Presidencia de la senadora Hilda Esthela Flores Escalera

ASISTENCIA

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Proceda la Secretaría a pasar lista de Asistencia.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.

(Lista de asistencia)

¿Falta algún legislador o legisladora de pasar lista? Hay una asistencia, senadora presidenta, de 29 legisladoras y legisladores; por lo tanto, hay quórum.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera(a las 11:29 horas): Gracias, secretario. Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Senadora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer receso.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 9 de enero de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Oficios de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal

Por los que remite contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los hechos ocurridos en el Cinépolis de Plaza Ermita.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, relativo a la incorporación de México a la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica.

Con el que remite la propuesta del Presidente de la República, para nombrar al C. Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México, en los Estados Unidos de América.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas: Susana Canales Clariond y Myriam Vachez Plagnol, puedan aceptar y desempeñar el cargo de cónsules honorarios de la República Francesa en las ciudades de Monterrey Nuevo León y de Guadalajara, Jalisco.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Miguel Ángel Fernández Villar, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Gabriela Ilian Ramos Patiño, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Ernesto Schreiner Hernández, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden “Cruz Peruana al Mérito Naval”, en grado de Comendador Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno de la República del Perú.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas: Guadalupe Estefanía Ríos Pacheco, Manuel Martínez Rabelero y Leticia Marbella Matías Matías, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en su Consulado General en Guadalajara, Jalisco y en su Agencia Consular en Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Mariana Colchado Durán, Els Michiel Ann Mestdagh, María Aydelia Pilar Mayela Gutiérrez Buces, Daniela Linet López García, Mariana Viñas Portilla, Susana Adame Carreón, Rosa María Jiménez Narváez, Patricia Oliva Romero, Gracia América Elorza Bonifaz Calvo, Álvaro Pacheco Ruvalcaba, Miguel Ángel Reyes Cabrera, Pedro Arellano Alvarado y Rocío Yaneth Córdova Montijo, puedan prestar servicios en las Embajadas de Bélgica, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América en México y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora, respectivamente.

Solicitud de licencia

De la diputada Nuvia Magdalena Mayorga Delgado

Dictámenes de primera lecturaDe la Primera Comisión

Con proyecto de decreto que concede permisos a los ciudadanos María Luisa Guadalupe Mosqueda Rodarte, José Luis González Reyes, Juan Manuel Ayala Herrera y Diana Angélica Galindo Laredo, para prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América, de la República Federativa del Brasil, en México, y en Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Con proyecto de decreto que concede permisos a los ciudadanos José Luis Lara Flores, Rodrigo Ávila Ramírez, Mayra Alejandra Bocanegra Bayardo, Jorge Miguel Cirilo Aguilar, Adriana de la Torre Olazábal, Marie Giséle Ibarra Cornille, Luis Manuel Soto Uruñuela y Sergio Trejo Ortiz, para prestar servicios en las Embajadas de la República Federal de Alemania y de Canadá, en México.

Con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Verónica Elizondo Martínez, pueda prestar servicios en la Embajada del Reino de los Países Bajos, en México.

Con proyecto de decreto que concede permisos a los ciudadanos Patricia Espinosa Cantellano, Bruno Francisco Ferrari García de Alba, Armando Vicencio Álvarez, Fidias Hernández Ubaldo y José Julián Gascón Mercado, puedan aceptar y usar condecoraciones que les otorgan los Gobiernos de la República de Chile, de la República de Colombia y del Reino de España.

Dictámenes a discusión

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del C. Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, como embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México, en los Estados Unidos de América.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se aprueba la designación de los ciudadanos Guillermo Hopkins Gámez, Luis Miguel Montaño Reyes, José Gerardo Quijano León y Oscar Guillermo Levín Coppel como vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que formule un llamado a las autoridades migratorias de las regiones de Estados Unidos de América y Canadá, relativo a la población migrante mexicana que resultó damnificada a consecuencia de la tormenta “Sandy”.

Dictámenes negativos

De la Primera Comisión, por el que desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que interponga acción de inconstitucionalidad en contra de la Reforma Laboral Integral, producto de la iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo federal, publicada en el DOF el 30 de noviembre de 2012.

De la Segunda Comisión, por el que desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal, para que derogue el decreto oficial del 29 de noviembre de 2012, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Estado Mayor Presidencial.

Iniciativas

Que reforma el artículo 222 Bis de la Ley General de Salud, suscrita por la senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, suscrita por el senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 49 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por el diputado Abraham Montes Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los senadores María del Pilar Ortega Martínez y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, suscrita por los diputados Trinidad Secundino Morales Vargas, Uriel Flores Aguayo y Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 192 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por el diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, suscrita por el senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 10-E de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por la senadora Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Trinidad Secundino Morales Vargas, Uriel Flores Aguayo y Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y reforma los artículos 343 Bis y 343 Ter del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal, para que a través de la Segob, sean liberados los recursos del Fonden para los estados del norte que se encuentran afectados por la tormenta invernal, suscrito por la senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, para que a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, se realice un diagnóstico nacional sobre la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes en México, suscrito por la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al INAH, para que realice las investigaciones necesarias para regular, detener y en su caso sancionar a los responsables de las afectaciones de obras y vestigios arqueológicos ocasionados por obras de construcción en la Delegación Benito Juárez, Distrito Federal, así como para determinar la existencia de hallazgos de vestigios arqueológicos durante la construcción de la línea 12 del metro de la Cd. de México, suscrito por el diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la intervención de la ASF, de la SCT y de la Comisión Federal de Competencia, para que investiguen y revisen el convenio de concesión celebrado con la empresa Promotora de Autopistas del Pacífico SA de CV, con el objeto de que cumpla con las normas y estándares obligatorios, así mismo expliquen por cuántos años está otorgada la concesión del tramo carretero de San Martín Texmelucan-Tlaxcala-Molinito, suscrito por la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente del Conaculta, para que rinda un informe sobre las estrategias de prevención de incendios en recintos patrimoniales de origen y destino religioso, así como para que desarrolle diversas acciones a favor del patrimonio cultural del país, suscrito por el diputado Jorge Herrera Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SHCP, explique el incremento adicional que tuvieron los precios de los combustibles en el país, suscrito por el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob y a la SHCP, para que apliquen los recursos necesarios a favor de los ex braceros o sus beneficiarios que aún no reciben el apoyo, suscrito por el diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Segob, lleve a cabo las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad, la tranquilidad y la paz social para los habitantes de la región lagunera de los estados de Coahuila y Durango, suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de Estados Unidos de América, para que impulse iniciativas a fin de que los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas, implementen un mecanismo para que toda arma de fuego sea objeto de un registro balístico, suscrito por la senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGJ del estado de Veracruz, así como a la PGR, para que inicien una investigación por la posible comisión de delitos en contra de la Diputada Leticia López Landero y del Senador Fernando Yunes Márquez, y en su caso se sancione a los autores intelectuales y materiales plenamente identificados por los hechos ocurridos en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el 7 de enero de 2013, suscrito por el senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federales y militares, a reforzar la seguridad pública en el estado de Morelos, ante el alza de eventos delictivos; así mismo, se exhorta al Gobernador de dicho estado, para preservar la paz y seguridad de todas las personas, revisar la designación de la titular de la SSP e instruir a las dependencias a su cargo para cumplir con la legalidad y protección de los derechos humanos en todos los procedimientos públicos, suscrito por el senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

12. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, a la Profepa, a la Conagua, a la Conafor y a la Conapred, para que establezcan las acciones necesarias para la difusión del problema que representa las especies invasoras y elaboren propuestas para su control, manejo y en su caso, erradicación de los mares y aguas interiores de México, suscrito por el diputado Raymundo King de la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob y a las autoridades de los tres niveles de gobierno, ejercer un control más riguroso con respecto a los objetos que se ingresan al interior de los centros penitenciarios y centros de readaptación social del país, suscrito por el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa y de la Semarnat, para que evalúen los permisos que se han otorgado para la siembra de maíz transgénico, a las transnacionales y para que se implementen medidas de protección y promoción para la conservación de las semillas nativas, suscrito por el diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que ordene la reparación del tramo del periférico sur que fue afectado gravemente por las obras de la Autopista Urbana Sur, suscrito por la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de los estados, para que aprueben la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, suscrito por el senador Mario Martin Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y sus análogas en sus entidades federativas, a fin de fomentar la implementación y el acceso al sistema de escritura braille para personas con discapacidad visual, suscrito por la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, para que a través de la Profepa, verifique el cumplimiento de la normatividad ambiental por las diversas acciones y obras relacionadas con el proyecto denominado Hotel Mayan Palace Nuevo Vallarta, ubicado en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, suscrito por los diputados Claudia Elena Águila Torres y Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Condusef, para que instrumente una campaña de difusión que alerte e informe a los tarjetahabientes de manera clara y detallada sobre el aumento al pago mínimo sobre tarjetas de crédito, suscrito por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo sobre la problemática existente en el estado de Tlaxcala, en relación al organismo público descentralizado Pensiones Civiles, suscrito por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras, para que acuerden a la brevedad la integración de las y los diputados y senadores que conformarán la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), suscrito por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Agenda política

Comentarios relativos a la situación actual que prevalece en la República Árabe Siria, a cargo de la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el jueves tres de enero de dos mil trece, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Salón Legisladores de la República sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de veintinueve legisladores, a las once horas con once minutos del jueves tres de enero de dos mil trece, el presidente declaró abierta la sesión.

En votación económica se dispensó la lectura al orden del día, en virtud de que se encontraba publicado en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica se dispensó la lectura al acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, también en votación económica se aprobó.

En su oportunidad, desde sus curules y en relación con el orden del día, el diputado Rodrigo González Barrios y la senadora Dolores Padierna Luna, ambos del Partido de la Revolución Democrática, solicitaron integrar un dictamen de la Tercera Comisión. La Presidencia comentó que cuando fuera recibido por la Mesa Directiva, se consultaría al pleno si se desahogaba el mismo día.

Se dio cuenta con los siguientes documentos:

a) De la Secretaría de Gobernación, oficios:

• Cuatro, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remitieron a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para su conocimiento.

• Dos, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores. Se remitieron a la Cámara de Senadores.

• Con el que remite la designación de los ciudadanos Guillermo Hopkins Gámez, Luis Miguel Montaño Reyes, José Gerardo Quijano León y Óscar Guillermo Levín Coppel como vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Se turnó a la Tercera Comisión.

• Con el que informa que catorce ciudadanos mexicanos habían dejado de prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América. Se remitió a las Comisiones de Gobernación, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

• Con el que informa que el treinta de noviembre de dos mil doce fue constituido el fideicomiso público denominado “Fondo para el Cambio Climático”, en cumplimiento al artículo Noveno Transitorio de La Ley General de Cambio Climático. Se remitió a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Especial de Cambio Climático de la Cámara de Diputados, y a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la de Cambio Climático de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

Se recibió iniciativa con proyecto de decreto del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para dictamen.

Se concedió el uso de la tribuna para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los legisladores:

• Diputado Jorge Herrera Delgado, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

Presidencia de la senadoraHilda Esthela Flores Escalera

• Diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos cuarto de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y quinto de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y de Gobernación, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputado Silvano Blanco Deaquino, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo cincuenta y tres de la Ley Reglamentaria del Artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo cincuenta y siete del Código de Justicia Militar. Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un artículo dieciocho bis y reforma los artículos cuarenta y dos y cincuenta y dos de la Ley de Aviación Civil. Se turnó a la Comisión de Transportes, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Senadora Gabriela Cuevas Barron, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores, para dictamen.

• Diputado Rodrigo González Barrios, en nombre propio y del diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

Se recibió iniciativa con proyecto de decreto del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo dieciocho de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turnó a la Comisión de Gobernación, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputado Abraham Montes Alvarado, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo veinticinco de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Se turnó a la Comisión de Energía, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ochenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, para dictamen, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático de la Cámara de Senadores.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Se recibieron proposiciones con punto de acuerdo de los legisladores:

• Diputada Marcelina Orta Coronado, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que formule un llamado a las autoridades migratorias de las regiones de Estados Unidos de América y Canadá, para que en la conducción de las labores de auxilio a las mujeres y la población menor de edad indocumentada migrante mexicana que resultó damnificada a consecuencia de la tormenta Sandy, se priorice el trato digno y el respeto a sus derechos humanos. Se turnó a la Segunda Comisión.

• Diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación de dos mil trece se dé prelación en el ejercicio presupuestal para la Campaña Fitosanitaria de Prioridad Nacional contra el HLB. Se turnó a la Tercera Comisión.

• Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los ayuntamientos del estado de México, a conducirse con responsabilidad, con sujeción a derecho y bajo los principios de transparencia, en la conducción de las finanzas públicas del municipio. Se turnó a la Tercera Comisión.

• Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Partido de la Revolución Democrática:

- Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que realice un estudio en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, y otras instituciones académicas de investigación, para que por medio de sus convenios, se determine el impacto ambiental de la empresa Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, Sociedad Anónima de Capital Variable, a fin de que cumpla con la normatividad aplicable, asimismo, se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, para que realice el análisis respectivo para implantar programas sociales en beneficio de la comunidad indígena Hñähñu de Hidalgo. Se turnó a la Tercera Comisión.

- Por el que se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración, para que integre un estudio minucioso de su personal presuntamente involucrado en actos ilícitos e irregulares, y en caso de probarse la comisión de algún ilícito, se actúe en consecuencia, a fin de garantizar los derechos humanos de los migrantes. Se turnó a la Primera Comisión.

Se concedió el uso de la tribuna para presentar proposiciones con punto de acuerdo, a los legisladores:

• Diputado Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia, para que investigue sobre la posible existencia de prácticas monopólicas en el sector de la aviación civil de pasajeros, aplicada por el Grupo Aeroméxico, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, en las rutas nacionales que actualmente opera. En votación económica se consideró de urgente resolución. Se sometió a discusión e intervinieron en pro los legisladores: senador Miguel Romo Medina, del Partido Revolucionario Institucional; diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; y el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Comuníquese.

En votación económica se autorizó la inclusión en el orden del día, del dictamen con punto de acuerdo de Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– relativo a las autorizaciones del megaproyecto Dragón Mart en Cancún, Quintana Roo. Se concedió el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la comisión a la senadora Dolores Padierna Luna.

Presidencia del senadorJosé María Martínez Martínez

Intervinieron para referirse al dictamen los legisladores: diputado Rodrigo González Barrios, del Partido de la Revolución Democrática; diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; y el diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se aprobó el dictamen. Comuníquese.

• Diputado Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Gobernación para que garanticen la continuidad de la certificación de los integrantes de los cuerpos policiacos del país, por la vía de los controles de confianza; así como para que den a conocer el programa de reestructura de las áreas operativas y de inteligencia que se encontraban adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública. En votación económica se consideró de urgente resolución. Se sometió a discusión e intervinieron los legisladores: senador Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional; diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, quien aceptó interpelación del senador Manuel Cavazos Lerma, del Partido Revolucionario Institucional; diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; senadora Gabriela Cuevas Barron, del Partido Acción Nacional, quien se refirió a su propuesta que en este tema tenia registrada, solicitando pueda integrarse a los puntos de acuerdo en discusión; senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Partido de la Revolución Democrática, quien hizo propuesta de modificación a los resolutivos a discusión; senador Luis Armando Melgar Bravo, del Partido Verde Ecologista de México; diputado Silvano Blanco Deaquino, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se aceptaron las modificaciones presentadas por los senadores Gabriela Cuevas Barron y Fidel Demédicis Hidalgo. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo con las modificaciones aceptadas por la asamblea. Comuníquese.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

• Diputado Ricardo Mejía Berdeja, en nombre propio y del diputado Ricardo Monreal Ávila, ambos de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a negar la autorización del proyecto “La Ensenada” en la isla Holbox, dentro del área natural protegida de Yum Balam, en Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, así como para que se apruebe y publique el programa de manejo correspondiente a dicha área natural. En votación económica se consideró de urgente resolución. Sin oradores registrados, en votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Comuníquese.

• Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se tomen medidas respecto del endeudamiento, déficit y posibles medidas de precipicio fiscal de Estados Unidos de América, informando a la brevedad sobre las acciones acordadas. En votación económica no se consideró de urgente resolución, y se turnó a la Tercera Comisión.

• Diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que entregue trimestralmente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, la información relativa a la deuda pública de los estados y municipios. En votación económica no se consideró de urgente resolución, y se turnó a la Tercera Comisión.

Se recibieron proposiciones con puntos de acuerdo de los legisladores:

• Diputado Uriel Flores Aguayo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que realice una revisión y ajuste de tarifas en el tramo carretero “Perote-Banderillas” y “Libramiento Xalapa”. Se turnó a la Tercera Comisión.

• Diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que lleve a cabo acciones para terminar con la grave crisis de inseguridad que vive el país. Se turnó a la Tercera Comisión.

• Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que aumente la cobertura de la campaña de difusión y divulgación sobre los derechos de los consumidores, informando a la ciudadanía sobre los mismos, así como de las violaciones e infracciones contenidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turnó a la Primera Comisión.

El presidente clausuró la sesión a las catorce horas con dieciséis minutos, y citó para la que tendrá lugar el miércoles nueve de enero de dos mil trece, a las once horas.»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Proceda la Secretaría poner a discusión el acta de la sesión anterior.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Sí, señora presidenta. Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, secretaria. Aprobada el acta.

HENDRIK CUACUAS

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, adjunto oficio INVEADF/CJ/1357/2012 y anexo, en alcance al similar INVEADF/CJ/1328/2012, mediante el cual el coordinador jurídico del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, da respuesta al punto de acuerdo, por el que se exhorta a que en coordinación con las delegaciones garanticen la seguridad de las niñas, niños y adolescentes que concurran a los diversos espectáculos públicos o cines de la ciudad del Distrito Federal, solicitando a todos los establecimientos mercantiles de impacto vecinal cumplan escrupulosamente con la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, colocando videocámaras y equipos de seguridad, con la finalidad de atender eventos de riesgo con reacción inmediata, así como colocar arcos detectores de metales o detectores portátiles para controlar el acceso a sus instalaciones, a fin de evitar otro suceso como aquel en donde perdiera la vida el niño de diez años Hendrik Cuacuas; asimismo, se exhorta para que en coordinación con las delegaciones, con la brevedad posible implementen una supervisión en todos los espacios de recreación para verificar que cuentan con las medidas de seguridad requeridas para el desarrollo confiable de sus eventos, a fin de garantizar a las niñas, niños y adolescentes junto con sus familias el pleno disfrute de sus tiempos libres.

Lo anterior, en relación con el oficio número D.G.P.L.62-II-8-0364, en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación de un punto de acuerdo, relacionado con el asunto antes citado.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de diciembre de 2012.— Héctor Serrano Cortés (rúbrica), secretario de Gobierno del Distrito Federal.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.

Licenciado Antonio Martínez Salas, secretario particular del secretario de Gobierno del DF.— Presente.

Por medio del presente ocurso y en alcance al oficio número INVEADF/CJ/1328/2012, de fecha siete de diciembre del año en curso, a través del cual se dio contestación a su similar número SG/SP/13697/2012, de fecha 23 de noviembre de 2012, le remito el oficio número................. MH/DGJSL/DVR/2323/2012, de fecha 10 de diciembre de 2012, signado por el ciudadano Héctor Vázquez Aguirre, director de Verificación y Reglamentos en la delegación Miguel Hidalgo.

Lo anterior para los efectos administrativos que estime conducentes.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 17 de diciembre de 2012.— Maestro Omar Jiménez Cuenca (rúbrica), coordinador jurídico.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.

Maestro Omar Jiménez Cuenca, coordinador jurídico del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal.— Presente.

En relación con el oficio número INVEADF/CJ/1261/2012, en el que se hace del conocimiento de este órgano administrativo el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en el que exhorta a que en coordinación con las delegaciones se garantice la seguridad de las niñas, los niños y adolescentes que concurran a diversos espectáculos públicos o cines del Distrito Federal.

En este sentido, sumándonos a la preocupación de las autoridades legislativas y administrativas, le informo que desde el 15 de noviembre del año en curso, el órgano político administrativo en Miguel Hidalgo, a través de la Dirección de Verificación y Reglamentos a mi cargo, ordenó visita de verificación administrativa a los trece establecimientos mercantiles con giro de cine domiciliados en la demarcación.

Las visitas ejecutadas por el personal especializado en función administrativa, de acuerdo con el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal enuncian en su objeto y alcance la corroboración del legal funcionamiento del establecimiento, así como del estricto cumplimiento de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, enfatizando en las acciones de Protección Civil encaminadas a la salvaguarda, protección y mitigación de riesgo de las personas que concurren en estos espacios.

No omito mencionar que las actas circunstanciadas derivadas de las visitas de verificación se encuentran en el área correspondiente para la determinación de su estado, por lo que en esta Dirección estamos comprometidos a ejecutar de inmediato cualquier resolución administrativa que emita el órgano calificar en el momento procesal oportuno.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de nuestra disposición para trabajar en conjunto con el Instituto en acciones encaminadas a la prevención de sucesos desafortunados; siempre en beneficio de las personas que habitan y transitan en Miguel Hidalgo.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2012.— Héctor Vázquez Aguirre (rúbrica), director de Verificación y Reglamentos.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.

Para: Héctor Serrano Cortés

De: Marcela Gómez Zalce

Anexo a la presente para su atención procedente, punto de acuerdo por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, referente a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva para que se consigne a los responsables de los hechos ocurridos en el Cinépolis en Plaza Ermita.

Sin otro particular, te envío en cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de noviembre de 2012.— Marcela Gómez Zalce (rúbrica), jefa de la Oficina de la Jefatura de Gobierno.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, adjunto oficio INVEADF/CJ/1328/2012, mediante el cual el coordinador jurídico del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, da respuesta al punto de acuerdo, por el que se exhorta a que en coordinación con las delegaciones garanticen la seguridad de las niñas, niños y adolescentes que concurran a los diversos espectáculos públicos o cines de la ciudad del Distrito Federal, solicitando a todos los establecimientos mercantiles de impacto vecinal cumplan escrupulosamente con la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, colocando videocámaras y equipos de seguridad, con la finalidad de atender eventos de riesgo con reacción inmediata, así como colocar arcos detectores de metales o detectores portátiles para controlar el acceso a sus instalaciones, a fin de evitar otro suceso como aquel en donde perdiera la vida el niño de diez años Hendrik Cuacuas; asimismo, se exhorta para que en coordinación con las delegaciones, a la brevedad posible implementen una supervisión en todos los espacios de recreación para verificar que cuentan con las medidas de seguridad requeridas para el desarrollo confiable de sus eventos, a fin de garantizar a las niñas, niños y adolescentes junto con sus familias el pleno disfrute de sus tiempos libres.

Lo anterior, en relación con el oficio DGPL62-II-8-0364 en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación de un punto de acuerdo, relacionado con el asunto antes citado.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de diciembre de 2012.— Héctor Serrano Cortés (rúbrica), secretario de Gobierno del Distrito Federal.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.

Secretaría Particular de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

Me refiero a su oficio SG/SP/13697/2012 de fecha 23 de noviembre de 2012 y recibido en esta unidad administrativa el 26 de igual mes y año, mediante el cual solicita dirigir a esa dependencia la información necesaria para tender el punto de acuerdo de fecha 15 de noviembre de 2012, emitido por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en relación con los hechos en que perdió la vida el menor de edad Hendrik Cuacuas.

Sobre el particular, me permito informar que este instituto ha remitido sendos oficios dirigidos a cada una de las delegaciones del Distrito Federal, a través de los cuales se reitera a dichos órganos político administrativos que el personal de este organismo que se les encuentra adscrito, está a disposición para ejecutar las órdenes de visita de verificación en las materias en que dichos entes públicos poseen atribuciones con el carácter de autoridad ordenadora, en términos de los dispuesto por el artículo 7 apartado B fracciones I, II y III de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal.

En ese sentido, este descentralizado actúa dentro de la esfera de sus atribuciones para atender el punto de acuerdo precitado, por lo que se remiten copias de los ya referidos ocursos para los fines administrativos y jurídicos a que haya lugar.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 7 de diciembre de 2012.— Maestro Omar Jiménez Cuenca (rúbrica), coordinador jurídico.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.

Para: Héctor Serrano Cortés

De: Marcela Gómez Zalce

Anexo a la presente para tu conocimiento y atención procedente, punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, referente a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva para que se consigne y castigue a los responsables de los hechos ocurridos en el Cinépolis en la Plaza Ermita.

Sin otro particular, te envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de noviembre de 2012.— Marcela Gómez Zalce (rúbrica), jefa de la Oficina de la Jefatura de Gobierno.»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Remítanse a las Comisiones de Justicia y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

ACUERDO DE ASOCIACION TRANSPACIFICA

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-2406, signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.2012.DGE.703 suscrito por el ciudadano Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la incorporación de México a la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP).

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de enero de 2013.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/3195/12, de fecha 23 de noviembre de 2012, a través del cual remite el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía rendir un informe sobre las condicionantes impuestas para la incorporación de México a la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP) y los alcances y compromisos que implica la negociación en materia de propiedad intelectual para el país.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que la Subsecretaría de Comercio Exterior informa que durante los procesos de integración comercial con otros países, se negocian diversos aspectos que involucran el acceso a los mercados bilaterales de bienes y servicios, en condiciones de reciprocidad y certidumbre jurídica, con el propósito de alcanzar acuerdos que beneficien tanto a nuestros productores como a los consumidores. Entre los temas que se abordan se encuentran los relacionados con la propiedad intelectual.

En las diversas negociaciones celebradas por México, el gobierno federal siempre ha protegido el interés de los productores y creadores de la industria nacional, dejando en claro el compromiso de nuestro país, de proteger la creatividad mexicana, tanto a nivel nacional como internacional, sobre todo en aquellos países con los que se busca incrementar el intercambio comercial.

Previo a la incorporación de nuestro país al TPP, la Secretaría de Economía fortaleció los mecanismos de coordinación con el sector productivo nacional y con las dependencias federales relevantes para el proceso de negociación.

Adicionalmente, la Secretaría de Economía realizó acercamientos técnicos con los negociadores del TPP para allegarse de información complementaria respecto de los acuerdos que se han alcanzado en este proceso de negociación previo a la participación de México.

La primera ronda en la que México participa es la decimoquinta, la cual se está realizando del 3 al 12 de diciembre en Nueva Zelandia. Previo a esta ronda, México llevó a cabo una reunión intermedia en Los Cabos del 12 al 15 de noviembre de 2012.

El gobierno federal continuará manteniendo informado de los avances de la participación de México en el TPP a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, respecto a los temas que se negocian (incluyendo el de propiedad intelectual) en el marco de este acuerdo.

Cabe mencionar que el TPP es la negociación comercial plurilateral más relevante y ambiciosa a nivel internacional por la cobertura de productos y las disciplinas que incluye, así como por la importancia económica de los miembros participantes. Actualmente el acuerdo está integrado por once países miembros: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam.

En los pasados seis años, las exportaciones mexicanas a Asia registraron la tasa de crecimiento promedio más dinámica hacia cualquier región, de 20.3 por ciento, por lo que es del interés de México desarrollar nuevos mercados de exportación en la región Asia-Pacífico y sostener la sólida expansión y diversificación de nuestras exportaciones hacia esta región, además de fortalecer la relación ya existente con Norteamérica y los países latinoamericanos miembros del Acuerdo. Desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ningún TLC negociado por México ha tenido los alcances que se pretenden en el TPP.

Con la adhesión de Canadá y México, el TPP representa a nivel mundial el 30 por ciento del PIB, el 19 por ciento de las exportaciones, el 22 por ciento de las importaciones, y concentra el 10 por ciento de la población.

Me permito comentarle que en la Secretaría de Economía estamos en la mejor disposición de que los funcionarios responsables entablen un diálogo sobre las negociaciones del TPP, así como sobre cualquier otro instrumento internacional comercial de nuestra competencia, cuando algún legislador o Comisión lo determine conveniente.

Por lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 2 del acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones, le solicito atentamente haga del conocimiento a la Cámara de Senadores la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 27 de diciembre de 2012.— Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica), Director General de Vinculación Política.»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Remítase a la Cámara de Senadores.

NOMBRAMIENTO DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Con fundamento en lo establecido en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de República tiene a bien nombrar al ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Estados Unidos de América.

Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de enero de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se informa a la asamblea que la propuesta se recibió el 4 de enero del año en curso y ésta fue turnada de inmediato a la Segunda Comisión de Trabajo.

DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSUL HONORARIO

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-15063, el embajador Alfredo Pérez Bravo, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción IV Apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Susana Canales Clariond, pueda desempeñar el cargo de cónsul honoraria de la República Francesa, en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en Nuevo León.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración de su expediente, originales de la carta dirigida al honorable Congreso de la Unión con la que la interesada solicita el permiso respectivo y del certificado de domicilio, copia certificada del acta de nacimiento de dicha persona, así como copias simples de su curriculum vitae, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de la República de Francia en México.

Atentamente

México, DF, a 8 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-15064, el embajador Alfredo Pérez Bravo, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción IV, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Myriam Vachez Plagnol pueda desempeñar el cargo de cónsul honoraria de la República Francesa en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en el estado de Jalisco.

Por lo anterior me permito anexar para la integración de su expediente, originales de la carta dirigida al honorable Congreso de la Unión con la que la interesada solicita el permiso respectivo y del certificado de residencia, copia certificada del acta de nacimiento de dicha persona, así como copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de la República de Francia en México.

Atentamente

México, DF, a 8 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se turnan a la Primera Comisión de Trabajo.

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-17079, el embajador Alfredo Pérez Bravo, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Miguel Ángel Fernández Villar, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel La Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada de la declaratoria de nacionalidad mexicana por naturalización, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de diciembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-17235, el embajador Alfredo Pérez Bravo, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la ciudadana Gabriela Ilián Ramos Patiño pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud de la interesada dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 17 de diciembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-17362, el embajador Alfredo Pérez Bravo, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Ernesto Schreiner Hernández pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval, en grado de Comendador Distintivo Blanco, que le otorga el gobierno de la República de Perú.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de diciembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1492/12, la licenciada Amparo Solano Garrido, directora general adjunta, encargada de la Dirección General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores; solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Manuel Martínez Rabelero.

Puesto: Auxiliar Administrativo/Chofer en el Departamento de Justicia.

Lugar de trabajo: Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Nombre: Leticia Marbella Matías Matías.

Puesto: Asistente de servicios consulares.

Lugar de trabajo: Agencia consular de Estados Unidos de América en Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Nombre: Guadalupe Estefanía Ríos Pacheco.

Puesto: Asistente administrativa de instalaciones.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas, y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1441/12, la licenciada Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Mariana Colchado Durán.

Puesto: Asistente Económica y Comercial para la Región Flamenca de Bélgica, FIT.

Lugar de trabajo: Embajada de Bélgica en México.

Nombre: Els Michiel Ann Mestdagh.

Puesto: Recepcionista.

Lugar de trabajo: Embajada de Bélgica en México.

Nombre: María Aydelia Pilar Mayela Gutiérrez Buces.

Puesto: Asistente Económica y Comercial para la Región Valona de Bélgica, AWEX.

Lugar de trabajo: Embajada de Bélgica en México.

Nombre: Daniela Linet López García.

Puesto: Asistente de propiedades y mantenimiento.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Mariana Viñas Portilla.

Puesto: Secretaria bilingüe.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Rocío Yaneth Córdova Montijo.

Puesto: Empleada de visas.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Nombre: Susana Adame Carreón.

Puesto: Coordinadora de viajes.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Rosa María Jiménez Narváez.

Puesto: Asistente administrativo.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Patricia Oliva Romero.

Puesto: Operadora telefónica.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Gracia América Elorza Bonifaz Calvo.

Puesto: Empleada de visas.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Álvaro Pacheco Ruvalcaba.

Puesto: Asistente de pasaportes y ciudadanías.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Miguel Ángel Reyes Cabrera.

Puesto: Asistente de pasaportes y ciudadanías.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Pedro Arellano Alvarado.

Puesto: Asistente en computación.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento y de la Carta de Naturalización Mexicana, que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas, y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

DIPUTADA QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en los artículos 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción XVI, 12, numeral 1, fracción II, y 13, numerales 2 y 4, me permito solicitar a partir de esta fecha licencia al ejercicio del encargo de diputada federal, que implica también la separación de la Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión. Lo anterior, en virtud de que fui invitada por el titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto, a colaborar en la administración pública federal, dicha solicitud es para estar en la aptitud legal de poder aceptar el encargo en comento.

Agradezco la confianza depositada en mi persona para el cargo de presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Mi amplio reconocimiento a las diputadas y los diputados de todos los grupos parlamentarios que me permitieron conducir los trabajos de la comisión, así como al trabajo responsable y comprometido con México que realizaron para la aprobación del dictamen de proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013.

Mi reconocimiento a las diputadas y los diputados de los distintos grupos parlamentarios de la LXII Legislatura, por su trabajo a favor de todos los mexicanos, así como a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Asimismo agradezco el respeto y apoyo del coordinador del Grupo Parlamentario del PRI para las tareas encomendadas a la suscrita, mi reconocimiento a su desempeño.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2013.— Diputada Nuvia Mayorga Delgado (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, secretario. De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se concede licencia, por tiempo indefinido, a la diputada Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la quinta circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Senadora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, secretario. Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de cuatro dictámenes con proyecto de decreto de la Primera Comisión de Trabajo, que conceden permisos a ciudadanos mexicanos para prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México, y para aceptar y usar condecoraciones, que en diferentes grados otorgan gobiernos extranjeros.

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permisos a los ciudadanos María Luisa Guadalupe Mosqueda Rodarte, José Luis González Reyes, Juan Manuel Ayala Herrera y Diana Angélica Galindo Laredo para prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América, de la República Federativa del Brasil, en México, y en el Consulado General de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua

Honorable Asamblea:

La Primera Comisión de Trabajo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la Comisión Permanente, el siguiente:

DICTAMEN

Antecedentes

En sesión celebrada el 27 de diciembre del año en curso por la Comisión Permanente, se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Luisa Guadalupe Mosqueda Rodarte, José Luis González Reyes, Juan Manuel Ayala Herrera y Diana Angélica Galindo Laredo, puedan prestar servicios de carácter administrativo en las Embajadas de los Estados Unidos de América y de la República Federativa del Brasil, en México y en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente, turnándose a la suscrita Comisión para su dictamen, el expediente relativo.

De la revisión de los expedientes se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento.

La Primera Comisión de Trabajo considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el segundo párrafo, del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.Se concede permiso a la ciudadana María Luisa Guadalupe Mosqueda Rodarte, para prestar servicios como Programador Webmaster, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Segundo.Se concede permiso al ciudadano José Luis González Reyes, para prestar servicios como Operador Telefónico, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Tercero.Se concede permiso al ciudadano Juan Manuel Ayala Herrera, para prestar servicios como Auxiliar de Apoyo, en la Embajada de la República Federativa del Brasil, en México.

Artículo Cuarto.Se concede permiso a la ciudadana Diana Angélica Galindo Laredo, para prestar servicios como Asistente de Investigaciones de Fraude, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 8 de enero de 2013.

La Primera Comisión,diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; diputada Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), senador Mario Delgado Carrillo, secretarios; diputado José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), senador Miguel Romo Medina, senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), senador Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador José María Martínez Martínez, senadora Gabriela Cuevas Barron, diputado Luis Espinosa Cházaro (rúbrica), diputado Mario Alejandro Cuevas Mena (rúbrica), senador Luis Armando Melgar (rúbrica), diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica).»

«Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permisos a los ciudadanos José Luis Lara Flores, Rodrigo Ávila Ramírez, Mayra Alejandra Bocanegra Bayardo, Jorge Miguel Cirilo Aguilar, Adriana de la Torre Olazábal, Marie Giséle Ibarra Cornille, Luis Manuel Soto Uruñuela y Sergio Trejo Ortiz para prestar servicios en las Embajadas de la República Federal de Alemania y de Canadá, en México

Honorable Asamblea:

La Primera Comisión de Trabajo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la Comisión Permanente, el siguiente:

DICTAMEN

Antecedentes

En sesión celebrada el 27 de diciembre del año en curso por la Comisión Permanente, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos José Luis Lara Flores, Rodrigo Ávila Ramírez, Mayra Alejandra Bocanegra Bayardo, Jorge Miguel Cirilo Aguilar, Adriana de la Torre Olazábal, Marie Giséle Ibarra Cornille, Luis Manuel Soto Uruñuela y Sergio Trejo Ortiz, puedan prestar servicios de carácter administrativo en las Embajadas de la República Federal de Alemania y de Canadá, en México, respectivamente, turnándose a la suscrita Comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento.

La Primera Comisión de Trabajo considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción II del Apartado C) del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano José Luis Lara Flores, para prestar servicios como Secretario del Área de Alimentación, Agricultura y Protección al Consumidor, en la Embajada de la República Federal de Alemania, en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Rodrigo Ávila Ramírez, para prestar servicios como Asistente de Inmigración, en la Embajada de Canadá, en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Mayra Alejandra Bocanegra Bayardo, para prestar servicios como Asistente de Inmigración, en la Embajada de Canadá, en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Jorge Miguel Cirilo Aguilar, para prestar servicios como Administrador de Sistemas, en la Embajada de Canadá, en México.

Artículo Quinto. Se concede permiso a la ciudadana Adriana de la Torre Olazábal, para prestar servicios como Asistente de Inmigración, en la Embajada de Canadá, en México.

Artículo Sexto. Se concede permiso a la ciudadana Marie Giséle Ibarra Cornille, para prestar servicios como Adjunto Administrativo, en la Embajada de Canadá, en México.

Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano Luis Manuel Soto Uruñuela, para prestar servicios como Asistente de Inmigración, en la Embajada de Canadá, en México.

Artículo Octavo. Se concede permiso al ciudadano Sergio Trejo Ortiz, para prestar servicios como Asistente de Inmigración, en la Embajada de Canadá, en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 8 de enero de 2013.

La Primera Comisión,diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; diputada Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), senador Mario Delgado Carrillo, secretarios; diputado José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), senador Miguel Romo Medina, senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), senador Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador José María Martínez Martínez, senadora Gabriela Cuevas Barron, diputado Luis Espinosa Cházaro (rúbrica), diputado Mario Alejandro Cuevas Mena (rúbrica), senador Luis Armando Melgar (rúbrica), diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica).»

«Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso constitucional necesario para que la ciudadana Verónica Elizondo Martínez pueda prestar servicios en la Embajada del Reino de los Países Bajos en México

Honorable Asamblea:

La Primera Comisión de Trabajo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la Comisión Permanente, el siguiente:

DICTAMEN

Antecedentes

En sesión celebrada el 27 de diciembre del año en curso por la Comisión Permanente, se dio cuenta con el escrito de la ciudadana Verónica Elizondo Martínez, por el que solicita el permiso constitucional necesario para prestar servicios como Asesora de Asuntos de Prensa y Cultura, en la Embajada del Reino de los Países Bajos, en México, turnándose a la suscrita Comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que la peticionaria acreditó su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento.

La Primera Comisión de Trabajo considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción II del Apartado C) del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso a la ciudadana Verónica Elizondo Martínez, para prestar servicios como Asesora de Asuntos de Prensa y Cultura, en la Embajada del Reino de los Países Bajos, en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 8 de enero de 2013.

La Primera Comisión,diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; diputada Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), senador Mario Delgado Carrillo, secretarios; diputado José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), senador Miguel Romo Medina, senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), senador Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador José María Martínez Martínez, senadora Gabriela Cuevas Barron, diputado Luis Espinosa Cházaro (rúbrica), diputado Mario Alejandro Cuevas Mena (rúbrica), senador Luis Armando Melgar (rúbrica), diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, quedan de primera lectura.

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permisos a los ciudadanos Patricia Espinosa Cantellano, Bruno Francisco Ferrari García de Alba, Armando Vicencio Álvarez, Fidias Hernández Ubaldo y José Julián Gascón Mercado para que puedan aceptar y usar condecoraciones que les otorgan los gobiernos de la República de Chile, de la República de Colombia y del Reino de España

Honorable Asamblea:

La Primera Comisión de Trabajo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la Comisión Permanente, el siguiente:

DICTAMEN

Antecedentes

En sesión celebrada el 27 de diciembre del año en curso por la Comisión Permanente, se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Patricia Espinosa Cantellano, Bruno Francisco Ferrari García de Alba, Armando Vicencio Álvarez, Fidias Hernández Ubaldo y José Julián Gascón Mercado, puedan aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les otorgan los Gobiernos de la República de Chile, de la República de Colombia y del Reino de España, respectivamente, turnándose a la suscrita Comisión para su dictamen, el expediente relativo.

De la revisión de los expedientes se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La Primera Comisión de Trabajo considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del Apartado C) del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.Se concede permiso a la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Bernardo O’Higgins, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Chile.

Artículo Segundo.Se concede permiso al ciudadano Bruno Francisco Ferrari García de Alba, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Colombia.

Artículo Tercero.Se concede permiso al ciudadano Armando Vicencio Álvarez, para aceptar y usar la condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Artículo Cuarto.Se concede permiso al ciudadano Fidias Hernández Ubaldo, para aceptar y usar la condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Artículo Quinto.Se concede permiso al ciudadano José Julián Gascón Mercado, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel La Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 8 de enero de 2013.

La Primera Comisión,diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; diputada Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), senador Mario Delgado Carrillo, secretarios; diputado José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), senador Miguel Romo Medina, senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), senador Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador José María Martínez Martínez, senadora Gabriela Cuevas Barron, diputado Luis Espinosa Cházaro (rúbrica), diputado Mario Alejandro Cuevas Mena (rúbrica), senador Luis Armando Melgar (rúbrica), diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, queda de primera lectura.

NOMBRAMIENTO DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: El siguiente punto del orden del día es el dictamen a discusión con punto de acuerdo de la Segunda Comisión. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que solo se dé lectura al resolutivo.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Sí, señora presidenta. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza que solo se dé lectura al resolutivo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se autoriza. En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, en los Estados Unidos de América.

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace en favor del ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la fracción XVI del artículo 89.

Los ciudadanos legisladores integrantes de ésta comisión realizaron el estudio y análisis de la propuesta de nombramiento, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta segunda comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

Antecedentes

Con fecha 7 de enero de 2013, el Presidente de la Mesa Directiva turnó el asunto a esta Segunda Comisión de Trabajo de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, para su estudio y dictamen.

Consideraciones

I. Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta comisión manifiesta que de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada, el ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza nació el día treinta de enero de 1957 en México, Distrito Federal. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad y edad mínima para ser designado embajador extraordinario y plenipotenciario, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

En el currículum vitae que la Secretaría de Gobernación envió a esta soberanía, se establece que el ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Desde noviembre de 2009 funge como embajador de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Es representante permanente de México ante la Organización Marítima Internacional (OMI), la Organización Internacional del Café, la Organización Internacional del Azúcar, los Fondos Internacionales de Indemnización de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC) y la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite (IMSO).

En la Administración Pública ha ocupado los siguientes cargos:

• Procurador General de la República (2006 - 2009);

• Secretario de Seguridad Pública (2005 - 2006);

• Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (2000 - 2005);

• Miembro del Gabinete de Seguridad Pública y del Consejo de Seguridad Nacional (2000-2009); y

• Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública (2005-2006).

Asimismo, el ciudadano Medina Mora Icaza se ha desempeñado en los siguientes cargos:

• Coordinador del equipo jurídico que asesoró al gobierno de México en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus acuerdos paralelos;

• Asesor Jurídico del Consejo Nacional Agropecuario y miembro de su Comisión Ejecutiva;

• Consejero Nacional del Consejo Coordinador Empresarial;

Es miembro del Real Instituto de Asuntos Internacionales (Chatham House), del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (1155), de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, AC, y de la American Bar Association.

Es coautor y coordinador del libro “Uso Legítimo de la Fuerza”, editado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), 2008.

Es autor del libro “Las Pesquerías en la Zona Económica Exclusiva; un ensayo interpretativo de la convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, editado por la Secretaría de Pesca (1988).

Asimismo, ha sido articulista en diarios, revistas y publicaciones especializadas en materia de crimen organizado, narcotráfico, seguridad pública, comercio internacional, política alimentaria, derecho internacional y economía.

II. El ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza presentó ante esta comisión el plan de trabajo a implementar en la Embajada de México ante los Estados Unidos de América.

En dicho plan establece los ejes principales de la labor de la Embajada de México en los Estados Unidos de América, mismos que se ajustarán primordialmente al cumplimiento en el ámbito de su competencia de los ejes programáticos de gobierno anunciados por el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, entre los que se encuentran, los siguientes asuntos:

• Políticos bilaterales;

• Económicos y comerciales;

• Cooperación educativa y cultural;

• Cooperación científica y tecnológica;

• Seguridad;

• Asuntos consulares y de protección;

• Asuntos migratorios;

• Promoción de la imagen de México.

III. Los integrantes de la Segunda Comisión de Trabajo invitaron al ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, a comparecer ante esta comisión el día 8 de enero de 2013, en las instalaciones de la Cámara de Diputados.

En dicha reunión, los integrantes de esta segunda comisión conversaron con el compareciente sobre el estado actual de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos de América; además de analizar su perfil biográfico, el programa de trabajo y las metas que se propone alcanzar de ser ratificado por esta soberanía.

Los integrantes de la Segunda Comisión de Trabajo concluyeron que el programa de trabajo presentado por el ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, es congruente con las necesidades actuales entre la relación bilateral entre ambos países.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y con base en el expediente y la comparecencia realizada, los integrantes de la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, manifiestan que el ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza reúne las cualidades y méritos necesarios para el eficaz desempeño del cargo para el que fue nombrado por el Presidente de la República, de acuerdo a las facultades que le confiere la fracción XVI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano para ser Embajador de México en los Estados Unidos de América, y someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en pleno uso de las facultades que le confiere el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal en favor del ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en los Estados Unidos de América.

Segundo. Notifíquese al ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y al ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, para los efectos legales conducentes.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 8 de enero de 2013.

La Segunda Comisión: Diputada María de las Nieves García Fernández (rúbrica), presidenta; senadora Graciela Ortiz González (rúbrica), secretaria; senadora Gabriela Cuevas Barrón (rúbrica), secretaria; diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), secretario; diputado Manuel Añorve Baños, diputado José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (rúbrica), senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), senador Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica), diputada Mariana Dunyaska García Rojas, diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (en sustitución de Silvano Aureoles Conejo rúbrica), diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, diputada Carla Alicia Padilla Ramos (en sustitución de Judith Guerrero rúbrica), diputado Ricardo Cantú Garza, integrantes.»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Está a discusión el acuerdo. En virtud de que hay oradores registrados para la discusión de este acuerdo, tiene la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila. Adelante, señor diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadanos legisladores, legisladoras; ciudadana presidenta, en nuestro país el titular del Poder Ejecutivo es la instancia encargada preponderantemente de la conducción de la política exterior mexicana. Dicha tendencia a la centralización de esta facultad se ha dado desde los orígenes del constitucionalismo mexicano, desde 1824, que en su artículo 110 determinaba como facultad exclusiva del presidente, no solo el nombramiento y remoción de enviados diplomáticos y cónsules, sino también la concertación y suscripción de compromisos internacionales.

Estas facultades se han mantenido desde su origen, con una fuerte influencia que tuvo del constitucionalismo norteamericano —el nuestro— en el diseño institucional del Estado mexicano. Al configurar el modelo republicano, los norteamericanos concibieron el establecimiento de una Presidencia fuerte. Así, en el apartado de política exterior, en México se debatió la posibilidad de que la Cámara alta suscribiera o aprobara por sí misma los tratados y convenciones internacionales y la de representantes, nombramientos; sin embargo, nunca se logró.

En este sentido, se observa que la política exterior del gobierno siempre ha imperado sobre la política exterior del Estado y se conduce con dictados de coyuntura; coyuntura interna y económica inmediata, con lo que se condena a un servicio exterior que ha abandonado sus principios.

Es un error que se ha venido repitiendo desde con Miguel de la Madrid, con su proyecto neoliberal, que persiste y se sigue aplicando y se consolida recientemente; por esa razón, todos estos sexenios han profundizado el desastre de la política exterior.

Ya durante la pasada administración la política exterior tocó fondo y sufrimos una Cancillería de las más mediocres que se recuerde en décadas.

En la presente administración, las cosas no parecen distintas; el propio canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, es prueba fehaciente de la tendencia a dejar fuera a los diplomáticos de carrera, a los diplomáticos de la diplomacia nacional, pues el actual secretario de Relaciones Exteriores es un personaje emblemático de la tecnocracia hacendaria y financiera del país.

Por eso nosotros sostenemos que con el nombramiento que hoy se intenta ratificar en esta Comisión Permanente, México mantendrá la misma tendencia que hasta ahora ha sostenido. Nada hace pensar, esperar o suponer, que en materia de política exterior se mejore y se rescaten los principios rectores en materia constitucional.

El artículo 89, en su fracción X, es muy claro. Los principios rectores, que no debieran alterarse, no son cumplidos y por eso, estos principios se han abandonado: el de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales —precisamente abusivas de los poderosos— la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección de los derechos humanos, que hoy amenazan con modificar.

Estos principios —repito— en las últimas administraciones de proyectos neoliberales, de gobiernos neoliberales han sido abandonados. Tenemos una política exterior mediocre, timorata, gris; una política subordinada y ahora burocratizada, politizada y también llena de tecnócratas.

La agenda de las últimas décadas ha sido monotemática, y el nombramiento nos hace suponer que no va a variar; vamos a seguir insistiendo en defender los intereses del vecino país del norte.

El tema de la seguridad transfronteriza, el tema del terrosismo, el tema de cómo México se convierta en un gran guardián y policía que permita impedir o que impida el paso de compañeros, de hermanos de otros países del sur, y se van a abandonar los temas torales que a nuestro país debieran interesar: la migración, la cooperación para el desarrollo, la protección de los derechos humanos, la no intervención e injerencia de cuerpos policíacos, que cada vez es más evidente, la presencia inconstitucional de estos agentes de policía y de agencias internacionales en nuestro país.

Pero nosotros en esta ocasión vamos a razonar nuestro voto, y estamos razonando nuestro voto, porque no es un asunto personal contra quien están ratificando, es un asunto de principios.

