Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Solicito a la Secretaría informar a esta Presidencia el resultado del pase de lista, una vez que lo lleve a cabo.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: Buenos días; se va a proceder a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.

(Pase de lista)

¿Falta algún legislador de pasar lista? ¿Alguien más? Hay una asistencia de 32 legisladores, ciudadano presidente. Hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 11:23 horas): Luego entonces, se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Ciudadano presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer receso.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 16 de enero de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que la C. Martha Beatriz Navarro García, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil en Grado de Cruz que le otorga el Gobierno del Reino de España

Oficio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente relativo al proyecto “La Ensenada” en la Isla Holbox, Quintana Roo.

Oficio de la Cámara de Senadores

Con el que remite el presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de enero de 2013.

Oficio del Congreso del estado de Guerrero

Por el que comunica la creación de la Comisión Especial para la conmemoración del bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac, de los Sentimientos de la Nación y de la Declaración de Independencia de la América Septentrional.

Oficio de la dirección médica del Issste

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las necesidades de la población de isla de Cedros, Baja California.

Oficio de la Comisión Nacional del Agua

Con el que remite el informe por entidad federativa, correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2012 de los recursos devueltos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en el Programa de Devolución de Derechos.

Iniciativa del congreso del estado de Chihuahua

Con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (Turno a Comisión)

Iniciativa del Congreso del estado de Morelos

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Primera Comisión:

Con proyecto de decreto que concede permisos a las ciudadanas Susana Canales Clariond y Myriam Vachez Plagnol, para que puedan aceptar y desempeñar el cargo de cónsules honorarios de la República Francesa en las ciudades de Monterrey, Nuevo León y de Guadalajara, Jalisco, respectivamente.

Con proyecto de decreto que concede permisos a los ciudadanos Guadalupe Estefanía Ríos Pacheco, Manuel Martínez Rabelero y Leticia Marbella Matías Matías, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América, en su Consulado General en Guadalajara, Jalisco y en su Agencia Consular en Oaxaca, Oaxaca.

Con proyecto de decreto que concede permisos a los ciudadanos Susana Adame Carreón, Rosa María Jiménez Narváez, Patricia Oliva Romero, Gracia América Elorza Bonifaz Calvo, Álvaro Pacheco Ruvalcaba, Miguel Ángel Reyes Cabrera, Pedro Arellano Alvarado, Mariana Colchado Durán, Els Michiel Ann Mestdagh, María Aydelia Pilar Mayela Gutiérrez Buces, Daniela Linet López García, Mariana Viñas Portilla y Rocío Yaneth Córdova Montijo, para prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América, Bélgica, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en México, y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Con proyecto de decreto que concede permisos a los ciudadanos Miguel Ángel Fernández Villar, Gabriela Ilian Ramos Patiño y Ernesto Schreiner Hernández, para aceptar y usar condecoraciones que en diversos grados les confieren los gobiernos del Reino de España, de la República Francesa y de la República del Perú.

Dictámenes a discusión

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, realice un diagnóstico nacional sobre violencia hacia las niñas, niños y adolescentes en México.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco, a implementar campañas de difusión a nivel nacional sobre los derechos del consumidor, así como de las sanciones que resultan aplicables a los establecimientos que realicen prácticas en contra de la Ley.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación que emita una declaratoria de emergencia para activar los recursos del Fonden para los municipios del norte del país de elevada marginación y afectados por la tormenta invernal.

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Instituto Nacional de Migración, a reforzar los procesos de certificación y controles de confianza de los servidores públicos del Instituto, así como llevar a cabo las investigaciones y procedimientos correspondientes para sancionar a los servidores públicos que hayan cometido violaciones a los derechos humanos de los migrantes.

De la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y sus análogas en sus entidades federativas, a fin de fomentar la implementación y el acceso al sistema de escritura braille.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las autoridades competentes ambientales, a elaborar propuestas de control, manejo y erradicación de especies invasoras de los mares y aguas interiores de México.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular de la Sagarpa, a dar prioridad en el ejercicio presupuestal a la Campaña Fitosanitaria de Prioridad Nacional contra el HLB.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a revisar y ajustar tarifas en el tramo carretero “Perote-Banderillas” y “Libramiento Xalapa”.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Semarnat, realice un estudio para determinar el impacto ambiental de la empresa Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, SA de CV, así mismo se exhorta a la Sedesol, implemente programas sociales en beneficio de la comunidad indígena Hñähñu del estado de Hidalgo.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Condusef, para que lleve a cabo una campaña de difusión sobre el aumento del pago mínimo sobre Tarjetas de Crédito.

Iniciativas

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 49 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por el diputado Abraham Montes Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3° y 3 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, suscrita por el diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 77 Bis 32 de la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 26 de la Ley General de Desarrollo Social y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada Judit Magdalena Guerrero López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6°, 52 y 53 de la Ley de Aviación Civil, suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, suscrita por la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 212 y 217 del Código Penal Federal, suscrita por la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 16 de la Ley General de Turismo, suscrita por el diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo relativo a los ataques y amenazas contra la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila, suscrito por los senadores Ana Gabriela Guevara Espinoza y David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF, agilice la investigación de los recursos federales otorgados al Gobierno del estado de Chiapas durante la administración 2007-2012, suscrito por el diputado William Oswaldo Ochoa Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a la SRE, para que impulsen acciones tendientes a fortalecer y ampliar el sistema de becas para estudiantes mexicanos en el extranjero, suscrito por el diputado Jorge Herrera Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SHCP, explique el incremento adicional que tuvieron los precios de los combustibles en el país, suscrito por el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa y de la Semarnat, para que evalúen los permisos que se han otorgado para la siembra de maíz transgénico, a las transnacionales, para que se implementen medidas de protección y promoción para la conservación de las semillas nativas, suscrito por los diputados Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro y Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo en relación a los casinos en México, así como para instalar una Comisión de Investigación Bicamaral para obtener información sobre el tema de otorgamiento de permisos para la operación de casinos, suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, ejerza su facultad de atracción sobre denuncias presentadas por personas defraudadas por empresas ahorradoras de vivienda en la República Mexicana, suscrito por los diputados Ricardo Cantú Garza y Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Sedesol y de la Sagarpa, se constituya el Sistema Nacional de Donación y Distribución de Alimentos Aprovechables para el Consumo Humano, que permita ponerlos al alcance de la población vulnerable y de las comunidades marginadas, suscrito por el senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Director del INAH, para que informe sobre las autorizaciones realizadas al Grupo Walmart, para la apertura de tiendas de autoservicio en la zona arqueológica de Teotihuacán, suscrito por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federales y militares, a reforzar la seguridad pública en el estado de Morelos, ante el alza de eventos delictivos; así mismo, se exhorta al Gobernador de dicho estado, para preservar la paz y seguridad de todas las personas, revisar la designación de la titular de la SSP e instruir a las dependencias a su cargo para cumplir con la legalidad y protección de los derechos humanos en todos los procedimientos públicos, suscrito por el senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, para que difunda la lista de universidades privadas que han sido sancionadas y a las que se les ha revocado el reconocimiento de validez oficial, por tener programas que no cumplen estándares de calidad educativa, suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, para que respete los acuerdos y programas emanados del Poder Legislativo Federal, suscrito por los diputados Ricardo Cantú Garza y Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Salud, informe sobre las políticas públicas en materia de salud mental, especialmente en las morbilidades no discapacitantes como la depresión, suscrito por la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la CNBV, investigue el servicio de banca y crédito que ofrece la sucursal de Banco Azteca en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, a fin de determinar si se realiza acorde con las sanas prácticas bancarias y dentro del marco de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, suscrito por el diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob y a la SHCP, para que apliquen los recursos necesarios a favor de los ex braceros o sus beneficiarios que aún no reciben el apoyo, suscrito por el diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, a adecuar los programas de vivienda rural implementados en el municipio de Urique, estado de Chihuahua, suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la SCT, informe el estado que guardan las obras de reparación de la carretera federal 15, México-Nogales, suscrito por los diputados Ricardo Cantú Garza y Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, y a la Cofetel, a efecto de garantizar que en los planes tarifarios que ofrecen las compañías de telefonía celular, se incluya la protección antivirus para los equipos que permitan el acceso a Internet, suscrito por el diputado Abraham Montes Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, elabore un programa estratégico de seguridad eficiente para atender la creciente tasa de homicidios y delitos de alto impacto en la ciudad de México, suscrito por la senadora Mariana Gómez Del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la CNBV, información sobre créditos contratados con estados y municipios, suscrito por el senador Mario Martin Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Salud, informe sobre las estrategias y programas para la atención de enfermedades raras, suscrito por la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCJN, para que haga la Declaración General de Inconstitucionalidad, en contra de la reforma laboral publicada en el DOF el 30 de noviembre de 2012, suscrito por el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Titular de la PGR, para que a través del Centro Médico Forense, se dé capacitación a las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas en materia de servicios periciales y medicina forense, suscrito por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se hace un llamado al Gobernador del estado de Tlaxcala, a la legislatura estatal y a los sindicatos involucrados, para que se constituyan una mesa de diálogo a fin de encontrar los caminos de solución al conflicto surgido con motivo de la aprobación de la nueva Ley de Pensiones Civiles en dicho estado, suscrito por el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al IFE, realice las acciones inherentes para actualizar e incorporar al padrón electoral y lista nominal de electores, a las poblaciones de San Miguel Chimalapa y Santa María Chimalapa, suscrito por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer ante el Pleno de la Comisión Permanente, al titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, suscrito por el diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.(Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos estatales de Zacatecas y de Aguascalientes, a retirar las iniciativas que pretenden proteger el derecho a la vida desde la concepción, suscrito por el senador Mario Martin Delgado Carrillo y por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Agenda política

Comentarios relativos a la situación actual que prevalece en la República Árabe Siria, a cargo de la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Se ruega a la Secretaría consultar a la asamblea si es de dispensarse su lectura, en virtud de que está publicada.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Ciudadano presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles nueve de enero de dos mil trece, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia de la diputadaHilda Esthela Flores Escalera

En el Salón Legisladores de la República sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de veintinueve legisladores, a las once horas con veintinueve minutos del miércoles nueve de enero de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica se dispensa la lectura al Acta de la Sesión Anterior, y no habiendo oradores registrados, de la misma manera se aprueba.

Se da cuenta con las siguientes comunicaciones:

a) Del Gobierno del Distrito Federal, con las que remite contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los hechos ocurridos en el Cinépolis de Plaza Ermita. Se remite a las Comisiones de Justicia y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

b) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, relativa a la incorporación de México a la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica. Se remite a la Cámara de Senadores.

• Con la que remite la propuesta del Presidente de la República, para nombrar al ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México, en los Estados Unidos de América. La Presidencia informa a la Asamblea que se recibió la propuesta el día cuatro de enero del año en curso, y se turnó de inmediato a la Segunda Comisión de Trabajo.

• Siete, con las que se solicitan permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:

– Susana Canales Clariond y Myriam Vachez Plagnol, puedan aceptar y desempeñar el cargo de Cónsules Honorarios de la República Francesa en las ciudades de Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, Jalisco.

– Miguel Ángel Fernández Villar, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

– Gabriela Ilian Ramos Patiño, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

– Ernesto Schreiner Hernández, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden “Cruz Peruana al Mérito Naval”, en grado de Comendador Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno de la República del Perú.

– Guadalupe Estefanía Ríos Pacheco, Manuel Martínez Rabelero y Leticia Marbella Matías Matías, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en su Consulado General en Guadalajara, Jalisco y en su Agencia Consular en Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

– Mariana Colchado Durán, Els Michiel Ann Mestdagh, María Aydelia Pilar Mayela Gutiérrez Buces, Daniela Linet López García, Mariana Viñas Portilla, Susana Adame Carreón, Rosa María Jiménez Narváez, Patricia Oliva Romero, Gracia América Elorza Bonifaz Calvo, Álvaro Pacheco Ruvalcaba, Miguel Ángel Reyes Cabrera, Pedro Arellano Alvarado y Rocío Yaneth Córdova Montijo, puedan prestar servicios en las Embajadas de Bélgica, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América en México y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora, respectivamente.

Se turnan a la Primera Comisión de Trabajo.

• De la diputada Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia por tiempo indefinido, para separarse de sus funciones legislativas como diputada federal electa en la Quinta Circunscripción Plurinominal en el estado de Hidalgo, a partir del nueve de enero del año en curso. De conformidad con lo que establece el artículo setenta y ocho, fracción octava, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se aprueba. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

El siguiente punto del Orden del Día, es la primera lectura de cuatro dictámenes con proyectos de decreto de la Primera Comisión de Trabajo, que conceden permisos a los ciudadanos:

• María Luisa Guadalupe Mosqueda Rodarte, José Luis González Reyes, Juan Manuel Ayala Herrera y Diana Angélica Galindo Laredo, para prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América, de la República Federativa del Brasil, en México, y en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

• José Luis Lara Flores, Rodrigo Ávila Ramírez, Mayra Alejandra Bocanegra Bayardo, Jorge Miguel Cirilo Aguilar, Adriana De La Torre Olazábal, Marie Giséle Ibarra Cornille, Luis Manuel Soto Uruñuela y Sergio Trejo Ortiz, para prestar servicios en las Embajadas de la República Federal de Alemania y de Canadá, en México.

• Verónica Elizondo Martínez, pueda prestar servicios en la Embajada del Reino de los Países Bajos, en México.

• Patricia Espinosa Cantellano, Bruno Francisco Ferrari García de Alba, Armando Vicencio Álvarez, Fidias Hernández Ubaldo y José Julián Gascón Mercado, para aceptar y usar condecoraciones que les otorgan los Gobiernos de la República de Chile, de la República de Colombia y del Reino de España.

En virtud que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, quedan de Primera Lectura.

Se somete a discusión el dictamen con punto de acuerdo de la Segunda Comisión de Trabajo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América. En virtud que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, en votación económica se autoriza dar lectura a los resolutivos del punto de acuerdo. Se somete a discusión. Para fijar postura de sus grupos parlamentarios intervienen los legisladores: diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; diputada Judit Magdalena Guerrero López, del Partido Verde Ecologista de México; diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Partido de la Revolución Democrática; y senadora Marcela Guerra Castillo, del Partido Revolucionario Institucional. En su oportunidad interviene para responder alusiones personales el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano. Para fijar postura interviene la senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Partido Acción Nacional. En votación económica se considera suficientemente discutido, y de la misma manera se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.

La Presidencia informa a la Asamblea que el ciudadano Eduardo Tomás Medina Icaza, cuyo nombramiento como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante los Estados Unidos de América, fue aprobado por la Asamblea, se encuentra a las puertas del Salón de Sesiones, designa una comisión para acompañarlo en el acto de rendir protesta de Ley y entra en funciones.

En virtud que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, en votación económica se dispensa la segunda lectura y se someten a discusión y votación de inmediato los siguientes dictámenes de la Primera Comisión, que concede permisos a los ciudadanos:

• María Luisa Guadalupe Mosqueda Rodarte, José Luis González Reyes, Juan Manuel Ayala Herrera y Diana Angélica Galindo Laredo, para prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América, de la República Federativa del Brasil, en México, y en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

• José Luis Lara Flores, Rodrigo Ávila Ramírez, Mayra Alejandra Bocanegra Bayardo, Jorge Miguel Cirilo Aguilar, Adriana De La Torre Olazábal, Marie Giséle Ibarra Cornille, Luis Manuel Soto Uruñuela y Sergio Trejo Ortiz, para prestar servicios en las Embajadas de la República Federal de Alemania y de Canadá, en México.

• Verónica Elizondo Martínez, pueda prestar servicios en la Embajada del Reino de los Países Bajos, en México.

• Patricia Espinosa Cantellano, Bruno Francisco Ferrari García de Alba, Armando Vicencio Álvarez, Fidias Hernández Ubaldo y José Julián Gascón Mercado, para aceptar y usar condecoraciones que les otorgan los Gobiernos de la República de Chile, de la República de Colombia y del Reino de España.

Sin oradores registrados, y sin artículos reservados, en votación nominal por treinta y cuatro votos a favor; y una abstención se aprueban en lo general y en lo particular los proyectos de decreto. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Se somete a discusión el dictamen con punto de acuerdo de la Segunda Comisión, por los que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que formule un llamado a las autoridades migratorias de las regiones de Estados Unidos de América y Canadá, relativo a la población migrante mexicana que resultó damnificada a consecuencia de la tormenta “Sandy”. Se somete a discusión e interviene en pro el senador Juan Carlos Romero Hicks, del Partido Acción Nacional. En sendas votaciones económicas, se considera suficientemente discutido y se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

En virtud que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, en votación económica se autoriza la lectura de los puntos de acuerdo de los siguientes dictámenes en sentido negativo por los que se desechan proposiciones con puntos de acuerdo:

• De la Primera Comisión, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que interponga acción de inconstitucionalidad en contra de la Reforma Laboral Integral, producto de la iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce. Se somete a discusión e intervienen en contra los diputados Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; y Silvano Blanco Deaquino, del Partido de la Revolución Democrática; y en pro el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional. En votación económica se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.

• De la Segunda Comisión, que exhorta al Ejecutivo Federal para que derogue el Decreto Oficial del veintinueve de noviembre dos mil doce, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Estado Mayor Presidencial. Se somete a discusión e intervienen en contra los legisladores: diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; y senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Partido de la Revolución Democrática; y en pro el diputado Carlos Alberto García González, del Partido Acción Nacional. En su oportunidad intervienen para responder alusiones personales y rectificar hechos los legisladores: diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, en tres ocasiones; diputado Carlos Alberto García González, senador Francisco Domínguez Servién, y diputado Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional. En votación económica se considera suficientemente discutido.

En votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Archívense como asuntos concluidos.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los cuatro dictámenes con puntos de acuerdo de la Tercera Comisión, por los que se aprueba la designación de los ciudadanos: Guillermo Hopkins Gámez, Luis Miguel Montaño Reyes, Oscar Guillermo Levín Coppel y José Gerardo Quijano León como vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Se somete a discusión y se concede el uso de la palabra para fundamentar los dictámenes a nombre de la Tercera Comisión a la senadora Dolores Padierna Luna. Interviene en contra de los dictámenes el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; y en pro los legisladores: senador Mario Martín Delgado Carrillo, del Partido de la Revolución Democrática; y senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Partido del Trabajo. En votación nominal, por mayoría calificada de treinta votos a favor; uno en contra; y una abstención, se aprueba la designación por parte del titular del Poder Ejecutivo federal, como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, a favor del ciudadano Guillermo Hopkins Gámez, para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil trece. En votación nominal, por mayoría calificada de treinta y un votos a favor; uno en contra; y una abstención, se aprueba la designación por parte del titular del Poder Ejecutivo federal, como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario a favor del ciudadano Luis Miguel Montaño Reyes para el período comprendido desde su aprobación hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. En votación nominal, por mayoría calificada de treinta y un votos a favor; uno en contra; y una abstención, se aprueba la designación por parte del titular del Poder Ejecutivo federal, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, en favor del ciudadano Óscar Guillermo Levín Coppel, para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince. En votación nominal, por mayoría calificada de treinta y un votos a favor; uno en contra; y una abstención, se aprueba la designación por parte del titular del Poder Ejecutivo federal, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, en favor del ciudadano José Gerardo Quijano León, para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis.

La Presidencia informa a la Asamblea que los ciudadanos Guillermo Hopkins Gámez, Luis Miguel Montaño Reyes, Oscar Guillermo Levín Coppel, y José Gerardo Quijano León, cuyos nombramientos como vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, fueron aprobados por la Asamblea se encuentran a las puertas del este recinto, designa una comisión para acompañarlos en el acto de rendir protesta de Ley y entran en funciones.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los senadores:

• María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo doscientos veintidós Bis de la Ley General de Salud. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

• René Juárez Cisneros, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo veintiséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores.

Se concede el uso de la tribuna para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los legisladores:

• Senador Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma el artículo cincuenta de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Se turnan a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los legisladores:

• Senadora Gabriela Cuevas Barron, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo diez-E de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores.

• Diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, a nombre propio y de los diputados Uriel Flores Aguayo y Silvano Blanco Deaquino, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Vivienda, Cámara de Diputados, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los legisladores:

• Diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo noveno de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo ciento noventa y dos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputado Uriel Flores Aguayo Trinidad, a nombre propio y de los diputados Secundino Morales Vargas y Silvano Blanco Deaquino, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo tercero de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano que reforma el artículo ciento noventa y cuatro del Código Federal de Procedimientos Penales y reforma los artículos trescientos cuarenta y tres Bis y trescientos cuarenta y tres Ter del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

Se concede el uso de la tribuna para presentar proposiciones con punto de acuerdo, a los legisladores:

• Senadora Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras para que acuerden a la brevedad la integración de las y los diputados y senadores que conformarán la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa). En votación económica se considera de urgente resolución. Se somete a discusión e intervienen en pro los diputados: Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; y Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional. En sendas votaciones económicas se considera suficientemente discutido, y se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

• Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Partido del Trabajo, por el que se solicita la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Comisión Federal de Competencia, para que investiguen y revisen el convenio de concesión celebrado con la empresa Promotora de Autopistas del Pacífico Sociedad Anónima de Capital Variable, con el objeto de que cumpla con las normas y estándares obligatorios, así mismo expliquen por cuántos años está otorgada la concesión del tramo carretero de San Martín Texmelucan-Tlaxcala-Molinito. En votación económica se considera de urgente resolución. Se somete a discusión e interviene en pro el diputado Uriel Flores Aguayo, del Partido de la Revolución Democrática. En sendas votaciones económicas se considera suficientemente discutido, y se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

• Senadora Marcela Guerra Castillo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Senado de Estados Unidos de América, para que impulse iniciativas a fin de que los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas, implementen un mecanismo para que toda arma de fuego sea objeto de un registro balístico. En votación económica se considera de urgente resolución. Se somete a discusión e intervienen en pro los senadores José María Martínez Martínez, del Partido Acción Nacional; y Mario Martín Delgado Carrillo, del Partido de la Revolución Democrática; y en contra el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano. En sendas votaciones económicas se considera suficientemente discutido, y se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

• Senador Fernando Yunes Márquez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz, así como a la Procuraduría General de la República, para que inicien una investigación por la posible comisión de delitos en contra de la diputada Leticia López Landero y del senador Fernando Yunes Márquez, y en su caso se sancione a los autores intelectuales y materiales plenamente identificados por los hechos ocurridos en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el siete de enero de dos mil trece. En votación económica no se considera de urgente resolución, y se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación, lleve a cabo las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad, la tranquilidad y la paz social para los habitantes de la región lagunera de los estados de Coahuila y Durango. En votación económica no se considera de urgente resolución, y se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

Se reciben proposiciones con puntos de acuerdo de los legisladores:

• Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación, sean liberados los recursos del Fondo de Desastres Naturales para los estados del norte que se encuentran afectados por la tormenta invernal. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputada Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, se realice un diagnóstico nacional sobre la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes en México. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputado José Arturo López Cándido, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que realice las investigaciones necesarias para regular, detener y en su caso sancionar a los responsables de las afectaciones de obras y vestigios arqueológicos ocasionados por obras de construcción en la Delegación Benito Juárez, Distrito Federal, así como para determinar la existencia de hallazgos de vestigios arqueológicos durante la construcción de la línea doce del metro de la ciudad de México. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

• Diputado Jorge Herrera Delgado, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para que rinda un informe sobre las estrategias de prevención de incendios en recintos patrimoniales de origen y destino religioso, así como para que desarrolle diversas acciones a favor del patrimonio cultural del país. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

• Diputado Raymundo King De la Rosa, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión Nacional Forestal, y a la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para que establezcan las acciones necesarias para la difusión del problema que representa las especies invasoras y elaboren propuestas para su control, manejo y en su caso, erradicación de los mares y aguas interiores de México. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputado Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a las autoridades de los tres niveles de gobierno, ejercer un control más riguroso con respecto a los objetos que se ingresan al interior de los centros penitenciarios y centros de readaptación social del país. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que ordene la reparación del tramo del periférico sur que fue afectado gravemente por las obras de la Autopista Urbana Sur. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Mario Martin Delgado Carrillo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los congresos de los estados, para que aprueben la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

• Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y sus análogas en sus entidades federativas, a fin de fomentar la implementación y el acceso al sistema de escritura braille para personas con discapacidad visual. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

• Senador Benjamín Robles Montoya, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, para que instrumente una campaña de difusión que alerte e informe a los tarjetahabientes de manera clara y detallada sobre el aumento al pago mínimo sobre tarjetas de crédito. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senadora Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, sobre la problemática existente en el estado de Tlaxcala, en relación al organismo público descentralizado Pensiones Civiles. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

El Presidente clausura la sesión a las dieciséis horas con nueve minutos, y cita para la que tendrá lugar el miércoles dieciséis de enero de dos mil trece, a las once horas.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: En votación económica se pregunta si se aprueba. Levanten la mano los que estén por la afirmativa. Levanten la mano los que estén por la negativa. Ciudadano presidente, la mayoría por la aprobación.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.

Se ruega darnos cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación.

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P1A.-3759 signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/ DGAVS/1034/2012 suscrito por el licenciado Raúl Gómez Torres, subdirector de Redes de Vinculación de la Dirección General Adjunta de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la vacuna contra el virus del papiloma humano.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de enero de 2013.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Cámara de Senadores.

PERSPECTIVA DE GENERO

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P1A.-3787 signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número INMUJERES/ SE/002/2013 suscrito por la doctora María Elena Álvarez Bernal, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al fortalecimiento de las políticas públicas desde la perspectiva de género.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de enero de 2013.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Cámara de Senadores.

AUTOPISTA MEXICO-TOLUCA

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-1322 signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número PF/OCG/2281/ 2012 suscrito por el maestro Enrique Francisco Galindo Ceballos, secretario general y encargado del despacho de la Oficina del Comisionado General de la Policía Federal, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la implementación de un operativo de seguridad vial en los puntos considerados de alto riesgo en la autopista México-Toluca.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de enero de 2013.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Cámara de Senadores.

AÑO 2013, BELISARIO DOMINGUEZ

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P1A.-3902 signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1.3.-0001/2013 suscrito por el maestro Gemi José González López, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la emisión y distribución de estampillas postales conmemorativas, alusivas a la celebración “Año 2013, Belisario Domínguez”, en todo el territorio nacional.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de enero de 2013.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Cámara de Senadores.

ESTADO DE GUERRERO

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio DGPL-1 P1A.-3014 signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1.3.-0003/2013 suscrito por el maestro Gemi José González López, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la obra "Marina Turística, Puerto Majahua" que se está ejecutando en la Bahía de Puerto Marqués, en Acapulco, Guerrero.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de enero de 2013.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Cámara de Senadores.

PERMISO PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACION

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-00371, el ciudadano Miguel Malfavón, director general adjunto del Ceremonial, encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Ciudadana Martha Beatriz Navarro García, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud de la interesada dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 15 de enero de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.Continúe.

ESTADO DE QUINTANA ROO

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión.— Presente.

Hago referencia a su oficio número D.G.P.L.62-II-8-0701 de fecha 3 de enero del presente año, medio por el cual se emite exhorto al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al suscrito, a fin de publicar en el Diario Oficial de la Federación el Programa de Manejo del Área Natural Protegida con la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna Yum-Balam.

Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que esta comisión nacional a mi cargo, ha concluido la formulación del referido documento de planeación y regulación, procediéndose en consecuencia a elaborar el resumen correspondiente, mismo que será sometido junto con su correspondiente manifestación de impacto regulatorio al proceso de revisión por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a que se refieren los artículos 69-E y 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que una vez que se cuente con el dictamen final de la referida comisión federal, esta secretaría podrá dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 66, último párrafo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuyo precepto dispone textualmente lo siguiente “La secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, un resumen del programa de manejo respectivo y el plano de localización del área.”

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de enero de 2013.— Maestro Luis Fueyo Mac Donald (rúbrica), comisionado Nacional.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados y al promovente, para su conocimiento.

CAMARA DE SENADORES

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXII Legislatura.— Comisión de Adminitración.

Secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.

Me permito remitir a ustedes, para atención de la Comisión Permanente, el presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para enero de 2013.

Atentamente

México, DF, a 9 de enero de 2013.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXII Legislatura.— Comisión de Adminitración.

Presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para enero de 2013

Servicios personales                    170 866 524

Materiales y suministros                  5 545 508

Servicios generales                      169 014 107

Ayudas y subsidios                         1 015 716

Bienes muebles e inmuebles            8 849 358

Obra pública                                    4 166 667

Total                                           359 457 880

Importa el presente presupuesto la cantidad de trescientos cincuenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos ochenta pesos 00/100 mn.

México, DF, a 19 de diciembre de 2012.— Senador Jorge Luis Lavalle Maury (rúbrica), Presidente;senador Raúl Aarón Pozos Lanz (rúbrica), secretario;senadora Luz María Beristáin Navarrete (rúbrica), secretaria;senador Carlos Alberto Puentes Salas (rúbrica), senador David Monreal Ávila (rúbrica), licenciada Graciela Brasdefer H. (rúbrica), tesorera.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

Continúe la Secretaría.

BICENTENARIO DEL PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC, DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACION Y DE LA DECLARACION DE INDEPENDENCIA DE LA AMERICA SEPTENTRIONAL

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Escudo del Congreso del Estado de Guerrero.— LX Legislatura.— Bicentenario.— Primer Congreso de Anáhuac.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, DF.

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Sexagésima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente para los efectos legales conducentes, el decreto número 062 por el que se crea la Comisión Especial para la conmemoración del bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac, de los Sentimientos de la Nación y de la Declaración de Independencia de la América Septentrional.

Aprobado en sesión celebrada el martes 18 de diciembre año en curso.

Atentamente

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, martes 18 de diciembre de 2012.— Licenciado Benjamín Gallegos Segura (rúbrica), oficial mayor.»

«Escudo del Congreso del Estado de Guerrero.— LX Legislatura.— Bicentenario.— Primer Congreso de Anáhuac.

La Sexagésima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, y

Considerando

Que en sesión de fecha 18 de diciembre del 2012, los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Gobierno, presentaron a la plenaria el dictamen con proyecto de decreto por el que se crea la Comisión Especial para la conmemoración del bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac, de los Sentimientos de la Nación y de la Declaración de Independencia de la América Septentrional, en los siguientes términos:

Antecedentes

A. Con fecha tres de octubre del presente año, fue turnada a la Comisión de Gobierno para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, una iniciativa de decreto, suscrita por el diputado Ricardo Taja Ramírez, por medio del cual en resumen se propone:

Se cree la Comisión Especial encargada del bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac y de la promulgación de los Sentimientos de la Nación; se exhorte los Poderes Ejecutivo y Judicial y a los órganos autónomos, a que plasmen la leyenda “Año 2013: Bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac y de la promulgación de los Sentimientos de la Nación” en su documentación oficial y, por último, se declare 2013 como el año del bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac y de la promulgación de los Sentimientos de la Nación.

B. Con la misma fecha, igualmente fue turnada a la Comisión de Gobierno, una propuesta de acuerdo parlamentario, suscrita por el diputado Oliver Quiroz Vélez que, de manera resumida propone:

Se haga un atento exhorto al Ejecutivo federal, a los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativos y Judicial de las entidades federativas y el Distrito Federal para que declaren en sus respectivos ámbitos el 2013 como Año del Bicentenario de la Instalación del Primer Congreso de Anáhuac y la Proclamación de los Sentimientos de la Nación y del Acta Solemne de la Declaración de la Independencia de la América Septentrional, así como también se invite al honorable Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados y del Distrito Federal, a declarar el 2013 como Año del Bicentenario de la Instalación del Primer Congreso de Anáhuac y la Proclamación de los Sentimientos de la Nación, y del Acta Solemne de la Declaración de la Independencia de la América Septentrional.

C. Con fecha diez de octubre del presente año, fue turnada a la Comisión de Gobierno, para su análisis y emisión del dictamen correspondiente, una propuesta de acuerdo parlamentario, suscrita por el diputado Valentín Rafaela Solís, por medio del cual se propone de manera resumida:

Que se exhorte a los ochenta y un municipios de la entidad a manejar en la papelería oficial la leyenda relativa a la conmemoración del bicentenario del Primero Congreso de Anáhuac, así como también se exhorte a los cabildos para que integren comisiones transitorias de ediles, encargadas de realizar eventos conmemorativos por el bicentenario de la promulgación de los Sentimientos de la Nación.

D. Dada la naturaleza de las propuestas que nos ocupan, resulta necesario citar como antecedente lo dispuesto en el decreto número 1193 de fecha 29 de mayo del dos mil doce, aprobado por la Quincuagésima Novena Legislatura, y cuyos resolutivos se resumen en los siguientes términos:

Se declara a 2013 como Año del Bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac, de los Sentimientos de la Nación y de la Declaración de Independencia de la América Septentrional.

Se crea el Consejo Consultivo para la Conmemoración del Bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac, de los Sentimientos de la Nación y de la Declaración de Independencia de la América Septentrional.

Se declaran fechas solemnes para Guerrero, las siguientes:

13 de septiembre

Conmemoración del aniversario de la instalación del Primer Congreso de Anáhuac y de la proclamación de los Sentimientos de la Nación, en 1813; y

6 de noviembre:

Conmemoración de la promulgación del Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional por el Primer Congreso de Anáhuac, sancionada en el Palacio Nacional de Chilpancingo, en 1813.

Considerandos

Que conforme a lo establecido en los artículos 50, fracción II,; 126, fracción II, y 170, fracción IV, de la Constitución Política local el diputado Ricardo Taja Ramírez, cuenta con plenas facultades para iniciar ante el pleno de esta soberanía, la propuesta de decreto señalado en el inciso A) del apartado de Antecedentes;

Que conforme a lo señalado en el artículo 170 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, los diputados Oliver Quiroz Vélez y Valentín Rafaela Solís, gozan de las facultades necesarias para presentar las propuestas de acuerdo señaladas en los incisos B) y C), respectivamente, del apartado de Antecedentes;

Que por disposición de la declaratoria emitida por la Presidencia de la Mesa Directiva en las sesiones plenarias de fechas 2 y 9 de octubre del presente año, y conforme lo señala el artículo 51, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, la Comisión de Gobierno se encuentra plenamente facultada para emitir el presente dictamen que recae a las iniciativas señaladas en el apartado de Antecedentes;

Que dada la naturaleza de la iniciativa y las propuestas de acuerdo que nos ocupan, la y los integrantes de esta Comisión de Gobierno, consideramos pertinente analizarlas conjuntamente y dictaminar su procedencia en un solo ordenamiento;

Que en términos generales, la diputada y los diputados integrantes de la Comisión de Gobierno, coincidimos con los promoventes respecto a sus argumentaciones sobre la importancia histórica de la instalación del Primer Congreso de Anáhuac, la proclama de los Sentimientos de la Nación y la Declaración de Independencia de la América Septentrional; así como de la pertinencia de impulsar acciones por parte de este honorable Congreso que, en el contexto de la celebración de los hechos históricos citados, involucren a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a los poderes públicos de la federación, a las entidades federativas, a los honorables ayuntamientos de Guerrero, y a la sociedad en general, a fin de conocer y reafirmar los valores que nos han dado identidad nacional y construido el país independiente de nuestros días;

Que no obstante exista coincidencia en el espíritu de las propuestas, cada una de ellas requiere de un análisis particular, a fin de dictaminar su procedencia;

Que para efecto del análisis de la iniciativa de decreto suscrita por el diputado Taja Ramírez, referida en el inciso A) del apartado de Antecedentes, la diputada y los diputados integrantes de la Comisión de Gobierno, consideramos que la creación de una Comisión Especial para organizar la conmemoración del bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación, señalada en el artículo primero de la iniciativa de decreto, resulta procedente; toda vez que la magnitud, el alcance nacional y la importancia social de tan importantes eventos históricos, ubica a esta comisión especial como una instancia propia del Congreso que, en tanto poder público, propondrá y organizará las acciones que eventualmente conformarían el programa de actividades del Consejo Consultivo señalado en el Decreto 1193;

Que en abono a la anterior consideración, es menester retomar lo establecido en el artículo 82 de la ley que rige este Congreso, en términos de que se podrán crear comisiones especiales para atender asuntos que no sean competencia de alguna comisión o comité ordinario, que serán de carácter transitorio y conocerá únicamente de los hechos y asuntos que hayan motivado su integración;

Que dicha comisión especial no se contrapone con lo establecido en el Decreto 1193, e incluso, concuerda con lo señalado en los considerandos de dicho ordenamiento que preveía la integración de una comisión especial de esta soberanía, coadyuvante del Consejo Consultivo para la Conmemoración del Bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac, de los Sentimientos de la Nación y de la Declaración de Independencia de la América Septentrional, y que a la letra dice:

Esta comisión dictaminadora consideró prudente dejar todo lo relacionado con la integración y atribuciones de la Comisión Especial coadyuvante para la conmemoración del Bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac, de los Sentimientos de la Nación y del Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional, en manos de la próxima LX Legislatura, porque corresponderá a su ejercicio constitucional la participación directa del honorable Congreso del Estado en esta magna conmemoración.

