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

ISMAEL SOLORIO URRUTIA Y MANUELA MARTHA SOLIS CONTRERAS

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio D.G.P.L. 62-II-8-0279, signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 112/ 00008282, suscrito por el licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la instalación y puesta en marcha de la mina “El Cascabel”, en el estado de Chihuahua.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de diciembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/UEL/311/2984/12, mediante el cual hizo del conocimiento de esta Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el día 31 de noviembre del presente año, relativo a la instalación y puesta en marcha de la mina “El Cascabel”, en el estado de Chihuahua.

Al respecto, sírvase encontrar anexo al presente copia del diverso número PFPA/3/8C.17.5/0475-12 a través del cual el licenciado Sergio Eduardo Herrera Torres, subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, responde al punto tercero del acuerdo de mérito.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 17 de diciembre de 2012.— Licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Me refiero a su atento oficio número 112/00007110, del día 12 de noviembre del presente año, por el que informó al ciudadano procurador federal de Protección al Ambiente, que mediante ocurso número SEL/UEL/311/2984/12, el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación hizo del conocimiento de esa Unidad Coordinadora a su digno cargo, el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 31 de octubre de 2012.

Al respecto, me permito comunicarle que en razón de competencia, y con fundamento en lo dispuesto por las fracciones VIII a XII del artículo 68 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 26 de noviembre de 2012, la Dirección General de Inspección de Fuentes de Contaminación de esta Subprocuraduría solicitó a la Delegación Profepa-Chihuahua, información relacionada con los actos de inspección practicados a la compañía minera “El Cascabel”.

En virtud de lo anterior, la citada representación federal, informó que el 4 de septiembre del año en curso, fue realizada visita de inspección en materia forestal a la Minera Cascabel, SA de CV, y/o representante, encargado u ocupante del proyecto de exploración minera “5 de Mayo” ubicado al interior del ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua, levantando el acta de inspección correspondiente, por lo que se está substanciando el respectivo procedimiento administrativo y en el momento procedimental oportuno se emitirá el o los acuerdos que en derecho procedan, así como la resolución que ponga fin a dicho procedimiento.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF.— Licenciado Sergio Eduardo Herrera Torres (rúbrica), subprocurador.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

ESTADO DE CHIHUAHUA

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio DGPL 1P1A.-1603, signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 112/ 00008283, suscrito por el licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la operación de la empresa minera denominada “El Cascabel”.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de diciembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Cámara de Senadores.

ESTADO DE QUINTANA ROO

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio DGPL-2P3A.-6312, de fecha 25 de abril último, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 112/ 00008280, suscrito por el licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la autorización para la construcción del hotel Las Nubes en la isla Holbox, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de diciembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Cámara de Senadores.

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en uso de la facultad que le confiere el artículo 75 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, somete a la aprobación de ese órgano legislativo la designación de los vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), a los siguientes ciudadanos:

• Guillermo Hopkins Gámez, para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2013;

• Luis Miguel Montaño Reyes, para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2014;

• José Gerardo Quijano León, para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2015; y

• Óscar Guillermo Levín Coppel, para el periodo comprendido del 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2016.

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, remito la comunicación original signada por el titular del Ejecutivo federal, así como datos curriculares de los interesados.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, 20 de diciembre de 2012.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República.

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En 1999 la Ley de Protección al Ahorro Bancario estableció un sistema protección en favor de las personas que realicen depósitos bancarios en dinero o acepten préstamos y créditos en términos de la Ley de Instituciones de Crédito. La administración de dicho sistema se encuentra a cargo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), organismo descentralizado agrupado al sector coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Para el cumplimiento de su objeto, dicho Instituto asume y, en su caso, paga en forma subsidiaria las obligaciones que se encuentren garantizadas a cargo de las instituciones de banca múltiple, con los límites y condiciones que establece la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Asimismo, administra los programas de saneamiento financiero en beneficio de los ahorradores y usuarios de las instituciones referidas y en salvaguarda del sistema nacional de pagos.

El mismo ordenamiento establece que la administración del IPAB estará a cargo de su Junta de Gobierno y de su Secretario Ejecutivo. La Junta de Gobierno, órgano superior de decisión del Instituto, se integra por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Gobernador del Banco de México, el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y cuatro vocales designados por el Ejecutivo Federal, aprobados por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la misma proporción de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Es de señalar que de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, los vocales de IPAB serán designados por periodos de cuatro años, de manera escalonada, sucediéndose cada año e iniciándose el primero de enero del año respectivo.

Dado que la Ley de Protección al Ahorro Bancario establece que las sesiones de la Junta de Gobierno de IPAB se efectuarán con la asistencia de por lo menos cuatro de sus miembros, siempre que se encuentre presente el Secretario de Hacienda y Crédito Público o su suplente, y considerando que a la fecha existen tres vacantes dentro del órgano superior de dicho Instituto, resulta indispensable garantizar la continuidad de sus funciones mediante la designación de los integrantes de su Junta de Gobierno, a fin de dar continuidad a las acciones que este organismo lleva a cabo en beneficio de los ahorradores de nuestro país. Adicionalmente, debe señalarse que el próximo 31 de diciembre concluirá el periodo correspondiente al vocal Benito Solís Mendoza.

Para ello, es necesario que los servidores públicos que sean designados como vocales de la Junta de Gobierno del IPAB cuenten con la capacidad y experiencia que un cargo de esta naturaleza exige.

Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75 y 76 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, me permito someter a la aprobación de esa Soberanía, la designación de los integrantes de la Junta de Gobierno del IPAB en los términos siguientes:

• C. Guillermo Hopkins Gámez, para el periodo comprendido de la fecha de su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2013;

• C. Luis Miguel Montaño Reyes, para el periodo comprendido de la fecha de su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2014;

• C. José Gerardo Quijano León, para el periodo comprendido de la fecha de su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2015; y

• C. Óscar Guillermo Levín Coppel, para el periodo comprendido del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016.

Como podrá corroborarse con la documentación que se adjunta al presente, los ciudadanos mencionados cuentan con probada capacidad profesional y reúnen los requisitos previstos en el artículo 78 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, por lo que el Ejecutivo Federal a mi cargo está convencido que son las personas idóneas para fungir como vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Reitero a Usted, ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a veinte de diciembre de dos mil doce.— El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Para los efectos correspondientes, con fundamento en el artículo 240, párrafo 2, del Reglamento del Senado, por acuerdo de la Mesa Directiva, remito la designación de los vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a los siguientes ciudadanos:

• Guillermo Hopkins Gámez, para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2013;

• Luis Miguel Montaño Reyes, para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2014;

• José Gerardo Quijano León, para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2015; y

• Óscar Guillermo Levín Coppel, para el periodo comprendido del 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2016.

Atentamente

México, DF, a 28 de diciembre de 2012.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Tercera Comisión.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1654/12, la licenciada Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores solicita la cancelación del permiso que les fue concedido a diversos mexicanos para prestar servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Edna Ivonne Azuara González.

Puesto: Asistente administrativo en el Departamento de Agricultura.

Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Nombre: Óscar Martín Fischer Ruiz

Puesto: Inspector de campo en el Departamento de Agricultura.

Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Nombre: Ana Lilia Castro Vázquez.

Puesto: Inspector de campo en el Departamento de Agricultura.

Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Nombre: José Sabas Estrella Montes.

Puesto: Inspector Fitosanitario en el Departamento de Agricultura.

Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Nombre: Miriam Pamela Moreno Escobar.

Puesto: Coordinadora de Programas en el Departamento de Agricultura.

Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Nombre:Ana Beatriz Angulo Medina.

Puesto: Secretaria en el Departamento de Agricultura.

Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Nombre: Andrés Álvarez Jiménez.

Puesto: Especialista en Desarrollo de Métodos en el Departamento de Agricultura.

Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Nombre:Antonio González Cabrera.

Puesto: Técnico en ingeniería en el Departamento de Agricultura.

Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Nombre: Gabriela del Rocío Villafuerte Robles.

Puesto: Especialista en control de calidad en el Departamento de Agricultura.

Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Nombre:Rodolfo Guadalupe Heredia Dávila.

Puesto: Inspector de campo en el Departamento de Agricultura.

Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Nombre:Jesús Hernández Méndez.

Puesto: Técnico en ingeniería en el Departamento de Agricultura.

Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Nombre:María Reyneria Aguilar Ortiz.

Puesto: Secretaria en el Departamento de Agricultura.

Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Nombre: Ramiro Gabriel Alférez Chávez.

Puesto: Asistente de computación en el Departamento de Agricultura.

Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Nombre: César Enrique Díaz García.

Puesto: Supervisor de mantenimiento/ingeniero en el Departamento de Agricultura.

Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de diciembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

FONDO PARA EL CAMBIO CLIMATICO

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto, me permito acompañar copia del oficio número 102-B-019, suscrito por el ciudadano Fernando Aportela Rodríguez, subsecretario de Hacienda y Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual informa que el 30 de noviembre pasado, fue constituido por dicha dependencia el fideicomiso público, “Fondo para el Cambio Climático”, con Nacional Financiera, SNC, como fiduciario, en cumplimiento del artículo noveno transitorio de la Ley General de Cambio Climático.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el éste se menciona.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 28 de diciembre de 2012.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo  de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por medio de su conducto, me permito solicitarle atentamente que se informe al Senado de la República y a la Cámara de Diputados que el 30 de noviembre de este año fue constituido por esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público el fideicomiso público “Fondo para el Cambio Climático”, con Nacional Financiera, SNC, como fiduciario.

Con ello se da cumplimiento al artículo noveno transitorio de la Ley General de Cambio Climático, que ordena la constitución de dicho fideicomiso antes del 6 de diciembre del presente año.

A su vez, se tiene por atendido el exhorto realizado al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la Cámara de Diputados el 31 de octubre del presente año, por el que se llama a constituir el citado fideicomiso de conformidad con la Ley General de Cambio Climático.

Asimismo, se anexa una nota con los antecedentes de la constitución del fideicomiso.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 28 de diciembre de 2012.— Fernando Aportela Rodríguez (rúbrica), subsecretario de Hacienda y Crédito Público.»

« Fondo para el Cambio Climático

•El artículo 83 de la Ley General de Cambio Climático (LGCC), aprobada el 6 de junio de 2012, establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es responsable de constituir un fideicomiso público para la operación del Fondo para el Cambio Climático (FCC).

• El artículo noveno transitorio de la LGCC establece que la Secretaría contará con un plazo de seis meses para la constitución del FCC, lo que implica que ésta debía realizarse antes del 6 de diciembre de 2012.

• El fin de dicho fondo, de acuerdo a la LGCC, es “captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático”.

• Para dar cumplimiento de dicha disposición jurídica, la Coordinación de Asesores de la subsecretaría del ramo coordinó las labores con la Semarnat, la Procuraduría Fiscal de la Federación y Subsecretaría de Egresos para constituir dicho fondo.

• En este sentido, y a efecto de dar cumplimiento de lo establecido en el artículo 215 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Semarnat realizó las acciones necesarias ante la SHCP para que se autorizara la constitución de dicho fideicomiso.

• Como resultado, el 30 de noviembre se formalizó la constitución del fideicomiso, actuando la SHCP como fideicomitente único de la administración pública centralizada, a través de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público y Nafin como fiduciario.

• La Subsecretaría de Planeación de la Semarnat, y en particular la Dirección General de Políticas para el Cambio Climático, actúa como unidad responsable del fideicomiso.

• El 31 de octubre del presente año, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo por el que se exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a constituir el citado fideicomiso, por lo que se considera necesario hacer del conocimiento de dicho órgano legislativo la realización de éste.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Cambio Climático de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Cambio Climático de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

ARTICULO 1o. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, se recibió de este servidor de ustedes y de varios legisladores del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo:«Iniciativa que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 2, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada el diez de junio de dos mil once, es sin duda una de las más importantes y categóricas de los últimos tiempos, pues representa la incorporación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos a nuestra Constitución.

Esta reforma reflejó una nueva comprensión, en la que la fuerza normativa de la Constitución, la jurisdicción constitucional (que asegure la normatividad y la primacía constitucionales y el respeto y la realización de aquellos derechos del ámbito interno e internacional) junto con la democracia, la división de poderes y la protección de derechos inherentes a toda persona (goce y ejercicio efectivos de los derechos humanos), están entre las bases jurídicas, políticas, institucionales y axiológicas mínimas de sustentación de un verdadero Estado de derecho. Hay una vinculación además, entre el sistema internacional y el sistema interno para la protección de derechos, cuya jerarquización en varios países, como México, queda establecida en el derecho interno.

Derivado de esta reforma, las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a adaptar sus criterios para la promoción y protección eficaz de los derechos humanos, y el poder judicial queda obligado a juzgar a la luz de todo el conjunto de normas en materia de derechos humanos, bajo los principios Pro Persona, e interpretación conforme.

Estas modificaciones Constitucionales ponen a México en sintonía con los sistemas jurídicos más avanzados en la protección de los derechos humanos, pues crean el llamado Parámetro de Control de la Regularidad Constitucional cuando se trata de la interpretación y ampliación de los derechos reconocidos en todos los tratados internacionales que sobre esta materia ha firmado México.

No obstante lo anterior, como toda reforma legal y particularmente tratándose de una reforma Constitucional de estos alcances, el proceso de implementación pone a prueba la posibilidad de hacerla efectiva. En este caso, el proceso ha encontrado dificultades a raíz de una contradicción entre el primer y el segundo párrafo del artículo 1 constitucional, que debe ser resuelta por el legislador para facilitar el trabajo del juez constitucional, que goza de la facultad de interpretar la norma suprema.

En efecto, de la lectura del párrafo primero se advierte que los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales no podrán suspenderse ni ser restringidos “...salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece”.

Por otra parte, el párrafo segundo recoge la figura de “interpretación conforme y principio pro persona”, es decir, se trata de una interpretación a la luz de todas las normas en materia de derechos humanos signadas por México en el ámbito internacional, en la que el derecho humano debe garantizarse de acuerdo con el ordenamiento que más favorezca al ser humano. Sin embargo, este precepto, de forma aislada, deja a un lado la interpretación integral de realidades y principios previstos para sociedades concretas en las que se interpreta el derecho, así como las necesidades de regulación de cada Estado, que no significan una merma para los derechos humanos en su conjunto.

En principio, la posibilidad de integrar los distintos ordenamier.to~ busca hacer efectivos, con la mayor amplitud jurídica y materialmente posible, los derechos humanos. Pero ¿qué sucede si un principio vagamente regulado en el ámbito del derecho internacional, está más específica mente regulado por nuestra constitución, para darle eficacia en el ámbito nacional ó para hacer efectivos otros derechos humanos igualmente relevantes?

De acuerdo con la teoría de los Derechos Humanos,

“la estructura de las normas sobre derechos fundamentales puede ser de dos tipos: reglas o principios. Las reglas son normas jurídicas (como enunciados) que constan de un supuesto de hecho y de una consecuencia jurídica y su valoración será de subsunción, es decir, de sí o no. Los principios son mandatos de optimización de un determinado valor, o bien, jurídico y su técnica de aplicación no será de subsunción, de sí o no, sino de ponderación, de más o menos, se trata de optimizar el valor o bien jurídica dependiendo de cada caso...”

Cuando los jueces analizan e interpretan en Parámetro de Control de la Regularidad Constitucional de los derechos fundamentales de Tratados Internacionales y de la Constitución Política de la Nación se trata esencialmente de una aproximación a un conjunto de principios que deben ser constantemente ponderados a la luz de los casos que se presentan, y esto nos lleva a comprender que no hay una única respuesta correcta.

Sin embargo, por la complejidad que representa dicha ponderación que esta misma reforma incorpora, resulta importante generar directrices que permitan solucionar casos en los que exista contradicción de principios entre las normas internacionales y la constitución, pues es claro que el artículo 133 constitucional señala que los tratados internacionales sólo son norma suprema en los casos en los que estén de acuerdo con esta.

Además, con base en la reciente tesis aislada del amparo directo 30/2012, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentencia que el propio artículo 1o. reformado dispone que en nuestro país todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, pero categóricamente ordena que las limitaciones y restricciones a su ejercicio sólo pueden establecerse en la Constitución, no en los tratados. Vinculado a este precepto se encuentra el principio de interpretación conforme- a la Constitución misma, puesto que como afirman algunos teóricos, la Constitución es fuente del derecho y es también “norma sobre las fuentes, fuente acerca de las fuentes (...) ésta condiciona toda la creación de derecho (...)”

Más aún, la propia teoría prevé que los Derechos Fundamentales pueden ser regulados, y para ello existe el principio de Reserva de Ley; es decir, se entiende que ningún derecho es absoluto e ilimitado, sino que son y deben ser regulados por leyes emitidas por el Legislador, bajo el proceso constitucional determinado. Siguiendo esta lógica, se entiende que la regulación de derechos establecida por la Constitución, frente a un derecho internacional tan amplio, debe ser tomada en cuenta por el intérprete constitucional.

De acuerdo con la teoría del constitucionalismo moderno, una Constitución carente de principios puede invalidar el sistema y deslegitimar sustancialmente la normatividad interna. Sin embargo, el riesgo de una carga excesiva de valores producto de acuñar la normativa internacional, se traduce en la creciente dependencia de la labor interpretativa, que puede mermar el principio de seguridad jurídica protegido por la propia constitución. Si a esto agregamos el cúmulo de principios derivados de los tratados internacionales, resulta altamente probable que en un plazo muy breve, una reforma con un alto valor social y jurídico, termine siendo inaplicable para el sistema judicial de nuestro país, con una serie de interpretaciones no armonizadas y sin una orientación legislativa adecuada para la generación de precedentes. Existe un principio en el ámbito internacional que sirve a la hipótesis planteada a prever la posibilidad de aducir como vicio en el consentimiento la existencia de una violación manifiesta que afecte una norma de importancia fundamental del derecho interno.

Es imperativo entonces armonizar al ordenamiento constitucional el principio invocado. Por ello, se afirma que “resulta conveniente que la validez formal condicione el actuar de los principios y as1 se pueda asegurar la seguridad jurídica en armonía con la inclusión de los elementos axiológicos, los cuales servirán de ejes rectores en toda actuación jurisdiccional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se modifica el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único: Se modifica el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 1.En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y de los que el Estado Mexicanos sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. De existir una contradicción de principios entre esta Constitución y los Tratados Internacionales de los que México sea parte, deberá prevalecer el texto constitucional, conforme a lo previsto en su artículo 133.

(...)

(...)

(...)

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Diez-Picaza, Luis María. Sistema de los derechos fundamentales. 2ª Edición. Madrid, Thomson, Civitas, 2005.

2 Amparo directo 30/2012. Gustavo Janett Zúñiga. 22 de agosto de 2012. Unanimidad de cuatro votos; votó con salvedad Sergio A. Valls Hernández. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Erika Francesca Luce Carral. Época: Décima Época Registro: 2001860 Instancia: Segunda Sala. Tipo Tesis: Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Localización: libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3 Materia(s): Constitucional Tesis: 2a. LXXIV/2012 (10a.) Pág. 2034 [TA]; 10a. época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3; pág. 2038.

3 De Otto, Ignacio. Derecho constitucional, sistema de fuentes. Ariel, Barcelona.

4 Ferrajoli, Luigi, “Iuspositivismo crítico y democracia constitucional”, en Epistemología jurídica y garantismo, Fontamara, México, 2004, p. 280, citado por Aguilera Portales, Rafael Enrique, et Al., Neoconstitucionalismo, Democracia y Derechos Fundamentales, Op. cit., p.3.

5 Artículo 46, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales.

6 Del Rosario, Marcos. La Cláusula de supremacía constitucional. El articulo 133 a la luz de su origen, evolución jurisprudencial y realidad actual. Porrúa, México, 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de enero de 2013.— Legisladores: Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Hilda E. Flores Escalera, Mirna Esmeralda Hernández Morales, Ana Lilia Herrera A, Javier Treviño Cantú, Leticia Calderón Ramírez, Jorge Herrera Delgado, Abraham Montes Alvarado, Lourdes Eulalia Quiñones Canales, Manuel Cavazos Lerma, Miguel Romo Medina, María de las Nieves García Fernández, Rafael Ríos de la Mora, Manuel Añorve Baños, Arturo Zamora (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Jorge Herrera Delgado, del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El diputado Jorge Herrera Delgado:Muchas gracias. Con el permiso de esta Presidencia; compañeras y compañeros legisladores, hoy, en el inicio de este 2013, creo que es una buena señal el hecho de que este Congreso esté abriendo el tema de sus iniciativas con un tema de la mayor importancia, estamos hablando de las niñas, los niños, los adolescentes.

Estoy seguro que todos entendemos fácilmente la enorme importancia que tiene el hecho de que fijemos nuestra atención, como legisladoras y como legisladores, en este que es nuestro más amplio presente y nuestro más maravilloso futuro, como sociedad y como país. Asegurar los derechos de la infancia y la adolescencia de nuestro país es forjar desde hoy al México del futuro.

Esta Legislatura hoy tiene la oportunidad histórica de impulsar un marco jurídico más amplio, más vigoroso, para garantizar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes.

Como ustedes saben y derivado de las reformas a nuestra Carta Magna, específicamente en sus artículos 4o. y 73, en donde se elevó a rango constitucional el principio del interés superior de la infancia —hablo del artículo 4o.— y se facultó al Congreso expedir leyes que establezcan la concurrencia de la federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México ya es parte. Esto haría referencia al artículo 73, que recientemente modificara la anterior legislatura.

Por ello, hoy creo que estamos ante una gran responsabilidad de poder trabajar y de establecer el fortalecimiento en nuestras instituciones para asegurar la cobertura que proteja a los niños de México.

La presente iniciativa, que va suscrita por varias de las legisladoras y varios de los legisladores aquí presentes, y agradezco en mucho el trabajo y el acompañamiento de la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, quien está en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y con quien hemos colaborado para poner hoy ante ustedes esta iniciativa, que lo que propone es adicionar un título sexto a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esto tiene como fin el establecer un programa nacional que impulse la política pública en esta materia, con objetivos bien definidos para que los tres órdenes de gobierno puedan establecer indicadores, estadísticas, presupuestos e impacto social.

Dos. Se plantea el establecimiento de un sistema para la atención, promoción, garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia, como un mecanismo de concurrencia y de colaboración interinstitucional, así como de coordinación y de seguimiento. Esto con la intención de poder darle ese seguimiento continuo que requieren los programas, las acciones, los mecanismos públicos y privados, a fin de contribuir a la eficacia en la ejecución de políticas públicas para la protección y cumplimiento de los derechos de la niñez.

Un tercer punto, que tiene que ver con proponer el establecimiento de un servicio nacional de información sobre la infancia y la adolescencia. Esto con la finalidad de proveer de información especializada en la materia y con ello poder apoyar la toma de decisiones en el impulso de los programas y acciones a favor de las niñas, los niños y los adolescentes.

Lo anterior, como una alternativa de solución ante la falta de información que hoy tenemos, información oficial, que de manera accesible y actualizada nos permita poner a disposición del público, en general, a fin de poder coordinar y de armonizar las acciones que hagamos a favor de los derechos de los niños.

Estamos con esta iniciativa buscando armonizar, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas y que podamos, de acuerdo a nuestros tratados internacionales, estar también al corriente en la defensa, en la promoción, en la garantía de los derechos de la infancia.

Quisiera, señoras y señores legisladores, invitarles a que impulsemos esta iniciativa que establece un diseño institucional para brindar una cobertura a nuestras niñas, niños y adolescentes, para llevar a cabo acciones con mayor eficacia y eficiencia, para tener herramientas que coadyuven a la toma de decisiones y a la definición de políticas públicas claras a favor de la infancia y de la adolescencia de nuestro país.

Quisiera terminar haciendo un resumen muy sencillo, para decirles que con esta iniciativa estamos proponiendo:

1. El establecimiento de un programa o política pública bien claro desde la legislación, a favor de la infancia de México;

2. Que se pueda proponer un sistema que armonice y sume los esfuerzos de la federación, del Distrito Federal, los estados y los municipios, a favor de la infancia, y;

3. Que pueda existir un sistema de información especializada.

Estos dos últimos puntos estamos pensando que se pueden realizar a través de la intervención de los planes y de los programas que hace el DIF nacional, y que pudiese existir una especie de secretariado técnico que le diera una atención específica a esta política pública, y desde luego, en el último punto poder coadyuvar con el Inegi, que ya tiene información específica, pero que podamos crear un sistema de información que permita tener la parte especializada a favor de poder evaluar esa aplicación de las políticas públicas y de darle seguimiento a las mismas.

Estoy seguro que habrán de ver que es de la mayor importancia trabajar en nuestra niñez, en nuestra juventud; que podamos seguir promoviendo la protección de sus derechos, garantizar la promoción de los mismos. Estoy seguro que habrá un interés general para impulsar este tipo de iniciativas. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por el diputado Jorge Herrera Delgado, del Grupo Parlamentario del PRI

Jorge Herrera Delgado diputado federal por la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con base en las siguientes:

Consideraciones

Primera. El 12 de octubre de 2011, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación importantes reformas a los párrafos sexto y séptimo del artículo 4º y se adicionó la fracción XXIX-P al artículo 73 nuestra Carta Magna en materia de derechos de la niñez.

Elevándose a rango constitucional el principio del interés superior de la niñez, estableciéndose entre otras disposiciones, que el Estado velará y cumplirá con este principio en todas sus decisiones y actuaciones, a fin de garantizar de manera plena los derechos de la niñez.

Asimismo, se facultó al Congreso de la Unión a “expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte.”

Segunda. Estas reformas brindan la pauta para impulsar un marco jurídico que otorgue al Estado Mexicano mejores herramientas institucionales que permitan asegurar el cumplimiento de los derechos de la niñez mexicana.

Tercera. La presente iniciativa propone el establecimiento de un Programa Nacional para la Atención, Promoción y Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que impulse la participación de los tres órdenes de gobierno, que defina la política pública en la materia y que contemple en todo tiempo la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas bajo lineamientos específicamente establecidos.

Cuarta. Propone el establecimiento de un Sistema para la Atención, Promoción y Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como mecanismo de concurrencia, colaboración interinstitucional de coordinación y seguimiento continuo de los programas, acciones y mecanismos públicos y privados, a fin de contribuir a la eficacia de la ejecución de las políticas públicas para la protección y cumplimiento de los derechos de la niñez.

Quinta. Se plantea además el establecimiento de un Servicio Nacional de Información sobre la infancia y la Adolescencia en México, para proveer información especializada en la materia y con ello apoyar la toma de decisiones, el impulso de programas y acciones a favor de las niñas, niños y adolescentes.

Sexta. El artículo 3º numeral 2 de la Convención de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, obliga a los Estados Partes (el Estado Mexicano ratificó esta convención en 1990) a tomar las medidas legislativas y administrativas adecuadas para asegurar al niño la protección y cuidado que sean necesarios para su bienestar.

Es fundamental que en nuestra legislación se impulsen acciones tendentes a fortalecer el andamiaje institucional que permita asegurar el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en México.

Séptima. Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un Título Sexto a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Único. Se adiciona un Título Sexto a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

TITULO SEXTOCapítulo Primero

Del Programa Nacional para la Atención, Promoción y Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo 57. El Gobierno Federal elaborará el Programa Nacional para la Atención, Promoción y Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; considerando la opinión y propuestas de las autoridades estatales, del Distrito Federal y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias; así como de los sectores privado y social.

Artículo 58. El Programa tendrá por objetivo la atención, protección, promoción, fomento y la garantía del cumplimiento y ejercicio pleno de los derechos de la niñez, a través de una política nacional acorde a los lineamientos de la Ley de Planeación y del Plan Nacional de Desarrollo que atienda al principio del interés superior de la niñez.

Artículo 59.El Programa deberá cumplir con los siguientes lineamientos:

I. Se basará en lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas y por esta Ley;

II. Definirá la política pública, metas y objetivos en materia de derechos de la niñez en los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias;

III. Cumplirá con la normatividad vigente para la elaboración de programas y presupuestos, supervisión, rendición de cuentas y mecanismos de transparencia, y

IV. Establecerá indicadores de las políticas públicas, estadísticas, presupuestos, impacto social y todos aquellos que se estimen necesarios para una correcta y eficiente aplicación.

Capítulo SegundoDel Sistema para la Atención, Promoción y Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo 60. Las dependencias del gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los sectores social y privado que presten servicios de atención, protección y defensa de los derechos de la niñez constituyen el Sistema Nacional para la Atención, Promoción y Garantía de los Derechos de la Niñez.

Artículo 61. El Sistema Nacional tiene como objeto constituirse como un mecanismo de concurrencia, colaboración interinstitucional de coordinación y seguimiento continuo de los programas, acciones y mecanismos públicos y privados, a fin de contribuir a la eficacia de la ejecución de las políticas públicas para la protección y cumplimiento de los derechos de la niñez.

Artículo 62. El Sistema Nacional tendrá los siguientes objetivos:

I. La difusión del marco jurídico nacional e internacional de protección a los derechos de la niñez;

II. El establecimiento de prioridades y estrategias para la protección y ejercicio de los derechos de la niñez;

III. La promoción de convenios de colaboración y coordinación entre las instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales que contribuyan al cumplimiento de la presente Ley;

IV. El fortalecimiento de las acciones de corresponsabilidad, solidaridad y subsidiariedad a favor de la niñez;

V. La promoción entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y la sociedad civil de acciones dirigidas a mejorar la condición social de la niñez;

VI. La promoción de la asignación suficiente de recursos financieros para el cumplimiento del objeto de la presente Ley;

VII. El establecimiento de sistemas de control y evaluación de los programas y acciones a favor de la niñez, y

VIII. La promoción de la prestación de servicios de atención y apoyo a la niñez, así como a sus madres, padres y demás personas legalmente responsables de su cuidado y desarrollo.

Artículo 63. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia fungirá como Secretario Técnico del Sistema Nacional. Coordinará y dará seguimiento a las acciones que genere, sin perjuicio de las atribuciones y funciones contenidas en la Ley de Asistencia Social así como de los demás ordenamientos jurídicos aplicables, y elaborará las reglas para la organización y el funcionamiento del mismo, así como las medidas para vincularlo con otros de carácter nacional o local.

Artículo 64. El Sistema Nacional contará con un Consejo Consultivo como órgano de asesoría y consulta, de conformación plural y carácter honorífico, que tendrá por objeto analizar y proponer programas y acciones que inciden en el cumplimiento de los derechos de la niñez.

Artículo 65. El Consejo Consultivo se integrará por un representante:

I. De la Secretaría de Gobernación;

II. De la Secretaría de Salud;

III. De la Secretaría de Seguridad Pública;

IV. De la Secretaría de Educación;

V. De la Procuraduría General de la República;

VI. De la Secretaría de Desarrollo Social;

VII. Del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación;

VIII. Del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

IX. Del Consejo Nacional Contra las Adicciones;

X. Del Instituto Nacional de Migración;

XI. Del Instituto Nacional de las Mujeres;

XII. De la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte;

XIII. De la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;

XIV. Del Instituto Mexicano de la Juventud;

XV. Del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes;

XVI. Tres representantes de organizaciones nacionales de la sociedad civil, formalmente constituidas ante autoridad competente o fedatario público, y cuyo trabajo esté relacionado con la niñez.

Capítulo TerceroDel Servicio Nacional de Información sobre la infancia y la Adolescencia en México

Artículo 66. El Servicio Nacional será la unidad encargada de coadyuvar en la elaboración de estadísticas en la materia, en coordinación con el Sistema Nacional para la Atención, Promoción y Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 67. El Servicio Nacional tiene como finalidad proveer información nacional especializada en temas referentes a la niñez, mediante procedimientos sencillos y expeditos, a fin de garantizar el acceso de toda persona a dicha información, especialmente en materia de:

I. Natalidad;

II. Mortalidad;

III. Salud;

IV. Orientación sobre temas de salud sexual y reproductiva;

V. Discriminación;

VI. Participación democrática;

VII. Religión;

VIII. Grupos indígenas;

IX. Familia;

X. Violencia;

XI. Migración;

XII. Niñez en situación de calle y abandono;

XIII. Adicciones;

XIV. Seguridad social;

XV. Discapacidad;

XVI. Explotación;

XVII. Trabajo;

XVIII. Alimentación;

XIX. Educación;

XX. Cultura;

XXI. Deporte;

XXII. Justicia, y

XXIII. Las demás relacionadas con la niñez.

Artículo 68. El Servicio Nacional deberá organizar, clasificar y manejar adecuadamente la información con la que cuente, a efecto de que la misma sea accesible y de fácil y práctico manejo para el público en general y solicitantes, respetando el derecho a la protección de los datos personales de la niñez.

El Servicio Nacional, realizará investigaciones en los diversos campos relacionados con la niñez, a fin de generar información que apoye la toma de decisiones y de programas y acciones a favor del desarrollo, promoción y cumplimiento de los derechos de la niñez.

Artículo 69. El Servicio Nacional deberá establecer una base de datos con un registro público nacional de instituciones públicas, privadas y de organizaciones de la Sociedad Civil formalmente constituidas, cuya labor esté relacionada con la atención y protección de la niñez, dicho registro deberá contener información general para la identificación, así como el objeto social y servicios que prestan las mismas y todos aquellos que permitan dar publicidad a los servicios y apoyos que prestan.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de enero de 2013.— Legisladores: Jorge Herrera Delgado, Hilda Flores Escalera, Miguel Romo Medina (rúbricas).»

Presidencia de la senadora Hilda Esthela Flores Escalera

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado Herrera Delgado. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, para dictamen.

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD - LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Tiene la palabra, diputado Cáceres de la Fuente.

El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente:Buenos días, con permiso de la Presidencia. Antes que nada, feliz año a todos los senadores y diputados que integramos esta comisión. Iniciamos con esta exposición de motivos.

Traemos una propuesta de posicionamiento para las modificaciones que ya se comentaron y para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional es un compromiso con la juventud mexicana y estamos conscientes de la importancia que implica el generar los cambios legislativos que permitan abrir espacios de participación para las y los jóvenes de nuestro país, lo que se traducirá en oportunidades reales de desarrollo en los distintos ámbitos de la vida nacional.

En México, de acuerdo con el Censo de Población 2010, hay 36.2 millones de jóvenes entre 12 y 29 años de edad, de los cuales 17.8 son hombres y 18.4 millones son mujeres; en este amplio sector juvenil, las y los jóvenes conforman un componente fundamental de nuestra sociedad, pues se erigen como participantes activos en las grandes tareas de los retos presentes y futuros que demanda nuestro país. Los jóvenes de hoy constituyen una generación preocupada por lo cercano, lo cotidiano, lo específico y lo que afecta el ámbito donde se desarrollan.

En ese sentido, en la medida en que los jóvenes participen a nivel individual y colectivo en la detección de los principales problemas, intereses, preocupaciones y necesidades de lo que atañen, podrán ser involucrados en los asuntos públicos del país.

En la actualidad pocos jóvenes tienen el interés de participar en organizaciones juveniles. De acuerdo con datos arrojados en la Encuesta Nacional de Juventud 2010, la presencia de los jóvenes en los espacios públicos de participación es baja y apenas se ha modificado en los últimos 10 años. Con la edad la participación se reduce.

Solo uno de cada diez jóvenes dijo participar en una organización o asociación. De los jóvenes que sí participan en la actualidad, el grupo de 15 a 19 años representa el 40.6 por ciento, mientras que de los jóvenes de 25 a 29, solo representan el 15.4 por ciento.

De los jóvenes que participan en alguna asociación, la categoría más común es la deportiva, tanto para los hombres como para las mujeres.

Existe una diferencia para el segundo grupo en importancia. Para los hombres son las asociaciones estudiantiles y para las mujeres las de corte religioso.

Asimismo acorde con el Programa Nacional de Juventud 2008-2012, entre los factores que limitan o condicionan el derecho a la participación de las y los jóvenes, se contemplan la de vinculación entre las instituciones del Estado y las manifestaciones de participación, la falta de comprensión de la participación de jóvenes, como mecanismos de reducción de conflictos y conductas de riesgo.

En ese sentido, bajo ninguna justificación debe dejarse de lado la participación de los jóvenes ni en la solución de la problemática que enfrentan.

Por ello la intención de la presente iniciativa es fortalecer las atribuciones del Instituto Mexicano de la Juventud, institución rectora de la materia, a fin de que promueva la participación de los jóvenes en los distintos ámbitos de la vida nacional e impulse acciones que favorezcan la integración y fortalecimiento de las organizaciones juveniles.

Las posibilidades de que los jóvenes participen en actividades de desarrollo en el hogar, la escuela y la comunidad, revisten importancia vital en el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Dicha participación es el ejercicio a través del cual se preparan para ejercer a plenitud sus derechos, hacerlos exigibles y en su determinado momento, asumir responsabilidades en las áreas de la vida nacional.

Asimismo, es de suma relevancia apoyar tanto a las organizaciones juveniles como aquellas que trabajan por y para los jóvenes. Es sabido que hoy los jóvenes buscan organizarse para participar en diversos asuntos públicos del país, pero además, cada vez se ha generado mayor interés por formar organizaciones cuya temática es la propia juventud, particularmente organizaciones que permitan el intercambio de conocimientos y experiencias de relevancia en las realidades juveniles.

Por ello, este proyecto también busca que sean objeto de fomento las actividades de las organizaciones de la sociedad civil que se encarguen de la promoción, protección y respeto de los derechos de la juventud e impulso de su participación en los distintos ámbitos de la sociedad, así como su desarrollo integral.

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la presente iniciativa de reforma a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y adiciona la Ley Federal del Fomento de las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, que tiene por objeto fortalecer la participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la vida nacional. Muchas gracias; es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que reforma los artículos 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, suscrita por el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe Juan Francisco Cáceres de la Fuente, diputado federal de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 122, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 6, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados; somete a consideración de esta Comisión Permanente la presente iniciativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La juventud es una etapa de desarrollo entre la infancia y la adultez que se asocia como un cambio psicobiológico en los individuos. Pero más allá de estos cambios, la juventud está relacionada con aspectos sociales y culturales.

En México, la importancia de la juventud es indiscutible, toda vez que los jóvenes han llegado a sus niveles más altos de la historia, debido al bono demográfico que se está experimentando. Actualmente, de acuerdo con el Censo de Población 2010, hay 36.2 millones de jóvenes entre 12 y 29 años de edad; de los cuales 17.8 millones son hombres, y 18.4 millones mujeres.

Cabe resaltar que, a pesar de que la juventud es un periodo de la vida que está asociado al deseo del cambio, la transformación, la vitalidad, la formación de expectativas, el aprendizaje y la innovación, entre otras muchas cosas; lo cierto es que la vida de muchos jóvenes en el país no es fácil, pues está llena de carencias y frustración.

Problemas como la falta de empleo; las dificultades para ingresar o continuar estudiando; los problemas para acceder a los servicios de salud, seguridad social y vivienda; los pocos espacios recreativos, deportivos y culturales y la negativa estigmatización que de ellos se ha hecho son, entre muchas otras cosas, la vivencia cotidiana en la que lamentablemente la mayoría de los jóvenes mexicanos están creciendo.

Como estos, muchos otros problemas impiden el desarrollo pleno de la juventud mexicana, por lo que es indiscutible la necesidad de seguir generando acciones y políticas en beneficio de este sector de la población.

En Acción Nacional estamos convencidos de que sin duda se requiere reforzar la legislación a fin de ampliar las oportunidades de desarrollo que permitan potenciar las posibilidades de participación de las y los jóvenes mexicanos en los distintos ámbitos social, político, educativo, cultural, económico, entre otros, a fin de erradicar la problemática de la cual han sido objeto.

Los jóvenes de hoy constituyen una generación preocupada por lo cercano, lo cotidiano, lo específico y lo que afecta el ámbito donde se desarrollan. En este sentido, en la medida en que las y los jóvenes participen a nivel individual y colectivo, en la detección de los principales problemas, intereses, preocupaciones y necesidades que les atañen, podrán ser involucrados en los asuntos públicos del país.

En la actualidad pocos jóvenes tienen el interés de participar en organizaciones juveniles. De acuerdo con datos arrojados por la Encuesta Nacional de Juventud (ENJ) 2010, la presencia de los jóvenes en los espacios públicos de participación es baja y apenas se ha modificado en los últimos 10 años. Con la edad la participación se reduce.

Sólo 1 de cada 10 jóvenes dijo participar en una organización o asociación. De los jóvenes que sí participan en la actualidad, el grupo de 15 a 19 años representa el 40.6%, mientras que los jóvenes de 25 a 29 sólo representan el 15.4%. De los jóvenes que participan en alguna asociación, la categoría más común es la deportiva, tanto para hombres como para mujeres. Existe una diferencia para el segundo grupo en importancia, para los hombres son las asociaciones estudiantiles y para las mujeres son las de corte religioso.

Asimismo, acorde con el Programa Nacional de Juventud 2008-2012 entre los factores que limitan o condicionan el derecho a la participación de las y los jóvenes, se contemplan la desvinculación entre las instituciones del Estado y las manifestaciones de participación, y la falta de comprensión de la participación de jóvenes como mecanismo de reducción de conflictos y conductas de riesgo.

En este sentido, bajo ninguna justificación debe dejarse de lado la participación de las y los jóvenes y la solución de su múltiple problemática. Los legisladores de Acción Nacional estamos comprometidos con la juventud mexicana y consideramos indispensable fortalecer su interés y activismo en las cuestiones públicas para generar una mayor inclusión social

Por ello, la intención de la presente iniciativa es fortalecer las atribuciones del Instituto Mexicano de la Juventud, institución rectora en la materia, a fin de que promueva la participación de los jóvenes en los distintos ámbitos de la vida nacional e impulse acciones que favorezcan la integración y fortalecimiento de las organizaciones juveniles.