Nosotros no creemos en esta política exterior y no creemos que vaya a haber una variación en lo que hasta ahora ha continuado en este gobierno. Son las mismas prácticas, son lo mismo; no hay ningún cambio, no hay ni siquiera la mínima esperanza de que México pueda convertirse en un país al que se le respete.

Por esa razón, no estamos de acuerdo en este tipo de prácticas y por esta ocasión nuestro voto será en abstención, porque no es un asunto personal...

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor diputado, está en tiempo ya...

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Concluyo. Es un asunto que me parece trascendente. Estamos nada menos que ratificando al embajador más importante, al representante diplomático más importante del país y me parece absurdo que por un minuto, por este tipo de prácticas totalmente absurdas, no se quiera discutir el fondo.

Estamos nombrando al representante diplomático más importante del país y no se tiene ni siquiera la mínima categoría ni prudencia de escuchar a la oposición en nuestros argumentos. Me parece lo mismo. Es peor ahora, es peor; es igual que el PAN. Es lo mismo.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Estamos apegados totalmente a un Reglamento que todos hemos aprobado, y en virtud de la disposición aprobada por cada uno de nosotros, le concederé ahora el turno de la palabra, para fijar posicionamiento, a la diputada Judit Magdalena Guerrero, del Partido Verde Ecologista de México. Tiene la palabra, señora diputada.

La diputada Judit Magdalena Guerrero López: Señoras, señores legisladores; diputada presidenta, desde esta tribuna queremos felicitar a todos los integrantes de la Segunda Comisión, que el día de ayer, por unanimidad, aprobaron el nombramiento del embajador Medina Mora. Esto es una muestra del interés que existe de todas las fuerzas representadas en el Congreso de la Unión por alcanzar los acuerdos necesarios, siempre en beneficio de nuestro país.

El currículum del que seguramente será embajador en Estados Unidos de América resulta impresionante, digno del cargo que hoy se ratificará por esta asamblea. Como todos sabemos, el licenciado Eduardo Medina Mora es licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha desempeñado con gran diligencia y honestidad, tanto en el ámbito público como en el privado.

Conocemos de su paso como coordinador de asesores en la Subsecretaría de Pesca. Además, integró el equipo negociador del Tratado de Libre Comercio, en los temas de agricultura, normas, prácticas desleales de comercio, inversión y reglas de operación.

Dentro del ámbito de seguridad nacional ocupó el importante cargo de director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y fue secretario de Seguridad Pública después del lamentable fallecimiento del entonces secretario Ramón Martín Huerta. Por su destacado papel en estos cargos fue nombrado procurador general de la República.

Recientemente se desempeñaba como embajador de México ante el Reino Unido, pero a partir de hoy será el representante de nuestro gobierno ante el principal socio comercial y siempre importante vecino del norte.

El embajador Medina Mora sin duda ha probado su capacidad para el desempeño de la función que quedará a su cargo. Estamos seguros, seguras, que habrá de llevar su labor por el camino de la productividad, honorabilidad y compromiso, por el bien de todas y todos los mexicanos que radican en Estados Unidos de América.

En la reunión que se llevó a cabo el día de ayer con los integrantes de la Segunda Comisión, el ahora embajador refirió que a Estados Unidos de América le conviene un México estable, próspero y respetado en el mundo, y queremos decirle que compartimos plenamente esta declaración.

Resulta vital que nuestro país recupere la posición que siempre tuvimos a nivel internacional y que cada día sean más los inversionistas, turistas y demás personas, que volteen la mirada hacia nuestra tierra. México debe recobrar el respeto y la confianza que alguna vez tuvimos.

Por la gran trayectoria y fino desempeño que en los diferentes cargos ha ostentado el licenciado Medina Mora, el Partido Verde respalda plenamente este nombramiento y votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muchas gracias señora diputada. En el orden en el que fueron registrados, tiene en este momento la palabra el diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, señor diputado.

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro: Con su venia, señora presidenta. Compañeros y compañeras legisladores de esta Comisión Permanente, vengo a presentar la posición del Partido de la Revolución Democrática, respecto de este nombramiento.

Ya lo manifesté ayer en la Segunda Comisión y lo reitero ahora, porque es de suma importancia, es importante para nosotros los motivos de porqué razonamos nuestro voto de la siguiente manera.

Es una costumbre para el Partido de la Revolución Democrática, es una política que creemos que debería practicarse, que las posiciones para la Cancillería se respeten para gente que tiene un servicio profesional de carrera.

Cuando vemos ejemplos, como los de Brasil, que se respete que más allá de lo político, la Cancillería es justamente para diplomáticos de carrera, repetimos y aprovechamos esta coyuntura para reiterar que esta es la práctica que México debería seguir en todos los casos, independientemente de quien esté en el gobierno federal.

En este mismo tenor, no debo ser omiso, debo ser la voz de la gente que el PRD representa y hoy es la oportunidad para recordar algunas cuestiones que el personaje en comento y que directamente con el PRD, se han visto vinculadas.

Cuestionábamos ayer el tema del caso Rápido y Furioso, no podemos dejar de señalar —quizá suene incómodo— pero para nosotros es algo que a la gente le ha mermado; ha habido muertos con esas armas que pasaron y que el gobierno mexicano dijo no saber al respecto.

El caso del michoacanazo, en 2009, para el PRD tuvo una repercusión electoral importante y la misma, todos los inculpados salieron libres y luego, ya no hubo más información al respecto. Pero también somos respetuosos de las instituciones, de las personalidades y queremos dar en esta ocasión un voto de confianza al señor Eduardo Medina Mora.

El Partido de la Revolución Democrática votará en abstención en esta ocasión, pero queremos reiterar que damos un voto de confianza y esperamos que la labor en el cumplimiento del encargo sea llevada a cabo por el bien de México y de nuestra nación. Muchas gracias.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señor diputado. Tiene en este momento la palabra la senadora Marcela Guerra Castillo, del Partido Revolucionario Institucional.

La senadora Marcela Guerra Castillo: Colegas legisladores, legisladoras; señora presidenta, el día de ayer se aprobó en la Segunda Comisión de la Comisión Permanente de este Congreso de la Unión, el nombramiento enviado por el jefe del Ejecutivo del licenciado Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América.

Para el grupo parlamentario de mi partido, el Revolucionario Institucional, la designación del representante del gobierno mexicano ante el gobierno de los Estados Unidos de América implicó una revisión detallada y cuidadosa del perfil académico y laboral del licenciado Medina Mora, pero también un análisis del trabajo que pretende desarrollar en su función de embajador de México en este país.

La mayoría de los miembros de la Comisión de mi partido estimamos que Medina Mora reúne todas las características idóneas para representar a México, en lo que implica la embajada más importante del mundo, y en eso tiene razón el colega que nos antecedió en el uso de la palabra, Ricardo Monreal.

Por supuesto que es el país vecino con quien compartimos casi 3,200 kilómetros de frontera, con quien representa mil millones, casi mil millones de dólares diarios en cuestión de comercio, producto de un tratado de libre comercio que también fue negociado por ahora el interesado en cuestión; es decir, el licenciado Medina Mora.

El licenciado Medina Mora, como procurador, seguramente sí tiene cuestionamientos, ¿quién no va a tener cuestionamientos? Quien ejerce el poder de la decisión en momentos desafiantes para un país, como es el nuestro, por supuesto que sí. Pero también tiene grandes aciertos, los tuvo como procurador y los tuvo también como embajador en Londres. Hay que reconocerlo, y que además fue parte de la negociación exitosa del tratado de libre comercio con el vecino país.

Después de 20 años está el tratado y él admite el mismo. Ayer en un debate y en su propia exposición, admite que se debe de trascender a los términos planteados de hace 20 años, del Nafta, como dicen los americanos, y el tratado de libre comercio, como decimos aquí.

Él habla que hay que revitalizar la agenda, que por años siempre hemos mantenido, una agenda tradicional que efectivamente no se puede soslayar, como es la agenda migratoria, en la observancia de los derechos humanos de nuestros connacionales. Tampoco se puede soslayar la problemática de la frontera. Pero sí tenemos que hacer hincapié en que Enrique Peña Nieto, nuestro presidente de la República, ha hecho énfasis sobre el tema de frontera segura, pero también una frontera para que sea segura tiene que contar con infraestructura y para eso necesitamos buenos negociadores, porque la infraestructura no puede ser unilateral, tiene que ser el interés de las partes y en este caso, con Estados Unidos de América.

También el licenciado Medina Mora tiene toda la claridad en la agenda de la seguridad, puesto que tiene toda la experiencia; sabemos muy bien el caso doloroso de Rápido y Furioso, que nos afectó a todos, pero también nosotros, como legisladores, tenemos la oportunidad de con nuestros pares, en Estados Unidos de América, en Washington, ya sea con legisladores en la Cámara, en el Congreso, con los congresistas y con los senadores, de buscar un cabildeo de un asunto que tiene que ver, no con la enmienda, la segunda enmienda, la Constitución, que ustedes saben es un asunto interno y propio de los americanos —como nosotros también tenemos y respetamos nuestra Constitución, ellos tienen sus reglas— pero sí podemos nosotros incidir en leyes secundarias, que tienen que ver con el comercio ilegal de armas en los estados fronterizos, como Nuevo México, Texas, California, Arizona y es importante.

En unos momentos voy a presentar un punto de acuerdo con ese tema, que espero apoyen.

Pero sí, nosotros creemos que además tenemos otro ingrediente más en nuestras relaciones comerciales con el que no contábamos, y aquí algunos colegas lo saben perfectamente, que es Asia-Pacífico. Nosotros necesitamos ir al Acuerdo de Transpacífico.

Javier, estarás de acuerdo conmigo.

Es importantísimo para nuestras relaciones, como diría el señor Robert Pastor, un intelectual de todas las relaciones, un estudiado de las relaciones de México con Estados Unidos de América, diría: ¿cómo vamos a lidiar con el gigante del Pacífico, de Transpacífico, con Asia-Pacífico? Es a través de una integración sólida, con reglas claras, con ir más allá —vamos a decir— de la integración de Norteamérica, hacia una comunidad de Norteamérica.

Por eso nosotros apoyamos el perfil de Medina Mora, porque cuenta con las credenciales necesarias diplomáticas y con las credenciales necesarias de la experiencia en la política y la experiencia en la diplomacia, como lo acabo de decir.

Otro ingrediente más, por supuesto, la llave que abre el mundo a México y del cual nos podemos enorgullecer como mexicanos y que va a contribuir, por supuesto, con diplomacia pública a la imagen que últimamente hemos tenido. Para mejorarla necesitamos del ingrediente cultural y de exaltar nuestros valores mexicanos, que están, por supuesto, pactados por todos los partidos en los 95 puntos, que bien el presidente Enrique Peña Nieto, con los dirigentes de los institutos políticos en el país, tuvo a bien firmar por el bien de nuestra nación.

Por eso creemos que hoy, más que nunca, por esa frontera segura para la migración legal, incluso porque la migración ilegal, obviamente ya tenemos que hacer frente a lo que están pasando nuestros connacionales. No podemos ser ajenos a eso, pero sí tenemos la responsabilidad de propiciar una migración legal y eso tiene que ser a través de las reglas, como son las visas H2A y las visas H2B. No hay como una migración ordenada y legal para poder cumplir con los objetivos.

Nuestra mano de obra calificada. Que se beneficien ellos de nuestra mano de obra y nuestros mexicanos también del dinero.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Senadora, su tiempo terminó.

La senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, señora presidenta. Termino diciendo que la facultad que tenemos y que nos concede el 89 de la Constitución y que lo hace —como ya lo dijo Monreal y los demás lo ratificaron, los demás oradores— hacia el presidente de la República tuvo a bien de nombrar a esta persona Medina Mora como embajador y nosotros de ratificarlo en la Segunda Comisión. Es cuanto. Muchas gracias.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, senadora.

El diputado Silvano Blanco Deaquino (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Me están pidiendo la palabra. Dígame, señor diputado.

El diputado Silvano Blanco Deaquino(desde la curul): Hacerle a la senadora una pregunta.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Quiero comentarle que de acuerdo al Reglamento, en este momento estamos en fijación de posturas. No ha lugar en lo que tiene que ver un cuestionamiento, porque estamos...

El diputado Silvano Blanco Deaquino(desde la curul): Si la oradora está de acuerdo en contestar la pregunta, la puedo hacer.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Simple y sencillamente nos estamos ajustando a lo que indica el Reglamento, señor diputado.

El diputado Silvano Blanco Deaquino (desde la curul): Quería saber lo que decía la senadora, sobre esos grandes logros que dice la senadora que tuvo este señor, como procurador y como embajador, digo, creo que solamente ella los conoce. Queríamos saber cuáles son esos grandes logros.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Correcto. No ha lugar la pregunta hacia ella.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidenta. Alusiones.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: ¿Qué alusiones?

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Me aludió la senadora.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tiene el uso de la palabra, por alusiones, el diputado Ricardo Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: En efecto, ciudadanos legisladores, estamos frente a un acto de corresponsabilidad de los poderes públicos Legislativo y Ejecutivo; no puede pasar de noche.

Sí, hago un llamado a los coordinadores o a los representantes de ellos aquí en la Permanente para que no actúen de esta manera robótica; somos un Parlamento, somos un Congreso y cuando mandas al robot a conducir, no puedes debatir ni deliberar. Nada se pierde con debatir y deliberar.

Tenemos que buscar la manera de cómo hacernos valer en nuestra palabra. Me parece absurdo. El Reglamento no prohíbe eso y los acuerdos están por debajo del Reglamento y de la Ley; si aquí hubo acuerdos internos, en la primera sesión, es un asunto que tiene en jerarquía constitucional menos validez que el Reglamento y la Ley.

Ojalá y los coordinadores... Sé que quien conduce debiera ser la presidenta de todos, pero no lo es así, recibe indicaciones, pero hago un llamado. Además, eso siempre ha sido, no me extraña.

He sido parlamentario en muchas ocasiones, pero hago un llamado respetuoso a los coordinadores para que no actúen con tanta rigidez. No vale la pena. El discutir, el parlar, el deliberar, ¿qué los hace menos? ¿Por qué la prisa? Si es una segunda, tercera, cuarta ronda, si son preguntas, ¿cuál es el problema? Finalmente, tienen una mayoría prefigurada. Si hasta el derecho de hablar, de cuestionar o de inconformarnos les molesta, pues es el peor de los mundos, es el retorno de la peor dictadura que podamos encontrar.

Por esa razón, tenemos que buscar recovecos jurídicos para poder hacer uso de la palabra, y lo vamos a tener que hacer y no nos van a poder callar. Porque el poder corruptor del sistema es tan terrible, que ya hasta sin oposición nos quieren dejar; a algunos los compran, a otros les dan puestos, a otros poder, a otros dinero y lo que quieren es que no tengan oposición. Eso no puede ser.

El poder corruptor del sistema es enorme, pero también habemos gentes que tenemos principios y que no nos vamos a dejar doblegar ni nos vamos a callar ni nos vamos a hincar. Aunque quedemos pocos que no tengamos precio, aquí nos mantendremos, con la voz firme y estaremos haciendo denuncia permanente.

Incluso, el debate no es ni tan ríspido. Estamos nombrando, nada menos, en efecto, al representante diplomático más importante del país y les molesta que se exceda un minuto el orador, unos defendiendo al orador, otros cuestionando al representante diplomático propuesto, otros cuestionando el procedimiento. Pero en el fondo, lo que tenemos que discutir es si se están o no cumpliendo los principios rectores que establece la Constitución, en el artículo 89 constitucional, y desde nuestro punto de vista no se están cumpliendo. Desde nuestro punto de vista la política exterior seguirá igual: mediocre, gris, timorata, entreguista.

No hay manera de cómo pensar que van a cambiar las cosas, si desde el Congreso te quieren someter, doblegar, hincar. Eso no lo vamos a aceptar, no lo vamos a admitir.

Por eso hago un llamado respetuoso a los coordinadores, para que se actúe con mayor flexibilidad. Nada se pierde y mucho se gana para el país.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado. Tiene en este momento la palabra, de acuerdo a lo que establece nuestro Reglamento, la senadora Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, senadora.

La senadora Gabriela Cuevas Barron: Muchas gracias, senadora. Compañeras y compañeros, el asunto que corresponde a nuestra valoración el día de hoy es la del nombramiento que hace el presidente de la República, a favor del ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, como embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante los Estados Unidos de América.

El día de ayer, en la Segunda Comisión: de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, después de escuchar la intervención del embajador —todavía embajador, Eduardo Medina Mora— y tener un amplio debate y cuestionamientos, decidimos —por unanimidad de votos de todos quienes estamos presentes de distintos grupos parlamentarios— aprobar esta propuesta.

Debo resaltar la importancia de realizar y ratificar este nombramiento de manera oportuna, dado que estas semanas convergen ambos países en el inicio de administraciones federales; en México inició a partir del pasado primero de diciembre y Estados Unidos de América empezará a partir del próximo 21 de enero.

Es oportuno, necesario y prudente contribuir hoy a que esta coyuntura de inicio y replanteamiento de gobiernos y políticas públicas sea fértil para estrechar relaciones bilaterales, ampliar la agenda de cooperación y consolidar los temas estratégicos, como migración, como seguridad y el desarrollo económico regional, como elementos prioritarios de política interna hacia ambos lados de la frontera; por ello también la respuesta oportuna de esta Comisión Permanente a la propuesta realizada por el titular del Ejecutivo federal.

En efecto, el todavía embajador ante el Reino Unido es un servidor público, que desde diversas instancias ha tenido un estrecho contacto y una participación relevante en la relación entre México y Estados Unidos de América; fue titular del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, igualmente responsable de conducir y coadyuvar al permanente intercambio de información de inteligencia entre nuestros dos países y posteriormente, fue secretario de Seguridad Pública Federal y titular de la Procuraduría General de la República.

El licenciado Medina Mora continuó participando con un rol protagónico y estratégico en la relación interinstitucional entre nuestro país y Estados Unidos de América. Fue durante estos años y bajo el impulso del licenciado Medina Mora, cuando se sentaron las bases de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte y su posterior traducción bilateral en la Iniciativa América, que hoy se conoce un poco más.

Por supuesto, la relación bilateral no se agota ni puede limitarse solamente a los temas de inteligencia, de seguridad nacional o de combate al crimen organizado; se requiere de un enfoque integral de nuestras relaciones comerciales, de la agenda migratoria en todas sus facetas, de una agenda sin duda en materia de derechos humanos, de la agenda regional en el contexto del Tratado de Libre Comercio y de otros instrumentos. En fin, una aproximación estratégica a la relación con nuestro principal socio comercial y el país donde existe un importantísimo número de compañeros connacionales.

Los miembros de la Segunda Comisión coincidimos también en que el licenciado Medina Mora servirá a la causa de esta relación y de una representación digna, proactiva y constructiva desde nuestro país. A esto sumo —y no puede dejar de mencionarse— que la tarde de ayer, el embajador Medina Mora presentó ante la Segunda Comisión un plan de trabajo, que desde mi punto de vista resulta un plan de trabajo muy completo; se abordaron temas de economía y competitividad, de desarrollo fronterizo, de migración y comunidades mexicanas, seguridad y hasta la imagen de México ante los Estados Unidos de América.

El plan de trabajo presentado ofrece redituar en tres resultados tangibles: un desarrollo más equitativo para todos en la región, mejores capacidades para insertar a México y a la región en el contexto internacional y finalmente, una efectiva transformación de la forma en la que nos vemos entre nosotros mismos.

Su éxito permitirá sacar los frenos formales de la relación y valorar íntegramente los objetivos que compartimos a futuro.

En suma, compañeras y compañeros legisladores, desde el Grupo Parlamentario del PAN, en esta Comisión Permanente, daremos un voto a favor de este dictamen, convencidos de que tenemos con nosotros a un servidor público que ha trabajado en distintas administraciones, ha servido a presidentes de distintos partidos políticos y en cada uno de esos cargos ha dejado resultados y sin duda ha sido muy puntual siempre en darle respuesta a los cuestionamientos del Poder Legislativo.

Sin duda desde el Senado de la República estaremos pidiendo cuentas, estaremos dando un puntual seguimiento, si consideramos que la relación con Estados Unidos de América es fundamental y estaremos trabajando muy arduamente todos los días para que la relación entre estos dos países cada día sea mejor y más productiva. Es cuanto.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señora senadora. En virtud de que la lista de oradores ha sido agotada, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Sí, señora presidenta. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señora secretaria. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: En votación económica se pregunta si es de aprobarse el acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Aprobado el acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.

Se encuentra a las puertas de este recinto...

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Si me permite, señora presidenta, solicitan que podamos contar las abstenciones.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Perdón. Adelante, por favor. Retome, secretaria, para dejar muy clara la votación, las abstenciones.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Solicito a las legisladoras y a los legisladores las abstenciones a este punto de acuerdo, gracias. Cuatro abstenciones, señora presidenta.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muchas gracias, señora secretaria. Aprobado el acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza cuyo nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante los Estados Unidos de América acaba de ser aprobado por la asamblea.

Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, se designan en comisión a los siguientes legisladores: diputada María de las Nieves García Fernández, senadora Graciela Ortiz González, senador Juan Carlos Romero Hicks, diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, diputada Judit Magdalena Guerrero López.

Pido a la comisión designada cumpla con su cometido.

(La comisión cumple con su encargo)

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

Señor ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, ¿protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América que se le ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza: Sí, protesto.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Gracias, señor embajador. Felicidades.

Se pide a la comisión designada acompañar al embajador cuando él desee retirarse.

(La comisión cumple su encargo)

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS- PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: En virtud de que los cuatro dictámenes* de la Primera Comisión se encuentran publicados, consulte la Secretaría a la asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera:  Se dispensa la segunda lectura. Están a discusión los dictámenes en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los proyectos de decreto, en un solo acto.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los proyectos de decreto. Se pide que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación)

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: ¿Falta algún legislador o legisladora de emitir su voto? Senadora Presidenta, se emitieron 34 votos en pro y 1 abstención.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Aprobados en lo general y en lo particular por 34 votos los proyectos de decreto. Pasan al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

TORMENTA SANDY

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que formule un llamado a las autoridades migratorias de las regiones de Estados Unidos de América y Canadá, relativo a la población migrante mexicana que resultó damnificada a consecuencia de la tormenta Sandy.

Honorable Asamblea:

Con fecha 3 de enero de 2013 a la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para, que formule un llamado a las autoridades migratorias de las regiones de Estados Unidos de América y Canadá, para que en la conducción de las labores de auxilio a las mujeres y la población menor de edad indocumentada, migrante mexicana que, resultó damnificada a consecuencia de la tormenta Sandy, se priorice el trato digno y el respeto a sus derechos humanos, conforme a la Convención para Eliminar las Formas de Discriminación Contra la mujer de Cedaw, presentada por la diputada Marcelina Orta Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran al presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracciones III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; el presente dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado denominado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 3 de enero de 2013 la diputada Marcelina Orta Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Relaciones Exteriores para, que formule un llamado a las autoridades migratorias de las regiones de Estados Unidos de América y Canadá, para que en la conducción de las labores de auxilio a las mujeres y la población menor de edad indocumentada, migrante mexicana que resultó damnificada a consecuencia de la tormenta Sandy, se priorice el trato digno y el respeto a sus derechos humanos, conforme a la Convención para Eliminar las Formas de Discriminación Contra la Mujer de Cedaw.

2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, para su estudio y dictamen correspondiente, con el número de oficio DGPL 62-II-3-274, recibido con fecha de 3 de enero de 2012.

3. En sesión ordinaria de la Segunda Comisión de fecha de 8 de enero 2013, se entregó a los integrantes de la mencionada comisión el punto de acuerdo en comento para su respectiva valoración.

4. Los miembros de esta Segunda Comisión, en la misma reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

La autora de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita de esta soberanía en los siguientes argumentos:

1. Que los temas de equidad de género en México, a diferencia de otros estados se abordan como un resultado de la atención coyuntural que se presta para resolver los problemas que se presentan dentro y fuera del país cuando son víctimas de fenómenos que les afectan.

2. Que sin duda crece la expectativa de la sociedad cuando ocurren sucesos tan lamentables en la vida de las personas, como los registrados en el pasado mes de octubre de 2012, en la región norte de nuestro continente que fue lesionada de gravedad con los efectos de la precipitación de la tormenta “Sandy” en Estados Unidos de América y Canadá, dejando grandes pérdidas patrimoniales el fenómeno meteorológico, colosales lamentaciones en las dimensiones que perjudicaron a toda la población de esas regiones del norte.

3. Que cabe destacar la presencia de las mujeres y la población de menores migrantes en calidad de indocumentados, que además del flagelo que cargan día a día de la discriminación, la zozobra de vivir en la sombra del anonimato social para poder permanecer en su lugar de residencia del anonimato social para poder permanecer en su lugar de residencia sin ser deportados o víctimas de la violencia de los caza migrantes que les arrebatan la vida, se suman a sus pesares el latente escollo de la marginación más inhumana al perder sus hogares, sus fuentes de trabajo causando una dolorosa gama de experiencias generadas por la imposibilidad de poder superar el reto y más allá la impotencia de poder generar lo indispensable para la subsistencia cotidiana.

4. Que por desgracia estas personas son objeto de nulo favorecimiento de las políticas y medidas emergentes creadas por los gobiernos para la protección de las mujeres inmigradas, sus niñas y niños, quienes lejos de encontrar el apoyo humano que demandan ante la magnitud de la catástrofe, son más vulnerables a las violencias de las fuerzas de seguridad migratoria, la delincuencia, los tratantes de blancas o los traficantes de personas que les hace impostergable atender las normas convenidas en su sentido más estricto de carácter internacional que eliminen y cumplan las recomendaciones generales número: 3) emitida en el Sexto Periodo de Sesiones de 1987, el 5) generado durante el séptimo periodo de sesiones de 1988 que en el último informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) hace extensivas al Estado mexicano para realizar las acciones relativas a eliminar la discriminación, brindar el apoyo en materia de salud y empleo emergente a favor de las mujeres sin importar su origen o nacionalidad, que pretende además se atiendan las causas de desapariciones, muertes con protección a mujeres migrantes en las fronteras norte de México, y que solo con la intervención de la cancillería en específico pueden lograrse los objetivos de las encomiendas.

Por lo anterior, la proponente concluye con su punto de acuerdo que dice:

Primero. La honorable Mesa Directiva, de esta Cámara de Diputados, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a formular un atento y respetuoso llamado a las autoridades migratorias de las regiones de Estados Unidos de América, y Canadá, para que en la conducción de las labores de auxilio a las mujeres y la población menor de edad indocumentada migrante mexicana que resultó damnificada a consecuencia de la tormenta “Sandy”, se priorice el trato digno y el respeto a sus derechos humanos, conforme la Convención para Eliminar las Formas de Discriminación Contra la Mujer de Cedaw.

Segundo. Se exhorte a la Secretaría den Relaciones Exteriores informar a la sociedad sobre los resultados obtenidos de la presente gestión.

III. Consideraciones

Ante los argumentos que expone la proposición, esta comisión dictaminadora se avocó al estudio de los mismos. En consecuencia, los miembros de esta comisión se manifiestan a favor, bajo el siguiente razonamiento:

• El paso del huracán “Sandy” por la costa este de Estados Unidos de América, a fines de octubre pasado, afectó aproximadamente a 60 millones de seres humanos que habitaban esa zona.

Cobró muchas vidas humanas y causó daños materiales por miles de millones de dólares, a pesar de las medidas de prevención y protección civil, implementadas por los gobiernos de los Estados Unidos afectados, y del presidente Barack Obama. Siendo una parte importante, región receptora de mexicanos, en la zona de impacto del meteoro se afectó a un buen número de connacionales y afortunadamente los menos perdieron la vida y otros más se vieron afectados en sus bienes.

El huracán provocó la muerte de 147 personas, 5.9 millones de personas sin fluido eléctrico y alrededor de 2 millones sin casa; 700 mil mexicanos con graves pérdidas materiales. Dado que la calidad migratoria de muchos de esos mexicanos era irregular, no pudieron acceder a los beneficios que algunas de las agencias gubernamentales de Estados Unidos ofrecían.

Además, a la desventura que supone quedar sin vivienda, para muchos mexicanos en Estados Unidos se añadió la pérdida de empleo por los daños a su lugar de trabajo, lo cual los deja indefensos.

Si bien nuestros connacionales dejan el país en busca de mejores condiciones de vida, la realidad a la que se someten en muchas ocasiones los orilla a aceptar circunstancias inhumanas, que atentan contra sus derechos humanos es por eso que el gobierno mexicano debe agotar todos los instrumentos a su alcance para procurar ayuda y asesoría a todo mexicano, ya sea al interior o al exterior del territorio nacional.

Por lo anteriormente expuesto, la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

IV. Punto de acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que formule un respetuoso llamado a las autoridades migratorias de las regiones de Estados Unidos de América y Canadá, para que en la conducción de las labores de auxilio a las mujeres y la población menor de edad indocumentada migrante mexicana que resultó damnificada a consecuencia de la tormenta “Sandy”, se priorice el trato digno y el respeto a sus derechos humanos, conforme la Convención para Eliminar las Formas de Discriminación Contra la Mujer de Cedaw.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que informe a esta soberanía los resultados que se obtengan del exhorto formulado con esta fecha.

Congreso de la Unión, a 8 de enero de 2013.

La Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública: Diputada María de las Nieves García Fernández (rúbrica), senadora Graciela Ortiz González (rúbrica), senadora Gabriela Cuevas Barrón (rúbrica), diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica), diputado José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), senador Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica), diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, diputada Carla Alicia Padilla Ramos, diputado Ricardo Cantú Garza.»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Están a discusión los puntos de acuerdo. Tenemos abierto el registro de oradores. En este sentido, está registrado el senador Juan Carlos Romero Hicks, para hablar en pro, del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra, senador.

El senador Juan Carlos Romero Hicks:Con permiso de la Presidencia. Distinguidos miembros de la Comisión Permanente, un punto de acuerdo equivalente ya fue aprobado en el Senado de la República por iniciativa de la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la senadora Gabriela Cuevas.

Venimos a sumarnos a esta iniciativa de una diputada de Acción Nacional solamente para señalar la vulnerabilidad de las comunidades mexicanas en el exterior; los que tienen más problemas de vivienda, de educación, de salud, de estabilidad laboral son lamentablemente nuestros connacionales.

Por eso es que por elemental solidaridad vamos a participar exhortando a la Cancillería para que haga un llamado a las autoridades de los Estados Unidos de América. Ayer este tema también ya se familiarizó y discutió con el hoy embajador Medina Mora, en los Estados Unidos de América, para que nos acompañe en este proceso. Es cuanto.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señor senador. En virtud de que no hay más oradores, solicito a la Secretaría que consulte a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido este asunto.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señora secretaria. Suficientemente discutidos. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: En votación económica se consulta si se aprueban. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señora secretaria. Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

REFORMA LABORAL

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que solo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura al resolutivo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se autoriza que se omita la lectura.

«Dictamen de la Primera Comisión, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que interponga acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma laboral integral, producto de la iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo federal y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 116, 121, 122, 127 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 27 de diciembre de 2012, el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a interponer acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma laboral integral derivada de la iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo Federal y publicada en el DOF el 30 de noviembre de 2012.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente determinó turnar dicha proposición a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen.

Consideraciones

1. El autor de la proposición con punto de acuerdo en comento considera que la Reforma Laboral, recientemente aprobada y publicada, resulta inconstitucional por violar derechos humanos contenidos en la Carta Magna. En el contenido de la proposición se expresa que, en particular, se violaron los artículos 1, 14, 16 y 123 constitucionales. Además, se señala que el proceso emprendido para la aprobación de la Reforma Laboral carece de validez, pues se llevó a cabo por la vía de la iniciativa preferente, que no contaba con la respectiva reglamentación.

Por lo anterior, la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito señala:

Único. Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que interponga acción de inconstitucionalidad en contra de la Reforma Laboral Integral, producto de la Iniciativa Preferente presentada por el Ejecutivo Federal y, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012; esto, ante su evidente inconstitucionalidad y, concretamente, su carácter violatorio a los derechos humanos laborales. Para así recobrar la justicia social y el respeto de nuestro estado de derecho.

2. La Reforma Política, publicada el 9 de agosto de 2012, crea la figura de “Iniciativa Preferente”, la cual obliga a las Cámaras a discutir y votar hasta dos iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal al inicio de cada período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión en un plazo máximo de 30 días naturales. A partir de ello, y apegado al texto constitucional, el entonces Presidente de la República C. Felipe Calderón Hinojosa, en septiembre de este año, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Dicha iniciativa siguió el proceso correspondiente en ambas Cámaras, conforme a los plazos establecidos por la Constitución.

3. La actual Ley Federal del Trabajo fue publicada el 1 de abril de 1970. La referida legislación había permanecido intacta hasta el pasado 30 de noviembre. El objetivo de la reforma laboral, según la exposición de motivos puesta a consideración del legislador, fue modernizar y adaptar el marco jurídico al contexto global, para hacer de México un país más competitivo.

4. Las acciones de inconstitucionalidad son mecanismos de control constitucional contemplados en nuestra Carta Magna, mediante los cuales se pretende resolver una posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Éstas pueden ser ejercitadas por diversos actores políticos (33% de los integrantes de cualquiera de las dos Cámaras que integran el Congreso de la Unión, el Procurador General de la República, el 33% de los integrantes de alguna de las legislaturas estatales o de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral o la Comisión Nacional de Derechos Humanos) en un plazo no mayor a treinta días naturales a partir de la fecha de publicación de la norma.

Resulta importante destacar en el presente análisis que la reforma a la Ley Federal del Trabajo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, por lo que la fecha límite para que se presentara una acción de inconstitucionalidad fue el pasado 30 de diciembre.

Lo anterior tomando en consideración que el cómputo del plazo para interponer la acción de inconstitucionalidad propuesta por el promovente deberá realizarse a partir del día siguiente de la publicación de la norma general, sirviendo de apoyo el siguiente criterio jurisprudencial:

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ACTOS QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SÓLO PUEDEN IMPUGNARSE A PARTIR DE QUE ES PUBLICADA LA NORMA GENERAL. [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIX, Junio de 2004; Pág. 864

Los actos que integran el procedimiento legislativo constituyen una unidad indisoluble con la norma general emanada de ese procedimiento, de tal forma que no procede impugnar cada acto legislativo individualmente, ya que no puede quedar subsistente o insubsistente aisladamente, sino sólo a través del análisis conjunto de esos actos con motivo de la publicación de la norma; por otra parte, de conformidad con los artículos 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la propia Constitución Federal, el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional combatidos sean publicados en el medio oficial correspondiente, de lo cual se concluye que la impugnación de los actos que integran el procedimiento legislativo únicamente puede realizarse a partir de que es publicada la norma general, porque es en ese momento cuando los actos adquieren definitividad.

PLENO

Acción de inconstitucionalidad 23/2003. Diputados integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Sonora. 3 de febrero de 2004. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Martín Adolfo Santos Pérez

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticuatro de mayo en curso, aprobó, con el número 35/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinticuatro de mayo de dos mil cuatro.

5. Es importante destacar, de modo ad cautelam, que resulta inviable técnicamente cualquier argumento procedimental en el sentido de interpretar que la solicitud de presentación de la acción de inconstitucionalidad en comento fue realizada por el diputado promovente dentro del momento procesal oportuno para ello, en razón de que, el punto de acuerdo que nos ocupa fue presentado ante esta Comisión Permanente en fecha 27 de diciembre de la anualidad en curso, por lo tanto, se podría argumentar que se presentó tres días antes del fenecimiento del plazo oportuno para su vencimiento.

Dicha interpretación resulta improcedente, si analizamos en principio que puntualmente los artículos 121 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen de manera armónica y sistemática con respecto a las disposiciones que rigen el funcionamiento de las Comisiones ordinarias del Congreso de la Unión, que las Comisiones de la Comisión Permanente constituidas para el despacho de los asuntos de su competencia, para la dictaminación de los puntos de acuerdo, estarán sujetos para su discusión, votación, y, en su caso, aprobación al plazo previsto para las sesiones convocadas para tal efecto realizadas “una vez por semana”, momento procesal en el que ha fenecido el plazo para la presentación de la citada acción de inconstitucionalidad.

6. Por otra parte, no pasa desapercibido por esta Comisión, que la propuesta en estudio no es planteada por el promovente para el efecto de que esta Legislatura promueva alguna acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional de manera directa ante alguna autoridad judicial, sino para que este tipo de acción sea considerada para su ejercicio por una autoridad distinta a la legisladora, sin que obste a lo anterior que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es de carácter autónomo y con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que cualquier recomendación que emitiera esta Legislatura deberá ajustarte en todo momento a los principios de legalidad y seguridad jurídica, con la debida fundamentación y motivación prevista en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principios que en opinión de esta Comisión no se satisfacen en el caso en concreto, respecto al punto de acuerdo propuesto.

7. Independientemente de las consideraciones vertidas con anterioridad, resulta incuestionable para esta Comisión que el objeto de la propuesta con punto acuerdo es medularmente que se exhorte a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a promover una Acción de Inconstitucionalidad prevista en la Constitución Federal en la fracción Segunda del Artículo 105 en contra de la reformas a la Ley Federal del Trabajo publicadas en fecha 30 de Noviembre de 2012 , en donde, como se ha precisado en el cuerpo del presente dictamen, este tipo de acciones deberán ser interpuestas dentro de los treinta días naturales a partir de la publicación de la norma general, en este caso, se ha justificado que el día 30 de diciembre del 2012 feneció dicho término, por lo que a ningún efecto práctico conduciría remitir la recomendación propuesta al organismo citado, si se encuentra debidamente acreditado de manera fehaciente e inequívoca que el término ha concluido para el efecto pretendido en la propuesta con punto de acuerdo, que resulta ser objeto del presente dictamen.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia se permite someter a consideración del Pleno de la Comisión Permanente, para los efectos del artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente

Acuerdo

Único. Se deseche el presente punto de acuerdo y se archive como concluido.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 9 de enero de 2013.

La Primera Comisión,diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; diputada Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), senador Mario Delgado Carrillo, secretarios; diputado José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), senador Miguel Romo Medina, senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), senador Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador José María Martínez Martínez, senadora Gabriela Cuevas Barron, diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), diputado Mario Alejandro Cuevas Mena (rúbrica), senador Luis Armando Melgar, diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica en contra).»

REGLAMENTO DEL ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Dictamen de la Segunda Comisión, por el que desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal, para que derogue el decreto oficial del 29 de noviembre de 2012, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Estado Mayor Presidencial.

Honorable Asamblea:

Con fecha 27 de diciembre de 2012 a la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que derogue el Decreto Oficial del 29 de noviembre de 2012, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Estado Mayor Presidencial, presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran al presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracciones III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia el trámite de inicio del proceso Legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado denominado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 27 de diciembre de 2012 el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que derogue el Decreto Oficial del 29 de noviembre de 2012, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Estado Mayor Presidencial.

2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, para su estudio y dictamen correspondiente, con el número de oficio DGPL 62-II-6-0252 fue recibido con fecha de 28 de diciembre de 2012.

3. En sesión ordinaria de la Segunda Comisión de fecha de 3 de enero 2013, se entregó a los integrantes de la mencionada comisión el punto de acuerdo en comento para su respectivo estudio.

4. Los miembros de esta Segunda Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El autor de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita de esta soberanía con los siguientes argumentos:

1. Que el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa fue un mandato caracterizado por la corrupción, la permanencia de las viejas prácticas de opacidad y la impunidad. Mientras el resto del mundo siguió creciendo y apostando a políticas públicas efectivas, México se asumió aún más en el rezago.

2. Que para el ex Presidente Calderón, los 90,00 muertos ocasionados por la guerra contra el narcotráfico significaban daños colaterales, un costo que se tenía que pagar en aras de ganar la batalla contra el crimen organizado.

3. Que ahora que ha dejado la presidencia parece comenzar a tomar dimensión del clima de inseguridad que dejó en el país. Sus “daños colaterales” han dejado de ser un costo necesario de la guerra, para convertirse en riesgos reales.

4. Que el pasado 30 de noviembre de 2012, el mandatario emprendió una acción que garantizara su seguridad y la de su familia. A través de una modificación al Reglamento del Estado Mayor Presidencial facultó al general Roberto Miranda Moreno, nuevo jefe de dicho órgano militar, autorizar seguridad especial para los ex presidentes y sus familias según el riesgo que cada caso particular presente.

5. Que la fracción IX., del artículo 11 de dicho reglamento ahora estipula que:

a. IX. Autorizar, de acuerdo a los análisis de riesgo correspondientes, la ampliación de los servicios para garantizar la seguridad de los ex presidentes de la República y de su familia, en cada caso en particular.

6. Que con esta medida, el ex presidente trata de blindar su necedad persistente ante una guerra que de inicio estaba perdida.

7. Que haciendo de la garantía de seguridad a los ex mandatarios y sus familias un derecho obligatorio, se obliga a que cada vez que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa llegue al país, el servicio de seguridad de México esté en la obligación de elaborar un plan para garantizar su seguridad.

8. Que el pasado titular del ejecutivo no es ninguna víctima, por lo que; ante las enormes necesidades que tiene el país, recurrir en un gasto de esta naturaleza resulta indignante.

9. Que según la descripción oficial del Gobierno, la misión del Estado Mayor Presidencial es “Dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades del Presidente, además de velar por su seguridad y la de su familia”.

10. Que en ningún momento se especifica que la misión de este órgano militar sea proteger a los ex presidentes de sus errores cometidos durante su administración.

11. ¿Cómo se pueden pedir más concesiones a ex mandatarios cuando México tiene el primer lugar de salarios mínimos mensuales e infraestructura destinados a los ex presidentes superando incluso a países como Estados Unidos e Inglaterra.

12. Se destinan aproximadamente 5.8 millones de pesos mensuales a los ex titulares del Ejecutivo, lo que implica un costo aproximado para los mexicanos de 280 millones de pesos al año.

13. Que aún cuando el artículo tercero transitorio del decreto estipule que “las erogaciones que deriven de la aplicación del presente decreto serán realizadas mediante movimientos compensados, por lo que el Estado Mayor Presidencial debe sujetarse a su presupuesto autorizado para el presente Ejercicio Fiscal y no incrementar su presupuesto regularizable”, como se expuso previamente los recursos destinados ya son obscenos y en este tema no tan sólo se involucra un aspecto de dinero sino también de equidad.

Por lo anterior, el proponente concluye con su punto de acuerdo que dice:

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que se derogue el Decreto Oficial, con fecha 29 de noviembre de 2012 por el que se reforman y adicional diversas disposiciones del Reglamento del Estado Mayor Presidencial.

III. Consideraciones

1. Ante los argumentos que expone la proposición, esta comisión dictaminadora se avocó al estudio de los mismos. En consecuencia, los miembros de esta comisión se manifiestan en contra del punto de acuerdo con base en:

Antecedentes:

Se cuenta con los siguientes antecedentes normativos que señalan las características de los apoyos de los ex presidentes en materia de seguridad:

• Acuerdo 7637 de 25 de noviembre de 1976, suscrito por el ciudadano Presidente Luis Echeverría Álvarez.

a)Prevé que los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de Presidente, tendrán a su disposición mientras viva, para el desempeño de servicios generales al siguiente personal: a) Del Ejército: 1 general, 4 jefes, 8 oficiales, 32 de tropa; b) De la Armada: 2 jefes, 4 oficiales y 16 de tropa; c) De la Fuerza Aérea: 1 jefe, 2 oficiales y 8 de tropa. Se señala además que la categorías de general, jefes, oficiales y tropa, podrán variar, de acuerdo con las necesidades del servicio y que este personal pertenecerá a la planta del Estado Mayor Presidencial mientras permanezca en esta comisión.

• Acuerdo 2763 Bis del 31 de marzo de 1986, suscrito por el ciudadano Presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Prevé la regulación de pensiones y otros servicios de la siguiente forma:

a)Los ciudadanos que hayan ocupado el cargo de Presidente Constitucional (sic) de los Estados Unidos Mexicanos disfrutarán mientras viven de una pensión equivalente al sueldo total que corresponda a un Secretario de Estado, mismo que se incrementar en la misma temporalidad y proporción.

b)Tendrán derecho igualmente a percibir las prestaciones de Seguridad Social del cargo de un Secretario de Estado, consistentes en seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores.

c)Al momento de fallecer el ex presidente, la cónyuge supérstite disfrutará de una pensión equivalente a un 80% en términos netos del sueldo de Secretario de Estado durante el primer año posterior al fallecimiento, que decrementará en un 10% anual a partir del segundo año hasta llegar al 50 % de dicho sueldo, después del cuarto año de haber sido cubierta.

d) La cónyuge supérstite gozará de los seguros de vida y gastos médicos mayores por un monto del 80% en términos de la suma asegurada que corresponderla al titular de las prestaciones.

e)Los hijos de ex presidente gozarán de un seguro de gastos médicos mayores hasta cumplir la mayoría de edad.

f)Los ex presidentes mientras vivan tendrán a sus órdenes para el desempeño de servicios generales un total de 25 empleados de la Federación adscritos a la planta de personal de la Presidencia de la República como sigue: 1 director general, 2 directores de área, 4 subdirectores, 4 jefes de departamento, 1 secretaria de director general, 1 secretaria de director de área, 2 secretarias subdirector, 3 técnicos especializados, 3 choferes, 4 auxiliares administrativos.

• Reglamento del Estado Mayor Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de marzo de 2010. El reglamento prevé la naturaleza jurídica del Estado mayor presidencial que es un órgano técnico militar y una unidad administrativa de la Presidencia de la República, para facilitar el cumplimiento y atribuciones y facultades de la misma.

a)Prevé que el Estado Mayor conducirá sus actividades de acuerdo a las órdenes directivas que determine el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y tendrá a su cargo el despacho de los asuntos que expresamente le encomiendan otras leyes, reglamentos, decretos y acuerdos.

b) El Estado Mayor estará integrado por personal perteneciente al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Armada de México y especialistas civiles, así como el personal que el propio Primer Mandatario (sic) determine.

c) El artículo 4 del ordenamiento prevé como una de las misiones generales del Estado Mayor, garantizar la seguridad del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de su familia, de los mandatarios y funcionarios extranjeros que visiten la República Mexicana, de los ex presidentes de la República y de otras personalidades que por la importancia de su cargo o encomienda, expresamente ordene el titular del Ejecutivo Federal, así como proporcionar el apoyo logística inherente a las actividades anteriores.

d) De conformidad con el Reglamento corresponde a la Sección Séptima proporcionar los requerimientos de seguridad inmediata para los ex presidentes de la República.

e)La estructura orgánica del Estado Mayor Presidencial como una unidad administrativa del mismo agrupamiento de servicios generales, pero el artículo 34 prevé que esta unidad se conforma por personal de los diferentes servicios de las Fuerzas Aéreas Mexicanas y no se hace mención alguna a los ex presidentes en este rubro. Si es de advertirse que el Agrupamiento de Servicios Generales es responsable de proporcionar el servicio de policía militar.

Comentarios

• La fracción IV del artículo 127 constitucional, prevé la asignación de servicios de seguridad a los servidores públicos por el cargo desempeñado, sin que éstos formen parte de sus remuneraciones. De ahí que exista igualmente base para su previsión en un ordenamiento legal o administrativo.

• Es de mencionar que corresponde al Estado Mayor Presidencial, proporcionar a los ex presidentes los servicios de seguridad, conforme al Reglamento del Estado Mayor Presidencialvigente (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 2010), que en su artículo 4o. señala:

Artículo 4. El Estado Mayor Presidencial tendrá las misiones generales siguientes:

I. Garantizar la seguridad del Presidente de la República, de su familia, de los mandatarios y altos funcionarios extranjeros que visiten el territorio nacional, de los ex presidentesde la República, y de otras personas que por la importancia de su cargo o encomienda, o por su situación, expresamente ordene el titular del. Ejecutivo Federal;

• Asimismo, el reglamento referido señala que le corresponderá a la Sección Séptima (Protección de Personas) planear, organizar, proporcionar y controlar los servicios para garantizar la seguridad inmediata de los ex Presidentes de la República(artículo 24 fracción II).

• El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, prevé que el Ramo Administrativo 02 Presidencia de la República, incluye los recursos para cubrir las compensaciones de quienes han desempeñado el cargo de titular del Ejecutivo Federalo, a falta de éste, a quien en términos de las disposiciones aplicables sea su beneficiario, las que no podrán exceder el monto que se cubre al primer nivel salarial del puesto de Secretario de Estado, así como aquéllas correspondientes al personal de apoyo que tengan asignado, de conformidad con las disposiciones aplicables y con sujeción a los términos de este artículo. Asimismo, incluye los recursos que se asignan a la compensación que se otorga al personal militar del Estado Mayor Presidencial. Las remuneraciones del personal civil de apoyo deberán reportarse en los informes trimestrales y serán públicas en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Con base a lo mencionado se observa que la extensión de la protección del estado mayor presidencial, a la familia de los ex presidentes, no repercute en un una carga extra al erario público ya que como bien lo menciona el mismo promovente en su inciso 13 del apartado II Del Contenido de la Proposición en el que menciona “Que aún cuando el artículo tercero transitorio del decreto estipule que “Las erogaciones que deriven de la aplicación del presente decreto serán realizadas mediante movimientos compensados, por lo que el Estado Mayor Presidencial debe sujetarse a su presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal y no incrementar su presupuesto regularizable”, como se expuso previamente, los recursos destinados ya son obscenos y en este tema no tan sólo se involucra un aspecto de dinero sino también de equidad”.

Por tanto la derogación del Decreto Presidencial por el que se derogan diversas disposiciones al reglamento del estado mayor presidencial resultan innecesarios.

Por lo anteriormente expuesto, la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición:

IV. Punto de Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para que derogue el Decreto Oficial del 29 de noviembre de 2012, por el que se reforman y adicionan disposiciones del Reglamento del Estado Mayor Presidencial, presentado por el diputado Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido

Congreso de la Unión, a 8 de enero de 2013.

La Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública: Diputada María de las Nieves García Fernández (rúbrica), senadora Graciela Ortiz González (rúbrica), senadora Gabriela Cuevas Barrón (rúbrica), diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica), diputado José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), senador Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica), diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, diputada Carla Alicia Padilla Ramos, diputado Ricardo Cantú Garza.»

REFORMA LABORAL

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: En consecuencia, tenemos registrados dos oradores en el primer punto, referente a la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma laboral integral. Tiene en este momento la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo, para hablar en contra de este dictamen. Adelante, señor diputado.

El diputado Ricardo Cantú Garza:Gracias, diputada presidenta. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para manifestarse en contra del dictamen que presenta la Primera Comisión de esta honorable Comisión Permanente, en cuyo acuerdo único se plantea que se deseche la proposición con punto de acuerdo presentada el pasado 27 de diciembre de 2012, por el diputado Silvano Blanco Deaquino.

En la proposición en comento, el proponente solicitaba que esta Comisión Permanente exhortara a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que interpusiera acción de inconstitucionalidad en contra del decreto de reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del año pasado.

Como es de dominio público, el Ejecutivo federal presentó el primero de septiembre del año pasado, con carácter de iniciativa preferente ante la Cámara de Diputados, una iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo.

Es pertinente recordar también que el 9 de agosto de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a diversas disposiciones de nuestra Norma Fundamental, en materia de reforma política.

Como resultado de este decreto se estableció, en el artículo 71 constitucional, la iniciativa preferente a favor del Ejecutivo federal; sin embargo, no se han modificado ni la Ley Orgánica del Congreso ni el Reglamento de la Cámara de Diputados, para establecer el procedimiento a través del cual debería ser procesada la iniciativa preferente.

También cabe destacar que el artículo transitorio segundo estableció la obligación del Congreso de la Unión para expedir la legislación que se requiriera, a más tardar en un año, contado a partir de la entrada en vigor de dicho decreto, por lo que la propia reforma constitucional remitió a la necesaria aprobación de los medios legislativos para poder llevar a cabo el fin propuesto, en particular en materia de iniciativa preferente.

En el artículo 105 de la Constitución General de la República se prevén dos de los mecanismos de control constitucional, que se contienen en nuestra Norma Fundamental, en particular en la fracción II; la acción de inconstitucionalidad, en donde no se legitima —a diferencia de la controversia constitucional— a la Comisión Permanente para interponer dicha controversia, por lo que el proponente del punto de acuerdo que se desecha plantea que se exhorte a un sujeto legitimado, como lo es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que interponga dicha acción, máxime que otro de los legitimados para interponer la acción, como lo es el procurador general de la República, fue omiso en esta situación.

Hay que mencionar que en la reforma constitucional de junio de 2011 se le dio a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la competencia para conocer de asuntos laborales en los que se violen derechos humanos, y resulta evidente que la reforma laboral viola disposiciones constitucionales y derechos humanos contenidos en nuestra Norma Suprema, a favor de los trabajadores.

Compañeras y compañeros legisladores, en opinión del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se debe modificar el resolutivo del dictamen y solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ejerza su facultad constitucional e impugne legalmente el decreto del 30 de noviembre pasado, en el que se reforma la Ley Federal del Trabajo.

A fin de cuentas será el Tribunal constitucional de nuestro país el que determine o no sobre la admisión de la demanda presentada.

Los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados seguirán siendo solidarios con los trabajadores de México, que en ejercicio de otro medio de control constitucional, como lo es el juicio de amparo, están presentando en todos los juzgados de distrito del país sus demandas en contra de la reforma a la Ley Federal del Trabajo del pasado 30 de noviembre.

Estamos seguros que demostrarán ante la justicia federal los agravios que dichas reformas traen en su perjuicio, violando sus garantías individuales y derechos humanos previstos en tratados internacionales.

Por estas consideraciones, y si la mayoría decide mantener el contenido del resolutivo, el voto del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo será en contra del desechamiento. Es cuanto, senadora presidenta.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señor diputado. Tiene en este momento la palabra, en virtud de que así fue registrado en la lista de oradores, el diputado Fernando Rodríguez Doval, para hablar en pro de este dictamen. Adelante, señor diputado Rodríguez Doval.

El diputado Fernando Rodríguez Doval:Muchas gracias, senadora presidenta. Compañeros legisladores, simplemente explicar, en mi calidad de presidente de esta Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de esta Comisión Permanente, el porqué se desecha este punto de acuerdo.

Nosotros, en el dictamen que hemos puesto a consideración, ayer de la Comisión y hoy del pleno de la Comisión Permanente, no estamos entrando al fondo de la discusión, por una razón muy sencilla, los plazos para presentar acciones de inconstitucionalidad, en este caso en contra de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, ya vencieron el pasado 30 de diciembre.

Nosotros sabemos que las acciones de inconstitucionalidad son precisamente mecanismos que están contemplados en nuestra Carta Magna, mediante los cuales se pretende resolver una posible contradicción entre la propia Constitución y cualquier ley secundaria, como es el caso de la Ley Federal del Trabajo.

Las acciones de inconstitucionalidad —recuerdo a esta Comisión Permanente— pueden ser presentadas por el 32 por ciento de los integrantes de cualquiera de las dos Cámaras que integran el Congreso de la Unión, por el procurador general de la República, por el 33 por ciento de alguna de las Legislaturas locales, en el caso de leyes locales, y también por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Es decir, la Comisión de Derechos Humanos hubiera tenido —al igual que en el caso de la Procuraduría General de la República o al igual que el Congreso de la Unión— hasta el día 30 de diciembre para presentar una acción de inconstitucionalidad, toda vez que esta ley fue publicada por el entonces presidente Felipe Calderón, el día 30 de noviembre.

La Constitución es muy clara, al señalar que el plazo nunca puede exceder 30 días naturales desde la fecha de su publicación. Entonces, a nosotros nos llega como Primera Comisión, este punto de acuerdo el día 27 de diciembre, una vez que la Comisión Permanente, en su primera sesión de esta Legislatura o de este periodo de receso, considera que no era de urgente u obvia resolución.

Aun suponiendo que nosotros hubiéramos aceptado el punto de acuerdo, la Comisión Permanente se reúne hasta la siguiente semana; es decir, el plazo necesariamente estaba vencido. Lo quiero dejar muy claro.

Nosotros —insisto, sigo sin entrar en el fondo de la discusión— si como Cámara de Diputados hacemos un exhorto a la Comisión de Derechos Humanos para que presente fuera de plazo una acción de inconstitucionalidad, simple y sencillamente estaríamos haciendo el ridículo, señores; entonces, ésa es una licencia que no nos podemos permitir y por lo tanto, es que esta comisión, insisto, sin entrar a fondo de la discusión, desechó este punto de acuerdo. Es cuanto, senadora presidenta.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señor diputado Rodríguez Doval. Tiene ahora la palabra el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen. Adelante, señor diputado.

El diputado Silvano Blanco Deaquino:Con su permiso, señora presidenta. Con el permiso de las legisladoras y legisladores de esta Comisión Permanente. Nosotros queremos puntualizar, efectivamente, que conocemos la situación jurídica que guarda este recurso que promovimos.

Sabemos que en su momento lo presentamos en tiempo y forma aquí, ante esta Comisión Permanente; sabemos muy bien el acuerdo que hay entre el PRI y el PAN, en torno a la reforma laboral.

Digo, fue una discusión amplia, la cual dimos nosotros, cómo evidenciamos realmente que esta reforma laboral beneficia realmente a los patrones, no a los trabajadores, y fue una moneda de cambio que pagó Peña Nieto y pagó Calderón por los favores dados por los empresarios nacionales y por los compromisos que hay a nivel internacional también.

En este sentido, lógicamente que no fuimos ilusos al presentar el recurso, sabíamos, efectivamente, que iba a ser desechado en este sentido, pero es de extrañar la actitud del propio presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que el día que se iba a votar en la Comisión Permanente manda a un cabildero, todavía, para reforzar el tema y lógicamente que no se aprobara en esta Comisión Permanente.

Eso sí es grave, alguien al cual se le dan facultades constitucionales para que pueda utilizarlas a favor de los ciudadanos, a favor de los derechos humanos y está actuando de una forma totalmente distinta a esas facultades y a esa obligación, que tiene el presidente nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No nos sorprende, en este sentido, la actuación del PRI y del PAN, porque es una dinámica ya que traían en torno a la reforma laboral.

Lo que sí queda claro, que todavía esperamos, y a lo mejor somos ilusos pensando en que el Poder Judicial pueda actuar de una forma correcta, porque se vienen un sinnúmero de amparos individuales y colectivos, porque nosotros seguimos diciendo, efectivamente, con razonamiento jurídico fundado, de que es violatorio a nuestra Constitución la ley laboral aprobada en esos términos, y bueno, vienen esos amparos.

Esperemos que el Poder Judicial, porque estos recursos, inclusive, espero que lleguen hasta la más alta tribuna del Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en ese sentido, tampoco sería de sorprendernos que hubiese línea del Poder Ejecutivo en turno para que se desecharan los amparos que se van a presentar en el futuro. Pero en este sentido decimos: entendemos muy bien la situación jurídica.

Claro que en su momento lo presentamos en tiempo y forma y por supuesto que nosotros, en este caso, votaremos en contra del dictamen, no por el hecho de que no estuviese jurídicamente sustentado, sino simple y sencillamente por el fondo del asunto.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: En virtud de no haber más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa también sírvanse manifestarlo. Senadora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, secretario. Suficientemente discutido. Se reserva para su votación económica en conjunto.

REGLAMENTO DEL ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Están a discusión los puntos de acuerdo. En este sentido, tenemos oradores; está inscrito el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, para hablar en contra. Tiene usted la palabra, señor diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadanos legisladores, el 11 de diciembre de 2006, el señor Calderón decidió emprender una guerra en contra del crimen organizado, una guerra unilateral, que después trató de endosarnos. A partir de ese momento, el país se convirtió en un océano de sangre, casi 100 mil muertos, 10 mil desaparecidos, muchas violaciones a los derechos humanos, miles de desplazados. Seis años después, el país se encuentra en un colapso.

Los resultados de esta guerra, torpe, estúpida, no se ven por ninguna parte; por el contrario, se vive un ambiente de miedo, de desesperanza, por el incremento de células criminales, ahora con más violencia y más sanguinarias.

En sus reiterados comunicados, el gobierno resaltaba los logros de esta guerra, diciendo que íbamos por buen camino, que la batalla la íbamos ganando, y un día antes de concluir su mandato, el señor Calderón modifica el Reglamento del Estado Mayor Presidencial, para ampliar la protección del Estado Mayor Presidencial, no solo para el ex presidente, sino para sus familias y no específica hasta qué grado o hasta qué nivel, simplemente dice: se extiende la protección del Estado Mayor Presidencial para el ex presidente y sus familias.

Nosotros planteamos un exhorto para decir que el actual titular del Ejecutivo pudiera derogar estas disposiciones, que son una ofensa para la población.

Él dijo que los 90 mil muertos eran daños colaterales, con una frialdad impresionante. Daños colaterales. Pero él, antes de irse, aparte de llevarse a Harvard al Estado Mayor Presidencial, también deja protegida a sus familias, y lo más malo es que los mexicanos no sabemos hasta qué grado de parentesco están obligados los miembros del Estado Mayor Presidencial a prestarles el apoyo, la seguridad física, con cargo al erario.

Lo que planteaba es simple, deróguese —aunque es una facultad del Ejecutivo— y establézcase hasta qué grado de parentesco protege ese reglamento a los hijos, a la esposa, a los hermanos, a las hermanas, a los cuñados, a los sobrinos. ¿A quiénes protege? ¿A quiénes está obligado el Estado Mayor Presidencial a prestarle seguridad física?

¿Cómo no pueden aceptar un simple exhorto? ¿No es lo mismo el PRI y el PAN? ¿No es la mutación nada más? Unos se protegen con otros, ¿no es lo mismo? Cómo negarse a un exhorto, un exhorto. Ni siquiera eso nos conceden: un exhorto; es impresionante.

Hay gente de la oposición ahora que me dice: ya para que sube, de todos modos no lo van a conceder. Pues no, voy a seguir subiendo, porque el poder corruptor del gobierno podrá abarcar a muchos, pero muchos luchamos por principios y no van a podernos comprar, eso se los aseguro. No hay precio.

Es un exhorto, ¿y saben lo que dice textualmente la comisión? La comisión dice lo siguiente: se observa que la extensión de la protección del Estado Mayor Presidencial a la familia o familias de los ex presidentes, no repercute en una carga extra al erario. Qué falaz argumento.

¿Cómo nos dicen que no nos conceden el exhorto, porque el que les den seguridad a las familias de los ex presidentes no repercute en ningún costo extra al erario? ¿Para qué? Engañabobos, son dictámenes engañabobos.

¿Cómo pueden permitir que pase esto? Ustedes son legisladores, al menos modifiquen esta frase y díganle: es una facultad del Ejecutivo.

El otro argumento —que en la comisión se dijo— es que no, se invaden facultades del Ejecutivo. Esa es una facultad del Ejecutivo, y aquí hoy estamos planteando exhortos, no solo al Ejecutivo, sino al Senado norteamericano.

Hoy más tarde van a plantear un exhorto al Senado norteamericano y allá no, allá no; eso sí es nuestra facultad, y aquí no son capaces de tocar ni con el pétalo de un exhorto al Ejecutivo federal. No les parece, ¿de qué? ¿Disneylandia? ¿Qué es este país?

¿Cómo no puedes permitir un exhorto, un exhorto? ¿No es el colmo de la intolerancia? ¿Del cinismo? ¿De la cerrazón? ¿Creen ustedes de veras que van a corromper a todos? No lo creo, se los aseguro.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tiene en este momento la palabra —de acuerdo al registro de oradores— para hablar en pro, el diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado García.

El diputado Carlos Alberto García González:Con su venia, señora presidenta; senadora presidenta, perdón —y señora también. En Acción Nacional estamos a favor de que se preserven las instituciones y se proteja su significado; por lo que consideramos que el decreto de reforma del Reglamento del Estado Mayor Presidencial, publicado el 29 de noviembre de 2012, que tiene como objetivo la debida protección de la figura presidencial, debe tener plenos efectos, siendo improcedente su derogación, tal y como lo pretende el punto de acuerdo que correctamente se desecha.

Es innegable que México es una nación basada en las instituciones, por lo que las normas que a ello se encaminan deben tener plena y absoluta vigencia; por tales razones, es adecuado que hoy esta Comisión Permanente deseche el posicionamiento político que se pretende, ya que las reformas al Reglamento del Estado Mayor Presidencial buscan la protección de los ciudadanos que han desempeñado leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República.

Cabe decir que en la creación de normas no debe de privar una posición mezquina o de venganza, sino de construcción y de acuerdo, por lo que resulta pertinente que haya bases jurídicas sólidas para la protección del presidente de la República en funciones, así como las reglas que garanticen el bienestar e integridad de los ex presidentes de esta República.

Además, contrario a lo que señalaba el proponente del punto de acuerdo que se pretende desechar, la protección del Estado Mayor Presidencial no solo está dirigida a garantizar la seguridad del presidente de la República, sino también de jefes de Estado y/o de gobiernos extranjeros que visiten nuestro territorio nacional, así como de los ex presidentes de la República y de otras personas que, por la importancia de su cargo o encomienda o por su situación, expresamente ordene el titular del Ejecutivo federal.

Por tanto, en Acción Nacional estamos a favor de la existencia de las garantías para el ejercicio de un cargo público de alto riesgo.

Por otra parte, si queremos construir en Acción Nacional instituciones fuertes y sólidas, debemos darles garantías de seguridad y protección, ya que de lo contrario será evidente y hasta natural que cualquier ciudadano se niegue justamente a ejercer un cargo sin el respaldo institucional que le asegure su integridad física y moral.

Quiero añadir que el año pasado, en diciembre, tuve la oportunidad de estar en el extranjero, en nuestro vecino del norte, Estados Unidos de América, y en una ciudad de Estados Unidos me encontré en un centro comercial a nuestro ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, ¿y saben qué? Andaba con un elemento, él solito con un elemento nada más; entonces, no es cierto que se llevó a todo el Estado Mayor Presidencial a alguna ciudad de Estados Unidos de América.

Por tanto y por último, estamos a favor en Acción Nacional de desechar el punto de acuerdo que pretende la derogación de las reformas al Reglamento del Estado Mayor Presidencial; por lo que pido su voto a favor del dictamen que hoy se discute. Es cuanto, senadora presidenta.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado Carlos Alberto García González. Tiene la palabra el diputado Ricardo Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Es impresionante que les hagan los discursos y los lean estrictamente como se los dan, porque además es una justificación torpe.

Ante la falta de argumentos, la descalificación es lo más rápido para las personas grises; el decir que les estamos quitando a los ex presidentes su seguridad, es descontextualizar mi argumento. Hablo de las familias del ex presidente.

Le pregunto al pueblo de México, ¿de qué privilegio goza alguien, que le falló al país, que se robó la Presidencia, que fue un espurio? ¿Por qué tiene el país, el erario y los ciudadanos que contribuir económicamente para sostener la seguridad de las familias de los ex presidentes?

Incluso en nuestro programa, en Movimiento Ciudadano, era suprimir las pensiones de los ex presidentes. Andrés Manuel López Obrador planteaba la supresión de las pensiones de los ex presidentes. Ni siquiera estoy tocando ese tema. Lo que estoy evidenciando es el abuso del señor Calderón, de que a un día de que terminara su mandato modificara el Reglamento del Estado Mayor Presidencial y se otorgara seguridad física para toda su familia. ¿De qué privilegios goza ese señor?

¿Los 100 mil muertos y las familias de los 100 mil muertos? Esos no gozan de ninguna protección del Estado Mayor Presidencial.

Que anda con un enviado en Harvard. No vale la pena ni siquiera discutirlo. Claro que tiene una sección, tiene dinero, tiene pensión. Ese día les dio vacaciones o andaban en otra fiesta. Pero a mí no me interesa discutir ese tipo de torpezas, frivolidades. Ay, que lo vio y que lo abrazó. Qué me importa. A mí qué.

Lo que reclamo es por qué abusó de su autoridad; por qué un día antes de terminar su mandato modificó el Reglamento e impunemente le otorga seguridad física de elementos del Estado Mayor Presidencial a toda su familia, a toda su parentela, ¿por qué? Me pregunto.

¿Les parecía muy grave un exhorto, que son llamadas a misa, que no va a hacer caso el señor que está ahora y que son la misma complicidad? ¿Les parecería tan grave que la Permanente, los legisladores dijeran: pues sí tiene razón, que investiguen y que se derogue si procede o no? De todos modos no les van a hacer caso.

¿Qué tan grave es hacer eso? Son cosas elementales. ¿Por qué el pueblo de México tiene que pagar por gobiernos sátrapas, corruptos, deshonestos? ¿Por qué? ¿Les parece correcto? ¿Cómo defienden a ultranza gobiernos fallidos, torpes, que nos dejaron en un mar de sangre, en un océano de sangre? ¿Cómo pueden defender eso? Al menos actúen con dignidad.

Les escriben los discursos y los pronuncian igual; son diputados, son legisladores, intenten estudiar, den la defensa de mejor forma. No digan que no están dentro de las facultades, no digan que no van a gastar dinero, no digan que tiene el derecho porque fue un patriota. No estoy discutiendo eso, estoy discutiendo por qué a las familias, sin especificar hasta qué grado, se les va a proteger físicamente por el Estado Mayor Presidencial. Ése es mi argumento. Debátanlo.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Está pidiendo la palabra el diputado Carlos García González, para hechos. Adelante, señor diputado.

El diputado Carlos Alberto García González: Con su venia de nuevo, senadora presidenta. Miren, diputados y diputadas, sinceramente, como dicen, no me voy a manchar con los comentarios del señor; la verdad, hago votos porque no se vuelva a morder la lengua. Lo he visto a usted en diferentes eventos y también trae protección, diputado, y se lo digo con mucho respeto.

Creo que todos debemos, de alguna manera, tener precauciones, sobre todo cuando tenemos un ex presidente de la República que todos sabemos que enfrentó una lucha frontal con la delincuencia organizada.

Estoy convencido de que no solamente el ex presidente Calderón, sino todos los ex presidentes deben de tener protección; creo que es importante que la siga habiendo, y por eso, desde Acción Nacional apoyaremos y votaremos a favor de que se deseche el dictamen. Muchas Gracias.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado García. Tiene la palabra, para rectificación de hechos, el diputado Ricardo Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Mire, diputado, por accidente puedo morderme la lengua, pero nunca le mordí a los mexicanos su tranquilidad ni su paz. Su gobierno fue el peor que ha existido en la historia de este país.

¿Cómo se atreve a venir a defenderlo todavía? ¿Con qué cara? Sin escrúpulos, y le voy a decir otra cosa, diputado: falla, es falso que tenga seguridad. Nunca la he tenido, porque el que no debe nada, nada teme.

Ahora usted me lo demuestra. Finalmente, usted tiene acceso a los archivos. Jamás he tenido un solo policía que me cuide; jamás he acudido al Estado Mayor Presidencial ni como ex gobernador ni como senador ni como diputado; jamás he tenido un solo miembro que me acompañe en mi seguridad. No soy como usted.

Todos piensan como el león, que todos son de su condición; soy un hombre honesto y no tengo —óigalo bien— un solo elemento ni yo ni mi familia, y me lo demuestra, o se retracta y pide disculpas.

Fíjense ustedes, ¿cómo es posible que traten de descalificar? Vuelvo a lo mismo, ante la falta de argumentos, lo que conviene es la descalificación, que es la actitud más torpe en el debate parlamentario, debátanme con argumentos.

Mi argumento es que el señor Calderón dejó al país en un charco de sangre; mi argumento es que fue una guerra genocida; mi argumento es que hubo una corrupción y una impunidad impresionante, y mi argumento es que un día antes de terminar su mandato firmó, modificó el Reglamento del Estado Mayor Presidencial para allegarse, él y su familia, protección física del Estado Mayor Presidencial a cargo del erario público.

¿Con qué desfachatez vienen a argumentar cosas personales? Nunca, diputado; por eso me gusta hablar, porque no hay nadie que me pueda señalar, y usted menos que nadie.

Me demuestra que tengo seguridad personal, o se retracta y pide disculpas, porque no se vale usar la tribuna para descalificar y falsear la verdad.

Vengo a argumentar y vengo a expresar contundentemente todo lo que hizo el señor Calderón el último día.

No he tocado lo de los casinos, no he tocado otras cosas; me estoy —simple y sencillamente— circunscribiendo a un Reglamento que obliga al Estado Mayor Presidencial, a partir del 29 de noviembre —un día antes de terminar— que obliga al Estado Mayor Presidencial a prestarle seguridad física, con elementos de unidades a toda la familia del ex presidente y de los ex presidentes.

¿No les parece un exceso, que aparte de sus corruptelas, de sus traiciones, de haber vivido como sátrapas, todavía tengamos que pagarles a sus familias, por generaciones, del erario público? ¿Les parece correcto?

Le pregunto al PRI, el día que lo plantee en la Cámara de Diputados, más de tres me dijeron: tiene razón, cómo no, hay que apoyar. ¿Ahora? Esas son complicidades.

No se vale que vengan a descalificarme por un argumento concreto que estoy hablando, que vengan a decir mentiras, falsedades, que difamen. Están acostumbrados a eso, pero a mí eso —como el viento a Juárez— no me preocupa; soy un hombre limpio y por eso hablo con fuerza. Demuéstremelo, diputado.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tenemos registrado al senador Francisco Domínguez, para rectificación de hechos y al senador Fidel Demédicis Hidalgo, para hablar en contra de este dictamen. Posteriormente, someteremos a votación el dictamen en comento. Tiene usted la palabra, senador Francisco Domínguez.

El senador Francisco Domínguez Servién:Gracias, presidenta senadora. Si le sorprende al señor diputado Monreal venir aquí a lavarse las manos, cuando en la familia de Monreal lo único que existe es nepotismo puro, y le digo porqué. Si se acuerda usted, en la LVIII Legislatura fui compañero de su hermana Susana Monreal, diputada federal, mientras usted, de su familia, era senador de la República. Sale su hermana diputada, la senadora Monreal, sale usted de senador, hay que seguir viviendo del erario público, se hace diputado plurinominal y para colmo, su hermano senador.

Esto aquí y en todo el mundo se llama nepotismo puro, ¿o acaso su partido es un negocio familiar? Pregunto, señor senador, y déjeme terminar compañero, no se vaya a morder la lengua otra vez.

Para terminar, usted díganos aquí si cuando fue gobernador de Zacatecas —lo dudo y si no, aclárenos— no digo que un policía, un guardaespaldas por lo menos siempre estuvo atrás o adelante o al lado o al otro lado de usted.

Si tanto le preocupa el derramamiento de sangre, en el conteo que usted y otros políticos le hicieron al presidente Calderón, no he visto que usted aquí o en la Cámara de Diputados, o cuando fue senador de la República, proponga un plan para atacar en su estado la violencia enorme de muertes, que hay en el estado de Zacatecas, en el cual usted se debe y es representante de Zacatecas.

Nunca hemos oído una propuesta para acabar con el crimen organizado en el estado de Zacatecas, por el nepotismo de la familia Monreal. Es cuanto.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias. Tiene la palabra, para alusiones, el diputado Ricardo Monreal. Inmediatamente después se le va a conceder la palabra el senador Fidel Demédicis, y se someterá a votación de esta asamblea si se encuentra suficientemente discutido este dictamen. Adelante, señor diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:No solo hay torpeza en la derecha, hay una profunda ignorancia y estos tipos pusilánimes creen que venir a defender lo indefendible atacándome, ya mañana les van a aplaudir y van a salir a ocho columnas.

No, senador, mire usted, ¿nepotismo? Pregunte a la hermana de Calderón y a la sobrina de Calderón y a Astolfo Vicencio y a Abel Vicencio, que por cierto eran muy buenos parlamentarios, lástima. No me metí, y le voy a decir una cosa, mis hermanos todos han sido electos por mayoría, nunca han estado en cargos de representación proporcional, la gente los...

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera:  Señor diputado, me está pidiendo la palabra el diputado Rodríguez Doval, una moción.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Sí, adelante.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Adelante, señor diputado.

El diputado Fernando Rodríguez Doval (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Nada más solicitarle al orador si se puede conducir con respeto, una moción de respeto; somos todos pares y usted no tiene por qué llamarle tipo pusilánime a alguien que también es legislador igual que usted. Puede argumentar lo que quiera, pero con respeto, por favor.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias. Muy amable. Tiene la palabra el diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Aguante. Aguante. No me retracto. Pusilánimes, mentirosos y torpes. No me retracto. Suba a la tribuna y demos el debate. Le voy a decir otra cosa, el debate en el Parlamento es peor que esto, hombre, ¿de dónde salieron tan señoritongos? ¿De dónde?

Váyase a una escuela de buena cultura o de buenos modales, o váyase ahí con los de Relaciones Exteriores a practicar la diplomacia. Éste es un Parlamento y aquí hay ideas, aquí se combaten ideas, no se descalifica.

¿Saben lo que es el nepotismo? Vea en la Real Academia lo que es el nepotismo; investigue en la Real Academia, investigue en el diccionario. Es cuando uno ejerce el poder y depende del poder. Yo soy legislador.

Sí, sí le acepto las preguntas. Hoy la derecha está muy en su papel. Aguanto. Sí, le acepto todo.

El senador Francisco Domínguez Servién(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor senador, ¿está pidiendo una moción?

El senador Francisco Domínguez Servién (desde la curul): El subió por hechos, que me responda. Acaba de decir que sus hermanos son senador y diputada, por proporcional. Pero, ¿cómo llegaron a ser candidatos? Por nepotismo. Contésteme, señor. Subió a la tribuna por hechos.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias. No se permiten los diálogos. No se permiten. Gracias, por el comentario. Señor diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Es que es increíble, ¿cómo tienen tan torpes a los representantes de Acción Nacional? Hasta quedan mal con la gente, la gente que lo está viendo en la televisión, no me puede preguntar eso. O sea, no soy dirigente de partido, no fui dirigente de partido, no conduzco el proceso, ¿y eso qué?

Me parece, fíjense, qué hábiles son estos cuates, ¿cómo protegen a Calderón, si es un sátrapa? Y espérense, apenas empezamos, dejen que se descubra el hilo negro, hay una gran corrupción, una gran deshonestidad en ese gobierno. Vean los 100 mil muertos, vean los 40 mil desaparecidos, vean los desplazados.

No. El argumento centrémoslo; el argumento que estoy planteando es ¿por qué el señor Calderón —lo repito por enésima vez— abusó de su autoridad, modificó el Reglamento y protegió a su familia, por generaciones? Hoy tienen el derecho a la vigilancia del Estado Mayor presidencial, ¿por qué? Ese es el argumento, no nos salgamos.

A mí no me puede descalificar, yo he sido legislador, y si la seguridad de Zacatecas está en los términos que está, ése no es mi problema; soy legislador y plantee planes; salí hace 9 años de gobernador, no me quiera culpar como los anteriores también de que yo soy el responsable de lo que pasa en Zacatecas.

Soy legislador y fui el legislador más productivo en el Senado, y en esta Cámara he producido más iniciativas que en ninguna parte. Aquí califíquenme por mi trabajo como legislador y vea mis intervenciones y he sido congruente, nunca me he retractado de mis cosas y cuando cometo errores también lo digo.

Me parece muy grave, porque les vamos a seguir dando el debate, y ahora estamos discutiendo un tema, que si ustedes le pensaran mejor, pondríamos el tema de la discusión en el gobierno actual, a ver si modifica el Reglamento.

Porque ya no es cosa de ustedes, es un exhorto; un exhorto para que se derogue el Reglamento que autoriza a toda la familia del ex presidente de la República, de los ex presidentes, a recibir seguridad física del Estado Mayor Presidencial, de militares con sus unidades.

Le digo, ¿es justo eso? Les pregunto por qué hasta ahora no se hacía, ¿para qué se modificó el último día? ¿Para qué se modificaba el último día?

Sigamos profundizando. ¿No es inmoral el que un día antes de terminar modifique para beneficio propio y de su familia, el que proteja el Estado Mayor Presidencial, con recursos del erario, a los ex presidentes? Me dicen en el dictamen falaz éste, que no hay ningún gasto extra por la familia que protegerán del ex presidente.

Pero además, el Reglamento es tan amplio, que dice: las familias, la familia, ¿quiénes son familia de los ex presidentes y quiénes tienen derecho a la protección del Estado Mayor Presidencial? Si yo soy primo, sobrino —como aquí hay algunos— diré: pues soy sobrino de Calderón y tengo derecho a tres elementos del Estado Mayor Presidencial y una camioneta blindada y un jeep y recursos, ¿por qué no? Si eso dice el Reglamento.

¿Por qué no lo aclaramos? ¿Qué se oculta? ¿Qué se esconde? Por qué hacer un pleito, si el pleito es que se derogue.

Ustedes ya no gobiernan, dense cuenta, ¿qué defienden? Ya no gobiernan. Hay que exigir que se derogue.

No vamos a callar, aunque lo rechacen aquí vamos a continuar en organismos internacionales, en la Corte Interamericana, en organismos públicos nacionales, porque no puede ser que este país dé paso a privilegios de familias del ex presidente de la República. No se puede permitir ni a él ni a nadie.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Ha pedido la palabra el diputado Rodríguez Doval, para rectificación de hechos. Tiene la palabra.

El diputado Fernando Rodríguez Doval: Muchas gracias, presidenta. Coincido con usted, diputado Monreal, por supuesto que el Parlamento es el lugar del debate, de la deliberación, pero para que haya debate y para que haya deliberación —y usted lo sabe bien, porque ha sido varias veces parlamentario y por varios partidos, además— se necesita primero reconocer al otro, reconocerle, por lo menos, una condición de igualdad. Aquí todos somos iguales, todos somos pares, porque todos somos parlamentarios.

Más allá de los partidos que seamos, más allá de si fuimos electos de mayoría o plurinominales. Todos somos pares y por tanto, todos merecemos respeto.

La primera condición para que pueda haber debate, en cualquier Parlamento, es el respeto, y usted aquí no se ha conducido con respeto.

Déjeme decirle que finalmente, los insultos, las descalificaciones no agravian a quien las recibe, describen a quien las profiere, diputado Monreal. Así que pues ojalá sea usted más responsable de lo que viene a decir en estas tribunas, porque simple y sencillamente lo está describiendo de cuerpo entero.

Por ejemplo, usted ha hablado de sátrapas. Pienso también que en la historia de nuestro país y en la historia legislativa de nuestro país ha habido parlamentarios sátrapas. Como aquéllos, por ejemplo, que en la LVII Legislatura, la primera de mayoría opositora, siendo parte del PRI, no que-rían que se instalara esta mayoría opositora y este Congreso de la Unión. Usted era parte de esa bancada y usted fue de los que no querían que se instalara, y ahora viene aquí a darse golpes de pecho y a envolverse en la bandera de la democracia, o cómo olvidar, diputado Monreal, cuando en la LIV Legislatura, usted también, siendo parte de la bancada del PRI, no quería o más bien votó a favor de la elección presidencial de Carlos Salinas. Todavía esto era el Colegio Electoral, no existía el IFE autónomo, todavía se votaba en el Congreso una elección presidencial.

Después usted viene aquí a envolverse nuevamente en la bandera de la democracia y a decir que Felipe Calderón se robó la Presidencia. Algo que además es completamente falso, y lo vamos a decir aquí, cuantas veces sea necesario.

En cambio, una elección bastante más —digamos— discutida en su legitimidad, como fue la de Carlos Salinas, usted sí la avaló.

Nos da gusto que usted conozca muy bien la historia legislativa del PAN. Agradezco que haya hablado elogiosamente de parlamentarios históricos, como Abel Vicencio Tovar. Me preocupa, sin embargo, que usted conozca tan bien al PAN. Ya estuvo en el PRI, ya estuvo en el PRD, ya estuvo en el PT, y ahora está en Movimiento Ciudadano; me preocupa que conozca tan bien al PAN.

Finalmente, voy a decir también que nosotros siempre vamos a defender la estrategia contra el crimen de Felipe Calderón, y lo vamos a debatir cuantas veces usted quiera, con usted o con quien así se quiera subir a esta tribuna.

Por supuesto que Felipe Calderón fue un patriota, y lo vamos a decir cuantas veces haya que decirlo, y si usted tiene una estrategia distinta en materia de seguridad preséntela, porque Zacatecas no lo dejó a usted bien parado cuando fue gobernador.

Por eso mismo nosotros estamos a favor de que Felipe Calderón y su familia, al igual que cualquier ex presidente, puedan recibir la seguridad.

Sabemos muy bien —y usted lo sabe porque fue gobernador— que muchas veces el crimen organizado no solamente ataca al titular del Ejecutivo federal o local, sino también a sus familias, y por tanto, es una cuestión de justicia protegerlas a ellas, al igual que también el Estado ciertamente tiene que garantizar la seguridad de todos los mexicanos. Es cuanto.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado Rodríguez Doval. Tiene enseguida la palabra el diputado Ricardo Monreal, porque ha pedido la palabra para rectificación de hechos.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Mire, diputado, vea las estadísticas, cuando fui gobernador era el estado de mayor seguridad pública; véalos, revíselos, pregúntele a sus congéneres.

Calderón es un traidor a la democracia y al país, también lo seguiremos diciendo; Calderón es un sátrapa; Calderón es el más corrupto que haya existido en la historia de este país, el más corrupto junto con su camarilla de corruptos.

Estoy seguro que eso va a salir a la luz pública, aunque se esconda en las faldas y en las togas de Harvard, lo vamos a traer, se lo aseguro. No vamos a descansar, se lo digo desde ahora, porque ustedes así lo quieren.

No nos preocupa su lenguaje. He sido parlamentario siempre atacado por los suyos, por los reaccionarios de este país; jóvenes viejos cuyo único dios es el dinero, que abandonaron sus principios. No me preocupa, se lo aseguro.

Nunca he negado que milité en el PRI, es más tengo amigos ahí. Nunca he renegado de eso. Desde el 98, que renuncié al PRI, he participado en la izquierda. ¿Qué le preocupa? Es más, le puedo decir una cosa: jamás coincidiré ni con usted, ni con su partido, se lo aseguro. Estaré siempre en la izquierda.

¿Cuál? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo repudiable? ¿Que esté en un partido de la Alianza, del Movimiento Progresista? ¿Qué es lo que le molesta? Es la intolerancia total de la extrema derecha; se creen puros y son retrógradas; se creen impolutos y están manchados con la corrupción, la deshonestidad y la traición. Yo no. Así es que podrá atacarme cuantas veces quiera, le voy a responder, como siempre le respondí los seis años, no solo es ahora que se fue Calderón, los seis años me mantuve combatiéndolo a él y a su gobierno.

Jamás me reuní con él, jamás me he reunido con un ministro de la Corte, jamás le he pedido un favor a nadie para que tuerza la justicia. Ustedes sí, se la pasan en las antesalas del poder. Yo no. Así es que podrá decir que si mi hermano es plurinominal o de mayoría, y que si hay nepotismo, no me preocupa, finalmente es la gente la que decide. Nosotros estaremos en el lugar que nos corresponde. Ustedes, ustedes en el basurero de la historia. Porque sí llegue a respetar a mucho militante del PAN, que por cierto renunció del PAN.

Siendo diputado en el 88 conocí a gente valiosa del PAN, que defendían con vehemencia sus principios, y aquí se quejan del lenguaje, cuando usted hubiera escuchado en aquel momento a los diputados de Acción Nacional decirle a Salinas y a todos, como Fox: ratón con orejas, salinillas, y no se espantaba nadie ni nadie le decía: Oiga, sea respetuoso con el señor presidente. Nada.

Gerardo Medina, Astolfo Vicencio, los Ling Altamirano —que también estaban dos hermanos ahí— eran hermanos y el PAN salió así también de hermanos. Los dos eran diputados. Felipe y María Luisa eran hermanos, uno diputado y otra senadora, ¿y qué es? ¿Por qué lo cuestionable? Si fueran patriotas no estarían en el extranjero; si fueran patriotas el país no estaría así, como está.

¿Quién ofendió? Argumenté aquí por qué estaba planteando el punto de acuerdo, ¿quién atacó? La torpeza de sus representantes. ¿Quién se metió con asuntos personales? Los torpes que no tienen justificación. ¿Por qué no debatimos el tema? Sostengo que deberíamos modificar el punto de acuerdo y no rechazarlo.

¿Por qué no exhortamos al Ejecutivo federal para que derogue o al menos estudie la derogación de esa medida reglamentaria que le va a costar millones de pesos al pueblo? ¿Cuál es la estimación que se va a gastar en las familias de los ex presidentes? Ése es el debate.

Me tienen sin cuidado sus descalificaciones, los conozco muy bien; cambiaron, de asumir posiciones democráticas se fueron a la vileza política, a la corrupción, a la compra, a la traición. Eso es a lo que finalmente se reduce.

No me da temor, se lo aseguro. Ni usted ni nadie me quitan el sueño. Los seguiremos combatiendo.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: En la lista de oradores, se encuentra registrado el senador Fidel Demédicis Hidalgo, para hablar en contra del dictamen. Tiene la palabra, señor senador.

El senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, compañera presidenta. Compañeros diputados, compañeros senadores, hago un llamado a los patriotas, que tienen la representación del pueblo, para que no ofendamos más a la población de este país. No se vale que alguien que lastimó, como lastimó a México, se le premie de esa manera.

Sí quiero hacer un atento llamado a los compañeros legisladores de todos los partidos, a que debatamos de cara al pueblo y de cara a la nación; nos quitemos las máscaras y hoy, en la votación, vamos a ver quién apoya sinceramente al pueblo y quién con sus palabras lo alaba, pero con sus hechos lo traiciona.

El exhorto planteado por Movimiento Ciudadano, efectivamente solamente pide que se exhorte al Ejecutivo federal; es decir, al ciudadano presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que este absurdo que el ex presidente de la República, Felipe Calderón, hizo un día antes de irse del poder, se corrija; tiene las facultades.

Él dice que tiene el amor por México, él sostiene que va a impulsar una lucha sin cuartel contra la corrupción, e incluso propuso una comisión para ese fin.

¿Qué es el acto de Calderón que estamos discutiendo, sino un acto vergonzante de corrupción? Sería una complicidad vergonzante del ciudadano presidente de la República si no corrige, y sería una complicidad vergonzante de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión si no avalamos el exhorto planteado por Movimiento Ciudadano.

Es aquí, compañeros, frente al pueblo, para que se dé cuenta de manera pública de qué están hechos sus legisladores, si de verdadero amor patrio, o están hechos para servir de manera incondicional al poder, aunque este poder establezca complicidades que dañan profundamente a México.

Coincido plenamente con el legislador Monreal, es con argumentos, compañeros, no es con descalificaciones. Nadie se debe asustar también si alguien descalifica, porque para el que descalifica, quizás ese sea un argumento.

Está bien, hasta ahí dio su capacidad de oratoria, hasta ahí dio su conocimiento de la ley, y tampoco debe de ser criticado ni descalificado por eso. Pero no es el tema las descalificaciones, el tema es que está a punto de cometerse un atraco contra el país, contra los más pobres de los pobres, porque es a quienes va a reducírseles el presupuesto, si no exhortamos y si no hace caso el presidente de la República al exhorto que estamos impulsando aquí en la Comisión Permanente.

Ojalá y reflexionemos, ojalá y el amor por este país se deje ver en la votación y rechacemos el planteamiento que nos hace la comisión, que dice que este punto de acuerdo es improcedente. Que vaya por México, compañeros.

Estamos todos poniendo nuestra buena fe para impulsar acciones junto al actual presidente de la República, firmando un Pacto por México, creyendo en su palabra y dejaríamos muchos de creer en la palabra de Peña Nieto, si no corrige el absurdo de Calderón, y el pueblo entero hoy verá a sus legisladores de qué lado están.

Alaben al pueblo y con sus hechos, compañeros legisladores, ratifiquen que quieren al pueblo; vamos a rechazar este punto de acuerdo y el país lo va a ver bien. Muchísimas gracias.

Quizá la parte final pudo haberse confundido. Mi posición es que rechacemos lo que está planteando la comisión de que es improcedente. Es procedente y estoy a favor del punto de acuerdo y en contra de lo que plantea la comisión.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señor senador. En virtud de que no hay más oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señora secretaria. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueban estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: En votación económica se pregunta si se aprueban estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, secretaria. Aprobados los puntos de acuerdo, archívense los dictámenes como asuntos concluidos.

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: El siguiente punto del orden del día es la discusión de cuatro dictámenes con punto de acuerdo de la Tercera Comisión, en relación con las designaciones que hizo el Ejecutivo federal como vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se aprueba la designación de los ciudadanos Guillermo Hopkins Gámez, Luis Miguel Montaño Reyes, José Gerardo Quijano León y Óscar Guillermo Levín Coppel como vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, LXII Legislatura, le fue turnado por la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente el oficio No. D.G.P.L. 62-11-2-244, de la Secretaría de Gobernación con la designación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a favor de los de los C. Guillermo Hopkins Gámez, C. Luis Miguel Montaño Reyes, C. José Gerardo Quijano León y C. Oscar Guillermo Levín Coppel como Vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para los siguientes periodos:

• C. Guillermo Hopkins Gámez: para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2013.

• C. Luis Miguel Montaño Reyes:para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2014.

• C. José Gerardo Quijano León: para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2015, y

• C. Oscar Guillermo Levín Coppel: para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2016.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de la designación de referencia, a fin de valorarla, deliberar e integrar el presente Dictamen

Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

El oficio con la designación que se cita en el proemio, fue registrado en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 3 de enero de 2013 y turnado para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

CONSIDERACIONES

I. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión es competente para aprobar la designación de los vocales que integrarán la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, conforme a las disposiciones que establece la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que a continuación se transcriben:

Artículo 75. La Junta de Gobierno estará integrada por siete vocales: el Secretario y de Hacienda y Crédito Público, el Gobernador del Banco de México, el Presidente de la Comisión y cuatro vocales designados por el Ejecutivo Federal y aprobados por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores y en sus recesos, por la misma proporción de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Los tres primeros vocales señalados en el párrafo anterior designarán sendos suplentes.

Artículo 76. Los cuatro vocales a que se refiere el artículo anterior, serán designados por períodos de cuatro años, que serán escalonados, sucediéndose cada año, e iniciándose el primero de enero del año respectivo. Las personas que ocupen esos cargos podrán ser designados vocales de la Junta de Gobierno, para otro período por una sola vez;

Artículo 77. La vacante que se produzca en un cargo de vocal será cubierta por la persona que designe el Ejecutivo Federal, con la correspondiente aprobación a que se refiere el artículo 75 de esta Ley. Si la vacante se produce antes de la terminación del período respectivo la persona que se designe para cubrirla, durará en su encargo sólo el tiempo que le faltare desempeñar a la sustituida, pudiendo ser designada, al término de ese período, para un período más.

Artículo 78. Los vocales aprobados por la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente a que se refiere el artículo 75 de esta Ley, deberán cumplir con los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano y sólo tener la nacionalidad mexicana;

II. Ser de reconocida probidad;

III. No haber sido condenado por delito intencional alguno, ni inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano, o inhabilitado para ejercer el comercio;

IV.Haber ocupado por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel de decisión en materia financiera, o bien, acreditar una experiencia docente y de investigación en materia económica y financiera de cuando menos diez años en instituciones de estudios superiores;

V. No desempeñar cargos de elección popular o de dirigencia partidista, y

VI.No ser accionista, consejero, funcionario, comisario, apoderado o agente de alguna Institución o intermediario financiero, ni mantener relación alguna con las mismas, que pueda representar un conflicto de intereses para su desempeño como vocal.

II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizaron un análisis de las designaciones del Titular del Poder Ejecutivo Federal en favor de los ciudadanos Guillermo Hopkins Gámez, Luis Miguel Montaño Reyes, José Gerardo Quijano León y Oscar Guillermo Levín Coppel.

La Comisión Dictaminadora ponderó la designación y la evaluación que se hace de los ciudadanos Guillermo Hopkins Gámez, Luis Miguel Montaño Reyes, José Gerardo Quijano León y Oscar Guillermo Levín Coppel, de quienes se menciona reúnen los requisitos que para ocupar dicho cargo exige el artículo 78 de la Ley de la respectiva y que su trayectoria laboral y académica demuestran la experiencia necesaria en materia económica y financiera que contribuirá al adecuado desarrollo de las importantes funciones a cargo del Instituto.

Para efectos de emitir un dictamen debidamente fundado y motivado, los integrantes de esta Tercera Comisión, además de revisar sus antecedentes profesionales y curriculares, sostuvieron una reunión de trabajo con los ciudadanos Guillermo Hopkins Gámez, Luis Miguel Montaño Reyes, José Gerardo Quijano León y Oscar Guillermo Levín Coppel, con el objeto de evaluar sus características y perfil en cuanto a su experiencia, conocimientos, capacidad técnica y profesional. Esta reunión de trabajo se llevó a cabo bajo el formato establecido en el Acuerdo de la Tercera Comisión aprobado en la sesión ordinaria efectuada el día 2 de enero de 2013 y publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Consecuentemente, la Comisión Dictaminadora considera procedente la aprobación de las designaciones del Titular del Poder Ejecutivo Federal, en favor de los ciudadanos Guillermo Hopkins Gámez, Luis Miguel Montaño Reyes, José Gerardo Quijano León y Oscar Guillermo Levín Coppel, como Vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, para los siguientes periodos:

• C. Guillermo Hopkins Gámez: para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2013.

• C. Luis Miguel Montaño Reyes: para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2014.

• C. José Gerardo Quijano León: para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2015, y

• C. Oscar Guillermo Levín Coppel: para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2016.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 75, 76, 77 y 78 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, aprueba la designación hecha por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, en favor del C. Guillermo Hopkins Gámez, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2013.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 75, 76, 77 y 78 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, aprueba la designación hecha por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, en favor del C. Luis Miguel Montaño Reyes, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2014.

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 75, 76, 77 y 78 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, aprueba la designación hecha por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, en favor del C. José Gerardo Quijano León, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2015.

CUARTO.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 75, 76, 77 y 78 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, aprueba la designación hecha por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, en favor del C. Oscar Guillermo Levín Coppel, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2016.

QUINTO. Notifíquese al C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y a los ciudadanos, Guillermo Hopkins Gámez, Luis Miguel Montaño Reyes, José Gerardo Quijano León y Oscar Guillermo Levín Coppel, para los efectos legales conducentes.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:Senadora Dolores Padierna Luna (rúbrica), senador Manuel Cavazos Lerma (rúbrica), diputado Uriel Flores Aguayo (rúbrica), senador Francisco Domínguez Servién (rúbrica en abstención), senadora Graciela Ortiz González (rúbrica), diputado Abraham Montes Alvarado (rúbrica), diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica), senador Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Herrera Delgado (rúbrica), diputado Carlos Alberto García González, diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica en abstención), diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica en abstención), senador Mario Martín Delgado Carrillo, senador Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica), senadora Martha Palafox. Gutiérrez (rúbrica), diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica en abtención, en sustitución).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: En razón de que están vinculados, se concede el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna, presidenta de la Tercera Comisión de trabajo, para su presentación y explicación.

La senadora Dolores Padierna Luna:Con su venia. Honorable asamblea, a la Tercera Comisión le fue turnado por la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente el oficio de la Secretaría de Gobernación con la designación del presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a favor del C. Guillermo Hopkins Gámez, C. Luis Montaño Reyes, C. José Gerardo Quijano León y C. Óscar Guillermo Levín Coppel, como vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario para períodos marcados en el oficio en comento.

La Tercera Comisión somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente un proyecto de dictamen con la temporalidad siguiente: C. Guillermo Hopkins Gámez, para el período comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2013.

C. Luis Montaño Reyes, para el período comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2014.

C. Óscar Levín Coppel, para el período comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2015.

C. José Gerardo Quijano León, para el período comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2016.

Para cumplir con la obligación de lo señalado en la Ley de Protección al Ahorro Bancario, la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los miembros de la Tercera Comisión realizamos el estudio y análisis de la designación de referencia, a fin de deliberar e integrar el presente dictamen.