Que en lo que respecta al artículo segundo de la iniciativa de decreto del diputado Taja Ramírez, en términos de gestionar ante la Cámara de Diputados una partida especial de recursos suficientes para el desarrollo de las actividades de conmemoración de los hechos históricos que nos ocupan, esta comisión dictaminadora, si bien lo estima pertinente, considera que la gestión de recursos y apoyos deberá formar parte de la descripción del objeto, atribuciones y facultades con las que contaría eventualmente la comisión especial en comento, y que la iniciativa de decreto del diputado Taja Ramírez no contempla.

Que en cuanto al artículo tercero de la iniciativa de decreto del diputado Taja Ramírez, en el que se dispone que los tres Poderes públicos del estado y los organismos autónomos, plasmen en su documentación oficial la Leyenda “Año 2013: Bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac y de la promulgación de los Sentimientos de la Nación”, si bien resulta pertinente, es necesario señalar que ésta sería una de las acciones que tendría que evaluar la comisión especial y, en su caso, formar parte de su programa de actividades, vinculando a los otros poderes públicos del estado, con pleno respeto a su autonomía e independencia.

Que en cuanto al artículo cuarto y último de la iniciativa de decreto del diputado Taja Ramírez, por medio del cual se propone declarar 2013 como Bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac y de la promulgación de los Sentimientos de la Nación, es necesario señalar que ya el Decreto 1193, señalado con el inciso D) del apartado de Antecedentes, en su precepto primero dispone: “El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, declara a 2013 como Año del Bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac, de los Sentimientos de la Nación y de la Declaración de Independencia de la América Septentrional”; por lo que la propuesta del diputado Taja Ramírez ya se encuentra contemplada.

Que, en el mismo sentido del considerando anterior, del análisis de las propuestas de acuerdo presentadas por los diputados Quiroz Vélez y Valentín Rafaela Solís, referidas respectivamente al exhorto a los titulares de los Poderes Ejecutivos federal y de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como la invitación al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados y del Distrito Federal, para que declaren a 2013 como Año del Bicentenario de la Instalación del Primer Congreso de Anáhuac y la Proclamación de los Sentimientos de la Nación, y del Acta Solemne de la Declaración de la Independencia de la América Septentrional; e igualmente el exhorto a los 81 municipios de Guerrero, para que incluyan en su documentación oficial la leyenda “2013 Celebración del Bicentenario de la Promulgación del Primer Congreso de Anáhuac y de la Promulgación de los Sentimientos de la Nación” y, a su vez, los 81 cabildos de los municipios de Guerrero, integren comisiones transitorias encargadas de realizar eventos conmemorativos por el bicentenario de la promulgación de los Sentimientos de la Nación; esta comisión dictaminadora considera que dichas acciones, previa evaluación de la comisión especial, formarían parte de su programa de actividades.

Que no obstante que esta comisión dictaminadora considera pertinente y necesaria la integración de una comisión especial destinada a organizar, por parte de este honorable Congreso del Estado, la conmemoración del bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac, de los Sentimientos de la Nación y de la Declaración de Independencia de la América Septentrional, la diputada y diputados integrantes de la Comisión de Gobierno, haciendo un esfuerzo de síntesis de los motivos que generaron la iniciativa de decreto y las propuestas de acuerdo objeto del presente dictamen, consideramos necesario establecer los criterios que deben regir el objeto, el funcionamiento y el carácter de las actividades de esta comisión especial.

Que sin duda los acontecimientos históricos a los que se ha hecho referencia, entre otros muchos no menos importantes y envueltos en una aureola de reconocida heroicidad, dieron pié a la construcción de nuestra nación; y han impreso, sin duda, los rasgos de identidad política e ideológica en el desarrollo de nuestra sociedad desde aquel entonces hasta nuestros días.

Que no obstante lo anterior, y a casi doscientos años de distancia, de manera natural y explícitamente dialéctica, la sociedad mexicana continúa construyendo los entendimientos necesarios que permitan una relación armónica de su desarrollo y la construcción de un régimen político acorde a sus necesidades, su tiempo y su circunstancia.

Que es en este proceso que resulta indispensable retomar objetivamente los hechos históricos y su contexto político e ideológico, para conocer y entender nuestra identidad nacional, y particularmente, el proceso de transformación del cuerpo jurídico que ha dado lugar al pacto social que hoy nos rige.

Que los acontecimientos referidos, desde una visión histórica, descartando, por tanto, una visión meramente heroica de este proceso, entrañan fundamentalmente un acto constitucionalista; que para el decir de algunos historiadores, se trata de postulados avanzados a su propio tiempo.

Que el Congreso de Anáhuac, que abreva de los principios ideológicos de los Sentimientos de la Nación elaborados por Morelos, imprime el carácter social del movimiento de Independencia: Proclama la abolición de la esclavitud, el tributo y la diferencia de clases, y asume que todos los hombres nacen libres e iguales en derecho, sentando las bases de una ciudadanía universal. Reconoce, además, la existencia de los derechos políticos y civiles, declara que todos los habitantes de la República son acreedores a que se les reconozca sus derechos humanos: igualdad, libertad, propiedad e, incluso, retomando la experiencia del Congreso de Filadelfia, el de la felicidad.

Que por su parte, y en estricta observancia del contexto histórico de los acontecimientos, el Congreso de Anáhuac instruye un Poder Legislativo, y con ello –a decir de algunos historiadores– el primer sistema parlamentarista de Latinoamérica. Se percibe, entonces, que sólo en una República, dividida en tres Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se podrían respetar los derechos fundamentales de los hombres, logrados a partir de la Revolución Francesa.

Que estamos sin duda, en la historia de nuestra nación, observando la génesis del constitucionalismo en México, que a la luz de doscientos años después, necesita conocerse, reflexionar sobre ella y valorar su impacto, trayectoria y transformación, en la conformación de nuestro pacto social hasta nuestros días.

Que a la luz de los importantes avances en la consolidación del régimen democrático de nuestra nación, a casi doscientos años de vida independiente, es de reconocer de manera objetiva que aún quedan distintas asignaturas pendientes en la agenda política nacional que involucran el pacto social que nos rige en nuestros días.

Que por ello resulta no solo pertinente sino necesario, impulsar un amplio proceso de discusión, análisis y búsqueda de acuerdos en el marco de la agenda política nacional, para fortalecer el proceso de una nueva constitucionalidad para México.

Que, en última instancia, resulta contradictorio y de una clara injusticia social, el no existir congruencia entre la importantísima contribución histórica que ha ofrecido Guerrero en la construcción del país y el abandono igualmente histórico por parte de la Federación, que nos ha remitido al mayor de los atrasos en la conformación de un desarrollo con equidad y justicia social.

Que con este espíritu es que la Comisión de Gobierno considera necesario integrar una comisión especial para la organización de los festejos y conmemoración del bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac, de los Sentimientos de la Nación y de la Declaración de Independencia de la América Septentrional, cuyo objetivo será el de promover ampliamente la participación ciudadana para el conocimiento, reflexión y entendimiento de la importancia histórica de la instalación del Primer Congreso de Anáhuac, la proclama de los Sentimientos de la Nación y la Declaración de Independencia de la América Septentrional; así como su contribución política e ideológica en la fundación del constitucionalismo en México.

Que en sesión de fecha 18 de diciembre del 2012, el dictamen en desahogo fue enlistado como lectura, discusión y aprobación, respectivamente, por lo que en términos de lo establecido en el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, la Presidencia de la Mesa Directiva, habiendo sido fundado y motivado el dictamen con proyecto de decreto, al no existir votos particulares en el mismo y no haber registro en contra en la discusión, procedió a someterlo a votación, aprobándose por unanimidad de votos.

Que aprobado en lo general el dictamen, se sometió en lo particular y no habiéndose presentado reserva de artículos, la Presidencia de la Mesa Directiva del honorable Congreso del Estado realizó la declaratoria siguiente: En virtud de que no existe reserva de artículos, esta Presidencia en términos del artículo 137, párrafo primero de nuestra Ley Orgánica, tiene por aprobado el dictamen con proyecto de decreto por el que se crea la Comisión Especial para la conmemoración del bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac, de los Sentimientos de la Nación y de la Declaración de Independencia de la América Septentrional. Emítase el decreto correspondiente y remítase a las autoridades competentes para los efectos legales conducentes.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47, fracción I, de la Constitución Política local y 8, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, el honorable Congreso del estado, decreta y expide el siguiente:

Decreto número 062 por el que se crea la Comisión Especial para la conmemoración del bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac, de los Sentimientos de la Nación y de la Declaración de Independencia de la América Septentrional

Artículo Primero. Se crea la comisión especial del honorable Congreso del estado de Guerrero, para la conmemoración del bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac, de los Sentimientos de la Nación y de la Declaración de Independencia de la América Septentrional.

La comisión especial se integrará con las y los siguientes:

Diputados: Héctor Antonio Astudillo Flores, presidente; Alejandro Arcos Catalán, secretario; Laura Arizmendi Campos, Jorge Camacho Peñaloza, Arturo Álvarez Angli, Emiliano Díaz Román, Jorge Salazar Marchán, Elí Camacho Goicochea, vocales.

Artículo Segundo. La comisión especial tiene como responsabilidad fundamental la de promover ampliamente la participación ciudadana para el conocimiento, reflexión y entendimiento de la importancia histórica de la instalación del Primer Congreso de Anáhuac, la proclama de los Sentimientos de la Nación y la Declaración de Independencia de la América Septentrional; así como su contribución política e ideológica en la fundación del constitucionalismo en México; para lo cual contará con las siguientes atribuciones:

I. Vincularse con el Consejo Consultivo para la Conmemoración del Bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac, de los Sentimientos de la Nación y de la Declaración de Independencia de la América Septentrional, señalado en el decreto 1193, de fecha 29 de mayo de dos mil doce;

II. Coordinarse con el Poder Ejecutivo federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el honorable Congreso de la Unión, los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas del país, el gobierno del Distrito Federal, así como con las legislaturas de los estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y los honorables ayuntamientos del estado de Guerrero y, las organizaciones de la sociedad civil; a efecto de integrar un programa de actividades en el ámbito nacional y estatal.

El programa de actividades privilegiará las acciones que favorezcan el conocimiento de los hechos históricos a través de la edición y divulgación de la obra escrita; promoverá el análisis y la reflexión crítica en espacios de disertación pública; propiciará la creación artística, la investigación, y el ensayo histórico-político; así como promover los espacios e instancias para impulsar el debate legislativo a nivel nacional para el desahogo de la Agenda Política Nacional respecto a una Nueva Constitucionalidad para México; y

III. Coordinarse con la Comisión de Gobierno, con el Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”, la oficialía mayor del Congreso, la Dirección Administrativa y la Coordinación de Asesores para el Apoyo y Estudio Técnico a Comisiones y Comités Legislativos, en el marco de las respectivas responsabilidades y funciones de dichos órganos, para el cumplimiento de sus objetivos.

Artículo Tercero. La comisión especial desarrollará sus actividades desde la entrada en vigor del presente decreto hasta el último día del año 2013.

La Mesa Directiva y la Comisión de Gobierno del Congreso del estado, velarán que a la comisión especial se le provea de los recursos presupuestales, humanos y técnicos necesarios para la realización de sus fines, atribuciones y facultades.

Artículo Cuarto. Para el desempeño de sus funciones, la Comisión Especial integrará un grupo de especialistas que apoyará los trabajos de coordinación, organización y logística necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación.

Segundo. Llámese a las y los diputados señalados en el artículo primero del presente decreto, para tomarles la protesta de ley ante el pleno.

Tercero. Remítase al titular del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero, para los efectos legales procedentes.

Cuarto. La comisión especial una vez instalada y en un plazo que no exceda los quince días hábiles, elaborará el Reglamento Interno que rija su funcionamiento.

Quinto. Remítase al titular del Ejecutivo federal, al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los titulares del Poder Ejecutivo en las entidades federativas, a las legislaturas de los estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los ochenta y un municipios del estado de Guerrero, para su conocimiento efectos procedentes.

Sexto. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, para su conocimiento general y efectos legales conducentes.

Dado en el salón de sesiones del honorable Poder Legislativo, a dieciocho de diciembre de dos mil doce.— Diputado Antonio Gaspar Beltrán (rúbrica), presidente;diputada Laura Arizmendi Campos (rúbrica), secretaria;diputada Concepción Oliva Hernández (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión Especial para la Conmemoración del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.Continúe.

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.

Hago referencia a su oficio D.G.P.L. 62-II-8-0346, recibido con fecha 14 de noviembre del presente año, a través del cual solicita atender el punto de acuerdo aprobado en la sesión celebrada el martes 13 de noviembre del año en curso, mediante el cual se exhorta a este instituto a garantizar el abastecimiento de recursos materiales y humanos necesarios, a fin de que se garantice la atención médica a la población de la Isla de Cedros, en Baja California.

Sobre el particular, me permito informar a usted que este instituto cuenta en el municipio de Ensenada, específicamente en la localidad Isla de Cedros, con una UMF tipo "A", con clave presupuestal 002-206-02, clave única de establecimientos BCISTOOOO23, la cual tiene un médico responsable. Su equipamiento médico y mobiliario administrativo consta de una cama, dos mesas de curación, una mesa de exploración, dos bancos de altura, báscula para pesar bebés, báscula para pesar adultos, un negatoscopio, un escritorio ejecutivo, un archivero, sillón ejecutivo, computadora, impresora y una máquina de escribir.

En cuanto al surtimiento de medicamentos y material de curación, a esta unidad médica se le surte o a través de la clínica hospital "Ensenada" una vez por mes, no existiendo a la fecha desabasto alguno.

Cabe hacer mención que su población amparada es de 370, de los cuales 93 son trabajadores, 14 pensionistas, 228 son familiares de trabajadores y 35 familiares de pensionistas.

No omito manifestar a usted que esta Dirección Médica, instruirá a las áreas correspondientes, a efecto de brindar certeza para que dicha unidad médica cuente con el suministro de recursos materiales y humanos suficientes que le permitan garantizar la atención médica oportuna a su población derechohabiente.

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial saludo.

Noviembre 29 de 2012.— Doctor Rafael Castillo Arriaga (rúbrica),  director médico.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

COMISION NACIONAL DEL AGUA

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Comisión Nacional del Agua.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con relación al Programa de Devolución de Derechos (Prodder) y de acuerdo a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, me permito informar a usted que de los ingresos excedentes recaudados por esta comisión al 31 de diciembre de 2012, se tramitaron ante la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afectaciones presupuestarias para su autorización por un importe de mil 840.8 millones de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2012 se han autorizado y realizado la devolución de recursos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en este programa, un importe de mil 399.9 millones de pesos, se anexa al presente el informe por entidad federativa. Los restantes 440.8 millones de pesos, están en proceso de autorización por parte de la SHCP, para su posterior devolución.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 9 de enero de 2013.— Ingeniero Óscar J. Hernández López (rúbrica), subdirector general.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Escudo.— LXIII Legislatura.— Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.— 2010-2013.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número 571/2012 I P.O., así como del dictamen que le dio origen, por medio del cual el Congreso del Estado de Chihuahua formula ante el Congreso de la Unión, iniciativa con carácter de decreto, a efecto de adicionar un segundo párrafo a la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Sin otro particular de momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de diciembre de 2012.— Diputado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez (rúbrica), presidente del Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado de Chihuahua.— Secretaría.

La Sexagésima Tercera Legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su primer período ordinario de sesiones, dentro del tercer año de ejercicio constitucional,

Acuerda

Primero.Formular ante el Congreso de la Unión, iniciativa con carácter de decreto, a efecto de adicionar un segundo párrafo a la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración pública Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 27.A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a la XIII. ...

XIV. Conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a otra secretaría, las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y con las demás autoridades federales y locales, así como rendir las informaciones oficiales del Ejecutivo federal:

Quedan exceptuadas de esta disposición, las peticiones o exhortos llevados a cabo por las legislaturas de los estados a las secretarías de estado, sus delegaciones estatales, organismos públicos descentralizados, y demás órganos de la administración pública federal. En su caso, la relación será directa entre las legislaturas estatales y las dependencias federales, sin perjuicio de la obligación de éstas de hacer del conocimiento del hecho a la Secretaría de Gobernación;

XV. a la XXXII. ...

Segundo.Remítase copia del presente acuerdo, así como del dictamen que le dio origen, al Congreso de la Unión, para su conocimiento y los efectos a que haya lugar.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil doce.— Diputado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez (rúbrica), presidente; diputada Inés Aurora Martínez Bernal (rúbrica), secretaria; diputada Alva Melania Almazán Negrete (rúbrica), secretaria.»

«Escudo.— LXIII Legislatura.— Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.— 2010-2013.

Congreso del Estado.— Presente.

La Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someten a la consideración del pleno, el presente dictamen elaborado con base en los siguientes:

Antecedentes

I. Con fecha cuatro de septiembre del año dos mil doce fue turnada a esta comisión, para su estudio y posterior dictamen, iniciativa con carácter de decreto ante el Congreso de la Unión, presentada por el diputado a la Sexagésima Tercera Legislatura integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Gerardo Hernández Ibarra, con la finalidad de reformar el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, relativa a las atribuciones de la Secretaría de Gobernación.

II. La Iniciativa que se analiza se sustenta bajo los siguientes argumentos:

“Los gobiernos federal, estatal y municipal, han hecho, a lo largo de muchos años, una gran inversión pública para mejorar la eficiencia administrativa, el cambio institucional, identificando con la reforma del estado que se originó a inicios de la década de los ochenta tuvo como punto de partida la modernización de sus estructuras administrativas.

A más de 25 años de tal proceso de mejora administrativa, creemos, que aunque hay mucho por hacer, es incuestionable que dicha modernización ha permitido que ahora contemos con una administración pública gubernamental mucho más eficaz en los tres niveles de gobierno.

Sin duda ha habido grandes cambios en la gestión pública y en su tejido institucional, las gestiones de modernización en las administraciones públicas han planteado la incorporación de líneas de acción que se han instrumentado obligatoriamente en los tres niveles de gobierno, no sólo a partir de la descentralización y desconcentración de funciones y recursos que desde el nivel federal se transfirieron al nivel local, sino también con base en las acciones identificadas con la gestión e introducción de nuevas prácticas organizacionales asociadas a contenidos de racionalidad, eficacia y eficiencia en la gestión.

Lo anterior viene a colación ya que derivado de la falta de adecuación y actualización de leyes, de pronto encontramos funciones gubernamentales que por el contario de hacer eficiente y eficaz la gestión pública la duplican y entorpecen, creemos que es el caso de lo estipulado en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se refiere a los asuntos que corresponden despachar a la Secretaría de Gobernación.

Es el caso que entre otros asuntos, se precisa en la fracción XIV que a la Secretaría de Gobernación corresponde conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y con las demás autoridades federales y locales, así como rendir las informaciones oficiales del Ejecutivo federal.

Por lo anterior y en aras de continuar fortaleciendo nuestras leyes en beneficio de los ciudadanos de la república, es que hacemos esta propuesta que consideramos de vital importancia, pues el problema planteado es muestra de una administración ineficaz y no es lo que queremos para nuestro país.”

La Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales, después de entrar al estudio y análisis de la iniciativa de mérito, formula las siguientes:

Consideraciones

I. El Congreso del estado, a través de esta comisión de dictamen legislativo, es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de antecedentes, según lo dispuesto por el artículo 57 y 58 de la Constitución Política del Estado; así como los numerales 43, 46 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

II. La iniciativa en cuestión tiene por objeto reformar el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, relativo a los asuntos que corresponden a la esfera de atribuciones de la Secretaría de Gobernación.

“Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a la XIII. ...

XIV. Conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a otra secretaría, las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y con las demás autoridades federales y locales, así como rendir las informaciones oficiales del Ejecutivo federal.”

El ideal en un sistema democrático tiene como uno de sus requerimientos la coordinación emanada lógicamente de la comunicación clara y oportuna entre los distintos niveles de gobierno, siempre y cuando dicha relación sea mediante el respeto pleno de las atribuciones constitucionales.

La iniciativa en comento tiene como finalidad abonar a una mayor eficacia en el procedimiento que atañe a la comunicación entre las legislaturas de los estados con las secretarias que conforman la administración pública centralizada; es decir, la reforma genera una descentralización, en lo que respecta a las atribuciones de la Secretaría de Gobernación, sin restarle a ésta ningún tipo de prerrogativa en el conocimiento de los asuntos emanados de dicha comunicación.

III. Actualmente las relaciones que lleva el Poder Ejecutivo federal con las demás autoridades a nivel federal y local, ayudan a contribuir el desempeño de las acciones y resultados que cada una realiza. Sin embargo, según las apreciaciones del iniciador, resulta apropiado optimizar dichas relaciones agilizándolas.

Asimismo es evidente la intención del documento en análisis que la motivación que le da origen es la de contribuir a la eficiencia en la gobernabilidad y el desarrollo político de México a través de una buena relación del gobierno federal con los Poderes de la Unión y los demás niveles de gobierno para garantizar la estabilidad nacional, la convivencia armónica y el bienestar de los mexicanos en un estado de derecho.

IV. El artículo 90 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

“Articulo 90. La administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la federación que estarán a cargo de las secretarías de estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo federal en su operación.

Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo federal, o entre éstas y las secretarías de estado.”

Tras el análisis de la propuesta contenida en la iniciativa que nos ocupa, encontramos viable su contenido, y concordamos con el iniciador respecto a que un procedimiento es un conjunto de pasos a seguir para llegar a un resultado; en el caso de alguna petición de una entidad local a una secretaria de estado, el procedimiento es de vital importancia para que el acto mismo surta los efectos deseados, sin embargo, el procedimiento tiene que armonizar con la oportunidad que el resultado mismo del acto requiere para que éste no carezca de utilidad.

En caso concreto, encontramos que la propuesta de marras no menoscaba la atribución legal que la Secretaría de Gobernación tiene para conducir cualquier relación que se dé entre autoridades, pero traslada dicha atribución a un momento posterior a que la comunicación entre ambas dependencias haya sido establecida.

V. Con base en lo anterior tras el estudio de la iniciativa que da origen a este dictamen, los integrantes de esta comisión concordamos en dar trámite a la iniciativa ante el honorable Congreso de la Unión para que valoré y determine la procedencia y oportunidad de la reforma propuesta por la misma.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales, con fundamento en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado, nos permitimos proponer a esta asamblea legislativa el siguiente proyecto con carácter de:

Iniciativa de decreto ante el Congreso de la Unión

Artículo Único. La Sexagésima Tercera Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, acuerda enviar al Congreso de la Unión, la iniciativa de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción XIV el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a la XIII. ...

XIV. Conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a otra secretaría, las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y con las demás autoridades federales y locales, así como rendir las informaciones oficiales del Ejecutivo federal;

“Quedan exceptuadas de esta disposición, las peticiones o exhortos llevados a cabo por las legislaturas de los estados a las secretarías de estado, sus delegaciones estatales, organismos públicos descentralizados, y demás órganos de la administración pública federal. En su caso, la relación será directa entre las legislaturas estatales y las dependencias federales, sin perjuicio de la obligación de estas de hacer del conocimiento del hecho a la Secretaría de Gobernación.”

XV. a la XXXII. ...

Económico. Una vez aprobado que sea, túrnese a la secretaría para que elabore la minuta de iniciativa, en los términos en que deba remitirse al honorable Congreso de la Unión.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil doce.— Por la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputados: Raúl García Ruiz (rúbrica), presidente; Jorge Abraham Ramírez Alvídrez (rúbrica), secretario; Ricardo Alán Boone Salmón (rúbrica), Héctor Elías Barraza Chávez (rúbrica), René Franco Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, para dictamen.

ARTICULOS 108 Y 111 CONSTITUCIONALES

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Escudo.— Poder Legislativo.— LII Legislatura.— 2012-2015.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto remito en copia simple, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al retiro del fuero constitucional, así como acuerdo aprobado en sesión celebrada el día 27 de noviembre del 2012, con el propósito de que sea turnada a la Comisión Legislativa correspondiente, para su análisis y dictamen.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Cuernavaca, Morelos, a 1o. de diciembre de 2012.— Diputado Humberto Segura Guerrero (rúbrica), presidente del Congreso de Morelos.»

«Escudo.— Poder Legislativo.— LII Legislatura.— 2012-2015.

Honorable Asamblea:

El que suscribe, diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del estado, con las facultades que le confiere los artículos 40, fracción II, 42, fracción II, y 60 de la Constitución Política del estado, somete a consideración de esta representación popular iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

El fuero constitucional ha sido tema debatido por los juristas a través del tiempo. Históricamente se define como una situación de privilegio, ya sea por razón de rango o de linaje de las personas. En la época del virreinato se otorgaban una serie de privilegios, que iban desde la excensión de impuestos, el otorgamiento de gracias, mercedes o inmunidades transitorias o definitivas, para la persona o los bienes del beneficiario.

En épocas de oprobio y de persecución policía, como las que vivió México apenas el siglo pasado, el fuero constitucional fue concebido para dotar al representante popular la inmunidad para expresar sus ideas, así lo conceptuó el legislador citando el artículo 16 de la Ley Orgánica del Congreso, señala: “no podrá exigirse a los diputados responsabilidad legal alguna, por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo y jamás podrán ser reconvenidos o enjuiciados por ellas”.

Sin embargo, en las últimas décadas el fuero constitucional ha dejado de ser una protección para garantizar el equilibrio de Poderes y protección de la libre expresión para convertirse en una peculiaridad jurídica, que permite el quebranto del principio de igualdad, que fomenta la impunidad desde la función pública. Esto ha generalizado entre los ciudadanos una actitud de condena y de rechazo del ejercicio del fuero, por lo que hoy su existencia antes que fortalecer el servicio público lo debilita.

El fuero constitucional ha caído sin dudas en prácticas pervertidas, que contradicen la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio público. Este no puede, no debe ser ni es manto de impunidad, todo lo contrario, debe servir sólo para el legislador o el gobernante no sea reprendido y mucho menos aprendido por las opiniones y expresiones que pueda emitir en el ejercico de su cargo.

Señores legisladores, no debemos olvidar que la ciudadanía nos dio la oportunidad de ocupar estosd espacios. Hoy vengo a ser congruente con ese mandato y solicito el apoyo de todos los diputados para impulsar esta propuesta de reforma, que con el aval de esta legislatura pueda ser sometida al Congreso federal.

La propuesta contempla reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 108 y 111, en lo que se refiere al procedimiento de declaración de procedencia que se aplica a los servidores públicos, desde los gobernadores de los estados, los diputados de las legislaturas locales, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, que sean responsables por violaciones a la Constitución y a las leyes federales así como también por violaciones a las leyes locales, y que en estos casos dichos funcionarios respondan de manera directa ante las autoridades competentes, con relación a lo dispuesto en el artículo 111 de la Constitución federal, en la cual se propone que el fuero constitucional del que gozan los servidores públicos respondan ante las autoridades competentes, sin que se requiera declaración de procedencia, en casos de violaciones o delitos graves del fuero federal o común o se dañe el patrimonio del Estado o de particulares de conformidad con la ley respectiva.

Por los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el tercer párrafo del artículo 108 y se modifica el segundo párrafo y se le adiciona un párrafo 11, recorriéndose sus párrafos dos al diez del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 108. ...

Los gobernadores de los estados, los diputados de las legislaturas locales, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de la Judicaturas locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales y locales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, es estos casos dichos funcionarios responderán de manera directa ante las autoridades competentes, conn relación a lo dispuesto en el artículo 111 de esta constitución.

Artículo 111....

El fuero constitucional del que gozan los servidores públicos a los que se refiere el presente artículo responderán ante las autoridades competentes sin que se requiera declaración de procedencia en casos de violaciones o delitos graves del fuero federal o común o se dañe patrimonio del Estado o particulares, de conformidad con la ley respectiva.

Transitorios

Artículo Único. Aprobada la presente iniciativa y con base en la fracción IV del artículo 18 del la Ley Orgánica del Congreso del estado de Morelos, remítase la presente al Congreso de la Unión.

Dado en el recinto oficial del Poder Legislativo, a los 19 días de septiembre de 2012.— Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica).»

«Escudo.— Poder Legislativo.— LII Legislatura.— 2012-2015.

Integrantes de la LII Legislatura del Congreso del Estado.— Presentes.

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación fue remitida, para su análisis y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 60, fracción III, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta asamblea el presente

Dictamen

I. Del proceso legislativo

a) Mediante la sesión ordinaria de asamblea de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el pasado 19 de septiembre de 2012, el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a que este Congreso envíe la presente iniciativa al Congreso de la Unión, con el fin de eliminar el fuero constitucional.

b) En consecuencia a lo anterior el diputado Humberto Segura Guerrero, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, dio cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta comisión dictaminadora.

El diputado Bolaños Aguilar, somete a consideración de esta representación popular la idea de que se suprima de la carta fundamental el fuero constitucional.

Aduce que el fuero constitucional ha sido tema debatido por los juristas a través del tiempo. Históricamente se define como una situación de privilegio, ya sea por razón de rango o de linaje de las personas. En la época del virreinato se otorgaban una serie de privilegios que iban desde la exención de impuestos, el otorgamiento de gracias, mercedes o inmunidades transitorias o definitivas, para la persona o bienes del beneficiario.

Haciendo un recorrido histórico menciona que: “En épocas de oprobio y de persecución policía, como las que vivió México apenas el siglo pasado, el fuero constitucional fue concebido para dotar al representante popular la inmunidad para expresar sus ideas, así lo conceptuó el legislador citando el artículo 16 de la Ley Orgánica del Congreso, señala: “no podrá exigirse a los diputados responsabilidad legal alguna, por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo y jamás podrán ser reconvenidos o enjuiciados por ellas”.

Por último reflexiona que “en las últimas décadas el fuero constitucional ha dejado de ser una protección para garantizar el equilibrio de Poderes y protección de la libre expresión para convertirse en una peculiaridad jurídica, que permite el quebranto del principio de igualdad, que fomenta la impunidad desde la función pública. Esto ha generalizado entre los ciudadanos una actitud de condena y de rechazo del ejercicio del fuero, por lo que hoy su existencia antes que fortalecer el servicio público lo debilita.

El fuero constitucional ha caído sin dudas en prácticas pervertidas, que contradicen la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio público. Este no puede, no debe ser ni es manto de impunidad, todo lo contrario, debe servir sólo para el legislador o el gobernante no sea reprendido y mucho menos aprendido por las opiniones y expresiones que pueda emitir en el ejercico de su cargo”.

III. Valoración de la iniciativa

Quienes integramos la comisión dictaminadora, al hacer el análisis de la iniciativa presentada destacamos que en su esencia se propone retirar la inmunidad que le da la Constitución federal a los gobernadores, diputados y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, es por ello que se propone elevar esta petición al pleno del Congreso del estado, para que éste, en función del derecho que tienen las legislaturas locales la presente como propia.

Efectivamente, explica que para hacer congruente una propuesta similar que conoce esta comisón también, la cual busca de igual forma que sea retirado el concepto de fuero actual y que ha ocasionado una práctica de inmunidad de los funcionarios ya señalados, tema que al ser analizado en su clara acepción como fuero parlamentario, entendiéndose como tal los privilegios establecidos en normas que aplican a una o varias personas por el hecho de pertenecer a un parlamento democrático, como representantes de la soberanía popular, que mientras se encuentren en su cargo, tienen privilegios propios, como el sometimiento a tribunales específicos.

Para ello destacamos lo expresado por el licenciado Alfredo del Valle Espinosa, entonces secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados. En el marco de un ciclo de conferencias expresó:

No obstante que una parte de las doctrinas aún justifican la existencia de estas excepciones que protegen al legislador, invocando que son una tradición aceptada en el derecho constitucional de casi todos los países, que salvaguarda la independencia de los Congresos y parlamentos para que estén libres de presiones políticas de los otros Poderes, tal estatus o condición jurídica ha sido cuestionada por otros sectores de la propia doctrina que declaran que estas figuras en estado de crisis, ya que constituyen excesivos privilegios, se afirma, o bien claras vulneraciones al princio de igualdad ante la ley.

Continúa el ponente señalando:

Así los privilegios se han convertido en vestigios históricos criticados por la doctrina y censurados por los ciudadanos, que han visto como en numerosas ocasiones son utilizados para dejar impunes los excesos en las actuaciones de los legisladores o bien los hechos delictivos.

De lo expuesto, quienes integramos la comisión dictaminadora, creemos oportuno dar la seguridad a la ciudadanía morelense de que este tipo de privilegios, que como ya se dijo son “vestigios históricos” serán erradicados de nuestro marco constitucional y evitar así que cualquier servidor público se arrope en esa circunstancia para no enfrentar la consecuencia de sus actos.

IV. Modificaciones a la iniciativa

Por lo anterior, consideramos adecuado someter a consideración del pleno la adopción del presente

Acuerdo

La LII Legislatura al Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en el artículo71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 40, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, aprueba presentar al Congreso de la Unión, la iniciativa que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo Único.Se reforman el párrafo tercero del artículo 108 y el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 108. ...

Los gobernadores de los estados, los diputados de las legislaturas locales, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de la Judicaturas locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales y locales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, es estos casos dichos funcionarios responderán de manera directa ante las autoridades competentes.

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe del gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República y el procurador general de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisón de delitos durante el tiempo de su encargo, no se requerirá que la Cámara de Diputados declare si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

Por lo que toca al presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberá graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

Transitorio

Artículo Único. Envíese al honorable Congreso de la Unión, con el propósito de que sea turnada a la comisión legislativa correspondiente, para su análisis y dictamen.

Así lo acordó y firma la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, diputados: Lucía Virginia Meza Guzmán (rúbrica), presidenta; Manuel Martínez Garrigós (rúbrica), secretario; Héctor Salazar Porcayo (rúbrica), vocal; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), vocal; Joaquín Carpintero Salazar (rúbrica), vocal; Roberto Fierro Vargas (rúbrica), vocal; Érika Hernández Gordillo (rúbrica), vocal; Roberto Carlos Yáñez Moreno (rúbrica), vocal.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para dictamen.

PERMISOS PARA ACEPTAR Y DESEMPEÑAR CARGO DE CONSULES HONORARIAS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de cuatro dictámenes con proyecto de decreto de la Primera Comisión de Trabajo, que conceden permisos a ciudadanos mexicanos para aceptar y desempeñar el cargo de cónsules honorarios, prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México, y para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados otorgan gobiernos extranjeros.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Susana Canales Clariond y Myriam Vachez Plagnol para aceptar y desempeñar el cargo de cónsules honorarias de la República Francesa en Monterrey, Nuevo León; y Guadalajara, Jalisco, respectivamente

Honorable Asamblea:

La Primera Comisión de Trabajo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la Comisión Permanente, el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

En sesión celebrada el 9 de enero del año en curso por la Comisión Permanente, se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Susana Canales Clariond y Myriam Vachez Plagnol, puedan aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Francesa, en las ciudades de Monterrey y Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Nuevo León y Jalisco, respectivamente, turnándose a la suscrita Comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión de los expedientes se desprende que las peticionarias acreditaron su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento; la residencia en la circunscripción consular, con la constancia de residencia y el nombramiento, con la nota formulada por la Embajada de la República Francesa, en México.

La Primera Comisión de Trabajo considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción IV, del Apartado C) del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Susana Canales Clariond, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Francesa, en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Myriam Vachez Plagnol, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Francesa, en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en el estado de Jalisco.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 15 de enero de 2013.

La Primera Comisión:Diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; diputada Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), senador Mario Delgado Carrillo (rúbrica), secretarios; diputado José Sergio Manzur Quiroga, Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), senador Miguel Romo Medina (rúbrica), senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), senador Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador José María Martínez Martínez (rúbrica), senadora Gabriela Cuevas Barron, diputado Luis Espinosa Cházaro, diputado Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), senador Luis Armando Melgar, diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Quedan de primera lectura.