Las posibilidades de que los jóvenes participen en actividades de desarrollo en el hogar, la escuela y la comunidad revisten importancia vital en el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Dicha participación es el ejercicio a través del cual se preparan para ejercer a plenitud sus derechos, hacerlos exigibles y, en un determinado momento, asumir responsabilidades en las áreas de la vida nacional.

Asimismo, es de suma relevancia apoyar tanto a las organizaciones juveniles como aquellas que trabajan por y para las y los jóvenes; es sabido, que hoy los jóvenes buscan organizarse para participar en los diversos asuntos públicos del país, pero además cada vez se ha generado mayor interés por formar organizaciones cuya temática es la propia juventud, particularmente organizaciones que permitan el intercambio de conocimientos y experiencias de relevancia para las realidades juveniles.

Por ello, este proyecto también busca que sean objeto de fomento las actividades de las organizaciones de la sociedad civil que se encarguen de la promoción, protección y respeto de los derechos de la juventud e impulso de su participación en los distintos ámbitos de la sociedad, así como de su desarrollo integral.

En este orden de ideas, la iniciativa que pongo a su consideración enmarca un tema de gran interés, ya que los jóvenes con su participación, no sólo demuestran la conciencia que tienen sobre su entorno y las causas estructurales, sociales y culturales que inciden en los problemas del mismo, sino también reconocen sus propios saberes y capacidades para analizarlos y poner soluciones a fin de beneficiar a la sociedad mexicana.

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y adiciona una fracción al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil

Artículo Primero. Se reforma la fracción VI del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. a VII. ...

VIII. Recibir y cana1izar propuestas, sugerencias e inquietudes de la juventud. Así como, promover la participación de los jóvenes en los distintos ámbitos de la vida nacional e impulsar acciones que favorezcan la integración y fortalecimiento de las organizaciones juveniles;

IX. a XVI. ...

Artículo Segundo. Se adiciona la fracción XIX, recorriéndose el numeral de la subsiguiente, del artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para quedar como sigue:

Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:

I. a XVII. ...

XVIII. Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana;

XIX. Promoción, protección y respeto de los derechos de la juventud e impulso de su participación en los distintos ámbitos, así como para su desarrollo integral, y

XX. Las que determinen otras leyes.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente a los 3 días del mes de enero de 2013.— Diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado Cáceres de la Fuente. Túrnese a las Comisiones Unidas de la Juventud y de Gobernación de la Cámara de Diputados, para dictamen.

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 5o. CONSTITUCIONAL RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tiene en este momento la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal. Adelante, diputado.

El diputado Silvano Blanco Deaquino: Con su permiso, señora presidenta. Con el permiso de las legisladoras y legisladores de esta Comisión Permanente. En concordancia con lo planteado anteriormente en el tema de algo que interesa a los jóvenes, en este sentido también nosotros vamos a hacer la presente propuesta de iniciativa.

Los jóvenes con toda razón exigen, no solo más justicia en la realización de sus derechos, sino una participación decisiva en la marcha de nuestra nación.

En armonía con lo anterior, presentó una iniciativa de ley, para lo cual pido a todas y a todos su apoyo, que busca impedir que un número creciente de estudiantes se vean obligados a prestar su servicio social profesional de manera gratuita, en afectación de su bienestar y su dignidad, situación que además agrede abiertamente lo ordenado en el artículo 5o. constitucional, que a la letra señala: Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley.

Es decir, que todo servicio —señala— que todo servicio es retribuido. En armonía con este principio constitucional, de corte humanista y social, señala que salvo algunas excepciones, que deberán encontrar sus razones de interés social o en el interés público, no serán retribuidos.

Como sabemos, el servicio social profesional es requisito indispensable para que el estudiante universitario o en general de una institución de educación superior pueda titularse.

Uno de los espacios en que se debe suprimir toda discriminación es el jurídico, esto con mayor razón cuando las leyes secundarias se oponen abiertamente a lo preceptuado por la Constitución General de la República.

En la prestación del servicio social profesional indudablemente el joven fortalece sus conocimientos y los pone en práctica para la solución de los problemas sociales, económicos y culturales del país; se empapa de la realidad general. En general, este servicio le permite su crecimiento personal y profesional. Pero también el estudiante presta un servicio personal, que merece un pago, como justa retribución a su esfuerzo y respeto a su dignidad.

El estudiante universitario es un profesionista o casi un profesionista, persona altamente calificada y por ello debe ser reconocido por el Estado y por la institución que reciba su valiosa participación en el marco de su servicio profesional obligatorio.

A esto se suma la realidad de que la inmensa mayoría de los estudiantes carece de recursos económicos suficientes; por lo que pudiese calificarse de explotación que las instituciones gubernamentales, sociales o privadas, que reciben sus servicios, en muchos de los casos no les dan retribución alguna, por lo que ellos y sus familias deben transferir recursos a estas instituciones en forma de pago de pasajes, alimentación, materiales, entre otros, y no así como debería de ser, al contrario.

La raíz de esta problemática no está en la Constitución, sino en la ley reglamentaria, que si bien en principio reconoce en su artículo 53 que el servicio profesional debe ser retribuido, más adelante, en el artículo 59, señala que tal retribución solo será obligatoria cuando absorba todo el tiempo del estudiante, y para rematar, el reglamento de esta ley expresamente señala que la falta de retribución no será causa para que el estudiante se niegue a la prestación de este servicio profesional.

Por lo anterior, propongo la adición al artículo 53 de la ley reglamentaria del artículo 5o. constitucional, que entre otras cosas señalaría: la retribución prevista en el párrafo anterior se sujetará a las siguientes reglas:

Primero. Tratándose del servicio social profesional, la retribución será obligatoria e irrenunciable, salvo las excepciones que se desprenden conforme al artículo 60 de esta ley.

Segundo. El monto de esta retribución no será menor a dos veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal o su promedio hora.

Sé que todos tenemos interés, reitero, en que los jóvenes en nuestro país tengan plenos derechos, pero además sea reconocido ese esfuerzo que hacen los jóvenes profesionales.

Espero que no se quede como la mayoría de las iniciativas de ley que propone el PRD; por cierto, de 82 que propusimos en el período pasado, solamente una pasó. Ojalá haya ánimo de todas y de todos de respaldar esta iniciativa. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, suscrita por el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema por resolver con la presente iniciativa de ley

La presente iniciativa busca impedir que un número creciente de estudiantes se vean obligados a prestar su servicio social profesional de manera gratuita, en afectación de su bienestar y su dignidad. Y en franca violación a lo ordenado expresamente por el artículo 5o. constitucional.

Argumentos

Los jóvenes, con toda razón, exigen no sólo más justicia en la realización de sus derechos, sino una participación decisiva en la marcha de nuestra nación.

En muy fácil hablar en abstracto de la situación de exclusión que padecen los jóvenes en el país, oponerse a la misma en teoría y hacer propuestas de la misma índole para poner fin a esta injusta problemática, que acaba impactando el todo social, destacadamente la seguridad pública.

Sin embargo, cuando lo concreto cae en el ámbito de competencia de los servidores públicos, muchos se olvidan de su justa posición teórica y con su actuar confirman la exclusión o la explotación de los jóvenes. Uno de los sectores que más maltrato social reciben es justamente el de los jóvenes estudiantes.

Concretamente la OCDE señala que mientras que en la mayoría de los países de la organización se observa que a mayor nivel educativo hay menor desempleo, en México las diferencias entre los desocupados con nivel universitario y los desocupados de escasa preparación “están entre las más bajas”.

El aumento del desempleo entre los mexicanos con instrucción inferior a la educación media superior fue de 1.6 puntos porcentuales entre 2008 y 2009, y para los que cuentan con enseñanza superior el alza fue de un punto.

Pero el problema no viene a partir de que los estudiantes egresan, sino desde el momento mismo en que prestan su servicio  social profesional.

En la página electrónica de la UNAM, en torno al servicio social universitario, se señala que éste “es una de las mejores formas de vincular a la universidad con la sociedad. Es el instrumento idóneo para que el estudiante entre en contacto con las comunidades y los sectores público y social aplicando sus conocimientos, habilidades y destrezas para la solución de los problemas sociales, económicos y culturales del país; para ampliar su etapa formativa fomentando una conciencia cívica, de servicio y de retribución a la sociedad, y es también una vía de retroalimentación para la universidad respecto de las problemáticas, necesidades y potencialidades de la nación”.

Señala también que su misión es “contribuir a la formación integral del estudiante universitario mediante la prestación del servicio social ofreciendo programas en los que aplique y enriquezca sus conocimientos y habilidades profesionales en la solución de los problemas y necesidades del país; en los que enfrente escenarios reales del ejercicio de su profesión; en los que fortalezca su espíritu cívico y de retribución a la sociedad, y en los que adquiera estrategias y encuentre oportunidades de incorporarse al mercado laboral”.

Como sabemos el servicio social profesional es requisito indispensable para que el estudiante universitario o en general, de una institución de educación superior, pueda titularse.

Finalmente la Ley General de Educación señala, en el artículo 24, que “los beneficiados directamente por los servicios educativos deberán prestar servicio social, en los casos y términos que señalen las disposiciones reglamentarias correspondientes. En éstas se preverá la prestación del servicio social como requisito previo para obtener título o grado académico”.

No obstante lo dicho, es constante el reclamo de estos estudiantes, sobre la dificultad para encontrar un espacio donde prestar su servicio social profesional; y peor aún, ya obtenido el lugar para cumplir este servicio, en muchos casos no obtienen retribución alguna, por lo que la prestación de esta actividad, en bien de  dependencias y entidades, universidades en general instituciones públicas de educación superior, organizaciones de la sociedad civil o inclusive empresas respecto a programas sin fines de lucro, se lleva a cabo en forma gratuita.

Atender con prioridad la problemática de los jóvenes, es atender con prioridad la esencia de la problemática nacional: justicia social, seguridad pública, crecimiento económico suficiente y sostenido, sociedad del conocimiento, bases sólidas para la sobrevivencia del país, de su presente y el futuro.

En esta lógica, se deben buscar e instrumentar soluciones para los diversos espacios en que se discrimina o se despoja a los jóvenes de sus más elementales derechos, de manera de integrarlos  con equidad a nuestra sociedad, en la dignidad, en el estudio, en el trabajo, en el desarrollo humano y político, en los beneficios económicos y culturales. Ya que de pronto pareciera que los jóvenes forman una nación aparte, de segunda, en la que sólo les queda como caminos, regla general, ser ninis, o emprender la ruta de la informalidad, la migración, la criminalidad, o el suicidio.

Uno de los espacios que se debe barrer de toda discriminación es el jurídico. Es aborrecible que la ley legitime la expolición, el maltrato y la injustita hacia los jóvenes. Esto con mayor razón, cuando las leyes secundarias se oponen abiertamente a lo preceptuado por la Constitución General de la República.

Un caso paradigmático es la prestación del servicio social profesional, en el que indudablemente el joven fortalece sus conocimientos y los pone en práctica para la solución de los problemas sociales, económicos y culturales del país, se empapa de la realidad nacional, en general este servicio le permite su crecimiento personal y profesional, pero indudablemente también el estudiante presta un servicio que merece un pago, como justa retribución a su esfuerzo, pero también en respeto a su dignidad.

El estudiante universitario es un profesionista o casi un profesionista, persona altamente calificada, y por ello debe ser reconocido por el Estado y la institución que reciba su valiosa participación en el marco de su servicio profesional obligatorio.

A esto se suma la realidad de que la inmensa mayoría de los estudiantes carecen de recursos económicos suficientes, por lo que es una verdadera expoliación que las instituciones gubernamentales, sociales o privadas que reciben sus servicios en muchos de los casos, no les dan retribución alguna, por lo que ellos y sus familias deben transferir recursos a estas instituciones, en forma de pago de pasajes, alimentación, materiales, entre otros, y no al contrario como debiera ser.

Iniciar su práctica profesional sin paga, es la forma más inadecuada e injusta, de abrirles a estos jóvenes la puerta hacia el mundo laboral; porque eso es el servicio profesional, la prestación de un servicio personal, con sus modalidades. Es declarar que los jóvenes por su sola calidad de jóvenes, actitud absolutamente discriminatoria y, por tanto,  inconstitucional, comienzan un camino de explotación, de marginación, de exclusión, como ciudadanos de segunda de este país. En lugar de respaldarlos y reconocerlos en su esfuerzo.

Esto en abierto desconocimiento de la Constitución que tajantemente señala en el artículo 5o. que “nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123; y más adelante señala que “los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale”.

Este precepto señala primero que todo servicio personal debe ser retribuido; en armonía con este principio constitucional de corte humanista y social, remata respecto que el servicio social, que también es un servicio personal, con sus modalidades,  debe ser retribuido, salvo excepciones que deben encontrar su razón en el interés social o en el interés público.

Sin embargo, en la práctica, de lo que no se escapa la propia Cámara de Diputados, se suele desconocer esta orden expresa de la nuestra Constitución de retribuir a los estudiantes prestadores del servicio social profesional. Es verdaderamente penoso e indignante ver a muchos de estos jóvenes recorrer los pasillos de los edificios públicos sin comer, o comiendo cualquier cosa para cumplir con el horario férreo que se les impone. Si tienen para comer, menos para vestir, o para su esparcimiento; con mucho esfuerzo apenas satisfacen el pago de los transportes necesarios.

La raíz de esta problemática no está en la Constitución, que en letra y espíritu ampara a nuestros estudiantes, como quedó antes evidenciado; sino en la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, que si bien en principio reconoce en el artículo 53 que el servicio profesional debe ser retribuido, más adelante, en el artículo 59, señala que tal retribución sólo será obligatorio cuando absorba todo el tiempo del estudiante, y para rematar el reglamento de esta ley, expresamente señala que la falta de retribución no será causa para negarse a la prestación de este servicio profesional.

Luego entonces urge que se reforme la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, para señalar de manera indubitable que el servicio social profesional debe ser retribuido, que cuando no se retribuya el servicio social profesional a los estudiantes estos deberán tener acción legal para exigir tal pago. Finalmente, se hace indispensable que por ley se establezca un monto mínimo para la retribución del servicio social profesional.

Esto es especialmente importante, si se recuerda que el periodo del servicio social profesional, que es obligatorio para recibir el título,  va de seis meses a dos años. ¡Se imaginan obligar a un estudiante estar dos años sin recibir un solo centavo!

Este pago al servicio social profesional deberá ser la regla general, salvo las excepciones que se desprenden del propio artículo 60 de la Ley Reglamentaria de mención, que se refiere a que “en circunstancias de peligro nacional, derivado de conflictos internacionales o calamidades públicas, todos los profesionistas, estén o no en ejercicio, quedarán a disposición del gobierno federal para que éste utilice sus servicios cuando así lo dispongan las leyes de emergencia respectivas”.

A esto no obsta el otorgamiento por parte de la SEP de becas para el servicio profesional, Becanet-SEP, pues maneja criterios excluyentes, que sólo benefician a unos cuantos estudiantes.

Además, en lo que se refiere a la etapa ulterior de los estudios de los jóvenes, lo prioritario no debe ser hablar de becas, es decir de algo optativo para el Estado, sino de un derecho consagrado en la ley a la retribución sin exclusiones, y sólo con excepciones absolutamente justificas por el interés social o público. O para decirlo en forma sencilla, la becas no deben excluir la retribución obligatoria, sino en todo caso ser complementarias para los casos que así se justifiquen, como pago adicional, por ejemplo, en aquellos casos de estudiantes de excelencia, madres que estudian, suma necesidad, por citar algunos.

No se prevé en esta iniciativa como derecho del estudiante el negarse a prestar el servicio social profesional ante la omisión de retribución, al establecerse su derecho a reclamar tal retribución por vía jurisdiccional. Retribución que además deberá ser irrenunciable, para que no se abuse de la generosidad y de la necesidad de los jóvenes.

Nuestra propuesta avanza en el cumplimiento de lo ordenado por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en donde en el artículo 38, fracción XXX, establece que a la SEP le compete organizar y promover acciones tendentes al pleno desarrollo de la juventud y a su incorporación a las tareas nacionales, estableciendo para ello sistemas de servicio social, centro de estudio, programas de recreación y de atención a los problemas de los jóvenes. Crear y organizar a este fin sistemas de enseñanza especial para niños, adolescentes y jóvenes que lo requieran.

La esencia de esta iniciativa busca armonizar los intereses social y público, con los derechos humanos de los estudiantes. El servicio social con la justicia a favor de nuestros jóvenes. Evitando, que en contra de la letra expresa de la Constitución, la gratuidad del servicio profesional avance hasta convertirse en regla general, y su prestación con retribución una excepción.

Fundamento legal

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a su consideración la presente iniciativa.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.

Único. Se adiciona con un párrafo segundo y fracciones de la I a la VI al artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, para quedar como sigue:

Articulo 53.La retribución prevista en el párrafo anterior se sujetará a las siguientes reglas:

I. Tratándose del servicio social profesional la retribución será obligatoria e irrenunciable, salvo las excepciones que se desprenden conforme al artículo 60 de esta ley;

II. El monto de esta retribución no será menor a tres veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal o su promedio hora;

III. El gobierno federal y los gobiernos locales, según corresponda, serán solidariamente responsables de los pagos a cargo de las universidades y demás instituciones públicas de educación superior y los sectores social y privado por concepto del servicio social profesional;

IV. En caso de que no se cubra la retribución obligatoria por concepto del servicio social profesional, el prestador de este servicio tendrá acción legal para reclamar su pago más el interés legal que se cause a partir del día siguiente al en que se termine la prestación de este servicio, ante el  Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y los tribunales de lo contencioso administrativo locales, según corresponda;

V. La acción para reclamar la retribución por concepto de la prestación del servicio social profesional, prescribe en cinco años, contados a partir del día siguiente de la terminación de la prestación del servicio social profesional; y,

VI. Cuando el gobierno federal o los gobiernos locales, cubran en su carácter de responsable solidario la retribución omitida, deberán repetir contra el omiso. Esta acción prescribirá dentro de los cinco años siguientes a que se haya cubierto el pago al prestador del servicio social profesional.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se deberán destinar suficientes recursos para dar debido cumplimiento del presente decreto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 y subsecuentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de enero de 2013.— Diputado Silvano Blanco Deaquino (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado Blanco Deaquino. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, para dictamen.

CODIGO DE JUSTICIA MILITAR

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Enseguida tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 57 del Código de Justicia Militar. Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañera presidenta. Feliz año a todos mis compañeros de la Permanente.

Coincido con el compañero Silvano Blanco, en que hay distintas iniciativas de legisladores que se presentan y dado el carácter preferentísimo que se le da a lo que viene del Ejecutivo, ahí van durmiendo el sueño de los justos.

Nosotros esperamos, sinceramente, que en el periodo ordinario nos podamos actualizar, porque de todos los partidos hay iniciativas valiosas y esperamos que efectivamente se puedan dictaminar, para que no solamente estemos haciendo eco y dictaminando lo que venga del Ejecutivo.

En tal virtud, en el periodo pasado presentó Movimiento Ciudadano un paquete de iniciativas en materia de derechos humanos, que consideramos que con esta iniciativa se complementa para hacer realidad esa demanda que hay en el país de que se respeten los derechos humanos, se termine con la impunidad, que con el pretexto de la persecución de los delitos se cometen abusos y que han crecido exponencialmente en los últimos años.

En tal virtud, nosotros presentamos una iniciativa de reforma al Código Penal para establecer específicamente el tipo penal de tortura; planteamos abrogar la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, para que todo esté en el código sustantivo de la materia, que es el Código Penal; planteamos también una reforma al artículo 215-A, para ubicar en los estándares internacionales y en las propuestas de los organismos de derechos humanos el delito ya muy socorrido de la desaparición forzada, que ha crecido también a últimas fechas.

Planteamos un tema que vemos que ha sido retomado, que es precisamente derogar en la Constitución, en el Código Federal de Procedimientos Penales y en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el delito o mejor dicho la figura del arraigo; es decir, este mecanismo por virtud del cual primero te detienen y luego te investigan, y se cometen una serie de aberraciones graves para miles de personas.

Lo que planteamos ahora —incorporándole a este paquete— es una cuarta iniciativa de ley, una reforma al Código de Justicia Militar, para reformar el artículo 57, en su primer párrafo, y establecer que aquellos delitos cometidos contra los derechos humanos, sean éstos por militares, sean juzgados por autoridades de carácter civil.

A nosotros nos parece que es un tema importante, porque no se trata de demeritar en modo alguno a la institución que cuenta con mayor prestigio y reconocimiento en nuestro país, como es el Ejército, sino al contrario, salvaguardarla y cuidarla de aquellos elementos que indebidamente, arbitrariamente, cometen violaciones a los derechos humanos.

Nosotros creemos que en un régimen castrense, en el fuero militar difícilmente se podría profundizar en las investigaciones de los delitos, porque hay esa solidaridad de gremio, de grupo, de corporación, y nosotros creemos que tiene que ser juzgado por autoridades de carácter civil; por eso estamos planteando esta reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar.

Nos parece que en un estado democrático de derecho todas las instituciones tienen que someterse al imperio de la ley, no puede haber excepciones ni regímenes especiales y toda vez que además el artículo 1o. constitucional establece la salvaguarda y la protección amplia de los derechos humanos, consideramos que es momento de entrarle a este tema.

Insisto en que este tema se ha planteado como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, el tema de la protección de los derechos humanos por parte del Ejecutivo federal. Queremos ver si no es solamente retórica para salir al tema de tantas denuncias que hay en organismos internacionales, como Amnistía Internacional o grupos de aquí de nuestro país, sino si se va realmente en serio.

Por eso consideramos, compañeras y compañeros legisladores, que hay que entrarle a este tema de reformar el Código de Justicia Militar, para que aquellos elementos que indebidamente cometan violaciones a los derechos humanos sean sometidos al régimen civil. Ese es el planteamiento.

Esto va de la mano con eliminar la figura del arraigo; va de la mano con establecer una tipificación más adecuada al delito de la desaparición forzada y también con establecer el tipo penal, que no existe actualmente en el Código Penal Federal del delito de tortura. Esa sería nuestra propuesta.

Esperamos que se llegue muy activo en el periodo ordinario que arranca en febrero y que todas las comisiones de la Cámara la dictaminen y que cuente con el respaldo de la mayoría. Es cuanto. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 57 del Código de Justicia Militar, suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente diputado Ricardo Mejía Berdeja, y el suscrito Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 57, primer párrafo, del Código de Justicia Militar , al tenor del siguiente.

Planteamiento del problema

Se han desplegado cerca de 50 mil miembros del ejército y la marina mexicanos para desempeñar funciones policiales en lucha contra los cárteles de narcotraficantes y la delincuencia organizada desde diciembre de 2006. Si bien el personal militar recibe formación en derechos humanos, la denuncia de abusos graves, incluida la tortura y diversas violaciones a los derechos de civiles han aumentado gravemente en los últimos años.

Según la interpretación que hace la Suprema Corte de Justicia a la Constitución, los militares sólo pueden actuar en apoyo a las autoridades civiles y no tienen atribuciones adicionales para detener, recluir e interrogar a presuntos delincuentes. Sin embargo, en muchas zonas del país con un alto grado de delincuencia y violencia, los militares intentan conseguir información sobre presuntos delincuentes sin la participación de la policía civil, que es a menudo en colusión con bandas criminales.

Entre enero de 2006 y enero de 2012, el ejército detuvo a 43,778 presuntos delincuentes en virtud de las disposiciones sobre detención en flagrante delito, muchos de los cuales fueron llevados a cuarteles militares o sometidos a interrogatorio, en vez de ser puestos inmediatamente a disposición del ministerio público, como exige la ley.

Asimismo, los agentes del Ministerio Público civil pueden entrevistar a los detenidos en cuarteles militares, en vez de asumir su custodia, como exige la ley. Estas detenciones militares carecen en gran medida de supervisión, pues no hay más funcionarios civiles presentes y sólo se dispone de médicos militares para tratar o registrar las lesiones, lo que crea un clima propicio para la tortura y otros malos tratos.

Uno de los principales obstáculos que impiden poner a los responsables de tortura y violaciones de derechos humanos a disposición judicial es el hecho de que, hasta ahora, todos los casos en que hay implicados militares en servicio activo se han tratado dentro del sistema de justicia militar, en vez del civil.

Existen convincentes datos que muestran que el sistema de justicia militar ha desestimado denuncias de abusos sin llevar a cabo una investigación efectiva o imparcial y que raras veces se han tomado medidas contra los responsables de la tortura o los malos tratos.

Entre 2006 y a finales de 2011, la CNDH recibió 6,812 denuncias de violación de derechos humanos en contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar). Estas denuncias dieron lugar a 98 recomendaciones formales de la CNDH contra la Sedena, es decir, sobre el 1,6 por ciento de todas las denuncias.

En respuesta a una solicitud presentada en relación con la libertad de información, Sedena afirmó haber recibido o iniciado 1,060 denuncias contra militares por delitos contra civiles en 2010, y 449 denuncias en 2011, que habían dado lugar a un total de 118 investigaciones criminales iniciales, entre ellas las de 17 soldados implicados en casos de tortura.

De los militares afectados, 98 se enfrentaban a cargos penales, algunos por violencia causante de muerte, y al menos 9 se enfrentaban a cargos de tortura. Durante 2010 y 2011 se condenó a 9 militares en relación con delitos contra civiles.

Según la Sedena, durante la administración de Calderón se ha condenado ante tribunales militares por abusos contra los derechos humanos a 38 soldados. Sin embargo, 11 de estas sentencias condenatorias corresponden a casos ocurridos antes de la administración de Calderón, y al menos 19 de las 27 restantes están en proceso de ser recurridos. Por consiguiente, sólo hay confirmadas ocho sentencias condenatorias de militares por delitos de derechos humanos ninguno de tortura cometidos durante la pasada administración, cuando se han presentado más de 7 mil denuncias de delitos de derechos humanos contra las fuerzas armadas.

El 1 de mayo de 2011, la policía municipal de Cuernavaca, Morelos, detuvo a Jethro Ramsés Sánchez Santana, estudiante, y a un amigo suyo. Según el amigo, que quedó después en libertad, ambos fueron entregados primeramente a la policía federal, que los dejó luego en manos de militares. De acuerdo con la información disponible, Jethro Sánchez fue torturado; cuando su familia quiso buscarlo y presentó una denuncia, los militares negaron tener conocimiento de su detención.

Sólo después de que la policía declarara que ambos hombres habían sido entregados a personal militar inició el sistema de justicia militar una investigación.

Ante la clara evidencia de la entrega y la decidida campaña de la familia, los militares arrestaron a varios soldados, gracias a lo cual se localizaron los restos de Jethro Ramsés Sánchez Santana y se practicó una autopsia que indicó que había sido enterrado vivo. Se han presentado cargos contra tres militares en relación con la tortura y homicidio del estudiante, pero no contra otros presuntamente implicados también en el delito, incluidos los que intentaron ocultarlo. En agosto, la CNDH formuló la recomendación 38/2012 contra la Sedena por la detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y homicidio de Jethro Ramsés Sánchez Santana. Ese mismo mes, la Suprema Corte de Justicia determinó que el asunto debía verse en el sistema de justicia civil.

Aunque la Sedena ha tomado algunas medidas para aumentar la transparencia en relación con los asuntos que se ven en el sistema de justicia militar, se sigue proporcionando una información parcial y sin suficiente detalle. En particular, es imposible determinar cuántos casos se han presentado y atendido por tortura y otros malos tratos o por abusos de autoridad y otros delitos leves.

A pesar de las evidentes deficiencias de los datos disponibles, el ejército y el gobierno sostienen que el sumamente bajo nivel de recomendaciones de la CNDH, cargos y sentencias condenatorias demuestra que gran número de denuncias contra militares carecen de fundamento.

Amnistía Internacional no tiene acceso a todas las denuncias presentadas contra militares, pero incluso suponiendo que algunas de las 7 mil denuncias contra la Sedena y la Semar no estén relacionadas con violaciones graves de derechos humanos, la cifra de sólo 27 sentencias condenatorias dictadas contra militares durante la pasada administración pone totalmente en evidencia a un sistema de justicia que, sistemáticamente, no investiga, no establece los hechos y no garantiza un recurso efectivo a las víctimas y sus familias.

Es también importante señalar que incluso en los casos en que el Ministerio Público civil federal o de los estados ha iniciado investigaciones sobre abusos de militares, tales investigaciones se han realizado a menudo con suma contención y sin la cooperación plena de las autoridades militares. A pesar de esta falta de cooperación, los agentes del ministerio público civil han aceptado a menudo la versión militar de lo sucedido y han cerrado sus investigaciones sin llevar a cabo indagaciones básicas para establecer los hechos.

Por ejemplo, en junio de 2011, Amnistía Internacional documentó una serie de detenciones y desapariciones forzadas que afectaban al menos a seis hombres, llevadas a cabo por miembros de la marina en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, y de las que habían sido testigos familiares de las víctimas.

La Semar negó toda responsabilidad, pero posteriormente reconoció que hubo “contacto” con las víctimas. La PGR informó en noviembre de 2011 a Amnistía Internacional que la marina había llevado a esas personas a una estación de autobuses, donde habían quedado en libertad. Por consiguiente, la PGR había cerrado su investigación sin aclarar la actuación de los miembros de la marina ni determinar el paradero de las personas que continuaban desaparecidas y, por ello, más expuestas aún a sufrir tortura o malos tratos.

En agosto de 2012, la CNDH formuló la recomendación 39/2012 contra la SEMAR por la detención arbitraria y desaparición forzada de seis hombres. Sin embargo, en el momento de redactar el presente documento se seguía negando a los familiares de los hombres desaparecidos información creíble sobre su paradero y no había tampoco nueva información sobre la adopción de medidas para hacer rendir cuentas a los responsables.

Argumentación

Se debe pugnar para que los militares implicados en violaciones de derechos humanos sean investigados y juzgados por tribunales civiles y que, con tal fin, se reforme el artículo 57 del Código de Justicia Militar. La presión de las instituciones militares para conservar su jurisdicción sobre los delitos de derechos humanos sigue siendo sumamente fuerte.

A pesar de no haber aplicado los Poderes Ejecutivo y Legislativo las sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado importantes medidas para conseguir que se apliquen. En julio de 2011, la SCJN determinó que el Estado debía aplicar las sentencias de la Corte Interamericana sobre México. Esta decisión fundamental fue una de las primeras consecuencias directas de las reformas por las que se incorporaron a la Constitución las obligaciones contraídas por México en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos.

No obstante, las autoridades militares continuaron reclamando jurisdicción, mientras que las civiles siguieron declarándose incompetentes por considerar que la decisión de la SCJN no sentaba precedente vinculante ni reformaba el artículo 57 del Código de Justicia Militar.

Muchos agentes del Ministerio Público federal y de los estados no pueden investigar estos casos hasta que se aprueben las reformas jurídicas necesarias. Por tanto, las sentencias de la SCJN no reducen la responsabilidad del pasado y el actual gobierno, así como del Congreso, de garantizar que se adopten de inmediato medidas administrativas y jurídicas conforme a las sentencias de la SCJN y la Corte Interamericana para restringir la jurisdicción militar y reformar el Código de Justicia Militar.

Es también esencial que todos los casos que se encuentran actualmente bajo la jurisdicción militar se transfieran de inmediato al sistema de justicia civil. Asimismo, todos los casos sometidos al sistema de justicia militar en que hayan concluido los procedimientos judiciales deben ser objeto de una revisión completa en el sistema de justicia civil.

Es esencial que todas las sentencias judiciales sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas contra civiles, incluidas tortura y otros malos tratos, estén basadas en investigaciones completas, imparciales e independientes y en procedimientos judiciales que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos que protegen los derechos de la víctimas y los acusados.

Reiteramos: homicidio, lesiones, tortura, desapariciones forzadas, violación sexual entre otros, forman parte de delitos cometidos por militares; se debe exigir que la justicia civil atraiga los delitos cometidos por militares contra la población, pues ante la posible parcialidad de los tribunales castrenses, no hay justicia para las víctimas; se deben sancionar los abusos.

En México cada vez son más los informes de graves violaciones a derechos humanos como, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, y otros homicidios, tortura y otros malos tratos, y detención arbitraria, perpetradas por miembros del ejército mexicano, ni las autoridades civiles ni las militares investigan de forma inmediata, imparcial y eficaz.

El sistema de Justicia militar sigue investigando y juzgando al personal militar acusado de violaciones de derechos humanos, con la que hay una propensión a ser juez y parte. La falta de independencia e imparcialidad de este sistema niega a las víctimas y a sus familiares acceso a la justicia, y es un importante obstáculo para terminar con la impunidad de las violaciones de derechos humanos.

Fundamento legal

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 57 primer párrafo del Código de Justicia Militar.

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 57 del Código de Justicia Militar, para quedar como sigue:

Artículo 57.Son delitos contra la disciplina militar:

I. Los especificados en el Libro Segundo de este Código;

II. Los del orden común o federal, cuando en su comisión haya concurrido cualquiera de las circunstancias que en seguida se expresan:

a), b), c), d), e) ...

Cuando en los casos de la fracción II, concurran militares y civiles, los primeros serán juzgados por la justicia CIVIL.

Los delitos del orden común ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de enero de 2013.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado Mejía Berdeja. Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, para dictamen.

LEY DE AVIACION CIVIL

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 18 Bis y reforma los artículos 42 y 52 de la Ley de Aviación Civil. Tiene la palabra, diputada.

La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la Ley de Aviación Civil en los últimos años ha sufrido diversas reformas; sin embargo, el transporte aéreo de pasajeros en México presenta diversos problemas que afectan tanto a los consumidores como al desarrollo nacional, entre los que destacan el alto costo de las tarifas y la discrecionalidad de los concesionarios para fijarlas y modificarlas, así como la violación constante a los derechos de los usuarios.

La legislación actual protege básicamente la competitividad entre las aerolíneas, sin considerar el efecto de las tarifas sobre otros sectores de la economía, como el turístico o de negocios, lo que resulta una limitante para el crecimiento económico del país.

Por ello, una vez más, desde esta tribuna, es necesario señalar que las tarifas aéreas que se cobran en México están entre las más caras del mundo.

Para darnos una ligera idea de la magnitud de los precios, por ejemplo, un boleto redondo a Durango, Nayarit, Veracruz y Coahuila, por mencionar solo algunos destinos, es mucho más caro que un viaje redondo a Nueva York, a Canadá, a España o a Argentina. Incluso, las tarifas llegan a tener un costo de más de 14 mil pesos en clase turística o económica.

Tampoco es ningún secreto que un boleto para el mismo destino y horario, en el mismo asiento y clase, comprado con una diferencia de minutos, tiene una tarifa distinta, o bien, que el boleto adquirido está sujeto a condiciones determinadas, las cuales nunca se le informaron al consumidor.

Bajo este orden de ideas, la lógica jurídica y la lógica económica indican que el diseño de un tabulador de tarifas aéreas, de referencia, acordado entre los concesionarios y la Secretaría de Economía, que contenga los costos máximos, que de ninguna forma deberán ser mayores al establecido, sin importar la temporada o disponibilidad es fundamental, no solo para garantizar los derechos de los consumidores, sino para fortalecer y desarrollar al sector.

Por otro lado, es de sobra conocido que —a pesar de que un boleto de avión es equivalente a un contrato comercial, que trae consigo obligaciones y derechos para ambas partes— son cotidianas y reiteradas las quejas sobre anomalías, como atrasos en las salidas y llegadas, cambios de destino, cancelación y sobreventa de boletos.

Ante lo cual, la respuesta también reiterada y cotidiana por parte del personal de las aerolíneas siempre es: son las políticas de la empresa; solamente sigo indicaciones; si gusta, puede poner una queja vía telefónica.

La realidad es que en materia de derechos de los usuarios del transporte aéreo en nuestro país es uno de los más atrasados, entre otras cosas porque se encuentran establecidos en una norma reglamentaria de baja jerarquía, en razón de lo cual se plantea elevarlas a categoría de ley.

Entre los derechos que se proponen establecer está que en caso de presentarse un sobrecupo, sobreventa de boletos o cancelación por causas imputables al concesionario, el consumidor deberá recibir una indemnización que nunca será menor al triple del costo del boleto, además de la opción de elegir entre la devolución del importe del boleto y un medio de transporte alternativo, con las mismas características o superiores hasta el destino final.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el sector aeronáutico nacional es un sector estratégico y prioritario para la economía mexicana. De ahí que la presente iniciativa tenga por objeto recuperar la rectoría del Estado en la materia, al proponer acotar la libertad de los concesionarios para fijar libremente las tarifas, así como escalecer la obligación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Economía, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal de Competencia, para garantizar el pleno respeto a los derechos de los consumidores, el establecimiento de tarifas justas y el impulso de la competitividad para fortalecimiento del sector aeronáutico nacional, así como de las diferentes actividades relacionados, otorgando certeza y seguridad jurídica. Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que adiciona un artículo 18 Bis y reforma los artículos 42 y 52 de la Ley de Aviación Civil, suscrita por la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 18 Bis y reforma y adiciona los artículos 42 y 52 de la Ley de Aviación Civil, con el objeto de establecer los derechos de los usuarios del transporte aéreo, regular las tarifas aéreas, y dotar de mayores atribuciones a la Secretaría de Economía, en virtud de la siguiente:

Exposición de Motivos

No obstante las diversas reformas a la Ley en comento, el transporte aéreo mexicano presenta diversos problemas que afectan a los consumidores de este servicio, entre los que destacan:

• El alto costo de las tarifas;

• La discrecionalidad con que se fijan y modifican las tarifas;

• La violación a los derechos de los usuarios;

• El desconocimiento por parte de los usuarios de sus derechos y la falta de difusión de los mismos.

En lo que respecta a las tarifas aéreas es importante señalar que Ley de Aviación Civil, en su artículo 42 vigente establece que:

“Los concesionarios o permisionarios fijarán libremente las tarifas por los servicios que presten, en términos que permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

Las tarifas internacionales se aprobarán por la Secretaría de conformidad con lo que, en su caso, se establezca en los tratados.

Las tarifas deberán registrarse ante la Secretaría para su puesta en vigor y estarán permanentemente a disposición de los usuarios.

La Secretaría podrá negar el registro de las tarifas fijadas por los concesionarios o permisionarios, si las mismas implican prácticas depredatorias, de carácter monopólico, de dominancia en el mercado o una competencia desleal que impida la permanencia en el mercado de otros concesionarios o permisionarios, y podrá establecer niveles tarifarios mínimos o máximos, según sea el caso, para los servicios respectivos, a fin de ordenar dichos niveles, con el objeto de fomentar la sana competencia”.

Por su parte es menester señalar que el artículo 43 del citado ordenamiento, señala que:

“Cuando la Secretaría, por sí o a petición de la parte afectada, considere que no existe competencia efectiva entre los diferentes concesionarios o permisionarios, solicitará la opinión de la Comisión Federal de Competencia para que, en su caso, la Secretaría establezca bases de regulación tarifaria. Dicha regulación se mantendrá sólo mientras subsistan las condiciones que la motivaron.

En la regulación, la Secretaría podrá establecer tarifas específicas para la prestación de los servicios, así como mecanismos de ajuste y periodos de vigencia.

Los concesionarios y permisionarios sujetos a tal regulación podrán solicitar a la Comisión Federal de Competencia que emita opinión sobre la aplicación y subsistencia de tales condiciones”

En este sentido, es importante dejar en claro que la función de la COFECO, consiste en evaluar la competitividad entre las aerolíneas, es decir, no considera el efecto que esto puede tener sobre otros sectores de la economía, lo cual resulta una limitante para el crecimiento económico del País, toda vez, que el sector aeronáutico es fundamental para el desarrollo de actividades como el turismo y los negocios, ambas con una aportación significativa a la economía nacional, o bien, el impacto para la economía de los consumidores.

Bajo el anterior orden de ideas, es pertinente decir una vez más que las tarifas aéreas que se cobran en nuestro país están entre las más caras del mundo. Para darnos una ligera idea de la magnitud de los precios, por ejemplo: un boleto redondo a estados de la República como Durango, Nayarit, Veracruz y Coahuila, partiendo del Distrito Federal, por mencionar sólo algunos, es mucho más caro que un viaje redondo a Nueva York, Canadá, España, o Argentina. Incluso las tarifas llegan a tener un costo de más de $14,000.00 en clase turista.

Ahora bien, el Reglamento de la Ley de Aviación Civil establece cuáles son los derechos del usuario al utilizar el servicio de transporte aéreo, sin embargo éstos no son respetados, por ello, se considera conveniente elevarlos a categoría de ley, tal y como corresponde a su estatus.

En razón de lo anterior, la lógica jurídica y la lógica económica, sugieren que el diseño de un tabulador de tarifas aéreas es fundamental, a fin de permitir que el usuario del servicio conozca los precios y tarifas que de ninguna manera deberán sufrir modificaciones a los establecidos en el tabulador, sin importar la temporada o disponibilidad; garantizándole certidumbre y pleno respeto a sus derechos. Asimismo, al sector se le permitirá continuar creciendo, considerando en todo momento a los millones de usuarios demandantes del servicio.