Con la finalidad de honrar esta altísima responsabilidad, la Tercera Comisión no solamente valoró los antecedentes profesionales y curriculares, que el artículo 78 de la Ley del IPAB señala como requisitos para los vocales aprobados por la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, adicionalmente se sostuvo una reunión de trabajo con los vocales designados por el Ejecutivo, con el objeto de evaluar sus características y perfil, en cuanto a su experiencia, conocimientos, capacidad técnica y profesional.

En este encuentro, las legisladoras y los legisladores pudieron plantear de manera directa diferentes conceptos y cuestionamientos, así como dar a conocer con mayor detalle la perspectiva de los vocales designados por el Ejecutivo sobre diversos temas relacionados con el IPAB.

Las comparecencias arrojaron un alud de propuestas muy importantes para fortalecer el seguro de los depósitos bancarios, tales como analizar la viabilidad de pasar la deuda contingente del IPAB a la deuda pública, para aprovechar las condiciones de los mercados, mejorar el perfil de los vencimientos y disminuir riesgos implícitos de refinanciamiento.

Se propuso practicar auditorías a los bancos para asegurarse que todos cumplan con la debida capitalización; reducir el gasto administrativo del IPAB, que hoy es del 25 por ciento, para destinar un mayor número de recursos a la reducción de los pasivos; se propuso transparentar los gastos del IPAB y hacer públicas las resoluciones de la junta de gobierno.

Hubo una severa crítica de algunas legisladoras y algunos legisladores al IPAB, por ser omisos y permisivos con los bancos que están haciendo negocios mediante el endeudamiento de estados y municipios.

Se hizo referencia a que los cargos de los vocales del IPAB deben ser ocupados por técnicos especializados y no partidizar estas instituciones, tan sensibles para la sociedad.

A su vez, se hizo un exhorto al Legislativo a aprobar una ley de quiebras bancarias y actualizar la Ley del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, entre muchas otras propuestas y objetivos.

Con base en estos procedimientos, se ponderó la designación y la evaluación que se hace de los ciudadanos Guillermo Hopkins Gámez, Luis Miguel Montaño Reyes, Óscar Guillermo Levín Coppel, José Gerardo Quijano León, de quienes se menciona —en el dictamen que hoy sometemos a esta soberanía— reúnen los requisitos para ocupar dicho cargo, que exige el artículo 78 de la ley respectiva, y que en su trayectoria laboral y académica demuestran la experiencia necesaria en materia económica y financiera, que esperamos contribuirá al adecuado desarrollo de las importantes funciones a cargo de este Instituto.

Formar parte de la Junta de Gobierno del IPAB es —sin duda— una distinción que conlleva grandes responsabilidades con la nación. Solamente por ponerlo en perspectiva, en los últimos 15 años se han destinado vía Presupuesto federal a este instituto la cantidad de 511 mil 638 millones de pesos, mismos que se canalizaron para el pago de los intereses reales de la deuda. Asimismo, actualmente el monto de la deuda Fobaproa-IPAB es de 811 mil 656 millones de pesos, que se estima a pagar en un lapso de 72 años, dado que no ha habido en 15 años —y no hay hasta el momento— ninguna estrategia para que se pague la amortización, solo se han venido pagando los intereses reales.

A pesar de su importante función, desde principios de este año el IPAB se encuentra acéfalo; en este sentido, es también fundamental evitar cualquier riesgo para el sistema bancario, solo por no contar con la estructura elemental para su funcionamiento.

De aprobar el pleno de la Comisión Permanente el presente dictamen, que hoy presenta la Tercera Comisión, nuestro exhorto a los vocales del IPAB, para que atiendan con mayor eficacia el cumplimiento de sus responsabilidades y participen activamente del fortalecimiento del instituto, como un verdadero seguro de los depósitos y aseguren la adecuada capitalización de los bancos, además de establecer una relación institucional comprometida con el Congreso de la Unión, con la finalidad de alcanzar una mejor arquitectura de la regulación financiera.

Exhortamos a los nuevos vocales para que contribuyan con sus aportaciones técnicas y lleven a cabo transformaciones, a efecto de contar con un sistema de regulación financiera robusto y de calidad internacional.

Contarán para ello con el seguimiento del Poder Legislativo, hasta convertir al IPAB en una sólida institución de protección al ahorro bancario y reducir la deuda que pagan con enormes sacrificios los contribuyentes.

Por parte de la Tercera Comisión, a los ciudadanos aquí mencionados, en caso de ser ratificados como vocales del IPAB, les deseamos el mayor de los éxitos en cumplimiento de sus obligaciones.

Simplemente —a título personal— agrego que en los nombramientos no viene ninguna mujer; habiendo mujeres de alta capacidad en estas áreas, sería conveniente que en sucesivos nombramientos se incluyera también a las mujeres. Gracias.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señora senadora. Para hacer referencia a estos dictámenes tenemos registrada la participación del diputado Ricardo Monreal, para hablar en contra de estos dictámenes. Tiene la palabra, señor diputado Monreal Ávila.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadana presidenta, ciudadanos legisladores, el IPAB nace de una coyuntura de carácter nacional, que ha puesto en evidencia la complicidad de las cúpulas del poder, y uno de los actos gubernamentales de mayor rapiña, más discrecionales, poco transparentes y diría: de una —de verdad— inmoralidad impresionante.

En 1990 se creó el Fobaproa, en el antecedente de sucesivas crisis económicas, las cuales llevaron a la falta de liquidez del sistema bancario y a la ofuscación del sistema financiero.

La creación de este programa —si ustedes lo recuerdan— se da en un contexto en el que había transitado de la estatización de la banca a la privatización de ésta y viceversa; por ello, Fobaproa y su función consistió en asumir las carteras vencidas y capitalizar a las instituciones financieras.

En el 91 se vendieron 18 bancos; se publicó la Ley de Instituciones de Crédito, que sustituyó la Ley Reglamentaria del Servicio Público y Banca y Crédito, y de esta manera quedó concluido este cuestionado proceso de reprivatización de la banca.

En 1994 se suscitó la más grande crisis económica nacional de los últimos tiempos: el tipo de cambio se sobrevaluó, se repercutió el déficit comercial, endeudamiento externo, reducción de reservas internacionales y especulación en el mercado de valores.

Esta crisis provocó el sobreendeudamiento de empresas y familias con los bancos; por lo que el gobierno federal echó mano del Fobaproa para absorber las deudas bancarias, capitalizar aparentemente al sistema y garantizar el dinero de los ahorradores, aunque después la deuda privada de los bancos se convirtió en deuda pública de todos los mexicanos.

Es un problema muy grave el que está padeciendo el país. En efecto, en los últimos 15 años se han canalizado 511 mil millones de pesos, solo de intereses de la deuda; el saldo acumulado es de 801 mil millones de pesos.

La gente, el pueblo, estudiosos en la materia han estimado que se trata del robo más descarado del siglo: el Fobaproa fue el atraco más grande que ha sucedido en la etapa moderna de nuestro país, el saqueo más indigno del que tengamos memoria y por eso, nosotros, cuando sucede este tipo de cosas, como el nombramiento, no podemos sino actuar con congruencia.

Nosotros hemos estado en contra desde el IPAB, desde la Ley de Instituciones de Crédito, desde cuando se trasladó de deuda privada a pública y posteriormente, en algunos nombramientos del IPAB, nosotros hemos actuado en consecuencia.

No podemos estar a favor; primero, porque no coincidimos con el sistema que se creó del IPAB-Fobaproa, encierra corrupción, deshonestidad.

Ustedes recuerden, que ahora algunos son diputados, pero se vieron envueltos en tráfico de influencias, en el rescate o en la venta de cartera de casas, de familias influyentes, de bancos. Incluso hay testimonios, por escrito y pruebas de la Auditoría Superior, donde demuestran el enorme quebranto que representó para el Estado mexicano el Fobaproba, el IPAB, y ahora simple y sencillamente nosotros no podemos estar a favor.

Realicé un estudio sobre el IPAB ahora en diciembre, que estuvimos con mayor tranquilidad después del periodo de sesiones; un estudio de impacto sobre el contenido y sobre el propósito de este instrumento y del objeto que nos tiene reunidos ahora, en la ratificación de estos nombramientos, por eso no podemos estar a favor.

Le voy a pedir a la presidenta que ordene a la Secretaría inserte este documento, que realicé ahora en diciembre, porque es la posición, que por falta de tiempo no la puedo desarrollar, porque los cinco minutos que se nos concede son insuficientes y es un tema muy álgido el que estamos discutiendo.

Es que no solo es si se reúnen o no los requisitos de elegibilidad de los propuestos —ya ni siquiera me meto a ese tema— sino lo que me preocupa es todo el contenido y todo el espíritu que pretenden hacer los nuevos nombres que han sido propuestos para integrar el IPAB.

Nosotros mantendremos nuestra posición, porque el día de ayer Ricardo Mejía estuvo en la sesión, me platicó que había emitido opiniones y como es mi suplente, las voy a respetar. Pero evidentemente, nosotros vamos a mantener nuestra congruencia, desde un principio estuvimos en contra de esas prácticas, que han quebrantado el erario del país; es un atraco; es el robo del siglo y mal nos veríamos votando a favor. Nosotros no lo haremos y mantendremos la posición que Ricardo Mejía sostuvo el día de ayer.

Le pido, presidenta, que inserte el documento, que era la fijación de posición sobre esta situación de Movimiento Ciudadano. No ratificación de los miembros del IPAB. Muchas gracias.

«Notas IPAB por el diputado Ricardo Monreal Ávila

A. Importancia del IPAB

A.1 Antecedentes

Como consecuencia de la gran depresión de 1929-1933 que afectó particularmente a Estados Unidos, durante la administración del presidente Rooselvet, se rediseño el sistema de regulación financiera de ese país, introduciendo cambios estructurales profundos. Fueron tan exitosos, el nuevo sistema de regulación financiera, la nueva arquitectura creada y las políticas públicas que le acompañaron, que durante el largo periodo que va de 1940 hasta 1971 se creó una estabilidad financiera sin precedentes (casi ningún quebranto bancario se registró en ese periodo) y se obtuvo el mejor crecimiento económico de toda la historia económica de Estados Unidos en términos de duración y de estabilidad. El promedio real de crecimiento económico entre 1940 y 1971 en Estado Unidos fue de 6%.

En otras partes del mundo se vivieron situaciones similares, en Inglaterra, Suecia, Italia, Canadá, Francia, y Alemania. En México tuvimos el periodo de desarrollo estabilizador en el que México creció a tasas económicas similares.

Las medidas más relevantes del rediseño del sistema financiero construido bajo el liderazgo del presidente Roosvelt fueron las siguientes:

1. La Ley Glass-Steagall. Esta ley prohibió a los bancos comerciales tradicionales incursionar en el mercado bursátil y especular con los recursos de los depositantes. Prohibió también a los bancos de inversión, o casas de bolsa realizar actividades propias de la banca comercial: “recibir depósitos y otorgar créditos”. Bajo esta ley, los bancos tradicionales no podrían especular en el mercado de valores.

Asimismo, la ley prohibió la existencia de bancos nacionales y promovió un sistema competitivo de bancos regionales en el que con el transcurso del tiempo se consolidó un sistema numeroso de bancos, desde entonces el más numeroso del mundo. Antes de 1971 existían 14,000 bancos en Estados Unidos. Después de las políticas financieras de desregulación y de la derogación de la Ley Glass Steagall en el 2000 emergieron varias crisis financieras y el número de bancos se redujo a 7000 por consolidación y/o por quiebras;

2. Se constituyó un seguro de depósitos bancarios, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC);

3. Se constituyó la Comisión de Valores (Security Exchange Commission) para vigilar la integridad del mercado de valores;

4. Se estableció un límite a las tasas de interés de los depósitos bancarios y se puso un límite también a las tasas de interés para el cobro de los créditos bancarios;

5. Se creó una Comisión Nacional Anticorrupción: la Comisión Pecora;

6. Se disminuyó el poder de los banqueros de Wall Street sobre el banco central (el banco de la Reserva Federal FED), cuya sede pasó de Nueva York  a Washington;

7. Se dotaron de grandes poderes a la Comisión de Moneda y Banca del Senado y con ello el Congreso estadounidense tuvo una participación destacada en el rediseño del sistema de regulación financiera de 1933;

8. Se subordinó la política monetaria a las necesidades de la industrialización, y

9. Se emitió una regulación financiera estricta que en la práctica al limitar la especulación, limitó, las burbujas crediticias y en general la especulación financiera.

Con este sistema poderoso, de regulación financiera, la economía de Estados Unidos tuvo una época dorada de crecimiento.

A partir de 1971, con el triunfo de la contrarrevolución conservadora de Reagan este sistema se fue desmantelando, el golpe de muerte vino con la derogación en 1999­-2000 de la Ley Glass Steagall, que aceleró la desregulación financiera, lo que desencadenó una prolongada burbuja crediticia de impacto mundial, que terminó con el colapso del sistema financiero internacional en 2007-2009, y generó una crisis económica profunda y prolongada que el mundo todavía reciente.

A.2 La emergencia del IPAB

Por su parte, en México la crisis financiera de 1994-1995 después de un periodo de opacidad en el que se rescató a los bancos y se les extranjerizó,  el gobierno de México instrumentó algunas medidas parciales de regulación financiera, pero muy distantes de la dimensión y envergadura de las medidas estructurales de regulación financiera que instrumentó la administración del presidente Franklin en 1933.

Como consecuencia de esta semiregulación, se creó el IPAB como institución encargada del seguro de depósitos y complementaria mente se instrumentaron medidas limitadas de regulación financiera, sobre todo enfocadas a capitalizar a los bancos. En el proceso, se avanzó en la privatización de otros segmentos de la intermediación financiera, como la privatización de las pensiones. El sistema bancario se achicó notablemente, y sólo ha crecido marginalmente en los últimos años. Cabe señalar que el crédito bancario al sector privado no financiero en México sigue siendo raquítico en una comparativa internacional, los banqueros han preferido un sistema de negocios basado en el crédito al consumo y en el pago de comisiones. Por ejemplo, en las transferencias internacionales los recursos de los particulares tardan significativamente hasta dos semanas obteniendo los bancos ganancias enormes por jineteo de dinero des proporcionadas.

A.3 Orientación del IPAB

El IPAB ha tenido una actividad primordialmente enfocada a la gestión de los activos y pasivos heredados del rescate bancario de 1994-1995, que el gobierno instrumentó a través del Fobaproa, en adición a la tarea de actuar como seguro de depósitos. De hecho, es tan absorbente la primera tarea, que parte de las cuotas que cobra el IPAB a los bancos se destina al pago de los intereses del rescate bancario. Situación que limita el incremento del fondo de reservas preventivas de liquidez del instituto. El IPAB recibe cuotas ordinarias y cuotas extraordinarias, pero poco puede hacer para aumentar su fondo de reservas preventivas.

Hay que recordar que las tres fuentes de ingresos del IPAB (sin contar con los financiamientos) son:

(i) Las cuotas ordinarias y extraordinarias, que pagan las instituciones bancarias al Instituto (una parte se va a los gastos de operación del IPAB y otra parte al pago de los intereses de la deuda Fobaproa-IPAB)

(ii) Venta de activos (esta actividad prácticamente terminó ya que no hay virtualmente activos que vender o quedan muy pocos)

(iii) Presupuesto de Egresos (es la parte más sustantiva de los ingresos del IPAB, y tiene que ver con los recursos del contribuyente, que se canalizan año tras año al pago de los intereses de la deuda del rescate bancario).

Es tan cuantiosa la cantidad de recursos presupuestarios asignados al rescate bancario, que durante los últimos 15 años se han canalizado 511 mil 638 millones de pesos, preferentemente al pago de los intereses de la deuda, por esta razón el saldo acumulado de la deuda Fobaproa-IPAB es de 801 mil 736 millones de pesos, cifra que se estima pagarse en 75 años.

Es importante señalar, que el IPAB si bien ha tenido avances institucionales que lo van preparando para asumir su verdadera responsabilidad, la de ser un instituto de protección al ahorro (es decir la de ser antes que nada un seguro de depósitos bancarios), todavía tiene mucha inercia burocrática asociada con la gestión administrativa de activos y pasivos provenientes del rescate bancario, ello, por haber sido el gestor por excelencia del gobierno de los activos y pasivos generados por un costoso rescate bancario.

A.4 Tareas fundamentales del IPAB a la luz de los cambios en la arquitectura de la regulación financiera

Desde nuestro punto de vista el IPAB es una institución que debe ser parte de la nueva arquitectura del sistema financiero, que se tiene que construir para México a la mayor brevedad posible, en la expectativa de lograr los siguientes objetivos que incidirán en la labor del IPAB:

01. Articular un sistema financiero innovador, transparente, estable orientado a promover la economía productiva del país, y por tanto que apoye el crecimiento económico de México.

02. Constituir un sistema financiero eficiente con elevada intermediación crediticia, para México desde una comparativa internacional, con normas prudenciales que preserven la estabilidad financiera.

03. Configurar un sistema financiero con regulación preventiva y reactiva de primera clase, acorde con las reformas regulatorias modernas internacionales, como la Ley Dodd-Frank de Estados Unidos impulsada por Obama y la Comisión de Moneda y Banca del Senado.

04. Inducir un sistema financiero con reguladores financieros sujetos a fiscalización a tiempo real y rendición efectiva de cuentas.

05. Constituir un sistema financiero que eleve a los bancos que operan en México el costo de no prestar al sector empresarial no financiero, para que el modelo bancario vigente en México orientado primordialmente al consumo y a la deuda. se equilibre con un modelo orientado al préstamo empresarial que brinde apoyo a la economía productiva.

06. Configurar un sistema financiero que integre dinámicamente a la banca de desarrollo, en el impulso financiero que se tiene que brindar a la economía productiva, y que disminuya por consiguiente con carácter de urgencia los porcentajes de activos de la banco de desarrollo colocados en la forma de disponibilidades e inversiones financieras y se incremente la colocación de créditos a la economía productiva de la banca pública.

07. Constituir un sistema financiero que contenga una tributación moderna a las transacciones financieras acorde con las tendencias financieras internacionales actuales. De particular relevancia, se requiere de una profunda evaluación de un sistema tributario preventivo, que imponga una tasa impositiva a los bancos que operan en México considerados como Toa Big to Fail (bancos demasiado grandes para que quiebren por lo que en crisis el estado tiene que rescatarlos) por su contribución al riesgo sistémico.

En esta perspectiva se propone una tributación que se aplique en el curso normal de los negocios bancarios y, que actúe como un fondo preventivo de rescate futuro de esos megabancos durante una crisis bancaria para evitar el uso de recursos públicos en los rescates bancarios. Se trata de un impuesto a los bancos que estén creando riesgo sistémico y que por ser grandes megabancos sea altamente probable que en una crisis el gobierno se vea obligado a su rescate con recursos públicos. Este impuesto es similar al que se aplica a las empresas que contaminan para obligarlas a introducir tecnologías limpias. Así, un impuesto a los bancos grandes por el riesgo sistémico que representa su tamaño, es un modo de decirles que vigilen más cuidadosamente sus riesgos.

08. Constituir un sistema financiero y bancario que al operar cumpla con las reglas de capital de Basilea  III, en conformidad con el cumplimiento de esas reglas por los sistemas bancarios de los países avanzados. No se vale que los países emergentes cumplan con las reglas de capital de Basilea (Basilea III) y no los sistemas bancarios de las economías avanzadas. (Más delante de explica las reglas de Basilea).

09. Configurar un sistema financiero y bancario con mayor autonomía financiera para México en un mundo más global. No se vale que México sea la avanzada del FMI para elevar las cuotas de sus miembros con el objetivo de que los países de economía emergente financien el rescate de los países avanzados al elevar dichas cuotas y facilitar por apalancamiento financiero que el FMI potencie sus créditos a los países de Europa para su rescate con recursos fiscales de los contribuyentes nacionales de otros países. Hay que recordar que Carstens y Calderón promovieron el incremento de las cuotas al FMI.

Tampoco se vale que se permita la repatriación de utilidades de las filiales de los bancos extranjeros que operan en México a sus matrices como lo señaló Guillermo Ortiz. En este contexto, una política financiera que incentive la reinversión de utilidades de los bancos y grupos financieros extranjeros que operan en México es deseable.

10. Que México y su sistema financiero sea la avanzada para un tratamiento de las reglas de operación y controles de las operaciones financieras internacionales realizadas a través de los centros offshore. En estos centros, se facilita lo siguiente: a) evasión tributaria b) lavado de dinero y c) transferencias de dinero de la corrupción pública (y privada).

México debe tomar como suya la lucha por la transparencia financiera internacional y el fin de los paraísos fiscales que promueven evasión fiscal, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y reciben fondos basados en el secreto bancario de los hombres de estado corruptos, que se enriquecen con el dinero público.

A.5 Tarea crucial del IPAB en relación a la aplicación en México de las reglas de capital Basilea III

Un objetivo central del nuevo sistema financiero es lograr que México sea modelo internacional xz

Como se sabe la regulación internacional bancaria se rige por las disposiciones del Banco Internacional de Pagos (Bank for International Settlements) el banco central de los bancos centrales cuya sede es Basilea Suiza. Es de llamar la atención, que Guillermo Ortiz fue elegido hasta hace poco su presidente en su calidad de gobernador del Banco de México. Por eso las principales reglas y normas de capital emitidas por ese banco se denominan respectivamente Basilea I, Basilea II y Basilea III.

Las reglas de capital de Basilea I determinaron que el colchón de liquidez que los bancos tienen que crear para afrontar crisis, esta determinado por el riesgo de crédito, es decir por el riesgo de que aumente la cartera vencida. Al respecto, se impuso la siguiente regla: De los activos en riesgo que tienen los bancos, tendría que aportarse un capital bancario no menor al 8% para hacer frente a carteras vencidas.

Las reglas de capital de Basilea II determinaron que además del colchón de liquidez del 8% por riesgo de crédito, habría un cargo adicional entre 2% y 4% de capital bancario (banking capital) que tendrían que aportar las instituciones bancarias por el riesgo de tasas de interés (por el gap negativo bancario -brecha negativa entre plazos de pasivos y activos bancarios-) y por el riesgo operativo.

Al respecto se impuso la siguiente regla: De los activos en riesgos financieros y operativos que tienen los bancos, tendría que aportarse un capital bancario adicional al 8% entre 1 % y 4% para hacer frente a dichos riesgos.

Las reglas de capital Basilea I que se enfocan al riesgo de crédito, y las reglas de capital de Basilea II que se enfocan al riesgo financiero y al riesgo operativo de los bancos, resultaron ser insuficientes para evitar la crisis de 2007-2009 relacionada con las burbujas crediticias, con la especulación basada en el modelo de préstamos fragmentario creado por el desarrollo acelerado de la bursatilización (securitization), y por la constitución de vehículos financieros radicados fuera de la hoja de balance de los bancos. Los bancos lograron ocultar estos nuevos riesgos hasta que se desencadenó la crisis en julio de 2007 y el sistema se colapsó requiriéndose costos rescates que han disparado la deuda de los principales países afectados, siendo completamente falsa la afirmación de que fue el derroche de recursos fiscales los que crearon el problema fue la crisis lo que detonó el problema de deuda como se muestra a continuación.

Nótese como la deuda/PIB se dispara en los principales países afectados después de la crisis y de los rescates financieros. Ejemplo, el caso de Irlanda que en el 2007 tenía un coeficiente deuda sobre PIB de 12.1% y después de la crisis y del rescate financiero por el gobierno el coeficiente se disparó a 103% del PIB en el 2012.

EI  IPAB cobra importancia como una de las instituciones clave (además de la SHCP, CNBV, Banco de México, CNSF), que tendrá como misión entre otras tareas cuidar el riesgo de liquidez y las reglas de prevención establecidas por los acuerdos de capital Basilea III.

Una de las tareas fundamentales del IPAB para proteger el ahorro bancario, y ser un efectivo seguro de depósitos, es constituirse en un formidable escudo regulatorio altamente especializado para conocer a fondo las debilidades de los bancos que operan en México, en este aspecto crucial del riesgo de liquidez en un mundo altamente globalizado y de infinitas y complejas interrelaciones financieras y de transferencias de flujos monetarios, tan cuantiosos que por ejemplo, superan en una semana dichos flujos el PIB mundial.

Un control adecuado del riesgo de liquidez oportuno, puede evitar crisis de la magnitud que ha tenido Europa y Estados Unidos desde 2007. Hay que recordar que cuando se secó la liquidez del mercado de papel comercial en Estados Unidos, las megacorporaciones (General Motors, General Electric, Crysler entre otras) se quedaron sin efectivo para pagar sus obligaciones financieras, lo que acentuó la crisis. Bancos ingleses con fuerte estructura de capital quebraron al quedar sin la provisión de liquidez en el mercado interbancario, especialmente al secarse el flujo de efectivo que suministraban las bursatilizaciones crediticias. Tal fue el caso del banco inglés Northem Rock.

En el 2012 España ha sufrido una corrida financiera expresada por una salida de recursos financieros que equivale a más del 20% del PIB, y que si no fuera por la ayuda de la liquidez del Banco Central Europeo ya hubiera declarado la moratoria de las deudas públicas y privadas, y en cuyo caso se hubieran venido abajo la mayoría de los bancos españoles. La salida de recursos de España ronda los 211 mil millones de euros en cálculos conservadores, elevándose esa cifra hasta400 mil millones de euros en cálculos menos conservadores.

En este sentido una de las tareas cruciales del IPAB, es coadyuvar al control el riesgo de liquidez en el sistema financiero de México, una tarea que requiere una atención extrema y delicada, una especialización enorme y una redirección estratégica de las actividades del IPAB.

A.6  Nuevas tareas especializadas del IPAB para fungir como una moderna institución de seguro de depósitos

En mi opinión el IPAB debe concentrarse en lo siguiente:

(i) Especializarse en sus tareas de seguro de depósito para constituir un fondo de reservas de liquidez preventiva idóneo, para enfrentar futuras crisis bancarias de liquidez. Es importante señalar, que el fondo de reservas de liquidez del IPAB nunca será suficiente para enfrentar una crisis sistémica grave como se demostró con el fondo de reservas del FDIC (el IPAB de Estados Unidos) en la pasada crisis de 2007-2009.

(ii) Instrumentar medidas preventivas de riesgo de liquidez al sistema bancario que opera en México, transparentando la información de los bancos y las estrategias que diseñan y en el que se debe incluir la elaboración de planes contingentes de liquidez. El IPAB debiera estar supervisando y auditando el trabajo de los bancos, para llevar a cabo la gestión de los riesgos de liquidez y la calidad de las metodologías empleadas y de los planes contingentes.

(iii) Que el IPAB abandone a la mayor brevedad posible quizá para mediados de este año, sus tareas administrativas relacionadas con el manejo de los activos y pasivos heredados del Fobaproa. El IPAB debe dejar de administrar los pasivos y la deuda Fobaproa que actualmente maneja principalmente a través de los bonos IPAB.

Como se sabe los Bonos IPAB, son un pasivo no registrado en la deuda pública reconocida por la SHCP. El monto de los bonos IPAB como pasivo, es un concepto de deuda manejado en el rubro genérico de deuda pública económica amplia.

En nuestra opinión, la SHCP debe consolidar la deuda pública tradicional con los pasivos asociados con los bonos IPAB.  De esta manera desaparecerían los bonos IPAB y se incrementaría el acervo de bonos gubernamentales manejados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta deuda consolidada la manejaría Haciendaa través de su agente financiero Banxico. Se eliminarían duplicidades, se tendrían beneficios de escala, y se transparentaría la deuda del sector Público Presupuestario. El plan de consolidación que propongo se muestra en el siguiente esquema:

(iv) El  IPAB tendría que especializarse como liquidador bancario eficiente, incluso para desmantelar a un banco grande que implique riesgo sistémico (un riesgo que impacte a todo el sistema financiero). Si este riesgo ocurre con la nueva metodología de resolución de crisis, las intervenciones bancarias a cargo de la CNBV serían transitorias y no costosas. El IPAB entraría a liquidar de manera eficiente a la institución en problemas aminorando el riesgo sistémico. De esta manera, se cuidarían mejor los recursos públicos y se protegerían mejor los recursos del depositante bancario.

El ineficiente rescate bancario cuya última etapa corrió a cargo del IPAB es lo que no debe repetirse. A la fecha como se mencionó anteriormente se han destinado al rescate bancario del Presupuesto de la Nación durante 15 años, 511 mil 638 millones de pesos, recursos destinados a pagar únicamente los intereses reales de la deuda generada por el rescate pagándose marginalmente el saldo de la deuda, que es a la fecha de 801 mil 736 millones de pesos.

B)  Sobre el mito de la supuesta solidez del Sistema Bancario de México. El papel de los reguladores financieros y del IPAB para su corrección.

Se ha dicho que el sistema financiero de México, es sólido, particularmente el sistema bancario, pero ello es sólo en apariencia. El sistema bancario que opera en México aparenta solidez, en virtud de que después de la crisis de 1994-1995 dicho sistema se achicó sustancialmente, como lo prueba el dato siguiente:

El crédito sobre PIB en México es actualmente de 25% un porcentaje mucho menor que el 40% alcanzado en la época del desarrollo estabilizador. Pero además el crédito bancario sobre PIB al sector privado no financiero apenas rebasa el 12%, una vergüenza a nivel internacional.

Si el sistema bancario es chico, la volatilidad financiera internacional le afecta poco en relación a otros sistemas financieros más desarrollados, esta es la razón de su aparente solidez, y no es como dice el gobierno porqué está bien regulado. La prueba de la falta de una regulación y supervisión de calidad lo revelan los siguientes hechos:

a)La crisis de 2008-2009 produjo con el efecto devaluatorio del peso en relación al dólar, una crisis profunda de los productos derivados financieros negociados por los grandes corporativos que operan en México que tuvieron pérdidas cambiarias gigantescas (del Grupo Modelo, de Mazeca, de Grupo Saltillo, de Comercial Mexicana). Esta crisis de los derivados cambiarios implicó en el mercado ­peso/dólar-  pérdidas cuantiosas para dichos corporativos. El grupo Modelo por ejemplo reconoció pérdidas por más de 2,300 millones de pesos en el 2009. Se trató de un problema serio, que pasó de noche para los reguladores financieros mexicanos.

b) La crisis de los Intermediarios Financieros No bancarios (IFNB) o Sofoles del mercado hipotecario del 2008-2009, que generó pérdidas importantes y requirió un rescate por parte de la Sociedad Hipotecaria Federal, con recursos públicos, lo cual a su vez requirió una recapitalización de la Sociedad Hipotecaria Federal por 800 millones de pesos, que llevó a cabo el gobierno con recursos de fideicomisos.

c) Las pérdidas del IMSS que compró con sus reservas técnicas papeles de Sofoles (como la empresa Metro-financiera) que eventualmente quebrantaron, sin que a la fecha haya habido una autentica rendición de cuentas.

C. Importancia de la elección de los vocales del IPAB

Por lo anterior, y por la importancia que deberá tener el IPAB como sólida institución de seguro de depósitos y garante preventivo del riesgo de liquidez de los bancos que operan en México, se toma muy necesario elegir a vocales idóneos. En nuestra opinión los candidatos propuestos por EPN entrañan riesgos.

Guillermo Hopkins.Es un político, que ha ocupado cargos de naturaleza política, y ha ocupado cargos hacendarios en gobiernos estatales. Tiene una ventaja, su orientación es no tecnocrática es un licenciado en ciencias políticas que formó parte del grupo de Luis Donaldo Colosio. Puede ser un vocal con cierta independencia, pero habrá que probarlo durante un año.

Luis Miguel Montaño Reyes. Es un técnico del IPAB un matemático que sin embargo tiene una orientación tecnocrática, y no ha demostrado en su paso por el IPAB independencia, como la que demostró Bernardo González Aréchiga.

José Gerardo Quijano León. Actuario de la UNAM y funcionario de Banxico, conoce bien a fondo el sistema de pagos. Desde el IPAB puede apoyar los esfuerzos de Rafael del Villar y de otros que desean recuperar el sistema de pagos para Banxico. Como se sabe la empresa PROSA maquila y tiene el control oligopólico del sistema de pagos, con la desventaja de que los bancos (extranjeros y mexicanos) son accionistas de PROSA. Habrá que ver, si este funcionario de la UNAM tiene los tamaños para enfrentarse a esos poderes fácticos.

Oscar Levín Coppel.Es un comodín del poder, expresión del viejo PRI con un triste papel entre bambalinas para apoyar el rescate Fobaproa, y de triste papel en la Condusef  ya que como director de la misma, nadó de muertito, nunca se propuso reformar a la Codusef, para convertirla en una institución de protección al consumidor o usuario de los servicios financieros y evitar con ello los abusos de los bancos y del crédito depredatorio que hay en México. Este personaje será un bloqueo para iniciativas progresistas serias de carácter financiero que el IPAB necesita.

D. Alternativas para la elección de los vocales del IPAB

Dada las dificultades de la elección, es deseable sin embargo, que el Senado oponga resistencia a algunos nombramientos como se hizo con el IFAI recientemente.

Dentro de los estrechos márgenes de acción que tiene la oposición en el Senado para la elección de los vocales proponemos las siguientes alternativas:

Opción a: Opción moderada. En esta opción no se modifica la propuesta de EPN pero se cambia el orden de los vocales:

Opción B: Opción semiconservadora. En esta opción se veta a Oscar Levín Coppel invocando el pacto por México y se deja que EPN proponga otro nombre:

Opción C: Opción semiagresiva. En esta opción se veta a Oscar Levín Coppel invocando el pacto se propone a EPN que el Senado nombre al vocal sustituto.

En esta opción un candidato ideal puede ser Bernardo González Aréchiga.

Opción D: Opción agresiva. En esta opción se veta a Oscar Levín Coppel y a Luis Miguel Montaño se propone a EPN (invocando el pacto por México) que el Senado nombre a dos vocales.

En esta opción un candidato ideal puede ser Bernardo González Aréchiga o un académico de la solidez de Jaime Ros por ejemplo.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se solicita se inserte íntegro el texto en comento del diputado Ricardo Monreal Ávila, relacionado con el posicionamiento de Movimiento Ciudadano, en el Diario de los Debates.

Ha pedido también el uso de la palabra, para hablar en pro, el senador Mario Delgado. Tiene la palabra, señor senador.

El senador Mario Martín Delgado Carrillo:Muchas gracias, presidenta. Compañeras, compañeros, quiero hacer una reflexión con motivo de la aprobación de estos vocales, de dónde estamos, a 15 años de distancia del rescate bancario.

¿De dónde surge el IPAB? Es el acuerdo que hacen Acción Nacional y el PRI para cubrir el mayor fraude de la historia de nuestro país, el Fobaproa.

El costo fiscal del rescate bancario parece que ya lo damos por hecho, que ya se nos olvidó, que es algo normal, natural y que no podemos hacer nada. La apuesta es que siga el PIB para que en términos de la economía la deuda signifique menos, pero la deuda ahí está.

Recientemente, el Centro Espinosa Yglesias hizo un estudio donde calcula que el costo fiscal al 31 de diciembre de 2009 es ya de mil 644 millones de pesos, y los pasivos del IPAB, los casi 812 mil millones de pesos ahí siguen, intactos, y año con año, en el presupuesto público se aprueba una partida de alrededor de 30 mil millones de pesos para financiar los intereses.

¿En dónde están esos 812 mil millones de pesos? Son los bonos, son los BTA, que tienen los bancos como parte de sus activos y son los contribuyentes mexicanos los que están financiando el pago de intereses.

Últimamente vemos que se presume en todos lados la estabilidad del sistema financiero mexicano, pero lo que no vemos es en qué se está basando esa estabilidad; los grandes bancos trasnacionales, extranjeros, están obteniendo la mayor parte de sus rendimientos, de sus utilidades, de la banca mexicana, y si vemos los activos o de dónde vienen estas utilidades vamos a encontrar con los BTA, con los bonos del IPAB, que por cierto pagan una tasa de interés mayor que los Cetes. Todavía tienen un premio inexplicable, porque en términos de una crisis, si no se hubiera por ejemplo aprobado el Presupuesto de 2013, no hubiera dinero para pagar los Cetes. Pero hay un ordenamiento explícito que obliga al legislador a aprobar el presupuesto del IPAB para pagar los intereses.

Es decir, son mucho más seguros los bonos del IPAB incluso que los Cetes y los BTA pagan una tasa adicional. En realidad hay un subsidio de los mexicanos a nuestro sistema financiero y nada de eso se pone en cuestionamiento.

Me preocupa el perfil de algunos de los vocales que se propusieron. Hay que recordar porqué son cuatro vocales independientes, cuál era el debate en aquel tiempo; es una institución que tiene como objetivo cuidar los ahorros, cuidar a los ahorradores, que es un fin distinto al que tiene la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, todas las instituciones del gobierno mexicano relativo al sistema financiero.

Hay un conflicto de interés, el interés de estos independientes —y por eso eran independientes— era que estuvieran del lado del ahorrador y que estuvieran velando por el ahorrador. Éste es el objetivo principal del IPAB, además de administrar la deuda.

A Acción Nacional no le interesó el IPAB, no hubo un solo esfuerzo para reducir el costo fiscal que tiene todavía el Fobaproa. Se quedaron más de 3 años, acéfalos tres lugares. Ahora en diciembre sale el último y está vacío el IPAB.

Pero me preocupa que ahora, con el regreso del PRI, el perfil que mandan pues son algunos cuadros políticos, cuando lo que deberían enviar son —hay que reconocer que sí hay casos así— cuadros técnicos perfectamente preparados, con la idea de ir a reducir el costo fiscal de esto y además de fortalecer a la institución, para que siga formando parte de la estabilidad en el sistema financiero mexicano.

Me preocupa la señal de que se manden cuadros políticos. Tengo aquí el perfil de todos los que han sido vocales del IPAB; es la primera vez que se están enviando cuadros políticos y no técnicos. Creo que nuestro sistema financiero nos está saliendo muy caro.

Es la estabilidad, pero no ha cumplido con una parte fundamental, con su encargo fundamental, que es financiar el desarrollo de nuestro país; las tasas de financiamiento, el crédito sigue sin llegar a las pequeñas, a las medianas empresas, no hay financiamiento del crecimiento en nuestro país.

¿Por qué los bancos no prestan? Porque tienen un incentivo perverso ahí, tienen los BPA, tienen los Cetes, que les dan buenos rendimientos prácticamente sin ningún riesgo.

Creo que vale la pena que reflexionemos ahora; creo que nuestra tarea, como legisladores, es que volvamos a plantear sobre la mesa, a 15 años de distancia y con la estabilidad que se ha logrado, si es conveniente mantener este esquema, qué necesitamos hacer para fortalecer al IPAB.

Lo que ayer nos planteaba uno de los candidatos: revisar la Ley de Concursos Mercantiles para instituciones de crédito, que hay un vacio ahí muy importante.

Ojo, el 21 de diciembre pasado ya se registró la primera ocasión en que un estado deja de pagar un crédito al sistema financiero. Seguimos diciendo que la deuda de los estados no importa, que es muy pequeña en relación al PIB, pero tenemos ya un estado con la calificación de basura...

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor senador, está en tiempo.

El senador Mario Martín Delgado Carrillo:... Eso puede poner en riesgo al sistema financiero, así empiezan las crisis, puede convertirse en un riesgo sistémico.

Por eso, en el motivo de esta ocasión, vale la pena hacer la reflexión de dónde estamos y adónde vamos y qué perfil deberían tener las personas que llegan ahí. Muchas gracias.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tiene ahora la palabra la senadora Martha Palafox, del Partido del Trabajo, quien ha pedido hacer uso de la palabra para hablar en pro de los dictámenes. Adelante, señora senadora.

La senadora Martha Palafox Gutiérrez:Con su permiso, señora presidenta; compañeras y compañeros legisladores, el Partido del Trabajo —por mi conducto— hacemos las siguientes consideraciones en relación al dictamen de la Tercera comisión, que contiene los nombramientos de los cuatro vocales ejecutivos para el Instituto de Protección al Ahorro Bancario.

Este procedimiento está previsto en la Ley de Protección al Ahorro Bancario, la Junta de Gobierno que integra siete vocales, de los cuales cuatro son designaciones del Ejecutivo, con la ratificación del Senado de la República o en los recesos del Congreso —como es el caso— de la Comisión Permanente.

La Ley de Protección al Ahorro fue aprobada en el 98, después de un proceso muy controversial, con el objeto de ir resolviendo el rescate bancario derivado de la crisis económica de finales de 94, que tuvo su momento más grave durante 1995, con la quiebra de cientos de empresas y la insolvencia de miles de familias, que no pudieron cubrir los créditos contraídos con los bancos. Recordemos que muchos, muchos se suicidaron, otros siguen arrastrando una deuda impagable.

Se tuvo que llevar a cabo un rescate financiero, pero paradójicamente este rescate fue a los bancos y a los banqueros y no a los miles de ahorradores y de deudores. El Fobaproa, que era el instrumento de protección al ahorro bancario antes de la creación del IPAB, se convirtió en un mecanismo de corrupción, donde los banqueros le endosaron al gobierno, a las finanzas públicas y a los contribuyentes, el costo de las operaciones sin garantía, los créditos cruzados —operaciones fuera de la ley— que contribuyeron al quebranto de los bancos.

El saldo actual de la deuda del Fobaproa —como aquí ya se mencionó— es de más de 800 mil millones de pesos. Para este 2013, el presupuesto de la SEP, de la Secretaría de Salud y la de Sedesol, representa el 59 por ciento. Para que podamos dimensionar el costo que representa pagar el rescate bancario.

En este año, el IPAB subastará 49 mil millones de pesos en bonos de protección al ahorro bancario para sufragar los costos del rescate. La realidad es que el proceso de rescate se fue desvirtuando hasta llegar a un punto donde los ahorradores y los deudores de la Banca no recibieron apoyo del gobierno. Los activos se quedaron en poder del IPAB, no han sido vendidos a precios que permitan recuperar parte de los recursos erogados en el rescate.

Es más, se han hecho operaciones donde se venden a peso irrisorio viviendas y empresas. Recordemos el caso de los hijos de la señora Martha Sahagún, que fueron los más beneficiados del Fobaproa. Por cierto, con una demanda que ha dormido el sueño de los justos.

Es preciso avanzar en la construcción de instrumentos de regulación, que garanticen que el ahorro de los mexicanos les permita gozar de condiciones atractivas, en la contratación de créditos, de tasas de interés que no sean confiscatorias. Urge revisar la mágica aparición de cajas de ahorro y préstamo, que han defraudado a miles de ahorradores y ante el bajo interés que paga la banca privada, la mayoría de los ahorradores acude —ilusionariamente— a depositar o a invertir sus ahorros en estas cajas de ahorro, que resultan ser unas defraudadoras oficiales y encubiertas.

Esperemos, con el mejor de los deseos del Partido del Trabajo, que los vocales que hoy van a ser ratificados por el Senado cubran las expectativas que los ahorradores, los consumidores, la ciudadanía y el Legislativo, que les va a dar el voto, cubran las expectativas para las que aquí los vamos a apoyar. Es la posición del Partido del Trabajo. Muchas gracias.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señora senadora. En virtud de que no hay más oradores registrados, se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

Esta Presidencia informa a la asamblea que ya concluida la discusión de los cuatro dictámenes, se procederá ahora a recoger la votación nominal por cada uno de ellos. Consulte la Secretaría a la asamblea sobre el primer acuerdo, previa lectura.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Dictamen de la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente, LXII Legislatura, por el que se aprueba la designación del vocal ciudadano Guillermo Hopkins Gámez, de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, LXII legislatura, le fue turnado por la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente el oficio número DGPL  62-11-2-244, de la Secretaría de Gobernación con la designación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a favor del ciudadano Guillermo Hopkins Gámez, como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2013.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de la designación de referencia, a fin de valorarla, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente:

Dictamen

Antecedentes

El oficio con la designación que se cita en el proemio, fue registrado en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 3 de enero de 2013 y turnado para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión es competente para aprobar la designación de los vocales que integrarán la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, conforme a las disposiciones que establece la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que a continuación se transcriben:

Artículo 75. La Junta de Gobierno estará integrada por siete vocales: el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Gobernador del Banco de México, el Presidente de la Comisión y cuatro vocales designados por el Ejecutivo Federal y aprobados por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores y en sus recesos, por la misma proporción de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Los tres primeros vocales señalados en el párrafo anterior designarán sendos suplentes.

Artículo 76. Los cuatro vocales a que se refiere el artículo anterior, serán designados por períodos de cuatro años, que serán escalonados, sucediéndose cada año, e iniciándose el primero de enero del año respectivo. Las personas que ocupen esos cargos podrán ser designados vocales de la Junta de Gobierno, para otro período por una sola vez.

Artículo 77.La vacante que se produzca en un cargo de vocal será cubierta por la persona que designe el Ejecutivo Federal, con la correspondiente aprobación a que se refiere el artículo 75 de esta ley. Si la vacante se produce antes de la terminación del período respectivo la persona que se designe para cubrirla, durará en su encargo sólo el tiempo que le faltare desempeñar a la sustituida, pudiendo ser designada, al término de ese período, para un período más.

Artículo 78.Los vocales aprobados por la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente a que se refiere el artículo 75 de esta ley, deberán cumplir con los requisitos siguientes:

I.Ser ciudadano mexicano y sólo tener la nacionalidad mexicana;

II.Ser de reconocida probidad;

III.No haber sido condenado por delito intencional alguno, ni inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano, o inhabilitado para ejercer el comercio;

IV.Haber ocupado por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel de decisión en materia financiera, o bien, acreditar una experiencia docente y de investigación en materia económica y financiera de cuando menos diez años en instituciones de estudios superiores;

V.No desempeñar cargos de elección popular o de dirigencia partidista, y

VI.No ser accionista, consejero, funcionario, comisario, apoderado o agente de alguna institución o intermediario financiero, ni mantener relación alguna con las mismas, que pueda representar un conflicto de intereses para su desempeño como vocal.

II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizaron un análisis de la designación del Titular del Poder Ejecutivo Federal en favor del ciudadano Guillermo Hopkins Gámez.

La Comisión Dictaminadora ponderó la designación y la evaluación que se hace del ciudadano Guillermo Hopkins Gámez, de quien se menciona reúne los requisitos que para ocupar dicho cargo exige el artículo 78 de la ley de la respectiva y que su trayectoria laboral y académica demuestra la experiencia necesaria en materia económica y financiera que contribuirá al adecuado desarrollo de las importantes funciones a cargo del instituto.

Para efectos de emitir un dictamen debidamente fundado y motivado, los integrantes de esta Tercera Comisión, además de revisar sus antecedentes profesionales y curriculares, sostuvieron una reunión de trabajo con el ciudadano Guillermo Hopkins Gámez, con el objeto de evaluar sus características y perfil en cuanto a su experiencia, conocimientos, capacidad técnica y profesional. Esta reunión de trabajo se llevó a cabo bajo el formato establecido en el acuerdo de la Tercera Comisión aprobado en la sesión ordinaria efectuada el día 2 de enero de 2013 y publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Consecuentemente, la Comisión Dictaminadora considera procedente la aprobación de la designación del Titular del Poder Ejecutivo Federal, en favor del ciudadano Guillermo Hopkins Gámez, como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2013.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 75, 76, 77 y 78 de la, Ley de Protección al Ahorro Bancario, aprueba la designación como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario por el Titular del Poder Ejecutivo Federal en favor del ciudadano Guillermo Hopkins Gámez, para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.Notifíquese al ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y al ciudadano  Guillermo Hopkins Gámez, para los efectos legales conducentes y cítesele para que rinda la protesta correspondiente ante la Comisión Permanente.

Recinto Legislativo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de enero del año 2013.

La Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas: senadora Dolores Padierna Luna (rúbrica), senador Manuel Cavazos Lerma (rúbrica), diputado Uriel Flores Aguayo (rúbrica), senador Francisco Domínguez Servién (rúbrica), senadora Graciela Ortiz González (rúbrica), diputado Abraham Montes Alvarado (rúbrica), diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica),  senador Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Herrera Delgado (rúbrica), diputado Carlos Alberto García González, diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), diputada Marina Dunyaska García Rojas (rúbrica), senador Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), senador Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica), senadora Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), diputado Ricardo Monreal Ávila.»

Se va a proceder a recoger la votación nominal del acuerdo. Se pide que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Diputado Carlos Alberto García González, por la afirmativa y la diputada Mirna Esmeralda Hernández, por la negativa.

(Votación nominal)

¿Falta alguna legisladora o legislador de emitir su voto? Se procede a recoger la votación de la Mesa Directiva.

Senadora presidenta, se emitieron 30 votos en pro, 1 en contra y 1 abstención. Es mayoría calificada.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Aprobado el acuerdo por 30 votos. Comuníquese al Ejecutivo.

Consulte la Secretaría a la asamblea sobre el segundo acuerdo, previa lectura.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Dictamen de la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente, LXII Legislatura, por el que se aprueba la designación del vocal Luis Miguel Montaño Reyes, de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, LXII legislatura, le fue turnado por la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente el oficio número DGPL 62-11-2-244, de la Secretaría de Gobernación con la designación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a favor del ciudadano Luis Miguel Montaño Reyes, como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2014.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de la designación de referencia, a fin de valorarla, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente:

Dictamen

Antecedentes

El oficio con la designación que se cita en el proemio, fue registrado en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 3 de enero de 2013 y turnado para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión es competente para aprobar la designación de los vocales que integrarán la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, conforme a las disposiciones que establece la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que a continuación se transcriben:

Artículo 75.La junta de gobierno estará integrada por siete vocales: el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el gobernador del Banco de México, el Presidente de la Comisión y cuatro vocales designados por el Ejecutivo Federal y aprobados por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores y en sus recesos, por la misma proporción de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Los tres primeros vocales señalados en el párrafo anterior designarán sendos suplentes.

Artículo 76. Los cuatro vocales a que se refiere el artículo anterior, serán designados por períodos de cuatro años, que serán escalonados, sucediéndose cada año, e iniciándose el primero de enero del año respectivo. Las personas que ocupen esos cargos podrán ser designados vocales de la junta de gobierno, para otro período por una sola vez.