PERMISOS PARA PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Guadalupe Estefanía Ríos Pacheco, Manuel Martínez Rabelero y Leticia Marbella Matías Matías para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América; en su Consulado General en Guadalajara, Jalisco; y en su Agencia Consular en Oaxaca, Oaxaca, respectivamente

Honorable Asamblea:

La Primera Comisión de Trabajo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la Comisión Permanente, el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

En sesión celebrada el 9 de enero del año en curso por la Comisión Permanente, se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Guadalupe Estefanía Ríos Pacheco, Manuel Martínez Rabelero y Leticia Marbella Matías Matías, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en su Consulado General y Agencia Consular, en Guadalajara, Jalisco y en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, respectivamente, turnándose a la suscrita Comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

Que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con las copias certificadas del acta de nacimiento y carta de naturalización.

La Primera Comisión de Trabajo considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción II del Apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Guadalupe Estefanía Ríos Pacheco, para prestar servicios como asistente administrativa de instalaciones, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Manuel Martínez Rabelero, para prestar servicios como auxiliar administrativo/chofer en el Departamento de Justicia, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Leticia Marbella Matías Matías, para prestar servicios como asistente de servicios consulares, en la Agencia Consular de los Estados Unidos de América en Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 15 de enero de 2013.

La Primera Comisión:Diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; diputada Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), senador Mario Delgado Carrillo (rúbrica), secretarios; diputado José Sergio Manzur Quiroga, Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), senador Miguel Romo Medina (rúbrica), senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), senador Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador José María Martínez Martínez (rúbrica), senadora Gabriela Cuevas Barron, diputado Luis Espinosa Cházaro, diputado Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), senador Luis Armando Melgar, diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica).»

«Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Susana Adame Carreón, Rosa María Jiménez Narváez, Patricia Oliva Romero, Gracia América Elorza Bonifaz Calvo, Álvaro Pacheco Ruvalcaba, Miguel Ángel Reyes Cabrera, Pedro Arellano Alvarado, Mariana Colchado Durán, Els Michiel Ann Mestdagh, María Aydelia Pilar Mayela Gutiérrez Buces, Daniela Linet López García, Mariana Viñas Portilla y Rocío Yaneth Córdova Montijo para prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América, Bélgica, y Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México; y en el Consulado del primero en Hermosillo, Sonora

Honorable Asamblea:

La Primera Comisión de Trabajo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la Comisión Permanente, el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

En sesión celebrada el 9 de enero del año en curso por la Comisión Permanente, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Susana Adame Carreón, Rosa María Jiménez Narváez, Patricia Oliva Romero, Gracia América Elorza Bonífaz Calvo, Alvaro Pacheco Ruvalcaba, Miguel Ángel Reyes Cabrera, Pedro Arellano Alvarado, Mariana Colchado Durán, Els Michiel Ann Mestdagh, María Aydelia Pilar Mayela Gutiérrez Buces, Daniela Linet López García, Mariana Viñas Portilla y Rocío Yaneth Córdova Montijo, puedan prestar servicios de carácter administrativo en las Embajadas de los Estados Unidos de América, de Bélgica, y del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en México, y en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Hermosillo, Sonora, respectivamente, turnándose a la suscrita Comisión para su dictamen, el expediente relativo.

De la revisión de los expedientes se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento.

La Primera Comisión de Trabajo considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el segundo párrafo, del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Susana Adame Carreón, para prestar servicios como coordinadora de viajes, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Rosa María Jiménez Narváez, para prestar servicios como asistente administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Patricia Oliva Romero, para prestar servicios como operador telefónico, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Gracia América Elorza Bonífaz Calvo, para prestar servicios como empleada de visas, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Álvaro Pacheco Ruvalcaba, para prestar servicios como asistente de pasaportes y ciudadanías, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Miguel Ángel Reyes Cabrera, para prestar servicios como asistente de pasaportes y ciudadanías, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano Pedro Arellano Alvarado, para prestar servicios como asistente en computación, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Octavo. Se concede permiso a la ciudadana Mariana Colchado Durán, para prestar servicios como asistente económica y comercial para la Región Flamenca de Bélgica FIT, en la Embajada de Bélgica, en México.

Artículo Noveno. Se concede permiso a la ciudadana Els Michiel Ann Mestdagh, para prestar servicios como recepcionista, en la Embajada de Bélgica, en México.

Artículo Décimo. Se concede permiso a la ciudadana María Aydelia Pilar Mayela Gutiérrez Buces, para prestar servicios como asistente económica y comercial para la Región Valona de Bélgica AWEX, en la Embajada de Bélgica, en México.

Artículo Décimo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Daniela Linet López García, para prestar servicios como asistente de propiedades y mantenimiento, en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en México.

Artículo Décimo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Mariana Viñas Portilla, para prestar servicios como secretaria bilingüe, en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en México.

Artículo Décimo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Rocío Yaneth Córdova Montijo, para prestar servicios como empleada de visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 15 de enero de 2013.

La Primera Comisión:Diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; diputada Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), senador Mario Delgado Carrillo (rúbrica), secretarios; diputado José Sergio Manzur Quiroga, Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), senador Miguel Romo Medina (rúbrica), senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), senador Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador José María Martínez Martínez (rúbrica), senadora Gabriela Cuevas Barron, diputado Luis Espinosa Cházaro, diputado Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), senador Luis Armando Melgar, diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica).

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Quedan de primera lectura.

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Miguel Ángel Fernández Villar, Gabriela Ilian Ramos Patiño y Ernesto Schreiner Hernández para aceptar y usar condecoraciones que les confieren en diversos grados los gobiernos del reino de España, de la República Francesa y de la República de Perú

Honorable Asamblea:

La Primera Comisión de Trabajo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la Comisión Permanente, el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

En sesión celebrada el 9 de enero del año en curso por la Comisión Permanente, se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Miguel Ángel Fernández Villar, Gabriela Ilian Ramos Patiño y Ernesto Schreiner Hernández, puedan aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les otorgan gobiernos extranjeros, turnándose a la suscrita Comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

Que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

Que la solicitud no implica la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.

La Primera Comisión de Trabajo considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción III del Apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Miguel Ángel Fernández Villar, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel La Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Gabriela Ilian Ramos Patiño, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Ernesto Schreiner Hernández, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval, en grado de Comendador Distintivo Blanco, que le otorga el Gobierno de la República del Perú.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 15 de enero de 2013.

La Primera Comisión:Diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; diputada Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), senador Mario Delgado Carrillo (rúbrica), secretarios; diputado José Sergio Manzur Quiroga, Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), senador Miguel Romo Medina (rúbrica), senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), senador Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador José María Martínez Martínez (rúbrica), senadora Gabriela Cuevas Barron, diputado Luis Espinosa Cházaro, diputado Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), senador Luis Armando Melgar, diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda de primera lectura.

En virtud de que se ha cumplido con los requisitos de la primera lectura y dado que éstos están publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se someten a discusión y votación de inmediato.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladores y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Están a discusión. Si no hay alguna reserva, si no hay oradores inscritos, se ruega a la Secretaría recabar la votación nominal.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los proyectos de decreto. Se pide que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación)

¿Falta algún legislador por emitir su voto? Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva.

Señor Presidente, se emitieron 32 votos a favor, 1 abstención y 0 en contra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados los proyectos de decreto. Pasan al Ejecutivo, para los efectos constitucionales.

VIOLENCIA HACIA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MEXICO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, el siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo de la Primera Comisión. En virtud de que éstos se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados, dado que los vamos a reservar para la votación económica en conjunto.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladores y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, ciudadano presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Proceda el Secretario, por favor.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación un diagnóstico nacional sobre violencia hacia niños y adolescentes en México

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 116, 121, 122, 127 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 9 de enero de 2013, la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, se realice un diagnóstico nacional sobre la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes en México.

2. Ese mismo día, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Primera Comisión: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

La diputada Aleida Alavez Ruiz en su proposición, menciona que la violencia de la que son víctimas niñas, niños y adolescentes en México amerita acciones multisectoriales y coordinadas para su prevención y atención.

Existen diversos instrumentos internacionales, que marcan directrices claras para el gobierno mexicano, para dar cumplimiento a la obligación de prevención, atención y erradicación de la violencia cometida en contra de niñas, niños y adolescentes en México, tales como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el Informe mundial sobre la violencia y la salud de 2002 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Estudio del secretario general de las Naciones Unidas sobre la violencia contra niños (EVCN o Estudio), las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para México, la Observación General número 13 del Comité de los Derechos del Niño, entre otras.

Siendo una de las recomendaciones más importantes la de realizar un diagnóstico previo que permita visualizar las diferentes dimensiones e identificar los tipos de violencia, así como la creación de un sistema de indicadores que permitan medir la frecuencia, concentración, los grupos afectados y factores que propician la violencia en sus diversas manifestaciones contra niñas, niños y adolescentes e identificar posibles vías de prevención, atención y erradicación.

El Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (Conapred) como organismo especializado sectorizado a la Secretaría de Gobernación se ha venido consolidando como una institución eficiente y con resultados positivos en relación a la prevención y atención de prácticas y costumbres discriminatorias por ello se propone que sea ésta instancia la encargada de realizar el diagnóstico nacional antes mencionado.

Consideraciones

1. La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, dio un paso decisivo en el compromiso formal a favor de la defensa de los derechos humanos, así como de la recepción de las normas jurídicas de derecho internacional protectoras de esos derechos, fortalece el Título Primero de la Constitución, al cambiar su denominación por el De los Derechos Humanos y sus Garantías, estableciendo su clara vinculación con el respeto a los derechos humanos y en consecuencia a los de la infancia en tal virtud el Estado mexicano se encuentra obligado a garantizar la protección integral de los derechos de los niños, en los términos que consagra la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y los otros tratados internacionales sobre la materia.

2. La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y ratificada por la mayoría de los países del orbe, es el tratado de derechos humanos que más apoyo ha recibido en la historia, lo que representa un consenso mundial sobre los atributos de la infancia, en el citado tratado quedó establecido de manera contundente y destacada que el principio que debe prevalecer es el interés superior del niño, en esa virtud los estados signantes deben emprender el conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar a los niños.

3. En 1990 México firmó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la cual ha sido considerada como el instrumento jurídico más ratificado en la historia mundial, que define como niño “a todo ser humano menor de dieciocho años”.

4. Al ratificar la CDN todos los estados parte se han comprometido a proteger y asegurar todos y cada uno de los derechos de la infancia y han aceptado cumplir con esta responsabilidad ante la comunidad mundial.

La CDN establece que el interés superior de la infancia debe ser una consideración primordial en todas las medidas relativas a la niñez que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos.

El Comité de los Derechos del Niño, ha señalado que los principios de no discriminación, de supervivencia y desarrollo y el respeto a la opinión de niñas y niños deben considerarse para la determinación del interés superior de la infancia en una situación concreta (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, 2001).

La CDN define el camino desde el cual el estado y la sociedad deben crear los instrumentos y mecanismos indispensables para ser eficaces en la defensa y promoción de los derechos humanos específicos de las personas que aún no cumplen los 18 años de edad (artículo 1).

En su artículo 4o. la CDN establece el compromiso de los estados parte de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a lo estipulado en la misma.

El artículo 19 de la convención señala que los estados parte deberán adoptar las medidas necesarias para proteger a las niñas y los niños de toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.

5. En este contexto la Ley para la Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en su artículo tercero establece la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, teniendo como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad, así como preservar el derecho a ser protegido en su integridad, en su libertad, y contra el maltrato y el abuso sexual.

6. A pesar de la prohibición a la discriminación establecida desde la Constitución y de todos los tratados internaciones suscritos por nuestro país, en México no se ha logrado erradicar la discriminación. La intolerancia se sigue practicando recurrentemente y persisten los abusos en contra de los más vulnerables. En el año 2000, el Instituto Federal Electoral llevó a cabo la Consulta Infantil y Juvenil, en la que una tercera parte de los niños entrevistados afirmó ser tratado con violencia, tanto en su familia como en la escuela. Dicha cifra es tan sólo un indicador de que queda mucho por hacer en materia de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en México, para garantizar el respeto hacia unos y otros, sin distinción alguna.

7. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) es un órgano de estado creado por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, aprobada el 29 de abril de 2003.

Su principal objetivo es contribuir a que toda persona goce sin discriminación de todos los derechos y libertades consagrados en el orden jurídico mexicano.

Y que dentro de sus atribuciones conforme al artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación se encuentra la de diseñar estrategias e instrumentos, así como promover programas, proyectos y acciones para prevenir y eliminar la discriminación, y por otro lado desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre las prácticas discriminatorias en los ámbitos político, económico, social y cultural.

8. Para atender el problema de la discriminación y de la violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes del país, es necesario se realice un diagnóstico certero que indique cuáles son los sectores más afectados por dichas problemáticas, el origen de la violencia en contra de este sector y los principales motivos por los que en ocasiones, se atenta contra su dignidad humana. Todo ello con el objetivo de diseñar una estrategia integral, que contemple la prevención de la discriminación como un eje rector.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades exhorta a la Secretaría de Gobernación para que a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, realice un diagnóstico nacional sobre violencia hacia las niñas, niños y adolescentes en México, colocándonos así dentro de los estándares internacionales en la materia en comento.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 16 de enero de 2013.

La Primera Comisión:Diputados: Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica);senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Mario Delgado Carrillo, Miguel Romo Medina (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), José María Martínez Martínez (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron, Luis Armando Melgar.»

DERECHOS DE CONSUMIDORES

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco a implantar campañas nacionales de difusión sobre los derechos del consumidor y las sanciones aplicables a los establecimientos que realicen prácticas contrarias a la ley

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 116, 121, 122, 127 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 3 de enero del 2013, el senador Benjamín Robles Montoya y el diputado Trinidad Morales Vargas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a aumentar la cobertura de la campaña de difusión y divulgación sobre los derechos de los consumidores, informando a la ciudadanía sobre los mismos, así como de las violaciones e infracciones contenidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

2. Ese mismo día, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, para su análisis y dictamen.

Consideraciones

1. Los legisladores que suscriben esta proposición con punto de acuerdo destacan la labor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la defensa de los derechos del consumidor y señalan que dicha labor se intensifica durante las fiestas decembrinas, dada la fuerte actividad económica que se desenvuelve a lo largo del período de tiempo que se menciona. Se considera que la derrama económica que representan las fiestas decembrinas para el sector turístico nacional es mayúscula. Sin embargo, se menciona que los comerciantes aprovechan estas fechas para emplear prácticas desleales, con el fin de obtener mayores ganancias a costa de los derechos de los consumidores.

El papel de la Profeco, por lo tanto, es inhibir dichas prácticas que contravienen la Ley, no sólo por la vía de las verificaciones sino a través de mecanismos preventivos por los que se difundan los derechos de los consumidores, así como las infracciones que corresponden a las diversas violaciones que de éstos se hagan.

De igual forma, los legisladores hacen un exhorto a dicha institución para que dé a conocer un informe que comprenda el número total de denuncias hechas por ciudadanos, así como la cantidad de establecimientos que fueron sancionados durante las fiestas de diciembre.

2. Esta Primera Comisión considera que la prevención de abusos por parte de quienes ofrecen bienes y servicios hacia quienes los adquieren, por la vía de la difusión, es un componente esencial en la defensa de los derechos de los consumidores. Por ello se estima pertinente que se lleven a cabo campañas a través de las cuales se dén a conocer los derechos de los que gozan los consumidores, a fin de que éstos identifiquen situaciones en las que se transgrede la legislación en materia de protección al consumidor y puedan hacer la denuncia correspondiente. La difusión, así, activaría un mecanismo de alarma, por el que los ciudadanos avisarían a las autoridades en qué establecimientos se incumple la ley, sin necesidad de que éstas tengan que realizar actividades de verificación y vigilancia exhaustivas.

Dicha facultad recae en la Procuraduría Federal del Consumidor, con base en lo establecido por el artículo 24., fracción V, de la Ley Federal de Protección al Consumidor:

Artículo 24. La Procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

...

V. Formular y realizar programas de educación para el consumo, así como de difusión y orientación respecto de las materias a que se refiere esta ley;

...

No pasa desapercibido para quienes integran esta Comisión que la propuesta de los legisladores se enfoca en un período de tiempo muy concreto, como son las fiestas decembrinas. No obstante, dado que los posibles abusos por parte de quienes ofertan bienes y servicios no son exclusivos de esta época, parece adecuado que las acciones en materia de difusión de derechos del consumidor sean de carácter permanente.

3. La Procuraduría Federal del Consumidor se ha caracterizado, desde años atrás, por ser una institución de rendición de cuentas y transparencia, particularmente a partir de 2007, cuando los informes anuales comenzaron a contener información de mucha valía: número de quejas ciudadanas recibidas mensualmente, número de infracciones y monto de las multas. Este tipo de información transparenta el estado que guarda el país en materia de derechos del consumidor e indica en qué áreas han de ser reforzados los operativos de verificación y vigilancia.

4. La Procuraduría Federal del Consumidor hizo llegar a esta Comisión de Trabajo un informe relativo al Programa Especial de Verificación y Vigilancia Fiestas Decembrinas 2012-2013, a través del Senador Arturo Zamora, quien forma parte de esta Primera Comisión. En dicho informe se exhiben las acciones emprendidas por la Profeco para hacer valer los derechos de quienes adquieren los bienes y servicios ofertados, focalizando las visitas de verificación en función de los productos más demandados de acuerdo a la festividad.

Por la relevancia de dicho informe para la elaboración del presente dictamen, se hace una transcripción íntegra de éste:

Programa Especial de Verificación y Vigilancia Fiestas Decembrinas 2012-2013

Programa

La Profeco ha puesto en marcha este programa del 28 de noviembre de 2012 al 6 de enero de 2013, con el objetivo de verificar y vigilar que los proveedores de bienes, productos y servicios alusivos a las festividades decembrinas, ajusten su comportamiento comercial a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), y que los productos que vendan cumplan con los requisitos de información comercial y especificaciones de seguridad, al igual que los instrumentos de medición utilizados en transacciones comerciales se encuentren debidamente calibrados y ajustados, cumpliendo en todo momento con la normatividad, a fin de evitar que se afecten o puedan afectar los derechos y economía de los consumidores.

La verificación se realiza de manera focalizada en tres etapas, como se indica a continuación:

• Primera Etapa (Navidad). Del 28 de noviembre y hasta el 24 de diciembre, se concentró en proveedores relacionados con las compras de productos para decoración navideña, regalos y la cena de navidad, incluidos tiendas de autoservicio y departamentales, mercados públicos, centrales de abasto, tiendas de ropa, calzado, electrónica y telefonía celular, así como estacionamientos.

• Segunda Etapa (Año nuevo).- Del 26 al 31 de diciembre, se intensificó en la verificación de restaurantes, bares, centros de espectáculos y salones para eventos en los que se ofrecen y comercializan paquetes cena- show o baile para el festejo de fin de año, así como tiendas de autoservicio, de conveniencia y departamentales, además de estacionamientos.

• Tercera Etapa (Reyes). Del 2 al 6 de enero de 2013, se está reforzando la verificación de jugueterías, tiendas de autoservicio y departamentales en las áreas de juguetería, establecimientos con venta de productos y accesorios deportivos, tiendas especializadas con venta de productos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos, panaderías, tiendas de ropa y calzado para niños.

Acciones preventivas

Como parte del esquema de autorregulación y corresponsabilidad la Profeco ha establecido los canales de comunicación y coordinación con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD) y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), a quienes se han brindado capacitación sobre las disposiciones legales y normativas que vigila la Profeco, con el fin de que sus afiliados ajusten sus prácticas comerciales a lo dispuesto por la Ley y Normas Oficiales Mexicanas aplicables, acciones mediante las que se busca incrementar el nivel de cumplimiento de los proveedores y reducir la posible comisión de prácticas en perjuicio de los consumidores.

Resultado Primera Etapa Navidad

En el marco del programa, se practicaron a nivel nacional 2 mil 775 visitas de verificación, en materia de comportamiento comercial, normas oficiales mexicanas y metrología, derivado de las cuales:

• 249 establecimientos fueron emplazados a procedimiento administrativo por infracciones a la Ley, tales como no exhibir precios en montos totales a pagar, aplicar restricciones  en promociones sin informar en qué consisten, así como utilizar instrumentos de medición sin cumplir con la calibración anual obligatoria;

• 113 mil 219 productos verificados, entre los que destacan ropa, alimentos preenvasados, aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos, adornos y artículos de temporada, bebidas alcohólicas, equipos de cómputo y consumibles, dulces y golosinas; procediendo a la inmovilización de 2,343 productos por carecer de información comercial.

• 303 instrumentos de medición verificados, (66 relojes checadores de tiempo y 237 básculas), inmovilizando 3 básculas por no cumplir con calibración anual obligatoria.

Resultado Segunda Etapa Fin de Año

En el marco del programa, en lo que corresponde a la segunda etapa se practicaron a nivel nacional 388 visitas de verificación, en materia de comportamiento comercial, normas oficiales mexicanas y metrología, derivado de las cuales:

• 36 establecimientos fueron emplazados a procedimiento administrativo por infracciones a la Ley, tales como no exhibir precios en montos totales a pagar, aplicar restricciones  en promociones sin informar en qué consisten, así como utilizar instrumentos de medición sin cumplir con la calibración anual obligatoria;

• 21 mil 517 productos se verificaron, entre los que destacan ropa, alimentos preenvasados, aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos, adornos y artículos de temporada, bebidas alcohólicas, equipos de cómputo y consumibles, dulces y golosinas; procediendo a la inmovilización de 1,015 productos por carecer de información comercial.

• 80 instrumentos de medición fueron verificados, (34 relojes checadores de tiempo y 46 básculas), inmovilizándose 3 básculas por no cumplir con calibración anual obligatoria.

Resultado Acumulado

En el marco del programa, se han practicado a nivel nacional 3 mil 163 visitas de verificación, en materia de comportamiento comercial, normas oficiales mexicanas y metrología, derivado de las cuales:

• 285 establecimientos han sido emplazados a procedimiento administrativo por infracciones a la Ley, tales como no exhibir precios en montos totales a pagar, aplicar restricciones en la venta de ropa sin informar en qué consisten, establecer métodos o prácticas abusivas consistentes en la negativa de cambio o devolución de prendas de vestir, así como en la aplicación de cargos por concepto de propinas.

• 134 mil 736 productos han sido verificados, inmovilizando 3,358 piezas de diversos productos por carecer de información comercial relativa a la identificación de país de origen, nombre y domicilio del fabricante o importador, lote, fecha de caducidad, información nutrimental, ofrecer garantías sin entregarse por escrito, no entregar manuales e instructivos, no indicar la denominación de bebidas alcohólicas.

Entre los productos verificados se encuentran ropa, calzado, alimentos preenvasados, aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos, adornos y artículos navideños, bebidas alcohólicas, equipos de cómputo y sus consumibles, dulces y golosinas.

• 383 instrumentos de medición han sido verificados, (100 relojes checadores de tiempo y 283 básculas), inmovilizando 6 básculas por no cumplir con calibración anual obligatoria.

Recomendaciones

• Exigir precios a la vista;

• Comparar precio y tarifas antes de comprar o consumir;

• No adquirir bebidas alcohólicas en el mercado informal;

• Exigir kilogramos completos;

• Exija comprobantes de consumo;

• Que los precios se exhiban en moneda nacional;

• En la venta de bebidas alcohólicas por botella, que se indiquen los mililitros en la carta y se la cantidad de refrescos que acompaña el servicio de botella;

• Que no se condicione o niegue el servicio a un consumo mínimo

• Que no haya selección de clientela, por razones de género, preferencia sexual, étnicas, etcétera;

• Reservar con anticipación e informarse previamente de los términos y condiciones aplicables por el establecimiento para el servicio.

• Apoyarse en el Quién es Quién en los Precios, que se puede consultar en la página de Internet de la institución www.profeco.gob.mx;

• Denunciar cualquier abuso ante Profeco al Teléfono del Consumidor 55688722 para el Distrito Federal y área metropolitana, o al 01 800 468 8722, lada sin costo del interior de la República Mexicana, y vía Internet denunciasprofeco@profeco.gob.mx  y redes sociales como Twitter.

5. La Procuraduría Federal del Consumidor, por la misma vía, hizo llegar a la Primera Comisión de la Comisión Permanente un informe referente al Programa Nacional de Verificación y Vigilancia Vacacional y Turístico 2012. Por los mismos motivos que los del considerando anterior, éste se transcribe íntegramente:

Programa Nacional de Verificación y VigilanciaVacacional y Turístico 2012

La Profeco, considerando que la actividad turística representa uno de los principales elementos del crecimiento económico del país, donde la riqueza cultural de las ciudades coloniales, la belleza de sus playas, así como las rutas de balnearios a lo largo del país ofrecen al turista nacional y extranjero una gama de oportunidades de realizar turismo.

Con motivo del periodo vacacional de fin de año, se puso en marcha el Programa Nacional de Verificación y Vigilancia Vacacional y Turístico 2012-2013, durante el periodo comprendido del 17 de diciembre de 2012 y hasta el 4 de enero de 2013.

Objetivo

Vigilar que los proveedores de bienes, productos y servicios relacionados con la temporada vacacional, ajusten su comportamiento comercial conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor y que los productos que comercializan, cumplan con los requisitos de información comercial y especificaciones de seguridad establecidos por las normas oficiales mexicanas, de igual forma que los instrumentos de medición empleados en transacciones comerciales (básculas de aeropuertos y líneas camioneras, así como relojes registradores de tiempo de estacionamientos públicos), se encuentren debidamente calibrados y ajustados.

Giros comerciales a verificar

Las acciones del programa se focalizan en balnearios, destinos de playa y ciudades coloniales, en donde se verificaran giros comerciales como hoteles, restaurantes, discotecas, líneas aéreas, camioneras y agencias de viajes, tiempos compartidos, venta de equipo de video y fotografía, así como juguetes, ropa de playa, además de estacionamientos públicos.

Autorregulación

En el marco del esquema de autorregulación previo a las acciones de verificación, se estableció contacto con cámaras y asociaciones de proveedores como son la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y la Cámara Nacional de Transporte de Pasaje y Turismo, a quinees se ha brindado capacitación sobre sus obligaciones como proveedores.

Informe de avances

Derivado de la instrumentación del programa, se han practicado 712 visitas de verificación a nivel nacional, en materia de comportamiento comercial, normas oficiales mexicanas y metrología, derivado de las cuales:

• 69 establecimientos han sido emplazados a procedimiento administrativo por infracciones a la Ley, tales como: no exhibir y respetar precios, no proporcionar información clara y veraz sobre tarifas aéreas, no respetar los descuentos anunciados en servicio de líneas camioneras, aplicar restricciones sin informar de manera clara y adecuada en qué consisten.

• 13 mil 806 productos verificados, de los que se han inmovilizado 982 por incumplimientos de información comercial, principalmente cámaras fotográficas y ropa de playa, por carecer de nombre y domicilio del fabricante o importador, ofrecer garantías sin entregarlas por escrito o indicar términos para hacerlas efectivas y no incluir instructivos de operación.

• 141 instrumentos de medición verificados, (62 relojes y 79 basculas), inmovilizando 2  básculas y 1 reloj registrador de tiempo por no cumplir con calibración anual obligatoria.

Resultados operativo de verificación en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, AICM

El viernes 28 de diciembre de 2012, la Profeco llevó a cabo un operativo de verificación encabezado por el doctor Víctor Humberto Benítez Treviño, Procurador Federal del Consumidor, quien estuvo acompañado por el Presidente Ejecutivo de la Cámara Nacional de Aerotransporte y el representante de la Dirección General del AICM.

Como resultado de este operativo se practicaron 25 visitas de verificación a establecimientos con giro de restaurantes, líneas aéreas, estacionamientos, servicios de taxi, arrendadora de autos, boutiques, cafeterías y minisúper, de las cuales:

• 4 establecimientos fueron emplazados a procedimiento administrativo por infracciones a la ley, por no proporcionar información sobre tarifas de transportación aérea y de arrendamiento de vehículos, operar con básculas en los módulos de líneas aéreas no calibradas y comercializar relojes de pulso que carecen de información comercial.

• 58 instrumentos de medición fueron verificados, (20 relojes registradores de tiempo y 38 básculas), inmovilizando 1 básculas por no cumplir con calibración anual obligatoria.

Por parte del módulo de atención a quejas personal de la Subprocuraduría de Servicios, informó que se atendieron 73 asesorías, 19 orientaciones efectuando además la conciliación inmediata de 20 quejas y 10 más que fueron canalizadas a las delegaciones de Profeco para su atención.

Recomendaciones

Exigir precios a la vista y comparar.

• Exigir comprobantes de compra o prestación de servicios, para una eventual reclamación.

• Adquirir productos con información comercial en español.

• Reservar con anticipación hospedaje y transportación.

• Informarse sobre los términos de cancelación y cargos aplicables.

• Preguntar qué incluyen los paquetes y planes “Todo incluido”.

• Denunciar cualquier abuso de los proveedores.

Pone a disposición de los consumidores el teléfono del consumidor 5568 8722 en el Distrito Federal y área metropolitana, o al 01800 468 8722, lada sin costo del interior de la República Mexicana, para quejas y denuncias por abusos de los proveedores, así como su página web www.profeco.gob.mx y turista@profeco.gob.mx.

6. Atendiendo los dos considerandos previos, esta Comisión estima que la proposición con punto de acuerdo presentada por el senador Benjamín Robles Montoya y por el diputado Trinidad Morales Vargas ha sido parcialmente atendida, en lo referente al informe de actividades emprendidas durante las fiestas decembrinas.

7. Por otro lado, esta comisión dictaminadora considera de suma importancia que la Procuraduría Federal del Consumidor realice campañas permanentes entre la ciudadanía, a fin de que ésta pueda tener más claridad sobre sus derechos y, por otro lado, se puedan prevenir abusos en contra de los consumidores.

Por las consideraciones expuestas, esta Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– se permite someter a consideración del pleno de la Comisión Permanente, para los efectos del artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor para que de manera permanente continúe con la implementación de campañas de difusión a nivel nacional, mediante las cuales se informe a la sociedad sobre los derechos del consumidor, así como de las sanciones que resultan aplicables a los establecimientos que realicen prácticas en contra de la ley.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 16 de enero de 2013.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, diputados: Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), secretaria; José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica);senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Mario Delgado Carrillo (rúbrica), secretarios; Miguel Romo Medina (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica a favor con la adición propuesta por el senador Arturo Zamora), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), José María Martínez Martínez (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron, Luis Armando Melgar.»

FONDO DE DESASTRES NATURALES EN TEMPORADA INVERNAL

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Secretaría de Gobernación que emita una declaratoria de emergencia a fin de activar los recursos del Fonden para los municipios del norte del país de elevada marginación y afectados por la tormenta invernal

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 121, 122, 127 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 171-174, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Primera Comisión sometemos a consideración del pleno de la Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 9 de enero de 2013, la senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo para solicitar al gobierno federal que sean liberados los recursos del Fonden para los estados del norte que se encuentran afectados por la tormenta invernal.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó dicha proposición a la Primera Comisión de la Permanente para estudio y dictamen.

Consideraciones

1. La senadora Lilia Guadalupe Merodio, en la proposición presentada, expone que muchos estados del país han sufrido temperaturas sumamente bajas, que han afectado la calidad de vida de quienes los habitan, especialmente de los que viven en condiciones de pobreza extrema. En los primeros días de 2013, Chihuahua ha sido afectado por la entrada de los frentes fríos números 19 y 20 de la temporada invernal. Lo anterior ha cobrado, desafortunadamente, la vida de ocho personas.

La proponente cita que el caso de Chihuahua resulta particularmente dramático, donde las nevadas sucedidas han sido las mayores desde hace 40 años, lo que trae consigo enormes afectaciones a toda la población y a la economía del estado. Además, 63 de los 67 municipios que integran dicha entidad han experimentado temperaturas bajo cero.

Asimismo, que el Sistema Meteorológico Nacional indicó que el frente número 20 ingresó por el noroeste de la República Mexicana e interaccionará con una baja presión fría en niveles medios y altos de la atmósfera para dar origen a la tormenta invernal. En primera instancia tocará el norte de Baja California y Sonora y posteriormente se desplazará por toda la región del norte del país, detalló la dependencia del gobierno federal.

La legisladora señala en la proposición que el gobierno federal cuenta con el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el cual es un instrumento financiero del Sistema Nacional de Protección Civil, que coadyuva según los principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia, a las entidades federativas de la República Mexicana y sus municipios, así como a las dependencias y entidades de la administración pública federal, en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, de conformidad con los parámetros y las condiciones previstos en sus reglas de operación.

2. El Fondo para la Atención de Emergencias es un instrumento financiero que tiene como fin proporcionar suministros de auxilio para atender las urgencias y los desastres, y proteger la vida y salud de las poblaciones afectadas por fenómenos naturales.

3. El artículo 59 de la Ley General de Protección Civil establece: “La declaratoria de emergencia es el acto mediante el cual la secretaría reconoce que uno o varios municipios o delegaciones de una o más entidades federativas se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal generada por un agente natural perturbador y por ello se requiere prestar auxilio inmediato a la población cuya seguridad e integridad está en riesgo”.

4. El pasado 9 de enero, la Secretaría de Gobernación emitió en el boletín 1 una declaratoria de emergencia en 21 municipios de Chihuahua por la presencia de nevada severa. Por la relevancia del boletín en comento, se transcribe íntegramente:

Declara la Segob emergencia para 21 municipios de Chihuahua

Boletín 1

México, DF, a 9 de enero de 2013.

La Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió hoy una declaratoria de emergencia para los municipios de Ahumada, Aldama, Aquiles Serdán, Ascensión, Bachíniva, Buenaventura, Casas Grandes, Chihuahua, Coyame del Sotol, Galeana, Gómez Farías, Guadalupe, Ignacio Zaragoza, Janos, Juárez, Madera, Manuel Benavides, Namiquipa, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga y Praxedis G. Guerrero, de Chihuahua, por la presencia de nevada severa, a partir del pasado 30 de diciembre de 2012 al 6 de enero de 2013. Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden.

A partir de esta declaratoria, solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

Dirección General de Comunicación Social

5. Del mismo modo, el 11 de enero de 2013, la Secretaría de Gobernación, en el boletín 2, emitió una declaratoria de emergencia para siete municipios de Sonora, por las severas heladas:

Declara la Segob emergencia para siete municipios de Sonora

Boletín 2

México, DF, a 11 de enero de 2013.

La Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió hoy una declaratoria de emergencia para los municipios de Agua Prieta, Bacerac, Bavispe, Huachinera, Nacori Chico, Nogales y Santa Cruz, de Sonora, por la presencia de nevada y helada severa, durante los días 11 a 15 de enero de 2013. Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden.

A partir de esta declaratoria, solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

Dirección General de Comunicación Social

6. La Secretaría de Gobernación, en el boletín de prensa número 5, emitió una declaratoria de emergencia para otros 13 municipios de Chihuahua:

Declara la Secretaría de Gobernación emergencia para 13 municipios de Chihuahua

Boletín 5

México, DF, a 14 de enero de 2013.

La Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió hoy una declaratoria de emergencia para los municipios de Balleza, Bocoyna, Carichi, Cusihuiriachi, Doctor Belisario Domínguez, Guachochic, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Maguarichi, Ocampo, Urtique, Uruachi, y Temósachi, de Chihuahua, por la presencia de Nevada Severa, durante los días 8 a 10 de enero de 2013. Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden.

A partir de esta declaratoria, solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

Dirección General de Comunicación Social

7. Para efectos procedimentales, resta que se publiquen ambas declaratorias de emergencia en el Diario Oficial de la Federación. Los boletines, sin embargo, dan cuenta de que la Secretaría de Gobernación ha reconocido el desastre en los 41 municipios mencionados y procederá a liberar los recursos necesarios, luego que el Comité de Evaluación de Daños haya emitido opinión técnica.

8. Pese a que ya se ha hecho la declaratoria correspondiente en 34 municipios de Chihuahua y en 7 de Sonora, resta por activar los recursos del fondo para el auxilio de otros, que por sus condiciones de marginación, aunadas a las bajas temperaturas, requieren apoyo financiero para paliar las complicaciones. Tal es el caso, por ejemplo, de Nonoava, clasificado por el Consejo Nacional de Población entre los municipios de alta marginación y caracterizado por inviernos gélidos, donde las nevadas son frecuentes, lo que deriva en condiciones de vida sumamente difíciles para la población.