¿Cuántas veces no hemos escuchado quejas de los ciudadanos, o incluso, de nosotros mismos como consumidores? Cuántas veces se han reclamado anomalías como:

• A la mitad del destino el avión tuvo que hacer un cambio de ruta;

• El vuelo salió o llegó con retraso, ocasionándonos diversos inconvenientes y pérdidas;

• El tiempo para el despegue o el aterrizaje fue excesivo por falta de disponibilidad de pista o posición;

• Hay sobreventa de boletos;

• El boleto para el mismo destino, en un asiento y una clase con las mismas características, comprado con una diferencia de unos minutos tiene una tarifa distinta;

• El personal de vuelo no ha llegado por lo que habrá un retraso;

• El vuelo se canceló de último momento sin explicación alguna;

• En temporada vacacional o considerada como alta las tarifas son estratosféricas;

• El boleto adquirido está sujeto a condiciones previamente determinadas por el concesionario de manera unilateral y nunca se le informó al consumidor;

• Sólo una línea aérea vuela al destino;

• Las condiciones de los aeropuertos, los camiones transportadores y los servicios son ineficientes e insuficientes;

• La maleta llegó rota o abierta; y

• El equipaje no llegó; etc.

Ante esto, la respuesta por parte del personal de tierra o aire es: “son las políticas de la empresa”; “yo solamente sigo indicaciones, si gusta puede poner una queja vía telefónica o por internet”, “son instrucciones de mis superiores”; “tenemos sobrecupo, quien quiera quedarse en tierra y abordar más tarde, le regalamos un boleto”, etcétera.

Quejas que desde luego, pocas veces se interponen por lo tortuoso e ineficaz del procedimiento, además de la consabida pérdida de tiempo y de dinero; colocando al usuario en franco estado de indefensión.

No debemos olvidar que la Ley de Aviación Civil, establece que un boleto de avión es equivalente a un contrato comercial, que trae consigo obligaciones y derechos para ambas partes; y el incumplimiento del mismo, obliga a la rescisión de dicho contrato debiendo cumplir con la devolución de lo pagado o la reparación de las afectaciones ocasionadas; acuerdo de voluntades en donde el usuario, es decir, el ciudadano, queda siempre en condiciones de desventaja.

En materia de derechos de los usuarios del transporte aéreo, México es uno de los países más atrasados en la materia. Países miembros de la Unión Europea cuentan con una avanzada legislación, la cual protege a los pasajeros en aspectos tales como: la información sobre vuelos, reservaciones, obligaciones de las agencias de viajes, responsabilidad en caso de pérdida de equipaje y accidentes, así como compensaciones en vuelos sobrevendidos o cancelados.

No debemos olvidar, que es nuestra competencia y responsabilidad, crear mejores normas que permitan la competitividad de las aerolíneas en un entorno favorable, sin olvidar a los consumidores. Por lo anterior, resulta prioritario adecuar la Ley con el objeto de que los usuarios cuenten con herramientas que les permitan conocer, defender y ejercer de manera plena sus derechos, dotar de mayores facultades a la autoridad y regular el sistema tarifario.

El sector aeronáutico nacional, es un sector estratégico y prioritario para la economía mexicana, por lo que resulta urgente que el Estado, asuma su rectoría plena en beneficio de la economía nacional, de los usuarios y del resto de los sectores productivos que de ahí dependen. Por ello, se propone que en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo a la legislación en la materia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Economía, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal de Competencia, garantizarán el pleno respeto a los derechos de los usuarios, el establecimiento de tarifas justas y el impulso de la competitividad para el cabal fortalecimiento del sector aeronáutico nacional, así como de las diferentes actividades relacionadas con éste.

En razón de lo aquí señalado pongo a consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 18 Bis, 42 y 52 de la Ley de Aviación Civil.

Primero. Se adiciona un artículo 18 bis a la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

Artículo 18 Bis. El usuario o consumidor del servicio de transporte aéreo tendrá entre otros, los siguientes derechos:

I. Ser transportado en el vuelo consignado en el boleto o cupón, conforme a las condiciones de servicio establecidas en dicho documento;

II. Recibir por parte de los concesionarios o prestadores del servicio la información clara y veraz sobre las diferentes opciones en lo que respecta a horarios, tarifas, itinerarios, escalas, destinos, restricciones, así como conocer sus derechos y obligaciones desde el momento en que se realiza la consulta a través de los distintos medios disponibles;

III. Ser notificado de manera oportuna sobre los cambios relacionados con el servicio contratado;

IV. Llevar en cabina las piezas de equipaje de mano, que señalen los instrumentos internacionales signados por México, siempre y cuando que por su naturaleza o dimensiones no pongan en riesgo la seguridad y/o afecten la comodidad de los pasajeros;

V. Expedirle un comprobante por cada pieza, maleta o bulto de equipaje que se entregue para su transporte, el cual debe contener la información que señalan las normas oficiales mexicanas correspondientes y debe constar de dos partes: una para el pasajero y otra que se adherirá al equipaje;

VI. Transportar, sin cargo alguno, el equipaje que se ajuste a los kilogramos señalados en los Instrumentos internacionales de los que México es parte; para lo cual, el concesionario deberá avisar de manera oportuna y clara del costo por kilogramo adicional en el equipaje;

VII. A que en caso de extravío, daño o reclamación del equipaje se aplique lo establecido en la presente Ley;

VIII. Recibir el reembolso del boleto y de manera inmediata, cuando las condiciones en que fue contratado el servicio sean distintas de las establecidas en el contrato, así como en caso de que el usuario desee no continuar manteniendo el vínculo del convenio establecido mediante la compra del boleto, incluyendo el adquirido con tarifas que se encuentren en promoción o de bajo costo;

IX. Recibir atención médica cuando lo requiera, ya sea durante el tiempo de espera, durante el vuelo y hasta una hora después de haber bajado de la aeronave;

X. Gozar del servicio contratado;

XI. En caso de presentarse sobrecupo, sobreventa de boletos o cancelación por causas imputables al concesionario, deberá recibir una indemnización que no será menor al triple del costo del boleto, además de la opción de elegir entre la devolución del importe del boleto y un medio de transporte alternativo con las mismas características o superiores hasta el destino final;

XII. Ser tratado con respeto y a no ser objeto de discriminación por causa alguna;

XIII. Tener durante la compra del boleto, el vuelo y la culminación del mismo sus derechos a la vista.

En el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo a la legislación en la materia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Economía, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal de Competencia, garantizarán el pleno respeto a los derechos de los usuarios, el establecimiento de tarifas justas y el impulso de la competitividad para el cabal fortalecimiento del sector aeronáutico nacional, así como de las diferentes actividades relacionadas con éste, considerándolo como un sector estratégico de la economía nacional.

Segundo. Se reforma y adiciona el artículo 42 de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

Artículo 42. Los concesionarios o permisionarios de común acuerdo con la Secretaría, fijarán las tarifas por los servicios que presten, en términos que permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia, para lo cual

...

...

La Secretaría acordará y registrará las tarifas a que se refiere este artículo, cuidando en todo momento que éstas no implican prácticas depredatorias, monopólicas, de competencia desleal frente a otros concesionarios o permisionarios; frenen u obstaculicen el desarrollo nacional o regional del país, o bien, el crecimiento de algún sector de la economía; y que no resulten injustas para los usuarios o consumidores.

La Secretaría podrá establecer niveles tarifarios mínimos o máximos, según sea el caso, para los servicios respectivos, a fin de ordenar dichos niveles, con el objeto de fomentar la sana competencia y el desarrollo.

...

Tercero. Se reforma el que actualmente es el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

Artículo 52. ...

I. ...

II. ...

III. ...

Además de lo señalado en las fracciones anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir una indemnización al pasajero afectado que nunca será inferior al triple del costo del boleto o billete.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrara en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de acuerdo con los concesionarios deberá expedir el Tabulador de Tarifas Aéreas Máximas en un plazo no mayor a 90 días naturales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de enero de 2013— Legisladores: Lourdes Eulalia Quiñones Canales, José María Martínez, Carlos Alberto García González,  Miguel Romo Medina, Hilda Flores Escalera, Mirna Esmeralda Hernández Morales, Javier Treviño Cantú, Adriana fuentes Téllez, Jorge Herrera Delgado, Abraham Montes Alvarado (rúbricas).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muchas gracias, diputada Quiñones Canales. Túrnese a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, para su dictamen.

ARTICULOS 41, 56, 59, 81, 99, 115, 116 Y 122 CONSTITUCIONALES

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tiene en este momento la palabra, hasta por cinco minutos, la senadora Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, senadora Cuevas.

La senadora Gabriela Cuevas Barron: Muchas gracias, senadora. La democracia no es un puerto de llegada o una estación terminal; la democracia es, en cambio, un arreglo institucional que se encuentra en constante transformación para abrir más espacios a la deliberación pública.

Por eso, el día de hoy presento a consideración de esta soberanía una propuesta de reforma constitucional que busca profundizar la transformación democrática que hemos vivido durante los últimos años.

Durante los últimos meses el Poder Legislativo ha aprobado diversas reformas para establecer nuevos mecanismos de participación social y abrir canales de comunicación más eficaces entre los ciudadanos y los gobernantes.

Gracias a figuras como las candidaturas independientes, las consultas populares y las iniciativas ciudadanas se ha cerrado la distancia que había entre las aspiraciones ciudadanas y las decisiones de sus representantes.

Sin embargo, el cambio social obliga insistir en la pertinencia de concretar otras reformas constitucionales que consoliden un cambio político de trascendencia en nuestro país. Uno de esos cambios es la adopción del principio de mayoría relativa calificada para la elección del presidente de la República.

De acuerdo con el texto constitucional vigente, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos se elige bajo el sistema de mayoría simple o relativa; es decir, que el ganador de la elección presidencial es el candidato que obtiene el mayor número de votos, sin importar el porcentaje del electorado que lo respalde ni el margen de votos entre el primero y el segundo lugar.

Ahora, lo que propongo con esta iniciativa es establecer la denominada Regla de doble complemento, ¿esto qué significa? Significa que el ganador de la contienda electoral será el candidato que reciba el 50 por ciento más uno de los votos, o en su caso, aquel que a pesar de recibir menos de la mitad de los votos emitidos sí obtenga una ventaja de tal magnitud, que el margen del segundo candidato para llegar al 50 por ciento de los sufragios emitidos sea cuando menos el doble del margen que separa al ganador de ese 50 por ciento.

Por ejemplo, no se requeriría una segunda vuelta si uno de los contendientes obtiene el 44 por ciento de los votos, siempre y cuando el candidato que le sigue tenga menos del 38 por ciento, o bien, si el primer lugar obtuviera el 39 por ciento y el segundo menos de 28 por ciento.

Esta regla se basa en la premisa de que la mayoría relativa es suficiente para declarar un ganador y por lo tanto, que las segundas vueltas son innecesarias en algunos casos.

También es importante subrayar que con esta regla el margen requerido para declarar un ganador se amplía, en la medida en la que disminuye el porcentaje de votos por el candidato líder. Esto hace más probable que haya una segunda vuelta en aquellos casos que provocaron descontento social en las últimas dos elecciones presidenciales; el margen cerrado entre los punteros y el bajo respaldo del electorado hacia los candidatos ganadores.

Finalmente, esta iniciativa propone la elección consecutiva de los legisladores federales, así como de alcaldes, integrantes de los ayuntamientos, jefes delegacionales y diputados locales.

Tanto académicos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil han expresado que la reelección de las autoridades permite fortalecer el poder de los ciudadanos, por las siguientes razones; en primer lugar, porque permite consolidar la rendición de cuentas ante la sociedad, creando un vínculo más estrecho entre los electores y sus representantes; en segundo lugar, porque mejora la gestión del gobierno desde el nivel local.

La elección consecutiva lo que permite es profesionalizar los cuadros administrativos, tanto en ayuntamientos como en los órganos legislativos, lo que lleva a una verdadera carrera parlamentaria y a una especialización de las funciones.

En tercer lugar, porque convierte al voto ciudadano en un instrumento de premio o castigo al desempeño de los representantes populares.

Es importante señalar que esta iniciativa no propone la reelección ilimitada; por lo que en su caso, que se establezcan restricciones específicas.

Además, para no trastornar de forma súbita al orden público, se propone que sean los órganos legislativos de las entidades federativas quienes decidan si quieren o no la reelección de ayuntamientos y diputados locales.

Estimados compañeros y compañeras, México es el único país de América Latina que prohíbe la reelección, tanto de legisladores como de presidentes municipales, y no podemos seguirnos dando el lujo de ver cómo nuestro marco normativo se aleja de la realidad democrática que presenciamos durante los últimos años.

Es tiempo de analizar, de discutir, de enriquecer estas propuestas que los ciudadanos han exigido desde hace tiempo y que ya no pueden seguir en el tintero. Muchas gracias, por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la senadora Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, senadora Gabriela Cuevas Barron, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 numeral 1, fracción 1, 164 numeral 1, 169 Y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de establecer la “regla de doble complemento” en la elección presidencial, así como la elección consecutiva de legisladores federales y de autoridades locales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Como refiere José Woldenberg, la democracia no es un puerto de llegada o una estación terminal. La democracia es, en cambio, un arreglo institucional que se encuentra en una constante transformación para abrir más espacios a la deliberación pública y otorgar mayor legitimidad a quienes detentan algún cargo de elección popular. En este sentido, el fortalecimiento de nuestra democracia requiere de un constante perfeccionamiento de las instituciones públicas.

Ciertamente, en los últimos meses hemos avanzado significativa mente en esta dirección. Con la reforma política aprobada por el Constituyente Permanente, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012, establecimos nuevos mecanismos de participación social y ampliamos los canales de comunicación entre los ciudadanos y las autoridades. Gracias a figuras como las candidaturas independientes, las consultas populares y las iniciativas ciudadanas, cerramos la distancia que había entre las aspiraciones ciudadanas y las decisiones de sus representantes.

Ahora, con las candidaturas independientes cualquier ciudadano podrá postularse a cargos de elección popular con total independencia de lo que ofrecen los partidos políticos. Mediante las consultas populares, los ciudadanos podrán externar claramente sus preferencias y prioridades de política pública, sin que éstas tengan que pasar forzosamente por el control de los partidos políticos. Y a través de la iniciativa ciudadana,la sociedad podrá alinear los intereses de la agenda legislativa del Congreso con sus preocupaciones reales y más apremiantes (la facultad de presentar iniciativas ya no es exclusiva de los Poderes Ejecutivo y Legislativo).

Además, dicha reforma incluyó temas que han mejorado la relación entre los Poderes de la Unión. Gracias a la facultad del Ejecutivo federal de presentar iniciativas preferentes ante el Congreso de la Unión, en la presente legislatura se ha intensificado el trabajo legislativo. En especial, se discutieron dos temas que a pesar de haber estado en la agenda ciudadana durante mucho tiempo, se habían pospuesto por los costos políticos que conllevaban: la reforma laboral y la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para transparentar el uso de los recursos públicos en los gobiernos subnacionales.

No obstante a lo anterior, aún tenemos que hacer más para que la voluntad ciudadana esté debidamente representada en las decisiones políticas y la democracia sea cada vez más útil y eficaz a la gente. Particularmente, es necesario insistir en la pertinencia de concretar dos reformas constitucionales que consoliden un cambio político de trascendencia en nuestro país. Uno de esos cambios es la adopción del principio de mayoría relativa calificada para la elección del presidente del República y el otro es la adopción del principio de elección consecutiva para legisladores federales y autoridades locales. Estas reformas son esenciales para dar mayor legitimidad al presidente de la República; profesionalizar los órganos encargados de modificar los ordenamientos legales; mejorar la gestión de los gobiernos locales; y fortalecer la rendición de cuentas ante la sociedad.

1. La regla de doble complemento

De acuerdo con el texto constitucional vigente, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos se elige bajo el sistema de “mayoría simple o relativa”. Es decir, el ganador de la elección presidencial es el candidato que obtiene el mayor número de votos sin importar el porcentaje del electorado que lo respalde ni qué tan cerca se encuentre del segundo lugar.

Aunque el sistema de mayoría relativa funcionó en nuestro país durante la época del partido hegemónico, en los últimos comicios presidenciales observamos algunas manifestaciones de descontento social por los resultados electorales. Los márgenes cerrados de votos entre el primer y el segundo lugar, así como el bajo respaldo del electorado hacia los ganadores, dieron pie a que un sector de la población cuestionara la validez de las elecciones y a que solicitaran la celebración de nuevas elecciones.

Para reducir el riesgo de este tipo de disputas electorales, muchos países han establecido la segunda vuelta en caso de que ningún candidato alcance el umbral electoral requerido en la primera vuelta. De hecho, esto se ha vuelto una práctica común en América Latina y en el mundo, y la tendencia es claramente a distanciarse de la regla de mayoría relativa.

Ciertamente, son muchas las variantes que pueden adoptarse en lugar de la mayoría relativa: ya sea un sistema de “mayoría absoluta” a dos vueltas (para el caso de que ningún candidato obtenga más del cincuenta por ciento de los votos en la primera ronda) o de “mayoría relativa calificada”. Pero en el caso de nuestro país consideramos que este último sistema tiene mayores ventajas como las siguientes:

a) Incrementa la viabilidad del umbral electoral y evita la celebración de segundas vueltas innecesarias junto con los gastos asociados a ellas;

b) Evita la elección de presidentes minoritarios, es decir, la elección de un candidato con un bajo porcentaje de votos y un margen cerrado sobre el contrincante, lo que otorgaría al ganador un mayor respaldo social y político;

c) A diferencia de lo que puede ocurrir en un sistema de mayoría absoluta, permite corregir los riesgos inherentes de elegir presidentes basados en una coalición estrictamente negativa, ya que “puede reducir el número de candidatos que compiten en la primera ronda, al mismo tiempo que impide que en la primera vuelta se elija a un candidato que tenga una base de apoyo limitada o ideológicamente extremista”;

d) Promueve la generación de alianzas entre candidatos y partidos políticos a fin de obtener el umbral de votación establecido como mínimo para ganar; y

e) De celebrarse la segunda vuelta, da oportunidad a los votantes de reorientar sus preferencias.

Con base en las consideraciones anteriores, esta iniciativa propone establecer una segunda vuelta para el caso de que el primer lugar no alcance el cincuenta por ciento de los votos y que la ventaja que obtenga respecto al segundo lugar no sea, por lo menos, la mitad del margen que separa a este último del cincuenta por ciento del total de los sufragios emitidos. Esto significa que el ganador de la contienda electoral será el candidato que reciba el cincuenta por ciento más uno de los votos, o bien, aquél que a pesar de haber recibido menos del cincuenta por ciento lo hace con tal ventaja que el margen del segundo candidato para obtener 50 por ciento es por lo menos el doble del margen del que obtuvo el ganador. A esto se llama la “regla de doble complemento”:

Esta regla se define para el caso en el que ningún candidato tenga más de la mitad de los votos: una mayoría relativa es suficiente para ganar si el margen del segundo candidato para obtener 50 por ciento es por lo menos el doble del margen del candidato con mayoría relativa. Con este esquema, sólo existiría un margen requerido y ningún umbral menor a 50 por ciento. Además, el margen requerido para una victoria de una sola vuelta se incrementaría en la medida en la que disminuya el porcentaje de votos del ganador por mayoría relativa. Por ejemplo, no se necesitaría ninguna segunda vuelta si el ganador por mayoría relativa tuviera 44 por ciento, siempre y cuando el candidato en segundo lugar tuviera menos de 38 por ciento de los votos, o si el líder tuviera 39 por ciento, pero el segundo tuviera menos que 28 por ciento. La regla del doble complemento y otras reglas de mayoría relativa calificada se basan en la premisa de que la mayoría relativa es suficiente por tanto una segunda vuelta sería superflua en dichos casos, pues permiten al candidato con más votos ganar cabalmente con menos de la mitad de los votos en algunas circunstancias pero no en otras.

Matthew Soberg seña1a que a diferencia de otras reglas de mayoría relativa calificada, la del doble complemento impide que se establezcan umbrales arbitrarios de submayoría para obtener el triunfo (como 40 por ciento en Costa Rica o 45 por ciento en Argentina), o bien, que se establezcan requisitos de márgenes arbitrarios entre el primero y el segundo lugar (como los diez puntos porcentuales de Argentina si el líder tiene más de 40 por ciento pero menos de 45 por ciento). En cambio, el margen requerido se amplía en la medida en la que disminuye el porcentaje de votos por el candidato líder, lo que hace más probable que haya una segunda vuelta cuando los resultados de la primera ronda presenten una mayoría relativa pequeña o un margen muy cerrado.

Así, en caso de que ningún contendiente concentre el porcentaje de sufragios requerido en la primera fecha electoral (a celebrarse el primer domingo de junio), se propone celebrar una segunda  votación en la que participen solamente los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de sufragios en la primera ronda. La segunda votación, en caso de haberla, se programará para el segundo domingo de julio y de manera concurrente con los cargos legislativos federales para atemperar los costos que implica la organización. Este mecanismo no sólo evitará un posible abstencionismo en la segunda vuelta electoral, también permitirá al electorado articular su decisión tomando en cuenta la relación de fuerzas entre el Poder Ejecutivo y el legislativo.

2. Elección consecutiva de legisladores federales y autoridades locales

Tanto la elección consecutiva de legisladores federales como de autoridades locales es una herramienta fundamental para fortalecer el poder de los ciudadanos: a) permitirá consolidar la rendición de cuentas ante la sociedad; b) mejorará la calidad del gobierno al permitir la profesionalización de los cuadros administrativos en los ayuntamientos y los órganos legislativos; y c) convertirá al voto ciudadano en un instrumento de premio o castigo al desempeño gubernamental.

Es necesario recordar que la Constitución sí permite la reelección de los legisladores y las autoridades locales, pero no de forma inmediata. Es decir, lo que se discute no es la “reelección” en sí misma, sino la elección inmediata y no discontinua de los mismos.

Dentro de las razones que se esgrimen para justificar la elección consecutiva de los legisladores federales se encuentran las siguientes:

a) La reelección permite crear un vínculo más estrecho entre el representante y sus electores, porque el legislador sabe que al concluir el periodo para el que fue electo requerirá nuevamente su apoyo para mantenerse en el puesto. Esto incentiva al representante a atender diligentemente los asuntos que interesan a los votantes;

b) La reelección constituye un mecanismo de rendición de cuentas, ya que los ciudadanos pueden premiar o castigar el desempeño de sus representantes a través del voto. Esto obligará a los legisladores a “actuar mucho más responsablemente en su cargo que si, por el contrario, no tiene que rendir cuentas a nadie y puede dejar pasar ese tiempo sin aportar nada a la legislatura respectiva”;

c) La reelección profesionaliza a los legisladores, lo que llevaría a una verdadera carrera parlamentaria y a la especialización. “Cuando los legisladores van haciendo carrera legislativa se van profesionalizando en el sentido de que conocen mejor las materias con las que tratan y tienen mayor dominio de las funciones propiamente legislativas y de control político que se realizan desde las Cámaras”;

d) La reelección coadyuvaría a la formación de una cultura política democrática.

Por lo que se refiere a la elección consecutiva de las autoridades locales, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha señalado que también se daría un poder inédito a los ciudadanos porque se transformaría el voto en un medio para premiar o castigar a los representantes políticos. Agrega, además que existe evidencia que demuestra que los alcaldes que se están jugando la reelección tienen menos probabilidad de caer en actos de corrupción, en comparación con los que ya no tienen posibilidad de reelegirse, además de que se mejora la calidad de la administración pública.

Dicho de otra manera, la elección consecutiva de alcaldes, integrantes de los ayuntamientos y jefes delegacionales, resulta esencial para mejorar la gestión de gobierno desde el nivel local porque son esas autoridades las que guardan mayor cercanía con la población y, en consecuencia, hará posible que existan mayores niveles de información acerca de sus funciones y su desempeño. Un argumento paralelo para solicitar la reelección inmediata de las autoridades locales es que, junto con El Salvador, México es el país con la menor duración de los periodos de gobierno de las autoridades municipales en América Latina. Y el establecimiento de la elección consecutiva permitirá ampliar los periodos de gobierno para asegurar la continuidad de los programas de gobierno si es que el funcionario hizo bien su trabajo.

Cabe decir que esta iniciativa no propone que la reelección sea ilimitada y en cada caso se señalan ciertas restricciones. Además, atendiendo a la recomendación del IMCO, se propone que sean los órganos legislativos de las entidades deferativas quienes decidan si quieren o no la reelección de ayuntamientos y diputados locales, “de tal forma que no se trastorne de forma súbita al orden político”.

Finalmente, es preciso decir que algunas voces se muestran renuentes a debatir sobre la pertinencia de este tipo de reformas aduciendo que la mayoría de la población no las aprueba. Sin embargo, algunos estudios han señalado que la percepción ciudadana se ha ido modificando con el paso del tiempo; y más importante aún, que la opinión favorable que tiene la ciudadanía respecto a la reelección de sus autoridades se incrementa en la medida que los ciudadanos conocen las ventajas de su instauración. Un estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP) afirma que “algunas encuestas han demostrado que al informar a los entrevistados las posibles ventajas de la reelección, crece considerablemente la aprobación a la misma. Se trata, por tanto, de una opinión susceptible de modificarse a través de una campaña de difusión o de acuerdo a la forma en que se realice el debate sobre el tema”.

Compañeros legisladores:

Estas iniciativas tienen la finalidad de que los mexicanos continuemos con el proceso de democratización que iniciamos hace algunos años. Éstas son propuestas ineludibles que los ciudadanos han exigido desde hace tiempo y que ya no pueden esperar más. Tenemos la obligación de apostar por una reforma política que siga profundizando los cambios que requiere nuestro sistema político y que responda a la nueva realidad democrática de México.

Por todo lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración del Constituyente Permanente por su digno conducto, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reformanel artículo 41, fracción V, párrafo noveno; el párrafo tercero del artículo 56; el párrafo primero del artículo 59; el párrafo primero del artículo 81; el artículo 99, fracción II; el párrafo segundo de la fracción I del artículo 115; el párrafo segundo de la fracción II del artículo 116; y se adicionan el artículo 41, fracción IV, con un párrafo tercero, recorriéndose los subsecuentes; el artículo 51 con un párrafo segundo; el artículo 59 con un párrafo segundo; el artículo 81 con un párrafo segundo, tercero y cuarto; el artículo 115 con un párrafo tercero en su fracción I, recorriéndose los subsecuentes; el artículo 116 con un párrafo tercero y cuarto en su fracción II, recorriéndose los subsecuentes; y el artículo 122 con el párrafo segundo de la fracción I de la Base Primera y un último párrafo de la fracción II de la Base Tercera, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

I. ...

...

...

II. ...

III. ...

IV. ..

...

La duración de la campaña para la primera votación de Presidente de la República, se sujetará a lo que establece el párrafo anterior. Las campañas para la segunda votación tendrán la duración que señale la ley.

...

V. ...

...

...

...

...

...

...

...

El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica; la geografía electoral; la organización de la primera votación y, en su caso, de la segunda votación para la elección del presidente de la República; el cómputo de su votación y la emisión de la declaratoria de validez de su resultado;los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos; el padrón y lista de electores; la impresión de materiales electorales; la preparación de la jornada electoral; los cómputos en los términos que señale la ley; la declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores; el cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.

..

..

...

VI. ...

Artículo 51. ...

La elección deberá celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda. En los años en que concurra con la elección de Presidente de la República, la elección deberá celebrarse el segundo domingo de julio.

Artículo 56. ...

...

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años. La elección deberá celebrarse el segundo domingo de julio del año que corresponda.

Artículo 59. Los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión podrán ser reelectos en forma inmediata. En cada ocasión, los primeros hasta por un periodo adicional y los segundos hasta por dos periodos adicionales.

Los Diputados o Senadores propietarios que hayan cumplido los periodos de reelección antes establecidos no podrán ser electos para el siguiente periodo con el carácter de suplentes. A los Diputados o Senadores suplentes que hubieren estado en ejercicio les será apHcable lo establecido en el párrafo anterior.

Articulo 81. La elección del Presidente será directa, en segunda vuelta según lo establece la Constitución, y en los términos que disponga la ley electoral.

Será electo Presidente el candidato que obtenga la mitad más uno del total de los sufragios emitidos en la primera ronda electoral. Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos, entonces será electo Presidente el candidato que hubiere obtenido la mayor cantidad de votos, siempre que la ventaja que obtenga respecto al segundo candidato más votado sea por lo menos la mitad del margen que separa a este último del cincuenta por ciento del total de los votos emitidos.

Si ningún candidato alcanza el umbral electoral señalado en el párrafo anterior, se realizará una segunda votación en la que únicamente participarán los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos respecto del total de los sufragios emitidos. En este caso, será electo Presidente el que obtenga la mitad más uno de los sufragios válidamente emitidos.

La primera votación se celebrará el primer domingo de junio del año que corresponda. La segunda votación, en su caso, se realizará el segundo domingo de julio, debiendo estar resueltas todas las impugnaciones que se hubiesen presentado respecto de la primera votación para elegir al Presidente de la República.

Artículo 99. ..

..

..

...

I. ...

II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tanto en la primera como en la segunda votación,serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.

...

La Sala Superior realizará los cómputos finales de la primera votación y, en su caso, de la segunda, de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido la mayoría de los votos en términos del artículo 81 de esta Constitución.

III. a IX. ..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

...

...

Artículo 115. ...

I. ...

Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos podrán ser electos hasta por un máximo de doce años consecutivos, siempre y cuando así lo permita la Constitución de la entidad respectiva, en periodos cuya duración será establecida en todo caso por la misma Constitución y que no excederá los tres años.

Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, serán considerados como electos popularmente por elección directa desde el momento en que inicie el periodo para el cual fueron electos, nombrados o designados para efectos de los plazos a que alude el segundo párrafo de esta fracción.

..

..

...

II. a X. ...

Artículo 116. ...

I. ...

II. ...

Cuando así lo disponga la Constitución respectiva, los diputados de las Legislaturas estatales podrán ser reelectos en forma inmediata; en cada ocasión hasta por dos periodos adicionales. Cumplido lo anterior, los diputados propietarios que hayan cubierto los periodos de reelección antes establecidos no podrán ser electos para el siguiente periodo con el carácter de suplentes.

A los diputados suplentes que hubieren estado en ejercicio les será aplicable lo dispuesto en el segundo párrafo de la presente fracción.

Cada periodo de mandato será de tres años.

III. a VII. ...

Artículo 122. ..

..

..

..

..

...

A a C

Base Primera. ...

I. ...

Los Diputados a la Asamblea Legislativa podrán ser electos hasta por un máximo de doce años consecutivos, siempre y cuando así lo permita el Estatuto de Gobierno, en periodos cuya duración será establecida en todo caso por dicho estatuto y que no excederá los tres años.

II. a V.

BASE SEGUNDA. ...

BASE TERCERA. ...

I. ...

II. ...

Los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, según lo determine la ley hasta por un máximo de doce años consecutivos, siempre y cuando así lo permita el Estatuto de Gobierno, en periodos cuya duración será establecida en todo caso por dicho estatuto y que no excederá los tres años.

BASE CUARTA. ...

BASE QUINTA. ...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión expedirá las reformas legales correspondientes dentro de los 180 días posteriores a la publicación del presente decreto.

Notas:

1 Democracia y Participación, Universidades número 34, Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, mayo-agosto, México 2007, página 42.

2 En las últimas dos elecciones presidenciales ningún partido político obtuvo más del cuarenta por ciento de los votos emitidos: en 2006 el PAN mantuvo la presidencia con 35.89% y en 2012 el PRI obtuvo 38.21%.

3 Véase Soberg Shugart, Matthew, Mayoría relativa vs. segunda vuelta. La elección presidencial mexicana de 2006 en perspectiva comparada, en “Política y Gobierno”, Vol. XIV, Núm. 1. I semestre de 2007, pp. 175-202. Por su parte, Angélica Hernández menciona que en los setenta sólo Costa Rica y Ecuador contemplaban la segunda vuelta, pero que actualmente son trece los países con sistema presidencial en Latinoamérica que la han incorporado a su Constitución, Segunda Vuelta Electoral, en “Revista Quórum Legislativo”, núm. 90, julio-septiembre 2007, p. 108. 4 Los sistemas de mayoría relativa calificada utilizan la segunda vuelta pero imponiendo un margen menor al cincuenta por ciento de los votos para la primera ronda. Por ejemplo, en Argentina se estableció en 1995 que “45% de los sufragios es suficiente para no recurrir a la segunda vuelta y se declara ganador al candidato que tenga 40% de los votos con un margen de 10% con. respecto al porcentaje de votos que obtenga el candidato que quedó en segundo lugar”. Véase Soberg Shugart, Matthew, op. cit. p. 177 y 178.

5 Ibíd., p. 186. También véase Hernández Reyes, Angélica, op. cit.

6 Soberg Shugart, Matthew, op. cit., p. 192.

7 Ibid, pp. 178 y 179.

8 Ibid, p. 201.

9 En los hechos, a nivel municipal ya existe la reelección de partidos políticos en México. IMCO analizó resultados electorales en las últimas 3 elecciones en los 373 municipios que son considerados en este estudio. En total se analizaron resultados de 1,056 elecciones municipales. Para todo este periodo la probabilidad de que el partido en el poder se reelija es del 50.4%. Sin embargo, esta ha bajado en cada periodo, en la primera elección analizada fue del 59.8%, en la segunda del 46.9% y en la tercera del 44.8%. El problema con la reelección de partidos en los ayuntamientos es que no ocurre una rendición de cuentas unipersonal sobre los actos de autoridad. Los ciudadanos pueden castigar o premiar a un partido en el poder, pero no sancionar directamente el futuro político de la persona que encabezó el ayuntamiento. México es el único país de América Latina que prohíbe la reelección tanto de legisladores como de presidentes municipales y cuya duración de gobierno es la más breve”. Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Competitividad Urbana 2010. Acciones urgentes para las ciudades del futuro, p. 205.

10 Carbonell, Miguel, Hacia un Congreso profesional: la no reelección legislativa en México, en “La Cámara de Diputados en México”, Pérez, Germán y Martínez, Antonia (comp.), Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión LVII Legislatura, México 2000, pp. 105-117. Dice el autor que atendiendo al derecho comparado “la evidencia se vuelve aplastante”, ya que prácticamente todas las democracias consolidadas, con la excepción de Costa Rica, permiten la reelección legislativa.

11 Competitividad Urbana 2010. Acciones urgentes para las ciudades del futuro, p. 203.

12 Ibid., p. 205.

13 Al respecto, un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM señala lo siguiente: “La opinión sobre la reelección ha ido cambiado en forma paulatina y sutil pero consistente, de su rotundo rechazo por la mayoría de la población, hacia una aprobación cada vez mayor. Así, la aprobación de la reelección del presidente de la República pasa de un 23% en 1998 al 44.9% en 2010. Para los diputados federales los porcentajes cambian en términos similares: de un 23% que en 1998 estuvo de acuerdo con la reelección de los diputados federales alcanza el 40% en 2010”. Véase Flores, Julia Isabel, et al, Reelección y democracia: cambios en los valores de la población, en “Revista Mexicana de Derecho Electoral”, Universidad Nacional Autónoma de México -Instituto de Investigaciones Jurídicas, Núm. 2, julio-diciembre de 2012, pp. 467-490.

14 La reelección en la opinión pública, Cámara de Diputados, marzo de 2004, p. 4.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a tres de enero de 2013.— Senadora Gabriela Cuevas Barron, diputado Carlos Alberto García González (rúbricas).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, senadora Cuevas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: A continuación, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Rodrigo González Barrios, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por el propio diputado Rodrigo González Barrios y el diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD. Adelante, diputado González Barrios.

El diputado Rodrigo González Barrios: Gracias, senadora. Esta iniciativa tiene que ver, evidentemente, con la violencia física que los patrones ejercen en contra de los trabajadores. Si ustedes recuerdan, no hace más de dos meses en una empresa —seguramente una maquiladora en Querétaro— vimos imágenes en videos de cómo un capataz asiático, coreano, golpeó y volvió a golpear a un trabajador mexicano.

Digo, también a los mexicanos nos gustan las peleas y les hemos ganado en el quinto round; hace cerca de dos meses un mexicano noqueó a un asiático, pero cuando hay normas. Aquí no.

Entonces, si ya de por sí la ley laboral que se aprobó —desde la opinión del PRD— le da todavía más prerrogativas a los patrones, es necesario que este tema del asunto de la violencia contra las trabajadoras y los trabajadores mexicanos sea un tema que pueda ser sancionado con mucha severidad; si ya es grave que algún patrón mexicano haga o ejerza violencia física contra las trabajadoras o los trabajadores de México, todavía nos parece más indignante que algunos empresarios extranjeros vengan y en nuestra propia tierra golpeen a trabajadores o trabajadores mexicanos.

En ese sentido, esta iniciativa tiene esa característica y el fundamento legal en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracciones I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a su consideración la presente iniciativa, denominación del proyecto, ley o decreto.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Federal del Trabajo.

Artículo único. Se adiciona la Ley Federal del Trabajo con un último párrafo al artículo 20, un segundo párrafo al artículo 52, las fracciones XV Bis, XV Bis 1 y XV Bis 2 al artículo 132; un segundo párrafo a la fracción I del artículo 54 y un artículo 1004 Bis, en los términos siguientes:

Artículo 20. La prestación de un servicio personal subordinado no otorga al patrón o a sus representantes el derecho de ejercer violencia de cualquier tipo, incluida la física, en contra de las trabajadoras y los trabajadores. Por el contrario, la relación de trabajo y el contrato individual de trabajo deben basarse en el respeto mutuo entre los factores de la producción y en la observancia de los derechos humanos.

Artículo 52. El trabajador que se separe de su trabajo por causas de violencia, incluida la violencia física imputable al patrón o a sus representantes, tendrá derecho a que el patrón lo indemnice con el doble de lo marcado en el artículo 50 de esta ley.

Artículo 132.

I a la XV...

XV Bis. Crear un ambiente libre de riesgos y violencia laboral; establecer programas y adoptar medidas adecuadas, mecanismos e instancias para impedir el acoso y el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo, así como proceder a la aplicación de sanciones de forma firme e inmediata a quienes infrinjan el derecho a una vida laboral libre de violencia de género.

XV Bis 1. Crear y garantizar ambientes de trabajo libres de violencia laboral, hostigamiento sexual y hostigamiento moral contra las personas trabajadoras, mediante la aplicación de toda clase de programas y adopción de medidas que resulten necesarias.

XV Bis 2. Atender, dar seguimiento y solución a las quejas presentadas sobre cualquier tipo de violencia contra las y los trabajadores, aplicando a los casos un procedimiento confiable, confidencial y de respeto a la vida privada de las personas trabajadoras que presenten su queja, garantizando que no haya represalias contra quienes hagan uso de este recurso.

XVI a la XXVIII...

Artículo 541...

I...

De igual manera vigilará de manera especial el cumplimiento de las normas de trabajo relativas a la tutela de las y los trabajadores contra todo tipo de violencia en los centros de trabajo, incluida la violencia física.

Artículo 104 Bis. Al patrón o su representante o representantes que ejerzan violencia contra las y los trabajadores, incluidas las lesiones u homicidio contra un trabajador en el centro de trabajo, se le aplicarán las sanciones, incluidas las privativas de la libertad previstas en el Código Penal Federal, mismas que se incrementarán en un 30 por ciento.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. Diputado Trinidad Morales Vargas, y el de la voz, diputado Rodrigo González Barrios. Muchas gracias, diputada presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Rodrigo González Barrios y Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema por resolver con la presente iniciativa con proyecto de decreto

Evitar la repetición de la inadmisible agresión de que fue víctima un trabajador mexicano de parte de un capataz coreano, en el estado de Querétaro, tomando medidas para su prevención, al mismo tiempo establecer sanciones ejemplares contra los patrones y sus representantes que incurran en estas inadmisibles conductas. Todo en el marco de la facticidad, de hacer realidad, los derechos humanos laborales.

Argumentos

Semanas atrás, la opinión pública del país se llenó de indignación ante el hecho de que un capataz coreano golpeara repetidamente a un joven trabajador mexicano, esto dentro de una empresa localizada en el estado de Querétaro. Como si el país estuviera volviendo a las épocas de horca y cuchillo, en que los señores hacendados, disponían arbitrariamente de la vida y dignidad de sus peones.

Y nos preguntamos, en el tiempo cercano, ¡es la única vez que sucede este tipo de agresiones, o es la primera vez en que un trabajador tiene el coraje para denunciar al agresor, contando además con las imágenes proporcionadas por las nuevas tecnologías?

Lo importante es que este suceso debe pasar de lo anecdótico, a una llamada de atención al Legislativo federal para que tome las medidas que coadyuven a la prevención de la violencia física al interior de los centros de trabajo y, en su caso, sancionarla de manera ejemplar. Sobre todo, en la ya próxima aplicación de la reforma integral a la Ley Federal del Trabajo surgida de la iniciativa preferente presentada por el titular del Ejecutivo, que por esencia impulsará mayores agresiones a los trabajadores al fortalecer injustamente el poder patronal en la relación de trabajo, desde el momento en que da prioridad a la relación individual de un trabajador aislado frente al patrón, relación injusta por de-sigual, en virtud del mayor poder económico, político e ideológico del empresario; también por el hecho de que esta Reforma deja al arbitrio del patrón la contratación y terminación de la misma, los ascensos, y prácticamente el despido, además del outsourcing que deja un amplio vacío normativo en que no existe responsabilidad ni de la empresa contratante ni de la contratista, para no hablar de la dilución del derecho colectivo. A esto sumemos la impunidad que domina en las juntas, y veremos que la reforma abre paso a una subordinación incrementada, sinónimo de opresión y expoliación, en el otro lado un trabajador más desvalido y atemorizado, mismo que además será permanentemente un extraño al ir rotando de empresa a empresa, por lo que perderá la necesaria solidaridad entre compañeros y difícilmente, formará parte de un sindicato. Para no hablar de la violencia psicológica, y del hostigamiento y acoso sexual.