Artículo 77. La vacante que se produzca en un cargo de vocal será cubierta por la persona que designe el Ejecutivo Federal, con la correspondiente aprobación a que se refiere el artículo 75 de esta ley. Si la vacante se produce antes de la terminación del período respectivo la persona que se designe para cubrirla, durará en su encargo sólo el tiempo que le faltare desempeñar a la sustituida, pudiendo ser designada, al término de ese período, para un período más.

Artículo 78. Los vocales aprobados por la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente a que se refiere el artículo 75 de esta ley, deberán cumplir con los requisitos siguientes:

I.Ser ciudadano mexicano y sólo tener la nacionalidad mexicana;

II.Ser de reconocida probidad;

III.No haber sido condenado por delito intencional alguno, ni inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano, o inhabilitado para ejercer el comercio;

IV.Haber ocupado por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel de decisión en materia financiera, o bien, acreditar una experiencia docente y de investigación en materia económica y financiera de cuando menos diez años en instituciones de estudios superiores;

V.No desempeñar cargos de elección popular o de dirigencia partidista, y

VI.No ser accionista, consejero, funcionario, comisario, apoderado o agente de alguna institución o intermediario financiero, ni mantener relación alguna con las mismas, que pueda representar un conflicto de intereses para su desempeño como vocal.

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora realizaron un análisis de las designaciones del titular del Poder Ejecutivo Federal en favor del ciudadano Luis Miguel Montaño Reyes.

La comisión dictaminadora ponderó la designación y la evaluación que se hace del ciudadano, Luis Miguel Montaño Reyes, de quien se menciona reúne los requisitos que para ocupar dicho cargo exige el artículo 78 de la ley de la respectiva y que su trayectoria laboral y académica demuestran la experiencia necesaria en materia económica y financiera que contribuirá al adecuado desarrollo de las importantes funciones a cargo del instituto.

Para efectos de emitir un dictamen debidamente fundado y  motivado, los integrantes de esta Tercera Comisión, además de revisar sus antecedentes profesionales y curriculares, sostuvieron una reunión de trabajo con el ciudadano Luis Miguel Montaño Reyes, con el objeto de evaluar sus características y perfil en cuanto a su experiencia, conocimientos, capacidad técnica y profesional. Esta reunión de trabajo se llevó a cabo bajo el formato establecido en el acuerdo de la Tercera Comisión aprobado en la sesión ordinaria efectuada el día 2 de enero de 2013 y publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Consecuentemente, la Comisión dictaminadora considera procedente la aprobación de la designación del titular del Poder Ejecutivo Federal, en favor del ciudadano, Luis Miguel Montaño Reyes, como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2014.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 75, 76, 77 y 78 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, aprueba las designación como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario por el titular del Poder Ejecutivo Federal en favor del ciudadano Luis Miguel Montaño Reyes para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2014.

Segundo. Notifíquese al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y al ciudadano Luis Miguel Montaño Reyes, para los efectos legales conducentes y cítesele para que rinda protesta ante la Comisión Permanente.

Recinto Legislativo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de enero del año 2013.

La Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas: senadora Dolores Padierna Luna (rúbrica), senador Manuel Cavazos Lerma (rúbrica), diputado Uriel Flores Aguayo, senador Francisco Domínguez Servién (rúbrica), senadora Graciela Ortiz González (rúbrica), diputado Abraham Montes Alvarado (rúbrica), diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica), senador Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Herrera Delgado (rúbrica), diputado Carlos Alberto García González, diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), diputada Marina Dunyaska García Rojas (rúbrica),  senador Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), senador Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica), senador Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), diputado Ricardo Monreal Ávila.»

Se va a proceder a recoger la votación nominal de acuerdo. Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento interior. Diputado Carlos Alberto González, por la afirmativa; diputada Mirna Esmeralda Hernández, por la negativa.

(Votación nominal)

¿Falta alguna legisladora o legislador de emitir su voto? Procedemos a tomar la votación de la Mesa Directiva.

Senadora Presidenta, se emitieron 31 votos en pro, 1 en contra y 1 abstención. Es mayoría calificada.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señor secretario. Aprobado por 31 votos el acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.

Consulte ahora la Secretaría a la asamblea sobre el tercer acuerdo, previa lectura.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Dictamen de la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente, LXII Legislatura, por el que se aprueba la designación del vocal Oscar Guillermo Levin Coppel de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, LXII legislatura, le fue turnado por la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente el oficio número DGPL 62-11-2-244, de la Secretaría de Gobernación con la designación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a favor del ciudadano Oscar Guillermo Levín Coppel como vocal de la junta de gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2016.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de la designación de referencia, a fin de valorarla, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente:

Dictamen

Antecedentes

El oficio con la designación que se cita en el proemio, fue registrado en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 3 de enero de 2013 y turnado para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión es competente para aprobar la designación de los vocales que integrarán la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, conforme a las disposiciones que establece la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que a continuación se transcriben:

Artículo 75.La junta de gobierno estará integrada por siete vocales: el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el gobernador del Banco de México, el presidente de la Comisión y cuatro vocales designados por el Ejecutivo Federal y aprobados por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores y en sus recesos, por la misma proporción de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Los tres primeros vocales señalados en el párrafo anterior designarán sendos suplentes.

Artículo 76.Los cuatro vocales a que se refiere el artículo anterior, serán designados por períodos de cuatro años, que serán escalonados, sucediéndose cada año, e iniciándose el primero de enero del año respectivo. Las personas que ocupen esos cargos podrán ser designados vocales de la junta de gobierno, para otro período por una sola vez.

Artículo 77. La vacante que se produzca en un cargo de vocal será cubierta por la persona que designe el Ejecutivo Federal, con la correspondiente aprobación a que se refiere el artículo 75 de esta ley. Si la vacante se produce antes de la terminación del período respectivo la persona que se designe para cubrirla, durará en su encargo sólo el tiempo que le faltare desempeñar a la sustituida, pudiendo ser designada, al término de ese período, para un período más.

Artículo 78. Los vocales aprobados por la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente a que se refiere el artículo 75 de esta ley, deberán cumplir con los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano y sólo tener la nacionalidad mexicana;

II.Ser de reconocida probidad;

III.No haber sido condenado por delito intencional alguno, ni inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano, o inhabilitado para ejercer el comercio;

IV.Haber ocupado por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel de decisión en materia financiera, o bien, acreditar una experiencia docente y de investigación en materia económica y financiera de cuando menos diez años en instituciones de estudios superiores;

V. No desempeñar cargos de elección popular o de dirigencia partidista, y

VI.No ser accionista, consejero, funcionario, comisario, apoderado o agente de alguna Institución o intermediario financiero, ni mantener relación alguna con las mismas, que pueda representar un conflicto de intereses para su desempeño como vocal.

II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizaron un análisis de la designación del titular del Poder Ejecutivo Federal en favor del ciudadano, Oscar Guillermo Levín Coppel.

La Comisión Dictaminadora ponderó la designación y la evaluación que se hace del ciudadano Oscar Guillermo Levín Coppel, de quien se menciona reúne los requisitos que para ocupar dicho cargo exige el artículo 78 de la ley de la respectiva y que su trayectoria laboral y académica demuestran la experiencia necesaria en materia económica y financiera que contribuirá al adecuado desarrollo de las importantes funciones a cargo del instituto.

Para efectos de emitir un dictamen debidamente fundado y motivado, los integrantes de esta Tercera Comisión, además de revisar sus antecedentes profesionales y curriculares, sostuvieron una reunión de trabajo con el ciudadano Oscar Guillermo Levín Coppel, con el objeto de evaluar sus características y perfil en cuanto a su experiencia, conocimientos, capacidad técnica y profesional. Esta reunión de trabajo se llevó a cabo bajo el formato establecido en el acuerdo de la Tercera Comisión aprobado en la sesión ordinaria efectuada el día 2 de enero de 2013 y publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Consecuentemente, la Comisión Dictaminadora considera procedente la aprobación de la designación del titular del Poder Ejecutivo Federal, en favor del ciudadano Oscar Guillermo Levín Coppel, como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario y en uso de las atribuciones que corresponden a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, propone que la duración del encargo sea para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2015.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 75, 76, 77 y 78 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, aprueba las designaciones como vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario por el titular del Poder Ejecutivo Federal en favor del ciudadano Oscar Guillermo Levín Coppel, para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.Notifíquese al ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y al ciudadano Oscar Guillermo Levín Coppel, para los efectos legales conducentes y cítese le para que rinda protesta ante la Comisión Permanente.

Recinto Legislativo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de enero del año 2013.

La Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas: senadora Dolores Padierna Luna (rúbrica), senador Manuel Cavazos Lerma (rúbrica), diputado Uriel Flores Aguayo (rúbrica), senador Francisco Domínguez Servién, senadora Graciela Ortiz González (rúbrica), diputado Abraham Montes Alvarado (rúbrica), diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica), senador Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Herrera Delgado (rúbrica), diputado Carlos Alberto García González, diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), diputada Marina Dunyaska García Rojas (rúbrica),  senador Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), senador Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica), senador Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), diputado Ricardo Monreal Ávila.»

Se va a proceder a recoger la votación nominal del acuerdo. Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Diputado Carlos Alberto García González, por la afirmativa, y la diputada Mirna Esmeralda Hernández, por la negativa.

(Votación nominal)

Senadora presidenta, se emitieron 31 votos en pro, 1 en contra, 1 abstención. Es mayoría calificada.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señor secretario. Aprobado por 31 votos el acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.

En este momento le pedimos a la Secretaría consulte a la asamblea sobre el cuarto acuerdo, previa lectura del mismo.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Dictamen de la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente, LXII Legislatura, por el que se aprueba la designación del vocal ciudadano José Gerardo Quijano León de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, LXII legislatura, le fue turnado por la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente el oficio número DGPL 62-11-2-244, de la Secretaría de Gobernación con la designación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a favor del ciudadano José Gerardo Quijano León como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2015.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de la designación de referencia, a fin de valorarla, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente:

Dictamen

Antecedentes

El oficio con la designación que se cita en el proemio, fue registrado en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 3 de enero de 2013 y turnado para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión es competente para aprobar la designación de los vocales que integrarán la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, conforme a las disposiciones que establece la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que a continuación se transcriben:

Artículo 75.La Junta de Gobierno estará integrada por siete vocales: el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Gobernador del Banco de México, el Presidente de la Comisión y cuatro vocales designados por el Ejecutivo Federal y aprobados por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores y en sus recesos, por la misma proporción de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Los tres primeros vocales señalados en el párrafo anterior designarán sendos suplentes.

Artículo 76.Los cuatro vocales a que se refiere el artículo anterior, serán designados por períodos de cuatro años, que serán escalonados, sucediéndose cada año, e iniciándose el primero de enero del año respectivo. Las personas que ocupen esos cargos podrán ser designados vocales de la Junta de Gobierno, para otro período por una sola vez.

Artículo 77. La vacante que se produzca en un cargo de vocal será cubierta por la persona que designe el Ejecutivo Federal, con la correspondiente aprobación a que se refiere el artículo 75 de esta ley. Si la vacante se produce antes de la terminación del período respectivo la persona que se designe para cubrirla, durará en su encargo sólo el tiempo que le faltare desempeñar a la sustituida, pudiendo ser designada, al término de ese período, para un período más.

Artículo 78. Los vocales aprobados por la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente a que se refiere el artículo 75 de esta ley, deberán cumplir con los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano y sólo tener la nacionalidad mexicana;

II.Ser de reconocida probidad;

III.No haber sido condenado por delito intencional alguno, ni inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano, o inhabilitado para ejercer el comercio;

IV.Haber ocupado por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel de decisión en materia financiera, o bien, acreditar una experiencia docente y de investigación en materia económica y financiera de cuando menos diez años en instituciones de estudios superiores;

V.No desempeñar cargos de elección popular o de dirigencia partidista, y

VI.No ser accionista, consejero, funcionario, comisario, apoderado o agente de alguna institución o intermediario financiero, ni mantener relación alguna con las mismas, que pueda representar un conflicto de intereses para su desempeño como vocal.

II.Los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizaron un análisis de la designación del Titular del Poder Ejecutivo Federal en favor del ciudadano, José Gerardo Quijano León.

La Comisión Dictaminadora ponderó la designación y la evaluación que se hace del ciudadano José Gerardo Quijano León, de quien se menciona reúne los requisitos que para ocupar dicho cargo exige el artículo 78 de la ley de la respectiva y que su trayectoria laboral y académica demuestran la experiencia necesaria en materia económica y financiera que contribuirá al adecuado desarrollo de las importantes funciones a cargo del instituto.

Para efectos de emitir un dictamen debidamente fundado y motivado, los integrantes de esta Tercera Comisión, además de revisar sus antecedentes profesionales y curriculares, sostuvieron una reunión de trabajo con el ciudadano José Gerardo Quijano León, con el objeto de evaluar sus características y perfil en cuanto a su experiencia, conocimientos, capacidad técnica y profesional. Esta reunión de trabajo se llevó a cabo bajo el formato establecido en el acuerdo de la Tercera Comisión aprobado en la sesión ordinaria efectuada el día 2 de enero de 2013 y publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Consecuentemente, la Comisión Dictaminadora considera procedente la aprobación de la designación del Titular del Poder Ejecutivo Federal, en favor del ciudadano José Gerardo Quijano León, como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario y en uso de las atribuciones que corresponden a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, propone que la duración del encargo sea para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2016.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 75, 76, 77 y 78 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, aprueba las designaciones como vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario por el Titular del Poder Ejecutivo Federal en favor del ciudadano José Gerardo Quijano León para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.Notifíquese al ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y al ciudadano José Gerardo Quijano León, para los efectos legales conducentes y cítesele para que rinda protesta ante la Comisión Permanente.

Recinto Legislativo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de enero del año 2013.

La Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas: senadora Dolores Padierna Luna (rúbrica), senador Manuel Cavazos Lerma (rúbrica), diputado Uriel Flores Aguayo (rúbrica), senador Francisco Domínguez Servién (rúbrica), senadora Graciela Ortiz González (rúbrica), diputado Abraham Montes Alvarado (rúbrica), diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica),  senador Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Herrera Delgado (rúbrica), diputado Carlos Alberto García González, diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), diputada Marina Dunyaska García Rojas (rúbrica), senador Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), senador Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica), senadora Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), diputado Ricardo Monreal Ávila.»

De nuevo se va a proceder a recoger la votación nominal del acuerdo. Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Diputado Carlos Alberto García González, por la afirmativa, y la diputada Mirna Esmeralda Hernández, por la negativa.

(Votación nominal)

Senadora presidenta, se emitieron 31 votos en pro, 1 en contra, 1 abstención. Es mayoría calificada.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señor secretario. Aprobado por 31 votos el acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.

Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Guillermo Hopkins Gámez, Luis Miguel Montaño Reyes, Óscar Guillermo Levín Coppel y José Gerardo Quijano León cuyos nombramientos como vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario acaban de ser aprobados por la asamblea.

Para que los introduzcan a este salón y los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores y legisladoras: senadora Dolores Padierna Luna, diputado Jorge Herrera Delgado, diputada Paulina Alejandra del Moral Vela, senador Manuel Cavazos Lerma, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, senador Francisco Domínguez Servién, diputado Uriel Flores Aguayo y senadora Martha Palafox Gutiérrez.

Le pido atentamente a esta comisión designada, cumpla con su cometido.

(La comisión cumple su encargo)

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

Buenas tardes. Ciudadano Guillermo Hopkins Gámez, Luis Miguel Montaño Reyes, Óscar Guillermo Levín Coppel y José Gerardo Quijano León, ¿protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo de vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, que se les ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Los ciudadanos Guillermo Hopkins Gámez, Luis Miguel Montaño Reyes, Óscar Guillermo Levín Coppel y José Gerardo Quijano León: Sí, protesto.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Si así no lo hicieren, que la nación se los demande. Felicidades. Enhorabuena, señores.

Se pide a la comisión designada acompañar a los vocales cuando ellos deseen retirarse.

A continuación, pasaremos al punto que dentro del orden del día marca el referente a las iniciativas de legisladoras y legisladores. Adelante, señora secretaria.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Iniciativa que reforma el artículo 222 Bis de la Ley General de Salud, suscrita por la senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el último párrafo del artículo 222 Bis de la Ley General de Salud, en materia de medicamentos biotecnológicos, lo anterior de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

El Estado Mexicano ha estado concretando acciones y medidas tendientes a brindar acceso efectivo a la población de servicios y recursos para la protección, conservación y restauración de la salud individual y colectiva, en línea con la prerrogativa fundamental de la protección a la salud consagrada en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México.

En el eje de esta prerrogativa fundamental, el Congreso de la Unión ha proveído las bases necesarias para asegurar la disponibilidad y acceso a estos recursos y servicios a la población, particularmente, con reformas estructurales en la normatividad en materia de salud.  Dentro de estas acciones, tenemos la reforma a la Ley General de Salud publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2009, mediante la cual se adicionó el artículo 222 Bis, piedra angular para el acceso a las terapias de última generación.

A través de este precepto se establecieron las bases para disponer de medicamentos originados mediante tecnologías de punta para tratar o prevenir con mayor éxito enfermedades crónico degenerativas que representan importantes retos para la salud de la población, como lo son el cáncer, ataques al corazón, esclerosis múltiple, diabetes, artritis reumatoide y enfermedades autoinmunes, entre muchas otras.

A nivel mundial, más de 350 millones de pacientes se han beneficiado de medicamentos fabricados a través de la biotecnología. Más de 650 nuevos medicamentos biológicos y vacunas se están desarrollando actualmente para tratar a más de 100 tipos de enfermedades.

Estas reformas estructurales también han permitido a la Secretaría de Salud contar con una política farmacéutica integral, aprobando recientemente 176 genéricos de medicamentos de síntesis química, y en el último año un total de 60 medicamentos innovadores, beneficiando a la población con acceso a moléculas de última generación, que potencialmente incrementan su esperanza y calidad de vida.

De esta manera se han puesto a disposición de la población fármacos de última generación para el tratamiento de múltiples enfermedades crónico-degenerativas que afectan la salud de los mexicanos, así como para enfermedades raras caracterizadas por síndromes genéticos, entre otros.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió un comunicado de prensa del día 25 de octubre de 2012 en donde explicó que con estas acciones se ha beneficiado tanto al sector salud, por disponer de medicinas que reducen los efectos adversos y los tiempos de hospitalización de los pacientes, como al país, al incentivar la innovación y la investigación farmacéuticas.

Así, acorde al desarrollo tecnológico y al avance normativo por las principales agencias regulatorias, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en Inglés) y la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de Norteamérica (FDA, por sus siglas en Inglés), en la legislación mexicana se creó el marco jurídico para los medicamentos biotecnológicos con la adición del artículo 222 Bis de la Ley General de Salud.

En este precepto, se definen los medicamentos biotecnológicos como toda sustancia que haya sido producida por biotecnología molecular, que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica, que se identifique como tal por su actividad farmacológica y propiedades físicas, químicas y biológicas.

Dada la naturaleza de estos medicamentos biotecnológicos, con la adición del artículo 222 bis en comento se reconoce que son distintos los biotecnológicos innovadores y los biotecnológicos no innovadores, al no poder ser éstos equivalentes o intercambiables con los innovadores, por lo cual se les designa en este precepto como biocomparables y se requiere cumplan con estudios clínicos, y en su caso in vitro, para demostrar que tienen biocomparabilidad.

A fin de que puedan ser distinguidos los innovadores y los biocomparables con la misma denominación común internacional, se establece el deber de incluir en sus etiquetas el nombre del fabricante del biofármaco y su origen, el lugar del envasado y, en su caso, el nombre del importador.

Acorde con estos lineamientos, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de 2011, se reformó el Reglamento de Insumos para la Salud, estableciendo los requerimientos que permiten verificar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos biotecnológicos innovadores y biocomparables, en función de las características y complejidad de su propia naturaleza.

En este reglamento se reconoce la dificultad de caracterizar perfectamente el biocomparable y su comparabilidad físico-química con el innovador, al señalar que entre más caracterizado y mejor demuestre su comparabilidad, será menor la evidencia clínica requerida.

Con estas reformas se observa la adecuación del reglamento para habilitar a las autoridades sanitarias con el fin de realizar la correcta evaluación y aprobación de un medicamento biocomparable como un producto distinto al medicamento innovador, bajo el requerimiento de estudios preclínicos y clínicos que se concentren en demostrar que tiene efectos terapéuticos comparables al innovador, y no así que se trata de un producto idéntico.

Manteniendo el imperativo en la Ley General de Salud de mantener la distinción entre biotecnológicos innovadores y biotecnológicos biocomparables, en el reglamento se establece la obligación de incluir en las etiquetas las siglas M.B. si son innovadores, o las siglas MBB si son biocomparables, brindando certeza a la comunidad médica y a los pacientes sobre el tipo de producto que se está prescribiendo y recibiendo, respectivamente.

Esta distinción entre medicamento biotecnológico innovador MB, y medicamento biotecnológico biocomparable MBB, que comparte la misma denominación común internacional, se retoma en la reciente Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-SSA1-2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de septiembre de 2012, por su importancia para la farmacovigilancia de cada uno de estos productos.

Acorde con el artículo 38 del Reglamento de Insumos para la Salud, en esta norma oficial se establece la necesidad de identificar en los reportes de efectos adversos, entre otros datos relevantes, la denominación genérica y distintiva del medicamento involucrado, el nombre del fabricante y el número de lote del medicamento.

Este mecanismo permite llevar a cabo una adecuada farmacovigilancia de cada producto, sea innovador o biocomparable, porque es de esperarse que haya diferencias sutiles entre los biocomparables de diferentes fabricantes o en comparación con los innovadores, que pueden no ser totalmente evidentes al momento de su aprobación.

Por ello, la Agencia Europea de Medicamentos a través de la Guía sobre Medicamentos Biológicos Similares CHMP/437/04, ha dejado en claro que por definición, los biotecnológicos similares no son medicamentos genéricos, por lo que con el fin de apoyar el seguimiento de farmacovigilancia, el medicamento específico dado al paciente debe estar claramente identificado.

Sin embargo, la redacción actual del último párrafo del artículo 222 Bis de la Ley General de Salud, evita la distinción entre medicamentos biotecnológicos innovadores y biocomparables e impide una apropiada farmacovigilancia de estos productos, al establecer que no deben ser separados en las claves del Cuadro Básico y catálogos de medicamentos de las instituciones de salud.

Esta situación propicia una sustitución automática indefinida en la prescripción de medicamentos en las instituciones de salud, con potenciales riesgos para la salud, porque se suministran productos que no son intercambiables ni sustituibles entre sí, con el potencial de que los pacientes experimenten diferentes reacciones inmunológicas y efectos adversos, eventos que no pueden ser apropiadamente farmacovigilados.

La sustitución automática no debe aplicarse para el caso de productos biotecnológicos en atención a las siguientes razones de salud pública:

La sustitución automática de biotecnológicos, incluyendo biocomparables puede tener un impacto en la seguridad de los pacientes.

Siendo que, tal como ha sido reconocido por autoridades sanitarias internacionales y por nuestra propia ley, los biocomparables no son genéricos, cualquier variación entre un innovador y un biocomparable respecto de estándares de seguridad puede ocasionar un riesgo a los pacientes, cuando se cambia el suministro en farmacia de un producto por otro sin supervisión médica.

Al ser recetado para un paciente, dentro del sector público, un medicamento con una clave de Cuadro Básico, e incluir en dicha clave productos innovadores y biocomparables, existe la posibilidad de que una vez iniciado un tratamiento para un padecimiento crónico,  con un producto de esa clave, se realice una segunda adquisición pública en donde se termine comprando el segundo (o tercer, o cuarto) producto, y por ende se sustituya de forma automática el tratamiento recibido, sin una supervisión médica directa al momento de suministrarse el producto al paciente en la farmacia.

La no separación de claves actual puede generar una confusión o desconocimiento respecto de efectos adversos, que pueden ser distintos en cada producto, aún estando demostrada la comparabilidad.

El cuadro básico y catálogo de medicamentos del sector salud contiene información específica dirigida a profesionales del sector salud sobre efectos adversos y contraindicaciones para cada clave.

La actual unión de biotecnológicos innovadores y biocomparables en una misma clave puede generar riesgos a la salud, en los casos en donde las contraindicaciones y menciones sobre efectos adversos difieran entre estos productos. Un ejemplo de esto es el biocomparable Valtropin ®, autorizado por la EMA, con contraindicaciones distintas a las del producto innovador.  La autorización de Valtropin ha sido actualmente retirada.

Como un segundo ejemplo en otras jurisdicciones se cita el caso de Colombia, en donde se otorgó el registro de un biocomparable del biotecnológico innovador Enbrel® con el nombre de Etanar ®. En este caso, debido a la falta de evidencia científica,  la Asociación Colombiana de Reumatología publicó una carta abierta dirigida al Senado, en aras de la protección a la salud de la población colombiana, donde establece dudas sobre la calidad del producto y solicita al INVIMA (autoridad sanitaria en Colombia) la revisión del producto. Como resultado de esta iniciativa en marzo de 2008 la Comisión Revisora consideró que no se debía promocionar la intercambiabilidad entre Enbrel y Etanar.

Otro ejemplo en nuestro país se observa en las claves 5332 y 5333 del actual cuadro básico y catálogo de medicamentos que engloba distintas formas del biotecnológico Eritropoyetina. Al observar la información para prescribir y contraindicaciones de cada uno de los productos actualmente autorizados con este biotecnológico, se observan diferencias que conllevan la necesidad de que la adquisición de cada producto se realice en atención a sus características particulares, sin poder sustituirse uno por otro.

En estos términos, las autoridades encargadas de la adquisición y eventualmente el médico que realice la receta no podrán saber si las contraindicaciones mencionadas en cuadro básico son aplicables de manera uniforme a todos los productos que pueden adquirirse dentro de una clave unificada.

La sustitución automática dificulta el seguimiento postventa respecto de reacciones adversas

En el mismo escenario de una sustitución automática de un medicamento, en donde el paciente reciba productos distintos, pero identificados con la misma clave, no es posible dar un seguimiento efectivo a reportes de reacciones adversas, ya que el paciente conocerá la Denominación Común Internacional y la clave de cuadro básico que aparecen en los empaques, pero puede dificultarse la identificación sobre si un evento adverso fue provocado por el innovador o por alguno de los biocomparables. Un caso destacado a este respecto es la directriz de la EMA relativa a todos los productos que incluyan un Erythropoeisis Stimulating Agenten donde se indica que el nombre distintivo (o marca) del producto suministrado al paciente debe incluirse en el expediente clínico correspondiente.

También es necesario que, para efecto de programas de farmacovigilancia, el médico o el la institución de salud correspondientes tengan a su disposición la información respecto al producto que está siendo proporcionado a cada paciente por el proveedor de medicamentos.

La misma EMA ha recomendado en su Guía para productos biológicos similares la necesidad de que para una farmacovigilancia efectiva, se identifique claramente y en todo momento el producto suministrado al paciente, derivado de las diferencias que deben esperarse incluso entre productos biocomparables.  Asimismo, existen ejemplos como el de medicamentos con somatropina, en donde diversas agencias de salud han establecido prácticas a nivel local a fin de asegurarse que no ocurran sustituciones sin la participación del médico.

Este punto ha sido adoptado por nuestra regulación sanitaria en la Norma Oficial de Emergencia NOM-EM-01-SSA1-2012, en el punto 7.1, que obliga a incluir la denominación distintiva del biotecnológico en reportes de efectos adversos, a fin de poder diferenciar el medicamento que generó dicho efecto.

La sustitución entre productos innovadores y biocomparables puede generar problemas de inmunogenicidad

La Guía de evaluación de productos bioterapéuticos similares de la Organización Mundial de la Salud (WHO/BS/ 09.2110) establece entre otros puntos, que es importante el análisis de posibles efectos de inmunogenicidad (entendida como el desarrollo de reacciones inmunes a un medicamento) que debe hacerse previo a la autorización, como de forma posterior.

A este respecto existen estudios que indican que, a diferencia de medicamentos con moléculas pequeñas, un tratamiento en donde se intercambie de forma repetida el medicamento suministrado entre un innovador y un biocomparable puede promover inmunogenicidad aumentada, que comprometa la eficacia y seguridad de ambos medicamentos.

Así, en adición a los problemas destacados a este momento, una clave de Cuadro Básico unificada, que genere la adquisición y por ende el suministro a pacientes de productos que pueden ser distintos, durante un mismo tratamiento, de acuerdo a los resultados de cada licitación, puede contribuir a la generación de estos problemas de inmunogenicidad.

La presente reforma también tiene en cuenta experiencias internacionales en donde se ha emitido legislación específica prohibiendo la sustitución automática para el caso de biocomparables, (España, Alemania, Francia), o se contienen listas de productos que pueden ser sustituibles en donde se excluye a los biocomparables (Dinamarca, Suecia, Noruega, Italia, Hungría, entre otros). Es de resaltarse el caso de Suecia, en donde un reporte detallado de la Agencia de Productos Medicinales sueca determinó que los biosimilares no pueden considerarse con un grado suficiente de equivalencia médica para realizar sustituciones.

En estos términos, es recomendable la separación de Claves en el Cuadro Básico para productos biotecnológicos, con la finalidad principal de disminuir riesgos a la salud de la población, debido a las diferencias inherentes a estos productos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Decreto por el que se modifica el último párrafo del artículo 222 Bis a la Ley General de Salud.

Artículo Único. Se modifica el último párrafo del artículo 222 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 222 Bis. ...

...

...

...

Los medicamentos biotecnológicos deberán incluir en sus etiquetas el fabricante del biofármaco y su origen, el lugar del envasado y en su caso el importador, debiendo asignarse la misma Denominación Común Internacional que al medicamento de referencia correspondiente. Las claves en el cuadro básico y los catálogos de medicamentos de las instituciones de salud, deberán ser distintas para los medicamentos biotecnológicos innovadores y los biocomparables.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las modificaciones a la reglamentación en materia de salud que resulten necesarias para la plena implementación de esta reforma deberán realizarse en un período no mayor a 180 días a partir de su entrada en vigor.

Notas:

1 Guide to Biological Medicines,A focus on Biosimilar Medicines.  Europa Bio, www.europabio.org

2 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, comunicado de prensa 95/2012, 25 de octubre de 2012, disponible en www.cofepris.gob.mx

3 EBE Position paper on Biologicals Sustitution

4 http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000 602/human_med_001125.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01a c058001d125

5 Número 2, volumen 1 del Cuaderno de Derecho y Ciencia del ITAM (página50), que corresponde a las memorias del seminario Medicamentos biotecnológicos en México: Oportunidades y desafíos.  Ponencia del doctor Renato Guzmán.

6 Op. Cit. 4

7 Kessler, M., Goldsmith, D & Schellekens, H.  Immunogenicity of biopharmaceuticals. Nephrol.Dial.Transplant.21 (Suppl. 5) v-9-v12 (2006)

8 Fuente : EuropaBio www.europabio.org

9 Swedish Medical Products Agency- Investigation of the possibility to extend the sustitution system and of sustitution for new prescriptions –26 de septiembre de 2011

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 9 de enero de dos mil trece.— Senadora María Cristina Díaz Salazar (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

ARTICULO 26 CONSTITUCIONAL

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Iniciativa que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador René Juárez Cisneros, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 55, fracción II, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 26 establece las bases para el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. Este ordenamiento le asigna al gobierno la responsabilidad de la planeación y lo define como el instrumento fundamental el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en donde se ordenan sistemáticamente las acciones gubernamentales encaminadas al logro de un desarrollo equitativo que proporcione mejores niveles de vida para los mexicanos.

El sistema nacional de planeación democrática es el conjunto de relaciones funcionales que se establecen entre las dependencias y entidades del gobierno federal, las autoridades estatales y municipales y las organizaciones de los diversos grupos de los sectores social y privado de la población. Es ahí donde se pretende establecer la coordinación con las entidades federativas con el propósito de hacer compatibles las actividades de planeación que se efectúan en cada ámbito de gobierno, así como la definición de mecanismos institucionales operativos que permitan dicha coordinación.

Sin embargo, hace mucho que la planeación gubernamental resulta poco efectiva en términos de la consecución de los objetivos contenidos en los diferentes planes de desarrollo que se han elaborado en sexenios anteriores.

Es innegable que el desarrollo económico y social alcanzado por México muestra al interior del país grandes disparidades entre sus regiones, ya que es común que los aspectos regionales del funcionamiento de la economía y de la sociedad se pierdan en la generalidad del entorno nacional.

Con frecuencia se confunde el comportamiento de la economía en su conjunto, con el de las economías de los estados y de las regiones. Esta confusión surge de aceptar, de manera explícita o no, la tesis convencional de considerar a la economía nacional como un conjunto homogéneo, integrado, eficientemente interrelacionado, de manera que la suerte del todo, corresponde con el de las partes.

Pareciera que las economías estatales y municipales estuvieran perfectamente integradas a lo que sucede en lo nacional, sin embargo en la planeación nacional no se toma en cuenta las especificidades desde lo regional.

En ese contexto, es necesario crear consensos con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como de los pueblos y comunidades indígenas, con el objetivo de fortalecer las políticas y programas de desarrollo regional que se han caracterizado por falta de inversiones; esquemas centralizados, verticales y sectorizados en la toma de decisiones; exceso e ineficacia normativa; falta de consensos sociales, políticos y de participación ciudadana.

Nuestro país ha padecido la falta de infraestructura adecuada y la inexistencia de mercados regionales que le permitan promover e impulsar el desarrollo y el crecimiento económico. La concentración económica y la falta de integración de mercados regionales han ocasionado la distribución inequitativa y aumento de zonas de pobreza y desaparición de comunidades que emigran a otras ciudades al interior de nuestro país o al extranjero.

En México, el desarrollo regional no ha sido visto como un instrumento de estado y como una herramienta prioritaria dentro del proceso de planificación nacional, cuyo objetivo central es organizar, armonizar y administrar la ocupación y usos del territorio de modo que estos sean la base de un desarrollo económicamente rentable y socialmente justo e incluyente, en el que al mismo tiempo, se reconozca la pluralidad cultural y la riqueza natural.

Debemos entender la planeación regional como una tarea institucional que puede permitir el entramado productivo que detone la generación de empleos y el crecimiento de la economía, que permita disminuir la persistente desigualdad y revertir las disparidades territoriales movilizando la capacidad de la sociedad contra las restricciones productivas en las zonas más rezagadas de la nación.

La planeación debe apoyarse en las estructuras y las instituciones que le permitan llevar a cabo la práctica de tareas relacionadas con la misma. Uno de los problemas que dificultan la ejecución de los planes de desarrollo es la falta de mecanismos administrativos adecuados y un federalismo funcional, eficiente, solidario y transparente.

El fortalecimiento del federalismo no es un asunto solamente económico, sino eminentemente político, porque federalismo y desarrollo conforman una ecuación política y social con un alto contenido humano. Por ello, es necesario coordinar la gobernabilidad, la capacidad de respuesta a la ciudadanía, la transparencia en el origen y destino del gasto y la modernización administrativa.

En la planeación se carece de una adecuada integración entre la federación, las entidades federativas, los municipios y los pueblos y comunidades indígenas, lo que impide el aprovechamiento sustentable del territorio y la acción concertada entre la sociedad y las diferentes instancias de gobierno, a fin de impulsar el desarrollo a partir del fortalecimiento del federalismo y con el fin de orientar los esfuerzos buscando una perspectiva integral y de largo plazo.

En materia de federalismo es impostergable atender un reclamo social histórico para que el Estado mexicano, en su estructura jurídica y normativa, tenga como resultado el cambio de la realidad actual de sus regiones, estados, municipios y zonas metropolitanas.

La planificación a nivel nacional debe recoger la racionalización de la actividad económica, social y política de la sociedad, a partir de un ejercicio plural en la que se promueva la participación de las entidades federativas, los municipios y de los pueblos y comunidades indígenas para la construcción del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y regional, así como en la formulación y evaluación de los planes y programas que tengan que ver con el desarrollo de las regiones y el ordenamiento del territorio dentro del Plan Nacional de Desarrollo.

De igual manera, los programas sectoriales e institucionales que coordina el Ejecutivo federal, deben concatenarse con los planes estatales y municipales. Sólo así la planeación podrá ser un instrumento que permita potenciar la actividad económica a nivel regional y servir como un elemento de cohesión social para la construcción, preservación y recuperación de infraestructura económica y productiva en las zonas y localidades de mayor rezago y carencia social en nuestro país.

Sólo con una plena coordinación y transparencia entre la federación los estados y los municipios respecto a los montos, el origen y destino de los recursos públicos, así como en la definición de las prioridades de atención y solución de los problemas sociales más sentidos, se podrán construir los consensos para potenciar la planeación democrática que dé paso a un verdadero desarrollo regional.

En este sentido, las entidades federativas y los municipios reforzarán la organización de los sistemas estatales y municipales de planeación, a través de la articulación de sus políticas de desarrollo a partir de las prioridades y objetivos nacionales para influir y determinar los criterios con los que se asignara el gasto.

Es por ello que esta iniciativa con proyecto de decreto busca adicionar el artículo 26 constitucional para incorporar de manera expresa el tema del desarrollo regional con una visión de largo alcance y a partir de una idea integral del país, de las potencialidades que ofrece cada región, de su vocación productiva natural, de sus fortalezas, así como de los retos sociales en cada una de ellas, para avanzar en la construcción de un camino hacia una sociedad más incluyente, igualitaria, saludable y competitiva, a partir de dirigir esfuerzos para la construcción de una auténtica política de estado, en la que concurran de manera ordenada y con los mismos objetivos, los distintos órdenes de gobierno y las instituciones responsables de la promoción del mejoramiento económico y social.

Con esta reforma constitucional se busca que el Plan Nacional de Desarrollo se nutra del consenso de las diversas entidades federativas, los municipios y los pueblos y comunidades indígenas, no sólo en las cuestiones sectoriales como hasta ahora, sino sobre todo, en aquellos aspectos del desarrollo regional.

Con ello, se plantea alcanzar un desarrollo regional más equitativo y justo, al tiempo de garantizar la participación amplia de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad misma en los procesos de planeación, ejecución, evaluación y supervisión de las acciones públicas en beneficio de las regiones.

El propósito es la superación de los rezagos en las regiones más necesitadas del territorio nacional a partir del principio de equidad y el impulso de una mayor inversión de capital e infraestructura que, genere con el tiempo, condiciones de avance productivo en aquellos territorios del país que requieren de un mayor dinamismo a partir del fortalecimiento de la infraestructura económica, de apoyo a la producción y de la conectividad, a fin de alcanzar un marco territorial del desarrollo.

Por todo lo anteriormente expuesto y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 26.

A. ...

...

El Ejecutivo promoverá la participación de las entidades federativas, los municipios y de los pueblos y comunidades indígenas, en la construcción del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y regional, así como en la formulación y evaluación de los planes y programas que tengan que ver con el desarrollo de las regiones y el ordenamiento del territorio dentro del Plan Nacional de Desarrollo.

...

...

Transitorios

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2013.— Senador René Juárez Cisneros (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores.

 LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se encuentra aquí presente el senador Arturo Zamora y está pidiendo hacer uso de la palabra para presentar esta iniciativa. Está en su derecho, señor senador, se le concede el uso de la palabra.

El senador Arturo Zamora Jiménez: Presidenta, con una solicitud, si me permite dar lectura a las dos iniciativas que he presentado, porque tienen correlación sobre el mismo tema.

La Presidenta diputada Hilda Esthela Flores Escalera:Tiene la palabra, señor senador Zamora.

El senador Arturo Zamora Jiménez:Muchas gracias. Hago uso de esta tribuna para presentar ante el pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión dos iniciativas en materia electoral.

Estas iniciativas buscan afinar el marco legal para evitar la infiltración de recursos de procedencia ilícita en campañas electorales; busca establecer mayores sanciones a funcionarios de todos los niveles de gobierno, que incidan de manera ilegal en los procesos comiciales y quienes también —de alguna manera— obstaculicen el desarrollo de la jornada comicial.

No obstante que la materia electoral en México ha sido importante y ha tenido un gran desarrollo, es necesario llevar a cabo una reforma que considere la descripción de conductas que afectan, dañan o ponen en peligro los procesos de elecciones a nivel federal en las instituciones democráticas, la afectación al desarrollo adecuado de la función pública electoral y el sufragio universal intransferible, personal, libre y secreto.

En consecuencia, las conductas que se propone incorporar son precisamente aquellas que a la luz de la política criminal del Estado mexicano se deben tipificar por el daño que causan al proceso electoral y por vulnerar valores específicamente tutelados a nivel constitucional y en normas de carácter secundario.

Asimismo, se debe prevenir la eventual infiltración y filtración de recursos provenientes del crimen organizado en los procesos electorales, que es una preocupación de toda la sociedad en general.

Cabe destacar que en el esquema procesal penal federal vigente, los probables responsables de delitos electorales tienen la posibilidad de llevar a cabo el proceso en libertad. Esto facilita, por supuesto, el tema de impunidad, porque tienen derecho al beneficio de la libertad provisional bajo caución.

Por tanto, también en esta reforma estamos proponiendo la modificación al Código Federal de Procedimientos Penales para que los delitos, en donde haya participación del crimen organizado en candidatos y precandidatos en estos delitos, se consideren como graves para que no se tenga el derecho a la libertad provisional bajo caución.

Ante ello, las reformas que estamos proponiendo son disposiciones que se corresponden al artículo 403 del Código Penal Federal, en donde se establecen sanciones de 10 a 100 días de multa y prisión, de 6 meses a 3 años, a quien obstaculice e interfiera dolosamente el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio, el cómputo o cualquier otro acto de la jornada electoral, el traslado y entrega de paquetes y documentación electoral, así como la correspondencia que circule bajo franquicia del Instituto Federal Electoral.

Esta pena se aumentará hasta el doble, cuando se amenace o ejerza violencia física contra los servidores públicos electorales, con independencia de las sanciones que correspondan por otro u otros delitos cometidos.

En este sentido, también la misma sanción es para quien recoja o retenga, en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar con fotografía, que en el día de la jornada viole de cualquier manera y por cualquier medio, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto, impida de forma violenta la instalación de casillas o asuma dolosamente cualquier conducta que tenga como finalidad la instalación normal y ordinaria de las casillas. Es preciso destacar que si en la conducta participan personas armadas o utilizan o portan objetos peligrosos, la pena también se aumentará.

Se propone, por otro lado, la reforma al 407 del mismo Código, para imponer sanción, de 3 a 9 años de prisión, a los servidores públicos que condicionen la prestación de un servicio al cumplimiento de programas gubernamentales federales, estatales o municipales, que hayan sido financiados con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Entre estas sanciones se busca frenar también, por otro lado, en el artículo 413, la infiltración de recursos de la delincuencia. De tal suerte que se plantea para este caso penas, de 5 hasta 15 años de prisión, para aquella persona que siendo candidato o precandidato reciba o destine a sabiendas aportaciones de dinero o en especie a favor de estos, de partido o partidos políticos, de coaliciones o agrupaciones políticas nacionales, cuando los fondos tengan por supuesto un origen ilícito, sin perjuicio de las penas que correspondan por otro tipo de delitos.

A los miembros de organizaciones que tengan como fin cometer algunos de los delitos previstos y sancionados por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se impondrían de 3 a 8 años de prisión, además de los otros delitos, cuando intervengan en el proceso de selección o incidan en los procesos de selección de precandidatos o candidatos de puestos de elección popular, así también cuando impidan la instalación o apertura de casillas electorales, obstaculicen de cualquier manera el proceso electoral.

Por otro lado, es importante establecer que las modificaciones que nosotros estamos planteando para que sean completas, integrales, no solamente inciden en el Código Penal Federal —en el capítulo: De los delitos electorales— sino también la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en el Código Federal de Procedimientos Penales.

Por otro lado, me parece de la mayor importancia establecer una modificación al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Señor presidente, le recuerdo que estoy presentando dos iniciativas; señor presidente, le recuerdo que pedí autorización a la Mesa Directiva para que me permitiera el tiempo y también le recuerdo que en cada iniciativa me permita hacer cinco minutos de exposición. Señor presidente, le pido tolerancia a mi exposición, si es tan amable.

El Presidente senador José María Martínez Martínez: Señor senador, tiene cinco minutos por cada turno de iniciativa. Sin embargo, usted pidió hacer en un mismo turno la presentación de las dos iniciativas; por tanto, tiene hasta cinco minutos. Le pido por favor que concluya.

El senador Arturo Zamora Jiménez:La segunda iniciativa que presento es también en materia electoral, y busca por supuesto establecer claramente el límite de las competencias en el ámbito de lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación nos da precisamente el marco de atribución que a los jueces federales, a los magistrados y precisamente a los ministros de la Corte, se les atribuye para que conozcan de determinados temas.

En este caso, tratándose de delitos electorales, es una propuesta que viene a complementar la original, que modifica precisamente el Código Penal Federal para dar atribuciones y dotar de competencia a los jueces federales para conocer de los delitos cometidos en contra de los funcionarios electorales o en contra también de funcionarios partidistas, en términos de la fracción II del artículo 401 del Código Penal Federal, considerándose que todas las conductas previstas en el Título Vigésimo Cuarto de este Código Penal Federal deben de ser competencia del juzgador que he señalado anteriormente.

Por tanto, estimadas diputadas y diputados; estimados senadores y senadoras, el día de hoy estamos presentando este paquete de reformas en materia penal electoral, de reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para que tengamos procesos en donde se elimine, desde el punto de vista jurídico, cualquier vacio, cualquier laguna que pueda permitir que haya incidencia del crimen organizado o de la delincuencia en la elección o selección de aspirantes, precandidatos o candidatos y para impedir en definitiva que haya la injerencia económica en los procesos comisiales —cualquiera que sea la etapa— y la intervención y participación de personas, que por supuesto no tienen ninguna visión de lo que es un proceso de esta naturaleza en la representación que hacen los representantes populares, a través de los esquemas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

Con esto estamos cerrando el paso a la infiltración de la delincuencia organizada y estamos dando fortaleza a las instituciones electorales del país, frente a nuevas modalidades de comportamiento. Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, suscrita por el senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

Arturo Zamora Jiménez, senador para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8o., numeral 1, fracción I, 164 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el inciso L) de la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El sistema político electoral mexicano se encuentra en un proceso de constante perfeccionamiento a fin de dotar a los procesos e instituciones electorales de las garantías de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad imprescindibles para que el poder público goce de legitimidad en su ejercicio.

Para ello, se hizo necesario establecer un sistema de sanciones a fin de dotar a las normas electorales del elemento de coacción que las perfeccionara. Sin embargo, en diversos supuestos la sanción administrativa no es suficiente para proteger de manera adecuada el desarrollo de la función electoral, por lo que ha sido necesaria la implementación de sanciones de carácter penal como el último recurso del estado para preservar los bienes jurídicos tutelados por el derecho penal electoral que son, fundamentalmente: el adecuado desarrollo de la función pública electoral, el sufragio y la equidad en la contienda.

En 1990 se adicionó el título vigesimocuarto, capítulo único, al entonces Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la república en materia de fuero federal para incorporar el capítulo de delitos electorales, el cuál ha sido reformado en dos ocasiones, en 1994 y 1996, mejorando las condiciones de la contienda electoral con la finalidad de prevenir, a través de la amenaza de sanción penal, conductas que afectan a los procesos electorales.

Asimismo, durante 2007 y 2008 se realizaron importantes modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la legislación secundaria en materia electoral en la búsqueda continua de perfeccionar la normatividad que rigen los procesos de elección de nuestros representantes populares.

El derecho electoral tiene la característica de ser dinámico, lo que le permite irse adecuando a la realidad nacional y a resolver los vacíos que la omisión normativa del legislador haya producido, esta característica se va viendo reflejada al finalizar cada proceso electoral, donde tanto las instituciones como las exigencias de la sociedad civil van conduciendo a la legislación electoral por derroteros más próximos a los principios rectores de la materia comicial, tales como la imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad.

De tal suerte, es de observarse que el fenómeno delictivo ha adquirido nuevas modalidades y las normas que rigen los procesos y procedimientos para sancionarlas deben adecuarse en consecuencia. El grave riesgo que implica la posible intervención del crimen organizado en los procesos electorales hace necesario replantear los mecanismos para sancionar los ilícitos en materia electoral y las atribuciones de las autoridades encargadas de implementarlos.

Actualmente la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone:

Artículo 50. Los jueces federales penales conocerán

I. De los delitos del orden federal.

Son delitos del orden federal:

a) a k) ...

l) Los cometidos por o en contra de funcionarios electorales federales o de funcionarios partidistas, en los términos de la fracción II del artículo 401 del Código Penal, y

m)...

II. y III. ...

De lo anterior se advierte que la competencia de los jueces federales para conocer de los delitos en materia electoral se limita a aquellos casos en que estos son cometidos por o en contra de funcionarios electorales federales o de funcionarios partidistas, lo que restringe de gran manera su ámbito de competencia, dispersando en diversas autoridades la facultad de conocer de estos ilícitos, lo que además impide aprovechar la especialización de los órganos jurisdiccionales.

Es necesario que la autoridad cuente con más y mejores herramientas jurídicas para hacer frente a las necesidades que impone la realidad social para hacer más efectiva y eficaz la acción del estado para inhibir y sancionar las conductas antisociales en el ámbito de los delitos electorales, ya que su desfase frente a la realidad social genera con frecuencia la percepción en la ciudadanía de que la autoridad en la materia carece de efectividad.

Las conductas que describe el título vigésimo cuarto del Código Penal Federal afectan al sistema político electoral mexicano en su conjunto, al atacar las instituciones y procedimientos dispuestos por nuestras normas fundamentales para llevar a cabo la elección de los representantes populares que habrán de regir los destinos de nuestro país, que es el sustento de la democracia representativa.

De tal suerte, toda vez que se trata de fenómenos delictivos que vulneran bienes jurídicos de esencial importancia para la federación en su conjunto, consideramos que deben ser los tribunales federales los que conozcan de ellos en su totalidad.

Debe atenderse a un criterio de integralidad a fin de que la misma autoridad conozca de la totalidad de las conductas que afectan el adecuado desarrollo de la función electoral y de esta manera evitar que se pudiera promover la impunidad a falta de normas que establezcan la competencia clara de los tribunales federales para conocer de estos delitos.