Por las consideraciones expuestas, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– se permite someter a consideración del pleno de la Permanente, para los efectos del artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, solicita a la Secretaría de Gobernación que, una vez que cuente con el informe de evaluación de daños, emita una declaratoria de emergencia para activar los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias para los municipios del norte del país que viven en condiciones de elevada marginación y que se encuentran afectados por la tormenta invernal.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 16 de enero de 2013.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, diputados:Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), secretaria; José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica); senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Mario Delgado Carrillo (rúbrica), secretarios; Miguel Romo Medina (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), José María Martínez Martínez (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron, Luis Armando Melgar.»

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Instituto Nacional de Migración a reforzar los procesos de certificación y controles de confianza de los servidores públicos adscritos a él, así como llevar a cabo las investigaciones y los procedimientos correspondientes para sancionar a los que hayan violado los derechos humanos de los migrantes

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 116, 121, 122, 127 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Primera Comisión sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El 3 de enero de 2013, en sesión del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del primer periodo de receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, la senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración a integrar un estudio minucioso del personal presuntamente involucrado en actos ilícitos e irregulares y, en caso de probarse la comisión de algún delito, se actúe en consecuencia, a fin de garantizar los derechos humanos de los migrantes.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha proposición a la Primera Comisión para análisis y dictamen.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

La senadora Luz María Beristáin, en la proposición de mérito, expone que se han presentado numerosas denuncias por actos de ilegalidad y corrupción cometidos por personal del Instituto Nacional de Migración contra cientos de migrantes que cruzan el país para llegar a Estados Unidos. Se señala que, pese a las irregularidades en el ingreso de los inmigrantes, la integridad de la vida humana debe ser salvaguardada y se han de aplicar los mecanismos previstos en la ley para resolver la situación migratoria de estas personas, sin violentar de ninguna manera sus derechos fundamentales.

De igual forma, se destaca la labor del padre Alejando Solalinde –reconocida por la CNDH – en la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas que, en la búsqueda de más y mejores oportunidades laborales, cruzan hacia México.

La que suscribe la proposición con punto de acuerdo se remite al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, donde se establecen las atribuciones de los titulares de los órganos administrativos desconcentrados, entre las que se encuentra la facultad para evaluar el funcionamiento y desempeño del órgano a su cargo.

Consideraciones

1. En México, las personas migrantes son titulares de todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales firmados y ratificados por México. El párrafo quinto del artículo 1o. constitucional prohíbe la discriminación basada en el origen nacional, es decir, contra las personas migrantes. El mismo artículo establece que las autoridades tienen la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, incluidas las migrantes, a partir de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, de manera que deben prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones en el ejercicio de los derechos de cualquier persona.

2. En 2006, el gobierno mexicano firmó el “memorándum de entendimiento entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, de la República de El Salvador, de la República de Guatemala, de la República de Honduras y de la República de Nicaragua para la repatriación digna, ordenada, ágil y segura de nacionales centroamericanos migrantes vía terrestre”.

3. El Instituto Nacional de Migración es el encargado, entre otras cosas, de la retención, el alojamiento y la devolución de extranjeros en condición migratoria irregular a sus países de origen.

4. El Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación faculta en el artículo 56, fracción VI, al comisionado del INM para analizar y proponer programas y acciones para la protección y el respeto de los derechos humanos de los migrantes. La fracción IX del mismo artículo confiere al comisionado del INM la atribución de promover y coordinar las acciones operativas para que los mexicanos y los extranjeros tengan un trato digno y respetuoso de sus derechos humanos durante su ingreso, tránsito y salida del territorio nacional.

5. El artículo 2o. de la Ley de Migración establece como uno de los principios fundamentales de la política migratoria del Estado mexicano el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria. De igual forma, en el artículo citado se determina que en ningún caso la situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito.

6. La Ley de Migración señala en el artículo 140 como infracción grave la violación de los derechos humanos de los migrantes, que se sanciona con la destitución de los servidores públicos que incurran en ello.

7. La ley en comento obliga a los servidores públicos del instituto a desempeñarse conforme a los principios de legalidad, honradez y respeto de los derechos humanos.

Adicionalmente, la Ley de Migración establece como requisito indispensable que los servidores públicos del INM se encuentren obligados a someterse a un proceso de certificación para su ingreso, promoción y permanencia. La aplicación de los controles de confianza funciona preventivamente, ya que sólo permite que personas que cumplen el perfil requerido presten servicios en el órgano desconcentrado en comento.

8. Que el pasado 12 de diciembre, el director general jurídico del Instituto Nacional de Migración, José Antonio Musi, reconoció que uno de los principales retos de dicho órgano desconcentrado es erradicar la corrupción prevaleciente entre algunos de sus servidores públicos, pues sólo en 2012 fueron despedidos 500 empleados por no acreditar los exámenes de control y confianza.

Por las consideraciones expuestas, y para los efectos del artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno de la Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Instituto Nacional de Migración a reforzar los procesos de certificación y controles de confianza de los servidores públicos del instituto, a efecto de que éste sea depurado respecto a los elementos que no cumplen el perfil requerido.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración a llevar a cabo las investigaciones y los procedimientos correspondientes para sancionar conforme al artículo 140 de la Ley de Migración a los servidores públicos que hayan cometido violaciones de los derechos humanos de los migrantes.

Sala de comisiones de la Permanente del Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2013.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, diputados:Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), secretaria; José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica); senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Mario Delgado Carrillo (rúbrica), secretarios; Miguel Romo Medina (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), José María Martínez Martínez (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron, Luis Armando Melgar.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Son todos?

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: Son todos de la Primera Comisión.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse, en votación económica.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban. Los legisladores y legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo de la manera acostumbra. Ciudadano presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados. Comuníquense.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Haga lo propio con los dictámenes con punto de acuerdo de la Segunda Comisión. Hay que preguntar.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza que solo se dé lectura al encabezado. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, léanse los encabezados, por favor.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Dictamen de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública federal y estatales a fomentar la implantación del sistema de escritura braille y el acceso a él

Honorable Asamblea:

Con fecha 9 de enero de 2013 a la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública, y sus análogas en sus entidades federativas, a fin de fomentar la implementación y el acceso al sistema de escritura braille, suscrita por la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran al presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado denominado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 9 de enero de 2013 la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó punto de acuerdo mediante el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, y sus análogas en sus entidades federativas, a fin de fomentar la implementación y el acceso al sistema de escritura braille.

2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, para su estudio y dictamen correspondiente, con el número de oficio D.G.P.L. 62-11-7-331 fue recibido con fecha de 10 de enero de 2013.

3. En sesión ordinaria de la Segunda Comisión de fecha de 15 de enero 2013, se entregó a los integrantes de la mencionada comisión el punto de acuerdo en comento para su respectivo estudio.

4. Los miembros de esta Segunda Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El autor de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita de esta soberanía con los siguientes argumentos:

1. La inclusión de las personas que tienen alguna discapacidad dentro de la sociedad, implica que la misma sociedad conformada tanto por gobernantes como por gobernados, asumamos una postura de empatía hacia este sector de la población, y emprendamos acciones objetivas y reales, que permitan las condiciones necesarias para lograrla.

2. De acuerdo al último censo realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del total de la población mexicana que padece alguna discapacidad, 27.2 por ciento de la misma, tiene enfermedades de la vista.

3. En nuestro país enfrentamos una situación en la que pese a los esfuerzos y avances en la medicina, existe aún el grave problema de la falta de condiciones para disminuir —en lo posible— las circunstancias que implican una mayor complejidad para el desarrollo de las personas que presentan algún tipo de discapacidad visual.

4. En ese sentido, el impulso que realicemos dentro de nuestras esferas de actuación, como sociedad atenta, consciente e incluyente, representa la llave para brindar mejores condiciones a personas que se enfrentan con desventajas para su movilidad dentro de espacios y edificios públicos, así como en centros educativos.

5. El 4 de enero de este mes, recordamos el nacimiento de Louis Braille (1809 - 1852), quien, pese a su discapacidad visual obtenida a raíz de un accidente a los tres años de edad, logró desarrollar sus estudios profesionales y perfeccionar el sistema universal que hoy conocemos para el acceso a la lectura de las personas que tienen dificultades para ver, o padecen totalmente de ceguera.

6. Siendo el sistema de escritura braille, el método idóneo y universalmente adoptado para que las personas con discapacidad visual puedan, mediante la combinación de puntos en relieve, contar con un sistema de lecto-escritura táctil que les permite mejorar su ubicación dentro de un espacio o edificio público, las rutas de acceso, los servicios que se proporcionan en el lugar, entre otro tipo de información útil, consideramos necesario promover su inserción y aplicación.

Por lo anterior, el proponente concluye con su punto de acuerdo que dice:

Primero. Se exhorta atentamente a la Secretaría de Educación Pública federal a fin de que implemente acciones que faciliten el acceso al sistema de escritura braille en espacios y edificios públicos, así como en centros educativos.

Segundo. Se exhorta atentamente a las instancias en materia de educación de las entidades federativas, a sumarse en las acciones contenidas en el punto que antecede, así como a coordinar su esfuerzo y trabajo con la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, con la finalidad de mejorar las condiciones y potenciar el desarrollo de las personas con discapacidad visual.

III. Consideraciones

Ante los argumentos que expone la proposición, esta comisión dictaminadora se abocó al estudio de los mismos. En consecuencia, los miembros de esta comisión se manifiestan a favor del punto de acuerdo con base en:

México cuenta con un marco jurídico que regula la atención de la población en condiciones con discapacidad en el país, éste se integra por leyes, reglamentos, decretos, normas, y sus respectivas organizaciones gubernamentales, encargadas de dar cumplimiento a la normatividad respectiva, sin mencionar toda la normatividad sólo resaltaremos los vinculados con el punto de acuerdo:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las adiciones al artículo 1, del 14 de agosto de 2001, México entra a una nueva era, en donde se garantizan los derechos de las personas socialmente débiles y, con esto el impulso para la creación de leyes secundarias encargadas de proteger y velar por los derechos de las personas con capacidades diferentes. Así, el fundamento constitucional del derecho a las personas con discapacidad en México, queda sustentado en el Título Primero de las Garantías Individuales, párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución Política Federal vigente. Este párrafo hace referencia a la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

2. Esta mención constitucional reconoce el valor que dan a las personas con discapacidades con prohibición a toda discriminación y que se entiende que como individuos gozan de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

3. El decreto por el que se aprueban la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo: aprobados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, así como su ratificación por el Senado de la República y la Declaración Interpretativa a Favor de las Personas con Discapacidad. Al ratificar esta Convención los Estados Unidos Mexicanos refrendaron su compromiso a favor de la promoción y protección de los derechos de los mexicanos con alguna discapacidad, tanto aquellos que se encuentren en territorio nacional como en el extranjero.

• Como parte de la acciones de la Organización de las Naciones Unidas como se mencionó en el párrafo anterior, en 2006, aprobaron una nueva ley que establece que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. También dice que todas las personas con discapacidad son iguales ante la ley. Asimismo, refiere que esto se aplica a todas las mujeres, niñas y niños que presenten discapacidades.

4. Ley General de las Personas con Discapacidad, cuyo objeto es establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, dentro de un marco de igualdad en todos los ámbitos de la vida. De manera enunciativa y no limitativa, esta ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y señala el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio. En el artículo 29 se menciona que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, es el instrumento permanente de coordinación intersecretarial e interinstitucional que tiene por objeto contribuir al establecimiento de una política de estado en la materia, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas derivados de esta ley.

Esta ley trata de regular ámbitos importantes que coinciden con el espíritu de la promovente como:

Educación. En esta materia, tan importante para el sostenimiento de cualquier estado social y democrático, el estado se encargará de elaborar y fortalecer programas en educación especial; esta actividad comenzará desde los primeros años del infante, por lo cual todas las guarderías tanto privadas como públicas estarán obligadas a admitir a niños con capacidades diferentes; otra de las muchas necesidades será sin duda, la profesionalización del cuerpo docente y del personal que tenga intervención directa en la incorporación educativa de personas con discapacidad; se establecerán programas con reconocimiento oficial en lengua de señas mexicana y sistema de escritura braille; así como las bibliotecas del sistema nacional, tendrán las adecuaciones humanas y tecnológicas, para la plena integración de las personas con capacidades diferentes.

Facilidades arquitectónicas, de desarrollo urbano y de vivienda. De acuerdo a la ley en mención, las personas con discapacidad tienen pleno derecho a un desplazamiento en condiciones dignas y seguras en espacios públicos, por lo tanto todos los edificios públicos que se construyan a partir de la entrada en vigor de dicha ley, deberán de tener los diseños y elementos necesarios, para el aseguramiento de accesibilidad de las personas con discapacidad, sin embargo aunque la ley no haga mención de edificios o inmuebles públicos construidos con anterioridad a esta ley, debe de existir una conciencia y una cultura de inclusión, que nos permita adaptar y crear las modificaciones necesarias para el libre desplazamiento de dichas personas. Las empresas privadas deberán apegarse a dicha legislación y proporcionar las facilidades arquitectónicas para el desplazamiento de trabajadores con discapacidad. En materia de vivienda, el sector público incluirá proyectos arquitectónicos de construcciones que consideren las necesidades propias de las personas con discapacidad.

Transporte público y comunicaciones. Una de las principales finalidades en este campo será la creación de campañas de educación vial, cortesía urbana y respeto hacia las personas con discapacidad en su tránsito por la vía pública y lugares de acceso público, el estado impulsará programas que permitan la accesibilidad, comodidad, calidad y funcionalidad en los medios de transporte público, asimismo se incluirán en las unidades de transporte, especificaciones técnicas y antropométricas adecuadas para las personas con discapacidad; de igual manera promoverá licitaciones de concesión del servicio de transporte público con las mismas características.

En materia de discriminaciónexiste la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuyas disposiciones son de orden público y de interés social. En sus artículos 11 y 13 incluye una serie de medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de niños y niñas con discapacidad y de las personas con discapacidad en su conjunto.

En el mismo tenor está la Ley General de Salud, que reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de nuestra Carta Magna, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la república y sus disposiciones son de orden público e interés social. En el artículo 3o. de esta ley se señala que la atención médica es materia de salubridad general, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables.

La educación como parte importante dentro del desarrollo del ser humano no puede quedar atrás en materia de personas con discapacidad, actualmente nos rige la Ley General de Educación, que regula la educación que imparte el estado (Federación, entidades federativas y municipios), sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. En su artículo 39 esta ley señala que en el Sistema Educativo Nacional queda comprendida la educación inicial, la educación especial y la educación para adultos. Asimismo, en su artículo 41 menciona que la educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquéllos con aptitudes sobresalientes y atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género.

Con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso a toda la población al desarrollo social y dando cumplimiento con el artículo 1 de nuestra carta magna contra la discriminación existe la Ley General de Desarrollo Social la cual en su artículo 8 esta ley señala que toda persona o grupo social en situación de desventaja tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja. Además, en su artículo 9 establece que los municipios, los gobiernos de las entidades federativa y el Poder Ejecutivo federal, en sus respectivos ámbitos de acción, formularán y aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos necesarios y estableciendo metas cuantificables.

5. Ley de Asistencia Social, (2 de septiembre 2004) tiene la finalidad de proteger intereses y derechos de personas con capacidades diferentes, dicha ley tendrá observancia general en todo el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, esta ley será la que indicará quiénes tendrán derechos a la asistencia social, dará los lineamientos para establecer con claridad cuáles serán los servicios de asistencia social, de igual manera indicará qué instituciones tanto públicas como privadas, pertenecen al Sistema Nacional de Asistencia Social, de igual forma esta ley será la encargada de la supervisión de las Instituciones de Asistencia Social.

Con base en lo mencionado se entendería que las personas con discapacidad cuentan con una cobertura plena en cada una de sus necesidades, pero no es así. En México según diversas organizaciones no gubernamentales hace falta disposición no sólo política sino conciencia cívica para abatir discriminación y rezago de este sector.

Por lo anteriormente expuesto, la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición

IV. Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta atentamente a la Secretaría de Educación Pública federal a fin de que implemente acciones que faciliten el acceso al sistema de escritura braille en espacios y edificios públicos, así como en centros educativos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta atentamente a las instancias en materia de educación de las entidades federativas, a sumarse en las acciones contenidas en el punto que antecede, así como coordinar su esfuerzo y trabajo con la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, con la finalidad de mejorar las condiciones y potenciar el desarrollo de las personas con discapacidad visual.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública, y sus análogas en sus entidades federativas, para que informen a esta soberanía los resultados que se obtengan del exhorto formulado con esta fecha.

Congreso de la Unión, a 8 de enero de 2013.

La Segunda Comisión, diputados:María de la Nieves García Fernández (rúbrica), presidenta; Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica en sustitución de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, Mario Alejandro Cuevas Mena (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Ricardo Cantú Garza; senadores: Graciela Ortiz González (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron, Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica).»

Es el único, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si es de aprobarse.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, ciudadano presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

ESPECIES INVASORAS EN MARES Y AGUAS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Vamos a hacer el mismo trámite para los dictámenes con punto de acuerdo de la Tercera Comisión.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Adelante.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las autoridades ambientales competentes a elaborar propuestas de control, manejo y erradicación de especies invasoras de mares y aguas interiores de México

Honorable Asamblea:

Con fecha 9 de enero de 2013 a la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición  con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para que establezcan las acciones necesarias para la difusión del problema que representa las especies invasoras y elaboren propuestas para su control, manejo y en su caso, erradicación de los mares y aguas interiores de México, suscrito por el diputado Raymundo King de la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 9 de enero de 2013, el diputado Raymundo King de la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, a la Profepa, a la Conagua, a la Conafor y al Conanp, para que establezcan las acciones necesarias para la difusión del problema que representa las especies invasoras y elaboren propuestas para su control, manejo y en su caso, erradicación de los mares y aguas interiores de México.

2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta comisión recibió el oficio D.G.P.L. 62-II-3-339.

3. Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta de los resolutivos contenidos en el punto de acuerdo que a la letra señalan:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de las Comisiones Nacional del Agua, Nacional Forestal y de Áreas Naturales Protegidas, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que establezcan las acciones necesarias para la difusión del problema que representan las especies invasoras y elaboren propuestas para su control, manejo y, en su caso, erradicación de los mares y aguas interiores de México.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados a establecer un programa permanente de investigación, integrado con académicos prestigiados en la materia, que evalúe los riesgos biológicos y genéticos de las especies invasoras, considerando las posibles implicaciones a la salud pública.

La proposición con punto de acuerdo en cuestión señala en las “Consideraciones” que la introducción de especies invasoras es una de las más grandes amenazas a la biodiversidad, entendida como aquella que existe fuera de su distribución normal y actúa como agente de cambio, convirtiéndose en una amenaza para la diversidad biológica nativa y sus ecosistemas.

Un ejemplo del cambio abrupto de un ecosistema por la introducción de especies invasoras es la presa de Infiernillo, ubicada en el cauce del río Balsas, la cual comenzó a funcionar en 1964, y llegó a registrar producciones de cerca de 20 mil toneladas de tilapias y carpas al año. Sin embargo, la aparición del pez diablo también conocido como pleco en la cuenca del Balsas en 1995, impactó severamente esta actividad económica. Para 2007 significó pérdidas por un monto aproximado de 36 millones de pesos al año, y un costo social importante al dejar desempleados o subempleados a 3 mil 600 pescadores, y que junto con sus familias sumaron 46 mil personas afectadas.

Otro pez invasor que ha causado daños a los ecosistemas nacionales es el pez león, especie originaria de los arrecifes del océano Índico y Pacífico occidental. Su liberación al medio natural, en forma accidental o voluntaria, tuvo lugar en el estado de Florida en 1992. Desde entonces el Pez León ingresó en las aguas del Golfo de México y se convirtió en una amenaza para la región. En días recientes, se ha reportado que el Pez León ha llegado hasta Tuxpan, Veracruz y la Península de Yucatán.

Otro ejemplo, es el de los peces cebra originarios del sureste asiático, a los cuales en 2003, se les insertó un gen de fluorescencia natural que les confiere la capacidad de tener colores que brillan y ahora son conocidos como GloFish. En México, a pesar de que está prohibida la comercialización del GloFish no se ha impedido su entrada ilegal.

En los tres casos queda demostrado que cuando nuevas especies llegan a un hábitat donde no hay competidores ni depredadores, pueden encontrarse en condiciones sumamente ventajosas que les permiten establecerse y dispersarse casi sin límites, alterando así ciclos de evolución que se han forjado a lo largo de miles de años. Se requieren acciones inmediatas y específicas para resolver esta problemática:

1. Prevención; es necesario establecer una campaña de información a los aficionados a los acuarios y a la población en general, que alerte sobre los daños que puede tener la liberación de peces cautivos en sitios naturales.

2. Acciones de difusión y educación; dirigidas a los pequeños comerciantes acerca de las especies y su posible potencial invasivo.

3. Promover la certificación de los establecimientos, de manera que sea obligatorio que comercialicen únicamente organismos estériles o del mismo sexo, que aseguren el control total de los riesgos, y que cuenten con la infraestructura y métodos de manipulación adecuados. Incentivando con beneficios fiscales a aquellos comerciantes que cumplan con las regulaciones y medidas impuestas.

4. Vigilancia y control eficientes de invasiones biológicas existentes, con el objeto de dar seguimiento a su proliferación y zonas de concentración. Posteriormente, proceder a su erradicación mediante la promoción del consumo en restaurantes y estudiar otras opciones para generar valor agregado a la pesca de estas especies, como harina de pescado, alimento para granjas acuícolas o como fertilizante.

Por lo anterior, resulta necesario que todos los sectores trabajen de manera conjunta para asegurar una mejor coordinación estratégica, una mayor participación y compromiso de las partes interesadas y un mejor uso y aprovechamiento de los procedimientos de gestión ambiental existente.

III. Consideraciones

1. Ante los argumentos que expone la proposición, esta comisión dictaminadora se abocó al estudio de los mismos y de los resolutivos que le dan pie, procediendo a revisar información relacionada. En consecuencia, los miembros de esta comisión reconocen que es absolutamente necesario que el gobierno mexicano haga frente a esta amenaza global uniendo esfuerzos y estableciendo una estrategia nacional que involucre la prevención, la detección, la acción inmediata, el control y la erradicación de especies invasoras, por lo que nos manifestamos de acuerdo con los resolutivos señalados en el apartado IV y que se plantean con base en las siguientes consideraciones y propuestas de modificación.

2. Debido a que la problemática de las especies invasoras no sólo involucra actividades pesqueras sino también turísticas, sanitarias y económicas, es necesario que las acciones de detección, prevención, control y erradicación de especies invasoras sean coordinadas por todos los sectores y deberán realizarse en función de prioridades determinadas en primer lugar por la biodiversidad en riesgo y salud de los ecosistemas, en segundo lugar por el bienestar social de las comunidades afectadas y en tercer lugar por las afectaciones económicas que implicarían al país, todo ello mediante el programa nacional de acción dirigido por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

3. Durante el estudio y análisis que realizó esta comisión sobre el tema, fue posible detectar que en el ámbito nacional los impactos de las especies invasoras no han sido cuantificados, tampoco se tiene certeza sobre el número de especies invasoras se encuentran establecidas en México, por lo tanto los miembros de esta comisión consideran necesario que exista una base de datos con información científica y técnica que permitan establecer planes de acción específicos, además de lograr que la sociedad identifique rápidamente las especies invasoras con la finalidad de incrementar las capacidades de monitoreo y vigilancia.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión  Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

IV. Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso, exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de las Comisiones Nacional del Agua, Nacional Forestal y de Áreas Naturales Protegidas, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que establezcan las acciones necesarias para la difusión de las especies invasoras que incluya datos sobre su distribución, biología, impactos y opciones de control.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) implemente un programa nacional de acciones estratégicas que eviten la entrada de nuevas especies invasoras, incentiven su prevención y disminuyan la expansión de aquellas especies invasoras presentes en el territorio nacional hasta llegar a su erradicación de mares y aguas interiores de México. Al mismo tiempo se deberá entregar un informe anual de los resultados alcanzados con la finalidad de generar un diagnóstico que permita integrar mejoras al programa.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (Conabio) para mantener actualizada la base de datos de especies invasoras e incluir mejoras en el diseño y operación del sistema de información en el que se especifique su distribución e impactos en los ecosistemas, así como los mecanismos de mitigación.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso exhorta a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, integrada por los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Salud; Educación Pública; Hacienda y Crédito Público, y Economía, así como por el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a establecer un programa permanente de investigación, integrado con académicos prestigiados en la materia, que evalúe los riesgos biológicos y genéticos de las especies invasoras, considerando las posibles implicaciones a la salud pública.

Congreso de la Unión a 15 de enero de 2013.

Suscriben los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma (rúbrica), Francisco Domínguez Servién, Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica en sustitución de la diputada Paulina Alejandra del Moral Vela), Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo, Martha Palafox Gutiérrez; diputados: Uriel Flores Aguayo, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños, Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González, Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), Marina Dunyaska García Rojas (rúbrica en sustitución de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles), Ricardo Monreal Ávila.»

CAMPAÑA FITOSANITARIA DE PRIORIDAD NACIONAL

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular de la Sagarpa a dar preferencia en el ejercicio presupuestal a la Campaña Fitosanitaria de Prioridad Nacional contra el HLB

Honorable Asamblea:

Con fecha 3 de enero de 2013, a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, primer receso del primer año del ejercicio, Comisión Permanente del Congreso de la Unión, LXII Legislatura, fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a dar prioridad en el ejercicio presupuestal a la campaña fitosanitaria de prioridad nacional contra el HLB, presentado por la senadora María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Tercera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, en relación con la siguiente

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo” se reproduce el resolutivo a efecto de puntualizar la propuesta en estudio, así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones” se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 3 de enero de 2013, la senadora María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a dar prioridad en el ejercicio presupuestal a la campaña fitosanitaria de prioridad nacional contra el HLB.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, para estudio y dictamen correspondiente. Al respecto, la comisión recibió el oficio número DGPL 62-II-5-352.

3. Los miembros de la Tercera Comisión, en reunión, procedimos a elaborar el presente dictamen, que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos, integrantes de la comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta del resolutivo contenida en el punto de acuerdo, que a la letra señala:

Único.Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que con base en el Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal de 2013, del componente “Sanidades”, contenido en el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, se dé prelación en el ejercicio presupuestal para la Campaña Fitosanitaria de Prioridad Nacional contra el HLB, dadas las pérdidas millonarias que ha atraído al sector citrícola del país.

La proposición con punto de acuerdo señala en las consideraciones que para México la citricultura representa una actividad socioeconómica de gran importancia, cuenta con una superficie de 549 mil hectáreas, que producen al año alrededor de 7 millones de toneladas, y colocan a México como el cuarto país en producción de cítricos en el mundo. Asimismo, la superficie citrícola es propiedad de 67 mil productores, se encuentra distribuida en 23 estados, con beneficio de más de 10 mil 200 millones de pesos, por lo que es la tercera actividad de importancia en los cultivos agrícolas mexicanos. A escala mundial son producidas más de 90 millones de toneladas de cítricos, en la cual 8 países concentran casi 80 por ciento de la producción, entre los cuales el nuestro es partícipe.

Sin embargo, el documento señala en las consideraciones que esta actividad es gravemente amenazada por la presencia de plagas y enfermedades de interés cuarentenario presentes en el territorio nacional; tal es el caso del huanglongbing (HLB). Ante esta situación, desde 2008 se implantó una campaña fitosanitaria para la atención del HLB y su vector, el psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri). El huanglongbing (HLB) de los cítricos, también conocido como “greening” o “enverdecimiento”, es ocasionado por la bacteria Candidatusliberibacter spp., que causa inevitablemente el declinamiento productivo y la muerte de las plantas en un periodo no mayor de ocho años, una vez infectadas, dependiendo de la edad y condiciones de cultivo. Dicha enfermedad es transmitida por el psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri), el cual se encuentra distribuido en prácticamente todas las zonas citrícolas de México.

La Sagarpa, a través del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), inició en 2008 una campaña fitosanitaria de prioridad nacional operada por los organismos auxiliares de sanidad vegetal en las 23 entidades federativas que cuentan con cítricos de importancia comercial, con el objetivo de detectar oportunamente la enfermedad y proteger las más de 500 mil hectáreas de cítricos existentes en el país (IICA, 2010). El mismo procedimiento ha permitido llevar a cabo la detección del HLB en 11 estados del país (Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán).

La promovente del punto de acuerdo señala que los esfuerzos realizados hasta ahora no han sido suficientes y el HLB continúa avanzando paulatinamente hacia y entre las zonas citrícolas, debido a que no se ha realizado el cumplimiento estricto del acuerdo. Prueba de ello son los registros de los huertos que están incumpliendo el citado lineamiento, según se encuentra publicado en la página Web del Senasica, http://www.senasica.gob.mx/ ?id=4737, entre otros actores que incumplen el fundamento legal.

Este acuerdo establece como obligación para la Sagarpa las siguientes disposiciones de tipo administrativo:

1. Cuarentenar áreas con presencia de HLB.

2. Prohibir la movilización de hospedantes de HLB que no cumplan la normativa referida.

3. Ordenar la retención, deposición y destrucción de vegetales, productos y subproductos infectados con la bacteria.

4. Certificación de unidades de producción de material propagativo de cítricos que cumplan el artículo octavo de este instrumento legal.

5. Capacitación y divulgación.

6. Vigilar el cumplimiento del acuerdo.

Acciones de control en áreas urbanas:

7. Exploración para detección de plantas con síntomas.

8. Muestreo y diagnóstico de material vegetal y del vector.

9 Eliminación de plantas con síntomas.

10. Control de vector.

En el punto se afirma que se han detectado algunos factores que han impedido el cumplimiento de la normativa vigente:

1. Falta de apoyo por las delegaciones de la Sagarpa en los estados para la aplicación del acuerdo de HLB.

2. Alto número de viveros no certificados a escala nacional.

3. Deficiencia de supervisiones sobre el acuerdo por los puntos de verificación e inspección, derivado de la situación de inseguridad en el país.

4. Soluciones al problema de HLB sin fundamento científico ni técnico por empresas privadas (no hay sanciones para éstas).

5. Negativa por los productores para la inspección de huertas comerciales.

6. Negativa por los productores y propietarios de huertos de traspatio para la eliminación de plantas con HLB.

7. En la mayoría de los casos no se lleva a cabo el control del insecto vector de forma particular ni regional.

8. Movilización de material vegetal de hospedantes de HLB de áreas con presencia de HLB a zonas sin presencia de la enfermedad.

9. No hay la certeza de que las nuevas plantaciones de cítricos o los replantes se están llevando a cabo con planta certificada.

Finalmente, el punto de acuerdo especifica la necesidad de apoyar toda la superficie citrícola mediante acciones que permitan la detección oportuna de la enfermedad y el manejo del vector, la regulación de material propagativo y fruta, y el principal apoyo estaría centrado en los productores que sí quieren participar, viéndose obligados a organizarse, aportar recursos para lograr el trabajo conjunto, y se le daría seguimiento puntual a través de la tarjeta de manejo que el personal técnico de la campaña le expida, como comprobante de las acciones que está realizando contra el HLB.

III. Consideraciones

1. Debido a que el HLB se considera una de las enfermedades más destructivas para los críticos del mundo, y dado que el vector está presente en todas las regiones citrícolas del país, la comisión dictaminadora se abocó al estudio de los argumentos presentados en el punto de acuerdo y del resolutivo que le da pie. En consecuencia, los miembros de la comisión se manifiestan de acuerdo con que en el componente de sanidades, contenido en el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos del Presupuesto de 2013, a través de los organismos auxiliares de sanidad vegetal se ejecute como primera prioridad en los proyectos fitosanitarios referentes a campañas contra huanglongbing de los cítricos. Sin embargo, los resolutivos se plantean con base en las siguientes consideraciones y propuestas de modificación.

2. Debido a que los efectos económicos del HLB en la cadena citrícola mexicana se traducen en una reducción de producción citrícola nacional, desempleo en el campo, agroindustria y actividades relacionadas, disminución en volumen y valor de la producción, además de una subutilización de la capacidad instalada y, por tanto, de una disminución en el volumen de las exportaciones, esta comisión recomienda fortalecer los programas de prevención y control contra el HLB y su vector, analizando una posible coordinación con países vecinos, con la finalidad de compartir experiencia y avances tecnológicos en la materia.

3. Es fundamental que cada uno de los eslabones de la cadena agroalimentaria de los cítricos participe de manera coordinada y regional en la estrategia que ha mantenido la Sagarpa a través del Senasica, además de evaluar los alcances del programa, con la finalidad de fortalecer y, si es necesario, redireccionar las estrategias actuales.

4. Conviene destacar que dicha problemática es atendida por la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Senadores.

Por lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

IV. Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Congreso, en pleno respeto del ámbito de sus facultades, exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que con base al Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal de 2013, del componente “Sanidades”, contenido en el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, se dé prelación en el ejercicio presupuestal para la Campaña Fitosanitaria de Prioridad Nacional contra el HLB, dadas las pérdidas millonarias que ha atraído al sector citrícola del país.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fortalecer los programas de prevención y control contra el HLB y su vector, analizando una posible coordinación con países vecinos, con la finalidad de compartir experiencia y avances tecnológicos en la materia.

Tercero.La Comisión Permanente del Congreso recomienda a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación incrementar la participación de cada uno de los eslabones de la cadena agroalimentaria de los cítricos, en la estrategia que ha mantenido a través del Senasica para la prevención y control del HLB y su vector, además de evaluar los alcances del programa, con la finalidad de fortalecer y, si es necesario, redireccionar las estrategias actuales.

Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2013.

Suscriben el dictamen los integrantes de la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores:Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma (rúbrica), Francisco Domínguez Servién, Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica en sustitución de la diputada Alejandra del Moral), Mario Martín Delgado Carrillo, Luis Armando Melgar Bravo, Martha Palafox Gutiérrez; diputados: Uriel Flores Aguayo, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños, Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González, Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), Marina Dunyaska García Rojas (rúbrica por sustitución Elizabeth Oswelia Yáñez Robles), Ricardo Monreal Ávila.»

ESTADO DE VERACRUZ

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar y ajustar tarifas en el tramo carretero Perote-Banderillas y libramiento Xalapa

Honorable Asamblea:

Con fecha 3 de enero de 2013 a la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición  con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a revisar y ajustar tarifas en el tramo carretero Perote-Banderillas y libramiento Xalapa, presentado en el pleno por el diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproduce el resolutivo a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 3 de enero de 2013, el diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a revisar y ajustar tarifas en el tramo carretero Perote-Banderillas y libramiento Xalapa.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta comisión recibió el oficio D.G.P.L. 62-II-3-275.

3. Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta del resolutivo contenida en el punto de acuerdo que a la letra señala:

Único: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar la concesión que el grupo Concesionaria Autopista Perote-Xalapa, SA de CV, opera, con la finalidad de ajustar y hacer congruentes las tarifas de los tramos carreteros Perote-Banderillas y libramiento Xalapa, con los de las demás autopistas de cuota, siendo urgente la reducción de sus tarifas que se consideran las más elevadas de la República mexicana.

Adicionalmente, la proposición con punto de acuerdo en cuestión señala en las “Consideraciones” que la concesión para la construcción, explotación, operación y mantenimiento de la autopista Perote-Xalapa, en sus dos tramos carreteros, fue otorgada en 2008 a la Concesionaria Autopista Perote Xalapa. Fue hasta noviembre de este año que se concluyó con los trabajos de construcción del libramiento Xalapa y con ello se inicia el uso de la totalidad de libramiento. Este libramiento presenta un costo de 3.71 pesos por kilómetro que duplica el valor de la autopista más cara antes construida en el país.

En las “Consideraciones” se informa que la autopista tiene como finalidad la disminución de tiempos y costos de traslado en la zona, tanto para transportistas como para particulares; pero el elevado costo de uso no permite su correcto funcionamiento, ocasionando que los transportistas que circulan por la zona estén estacionados hasta por 4 horas para esperar se les autorice el paso por el centro de Xalapa, para así no erogar los 627 pesos que costaría el traslado de sus mercancías por la autopista siendo un camión de 7 a 9 ejes y los 345 pesos que pagaría un camión de 2 a 4 ejes.

El punto de acuerdo continúa afirmando que el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) a establecer y revisar las tarifas de los tramos carreteros, así como hacer la revisión de las concesiones.

La fracción VIII del artículo 5o. de la Ley Caminos, Puentes y Autotransportes Federal mandata que la SCT establezca las bases generales de regulación de tarifas, además el artículo 30 de la ley anteriormente referida da la facultad a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para autorizar concesiones y revisar las cláusulas de las mismas velando siempre por la utilidad pública.