La violencia, y concretamente la violencia física es inadmisible. O en otras palabras, no se puede permitir que los centros de trabajo se transformen en centros donde impere el miedo, porque los trabajadores estén en riesgo de sufrir algún riesgo de trabajo, o violencia de todo tipo, incluida la física. No se puede tolerar esto, desde el momento en que un centro de trabajo, no sólo opera en interés del patrón, sino que cumple una función social: como centro productivo de bienes y servicios, indispensables para la economía nacional y la satisfacción de las necesidades de la población, y para el comercio internacional, fuente de divisas. Además de ser un lugar de socialización, y para la obtención de los recursos necesarios para el sostenimiento de las familias, y la operación del mercado interno. Por lo que los centros de trabajo son el mejor dique contra la expansión de la delincuencia organizada.

En este sentido, debemos señalar que un centro de trabajo, es un espacio bajo el poder  esencial de un patrón, ya sea como propietario o cual sea el carácter del vínculo jurídico que lo une al mismo, espacio cerrado sujeto a las órdenes también del patrón, y en el que los trabajadores, además de lo anterior deben aceptar su condición de subordinados jurídica y/o fácticamente, como esencia jurídica de la relación de trabajo. En tal virtud, la situación de los trabajadores ante una agresión en un centro de trabajo de parte del patrón o sus representantes, se equipara a la agravante que penalmente se denomina “ventaja”: que parte de una fáctica ventaja del agresor, el cual tiene conciencia de su absoluta superioridad sobre el que agrede, exista o no premeditación, por lo que tal invulnerabilidad resulta ser absoluta.

En este sentido, basta ver el video de la golpiza propinada por el capataz coreano, para sopesar el terrible sometimiento que sufren los trabajadores, para sopesar la “ventaja”, que el patrón y sus representantes, tienen sobre el trabajador: al grado de que el trabajador agredido no mete las manos, pero aún más sorprendente, los compañeros del trabajador violentado, ni se inmutan, ya no digamos que se unen frente al agresor, sino que ni siquiera tratan de evitar la  misma. Solamente, en la parte final una compañera hace a un lado al coreano para que no reinicie la agresión a mansalva.

En tal virtud, para no dejar en la indefensión a los trabajadores mexicanos y evitar en los posible, este tipo de ataques, que no sólo los lastiman física y psicológicamente, sino impactan su dignidad como seres humanos. Proponemos, que ante la violencia ejercida sobre las y los trabajadores en los centros de trabajo por los patrones y sus representantes, se incrementen en un 30% las sanciones ya previstas en el Código Penal Federal.

Por otra parte, se enfatiza en el artículo 20 de la LFT que la relación y el contrato de trabajo, no da derecho a ejercer violencia contra los trabajadores, sino que deben basarse en el respeto mutuo a los derechos humanos de ambos factores de la producción.

Ante la violencia física que lleve al trabajador a rescindir la relación de trabajo por causas imputables al patrón, proponemos la reforma al artículo 52 de la LFT, para que el trabajador tenga derecho a dos tantos de la indemnización que marca el artículo 50 de la LFT. Ya que uno de los aspectos más indignantes de los hechos de cita, es que el trabajador violentado en lugar de ser tutelado es despedido, y el coreano, regresado impune a su país. Esta indemnización busca ante todo, impulsar la prevención de la violencia laboral.

Se enfatiza el deber de los inspectores del trabajo, de vigilará de manera especial el cumplimiento de las normas de trabajo relativas a la tutela de los trabajadores contra todo tipo de violencia en los centros de trabajo incluida la violencia física.

Finalmente, insistimos, en adiciones al artículo 132 de la LFT en materia de violencia propuestos en la Iniciativa del Grupo Parlamentario del PRD presentada el 11 de septiembre de 2012 y, que desde luego no incorpora la reforma integral en materia laboral negociada entre los partidos de derecha.

Fundamento legal

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a su consideración la presente iniciativa.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan a la Ley Federal del Trabajo.

Artículo Único. Se adiciona la Ley Federal del Trabajo con un último párrafo al artículo 20, un segundo párrafo al artículo 52,  las fracciones XV Bis, XV Bis 1, y XV Bis 2 al artículo 132, un segundo párrafo a la fracción primera del artículo 541, y un artículo 1004 Bis, en los siguientes términos:

Artículo 20. ..

..

..

...

La prestación de un servicio personal subordinado, no otorga al patrón o a sus representantes el derecho a ejercer violencia de cualquier tipo, incluida la física, en contra de los trabajadores, por el contrario la relación de trabajo y el contrato individual de trabajo, deben basarse en el respeto mutuo entre los factores de la producción y en la observancia de sus derechos humanos.

Artículo 52. ...

El trabajador que se separe de su trabajo por causa de violencia, incluida la violencia física, imputable al patrón o sus representantes, tendrá derecho a que el patrón lo indemnice con el doble de lo marcado por el artículo 50 de esta ley.

Artículo 132. ...

I. a XV. ...

XV Bis. Crear un ambiente laboral libre de riesgos y violencia laboral y de establecer programas y adoptar medidas adecuadas, mecanismos e instancias para impedir el acoso y el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo, así como proceder a la aplicación de sanciones, de forma firme e inmediata, a quienes infrinjan el derecho a una vida laboral libre de violencia de género.

XV Bis 1. Crear y garantizar ambientes de trabajo libres de violencia laboral, hostigamiento sexual y hostigamiento moral contra las personas trabajadoras, mediante la aplicación de toda clase de programas y adopción de medidas que resulten necesarias,

XV Bis 2. Atender, dar seguimiento y solución a las quejas presentadas sobre cualquier tipo de violencia contra las personas trabajadoras, aplicando a los casos un procedimiento confiable, confidencial y de respeto a la vida privada de las personas trabajadoras que presenten su queja, garantizando que no haya represalias contra quien haga uso de este recurso.

XVI. a XXVIII. ...

Artículo 541. ...

I. ...

De igual manera vigilará de manera especial el cumplimiento de las normas de trabajo relativas a la tutela de los trabajadores contra todo tipo de violencia en los centros de trabajo incluida la violencia física;

II. a VIII. ...

Artículo 1004 Bis. Al patrón o su representante o representantes, que ejerzan violencia contra los trabajadores, incluidas las lesiones u homicidio, contra un trabajador en el centro de trabajo, se les aplicarán las sanciones, incluidas las privativas de libertad, previstas en el Código Penal Federal, mismas que se  incrementarán en un treinta por ciento.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de enero de 2013.— Diputados: Rodrigo González Barrios, Trinidad Morales Vargas (rúbricas).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado González Barrios. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, para dictamen.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo:«Iniciativa que reforma el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por el diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Fernando Castro Trenti, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo, diputados de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, 77 y 78, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de este pleno la siguiente iniciativa, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

Es nuestra responsabilidad abogar por lo que es mejor para todos los habitantes de este país y, en época de crisis, esta obligación se ve acrecentada.

Es necesario impulsar las reformas que eleven la competitividad del país y, una de las formas para lograr este objetivo, es extender las atribuciones de la administración pública federal.

La sofocante hipercentralización de la administración pública federal hace costosos los procesos de inversión y operación de las empresas, retrasa las decisiones de inversión y con ello la creación de nuevos empleos, la generación de riqueza e inclusive, incrementa la corrupción. Por otro lado, significaría un gran beneficio para la capital de la República porque descongestionaría y atenuaría su saturación.

En la organización político-territorial existe una doble centralización, la gubernamental y la administrativa, esta centralización reside, por decirlo así, en la ciudad de México. Sin embargo, un Estado federal no debe estar doblemente centralizado, únicamente debe dar cabida a la centralización gubernamental. La doble centralización es incompatible con el sistema federal, vulnera la vitalidad e iniciativa de las entidades federativas.

Un Estado nacional multicentrado provee un desarrollo regional equilibrado, facilita que el ciudadano reciba mejores servicios, rápidos y oportunos, así como cumplir mejor con sus obligaciones y ejercer sus derechos. Esto se logra mediante el esparcimiento de las atribuciones de la autoridad, para distribuirlas ampliamente en todo el territorio nacional, de tal forma que se estimule el desarrollo de la nación, toda vez que, se acerca a los órganos administrativos a los intereses particulares de cada entidad federativa o regiones geográficas; se da pie a que, los intereses específicos de éstas, se articulen con el interés general, permitiendo que la relación sea más amplia, directa y fluida y, a su vez, promueve el desarrollo social, político y económico que el país necesita.

Por lo tanto, es necesario extender las atribuciones de los titulares de las secretarías de estado, a las demás delegaciones de la administración pública federal en las entidades federativas, con el fin de cumplir con sus respectivas funciones; sin embargo, esto no implica una relación paralela y complementaria, es una forma de administración indirecta, ya que recaerían en las delegaciones federales o regionales ubicadas en las entidades federativas, pero sujetas a las autoridades y políticas federales.

Al transferir dichas atribuciones y poder de decisión, se descongestiona el proceso administrativo, se diluye la concentración improductiva y se da mayor consistencia al aparato administrativo, además contribuye a fomentar la administración territorial sin quebrantar los fines últimos de la nación.

Ahora bien, según lo dispuesto por el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cada una de las secretarías de estado y paraestatales del Ejecutivo federal pueden contar con delegaciones en todas las entidades federativas, para prestar servicios o realizar trámites necesarios a la ciudadanía de esa entidad y que, de otro modo, tendrían que trasladarse hasta la capital del país para encontrar respuesta a sus problemas.

El artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la letra, establece:

Artículo 17 Bis. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a lo previsto en los reglamentos interiores o sus ordenamientos legales de creación,respectivamente, podrán contar con delegaciones en las entidades federativas o, en su caso, en regiones geográficas que abarquen más de una entidad federativa, siempre y cuando sea indispensable para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo y cuenten con recursos aprobados para dichos fines en sus respectivos presupuestos y observen lo siguiente:

I. Los titulares de las delegaciones serán designados por el Titular de la respectiva dependencia o entidad y tendrán las atribuciones que señalen sus reglamentos interiores o los ordenamientos legales de creación de las entidades paraestatales. Asimismo, deberán reunir por lo menos los siguientes requisitos: [...]

De la lectura de la disposición legal anterior, se puede observar que, si bien no se puede hablar de una descentralización de las Secretarías de Estado, si se tienen las bases para promover la delegación de ciertas atribuciones que puedan significar un mejor funcionamiento del organismo administrativo y, por ende, un servicio más rápido y eficiente a los particulares.

La distribución de las delegaciones a lo largo del territorio nacional deberá estar en función a las necesidades de las propias entidades federativas. Sólo cuando éstas no sean posibles, ya sea por presupuesto o baja demanda de solicitud de servicios, podrán definirse regiones geográficas, que comprendan más de dos entidades federativas, de tal forma que la mayoría de los asuntos puedan despacharse en sus mismos territorios. Las regiones geográficas deberán definirse tomando en cuenta los factores físicos de los asentamientos y su homogeneidad socioeconómica. Será menester de cada una de las Secretarías definir las áreas de cada una de las regiones geográficas conducentes.

Por su parte, el artículo 18 de la citada ley, a la letra, dice:

“Artículo 18. En el reglamento interior de cada una de las Secretarías de Estado, que será expedido por el Presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias.”

Del artículo en mención se desprende que las atribuciones delegadas son discrecionales, por lo que se propone establecer en dicha disposición legal, los parámetros y atribuciones mínimas que el reglamento deberá cubrir y transferir a dichas delegaciones, como: capacidad para tomar decisiones sobre las autorizaciones, opiniones, permisos y concesiones que son competencia de cada secretaría; manteniendo centralizada la normatividad y las decisiones de política federal.

Los titulares de las delegaciones, en la toma de decisiones con respecto a las autorizaciones, permisos, concesiones y en general del ejercicio de sus atribuciones, observarán las políticas establecidas por las áreas centrales sustantivas de las Secretarías de Estado a las que estén adscritos, así como a la normatividad aplicable y, sólo excepcionalmente, seguirán el criterio regional cuando sean necesario.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 18.En el reglamento interior de cada una de las Secretarías de Estado se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias.

El Titular de la Delegación estatal o regional tendrá, cuando menos, las siguientes atribuciones:

I. Ejecutar los programas a su cargo;

II. Suministrar la prestación de servicios y/o trámites conducentes para la ejecución de los programas;

III. Otorgar y revocar, en su caso, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones de su competencia;

IV. Formular y proponer al titular de la Secretaría de Estado, los proyectos de programas oportunos y convenientes a la entidad federativa o a la región;

IV. Formular y proponer el presupuesto de la delegación estatal o regional;

VI. Designar a los servidores públicos de la delegación, sujetándose a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal;

VII. Las demás que les otorguen las leyes y los reglamentos interiores de cada una de las Secretarías de Estado.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Ejecutivo Federal por conducto de las Secretarías, tendrá un plazo no mayor a 180 días naturales contados a partir del día siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, para promover las adecuaciones correspondientes a sus estructuras y reglamentos interiores, a fin de ajustarse al presente decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 3 días del mes de enero de 2013.— Diputado Fernando Castro Trenti (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, para dictamen.

LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Abraham Montes Alvarado, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

El diputado Abraham Montes Alvarado: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores, muchas crisis nos han alcanzado ya y actualmente vivimos con ellas: financiera, alimentaria, de seguridad, climática, energética, entre otras.

Muchos compromisos ha firmado nuestro país; 77 documentos internacionales, en materia de medio ambiente.

La revolución industrial nos trajo importantes avances tecnológicos, pero también por la forma en que manejamos esta revolución industrial, también nos trajo un significativo cambio en el planeta en cuanto a la calidad del aire, agua y suelo, entre otras.

En la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en el año de 1992, nuestra nación se comprometió a adoptar medidas nacionales de sustentabilidad, por lo cual se sumó al Programa de Acción para el Desarrollo Sustentable o Agenda 21, tendiente al desarrollo de indicadores, por medio de los cuales se puedan medir las políticas y estrategias de desarrollo sustentable de un país.

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático del año 2011 declaró que para cubrir el 85 por ciento de la demanda mundial de energía se emplean combustibles fósiles: 34.6 por ciento petróleo, 28.4 por ciento carbón, 22.1 gas natural.

Esta petrolización de la energía, combinada con la petrolización de la economía mundial, genera vulnerabilidad por cambios en el precio del petróleo, y además debemos recordar que el petróleo es un recurso no renovable.

Pero existen nuevas formas renovables de energía, la bioenergía es utilizada por el 10.2 por ciento de la población, 2.3 por ciento hidráulica, 0.2 por ciento eólica, 0.2 por ciento solar, y finalmente, el 2 por ciento de fuentes nucleares satisfacen la demanda global de energía.

La situación geográfica de nuestro país lo ubica en tercer lugar entre los países, como mayor generador de energía solar, ya que contamos con grandes extensiones de desiertos donde se pueden construir granjas solares.

Las fuentes solares permiten el funcionamiento de las luminarias leds; su consumo es variable oscilando de 30 y 90 watts. Las tradicionales lámparas de vapor de sodio y de aditivos metálicos consumen entre 150 y 175 watts. Esto significa que si se instalaran en las calles las luminarias leds, podría ahorrarse hasta el 75 por ciento de la electricidad que actualmente se utiliza.

Estas luminarias tienen una vida útil mayor, de aproximadamente 15 años, mientras que las otras solo tienen una vida útil entre uno y dos años.

Existen antecedentes de estudios relativos a la implementación de luminarias leds en el alumbrado público, como es el caso del Programa Avance-Última Milla emitido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Por medio de este programa se otorgaron apoyos económicos a la línea de lámparas APLED, Ecos Innovations, por un millón 50 mil pesos para las etapas de diseño y desarrollo de los productos.

Los estudios nos indican que si un municipio paga anualmente 10 millones de pesos por alumbrado público, a partir de la instalación de este tipo de lámparas pagaría solamente entre 2 y 3 millones.

Por eso la iniciativa reforma el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para que la Comisión Federal de Electricidad impulse la adopción de instalaciones en el alumbrado público de luminarias de bajo consumo y ecológicas. Asimismo, celebre convenios o contratos con los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y/o con las entidades públicas y privadas para la transformación en la iluminación del alumbrado público.

Además propone que la Comisión Federal de Electricidad cuente con el apoyo de la autoridad ambiental correspondiente para buscar la mejor manera de aprovechar la instalación de las luminarias.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 25 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica para quedar como sigue: Impulsará la adopción de instalaciones en el alumbrado público de luminarias de bajo consumo y ecológicas; asimismo, celebrará convenios o contratos con los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y/o con entidades públicas y privadas para la transformación en la iluminación del alumbrado público. Del mismo modo, contará con el apoyo de la autoridad ambiental responsable.

Artículo transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor a los 60 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, suscrita por el diputado Abraham Montes Alvarado, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito ciudadano diputado, Abraham Montes Alvarado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXII Legislatura de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Revolución Industrial trajo importantes avances tecnológicos pero también un significativo cambio en el planeta en cuanto a la calidad del aire, del agua, del suelo, entre otras. A partir de esta etapa, se presentó un crecimiento acelerado de la población humana y una demanda de productos, generando un declive cada vez más apresurado en la calidad del medio ambiente y en su capacidad para sustentar la vida.

En Latinoamérica, países como Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, entre otros, albergan una gran variedad de especies de fauna y flora, pero lamentablemente a través de los años han registrado graves deterioros en sus ecosistemas, a los que en muy pocos casos se han respondido de manera adecuada.

La ONU ha alertado que un tercio de la deforestación mundial ocurre en esta región, que concentra el 22% de los bosques nativos, lo que significa 860 millones de hectáreas.

La deforestación representa uno de los problemas ambientales, pero existen otros de igual relevancia como son el agotamiento de la capa de ozono, la lluvia ácida, la reducción de la biodiversidad, la desertificación, el calentamiento global, la contaminación del agua, la alta producción de basura, entre otras.

Nuestro país ha firmado 77 documentos internacionales en materia de medio ambiente, entre los que destacan tratados, convenciones, acuerdos, convenios, protocolos, anexos y enmiendas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Guía de tratados promulgados y otros instrumentos internacionales suscritos por México, señala que de esta multiplicidad de acuerdos internacionales, se destacan 18 firmados con Estados Unidos, principalmente para la cooperación en contaminación, protección al ambiente y desecho de residuos tóxicos y peligrosos en la zona fronteriza; 18 con Alemania, fundamentalmente para el aprovechamiento de áreas forestales tropicales y estudios para la protección del medio ambiente; 2 en el marco de la Organización de los Estados Americanos para la protección de flora y fauna en América, así como para la creación de un instituto de investigación; 13 en el marco de la Organización Marítima Internacional en materia de contaminación de aguas por derrame de hidrocarburos; 3 con la UNESCO para la protección del patrimonio cultural y natural; y 11 en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la protección de la capa de ozono, para el desecho de materiales peligrosos, en materia del cambio climático y de la diversidad biológica.

En la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en el año de 1992, nuestra nación se comprometió a adoptar medidas nacionales de sustentabilidad por lo cual se sumó al Programa de Acción para el Desarrollo Sustentable o Agenda 21, tendiente al desarrollo de indicadores, por medio de los cuales se puedan medir las políticas y estrategias de desarrollo sustentable de un país.

Actualmente un gran porcentaje de la energía es generada a través combustibles fósiles. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático del año 2011, declaró que para cubrir el 85.1% de la demanda mundial de energía se emplean combustibles fósiles como es el petróleo y sus derivados con el 34.6%, el carbón con el 28.4% y el gas natural con el 22.1%.

El petróleo es la fuente de energía no renovable de mayor utilización por los países para generar energía. Sin embargo, olvidan que la petrolización de las economías genera vulnerabilidad al momento de las fluctuaciones en los precios internacionales, así como la omisión de que el petróleo no es un recurso renovable y su desmedida utilización ha generado el calentamiento global, la desertificación, la contaminación de aguas, el suelo y el aire, la deforestación, el agotamiento de los recursos naturales, entre otros problemas ambientales.

Pero existen nuevas fuentes renovables de energía, como son la bioenergía, la geotérmica, la microhidráulica, la eólica, el hidrógeno, la solar, la fotovoltaica, la mareomotriz, entre otras, que se están utilizando lentamente pero con buenos resultados.

La bioenergía es utilizada por el 10.2% de la población, la hidráulica es aprovechada por el 2.3%, la eólica el 0.2%, la geotérmica y solar el 0.2%, finalmente el 2% de fuentes nucleares satisfacen la demanda global de energía.

La situación geográfica de nuestro país, lo ubica en tercer lugar entre los países como mayor generador de energía solar. Incluso, los inversionistas han fijado sus objetivos en territorio nacional debido a que contamos con grandes extensiones de desiertos donde se pueden construir granjas solares.

Las fuentes solares permiten el funcionamiento de las luminarias leds, su consumo es variable oscilando entre 30 y 90 watts. Las tradicionales lámparas de vapor de sodio y de aditivos metálicos consumen entre 150 y 175 watts, de modo que, si se instalaran en las calles las luminarias leds, podría ahorrarse hasta el 75% de la electricidad que actualmente se utiliza. Dichas luminarias permiten conectarlas a sistemas fotovoltaicos, es decir, las lámparas no sólo funcionan con energía eléctrica, sino que pueden operar también con energía solar.

Este tipo de luminarias disminuyen el gasto en el mantenimiento de la red de alumbrado público, pues tienen una vida útil mayor, ya que superan las 50 mil horas de vida bajo condiciones específicas de temperatura y de alimentación eléctrica, una lámpara de leds dura aproximadamente 15 años, mientras que las otras sólo entre uno y dos años.

Existen antecedentes de estudios relativos a la implementación de luminarias leds en el alumbrado público, como es el caso del Programa Avance-Última Milla emitido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, dirigido a impulsar la creación de negocios basados en la exploración de desarrollos científicos y tecnológicos.

Por medio de este Programa se otorgaron apoyos económicos a la línea de lámparas APLED, Ecos Innovations, por 1 millón 50 mil pesos, para las etapas de diseño y desarrollo de los productos.

Los estudios arrojaron que si un municipio paga anualmente 10 millones de pesos por alumbrado público, a partir de la instalación de este tipo de lámparas pagaría entre 2 y 3 millones.

Para su fabricación no se utiliza ningún producto contaminante, y durante su uso se consume muy poca energía eléctrica para conseguir su fin lumínico, con lo que no genera tanto CO2 como los focos convencionales, incluso su funcionamiento es a través de energía solar.

Por ello, la iniciativa reforma el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para que la Comisión Federal de Electricidad impulse la adopción de instalaciones en el alumbrado público de luminarias de bajo consumo y ecológicas. Asimismo, celebre convenios o contratos con los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y/o con entidades públicas y privadas, para la transformación en la iluminación del alumbrado público.

Además propone que la CFE cuente con el apoyo de la autoridad ambiental correspondiente, para busca la mejor manera de aprovechar la instalación de las luminarias.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, me permito someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

...

Impulsará la adopción de instalaciones en el alumbrado público de luminarias de bajo consumo y ecológicas. Asimismo, celebrará convenios o contratos con los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y con entidades públicas y privadas, para la transformación en la iluminación del alumbrado público. Del mismo modo, contará con el apoyo de la autoridad ambiental responsable.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a los 60 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de enero de 2013.— Diputado Abraham Montes Alvarado.»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado Montes. Túrnese a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, para dictamen.

ARTICULO 89 CONSTITUCIONAL

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: A continuación, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, senadora.

La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, senadora presidenta. Compañeros legisladores, una de las principales amenazas que enfrenta la humanidad en el siglo XXI es el cambio climático. Cada vez son más severos los efectos provocados por la fuerza de la naturaleza que están estrechamente vinculados con la actividad humana irresponsable.

México se ubica, tan solo por su posición geográfica, entre los países más vulnerables a sufrir las consecuencias adversas de este fenómeno. Según algunos estudios, puede reconocerse un riesgo permanente en el 15 por ciento de nuestro territorio nacional, afectando al 68 por ciento de nuestra población y al 71 por ciento de nuestro producto interno bruto.

Precisamente porque hemos identificado como nación no solo los riesgos, sino la responsabilidad con la que debemos actuar, el gobierno federal, en los últimos años, realizó un esfuerzo importante; el ex presidente Felipe Calderón fue reconocido internacionalmente por su labor en pro de un desarrollo sustentable y posicionó a México como líder en la cooperación para la reducción de emisiones de carbono, sobre todo entre los países con economías emergentes.

Nuestro país fue sede de la COP16 en el año 2010, durante la cual se aprobó la iniciativa mexicana del Fondo Verde, como un mecanismo financiero incluyente que promueve el crecimiento sostenible y otorga incentivos económicos para la reducción de emisiones de efecto invernadero.

De hecho, México es el único país en desarrollo que ha presentado cuatro comunicaciones nacionales en las que reporta inventarios de emisiones y planes de acción contra el cambio climático.

Cabe mencionar que el artículo 4o. de nuestra Constitución contempla el derecho de toda persona a un medio ambiente sano.

Además, esta iniciativa de ley va en línea con la Ley General de Cambio Climático promulgada el 5 de septiembre de 2012, tras la cual, en un acto unilateral ejemplar, nos comprometimos como país a reducir las emisiones de carbono.

Con hechos como éste México sostiene la postura de que todos los países deben y pueden contribuir, en la medida de sus posibilidades, a enfrentar la problemática derivada del cambio climático global.

Es muy importante que en todas las esferas del actuar público se asuma como obligación del Estado mexicano la adopción del compromiso de garantizar el respeto al medio ambiente y se impulse, con políticas públicas y acciones afirmativas, su difusión y promoción.

Es por ello que presento esta iniciativa de reforma constitucional para incluir en el artículo 89, fracción X, la promoción y protección del medio ambiente sano, como principio normativo de la política exterior mexicana, asegurando con ello que nuestro país no abandone esta urgente tarea y confirme su compromiso a nivel internacional.

Esta reforma fortalecerá, sin duda, a nuestras instituciones y dará mayor claridad y certidumbre a nuestras definiciones ante organismos y foros internacionales. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Mariana Gómez del Campo Gurza,senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8o., fracción 1, 164, numeral 1, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el principio normativo de la promoción y protección de un medio ambiente sano en la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. Medio ambiente sano

La evidencia científica es contundente: el ser humano requiere de un medio ambiente sano para su desarrollo integral, el daño y la degradación del medio ambiente no sólo deteriora la salud y por ende la calidad de vida de los seres humanos, sino que también pone en riesgo su propia supervivencia, de ahí la responsabilidad de los gobiernos de proteger al medio ambiente alcanzando un desarrollo sustentable y posteriormente el de aminorar o revertir el daño ocasionado hasta donde sea posible.

Los aspectos ambientales que pueden dañar la salud de las personas son muchos y muy variados, entre ellos está el manejo de residuos peligrosos, la emisión de efluentes y gases tóxicos, y el abatimiento de humedales y manglares, entre muchos otros cuyas repercusiones conocidas son locales y si acaso regionales.

Por tratarse la presente iniciativa de ley de un principio normativo de la política exterior mexicana nos habremos de circunscribir a los aspectos ambientales que generados en una nación tienen repercusiones en las demás.

Hoy nadie puede negar que las acciones que deterioran el medio ambiente ocurridas en un hemisferio tienen implicaciones sobre el clima global y por tanto sobre los seres humanos en todo el mundo.

2. Cambio climático

Está demostrado que el deterioro ambiental, originado por las actividades antropogénicas irresponsables o carentes de visión a largo plazo, han rebasado la capacidad de absorción de la naturaleza provocando daños muchas veces irreversibles; los niveles de contaminación en algunos lugares son alarmantes y deterioran la calidad de vida de todos los seres vivos, inclusive llevándolos a su desaparición.

Es de señalarse que infinidad de expertos coinciden en que el llamado cambio climático, atribuido sin duda a las actividades del hombre, representa la mayor amenaza para la humanidad en el siglo XXI, en ese sentido, es importante tener presente que si bien es cierto que el clima cambia de manera natural, en los últimos cincuenta años dicho cambio se ha acelerado anormalmente y debido a la irresponsabilidad o ignorancia con la que se ha comportado la humanidad.

Los efectos del cambio climático no son sólo los fenómenos meteorológicos exacerbados como huracanes o sequias prolongadas, que conllevan verdaderas tragedias como lo hemos observado en todo el mundo, sino que además propicia la movilidad de diversas especies de seres vivos a zonas en las que no encuentran depredadores naturales por lo que se convierten en plagas, provocando daños como ha sucedido con el dengue en México.

Asimismo, el cambio climático afecta la productividad agropecuaria, propiciando un incremento en el consumo de energéticos para el acondicionamiento de la temperatura ambiente adecuada para el cultivo, de esta y otras maneras dicho fenómeno, ha impactado severamente en la economía de muchas naciones, tanto a nivel familiar como gubernamental, prueba de ello son los recursos destinados a apoyar a las familias afectados por fenómenos meteorológicos yola reconstrucción de infraestructura.

3. El cambio climático y el mundo

La comunidad internacional preocupada por el tema ha implementado una serie de medidas para generar conciencia sobre el costo en vidas, la disminución de la calidad de vida y el costo económico que conlleva el no respetar al medio ambiente y por ende el no alcanzar un desarrollo sustentable.

De acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un primer paso se dio en 1972 con el informe “Los límites del crecimiento” del Club de Roma y la Reunión de Ministros de Medio Ambiente en Estocolmo Suecia y que dio nacimiento al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Es de resaltar que la Convención de Estocolmo, resultado de la citada reunión, consagra como primer principio que “...el hombre tiene derecho fundamental... (al) disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras”.

Es decir, se reconoce a la humanidad, integrada por las generaciones presentes y futuras, el derecho a un medio ambiente sano, y la obligación de conservarlo en óptimas condiciones.

Posteriormente, en 1979 ocurre la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC) en la que se reconoce al cambio climático como un problema potencialmente grave.

En 1988 el PNUMA y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), establecen el Panel Internacional de Cambio Climático (PICC o IPCC, por sus siglas en inglés) y que desde entonces produce regularmente evaluaciones científicas y tecnológicas sobre el cambio climático.

En 1990 el PICC y la CMC proponen un tratado internacional en la materia.

En 1991 y sesiona por primera vez el Comité Intergubernamental de Negociaciones (CIN). En 1992, se realiza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, llamada Cumbre de la Tierra y posteriormente conocida como la Cumbre de Río, en Río de Janeiro, Brasil; en dónde se alcanzan acuerdos importantes como la puesta en marcha del Programa 21, el cual fue suscrito por 172 países miembro, que se comprometieron a aplicar políticas ambientales, económicas y sociales a nivel local, encaminadas a lograr un desarrollo sostenible.

En 1993 el Senado mexicano ratifica la mencionada convención y el 21 de marzo de 1994 ésta entra en vigor.

En 1995 el segundo reporte de evaluación del PICC concluye que la actividad humana ha sido decisiva en el cambio climático, este mismo año tiene lugar la COP 1 (Conferencia de las Partes) en Berlín, Alemania. En 1997, durante la COP 3, se adopta el Protocolo de Kioto que México firma y ratifica en 1998, sin embargo el Protocolo entra en vigor hasta 2005.

En 2001, durante la COP 7, el PICC presenta su tercer informe en el que se confirma la influencia de las actividades antropogénicas en el cambio climático mundial, además, Estados Unidos de América anuncia que no ratificará el Protocolo de Kioto y surgen los acuerdos de Marrakech.

En el 2002 durante la COP 8 se da a conocer la Declaración de Delhi, asimismo en la ciudad de Johannesburgo se realiza la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo, con la participación de 180 países, y cuyo objetivo fue renovar el compromiso asumido en la Cumbre de Río y mantener los esfuerzos para promover el desarrollo sostenible y frenar la continua degradación del medio ambiente.

En el 2007 y durante la COP 13 el PICC presenta su cuarto informe y la evidencia es contundente; el ser humano tiene un impacto negativo y acelerador en el cambio climático, se adopta el Plan de Acción de Bali.

En 2009 fracasa la COP 15 ya que Estados Unidos de América y la República Popular China se negaron a ratificar el Protocolo de Kioto, así como de establecer un compromiso claro en materia de reducción de emisiones.

4. Liderazgo mexicano

El Ex presidente de la República Felipe Calderón, es reconocido internacionalmente como líder de los países en desarrollo en materia de protección al medio ambiente y el crecimiento sustentable.

México fue cede de la décimo sexta edición de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 16), y la sexta Conferencia de las Partes (CMP6) actuando como Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto, durante los días entre el 29 de noviembre y el 10 de diciembre de 2010.

México se desempeñó como facilitador del proceso de negociación entre las diversas posiciones nacionales y regionales, logrando que se iniciara una nueva etapa de acción global ante el cambio climático y proveyendo canales para la participación de diversos actores de la sociedad civil.

En su calidad de presidente de la COP16/CMP6, y de acuerdo a las Líneas Generales de Posicionamiento de México, expresas en el sitio web de la COP 16, México apuntaló por el establecimiento de compromisos en materia de reducción emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo por parte de los países desarrollados, y siendo congruentes con los requerimientos planteados por la ciencia; impulsó asimismo acciones nacionales apropiadas para la atenuación de dichas emisiones por parte de países en desarrollo, considerando siempre el contexto de un desarrollo sostenible y la eliminación de la pobreza, defendiendo al mismo tiempo que se cuente con apoyo financiero y tecnológico necesario; además buscó establecer esquemas de medición, reporte y verificación de compromisos o acciones, con transparencia y congruentes con la responsabilidad común internacional pero considerando las condiciones y situación de cada Estado; promovió, además, la creación de mecanismos financieros incluyentes e innovadores en el corto y largo plazos, como el llamado “Fondo Verde”, al tiempo que buscó el fortalecimiento de las capacidades científicas, técnicas y tecnológicas de los países en desarrollo; propuso finalmente incentivar el acceso de los países en desarrollo a los mecanismos de mercado existentes para las emisiones de carbono.

5. El cambio climático en México

Es indispensable tener presente que la Convención Global del Banco Mundial para la Reducción de Riesgos ubica a México entre los países más vulnerables al cambio climático: el 15% de nuestro territorio nacional, el 68.2% de su población y el 71 % de su PIB se encuentran expuestos a sufrir las consecuencias adversas de este fenómeno ambiental.

Por lo anterior, e inclusive desde antes, en México se han implementando medidas para:

a) Mitigar la emisión de gases efecto invernadero.

b) Adaptar las zonas de mayor riesgo para aminorar el efecto del cambio climático.

c) Atender a los miles de afectados.

d) Generar conciencia sobre el tema.

Entre las acciones emprendidas por el Gobierno Federal para lograr lo anterior destacan:

• Comunicaciones Nacionales La obligación de México al amparo de los instrumentos internacionales sobre cambio climático es la presentación de comunicaciones nacionales. México es el único país en desarrollo que ha presentado cuatro comunicaciones nacionales en las que reporta inventarios de emisiones y planes de acción contra el cambio climático. Con hechos, México sostiene la postura de que todos los países deben y pueden contribuir en la medida de sus posibilidades a enfrentar la problemática derivada del cambio climático global.

• Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero 1990-2006

La elaboración de los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero es una tarea realizada por México para cumplir con sus obligaciones bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). El inventado incluye las emisiones antropogénicas, por fuente y sumidero, de todos los gases de efecto invernadero. La última actualización del Inventario de Gases de Efecto Invernadero se incluyó en el 2006 como parte de la Cuarta Comunicación Nacional para la CMNUCC. Desde ese año México cuenta con un programa voluntario de contabilidad y reporte de emisiones de Gases de Efecto Invernadero en el que actualmente participan 110 empresas públicas y privadas. El último reporte da cuenta de emisiones por 150 millones de toneladas de CO2, de las cuales el 21% son por quema de combustibles y el 30% por generación y uso de energía.

• Programa Especial de Cambio Climático (PECC)

Las acciones concretas que México ha emprendido para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero permitirán que en 2012 nuestro país logre la mitigación de 51 millones de toneladas de CO2, o su equivalente. Alcanzar esta meta equivale a sacar de circulación a todo el parque vehicular del Distrito Federal por cuatro años y medio o a. almacenar carbono en un área de bosques de 1700 km2 (el tamaño del Distrito Federal). No es una meta imposible. De hecho, en abril de 2010 se alcanzó una reducción del orden de las 20.5 millones de toneladas de CO2 o su equivalente. México es ejemplo a nivel mundial de lo que un país en desarrollo puede y debe hacer en relación con la protección y promoción de un medio ambiente sano.

6. Aspectos jurídicos

México no sólo ha firmado y ratificando diversos instrumentos internacionales que por mandato constitucional se han adoptado como ley suprema, sino que también ha venido reformando y adicionando el marco jurídico nacional. Entre dichas reformas están:

6.1 Reforma constitucional mediante la cual se adiciona el artículo 4, párrafo 5, para quedar como sigue:

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley (reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero del 2012).

6.2 Promulgación de la nueva Ley General de Cambio Climático el 5 de septiembre de 2012

Como se puede observar es clara y contundente la voluntad del Estado Mexicano de reconocer el derecho de las personas a un medio ambiente sano y el de encaminar el desarrollo hacia la sustentabilidad.

7. Pacto por México

El llamado “Pacto por México” reconoce que el cambio climático es un reto global que se debe enfrentar con responsabilidad y realismo. Asimismo, establece que es necesaria una nueva cultura y un nuevo compromiso ambientales (Acuerdo Segundo; Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad, sección 2.4 Desarrollo Sustentable). Para avanzar en la materia el Pacto contempla los siguientes compromisos: Compromiso 49, Transitar hacia una economía baja en carbono, Compromisos 50, 51 y 52, Replanteamiento del manejo hídrico, y el Compromiso 53, Mejorar la gestión de residuos. Además, en la sección 2.8 “Transformar el campo en una actividad más productiva” se incluye el “pago por servicios ambientales” (compromiso 66).

8. Compromiso del presidente Enrique Peña Nieto

El Presidente de la República en su discurso del pasado 1 de diciembre en Palacio Nacional y ante la comunidad nacional e internacional expresó el deber de México de ser voz que promueva un mundo sustentable.

Literalmente el Presidente manifestó lo siguiente:

“...Ese México que está a nuestro alcance, no será un país que sólo vea hacia adentro. Será, también, un país solidario, que asuma su compromiso con las mejores causas de la humanidad.

En consecuencia, el quinto eje de mi gobierno es lograr que México sea un actor con responsabilidad global. Un país con participación pro positiva en el mundo, dispuesto a fomentar la cooperación entre las naciones, con una diplomacia moderna e innovadora.

México debe ser un factor de estabilidad en un mundo convulso, una voz que se escuche, una voz que defienda la libertad y promueva un orden más justo y un mundo sustentable en el Siglo XXI.”

Conclusiones

Las acciones que deterioran el medio ambiente en cualquier parte del mundo repercuten de manera negativa en el clima global y por ende afectan la calidad de vida de todos los seres vivos, incluyendo a los seres humanos.

La comunidad internacional ha expresado en múltiples ocasiones su preocupación por el tema ambiental y ha dado los primeros pasos hacia la promoción y protección de un medio ambiente sano, sin embargo todavía no ha alcanzado las metas y los compromisos necesarios, es por ello, que el mundo necesita de países que asuman su responsabilidad y que asuman y consoliden el liderazgo en el tema.

México goza ya de un reconocimiento mundial en la materia dados los avances en los programas y acciones a favor de un medio ambiente sano.

El presidente Calderón se distinguió como un líder en materia ambiental recibiendo inclusive el reconocimiento internacional por ello.

Desde la perspectiva jurídica, México reconoce el derecho de sus habitantes a un medio ambiente sano.

El compromiso del presidente Peña Nieto hacia el exterior es claro y contundente; México debe ser una voz que promueva un mundo sustentable.

En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Único.Se reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 89....

I. a IX. (...)

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos; la promoción y protección de un medio ambiente sano y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los tres días del mes de enero del año dos mil trece.— Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica).»

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, proponente. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, con opinión de la de Cambio Climático del propio cuerpo colegiado.

TORMENTA SANDY

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a llamar a las autoridades migratorias de Estados Unidos de América y Canadá para que al auxiliar a las mujeres y la población infantil indocumentada mexicana damnificada por la tormenta Sandy se dé prioridad al trato digno y el respeto a sus derechos humanos, suscrito por la diputada Marcelina Orta Coronado, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Marcelina Orta Coronado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62; 76, fracción IV; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se que se solicita a la honorable Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados que exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores a formular un atento y respetuoso llamado a las autoridades migratorias de las regiones de Estados Unidos de América y de Canadá para que en la conducción de las labores de auxilio a las mujeres y la población menor de edad indocumentada migrante mexicana que resultó damnificada a consecuencia de la tormenta Sandy se priorice el trato digno y el respeto a sus derechos humanos, conforme la Convención para eliminar las Formas de Discriminación contra la Mujer de CEDAW, conforme se regula en el artículo 133 de la Constitución General de la República, con base en los siguientes

Considerandos

Los temas de equidad de género en México, a diferencia de otros Estados, se abordan como un resultado de la atención coyuntural que se presta para resolver los problemas que se presentan dentro y fuera del país cuando son víctimas de fenómenos que les afectan.

Sin duda crece la expectativa de la sociedad cuando ocurren sucesos tan lamentables en la vida de las personas, como los registrados en el pasado octubre de 2012, en la región norte de nuestro continente que fue lesionada de gravedad con los efectos de la precipitación de la tormenta Sandy en Estados Unidos de América y en Canadá, dejando grandes pérdidas patrimoniales el fenómeno meteorológico, colosales lamentaciones en las dimensiones que perjudicaron a todas la población de esas regiones del norte.