Por tal motivo, se propone reformar el inciso l) de la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de dotar de competencia a los jueces federales para conocer no solamente de los delitos cometidos por o en contra de funcionarios electorales federales o de funcionarios partidistas, sino de todas las conductas previstas en el título vigesimocuarto del Código Penal Federal.

Por todo lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el inciso l) de la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Único. Se reforma el inciso l) de la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 50. Los jueces federales penales conocerán

I. De los delitos del orden federal.

Son delitos del orden federal

a) a k) ...

l) Los cometidos por o en contra de servidores públicos electorales, de funcionarios partidistas, de organizadores de actos de campaña, de administradores de recursos de los partidos políticos, en los términos del título vigesimocuarto del Código Penal Federal, y

II. y III. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2013.— Senador Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Túrnense a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, suscrita por el senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

Arturo Zamora Jiménez, senador de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8o., numeral 1, fracción I, 164, 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Las diferentes reformas en materia electoral durante los últimos años se han orientado principalmente en la consolidación de la equidad en la contienda y certeza en los resultados. Para ello se han realizado adecuaciones a las normas que regulan a las instituciones y procedimientos electorales, así como el régimen sancionador para aquellos que desarrollan conductas que afectan la función electoral.

El 15 de agosto de 1990 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto a través del cual se adicionó el título vigesimocuarto, capítulo único, al entonces Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la república en materia de fuero federal, entrando en vigor el día siguiente al de su publicación, con el objeto de tipificar las conductas consideradas delictivas en el ámbito electoral.

Su contenido ha sido reformado en dos ocasiones, la primera el 24 de marzo de 1994, en la cual se incrementaron algunas sanciones y se incluyeron elementos normativos en los tipos penales vinculados a la compra de votos, violación del secreto del voto y transporte indebido de votantes, entre otros; y, en la segunda ocasión, el 22 de noviembre de 1996, se adicionaron los conceptos de servidores públicos, candidatos, materiales electorales y diversas hipótesis como la publicación o difusión de encuestas o sondeos de opinión.

Los delitos en materia electoral y las reformas citadas se instituyeron a partir de conductas que, por vulnerar bienes jurídicos de mayor entidad, requerían una sanción adicional a la administrativa.

La separación entre las sanciones administrativas y penales es una cuestión delicada que debe justificarse plenamente, de manera que la sanción penal sea la “ultima ratio” del Estado cuando las sanciones administrativas e incluso los buenos oficios políticos son insuficientes para preservar los bienes jurídicos tutelados por el derecho penal electoral que son, fundamentalmente: el adecuado desarrollo de la función pública electoral, la garantía del sufragio y la equidad en la contienda, entre otros.

Debe reconocerse que el texto vigente representó un avance importante que mejoró las condiciones de la contienda electoral con la finalidad de prevenir, a través de la amenaza de sanción penal, conductas que afectan a los procesos electorales; no obstante los avances mencionados, actualmente se considera indispensable llevar a cabo una reforma que considere la descripción de otras conductas que afectan, dañan o ponen en peligro al proceso electoral federal, a las instituciones democráticas, al desarrollo adecuado de la función pública electoral y al sufragio universal, intransferible, personal, libre, directo y secreto.

El conjunto de normas penales, como expresión extrema del poder del Estado, debe garantizar, en última instancia, la eficacia de la autoridad a fin de que abarquen correctamente el amplio espectro de sujetos y conductas que puedan perturbar la adecuada función pública electoral, el proceso electoral, las instituciones y el sufragio, hacer posible la persecución y sanción a los infractores; siempre en la inteligencia de que la intervención del Estado, a estos niveles, debe estar perfectamente justificada cuando otros métodos de control son insuficientes.

La sociedad cambia y sus instituciones deben adaptarse a estas circunstancias y, en ese sentido, el Constituyente Permanente durante 2007 y 2008 realizó importantes modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la legislación secundaria en materia electoral; sin embargo, es necesario hacer una revisión del capítulo de delitos electorales contenido en el Código Penal Federal para lograr con ello, una reforma armónica que permita blindar de manera más eficaz los procesos electorales y contribuir así, al avance y perfeccionamiento del sistema democrático.

Específicamente, en el desarrollo de los procesos electorales los diversos actores tienen tareas definidas en la ley que deben observar de forma estricta, en los términos de su responsabilidad específica, sirvan de ejemplo: los funcionarios partidistas y los servidores públicos. Sin embargo, ante su incumplimiento, la trasgresión y afectación de los bienes jurídicos protegidos llega a ser de tal magnitud que la sanción administrativa no basta para resarcir la ofensa social e inhibir su comisión; en estos casos la sanción a esas conductas debe ser ejemplar para evitar que esas prácticas negativas se generalicen.

En primer término, se estima indispensable retomar la definición de “servidores públicos” contenida en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para adecuar el artículo 212 del Código Penal Federal, e incluir en este concepto a los organismos a que la Constitución federal otorga autonomía.

Por otra parte, la infiltración y participación del crimen organizado en los procesos electorales busca la cooptación del Estado para perseguir intereses ilegales, que erosionan el poder público que emana del pueblo y que busca el interés colectivo, por lo que es de suma importancia que las autoridades de todos los órganos de gobierno tutelen el interés general de que los mexicanos contemos con gobiernos sanos.

La existencia de la delincuencia organizada constituye una amenaza para el desarrollo de los procesos electorales, y es a través del uso de dinero ilícito o de bienes materiales como puede infiltrarse en las campañas electorales, y en algunos casos puede llegar al extremo de realizar otro tipo de conductas intimidatorias para incidir en los procesos electorales.

Es fundamental garantizar que la representación de los poderes legislativos y ejecutivos, emanados del voto de los ciudadanos, estén en manos de servidores públicos y representantes populares destinados a cumplir los mandatos constitucionales de sus cargos, además de lograr llevar a cabo los principios democráticos del Estado de derecho, de los cuales están obligados.

La eventual filtración de recursos provenientes del crimen organizado en los procesos electorales es una preocupación de la sociedad en general. Por tal motivo, el Estado debe garantizar su puntual prevención y combate, proporcionando las herramientas legales para disuadir esas conductas que son de enorme gravedad y repercusión para el adecuado desarrollo de la función pública electoral.

En el esquema procesal penal federal vigente, los probables responsables de los delitos electorales tienen la posibilidad de sustraerse, con relativa facilidad, de la acción de la justicia al obtener su libertad a través de la caución, situación que debe ser modificada cuando las aportaciones en dinero o en especie que se realicen, reciban o destinen a algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política nacional, provengan de la delincuencia organizada.

En consecuencia, dicha conducta debe incluirse en la legislación procesal penal dentro del catálogo de delitos graves. Sobre el particular debe señalarse que en estados como Baja California y Sinaloa, los códigos procesales lo establecen así para delitos electorales del orden común. Por lo anterior se propone modificar el inciso 33 Bis) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Asimismo, consideramos necesario adicionar la fracción I del Artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada a fin de establecer un tipo penal propio que castigue a los integrantes de la delincuencia organizada que pretendan involucrarse en los procesos electorales o cuando se compruebe el dolo de un candidato o precandidato de involucrarse en la contienda electoral para favorecer los intereses de la delincuencia organizada y que sea determinado como delito electoral.

La presente iniciativa tiene como finalidad llenar vacíos de ley que promueven la impunidad en el ámbito de los delitos electorales por la ausencia de modelos delictivos que no cubren las hipótesis que en la realidad acontecen, por lo que es necesario se satisfagan las expectativas de justicia  en esta materia a fin de promover una tutela más efectiva de bienes, valores y derechos en el ámbito electoral.

Por todo lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Primero. Se reforman los artículos 212, 401, fracción II, 403, fracciones IV, V, VII, XII y XIII, 405, fracción X, 406, fracción IV, 407, fracciones II y III, 411 y 413; y se adicionan las fracciones VII al 401, XIV, XV, XVI y XVII al 403 y V al 407, así como el artículo 413 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 212. Para los efectos de este código es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal centralizada o en el Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en los Poderes Judicial federal y Judicial del Distrito Federal, o que manejen recursos económicos federales, así como en los organismos a los que la Constitución otorgue autonomía. Las disposiciones contenidas en el presente título son aplicables a los gobernadores de los estados, a los diputados a las legislaturas locales y a los magistrados de los tribunales de justicia locales, por la comisión de los delitos previstos en este título en materia federal.

...

Artículo 401. ...

I. ...

II. Servidores públicos electorales, quienes en términos de la legislación de la materia desempeñen funciones electorales, así como los funcionarios de casilla;

III. a VI. ...

VII. Administradores de recursos de los partidos políticos, las personas encargadas de la administración de los recursos generales, de precampaña o campaña de los partidos políticos.

Artículo 403. ...

I. a III. ...

IV. Obstaculice o interfiera dolosamente el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio, cómputo o cualquier otro acto de la jornada electoral; el traslado y entrega de los paquetes y documentación pública electoral, así como de la correspondencia que circule bajo franquicia del Instituto Federal Electoral o el adecuado ejercicio de las funciones de los servidores públicos electorales. La pena se aumentará hasta el doble cuando se amenace o ejerza violencia contra los servidores públicos electorales, con independencia de la pena que corresponda por la comisión de otro u otros delitos;

V. Recoja o retenga, en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar;

VI. ...

VII. El día de la jornada electoral viole, de cualquier manera y por cualquier medio, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto;

VIII. a XI. ...

XII. ...

Si la conducta se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentarán de dos a siete años de prisión, con independencia de las que correspondan por la comisión de otros delitos;

XIII. Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora oficial del cierre de las casillas que se encuentren en las zonas de los husos horarios más occidentales del territorio nacional, publique o difunda por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que den a conocer las preferencias de los ciudadanos.

XIV. Se apodere, destruya, posea, adquiera, comercialice o suministre de manera ilícita, una o más credenciales para votar o equipos o insumos necesarios para la elaboración de dichas credenciales.

Si el apoderamiento o destrucción se realiza en lugar cerrado o con violencia, se aumentaran de seis meses a cinco años de prisión a la pena que corresponda. Si éste se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, a la pena impuesta se aumentarán de dos a siete años de prisión, con independencia de las penas que correspondan por la comisión de otros delitos;

XV. Realice por cualquier medio algún acto que provoque temor, intimidación o alarma en el electorado que atente contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso de los electores a la casilla.

Si la conducta señalada en la presente fracción se realiza por miembros de la delincuencia organizada, la penalidad se aumentará de tres a siete años de prisión, con independencia de las penas que correspondan por la comisión de otros delitos.

Artículo 405. Se impondrá de cien a trescientos días multa y prisión de tres a siete años, al servidor público electoral que:

I. a IX. ...

X. Permita o tolere que un ciudadano emita su voto cuando de la documentación electoral correspondiente se desprenda que no cumple los requisitos de ley o que se introduzcan en las urnas ilícitamente una o más boletas electorales;

XI. ...

Artículo 406. Se impondrá de cien a trescientos días multa y prisión de tres a siete años al funcionario partidista o al candidato que:

I. a III. ...

IV. Obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la misma sin mediar causa justificada, o con ese fin ejerza violencia sobre los servidores públicos electorales;

Artículo 407. Se impondrá de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de tres a nueve años, al servidor público que:

I. ...

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales federales, estatales o municipales que hayan sido financiados con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, a la emisión del sufragio a favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición;

III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilícita de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de cualquier precandidato, candidato, partido político, coalición, agrupación política nacional, en cualquier tiempo, y durante cualquier proceso electoral federal o local sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por otros delitos;

IV. ...

V. Coaccione a sus subordinados para que asistan a actos de precampaña o campaña; o bien produzcan o difundan propaganda relacionada con algún precandidato, candidato, partido político o coalición;

Artículo 411. Se impondrá de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de cuatro a ocho años a quien:

I. Por cualquier medio altere el Registro Federal de Electores, los listados nominales o participe en la expedición ilícita de una o más credenciales para votar;

II. Durante el trámite para obtener la credencial para votar, proporcione documentos o información falsa al Registro Federal de Electores;

III. Altere, falsifique, destruya, posea, use, adquiera, comercialice, suministre o transmita de manera ilegal, archivos computarizados, relativos al Registro Federal de Electores; o

IV. Altere o falsifique una o más credenciales para votar o documentos públicos electorales. La misma pena se aplicará al que haga uso de dichos documentos;

En caso de que se trate de servidor público electoral, funcionario partidista, precandidato, candidato o servidor público el que intervenga en la comisión de los conductas prohibidas en el presente artículo, la punibilidad se incrementará hasta un tercio más de la antes señalada.

Artículo 413. Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión a quien, en cualquier momento realice, reciba o destine, a sabiendas, aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política nacional, cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por la comisión de otros delitos.

Artículo 413 Bis. Al miembro de una organización que tenga como fin cometer alguno de los delitos sancionados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se impondrá de quinientos a tres mil días multa y de tres a ocho años de prisión cuando:

I. Intimide o amenace a los ciudadanos con el fin de favorecer o perjudicar a cualquier precandidato, candidato, partido político, coalición, o agrupación política nacional;

II. Participe en el proceso de selección como precandidato o candidato a puestos de elección popular; o

III. Impida por cualquier medio la instalación, apertura, cierre o clausura de una casilla electoral, obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, o intimide o amenace a las personas responsables del funcionamiento de la casilla electoral, impida el traslado, entrega de los paquetes y documentación pública electoral.

Segundo. Se adiciona el numeral 33 Ter a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1) a 33) Bis. ...

33) Ter. Los previstos en el artículo 413 Bis.

34) a 36)...

II. a XVIII. ...

Tercero. Se reforma la fracción I del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 a 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis a 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis, los previstos en el artículo 413 Bis, y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal.

II. a VII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A las personas que hayan cometido un delito de los contemplados en el presente decreto con anterioridad a su entrada en vigor serán aplicables las disposiciones del Código Penal Federal vigentes al momento de su comisión.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

México, Distrito Federal, enero 9 de 2013.— Senador Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Túrnense a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Tiene ahora la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Abraham Montes Alvarado, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 49 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

El diputado Abraham Montes Alvarado (desde la curul): Presidenta, ¿podría pasar mi turno a la siguiente sesión, por favor?

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Me pide el turno en la siguiente sesión y lo inscribimos con todo gusto, señor diputado, para la próxima sesión.

Estamos haciendo una ronda de iniciativa por grupos parlamentarios, de acuerdo a lo que me dicen y con mucho gusto, en un momento más le concedemos el uso de la palabra para que presente su iniciativa, diputado.

LEY DE COORDINACION FISCAL

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales:«Iniciativa que reforma el artículo 10-E de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por la senadora Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, senadora Gabriela Cuevas Barron, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10-E de la Ley de Coordinación Fiscal con el objeto de eliminar la tenencia a nivel nacional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. El objetivo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal es armonizar y hacer congruentes los ordenamientos tributarios de la federación con las disposiciones de los estados, el Distrito Federal y los municipios. Esto se realiza estableciendo los sistemas, los mecanismos de distribución y las formas de participación de los ingresos federales en las haciendas públicas locales.

De esta manera, y en pleno respeto de la soberanía estatal y municipal, la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal fomenta un equilibrio entre los tres órdenes de gobierno y una política financiera conjunta que busca fortalecer el desarrollo regional y nacional mediante la distribución equitativa del ingreso federal, la homologación y la disminución de gravámenes, así como la simplificación en el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

Dicho en breve, “la esencia del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal consiste en lo siguiente: la federación y los estados pueden firmar convenios de coordinación fiscal, por medio de los cuales los estados se comprometen a limitar sus potestades tributarias a favor de la federación, a cambio de obtener una participación en los ingresos fiscales. En la actualidad todos los estados han signado este tipo de convenios, lo cual ha hecho que los dos impuestos más importantes (el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado) sean establecidos y administrados por la federación (a pesar de que ninguno de estos dos impuestos se hayan asignado de manera expresa al Congreso de la Unión en el artículo 73, fracción XXIX constitucional, que es el artículo que establece la lista de impuestos que le corresponden a la federación)”.

De lo anterior se desprenden tres principios fundamentales: a) que las entidades federativas tienen la facultad de “ceder” parte de sus poderes tributarios a la federación; b) que la federación establece y administra impuestos que no están incluidos en el artículo constitucional donde se enumera la lista de impuestos que le corresponden a ese nivel de gobierno; y c) que las entidades federativas pueden o no adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

A ello hay que agregar que la ley de la materia establece la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine la salida de las entidades federativas del sistema de coordinación fiscal por incumplimiento de la propia ley o de los convenios de colaboración administrativa que en materia fiscal celebren con la federación.

2. Por muchos años, dentro de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal que suscribían la federación y las entidades federativas se incluyó lo referente al impuesto federal sobre tenencia o uso de vehículos. Las entidades federativas se encargaban de la gestión, liquidación y recaudación de este impuesto teniendo derecho al 100 por ciento de lo recaudado y estaban obligadas a distribuir entre sus municipios al menos el 20 por ciento de lo recaudado.

Sin embargo, a partir del primero de enero de 2012 se abrogó la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y se confirió a las entidades federativas la facultad de establecer impuestos locales en esta materia. De esta manera, a nivel federal desapareció un impuesto cuya constitucionalidad había sido cuestionada y que se convirtió en una opción fácil e inercial de recaudación a costa del contribuyente cautivo.

En su momento, el presidente Felipe Calderón, propuso eliminar el pago de la tenencia vehicular como impuesto federal porque “ya no (existían) las circunstancias que llevaron a la creación del impuesto hace casi cuatro décadas”. Pero se dejó en libertad a las entidades federativas que quisieran establecerlo como una contribución local. Desafortunadamente, esta decisión ha representado serios problemas para la ciudadanía.

Aunque en un primer momento algunos gobernadores manifestaron que no cobrarían el impuesto a la tenencia, pronto cambiaron de opinión. En el Distrito Federal, por ejemplo, el 10 de enero de 2012 se publicó el “Acuerdo de carácter general por el que se otorga subsidio fiscal para el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos”. En este acuerdo se establecía que las personas que tuvieran vehículos con un valor de hasta 350 mil pesos (incluyendo el Impuesto al Valor Agregado) recibirían un subsidio de 100 por ciento en el pago de dicho impuesto. En contraste con esta medida, en el Estado de México se publicó un acuerdo para otorgar el mismo subsidio a propietarios de vehículos que tuvieran un valor de factura menor a 350 mil pesos (sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) y que cumplieran con determinados requisitos.

En el presente ejercicio fiscal los criterios cambiaron nuevamente. Algunos estados que eliminaron el cobro de la tenencia en 2012 decidieron volver a cobrarlo este año, mientras que el gobierno del Distrito Federal anunció que ahora estarán obligados a pagar el impuesto aquellas personas que tengan vehículos con un valor superior a los 250 mil pesos (una vez aplicando el factor de depreciación correspondiente). Pero no sólo ha habido cambios en el monto a partir del cual se va a otorgar el subsidio del impuesto. Hace un par de días, el mismo gobierno del Distrito Federal dio a conocer que se otorgará un descuento de 7 por ciento a quienes acudan a pagar el impuesto entre los meses de enero y marzo.

Esa heterogeneidad normativa, así como todas las modificaciones e intermitencias que hay dentro de los ordenamientos locales, dan cuenta de la poca seriedad y de la falta de definiciones que hay respecto al cobro de este impuesto. Por una parte, se deja en estado de incertidumbre jurídica a los contribuyentes que no saben qué tipo de automóvil les conviene comprar (por ejemplo, quien compró un auto de 340 mil pesos en el año 2012 para no pagar la tenencia, este año tendrá que pagarla porque el valor de su auto depreciado es de 289 mil pesos); y, por otro lado, se diluyen los beneficios que se adjudicaban a este impuesto (esta medida actuaba como un mecanismo de disuasión para la compra de automóviles y ahora incentiva la compra de vehículos austeros; antes, la evasión de este impuesto era muy baja y ahora se evade su pago con tan sólo solicitar el reemplacamiento del auto en otra entidad federativa).

Además de todo ello, consultoras como KPMG han llegado a sostener que existen “elementos para considerar que el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos establecido en el Distrito Federal, Nuevo León y en el estado de México, viola preceptos constitucionales”.

3. Detrás de esta situación adversa, lo que en realidad se encuentra es la incapacidad de los gobiernos locales para ordenar sus finanzas públicas, desarrollar fuentes propias de ingreso y contribuir de este modo a la suficiencia en la provisión de bienes y servicios públicos. En lugar de mejorar la recaudación de contribuciones como el impuesto al predial o los derechos por el servicio del agua, prefieren cobrar un impuesto inercial que les asegura ciertos ingresos sin realizar ningún esfuerzo adicional para mejorar la recaudación de los impuestos existentes.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 2008, los ingresos estatales se encuentran conformados principalmente por aportaciones y participaciones federales (50.1 por ciento y 34.9 por ciento, respectivamente). “15 por ciento restante lo constituyen los ingresos por impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras (7 por ciento); y por financiamiento, por cuenta de terceros y disponibilidad inicial (8 por ciento)”.

En el caso particular del Distrito Federal, un estudio de 2011 del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP) señala que la recaudación del impuesto predial para el periodo comprendido entre 1999 y 2009 “decreció una tasa media anual de 1.1 por ciento, pasando de 8 mil 069.8 millones de pesos en 1999 a sólo 7 mil 212.8 millones de pesos en 2009”.

Por lo que se refiere a la recaudación obtenida en materia de derechos de agua, el citado estudio señala que ésta decreció -en términos reales- a una tasa media anual de 0.2 por ciento, pasando de 4 mil 023.5 millones de pesos a sólo 3 mil 929.4 millones de pesos en 2009.

Así, el CEFP concluyó lo siguiente: “se observa que la recaudación de predial pasó de representar 9.2 por ciento de los ingresos del Distrito Federal en 1999 a sólo 6.0 por ciento para 2009. De igual manera destaca que los ingresos por derechos de agua redujeron su participación respecto de los ingresos totales del Distrito Federal de 4.6 por ciento en 1999 a 3.3 por ciento para el año 2009”.

4. Por todo lo anterior, esta iniciativa propone que las entidades federativas que formen parte del sistema de coordinación fiscal eliminen el impuesto a la tenencia vehicular. El propósito es: a) evitar la “pereza fiscal” incentivando a las entidades federativas a mejorar sus sistemas recaudatorios; b) establecer incentivos para que las entidades federativas se comprometan a la consecución de una política de coordinación fiscal que evite distorsiones normativas a nivel regional; y c) motivar a las entidades federativas a considerar el diseño de cargas impositivas con fines extrafiscales como los llamados impuestos verdes.

En consecuencia, y en apego al espíritu de una verdadera armonización tributaria entre los niveles de gobierno, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con el ánimo de que se inicie una reflexión en esta soberanía para enriquecerla y, en su caso, aprobarla:

Iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 10-E de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único. Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 10-E de la Ley de Coordinación Fiscal; y se derogan las fracciones I, II y III y el último párrafo del mismo artículo.

Artículo 10-E. Las entidades que estén adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal no mantendrán en vigor ningún tipo de impuesto a la tenencia o uso de vehículos. Esta obligación se incorporará a los convenios que celebren con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de lo dispuesto por esta ley.

Si alguna entidad federativa contraviene lo dispuesto en el párrafo anterior, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 11 de esta ley.

I. Derogada

II. Derogada

III. Derogada

Derogado

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público firmará nuevamente convenios con las entidades federativas que deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. En dichos convenios se incluirá una cláusula que contemple lo dispuesto en el artículo 10-E de esta ley.

Notas:

1. Serna de la Garza, José María, El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en “Las Convenciones nacionales fiscales y el federalismo fiscal en México”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Estudios Jurídicos Núm. 55, México 2004. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1325/5.pdf

2. El artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal señala que: “Las Entidades que no deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, participaran en los impuestos especiales a que se refiere el inciso 5o. de la fracción XXIX, del artículo 73 constitucional, en los términos que establecen las leyes respectivas”.

3. Op. cit Serna de la Garza, José María.

4. El 21 de diciembre de 2007 se publicó el “Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios”. Ahí quedó asentado que a partir del 1 de enero de 2012 se abrogaría la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos con las siguiente acotación: “En caso de que, en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, antes de la fecha señalada en el párrafo anterior las entidades federativas establezcan impuestos locales sobre tenencia o uso de vehículos respecto de vehículos por los que se deba cubrir el impuesto federal contemplado en la ley que se abroga, se suspenderá el cobro del impuesto federal correspondiente en la entidad federativa de que se trate”.

5. A diferencia de lo que se opina con frecuencia, el impuesto a la tenencia no se creó para financiar las Olimpiadas de 1968. En el Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1962 se previó la aplicación de un impuesto “especial” sobre la tenencia y uso de automóviles cuya razón era contribuir al gasto público para la expansión de carreteras, autopistas, y vías, razones que cuatro décadas después ya no eran del todo válidas.

6. En un reportaje titulado “Migran autos al Edomex para no pagar tenencia”, el Periódico El Universal señala que si bien la Secretaría de Finanzas del Estado de México tiene un “candado” para que el reemplacamiento no sea tan sencillo, se comprobó que “hay al menos dos formas para eludir este ‘candado’: el primero es obtener una tarjeta de débito y abrirla con la dirección de un familiar o conocido que resida en el Edomex (...) la segunda opción es acudir directamente con los ‘coyotes’”. Disponible en http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/114906.html

7. Flash Fiscal 04, febrero 2012. Disponible en http://www.kpmg. com/MX/es/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Flash-Fiscal/2012/Le y-Impuesto-tenencia-FF05.PDF

8. Federalismo Fiscal en México, SHCP, septiembre de 2010. Disponible en www.oecd.org/tax/taxpolicyanalysis/46091737.ppt. “De acuerdo a cifras del año 2005, en México el gobierno federal recauda poco más de un 94% de los ingresos fiscales totales, mientras que los estados y municipios ingresan solamente un 6% en su conjunto”, en Nexos, v. 30, n. 371, noviembre 2008.

9. Distrito Federal. Recaudación de Agua y Predial 1999-2009, agosto de 2011.

10. Este tipo de tributos no sólo se configuraría como un instrumento productor de ingresos, sino que de igual manera y sin perder su naturaleza fiscal, podría fungir como una herramienta orientada a la consecución directa de objetivos ajenos al fin fiscal como: conseguir una mejor redistribución de la riqueza, evitar conductas indeseables, o proteger el medio ambiente. Véase Merino, Mariana, Fines extrafiscales. Sus límites constitucionales, Editorial Porrúa, México 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2013.— Senadora Gabriela Cuevas Barron (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores.

ARTICULOS 73, 102, 105, 107, 110 Y 122 CONSTITUCIONALES

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el senador Juan Carlos Romero Hicks, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, que suscribe él mismo, así como la senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN. Me está informando que solicita que se turne directamente a comisiones. En tal virtud, esta Presidencia informa que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores.

LEY DEL SEGURO SOCIAL - LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO - LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, suscrita por los diputados Trinidad Secundino Morales Vargas, Uriel Flores Aguayo y Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema a resolver con la presente iniciativa con proyecto de decreto

Ante el gravísimo problema de la informalidad en el país con 29.3 millones en esta condición, esto según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, se deben buscar los caminos para reducir la precariedad laboral de estas personas mediante su afiliación a la seguridad social, en tanto se logran los cambios sociales, económicos y fiscales profundos para su incorporación a la economía formal, lo que necesariamente será gradual.

Argumentos

La precariedad creciente en el empleo, es la tónica de los últimos años. Lo que se traduce, en una verdadera devastación del mundo del trabajo, del que depende la sobrevivencia de la casi totalidad de los mexicanos. Al desempleo abierto (2.7 millones) y de las personas “disponibles” (más de 6 millones), debemos sumar a los cuasi desempleados que conforman al sector informal de la economía, con ya casi 30 millones de personas, cantidad alarmante que muestra los rezagos en el crecimiento económico y la injusta distribución de la riqueza, no sólo entre grupos sociales sino entre regiones, etnias, edades y géneros. Debiéndose además agregar las cifras de la subocupación, como un cerrojo más de este inadmisible, inconstitucional e inhumano estado de cosas.

Como lo afirma el Inegi, autor de las cifras antes señaladas, éstas significan que 6 de cada 10 trabajadores son informales. Entendiendo por tales, no sólo a los vendedores ambulantes, sino a las y los trabajadores domésticos, a quienes trabajan en empresas, instituciones y gobiernos sin estar dados de alta en la seguridad social o sin tener contrato por escrito, a los que participan en la agricultura campesina o como jornaleros, así como a quienes se ocupan en negocios familiares (Inegi, en relación al Panel Mundial de Expertos, realizado bajo el auspicio de la Organización Internacional del Trabajo, OIT).

Redefinición del concepto de la informalidad, que hace años venían sosteniendo especialistas e instituciones académicas. Siendo plausible, la decisión realista y con transparencia del Inegi de dar estos datos, en la consecución del derecho humano a la verdad y, como diagnóstico indispensable para conocer la dimensión y características del problema, y buscar los medios para su mejor y pronto solución.

Desde luego, lo ideal, sería que a la brevedad, se tomaran las medidas necesarias para incorporar a estos casi 30 millones al sector formal de la economía: apoyos crediticios oportunos, suficientes y bandos, estímulos fiscales y supresión de todo tipo de trabas para el inicio de negocios, especialmente tratándose de las Pymes, impulso a las cooperativas y otras formas de autorganización para el empleo, protección que no proteccionismo a la economía nacional, seguro de desempleo, por citar algunos. Más la realidad es que este proceso, se llevará tiempo.

En tanto, ¿qué va a ser de estos trabajadores y sus familias, sin acceso a prestaciones básicas, comenzando por su afiliación a la seguridad social?

La exclusión de los informales nos lleva a considerar que:

La primera en perder es la propia seguridad social, de la que se excluyen los ingresos que estos 30 millones les entregarían de manera periódica; necesidad de estos recursos que se agravará, en la medida en que se incremente el número de trabajadores informales frente a los formales.

Pierde la sociedad, ya que estos millones de informales, carecen de una atención adecuada en materia de salud, de vivienda, educación, entre otros, en afectación especial de las y los niños, jóvenes y mujeres embarazadas.

Pierde la economía, que se vería impulsada con los recursos que aportarían estos trabajadores en la construcción de viviendas, y demás esferas del consumo social.

Pierde la productividad, ya que esta precariedad, incide en la capacidad productiva, física y psicológica, de los trabajadores que trabajan en la informalidad, destacadamente mediante la simulación de las relaciones de trabajo en los centros de trabajo de la iniciativa privada y de los gobiernos.

Luego, se debe reconstruir, el estado de bienestar, como una de las más importantes aportaciones del pacto social que da esencia a nuestra Constitución. El primer paso, en la reconstrucción del estado de bienestar a favor de los trabajadores informales, es el abrirles las puertas para su incorporación gradual a la seguridad social; en este sentido hablamos del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit.

Esta necesidad, si no queremos que se transforme en una fábula, requerirá de los apoyos económicos necesarios a cargo del Estado para todos los trabajadores informales independientes que perciban hasta 3 salarios mínimos. La propuesta es que éste les cubra las cuotas necesarias desde un 80 hasta un 60 por ciento, según el monto de la percepción del trabajador. En el caso de los trabajadores con percepciones mayores a los tres salarios mínimos, el pago de las aportaciones necesarias se dividirían en partes iguales entre el trabajador y el Estado; pero si estos trabajadores prestan sus servicios a un patrón, del sector privado o público, las cuotas se pagarían de manera tripartita en los términos que marca la Ley aplicable. En la actualidad, ya se otorgan subsidios para el pago de las cuotas obrero patronales de los jornaleros agrícolas, por lo que nuestra propuesta sólo amplía el otorgamiento de estos subsidios, al resto de los trabajadores informales.

Nuestra propuesta exige la incorporación de preceptos específicos a las Leyes del Seguro Social, ISSSTE e Infonavit, ya que las disposiciones actuales exigen el alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la persona relativa como trabajador independiente, para que proceda su registro ante el IMSS. O bien, ni siquiera prevén tal posibilidad. Es decir, las instituciones de seguridad social, ejemplos de justicia social, se han transformado en excluyentes y discriminatorias.

Nosotros partimos, de que la tutela de los derechos sociales, debe operar con propia autonomía frente a lo estrictamente fiscal, lo que deriva de la esencia de ambas relaciones jurídicas. Son dos mundos correlacionados pero autónomos.

La incorporación a la seguridad social, sería voluntaria, con excepción de las personas que prestan sus servicios a un patrón de la iniciativa privada, o a dependencias y entidades de la administración pública federal, cuya incorporación sería obligatoria.

Esta incorporación comprendería los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad (seguro de salud en la Ley del ISSSTE) y los ramos de guarderías (Servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil, caso del ISSSTE) y de pensiones de vejez y cesantía en edad avanzada.

A la fecha, por esencia, hablar de derecho laboral, es referirnos a la prestación de un servicio personal subordinado a un patrón. El patrón es el que manda el trabajador es el que obedece.

Sin embargo, destacados estudiosos del derecho laboral, anunciaron desde hace tiempo que la subordinación como requisito indispensable para entrar a la tutela del trabajo, era sólo el punto de partida para dar origen a una de las ramas más importantes del derecho de los últimos siglos, revolucionario, humano, tutelar, camino de igualdad y equidad. Pero que por vocación el Derecho del Trabajo seguiría expandiéndose hasta acabar protegiendo y dignificando a todas las personas que viven de su trabajo, de su esfuerzo. Lo cual además fortalecería cuantitativa y cualitativamente a éste, una de las ramas jurídicas de mayor futuro si reconoce la realidad y los nuevos equilibrios sociales.

Por tanto, cada vez queda más claro que la subordinación pasará a ser un elemento importante pero ya no definitorio para delimitar el mundo de aplicación de esta rama del derecho. Esto abre la puerta para la incorporación de todos los trabajadores informales.

La expansión masiva del trabajo informal es tónica de las últimas décadas en el país, y de todo el mundo sin distingos de posiciones ideológicas. Por tanto es imposible hablar de un proyecto de Nación que excluya de su tutela e integración a los millones que viven de la actividad económica no estructurada. Esto no sólo pone en riesgo la legitimidad de las actuales instituciones, sino que incide en problemas sociales como la integración familiar, la salud, la educación, el desarrollo económico, y en general pone en jaque la sobrevivencia de la sociedad toda. Este fenómeno nace de manera directa de la política llamada neoliberalismo y en general de los desequilibrios surgidos en el marco de la llamada globalización.

Podemos definir el trabajo informal, como el esfuerzo legal de sobrevivencia de una persona en razón de las omisiones del Estado, diluido y atrapado en la corrupción a consecuencia del embate del neoliberalismo.

La devastadora crisis económica que ha condicionado la política neoliberal en contra del pueblo de México, contrasta con la enorme acumulación de la riqueza en pocas manos, que es la otra cara de la misma moneda. No importa que el pueblo se quede sin fondos de pensiones que desaparecen por diversos conductos sospechosos o abiertamente ilegales, con salarios paupérrimos, con empleos sin prestaciones, o que el desempleo se haga una plaga social. Obvio que la crisis económica con que se golpea al jefe de familia acaba golpeando a todos sus dependientes económicos: niños y jóvenes que dejan la escuela o que bajan su rendimiento escolar, que tienen que trabajar a muy temprana edad, aumentando los riesgos de caer en la drogadicción o de incorporarse a actividades delictivas o ser víctimas del tráfico de personas.

Lo que significa en suma que se reducen a grados intolerables el bienestar, la libertad, la felicidad y el poder de decisión de la inmensa mayoría de la comunidad. La cual busca formas alterativas para sobrevivir, es decir, sale a la calle, a la selva urbana y por la libre se erige en comerciante de mercancías o de servicios, o en microproductor, tanto en zonas rurales como urbanas. Actividad que indudablemente es constitucional, al consagrase en nuestra Carta Magna el derecho a la vida, a la salud, al desarrollo de los niños y de la familia toda, el derecho al trabajo, entre otros. Los recursos obtenidos de la informalidad, responde a una autorganización de la comunidad ante el vacío en el cumplimiento de las atribuciones del Estado en materia de empleo, educación, salud y demás, por lo que el pueblo asume sus facultades originarias y lucha por su propia sobrevivencia. Lo ilícito pues no es que el pueblo busque algún camino para acceder a medios para su existencia, sino que el Estado no otorgue el suficiente empleo formal y demás requerimientos sociales. Esto se ve aún más claro, cuando es el propio Estado o el patrón quien incorpora al trabajador a su servicio, violando abiertamente sus derechos humanos laborales.

Incluso el desarrollo del pueblo de estas formas de autoempleo y autoproducción, equivale a subsidiar al Estado, que omite hacer los desembolsos sociales necesarios. Además la informalidad, asumiendo todos los riesgos, cumple el importantísimo servicio de hacer llegar productos necesarios a la sociedad de manera accesible tanto geográfica como económicamente, con lo que se beneficia a las personas de más bajos recursos; pero paralelamente va abriendo el cauce para la economía del futuro. Una economía realista que omita las reglamentaciones burocráticas a casi cero lo que permitiría que en pocos horas se pueda abrir un negocio, que reduzca al mínimo los impuestos, pues este sistema tributario se basará no en la expoliación de los pocos negocios que permite la camisa de fuerza de la burocracia y la corrupción, sino en la expansión de la base productiva y humana. En suma, que la red laboral y de negocios de la economía informal ha probado ser infinitamente más eficiente que la economía formal.

Luego, más que combatir la informalidad por medios represivos, lo que se debe hacer es utilizarla como una base para el despegue económico que exige el país, basado en el poder de iniciativa de amplias masas, complementado con la protección de seguridad social que debe darse a este tipo de trabajo. Esto bajo el reconocimiento de la utilidad social que representa el ambulantaje como forma de empleo, como apoyo para la sobreviviencia de la familia, como base económica eficiente de comercialización y producción. Lo que redundará en la en la incorporación a la economía formal de este tipo de trabajo.

A estas alturas del país, concretamente conforme a la información del Inegi a diciembre de 2012, insisto, 29.3 millones de trabajadores se dedican a la actividad informal, lo que representa un mayor número que los trabajadores permanentes inscritos en el IMSS, 16.1 millones de afiliados a noviembre de 2012 y, 2.7 millones en el ISSSTE. Es imposible hablar se justicia laboral si este enorme universo de trabajadores queda fuera de su tutela e incluso son perseguidos como infractores de la ley, imposible que las instituciones de seguridad social busquen cualquier viabilidad financiera y humana hacia el futuro si dejan fuera a la actividad informal, es decir, un universo amplísimos de personas si computamos el núcleo familiar. Perseguidos como extranjeros en su propia tierra y por el gobierno que los debía tutelar. Y el Gobierno Federal debe hacerlo porque no se trata de una situación que derive de caprichos personales sino de un conjunto de circunstancias objetivas económicas y sociales que el propio Estado ha provocado, de manera directa o indirecta.

Deben crearse las condiciones para que todos estos emprendedores accedan a la economía formal, pero lo que el horizonte económico nos muestra bajo el dumping social de China y otros países del conocido como BRIC (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) es que en lo futuro se mantendrá la economía informal. Es decir, con una política económica que busque el crecimiento económico y tenga visión nacionalista y popular, se podrá reducir, pero difícilmente podrá desaparecer de golpe la informalidad. Es mejor su reconocimiento en toda su significación social, económica y política y atarla a la marcha del desarrollo del país. Basta ver que durante el año que fenece, la economía apenas creció un 3.9 por ciento.

Hay que enfatizar que la mayoría de las personas dedicadas a la informalidad son mujeres, por lo que la esencia de nuestra propuesta en esta iniciativa implicaría la aplicación de la justicia con perspectiva de género. Al respecto no debemos de olvidar que más de la tercera parte de los hogares en nuestro país están encabezados por una mujer.

Por otra parte, si bien en el caso, no estaremos en presencia de una relación de trabajo subordinada, no hay patrón, es un autoempleo; pero indirectamente, bien analizado encontramos, por lo que llevamos dicho, que el Estado actúa como interlocutor de este tipo de relación jurídica y en la cual indudablemente tiene una responsabilidad objetiva; es trabajo y merece las garantías básicas. No es posible que hasta los patrones personas físicas puedan recibir los beneficios del seguro social y estos trabajadores queden como inexistentes. Para no hablar de la informalidad, que presta sus servicios de manera subordinada, pero sujeta a insostenibles formas de fraude laboral, de simulación, respecto a lo cual los diversos niveles de gobierno dan un aberrante ejemplo.

Por otro lado no hay que olvidar que conforme a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la personas que prestan sus servicios de manera independiente pueden abrir su cuenta individual para obtener una pensión al final de su vida laboral o por lo menos un ahorro al momento de dejar su vida laboral. De ahí que no se proponga ninguna reforma a esta ley.

Se propone la incorporación voluntaria de los trabajadores informales al Infonavit, mediante el pago de la aportación del 5 por ciento. Pero cuando presten sus servicios a un patrón, éste deberá cubrir esta cantidad.

En suma, materia de seguridad social estas reformas representan un paso importante para poner fin a la escasa cobertura de instituciones como el IMSS, ISSSTE e Infonavit, permitiéndose no sólo extender sus beneficios a favor del pueblo trabajador como lo exige la justicia social, sino que serán pieza clave para poner fin al crónico desequilibrio financiero de éstas.

Fundamento legal

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, fracción II, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, ponemos a su consideración la presente iniciativa.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa de ley con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Artículo Primero. Se reforman la fracción II del artículo 13, fracciones I y II del artículo 227; se adicionan dos últimos párrafos al artículo 13, un párrafo al inciso b) de la fracción II del artículo 222, un párrafo a la fracción II del artículo 227, dos últimos párrafos a la fracción I del artículo 228, todos de la Ley del Seguro Social, en los siguientes términos:

Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio:

I. ...

II. Los trabajadores domésticos y los trabajadores informales que presten sus servicios de manera independiente;

III. a V. .........

Respecto a la fracción II el trabajador informal tendrá derecho a solicitar su inscripción, debiendo el Instituto aceptar como cierta la palabra del trabajador sobre su calidad de informal; pudiendo hacer las inspecciones necesarias para verificar su calidad. Por tanto no se podrá exigir a estos trabajadores el registro fiscal u otros requisitos adicionales para su inscripción.

Los trabajadores informales que presten sus servicios a un patrón, deberán ser inscritos por éste en el régimen obligatorio del instituto, dentro del término establecido por el artículo 15 de esta ley.

Artículo 222. La incorporación voluntaria de los sujetos a que se refiere el presente capítulo, se realizará por convenio y se sujetará a las siguientes modalidades:

I. ...

II. El esquema de aseguramiento, para los sujetos que señala este capítulo, comprende:

a)...

b) Para los sujetos a que se refiere la fracción II del artículo 13 de esta Ley, las prestaciones en especie de los seguros de riesgos de trabajo y de enfermedades y maternidad y las correspondientes de los seguros de invalidez y vida, así como de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, en los términos de los capítulos respectivos.

Tratándose de los trabajadores informales que presten sus servicios de manera independiente, las prestaciones en especie de los seguros de Riesgos de trabajo y de Enfermedades y maternidad, y los ramos de guarderías y de vejez y cesantía en edad avanzada.

c) a e) ...

Artículo 227. Las cuotas obrero patronales correspondientes a los sujetos de este capítulo se cubrirán con base en:

I. Un salario mínimo del Distrito Federal vigente en el momento de la incorporación, o de la renovación anual, para los trabajadores informales que presten sus servicios de manera independiente y los sujetos a que se refieren las fracciones I, III y IV del artículo 13 de esta Ley. y

Los sujetos referidos en el párrafo anterior, tendrán derecho a optar por pagar las cuotas obrero-patronales sobre una base salarial superior sin exceder los veinticinco salarios mínimos generales del Distrito Federal.

II. Conforme al salario real integrado de acuerdo al artículo 27 de este ordenamiento, para los trabajadores domésticos y los sujetos a que se refiere la fracción V del artículo 13 de esta ley.

...

Artículo 228. A las bases de cotización señaladas en el artículo anterior, se les aplicarán las primas de financiamiento que establece esta ley y que corresponden a los seguros que, en cada caso, comprenda el esquema de protección, reduciendo la parte proporcional relativa a las prestaciones que se excluyen.

La cuota así determinada se cubrirá de la manera siguiente:

I. Para los sujetos a que se refieren las fracciones II y V del artículo 13, de acuerdo a lo establecido tratándose de los sujetos del artículo 12 de esta Ley, y

Tratándose de los trabajadores informales que presten sus servicios de manera independiente, las primas de financiamiento a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se cubrirán conforme al siguiente cuadro:

Cuando los trabajadores informales presten sus servicios a un patrón, las cuotas y aportaciones se cubrirán conforme a lo establecido en esta ley.

II. ...

Artículo Segundo. Se reforman el último párrafo del artículo 5o., y el último párrafo del artículo 56; Se adiciona un artículo 29 A, todos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en los siguientes términos:

Artículo 5o. El patrimonio del instituto se integra:

I. a V. ...

Las aportaciones de los patrones a las subcuentas de vivienda son patrimonio de los trabajadores, incluidas las efectuadas a favor de los trabajadores informales.

Artículo 29 A. Los trabajadores informales, tendrán derecho incorporarse voluntariamente al Instituto, debiendo cubrir las aportación del cinco por ciento establecida en esta Ley. A consecuencia de lo cual serán titulares de los derechos previstos en ésta para los trabajadores sujetos a una relación de trabajo subordinada.

Al efecto el instituto aceptará como cierta la palabra del trabajador informal; pudiendo hacer las inspecciones necesarias para verificar su calidad. Por tanto no se podrá exigir a estos trabajadores el registro fiscal u otros requisitos adicionales para su inscripción.

Cuando el trabajador informal preste su servicio a un patrón, éste deberá afiliarlo y pagar la aportación del cinco por ciento, ambos en los términos establecidos en esta ley.

Las aportaciones se cubrirán sobre la base salarial prevista en el artículo 227 fracción I de la Ley del Seguro Social

Artículo 56. El incumplimiento de los patrones para enterar puntualmente las aportaciones y los descuentos a que se refieren los artículos 29 y 29 A, causarán actualización y recargos y en su caso, gastos de ejecución, conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación.

.........

Artículo Tercero. Se reforman el párrafo primero del artículo 1o., el primer párrafo del artículo 167 y la fracción I del artículo 168; se adiciona un último párrafo al artículo 1o., todos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores al Servicio del Estado, en los siguientes términos:

Artículo 1o. La presente ley es de orden público, de interés social y de observancia en toda la República, y se aplicará a las dependencias, entidades, trabajadores al servicio civil, trabajadores informales al servicio civil, pensionados y familiares derechohabientes, de:

I. a VIII. ...

Los trabajadores informales que presten sus servicios al Estado, deberán ser afiliados por éste y, deberán pagarse las cuotas y aportaciones, en los términos establecidos por esta ley.

Artículo 167. El instituto administrará el Fondo de la Vivienda que se integre con las aportaciones que las dependencias y entidades realicen a favor de los trabajadores, incluidos los trabajadores informales.

...

...

...

Artículo 168. Los recursos para la operación del Fondo de la Vivienda se integran con:

I. Las aportaciones que las dependencias y entidades enteren al Instituto a favor de los Trabajadores, incluidos los trabajadores informales;

II. y III. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los cien días día naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 y subsecuentes, se destinarán recursos suficientes para dar cumplimiento a lo establecido en el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2013.— Diputado Trinidad Morales Vargas (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social y de Vivienda de la Cámara de Diputados, para dictamen.

LEY DE COORDINACION FISCAL

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: En este momento tiene la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal. Adelante, señor diputado Monreal Ávila.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Estimados Legisladores; ciudadanos y ciudadanas, vengo a presentar una iniciativa con proyecto de decreto sobre un tema trascendente: la contratación de deuda estatal en los términos de períodos de gobierno municipal y estatal.

En nuestro país, la corrupción, acompañada de la impunidad, se han vuelto parte de la vida diaria de los mexicanos debido a la debilidad de las instituciones, pero sobre todo a la complicidad que existe entre autoridades, jueces y gobernantes.

Existe un amplio campo para la arbitrariedad y la satisfacción de intereses particulares a expensas de necesidades comunales.

En el caso de endeudamientos de estados y municipios, en los últimos años se ha registrado un crecimiento de las deudas estatales de manera desproporcionada, impresionante, respecto del producto interno bruto y un aumento en cerca del 72 por ciento en relación con las participaciones federales.

De 2008 a 2011, el saldo total de la deuda de las entidades federativas y los municipios pasó de 203 a casi 400 mil millones de pesos; es decir, se suscitó un incremento en el saldo total de las obligaciones financieras de estados y municipios de casi 200 mil millones de pesos, en tan solo 3 años.

Como consecuencia, las finanzas públicas estatales y municipales se han vuelto insostenibles, teniendo casos donde las deudas han aumentado entre 200 y 900 por ciento, en casos concretos. Incluso la Secretaría de Hacienda informó que la deuda de los estados asciende a más de 400 mil millones de pesos al tercer trimestre, aumentando 4 por ciento con respecto al año anterior. Ha alegado esta dependencia que aún cuando existen casos en buró de crédito, como Jalisco, Acapulco, Cuernavaca, no se realizarán rescates para subsanar deudas subnacionales.

Por eso resulta menester terminar con este vicio, que ha permitido llegar a niveles de quiebra, las cuales por falta de monitoreo, leyes efectivas, pero sobre todo por una práctica política perniciosa, que no podemos ocultar y que no hemos podido superar, que es la subordinación de los Poderes Legislativo y Judicial locales a los gobernadores, a los presidentes municipales.

Los casos en que se acentúan dichas conductas son en los que lamentablemente están a escasos días de terminar su gobierno.

Recientemente pasó en Tabasco; 30 días antes contratan una deuda de 4 mil 500 millones de pesos, o municipios del país que contrataron días antes deudas millonarias y que Chiapas es otro caso y muchos otros estados y municipios.