III. Consideraciones

1. Esta comisión reconoce que en el tramo carretero Perote-Banderillas y libramiento Xalapa existe un elevado costo de uso que no permite su correcto funcionamiento. Por lo que ante los argumentos que expone la proposición, esta comisión dictaminadora se abocó al estudio de los mismos y del resolutivo que le da pie, procediendo a revisar información relacionada. En consecuencia, los miembros de esta comisión se manifiestan de acuerdo con los resolutivos señalados en el apartado IV y que se plantean con base en las siguientes consideraciones y propuestas de modificación.

2. Debido a que en términos de lo establecido por el artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y por el artículo 15 de la Ley de Planeación, es facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecer las bases y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal, es importante incluir en la recomendación a esta secretaría.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

IV. Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso en pleno respeto al ámbito de sus facultades exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, a revisar la concesión que opera el grupo Concesionaria Autopista Perote-Xalapa SA de CV, con la finalidad de ajustar y hacer congruentes las tarifas de los tramos carreteros Perote-Banderillas, y libramiento Xalapa, con las tarifas de las demás autopistas de cuota.

Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2013.

Suscriben los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores:Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma (rúbrica), Francisco Domínguez Servién, Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica en sustitución de la diputada Paulina Alejandra del Moral Vela), Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo, Martha Palafox Gutiérrez; diputados: Uriel Flores Aguayo, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños, Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González, Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), Marina Dunyaska García Rojas (rúbrica en sustitución de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles), Ricardo Monreal Ávila.»

ESTADO DE HIDALGO

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Semarnat a realizar un estudio para determinar el impacto ambiental de la empresa Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, SA de CV; y a la Sedesol, a implantar programas sociales en beneficio de la comunidad indígena hñähñu de Hidalgo

Honorable Asamblea:

Con fecha 3 de enero de 2013, a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, primer receso del primer año del ejercicio, Comisión Permanente del Congreso de la Unión, LXII Legislatura, fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a realizar un estudio con la UNAM, el IPN y otras instituciones académicas de investigación para que por medio de sus convenios se determine el impacto ambiental de la empresa Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, SA de CV, a fin de que cumpla la normativa aplicable; asimismo, se exhorta a la Sedesol a realizar el análisis respectivo para implantar programas sociales en beneficio de la comunidad indígena hñähñu de Hidalgo, presentada por la senadora Luz María Beristaín Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Tercera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, en relación con la siguiente

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo” se reproduce los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta en estudio, así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones” se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 3 de enero de 2013, la senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a realizar un estudio con la UNAM, el IPN y otras instituciones académicas de investigación para que por medio de sus convenios se determine el impacto ambiental de la empresa Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, SA de CV, a fin de que cumpla la normativa aplicable; asimismo, se exhorta a la Sedesol a realizar el análisis respectivo para implantar programas sociales en beneficio de la comunidad indígena hñähñu de Hidalgo.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, para estudio y dictamen correspondiente. Al respecto, la comisión recibió el oficio número DGPL 62-II-7-272.

3. Los miembros de la Tercera Comisión, en reunión, procedimos a elaborar el presente dictamen, que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos, integrantes de la comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta de los resolutivos contenidos en el punto de acuerdo, que a la letra señalan:

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar un estudio concreto con la UNAM, el IPN y otras instituciones académicas de investigación por medio de sus convenios a la Empresa Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, SA de CV, para determinar el impacto ambiental de la cementera con la finalidad de cumplir la normativa concerniente aplicable a dicha cementera con relación al ambiente.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a realizar el análisis respectivo para implantar programas sociales principalmente 70 y Más, Opciones Productivas, para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y los demás aplicables en beneficio de la comunidad indígena hñahñu.

Adicionalmente, la proposición con punto de acuerdo señala que después de reunirse con los líderes de la comunidad hñahñu, denunciaron el impacto ambiental de la empresa Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, SA de CV, en Hidalgo, la cual funciona presuntamente con graves irregularidades respecto a la normatividad ambiental que debe cumplir para llevar sus actividades.

En el lugar donde fue construida la cementera originalmente habitaban indígenas hñahñu, una pequeña población que guarda una cultura rica en dialectos, costumbres, leyendas, vestimenta, artesanías, gastronomía, entre muchos otros elementos que caracterizan a todas nuestras ancestrales etnias indígenas. Esta comunidad está preocupada por su salud física. La quema de combustibles fósiles y producción de cemento son los principales emisores de CO2, el mismo mantenimiento de dicha cementera prevé el consumo y la explotación de los recursos naturales, éstos son la principal fuente de empleo, alimento, incluso de algunos casos para realizar la construcción de sus hogares, ya que hacen sus casas de penca de maguey.

Entre las obligaciones del Estado está garantizar la salud, y brindar y garantizar los servicios públicos, como el de agua potable, la cual se pone en riesgo, ya que dicha cementera utiliza gran cantidad del vital líquido, que al paso del tiempo va a culminar dejando sin agua a esa población tan particular.

La cementera despide polvos que caen en los alrededores de la cementera, los cuales están dañando directamente a los habitantes y en general el ecosistema. Es necesario hacer un estudio objetivo en el cual se analicen todos los elementos negativos que implican el funcionamiento de Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita para encontrar los mecanismos de prevención ambiental y dicha cementera funcione de manera en pro del cuidado del ambiente, auxiliándose de todos los lineamientos que le puedan ayudar a su desempeño.

De no normalizar a la cementera se hablaría de acabar con todo su ecosistema y muy probablemente con sus usos y costumbres de esta etnia indígena. La Constitución Política, en el artículo 2o., establece que la nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, los que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, es decir que se acabaría con parte de la identidad mexicana.

El punto de acuerdo describe que en el artículo 2o., Apartado A, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para “V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución; VI. Acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo los que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de la Constitución”.

Finalmente, el punto de acuerdo menciona que el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el principal fundamento legal en que se expresa por qué debemos preservar nuestras etnias, considerando a las comunidades indígenas como entidades de interés público, es un deber preservarlas e incluirlas a su mismo desarrollo, fomentando mecanismos de inclusión, donde se creen fuentes de empleo, se mejore la calidad de vida y, sobre todo, de desarrollo, donde se conserven sus tradiciones y todo lo que implica su cultura tan antigua y extensa, para esta comunidad, que es afectada de forma grave en su manera de subsistir y vivir.

III. Consideraciones

1. Ante los argumentos que expone la proposición, la comisión dictaminadora se abocó al estudio de éstos y de los resolutivos que le dan pie, procediendo a revisar información relacionada. En consecuencia, al conocer que esta localidad forma parte de los 38 municipios más pobres del país y que en ella los cerca de 16 mil indígenas otomíes del valle del Mezquital, que se autodenominan hñähñü, padecen y padecerán los estragos ambientales causados por la cementera, los miembros de esta comisión se manifiestan de acuerdo con los resolutivos señalados en el apartado IV y que se plantean con base en las siguientes consideraciones y propuestas de modificación.

2. Resulta imperioso que la comisión tenga pleno conocimiento de estudios y análisis que muestren las consecuencias ambientales y de salud pública que el proyecto pueda provocar debido a la extracción de materiales. Por lo anterior requerimos una copia, si la hay, de la manifestación de impacto ambiental de la Semarnat respecto a la empresa Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, SA de CV.

Por lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

IV. Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Congreso, en pleno respeto del ámbito de sus facultades, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar un estudio concreto con la UNAM, el IPN y otras instituciones académicas y de investigación a las empresas del sector cementero del país para determinar el impacto ambiental, con la finalidad de cumplir la normativa concerniente al ambiente.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a enviar a este pleno una copia de la manifestación de impacto ambiental de la empresa Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, SA de CV.

Tercero.Esta comisión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal a implantar programas sociales, principalmente 70 y Más, Opciones Productivas, para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y demás aplicables, en beneficio de la comunidad indígena hñahñu.

Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2013.

Suscriben el dictamen los integrantes de la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores:Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma (rúbrica), Francisco Domínguez Servién, Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica en sustitución la diputada Alejandra del Moral), Mario Martín Delgado Carrillo, Luis Armando Melgar Bravo, Martha Palafox Gutiérrez; diputados: Uriel Flores Aguayo, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños, Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González, Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), Marina Dunyaska García Rojas (rúbrica en sustitución Elizabeth Oswelia Yáñez Robles), Ricardo Monreal Ávila.»

PAGO DE TARJETAS DE CREDITO

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Condusef a llevar a cabo una campaña de difusión sobre el aumento del pago mínimo de tarjetas de crédito

Honorable Asamblea:

Con fecha 9 de enero de 2013 a la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), para que lleve a cabo una campaña de difusión que alerte e informe a los tarjetahabientes de manera clara y detallada sobre el aumento al pago mínimo sobre tarjetas de crédito, presentado en el pleno por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproduce el resolutivo a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 9 de enero de 2013, el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta Condusef, para que lleve a cabo una campaña de difusión que alerte e informe a los tarjetahabientes de manera clara y detallada sobre el aumento al pago mínimo sobre tarjetas de crédito.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta comisión recibió el oficio D.G.P.L. 62-II-2-293.

3. Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta de los resolutivos contenidos en el punto de acuerdo que a la letra señalan:

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieras (Condusef) a instrumentar una campaña de difusión que alerte e informe, de manera clara y detallada, a los tarjetahabientes sobre el aumento al pago mínimo para tarjetas de crédito.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieras (Condusef) a exigir que las instituciones bancarias expliquen a sus clientes, de manera clara y detallada, sobre el aumento al pago mínimo para tarjetas de crédito.

Adicionalmente, la proposición con punto de acuerdo en cuestión señala en las “Consideraciones” que con estas acciones, el Banco de México pretende evitar que las deudas de los ciudadanos con tarjetas de crédito se prolonguen, y que el cliente acabe pagando dos o hasta tres veces su préstamo inicial. Esta medida puede afectar los tarjetahabientes más de lo que las autoridades contemplan, ya que la gente que no podía cubrir en un principio con el monto mínimo ahora encontrará mayores dificultades, llegando a endeudarse todavía más.

Al respecto, Juan Pablo Zorrilla, director general de la reparadora de crédito Resuelve tu Deuda, explica que la medida tiene una intención benéfica para los consumidores, sin embargo, implicará un desajuste una vez que entre en vigor. Ante esto, resulta indispensable que la Condusef informe a la ciudadanía en general, y a los tarjetahabientes en particular, sobre las implicaciones de estas medidas. Además de obligar a que las instituciones bancarias hagan lo mismo.

III. Consideraciones

1. De acuerdo con el Banco de México, sólo cuatro de cada 10 personas liquida sus deudas de tarjeta de crédito cada mes y que los demás tarjetahabientes deben pagar intereses y en muchos casos deben cargar con una deuda por años, los miembros de esta comisión se manifiestan de acuerdo con los resolutivos señalados en el apartado IV como consecuencia de que el aumento del pago mínimo, que entró en vigor el 4 de enero de 2013, es el último de una serie de incrementos que se dieron desde 2011 y que tuvieron como propósito ayudar a que los tarjetahabientes liquiden más rápido sus deudas y con menos intereses.

2. Con la finalidad de evitar un aumento en el índice de morosidad en tarjetas de crédito debido a que el usuario esté imposibilitado para cubrir el mínimo o por no percatarse del aumento en el monto, resulta necesario una campaña de difusión para informar a los tarjetahabientes sobre el aumento en el pago mínimo, ya que muchos de ellos acostumbran pagar una determinada cantidad sin revisar a detalle los estados de cuenta.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

IV. Punto de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Congreso en pleno respeto al ámbito de sus facultades exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a instrumentar una campaña de difusión que alerte e informe, de manera clara y detallada, a los tarjetahabientes sobre el aumento al pago mínimo para tarjetas de crédito.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a exigir que las instituciones bancarias expliquen a sus clientes, de manera clara y detallada, sobre el aumento al pago mínimo para tarjetas de crédito.

Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2013.

Suscriben los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma (rúbrica), Francisco Domínguez Servién, Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica en sustitución de la diputada Paulina Alejandra del Moral Vela), Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo, Martha Palafox Gutiérrez; diputados: Uriel Flores Aguayo, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños, Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González, Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), Marina Dunyaska García Rojas (rúbrica en sustitución de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles), Ricardo Monreal Ávila.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Salvo este último, que lo apartamos a petición del diputado Ricardo Monreal, pregunte la Secretaría a la asamblea si el resto son de aprobarse.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: En votación económica se pregunta si se aprueban. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados. Comuníquese.

PAGO DE TARJETAS DE CREDITO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra don Ricardo Monreal. Ah, ya declinó. No declinó. Las tarjetas de crédito, si usted no sabe, pero sí sabrá. Tiene usted el uso de la voz.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Siempre me ha gustado su sentido del humor. Le aseguro que sí sé, lo que sucede es que su coordinador me estaba entreteniendo. No. Estábamos conversando amablemente sobre un tema importante, que más tarde va a pasar en la Cámara, intentando que por el bien del país pueda prosperar. Pero sí sé de lo que se trata, porque es un tema trascedente para el país.

En nuestro país, tres bancos acaparan el 61.4 por ciento del mercado. Esto es, señores diputados y legisladores, sobre el incremento del pago mínimo a las tarjetas de crédito.

Nosotros creemos que México padece la peor de las competencias en materia de otorgamiento de tarjetas de crédito, y padece la peor injusticia contra los tarjetahabientes: México paga las comisiones más caras del mundo; México paga, los derechohabientes mexicanos pagan las comisiones más amplias del mundo.

Debido a que no existe competencia y esta concentración de instituciones bancarias, de tres bancos, que acaparan 61.4, son los únicos proveedores de bienes y servicios financieros y, obviamente, pueden establecer precios artificiales excesivamente altos, con la seguridad de que los consumidores, aún así, adquirirán el producto.

Por eso el tema de carteras vencidas es enorme; la insolvencia del pago de los tarjetahabientes también es enorme.

El caso de la banca mexicana resulta de suma importancia, ya que el lento crecimiento de la economía y los bajos sueldos que tiene la mayoría de la población hacen que los mexicanos vean al crédito como un sustituto de ingreso y no como un complemento.

Un dato impresionante es que en México existen 22, casi 23 millones de tarjetas de crédito, de las cuales el 30 por ciento se utilizan en condiciones óptimas; es decir, solo el 30 por ciento son manejadas sin generar intereses y sin problemas, el 70 por ciento tienen problemas.

Recordemos que en nuestro país habitan 53 millones de pobres; la pobreza extrema aumentó de 11.7 millones en 2007 a 13 millones de personas en el 2012.

El Inegi dio a conocer, en su última encuesta, que los trabajadores ocupados tuvieron un ingreso nominal de 5 mil 528 pesos mensuales durante el tercer trimestre del 2012. Lo que equivale a una caída real anual del 1.2.

Como resultado de esto, de estas estadísticas, ciudadanos legisladores, tenemos que la cartera vencida presentó un incremento del 25 por ciento en el primer trimestre del 2012, sobre el monto de los créditos de moratoria registrados, comparados un año anterior.

La Comisión Nacional Bancaria también ha señalado lo grave, ya que los pasivos por este concepto ascendieron a 61 mil millones de pesos, y el mayor saldo de crédito de impago se encuentra en las empresas, donde la cartera vencida se elevó de casi 4 mil 600 millones de pesos en los préstamos al consumo, en los cuales hay 20 mil 480 millones de pesos que han sido clasificados en moratorio.

Todo esto se los argumento, porque nosotros vamos a votar a favor del dictamen; sin embargo, creemos que no resuelve el problema que se está presentando, porque no hay regulación que obligue a las instituciones bancarias a que sea cuidadoso y que aplique las mismas reglas, intereses y normas internas, que en otros países donde tienen su sede.

México es un paraíso, porque aquí nadie protesta. Hay un Congreso dócil, no les afecta en lo más mínimo que les llamen la atención. Es un exhorto. Nosotros creemos que lo que necesitamos es modificar la ley, modificar la reglamentación jurídica. Por esa razón no creemos que esto vaya a resultar más que una llamada a misa, pero vamos a votar a favor.

México, ciudadanos legisladores, tiene las tasas de interés más caras en América, con niveles entre el 33 y 63 por ciento, a diferencia de Chile, donde las tasas se ubican entre el 47 y el 53 por ciento; de Colombia, donde los réditos varían entre el 28 y 36 por ciento; en Perú varían del 24 al 60 por ciento; en Venezuela el 32; y en Canadá, ciudadanos legisladores, de 18 por ciento a 20 por ciento.

En Estados Unidos de América la tasa de intereses es del 8 al 14 por ciento; por esa razón, México es el paraíso de todas las instituciones de crédito, donde año con año sangran la economía nacional, sangran al derechohabiente y los legisladores no somos capaces de expresar nuestra inconformidad por este mal que padecen los derechohabientes, tarjetahabientes con este trato verdaderamente criminal de los bancos contra los ciudadanos mexicanos.

Creemos que se requieren mayores medidas, profundidad en el planteamiento, modificaciones legislativas, y que esto es apenas un tenue remedio casero para el problema que padece de cáncer nuestro país. Por su atención muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado Monreal. Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: En votación económica se pregunta si se aprueban. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

ARTICULOS 2o., 18, 26, 53, 73, 115 Y 116 CONSTITUCIONALES

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

La reforma constitucional del 2001 en materia indígena representó sin duda un avance en la reivindicación de derechos y cultura indígenas, pero no significó el fin del conflicto que se planteó resolver. La reforma plasmada en el artículo 1º respecto a la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico, género, religión, condición social o cualquier otra que atente contra la dignidad humana también debe verse como una conquista a favor de la inclusión de los mexicanos en su rica pluralidad.

Pese a dichos avances, es necesario reconocer que existe un conflicto abierto y que falta camino por recorrer en la reivindicación plena de los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido es conveniente rescatar los puntos que no fueron incorporados de la Iniciativa de Ley formulada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) que fue dictaminada en abril del 2001 para una discusión indispensable en el Congreso mexicano para contribuir de esa manera con la paz y el fortalecimiento de las comunidades, respetando sus diferencias y reconociéndonos juntos como parte de la nación mexicana.

Quedaron pendientes los temas planteados en materia de democracia y justicia; y de bienestar y desarrollo.

Tenemos una gran deuda con las comunidades indígenas y es necesario que asumamos el compromiso de atenderlo con responsabilidad para lograr que la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, ya consignada en el artículo 2o. de la Constitución, deje de ser un buen deseo y pueda ejercerse a plenitud, en el marco establecido por la propia Carta Magna. En ese sentido, resulta fundamental garantizar que los pueblos indígenas tengan acceso a las instancias de representación política y al reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de derecho público.

Sin duda que el EZLN tiene el indiscutible mérito de haber puesto en el centro de la agenda nacional la situación de inadmisible injusticia que padecen los pueblos indígenas en nuestro país, lo cual tuvo como momento culminante los diálogos de paz que derivaron en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, mismos que fueron retomados por la iniciativa redactada por la Cocopa y presentada por Vicente Fox a principios de 2001. Su voz no podrá ser ignorada en el dictamen de las reformas y adiciones aquí propuestas.

La presente iniciativa tiene por objeto recuperar los Acuerdos de San Andrés plasmados en la llamada Ley Cocopa que no fueron aprobados en la reforma de 2001 y que es necesario rescatar para una nueva discusión que pueda dar por cumplida esa etapa del proceso de paz que quedó trunca y que significarían un paso más en la reivindicación de los legítimos derechos de los pueblos indígenas. Para lo cual se propone derogar elementos que resultaron polémicos, como las políticas asistencialistas que no fueron pedidas y se incluyeron en el artículo 2o. de la Constitución, las cuales provocaron fuertes críticas por parte de diversas organizaciones indígenas que, con justa razón, no quisieron ser degradadas a simples demandantes de dádivas; y reincorporar las propuestas que no fueron consideradas en el dictamen de la reforma constitucional en materia indígena o que fueron distorsionadas, en ese y otros artículos, en los términos de aquella que en su momento concito el respaldo de todas las fuerzas políticas representadas en la Cocopa y que retomaba los Acuerdos de San Andrés.

El propósito es poner al Congreso mexicano a rediscutir un tema que quedó inconcluso, en donde ha habido avances, pero que quedan asignaturas pendientes que son ineludibles para poder responder adecuadamente a los pueblos indígenas. El Poder Legislativo debe hacer su trabajo, escuchando a todos a luz de la experiencia y mostrando disposición a corregir deficiencias y profundizar en las reformas. Para ello será indispensable contar con la participación de las comunidades, organizaciones y sociedad civil.

Todos debemos contribuir a la reconciliación entre mexicanos. Hay que hacerlo con el lenguaje que acerca y tiende puentes, pero también con una visión que ve hacia adelante y entiende que los adversarios de antes no tienen por qué serlo siempre. Se puede, mediante el ejercicio de la buena política -que requiere de generosas dosis de imaginación y voluntad para resolver los problemas- encontrar soluciones a añejos problemas.

Es importante remarcar que la causa del reconocimiento pleno a los derechos indígenas no es exclusiva de estos sino de todos los mexicanos que aspiramos a contar con una democracia inclusiva que lejos de proscribir o estigmatizar la diferencia se nutra de ella para potencializar, en toda su riqueza, la pluralidad de la nación.

Argumentos

El 1 de enero de 1994 las fuerzas insurgentes del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional le declararon la guerra al Ejecutivo federal expresando el hartazgo centenario de generaciones llenas de miseria y de abandono por parte del gobierno. Hablaron en nombre de las comunidades indígenas que no tienen la capacidad de cubrir necesidades mínimas porque carecen de trabajo, tierra, techo, alimentación, salud y educación. También exigieron derechos políticos y garantías de independencia, libertad, democracia, justicia y paz.

Después de un periodo de sangre y tensión finalmente se abrió un proceso de diálogo entre las partes que culminó con la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar en 1996 en ellos las partes asumieron compromisos en torno a cinco temas generales: bienestar y desarrollo; conciliación de Chiapas; derechos de la mujer en Chiapas; derechos y cultura indígena; y democracia y justicia.

La Comisión de Concordia y Pacificación asumió el compromiso de redactar el proyecto de reforma constitucional incorporando los temas fundamentales de los Acuerdos de San Andrés.

El 7 de diciembre de 2000, justo al inicio de su gobierno, el Ejecutivo federal hizo suya la iniciativa con proyecto de reforma constitucional formulada por la Comisión de Concordia y Pacificación y presentó la iniciativa a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

La llamada Iniciativa Cocopa, aunque no integraba la mayoría de las propuestas contenidas en los Acuerdos de San Andrés, sí contaba con el aval de todas las fuerzas políticas y de las partes involucradas en la reforma constitucional para lograr el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas.

Dicha iniciativa planteaba reformas a los artículos 4o., 18, 26, 53, 73, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.

La reforma propuesta al artículo 4 constitucional, que finalmente fue plasmada parcialmente en el artículo 2o., planteaba el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación; el reconocimiento del derecho a decidir sus formas de convivencia y organización económica, política y social, el derecho a aplicar sus sistemas normativos en la solución de conflictos internos, el derecho a elegir a sus autoridades y ejercer sus formas de gobierno interno, la facultad de acceder al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, entre otras propuestas.

La reforma al artículo 18 planteaba una forma alternativa para que los indígenas sentenciados pudiesen purgar sus penas cerca de sus domicilios.

La reforma planteada al artículo 26 proponía que los pueblos y comunidades indígenas tuvieran participación en los planes y programas de desarrollo y que el Estado les garantizara su acceso equitativo a la distribución de la riqueza nacional.

La iniciativa contemplaba 2 propuestas de reforma electoral, una de ellas estaba alojada en el artículo 53 y la otra en el artículo 116, la primera planteaba un rediseño de las demarcaciones, distritos uninominales, así como de las circunscripciones plurinominales de tal forma que fuera considerada la ubicación de los pueblos indígenas para garantizar su participación y representación políticas en el ámbito nacional.

La otra reforma electoral planteada al artículo 116 buscaba garantizar la representación política de los pueblos indígenas haciendo una redistritación electoral para ajustar los distritos conforme a la distribución geográfica de los pueblos indígenas.

Se propuso reformar el artículo 73 para dotar al Congreso de la Unión de la facultad para expedir las leyes que garantizaran la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para hacer cumplir los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas.

La reforma al artículo 115 planteaba entre otras cosas que hubiera mecanismos que permitieran la participación ciudadana en la programación evaluación, y control de los recursos destinados al desarrollo social a nivel municipal.

La propuesta planteaba que las comunidades indígenas al ser consideradas como entidades de derecho público podrían asociarse libremente para coordinar sus acciones con los municipios que hubiesen reconocido su pertenencia a un pueblo indígena.

Finalmente, la iniciativa planteaba que previa consulta con las poblaciones, los congresos locales legislarían a fin de hacer una remunicipalización en aquellos territorios en los que estuviesen asentados los pueblos indígenas.

El 25 de abril de 2001, cuatro meses después de la presentación de la iniciativa de la Ley Cocopa en la Cámara de Senadores, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos presentaron al pleno el dictamen de reforma constitucional con modificaciones a los artículos 1o., 2o., 4o., 18 y 115. En el dictamen no se incorporaron las propuestas de la Ley Cocopa a los artículos 18, 26, 53, 115 y 116.

El dictamen incorporó en el artículo 2 los derechos y cultura indígena que habían sido originalmente planteados en el artículo 4. Sin embargo, quedaron pendientes las reformas con relación a democracia y justicia; y bienestar y desarrollo.

La reforma al artículo 2 plasmada en el dictamen generó una amplia controversia en la Cámara de Diputados porque contenía modificaciones que suprimían la calidad que originalmente se había proyectado para habilitar a las comunidades indígenas como entidades de derecho público con personalidad jurídica y en su lugar se les confirió un estatus de entidades de interés público. Por otro lado, el apartado B del mismo artículo, prevé suplantar derechos por políticas asistencialistas, lo cual es contrario al espíritu de la Ley Cocopa.

El 28 de abril del 2001 la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la minuta del senado en sus términos con 386 votos a favor, 60 en contra y 2 abstenciones.

Posteriormente, se turnó a las legislaturas de los estados y se obtuvieron 16 votos aprobatorios de los Congresos de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz; y 8 votos en contra de los Congresos de Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas.

El 18 de julio de 2001 la Comisión Permanente hizo la Declaratoria Constitucional y el 4 de agosto de ese año, el Ejecutivo federal publicó la reforma en el Diario Oficial de la Federación.

Reconociendo que la reforma Constitucional del 2001 en materia indígena avanzó, pero no incorporó propuestas fundamentales de la iniciativa de Ley Cocopa, pongo a consideración del Congreso de la Unión la presente iniciativa que las recupera. De esta manera los Acuerdos de San Andrés Larráinzar vuelven a estar a consideración del Poder Legislativo.

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma la fracción III, la fracción VI y el último párrafo del Apartado A del artículo 2o.; se deroga el párrafo cuarto y el Apartado B del artículo 2o.; se adiciona un octavo párrafo recorriéndose el subsecuente al artículo 18; un tercer párrafo a la fracción a) del artículo 26 recorriéndose el subsecuente párrafo; un segundo párrafo el artículo 53 recorriéndose el subsecuente párrafo; la fracción XXIV del artículo 73 recorriéndose las subsecuentes fracciones; un segundo párrafo a la fracción V y las fracciones IX y X del artículo 115; y un cuarto párrafo a la fracción II del artículo 116 recorriéndose los subsecuentes párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

...

...

(Se deroga)

...

A. ...

I. y II. ...

III. Elegir a sus autoridades y ejercer sus formas de gobierno interno de acuerdo a sus normas en los ámbitos de su autonomía, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad;

IV. y V. ...

VI. Acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, entendidos éstos como la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan u ocupan, salvo aquéllos cuyo dominio directo corresponde a la nación;

VIII. ...

Las Constituciones y las leyes de los estados de la República, conforme a sus particulares características, establecerán las modalidades pertinentes para la aplicación de los principios señalados, garantizando los derechos que esta Constitución reconoce a los pueblos indígenas.

B. ( Se deroga)

Artículo 18. ...

...

...

...

...

...

...

...

Los indígenas podrán compurgar sus penas preferentemente en los establecimientos más cercanos a su domicilio, de modo que se propicie su reintegración a la comunidad como mecanismo esencial de readaptación social.

...

Artículo 26.

A. ...

...

...

La legislación correspondiente establecerá los mecanismos necesarios para que en los planes y programas de desarrollo se tomen en cuenta a las comunidades y pueblos indígenas en sus necesidades y sus especificidades culturales. El Estado les garantizará su acceso equitativo a la distribución de la riqueza nacional.

...

B. ...

...

...

...

...

Artículo 53. ...

Para establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales y las circunscripciones electorales plurinominales, deberá tomarse en cuenta la ubicación de los pueblos indígenas, a fin de asegurar su participación y representación políticas en el ámbito nacional.

...

Artículo 73. ...

I. a XXIII. ...

XXIV. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, respecto de los pueblos y comunidades indígenas, con el objeto de cumplir los fines previstos en los artículos 1o., 2o. y 115 de esta Constitución;

XXV. ...

XXVI. ...

XXVII. ...

XXVIII. ...

XXIX. ...

XXX. ...

XXX-B. ...

XXX-C. ...

XXX-D. ...

XXX-E. ...

XXX-F. ...

XXX-G. ...

XXX-H. ...

XXX-I. ...

XXX-J. ...

XXX-K. ...

XXX-L. ...

XXX-M. ...

XXX-N. ...

XXX-Ñ. ...

XXX-O. ...

XXX-P. ...

XXX-Q. ...

XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.

Artículo 115. ...

I. a IV. ...

V. ...

En los planes de desarrollo municipal y en los programas que de ellos se deriven, los ayuntamientos le darán participación a los núcleos de población ubicados dentro de la circunscripción municipal, en los términos que establezca la legislación local. En cada municipio se establecerán mecanismos de participación ciudadana para coadyuvar con los ayuntamientos en la programación, ejercicio, evaluación y control de los recursos, incluidos los federales, que se destinen al desarrollo social;

...

VI. a VIII. ...

IX. Se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo a las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa.

Las comunidades indígenas como entidades de derecho público y los municipios que reconozcan su pertenencia a un pueblo indígena tendrán la facultad de asociarse libremente a fin de coordinar sus acciones. Las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que se les asignen. Corresponderá a las legislaturas estatales determinar, en su caso, las funciones y facultades que pudieran transferírseles, y

X. En los municipios, comunidades, organismos auxiliares del ayuntamiento e instancias afines que asuman su pertenencia a un pueblo indígena, se reconocerá a sus habitantes el derecho para que definan, de acuerdo con las prácticas políticas propias de la tradición de cada uno de ellos, los procedimientos para la elección de sus autoridades o representantes y para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, en un marco que asegure la unidad del Estado nacional. La legislación local establecerá las bases y modalidades para asegurar el ejercicio pleno de ese derecho.

Las legislaturas de los estados podrán proceder a la remunicipalización de los territorios en que estén asentados los pueblos indígenas, la cual deberá realizarse en consulta con las poblaciones involucradas.

Artículo 116. ...

...

I. ...

II. ...

...

...

Para garantizar la representación de los pueblos indígenas en las legislaturas de los estados por el principio de mayoría relativa, los distritos electorales deberán ajustarse conforme a la distribución geográfica de dichos pueblos.

...

...

...

...

...

III. a VII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez agotado el procedimiento previsto por el artículo 135 constitucional.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá adecuar las leyes federales correspondientes, de conformidad a lo dispuesto por el presente decreto, en un plazo no mayor a un año, a partir de la entrada en vigor de éste.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las reformas establecidas en el presente decreto.

Recinto legislativo de la Comisión Permanente, a 16 de enero de 2013.— Diputado Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para dictamen.

ARTICULO 102 CONSTITUCIONAL

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Iniciativa que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Uno de los pocos temas en los que hay consenso en todos los sectores sociales de México, es el de la existencia de la corrupción, abuso de poder e impunidad, tanto en las fuerzas policiales, como en el seno del Ministerio Público, amén de otros funcionarios y servidores públicos.

La falta de orden y de vocación de servicio en las instituciones encargadas de la investigación y persecución de los delitos y las de procuración de justicia, en tiempos actuales, abona el camino para que el crimen organizado despliegue una andanada de violencia por casi todo el territorio nacional, lo que obliga a revisar sobre la actuación eficiente de los aparatos de justicia dentro de los que se encuentra la institución del Ministerio Público.

La procuración de justicia es una función del estado, pero la institución que desde 1917 tiene esa encomienda no ha logrado ejercerla con eficacia. Dicha atribución se ha visto rebasada, lo que nos lleva a discurrir que el modelo de procuración de justicia está politizado, desgastado, saturado, rezagado, pero sobre todo desacreditado. Por lo cual se impone una reasignación de su naturaleza jurídica y de funciones.

Muchas son las causas de esta lamentable situación por sólo mencionar algunas, destaca que las distintas procuradurías del país no cuentan con personal capacitado, falta eficacia en su actuación, la corrupción generalizada no permite el depósito de la confianza de la víctima para denunciar el delito, lo que aumenta, la de por sí, abultada “cifra negra”, funcionarios públicos que no manifiestan ni el más mínimo sentimiento de vocación de servicio, capaces y comprometidos con la sociedad y la justicia, lo que arroja consecuentemente un muy alto índice de impunidad.

Las instituciones tienen, que evolucionar para cumplir con el mandato constitucional tendiendo los mecanismos de articulación en aras de alcanzar la seguridad pública. Los avances que se han dado para remover las actuales estructuras son parciales e ineficientes para hacer frente a la inseguridad que se padece.

Para lograr lo anterior, es urgente una transformación integral de las estructuras, cambios que son necesarios a pesar de las resistencias de algunos. Dependencias que se mantienen incólumes, obsoletas y anacrónicas sumergidas en la inacción que se traduce en zozobra, angustia y desesperación del colectivo social.

Ante ese panorama surge como obligación, ejercitar un nuevo perfil en la materia de procuración de justicia, nos referimos, concretamente, a la autonomía del Ministerio Público, contribuyendo a que la noble institución desarrolle su encomienda en forma imparcial y objetiva y por lo tanto permanezca ajena a caprichos y vaivenes políticos.

En el esquema actual el Ministerio Público tiene una marcada dependencia del Poder Ejecutivo y los principios que marcan su conducción son los de discrecionalidad y oportunidad, lo que desencadena una serie de actos arbitrarios, de represión y violatorios de los derechos humanos.

Los reclamos sociales se dirigen específicamente al tema de inseguridad y subrayan con todo rigor y legitimidad el pésimo desempeño de la procuración de justicia. No se puede omitir y por lo tanto negar que ese sector se encuentra inmerso en una crisis que lo lapida.

La reforma al marco jurídico de 2008, en materia penal ha sido insuficiente, las modificaciones fueron operativas y orgánicas y no estructurales. A pesar de los cambios aplicados, éstos no se han reflejado en resultados cuantificados, porque la corrupción y la impunidad siguen apoderándose, no sólo del colectivo social, sino también de la entidad que tiene la encomienda de combatirla.

Argumentación

Es indudable que la corrupción constituye uno de los temas más urgentes por atender en todos los niveles de la función pública para que se pueda hablar del estado de derecho.

El estado de derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y las normas aprobadas de conformidad con los procedimientos que garantizan el funcionamiento responsable y controlado de los órganos de poder, de acuerdo a Diego Valadés.

Por lo tanto, un estado de derecho exige que los detentadores del poder actúen dentro del ámbito de sus atribuciones que se les confieren, entendiendo como atribuciones a la suma de derechos y obligaciones que la ley otorga a la autoridad para que pueda llevar a cabo el logro de los fines estatales. Donde no quepan la impunidad, la corrupción el abuso de poder y la inequidad social.

En ese sentido la sociedad mexicana se ha vuelto más exigente, demandante consciente y demócrata, por lo tanto reclama respeto a los derechos humanos, y más y mejores instancias de procuración de justicia, por ello México necesita renovarse y generar las reformas legales necesarias y urgentes.

Hoy el Ministerio Público es un órgano de procuración de justicia dependiente, instrumentalizado hacia objetivos políticos, no profesional y con severos problemas de corrupción interna y hacia la sociedad. Esta situación se ha intentado remediar desde hace muchos años desde la academia, desde la clase empresarial, desde los partidos políticos etcétera.

Es oportuno comentar que esta figura ha sido motivo de series y respetables reformas como la de diciembre de 1994, que siguiendo el modelo norteamericano, el procurador general de la República, después de ser nombrado por el presidente de la República debe ser ratificado por el Senado o, por la Comisión Permanente. Y sin embargo, puede ser removido libremente por el jefe del Ejecutivo, con lo cual el titular de la Procuraduría continúa en una situación de dependencia.