Tan solo semanas después de haber conocido de estos fenómenos naturales con efectos dolorosos para la población estadounidense incluida la mexicana inmigrante, oportunamente fue auxiliada para mitigar la problemática de sanidad y paulatinamente la escases de los servicios mínimos indispensables en zonas, pero ello no detuvo la afluencia de heridos y finados indocumentados en las costas de Nueva Jersey y Nueva York principalmente, ello originó a principios de noviembre del presente año, que esta Cámara de Diputados a través de la Junta de Coordinación Política manifestara su solidaridad con los afectados, convocando a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que redoble el apoyo a los mexicanos que radican en las zonas dañadas a través de las respectivas embajadas y consulados.

Es el caso que con gran impacto pudimos ver las manifestaciones y dimensiones de la catástrofe generada por el fenómeno natural, así como el consecuente apoyo gubernamental de esos países en solidaridad con sus comunidades dañadas por el castigo climatológico al verse mermada de manera importante las condiciones indispensables de cada habitante para llevar a cabo sus actividades cotidianas indispensables, situación que perjudicó de manera preocupante el bienestar de muchas familias.

Cabe destacar la presencia de las mujeres y la población de menores migrantes en calidad de indocumentados, que además del flagelo que cargan día a día de la discriminación, la zozobra de vivir en la sobra del anonimato social para poder permanecer en su lugar de residencia sin ser deportados o víctimas de la violencia de los caza migrantes que les arrebatan hasta la vida, se suman a sus pesares el latente escollo de la marginación más inhumana al perder sus hogares, sus fuentes de trabajo causando una dolorosa gama de experiencias generadas por la imposibilidad de poder superar el reto y más allá la impotencia de poder generar lo indispensable para la subsistencia cotidiana.

En este tema cobra gran preocupación para la suscrita y mi partido lograr la eficiente intervención oportuna de las autoridades de la cancillería mexicana de velar porque sean respetados los derechos de las mujeres y sus hijos migrantes a fin de que sean provistos del trato benéfico humano que en igual de condiciones las autoridades de Estados Unidos de América y de Canadá promueven para toda la población, la paridad de condiciones de trato a fin de que se les procure alimento, refugios, vestido, acceso libre a los programas de ayuda comunitaria humana que tanto necesitan y que son previstos para los casos de catástrofes naturales por la Organización de las Naciones Unidas, de tal manera que se evite a toda costa su revictimización o abusos por su condición de indefensos.

Toda la clase política sumarnos a la conciencia humana de que es real la situación de existencia de miles de mujeres con sus hijos migrantes indocumentados que carecen no solo de un respaldo de pareja que les aliente, lo cual las hace muy vulnerables y con el flagelo que la tormenta Sandy les perpetró en las zonas que resultaron inhabitables, prevalece la realidad de que el sostén económico de esas personas se basa en los servicios domésticos de alimentación en comercios de comida rápida, desarrollan actividades de mensajería o bien conducen servicios de trasportación urbana en su mayoría, haciéndoles casi imposible poder llevar a cabo sus actividades en este momento, lo que les impide prácticamente poder llevarse un pan a la boca, además de las arbitrariedades a que están expuestos, máxime que hemos vivido experiencias como las del huracán Catrina, donde para muchos fue el pretexto perfecto para cometer graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres migrantes y sus hijos menores en el marco de la impunidad, lo cual no podemos, ni debemos permitir que se suscite.

En realidad sí es grave la situación, en los estados de la frontera norte de México, conforme a las cifras del Instituto Nacional de Migración hasta en septiembre del 2012, se registró un flujo de 150.000 mujeres mirantes que al año que cruzan hacia los Estados Unidos de América y tan sólo por la franja de Tamaulipas, a través de los municipios de Camargo, Díaz Ordaz, Guerrero, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo, Valle Hermoso, pero sobre todo Nuevo Laredo y Reynosa se registra el treinta por ciento de total de mujeres migrantes que en compañía de sus niñas y niños buscan una mejor vida para ellos transitando por ese parte hasta instalarse en la zonas de Estados Unidos de América: New Jersey, Pensilvania, New York, Washington, Virginia, Montreal y sus alrededores, donde justo hallamos la presencia de mayores dimensiones del desastre natural.

Por desgracia estas personas son objeto de nulo favorecimiento de las políticas y medidas emergentes creadas por los gobiernos para la protección de las mujeres inmigradas, sus niñas y niños, quienes lejos de encontrar el apoyo humano que demandan ante la magnitud de la catástrofe, son más vulnerables a las violencia de las fuerzas de seguridad migratoria, la delincuencia, los tratantes de blancas o los traficantes de personas que les hace impostergable atender las normas convenidas en su sentido más estricto de carácter internacional que eliminen y cumplan las recomendaciones generales números 3, emitida en el sexto periodo de sesiones de 1987; 5, generado durante el séptimo periodo de sesiones de 1988; y 6, dado en el séptimo periodo de sesiones de 1988 que en el último informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) hace extensivas al Estado mexicano para realizar las acciones relativas a eliminar la discriminación, brindar el apoyo en materia de salud y empleo emergente a favor de las mujeres sin importar su origen o nacionalidad, que pretenden además se atiendan las causas de desapariciones, muertes con protección a mujeres migrantes en las fronteras norte de México, y que solo con la intervención de la cancillería en especifico pueden lograrse los objetivos de las encomiendas .

Es una prioridad y un compromiso constitucional de los representantes populares sumarnos desde nuestra posición a las acciones iniciadas por el presidente de la República, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y esta soberanía por brindar todo el apoyo solidario, humanitario y nacionalista a los habitantes mexicanos de las regiones afectadas por la tragedia de la tormenta Sandy, y sin importar las ideologías, creencias, afiliaciones partidistas; pero en el caso de mujeres migrantes con sus niñas y niños, es menester que todas las diputadas y los diputados de la LXII Legislatura debamos intervenir de manera por velar que se cumplan con las leyes vigentes, como lo son los tratados internacionales y más los que versan sobre los derechos humanos de las mujeres y sus familias, a fin de se hagan cumplir los acuerdos de supremacía de la Organización de las Naciones Unidas para la protección de las personas en estado de emergencia, no solo por con intervención de las embajadas una vez que se les solicite el auxilio sino de manera preventiva e inmediata ante la emergencia de caso, destacando la cooperación internacional en materia de estándares mínimos de sobrevivencia humana como lo son la salud integral, la alimentación, el libre acceso a la justicia, la vivienda, el trabajo, la no violencia por causas de género, la no discriminación y el trato respetuoso, es por ello que vengo a solicitar intervengamos desde esta tribuna en beneficio de nuestros connacionales para dignificar nuestro mandato ciudadano en todos los rincones del planeta.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía los  siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a formular un atento y respetuoso llamado a las autoridades migratorias de las regiones de Estados Unidos de América y de Canadá, para que en la conducción de las labores de auxilio a las mujeres y la población menor de edad indocumentada migrante mexicana que resultó damnificada a consecuencia de la tormenta Sandy se priorice el trato digno y el respeto a sus derechos humanos, conforme la Convención para eliminar las Formas de Discriminación contra la Mujer de CEDAW.

Segundo. Se exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar a la sociedad sobre los resultados obtenidos de la presente gestión.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 3 de enero de 2013.— Diputada Marcelina Orta Coronado (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se turna a la Segunda Comisión.

CAMPAÑA FITOSANITARIA DE PRIORIDAD NACIONAL CONTRA EL HLB

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a dar prioridad en el ejercicio presupuestal a la Campaña Fitosanitaria de Prioridad Nacional contra el HLB, suscrito por la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los numerales 1, fracción II, 2, fracciones I y II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que con base en el Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal de 2013, del componente “Sanidades”, contenido en el “Programa de Prevención y Manejo de Riesgos”, se dé prelación en el ejercicio presupuestal para la Campaña Fitosanitaria de Prioridad Nacional contra el HLB, dadas las pérdidas millonarias que ha atraído al sector citrícola del país.  

Antecedentes

Para México, la citricultura representa una actividad socioeconómica de gran importancia, cuenta con una superficie de 549 mil hectáreas de las cuales, el 61.7 por ciento corresponde a naranja, 20.5 por ciento a limón mexicano, 5.2 por ciento a limón persa, y el resto a toronjas, mandarinas y tangerinas, anualmente se obtienen alrededor de 7 millones de toneladas, colocando a México como el cuarto país en producción de cítricos en el mundo. Asimismo, la superficie citrícola propiedad de 67 mil productores, se encuentra distribuida en 23 estados, con beneficio de más de 10,200 millones de pesos, todos los años por la producción de esta fruta.

Es la tercera actividad de importancia en los cultivos agrícolas mexicanos y se refiere al cultivo de productos que contienen ácido cítrico o sabor citrino; como lo son el limón, la naranja, la mandarina y la toronja, los cuales en suma representan un 94 por ciento de la superficie sembrada y cosechada con cítricos en nuestro país.

A nivel mundial son producidas más de 90 millones de toneladas de cítricos, en la cual ocho países concentran casi el 80 por ciento de la producción, dentro de los cuales nuestro país es participe.

Por tanto, la citricultura en México requiere fortalecerse con una visión integradora y de largo alcance, con alta visión de miras, para ir más allá del cuarto lugar  en el ámbito internacional,  se cuenta con los recursos naturales y climáticos necesarios, lo que permite ofertar productos de alta calidad capaces de incursionar y competir satisfactoriamente en los mercados mundiales, logrando así que el campo mexicano  no solo genere un desarrollo económico sino también, una mayor oferta laboral y mejores condiciones de vida para quienes realizan actividades agrícolas.  Sin embargo, esta actividad se está viendo seriamente amenazada por la presencia de plagas y enfermedades de interés cuarentenario presentes en el territorio nacional, tal es el caso del huanglongbing (HLB).

Ante esta situación, en nuestro país, desde el año 2008, se implementó una campaña fitosanitaria para la atención del HLB y su vector, el psílido asiático de los cítricos ( Diaphorina citri).

El huanglongbing (HLB) de los cítricos, también conocido como greening o enverdecimiento,  es ocasionado por la bacteria Candidatus liberibacter spp., que causa inevitablemente el declinamiento productivo y muerte de las plantas en un período no mayor de ocho años, una vez infectadas, dependiendo de la edad y condiciones de cultivo. Dicha enfermedad es transmitida por el psílido asiático de los cítricos ( Diaphorina citri) el cual se encuentra distribuido en prácticamente todas las zonas citrícolas de México.

La enfermedad fue detectada por primera vez en Asia (China), a finales del siglo XIX, posteriormente se reportó en África del Sur a principios del siglo XX, diseminándose a través de los años hacia varios países de ambos continentes.

La primera detección de HLB en el continente americano se realizó en el año 2004, en el estado de Sao Paulo, Brasil. Posteriormente, en septiembre de 2005 se confirma su detección en Florida, EUA; en 2007 se informó de su presencia en Cuba. Ante esta situación y analizando el riesgo que representaría la enfermedad para la citricultura mexicana, así como la presencia del vector en el país desde el año 2002, la Sagarpa, a través del Senasica, iniciaron durante el 2008 una campaña fitosanitaria de prioridad nacional operada por los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal en las 23 entidades federativas que cuentan con cítricos de importancia comercial, con el objetivo de detectar oportunamente la enfermedad y proteger las más de 500,000 hectáreas de cítricos existentes en el país (IICA, 2010).

Como referencia de la importancia del HLB, se señala que en el año 2004 esta enfermedad se encontraba en varios países, ocasionando daños severos a su citricultura, donde causo la muerte de más de 53 millones de plantas en Asia, 10 millones en África y en  Brasil más de 3 millones de plantas desde su detección, así como en Florida de forma reciente alrededor de 400 mil plantas, por esto el HLB es considerada la enfermedad más destructiva para el cultivo de los cítricos.

Con la campaña para la atención del HLB en 2009, se logró detectar en el municipio de Tizimín, del estado de Yucatán, muestras vegetales con la bacteria causante del huanglongbing, razón por la que se cuarentenó a dicho estado, y se intensificaron las actividades de búsqueda y control de la enfermedad en los 23 estados citrícolas.

Por tanto, es importante señalar que ante la sospecha de la presencia del HLB en material vegetal y/o psílidos infectivos en los diferentes estados con cítricos, personal de los OASV y de la Dirección General de Sanidad Vegetal, implementan un protocolo de actuación que permite planear la logística y disponer de todos los recursos humanos y materiales necesarios para realizar la búsqueda intensiva y extensiva en aquel sitio donde se tiene la sospecha de que se encuentra la enfermedad. Este mismo procedimiento ha permitido llevar a cabo la detección del HLB en 11 estados del país (Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán).

En el presente año en el estado de Tabasco se realizó una detección de HLB en una muestra de psílidos, por lo cual se está implementando el Protocolo de actuación ante la emergencia por la detección del huanglongbing, con la finalidad de buscar síntomas de la enfermedad en plantas y de esta forma corroborar su presencia en dicha entidad.

Al día siguiente  de la primera detección del huanglongbing de los cítricos en el país, se emitió un fundamento legal para prevenir y retardar la dispersión de la enfermedad en los estados citrícolas,  la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-047-FITO-2009, Por la que se establecen las acciones fitosanitarias para mitigar el riesgo de introducción y dispersión del huanglongbing (HLB) de los cítricos ( Candidatus liberibacter spp.) en el territorio nacional, y sus protocolos. Posteriormente, dicha norma fue actualizada y en la actualidad la campaña se fundamenta en el “acuerdo por el que se dan a conocer las medidas fitosanitarias que deberán aplicarse para el control del huanglongbing ( Candidatus liberibacter spp.) y su vector, publicado el 16 de agosto de 2010 en el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, los esfuerzos realizados hasta ahora no han sido suficientes y el HLB continúa avanzando paulatinamente hacia y entre las zonas citrícolas, debido a que no se ha realizado el cumplimiento estricto del acuerdo; prueba de ello son los registros de los huertos que están incumpliendo con el citado lineamiento, según se encuentra publicado en la página web del Senasica –http://www.senasica.gob.mx/ ?id=4737–, entre otros actores que incumplen con el fundamento legal.

Este acuerdo establece como obligación para la Sagarpa, las siguientes disposiciones de tipo administrativo:

1. Cuarentenar áreas con presencia de HLB, de tal forma que en las áreas con presencia de la enfermedad se requerirá certificado para realizar cada una de las siguientes actividades:

I. Para producir las especies de cítricos  a que se refiere el Artículo Tercero del Acuerdo de HLB.

II. Para movilizar los productos regulados en el Acuerdo de HLB.

2. Prohibir la movilización de hospedantes de HLB que no cumplan con la normativa referida.

3. Ordenar la retención, deposición y destrucción de vegetales, productos y subproductos infectados con la bacteria.

4. Certificación de unidades de producción de material propagativo de cítricos que cumplan con el Artículo Octavo de este instrumento legal.

5. Capacitación y divulgación.

6. Vigilar el cumplimiento del acuerdo.

Acciones de control en áreas urbanas:

7. Exploración para detección de plantas con síntomas,

8. Muestreo y diagnóstico de material vegetal y del vector,

9 Eliminación de plantas con síntomas; y

10. Control de vector.

Se han detectado concretamente algunos puntos que han impedido el cumplimiento de la normatividad vigente.

1. Falta de apoyo por parte las delegaciones estatales de la Sagarpa en los estados para la aplicación del acuerdo de HLB.

2. Alto número de viveros no certificados a nivel nacional.

3. Deficiencia de supervisiones al acuerdo por parte de los puntos de verificación e inspección derivado de la situación de inseguridad en el país.

4. Soluciones al problema de HLB, sin fundamento científico, ni técnico por parte de empresas privadas (no existen sanciones para estas empresas).

5. Negativa por parte de los productores para la inspección de huertas comerciales.

6. Negativa por parte de los productores y propietarios de huertos de traspatio para la eliminación de plantas con HLB.

7. En la mayoría de los casos no se lleva a cabo el control del insecto vector de forma particular ni regional.

8. Movilización de material vegetal de hospedantes de HLB de áreas con presencia de HLB a zonas sin presencia de la enfermedad.

9. No existe la certeza de que las nuevas plantaciones de cítricos o los replantes se están llevando a cabo con planta certificada.

Por lo anterior, es necesario que se instrumente los mecanismos necesarios para hacer cumplir estas obligaciones a los diferentes actores y miembros de los eslabones de la cadena citrícola.

Asimismo destacan las actividades relevantes contra el HLB:

1. Formación del Grupo Coordinador, y su Grupo Técnico, para atender el cumplimiento del Art. 18 del Acuerdo de HLB,

2. Implementación del control regional del psílido asiático de los cítricos en los Estados con detecciones de HLB y en algunos Estados sin presencia,

El control regional del vector en huertos comerciales es considerada la actividad clave en este momento para reducir el riesgo de diseminación de la enfermedad. Al respecto, se realizaron aplicaciones en once de los estados bajo control fitosanitario, las cuales continuarán durante el primer trimestre del año 2012, con lo cual se cubrirá  la mayor parte de la superficie  programada a aplicar. Por condiciones climáticas adversas en el estado de San Luis Potosí se retrasaron las aplicaciones, éstas se llevarán a cabo este año.

También se realizó control regional en 6,045 ha de Veracruz y 12,856 ha de Tamaulipas, para promover que en estos estados se establezcan áreas regionales de control, quedando pendiente también llevarlo a cabo en el Estado de Nuevo León.  Adicionalmente, para fortalecer las acciones de control regional, se realizó la liberación de Tamarixia radiata para el control del psílido en Jalisco, Colima, Michoacán y Yucatán.

1. Generación de tecnología, producción y liberación de organismos de control biológico para el control del psílido asiático de los cítricos.

2. Taller Internacional contra plagas cuarentenarias de los cítricos.

3. Campaña itinerante de sensibilización dirigida a productores y público en general.

Con el objetivo de llegar a los productores y público en general de Colima y Michoacán, el año pasado se dio inicio al plan piloto de divulgación itinerante, a través del proyecto denominado: Caravana del HLB. Las ventajas de este modelo de difusión son las siguientes: Sensibilización de los productores (mayor credibilidad en cuanto al daño potencial del HLB) y cooperación directa de la población impactada.

ElInstituto Interamericano para la Agricultura (IICA), evaluó el diseño, procesos y factibilidad económica de la campaña contra el HLB en México desde su inicio en el 2008 y hasta el 2010, encontrando entre otras,  las siguientes consideraciones:

• Con base en los resultados generados del análisis cuantitativo de campo, se puede decir que el desempeño de la campaña contra HLB fue satisfactoriaen los tres años.

• De los análisis realizados a cada uno de los grupos o actores relacionados con la campaña, se concluye que los diseñadoresde la misma (DGSV) sí han involucrado, informado y capacitadosobre el tema HLB a todos los interesados de la cadena citrícola(sistemas producto, empacadores, viveristas, productores, laboratorios, técnicos, investigadores, etcétera).

• En opinión de algunos actores clave y agremiados a los sistemas-producto (productores y viveristas), ha habido un bajo involucramiento de sus dirigentes/representantes, en la parte técnica de la campaña, lo que implica una debilidad al cumplimiento de la normativay a la propia operación de la misma.

• Pese a los tres años que han estado recibiendo capacitaciónsobre los riesgos, prevención y manejo de la enfermedad, todavía una importante proporción de los productores y propietarios de unidades de traspatio se oponen a derribarlos árboles infectados.

• A pesar de que la mayoría de los viveristasencuestados (certificados y no certificados) señaló estar consciente de la agresividad del HLB, solo la mitad manifestó que eliminaríael material en caso de que se diagnosticara infectado; y aunque todos consideran que la campaña debe continuar, los no certificados parecen no haber modificado su percepción sobre el problema, al no haber iniciado la certificación de su vivero.

• Como responsable de la campaña, la DGSV requiere implementar mecanismos que aseguren el cumplimiento de la normativa con respecto al control de focos de infección, eliminación de árboles positivos y de planta de viveros no certificados.

• El retraso detectado en la radicación de los recursospresupuestales a los CESV, genera incumplimiento en los objetivos y metas de la campaña en los tiempos previstos, por lo que deben buscarse mecanismos más eficientes y expeditos que no pongan en mayor riesgo las actividades de ésta, la cual está considerada de prioridad nacional.

De esta manera, se apoyaría a toda la superficie citrícola mediante acciones que permitan la detección oportuna de la enfermedad y el manejo del vector, la regulación de material propagativo y fruta, y el principal apoyo iría enfocado hacia los productores que sí quieren participar, viéndose obligados a organizarse, aportar recursos para lograr el trabajo conjunto, y se le daría seguimiento puntual a través de la tarjeta de manejo que el personal técnico de la campaña le expida, como comprobante de las acciones que está realizando contra el HLB.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que con base al Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal de 2013, del componente “Sanidades”, contenido en el “Programa de Prevención y Manejo de Riesgos”, se dé prelación en el ejercicio presupuestal para la Campaña Fitosanitaria de Prioridad Nacional contra el HLB, dadas las pérdidas millonarias que ha atraído al sector citrícola del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de enero de 2013.— Diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

ESTADO DE MEXICO

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los ayuntamientos del estado de México a conducirse con responsabilidad, con apego a derecho y bajo los principios de transparencia en la conducción de las finanzas públicas, suscrito por la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, senadora Laura Angélica Hernández Rojas, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 60, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los ayuntamientos del estado de México que iniciaron sus funciones el primero de enero de 2013, a conducirse con responsabilidad, con total apego a derecho y bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, en la conducción de las finanzas públicas del municipio, particularmente en el manejo de la deuda pública, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el ámbito de las finanzas públicas mexicanas, la deuda pública “es el conjunto de obligaciones financieras generadoras de interés, de un gobierno central con respecto a otro gobierno, a empresas o a individuos de otros países, e instituciones internacionales (públicas o privadas)”.

La deuda pública es una de las herramientas financieras de uso más frecuente por los gobiernos estatales y municipales para obtener recursos adicionales a los generados por la recaudación de impuestos locales y los recursos aportados por la federación, por lo que tiene un alto valor y utilidad, siempre que sea bien empleada. No obstante se ha generado una rápida evolución en los mercados financieros ocasionando que dentro del financiamiento público subnacional, se esté propiciando una fuerte desregulación, dejándolo sujeto sólo a mecanismos de mercado tales como el uso de agencias calificadoras de riesgo privadas, causando amenazas latentes a las finanzas locales y nacionales.

Si bien este Congreso de la Unión ya ha manifestado en múltiples ocasiones su preocupación por la creciente e irresponsable deuda de los estados, la deuda de los municipios también ha padecido este infortunado fenómeno y en varias entidades federativas se ha convertido en un foco rojo que debe atenderse de forma pronta y contundente.

Según el estudio El municipio: ¿la institución de la opacidad?, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), si la falta de transparencia a nivel estatal resulta preocupante, a nivel de los municipios resulta mucho más grave. De los 373 municipios más grandes del país generan el 80 por ciento del PIB nacional, 97 publicaron su presupuesto de egresos para 2009 en internet. (De estos, 11 indican el número de plazas de la administración y en 13 se presenta un tabulador de sueldos)

El mismo IMCO, señala que a pesar de los avances registrados en materia de transparencia, en promedio, los principales municipios del país reprobaron en 2012. De la muestra estudiada, sólo cinco aprobaron con una calificación superior a 60 por ciento: Metepec (100 por ciento), Puebla (100 por ciento), Bahía de Banderas (68 por ciento), Tepic (65 por ciento) y Aguascalientes (62 por ciento).

El Índice de Información Presupuestal Municipal 2012 que elaboró el IMCO expone una puntuación promedio de 16 por ciento, en una escala de cero a 100. En la medición del 2011, la nota promedio fue de 11 por ciento. Los estados con mayor deuda municipal a la fecha son Jalisco en primer lugar, estado de México en segundo y Nuevo León en tercero.

El avance fue insuficiente respecto al grave problema de la opacidad generalizada en los municipios evaluados y la pobre voluntad política para hacer del gasto una fuente de información accesible. En contraste, 274 alcaldías no superan el nivel de 21 por ciento; es decir, no pasaron la evaluación ni con los elementos mínimos de funcionabilidad.

Por otro lado, de acuerdo a un estudio del diario El Economista, de cada 10 pesos que los municipios tienen contratados como deuda, nueve no tienen un aval de pago, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Las obligaciones financieras de los ayuntamientos, sin considerar organismos, ascendió a 44,859 millones de pesos en el segundo trimestre del 2012. De dicho monto, 40 mil 282 millones no están garantizados. Las obligaciones financieras de las alcaldías en 15 de los 31 estados de la República no cuentan con aval. Se trata de los ayuntamientos de los estados de Veracruz, Tlaxcala, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Nuevo León, Guerrero, Chihuahua, Chiapas, Colima, Campeche, Baja California, Aguascalientes, Oaxaca y estado de México.

En México, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la deuda de los municipios en México creció, desde el inicio de la pasada administración hasta el cierre del primer semestre de 2012, 177 por ciento en términos reales, lo que representa el doble de la registrada en las administraciones estatales (93 por ciento). Las obligaciones financieras de las 32 entidades federativas y sus ayuntamientos registraron un saldo nunca antes visto de 404 mil 409 millones de pesos al primer semestre de 2012, lo que significó un avance superior al 100 por ciento con respecto al 2006.

La deuda de los municipios del estado de México representa el 13 por ciento del total de débitos que tienen los ayuntamientos del país al tener registrado ante la Secretaría de Hacienda un monto de 5 mil 765.2 millones de pesos de un total de 44 mil 633.2 millones.

Según el informe sobre las Obligaciones Financieras de municipios con la Banca Comercial, de Desarrollo, Emisiones Bursátiles y Otros, con saldos al 31 de marzo del 2012, los municipios mexiquenses se ubican como los segundos más endeudados de México, luego de los jaliscienses, por arriba de los ayuntamientos de Nuevo León.

Cerca del 45 por ciento de la deuda de los municipios fue adquirida con la banca comercial. En el caso mexiquense encontramos un promedio mucho mayor de deuda con las instituciones de crédito comerciales, el cual es del 74 por ciento de los compromisos financieros contraídos, es decir, 4 mil 261.4 millones de pesos, mientras que con la banca de desarrollo tienen mil 259.9 millones y el resto lo clasifican con el rubro de “otros”.

El informe indica que de los 125 municipios mexiquenses, 69 tienen algún adeudo. Los más altos corresponden a Ecatepec, quien ocupa el noveno lugar entre los más endeudados del país con 735.9 millones de pesos, Naucalpan 484.2 millones, Huixquilucan 468.1 millones, Tlalnepantla 457.2 millones, Atizapán de Zaragoza 415.6 millones, Coacalco 316.8 millones, Toluca 302.5 millones, Cuautitlán Izcalli 229.1 millones y Nicolás Romero 209.3 millones de pesos.

Otros son Metepec, Ixtapaluca y Texcoco que tienen cada uno entre 156 y 199 millones de pesos.

La suma de la deuda de estos 13 municipios asciende a los 4 mil 300.3 millones de pesos de los 5 mil 765.2 millones de pesos, que representan el 74.59 por ciento del total de la deuda de los municipios en el estado de México.

Además de lo anterior, en los datos contenidos en el Informe de resultados de la Revisión de la Cuenta Pública de los municipios del estado de México correspondiente al ejercicio de año 2011, presentado por el Órgano Superior de Fiscalización en septiembre pasado, encontramos que, además de los municipios antes mencionados, otros municipios del estado se encuentran en una situación de grave crisis financiera debido a otro tipo de pasivos que no están registrados ante la SHCP, como pueden ser, adeudos a proveedores.

Entre estos municipios, se encuentran Melchor Ocampo (con una deuda equivalente a163.4 por ciento de sus ingresos ordinarios), Coyotepec (141.0 por ciento), Otumba (94.6 por ciento), Tianguistenco (93.6 por ciento), Capulhuac (61.8 por ciento), Teotihuacán (60.9 por ciento), Jaltenco (57.1 por ciento), Chiautla (54.5 por ciento) y Tenango del Aire (51.18 por ciento).

En el estado de México se celebraron elecciones el primero de julio de 2012, para renovar todos los ayuntamientos del estado, entrando en funciones el primero de enero de 2013.

Esta renovación en el ámbito de gobierno más cercano a la gente, representa una oportunidad para reconducir las finanzas públicas, que permitan dar a sus administraciones un sentido responsable de compromiso con la gente y con el ejercicio del poder público y sus bienes que requieren los mexiquenses.

El pasado 26 de septiembre de 2012, el Senado de la República exhortó por unanimidad a para que las legislaturas de los estados legislen en materia de deuda pública, estableciendo candados en su contratación, estipulando para su destino las inversiones públicas productivas y generando una total transparencia y rendición de cuentas en su manejo, los gobernadores constitucionales de los estados implementen medidas de transparencia sobre la deuda públicas de sus entidades; a manejar con mayor responsabilidad y en un estricto apego a derecho, las finanzas públicas en su administración, para hacer frente a sus obligaciones en beneficio de sus habitantes y a los partidos políticos con registro nacional y local, a impulsar con su grupos parlamentarios locales la presentación o, en su caso, dictaminación de reformas legislativas que regulen adecuadamente la deuda pública de su entidad.

En el entendido de que se trata de una responsabilidad compartida por los diferentes ámbitos de gobierno y los diferentes poderes públicos, debemos aprovechar la oportunidad para invitar a los nuevos funcionarios públicos para que emprendan gestiones transparentes, comprometidas con la gente, responsables y de visión a mediano y largo plazo, en cumplimiento al propio artículo 129 de la Constitución Política Estado Libre y Soberano de México que señala que los recursos económicos del Estado, de los municipios, así como de los organismos autónomos, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez, para cumplir con los objetivos y programas a los que estén destinados.

En ese tenor, esta Comisión Permanente considera oportuno resaltar la importancia del tema e invitar a los presidentes municipales, síndicos y regidores del estado de México que inician su gestión, a conducirse con la altura que los mexiquenses requieren en el manejo de las fianzas públicas de su municipio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los ayuntamientos del estado de México que iniciaron sus funciones el primero de enero de 2013, a conducirse con responsabilidad, con total apego a derecho y bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, en la conducción de las finanzas públicas del municipio, particularmente en el manejo de la deuda pública, tanto la contraída con anterioridad, como la que durante el periodo de su gestión se pretenda contratar, en beneficio de sus habitantes y de los mexiquenses en general.

Notas:

1 Et al. Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Editorial Porrúa, 2009.

2 Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Índice de Información Presupuestal Municipal 2012, México, DF, a 11 de diciembre de 2012.

3 http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2012/10/10/solo-10-deuda-municipal -tiene-aval

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 3 de enero de 2013.— Senadora Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

ESTADO DE HIDALGO

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar un estudio en coadyuvancia con la UNAM, el IPN y otras instituciones de investigación para determinar el impacto ambiental de la Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, SA de CV, a fin de que cumpla las normas; y a la Sedesol, a analizar la implementación de programas en favor de la comunidad indígena hñähñu de Hidalgo, suscrito por la senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Luz María Beristáin Navarrete, senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del reglamento del Senado de la Republica, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Después de reunirnos, con los líderes de la comunidad hñahñu donde denunciaron el impacto ambiental de la Empresa Trituradora y procesadora de Materiales Santa Anita, S. A. de C. V. en el Estado de Hidalgo, la cual funciona presuntamente con severas irregularidades a la normatividad ambiental que debe cumplir para llevar sus actividades.

En el lugar donde fue construida la cementera originalmente habitaban indígenas hñahñu,  los cuales son una pequeña población que guarda una cultura rica en dialectos, costumbres, leyendas, vestimenta, artesanías, gastronomía, entre muchos otros elementos que caracterizan a todas nuestras ancestrales etnias indígenas.

En conocimiento de otras cementeras donde sus objetivos han provocado severas enfermedades incurables a las personas que habitan en las zonas aledañas esta comunidad está preocupada por su salud física ya que son los principales habitantes de la zona donde desempeña la cementera, de igual manera serán los principales afectados en su salud física.

La quema de combustibles fósiles y producción de cemento son los principales emisores de CO2, notable responsable del cambio climático, debido a esto la cementera debe funcionar bajo las normativas que regulan este tipo de industria para prever problemas de salud a la comunidad hñahñu y evitar posibles problemas ambientales.

La problemática ambiental atiende a un planteamiento de actos que sucesivamente provocaran un menoscabo irreparable, el mismo mantenimiento de dicha cementera prevé el consumo y explotación de los recursos naturales, estos son la principal fuente de empleo, alimento, inclusive de algunos casos para realizar la construcción de sus hogares ya que hacen sus casas de penca de maguey.

Al ser una comunidad indígena con muy bajos recursos económicos donde su único sustento es atreves del correcto funcionamiento del ecosistema, ya que viven de lo que cultivan, es necesario regularizar a esta cementera para que no siga causando un menoscabo al ecosistema y por lo tanto a la comunidad indígena hñahñu.

Entre las obligaciones del Estado está garantizar la salud, así como brindar y garantizar los servicios públicos, como el servicio de agua potable, la cual se pone en riesgo ya que dicha cementera utiliza una gran cantidad de este líquido vital que al paso del tiempo va a culminar dejando sin agua a esa población tan particular.

La cementera despide polvos que caen cerca de los alrededores de la cementera los cuales están dañando directamente a los habitantes y en general todo el ecosistema. Es necesario hacer un estudio objetivo en el cual se analice todos los elementos negativos que implican el funcionamiento de la Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita para encontrar los mecanismos de prevención ambiental y dicha cementera funcione de manera en pro del cuidado del medio ambiente, auxiliándose de todos los lineamientos que les puedan ayudar a su desempeño.

Además de regular las actividades en cuestión ambiental de dicha cementera también es necesario mencionar que se trata de una comunidad indígena y de no normalizar a la cementera se hablaría de acabar con todo su ecosistema y muy probablemente con sus usos y costumbres de esta etnia indígena, nuestra Constitución Política en el artículo 2o. nos establece que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, es decir que se acabaría con parte  de la identidad mexicana.

En el siguiente artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encontramos que

Artículo 2o. La nación mexicana es única e indivisible.

La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los Estados.

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.

VI. Acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los Municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

B. La federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y de-sarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.

El artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el principal fundamento legal en el cual se expresa porque debemos preservar nuestras etnias considerando a las comunidades indígenas como entidades de interés público, es un deber preservarlas e incluirlas a su mismo desarrollo, fomentando mecanismos de inclusión, en donde se creen fuentes de empleo, se mejore la calidad de vida y sobre todo de desarrollo, donde se conserven sus tradiciones y todo lo que implica su cultura tan antigua y extensa, para esta comunidad que ya está siendo afectada de forma grave en su manera de subsistir y vivir.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta  a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar un estudio concreto en coadyuvancia con la UNAM, el IPN y otras instituciones académicas, de investigación por medio de sus convenios, a la Empresa Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, SA de CV, para determinar el impacto ambiental de la cementera con la finalidad de cumplir con la normatividad concerniente aplicable a dicha cementera en relación al medio ambiente.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a realizar el análisis respectivo para implementar programas sociales principalmente 70 y Más, Opciones Productivas, Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y los demás aplicables en beneficio de la comunidad indígena hñahñu.

Presentado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 3 de enero de 2013.— Senadora Luz María Beristáin Navarrete (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración a integrar un estudio minucioso del personal presuntamente involucrado en actos ilícitos e irregulares y, en caso de probarse la comisión de algún delito, se actúe en consecuencia, a fin de garantizar los derechos humanos de los migrantes, suscrito por la senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Luz María Beristáin Navarrete, senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Desde hace varios años, Alejandro Solalinde Guerra se ha encargado de defender los derechos fundamentales de los migrantes y en general todos aquellos que otorga la Carta Magna en su artículo 1o., ha manifestado en numerosas ocasiones a las autoridades varias ilegalidades cometidas a migrantes, dentro de las cuales se encuentran principalmente secuestro y desaparición. Solalinde Guerra tiene una destacada trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas que usan nuestro país para llegar a los estados unidos, debido a todo ese esfuerzo recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos 2012, reconocimiento que la sociedad mexicana confiere, a través de la CNDH a las personas que se han destacado en la promoción efectiva y defensa de las garantías fundamentales.

Debido a las numerosas denuncias que ha presentado de actos ilegales e irregulares donde ha hecho público cuantiosos casos donde personal del Instituto Nacional de Migración tiene una presunta comisión por acción u omisión de dichos actos, es menester hacer un estudio minucioso y exhaustivo a todo su personal en donde dicho instituto se encargue de un análisis a su personal para poder detener actos corruptos que desembocan en un mar de ilegalidades.

Actualmente cientos de migrantes debido a la pobreza que viven en sus países cruzan nuestro país para llegar a Estados Unidos donde buscan una oportunidad laboral en la cual puedan sostenerse a ellos mismos y además a sus familias, es una problemática que necesita atención urgente, si bien es cierto que algunos ingresan de forma irregular también lo es que hay mecanismos establecidos en la ley para resolver sus situaciones migratorias donde por ninguna manera nadie puede violentar sus derechos fundamentales, la vida humana es invaluable e irrestituible, debemos garantizar la integridad de la vida ante cualquier situación estudiando y creando un andamiaje preventivo y solucionador, requerido por los cientos de vidas humanas que se han visto afectadas, situación que por ningún motivo debe repetirse.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 fracciones I, IV, V, XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, los titulares de los órganos administrativos desconcentrados tendrán las atribuciones de

I. Dirigir, organizar y evaluar el funcionamiento y desempeño del órgano administrativo desconcentrado a su cargo;

IV.Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de las acciones encomendadas conforme a la normatividad aplicable;

V. Proponer y ejecutar políticas, estrategias y medidas administrativas, operativas y financieras que apoyen la continuidad de los programas y proyectos institucionales para su modernización, innovación y desarrollo, e impulsen la desconcentración y descentralización de sus actividades;

XIV. Aprobar la contratación y adscripción del personal a su cargo y los programas de desarrollo y capacitación, de acuerdo con las necesidades del servicio, así como resolver los casos de sanción, remoción, cese, rescisión de contratos y terminación de los efectos del nombramiento, según corresponda, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y en los términos de las políticas y lineamientos que determine el oficial mayor;

En virtud de lo expuesto anteriormente, el titular del instituto Nacional de Migración está facultado para evaluar el funcionamiento y desempeño del órgano desconcentrado, así como ejecutar estrategias y medidas administrativas, operativas. Aprobar programas de capacitación de acuerdo con las necesidades del servicio, así como resolver los casos de sanción, remoción, cese, rescisión de contratos.

Es necesario atender las denuncias presentadas para poder detener la comisión de actos ilícitos a los migrantes, en donde por tanto, en atención a los acontecimientos graves que se han suscitado, en relación con ilegalidades antes expuestas

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración a integrar un estudio minucioso de su personal involucrado en actos ilícitos e irregulares y en el caso de probarse la comisión de algún ilícito por participación u omisión del personal a su cargo, deberá actuar en consecuencia, así como garantizar la capacitación permanente y la consecuente evaluación de su personal para garantizar los derechos humanos de los migrantes en el territorio nacional.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 3 de enero de 2013.— Senadora Luz María Beristáin Navarrete (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

GRUPO AEROMEXICO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Manuel Añorve Baños, del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia, para que investigue sobre la posible existencia de prácticas monopólicas en el sector de la aviación civil de pasajeros, aplicada por el Grupo Aeroméxico, en las rutas nacionales que actualmente opera.

El diputado Manuel Añorve Baños:Con su permiso, señor presidente. Amigas y amigos legisladores, integrantes todos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el propósito de este punto de acuerdo es exhortar a la Comisión Federal de Competencia para que dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas en el sector de la aviación civil de pasajeros, del Grupo Aeroméxico, en las rutas nacionales.

Quiero explicar las razones por las cuales mi grupo parlamentario considera indispensable formular el presente exhorto. Por supuesto que toda práctica monopólica va en detrimento de la gente, en este caso específico, de los usuarios que sufren los arbitrarios cambios de horario, las dilaciones en las salidas y los abusos en las tarifas. Eso todos lo pudimos constatar en esta última temporada vacacional, solo para poner un ejemplo más.

El Congreso no debe ser ajeno a los problemas de un sector de la sociedad. Debo citar que apenas el 4 de diciembre de 2012, un compañero de nuestra bancada, el diputado Filiberto Guevara, presentó una proposición con punto de acuerdo, la cual fue aprobada por la Cámara de Diputados el 6 de diciembre de 2012. En ella se solicitaba a la Comisión Federal de Competencia el inicio de una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas del Grupo Aeroméxico y un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que expidiera la normatividad referente a la protección de los derechos de los pasajeros de las líneas aéreas regulares concesionadas, en particular, respecto a los cargos adicionales por cambio de itinerarios a petición del usuario y además, respecto a la compensación y asistencia en casos de sobreventa de capacidad, cancelación y retraso de vuelos.

Como es sabido, el manejo monopólico del Grupo Aeroméxico genera elevados costos en tarifas y cargos extraordinarios que se aplican a los usuarios y en un deterioro del servicio en lo general, tales como sobreventa de capacidad, cancelación de vuelos, retrasos significativos en salidas y llegadas al destino en cada ruta y sobre todo, los usuarios cuando van en el intento de tomar su vuelo y planificar sus reuniones de trabajo, sociales, familiares, normalmente se encuentran con que el vuelo está prácticamente sobrevendido, que ya cerraron, por supuesto, la ventanilla, que tienen que esperar dos o tres horas, si les van bien. O finalmente, inclusive, los bajan de los aviones para decirles que ya está prácticamente cancelado y si les conviene, pueden esperar otras seis, siete horas para abordar hacia el destino que habían programado.