¿Qué es lo que estoy planteando en esta iniciativa? En esta iniciativa estoy planteando una adición al artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para que se prevea —en este artículo— que los gobernadores de estados y municipios que terminan su gestión no contraten deuda, no puedan contratar deuda directa ni contingente a partir del momento en que la autoridad electoral correspondiente confirme el triunfo electoral de los gobernadores y presidentes municipales y que no contrate, salvo que tenga el consentimiento de los gobernadores o presidentes municipales electos.

Esto va a frenar esta práctica perniciosa, este círculo vicioso, que se está presentando en estados y municipios, en donde los gobernadores plantean ante Legislativos dóciles, la contratación de empréstitos días antes de la terminación de su gestión.

Tenemos que elevarlo a nivel legal, aparte de otras reformas que ya he propuesto en días pasados en la Cámara de Diputados, que se complementan con toda la necesidad de la revisión fiscal, en materia de control de establecimiento de contrapesos para la adquisición o para la suscripción de empréstitos, deuda de los estados y municipios.

Muchos municipios en este momento se encuentran en bancarrota, en quiebra. Pero además, se mantiene la impunidad de quienes fueron presidentes o gobernadores y no son tocados por ninguna autoridad.

Por eso esta iniciativa plantea que no puedan los gobernadores y presidentes municipales adquirir deuda en este período, en el que ya prácticamente concluye su gestión gubernamental.

Es provocado por la necesidad y por esa razón le estoy planteando a esta Permanente esta posibilidad, esta iniciativa con proyecto de decreto sobre la contratación de la deuda estatal al término de un período gubernamental. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno la siguiente iniciativa que contiene el proyecto por el que se reforma el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país la corrupción e impunidad se han vuelto parte de la vida diaria de los mexicanos. Debido a la debilidad de nuestras instituciones, existe un amplio campo para la arbitrariedad y la satisfacción de intereses particulares a expensas de necesidades comunes.

En el caso de endeudamiento de estados y municipios, en los últimos años, se ha registrado un crecimiento sostenido de las deudas estatales de 1.6 a 2.4 por ciento, respecto al Producto Interno Bruto, y un aumento de 64.5 a 72 por ciento, en relación con las participaciones federales.

De 2008 a 2011 el saldo total de la deuda de las Entidades Federativas y los Municipios pasó de 203,070.2 a 390,777.5 millones de pesos, es decir, se suscitó un incremento en el saldo total de las obligaciones financieras de Estados y Municipios de casi 200,000 millones de pesos en tan sólo 3 años.

Como consecuencia, las finanzas públicas estatales se han vuelto insostenibles, teniendo casos donde las deudas han aumentado entre 200 y 900 por ciento.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que, en el 2012, la deuda total de los 32 Estados ascendió a 406 mil 765 millones de pesos al tercer trimestre, aumentado 4 por ciento con respecto al cierre del año anterior.

De acuerdo con el reporte de dicha Secretaría, de enero a septiembre, la mitad de las Entidades aumentó la cantidad de pasivos, destacando Zacatecas, Veracruz, Sinaloa, Baja California, Quintana Roo y Nayarit.

Luis Videgaray, secretario de dicha dependencia, ha declarado que, aún cuando existen casos en buró de crédito como Jalisco, Acapulco y Cuernavaca, no se realizará un rescate para subsanar deudas subnacionales.

Si en verdad se desea terminar con el problema, es necesaria la creación de candados que pongan en marcha pesos y contrapesos que limiten la capacidad de acción de actores que se valen de la opacidad para satisfacer demandas personales.

Resulta menester terminar con vicios que han permitido llegar a niveles de quiebra, los cuales son: la falta de monitoreo y leyes efectivas, la subordinación de los poderes legislativo y judicial locales a cacicazgos gubernamentales y una presidencia débil.

Los casos en los que se acentúan dichas conductas son aquellos en los que, a pesar de quedar escasos días de gobierno, la administración saliente contrata deuda con total impunidad.

Como ejemplo tenemos lo ocurrido en septiembre del año pasado, cuando el Gobernador de Chiapas, Juan Sabines, pidió al Congreso local la aprobación de 5 mil millones de pesos, faltando tres meses para terminar su gestión.

Del mismo modo, el entonces Gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, solicitó al Congreso del Estado, a 40 días de concluir su administración, contratar deuda pública por 4 mil 130 millones de pesos. El 16 de noviembre el Congreso local la autorizó.

Como razones del endeudamiento se plantearon 2 mil 14 millones a infraestructura y seguridad y 2 mil 116 millones a reestructuración de pagos de créditos a corto plazo, utilizando un esquema de pago a 20 años.

Por sí mismas son absurdas las justificaciones mencionadas, pero lo más grave es que los Congresos estatales aprobaran los permisos de contracción de deuda sin etiqueta, lo cual da un amplio margen a acciones corruptas debido a la opacidad del término y a los lapsos de gestión restantes de los equipos de trabajo de los titulares del Estado.

Los recursos que las Entidades Federativas reciben son limitados, la mayoría funcionan gracias a los impuestos a nóminas, al turismo y a las aportaciones federales. ¿Qué tan grande es el impacto de los endeudamientos para las nuevas administraciones? Dichas acciones atan totalmente cualquier intento del gobierno entrante por satisfacer las demandas básicas de los habitantes.

Con base en esto, podemos concluir que si bien el endeudamiento puede darse para el desarrollo de proyectos que son necesarios para mejorar las condiciones de vida de una comunidad, también puede ser el resultado de un mal manejo financiero utilizado para beneficios personales que impliquen corrupción.

Esto se acentúa en gobiernos próximos a dejar el cargo, de allí la importancia de que al lado de los controles basados en reglas, se establezcan medidas para mejorar la gestión financiera y para establecer candados que impidan actos corruptos. Es urgente un monitoreo eficaz sobre los gastos de los Estados, sólo así se podrá termina con este vicio.

Resulta necesaria la creación de incentivos adecuados que tengan como finalidad sanear y manejar prudentemente las finanzas públicas.

Las mejoras estructurales a realizar deben tomar en cuenta el riesgo moral de que los gobiernos locales no se conduzcan con cautela debido a la creencia de que el Gobierno Federal debe rescatarlos en caso de urgencia.

Es por lo previamente descrito que en Movimiento Ciudadano consideramos que en aquellas Entidades en las que existan Gobernador Constitucional y Gobernador Electo, deberán dar ambos el consentimiento de la contratación de deuda que se pretenda realizar para el Estado.

Sólo así se podrá frenar la impunidad presente en los gobiernos salientes, sólo así se garantizará el beneficio de toda la población y no tan sólo de unos cuantos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma  el artículo 9o.  de la Ley de Coordinación Fiscal

Único. Se adiciona un párrafo al artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 9o. Las participaciones que correspondan a las entidades y municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por las entidades o municipios, con autorización de las legislaturas locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de entidades y municipios, a favor de la Federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

...

...

...

...

Los gobernadores de estados y municipios que terminan su gestión no podrán contratar deuda directa ni contingente,  a partir del momento en que la autoridad electoral correspondiente confirme el triunfo electoral de los gobernadores y presidentes municipales, sin tener el consentimiento de los nuevos gobernantes elegidos.

En el reglamento que expida el Ejecutivo federal se señalarán los requisitos para el registro de las obligaciones de entidades y municipios.

Texto vigente

Artículo 9o. Las participaciones que correspondan a las entidades y municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por las Entidades o Municipios, con autorización de las legislaturas locales e inscritas a petición de dichas Entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de entidades y municipios, a favor de la Federación, de las Instituciones de Crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

Las obligaciones de los Municipios se registrarán cuando cuenten con la garantía solidaria del Estados, salvo cuando a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tengan suficientes participaciones para responder a sus compromisos.

Las entidades y municipios efectuarán los pagos de las obligaciones garantizadas con la afectación de sus participaciones, de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro establecidos en sus leyes estatales de deuda. En todo caso las Entidades Federativas deberán contar con un registro único de obligaciones y empréstitos, así como publicar en forma periódica su información con respecto a los registros de su deuda.

No estarán sujetas a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, las compensaciones que se requieran efectuar a las Entidades como consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos originados del incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de contribuciones. Asimismo, procederán las compensaciones entre las participaciones federales e incentivos de las Entidades y de los Municipios y las obligaciones que tengan con la Federación, cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o esta ley así lo autorice.

El gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los gobiernos de las Entidades que se hubieren adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán celebrar convenios de coordinación en materia contable y de información de finanzas públicas.

En el reglamento que expida el Ejecutivo Federal se señalarán los requisitos para el registro de las obligaciones de entidades y municipios.

Reforma propuesta

Artículo 9o. Las participaciones que correspondan a las entidades y municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por las entidades o municipios, con autorización de las legislaturas locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de entidades y municipios, a favor de la federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad cuenten con la garantía solidaria del Estado, salvo cuando a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tengan suficientes participaciones para responder a sus compromisos.

Las entidades y municipios efectuarán los pagos de las obligaciones garantizadas con la afectación de sus participaciones, de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro establecidos en sus leyes estatales de deuda. En todo caso las entidades federativas deberán contar con un registro único de obligaciones y empréstitos, así como publicar en forma periódica su información con respecto a los registros de su deuda.

No estarán sujetas a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, las compensaciones que se requieran efectuar a las Entidades como consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos originados del incumplimiento de metas pactadas con la federación en materia de administración de contribuciones. Asimismo, procederán las compensaciones entre las participaciones federales e incentivos de las entidades y de los municipios y las obligaciones que tengan con la Federación, cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o esta ley así lo autorice.

El gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los gobiernos de las entidades que se hubieren adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán celebrar convenios de coordinación en materia contable y de información de finanzas públicas.

Los gobernadores de estados y municipios que terminan su gestión no podrán contratar deuda directa ni contingente,  a partir del momento en que la autoridad electoral correspondiente confirme el triunfo electoral de los gobernadores y presidentes municipales, sin tener el consentimiento de los nuevos gobernantes elegidos.

En el reglamento que expida el Ejecutivo federal se señalarán los requisitos para el registro de las obligaciones de entidades y municipios.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2013.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señor diputado Monreal Ávila. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para dictamen.

ARTICULOS 73, 102, 105, 107, 110 Y 122 CONSTITUCIONALES

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Esta Presidencia rectifica el trámite de la iniciativa presentada por los senadores María del Pilar Ortega Martínez y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del PAN. Es importante señalar que se retira de todos los registros parlamentarios.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tiene ahora a palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 192 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. Adelante, señor diputado.

El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, senadora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, en nuestro país existen un poco más de tres millones de personas jubiladas o pensionadas, las cuales a lo largo de toda su vida laboral han hecho grandes esfuerzos para conformar su ahorro para el retiro.

En esta población están considerados, en mayor proporción, quienes terminan su etapa laboral a los 60 años de edad en promedio o cuando cumplen los años de servicio que señala la ley del ISSSTE, o las semanas de cotización que marca la Ley del Seguro Social.

Estas personas aspiran al final de su etapa de trabajo a contar con un máximo de rendimientos en ahorro para el retiro, porque en ocasiones el monto que reciben de pensión no es suficiente para cubrir sus necesidades.

En los años recientes, se ha dado un debate interesante sobre el esquema de que debe seguirse para fortalecer los esquemas de seguridad social, con el objetivo de ampliar la cobertura, en especial a los mexicanos que no gozan de dichas prestaciones.

De manera general, para el caso del ISSSTE, los fondos que sustentan al sistema de seguridad social son nueve fondos, donde destaca: el Fondo de Administración, el Fondo de Ahorro para el Retiro, el Fondo Médico y el Fondo de Pensiones.

Para el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley del Seguro Social comprende los siguientes seguros: de riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y guarderías, así como prestaciones sociales.

Como puede verse, cada uno de estos elementos han sido contemplados para integrar una serie de prestaciones, desde el inicio de la vida laboral de cada trabajador hasta la etapa en la que todos y cada uno de ellos logren gozar de ellos en condiciones de retiro, ya sea por pensiones o por jubilaciones.

De igual manera, es posible decir que la seguridad social en nuestro país se deriva de características que permiten a todo trabajador disfrutar de la oportunidad de insertarse en esos estándares de protección, por lo que se persigue el objetivo de alcanzar un mejor desarrollo social y humano.

Con lo anterior, es pertinente reconocer el esfuerzo y sacrificio que los trabajadores mexicanos en nuestro país tengan mínimamente garantizado, en cuanto sean acreditados como trabajadores jubilados o pensionados; el gobierno federal, a través de las instituciones de seguridad social respectivas, les hagan entrega total de todos los conceptos por los que se integran los fondos de ahorro para jubilados y pensionados, incluyendo los recursos en la subcuenta de vivienda, en el caso de que no hayan ejercitado este derecho cuando estaban en activo.

En este sentido, debemos recordar que en el pasado mes de enero entró en vigor la reforma al artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, haciendo posible que para todos los trabajadores jubilados y pensionados, en los términos de la Ley del Seguro Social de 1973, reciban en una sola exhibición el saldo de su subcuenta de vivienda 1997.

Esta reforma estuvo en suspenso durante muchos años, ya que fue interpuesto un recurso de amparo que llegó hasta el máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual falló a favor de los trabajadores jubilados y pensionados que nunca ejercieron el derecho a obtener un crédito de vivienda.

De esta manera, se coincide con que la reforma al artículo ya citado y publicado el 6 de enero de 1997, brinda beneficios a los trabajadores jubilados y pensionados que no ejercieron su crédito de vivienda y que por su decisión optaron por pensionarse conforme al régimen previsto en la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997.

Para los efectos de la presente iniciativa, proponemos que también en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se contemple dicha situación, en atención a los trabajadores al servicio del Estado.

Es pertinente decir que la presente iniciativa tiene el propósito de igualar las oportunidades de recibir el correspondiente fondo de ahorro para la vivienda para los derechohabientes del ISSSTE.

Debemos tomar que nuestra Carta Magna establece, en su artículo 4o., fracción VII, que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa; sin embargo, pueden existir casos donde el trabajador de manera voluntaria, por así convenir a sus intereses, nunca ejerza el derecho que tiene a recibir un crédito para vivienda o puede darse el hecho de que nunca sale beneficiado con uno, dado el esquema de sorteos que lleva a cabo el ISSSTE.

Al cumplirse el plazo de edad o años de servicio para poder jubilarse, los trabajadores al servicio del Estado tendrán pleno derecho a reclamar los derechos ahorrados en la subcuenta de vivienda para que le sean reintegrados.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación genera un precedente a favor de los trabajadores que han prestado sus servicios en las distintas instituciones que comprenden el Estado mexicano.

Solicito a la Presidencia insertar el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, senadora presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 192 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por el diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Ricardo Cantú Garza, diputado federal, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento a la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En nuestro país se encuentran poco más de 3 millones de personas jubiladas o pensionadas, de las cuales, a lo largo de toda su vida laboral han hecho grandes esfuerzos para conformar su ahorro para su retiro.

En dicha población, se consideran la mayor proporción quienes terminan su etapa laboral a los 60 años de edad en promedio o cuando cumplen los años de servicio que señala la Ley del ISSSTE o las semanas de cotización que marca la Ley del Seguro Social.

En cada una de estas personas durante toda su vida de trabajo es común escuchar que para el final de su etapa de trabajo desean contar con un máximo de rendimientos en dicho ahorro para el retiro, aunque en ocasiones el monto que reciben de pensión no es suficiente para cubrir sus necesidades.

En los años recientes, se ha dado un debate interesante sobre el esquema de que debe seguirse para fortalecer los esquemas de seguridad social, con el objetivo de ampliar la cobertura en especial a los mexicanos que no gozan de dichas prestaciones.

Siendo claros, de manera general, para el caso del ISSSTE, los fondos que dan sustento al sistema de seguridad social son los siguientes:

Fondo de Administración;

Fondo de Ahorro para el Retiro;

Fondo Médico;

Fondo de Pensiones;

Fondo de Préstamos,

Fondo de Préstamos Personales;

Fondo de Riesgos de Trabajo;

Fondo de Servicios Sociales y Culturales; y

Fondo de Vivienda, entre otros subsidios.

Para el caso del IMSS, la Ley del Seguro Social comprende los siguientes seguros:

Riesgos de trabajo;

Enfermedades y maternidad;

Invalidez y vida;

Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y

Guarderías y prestaciones sociales.

Como se ha notado, cada uno de estos elementos ha sido contemplado para integrar una serie de prestaciones desde el inicio de la vida laboral de cada trabajador, hasta la etapa en la que todos y cada uno de ellos logren gozar de ellos en condiciones de retiro, ya sea por pensiones o por jubilaciones.

De igual manera, es posible decir que la seguridad social en nuestro país se deriva de características que permiten a todo trabajador, disfrutar de la oportunidad de insertarse en esos estándares de calidad, por los que se persigue el objetivo de alcanzar un mejor desarrollo social y humano.

Con lo anterior, es pertinente reconocer el esfuerzo y sacrificio que todos los trabajadores en nuestro país tengan, mínimamente, garantizado que en cuanto sean acreditados como trabajadores jubilados o pensionados, el gobierno federal, a través de las instituciones de seguridad social respectivas, les hagan entrega total, de todos los conceptos por los que se integran los fondos de ahorro para jubilados y pensionados.

En este sentido, debemos recordar que en el pasado mes de enero, entró en vigor la reforma al artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, haciendo posible que para todos los trabajadores jubilados y pensionados, en los términos de la Ley del Seguro Social de 1973, reciban en una sola exhibición el saldo de su Subcuenta de Vivienda 1997.

Esta reforma estuvo en suspenso durante muchos años, ya que fue interpuesto un recurso de amparo, que llegó hasta el máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual falló a favor de los trabajadores jubilados y pensionados que nunca ejercieron el derecho a obtener un crédito de vivienda.

De esta manera, se coincide con que la reforma al artículo ya citado y publicado el 6 de enero de 1997, brinda beneficios a los trabajadores jubilados y pensionados que no ejercieron su crédito de vivienda y que por su decisión optaron por pensionarse conforme al régimen previsto en la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997.

Para los efectos de la presente Iniciativa, proponemos que también en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se contemple dicha situación en atención a los trabajadores al servicio del Estado.

Estamos proponiendo que el trabajador en el caso que decida que los recursos de la subcuenta de vivienda sean transferidos a la subcuenta del fondo para el retiro, el Instituto deberá hacer la transferencia correspondiente.

Es pertinente decir que la presente Iniciativa tiene el propósito de igualar las oportunidades de recibir el correspondiente fondo de ahorro para la vivienda para  los derechohabientes del ISSSTE, tomando en cuenta que los argumentos antes descritos sugieren solamente beneficiar a quienes son derechohabientes del IMSS, y bajo el principio de igualdad de oportunidades, proponemos atender también las necesidades de dichas personas interesadas en recibir su fondo de ahorro de vivienda.

Debemos tomar en cuenta que en nuestra Carta Magna, se establece en su artículo cuarto, fracción séptima que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”.

Sin embargo, pueden existir casos donde el trabajador de manera voluntaria por así convenir a sus intereses, nunca ejerce el derecho que tiene a recibir un crédito para vivienda, o puede darse el hecho de que nunca sale beneficiado con uno, dado el esquema de sorteos que lleva a cabo el ISSSTE.

Al cumplirse el plazo por edad o años de servicio, para poder jubilarse, los trabajadores al servicio del Estado, tienen pleno derecho de reclamar los recursos ahorrados en la subcuenta de vivienda para que les sean reintegrados.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, genera un precedente a favor de los trabajadores que han prestado sus servicios en las distintas instituciones que comprenden al Estado mexicano.

Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 192. Los recursos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda que no hubiesen sido utilizados por un trabajador para obtener un crédito de vivienda, de acuerdo con lo dispuesto en esta Sección, deberán ser pagados directamente al trabajador pensionado o jubilado, en una sola exhibición.

Para los efectos de lo anterior, el Instituto deberá desglosar la cantidad correspondiente al pago y de manera coordinada, transferir los recursos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda a la institución bancaria de la preferencia del trabajador.

Artículo Segundo. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 192 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 192. ...

...

Si fuera el caso de que el trabajador deseara que dicho recurso forme parte de la cuenta de retiro, el Instituto transferirá dicho recurso a las administradoras o aseguradoras para la contratación de la pensión correspondiente o su entrega en una sola exhibición, según proceda, en los términos de lo dispuesto por esta ley, a más tardar el segundo día hábil siguiente a que le sean requeridos.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan  al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a nueve de enero de 2013.— Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señor diputado Cantú Garza. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tiene la palabra el diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Trinidad Secundino Morales Vargas, el propio diputado que va a exponerla y Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del PRD. Tiene la palabra, señor diputado.

El diputado Uriel Flores Aguayo:Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia y de la asamblea; compañeras y compañeros legisladores, ante el grave aumento de suicidios en el país, especialmente entre niños y jóvenes, urge establecer en la Ley General de Salud, como materia de salubridad general, la prevención y atención de este flagelo.

El derecho humano central, contenido en nuestra Constitución federal, es el derecho a la vida, aunque no se señale de manera expresa es el que subyace a todos los demás, por lo que su tutela es una exigencia indeclinable, de lo contrario todos los demás derechos se diluyen en la nada jurídica.

El suicidio se ha transformado en nuestro país en un obstáculo central para hacer realidad el derecho a la vida, lo que exige que se pase de las crónicas y las cifras, a las acciones concretas y decididas para su prevención, pues aparte de los daños humanos irreparables se traduce en profundos daños económicos, laborales, familiares y sociales.

Toda pérdida de vida es dolorosa, con mayor razón cuando nos enfrentamos a niños y jóvenes, que por diversas causas atentan contra sí mismos.

Cuánta injusticia, cuánta soledad han debido de sufrir. Sin duda, la prevalencia del suicidio es un claro síntoma del nivel de la justicia social que existe en una nación.

Más allá de consideraciones éticas, el suicidio debe ser conceptuado como un grave problema de salud pública, siguiendo a este respecto el criterio sostenido por la Organización Mundial de la Salud, quien ha revelado que anualmente más de un millón de personas en el mundo se priva de la vida, superando la cifra de las muertes causadas por guerras y homicidios.

México no está atrás de estas duras cifras, según revelan los datos oficiales; el Inegi señala que el suicidio es consecuencia de factores biológicos, psicológicos, sociales, entre otros, siendo por esencia previsible y prevenible.

En este orden de ideas, urge que la prevención y atención del suicido se establezca en la Ley General de Salud, como materia de salubridad general, de manera que se pueda reconocer y diagnosticar a tiempo, aplicándose el tratamiento apropiado, de manera que no se sigan perdiendo tantas vidas.

De acuerdo al Instituto Nacional de Psiquiatría, cifras reveladas por Emilia Lucio, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, de 1990 al año 2000, el suicido aumentó en un 150 por ciento, entre niños de 5 a 14 años, y en un 74 por ciento entre las edades de 15 a 24 años, constituyéndose en la tercera causa de muerte entre los adolescentes de 15 a 19 años.

El Inegi —por su parte— reportó que en el 2010 se registraron más de 5 mil suicidios, equivalente al doble de los ocurridos en el año de 1990. Sobre el porcentaje de suicidios, en relación a las muertes violentas, tenemos que de un 3.3 por ciento, de 1990, se pasó a un 7.6, en 2011.

La atención profunda de las causas del suicidio exige una atención interdisciplinaria, que exige de manera paralela la solución de problemas, como la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades para los jóvenes, la violencia contra éstos y los niños, la trata de personas, de manera especial el denominado bullying, la desintegración familiar, las adicciones, entre otros.

En una palabra, se exige hacer realidad los derechos humanos, que en teoría les pertenecen, y así accedan a una sociedad que les permita el respeto, el cariño y su pleno desarrollo.

Cerramos señalando que la Organización Mundial de la Salud fomenta en todo el mundo compromisos y medidas prácticas para prevenir los suicidios, la conciencia de que el suicidio es una de las grandes causas prevenibles de muerte prematura, de manera que los gobiernos deben elaborar marcos normativos para las estrategias nacionales de prevención del suicidio. A nivel local, las declaraciones políticas y los resultados de la investigación deben plasmarse en programas de prevención y actividades comunitarias.

Por lo señalado, propongo que se adicione una fracción XI Bis al artículo 3o. de la Ley General de Salud, en los siguientes términos:

Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general la prevención y atención de las consecuencias del suicidio e intento del mismo.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es todo, senadora presidenta. Gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Trinidad Secundino Morales Vargas, Uriel Flores Aguayo y Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema a resolver con la presente iniciativa con proyecto de decreto

Ante el grave aumento de suicidios en el país, especialmente entre niños y jóvenes, urge tomar las medidas necesarias para su debida prevención y atención, para lo que es prioritario que se establezcan en la Ley General de Salud como materia de salubridad general.

Argumentos

El derecho humano central contenido en nuestra Constitución Federal es el derecho a la vida aunque no se señale de manera expresa, es el que subyace a todos los demás, por lo que su tutela es una exigencia indeclinable, de lo contrario todos los demás derechos se diluyen en la nada jurídica. De la mano del derecho a la vida, camina el derecho a la salud, consagrado de manera indubitable y amplia en el artículo cuarto constitucional, que a la letra señala:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Y bien, el suicidio se ha transformado en nuestro país en un obstáculo central para hacer realidad los derechos humanos a la salud y a la vida. Lo que exige que se pase de las crónicas y las cifras, a las acciones concretas y decididas para su prevención, pues aparte de los daños humanos irreparables, se traduce en daños económicos, laborales, familiares y sociales de suma gravedad.

Toda pérdida de vida es dolorosa, con mayor razón, cuando nos enfrentamos a niños y jóvenes, que por diversas causas atentan contra sí mismos. ¡Cuánta injusticia, cuánta soledad han debido de sufrir! Sin duda la prevalencia del suicidio es un claro síntoma de la justicia social que existe en una nación.

Más allá de consideraciones éticas, el suicidio debe ser conceptuado como un grave problema de salud pública, siguiendo a este respecto el criterio sostenido por la Organización Mundial de la Salud; quien ha revelado, que anualmente, más de un millón de personas en el mundo se priva de la vida, superando la cifra de las muertes causadas por guerras y homicidios.

México no está atrás de estas duras cifras, según revelan los datos oficiales. Comencemos señalando, que conforme al Inegi, se entiende por suicidio: el “acto de una persona, cuyo resultado destruye su propia existencia”. Y por intento de suicidio: el “acto de una persona, cuyo resultado atenta contra su propia existencia”.

El propio Instituto señala que el suicidio es consecuencia de factores biológicos, psicológicos, sociales, entre otros , siendo por esencia previsible y prevenible. En este orden de ideas urge que la prevención y atención del suicidio se establezca en la Ley General de Salud como materia de salubridad general, de manera que se pueda reconocer y diagnosticar a tiempo, aplicándose el tratamiento apropiado, de manera que no se sigan perdiendo tantas vidas a causa de este flagelo.

De acuerdo al Instituto Nacional de Psiquiatría, según cifras reveladas por Emilia Lucio, académica de la Facultad de Sicología de la UNAM, de 1990 al año 2000, el suicidio aumentó en un 150 por ciento entre niños de  5 a 14 años, y en un 74 por ciento entre las edades de 15 a 24 años. Constituyéndose en la tercera causa de muerte entre los adolescentes de 15 a 19 años. El Inegi, por su parte, reportó que en el 2010 se registraron más de 5 mil suicidios, equivalente al doble de los ocurridos en el año de 1990.

Si vemos los datos del Inegi sobre el porcentaje de suicidios en relación con las muertes violentas, tenemos que de un 3.3 por ciento de 1990 se pasó a un 7.6 por ciento en 2011; por el mismo periodo pasó en los niños de los 10 a los 14 años del 2.1 por ciento al 17.7 por ciento en 2011; de los 15 a los 19 años de 4.9 por ciento a 13.6 por ciento; de los 20 a los 24 años del 4.4 por ciento al 10.3 por ciento.

La atención profunda de las causas del suicidio exige un tratamiento interdisciplinario, y de manera paralela la solución de problemas como la pobreza, el desempleo, las faltas de oportunidades para los jóvenes, la violencia contra éstos y los niños, la trata de personas, de forma especial el denominado bullying, la desintegración familiar, las adicciones, entre otros. En una palabra, se exige hacer realidad los derechos humanos que en teoría les pertenecen, y así  accedan a una sociedad que les permita el respeto, el cariño y su pleno desarrollo.

Cerramos citando tres párrafos de la Organización Mundial de la salud, sobre el tema:

“El 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se fomentan en todo el mundo compromisos y medidas prácticas para prevenir los suicidios. Cada día hay en promedio casi 3000 personas que ponen fin a su vida, y al menos 20 personas intentan suicidarse por cada una que lo consigue.

“Con el patrocinio de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, la OMS y sus colaboradores preconizan una terapia adecuada y medidas de seguimiento para quienes han intentado suicidarse, junto con un tratamiento más mesurado del suicidio por parte de los medios de comunicación.

“Es necesaria una labor mundial de concienciación de que el suicidio es una de las grandes causas prevenibles de muerte prematura. Los gobiernos deben elaborar marcos normativos para las estrategias nacionales de prevención del suicidio. A nivel local, las declaraciones políticas y los resultados de la investigación deben plasmarse en programas de prevención y actividades comunitarias.”

Fundamento Legal

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, fracción II, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, ponemos a su consideración la presente iniciativa.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI Bis al artículo 3o. de la Ley General de Salud.

Artículo Único. Se adiciona una fracción XI Bis al artículo 3o. de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o.En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

I. a XI. ...

XI Bis. La prevención y atención del suicidio e intento de suicidio;

XII. a XXVIII. ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2013.— Diputado Trinidad Morales Vargas (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado Uriel Flores. Túrnese esta iniciativa a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para dictamen.

COMISION DE CONCORDIA Y PACIFICACION

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Dentro del orden del día relativo a proposiciones con punto de acuerdo, tiene en este momento la palabra la senadora Dolores Padierna, senadora del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras para que acuerden a la brevedad la integración de las y los diputados y senadores que conformarán la Comisión de Concordia y Pacificación, Cocopa. Adelante, senadora.

La senadora Dolores Padierna Luna:Gracias, presidenta. Pongo a consideración del pleno —por urgente resolución— la urgencia de formar la Cocopa bajo las siguientes consideraciones.

En marzo de 1995 se creó la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas cuyo objetivo fue alcanzar, a través de un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, digna y duradera al conflicto armado, iniciado el primero de enero de 1994, en el estado de Chiapas.

En el artículo 8 de la citada ley se conforma la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), integrada por los miembros de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas, así como por un representante del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo del estado de Chiapas.

La primera Cocopa fue instalada el 15 de marzo de 1995 y quedó integrada por miembros de la LVI Legislatura de todas las fracciones parlamentarias.

Diversos analistas y el propio gobierno federal, han reconocido que el papel jugado por la Cocopa fue determinante para impulsar los diálogos de San Andrés Larráinzar y atenuar y resolver los incidentes que se presentaron hasta la firma de los acuerdos.

La Cocopa también formuló un proyecto de reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas, que entregó en diciembre de 1996. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional aprobó el proyecto y el gobierno federal formuló observaciones al mismo. La Cocopa elaboró un segundo proyecto, que guardó y ya no fue revisado por las partes.

En los primeros días de este año y ante el surgimiento de una nueva etapa de lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, algunos de los primeros miembros de la Cocopa llamaron a la creación inmediata de la Comisión Concordia y Pacificación, la cual es obligatoria de acuerdo con la vigente Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.

En este mismo contexto, dirigentes de organizaciones campesinas y representantes indígenas también aceptaron la propuesta del EZLN de constituir puentes, respetando la pluralidad del movimiento indígena.

Inclusive, en días pasados, los representantes de las bancadas del Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México, en el Congreso de Chiapas coincidieron en la importancia de restablecer la Cocopa y que las y los legisladores federales impulsáramos el diálogo con el EZLN.

En esta nueva etapa de construcción de consensos en los que se dice estar el gobierno federal, es la mejor manera de reanudar el diálogo con el EZLN. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática considera que es el momento para demostrar la disposición y voluntad política, para facilitar el diálogo e instalar una mesa para hacer realidad los Acuerdos de San Andrés, con un contexto que incluya varios temas.

Desde el Congreso de la Unión podemos avanzar en la conformación de la Cocopa, respetando el espíritu de equidad, diálogo y relevancia con la que fue propuesta.

Con lo anteriormente expuesto y fundado, me permito proponer a su consideración el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:

Primero. Se hace un respetuoso exhorto para que en cumplimiento de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras del Congreso de la Unión acuerden a la brevedad la integración de las diputadas y los diputados, de las senadoras y los senadores, que conformarán la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).

Segundo. Se exhorta de forma respetuosa al titular del Poder Ejecutivo federal y al Congreso del estado de Chiapas para que nombren a sus respectivos presentantes en la Cocopa, tal y como lo establece Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.

Es cuanto, compañeras y compañeros. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras, para que acuerden a la brevedad la integración de los diputados y senadores que conformarán la Comisión de Concordia y Pacificación, suscrito por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 demás disposiciones aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución con base en las siguientes

Consideraciones

En marzo de 1995 se creó la Ley para el dialogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas cuyo objetivo fue alcanzar, a través de un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, digna y duradera al conflicto armado iniciado el 1o. de enero de 1994 en el Estado de Chiapas.

En el artículo ocho de la citada ley se conforma la Comisión de Concordia y Pacificación, Cocopa, integrada por los miembros de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas, así como por un representante del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo de Chiapas.

La primera Cocopa fue instalada el 15 de marzo de 1995 y quedó integrada por miembros de la LVI Legislatura de todos los grupos parlamentarios: por el PAN Luis Héctor Álvarez (presidente fundador), Rodolfo Elizondo Torres, Alejandro González Alcocer, Luis Felipe Bravo Mena; del PRI Jaime Martínez Veloz, Marco Antonio Michel, Pablo Salazar Mendiguchía y Óscar López Velarde; del PRD Juan Guerra Ochoa, César Chávez Castillo, Heberto Castillo Martínez y Guillermo del Río Ortegón y del PT Marcos Carlos Cruz Martínez y Alejandro Moreno Berry.

Para diversos analistas y el propio gobierno federal han reconocido que el papel jugado por la Cocopa fue determinante para impulsar los diálogos de San Andrés Larráinzar y atenuar o resolver los incidentes que se presentaron hasta la firma de los acuerdos.

La Cocopa también formuló un proyecto de reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas que entregó en diciembre de 1996. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, aprobó el proyecto y el gobierno federal formuló observaciones a éste. La Cocopa elaboró un segundo proyecto que guardó y ya no fue revisado por las partes.

En los primeros días de este año y ante el surgimiento de una nueva etapa de lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional algunos de los primeros miembros de la Cocopa llamaron a la creación inmediata, de la Comisión de Concordia y Pacificación, la cual es obligatoria de acuerdo a la vigente Ley del Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas (http://www.jornada.unam.mx/2013/01/04/ politica/007n1pol ).

En este mismo contexto dirigentes de organizaciones campesinas y representantes indígenas también aceptaron la propuesta del EZLN de construir puentes, pero respetando la pluralidad del movimiento indígena.

Inclusive, en días pasados los representantes de las bancadas del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de Chiapas coincidieron en la importancia de restablecer la Cocopa y que los legisladores federales impulsen el diálogo con el EZLN (http://mexico.cnn.com/nacional/2013/ 01/02/legisladores-de-chiapas-piden-restablecer-el-dialogo-federal-con-el-ezln ).

En esta nueva etapa de construcción de consensos, en los que dice estar el gobierno federal, es la mejor para reanudar el diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática considera que es el momento histórico para demostrar la disposición y voluntad política para facilitar el diálogo e instalar una mesa para hacer realidad los Acuerdos de San Andrés, en un contexto que incluya otros temas.

Desde el Congreso de la Unión podemos avanzar con la conformación de la Cocopa respetando el espíritu de equidad, diálogo y relevancia con la que fue propuesta.

Por lo expuesto y fundado, me permito poner a su consideración, como de urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se hace un respetuoso exhorto para que en cumplimiento de la Ley del Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras del Congreso de la Unión acuerden a la brevedad la integración de las y los diputados y senadores que conformarán la Comisión de Concordia y Pacificación, Cocopa.

Segundo. Se exhorta de forma respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo Federal y al Congreso del Estado de Chiapas para que nombren a sus respectivos representantes en la Cocopa, tal y como lo establece la Ley del Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.

Recinto Legislativo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2013.— Senadora Dolores Padierna Luna (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, senadora. En virtud de que este asunto ha sido planteado como de urgente resolución, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera entonces el trámite de urgente resolución.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Sí, señora presidenta. En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición.

En virtud de que tenemos registrado un orador para hablar a favor de este dictamen, se le concede la palabra al diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo, en este sentido. Adelante, señor diputado.

El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, senadora presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, una vez más se ha roto el silencio, ese silencio incómodo que nos permite olvidar una deuda histórica, aquella que tenemos con los pueblos y comunidades indígenas, pero que está presente, agazapada, esperando a que se haga justicia.

Se han cumplido ya 19 años del levantamiento del Movimiento Zapatista, aquel primero de enero de 1994; casi dos décadas después, las condiciones de miseria, marginación y desamparo prevalecen entre los millones de mexicanos descendientes de los pueblos originarios de nuestro país.

Los indicadores sociales son una dolorosa prueba de que en 20 años no se ha logrado mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas de México; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), señala que la pobreza ha crecido en mayor magnitud entre la población que forma parte de las comunidades indígenas.

Aunque se han destinado millonarios recursos del Presupuesto público y se han creado instancias para atender a la población indígena, el resultado es negativo.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año se destinaron 68 mil millones de pesos para distintos programas y acciones en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas. Este monto es la cuarta parte del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, sin que se vean resultados concretos y tangibles.

La realidad es que, tanto el gobierno federal, como los estados y municipios han instrumentado un esfuerzo coordinado para atender los rezagos de la población indígena. El Poder Legislativo en legislaturas previas ha creado la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), con el objeto de tener una instancia de interlocución con los pueblos y comunidades indígenas.

Ha concluido el primer periodo ordinario de sesiones de esta LXII Legislatura sin que se haya instalado la Comisión de Concordia y Pacificación. Es urgente que a la brevedad sea integrada dicha comisión, la cual es bicamaral y es el órgano que tiene este Poder Legislativo para poder generar condiciones en la resolución de un conflicto que sigue vivo después de casi dos décadas.

Además, el Partido del Trabajo en varias ocasiones ha retomado como iniciativas los Acuerdos de San Andrés, que plasman los acuerdos alcanzados entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Por ello, es más que urgente rescatar dichas iniciativas, que contienen acciones específicas para atender a los pueblos indígenas; por estas consideraciones, votaremos a favor del punto de acuerdo en comento. Muchas gracias.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: De acuerdo al registro de oradores, me indican que también el diputado Manuel Añorve ha registrado su participación para hablar en pro de este punto de acuerdo. Adelante, señor diputado.

El diputado Manuel Añorve Baños:Con su permiso, presidenta. Vivimos una nueva etapa en nuestro país; vivimos una nueva etapa en nuestra vida democrática, en la que afortunadamente ha prevalecido un ánimo de diálogo y acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas y el gobierno federal, que se expresa en el Pacto por México.

Existiendo ese marco democrático de diálogo, no podemos sino dar la bienvenida a todo esfuerzo por avanzar en la meta de construir un país en paz, pero también con menos pobreza y desigualdad, y esto no se podrá lograr sin la participación de los pueblos, organizaciones y comunidades indígenas, en lo general, en todo nuestro territorio nacional.

Ante ello, es obligado abrir mayores espacios para escuchar sus voces y atender sus reclamos y es necesario que el Congreso de la Unión se disponga a participar en ese diálogo, como la instancia de representación nacional que es.

Como integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, respaldamos cabalmente el mensaje de año nuevo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el que asentó que este 2013 representa una gran oportunidad para elevar a México al sitio que se merece, con base en el diálogo, entendimiento, acuerdos y las reformas estructurales que el país necesita.

Subrayamos que el Partido Revolucionario Institucional está a favor de los cambios necesarios —como lo he dicho— para el bienestar de los mexicanos y el progreso del país, por la ruta del diálogo y los acuerdos, como ya lo demostró con el Pacto por México.

Asumimos obviamente que incluido este tema de derechos y desarrollo de los pueblos indígenas en el Pacto por México, vamos a favorecer que la Comisión de Concordia y Pacificación —obviamente que esta Legislatura integrará— realice sus mejores esfuerzos para la tarea de facilitar la negociación, tal como le encarga la fracción II del artículo 9o. de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.

Enfatizamos que en el Partido Revolucionario Institucional estamos porque el Estado mexicano se comprometa plenamente en la atención a los pueblos indígenas, como está comprometido el presidente Enrique Peña Nieto, en compensar por supuesto las deudas históricas adquiridas con ellos.

Es el tiempo de impulsar acciones compensatorias, que los coloque en las mismas condiciones y oportunidades de que gozamos el resto de los mexicanos. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señor diputado. No tenemos más oradores registrados. En tal virtud, pedimos a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera suficientemente discutida esta proposición.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las legisladores y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, secretaria. Por lo tanto, se considera suficientemente discutida. Consulte en este momento, si es tan amable la Secretaría, a la asamblea, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señora secretaria. Aprobada. Comuníquese.

PROMOTORA DE AUTOPISTAS DEL PACIFICO

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tiene la palabra ahora la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Comisión Federal de Competencia, para que investiguen y revisen el convenio de concesión celebrado con la empresa Promotora de Autopistas del Pacífico, SA, de CV. Adelante, señora senadora.

La senadora Martha Palafox Gutiérrez:Con su permiso, señora presidenta. Desde 1991, a la carretera federal Tlaxcala-San Martín Texmelucan-El Molinito le parcharon dos carriles y la convirtieron en autopista concesionada, la más cara de la República y la que más vidas humanas ha cobrado; desde hace 23 años se dan de tres a siete accidentes diarios, cuando bien nos va. Esta autopista aumenta su tarifa en forma discrecional por la empresa operadora.

Hoy cobra 56 pesos por automóvil, sin considerar que por cada eje aumenta al costo de 260 pesos y solamente estamos hablando de 20 kilómetros aproximadamente, que es lo que abarca este tramo de autopista, mejor conocida como La autopista de la muerte.

Atraviesa 28 poblaciones, siete unidades habitacionales, la 23/a. Zona Militar, que ha sufrido también pérdidas en vidas humanas y materiales.

Por esta carretera también transitan los automovilistas que acceden al Arco Norte; las poblaciones aledañas al ramal de esta autopista no cuentan con ninguna protección, no hay paraderos para autobuses.

Por ejemplo, en el acceso al municipio de Panotla, casi a gatas suben y bajan al transporte público las personas en medio de la cuneta, poniendo en riesgo su vida.

En esta carretera, que cobra como autopista, tiene en medio de los dos carriles una amplia y peligrosa cuneta, lo que ocasiona que el consumidor automovilista al menor descuido se colapse; a los lados no tiene acotamiento, los carriles no tienen muros de contención ni bahías de seguridad y no existen puentes peatonales para los pobladores.

En esta carretera, que cobra como si fuera autopista, atraviesan estudiantes, campesinos, obreros, personas adultas, jóvenes del servicio militar y elementos del Ejército.

Por las labores agrícolas los animales son los que mayor número de accidentes han ocasionado, sobre todo por la noche, pues los automovilistas pagan como si fuera autopista y no saben que transitan una carretera altamente peligrosa, que además carece de señalamientos de información para el usuario.

Por si esto fuera poco, el usuario no sabe que de repente, sobre el trayecto de la carretera, donde hay retornos, se amplía el camellón y se reduce el carril, lo que provoca colisiones con sus automóviles, generando volcaduras y accidentes muy lamentables que han ocasionado cientos de muertes y pérdidas materiales, sin que la empresa se haya hecho cargo, quedando siempre las familias y consumidores a merced de la impunidad de la empresa en turno que opera y que nunca ha aparecido ni se ha hecho responsable.

Uno de los últimos accidentes en el tramo del municipio de Panotla lo provocó un autobús, que circulando en contraflujo dio la vuelta y fue a incrustarse a un restaurante a más de 100 metros en el extremo opuesto, causando el derrumbe total del establecimiento con todo lo que estaba adentro, además de que la empresa concesionaria no cumplió con el convenio de los accesos a los municipios aledaños para que no tuvieran que pagar el peaje para atravesar sus tierras y comercios, sin acondicionar los accesos y pasos a desnivel, donde no cabe un camión de tres toneladas para trasladar sus productos agrícolas.

En el tramo de Tlaxcala, en dirección a la caseta de cobro de Ixtacuixtla, el camellón no cuenta con alumbrado. Esta carretera se paga como pista, tiene una velocidad límite de 60 y 80 kilómetros por hora. Los usuarios, como consumidores de estas carreteras concesionadas, la recorren a alta velocidad, superando los 140 kilómetros, generando los accidentes que ya hemos mencionado.

Desde 1998 hemos pedido información a las autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal y siempre han guardado silencio y han protegido celosamente a la empresa operadora en turno, que se beneficia indiscriminadamente a costa de las vidas humanas.

Es evidente que se han venido vulnerando sistemáticamente los derechos fundamentales de libre tránsito establecido en nuestra Constitución política, en agravio de la población de 17 comunidades periféricas y de todos los que tienen la desgracia de transitar esta multicitada autopista de la muerte, además de que irrumpe el principio o fin de la creación de caminos y puentes, de acuerdo a la Ley de Caminos y Autotransporte Federal de que éstas deben ser creadas para la comunicación entre comunidades y fomento al desarrollo, situación totalmente contraria.

Además, las tarifas que cobran a los consumidores de esta pista son excesivas, en proporción con otras concesionadas en la República mexicana, por lo que la Comisión Federal de Competencia y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deben intervenir a la brevedad, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 19, 20 y 25 y demás relativos de la ley de la materia.

Es por ello que pedimos el apoyo de esta soberanía para solicitar de urgente resolución la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Función Pública y de la Comisión Federal de Competencia, así como la investigación y revisión del convenio de concesión celebrado con la empresa operadora, que no ha cumplido con los estándares obligatorios y poner fin a la inseguridad de la vida de los consumidores, que pagan por transitar ésta mal llamada autopista de la muerte. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la ASF, de la SCT y de la Comisión Federal de Competencia, para que investiguen y revisen el convenio de concesión celebrado con la empresa Promotora de Autopistas del Pacífico, SA de CV, con el objeto de que cumpla con las normas y estándares obligatorios, asimismo expliquen por cuántos años está otorgada la concesión del tramo carretero de San Martín Texmelucan-Tlaxcala-Molinito, suscrito por la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, senadora Martha Palafox Gutiérrez ,integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la Republica, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo, sustentado en las siguientes

Consideraciones

Las vías de comunicación terrestre son arterias indispensables para la comunicación entre ciudades y pueblos, así como para el comercio y transportes de mercancías, por lo que necesariamente deben estar en el mejor estado posible, esta obligación recae de conformidad con lo dispuesto a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien debe formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país, así como construir y conservar los caminos y puentes en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los particulares.

Esta facultad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe ser realizada en todas y cada una de las carreteras de jurisdicción federal existentes en el país, ya sea en forma directa o a través de concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados o municipios, conforme al procedimiento establecido en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Un gran problema que aqueja a mi estado es la autopista San Martín Texmelucan-Tlaxcala-Molinito, fue abierta al tránsito el doce de Septiembre de mil novecientos noventa y uno, y la concesión fue otorgada a la persona moral OCACSA; es una de las tres autopistas privadas que ha operado por más tiempo en México.

En esa concesión, también OCACSA se hizo cargo de la conservación mayor del tramo; luego paso a manos de AUCAL y esta ultima a partir del diecinueve de noviembre del dos mil diez, celebro con  la Promotora de Autopistas del Pacifico, SA de CV (PAPSA), contrato de cesión de concesión  y derechos litigiosos, mediante el cual la primera otorgo a la segunda la administración del tramo carretero San Martin Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito.

Por su lado, la empresa PAPSA celebró un convenio en términos confidenciales con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno del estado de Tlaxcala, y entre otras cosas, de ese convenio quedo establecido que la concesión es por un periodo de 25 años; llena de grandes conflictos a través de juicios civiles en los que se han reclamado el cierre de dieciocho accesos carreteros irregulares y el pago de perjuicios por más de tres mil millones de pesos.

Otro de los grandes problemas es que es una autopista que los pobladores de diversas comunidades de Tlaxcala han denominado “la autopista de la muerte” y que tiene una distancia de veinte kilómetros, convirtiéndose en una de las más caras del país, ya que actualmente los automovilistas pagan cincuenta y seis pesos solo por costo de peaje de automóvil, esto es, se convierte en un costo de tres pesos por metro cuadrado para transitar en un tramo carretero inseguro con trampas de muertes ubicadas a la altura de Ixtlacuixtla, en el puente de Popocatla, Santa cruz el Porvenir, Tizostoc, Tecoac, San Jorge Tezoquipan, a la altura de las instalaciones de la Subestación de la Comisión Federal de Electricidad en Panotla y en la Trinidad  Tenexyecac.

De acuerdo con estudios  de la empresa Autopistas Concesionadas del Altiplano, por esa vía circulan diariamente unos veinte tres mil vehículos, entre particulares, de carga y autobuses de pasajeros, por lo que al realizar la operación aritmética de cincuenta y seis pesos por veintitrés mil automóviles, da como resultado un millón doscientos veintiocho mil pesos diarios; de suerte que no es posible que se tenga un tramo carretero que no tenga acotamiento y rampas de emergencia.

Por citar una cifra en el mes de enero del año dos mil seis en la autopista de la cual hago referencia, sólo de lo que se tiene registro, hubo cuatro accidentes, y en uno de ellos una persona perdió la vida.

En febrero, cuatro accidentes, perdiendo la vida tres.

En marzo, dos accidentes, resultando lesionadas tres personas graves.

En abril, cuatro accidentes resultando cuatro personas que perdieran la vida.

En mayo uno, perdiendo la vida uno y otro gravemente lesionado.

En junio, seis, resultando dieciséis personas lesionadas mismos que requirieron hospitalización.

En julio, uno, resultando herida una persona.

En agosto, siete accidentes, perdiendo la vida dos personas.

En septiembre, cuatro accidentes, perdiendo la vida cuatro y resultando lesionada una en calidad de grave.

En octubre, dos accidentes, y perdiendo la vida uno y el otro gravemente herido.