La parte final del argumento anterior, no deja lugar a dudas sobre la dependencia jerárquica y estructural, pues se establece que: “El procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo”. Al respecto Juventino V. Castro refiere: “Hay que reconocer, sin embargo, que las funciones del Ministerio Público se prestan más que ninguna otra a ser influidas por las autoridades políticas –como son los Ejecutivos de la República y de los estados-, para sus fines propios, y que esa facultad de removerlos libremente es decisiva sobre la actuación del Ministerio Público, pudiendo dar fe de esta aseveración tanto los mismos agentes y procuradores, como los jueces y magistrados, razón por la cual es de necesidad imperiosa el estatuir la inamovilidad del Ministerio Público, tal y como se ha logrado respecto de los miembros de la judicatura, para que no puedan ser removidos de sus puestos sino por responsabilidad grave en el cumplimiento de los deberes que la Constitución y leyes orgánicas le señalan (...) así como una meditada reglamentación de las funciones de ese organismo, para poner a salvo dichas funciones de influencias perjudiciales”.

Estamos de acuerdo con tan ilustre jurista, lo que planteamos en la presente expresión legislativa, es que el titular del Ministerio Público, sólo sea removido por causas graves y siguiendo el procedimiento previsto por el Título Cuarto de nuestra Carta Magna. La remoción, por lo tanto, queda en sede legislativa, con ello se consolidan los principios de independencia, autonomía, imparcialidad, objetividad, legalidad y buena fe con que debe conducirse esta Institución.

Establecido el contexto conviene decir que la presente propuesta legislativa plantea como objetivo y fin la conformación del Ministerio Público como órgano constitucional autónomo. Este órgano tendría las siguientes características: previsto en la Constitución, no dependería de los poderes tradicionales, gozaría de autonomía técnica y funcional, la actuación de sus titulares se mantendría ajena a consideraciones políticas y partidistas, se ofrecen garantías constitucionales a los miembros del Ministerio Público (estabilidad, remuneración suficiente, inamovilidad, carrera ministerial etc.). Carpizo dice que configurar a las procuradurías como órganos constitucionales autónomos es un paso adelante para luchar contra la corrupción, la parcialidad, los abusos de poder y las influencias políticas en la procuración de justicia.

La propuesta para darle autonomía al Ministerio Público, es el camino que debemos seguir en México. Sin autonomía y profesionalización, en esta función, el sistema judicial por más perfecto que sea, estará incompleto y no sería suficiente en la tarea de construcción del estado de derecho que tanto anhelamos. En esa virtud es una tarea impostergable si queremos tener un sistema jurídico y judicial distinto, que retome la confianza del colectivo social, mediante el cumplimiento pleno del mandato constitucional.

La iniciativa propone que sea el Senado o la Comisión Permanente del Congreso quien designaría al procurador general de la República por el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes, a propuesta del Ejecutivo federal. Consideramos que la razón de ser de esa formulación es que en la actualidad una función tan delicada como la procuración de justicia, debe tener un control de constitucionalidad y legalidad estricto.

Por otra parte, también es importante precisar el término del mandato del procurador, la propuesta es que dure en el cargo siete años con posibilidad de reelección por otro término igual, esto es para evitar prácticas caciquiles y para no hacerlo rehén de las coyunturas políticas, principalmente las sexenales, por eso el periodo de designación debe estar totalmente desvinculado del ejecutivo y del mandato de cualquiera de las cámaras legislativas, de preferencia debe haber un período de larga duración con todas las garantías de permanencia e inamovilidad y de protección contra las acechanzas políticas (juicio político, declaración de procedencia, remuneración suficiente, etcétera).

Para mayor fortalecimiento de la argumentación conviene puntualizar que por su parte el diagnóstico de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en México, estableció que nuestro país tiene un importante rezago en materia de justicia y derechos humanos. En consecuencia, se impone la necesidad de que a la institución del Ministerio Público se le sitúe fuera de la órbita estructural y política del titular del Poder Ejecutivo, para así generar mayor confianza y credibilidad en la procuración de justicia en México.

Muchos son los cambios y transformaciones que se han propuesto traducidas en políticas, estrategias y lineamientos para mejorar el desempeño y los resultados, incluso se han formulado propuestas para cambios legislativos, aparte de la presente expresión legislativa, esto significa que existe una constante y permanente inquietud de mejorar el funcionamiento en todas las procuradurías estatales como la federal.

En México algunas entidades federativas han otorgado mayor autonomía e inamovilidad al Ministerio Público, presentando grandes avances en esta materia, como es el caso de los estados de Hidalgo y Chiapas. En tanto 70 por ciento de los estados del país han inscrito en su marco regulatorio que el procedimiento para la designación del Ministerio Público se someterá al Congreso, lo que muestra que el siguiente paso es dotar de autonomía esta institución en todo el país.

En nuestro país nos hemos quedado rezagados, porque en el derecho comparado los países donde se ha otorgado autonomía al Ministerio Público son Chile, Argentina, Costa Rica, Paraguay, Perú, Guatemala, Colombia, Honduras, Ecuador, por sólo citar algunos. La conclusión es que esta autonomía es una realidad en Latino América.

La autonomía propuesta debe ser libre y lejos de adscribirle a cualquiera de los poderes tradicionales, es decir, fuera del Poder Judicial, y del Legislativo, por lo que se refiere al primero de los nombrados le obstaculiza la función porque se convertiría en juez y parte; por lo que hace al segundo rompería con la función natural porque su función fundamental es la creación del marco jurídico vigente, por la tercera acción es crear un órgano constitucional autónomo.

Sobre estas entidades conviene apuntar que representan una evolución al sistema tradicional de la división de poderes, porque generalmente son órganos técnicos de control, y para su funcionamiento sustantivo deben encontrarse fuera de la esfera de los poderes tradicionales, pero así también, de los partidos políticos o de otros grupos o factores reales del poder.  Son órganos detentadores del equilibrio constitucional y político.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71.II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, propongo ante esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Por el que se reforma el apartado A del artículo 102; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los términos siguientes:

Artículo Único. Se reforma el apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la manera siguiente:

Artículo 102

A. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, quien contará con autonomía funcional, presupuestaria y administrativa, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en el ejercicio de sus atribuciones.

El Ministerio Público de la federación estará presidido por un procurador general de la república, designado por el titular del Ejecutivo federal con ratificación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente.

El procurador general de la república, durará en su encargo siete años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del título cuarto de esta Constitución.

Para ser procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso.

..

..

..

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes federales en un plazo máximo de seis meses a partir del inicio de la vigencia de este decreto.

Notas:

1. Diego Valadés Ríos. Problemas constitucionales del estado de derecho. México, UNAM-IIJ. 2OO2, pp. 7 y 8.

2. Carpizo, Jorge, “El ministerio fiscal como órgano constitucional autónomo” en Revista de Estudios Políticos, número 125, julio/ septiembre, 2004, p. 68.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2013.— Diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, don Abraham Montes Alvarado, del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 49 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. ¿Está nuestro amigo, el diputado? ¿Quiere que demos otro turno, en tanto arregla usted? Bueno.

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra don Alberto Carlos García González, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 3 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

El diputado Carlos Alberto García González: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el suscrito diputado federal, Carlos Alberto García González, vengo a exponer los razonamientos que sustentan la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 3 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, de acuerdo a lo siguiente:

Datos mencionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que de los más de 112 millones de mexicanas y mexicanos que habitamos en este país, el 16.8 por ciento son jóvenes de entre 20 y 29 años, quienes buscan oportunidades para poder desarrollarse en distintos ámbitos, principalmente en el académico y lo laboral.

Estamos ciertos de que los jóvenes son quienes en un futuro tomarán las decisiones que permitan el desarrollo de la nación, por lo que hoy es nuestro deber como legisladores implementar mecanismos que permitan la incorporación de esta parte de la población al sector productivo del país.

Con la reforma laboral aprobada por el Congreso de la Unión el pasado noviembre, sin duda se lograron avances trascendentales para los trabajadores, siendo uno de los temas prioritarios el acceso al empleo para los jóvenes, toda vez que en muchas ocasiones suelen encontrar en la informalidad una opción laboral que les permite solventar sus diferentes necesidades económicas.

Uno de los marcos normativos que permite un apoyo a los jóvenes es la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, misma que en su artículo 1 hace mención sobre la creación del organismo del mismo nombre, el cual tiene por objeto promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros ordenamientos legales.

En el mismo sentido, uno de los objetivos de la presente iniciativa es lograr armonizar entre el objeto del Instituto Mexicano de la Juventud, los lineamientos también que deben considerar el mismo instituto, en la definición e instrumentación de la política nacional de juventud y sus atribuciones para el cumplimiento de dicho objeto.

Al respecto, me permito señalar a esta soberanía que muchos de los jóvenes que habitan en comunidades indígenas tienen graves problemas económicos que les impide iniciar o continuar sus estudios y en consecuencia, se ven en la necesidad de trabajar para poder solventar los gastos de primera necesidad de sus familias.

Es así que mediante este proyecto vengo a plasmar la necesidad de establecer en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud el apoyo en el aspecto laboral a favor de todas y de todos los jóvenes de México, toda vez que es uno de los temas que no se mencionan dentro de los primeros artículos de dicho ordenamiento legal.

En nuestro país, la población económicamente activa suma más de 51 millones de personas, el cual, sumando al número de personas que egresan de diversas instituciones académicas buscando un lugar para poder desarrollar su profesión, hace que cada vez las empresas particulares, así como las dependencias del gobierno, tengan que cerrar sus filas al contratar nuevo personal.

Por último, sin duda con el apoyo que se pueda otorgar a los jóvenes lograremos que la economía de nuestro país se active en beneficio de toda la población, además de otorgar la tranquilidad en los hogares de todos. Es cuanto, senadora presidenta.

«Iniciativa que reforma los artículos 3o. y 3o. Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, suscrita por el diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Carlos Alberto García González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones III y VI del artículo 3, y V del 3 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que de los más de 112 millones de personas que habitan el país, 16.8 por ciento lo forman jóvenes de entre 20 y 29 años de edad, quienes buscan oportunidades para desarrollarse en distintos ámbitos, principalmente el académico y laboral, buscando con ello en el corto y mediano plazos un crecimiento personal y profesional que les servirá de impulso para tener acceso a una mejor calidad de vida, además de participar en el crecimiento económico del país.

Sin embargo, la enorme competencia a que se enfrentan una vez concluidos sus estudios universitarios se vuelve un obstáculo para ingresar en una empresa pública o privada, y en consecuencia su desarrollo laboral y profesional se trunca hasta concretar una oportunidad.

Los jóvenes, en un futuro próximo, tomarán las decisiones que permitan el correcto camino del país, por lo que hoy debemos llevar a cabo los mecanismos que permitan la incorporación de esa parte de la población al sector productivo. La edad promedio de la población económicamente activa es de 38 años, motivo que hace necesario promover la participación de la población joven, y que a su vez permita y obligue a las diversas autoridades a impulsar los mecanismos para que la preparación académica requerida, sea cada vez mayor y de mejor calidad de la que actualmente se imparte hacia los jóvenes.

Con la reforma laboral aprobada por el Congreso de la Unión en noviembre pasado se lograron avances trascendentales para los trabajadores de nuestro país, siendo uno de los temas prioritarios el acceso al empleo para los jóvenes; sin embargo, es imperioso seguir llevando a cabo mecanismos necesarios para que las oportunidades hacia ese sector de la población no sean limitadas ni truncadas, toda vez que en muchas ocasiones, cuando los jóvenes tienen diferentes dificultades que no les permiten acceder a nuevas oportunidades laborales, suelen encontrar en la informalidad la salida a sus problemas de falta de empleo, para poder así solventar sus diferentes necesidades económicas en los hogares que habitan.

Si bien el país se encuentra saliendo de la crisis económica que se presentó a escala mundial en 2008, debemos seguir implantando acciones que permitan incrementar el número de personas económicamente activas, mismo que en la actualidad es superior a los 51 millones, propiciando con ello que el campo laboral sea abarcado con una mayor amplitud y la población tenga la capacidad económica para afrontar los gastos cotidianos de sus hogares.

Uno de los marcos normativos que permite un apoyo a los jóvenes es la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, la cual en el artículo 1 menciona la creación delorganismo del mismo nombre y que tiene como por objeto promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros ordenamientos.

Uno de los objetivos de la presente iniciativa es lograr la armonización entre el objeto del Instituto Mexicano de la Juventud, los lineamientos que debe considerar el instituto en la definición e instauración de la política nacional de juventud y sus atribuciones para el cumplimiento de dicho objeto.

En la actualidad, muchos de los jóvenes que habitan en comunidades indígenas tienen graves problemas económicos que les impiden asistir a los centros educativos para poder iniciar y continuar sus estudios, motivo por el cual se ven en la necesidad de trabajar para poder ayudar a solventar los gastos de primera necesidad de sus familias, que en la mayoría de las ocasiones no cuentan ni con los servicios básicos que les permitan una calidad de vida promedio.

Así, mediante la presente iniciativa vengo a plasmar la necesidad de que en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud se establezca que todos los apoyos a favor de la juventud abarquen el aspecto laboral, toda vez que, es uno de los temas principales que beneficia a los jóvenes y que no se mencionan dentro de los primeros cinco artículos de dicho ordenamiento.

En el país, la población económicamente activa suma un total de 51,378,927 personas, de las cuales 19 629 131 son mujeres y 31 749 796 son hombres, motivo por el cual se deben seguir implementando acciones que permitan fomentar y elevar las fuentes de empleo, ya que sumado al número de la población antes mencionada, cada año miles de personas egresan de diversas instituciones académicas buscando un lugar para poder desarrollar su profesión, lo que hace que cada vez las empresas particulares así como las dependencias de gobierno cierren sus filas al contratar nuevo personal

Por lo anterior es que los legisladores, tenemos la tarea de llevar a cabo todas las acciones que permitan que en nuestro país se implanten mecanismos adecuados que permitan en todo momento que los ciudadanos cuenten con un empleo y de esa manera solventen las necesidades que se presentan en sus hogares.

Sin duda, con el apoyo que se pueda alcanzar en favor de los jóvenes que tienen expectativas para gozar de un empleo, lograremos que la economía de nuestro país se active en beneficio de toda la población, además de que muchas personas que son responsables de la mayor aportación económica para sus hogares, tengan la tranquilidad de que las fuentes de empleo estarán respaldadas por un sustentable marco normativo.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 3 y 3Bis, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Único. Se reforman las fracciones III y VI del artículo 3, y V del 3 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 3. El Instituto tendrá por objeto

I. y II. ...

III. Proponer al Ejecutivo federal programas especiales orientados a mejorar las condiciones de salud, desarrollo e inclusión laboraly educación de los jóvenes indígenas, así como los espacios para la convivencia y recreación, sin menoscabo de las atribuciones que en estos propósitos competen a otras dependencias;

IV. y V. ...

VI. Promover coordinadamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales, de desarrollo e inclusión laboral y derechos, y

VII. ...

Artículo 3 Bis.El Instituto, en la definición e instrumentación de la política nacional de juventud a que hace referencia la fracción II del artículo 3, deberá considerar los siguientes lineamientos:

I. a IV. ...

V. Observar los criterios de integralidad y transversalidad en la ejecución de programas y acciones que procuren cubrir las necesidades básicas de los jóvenes y promover su desarrollo personal, social, de inclusión laboraly económico. Asimismo, se impulsará un federalismo institucional en la ejecución de los programas y acciones que, en su caso, se coordinen entre las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, en el ámbito de su competencia, con los gobiernos de las entidades federativas y a través de ellos con los municipios.

VI. y VII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 16 de enero de 2013.— Diputado Carlos Alberto García González (rúbrica).»

Presidencia del senadora Hilda Esthela Flores Escalera

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado secretario. Túrnese a la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados, para dictamen.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tiene en este momento la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Abraham Montes Alvarado, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 49 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Adelante, señor diputado.

El diputado Abraham Montes Alvarado: Muchas gracias; con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, recientemente concluimos el proceso para elaborar el Presupuesto de Egresos de la Federación; quisiéramos que llevara muchos más recursos, muchísimos más.

Todos sabemos que los ingresos en México se dan básicamente por los impuestos, petróleo y otras actividades.

Hoy vengo a exponer los motivos por los que nosotros consideramos de suma importancia que se apoye al turismo en un espacio específico de la República mexicana, que es en Baja California.

Ahí en San Pedro Mártir y la Isla de Cedros, que son poblaciones típicas, dotadas de vestigios arqueológicos y monumentos históricos, como Tecate; ciudades cosmopolitas como Tijuana, y playas, como Ensenada y Rosarito.

Solo hemos encontrado trabas burocráticas que lo que traen es la falta de inversión e infraestructura; esto porque se da las respuestas a nuestras demandas desde una óptica centralista.

Un ejemplo de lo anterior, es la falta de una terminal aérea enteramente civil en el municipio de Ensenada, aun cuando es el municipio más grande México y del mundo, lo que deriva en detrimento de la competitividad y la prosperidad de este destino turístico preferido por los ciudadanos de los Estados Unidos de América. Igualmente, en la Isla de Cedros no se cuenta con servicios de transbordadores.

Pero además debemos de sumar la situación que redunda en perjuicio de la captación de divisas proveniente de los estados de California y Arizona, la cual tiene que ver con la imposibilidad de permitir el cruce de unidades de transporte turístico cuya capacidad sea menor a los 30 pasajeros. Esto en virtud de que actualmente solo es posible la internación de autobús.

Esta iniciativa ya fue presentada anteriormente, cuando Castro Trenti era senador y hoy es uno de los promoventes, como diputado, en esta Legislatura.

Consideramos que de aprobarse esta iniciativa podríamos complementar la oferta del servicio de autotransporte de turismo internacional, autorizados actualmente por el reglamento, para así incrementar la afluencia turística transfronteriza hacia la región por parte de los tour operadores y transportistas de los Estados Unidos de América, quienes ya tienen estos equipos y podrán cumplimentar sus servicios utilizados cuando así se requiera, con empresas mexicanas establecidas en el estado de Baja California.

Buscamos con ello establecer alianzas estratégicas binacionales, que fomenten el intercambio comercial turístico.

De conformidad con lo anterior, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente proyecto de decreto.

Único. Se adiciona un artículo 49 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue.

Artículo 49 Bis: El servicio de autotransporte de turismo internacional tiene por objeto el transporte en caminos de jurisdicción federal de pasajeros, con fines recreativos, culturales, de esparcimiento, hacia centros o zonas de interés turístico y de negocios en autobús de matrícula extranjera en la franja fronteriza norte, así como en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del estado de Sonora y en el municipio fronterizo de Cananea, estado de Sonora. Este servicio podrá ser prestado indistintamente en autobuses, como en unidades con capacidad menor a los 30 pasajeros.

Artículos transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos tendrá un plazo de 90 días, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para expedir las normas reglamentarias que al efecto resulten procedentes.

Esperamos contar con su aprobación y con su apoyo. Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 49 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por el diputado Abraham Montes Alvarado, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Fernando Castro Trenti, Abraham Montes Alvarado, Virginia Victoria Martinez Gutierrez, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado,Carmen López Segura, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo, diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, 77 y 78, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de este pleno la siguiente iniciativa, de conformidad con los siguientes razonamientos

Exposición de Motivos

El potencial turístico que posee Baja California, ya que dicha entidad cuenta con los atractivos suficientes como para atraer una generosa cantidad de visitantes nacionales y extranjeros.

Baja California cuenta con sitios naturales como San Pedro Mártir y la Isla de Cedros, poblaciones típicas dotadas de vestigios arqueológicos y monumentos históricos como Tecate, ciudades cosmopolitas como Tijuana y playas como Ensenada y Rosarito, que lo hacen un lugar apto para atraer al turismo.

Sin embargo, todo este potencial dista mucho de haberse aprovechado a cabalidad, debido a la existencia de trabas burocráticas y a la falta de inversión en infraestructura, problemas ambos que en mucho derivan de la visión centralista que sobre esta región ha tenido el gobierno federal en los pasados sexenios.

Un ejemplo de lo anterior es la falta de una terminal aérea enteramente civil en el municipio de Ensenada, aun cuando es el municipio más grande de México y del mundo, lo que deriva en detrimento de la competitividad y la prosperidad de este destino turístico preferido por los ciudadanos de Estados Unidos de América.

Igualmente, la isla de Cedros, a pesar de contar con atractivos naturales y características que le permitirían desarrollarse como un centro de turismo de aventura, permanece rezagada en virtud de que no se cuenta con un servicio de transbordadores que permita la transportación de personas entre Ensenada y la ínsula.

A lo señalado con anterioridad se debe sumar otra situación que redunda en perjuicio de la captación de visitantes provenientes de los estados de California y Arizona, la cual tiene que ver con la imposibilidad de permitir el cruce de unidades de transporte turístico cuya capacidad sea menor a los treinta pasajeros, esto en virtud de que actualmente sólo es posible la internación de autobuses.

En efecto, desde hace varios años los controles en la línea internacional para los vehículos turísticos se endurecieron y ello trajo como consecuencia un descenso notable en la llegada de turistas provenientes de la Unión América. Baste decir que a partir de 1993 el número de pasajeros que llegaron a Baja California a través del transporte terrestre turístico pasó de un millón a tan sólo veinte mil por año, siendo la mayoría trasladados desde Los Ángeles a Tijuana, con veinte viajes al día.

En este sentido, proponemos nuevamente la adición de un artículo 49 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a efecto de establecer que el servicio de autotransporte de turismo internacional tiene por objeto el transporte en caminos de jurisdicción federal, de pasajeros con fines recreativos, culturales, de esparcimiento, hacia centros o zonas de interés turístico y de negocios en autobús de matrícula extranjera, tal y como ya se expresa en el artículo 37 del reglamento aplicable en esta materia.

Con esta reforma, proponemos que en la franja fronteriza norte, así como en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial de Sonora y en el municipio fronterizo de Cananea, de Sonora, este servicio pueda ser prestado tanto en autobuses como en unidades con capacidad menor a los treinta pasajeros, tal y como lo han venido solicitando desde hace años los habitantes de esta región del país.

Cabe señalara que esta iniciativa fue presentada durante la legislatura pasada por el entonces senador, hoy diputado, Fernando Castro Trenti, sin que hubiera sido dictaminada en el Senado de la República, por lo que el día de hoy se presenta de nueva cuenta, con las modificaciones y mejoras pertinentes, para buscar su aprobación en esta Cámara de Diputados.

Consideramos que de aprobarse esta iniciativa podríamos complementar la oferta del servicio de autotransporte de turismo internacional autorizados actualmente por el reglamento, para así incrementar la afluencia turística transfronteriza hacia la región por parte de los Tour Operadores y Transportistas de Estados Unidos de América, quienes cuentan con estos equipos y que podrán cumplimentar sus servicios utilizando cuando así se requiera con empresas mexicanas establecidas en los Estado de Baja California, buscando con ello, establecer alianzas estratégicas binacionales que fomenten el intercambio comercial turístico.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona un artículo 49 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue

Artículo 49 Bis. El servicio de autotransporte de turismo internacional tiene por objeto el transporte en caminos de jurisdicción federal, de pasajeros con fines recreativos, culturales, de esparcimiento, hacia centros o zonas de interés turístico y de negocios en autobús de matrícula extranjera.

En la franja fronteriza norte, así como en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del estado de Sonora y en el municipio fronterizo de Cananea, estado de Sonora, este servicio podrá ser prestado indistintamente en autobuses como en unidades con capacidad menor a los treinta pasajeros.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos tendrá un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para expedir las normas reglamentarias que al efecto resulten procedentes.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 16 de enero de 2012.— Diputados: Fernando Castro Trenti (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado. Túrnese esta iniciativa a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: A continuación tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 bis 32 de la Ley General de Salud.

El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas: Gracias, compañera presidenta. Con el permiso de ustedes, compañeras y compañeros legisladores. El Seguro Popular desde su origen ha sido cuestionado por sus costos, sin que haya incidido de manera profunda en la disminución de las desigualdades y un efectivo disfrute del derecho humano a la salud, consagrado en el artículo 4o. constitucional.

Soy insistente en las denuncias sobre el desvío de los recursos asignados a las entidades federativas, la falta de personal y equipo médico, así como de medicamentos.

Igualmente se ha argumentado sobre la elusión de las responsabilidades, fragmentación y privatización del Sistema Nacional de Salud, carencia de un sistema confiable para su evaluación en infraestructura y otras carencias, etcétera.

Sin embargo, el propósito de la presente iniciativa no es cuestionar la existencia misma del Seguro Popular, sino por el contrario, procurar la consecución de sus fines con todas las limitaciones de éstos, mediante la transparente y eficiente aplicación de los recursos que se le destinan, de manera que hasta el último peso se aplique a este servicio de salud, que tiene como sujetos de beneficio a las personas de más bajos recursos.

Es inadmisible que se omita una legal aplicación de recursos destinados a los sectores más pobres. Las recientes denuncias sobre desvío de recursos son indudablemente solo la punta del iceberg. Esto nos debe llevar a considerar que los mecanismos de control de estos dineros no son suficientes.

La vigilancia a cargo del mismo gobierno local en turno carece de imparcialidad; por lo que hace a la Auditoría Superior de la Federación, sus mecanismos de control son insuficientes y tardados. Las nuevas facultades en la materia de parte de la Secretaría de Hacienda y la futura Comisión Nacional Anticorrupción, están aún en ciernes y son a todas luces limitadas.

Por tanto, urge crear otros mecanismos adicionales, que con simultaneidad a la aplicación de los recursos estén verificando su aplicación bajo el principio de inmediatez y transparencia.

En este sentido, proponemos que en los estados y en el Distrito Federal se cree un comité de vigilancia para la debida aplicación de los recursos del Seguro Popular; comité que tendrá facultad para pedir información en la materia a las autoridades de control y supervisión interna de los gobiernos de los estados o de otra cualquier dependencia, a transparentar la información que consideren necesaria, a proponer al titular de los gobiernos los correctivos necesarios y cualesquiera otra facultad que sea necesaria para cumplir su función.

Las autoridades deberán entregar la información solicitada por este comité en un plazo máximo de tres días, salvo que la autoridad respectiva solicite y justifique un término mayor.

Este comité se integrará con dos representantes del gobierno de la entidad federativa respectiva, que deberán ser el secretario de Salud y Desarrollo Social o equivalentes, dos diputados del poder legislativo local, dos especialistas en la materia, tres beneficiarios del sistema de protección social en salud y dos representantes sindicales de los trabajadores pertenecientes a este sistema.

Los integrantes distintos a los representantes del gobierno se designarán en convocatoria conjunta de la Secretaría de Salud federal y el titular de los gobiernos locales, buscando siempre la pluralidad en su conformación. Esta integración plural permitirá un equilibrio difícil de ser mediatizado.

Los cargos en este comité serán honoríficos y durarán cuatro años, no pudiendo ser reelegidos para el periodo inmediato siguiente. Este comité será presidido de manera rotativa por un representante correspondiente a cada uno de los sectores. El comité se reunirá por lo menos una vez al mes.

En tal virtud, se proponen la adición de cuatro últimos párrafos a la fracción II del artículo 77 Bis 32 de la Ley General de Salud, con el contenido antes referido. Es cuanto, compañera presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 77 Bis 32 de la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD

Ante las recientes denuncias sobre el indebido manejo de los recursos del Seguro Popular, se busca evitar estos desvíos mediante una vigilancia constante e inmediata de su aplicación. De manera que estos dineros sean dedicados en su integridad en beneficio de las personasafiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.

Argumentos

El 15 de mayo de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que dio vida al Seguro Popular.

Como sabemos, las familias y personas no afiliadas a una institución de seguridad social u otro mecanismo de previsión social en salud, pueden incorporarse al Seguro Popular que les corresponda en razón de su domicilio. Según datos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud en la actualidad hay 19.8 millones de familias afiliadas y, 51.8 millones de derechohabientes.

El concepto del seguro popular nos lo da el artículo 2o. del decreto de mención, que a la letra señala:

“La protección social en salud es un mecanismo por el cual el estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención...”

El Seguro Popular, desde su origen ha sido cuestionado por sus costos, sin que haya incidido de manera profunda en la disminución de las desigualdades y un efectivo disfrute del derecho humano a la salud, consagrado en el artículo 4o. constitucional. Son insistentes las denuncias sobre el desvío de los recursos asignados a las entidades federativas, la falta de personal y equipo médico, así como de medicamentos; igualmente se ha argumentado sobre la dilución de las responsabilidades, fragmentación y privatización del sistema nacional de salud, carencia de un sistema confiable para su valuación, carencias en infraestructura, entre otros.

Sin embargo, el propósito de la presente iniciativa no es cuestionar la existencia misma del Seguro Popular, sino procurar la consecución de sus fines, con todas las limitaciones de éstos, mediante la transparente y eficiente aplicación de los recursos que se le destinan. De manera que hasta el último peso se aplique a este servicio de salud que tiene como sujetos de beneficio a las personas de más bajos recursos. Es inadmisible, que se omita una legal aplicación de recursos destinados a los sectores más pobres.

A este respecto en los últimos meses, ha habido denuncias sobre el desvío de los recursos que reciben las entidades federativas para el Seguro Popular, se habla de estados como Tabasco y Guerrero, de algo que indudablemente es sólo la punta del iceberg; esto nos debe llevar a considerar que los mecanismos de control de estos dineros no son suficientes. La vigilancia a cargo del mismo gobierno local en turno carece de imparcialidad, como demuestran los desvíos de cita; por lo que hace a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sus mecanismos de control son insuficientes y tardados, las nuevas facultades en la materia de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la futura Comisión Nacional Anticorrupción, están aún en ciernes y son a todas luces limitadas.

Por tanto, urge crear otros mecanismos adicionales, que con simultaneidad a la aplicación de los recursos, estén verificando su aplicación, bajo el principio de inmediatez y transparencia.

En este sentido, proponemos que en los estados y en el Distrito Federal, se cree un comité de vigilancia para la debida aplicación de los recursos del Seguro Popular; comité que tendrá facultad para pedir información en la materia a las autoridades de control y supervisión interna de los gobiernos de los estados, o a cualquier otra, a transparentar la información que consideren necesaria, a proponer al titular de estos gobiernos los correctivos necesarios y, cualesquiera otra facultad que sea necesaria para cumplir su función.

Las autoridades deberán entregar la información solicitada por este comité en un plazo máximo de tres días hábiles, salvo que la autoridad respectiva solicite y justifique un término mayor.

Este comité se integrará con dos representantes del gobierno de la entidad federativa respectiva, que deberán ser el secretario de salud y desarrollo social o equivalentes, dos diputados del poder legislativo local, dos especialistas en la materia, tres beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud y dos representantes sindicales de los trabajadores pertenecientes a este sistema. Los integrantes distintos a los representes del gobierno, se designarán a convocatoria conjunta de la Secretaría de Salud federal y el titular de los gobiernos locales, buscando siempre la pluralidad en su conformación.

Esta integración plural, permitirá un equilibrio difícil de ser mediatizado.

Los cargos en este comité serán honoríficos y durarán 4 años, no pudiendo ser reelegidos para el periodo inmediato siguiente. Este comité será presidido de manera rotativa por un representante correspondiente a cada uno de los sectores. El comité se reunirá por lo menos una vez al mes.

Fundamento legal

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a su consideración la presente iniciativa.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa de ley con proyecto de

Decreto por el que se adicionan cuatro últimos párrafos a la fracción II del artículo 77 Bis 32 de la Ley General de Salud

Artículo Primero. Se adicionan cuatro últimos párrafos a la fracción II del artículo 77 Bis 32 de la Ley General de Salud, en los siguientes términos:

Artículo 77 Bis 32. El control y supervisión del manejo de los recursos federales a que se refiere este título quedará a cargo de las autoridades siguientes, en las etapas que se indican:

I. ...

II. Recibidos los recursos federales por los estados y el Distrito Federal, hasta su erogación total, corresponderá a las autoridades de control y supervisión interna de los gobiernos de los estados.

La supervisión y vigilancia no podrán implicar limitaciones, ni restricciones, de cualquier índole, en la administración y ejercicio de dichos recursos.

En los estados y en el Distrito Federal, se deberá crear un comité que vigile la debida aplicación de los recursos que reciben, mismo que tendrá facultad para pedir información en la materia a las autoridades de control y supervisión interna a que se refiere el primer párrafo de esta fracción o a otra cualquier otra, a transparentar la información que consideren necesaria conforme a las disposiciones legales aplicables, a proponer al titular de estos gobiernos los correctivos necesarios y, cualesquiera otra facultad que sea necesaria para cumplir su función.

Las autoridades deberán entregar la información solicitada por este comité en un plazo máximo de tres días hábiles, salvo que la autoridad respectiva solicite y justifique un término mayor.

Este comité se integrará con dos representantes del gobierno de la entidad federativa respectiva, que deberán ser el secretario de salud y desarrollo social o equivalentes, dos diputados del poder legislativo local, dos especialistas en la materia, tres beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud y dos representantes sindicales de los trabajadores pertenecientes a este sistema. Los integrantes distintos a los representes del gobierno, se designarán a convocatoria conjunta de la Secretaría de Salud federal y el titular de los gobiernos ya señalados, bajo criterios de pluralidad.

Los cargos en este comité serán honoríficos y durarán cuatro años, no pudiendo ser reelegidos para el periodo inmediato siguiente. Este comité será presidido de manera rotativa por periodos semestrales por un representante correspondiente a cada uno de los sectores, con excepción de los especialistas. El comité se reunirá mínimamente una vez al mes.

III. y IV. ...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los comités a que se refiere el presente decreto deberán estar constituidos a los 3 meses de la entrada en vigor del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2013.— Diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señor diputado. Túrnese esta iniciativa a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para dictamen.

LEY DE AVIACION CIVIL

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tiene ahora la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 52 y 53 de la Ley de Aviación Civil. Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadana presidenta; ciudadanos legisladores, quiero platicar y presentar con ustedes un proyecto de decreto que adiciona varias disposiciones y también recorren artículos a una ley que en estos momentos cobra importancia y quisiera pedirles su atención, es la Ley de Aviación Civil.

El desarrollo de mejores prácticas en materia de competencia y de regulación incrementaría la tasa de productividad del país. México necesita no solo mejores servicios, sino precios competitivos para las empresas, en favor de los consumidores mexicanos.

La falta de regulación y la falta de competencia en el sistema económico mexicano han ocasionado un deterioro importante en la atención y servicios de sectores claves, como las comunicaciones, y telecomunicaciones en México.

Para los efectos de esta iniciativa solo me estoy abocando en el servicio de las comunicaciones y en específico, a las aerolíneas mexicanas.

Actualmente, la industria de la aviación civil atraviesa por serias dificultades, sobre todo por la calidad del servicio, que han detonado todos los días y a toda hora una serie de inconformidades por parte de la ciudadanía, además del excesivo costo del mismo; hemos pasado de ser viajeros frecuentes a víctimas frecuentes. Es impresionante y nadie hace absolutamente nada.

Con independencia de la aerolínea elegida, es un escenario ya común observar a decenas de personas pernoctando o literalmente perder el día competo en las salas de espera de los aeropuertos, a causa de la alteración de horarios de los vuelos por sobreventa de boletos, cancelaciones, retrasos o reprogramaciones decididas de manera unilateral, siempre en perjuicio de los pasajeros.

Los retrasos y las demoras de los vuelos en todo el mundo también representan una problemática importante para los usuarios de este servicio, ya que continuamente y sin ninguna explicación las aerolíneas retrasan la salida de las aeronaves, provocando que los consumidores pierdan citas, reuniones, negocios y que perjudican la vida personal, profesional y cotidiana de los ciudadanos.

Hay informes de asociaciones de aerolíneas europeas que detallan que el aeropuerto internacional del oeste de Londres tiene las peores demoras de vuelos en toda Europa; uno de cada tres vuelos sale con retraso, y en América es lo mismo. En México también, pero hay una diferencia y ése es el propósito de la iniciativa.

En los dos ejemplos que planteo de Europa, los dueños de aerolíneas pagan indemnizaciones a los pasajeros. Los dueños de las aerolíneas son responsables de los retrasos e indemnizan al pasajero, hasta con el 50 por ciento del valor del boleto, además de otras prestaciones, como hospedaje, comida, traslado y el inmediato traslado en el siguiente vuelo.

Por eso es que los usuarios mexicanos de este servicio se encuentran en desventaja total frente a los países de los distintos continentes, con respecto a la protección de los derechos de los usuarios del servicio de transporte aéreo.