Por si fuera poco, si alguien tiene la necesidad de cambiar el vuelo, hay un sobrecosto, que en muchos casos, casi es el mismo costo que el boleto de avión que se adquirió para poder trasladarse a los compromisos, que como ejemplo ya he estado señalando.

Hoy, los excesivos costos por cambio de fecha u hora a petición del usuario son elevadísimos. Además, aquí hay otro dato que no debemos perder de vista, la clasificación de Aeroméxico en su calidad es de 2.5 respecto a 5 puntos posibles. Sus indicadores de calidad se ubican en un nivel por debajo del promedio de las líneas aéreas a nivel internacional; por lo que puede interpretarse como contrario a lo que establece el artículo 42 de la Ley de Aviación Civil, que considera que la prestación del servicio se debe ofrecer en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

También debo citar que el 21 de diciembre del año pasado fue publicado en la Gaceta de la Cámara de Diputados un oficio suscrito por el presidente de la Comisión Federal de Competencia, a través del cual da contestación al punto de acuerdo antes referido, señalando que no tiene una causa objetiva para iniciar la investigación.

Debe quedar claro, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, que este funcionario carece de facultades para desechar una petición como la aprobada en su momento por la Cámara de Diputados.

Los artículos 30 de la ley de la materia y el 28 del Reglamento de la Comisión Federal de Competencia no autorizan a este funcionario a actuar de esta manera, porque el desechamiento de una petición de investigación es una atribución señalada a favor del secretario ejecutivo de ese organismo.

El artículo 32 de la ley señala que el secretario ejecutivo desechará las denuncias que sean notoriamente improcedentes; en tanto que, el 19 del Reglamento dispone que corresponda a dicho servidor público admitir y turnar a trámite los asuntos presentados o interpuestos ante la comisión y desechar los notoriamente improcedentes, sin necesidad de prevención en caso alguno.

En el caso que nos ocupa nos encontramos frente a un dese-chamiento cuya resolución corresponde acordar al secretario ejecutivo. Esto en virtud de que el presidente de la comisión al responder al punto de acuerdo omite darle trámite y con ello omite el inicio de la averiguación que le fue solicitada, situación que no solamente vulnera los derechos de los legisladores, sino los derechos de la sociedad en su conjunto, al no investigarse ni mucho menos resolverse una cuestión que afecta la economía nacional, como lo es la posible existencia de prácticas monopólicas en el sector de la aviación civil.

Como consecuencia de lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRI hace suyo el contenido de la proposición formulada por el diputado Filiberto Guevara, por cuanto hace al exhorto dirigido a la Comisión Federal de Competencia y solicita a esta asamblea la aprobación de la presente proposición, a efecto de que se exhorte nuevamente al órgano regulador de referencia para que dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas, relativas en el sector de la aviación civil de pasajeros que aplica el Grupo Aeroméxico en las rutas nacionales que actualmente está operando.

No a las prácticas monopólicas, y sí al respeto a los exhortos a esta soberanía. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia a investigar la posible existencia de prácticas monopólicas en la aviación civil de pasajeros, aplicada por el Grupo Aeromexico, SAB de CV, en las rutas nacionales que actualmente opera, suscrito por el diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia que dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas en el sector de la aviación civil de pasajeros, que está aplicando Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. en las rutas nacionales que actualmente está operando, con base en las siguientes

Consideraciones

El 4 de diciembre de 2012 el diputado Javier Filiberto Guevara González presentó una proposición con punto de acuerdo, aprobada por la Cámara de Diputados el 6 de diciembre de 2012, la cual contiene los siguientes puntos de acuerdo:

“Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Federal de Competencia dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeros, que aplica al Grupo Aeroméxico, SAB de CV, de las rutas nacionales que actualmente está operando.

”Segundo. Se exhorta a Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que expida la normatividad referente a la protección de los derechos de los pasajeros de las líneas aéreas regulares concesionadas, en particular, respecto a los cargos adicionales por cambios de itinerarios a petición del usuario, y además respecto a la compensación y asistencia en casos de sobreventa de capacidad, cancelación y retraso de vuelos.

”Tercero. Se extiende excitativa para que respetuosamente la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, enliste en los dictámenes a discusión, el dictamen a la minuta relativo a la reforma de la Ley de Aeropuertos, la cual quedó pendiente de aprobarse el 30 de abril de 2012.

La referida proposición estableció en su parte medular que

“En particular, en el caso de Grupo Aeroméxico S.A.B. de C.V. al finalizar el año 2009 tenía una participación de mercado de 25.7 por ciento, misma que ha incrementado a 38 por ciento a septiembre de 2012, lo que es un crecimiento significativo en su participación de mercado en solo 3 años, el restante 62 por ciento se distribuye entre las restantes líneas aéreas regulares.

“Lo anterior ha causado elevados costos en tarifas y cargos extraordinarios que se aplican a los usuarios y en un deterioro del servicio en lo general, tales como, sobreventa de capacidad, cancelaciones de vuelo, retrasos significativos en salidas y llegadas al destino en cada ruta, y excesivos sobrecostos por cambios de fecha u hora a petición del usuario. De acuerdo a cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), al mes de octubre del presente año se han presentado 1,216 quejas por pasajeros de las actuales líneas aéreas en servicio, cabe considerar, que menos del 10 por ciento de los usuarios que son afectados levantan una queja ante esta instancia, de hecho, las recomendaciones de la PROFECO respecto a los derechos de los usuarios, no son respetadas por las líneas aéreas.

“Los parámetros de calidad en el servicio de las líneas aéreas aceptados internacionalmente, son medidos a través de indicadores de puntualidad, así como en el porcentaje de cancelaciones de vuelos programados. Tales parámetros de calidad son aceptados internacionalmente para evaluar el servicio de las líneas aéreas. Los organismos internacionales reconocen que el nivel de puntualidad y el número de cancelaciones son fundamentales para evitar costos a los usuarios. Por ejemplo, el desempeño de Grupo Aeroméxico S.A.B. de C.V. con respecto a las líneas aéreas a nivel global es mediocre, Aeroméxico está clasificada en un nivel de calidad de 2.5 respecto a 5 puntos posibles. Sus indicadores de calidad se ubican en un nivel relativamente bajo al promedio de las líneas aéreas a nivel internacional, por lo que puede interpretarse como contrario a lo que establece el artículo 42 de la Ley de Aviación Civil, que considera que la prestación del servicio se debe ofrecer en condiciones satisfactorias, de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

“El que la línea aérea imponga sobrecargos por cambios de horario y/o día a petición del usuario actualmente alcanza un incremento equivalente a un 50% del precio original del boleto, tal práctica puede considerarse como evidencia de poder sustancial en el mercado. Al igual que la imposición de otros sobreprecios o costos adicionales a los usuarios ante eventualidades como cancelaciones, retrasos o sobreventa cuando tales cargos se presentan sin alternativas a los pasajeros. Los usuarios deben de tener la libertad de elegir modificaciones de fecha y/o de hora en el uso de su boleto con un cargo que se encuentre económicamente justificado, sin que esto sea evidencia de un abuso de poder de mercado por parte de la línea aérea que de hecho está forzando a los usuarios, a que por alguna razón tengan que modificar su itinerario, incurran en un gasto significativo y sin alternativa de elección.”

Con fecha 21 de diciembre de 2012, fue publicado en la Gaceta de la Cámara de Diputados un oficio suscrito por el Presidente de la Comisión Federal de Competencia, a través del cual da contestación, en el ámbito de su competencia, al punto de acuerdo antes referido, documento que en su parte medular señala lo que a continuación se transcribe:

“Finalmente, se hace de su conocimiento que los artículos 30 de la LFCE y 28 de su Reglamento establecen que esta autoridad sólo puede iniciar una investigación cuando tenga conocimiento de hechos que puedan tener como consecuencia una sanción en términos de la LFCE. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la CFC sólo puede iniciar una investigación cuando tenga una causa objetiva para hacerlo.

“Al respecto, de la información contenida en las consideraciones expuestas en el punto de acuerdo, no se desprenden elementos suficientes que otorguen a esta autoridad una causa objetiva para el inicio de una investigación de oficio por posibles prácticas violatorias de la LFCE.

“Sin embargo, esta autoridad reitera su compromiso de vigilar y sancionar cualquier práctica que tenga por objeto dañar el proceso de competencia y libre concurrencia. De esta forma, se ofrece la total disposición de la CFC para recibir información adicional, que aporte elementos de información adicionales que permitan iniciar una investigación por parte de esta autoridad.”

Con relación al contenido del oficio en comento, vale la pena señalar que el suscrito lamenta no compartir las consideraciones expresadas por el Presidente del organismo regulador, toda vez que este funcionario carece de facultades para desechar una petición como la aprobada en su momento por la Cámara de Diputados.

Se afirma lo anterior, toda vez que por una parte, los artículos 30 de la ley de la materia y 28 del Reglamento de la Comisión Federal de Competencia invocados por el presidente de ese organismo no lo autorizan para actuar de la forma en que lo hizo, y por la otra, que el desechamiento de una petición de investigación es una atribución señalada a favor del Secretario Ejecutivo de ese organismo.

En efecto, en el artículo 32 de la ley señala que el Secretario Ejecutivo desechará las denuncias que sean notoriamente improcedentes, en tanto que el 19 del reglamento dispone que corresponde a dicho servidor público admitir y turnar a trámite los asuntos presentados o interpuestos ante la Comisión y desechar los notoriamente improcedentes sin necesidad de prevención en caso alguno.

En el caso que nos ocupa, nos encontramos frente a un desechamiento cuya resolución corresponde acordar al Secretario Ejecutivo, esto en virtud de que el Presidente de la Comisión, al responder el precitado punto de acuerdo, omite darle trámite e inmediatamente procede a iniciar la averiguación que le fue solicitada, situación que no vulnera los derechos de los legisladores que componen la actual legislatura de la Cámara de Diputados, sino los de la sociedad en su conjunto, al no investigarse ni mucho menos resolverse una cuestión que afecta la economía nacional, como lo es la posible existencia de prácticas monopólicas en el sector de la aviación civil.

No obsta para llegar a la anterior conclusión el hecho de que el artículo 28 fracción V de la Ley Federal de Competencia Económica establezca que el Presidente de la Comisión está facultado para representar legalmente a la Comisión, toda vez que ello la habilita para fungir como interlocutor ante la Cámara de Diputados y así responder el exhorto que le fue girado a la comisión; sin embargo, esto no le permite suplantar las facultades del Secretario Ejecutivo, que es quien realmente esta investido de atribuciones para desechar la petición en la forma en que se hizo.

Como consecuencia de lo anterior, el suscrito hace suyo el contenido de la proposición formulada el 4 de diciembre de 2012 el diputado Javier Filiberto Guevara González, por cuanto hace al exhorto dirigido a la Comisión Federal de Competencia, y solicita a esta Asamblea la aprobación de la presente proposición, a efecto de que se exhorte nuevamente al órgano regulador de referencia para que dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeros, que aplica el grupo Aeroméxico, SAB de CV en las rutas nacionales que actualmente está operando.

Por todo lo antes expuesto, solicito a esta Comisión Permanente se apruebe el presente

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Federal de Competencia, a efecto de que dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeros, que aplica el grupo Aeroméxico, SAB de CV, en las rutas nacionales que actualmente está operando.

Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a 3 de enero de 2013.— Diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución, en términos del 59 del nonagenario reglamento.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Sí, señor presidente. Se recibió del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia para que investigue sobre la posible existencia de prácticas monopólicas en el sector de la aviación civil de pasajeros aplicada por el Grupo Aeroméxico SAB de CV, en las rutas nacionales que actualmente opera.

En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, tiene el uso de la voz don Miguel Romo Medina, del PRI, para hablar en pro. Está Presidencia informa que está también doña Carla Alicia Padilla Ramos, don Ricardo Cantú Garza y don Ricardo Mejía Berdeja. En términos estrictos del 123 solo son dos, pero esta Presidencia les dará el uso de la voz a los cuatro.

El senador Miguel Romo Medina: Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, desde su promulgación la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido clara en su pretensión de prohibir los monopolios, los estancos y las exenciones, esto a fin de proteger la economía nacional y favorecer la rectoría del Estado dentro de un modelo de economía mixta.

Con las reformas publicadas en febrero de 1983, se incorporó al texto constitucional el concepto de práctica monopólica, sin quitarle fuerza a la prohibición anterior de los monopolios, para adecuar la regulación de la concentración y los nuevos fenómenos del oligopolio y para evaluar las consecuencias de la acción de las empresas en el bienestar de los ciudadanos y los consumidores.

En aquel momento se consideró que no se trataba de volver a un mundo de productores individuales aislados, sino de establecer las bases normativas para regular los efectos nocivos de la acción de las concentraciones económicas y propiciar su fragmentación en todos aquellos casos que resulten perjudiciales para la sociedad, fortaleciendo al mismo tiempo a las medianas y pequeñas empresas, que junto con los consumidores resultan perjudicados por las prácticas monopólicas.

A casi tres décadas de la incorporación de dicha enmienda a la Ley Fundamental, consideramos que esta sigue manteniendo su vigencia y por ello, es necesario que el Estado ejerza sus facultades previstas en las leyes aplicables.

La autoridad, de manera imparcial y con estricto apego a derecho, debe castigar toda contratación o acaparamiento, en una o pocas manos, de artículos y servicios que tengan por objeto el alza de los precios, así como todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva e indebida a favor de una o varias personas determinadas, con perjuicios del público en general o de alguna clase social.

Viene a referencia lo anterior, como consecuencia del punto de acuerdo que hoy presenta nuestro compañero, el diputado Manuel Añorve Baños, quien hace suya la proposición del 4 de diciembre del 2012, a través del cual el diputado Javier Filiberto Guevara González, sugiere que la Cámara de Diputados exhorte a la Comisión Federal de Competencia a que dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeros que aplica el Grupo Aeroméxico de las rutas nacionales que actualmente está operando.

Tal proposición, que fuera aprobada el 6 de diciembre de 2012, mereció todo el apoyo de nuestro grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, pues buscaba prevenir y sancionar los elevados costos en las tarifas y cargos extraordinarios que se han venido aplicando a los usuarios, en deterioro del servicio de la aviación civil.

Sin embargo, no compartimos la respuesta negativa por parte del presidente de la Comisión Federal de Competencia a dicho exhorto, puesto que no nos parece apegada al sentido de la ley de la materia y omite entrar al fondo de la cuestión planteada.

Es por ello que retomamos el sentido de la cuestión planteada originalmente y externamos nuestro voto favorable a la proposición que ahora presenta el diputado Manuel Añorve.

Es de decir y señalar que en esta sesión nos hemos también adherido a la iniciativa que ha presentado nuestra compañera, la diputada Lourdes Quiñones, donde justamente también busca el que se garantice el derecho de los usuarios transformando, modificando, reformando algunos artículos justamente de la Ley de Aviación Civil. Creo que estamos justamente en esa línea, es un hecho irrefutable, indiscutible.

Los legisladores y las legisladoras que estamos aquí trabajando, los que formamos parte del Congreso de la Unión también a veces dejamos de ser productivos y de cumplir con nuestra obligación, justamente por problemas que hoy estamos aquí discutiendo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor diputado orador. Doña Carla Alicia Padilla Ramos.

La diputada Carla Alicia Padilla Ramos: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, los artículos 17 y 49 de la Ley de Aviación Civil establecen dos de los principales derechos del usuario del transporte aéreo; el primero, se refiere a las medidas de seguridad que deben garantizar los prestadores del servicio, las cuales deben ser equitativas y no discriminatorias, en cuanto a calidad, oportunidad y precio.

El segundo precepto hace referencia al contrato celebrado entre el concesionario o permisionario y un pasajero, el cual se ve reflejado nada menos que en el boleto que se expide para poder viajar.

Así, al comprar un boleto de aviación se está contratando un servicio, lo que como cualquier otro contrato comercial trae consigo obligaciones y derechos para ambas partes.

Sin embargo, en últimas fechas se han detectado diferentes quejas por parte de los consumidores, siendo los principales motivos de malestar el cobro indebido, el retraso de los vuelos, la sobreventa de boletos, el incumplimiento en el servicio y la negativa de pago por pérdida de equipaje.

Cuando se dio a conocer el fraude cometido en contra de la compañía Mexicana de Aviación y la terrible crisis por la que atravesaba la administración federal de aviación, bajó la calificación de las aerolíneas mexicanas, de categoría uno a dos, en razón de que las autoridades de aviación civil de México venían realizando una deficiente supervisión de la seguridad operacional de las líneas de aviación civil y comercial.

Con la suspensión de operaciones de Mexicana de Aviación y su hundimiento, los abusos y malos tratos se volvieron práctica común por parte de la otra aerolínea de gran tamaño en nuestro país, nos referimos a Aerovías de México, SA de CV, mejor conocida como Aeroméxico.

Usuarios y agencias de viajes han documentado que en varias rutas que dejó de cubrir Mexicana y que ahora tiene en exclusiva Aeroméxico el incremento de tarifas ha sido de entre 40 y 60 por ciento. El problema es que, aun pagando precios de auténtico abuso, los clientes no obtienen un buen servicio.

La Procuraduría Federal del Consumidor ha reportado un incremento considerable en el número de quejas en contra de la citada línea aérea, incluso se instalaron módulos en 16 aeropuertos para atender las quejas por retrasos y cancelaciones de vuelos de Aeroméxico.

Es una realidad que esta aerolínea —amparándose en la falta de competencia real y estableciendo casi un monopolio— ha incrementado los costos de sus vuelos desmesuradamente y ha dejado de brindar un servicio de calidad a los usuarios, los cuales tienen que sufrir retrasos y cancelaciones de sus vuelos, sin que nada se pueda hacer.

Por otro lado, la misión de la Comisión Federal de Competencia es proteger el proceso de competencia y libre concurrencia mediante la prevención y eliminación de prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados para contribuir al bienestar de la sociedad; sin embargo, esta dependencia ha dejado en el desamparo a los usuarios de los servicios prestados por Aeroméxico.

Es por lo aquí expresado que nuestro grupo parlamentario, el Partido Verde Ecologista de México, desea apoyar de manera total el punto de acuerdo que ha hecho suyo nuestro compañero diputado Manuel Añorve Baños, para que sea así, este organismo federal en el ámbito de su competencia, el que determine en su caso si existen prácticas monopólicas o no por parte de Aeroméxico. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Ricardo Cantú Garza.

El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, es de reconocer que la necesidad de muchos usuarios de las aerolíneas en nuestro país llega a tal grado, que de no encontrar más alternativas se debe pagar por el servicio de las únicas empresas que cubren las rutas deseadas.

Caso particular es la línea de Aeroméxico, donde por ser la única que tiene la mayor cobertura de rutas en nuestro país se dan casos de abusos en sus tarifas, existe intransigencia, especulación e incluso maltrato a los usuarios.

Por ello es pertinente que este pleno de la Comisión Permanente promueva el combate a la posible existencia de prácticas monopólicas por parte de esta empresa.

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en su artículo 28, párrafo primero, que en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y la exención de impuestos, en los términos y condiciones que fijan las leyes.

Contamos también con una Ley Federal de Competencia Económica que pretende establecer el uso de sanas prácticas en el sistema económico del país, que evite la existencia de monopolios, que por regla general tienden a elevar artificialmente sus precios y tarifas, en prejuicio de los usuarios, con el claro fin de obtener enormes ganancias a un corto plazo.

Tenemos que destacar que al cierre de operaciones de Mexicana de Aviación, Aeroméxico cubrió las rutas en que volaba esta empresa y con ello se convirtió en concentrador de las operaciones aéreas en el país.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos hemos pronunciado de manera reiterada porque los precios que paga el consumidor sean precios justos y accesibles a las capacidades económicas.

Lejos de esto, nos encontramos con tarifas altas, impuntualidad y malos tratos a los usuarios. Se han encontrado situaciones en las que incluso los clientes han estallado en enojo y haciendo reclamos demandan la devolución íntegra del pago por algún viaje cancelado o a consecuencia de alguna anomalía previsible por la empresa.

Es de llamar la atención que con frecuencia suceden este tipo de situaciones, pues la empresa ha tomado ciertas actitudes a través de sus empleados, incluso de llegar a condicionar a los usuarios y decir: lo sentimos, su vuelo se encuentra sobrevendido, por favor espere el siguiente vuelo para abordar o bien reprogramarlo para otro día.

Lo anterior pasa sin que la empresa tenga una mínima responsabilidad ante sus usuarios, pues la agenda de trabajo de cada uno de ellos ha llegado a ser modificada, e incluso a perderse y con ello, la pérdida de negocios o la involuntaria falta de presencia en algún evento importante se encuentra de la mano por tales causas.

Ante ello, una vez más observamos conductas injustas que definitivamente nos dan pie a impulsar el que sea aprobado el presente proyecto.

Por estas consideraciones, nuestro grupo parlamentario apoya el presente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia para que realice una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeros que aplica la empresa en comento.

También estamos de acuerdo en que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que expida la normatividad referente a la protección de los derechos de los pasajeros de las líneas aéreas reguladas, concesionadas y a la Comisión de Transportes para que dictamine la minuta de reformas a la Ley de Aeropuertos, que quedó pendiente el 30 de abril de 2012, también materia del presente acuerdo. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Finalmente, don Ricardo Mejía Berdeja.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañero presidente. Éste, sin duda, es un tema que empata con el malestar, las preocupaciones de cientos de miles de mexicanos, podríamos hablar de millones, porque finalmente la aviación hace que la economía se mueva, porque hay la posibilidad de que se vaya uno a los lugares donde tiene que trabajar, donde tiene que hacer negocios, actividades turísticas, actividades recreativas, y sin la aviación no puede funcionar una economía.

Desafortunadamente, como aquí bien se ha expuesto por mis compañeros legisladores, efectivamente, Aeroméxico incurre en prácticas monopólicas y los monopolios sabemos que generan un daño terrible a la economía, porque pueden establecer precios excesivamente altos, con un mal servicio, sin que tengan ninguna consecuencia.

Sin embargo, el tema de la aviación y concretamente el tema de Aeroméxico, no es el único caso en nuestro país; tres bancos, por ejemplo, acaparan el 61.4 por ciento del mercado; las audiencias televisivas tienen una concentración del 68 por ciento; la telefonía fija del 81.4 por ciento; la telefonía móvil del 74 por ciento; la producción del cemento del 49 por ciento; la industria cervecera de 62 por ciento, y la de la harina de maíz industrializada del 93 por ciento.

Preguntaría si es ello libre comercio, si es ello libre mercado y dónde está la Cofeco, la Comisión Federal de Competencia, que se ha convertido en un elefante blanco que no permite que la economía fluya en términos de libre mercado y en términos de la Constitución y se ha venido generando esto, que un premio Nobel bautizó como una economía de compadres, donde todo es entre unos cuantos y no hay la posibilidad de que nuevos empresarios pequeños, medianos o en expansión puedan crecer, en detrimento de la economía nacional y en detrimento de los usuarios o de los consumidores.

Por esa razón, apoyamos esta propuesta, que nos parece adecuada y más en las fechas, cuando se ha recrudecido esta demanda.

Reivindico todo lo que aquí se ha dicho sobre venta de boletos, retrasos en los vuelos, cancelaciones, un trato indigno a los usuarios, que van como pedigüeños a preguntar a qué hora va su vuelo, si ya se demoró y a veces, no sé si hasta con sorna o cinismo, dicen: solo hay una media hora, 45 minutos de retraso, como si eso fuera una gracia.

Nos parece que sí es un tema digno de atenderse; nos parece que no puede haber regímenes especiales —como decía en mi intervención anterior— pero tampoco pueden seguirse dando estas prácticas monopólicas, que tanto daño le hacen a la economía del país.

Aeroméxico es, en los hechos, un monopolio. La salida del mercado de Mexicana de Aviación —por causas que serían motivo de otra intervención— ha convertido a este gigante en un elemento nocivo para la economía nacional.

Necesitamos que haya precios competitivos, que se abran nuevas rutas, que haya una supervisión también de la Procuraduría Federal del Consumidor para que efectivamente haya un trabajo ordenado y no se siga con estos monopolios.

Nos parece que linda en el cinismo la respuesta que se dio al exhorto inicial; con vericuetos burocráticos, el presidente de la comisión no quiso entrarle al tema. Sabemos que hay intereses muy fuertes atrás de este tema, pero no hay interés superior que el interés de la economía del país, y el Congreso de la Unión se tiene que hacer respetar.

Por eso apoyamos este punto de acuerdo y creemos que más iniciativas que beneficien a los usuarios y a los consumidores son de atenderse, porque le sirven al país. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho.

El senador Ángel Benjamín Robles Montoya (desde la curul): Señor presidente, si es tan gentil en concederme el uso de la tribuna.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Soy gentil y le obsequio la oportunidad.

El senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, diputado presidente. La verdad es que si algo lo caracteriza a usted es el conducir estas sesiones —lo he visto— con una democrática generosidad, que se le aprecia y se le reconoce.

Efectivamente, pedimos el uso de la palabra después de haber escuchado a nuestros compañeros representantes del Grupo Parlamentario del PRI, del Partido Verde, del Partido del Trabajo, y quienes representamos al Partido de la Revolución Democrática no queremos dejar de expresar nuestra opinión en torno a este tema, que por supuesto adelanto que habremos de votar a favor, porque creemos —como lo decía hace un rato Ricardo Mejía, del Movimiento Ciudadano— y que también habló —discúlpame, Ricardo— debe ser responsabilidad del Congreso de la Unión, de quienes formamos parte del Congreso, temas que resuelvan los problemas de la sociedad.

Algunos son prácticos como éstos, sabemos hasta dónde nos permite nuestro marco jurídico; otros son hasta producto del debate, en fin. Pero en este tema, todos los que estamos aquí creo que somos testigos fieles de lo que pasa en los aeropuertos nacionales, y precisamente hemos visto, quizás algunos hasta padecido, lo que sucede por estas prácticas monopólicas de Aeroméxico, que ciertamente a la desaparición, a la salida del mercado de Mexicana, cuando ésta dejó de operar, Aeroméxico —para empezar— incrementó sus precios entre un 40 y 60 por ciento. Eso la verdad no se puede permitir.

Por lo tanto, estamos hablando de abusos, que para eso hay las instancias en este país, para poder detenerlos.

Creemos y hago propias las palabras del diputado Añorve; tiene razón, no debe haber monopolios, en este país, en este tipo de empresas, y también hay que hacer respetar al Congreso de la Unión, y qué bueno que hoy se recoge en esta sesión este tema tan importante, que veo que hay puntos de acuerdo muy claros en este sentido.

Hay la misma idea de que hay que exigir para que la instancia correspondiente pueda —ahora sí— asumir su responsabilidad con esta exhortación, que debe ser enérgica, debe ser una exhortación firme, para que no vuelva a salirnos como en la ocasión pasada, que ya se comentó aquí, que simplemente se desechó.

El tema está claro. Hoy en día, según la Cámara Nacional de Autotransporte, el Grupo Aeroméxico posee la mayor parte del mercado nacional. Aquí ya se dijeron algunas de estas cifras, absorbe el 38.6 por ciento del mercado nacional, y si se trata de vuelos internacionales, apenas está debajo de United Airlines, que la lidera con el 18 por ciento, Aeroméxico tiene el 13.7 por ciento, que concentra de este mercado.

Por lo tanto, es muy fácil para ellos impulsar este tipo de prácticas, que van en contra de los usuarios y que creo que hoy aquí esta Comisión Permanente estará tomando un importante punto de acuerdo.

La Ley Federal de Competencia sí faculta, por supuesto, para que esta comisión inicie investigaciones de oficio o a petición de partes, o sea, no tiene salida, no debe excusarse una vez más, tiene que asumir lo que hoy se está externando aquí en esta Comisión Permanente plural, por parte de los aquí presentes.

No voy a repetir, sino suscribo lo que han dicho aquí mis compañeras y compañeros diputados y senadores, y el Grupo Parlamentario o los grupos parlamentarios del PRD, de la Cámara de Diputados, del Senado, nos sumamos, vamos a votar a favor y exigimos, desde esta más alta tribuna de la nación, que el responsable de esta comisión asuma el mandato de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputado orador. Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Sí, señor presidente. En votación económica se pregunta a la asamblea si aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado.Esta Presidencia, con la fuerza de la unanimidad y de los razonamientos aquí explicitados, lo comunicará con toda energía.

ESTADO DE QUINTANA ROO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, esta Presidencia tiene en su poder dictamen debidamente firmado por la Tercera Comisión, respecto al asunto de Dragon Mart. Esta Presidencia ofertó a la senadora presidenta que sometería a la consideración del pleno el cambio del orden del día; por lo que se pide a la Secretaría preguntar a la asamblea si nos permiten alterar el orden del día, de tal suerte de dar cuenta de inmediato con este dictamen.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se aprueba la modificación al orden del día ya planteado. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada. Los legisladores que están por la negativa. Mayoría por la afirmativa, ciudadano presidente.

«Dictamen de la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, con punto de acuerdo relativo a las autorizaciones del megaproyecto Dragon Mart en la ciudad de Cancún, Quintana Roo

Honorable Asamblea:

Con fecha 27 de diciembre de 2012 a la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, primer receso del primer año del ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo relacionado con las autorizaciones para la edificación del megaproyecto comercial y de vivienda de capital de origen chino denominado “Dragón Mart” en la Ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, en el Estado de Quintana Roo, así como del impacto social, económico y ambiental con la operación del mismo, presentado por el diputado Trinidad Secundino Morales Vega, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión.

En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales Consideraciones contenidas en la Proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la Comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 25 de diciembre de 2012, el diputado Trinidad Secundino Morales Vega, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo relacionado con las autorizaciones para la edificación del Megaproyecto Comercial y de Vivienda de capital de origen chino denominado “Dragón Mart” en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, en el Estado de Quintana Roo, así como del impacto social, económico y ambiental con la operación del mismo.

2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo, de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta Comisión recibió el oficio D.G.P.L. 62-II-4-252.

3.  miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta del resolutivo contenida en el punto de acuerdo que a la letra señala:

“Primero:La Comisión Permanente del Congreso de la Unión con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades exhorta respetuosamente al honorable ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo a no expedir el permiso de construcción del Proyecto “construcción y operación del centro comercial Dragón Mart Cancún y obras asociadas” hasta que el mismo cumpla fehacientemente con las disposiciones establecidas en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Benito Juárez.

Segundo: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades exhorta respetuosamente al gobierno del Estado de Quintana Roo, para considerar promover juicio de lesividad para revertir las irregularidades del resolutivo de autorización en materia de impacto ambiental, mediante oficio INIRAQROO/DG/ DIA/156/2012, del proyecto “construcción y operación del centro comercial Dragón Mart Cancún y obras asociadas”.

Tercero: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades exhorta respetuosamente al titular la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a no procesar solicitud alguna respecto al cambio de uso de suelo y evaluación de impacto ambiental relacionadas con el proyecto “construcción y operación del centro comercial Dragón Mart Cancún y obras asociadas”.

Cuarto: La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades exhorta respetuosamente al titular la Secretaría de Economía a emprender una investigación respecto al impacto económico en los factores de la producción así como las violaciones a la Ley de Comercio Exterior y Ley de Inversión Extranjera relacionados con el proyecto “construcción y operación del centro comercial Dragón Mart Cancún y obras asociadas”.

Quinto: El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión instruye a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente a formar una Subcomisión que emprenda una investigación respecto al impacto económico en los factores de la producción así como las violaciones a la Ley de Comercio Exterior y Ley de Inversión Extranjera relacionados con el proyecto “construcción y operación del centro comercial Dragón Mart Cancún y obras asociadas”.

Adicionalmente, la proposición con punto de acuerdo en cuestión señala en las “Consideraciones” que alrededor de la industria turística de Cancún se ha configurado toda una cadena productiva y comercial para proveer insumos y productos finales que demanda la actividad turística, misma que se constituye en la fuente de empleo de cientos de miles trabajadores mexicanos y el sustento de un vasto número de empresas grandes, medianas y pequeñas que compiten con lealtad de acuerdo a las condiciones del mercado y la competencia económica cumpliendo con las Leyes y Normas mexicanas.

Las “Consideraciones” de la Proposición también mencionan que esos cientos de miles de empleos así como la existencia de estas empresas estarían amenazados por la operación de un clústercomercial de capital 100% chino denominado “Dragón Mart Cancún”, el cual pretende establecerse en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en una superficie total de 561.37 hectáreas con el propósito de establecer naves para el almacenamiento de insumos y productos de manufactura de origen chino; instalaciones-industriales para el procesamiento final de productos; un mega centro comercial para la venta de los mismos así como la urbanización y edificación de por lo menos 722 viviendas que albergarían a un conjunto de 5 mil trabajadores de nacionalidad china que trabajarían en dichas instalaciones.

El punto de acuerdo continúa afirmando que bajo esta forma de funcionamiento, implicaría prácticas de dumping y comercio desleal operadas, sin el empleo de mano de obra mexicana, en franca violación a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Inversión Extranjera y la Ley de Comercio Exterior. Agrega que los inversionistas chinos presentaron parte del proyecto Dragón Mart Cancún como “Desarrollo Turístico” para además de obtener el equipamiento y desarrollo urbano a costa de la inversión de los gobiernos federal, estatal y municipal y que aun de esta forma implica severas violaciones la normatividad local y federal en materia ambiental y de desarrollo urbano en por lo menos los siguientes aspectos: el área máxima de desmonte permitida por el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (vigente desde el año de 2005) del municipio de Benito Juárez; el proyecto “Dragón Mart” tampoco guarda congruencia con los criterios del mismo Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Benito Juárez, pues la vivienda que pretende desarrollarse no es viable en la Unidad de Gestión Ambiental número 26 ya que en ella únicamente se permite la edificación de vivienda asociada a actividades agropecuarias. A pesar de estas consideraciones, en fecha 6 de septiembre de 2012, el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental de Quintana Roo emitió el oficio número INIRAQROO/DG/DIA/156/2012, por el que resuelve autorizar de manera condicionada la manifestación de impacto ambiental del proyecto denominado “construcción y operación del centro comercial Dragón Mart Cancún y obras asociadas”.

Asimismo, se afirma que Dragón Mart no cuenta con el cambio de uso de suelo forestal en la totalidad del predio donde se desarrollará el proyecto previstas en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en sus Artículos 12 y Artículo 16 que considera que son atribuciones de la de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Materia Forestal: “expedir, las autorizaciones de cambio de uso del suelo de los terrenos forestales, así como controlar y vigilar el uso del suelo forestal”. Tampoco cuenta con los permisos de construcción lo que implicaría la realización de actividades de chapeo y desmonte mismas que ya se han llevado a cabo. Cabe recordar que el predio se encuentra ubicado en un área de protección de especies endémicas y nativas de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010; Asimismo, la manifestación de impacto ambiental y su autorización condicionada omitió evaluar los impactos por el manejo de lodos y descargas de plantas de tratamiento de aguas, por el vertido de sodio de la planta desaladora a cuerpos de agua y la construcción de vialidades.

Finalmente, las consideraciones del punto de acuerdo agregan que la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Quintana Roo, en sus artículos 21, 22 y 23, considera la figura de juicio de lesividad, como el mecanismo para revertir resoluciones que hubieran sido emitidas sin apego al cumplimiento de la normatividad.

III. Consideraciones

1. Ante los argumentos que expone la proposición, esta comisión dictaminadora se abocó al estudio de los mismos y de los resolutivos que le dan pie, procediendo a revisar información relacionada. En consecuencia, los miembros de esta Comisión se manifiestan de acuerdo con los resolutivos señalados en el apartado IV y que se plantean con base en las siguientes consideraciones y propuestas de modificación.

2. Resulta imperante que antes de que se realice cualquier exhorto respecto a alguna situación específica en el caso del proyecto denominado centro comercial “Dragón Mart” Cancún y obras asociadas, se pueda obtener toda la información necesaria para el análisis de la situación descrita en los considerandos de la proposición con punto de acuerdo en cuestión pues debido a su impacto este megaproyecto tendrá importantes implicaciones económicas, sociales y ambientales.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

IV. Punto de acuerdo

Primero: La Comisión Permanente del Congreso en pleno respeto al ámbito de sus facultades solicita al honorable ayuntamiento de Benito Juárez, Quinta Roo, al gobierno del estado de Quintana Roo, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Gobernación del gobierno federal a que brinden toda la información económica, ambiental, de migración y social relacionada con la construcción y operación del proyecto “centro comercial Dragón MartCancún y obras asociadas”.

Segundo: Esta Tercera Comisión recibirá la información y revisará el estado que guarda el cumplimiento de las normas que rigen el proyecto señalado en el resolutivo anterior con la finalidad de analizar su impacto económico, ambiental, de migración y social.

Congreso de la Unión, a 2 de enero de 2013.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas: senadora Dolores Padierna Luna (rúbrica), senador Manuel Cavazos Lerma (rúbrica), diputado Uriel Flores Aguayo (rúbrica), senador Francisco Domínguez Servién, senadora Graciela Ortiz González, diputado Abraham Montes Alvarado (rúbrica), diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica), Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, diputado Jorge Herrera Delgado (rúbrica), diputado Carlos Alberto García González (rúbrica), diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), diputada Marina Dunyaska García Rojas, senador Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), senador Luis Armando Melgar Bravo, senadora Martha Palafox. Gutiérrez (rúbrica), diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz doña Dolores Padierna, para explicarnos el contenido del acuerdo.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Muchas gracias, presidente; compañeras y compañeros de la Permanente, las y los integrantes de la Tercera Comisión coincidimos en que el proyecto denominado Dragon Mart-Cancún debe revisarse, debe analizarse cuidadosa y profundamente.

La solicitud original que envió este pleno a la Tercera Comisión era la de frenar este desarrollo con consideraciones sumamente importantes. Las y los legisladores consideramos que no está en nuestras facultades suspender la obra, pero sí estamos facultados para solicitar toda la información necesaria, de carácter social, ambiental, económico, de migración, para a partir de ella normarnos un criterio y actuar; conocer primero qué se pretende hacer, qué impactos tiene, si cubre los requisitos de la ley, etcétera.

Estuvo en el ánimo de todas, de todos, el interés de atender el tema y se propone, se pone a consideración de ustedes el siguiente punto de acuerdo, que es en dos párrafos.

Primero. La Comisión Permanente del Congreso, en pleno respeto al ámbito de sus facultades, solicita al honorable ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, al gobierno del estado de Quintana Roo, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, a que brinden toda la información económica, ambiental, de migración y social, relacionada con la construcción y operación del proyecto Centro Comercial Dragon Mart-Cancún y Obras Asociadas.

Segundo. Esta Tercera Comisión recibirá la información y revisará el estado que guarda el cumplimiento de las normas que rigen el proyecto señalado con el resolutivo anterior, con la finalidad de analizar su impacto económico, ambiental, de migración y social. Es cuanto, compañeras, compañeros.

Presidencia del senador José María Martínez Martínez

El Presidente senador José María Martínez Martínez: Muchas gracias, senadora Padierna. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Rodrigo González.

El diputado Rodrigo González Barrios: Con su permiso, senador presidente. En septiembre de 2011 —por esas fechas— el Ejecutivo federal envió una carta al gobierno chino solicitándole terminar con las prácticas desleales de comercio.

A fines de este año —que acaba de pasar— a través del secretario de Economía, el Ejecutivo federal decidió posponer un año más para que se sigan cobrando aranceles a cerca de 95 productos, entre ellos lo que tiene que ver con el calzado y lo que tiene que ver también con la industria textil.

¿Tiene fondo? Sí, sí tiene fondo evidentemente. Hay una preocupación de sectores de cadenas productivas del país, de empresarios mexicanos, precisamente por la circunstancia de comercio desleal.

Lo que se ha aprobado ya por una instancia local —aquí hay un documento del gobierno del estado para dar la autorización del impacto ambiental— nos señala que se va a abrir un hoyo para excavar y sacar material pétreo en 58 hectáreas, más o menos sobre 4.5 metros de profundidad en 58 hectáreas, para extraer 2.6 millones de metros cúbicos de material pétreo que va a requerir esta empresa.

Para tener una idea de esto, solo les digo que la Alameda Central tiene 13 hectáreas —cuatro veces más la Alameda Central— se va a abrir un hoyo de este tamaño para los trabajos que se tienen que realizar allí.

Es un centro comercial, por cierto, donde se van a construir más de 700 habitaciones, cerca de 660 habitaciones —según dicen los propios apoderados legales— más de 660 habitaciones van a tener una construcción de dos niveles de 100 metros cuadrados y otras para llegar a poco más de 700 van a tener una construcción de 150 metros cuadrados en dos niveles.

El valor más o menos entre excavar el material pétreo y el valor de estas habitaciones va a sobrepasar los 100 millones de dólares. Hicimos ya un cálculo. Ése es el tamaño solo de eso. Solamente los almacenes, que son más de —se comenta aquí— 40 o 60 hectáreas, es más del doble que Dragon Mat que está en Dubai, solamente los almacenes.

Entonces, lo que dicen estos aparatitos, que por cierto —les comento— lo comenté hace rato en la conferencia de prensa, que valen más de 600 dólares, bueno, ensamblarlos allá en China cuesta solamente alrededor de 7 dólares, como el 1 por ciento del valor. Estos aparatitos, que son del 2010, vienen además con el agregado, como los Diamantes de Sangre, de que hubo 18 suicidios de trabajadoras y trabajadores, fundamentalmente jóvenes, porque la empresa Foxconn, que es la que se encarga de ensamblar esto y que tiene cerca de 1.2 millones de trabajadores en China, esta empresa prácticamente en lugar de que después de esos suicidios —que generó una opinión internacional en contra— en lugar de revalorar el trabajo de los chinos, dejó las zonas urbanas y ahorita están en las zonas rurales para seguir haciendo lo mismo; 10 horas de trabajos, parados los trabajadores y las trabajadoras chinas, sin poderse comunicar de un lado a otro y este es el resultado.