En noviembre, seis accidentes, perdiendo la vida tres y herido uno.

Dando un total anual de dieciocho personas muertas y veinte tres heridos, además de los daños a los vehículos y a la propia vía de comunicación, tan solo en el mes de septiembre a noviembre del dos mil doce son más de cinco accidentes ocurridos en la carretera de la muerte, causando nueve muertes y veinticuatro lesionados.

Estos son datos fríos pero no obstante reflejan la peligrosidad de esta vía de comunicación, y la necesidad apremiante de que se tomen las medidas necesarias para hacerla transitable, y sobre todo segura, el adecuado señalamiento de kilómetros recorridos, salidas, pasos, reductores de velocidad y todos los elementos de seguridad para los viajeros que por norma deben cubrir todas las carreteras federales, aun siendo concesionados.

Con tales datos puedo afirmar que es un grave problema la referida “autopista de la muerte”, por ello pido a esta soberanía, proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, para solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Función Pública; la Comisión Federal de Competencia, la investigación y revisión del convenio de concesión celebrado con la empresa operadora denominada Promotora de Autopistas del Pacifico, SA de CV (PAPSA), y las entidades públicas involucradas, con objeto de que cumpla con las normas y estándares obligatorios así mismo expliquen cuantos años esta otorgada la concesión del tramo carretero que va del tramo  San Martín Texmelucan-Tlaxcala-Molinito y así poner fin a la inseguridad vial de los consumidores que pagan por transitar en esta mal llamada autopista de la muerte.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2013.— Senadora Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señora senadora Palafox Gutiérrez. En virtud de que se ha solicitado que sea de urgente resolución, solicito a la secretaría consulte a la asamblea si es de aprobarse esta condición.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Sí, señora Presidenta. En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, Secretaria. Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión esta proposición.

Tengo inscrito al diputado Uriel Flores Aguayo, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro de este punto de acuerdo. Tiene usted la palabra, señor diputado.

El diputado Uriel Flores Aguayo:Con su permiso. A nombre del grupo legislativo del PRD, manifestamos nuestra coincidencia, apoyo y acuerdo, con el punto presentado por la senadora Martha Palafox.

Es un problema serio, se refiere a un hecho que afecta a un sector de la población, y nos parece fundamental que desde la Comisión Permanente se hiciera lo posible para que las autoridades competentes, las autoridades de la materia intervengan en el caso y den respuesta a las inquietudes que tenemos, que es una situación que se pudiera generalizar.

De repente en nuestro país se empezaron a privatizar las vías terrestres; cada vez se abandonan las carreteras libres, se invierte poco, están en mal estado, deja de tener relevancia esta dependencia, que se llama Caminos y Puentes, se está quedando prácticamente sin materia, porque todas las autopistas y los libramientos se han concesionado; es el caso particular que menciona la senadora, en este caso el tramo San Martín Texmelucan-Tlaxcala-Molinito, que hay ahí cosas raras, la transferencia de la concesión a tres empresas, y tenemos otras.

Soy del estado de Veracruz, el caso de la autopista Perote-Banderilla y el libramiento de Jalapa, 59.6 kilómetros, 221 pesos; en suma, casi cuatro pesos por kilómetro, la más cara del país, después está el Arco Norte, tercero la de Acapulco —que fue la más cara— ya la superaron ahora.

Entonces, necesitamos transparencia, informes en cuanto a las concesiones y a los contratos que sostienen las mismas para que tengan muy claro qué ha pasado con estas privatizaciones, que no sigan en la opacidad.

Por cierto, buena parte de estas concesiones son a empresas extranjeras, que no tienen contacto ni siquiera con las autoridades estatales o municipales en lo absoluto, que solamente amparadas en el título de concesión siguen viendo única y exclusivamente como un negocio esto que estamos refiriendo.

Así que manifestamos nuestro respaldo al punto propuesto por la senadora Martha Palafox y pediríamos que sea aprobado a favor. Es cuanto, senadora.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señor diputado. En virtud de que no tenemos más oradores, y no habiendo ninguna otra intervención, por supuesto, se considera suficientemente discutida esta proposición. Por tanto, le solicito a la Secretaría consulte a la asamblea si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, secretaria. Aprobado. Comuníquese.

COMERCIO DE ARMAS

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tiene en este momento —de acuerdo al orden— la palabra la senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de los Estados Unidos de América a impulsar iniciativas, a fin de que los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas implementen un mecanismo para que toda arma de fuego sea objeto de un registro balístico. Adelante, señora senadora.

La senadora Marcela Guerra Castillo:Muchas gracias, presidenta. Colegas, la inquietud que quiero compartir con ustedes aborda una problemática actual y que tiene que ver con la necesidad de implementar un mecanismo, para que en los Estados Unidos de América toda arma de fuego, antes de ser puesta a la venta, sea objeto de un registro balístico, para que cuando sean usadas en un hecho de sangre se pueda tener información sobre el nombre de quien la o las haya adquirido originalmente en la armería, y así se pueda proceder a la búsqueda y localización de su dueño.

Como todos saben, las llamadas armas pequeñas y ligeras armas de fuego causan grandes estragos en el mundo, tanto en las zonas de conflicto, como en aquellas que gozan de una paz aparente.

Los recientes hechos de Newtown, Connecticut, no son más que un ejemplo de ello y lamentablemente México no es la excepción, al grado de que la violencia derivada de este fenómeno es cada vez más preocupante.

Si bien cada país es soberano para establecer sus propias leyes, es indiscutible que existe una responsabilidad sobre los efectos que dicho tráfico de armas implica en países vecinos, especialmente cuando esto se realiza de manera ilegal.

Las características del comercio de armas en la frontera y los hechos ocurridos al interior del mismo en los Estados Unidos de América son incompatibles con la letra y el espíritu que sustentan la libertad de los individuos de portar armas para su defensa, conforme a la segunda enmienda de la Constitución en nuestro país vecino.

Cabe recordar al respecto, que actualmente en los Estados Unidos de América se rige esa legislación que prohíbe la exportación de armas de este país hacia terceros países, en los cuales dichas armas no sean lícitas, y asimismo debe de mencionarse es del mayor interés para nuestro país que las autoridades estadounidenses correspondientes consideren la posibilidad de restablecer la prohibición de la venta de armas de asalto, ya que se ha podido identificar una relación casual y causal entre el momento en que se expiró esta prohibición y un incremento en el nivel de criminalidad en México.

Tanto el informe de las Naciones Unidas sobre el narcotráfico y el tráfico de armas, estima en muchos millones de dólares el valor de las armas que son traficadas del norte al sur, por lo que resulta evidente que en ambos países deben de implementarse las iniciativas que resulten adecuadas para la reducción efectiva del tráfico y un mayor control de las armas, conforme a lo establecido en el Tercer Protocolo Adicional de la Convención de Palermo contra el Crimen Organizado.

El tráfico de armas en la frontera norte la mayoría de los casos es un tráfico hormiga, ya que no existe ni requiere necesariamente de la adquisición de grandes cantidades para producir daños importantes, como los que se han registrado en nuestro país y por lo que resulta fundamental que tanto en los Estados Unidos de América, como país de origen del mercado de armas estadounidense, así como de los demás países en los que se producen y se comercializan las armas usadas por los grupos delictivos, se comprometan también a cumplir los acuerdos internacionales para combatir el crimen organizado.

De manera recíproca nuestra nación espera que estas naciones y otras organizaciones respondan a su interés de conocer la magnitud del mercado de las armas, especialmente de aquellas de venta hormiga, como lo acabo de decir.

Lo anterior, toda vez que las pruebas de balística son elemento concluyente para la identificación de un arma; por lo que en la implementación de este procedimiento, las autoridades norteamericanas podrían compartir con sus pares mexicanos dicha información, contando así con la posibilidad de perseguir a quienes compran armas para después venderlas a los grupos criminales.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta asamblea sea aprobado de urgente resolución el siguiente punto de acuerdo.

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Senado de los Estados Unidos de América a identificar e impulsar iniciativas, a fin de que en los estados norteamericanos de California, Arizona, Nuevo México y Texas, de conformidad con las reservas introducidas por los Estados Unidos de América a la Convención de Palermo, se implemente un mecanismo para que toda arma de fuego antes de ser puesta a la venta sea objeto de un registro balístico, para que en el momento de que sean utilizadas en algún hecho de sangre se pueda saber con precisión el nombre de quien la o las haya adquirido originalmente en la armería y se pueda proceder a la búsqueda y localización de su dueño, y para que dicha información sea proporcionada de manera oportuna al gobierno mexicano, en el marco de la aplicabilidad de los principios contenidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de México y de la Freedom of Information Act de los Estados Unidos de América, así como de los acuerdos de cooperación establecidos entre los países, en materia de lucha contra el tráfico de drogas. Atentamente, la de la voz.

Espero apoyen este punto de urgente. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de Estados Unidos de América, para que impulse iniciativas a fin de que los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas, implementen un mecanismo para que toda arma de fuego sea objeto de un registro balístico, suscrito por la senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita senadora Marcela Guerra Castillo en nombre propio y de senadores de diversos grupos parlamentarios en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, 123, 127 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 159, 171, 172, 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno, la presente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Dentro del lenguaje diplomático, las llamadas armas pequeñas y ligeras (armas de fuego) causan grandes estragos en el mundo, tanto en las zonas de conflicto como en aquéllas que gozan de una paz aparente. Los recientes hechos acontecidos en Newtown, Connecticut no son más que un ejemplo de ello y lamentablemente México no es la excepción, al grado de que la violencia derivada de este fenómeno es cada vez más preocupante. Al respecto, cabe señalar que el gobierno mexicano ha realizado diversas acciones para combatir este problema y ha podido asegurar más de 85 mil armas.

Persiste la idea en la opinión pública y en amplios sectores del gobierno mexicano, de que el gobierno de Estados Unidos de América no está haciendo los esfuerzos necesarios para reducir al máximo posible el tráfico de armas hacia México, el cual tiene lugar en volúmenes alarmantes a través de la frontera común y las circunstancias parecen confirmar la imposibilidad del gobierno mexicano para controlar el flujo de armas en esa franja limítrofe.

Si bien cada país es soberano para establecer sus propias leyes, es indiscutible que existe una responsabilidad sobre los efectos que dicho tráfico de armas implica en países vecinos, especialmente cuando éste se realiza de manera ilegal.

Las características del comercio de armas en la frontera y los hechos ocurridos al interior de Estados Unidos de América son incompatibles con la letra y el espíritu que sustentan la libertad de los individuos de portar armas para su defensa conforme a la Segunda Enmienda.

Cabe recordar al respecto que actualmente en Estados Unidos de América rige una legislación que prohíbe la exportación de armas de ese país hacia terceros países, en los cuales dichas armas no sean lícitas. Asimismo, debe mencionarse que es del mayor interés para nuestro país, que las autoridades estadounidenses correspondientes, consideren la posibilidad de restablecer la prohibición de la venta de armas de asalto, ya que se ha podido identificar una relación causal entre el momento en que expiró esa prohibición y un incremento en el nivel de criminalidad en México.

El informe de las Naciones Unidas sobre el narcotráfico y el tráfico de armas, estima en 20 millones de dólares el valor de las armas que son traficadas del norte al sur, por lo que resulta evidente que en ambos países deben implementarse las iniciativas que resulten adecuadas para la reducción efectiva del tráfico y para el mayor control de las armas, conforme a lo establecido en el Tercer Protocolo Adicional de la Convención de Palermo contra el Crimen Organizado.

El tráfico de armas en la frontera norte, en la mayoría de los casos es un tráfico hormiga, ya que no se requiere necesariamente de la adquisición de grandes cantidades para producir daños importantes como los que se han registrado en nuestro país, por lo que resulta fundamental que tanto los Estados Unidos de América, como país de origen del mercado de armas estadounidense, así como los demás países en los que se producen y se comercializan las armas usadas por los grupos delictivos mexicanos, se comprometan a cumplir los acuerdos internacionales para combatir el crimen organizado.

México ha sido en todo momento un país que se ha esforzado en proporcionar la información que le requieren los organismos de las Naciones Unidas. Asimismo, se mantiene abierto al intercambio de información y a tomar en cuenta las recomendaciones que puedan mejorar o enriquecer su capacidad de actuación y de respuesta a este gran flagelo que implica el trasiego de armas del que se vale la delincuencia organizada para causar tanto daño a la sociedad mexicana.

De manera recíproca, nuestra nación espera que otras naciones, u otras organizaciones, respondan a su interés de conocer la magnitud del mercado de armas, especialmente de aquéllas ventas hormiga qué puedan convertirse en una amenaza para la seguridad nacional y para la seguridad de nuestros ciudadanos.

En este sentido, no se debe de hacer responsable exclusivamente a México de su incapacidad de controlar la frontera, ya que las autoridades estadounidenses cuentan con los elementos necesarios para elaborar, desde su territorio, con los esfuerzos de nuestro país para evitar que ingresen las armas de fuego mencionadas. Al respecto debe considerarse la posibilidad de celebrar un acuerdo para que en los Estados fronterizos de California, Arizona, Nuevo México y Texas, se implemente un mecanismo para que toda arma de fuego, antes de salir a la venta, sea objeto de un registro balístico, para que al momento de que sean utilizadas en algún hecho de sangre, se pueda saber con precisión, el nombre de quién la o las haya adquirido originalmente en la armería y se pueda proceder a la búsqueda y localización de su dueño.

Lo anterior, toda vez que las pruebas de balística son elemento concluyente para la identificación de un arma, por lo que con la implantación de este procedimiento, las autoridades estadounidenses podrán compartir con sus pares mexicanos dicha información contando así con la posibilidad de perseguir a quienes compran armas para después venderlas a los grupos criminales y de la delincuencia organizada.

Por lo expuesto, solicitamos a esta asamblea sea aprobado de urgente resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Senado de Estados Unidos de América a identificar e impulsar iniciativas a fin de que en los estados estadounidenses de California, Arizona, Nuevo México y Texas, de conformidad con las reservas introducidas por Estados Unidos de América a la Convención de Palermo, se implemente un mecanismo para que toda arma de fuego, antes de ser puesta a la venta, sea objeto de un registro balístico, para que al momento de que sean utilizadas en algún hecho de sangre, se pueda saber con precisión el nombre de quién la o las haya adquirido originalmente en la armería y se pueda proceder a la búsqueda y localización de su dueño y para que dicha información sea proporcionada de manera oportuna al gobierno de México, en el marco de aplicabilidad de los principios contenidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de México y de la Freedom of Information Act de los Estados Unidos de América, así como de los acuerdos de cooperación establecidos entre ambos países en materia de lucha contra el tráfico de drogas.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2013.— Senadores: Marcela Guerra Castillo, Teófilo Torres Corzo, José Francisco Yunes Zorrilla, Alejandro Tello Cristerna, Manuel Humberto Cota Jiménez, Lisbeth Hernández Lecona, Juana Leticia Herrera Ale, Manuel Cavazos Lerma, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Roberto Armando Albores Gleason, María Lucero Saldaña Pérez, Ernesto Gándara Camou, José Ascención Orihuela Bárcenas, Omar Fayad Meneses, David Penchyna Grub, Ernesto Ruffo Appel, Javier Corral Jurado, Víctor Hermosillo y Celada, María Alejandra Barrales Magdaleno, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Víctor Manuel Camacho Solís, Manuel Bartlett Díaz, Layda Sansores San Román, Pablo Escudero Morales, Ninfa Salinas Sada, Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbricas).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera:  En virtud de que se ha solicitado que sea de urgente resolución, solicito a la secretaría consulte a la asamblea si es de aprobarse esta condición.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Sí, señora presidenta. En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. Me está pidiendo la palabra el senador José María Martínez Martínez, a favor.

El senador José María Martínez Martínez: Gracias, senadora presidenta. Tal vez ya fue advertido por quien propone este punto de acuerdo; sin embargo, lo reitera en la proposición, al dar lectura al único punto de acuerdo, la senadora Marcela Guerra. Está planteando un exhorto al Senado de los Estados Unidos de América.

No sé, creo que hay una confusión al respecto, hay que recordar que la política internacional se lleva por parte de nuestro Estado mexicano a través de la Cancillería; es decir, por parte del Poder Ejecutivo.

Si bien es cierto, la incidencia que tenemos en la política internacional es además en colaboración con el Ejecutivo para diferentes asuntos, no es propiamente el llevar la política internacional.

De aprobar en la forma que está planteado por la senadora, quedaría como un mero oficio, de socio a socio, de par a par, sin ninguna trascendencia en la política internacional, y creo que lo correcto sería, en todo caso, dirigir un comunicado a la Cancillería para que el cometido que se pretende en este punto de acuerdo sea llevado de manera oficial al país vecino. Es cuanto, senadora presidenta, muchas gracias.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, senador. Tiene ahora la palabra, de acuerdo a la lista de oradores, el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadana presidenta, este tema que nos ha traído a la discusión la senadora Marcela Guerra, es un tema trascendente, no es un tema cuya característica lo distinga la frivolidad o la característica de la inoportunidad; al contrario, es un tema que se ha discutido mucho tiempo: el tráfico de armas.

En Estados Unidos de América hay una corriente que durante los últimos años se ha mantenido muy cerrada a modificar alguna disposición respecto de esta segunda enmienda del uso de armas por los ciudadanos en Estados Unidos de América, y ha sido férrea la lucha de las asociaciones distintas de poseedores de armas, las del rifle y otras que se distinguen por su alto nivel xenofóbico e incluso conservador.

Esta propuesta de la senadora Guerra me parece oportuna, no es exacto que deba ser la Cancillería, es más, no lo ha sido nunca. Sí firman tratados internacionales, que luego tenemos que ratificar, pero en todas las interparlamentarias a las que acudimos, desde la interparlamentaria mundial hasta las sesiones de la ONU, uno de los reclamos es ése, precisamente, que los parlamentarios se involucren más para poder sensibilizar a los poderes legislativos a hacer enmiendas, restricciones y prohibiciones para el traslado libre y el tráfico ilegal de armas.

Es más, en las últimas reuniones interparlamentarias mundiales se ha discutido este tema, y hay resoluciones de la Unión Interparlamentaria Mundial, resoluciones que obligan a los legisladores, y que México forma parte, a que estas comisiones intervengan en sus legislaciones internas y a su vez, con sus pares en otros países, para frenar esta indiscriminada entrada de armas.

Sí me parece pertinente, porque incluso en la Unión Interparlamentaria Mundial y en otros organismos bilaterales o multilaterales de representación parlamentaria mundial, Estados Unidos de América no participa y por eso Estados Unidos de América se mantiene fuera de ciertos tratados y acuerdos internacionales.

Lo que plantea la preopinante, me parece correcta la propuesta; es decir, lo que ella dice es: hagamos un exhorto al Senado de Estados Unidos de América, al Congreso de Estados Unidos de América, pidiéndole que influya para que no se presente de manera ilegal, o incluso legal, el traslado de armas en las fronteras, y ella menciona cuatro estados de la Unión Americana, porque ahí es donde se traslada el mayor número de armas de estas llamadas pequeñas o este contrabando hormiga, que existe en las fronteras.

Eso nos permite en las reuniones bilaterales, en donde participan los dos Congresos, el mexicano y el norteamericano, tener en la agenda bilateral este tema, que es trascendente, porque ha causado en efecto estragos, ha causado una situación lamentable. Nosotros creemos que estos son los temas que debemos discutir por el bien del país.

¿Cómo podemos lograr sensibilizar al gobierno vecino del norte para que pueda generarse una reacción positiva en la prohibición de armas de asalto, de tráfico ilegal de armas a nuestro país?

Porque en nuestro país más del 70 por ciento de las armas que se usan por el crimen organizado y la delincuencia provienen de Estados Unidos de América, más del 70 por ciento, y de este 70 por ciento, la mayoría son compradas de manera ilegal. No es un asunto menor el que plantea la preopinante.

Estaba revisando en estos momentos el punto de acuerdo, traté de verlo muy rápido, y claro que no puedo oponerme.

Si la Cancillería también hiciera el trabajo con la Cancillería de Estados Unidos de América facilita las cosas, o sea, ¿por qué oponernos? Que haga el Ejecutivo su trabajo para este propósito, pero los legisladores no podemos mantenernos apáticos o indiferentes frente al crecimiento del tráfico ilegal de armas de asalto y de armas permitidas en el país.

Me parece que es de los asuntos que no debiéramos buscarle más allá, asuntos que puedan contravenir lo planteado. Creo que tiene razón, y van a verlo los que son nuevos legisladores ahora que participen en las interparlamentarias, éste es un tema del cual no se puede eludir; tráfico ilegal de armas en todas las fronteras del mundo.

El hecho de participar con nuestros homólogos en Estados Unidos de América no es la primera vez que se va a hacer. Rápido y Furioso es una vergüenza nacional, se dio precisamente por esto, por la falta de control, por la falta de intervención, por la falta de eficacia de los órganos legislativos de ambos países. Actuemos, interactuemos...

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor diputado...

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Concluyo.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Si es tan amable, para concluir.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Interactuemos. Me parece que es un propósito correcto el que plantea la proponente. Nosotros votaremos en favor.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado Monreal. Tiene en este momento la palabra el senador Mario Delgado Carrillo, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro. Adelante, senador.

El senador Mario Martín Delgado Carrillo:Muchas gracias, presidenta; compañeros, compañeras, hasta hace algunos días parecía que esta facilidad que existe en Estados Unidos de América para la compra de armas facilitaba obviamente el tráfico de armas a México, y que México era la gran víctima de esta facilidad.

Sin embargo, la tragedia de Connecticut, donde murieron más de 18 niños, ya puso en crisis y en cuestionamiento a nuestro país del norte de esa facilidad con la que se adquieren armas, que se pueden adquirir hasta en ferias que organizan de armamento, y hay corrientes muy fuertes, políticas, en Estados Unidos de América, como la Asociación Nacional del Rifle, que tienen representación en el Congreso y son los que al final del día están sosteniendo esta gran industria, que tiene enormes costos, ya no solo en México, sino también en el propio país del norte.

Por eso nos parece muy oportuno que se haga un llamado del Congreso mexicano a los Congresos de los estados que se están proponiendo: Arizona, California, Nuevo México y Texas para que hagan este registro; porque hay un estudio del Instituto Woodrow Wilson y de la Universidad de San Diego, donde se dedicaron a rastrear las armas que fueron utilizadas en escenas del crimen en México y hay una buena cantidad de armas que han descubierto o que tuvieron como resultado de esta investigación que fueron utilizadas por el crimen organizado.

Según datos de la PGR, decían en 2010 que de las 75 mil armas confiscadas en ese año, aproximadamente el 80 por ciento, 60 mil, llegaron de los Estados Unidos de América, y hay una coincidencia también tremenda, el arma más confiscada en México, el AK-47 es el arma más vendida en Estados Unidos de América.

Con un agravante, que hace tres años se relajaron las normas para que ciudadanos americanos pudieran adquirir e importar armas de tipo militar. Versiones de uso militar para la venta, como fusiles semiautomáticas AK-47, ametralladoras AR-15 y otros tipos de armas; es decir, se relajaron las normas para que los ciudadanos americanos pudieran adquirir armas de tipo de uso militar y además la importación de uso militar en los Estados Unidos de América.

¿Este estudio qué concluye? Algo muy importante, que hay una correlación entre el incremento de la violencia en nuestro país con la mayor compra de Estados Unidos de América y por lo tanto, tráfico de armas hacia México. Es algo que hasta en Estados Unidos de América les cuesta mucho trabajo hablar.

Después de la tragedia que tuvieron en la escuela de Connecticut, me tocó ver el discurso del presidente Obama; es un discurso donde lamentan y hay una gran tristeza por parte del presidente y de todo el país, pero no se atreven a cuestionar esta enmienda constitucional que tienen de portación de armas; sin embargo, hay una creciente corriente de opinión pública en Estados Unidos de América que ya está cuestionando seriamente eso.

Por eso nos parece muy relevante en el PRD el planteamiento de la senadora Guerra, de que exista un registro para que cada vez sea más evidente a dónde van a parar esas armas, quién las está comprando y en qué se están utilizando.

Por eso nos parece relevante además que sea un llamado del Congreso de la Unión —de quienes representamos a los mexicanos— a los Congresos de estos estados, para decir que estamos preocupados porque esta industria que existe en Estados Unidos de América y que genera miles de millones de dólares, está teniendo un costo altísimo en nuestro país, porque está armando a la delincuencia organizada.

Pero también resulta oportuno, por el momento que están viviendo ellos; por la reflexión que está teniendo nuestro vecino, en qué es más importante y cómo lograr la seguridad y la paz ciudadana; si armándose todos o controlando el registro de armas. Por eso, vamos a apoyar este punto. Muchas gracias.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señor senador. Adelante.

La senadora Martha Palafox Gutiérrez (desde la curul): Presidenta, por economía del tiempo, el Partido del Trabajo se suma a la propuesta de la senadora.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señora senadora. En virtud de que no tenemos más oradores y entonces, suficientemente discutido y considerado de urgente resolución, consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladores y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Senadora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señor Secretario. Aprobada la proposición. Comuníquese.

LEGISLADORES LETICIA LOPEZ LANDERO Y FERNANDO YUNES MARQUEZ

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: A continuación, tiene la palabra el senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades correspondientes para que inicien una investigación por la posible comisión de delitos en contra de la diputada Leticia López Landero y del senador Fernando Yunes Márquez. Tiene usted la palabra, señor senador.

El senador Fernando Yunes Márquez:Gracias. Con su venia, presidenta. El presidente Enrique Peña Nieto, en diversas ocasiones ha convocado a la unidad nacional y al trabajo conjunto para sacar adelante al país. Como legisladores federales y ciudadanos, apoyamos esa intención.

Asimismo prácticamente todos los partidos y actores políticos que servimos al país, firmamos un Pacto por México, con el objetivo de sacar adelante las reformas y acciones necesarias para que el país crezca como todos lo deseamos; su esencia es la cooperación y el trabajo conjunto a favor de México. El respeto, la tolerancia y el diálogo, son una constante en este pacto, a pesar de las diferencias políticas.

Estamos hablando del México deseable, del que a nivel federal estamos tratando de construir el Ejecutivo y el Legislativo, junto con los partidos, en un escenario de vida democrática real, donde hay equilibrio y autonomía de poder, donde las Cámaras del Congreso son libres, donde el Poder Judicial resuelve a plenitud.

Hablé de un México deseable, pero hay otro México, el México indeseable; es en el que el virreinato palidecería ante el poder de los gobernadores que no están sujetos a control alguno en sus entidades; gobernadores que creen tener derecho a imponer sus ideas —si así se le puede llamar— a toda costa; que ejercen un grosero control sobre la mayoría de los medios de comunicación, que se ven amenazados con el viejo dicho de plata o plomo.

Ese es el México indeseable, pero que existe y que si no lo cambiamos, por mucha voluntad que se tenga en el centro de la República, el Pacto por México no dejará de ser más que una buena intención.

Por eso quiero compartir con ustedes, compañeras y compañeros, la experiencia que vivimos el pasado lunes la diputada federal Leticia López Landero, un grupo de reporteros y su servidor, en la ciudad de Córdoba, Veracruz.

Lo hago, porque confío en que hechos como éste pueden tener un sentido positivo, detonar el cambio que se requiere a partir de la exhibición de las impudicias de algunos gobernadores, como el de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

La diputada López y yo convocamos a una conferencia de prensa en esa ciudad para hacer referencia a nuestro trabajo en el Congreso de la Unión. Durante casi dos horas, alrededor de 150 personas enviadas por el gobernador nos agredieron verbal y físicamente, lanzando diversos objetos, que alcanzaron a algunos de los reporteros que cubrían la conferencia de prensa y privándonos de nuestra libertad.

Sus expresiones eran en su gran mayoría ofensas vinculadas a nuestra militancia en el Partido Acción Nacional y protestas relativas al programa Oportunidades del gobierno federal, lo que evidentemente era un pretexto para agredirnos, toda vez que no tenemos relación alguna con el tema.

En el mismo lugar, a unos cuantos metros, se encontraba una funcionaria del gobierno del estado, quien reportaba el resultado del operativo.

El gobernador Javier Duarte de Ochoa, por medio de sus operadores, actuó de manera totalmente contraria a la Constitución, orquestando una escena digna de los más viejos y anquilosados estilos de hacer política, propia del México que nadie quiere y del cual lamentamos muchos mexicanos que sigan ocurriendo.

No podemos olvidar que fue Duarte quien envió a la cárcel a dos personas, que por medio de la red social tuiter colocaron mensajes que —de acuerdo con él— generaron pánico en la sociedad, calificándolos de terroristas, aplastando así sus derechos fundamentales y encarcelándolos por más de un mes, sin delito que perseguir.

Igualmente, la grave agresión por parte del subdirector de la Policía Judicial del estado y una banda de truhanes en contra de los jóvenes del movimiento #Yo Soy 132 fueron conocidas a nivel nacional.

Lo más preocupante es que ése es el México que algunos quieren que prevalezca, el de los gobernadores que se creen virreyes, el que poco se ve en los foros nacionales, el que poco se escucha, del que poco se habla.

Duarte se equivoca; no nos va a silenciar, no somos uno ni dos, somos la gran mayoría de los veracruzanos los que reclaman un gobierno eficiente, honesto, transparente, distinto al que Duarte mal encabeza.

Ni me callarán ni mucho menos me amedrentarán. Voy a luchar con todo por hacer valer mi derecho de representar a los veracruzanos, como me comprometí en campaña, con valentía, honestidad y hablando con la verdad.

Con la cobardía que los caracteriza, el día de ayer representantes del Ejecutivo estatal deslindaron al propio gobierno, como autor intelectual de los lamentables hechos descritos; sin embargo, no emitieron una sola opinión o condena respecto a la violencia ocurrida en dicho lugar ni mucho menos ordenaron una investigación. Dijeron que los agresores hacían uso de su derecho a la libre expresión y manifestación de las ideas. Pero cuidado, compañeros, en que con la pantalla del derecho a la libre expresión se trate de legitimar el derecho a la libre agresión.

Los demócratas defenderemos siempre el derecho a la libre expresión de las ideas, pero en los términos que la Constitución señala, de manera pacífica, sin agredir, sin afectar derechos de otros.

Lo otro es anarquía, tierra de nadie, o lo que es peor, tierra de uno solo, que dispone cuándo sí y cuándo no se pueden expresar las ideas, como sucede en Veracruz.

A escasos meses del proceso electoral, el ánimo del gobierno del estado es de violencia, represión y revancha. Dejo en claro que no responderemos a esa violencia, que no caeremos en su juego. Quien actúa con violencia solo demuestra su ignorancia e incapacidad para dialogar con quien piensa distinto.

México es de todos, no le pertenece a quien gobierna, es de los ciudadanos y solo de los ciudadanos; es momento de que todos lo entiendan y asuman. Confío en que el gobierno que apenas comienza lo entenderá y actuará en consecuencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto el presente pronunciamiento con punto de acuerdo.

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena los hechos y agresiones de que fueron víctimas los legisladores federales diputada Leticia López Landero y senador Fernando Yunes Márquez, y un grupo de reporteros, el pasado día 7 de enero del presente año en la ciudad de Córdoba, Veracruz.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al gobierno del estado de Veracruz se integre la investigación ministerial, derivada de las denuncias ya interpuestas por la posible comisión de delitos en contra de los legisladores y representantes de los medios de comunicación.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita atentamente a la Procuraduría General de la República se inicie de oficio una averiguación previa sobre estos hechos, toda vez que fueron cometidos en contra de servidores públicos federales.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un llamado al gobierno del estado de Veracruz para que garantice a plenitud los derechos a la libre expresión y manifestación de las ideas de todos los ciudadanos, en particular, de quienes representan en el Congreso de la Unión a los ciudadanos de esa entidad. Es cuanto, presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ del estado de Veracruz, así como a la PGR, para que inicien una investigación por la posible comisión de delitos en contra de la diputada Leticia López Landero y del senador Fernando Yunes Márquez y, en su caso, se sancione a los autores intelectuales y materiales plenamente identificados por los hechos ocurridos en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el 7 de enero de 2013, suscrito por el senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Fernando Yunes Márquez, senador de la república de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del Grupo Partamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como a la Procuraduría General de la República, a iniciar una investigación por la posible comisión de delitos contra la diputada federal Leticia López Landero y el senador Fernando Yunes Márquez, y en su caso, se sancione a los autores intelectuales y materiales plenamente identificados por los hechos ocurridos en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el pasado 7 de enero del 2013, con arreglo a las siguientes

Consideraciones

El pasado lunes 7 de enero, en un conocido café de la ciudad de Córdoba, Veracruz, un servidor, la diputada federal Leticia López Landero, un grupo de colaboradores y miembros de la prensa local fuimos agredidos y privados de nuestra libertad por más de dos horas.

En un acto totalmente premeditado por órdenes del gobierno de Veracruz, un grupo de 150 personas, en su mayoría mujeres, lideradas por una mujer de nombre Ofelia Raigosa, a la que se le conoce como La Jarochita y que está plenamente identificada por ser líder de diversos seccionales del PRI en Córdoba, fueron enviadas al lugar donde nos encontrábamos para dar una conferencia de prensa conjunta, ejerciendo nuestro pleno derecho a la libertad de expresión, a alterar la paz del lugar, molestar a los comensales y lanzar agresiones verbales y físicas contra nosotros. Supuestamente dirigían una serie de protestas, que ni siquiera eran contra un servidor, pero lo que realmente estaban haciendo, era lanzar cualquier tipo de improperios y agresiones contra nosotros, poniendo en serio riesgo la integridad física de los que estaban presentes.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 113 señala de manera clara y específica, que los servidores públicos tienen la obligación de actuar con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, de lo contrario se tendrán que atener a lo que las leyes sobre responsabilidades de los servidores públicos señalan. Es decir, el gobernador Javier Duarte de Ochoa, y el gobierno de Veracruz son directamente responsable de la comisión de delitos que el día de ayer se cometieron con los hechos anteriormente descritos, y en consecuencia, deben ser investigados y sancionados conforme a la legislación vigente.

Como ciudadano, y en representación de los demás afectados, no puedo aceptar de ninguna forma, la manera de actuar del gobierno represor que encabeza el ciudadano Javier Duarte de Ochoa. No es la primera vez que suceden actos de represión, en los que se busca amedrentar y callar las voces que no concuerdan con su forma de pensar. Es de todos conocido las acciones que ha emprendido el gobierno estatal contra los veracruzanos que piensan diferente, aplastando los derechos de los ciudadanos que en forma pacífica se han manifestado en contra del gobierno. No podemos olvidar que fue él quien envió a la cárcel a dos personas que por medio de la red social Twitter, colocaron mensajes que espantaron a la comunidad, aplastando así. sus derechos fundamentales y encarcelándolos por más de un mes, sin delito que perseguir, para posteriormente mandar a reformar el Código Penal a su favor, y ordenar dejarlos libres. Con este tipo de hechos, el estado de derecho en Veracruz está verdaderamente en riesgo.

El gobierno de dicha entidad está actuando de forma represora, eliminando, mediante el uso de prácticas ilegales, los derechos civiles y políticos de quienes opinamos en contra. Es urgente que recapacite su actuar y respete las voces que no concuerdan con su forma de pensar.

El día de ayer, el presidente Enrique Peña Nieto, en cadena nacional, convocó a la unidad nacional y al trabajo conjunto para sacar adelante al país. Asimismo, el Pacto por México, en su párrafo primero y segundo señala: México tiene una sociedad plural. Sus fuerzas políticas representan a millones de mexicanos que les han otorgado con su voto el mandato de representarlos. En las cámaras del Congreso de la Unión, en las entidades federativas y los municipios, así como en el Poder Ejecutivo federal se expresa la diversidad que debe ser reconocida por todos. Hoy, ninguna fuerza política puede, por sí sola, imponer su propia visión ni un programa único.

Es decir, el Pacto llama a la civilidad y unidad de todos los actores políticos, a que todos entendamos que México es de todos, y en este caso que Veracruz es de los veracruzanos. Lo que está haciendo el Ejecutivo estatal es todo lo contrario.

Lo más preocupante es que este es el México que prevalece en la actualidad, el que poco se ve, el que poco se escucha, del que poco se habla. Todos los días en diversas entidades del país, los ciudadanos son afectados en sus derechos más básicos, como la libertad de expresión, de tránsito, de manifestación, entre otros.

En muchos estados, los gobernadores actúan con absoluta impunidad, y tienen sometidos a los Poderes Judicial y Legislativo, que con solo una orden del Ejecutivo, actúan en consecuencia.

Es inconcebible que mientras a nive1 federal se avance en los acuerdos en beneficio de México, en entidades como Veracruz, el gobierno se utilice para otro tipo de cosas que no sea gobernar.

El día de ayer, representantes del Ejecutivo Estatal deslindaron al gobierno como autor intelectual de los lamentables hechos descritos en el presente Punto de Acuerdo, sin embargo no emitieron una sola opinión respecto a la obligada investigación de los delitos que se cometieron. Si no fue et gobierno Estatal quien envió al grupo de personas a agredir a las personas presentes en dicho lugar, entonces porqué no han ordenado a la Procuraduría General de Justicia investigar la comisión de diversos delitos perpetrados contra nuestra integridad física.

El gobierno debe garantizar el irrestricto respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos e investigar los presuntos delitos cometidos el pasado día lunes, en caso contrario, estaría de igual forma, cometiendo el delito de “incumplimiento del deber legal” establecido en el Código Penal de Veracruz vigente.

Lo que sucedió ayer no fue en lo absoluto, un ejercicio del derecho constitucional de la libre manifestación; sino que las personas que acudieron a lanzar cualquier tipo de ofensa, fueron enviadas, con órdenes precisas, para agredir de forma verbal y física a quienes sí ejercíamos nuestro derecho de libertad de expresión.

Lo más preocupante es observar que si servidores públicos, como la diputada federal y el suscrito, no cuentan con la mínima garantía de seguridad, siendo que representamos a los veracruzanos y a la entidad, no puedo imaginarme las nulas garantías con que cuentan los ciudadanos que día a día luchan por tener a un mejor México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, como asunto de urgente resolución,el siguiente pronunciamiento con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión condena los hechos y formula el más severo extrañamiento al gobierno del estado de Veracruz por las agresiones de que fueron víctimas los legisladores federales, diputada Leticia López Landeros y senador Fernando Yunes Márquez el pasado 7 de enero del presente año en la ciudad de Córdoba, Veracruz.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al gobierno del estado de Veracruz que se integre la investigación ministerial derivada de las denuncias ya interpuestas por la posible comisión de delitos en contra de los legisladores, y se sancione tanto a los autores intelectuales, funcionarios del gobierno estatal y municipal de Córdoba, como a los autores materiales que se encuentran plenamente identificados.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita atentamente a la Procuraduría General de la República que se inicie de oficio una averiguación previa sobre estos hechos, toda vez que fueron cometidos en contra de servidores públicos federales.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un llamado al gobierno del estado de Veracruz, para que garantice a plenitud los derechos a la libre expresión y manifestación de las ideas de todos los ciudadanos, en particular, de quienes representan en el honorable Congreso de la Unión a los ciudadanos de esa entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2013.— Senador Fernando Yunes Márquez (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, senador. En virtud de que ha sido solicitado ser considerada esta proposición de urgente resolución, consulte la Secretaría a la asamblea, si es así considerada.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Sí, señora presidenta. En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, gracias. Señora presidenta, no cumple los requisitos de las dos terceras partes que debe tener este tipo de proposiciones. Hay 8 votos a favor y 16 en contra.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: En virtud de que no fue considerada de urgente resolución, se turna esta proposición a la Primera Comisión de Trabajo.

ESTADOS DE COAHUILA Y DURANGO

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Monreal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Gobernación lleve a cabo las medidas necesarias, a fin de garantizar la seguridad, la tranquilidad y la paz social para los habitantes de la región lagunera de los estados de Coahuila y Durango.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Muchas gracias.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tiene la palabra, diputado Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Monreal.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Perdón, perdón, discúlpeme, Ricardo Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Me gustaría llevar el apellido de Mejía. Me gustaría llevar el apellido del compañero Ricardo Mejía, pero mi padre me reclamaría, soy Monreal Ávila.

Hace algunos años referimos, y referíamos a la Comarca Lagunera como una tierra de oportunidades, en la que se vivía en paz, armonía. Ahora la gente vive verdaderamente estresada; se ha convertido esta región en tierra de nadie; es el círculo o el triángulo que colindan los estados de Durango, Zacatecas, Coahuila.

Esta región de gente progresista y trabajadora enfrenta desde hace años, pero en particular en los últimos 8 o 10 años, el resultado de un modelo de ataque al crimen organizado rebasado por la realidad que se mezcla con la corrupción, la negligencia, la irresponsabilidad de las autoridades en el estado, en la federación y en los municipios.

Coahuila, Durango y Zacatecas enfrentan grandes tragedias de inseguridad. En fin de año normalmente acudo a mi tierra de origen, cercana a Durango y Coahuila, y desde el día 24 todos los días se presentaron enfrentamientos de bandas del crimen organizado con el Ejército.

Esto fue lo que nos trajeron los gobiernos reaccionarios del PAN; inseguridad, zozobra, impunidad, una guerra que muchos presumen, se sienten héroes y hasta consideran patriotas a los torpes que la implementaron. Por eso hemos planteado este punto de acuerdo, porque en esta región la inseguridad no ha parado.

Es una cruda realidad, las estadísticas nos demuestran que no ha disminuido el crimen, las cifras oficiales se topan con la terca realidad. No ha cambiado nada en estos 40 días; mal gobernado, Coahuila con una corrupción impresionante, con un abandono y con un engaño a la población, que tarde que temprano tendrá que despertar.

Desesperanza, incremento de violencia, de homicidios, de robos, de raptos, de secuestros y que se hacen al amparo de la luz pública, de la luz del día, sin que nadie haga absolutamente nada, sin que nadie proporcione la mínima seguridad.

No ha cambiado nada; bueno, una cosa ha cambiado, antes en los gobiernos panistas salía en primera plana, en las primeras planas el clima de inseguridad, ahora lo han corrido a la plana policiaca, pero eso es todo lo que ha cambiado.

Han tratado de disminuir, porque como los tecnócratas de ahora dicen que es un problema de percepción, o lo disminuyen o lo meten a la página 38 de la sección policiaca. Pero no ha bajado el crimen, no ha bajado la inseguridad, no ha bajado la delincuencia y por eso nosotros seguiremos insistiendo en que es una guerra caracterizada por la obcecación, la necedad de continuarla, sin inteligencia, sin planeación, sin coordinación, sin haber depurado las fuerzas de seguridad pública.

Es un error completo continuar con esta errática estrategia, no está cumpliendo el Estado mexicano y por eso nosotros estamos planteando, como un asunto de obvia o urgente resolución, que en esta zona, triángulo dorado de impunidades: Zacatecas, Coahuila, Durango y otros, se puedan implementar medidas urgentes de seguridad para poder rescatar la tranquilidad y la paz social de los habitantes de esta región, que viven asolados, que viven verdaderamente azotados por la delincuencia organizada.

Este punto de acuerdo lo había formulado el diputado Ricardo Mejía, como suplente nuestro en la Comisión Permanente y yo lo había planteado. Nos corresponde a cada partido un turno y por eso quise hacerlo a nombre de él y del propio.

Sé que es muy difícil que concedan la obvia o urgente resolución, porque tienen consigna, pero aunque no la concedan no pueden tapar la terca realidad, la inseguridad continúa, la violencia continúa, la guerra torpe continúa y sigue sin estrategia el gobierno.

Eso es lo que plantearía, presidenta. Ojalá puedan conceder la obvia o urgente resolución, que es inofensiva, pero ni siquiera ésas pueden pasar, porque la consigna es más fuerte. El sistema corruptor está dando resultados.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Segob, lleve a cabo las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad, la tranquilidad y la paz social para los habitantes de la región lagunera de Coahuila y Durango, suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila,integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Hace algunos años, referirnos a la Comarca Lagunera era hablar de una tierra de oportunidades, en la que se vivía en paz y armonía, región pujante habitada por gente que con trabajo y tesón prosperaba con una clase naciente de empresarios, comerciantes, trabajadores y clases medias que distinguía a esta región al norte de México.

Esta región, de gente progresista y trabajadora, enfrenta desde hace años, y en mayor medida en los últimos siete años el resultado de un modelo de ataque al crimen organizado rebasado por la realidad, que se mezcla con la corrupción, negligencia e irresponsabilidad de las autoridades estatales y municipales.

En el caso de Coahuila al concluir su periodo de gobierno Enrique Martínez y Martínez (1999- 2005) la entidad tenía prácticamente cero deuda  pública y en el ámbito de la seguridad y la gobernabilidad era el estado más seguro del norte de México con cero secuestros.

En diciembre del año 2005, Coahuila sufre dos grandes tragedias, es el inicio de la administración estatal más corrupta de la historia, que encabezó Humberto Moreira y coincidentemente arriban al estado grupos criminales cuyas actividades delictivas trastocan la paz, tranquilidad y seguridad necesarias para el desarrollo de una comunidad.

Desde entonces, la inseguridad en la Laguna no ha parado de crecer. Cuando parece hemos visto todo, la cruda realidad y las estadísticas nos demuestran que, mientras no existan diagnósticos acertados y estrategias adecuadas, siempre se puede estar peor. Al día de hoy, la mayoría  de la población de esta otrora pujante región vive con profundo temor de ser víctima de forma directa o indirecta de la delincuencia.

De acuerdo con cifras oficiales, en el año 2007, se cometieron 87 asesinatos en la zona conurbada de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, 22 más que los ocurridos en 2006. Desde entonces, la cifra anual se ha incrementado exponencialmente, en 2008 se registraron 205 homicidios; en 2009 ocurrieron 460; en 2010 fueron 799; en 2011 mataron a 995 personas, y en 2012,  los asesinatos superaron la cifra de mil homicidios.

Si alguna expectativa de mejora en razón del cambio de gobierno se tenía, hoy los ciudadanos de la laguna se encuentran en franca desesperanza, no es solo el incremento en el número de homicidios violentos, sino la forma en que estos se han venido cometiendo y la evidente incapacidad del Estado de proporcionar la mínima seguridad necesaria para que los habitantes de una de las regiones más importantes del país.

Hoy, la comarca lagunera enfrenta un grave problema de ingobernabilidad e inseguridad pública que la convierten en estos momentos en la nueva región de mayor violencia criminal en el país, que se vio incrementada a raíz de la estrategia fallida de Calderón contra el narcotráfico.

En innumerables ocasiones hemos insistido en la errática estrategia contra el narcotráfico implementada por el Ejecutivo federal el sexenio que acaba de concluir por su obcecada necedad de hacer una guerra sin inteligencia, ni planeación, sin haber depurado las fuerzas de seguridad pública, por ubicar a las fuerzas armadas en tareas policiales, y no atacar el problema del narcotráfico y las drogas de manera integral.

Aún vivimos los daños, resultado de esta guerra cruenta, que sigue causando muerte y regando sangre, a lo largo y ancho del país.

El Estado mexicano no está cumpliendo con una de las tareas que son su razón de ser que es garantizar la seguridad de sus habitantes. La ciudadanía no puede esperar a que lleguen las grandes estrategias de seguridad, se debe actuar urgentemente para controlar la violencia generalizada que se vive en el país, particularmente en zonas, como la de la Comarca Lagunera, en la que se ha visto recrudecida durante el último mes.

El anuncio de una nueva estrategia nacional de seguridad, que no tiene plazos ni responsables establecidos, cambios a la estructura orgánica de las áreas responsables de la seguridad al transferirlas a la Secretaría de Gobernación y el no claro papel que deben desarrollar las fuerzas armadas, están dejando lugar para que la violencia se recrudezca y los territorios se disputen ferozmente.

Los datos de muertes y ejecuciones  durante el mes de diciembre confirman que la violencia lejos de disminuir está aumentando, y es precisamente en regiones como la Lagunera en las que los índices han repuntado con mayores decesos y eventos más sanguinarios.

Coahuila durante el primer mes de gobierno de Enrique Peña Nieto se ha convertido en el segundo estado más violentó del país, luego de Chihuahua y al superar en casi el triple de casos a Guerrero, que ocupó esa posición prácticamente a lo largo de todo 2012.

Este inicio de año para la Laguna ha sido sumamente sangriento. En lo que va de enero, en Torreón se han registrado 14 homicidios en hechos violentos de ataques a centros nocturnos, 9 de ellos en menos de 24 horas, el pasado fin de semana.

Mientras que en Durango, el 18 de diciembre se registró un motín en el Cereso de Gómez Palacio que costó la vida de 14 reos y 9 internos. A lo largo del 2012 se contabilizaron 375 muertes violentas en Gómez Palacio, siendo el municipio con más decesos en dicho período. La segunda posición fue para Durango capital con 334 muertes, seguido de Lerdo con 98, Santiago Papasquiaro con 76, Pueblo Nuevo con 41 y Mezquital con 37.

A pesar que se han implementado diversas medidas como el llamado plan Laguna Segura, o la designación de una coordinación policial única recayendo dicho mando en el Jefe de la XI Región militar, es evidente que dichas medidas han fracasado estrepitosamente, por lo que resulta urgente que la Secretaría de Gobernación con base en las nuevas facultades otorgadas por esta Legislatura, se avoque de manera puntal y decidida a presentar un paquete de medidas que permitan a los laguneros a recobrar la tranquilidad, seguridad y paz social a que tienen derecho.

Por lo antes expuesto, se somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Gobernación, lleve a cabo las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la tranquilidad y la paz social para los habitantes de la región lagunera de los estados de Coahuila y Durango.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2013.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado Ricardo Monreal. En virtud de que ha sido solicitado que esta proposición sea considerada de urgente resolución, se solicita a la Secretaría consulte a la asamblea si se considera ésta, la condición de la proposición.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Senadora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: En virtud de que no fue considerada de urgente resolución, se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Esta Presidencia informa a la asamblea que las iniciativas y proposiciones registradas en el orden del día se turnarán a las comisiones correspondientes, salvo aquellas que los grupos parlamentarios soliciten que se consideren para la próxima sesión.

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera(a las 16:09 horas): Se levanta la sesión  y cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 16 de enero de 2013, a las 11 horas.

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