La mayoría de los grandes concesionarios y permisionarios en el mundo están obligados a proteger los derechos de sus consumidores. Aquí no. Bueno, en ocasiones ni una disculpa te dan, menos te cubren una indemnización a la que tienes derecho.

Por eso estoy planteando —en una iniciativa muy amplia, que revisamos con mucho cuidado— estas modificaciones a la Ley de Aviación Civil, y entre otras tiene, que la Secretaría de Comunicaciones tiene una obligación que es indispensable: emitir de inmediato las normas que fijen el número máximo de boletos que las aerolíneas podrían vender en exceso al año y conforme a la temporada.

Ustedes saben que hay una figura en el mundo que se llama overbooking. Esa se aplica en todo el mundo; es decir, la sobreventa.

Normalmente las aerolíneas para no perder venden el 200 por ciento de la capacidad de la aeronave, y venden el 200 por ciento porque está demostrado que aunque reserves el 100 por ciento, el 40 por ciento de los asientos van vacíos; entonces, la aerolínea no quiere perder, es solo ganancia.

Por esa razón, estoy planteando modificaciones a la ley, para que en el caso del retraso, que sea una situación que se acredite a la línea, el ciudadano reciba indemnización, compensación y que la aerolínea se obligue a tener esa actitud en sus vuelos.

Soy víctima frecuente. Antes era viajero frecuente, ahora intento ser frecuente viajero de carreteras, porque es pésimo el servicio de aerotransportes en este país; por eso planteo una tabla. Me gustaría que lo leyeran con mucho cuidado, porque siempre lo que propongo me lo rechazan por ser de la oposición, pero al menos esto léanlo, por favor. Léanlo porque estoy estableciendo distancias de vuelo y la sanción económica para la aerolínea.

Si es hasta mil 500 kilómetros, 70 salarios mínimos para el Distrito Federal, es una sanción e indemnización o compensación para el usuario. De mil 500 a 3 mil kilómetros y todos los vuelos comprendidos en las dos anteriores.

Les quiero decir —termino, presidenta— que en todo el mundo existe legislación que protege a los usuarios, a los consumidores, a los viajeros frecuentes de aerolíneas, solo México es de los pocos países que no toca ni con el pétalo de una sanción a las aerolíneas, que frente al monopolio que existe, ya de hecho hacen lo que quieren, cobran lo que quieren y creo que es deber nuestro legislar al respecto.

Me gustaría que leyeran la iniciativa y vieran el contenido de la misma, que por falta de tiempo no puedo desarrollar con más amplitud. Presidenta, le solicitaría se plasme íntegra y le mande copia a cada uno de los integrantes de la Permanente para ver si hoy en la tarde la pueden leer. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 6o., 52 y 53 de la Ley de Aviación Civil, suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto sobre las demoras, retrasos, cancelación o negación de embarque en las aerolíneas, al tenor del siguiente.

Exposición de Motivos

El desarrollo de mejores prácticas en materia de competencia económica y regulación incrementaría la tasa de productividad del país, traduciéndose en mejores servicios y precios para las empresas y los consumidores mexicanos.

La falta de regulación y competencia en el sistema económico mexicano ha ocasionado un deterioro importante en la atención y servicio de los sectores claves como las comunicaciones y las telecomunicaciones en México.

Sin embargo para los fines de esta iniciativa, sólo nos abocaremos en el servicio de las comunicaciones y en específico a las Aerolíneas Mexicanas.

Actualmente la industria de la aviación civil atraviesa por serias dificultades en la calidad del servicio, que han detonado una serie de inconformidades por parte de la ciudadanía, además del excesivo costo de éste.

Con independencia de la aerolínea elegida, es un escenario ya común observar a decenas de personas pernoctando o literalmente perder el día completo en las salas de espera de los aeropuertos a causa de la alteración de horarios de los vuelos, por sobreventa de boletos, cancelaciones, retrasos o reprogramaciones decididas de manera unilateral, siempre en perjuicio de los pasajeros.

Los retrasos y demoras en los vuelos de todo el mundo también representan una problemática importante para los usuarios de este servicio, ya que continuamente y sin ninguna explicación las aerolíneas retrasan la salida de las aeronaves provocando que los consumidores pierdan citas, reuniones o negocios importantes que perjudican la vida personal y profesional del usuario.

Un informe de la Asociación de Aerolíneas Europeas detalla que, el aeropuerto internacional del oeste de Londres tiene las peores demoras de vuelo de toda Europa. Uno de cada tres vuelos sale con un atraso de al menos 15 minutos y el promedio de demoras es de 31 minutos.

En América, Bolivia es otro país que padece este tipo de problemática, el porcentaje de la de las quejas de los usuarios por demoras no justificadas asciende a más del 51 por ciento, pues tan sólo en los primeros nueve meses de 2011 se registraron 3 mil 342 quejas, mientras que en 2012 se contabilizaron mil 604. Esta reducción responde a una reforma a favor de una compensación por los retrasos o demoras en la salida de los vuelos.

En México, las aerolíneas tienen un índice promedio de puntualidad de 89 por ciento, es decir, 11 de cada 100 vuelos realizados llega tarde a su destino por causas atribuibles a la aerolínea, como retrasos en el mantenimiento o con la tripulación.

Sin embargo, en caso contrario a los 2 ejemplos citados anteriormente, los usuarios mexicanos no cuentan con las herramientas necesarias jurídicas, que les permitan obligar a las compañías a compensar el daño ocasionado por la demora en la salida de la aeronave, generando que esta problemática se repita constantemente sin alguna sanción.

Actualmente, los usuarios mexicanos de este servicio se encuentran en desventaja frente a otros países de los distintos continentes, con respecto a la protección de los derechos de los usuarios del servicio de transporte aéreo.

La mayoría de los grandes concesionarios y permisionarios en el mundo están obligados a proteger los derechos de sus consumidores, o de lo contrario, pagar una compensación o indemnización por el daño ocasionado.

Es importante mencionar que uno de los principales problemas que han llevado a las aerolíneas mexicanas a cometer este tipo de abusos, ha sido que a finales del año 2008, eran 13 las aerolíneas que participaban activamente en el mercado aéreo nacional, sin embargo a la fecha siete de ellas han dejado de prestar servicio, a pesar de la llegada de nuevas aerolíneas.

Esta problemática ha permitido que algunas aerolíneas y en especial la empresa Aeroméxico saquen beneficios importantes como la maximización de sus costos de servicio, además de obtener una posición dominante frente a las otras aerolíneas (47.2 por ciento del mercado cubierto), por ser la que cuenta con más horarios e infraestructura que las demás.

La percepción generalizada de los usuarios es que las aerolíneas utilizan el recurso de incrementar las tarifas como mecanismo para subsanar deficiencias administrativas y financieras internas, así como para incrementar sus márgenes de ganancia sin que estos incrementos se correspondan con una elevación en la calidad del servicio. Actualmente, Aeroméxico está clasificada con un nivel de calidad de 2.5 de 5 posibles, ocupando un lugar mediocre frente a las líneas aéreas a nivel global.

Por otra parte, el overbooking (sobreventa), como se conoce internacionalmente a esta práctica, es usado por las compañías para referirse al exceso de venta de un servicio sobre la capacidad de la empresa.

En la actualidad, casi la totalidad de las compañías aéreas lo practican y tiene su origen en que según las estadísticas de las propias transportistas, un considerable porcentaje de pasajeros que realiza su reserva para un vuelo, no la utiliza.

Por tanto, la práctica encuentra su origen en que es factible que el avión despegue con asientos vacíos pese a que fueron reservados, lo que reporta un grave perjuicio económico principalmente para las compañías aéreas. Su objetivo principal es aprovechar al máximo los espacios de los pasajeros que no llegan a los vuelos por diversos motivos.

Las compañías para evitar vuelos con asientos desocupados, realizan un cálculo de las reservas que pueden ser anuladas, y derivado de ello, ofrecen al público más plazas de las que dispone el avión.

En ese tenor, la sobreventa de boletos aéreos, constituye parte del modelo de negocios de las líneas aéreas que se encuentra regulada y por lo mismo, permitida, dando lugar a retrasos en los vuelos y molestias a los pasajeros afectados, pues comúnmente, antes de permitirles el embarque se buscan voluntarios que estén dispuestos a abandonar el vuelo a través de incentivos como: viajar en una clase más alta, accesos al salón VIP, hospedaje y alimentos, ajustando así, el número de pasajeros a las plazas disponibles de la aeronave.

El overbooking es una práctica común en las aerolíneas del mundo que afectan a cientos de miles de personas al año.

Cabe mencionar, que en varios países europeos y latinoamericanos, así como en Estados Unidos, desde hace años se han emprendido acciones tendientes a disminuir los abusos en contra de los pasajeros de transporte aéreo e instaurar una serie de derechos específicos para su protección.

En Europa existe legislación referente a la denegación de embarque desde el 4 de febrero de 1991 de acuerdo con el “Reglamento CEE número 295/91 del Consejo, por el que se establecen normas comunes relativas a un sistema de compensación por denegación de embarque en el transporte aéreo regular”.

El establecimiento de una serie de normas mínimas comunes en materia de compensación por denegación de embarque contribuirá a garantizar que el aumento de la competencia en el transporte aéreo no produzca un deterioro de la calidad de los servicios prestados por los transportistas aéreos, por lo tanto debe obligarse a los transportistas aéreos a compensar y a prestar servicios complementarios a los pasajeros a los que se deniegue el embarque.

El artículo 4 del Reglamento CEE número 295/91 establece que:

Artículo 4

1. En caso de denegación de embarque, el pasajero podrá elegir entre:

- el reembolso sin penalización del precio del billete correspondiente a la parte no efectuada del viaje,

- la conducción lo más rápidamente posible hasta el destino final, o bien

- la conducción en una fecha posterior que convenga al pasajero.

2. Con independencia de la elección del pasajero en el caso contemplado en el apartado 1, el transportista aéreo pagará, inmediatamente después de la denegación del embarque, una compensación mínima, sin perjuicio de los apartados 3 y 4, igual a:

- 150 euros para los vuelos de 3 mil 500 kilómetros como máximo;

- 300 euros para los vuelos de más de 3 mil 500 kilómetros; en función del destino final fijado en el billete.

3. Cuando el transportista aéreo ofrece la conducción hasta el destino final en otro vuelo con una diferencia en la hora de llegada respecto a la programada para el vuelo inicialmente reservado que no sea superior a dos horas para los vuelos de un máximo de 3 mil 500 kilómetros y a cuatro horas para los vuelos de más de 3 mil 500 kilómetros, las compensaciones previstas en el apartado 2 podrán reducirse en un 50 por ciento.

4. El importe de las compensaciones podrá estar limitado al precio del billete correspondiente al destino final.

5. Las compensaciones se pagarán en metálico o, de acuerdo con el pasajero, en bonos de viaje y/u otros servicios.

6. Si, en un vuelo con exceso de reserva, el pasajero acepta viajar en una clase inferior a aquélla para la que pagó el billete, tendrá derecho al reembolso de la diferencia entre los dos precios.

7. Las distancias indicadas en los apartados 2 y 3 se calcularán en función del método de la distancia del arco mayor del círculo (ruta ortodrómica).

Sin embargo, a pesar de que el Reglamento (CEE) número 295/91 estableció un régimen de protección básica del pasajero, el número de pasajeros a los que se niega el embarque contra su voluntad sigue siendo demasiado alto, al igual que el de los afectados por cancelaciones sin aviso previo y el de los afectados por los largos retrasos.

Por lo tanto años más tarde fue aprobado el Reglamento (CE) Número 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2004 por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) Número 295/91.

Con este reglamento se consolidó definitivamente la primera legislación en esta materia e incluyó el derecho de los pasajeros que se enfrentan a la denegación de embarque a recibir indemnizaciones en efectivo, cheque o transferencia bancaria y a obtener la devolución del precio del boleto en un periodo de 7 días.

Además en caso de que el contrato no fuera efectuado directamente con la compañía aérea, sino a través de una agencia, paquete turístico o viaje combinado, se podrá formular la reclamación a la agencia de viajes y posteriormente, ésta podrá refrendar contra la compañía aérea.

También el reglamento en comento contempla, además de la denegación de embarque, la cancelación o retraso considerable del vuelo, que obliga a la compañía a dotar de alimentos y bebidas suficientes, en función del tiempo que sea necesario esperar, así como alojamiento en un hotel en los casos en que sea necesario pernoctar una o varias noches y transporte entre el aeropuerto y el área de alojamiento.

Por su contenido, el reglamento en comento constituye un avance significativo, aunque parece no ser suficiente para forzar a las compañías aéreas al abandono de la práctica de vender más boletos que el número de plazas disponibles en sus vuelos.

Cabe señalar, que la indemnización prevista en el reglamento no excluye el resarcimiento del daño moral y el perjuicio económico que esta denegación de embarque le hubiere causado al pasajero, pues dichas indemnizaciones no constituyen límites a la responsabilidad de los transportistas aéreos, sino indemnizaciones mínimas que no excluyen el derecho del pasajero a exigir indemnizaciones complementarias en función de los daños y perjuicios que haya sufrido a consecuencia de la conducta del transportista aéreo.

En México seguimos sin contar con una normatividad que proteja realmente los derechos de los usuarios de las aerolíneas del país. Miles de viajeros se quejan constantemente por los abusos cometidos hacia su persona por parte de éstas.

Tan sólo en el periodo vacacional de verano de 2010, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reportó que un total de 2,007 pasajeros que pretendían abordar vuelos desde el aeropuerto de la Ciudad de México, se vieron afectados por la sobreventa de boletos, quienes gracias a la intermediación de la misma se obtuvo el pago de indemnizaciones por la suma total de $ 303 mil 182 pesos.

Durante el período enero-julio de 2011 se presentaron 1 mil 382 quejas en contra de las diferentes líneas aéreas comerciales, resolviéndose a favor del consumidor a la fecha el 89 por ciento, lo que representa una recuperación de 1 millón 741 mil 479 pesos.

Finalmente, la Profeco atendió a 2 mil 276 consumidores en las terminales aéreas 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en las Centrales de Autobuses, logrando recuperar 2 millones 65 mil 302 pesos.

Al respecto el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil señala lo siguiente:

Artículo 52. Cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave o se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, que tengan por consecuencia la denegación del embarque, el propio concesionario o permisionario, a elección del pasajero, deberá:

I. Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje;

II. Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, los servicios de comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto, o

III. Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual se denegó el embarque.

En los casos de las fracciones I y III anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir, además, una indemnización al pasajero afectado que no será inferior al veinticinco por ciento del precio del boleto o billete de pasaje o de la parte no realizada del viaje.”

La Ley de Aviación Civil publicada el 12 de mayo de 1995, fue creada con el fin de regular la explotación, el uso o aprovechamiento del espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, respecto de la prestación y desarrollo de los servicios de transporte aéreo civil y de Estado.

Además el Reglamento de la Ley de Aviación Civil publicado el 7 de diciembre de 1998 cuya última reforma es del 24 de junio de 2004, en su artículo 38 fracción I y VII señala que:

Artículo 38. Todo pasajero de cualquier servicio al público de transporte aéreo tiene los siguientes derechos:

I. A ser transportado en el vuelo consignado en el billete de pasaje, boleto o cupón, conforme a las condiciones de servicio derivadas de la tarifa aplicada;

II. a VI. ...

VII. En los casos a que se refiere el artículo 52 de la Ley, el concesionario o permisionario al momento de la denegación del embarque debe hacer del conocimiento del pasajero por conducto de su personal, así como a través de folletos, las opciones con que cuenta y debe inmediatamente proporcionársele la que haya elegido. Tratándose de la indemnización, el pasajero debe manifestar si se realiza en dinero o en especie.

Sin embargo como vimos anteriormente, la normatividad vigente no ha sido suficiente para eliminar de las Aerolíneas este tipo de prácticas que lesionan considerablemente los derechos de los usuarios que ya han adquirido un boleto de viaje.

Cabe señalar, que al igual que ocurre en otros países, en México la sobreventa de boletos para el transporte aéreo es una política legalmente permitida. Además de que, teniendo como marco esa regulación nacional, las aerolíneas establecen dentro de las condiciones de los contratos de adhesión que están obligados a aceptar los pasajeros pues no son materia de negociación, la posibilidad de sobreventa que puede impedir a un pasajero con reservación confirmada, la denegación de embarque, con diferentes consecuencias.

La escasa regulación sobre la alteración de horarios de los vuelos, por sobreventa de boletos, cancelaciones, retrasos, demoras o reprogramaciones decididas de manera unilateral, siempre en perjuicio de los pasajeros, ha fomentado el abuso por parte de las aerolíneas, lo que nos obliga a buscar mecanismos que permitan compensar la situación de debilidad en la que los pasajeros aéreos suelen ubicarse, como consumidores y usuarios.

Es por eso que el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano propone modificar la Ley de Aviación Civil, a fin de poder garantizarles a los usuarios de las aerolíneas derechos mínimos sobre los abusos cometidos a causa de la sobreventa de boletos de viaje, siempre en concordancia con lo normado por la comunidad europea.

Por un lado proponemos adicionar una fracción al artículo 6 de la Ley de Aviación Civil que faculte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que ésta pueda emitir las normas necesarias que fijen el número máximo de boletos que las aerolíneas podrán vender en exceso, y los lineamientos que éstas deberán seguir en caso de negarle a los usuarios con boleto pagado el embarque al avión debido a la sobreventa.

Por otro lado, se responsabiliza a los concesionarios y permisionarios a cubrir una indemnización en 7 días al pasajero afectado por retrasos, demoras o reprogramaciones de horarios sin justificación alguna, que lesiona en muchas ocasiones el costo de oportunidad del usuario afectado.

También, se propone obligar a la compañía aérea a que en caso de que uno o varios pasajeros salgan afectados por la sobreventa de boletos, sean indemnizados en un plazo no mayor a 7 días, en donde el abono se hará en efectivo, por cheque o de transferencia bancaria, una compensación o indemnización en proporción a la distancia que habría de recorrer el vuelo.

La figura del “Overbooking” tiene en nuestros días un impacto sociológico importante pues, anualmente, más de 1,000 millones de personas utilizan el avión como medio de transporte, sin embargo existe una afectación enorme a la población usuaria, y más en un país como el nuestro, en donde hasta el día de hoy la normatividad al respecto no protege a los usuarios afectados por esta práctica.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona la Ley de Aviación Civil

Único. Se reforma y adicionan la fracción VIII y se recorren las demás del artículo 6, 52 y 53 de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

Capítulo IIDe la autoridad aeronáutica

Artículo 6. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones en materia de aviación civil y aeroportuaria, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública federal:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. Emitir las normas necesarias que fijen el número máximo de boletos que las aerolíneas podrán vender en exceso al año, y conforme a la temporada.

IX. ...

X. ...

XI. ...

XII. ...

XIII. ...

XIV. ...

XV. ...

XVI. ...

XVII. ...

...

Artículo 52. Cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave o se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, que tengan por consecuencia la denegación del embarque o el retraso del mismo, el propio concesionario o permisionario, a elección del pasajero, deberá:

I. Reintegrarle el costo íntegro del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje, además de recibir una compensación o indemnización conforme al siguiente cuadro:

Distancia de vuelo                  Salarios mínimos

Hasta mil 500 kilómetros   70 salarios mínimos                para el Distrito Federal

De mil 500 A 3 mil 500    150 salarios mínimos    kilómetros       para el Distrito Federal

Todos los vuelos no          300 salarios mínimos                comprendidos en las   para el Distrito Federal          dos anteriores                                                    

La distancia se determinará tomando como base el último destino al que el pasajero llegará con retraso en relación con la hora prevista debido a la denegación de embarque o a la cancelación.

II. En caso de que se ofrezca a los pasajeros la posibilidad de ser conducidos hasta el destino final en un transporte alternativo el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo podrá reducir en un 50 por ciento la compensación prevista en el apartado 1, con una diferencia en la hora de llegada a la prevista para el vuelo inicialmente reservado;

a) Que no sea superior a dos horas, para todos los vuelos de 1500 kilómetros o menos, o

b) Que no sea superior a tres horas, para todos los vuelos intracomunitarios de más de mil 500 kilómetros y para todos los demás vuelos de entre mil 500 y 3 mil 500 kilómetros, o

c) Que no sea superior a cuatro horas, para todos los vuelos no comprendidos en a) o en b).

Para lo dispuesto en las fracciones I y II, las compensaciones se abonarán en efectivo, transferencia bancaria electrónica, cheque o, previo acuerdo firmado por el pasajero, bonos de viaje u otros servicios, los cuales se entregarán en un plazo máximo de 7 días.

III. Ofrecerle, como mínimo y sin cargo, los servicios de comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto, o

IV. Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual se denegó el embarque.

Al aplicar el presente artículo, el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo prestará atención especial a las necesidades de las personas con movilidad reducida y de sus acompañantes, así como a las necesidades de los menores no acompañados.

Las obligaciones para con los pasajeros establecidas en el presente artículo no podrán limitarse ni derogarse, especialmente por medio de la inclusión de una cláusula de inaplicación o una cláusula restrictiva en el contrato de transporte.

Si, no obstante, dicha cláusula de inaplicación o cláusula restrictiva se aplica con respecto al pasajero, o si no se le informa debidamente acerca de sus derechos y por esa razón acepta una compensación inferior a la que dispone este artículo, el pasajero seguirá teniendo el derecho de emprender las acciones necesarias en los tribunales y organismos competentes para obtener una compensación adicional.

Artículo 53. Los pasajeros no tendrán los derechos a que se refiere el artículo anterior en los siguientes casos:

I. Cuando el transporte lo hagan a título gratuito, con tarifas reducidas que no estén disponibles al público, o cuando no se presenten o lo hicieren fuera del tiempo fijado para documentar el embarque.

II. Se le informe de la cancelación al menos con dos semanas de antelación con respecto a la hora de salida prevista, o

III. Se le informe de la cancelación con menos de siete días de antelación con respecto a la hora de salida prevista y se le ofrezca tomar otro vuelo que le permita salir no más de una hora de antelación con respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino final con menos de dos horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista.

IV. Cuando el transportista aéreo pueda probar que la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias que no podían haberse evitado incluso si se hubiera tomado todas las medidas razonables.

La carga de la prueba de haber informado al pasajero de la cancelación del vuelo, así como del momento en que se le ha informado, corresponderá al transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Cfr. Comunicado del 6 de septiembre de 2010 hecho por la Procuraduría Federal del Consumidor, “Informa Profeco resultados de sus módulos instalados en el Aeropuerto Internacional de México”. Consultado 19 de diciembre 2012. Disponible en: http://www.profeco.gob.mx/ prensa/prensa10/septiembre10/bol116.asp

2 Cfr. Comunicado del 18 de agosto de 2011 hecho por la Procuraduría Federal del Consumidor, “La Profeco acompaña a los viajeros que regresan de vacaciones por líneas aéreas”. Consultado 19 de diciembre 2012.Disponible en: http://www.profeco.gob.mx/prensa/prensa11/ agosto11/bol101.asp

3 Cfr. Comunicado del 5 de septiembre de 2012 hecho por la Procuraduría Federal del Consumidor, “Profeco informa sobre los resultados obtenidos con el programa vacacional y turístico 2012”. Consultado 14 de enero 2013.Disponible en: http://www.profeco.gob.mx/prensa/prensa12/septiembre12/bol75.asp

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2012.— Diputados: Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja.»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado, así se hará, íntegro, el contenido de su iniciativa en el Diario de Debates. Túrnese esta iniciativa a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, para dictamen.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tiene ahora la palabra, hasta por cinco minutos, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. Adelante, señora senadora.

La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo:Con su permiso, señora presidenta; compañeras y compañeros legisladores, a nombre de la senadora Hilda Flores Escalera y del mío propio, les quiero traer a esta tribuna un asunto que es de alta preocupación, el tema de las guarderías subrogadas del Seguro Social.

Ustedes recordarán que en el 2003, cuando se dio el holocausto —porque fue un holocausto lo que vivimos— en donde nadie resultó culpable; increíblemente la muerte de 49 niñas y niños quedó sin ninguna responsabilidad.

Aún la máxima casa constitucional de este país no encontró a nadie culpable y nadie supo, nadie cometió un delito y sigue en la impunidad el asesinato, este holocausto, esta artera historia de los niños y niñas del ABC de Hermosillo, Sonora.

He insistido bastante sobre el tema, porque me parece que nos ocupamos de asuntos que tienen importancia, pero creo que el atender a los niños y niñas de este país, sobre todo a los que son entregados en más de 21 modelos que tiene el país, estancias infantiles, guarderías, casas de cuidado y un sinnúmero de modelos que usamos sin la menor regulación —subrayo, sin la menor regulación— el único modelo que México tenía bien armado era el tema de los subrogatorios.

Pero qué increíble, a partir del ABC empezó una gran persecución para ellos, han cerrado cientos de guarderías en el país. Pero eso no sería tan importante, si tomamos en cuenta cuántos niños y niñas del país quedan sin atención. Estás hablando de una madre y quizás de un padre que tiene que trabajar y que no sabe dónde dejar a sus hijos.

La gravedad del asunto es la manera tan exprés, tan irresponsable como se crearon otros modelos, que hoy tenemos que ponerle atención. Si Sedesol creó las guarderías, las estancias infantiles, en este momento ya pasa por un problema muy serio, porque no hay certeza en el servicio, no hay certeza jurídica.

Por eso la senadora Hilda Flores Escalera y yo, estamos proponiendo una reforma a la Ley del Seguro Social, porque increíblemente, queriendo resolver un problema de tajo, cambiaron de la Ley del Seguro Social a la Ley de Adquisiciones, o sea, que los niños y niñas de este país son piezas hoy y que los subrogatarios son prestadores de servicio social. Deshumanizaron uno de los apartados más importantes que teníamos de atención en el país.

Por eso, compañeros y compañeras, traemos esta reforma y consideramos urgente que se le dé certeza jurídica a un servicio de la más alta prioridad, tomando en cuenta que ese recurso se le retiene a las madres trabajadoras, el 1 por ciento a guarderías.

Me llamó mucho la atención que ya la gente tiene 60 años y le siguen reteniendo, y se le retiene también a los varones. No sé todavía, no sabemos si han dado a luz alguno, pero se le retiene el 1 por ciento de guarderías.

Creo que esta Cámara de Diputados y esta Cámara de Senadores, el Congreso de la Unión debe poner especial atención a un asunto que quedó en el olvido, el holocausto de Hermosillo. Pero además de eso, no nos hemos aplicado a buscar un sistema nacional, llámese como se llame, guarderías, estancias infantiles, pero que merece una mayor atención, porque estamos atendiendo seres humanos que no tienen el derecho de ejercicio, que están bajo la tutela o custodia de los adultos y que son protegidos o son cuidados sin la menor regulación. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, suscrita por la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Diva Hadamira Gastélum Bajo, senadora de la república de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 203 y 204, se adiciona el 204 Bis y se deroga el 213 de la Ley del Seguro Social.

Exposición de Motivos

El modelo de subrogación de guarderías impulsado desde 1995 por el Poder Ejecutivo contribuyó a resolver uno de los principales aspectos sociales, el empoderamiento de las mujeres en la vida laboral; representó una aportación valiosa y que además significó garantizar a los niños una nutrición adecuada, estimulación correcta tomando en cuenta su desarrollo emocional y favoreciendo así su proceso de socialización, para promover su aprendizaje y atender las necesidades básicas de los menores respecto a la higiene, el vestido, la alimentación y, por supuesto, su educación.

De acuerdo con estadísticas que reveló el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hasta 2011 el sistema de guarderías benefició sólo a 194 mil 491 madres aseguradas y a 214 mil 816 niños inscritos en mil 566 unidades, en la modalidad de guarderías de prestación directa mediante los esquemas Madres IMSS y Ordinario y guarderías de prestación indirecta a través del esquema Vecinal Comunitario, Único y Guardería Integradora.

Por ello, el Sistema Indirecto del IMSS atiende a por lo menos niños de entre 40 y 43 días de nacidos a 4 años, lo que pertenece al rango de la educación inicial.

A través de sus casi mil 600 guarderías se generan cerca de 65 mil empleos directos, de los cuales 99 por ciento se compone de mujeres, que en muchos casos son jefas de familia, y de igual forma generan más de 20 mil empleos indirectos.

Su principal objetivo de creación fue satisfacer la gran demanda que había de esos espacios y así responder a la necesidad de las madres trabajadoras y respetar su derecho a la seguridad social en el país, como establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 123, Apartados A, fracción XXIX y B, fracción XI, inciso C.

La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

C) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

Por ende, también se encuentra establecido dicho derecho en la Ley Federal del Trabajo, por ser ésta reglamentaria de dicho artículo, que establece a la letra lo siguiente:

Artículo 171

Los servicios de guardería infantil se prestarán por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con su ley y disposiciones reglamentarias.

Finalmente está reconocido en la Ley del Seguro Social,capítulo VII, título segundo, secciones primera y tercera:

Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de

...

V. Guarderías y prestaciones sociales.

Desafortunadamente, su concepción inicial fue modificada por los cambios que se hicieron a las políticas sociales en los últimos años y así se transitó del abaratamiento del sistema a la implantación de estándares de seguridad superiores a cualquier empresa, de una relación de equidad y respeto basada en el interés supremo de la niñez a una relación de incertidumbre jurídica e iniquidad.

En sus inicios, el esquema de guarderías indirectas se enmarcó en la Ley del Seguro Social a través de la subrogación, donde la responsabilidad de su funcionamiento era compartida, además de que los niños eran considerados seres humanos y se establecían los principios que debían titular dicha prestación.

En 2001, el sistema comenzó a debilitarse, menguando sus costos operativos, afectando directamente la atención de los usuarios, ya que para disminuir la cuota de servicio que el IMSS pagaba por la atención, acortaron las plantillas de personal, bajo los perfiles de puesto, hubo menor requerimiento de equipo y mobiliario y además disminuyó de 12 a 9 las horas de servicio, trayendo consigo que muchas madres dejaran de contar con el apoyo necesario para continuar el desempeño de sus actividades laborales.

En 2003, este servicio se encuadró en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, obligando a los funcionarios a considerar a los niños como piezas, además de convertir las empresas sociales en proveedores de un servicio en igualdad de circunstancias que si ofreciéramos el servicio de mantenimiento del instituto, por citar un ejemplo comparativo, que no debería ocurrir.

Eso ha impedido que prevalezca el interés superior de la niñez, teniendo únicamente un enfoque materialista, no humanitario y procurador del desarrollo y bienestar de los niños.

Ello dio comienzo al desmantelamiento de un esquema de gran calidad, teniendo como consecuencia los hechos acontecidos por el incendio de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 49 niños y 76 resultaron heridos, todos de entre 5 meses y 5 años de edad. El duelo debe ser redimido con un profundo reclamo al anterior gobierno federal por no haberse responsabilizado de sus tareas fundamentales como gobernantes.

Dicha estancia funcionaba en el modelo de subrogación por el IMSS. Sin embargo, a partir de lo sucedido, el instituto cambió de forma drástica los requerimientos referentes a seguridad, pidiendo estándares de primer mundo, que los prestadores con toda responsabilidad y compromiso que asumieron resolvieron cumplirlos e implantarlos con tal de seguir otorgándolo a los niños y a las madres de familia el servicio.

Actualmente, el servicio de guarderías ha crecido, no así la buena asistencia que el propio instituto debe prestar y observar en beneficio de la niñez de México y de sus familias, todo ello porque no ha cumplido el principal objetivo de su concepción inicial, que fue resguardar los derechos y procurar el bienestar de los niños que necesitan el servicio.

Debemos reconocer la importancia social de estas instancias infantiles, brindando una certeza jurídica, respecto a las normas de funcionamiento que deberán cumplir para seguir operando.

Es preciso reconocer los derechos laborales de quienes prestan dichos servicios en las guarderías. Debemos tomar en cuenta las condiciones contractuales para su funcionamiento y crear un ámbito de equilibrio entre el instituto y quienes se encargan de otorgar dicho servicio.

No es posible que al día de hoy se rescindan contratos laborales y cierren guarderías por el solo hecho de no poder regular adecuadamente y encuadrar el servicio de guarderías en la normativa adecuada y correcta para su regulación y funcionamiento.

Más que un servicio, esto representa el derecho laboral que tienen todas las madres y los padres de familia que trabajan en el país. Debe haber una responsabilidad compartida y certera de los derechos y las obligaciones para las partes que intervienen y hacen posible que se otorgue tan valiosa asistencia.

Por ello estoy convencida de que con el nuevo titular del Poder Ejecutivo federal, quien ha demostrado su compromiso con la niñez de México, se brindarán las oportunidades de cambio en las condiciones de funcionamiento y operatividad de las guarderías.

Como legisladores, tenemos el enorme y firme compromiso con la niñez del país, las familias y los empleados que gozan y prestan tan importante servicio en México de concretar el equilibrio que se necesita para que una prestación laboral tan importante como la de guarderías siga existiendo y colaborando con el desarrollo y bienestar social de los niños.

Porque el mejor medio para hacerlos buenas personas es proporcionar un ambiente de felicidad y cuidado someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforman los artículos 203 y 204, se adiciona el 204 Bis y se deroga el 213 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 203.Los servicios de guardería infantil deberán incluir el aseo, la alimentación, el cuidado de la salud, la educación y la recreación de los menores a que se refiere el artículo 201. Serán proporcionados por el instituto en los términos de la presente ley, la Ley General de Prestación del Servicio para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y su reglamento, así como la Ley General de Educación, y todas las leyes de orden general en lo que correspondan, así como los reglamentos de guarderías ordinarias y subrogadas que deberán ser expedidos por el propio Consejo Técnico.

Artículo 204. El Instituto Mexicano del Seguro Social prestará los servicios de guarderías que se le han encomendado en cualquiera de las siguientes formas:

I. Directamente, o a través de su personal e instalaciones, las cuales deberán establecerse en zonas convenientemente localizadas con relación a los centros de trabajo y de casa habitación. Su operación se regirá por lo señalado en el presente capítulo y el reglamento de guarderías ordinarias.

II. Indirectamente, a través de la celebración de convenios con otros organismos públicos o particulares, para que mediante este esquema de subrogación presten los servicios de guardería, considerando la zona geográfica de que se trate.

Dicho servicio será otorgado siempre bajo la supervisión del instituto, por lo que su operación y funcionamiento estarán sujetos a lo dispuesto en el presente capítulo y el reglamento de guarderías subrogadas.

Artículo 204 Bis. Los convenios de subrogación que celebre el Instituto Mexicano del Seguro Social deberán garantizar el cumplimiento de lo establecido en el reglamento, que determinará lo siguiente:

I. Las características del servicio subrogado;

II. El conjunto de bienes y servicios que comprenderá la prestación, atendiendo a las necesidades de la permanencia, calidad y seguridad del mismo;

III. Plazo o plazos de los convenios;

IV. El método que se utilizará para calcular el pago que deba cubrirse al subrogatario, el que estará comprendido con al menos dos salarios mínimos vigentes en la República Mexicana como base para cada niño o niña que goce de dicha asistencia infantil.

También podrán celebrarse convenios de reversión de cuotas o subrogación de servicios con los patrones que tengan debidamente instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos, siempre que reúnan los requisitos y las condiciones señalados en las disposiciones relativas a la materia, buscando que prevalezcan los derechos de la niñez.

Artículo 213. Se deroga.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones, a 16 de enero de 2013.— Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señora senadora. Túrnese esta iniciativa a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Senadores.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: «Iniciativa que reforma los artículos 212 y 217 del Código Penal Federal, suscrita por la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Mariana Gómez del Campo Gurza ,senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II; y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, fracción I; 164, numeral 1, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta comisión permanente del Congreso de la Unión, la presenteiniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 212 y se adiciona la fracción IV del artículo 217; ambos del Código Penal Federal;al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El servicio público es una de las labores más honorables y dignificantes a las que el ser humano se puede dedicar si las realiza con verdadera vocación y diligencia. A través de su desempeño se puede beneficiar a las personas más vulnerables y necesitadas de la sociedad, así como promover la dignificación de la vida y el bien común. Desgraciadamente esta concepción no es entendida de este modo por muchos gobernantes en nuestra nación, sobre todo, en lo relativo al ejercicio responsable de las finanzas públicas y particularmente en los beneficios y riesgos que entraña la deuda pública.

En las entidades federativas es donde se concentra el mayor número de recursos de la administración pública, tanto de capital humano como de capital económico. Durante el año 2012, 24 de las 32 entidades federativas se endeudaron con al menos un crédito, el año pasado los estados que solicitaron el mayor número de préstamos fueron Quintana Roo y Veracruz, pero las deudas más escandalosas fueron las adquiridas por los estados de Chiapas y Coahuila.