Evidentemente, sí me parece prudente entonces que la Tercera Comisión de esta Comisión Permanente pudiera platicar, comentar esta circunstancia con quienes ya tienen preocupación, que son los empresarios del calzado y que son también empresarios textileros y de otras industrias.

En Dubai se venden, que es un centro comercial, prácticamente el más importante después de China, donde se venden artículos chinos, se vende hasta maquinaria pesada. Eso pudiera suceder también aquí en el país.

No queremos prejuzgar nada, pero al menos ya hay documentos oficiales que dan autorizaciones y como el trabajo se va a comenzar —según este mismo documento señala— a partir del mes de febrero; entonces, sí es importante que esta Tercera Comisión, que esta Comisión Permanente pueda hacer una evaluación.

Reconozco a las diputadas y a los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias y a las senadoras y a los senadores de las diferentes fracciones parlamentarias, que se haya votado por unanimidad este punto de acuerdo, para que se haga un estudio; que esta Comisión pueda tener información suficiente y tener una valoración muy puntual de esta circunstancia. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente senador José María Martínez Martínez: Gracias, diputado. Damos nuestro voto a favor, obviamente. Muchas gracias. Toca ahora el turno del uso de la voz al diputado Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Sin duda este es un tema en el que queremos reconocer la diligencia de la Tercera Comisión, en particular de su presidenta, la senadora Padierna; sin embargo, no obstante que estamos a favor de este planteamiento, nos hubiera gustado que el punto de acuerdo viniera en el sentido original.

Nos parece que no contraviene en modo alguno la soberanía o la autonomía municipal ni es una falta de respeto a una entidad federativa el que haya un exhorto sobre un tema que se ha manejado con una gran opacidad.

El día de ayer y ante la inminencia de que este tema se tratara en esta Comisión Permanente, hablamos con el alcalde de Cancún, del municipio de Benito Juárez, Julián Ricalde, y nos comentaba —y nos permitió hacerlo público en esta tribuna— que el ayuntamiento de Benito Juárez no ha tenido un proyecto acabado de esta situación de Dragon Mart; que no se le ha expuesto, que simplemente hubo un bosquejo arquitectónico que un empresario le presentó, o que se dijo empresario de Monterrey, pero hay una gran opacidad sobre el particular.

A nosotros nos parece que aquí no solamente hay irregularidades de carácter inmobiliario, o presumibles irregularidades de carácter inmobiliario, sino también un precedente, que vendría a señalar que puede haber regímenes legales especiales para gente de otros países, porque lo que se está planteando es no solamente un complejo comercial, sino prácticamente una ciudad, con sus propios mecanismos, sus propias leyes laborales, donde vendrían connacionales de China. Esto nos parece que no se puede permitir, si están las cosas como la información ha trascendido.

Por eso creemos que está bien que haya una solicitud de información, pero veríamos que siendo pertinente este punto de acuerdo no hay un plazo perentorio; es decir, ¿en cuánto tiempo tiene que haber esta respuesta?

Nos parece que sería pertinente, creemos que con los datos que hay en una semana, 10 días es un plazo suficiente para que se pueda informar sobre los aspectos ecológicos, los aspectos inmobiliarios, los aspectos comerciales, los aspectos laborales.

No es un tema de inversión extranjera simple y sencillamente, porque luego aquí parece que estamos espantando las inversiones extranjeras. Se trata de la calidad de las inversiones extranjeras. Porque no puede venir a depredar la economía, las leyes laborales, los usos de suelo, situaciones a las que cualquier empresario en una nación está sujeto y que parece que aquí se quieren obviar.

Hay un tufo de negocio entre personeros del poder. No queremos ir más allá, pero vayamos con transparencia a este tema. Nos parece que este tema no se va a agotar.

En esta solicitud de información haría un llamado a la Tercera Comisión, a esta Comisión Permanente, para que estemos muy puntuales en el seguimiento a este negocio que se pretende establecer de Dragon Mart, a todo este complejo que se pretende instalar en Benito Juárez, Quintana Roo, donde por cierto hay todavía problemas muy graves inmobiliarios de asentamientos territoriales. Nos parece que esto, lejos de venir a resolver la problemática, la vendría a acentuar.

Por esa razón, estamos a favor de la propuesta de la Comisión, pero no sin dejar de señalar que debe insistirse en el tema, que se debe dar seguimiento puntual y también que se debe informar si hubo o no respuesta a estas solicitudes que se están elevando a estos organismos. Es cuanto. Muchas gracias.

El Presidente senador José María Martínez Martínez: Finalmente, para la discusión de este tema, tiene el uso de la voz el diputado Francisco Arroyo, hasta por cinco minutos.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Estamos ante resolutivos de la Tercera Comisión muy cuidados; se está pidiendo información con un absoluto respeto a las jerarquías competenciales, tanto del ayuntamiento como del gobierno del estado.

No podríamos estar en contra de la inversión ni podríamos evitar que, cumpliendo todos los parámetros de la ley, un gobierno extranjero o una empresa venga a invertir. Sin embargo, tengo la obligación moral, la obligación legal, la obligación política y la obligación democrática de darles voz a mis paisanos zapateros, a mis paisanos textileros, que desde hace muchísimos años están verdaderamente preocupados por el ingreso de mercancías de oriente que tienen muy bajo precio.

Calculamos que el pantalón de mezclilla entra a México prácticamente a precios de subproducto; un pantalón de mezclilla totalmente terminado entra a México a un precio menor al que en este país pudiese valer la pura mezclilla, ¿qué pasa? Hay sobreetiquetación, hay subvaluación.

Hemos presentado en Cámara de Diputados, y seguramente en unos días más le daremos al Servicio de Administración Tributaria y a la Administración General de Aduanas la posibilidad de verificar y de castigar las mercancías que entren al país con precios de subvaluación.

Vamos a volver a la política de precios estimados y quiero agradecerle públicamente al señor secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que en un lapso de tiempo muy corto haya firmado el acuerdo para mantener los aranceles a productos del Lejano Oriente durante cuatro años.

Es una vieja petición de los productores mexicanos que quieren subsistir y que no pueden competir con una economía que no tiene impuestos ambientales, o que no tiene cargas sobre seguridad social y que tiene salarios, a veces, equiparables al de un tazón de arroz.

Nosotros tenemos que aprender a convivir con la economía china. Va a ser imposible en el mundo que algún país no aprenda a convivir con ellos. No digo a competir, porque no vamos a poder competir nunca por las condiciones dispares de los mercados y de los precios de producción, para eso están las barreras arancelarias y las barreras no arancelarias. Como cuando tenemos zapatos para niño con esmaltes con alto contenido de cobre, altamente dañinos para la salud de nuestros infantes.

Es por ello que sin estridencias, es por ello que con un absoluto respeto y cariño, ¿por qué no?, al país asiático, al que en alguna ocasión el gobierno mexicano auxilió en el reconocimiento para que entrara de miembro pleno a la Organización de las Naciones Unidas, sí, tendremos que replantear una política arancelaria y una política comercial que dé —como decía Domicio Ulpiano— a cada quien lo suyo. Enhorabuena.

El Presidente senador José María Martínez Martínez: Agradecemos al diputado Arroyo. Siendo ya suficientemente discutido este dictamen, le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo ya planteado. Los legisladores y legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Ciudadano presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente senador José María Martínez Martínez: Se considera el dictamen aprobado.

CERTIFICACION DE CUERPOS POLICIACOS

El Presidente senador José María Martínez Martínez: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Fernando Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Gobernación, garanticen la continuidad de la certificación de los integrantes de los cuerpos policiacos del país.

El diputado Fernando Rodríguez Doval: Con su venia, diputado presidente; queridos compañeros legisladores, sabemos que una de las tristes realidades de nuestro país en los últimos años ha sido la infiltración del crimen organizado en las principales instituciones del Estado mexicano y sobre todo, en aquellas instituciones encargadas de velar por la seguridad de todos los ciudadanos.

Precisamente a partir de esta realidad que existía desde hace bastantes años atrás, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa emprendió la tarea de aplicar exámenes de control de confianza, tanto a la Policía Federal como a la Policía Ministerial y de esta manera, gracias a sus esfuerzos se logró depurar en gran medida a los cuerpos policiacos de aquellos elementos que servían a otros intereses, ajenos a los del bien común de la nación, y fue posible de esta forma también, que se evaluará a la totalidad de los elementos de la entonces Secretaría de Seguridad Pública y también de la Procuraduría General de la República.

La reestructura del gobierno federal implica la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, justamente a partir del día de hoy, jueves 3 de enero, y muchas de sus funciones serán absorbidas por la Secretaría de Gobernación.

En su momento el Partido Acción Nacional aprobó y respaldó los cambios propuestos por el presidente de la República, precisamente porque entendíamos —y así lo manifestamos en esta Cámara de Diputados— que era una prerrogativa del presidente de la República conformar la administración pública de la manera como considerara más conveniente.

Pero esto no quiere decir que no estemos al pendiente y que no velemos, precisamente, para que los avances logrados en las administraciones pasadas se mantengan y se refuercen, en particular nos referimos, justamente, a los controles de confianza que han permitido elevar la calidad de los cuerpos policiacos y poco a poco hacer posible erradicar al crimen organizado de una de las instituciones públicas más elementales, que es, sin duda, la Policía Federal.

En ese sentido, el Partido Acción Nacional considera que sería muy importante que se dé a conocer el programa por el que se reestructurarán las áreas operativas y de inteligencia que estaban adscritas a la ya ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública, entre ellas el Consejo de Menores, el Servicio de Protección Federal, las áreas tecnológicas y el órgano de Prevención y Readaptación Social, esto con la finalidad de conocer el modo en que la Secretaría de Gobernación desempeñará sus funciones en materia de seguridad.

Por tanto, someto a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, que constaría de dos resolutivos:

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Gobernación a garantizar que se continúe con la certificación de los integrantes de los cuerpos policiacos del país por la vía de los controles de confianza.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Gobernación a dar a conocer el programa de reestructura de las áreas operativas y de inteligencia que se encontraban adscritas a la extinta Secretaría de Seguridad Pública. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Segob a garantizar la continuidad de la certificación de los integrantes de los cuerpos policiacos del país, mediante controles de confianza; y a dar a conocer el programa de reestructuración de las áreas operativas y de inteligencia que estaban adscritas a la SSP, suscrito por el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado Fernando Rodríguez Doval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, presenta al pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con puntos de acuerdo de carácter de urgente y obvia resolución.

Consideraciones

La policía es una de las instituciones más fundamentales de cualquier Estado, entendiendo que ésta es responsable de garantizar la seguridad e integridad de la población a la que sirve. No obstante, el crimen organizado ha logrado infiltrarse dentro de las instituciones públicas del país, desviándolas de uno de los objetivos principales que justifica su existencia: proteger a las familias mexicanas. Así, los criminales han hecho uso, en muchas ocasiones, del aparato estatal para concretar actividades que van en perjuicio de la población.

Dado el evidente debilitamiento que experimentó la Policía Federal, y como respuesta a las recurrentes demandas de la ciudadanía por cuerpos policíacos capacitados y libres de corrupción, el entonces presidente Felipe Calderón emprendió la tarea de aplicar exámenes de control de confianza a la Policía Federal y a  la Policía Ministerial. De este modo, en el marco de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se instruyó la creación de este Centro Nacional, como instancia normativa, reguladora y responsable de la certificación y acreditación de los Centros de Evaluación y Control de Confianza.

Gracias a los esfuerzos descritos, el Ejecutivo federal logró depurar los cuerpos policiacos de elementos que servían a otros intereses ajenos a los de la nación, evaluando a la totalidad de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República.

No obstante, las recientes modificaciones planteadas por el Ejecutivo federal y aprobadas por el Congreso de la Unión, no deben de poner en riesgo los avances en materia de certificación policial, que requieren de acciones periódicas y sistemáticas en el mismo sentido.

La reestructura del gobierno federal implica la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública a partir de hoy jueves 3 de enero, para que muchas de sus funciones sean absorbidas por la Secretaría de Gobernación.

El Partido Acción Nacional aprobó y respaldó los cambios propuestos por el presidente de la República para que la nueva administración se desempeñe de la mejor manera posible. Sin embargo, los legisladores del PAN velaremos por que aquellos avances logrados en administraciones pasadas se mantengan y se refuercen. En este caso, nos referimos particularmente a los controles de confianza, que han permitido elevar la calidad de los cuerpos policiacos y erradicar al crimen organizado de una de las instituciones públicas más elementales del país: la Policía Federal.

En este sentido, el Partido Acción Nacional considera de suma importancia que al mismo tiempo que se dé continuidad a políticas públicas exitosas, se dé a conocer el programa por el que se reestructurarán las áreas operativas y de inteligencia que estaban adscritas a la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública; entre ellas, el Consejo de Menores, el Servicio de Protección Federal, las áreas tecnológicas y el Órgano de Prevención y Readaptación Social. Esto, con la finalidad de conocer el modo en el que la Segob desempeñará sus nuevas funciones en materia de seguridad.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Gobernación a garantizar que se continúe con la certificación de los integrantes de los cuerpos policiacos del país por la vía de los controles de confianza.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Gobernación a dar a conocer el programa de reestructura de las áreas operativas y de inteligencia que se encontraban adscritas a la extinta Secretaría de Seguridad Pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de enero de 2013.— Diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica).»

El Presidente senador José María Martínez Martínez: Muchas gracias señor diputado Rodríguez. De conformidad con el artículo 59 de nuestro Reglamento, le pido a la Secretaría consulte a esta asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente senador José María Martínez Martínez: Procedemos entonces a su discusión. Para tal efecto tenemos cuatro oradores registrados; en primer turno, se le concede el uso de la voz al senador Arturo Zamora Jiménez.

El senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, presidente. Senadoras y senadores, es evidente que el tema que se ha abordado por quien me precedió en el uso de la palabra, el que tiene que ver con la certificación a los cuerpos de seguridad pública en todo el país, es un tema tan importante, que el presidente Calderón en su momento hizo esfuerzos que nosotros por supuesto no demeritamos, pero que también es un tema en donde el presidente de la República Enrique Peña Nieto, abordó prácticamente desde el primer minuto en que tomó posesión como mandatario del país.

Es importante destacar que el proceso de certificación que se llevó a cabo durante los últimos años no es el producto de la genialidad de una persona, es el producto del trabajo del Congreso de la Unión, en donde ambas Cámaras trabajaron desde el 2008 un proyecto muy importante y a largo plazo; se trata de un proyecto en el cual se estableció un plazo de ocho años para llevar a cabo una profunda reforma al sistema de naturaleza penal en México, que tocaba por supuesto los ámbitos de prevención, de procuración, de administración de justicia y también de ejecución de sanciones.

Habida cuenta de esas reformas que se llevaron a cabo en su momento, también se modificó la propia Constitución y se estableció, a nivel constitucional, una obligación para todas las corporaciones policiacas, en las tres esferas de gobierno, a fin de que se llevara a cabo un proceso de certificación.

En el Congreso de la Unión, esta Legislatura incluso, acabamos de aprobar en días recientes que se continúe con ese proceso de certificación, porque entendemos los alcances y la importancia de que tengamos policías eficientes, que tengamos policías eficaces, que tengamos policías honrados, que haya policías que no estén infiltradas ni por la delincuencia organizada ni por los delincuentes del orden común.

Es importante decir esto, porque no se trata de ninguna manera —en un ámbito tan importante y esencialmente sensible para la población mexicana— de buscar culpables; creo que todos nosotros coincidimos en encontrar soluciones y una de las soluciones que seguramente estaremos dando durante este trabajo de esta Legislatura es cumplir con la parte que nos hace falta en la reforma penal para incorporar los juicios orales, con lo correspondiente a la reforma penal, que tiene que ver con un contenido de la normatividad en el ámbito del derecho de amparo y al sistema penitenciario.

Este tema por supuesto que no es ajeno. El presidente de la República, Peña Nieto, a través del secretario de Gobernación, incluso anunció recientemente a las entidades federativas a urgirles sobre los procesos de certificación policial.

Es importantísimo —decimos nosotros— que esto obedece a una respuesta del trabajo legislativo. Los tres poderes de la Unión, los tres poderes estamos involucrados en un asunto de la mayor importancia.

El Estado mexicano tiene como obligación fundamental brindar a la población seguridad, tranquilidad y el marco que permita a los mexicanos gozar o disfrutar de todos sus derechos y libertades.

En este orden de cosas, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional tenemos un compromiso con la recuperación de la paz y la tranquilidad de los mexicanos, y por esa razón nos ceñimos a las iniciativas que se han presentado como puntos de acuerdo, con la finalidad de que se pueda continuar con el proceso de certificación de todas las policías del ámbito federal, de las entidades federativas y también del ámbito municipal.

Estamos de acuerdo con este proceso de certificación, estamos en una era de transparencia —así lo ha anunciado el presidente Peña Nieto— de rendición de cuentas, por tal razón, también coincidimos en que se informe, en su momento, sobre la reorganización, que finalmente el mismo día de ayer la propia Secretaría de Gobernación lo anunció, a través del secretario de Gobernación, Osorio Chong, en el sentido de que se estará dando cuenta y publicidad cabal, en su momento, al proceso de cómo queda precisamente la reingeniería que sufrirá una dependencia muy importante, que se extingue por disposición de ley, pero que crea otros instrumentos y herramientas, que seguramente esperamos todos los mexicanos que sean eficaces para recuperar esa paz y esa libertad que anhelamos. Es cuanto.

El Presidente senador José María Martínez Martínez: Gracias, senador Zamora. Toca el turno del uso de la voz al diputado Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañero presidente. Nos parece que el tema de la seguridad pública en el país sigue siendo un tema de la mayor atención.

Hoy, precisamente, se registraron tres puntos de acuerdo; uno, del diputado Fernando Rodríguez Doval, que se ha dado cuenta; otro, de la senadora Gabriela Cuevas, y el suscrito también presentó un punto sobre el mismo tema. Nos-otros hemos planteado que se turne a comisiones y ya trataremos otro tema en su momento.

Nos parece que el tema de la certificación es un tema medular; nos parece que el plazo que se dio de 10 meses tiene que estarse siguiendo a detalle, porque es muy poco tiempo para que se puedan certificar todos los organismos policiales del país, que se pasen los exámenes de confianza. Pero nos parece también, que no solo se trata de quién pasa o no pasa el examen, sino qué se va a hacer con todos los elementos que causen baja, porque si no, vamos a estar engrosando las filas de la delincuencia, si no hay un seguimiento adecuado de todo este ejercito de ex miembros de las corporaciones que pasan al desempleo. Entonces, me parece que tiene que haber una posición integral al respecto.

Por otra, y me parece más importante todavía, el segundo punto de acuerdo, el segundo planteamiento, por virtud del cual se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Gobernación, a dar a conocer el programa de Reestructura de las Áreas Operativas y de Inteligencia.

El día de ayer aparece ya en el Diario Oficial de la Federación los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Ya hay una súper Secretaría de Gobernación; nosotros en particular no estuvimos de acuerdo en que se concentraran las áreas de seguridad pública en las áreas políticas, pero bueno, eso ya es otra historia, vamos a ver qué resultados hay. Nos preocupa el país; nos preocupan las cifras que dan cuenta algunos medios nacionales que han estado muy al pendiente del tema de la inseguridad, y hablan que no solamente no bajó con el nuevo gobierno en un mes las cifras de homicidios vinculados al crimen organizado, sino que hubo un crecimiento en el mes de diciembre; nos preocupa que hay un disparo de la violencia...

El Presidente senador José María Martínez Martínez: Permítame, señor diputado. Sí, senador Cavazos.

El senador Manuel Cavazos Lerma (desde la curul): Quería hacerle una pregunta.

El Presidente senador José María Martínez Martínez: ¿Acepta, diputado, una pregunta del senador Cavazos?

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: No se permite según el Reglamento, pero con todo gusto.

El Presidente senador José María Martínez Martínez: Por favor, senador, tiene el uso de la voz.

El senador Manuel Cavazos Lerma (desde la curul): ¿Estas cifras tienen ajuste estacional? ¿Han tomado en cuenta que diciembre es un mes especial? ¿Qué esta temporada es especial y por tanto, año con año, de manera sistemática se presentan estos repuntes? Porque ver las cifras nada más así, no es la mejor forma de enjuiciar.

El Presidente senador José María Martínez Martínez: Prosiga, señor diputado Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Contesto a la pregunta primero. Podrá ser una atenuante, pero nos parece que el hecho objetivo, real, concreto, es que hubo más muertes entre noviembre y diciembre. Se podrá argumentar que las fiestas decembrinas o las posadas, pero en realidad eso sería inesencial. El tema es que crecieron las cifras.

No es para vanagloriarse, al contrario, es para externar la preocupación sobre el tema. El diario Milenio, que ha llevado un seguimiento puntual, repunta que en noviembre hubieron 949 muertes y en diciembre 982; el diario Reforma habla de 755, que es un número menor.

El tema de temas, hoy en México, sigue siendo el tema de la inseguridad pública, ése es el punto. Por eso, nosotros apoyamos lo que plantea el diputado Fernando Rodríguez Doval, pero nos parece también que tiene que haber, de parte del titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, una explicación detallada de cómo se va a atender el tema, no generalidades, como fue la propuesta que se hizo en la segunda reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que entendemos que en el contexto de un evento de esa naturaleza son las grandes líneas, pero nos parece que sí tiene que haber, a esta soberanía, en comisiones o en esta propia Comisión Permanente, si hubiera la posibilidad legal de hacerlo, que se explicara, por ejemplo, qué va a pasar con el proyecto de la Gendarmería Nacional, donde hay un proyecto presupuestal de mil 500 millones de pesos.

Es decir, aquí la preocupación es que se revise a fondo el tema de la inseguridad, que no hay motivos de alegría en este cambio y que todos tenemos que poner atención sobre el particular. Son cifras reales, son cifras dolorosas, son cifras que se pueden cotejar.

Pero además la otra cuestión, no hay una cifra oficial; el propio gobierno de Calderón —hay que decirlo— paró el recuento de cifras oficiales, por la gran polémica que suscitaban estas cifras. Se trató ya de no dar cifras oficiales, pues quienes están dando las cifras son los medios de comunicación.

Aquí sería oportuno que el secretariado técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública y las áreas respectivas, informen con transparencia a la población, no para alarmar, pero sí también para ver cuál es la dimensión del problema y cómo se debe atender.

Por esa razón, nosotros propondríamos que se esté dando seguimiento puntual a lo que va a hacer la Secretaría de Gobernación ya con las áreas de seguridad pública.

El presupuesto se incrementó exponencialmente en la Secretaría de Gobernación, entendemos que en más de 62 mil millones de pesos; es un presupuesto importantísimo, y por esa razón nosotros apoyamos lo que se plantea, que se diga específicamente qué se va a hacer con todas y cada una de las áreas; y que no se oculten cifras, que se digan datos y que todos nos aboquemos a resolver este grave problema. Es cuanto.

El Presidente senador José María Martínez Martínez: Muchas gracias, señor diputado. Toca ahora en el turno del uso de la voz al diputado Ricardo Cantú.

El diputado Ricardo Cantú Garza: Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el tema de seguridad pública es una de las principales demandas de los mexicanos, está al mismo nivel de importancia que la obtención de un empleo.

En los años recientes, para ser exactos los últimos seis, el país se vio envuelto en un espiral de violencia sin precedente en la historia moderna de nuestra patria. La administración federal, que concluyó funciones el pasado 30 de noviembre, llevó a cabo una estrategia de combate frontal a la delincuencia organizada, con el objetivo de brindar seguridad a los mexicanos, sin que los resultados puedan ser calificados de positivos.

Dentro de la estrategia señalada se implementaron una serie de medidas para fortalecer los cuerpos de policía, principalmente en lo que sufriere a la Policía Federal. De esta manera, se modificaron diversas leyes federales y en el marco de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se establecieron una serie de evaluaciones, conocidas como controles de confianza.

La realidad es que el proceso de certificación de los cuerpos de policías aún no está consolidado, seguimos conociendo casos donde integrantes de las corporaciones de seguridad pública siguen siendo corrompidos por el crimen organizado.

Lo anterior cobra mayor relevancia con los cambios que propuso el gobierno de Peña Nieto, al desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y sus funciones ser absorbidas por la Secretaría de Gobernación.

La preocupación que se señala en este punto de acuerdo es muy pertinente, tenemos que tener la certeza de que el proceso de certificación de los cuerpos policiacos en el entorno de seguir combatiendo al crimen, pero minimizando los daños colaterales —coincidimos con los argumentos expresados por el proponente— es oportuno que el titular de la Secretaría de Gobernación pueda rendir un informe a esta Comisión Permanente sobre las medidas que llevará a cabo para continuar con el proceso de certificación de los cuerpos policiacos a nivel federal.

Asimismo creemos necesario que el proceso de certificación se haga en coordinación con las entidades federativas para garantizar una acción conjunta y efectiva en las tareas de garantizar la seguridad pública. Hay entidades federativas que no han concluido el proceso de certificación, por lo que es urgente que a la brevedad pueda finalizar dicho proceso.

Además apoyamos el resolutivo que pide información sobre la implementación de la reestructura en la Secretaría de Gobernación, ahora que tendrá a su cargo la labor operativa y de inteligencia que tenía a su cargo la Secretaría de Seguridad Pública.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos comprometidos con el hecho de que los mexicanos exigen seguridad y tranquilidad en su entorno; por ello externamos y estaremos muy atentos y vigilantes de las acciones que anuncia el Ejecutivo federal, en materia de seguridad pública.

Por las consideraciones aquí señaladas, votaremos a favor del punto de acuerdo en comento. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente senador José María Martínez Martínez: Gracias, señor diputado. Se le concede ahora el turno del uso de la voz a la senadora Gabriela Cuevas Barron.

La senadora Gabriela Cuevas Barron: Gracias, senador. El motivo de subir en esta ocasión a la tribuna es para hacer una propuesta y es que si bien tenía agendado un punto de acuerdo también sobre este tema de la certificación a los cuerpos policíacos, me parece muy pertinente el que se pueda incluir en este mismo proyecto que ha presentado el diputado Rodríguez Doval, a nuestra consideración.

Este tema me parece que es muy importante, porque el atraso en el que se encuentran muchas de las entidades de la República es realmente significativo. Por ejemplo, algunos de los reportes que da el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, datos hasta junio de 2012, decían que se habían evaluado únicamente a 190 mil 567 elementos estatales y municipales de un universo de 430 mil 189; es decir, solo se había evaluado alrededor del 44 por ciento del total.

Al día de hoy, estados como Chihuahua, estado de México, Jalisco, Oaxaca y Tamaulipas reportan un pobre desempeño en las aplicaciones de las evaluaciones de control de confianza, que registran entre un 25 y un 50 por ciento.

Más preocupante también es que ya de los elementos que no aprobaron los controles de confianza aún continúan trabajando en las instituciones gubernamentales. Por ejemplo, datos a junio del año pasado, indican que de un total de 33 mil 545 elementos que no aprobaron las evaluaciones, solo el 4.8 por ciento había sido dado de baja.

En otras palabras, cerca de 32 mil servidores públicos podrían estar vinculados a bandas delincuenciales o podrían estar delinquiendo con otras herramientas, o incluso hasta con equipo que el propio Estado les otorga.

Me parece de la mayor relevancia que podamos hacer un exhorto a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, de manera que realmente se tome este esfuerzo en serio.

Ha sido una demanda ciudadana, ha sido una demanda de la sociedad civil, es una necesidad real el que la ciudadanía pueda volver a confiar en los cuerpos policíacos y en todas las autoridades de las que depende la seguridad de los mexicanos.

Por eso quisiera proponer que los dos resolutivos que vienen en la propuesta de punto de acuerdo que se encuentra agendado pudieran incluirse en éste; uno, el primero, es que se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas a que por conducto de los Centros de Evaluación y Control de Confianza redoblen esfuerzos y practiquen a la brevedad las evaluaciones de control de confianza a todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública.

Segundo —que era una preocupación que expresaba también el compañero de Movimiento Ciudadano— es que se hace un llamado a los gobiernos de las entidades federativas a terminar el proceso de baja de aquellos integrantes que a la fecha de entrada en vigor del decreto por el que se reforma el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública no hubieran aprobado las evaluaciones correspondientes.

Ojalá pudiéramos hacer esta inclusión, ya que me parece que es un tema que a todos —como aquí se ha expresado— nos interesa, nos preocupa y sin duda, a quienes representamos también. Es cuanto.

El Presidente senador José María Martínez Martínez: Gracias, senadora. Atendiendo la propuesta que hace la senadora Cuevas Barron, de modificar este punto de acuerdo para hacer uno solo entre éste que está agendado en el orden del día con el número 6 y el de quien ha hecho de la voz, marcado con el número 15, que se haga un solo punto de acuerdo, le solicitamos por escrito a la senadora nos haga llegar a esta Mesa Directiva su propuesta.

En tanto, ha solicitado a esta Presidencia el uso de la voz, para hechos, el senador Fidel Demédicis. Esta Presidencia le concede el uso de la voz.

El senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, ciudadano presidente. El tema de la vinculación de los mandos policiacos, de la policía, en general o de funcionarios de alto nivel de vinculación con la delincuencia organizada, es algo que nos pareciera ya común en este país. No veo conveniente que nos resignemos a que sea de esa manera. Creo que sería la peor medida que pudiera tomar el Congreso de la Unión en ese sentido. Es gravísimo lo que está pasando.

La delincuencia organizada ha penetrado los nervios del gobierno; por eso cuando se hace un exhorto es necesario que este exhorto conlleve situaciones de sanción para quien no lo acate, que lleve situaciones de sanción para quienes están violentando de manera reiterada o que están cayendo en omisiones que perjudican a la sociedad al no acatar los exhortos que este Congreso de la Unión está haciendo.

No estamos exentos de saber que casi todos los ayuntamientos del país están desobedeciendo la Ley de Seguridad Pública. Es muy clara la ley. Cuando un mando, cuando un policía reprueba el examen de control y confianza la ley es contundente: se le tiene que dar de baja.

Al revisar las estadísticas, vemos que esto no está sucediendo. No está sucediendo, porque los ayuntamientos se amparan en el artículo 115, malentendiendo lo que es la autonomía del municipio.

Esto, ¿qué ha dado como resultado? Que porcentajes altísimos de policías que, efectivamente, reprueban exámenes de control y confianza sigan ahí como si nada. El resultado es que la inseguridad, por más que se quiera, no cede.

Los delincuentes tienen informadores y hay casos verdaderamente dramáticos. La denuncia anónima, por ejemplo, ha dejado de tener efecto, a partir de la posición del crimen organizado, cuando alguien denuncia de manera anónima.

Les pongo un caso de muchos que han pasado. En Morelos, por ejemplo, unos jóvenes llegaron a un restaurante en Cuernavaca y denunciaron que ahí en ese restaurante se encontraban las personas por las que habían ofrecido una recompensa de 30 millones de pesos. ¿Saben cual fue el resultado? Que esos jóvenes aparecieron ejecutados al otro día con una narcocartulina que decía: Esto le va a pasar a quienes se metan con la delincuencia organizada.

Entonces, compañeros diputados; compañeros senadores, es necesario que vayamos más allá de los exhortos; es necesario que seamos más contundentes en lo que pretendemos lograr con un exhorto.

Por eso sí los quiero conminar a que en este punto de acuerdo, igual que la ciudadana senadora Cuevas, le pudiéramos hacer una adición y ojalá y coincidamos.

La adición dice: Que se sancione, conforme a la Ley de Seguridad Pública, a los funcionarios que no acaten los resultados que arrojen dichos exámenes de control y confianza.

Si el funcionario siente o sabe que si no acata va a ser sancionado, tengan la seguridad de que vamos a poder avanzar en esta lucha contra el crimen organizado; es tarea de todos, pero especialmente de quienes legislamos y de quienes podemos meter en cintura —válgase el término— a aquellos funcionarios que desacatan de manera recurrente la ley.

Si vamos a entrar, compañeros, vamos a entrarle de fondo, con todo respeto, y si no, creo que más valdría quedarnos callados ante esta andanada de la delincuencia organizada contra la sociedad y en la cual nosotros podemos participar y hacer mucho por nuestros pueblos. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente senador José María Martínez Martínez: Aunque así ya lo establece el decreto de origen, que da pie a estos controles de confianza, me parece que lo que abunda no daña; por lo tanto, le pediría al senador Fidel Demédicis, que haga llegar a esta Presidencia su propuesta por escrito, para en su momento ponerla a consideración de esta asamblea.

En tanto, se le concede la palabra, también para hechos, al senador Luis Armando Melgar.

El senador Luis Armando Melgar Bravo: Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos todos, legisladores, ciudadano presidente, hoy es un día muy especial, hoy es un día en donde se abre una nueva etapa para México; se consolida la nueva estructura de la Secretaría de Gobernación, con lo cual el presidente Enrique Peña Nieto está visualizando una estrategia diferente, con resultados que se esperan diferentes y de esa manera, lo que hoy estamos discutiendo aquí, lo que la propuesta de exhorto que hace nuestra compañera Cuevas, creo que es muy relevante al respecto.

La seguridad pública es una prioridad del Estado, que tiene la función de garantizar la paz y la convivencia de todos los ciudadanos, de las familias para la certeza de su patrimonio.

El fenómeno del delito en nuestro país está adquiriendo nuevas modalidades, más bien las ha venido adquiriendo; hay un constante crecimiento de los delitos del fuero federal, como el narcotráfico y el crimen organizado, que en los últimos doce años se dispararon en proporciones inimaginables.

El constante incremento de la incidencia delictiva no solo se circunscribe a los delitos del fuero común, sino también al incremento de la delincuencia organizada, que se caracteriza por una permanente violencia y una actitud que reta al Estado mexicano en su atribución de dar seguridad a la sociedad.

Conviene por ello analizar con objetividad las causas de esta inseguridad pública en el país, con el objeto de contar con los elementos de juicio, que permitan proponer soluciones viables y eficaces para atemperar este fenómeno.

Es necesario hacer una revisión de la situación jurídica y de las formas de actuación de las policías, así como de sus necesidades de capacitación, de equipamiento para su fortalecimiento.

En nuestro partido sostenemos que la seguridad debe ser una política de estado, pero también una política popular sustentada en un gran consenso nacional. De esta manera y por estas razones, la reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal subraya la relevancia que la Secretaría de Gobernación tiene en el ámbito político nacional, a efecto de que el Ejecutivo federal impulse tareas de coordinación más eficaces.

Acciones como la ampliación del plazo para certificar a las policías del país y la transferencia de la Policía Federal y el mecanismo de inteligencia, denominado Plataforma México a la Secretaría de Gobernación, forman parte de una profunda revisión de la estrategia de seguridad pública, que ha dejado más de 60 mil muertos en lo que va en los últimos años.

La ampliación del paso para la certificación de policías obedece a la realidad del país, que es muy heterogénea, por lo que no es irresponsabilidad sino objetividad y apego al estado de derecho.

Los legisladores, tanto de las comisiones dictaminadoras como del pleno, valoramos cifras realistas, como la que se señala en los estados con mayores índices de violencia, son los que reflejan el menor porcentaje de personal no apto en sus filas y que mantienen las calles, como son el caso de Chihuahua, de Coahuila, de Durango, de Guerrero y de Michoacán, entre otros.

Según el último reporte de certificación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las entidades de Coahuila, Colima, Guanajuato, Nuevo León, Tlaxcala y Zacatecas habían cumplido con la evaluación de su personal; es decir, el universo pendiente es muy amplio y requiere de comprensión y un ajuste legal, como el que otorgamos, después de ello la depuración policiaca se hará inevitable.

Hay avances contrastantes, pero hay entidades que están haciendo un gran esfuerzo también, como es el caso de Chiapas, por citar un caso, en donde se ha alcanzado un 100 por ciento de la evaluación de los altos mandos, en un 100 por ciento de mandos medios, situándose a un nivel nacional en un sexto lugar, con una evaluación cercana a 11 mil personas.

Por ello, esperamos que se cumpla con este plazo y que las reformas aprobadas más la estrategia de seguridad pública anunciada por el Ejecutivo y la unidad que sostenemos, esté en las fuerzas policíacas y se visualice la posibilidad de que se haga esto cabalmente.

Por consiguiente, tanto mis compañeros del Partido Revolucionario Institucional como los del Partido Verde Ecologista de México, estamos con la propuesta de exhorto que hace nuestra compañera senadora Gabriela Cuevas. Muchísimas gracias por su atención.

El Presidente senador José María Martínez Martínez: Para ya cerrar la lista de oradores en este punto de acuerdo, finalmente se le concede el uso de la voz para hechos, también, al diputado Silvano Blanco Deaquino.

El diputado Silvano Blanco Deaquino: Con el permiso del señor presidente, de las compañeras legisladoras y compañeros legisladores. En este sentido, nosotros podemos señalar que la estrategia de seguridad implementada por el anterior presidente tuvo un rotundo fracaso.

Digo, está muy definido, no logró detener la situación difícil de inseguridad a nivel nacional; al contrario, bañó nuestro país con una ola de sangre, con más de 60 mil muertos y a final de cuentas, la inseguridad sigue permeando en nuestro país.

Entendemos que al actual presidente no puede exigírsele que dé resultados en tan breve plazo, pero la idea es que esta situación de la certificación de las policías estatales y municipales, por supuesto que debe de continuar.

Debe darse una situación en la cual haya un poco más de respaldo inclusive del gobierno federal a los estados, quizá presupuestalmente hablando. Comento que me tocó ser alcalde de un municipio con problemas de inseguridad y hacíamos un esfuerzo presupuestal para que nuestros policías municipales participaran en estos procesos de certificación, pero era con costo al municipio, y es algo que a veces dificulta que se dé este tipo de procesos.

Independientemente de que con los gobernadores y los alcaldes a nivel nacional a veces hay una situación que luego no queremos decir con mucha puntualidad. El problema grave de inseguridad que tenemos en México va de la mano con la corrupción que hay, con el tema de que muchos alcaldes, muchos gobernadores y se ha citado que hasta presidentes de la República llegan a obtener esos espacios derivado de que obtienen financiamiento precisamente de la gente que se dedica a actividades delictivas, y eso es algo que en nuestro país lo sabemos con mucha precisión.

El tema de cómo se infiltra la delincuencia organizada para designar gobernantes y el tema también de la propia corrupción del sistema penal que hay en nuestro país, que cuando se detiene a alguno de estos delincuentes vemos con qué facilidad los jueces otorgan las posibilidades para que puedan salir tranquilamente, derivado de una serie de situaciones que se dan.

Por supuesto que estamos totalmente de acuerdo en que se continúe con ese proceso de certificación, pero esto no va a resolver la problemática de inseguridad a nivel nacional, si no va de la mano con actuar en el tema de la corrupción, con esta infiltración de recursos de la delincuencia organizada para poner gobernantes y también con el tema de modificar el sistema penal nacional.

Podríamos meternos a la dinámica de ver experiencias, como la de Italia, en donde tenían a estos jueces sin rostro, que a final de cuentas actuaban de una forma tal, que pudieron detener situaciones de inseguridad muy duras en aquel periodo. Debe ser un proceso totalmente integral. Si no hay voluntad y ánimo, difícilmente la situación de inseguridad en nuestro país va a mejorar y esto impacta por supuesto en forma decisiva en los estados, en los municipios; impacta en la propia economía del país, porque hay inversionistas nacionales y extranjeros que no llegan a un municipio, no llegan a un estado derivado de la situación de inseguridad que ahí se vive en esos estados y en esos municipios.

Por eso, nosotros sí votaremos a favor, estamos a favor en este sentido. Esperemos que este nuevo gobierno haga un esfuerzo real por sacar a nuestro país del estado difícil en el cual se encuentra en este tema de materia de inseguridad. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente senador José María Martínez Martínez: Gracias a usted, diputado. Le pido ahora a la Secretaría haga el favor de consultar a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas, tanto de parte de la senadora Gabriela Cuevas como del senador Fidel Demédicis, por favor.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Sí, señor presidente. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si aceptan las modificaciones a los puntos de acuerdo. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente senador José María Martínez Martínez: Una vez que mayoritariamente esta asamblea ha aceptado las modificaciones propuestas al punto de acuerdo, ahora le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si es de aprobarse este punto de acuerdo, ya con las modificaciones aceptadas.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente senador José María Martínez Martínez: Aprobado. Comuníquense.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

ESTADO DE QUINTANA ROO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra don Ricardo Mejía Berdeja, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a Holbox.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañero presidente. Quiero reconocer en este punto de acuerdo, que suscribimos el diputado Ricardo Monreal, el de la voz y la diputada Luisa María Alcalde Luján, también la participación muy destacada de la diputada Graciela Saldaña Fraire y también la anuencia de diputados de diferentes partidos políticos.

Lo que estamos planteando es un tema que nos parece relevante para el estado de Quintana Roo y para nuestro país, es precisamente que la Isla de Holbox, que está ubicada dentro del área natural protegida de Yum Balam, en el municipio de Lázaro Cárdenas, en Quintana Roo, se siga conservando en esta categoría de área natural protegida; que no haya ninguna medida que restrinja sus características únicas, su hábitat, su belleza, los ecosistemas y todo lo que la hace un paraíso en el Caribe mexicano.

Los ecosistemas de Yum Balam se encuentran en condiciones poco alteradas, que conservan su naturalidad y tipicidad, existiendo diversidad de aves, tanto residentes como migratorias, y de casi todos los mamíferos neotropicales, así como anfibios, reptiles y plantas endémicas.

La isla tiene menos de dos mil habitantes, que se dedican a la pesca y al turismo sustentable. Tiene tan solo 42 kilómetros de largo y 2 de ancho, que ofrecen 36 kilómetros de playas prístinas de arena blanca y coralina, manglares y lagunas, un ecosistema único que es descrito como un paraíso.

Es por ello que desde 1994, por decreto presidencial, se declaró como área natural protegida.

La preocupación que existe es porque está tratándose de desarrollar un proyecto turístico en la isla llamada La Ensenada, que planea construir 875 villas y condominios, 175 cuartos en tres hoteles con aproximadamente tres mil metros cuadrados de áreas comerciales, sumando un total de dos mil 450 cuartos.

Se construirán viviendas y servicios para trabajadores, además de carreteras, helipuertos, canales y puertos marinos, entre otras obras.

El desarrollo turístico inmobiliario tendría serias consecuencias en la estructura, descomposición de los ecosistemas de Holbox, ya que traería impactos ambientales negativos con un alto nivel de deterioro del suelo, perturbación severa de la vida silvestre, sobreexplotación de los recursos naturales, proceso de desertificación acelerada y erosión y alteración ocasionada por fenómenos naturales y humanos.

El área donde se pretende desarrollar este proyecto, La Ensenada, se localiza dentro de un humedal prioritario, el más importante de la península de Yucatán.

Como lo señalaba, este núcleo urbano que se pretende de-sarrollar tendría un promedio de habitantes, sin contar los trabajadores, de tres mil 838 personas; es decir, casi el doble de la población o el doble de la población que actualmente existe en la isla. Además, se estima una población flotante de hasta 10 mil personas. Esto en una primera parte del proyecto, que abarca un 40 por ciento.

Los muchos estudios que sobre el tema han realizado organizaciones, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Greenpeace, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, entre otras, han llamado la atención de que se pueda exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y también —que es una propuesta de diputados del Partido Revolucionario Institucional— a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que se pueda frenar este proyecto, que se niegue la autorización del proyecto de La Ensenada, porque está en un área natural protegida, y porque tendría consecuencias ecológicas devastadoras y porque realmente estaríamos dañando un área ya prácticamente virgen del país.

Por esa razón, planteamos el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por lo que hace al ordenamiento territorial que incumbe al proyecto —concluyo— y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a negar la autorización del proyecto La Ensenada, por ser inviable, ya que no cumple con los objetivos planteados para el área de protección de flora y fauna Yum Balam, no promueve la preservación, no representa un desarrollo turístico sustentable y no se trata de turismo de bajo impacto.

Además, incidiría directamente en los ecosistemas de manglar y en las poblaciones, las especies enlistadas bajo categorías de riesgo.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, a publicar en el Diario Oficial de la Federación el programa de manejo para el área natural protegida de Yum Balam.

Es cuanto. Pedimos a esta soberanía su apoyo a este punto de urgente u obvia resolución.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat a negar la autorización del proyecto La Ensenada en la Isla Holbox, dentro de Yum Balam, en Lázaro Cárdenas, Quintana Roo; y a aprobar y publicar el programa de manejo correspondiente a esa área natural protegida, suscrito por el diputado Ricardo Monreal Avila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y los suscritos Ricardo Mejía Berdeja y Luisa María Alcalde Luján integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente.

Exposición de Motivos

La isla de Holbox, ubicada dentro del área natural protegida “Yum Balam” en el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, constituye una extensión de los ecosistemas selváticos y humedales de la reserva de la biosfera “Río Lagartos”. Presenta ecotonos y ecosistemas con una gran biodiversidad neotropical con especies endémicas, raras y en peligro de extinción.

Los ecosistemas de Yum Balam se encuentran en condiciones poco alteradas que conservan su naturalidad y tipicidad, existiendo diversidad de aves tanto residentes como migratorias, y de casi todos los mamíferos neotropicales, así como anfibios, reptiles y plantas endémicas.

La amplísima gama de especies de flora y fauna con las que cuenta Holbox, incluyen el equinodorus, K’ulin che’, la palma real, el chiit, el guayacán, la tortuga mojina; boa constrictor, tortuga marina carey, tortuga blanca, bejuquilla verde, geco enano ocelado, iguana espinosa rayada, tortuga casquito, lagartija escamosa de Cozumel, cantil enjaquimado, mapache, aguililla negra menor, gavilán pollero, gavilán pescador, diferentes especies de garzas, hohob, halcón peregrino, golondrinas de mar, flamencos americanos, vireos mangleros, y por supuesto, los mamíferos marinos cómo el manatí, tres especies de delfines y el majestuoso pez más grande del mundo, el tiburón ballena.

La isla tiene alrededor de 2 mil habitantes que se dedican a la pesca y al turismo sustentable, tiene tan solo 42 kilómetros de largo y 2 de ancho, que ofrecen 36 kilómetros de playas prístinas de arena blanca y coralina, manglares y lagunas, un ecosistema único que a menudo es mejor descrito por quien lo conoce como un paraíso.

Es por ello que el 6 de junio de 1994 por decreto presidencial, se declaró como área natural protegida (ANP), con carácter de área de protección de flora y fauna a la región de Yum Balam, donde se encuentra por supuesto Holbox.

Sin embargo, a pesar de ser ANP de acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y por supuesto de representar parte del patrimonio natural de la nación, existe actualmente un proyecto de desarrollo turístico en la isla llamado “La ensenada”.

El proyecto “La Ensenada” con clave 23QR2012TD073 a cargo de la empresa Península Maya Developments, SA de CV, planea construir 875 villas y condominios, 195 cuartos en tres hoteles, seis lotes de preservación y una unidad turística de tres niveles que tendrá plazas, oficinas y aproximadamente 3,000 metros cuadrados de áreas comerciales al menudeo, sumando un total de 2,450 cuartos. Se construirán viviendas y servicios para trabajadores, además de que contará con carreteras, helipuerto, canales y un puerto marítimo, entre otras obras.

El desarrollo turístico-inmobiliario, así como su operación, tendría serias consecuencias en la estructura, composición y funcionamiento de los ecosistemas de Holbox, traería consigo impactos ambientales negativos como:

I. Un alto nivel de deterioro del suelo.

II. Perturbación severa de la vida silvestre

III. Sobreexplotación de los recursos naturales.

IV. Procesos de desertificación acelerada y erosión, y

V. Alteración ocasionada por fenómenos naturales y humanos.

Las obras de construcción y las actividades de operación y mantenimiento de las instalaciones desencadenarían indudablemente impactos adversos múltiples y simultáneos, directos e indirectos, así como impactos acumulativos ecológicos, sociales y en materia de salud.

Considerando los escenarios prevalecientes en la zona y las condiciones actuales del predio que ocuparía el desarrollo, se prevé que el proyecto “La Ensenada” conllevaría una alteración grave e irreversible del equilibrio ecológico de la zona. Entre muchas otras cosas, porque:

• Se realizará el dragado de un canal, que presumiblemente podría modificar el flujo hídrico alterando a los elementos de mangle presente en el estero.

• En la temporada de lluvias donde el agua pluvial se contaminará con las aguas grises, podría migrar al manto freático en zonas con ausencia de revestimiento.

• El área donde pretende desarrollarse el proyecto “La Ensenada” se localiza dentro de un humedal prioritario; el más importante de la Península de Yucatán.

• El nuevo núcleo urbano, tendrá un promedio de habitantes sin contar los trabajadores, de 3,838 personas, siendo que la isla cuenta con tan solo 1,486 habitantes fijos, además se estima una población flotante de hasta 10,000 personas. Aún considerando esta población flotante que perturbaría gravemente el medio ambiente, el proyecto la pretende incrementar en una primera etapa en un 40%.

Por supuesto nada de lo anterior se establece en la manifestación de impacto ambiental (MIA) número MIA-23QR2012TD073 que la empresa presentó ante la Semarnat como requisito para la autorización del proyecto, en la que las estimaciones de manglar ni siquiera corresponden a las existencias de manglar actuales según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

Los muchos estudios que sobre el tema han realizado organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Greenpeace, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad o la Asociación Interamericana para la defensa del Ambiente, prueban contundentemente que otorgar la autorización del proyecto representaría además de todo lo ya dicho, serias violaciones a los tratados internacionales ratificados por México; principalmente RAMSAR y la Convención sobre la Diversidad Biológica.

Por otro lado el artículo 65 de la LGEEPA señala que la Semarnat deberá formular dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación, el programa de manejo del área natural protegida de que se trate, dando participación a los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos, a las demás dependencias competentes, los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, en su caso, así como a organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas. Sin embargo, a la fecha, el ANP Yum Balam no cuenta con un programa de manejo a pesar de que han transcurrido más de 18 años.

En noviembre de 2011 se presentó el último borrador aprobado por la comunidad de la zona. En la reunión pública del proyecto “La Ensenada” efectuada el pasado 7 de noviembre del año en curso, el Director Regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) se comprometió a nombre de la Comisión, a publicar lo antes posible dicho programa, lo que entre otras cosas establecería las reglas prohibiciones necesarias para proteger el ANP de Yum Balam y la Isla Holbox.

Por último, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de acuerdo con la Ley, tiene como plazo hasta el 30 de noviembre para resolver respecto a la autorización del proyecto.

En virtud de la enorme trascendencia para la protección y desarrollo ecológico de la zona, es que los diputados y diputadas de los partidos políticos aquí representados, presentamos los siguientes

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, a negar la autorización del proyecto La Ensenada con clave 23QR2012TD073, en virtud de que no es viable pues no cumple con los objetivos planteados para el área de protección de flora y fauna “Yum Balam”; no promueve la preservación, no representa un desarrollo turístico sustentable, y no se trata de turismo de bajo impacto. Además incidiría directamente en los ecosistemas de manglar y en las poblaciones de las especies enlistadas bajo categorías de riesgo, se descargarían contaminantes a los ecosistemas marinos, provocaría la intrusión salina en el acuífero, crearía un nuevo centro poblacional , pondría en riesgo la pesca de la que dependen los pobladores de la región, entre otros.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos naturales, Juan Rafael Elvira Quesada y al comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, Luis Fueyo Mac Donald a publicar en el Diario Oficial de la Federación el programa de manejo para el área natural protegida de Yum Balam.

Notas:

1 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio de 1994, por el que se declara como área natural protegida, con carácter de área de protección de flora y fauna, la región conocida como Yum Balam, ubicada en el Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo. (Anexo 1)

2 Ibídem.

3 Información obtenida del Centro Mexicano de Derecho Ambiental contenido en la respuesta a la consulta pública sobre el proyecto “La Ensenada”, del 29 de octubre de 2012. (Anexo 2)

4 Ibídem.

5 Información obtenida de la Organización Greenpeace México, contenida en la respuesta a la consulta pública sobre el proyecto “La Ensenada” de octubre de 2012. (Anexo 3)

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 Ibídem.

9 Información obtenida de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, contenida en la respuesta a la consulta pública sobre el proyecto “La Ensenada”, de octubre de 2012 (anexo 4).

10 Al respecto conviene consultar la extensa investigación que realizó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, sustentada por imágenes satelitales y aéreas tomadas de la zona, donde delimitan las zonas de construcción y manglar.

11 Información obtenida de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, contenida en la respuesta a la consulta pública sobre el proyecto “La Ensenada”, del 30 de octubre de 2012 (anexo 5).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de enero de 2013.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Ciudadano presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si se aprueba.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Ciudadano presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

ENDEUDAMIENTO, DEFICIT Y POSIBLES MEDIDAS ANTE PRECIPICIO FISCAL DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Ángel Robles Montoya, del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se tomen medidas respecto del endeudamiento, déficit y posibles medidas ante el precipicio fiscal de Estados Unidos de América.

El senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas, senadoras y compañeros diputados, senadores, integrantes de esta Comisión Permanente, efectivamente vengo a tocar un tema que me parece relevante, porque veo que en un futuro las definiciones que se están haciendo en los Estados Unidos de América, respecto al llamado precipicio fiscal, pueden afectar de manera grave la economía nacional y por supuesto, la economía de las familias de las mexicanas y de los mexicanos, que nosotros debemos buscar la forma de defender con todo.

El tema lo conocemos de manera general, porque ha sido una de las principales notas en los últimos días en el planeta, pero vale la pena un poco —si me permiten— solamente recurrir a algunos datos, para que ilustren muy bien a la asamblea la importancia del tema que respetuosamente les estoy poniendo sobre la mesa.

Se trata de que hay ya el reconocimiento del gobierno de que hay un enorme déficit y una deuda en el gobierno de Estados Unidos de América prácticamente insostenible, a grado tal que la deuda de los Estados Unidos de América es similar a su propio producto interno bruto.

Ya hubo el acuerdo entre el gobierno y los legisladores del Senado, de la Asamblea de los Representantes, y nosotros vemos —como lo han hecho y lo han externado algunos analistas— que estos son los primeros pasos, pero distan mucho de ser las medidas de fondo que pretende aplicar el gobierno norteamericano para resolver ese grave problema que tienen en su economía.

Me preocupa de manera particular —y lo quiero dejar aquí sentado— la idea de que ya hay un número creciente de demócratas y de republicanos que están planteando, entre las medidas a proponer, que se eliminen los subsidios al campo en los Estados Unidos de América y eso nos parece que va a traer una correlación negativa para nuestro país, no solamente porque como conocemos los datos —no quiero abundar en ellos— pero sí depende nuestra nación en una manera muy importante de la importación de los alimentos de los Estados Unidos de América; prevemos que los alimentos en México pueden iniciar una escalada de los precios, con la gravedad que esto implicará para la economía de las familias de nuestro país.

Nosotros creemos que es por eso que a pesar de que el secretario de Hacienda ha externado ya en relación a este llamado precipicio fiscal, que se han estado tomando algunas medidas, inclusive algunas se tomaron en esta Cámara de Diputados en el momento de definir el Presupuesto federal, nos parece a nosotros que no son las suficientes, nos parece que el déficit cero que se ha planteado y que nosotros dudamos que realmente exista, no será suficiente para enfrentar esa problemática.

Nosotros pensamos que medidas que tienen que ver también como una política de tipo de cambio flexible, tampoco son suficientes para enfrentar lo que puede ser un terrible problema, producto de la crisis allá en los Estados Unidos de América.

Se ha hablado de que también habrá una continuidad de la política de las reservas sustanciales, que actualmente se ubican en más de 170 mil millones de pesos, inclusive se ha dicho que hay la posibilidad de una recontratación de una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, por recursos que podrían ascender hasta 70 mil millones de pesos, en caso de que la nación lo requiriese. Todo esto nos parece que son medidas insuficientes.

Reitero que lo pensamos así, porque sí México no se da cuenta, si el gobierno mexicano no revisa que con precipicio fiscal resuelto o sin precipicio fiscal resuelto se están planteando en los Estados Unidos de América temas como eliminar los subsidios a la producción agrícola en la Unión Americana, esto va a traer consecuencias muy negativas.

La eliminación de los subsidios agrícolas norteamericanos, en un país como México, que durante varias administraciones se desmanteló al campo mexicano, con la falacia de las políticas neoliberales y que nos ha conducido a una dependencia alimentaria sin precedentes, nos permite decir que podría desembocar en un incremento generalizado de los precios y lo que se traduciría —y eso no lo podemos permitir— en más hambre para los segmentos más desfavorecidos de nuestra población.

Por eso nosotros estamos planteando un punto de acuerdo dividido en cuatro partes; primero, se exhorta —como ya lo dijo el diputado presidente de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente— para que el titular del Poder Ejecutivo instruya al secretario de Hacienda y Crédito Público a tomar medidas al respecto del endeudamiento, déficit y posibles medidas del precipicio fiscal de los Estados Unidos de América, informando a la brevedad sobre las acciones acordadas, considerando para ello lo siguiente:

1. Formular y difundir una estrategia que permita frenar y reducir la actual política de endeudamiento y en consecuencia, déficit del gobierno federal, evitando a partir de la experiencia norteamericana a caer en medidas de precipicios o abismos fiscales.

2. Informar las medidas que se tomarán ante el posible desmantelamiento de los subsidios agrícolas en Estados Unidos de América, de manera que no se afecte el precio de los alimentos en México.

3. Informar, en concordancia con la sección 2.8 y los compromisos 64 y 65 del llamado Pacto por México, qué medidas se tomarán para eliminar lo antes posible la dependencia alimentaria del país; ya que el presupuesto asignado al campo en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 resulta insuficiente para cumplir estos compromisos.

4. Informar qué medidas va a tomar para eliminar totalmente o reducir a una mínima expresión el presupuesto del gasto fiscal y en consecuencia, con las modificaciones hechas a la Ley de Contabilidad Gubernamental dé a conocer de inmediato a los beneficiarios de dicho presupuesto.

Seguramente esto y otras medidas más nos van a ayudar a enfrentar una eventual problemática, dada la crisis que se está viviendo en Estados Unidos de América.

Efectivamente, hemos pedido que de urgente resolución sea apoyado este punto. Así se los pido para que podamos enfrentar esta situación y salvar de buena forma y de buena manera parte de la economía doméstica en todo el país. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a tomar medidas, a través de la SHCP, respecto del endeudamiento, déficit y posibles medidas de precipicio fiscal de Estados Unidos de América, informando con la mayor brevedad sobre las acciones acordadas, suscrito por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, senador Benjamín Robles Montoya y diputado Trinidad Morales Vargas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión  proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

En la madrugada del 1 de enero de 2013, el Senado de Estados Unidos aprobó una serie de medidas que técnicamente evitarían que ese País aplique las medidas de choque presupuestal a las que se dio por llamar “precipicio fiscal” o “abismo fiscal”, falta la aprobación de la Cámara de Representantes, discusión que se está llevando a cabo el día de hoy, 2 de enero, el punto es que aún con la aprobación de la Cámara de Representantes, las nuevas medidas harán poco por controlar el gran déficit presupuestario anual que ha llevado la deuda estadunidense hasta los 16.4 billones de dólares, razón de fondo que obligó a un acuerdo en el Congreso estadounidense en 2011 para postergar la solución del déficit fiscal –de 1 billón de dólares al año– hasta después de la elección presidencial de noviembre pasado. Bajo aquel arreglo, si el Ejecutivo y el Legislativo no se ponían de acuerdo sobre el déficit, entrarían en vigencia a partir del 1 de enero de 2013 recortes automáticos en todos los gastos del gobierno, expirarían las exenciones impositivas vigentes por una década, y unos 2.3 millones de personas perderían su subsidio por desempleo, estas medidas es a las que mediáticamente se les llamó “precipicio fiscal”.

Como consecuencia de la misma problemática en la economía de Estados Unidos, el ultimo día del año de 2012, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, notificó al Congreso de ese país que ya se superó el límite de endeudamiento alcanzando los 16.4 billones de dólares mencionados anteriormente, por lo que la deuda nacional de Estados Unidos es ahora más grande que su producto interno bruto (PIB).

El secretario del tesoro, en una carta enviada el 31 de diciembre al Congreso, indicó que ha puesto en marcha una serie de medidas de emergencia que dotarán temporalmente al país de unos 200 mil millones de dólares, lo que mantendrá financiadas las actividades del gobierno a corto plazo y evitará que Estados Unidos caiga, en los próximos dos meses, en una cesación de pagos –lo equivalente a una declaratoria de bancarrota.

Tanto las medidas que tomará el secretario del Tesoro como la eventual aprobación de la Cámara de Representantes, permitirá tanto a los legisladores norteamericanos como al propio gobierno federal retomar con mas calma los trabajos para reducir el déficit de ese país –que fue heredado al gobierno del presidente Barack Obama como consecuencia de una década de estar financiando guerras con endeudamiento–, sin embargo, en unas cuantas semanas expiraran las medidas provisionales de alivio implementadas por el secretario del Tesoro y el gobierno norteamericano tendrá que acudir -una vez más-a solicitar un aumento en el límite de la deuda soberana, por lo que la deuda seguirá rebasando al PIB.

En otras palabras, aunque técnicamente se superen las medidas conocidas como “precipicio fiscal”, faltan por acordarse una gran cantidad de medidas que permitan bajar el déficit y reducir el enorme endeudamiento de ese país, y estas medidas se discutirán y aprobaran en las semanas por venir, por lo tanto, estas medidas van a significar un menor crecimiento del PIB de Estados Unidos.

Dado que es insalvable el hecho de que el PIB de Estados Unidos va a tener un menor crecimiento, es que nuestro secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ya reconoció que durante 2013 el crecimiento económico del país será menor a lo que se creció durante 2012, por lo que ha declarado que resulta indispensable llevar a cabo una reforma hacendaria que permita mayor captación de recursos a través de la tributación, fortaleciendo la capacidad financiera del estado para cumplir con sus obligaciones, como es el caso del presupuesto educativo.

De igual forma, consideramos como insuficientes o poca claras las declaraciones que nuestro secretario de Hacienda ha vertido en los medios señalando que en el paquete económico para el ejercicio de 2013 se tomaron diversas medidas cautelares que protegen la estabilidad del país, frente al eventual precipicio fiscal de Estados Unidos.

Las principales medidas que ha señalado el secretario de Hacienda son un muy cuestionable déficit cero, la protección al precio del petróleo, una política del tipo de cambio flexible, continuidad a la política de reservas sustanciales –que actualmente se ubica en poco más de 170 mil millones de dólares– y recontratación de la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que permitiría exceder recursos hasta por 70 mil millones de dólares adicionales en caso de presentarse un evento abrupto a nivel internacional con afectaciones a la economía de México, todas estas medidas las declaramos como insuficientes, ya que no están considerando que eventualmente la mayor afectación que tendrá México con precipicio fiscal o sin él, lo tendríamos en el terreno alimentario, y también a estas medidas las declaramos como poco claras porque a pesar de que se habla de una reforma hacendaria que permita mayor captación de recursos a través de la tributación, se sigue manejando un presupuesto de gasto fiscal por más de 390 mil millones de pesos, lo que significa más del 90 por ciento del endeudamiento interno programado para 2013, endeudamiento que por si solo hecha abajo el mito del déficit cero.

Como ya señalamos, en las semanas por venir tanto el Poder Legislativo como el poder ejecutivo de los Estados Unidos tendrán que llegar a acuerdos que permitan bajar realmente el déficit y el endeudamiento, y una medida que esta siendo fuertemente impulsada por los republicanos y a la cual cada día se suman más los representantes demócratas, es la eliminación de los subsidios agrícolas por 300 mil millones de dólares, entre otras muchas cosas, la eliminación de estos subsidios de entrada incrementaría al doble el precio tanto de la leche como de los productos lácteos en ese país.

La eliminación de los subsidios agrícolas norteamericanos, en un país como México donde durante varias administraciones se desmanteló el campo mexicano con la falacia de las políticas neoliberales y que nos ha conducido a una dependencia alimentaria sin precedentes, va a desembocar en un incremento generalizado de los alimentos, lo que se traducirá en más hambre para los segmentos mas desfavorecidos de la población.

Vivimos una alarmante dependencia alimentaria, de acuerdo con los datos de la Auditoria Superior de la Federación las importaciones de alimentos significan ya el 42 por ciento del consumo nacional total de alimentos, de acuerdo con el último informe presidencial importamos 26 mil 475 millones de dólares en alimentos durante 2011, importe mayor a la generación de divisas por remesas que mandan nuestros migrantes. Si lo vemos por producto significa que importamos el 95 por ciento de la soya que consumimos, el 80 por ciento del arroz, el 33 por ciento del maíz, el 56 por ciento del trigo, el 30 por ciento del frijol, el 40 por ciento de la carne de res y puerco y tenemos el primer lugar como importadores de leche en polvo.

Gastamos más en importar alimentos que en producirlos. Según el mismo informe presidencial, las importaciones agroalimentarias en 2011 significaron 344 mil 175 millones de pesos mientras que el gasto productivo fue solo el 17 por ciento del Programa Especial Concurrente del Sector Rural (PEC) esto es 51 mil 850 millones de pesos, seis veces menor que las importaciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a instruir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que tome medidas respecto del endeudamiento, déficit y posibles medidas de precipicio fiscal de Estados Unidos de América, informando con la brevedad sobre las acciones acordadas, considerando para ello

1. Formular y difundir una estrategia que permita frenar y reducir la actual política de endeudamiento y en consecuencia déficits del gobierno federal, evitando a partir de la experiencia norteamericana, caer en medidas de precipicios o abismos fiscales.

2. Informar las medidas que se tomarán ante el posible desmantelamiento de los subsidios agrícolas en los Estados Unidos de manera que no se afecte el precio de los alimentos en México.

3. Informar en concordancia con la sección 2.8 y compromisos 64 y 65 del Pacto por México, que medidas se tomaran para eliminar lo antes posible la dependencia alimentaria del País, ya que el presupuesto asignado al campo en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, resulta insuficiente para cumplir este compromiso.

4. Informar qué medidas va a tomar para eliminar totalmente o reducir a una mínima expresión el Presupuesto de Gasto Fiscal, y en congruencia con las modificaciones hechas a la Ley de Contabilidad Gubernamental, dé a conocer de inmediato a los beneficiarios de dicho Presupuesto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 3 de enero de 2013.— Senador Benjamín Robles Montoya,  diputado Trinidad Morales Vargas (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Sí, señor presidente. En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

Varias legisladoras y legisladores: No, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Repita la votación. Les ruego a las legisladoras y a los legisladores expresen la manifestación de su voluntad con toda diligencia.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Suplico a las legisladores y a los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, no se ha cumplido el requisito de las dos terceras partes.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De las dos terceras partes. Por tanto, se turna a la Tercera Comisión.

DEUDA PUBLICA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Finalmente, tiene el uso de la voz nuestra muy apreciable compañera doña Mariana Dunyaska García Rojas, del PAN, de Veracruz, claro, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregue trimestralmente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados la información relativa a la deuda pública de los estados y municipios.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Con su venia, señor presidente. Profesionalizar el ejercicio político en un marco moderno y de información de manera pronta y expedita para abonar a la transparencia y rendición de cuentas, implica un ejercicio de voluntad política.

El crecimiento acelerado de la deuda pública responde a razones políticas, administrativas y económicas, así como a factores financieros derivados de los altos costos de la contratación de servicios de deuda pública e intereses bancarios que varían por entidad federativa, oscilando del 5.3 por ciento al 17.7 por ciento anual, con una promedio nominal, al 30 de junio de 2012, de 6.3 por ciento anual y un plazo promedio de vencimiento de obligaciones de 14.9 por ciento, y en este sentido se detona—por lo común y desafortunadamente— previo a los procesos electorales, ya sean locales o federales.

Existen muchos casos de endeudamiento irresponsable en diversos gobiernos, que son conocidos por la opinión pública, y cualquiera que esté fuera del marco jurídico y de la ley es necesario que sea regulado.

Obviamente los sistemas de presentación de información requieren brindar datos en tiempo y forma, indicadores, evaluaciones, que favorezcan la transparencia de los estados de la cuenta pública, de manera que favorezcan, obviamente, de manera trimestral conocer cómo se están ejerciendo las participaciones federales que esta honorable Cámara otorga y etiqueta de manera directa a estados y municipios.

La contratación y manejo de deuda pública en estados y municipios está regulada y plasmada por el artículo 117. Pero tenemos una gran diversidad de leyes a nivel local sobre el porcentaje de endeudamiento de los estados, teniendo un marco legal débil sobre el manejo, topes y rendición de cuentas.

Por eso diputados y senadores de Acción Nacional han propuesto poner topes de endeudamiento a estados y municipios en un total de 15 por ciento del presupuesto anual asignado, extendiendo la posibilidad de ampliarlo a un 5 por ciento más, en caso de desastres naturales, contingencias o cualquier suceso en el cual los estados y municipios requieran de un recurso extra.

Resulta fundamental que ustedes estén enterados de que en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, cuando solicitamos la información del correlativo de deuda pública previa a los procesos electorales, no se cuenta con este dato.

Por eso es la razón de este punto de acuerdo, este exhorto a la Secretaría de Hacienda, ya que no realiza la ejecución de las participaciones afectadas en garantía, salvo para registros vigentes previos a las modificaciones, generando un incremento irresponsable del gasto público, lo que ha llevado a autoridades en varios órdenes de gobierno a contratar deuda, a generar, obviamente, un exceso de deuda, pero también en este sentido rebasando su capacidad de pago, cuestión que nos preocupa.

En México, cualquier ciudadano o ciudadana que contrata una deuda se hace responsable y sabe que tiene que hacer el pago de los intereses y el pago también del monto solicitado. En este sentido, creemos que la responsabilidad es fundamental.

Para que en México tengamos un ámbito y un marco legal sano en materia financiera se requieren, obviamente, topes y la información para tener acciones prontas, expeditas, en el momento; no esperar a tener ya un estado en quiebra para poder actuar.

Este endeudamiento es obviamente un lastre para todo lo que es nuestro país. Con tristeza, de 2008 a 2012 aumentó al 99.1 por ciento. Esto es, de 203 mil 070.2 millones de pesos a 404 mil 409.5 millones de pesos, si se considera esto como porcentaje de las participaciones el saldo de la deuda aumentó al 50.7 por ciento en diciembre de 2008 y al 80.1 en junio de 2012. A la fecha el endeudamiento tiene como porcentaje del producto interno bruto al 2.7 por ciento.

De acuerdo a esta información, las entidades federativas a la Secretaría de Hacienda mantienen obligaciones financieras inscritas en el Registro de Obligaciones de Empréstitos de las entidades federativas y municipios, estableciendo en el reglamento citado de la ley —del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal— un monto total de deuda de 322 mil 950.6 millones de pesos, y esto ha sido contratado por los gobiernos estatales; 30 mil 570.3 millones para los organismos estatales, 44 mil 859.2 millones por los municipios, 6 mil 029.4 millones por los organismos municipales, que genera una deuda pública per cápita de 3 mil 524 pesos, estimadas sobre una población calculada al 2012 de 114 millones de habitantes.

Esto genera opacidad. Las aportaciones federales en las cuales deben estar incluidos los municipios deben estar reguladas, debemos contar y es transcendente que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación conozca con claridad el gasto federalizado, el empréstito, las bursatilizaciones, que como mi estado, Veracruz, son hoy 30 años de deuda para cada uno de los municipios que accedieron a este tipo de empréstitos.

El caso Moreira, el caso Yarrington, el caso Granier y Veracruz, debe ser legislado. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a entregar trimestralmente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados la información relativa a la deuda pública de los estados y municipios, suscrito por la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a entregar trimestralmente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados la información relativa a la deuda pública de los estados y de los municipios garantizada por participaciones federales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Situación de la deuda pública de los estados y municipios

La preocupante y en algunos casos desproporcionada deuda pública que enfrentan los estados y municipios del país, es resultado de un modelo de coordinación fiscal que no responde a los propósitos  de adecuado equilibrio presupuestal entre los distintos órdenes de gobierno, teniendo como resultado inevitable el fomento a la corrupción, la opacidad y la mala conducción de los recursos públicos.

Para las entidades federativas la deuda juega un papel distinto al de la federación. Las funciones propias de un gobierno local son diferentes a las funciones que por mandato Constitucional están asignadas al gobierno federal. La función del gobierno local es proporcionar niveles de servicios públicos acordes con las necesidades de las comunidades locales. Y es en la realización de este objetivo donde la deuda pública local puede ser extremadamente útil.

El crecimiento acelerado de la deuda pública, responde a razones políticas, administrativas y económicas, así como a factores financieros derivados de los altos costos de contratación del servicio de deuda pública e intereses bancarios que varían por entidad federativa, oscilando entre  5.3 por ciento y 14.7 por ciento anual, con una tasa promedio de interés nominal al 30 de junio del 2012 de 6.3 por ciento anual y un plazo promedio de vencimiento de obligaciones de 14.9 años.

En la tabla anterior elaborada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pueden observar los importes totales de la deuda de las entidades federativas y los municipios, pero no se aprecian las Instituciones Financieras con las que se ha contratado deuda ni las especificidades de su contratación, generando una grave opacidad y ausencia de rendición de cuentas, dicha información no se encuentra disponible para consulta en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada del registro de la deuda.

Por otra parte, en la siguiente gráfica se observa el grado de avance por entidad federativa respecto  al avance en la implementación de los esquemas de transparencia y presentación de información por entidad federativa:

Fuente: Informes en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo noveno, fracción III, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Como se observa, los sistemas de presentación de la información no son cumplimentados de manera puntual respecto a la entrega de la información que en materia de ejercicio presupuestal deben realizar las entidades federativas, el Distrito Federal, las delegaciones y los municipios, aunado a que no en todas las ocasiones se publican ni se difunden las evaluaciones en los portales de transparencia de los gobiernos estatales, no contándose con mecanismos para garantizar la participación sustantiva de la población en las distintas etapas del proceso presupuestario y evaluaciones, siendo por tanto indispensable que se cuenten con informes que permitan evaluar el ejercicio de gasto que se realiza derivado de las aportaciones Federales recibidas trimestralmente del Presupuesto de Egresos de la Federación respectivo.

II. Regulación constitucional y legal de la deuda pública de estados y municipios

El principio general que prevalece en las finanzas públicas es que el gobierno local debería emitir deuda pública para una finalidad básica: financiar sus proyectos de capital, los cuales también se conocen como “inversiones públicas productivas”.

La contratación y el manejo de la deuda pública de Estados y municipios se determina por la regulación que se encuentra plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 117, fracción VIII, el cual establece la prohibición expresa a las entidades federativas de contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Es preciso señalar que las operaciones que involucran el endeudamiento de los Estados y Ayuntamientos representan actos soberanos que solamente competen a éstos, por lo que la deuda pública es considerada como deuda directa y de ninguna manera representa deuda contingente para el gobierno federal.

III. Regulación constitucional y legal de la deuda pública del Distrito Federal

La fracción III del apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como facultad del honorable Congreso de la Unión legislar en materia de deuda pública del Distrito Federal, mientras que la fracción III del apartado B del citado artículo establece como facultad del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos enviar anualmente al Congreso de la Unión, la propuesta de los montos de endeudamiento necesarios para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal. Para tal efecto, el jefe de gobierno del Distrito Federal someterá a la consideración del presidente de la República la propuesta correspondiente, en los términos que disponga la ley.

En razón de que corresponde a la federación decidir esos aspectos en materia de deuda pública del Distrito Federal, el artículo 73, fracción VIII, constitucional establece que Ejecutivo federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de la deuda del Distrito Federal a cuyo efecto el jefe de gobierno le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado.

Asimismo, la Ley de Coordinación Fiscal fue modificada el 15 de diciembre de 1995 y el 15 de octubre de 2001, tanto en su artículo 9o. como en su Reglamento para incluir algunos elementos de mercado que han permitido mejorar el perfil y el vencimiento de las obligaciones financieras de las entidades federativas y municipios en los últimos años.

IV. Deuda de los estados y municipios garantizada por participaciones federales

Las diversas reformas al marco normativo de la deuda pública tanto de las entidades federativas como de los municipios, el Distrito Federal y sus delegaciones han permitido entre otras cuestiones: Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya no aplique la garantía de afectación en participaciones, salvo para los créditos anteriores a la reforma y/o que continúan vigentes y que fueron contratados antes del nuevo esquema de financiamiento; que el Registro de Obligaciones y Empréstitos de entidades federativas y municipios sea eminentemente declarativo y para fines estadísticos; que la deuda soberana de estados y municipios deba estar debidamente calificada; que las normas de capitalización sean más estrictas e incluyentes; se permitió la creación de la figura de fideicomiso maestro como un mecanismo seguro de pago de las obligaciones financieras, en sustitución del esquema de garantía de pago efectuado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y  se integró una sola ventanilla en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de atención a las entidades federativas, el Distrito Federal y sus delegaciones  y los municipios, que incorpora la función de registro de obligaciones y empréstitos de las entidades federativas.

Estas, se dieron a la luz de lo que establece el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, que señala:

Artículo 9. Las participaciones que corresponden a las entidades y los municipios son inembargables, no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por los estados o municipios con autorización de las legislaturas locales, e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de entidades federativas y municipios”.

Sin embargo, no es obligatoria la inscripción de las obligaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de entidades federativas y municipios  de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizándose para fines meramente estadísticos en virtud de la existencia de registros estatales y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya no realiza más la ejecución de las participaciones afectadas en garantía, salvo para registros vigentes previos a las modificaciones mencionadas, generando un incremento irresponsable del gasto público, lo que ha llevado a varias autoridades en éstos órdenes de gobierno a contratar deuda, excediendo su capacidad de pago.

Las operaciones antes mencionadas, también incluyen la contratación de deuda por parte de los organismos públicos descentralizados y de las empresas públicas creadas por los organismos estatales y municipales. Tanto los montos de endeudamiento como los conceptos por los que se contrata deuda son una facultad exclusiva de las legislaturas locales, las cuales los fijan en sus respectivas leyes de ingresos aprobadas para el ejercicio anual.

La mayoría de los estados se guían en sus leyes de deuda por los parámetros establecidos en la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para contraer deuda pública, debiendo observar que dicho precepto contempla el concepto de inversiones públicas productivas pero no lo define, lo que conlleva a una pluralidad de leyes que regulan la deuda pública de los estados, propiciando un marco legal débil en cuanto al manejo de la deuda, topes de endeudamiento y rendición de cuentas en cada entidad.

Actualmente, el monto de la deuda pública de largo plazo de los Estados, el Distrito Federal y los municipios de diciembre de 2008 a junio de 2012, aumentó en 99.1 por ciento, esto es, de 203 mil 070.2 millones de pesos a 404 mil 409.5 millones de pesos. Si se considera como porcentaje de las participaciones, el saldo de la deuda se incrementó de 50.7 por ciento en diciembre de 2008 a 80.1 por ciento en junio de 2012. A la fecha, el endeudamiento como porcentaje del PIB del país asciende a 2.7 por ciento.

De acuerdo a información proporcionada por las entidades federativas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto a la situación que mantienen las obligaciones financieras inscritas en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de entidades federativas y municipios establecido en el Reglamento del citado artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, del monto total de la deuda anteriormente señalada, 322 mil 950.6 millones de pesos han sido contratados por los gobiernos estatales, 30 mil 570.3 millones por los organismos estatales, 44 mil 859.2 millones por los municipios y 6 mil 029.4 millones por los organismos municipales, lo que representa un promedio de deuda pública per cápita de 3,524 pesos, estimada sobre una población calculada al 2012 de 114 millones 725 mil 753 mexicanos.

Igual opacidad existe respecto de las aportaciones federales de las que son beneficiarias los municipios que conforman a las entidades federativas, así como las delegaciones correspondientes al Distrito Federal. Los pasivos de los ayuntamientos al mes de octubre, ascienden a 36 mil 708 millones de pesos, esto es, 11.65 por ciento del endeudamiento total de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal (314 mil 858 millones de pesos).

En el tercer informe respecto de las obligaciones financieras de entidades federativas y municipios, se observa lo antes señalado:

V. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la honorable Cámara de Diputados y la deuda pública de los Estados y municipios garantizada por las participaciones federales que les corresponden.

Corresponde al Estado la rectoría económica de la nación y la participación de esta honorable Cámara de Diputados en materia presupuestal es relevante, considerando que le compete en exclusiva la aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y es colegisladora en la emisión de las leyes tributarias.

Igualmente corresponde en forma exclusiva a la honorable Cámara de Diputados la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, incluyendo las participaciones que se entregan a los estados y el Distrito Federal.

Así las cosas, las obligaciones financieras garantizadas con participaciones federales pueden poner en riesgo las finanzas públicas de los estados y municipios cuando no existe un control adecuado de ellas, transformándose las tasas de interés en volúmenes impagables por el excesivo endeudamiento.

Por ello, es trascendente que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación cuente con elementos para conocer los montos de endeudamiento actualizados de manera trimestral de los estados y municipios, a fin de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos.

Por último, no se requiere la misma información del Distrito Federal, considerando que éste se encuentra limitado a las autorizaciones que, sobre el tope de endeudamiento, realiza anualmente el honorable Congreso de la Unión, así como que el presidente de la República rinde un informe anual respecto a su ejercicio, como se razonó en el punto III de esta proposición con punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que entregue trimestralmente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la información relativa a la deuda pública de los estados y de los municipios, garantizada por participaciones federales.

Notas:

1 www.asf.gob.mx/pags/recupera1/ recuperaciones y www.asf. gob.mx/ pags/ recupera1 /recupera.htp

2 http//www.apartados.hacienda.gob.mx

3 Primera Convención Nacional Hacendaria, mayo de 2011.

4 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, diagnóstico integral de la situación actual de las haciendas públicas estatales y municipales, http://www.shcp.gob.mx/Paginas/default.aspx, consulta realizada el 12 de diciembre de 2012.

5 Valores en millones de pesos. Deuda aprobada al 24 de mayo del 2012 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fuente: http://www.shcp.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/2012.

6 Obligaciones financieras con respecto a las Participaciones Federales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 3 de enero de 2013.— Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Ciudadano presidente, no se cumple con el requisito de la mayoría calificada.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Tercera Comisión.

* PROPOSICIONES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Quiero informarles que las distintas proposiciones que están inscritas al día de hoy se turnan a las comisiones que correspondan y vamos a tener la debida publicación en la Gaceta.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: (a las 14:16 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 9 de enero de 2013 a las 11 horas en punto.

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