A saber, la cantidad de préstamos contraídos por los estados durante el año 2012 fueron los siguientes:

• Quintana Roo con 10préstamos en ocho meses;

• Veracruz con 8en menos de seis meses;

• Nayarit 5deudas en seis meses;

• Baja California, Nuevo León y Oaxacacon cuatropréstamos cada uno;

• Chihuahua y Sonora contres créditos;

• Hidalgo y Jalisco, Sinaloa, estado de México, Campeche y Tabasco condospréstamos cada uno;

• Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Puebla, Zacatecas con una deuda cada uno.

Ahora bien en junio de 2011, en Coahuila, se reveló que la administración de Humberto Moreira había incrementado la deuda en 17 mil 200 por ciento, al elevarse de 350 millones de pesos a más 33 mil millones de pesos.

En este mes, el congreso autorizó al gobierno de Rubén Moreira una deuda de 950 millones de pesos para proyectos de infraestructura.

En Chiapas, en octubre de 2012, el congreso local autorizó al gobernador saliente, Juan Sabines, un préstamo de 3 mil 870 millones de pesos, que sumados a los 26 mil 972 millones de pesos de deuda vigente y a un déficit de casi 10 mil millones de pesos, arrojan un pasivo total de casi 40 mil millones de pesos.

En Michoacán, el gobierno del priista Fausto Vallejo denunció que su antecesor, Leonel Godoy, había dejado una deuda de 38 mil millones de pesos. Según Godoy, ese monto era aproximadamente de15 mil millones de pesos.

En Tabasco, a 48 días de dejar el cargo, el gobernador Andrés Granier envió al congreso local una solicitud de préstamo por 4 mil 130 millones de pesos, con lo que la deuda de Tabasco superaría los 10 mil millones de pesos.

El municipio de Cuernavaca, en el estado de Morelos, el 21 de agosto de 2012 fue embargado por un adeudo de 152 millones de pesos a una empresa de recolección de basura. Esto sólo es parte de un adeudo de más de mil millones de pesos que dejó el edil priista de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós.

En el municipio de Acapulco, en los últimos días ,el alcalde Luis Walton, acusó a su antecesor Manuel Añorve de dejar quebrado financieramente al municipio por más de 2 mil millones de pesos, lo que significa un incremento de 400 por ciento en 2 años. A decir de Añorve, la deuda que heredó era cercana a los 816 millones de pesos.

Los eventos mencionados anteriormente se han suscitado durante el año pasado, por lo que ante tales consideraciones es evidente que se requieren medidas urgentes para evitar el sobre endeudamiento público de los estados y municipios, pero no sólo con medidas fiscales que lo eviten y combatan a través de limitaciones expresas que incluso ya existen en la Ley General de Deuda Pública, sino también con disposiciones punitivas de carácter penal que busquen inhibir y castigar severamente estas prácticas lascivas por parte de quienes tienen a su cargo la utilización, disposición del erario.

Los gobiernos estatales y municipales de nuestro país son los que mayormente han contraído deudas que hacen inviables las actuales administraciones, en este sentido, mediante la presente iniciativa propongo combatir el problema desde una visión normativa que impulsa el tipificar en el Código Penal Federal la conducta de sobre endeudamiento público, con el objeto de que ningún funcionario público de cualquier orden de gobierno pueda sobre endeudar a sus entidades u organismos irresponsablemente, sin asumir consecuencias de derecho que verdaderamente resulten ejemplares e inhibitorias.

Esta iniciativa es congruente con la presentada por la bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados el 18 septiembre del año 2012; en la que se propusieron algunas enmiendas a los artículos 73, 115 y 117 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para evitar que los estados y municipios puedan contraer obligaciones o empréstitos salvo que los recursos se destinen a inversiones públicas productivas, y que las legislaturas locales serán las responsables de fijar los conceptos y montos del crédito correspondiente.

Es importante que en esta reforma propuesta se observe el principio de equilibrio presupuestal, precisar que la deuda anual no exceda 0.5 por ciento del producto interno bruto estatal o municipal, que el total de los pasivos acumulados no rebase 7 por ciento de los ingresos locales y que las garantías se otorguen única y exclusivamente con recursos derivados de ingresos propios y los provenientes de las participaciones que reciben de la federación.

Otra de las bases de aquella propuesta consistió en que la solicitud de endeudamiento tendría que hacerse al congreso local, el cual se deberá acompañar de un programa de amortización para el pago de la deuda y de intereses, sin el cual no podrá haber autorización, deberá cumplirse a cabalidad para evitar que se finquen responsabilidades de ley.

En tal sentido y continuando con la línea de iniciativas responsables que ha presentado el Partido Acción Nacional en materia de limitación al sobrendeudamiento público, propongo que en el Código Penal Federal dentro de título de los Delitos cometidos por Servidores Públicos, concretamente en el capítulo de los delitos denominados “Del uso indebido de atribuciones y facultades”, se incluyan en el artículo 212 como sujetos de acción punitiva penal federal, a los alcaldes y/o ediles.

Asimismo, propongo la inclusión de una fracción IV al artículo 217, a fin de establecer que cualquier servidor público de cualquier orden de gobierno incluyendo a los órganos autónomos que reciba o manipule recursos, presupuesto, partidas o transferencias de carácter federal y que realizando con los mismos gestiones que impliquen contraer deuda pública que exceda un monto equivalente a 0.5 por ciento del producto interno bruto estatal o municipal según sea el caso, así como que el total de los pasivos acumulados rebase 7 por ciento de los ingresos locales o municipales, dichos funcionarios serán sancionados con pena de seis meses a doce años de prisión, de cien a trescientos días multa y destitución e inhabilitación de seis meses a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, esta sanción se prevé actualmente en el artículo 217.

El objetivo de esta iniciativa es evitar que los estados, municipios y la federación se endeuden en cuestiones que no generen desarrollo sustentable y que se conviertan en un pasivo insostenible e injusto para las siguientes generaciones.

En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 212 y se adiciona la fracción IV del artículo 217; ambos del Código Penal Federal

Único. Se reforma el artículo 212 y se adiciona el artículo 217; ambos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 212.Para los efectos de este título y el subsecuente es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en el Congreso de la Unión, o en los Poderes Judicial federal y Judicial del Distrito Federal, o que manejen recursos económicos federales. Las disposiciones contenidas en el presente título, son aplicables a los gobernadores de los estados, a los alcaldes y/o presidentes municipales a los diputados a las legislaturas locales y a los magistrados de los tribunales de justicia locales, por la comisión de los delitos previstos en este título, en materia federal.

...

Artículo 217. ...

I. a III. ...

IV. El servidor público de cualquier nivel de gobierno u órgano autónomo que reciba o manipule recursos, presupuesto, partidas y/ o transferencias de carácter federal, estatal o de cualquier otra que provenga del erario y que realizando cualquier clase de gestión con dichos recursos, contraiga deuda pública por un monto mayor al 0.5 por ciento del producto interno bruto local y/o que origine como total de deuda acumulada estatal, municipal o federal el 7 por ciento del producto interno bruto, o bien que origine con la disposición de los recursos en comento la disminución exacerbada o desfalco de cualquier ente público, institución gubernamental de carácter centralizada, descentralizada, desconcentrada, paraestatal u órgano autónomo, así como gobierno estatal, municipal o federal.

Para efectos del párrafo anterior se entenderá como disminución exacerbada o desfalco de recursos; a aquella disminución que equivalga a una cifra igual o mayor a 75 por ciento de los recursos totales recibidos para el ejercicio fiscal anual del ente público de que se trate y por desfalco se entenderá a la disminución total de los recursos recibidos para un ejercicio fiscal anual del ente público de que se trate sin que se dispongan de recurso alguno para hacer frente a gastos corrientes y a deudas por cubrir.

.........

Transitorios

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2013.— Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se turna directamente a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.

Pasando ahora al tema de proposiciones, les pediría a los secretarios que den lectura a las proposiciones que serán turnadas directamente a comisiones.

ESTADO DE COAHUILA

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Proposición con punto de acuerdo, relativo a los ataques y las amenazas contra la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila, suscrita por los senadores Ana Gabriela Guevara Espinoza y David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT

Ana Gabriela Guevara Espinoza y David Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El Congreso de la Unión ha asumido con muchas causas, ser la vocería o difusora de información confiable y a la vez tomar una posición al respecto. En cuanto a los Asuntos Migratorios se ha mantenido atento en el devenir de este proceso mayúsculo de múltiples manifestaciones.

2. En días pasados nos enteramos por los medios de comunicación de que la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, recibió amenazas contra sus colaboradores, que fueron reivindicadas por supuestos familiares de un trabajador indocumentado que fue asesinado recientemente en esa capital.

En un comunicado, Alberto Xicoténcatl Carrasco, director del albergue, recordó que el pasado 30 de diciembre los integrantes de dicho centro recibieron una llamada telefónica de un sujeto desconocido –que se identificó como pariente del migrante asesinado– que amenazó atentar contra ellos.

3. No obstante, a decir del director, la Casa del Migrante ha mantenido comunicación cercana y cordial con la familia del adolescente para concretar la repatriación de su cuerpo, por lo que dijo sospechar que la llamada busca confundir a la comunidad y criminalizar a los indocumentados, mientras se desvían las indagatorias.

Xicoténcatl Carrasco denunció que en semanas recientes al menos tres colaboradores del albergue han sufrido agresiones directas de robo con violencia, teniendo como fondo la campaña contra migrantes y quienes defienden sus derechos. Como secuela del suceso, organizaciones civiles y religiosas exigen a la Secretaría de Gobernación y a las autoridades de Coahuila salvaguardar la integridad de los defensores de migrantes que recientemente han sido amenazados de muerte:

Las personas firmantes manifestamos nuestro apoyo y respaldo al trabajo en defensa de los derechos humanos de personas migrantes que desarrolla la Casa del Migrante de Saltillo (Cedillo, Juan Alberto. “Exigen a Gobernación proteger a defensores de migrantes”, en Proceso, disponible en http://www.proceso.com.mx/?p=329690, consultado el 9 de enero de 2013).

La proclama está respaldada por más de 15 organizaciones de derechos humanos, civiles y religiosas de diversas partes del país que se reunieron en la capital de Coahuila en el marco de la celebración del 25 aniversario del episcopado del obispo de Saltillo.

Las organizaciones no gubernamentales demandaron que se investigue y se proteja la vida de los responsables del refugio para centroamericanos, pues el pasado 30 de diciembre fueron blanco de amenazas y agresiones.

Asimismo, solicitaron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que encabece y garantice el cumplimiento de los acuerdos de las mesas interinstitucionales de seguimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

También exhortaron al procurador general de Justicia de Coahuila, Homero Ramos Gloria, a investigar de manera conducente y exhaustiva dicho suceso.

4. Es viable observar la precaria y vulnerable situación por la que atraviesan las pocas casas del migrante en el país. Por ende, resulta pertinente emitir nuestra postura de rechazo contra las sistemáticas injusticias hacia la comunidad migrante que causan diversos efectos, entre ellos el de llamar la atención sobre casos como el mencionado.

Por ello se suma a voces que alertan contra las amenazas hacia la Casa del Migrante en Saltillo y solicita atención de las autoridades correspondientes de los tres niveles de gobierno para concentrar esfuerzos en la atención de la denuncia.

Por todo lo anterior se someten a consideración de la Comisión Permanente los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que esta soberanía exhorte respetuosamente al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a cumplir a cabalidad los acuerdos establecidos en las mesas interinstitucionales de seguimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en particular a la amenazada Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila.

Segundo. Que esta soberanía exhorte respetuosamente al procurador general de Justicia del Estado de Coahuila, Homero Ramos Gloria, a realizar una profunda, expedita e imparcial investigación sobre los hechos de hostigamiento y amenazas contra la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 16 de enero de 2013.— Senador David Monreal Ávila (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

La siguiente, por favor, la del diputado Williams Oswaldo Ochoa.

ESTADO DE CHIAPAS

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a agilizar la investigación de los recursos federales proporcionados al gobierno de Chiapas en la administración 2007-2012, suscrita por el diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

Como es del conocimiento de la opinión pública, los graves problemas de endeudamiento que enfrentan los gobiernos estatales y municipales es consecuencia de la reiterada conducta de algunas autoridades locales para recurrir a empréstitos, lo que ocasiona una severa afectación de la buena marcha de la administración pública.

El estado de Chiapas, en la administración 2006-2012 no fue ajeno a estas prácticas comprometedoras del futuro económico del estado, si no que hoy, es referente nacional del endeudamiento y quiebra financiera.

La gravedad de la administración pública estatal chiapaneca por la crisis financiera heredada a la entrante administración ha obligado a las nuevas autoridades a tomar medidas drásticas para iniciar el proceso de recuperación económica, sin embargo el nivel de endeudamiento no se conoce aún con precisión, por lo que resulta urgente y necesario contar con el diagnostico real del problema.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas es el estado más pobre del país, adicional a eso se habla que se tiene una de las deudas más altas con alrededor de 40 mil 442 millones de pesos, equivalente a 897 por ciento de la recaudación estatal; es una deuda semejante a lo que el estado recaudaría por propia cuenta en 9 años. La deuda chiapaneca representa 60.47 por ciento del total de ingresos presupuestados para 2013.

En cuanto a la dependencia de ingresos federales (2012) los ingresos estatales representan 5.1 por ciento de los ingresos totales, proporción inferior a lo observado en la mediana del grupo de estados calificados por Fitch (GEF, 6.4 por ciento).

En cuanto al grado de marginación, en términos de infraestructura pública y cobertura de servicios básicos, Chiapas presenta un “muy alto” grado de marginación, ocupando el lugar 31 entre las 32 entidades federativas del país.

Estructura y Evolución aproximada de la Deuda del Estado de Chiapas

Año              Monto                              Descripción                                           (millones de pesos)

2011            + $ 26 mil 972                 Deuda de Inst.                                                                      Financieras, Proveedores                                                        y Contratistas

$ 14 mil 002                    Instituciones Financieras

$ 12 mil 970                    Proveedores y                                                                       Contratistas (Corriente)

2012            + $ 3 mil 870                  Bancaria, aprobada                                                            por el Congreso 2012.

+ $ 9 mil 600                  Déficit fiscal                                                                         (proveedores y                                                                          contratistas)

Total            = $ 40 mil 442                                 Deuda Total Estimada

cierre 2012

$ 17,872                        Deuda a Inst. Financieras

Aunado a lo anterior, es relevante mencionar que resulta obligado para todo gobierno fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y actuar contundentemente en el combate a la corrupción en todos los niveles de gobierno, todo esto para impulsar la unidad y reconciliación en el país, intereses irrenunciables que están contenidos en el Pacto por México.

En ese contexto no se puede omitir la cada vez más creciente y sonora exigencia social de los chiapanecos para que se esclarezca el uso de los recursos que la federación asignó al gobierno estatal y sus municipios durante el sexenio pasado.

Es improrrogable y urgente darle certeza a la sociedad de las acciones del Estado mexicano para combatir frontalmente e inmediatamente los actos de corrupción y los excesos en que se incurrió para conseguir el agraviante quebranto financiero de la entidad federativa de Chiapas.

En concordancia con lo expuesto por el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, que ha manifestado que se conducirá bajo una política de austeridad, honradez y transparencia, en consecuencia tampoco debe haber lugar para la corrupción ni para la impunidad.

La demanda social en Chiapas es un castigo para los involucrados en la irresponsable y vergonzosa deuda en que dejaron sumido al estado, por ello es apremiante conocer el uso de todos y cada uno de los recursos ejercidos por el gobierno estatal que concluyó, ya que voces diversas han denunciado actos de corrupción de la pasada administración.

La Auditoría Superior de la Federación, siendo el órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos, juega un papel importante en la actual situación que aquí se plantea, toda vez que los resultados de dicho organismo ayudarán a los chiapanecos a conocer el estado en que se encuentra la administración pública local, en virtud de lo anterior y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a la revisión de los recursos públicos se pone a consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a que instrumente y agilice los procesos de revisión y auditoría a los recursos otorgados y aplicados por el gobierno del estado de Chiapas durante el periodo comprendido por los ejercicios de los años 2007 al 2012, y

Segundo. Con relación al elevado endeudamiento público que contrajo el gobierno del estado de Chiapas en los años 2007 al 2012, se solicita respetuosamente que la Auditoría Superior de la Federación determine la responsabilidad de los encargados de la realización de los empréstitos, la disposición y uso de los recursos allegados.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda solicitar respetuosamente al órgano superior de fiscalización del Congreso del estado de Chiapas que informe de los resultados de las auditorías practicadas a los ejercicios ya señalados y se agilice la investigación de posibles irregularidades detectadas en el estado de Chiapas y, en su caso, proceda a fincar las responsabilidades que a sus atribuciones corresponda.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2013.— Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

BECAS PARA ESTUDIANTES MEXICANOS EN EL EXTRANJERO

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tiene ahora la palabra el diputado Jorge Herrera Delgado, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que impulsen acciones tendientes a fortalecer y a ampliar el sistema de becas para estudiantes mexicanos en el extranjero. Adelante, diputado Herrera.

El diputado Jorge Herrera Delgado: Gracias, presidenta. Ya lo dijo el maestro Antonio Caso: La juventud es la fuerza que remueve la tierra y fecunda inmensidades; una educación de calidad es quizá la mejor manera de otorgar a nuestros jóvenes esa capacidad que tienen para remover y fecundar, para remover lo que es caótico y obsoleto y fecundar, para dar paso a mejores formas de convivencia humana.

La experiencia histórica llevó a nuestro pueblo a establecer como derecho constitucional una educación que tienda a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, y para asegurar este derecho, el Estado mexicano debe de impulsar las acciones necesarias a fin de garantizarlo.

Becar a nuestros jóvenes destacados, quienes con su esfuerzo buscan mejores oportunidades de desarrollo, debe ser una premisa que los programas educativos ofrezcan en nuestro país.

Según datos de la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, tan solo el 10.5 por ciento de los encuestados su nivel máximo de estudios es profesional, para maestría o doctorado solamente alcanza el 0.5 por ciento; sin embargo, la mayoría de los encuestados considera que sí vale la pena estudiar una carrera profesional y esto se refleja en el 93.9 por ciento de los jóvenes que así lo piensan. Pero solamente un 2 por ciento refirió estar becado, cuando se le preguntó: ¿cómo le haces para mantenerte económicamente?

La encuesta citada revela que los jóvenes mexicanos creen en la educación, como un instrumento para elevar su calidad de vida; sin embargo, son muchas las circunstancias que les representan obstáculos para poder formarse académicamente.

Por otro lado, es común que destacados estudiantes alberguen la esperanza de continuar con su formación académica más allá de nuestras fronteras, en universidades de otros países, por ejemplo, en donde puedan ampliar su visión del mundo y su experiencia educativa. Sin embargo, las posibilidades económicas de sus familias obstruyen esto como una alternativa.

Solo cierto sector de la población puede costear para sus hijos estudios en el extranjero; es por ello que nuestro sistema educativo debe de fortalecer y de ampliar un sistema de becas para dar cobertura a jóvenes talentosos cuyo esfuerzo debe de ser apoyado por el Estado para que esos jóvenes puedan abrevar del espíritu universal de la sabiduría y de la formación de otros pueblos, de otras naciones y filosofías, a fin de que puedan después transferirlas a nuestra tierra en las diferentes disciplinas de la ciencia en el ejercicio individual de su profesión y de su proyecto de vida.

Compañeras y compañeros legisladores, nuestros estudiantes urgen nuestra labor parlamentaria para promover acciones que fortalezcan el sistema educativo de nuestro país.

Reconocemos los esfuerzos que se han venido dando a favor de renovar la manera que se educan nuestros estudiantes y por ello hacemos un respetuoso exhorto a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y de Relaciones Exteriores para que en el ámbito de sus respectivas competencias impulsen juntos las acciones necesarias para fortalecer y ampliar el sistema de becas para mexicanos que desean estudiar en el extranjero.

Las exigencias más apremiantes de nuestra juventud son la educación y el empleo; por lo que esta propuesta se inscribe en el marco de las acciones a favor de nuestra juventud, tal como el compromiso cumplido del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para crear el Instituto Nacional del Emprendedor, que representa un cambio a fondo en la atención a las necesidades de emprendedores y de Pymes, pero particularmente a fondo en las oportunidades que podemos ofrecerles a nuestros jóvenes en México.

Coincidimos con el Ejecutivo federal en impulsar para los jóvenes las herramientas institucionales que se traduzcan en una mejor calidad de vida para ellos y para sus familias.

Amigas y amigos legisladores, hoy les pedimos su apoyo para que podamos aprobar este punto de acuerdo para impulsar a mujeres y hombres de esfuerzo, mujeres y hombres talentosos, jóvenes que sin duda alguna estarán fortaleciendo su educación para servir a México.

Hagamos nuestra la demanda de muchos estudiantes que solo necesitan una oportunidad; forjemos una generación con una visión más universal y sin duda con ello contribuiremos a la construcción de un México más fuerte y más próspero. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la SRE a impulsar acciones tendentes a fortalecer y ampliar el sistema de becas para estudiantes mexicanos en el extranjero, suscrita por el diputado Jorge Herrera Delgado, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Jorge Herrera Delgado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar a los secretarios de Educación Pública, y de Relaciones Exteriores del gobierno de la república a impulsar que en el ámbito de sus competencias acciones tendentes a fortalecer y ampliar el sistema de becas en el extranjero para estudiantes mexicanos, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Fortalecer la educación de los jóvenes del país es sin duda invertir en el futuro del pueblo al otorgarles mejores herramientas para el desarrollo personal y colectivo.

Segunda. La Carta Magna establece en el artículo 3o., segundo párrafo: “La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”.

Tercera. La Ley General de Educación expone lo siguiente en los artículos 3o. y 7o.:

Artículo 3o. El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente ley.

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

Párrafo reformado DOF 17 de abril de 2009, 17 de abril de 2009, 28 de enero de 2011.

I. Contribuir al desarrollo integral del individuo para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas;

Fracción reformada DOF 28 de enero de 2011.

II. Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos;

III. Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país;

IV. Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.

Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español.

Fracción reformada DOF 13 de marzo de 2003.

V. Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad;

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

Fracción reformada DOF 17 de junio de 2008, 28 de enero de 2011.

VII. Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas;

VIII. Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la Nación;

IX. Estimular la educación física y la práctica del deporte;

X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;

Fracción reformada DOF 15 de julio de 2008, 28 de enero de 2011.

XI. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales;

Fracción reformada DOF 30 de diciembre de 2002, 28 de enero de 2011.

XII. Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general.

XIII. Fomentar los valores y principios del cooperativismo.

Fracción adicionada DOF 2 de junio de 2006.

XIV. Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo.

Fracción adicionada DOF 15 de julio de 2008.

XIV Bis. Promover y fomentar la lectura y el libro.

Fracción adicionada DOF 17 de abril de 2009.

XV. Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercitarlos.

Fracción adicionada DOF 17 de abril de 2009.

XVI. Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se comentan ilícitos en contra de menores de dieciocho años de edad o de personas que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo.

Cuarta.De los dispositivos legales citados se puede inferir la obligación del Estado mexicano de impulsar una educación tendente a desarrollar de manera integral todas las facultades del ser humano, favoreciendo el florecimiento de facultades para adquirir conocimientos.

Quinta.Según datos de la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, de sólo 10.5 de los encuestados el nivel máximo de estudios es profesional, para maestría o doctorado sólo 0.5 por ciento; sin embargo, la mayoría de los encuestados considera que sí vale la pena estudiar una carrera profesional (93.9 por ciento), pero solamente 2.0 refirió estar becado cuando se le preguntó “¿Cómo le haces para sostenerte económicamente?”

La encuesta citada revela que los jóvenes mexicanos creen en la educación como un instrumento para elevar su calidad de vida, sin embargo son muchas las circunstancias que les representan obstáculos para formarse académicamente.

Sexta.El Estado mexicano tiene mucho por hacer para garantizar el derecho constitucional y humano de una educación que desarrolle las facultades y habilidades que mejore la convivencia entre individuos, impulsando y fortaleciendo las acciones necesarias para este fin.

Séptima.De ahí la importancia de fortalecer y ampliar el sistema de intercambio y becas para estudiantes mexicanos que deseen estudiar en el extranjero como herramienta eficaz para fomentar en ellos los valores y principios del cooperativismo, para desarrollar mejores habilidades para el desarrollo y el crecimiento personal, académico y profesional.

Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los secretarios de Educación Pública, y de Relaciones Exteriores del Poder Ejecutivo federal a impulsar en el ámbito de sus competencias acciones tendentes a fortalecer y ampliar el sistema de becas para estudiantes mexicanos en el extranjero.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2013.— Diputado Jorge Herrera Delgado (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado Herrera. Esta proposición ha sido solicitada como de urgente resolución; por tal motivo, le solicito a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada. Ciudadana presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señor secretario. Por tanto, se considera de urgente resolución; en consecuencia, está a discusión esta proposición.

De acuerdo a los oradores que se han registrado para esta discusión, se encuentra inscrito el senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del PRD. Tiene la palabra, señor senador.

El senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchísimas gracias, ciudadana presidenta. Compañeros senadores, compañeros diputados, la educación es el motor de desarrollo de los pueblos.

Algunos piensan que la educación representa un gasto, otros seguiremos insistiendo en que la educación es la mejor inversión que puede hacer un país para salir adelante.

No se puede concebir el desarrollo de ningún pueblo si no se invierte de manera decidida en educación; por eso, desde la visión de mi partido, el de la Revolución Democrática, seguiremos insistiendo en que la educación debe de ser gratuita, desde preescolar hasta la universidad. Es una lucha que seguiremos dando, porque estamos convencidos de que ésta es la única manera en que México puede salir del subdesarrollo terrible en que se encuentra.

Presupuestos van y presupuestos vienen y vemos que los gobiernos en turno no se preocupan por hacer inversión en educación; revisamos el Presupuesto de 2013 y vimos con enorme preocupación que lejos de incrementarse se están proponiendo reducciones y reducciones sobre todo para los más marginados.

Vimos, por ejemplo, que en materia de educación indígena el Presupuesto planteaba 0 pesos 0 centavos. Así es prácticamente imposible que abandonemos el lugar que ocupamos en materia educativa a nivel mundial.

Existe plasmado en la Constitución el derecho a la educación y la obligación de los gobiernos pasa por generar educación disponible. Habría que preguntarnos si en México se cumple con esta tarea; es decir, cuántos mexicanos y cuántas mexicanas tienen acceso a la educación.

En la primaria, la cobertura se dice que se tiene al 99 por ciento; en preescolar, a partir de que se obliga al Estado mexicano a que la educación sea gratuita y obligatoria en educación básica, se están haciendo esfuerzos, pero estamos muy lejos de alcanzar la meta del 100 por ciento en este rubro. En educación media superior el rezago también es muy grande y en educación superior no se diga.

Cuánta desesperanza, cuánta desesperación, cuánta preocupación de los padres de familia que ven que sus hijos son rechazados año con año para el ingreso a las universidades del país.

El derecho a la educación también plantea que debe ser accesible, debe ser aceptable, debe ser adaptable la enseñanza superior a todos sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y la implementación progresiva de la enseñanza debe ser gratuita.

Por eso coincidimos con el ponente de este punto de acuerdo, la alternativa pudieran ser las becas. Los gobiernos del PRD han impulsado con mucha dedicación recursos económicos para incentivar a los muchachos a la educación media superior y superior, con becas para que no abandonen los estudios.

Además, el hecho de no fortalecer la educación plantea una dependencia gravísima en cuestión de ciencia y tecnología; por eso el Conacyt, por eso las instituciones que están dedicadas al otorgamiento de estas becas deben de buscar alternativas para que todos aquellos jóvenes que quieran estudiar tengan la posibilidad de hacerlo a través de las becas.

Luchemos, compañeras, compañeros, contra los ninis, que es un problema gravísimo que tiene el país. Si no aprobamos este punto de acuerdo o estos puntos de acuerdo, que hacen referencia a esto y si no invertimos en educación, el 35.4 por ciento de los jóvenes que hoy se encuentran en calidad de ninis, sin duda que se va incrementar de manera escandalosa.

Por todos estos argumentos, estamos a favor del punto de acuerdo para que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores hagan lo conducente para que se amplíen las becas para los jóvenes de nuestro país. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, senador Demédicis. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano, muchas gracias. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada. Ciudadana presidenta, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ya cambió el turno, no es en demérito alguno. Aprobado. Comuníquese.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: Presidente, perdón.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

PRECIOS DE COMBUSTIBLES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público explique el incremento adicional que tuvieron los precios de los combustibles en el país.

El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente: Buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia y de esta soberanía. Hoy venimos a esta tribuna a hablar de un tema que fue recurrente en las dos últimas legislaturas; un tema que fue recurrente que lo tocara especialmente la bancada del PRI, porque era un tema que política y electoralmente era rentable. Esa es la realidad, amigos.

Sin embargo, no es un tema menor, en esos tiempos en que eran oposición, acuñaron el término llamado gasolinazo. No es un tema menor, porque es un tema que va de la mano de las finanzas públicas desde siempre, y creo que hoy lo tenemos que tratar, tenemos que hacer una breve relatoría de lo que ha venido pasando y tenemos que pasar al siguiente paso. El siguiente paso es que este Congreso tome las acciones que le corresponden para darle una solución definitiva.

Nosotros, de parte de Acción Nacional, no vamos a incurrir en prácticas irresponsables y no vamos a vulnerar de ninguna manera las finanzas públicas con posiciones demagógicas; sin embargo, tenemos que relatar lo que ha venido sucediendo.

Durante las legislaturas anteriores, la LX y la LXI, se presentaron 14 puntos de acuerdo y todos iban más o menos en la misma dirección. Podemos relatar la historia de esto; por ejemplo, el 19 de enero de 2011, el entonces diputado Arturo Zamora —hoy aquí senador— pidió de manera fehaciente y respetuosa —no puedo decir que no, ya leí el punto de acuerdo— que se congelara el precio de la gasolina, que estábamos vulnerando las clases sociales más necesitadas y que se vulneraba la productividad de todos los sectores productivos, grosso modo, podemos analizarlo posteriormente.

Hubo expresiones, incluso, de alguna diputada del PRI, en anteriores legislaturas, donde se trataba esto del gasolinazo como política de ocurrencia.

Vaya, vaya, qué ocurrencia, señores, cuesta 200 mil millones al año, el gasolinazo. Esa era la postura histórica del PRI en este tema, y lo digo con todo respeto.

No todos estuvieron en esa posición, obviamente, debo aclarar que el secretario Videgaray nunca se subió a la tribuna a decir una barbaridad de este tipo, pero hubo diputados que fueron muy puntuales y fueron muy incisivos, porque era políticamente rentable, vamos a ponerlo así de claro.

Hoy —como dice el dicho— no hay plazo que no se cumpla; hoy le corresponde al Ejecutivo resolver este problema y nos corresponde a todos ayudar a resolverlo.

Por otro lado, les diría que estamos muy preocupados, porque durante el tiempo que el PAN estuvo en el gobierno se deslizó 9 centavos el litro; hoy ya hubo dos deslizamientos, pero el segundo —que ya tuvo responsabilidad el PRI— fue de 11 centavos, 22 por ciento más de lo que venía deslizando el Partido Acción Nacional en su gestión.

Hoy nadie del PRI lo menciona, nosotros tenemos la responsabilidad de señalarlo. El único que recuerdo lo ha mencionado en esta Legislatura es el diputado Ricardo Monreal, cuando se discutió la Ley de Ingresos, de ahí en fuera hoy nos toca a nosotros hablar de este tema y lo que pedimos es que actuemos con responsabilidad, amigos.

También les debo decir, porque es importante salvaguardar los compromisos que el presidente hizo; aquí está señores, 6 de mayo de 2012, primer debate del señor Enrique Peña Nieto con los demás candidatos. Se compromete, en su compromiso número 16, a que bajará el precio de los combustibles, y le pregunto al señor presidente, ¿qué vamos a hacer juntos para bajar este precio?

Realmente —lo digo con respeto— la palabra del presidente no puede andar por ahí volando. Lo menos que esperaría es que si no se puede bajar, dé una explicación al pueblo de México, porque si no, lo que pareció en aquel momento hoy se ve como una realidad, fue un discurso electorero y creo que ustedes, los compañeros del PRI, deberían ser los primeros en estar interesados en que esto no suceda así.

Por lo tanto, lo que nosotros proponemos y se los pido con mucho respeto, es que autoricemos este punto de urgente u obvia resolución, y se los leo al texto:

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que explique a esta soberanía los motivos que propiciaron el incremento en los ajustes mensuales que se le habían venido realizando a los precios de los combustibles, así como el impacto en el bienestar de la población, derivados del mismo.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que explique a todos los mexicanos cómo se cumplirán los compromisos de campaña, específicamente los relacionados con la reducción de los precios de los combustibles.

Lo digo respetuosamente, señores, creo que el Congreso, ésta es una primera acción —ahorita termino, señor presidente—, es una primera acción para empezar a entrar en interacción con el Ejecutivo federal y encontremos soluciones conjuntas. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a explicar por la SHCP el alza adicional de los combustibles, suscrita por el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de los siguientes

Antecedentes

Indudablemente uno de los temas que genera mayor preocupación a todos los mexicanos es el relacionado con aspectos que afectan directamente a su economía. Tal es el caso de la política que se instrumentará por la nueva administración en materia de precios de los combustibles.

En este tenor, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se encuentra pendiente y en permanente monitoreo del comportamiento de estas acciones que pudieran afectar los intereses de la sociedad mexicana.

Estamos a favor y así lo hemos manifestado siempre, de mantener un escenario de finanzas públicas sanas y estables, que garanticen los recursos necesarios para el funcionamiento correcto del Estado mexicano. Pero por encima de ello, mantenemos la convicción de velar por las necesidades de la población y por ello, el tema que abordamos en el presente punto de acuerdo es de la mayor relevancia.

En concreto, en días recientes la nueva administración anunció incrementos importantes a los precios de los combustibles, dichos incrementos en los precios son de aproximadamente 33 por ciento mayor, que el último ajuste mensual realizado por la administración anterior, es decir no solo no se continuó con el desliz que se venía dando mes con mes, sino que se éste se incrementó de manera significativa en el inicio de la presente administración.

Lo anterior de entrada, contraviene uno de los principales compromisos de campaña del presidente Enrique Peña Nieto, que era bajar el precio de los combustibles, lo cual genera mucha incertidumbre en el sentido de que si realmente es un compromiso el bajar éstos precios, o únicamente era retórica electorera.

De ser esto último, consideramos en Acción Nacional que con el bienestar de la población no se lucra, y exigimos que el Ejecutivo federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detengan cuanto antes este deslizamiento en los precios de los combustibles, hasta que no se delimite de manera clara y precisa la política que seguirá este gobierno en relación a los precios de los combustibles, para que la población tenga pleno conocimiento sobre qué política se instrumentará y si es cierto o no, el compromiso del actual presidente de bajar los precios de los combustibles.

Al respecto, es oportuno citar algunos cuestionamientos y reflexiones que compañeros congresistas de mi Partido has esgrimido en fechas recientes sobre el tema, lo¿existe alguna razón de emergencia financiera que justificara que el PRI incumpliera su compromiso de campaña? Asimismo, conocer ¿por qué se da un incremento del 33 por ciento en los precios de los combustibles, si se compara con el último ajuste mensual realizado por la administración anterior? También que expliquen ¿si la política de deslizamientos de los precios de los combustibles es o no una política correcta en términos económicos, de justicia social y medioambiental? Y finalmente que se de a conocer a toda la población ¿cuál será la política a seguir por la nueva administración en relación a los precios de los combustibles?

Recordemos que en la década de los noventas, cuando el PRI era gobierno, los incrementos en los precios de los combustibles fueron del orden del 427 por ciento si se compara el precio de 1 peso por litro en 1990, a 5.27 pesos por litro en el año 2000. De manera contrastante, si se hace el mismo ejercicio del año 2001 al 2010, el incremento es de 49 por ciento, muy lejos de los observados en la década de los 90s, solo por citar los dos períodos más recientes comparables en esta materia.

Lo anterior es realmente preocupante para la población dados dichos antecedentes, por lo que en Acción Nacional estaremos vigilantes que no se vuelvan a dichas prácticas, sí que contemos con finanzas sanas, justicia social y cuidado del medioambiente, pero no a costa del sacrificio de los mexicanos, como era en las épocas gobernadas por el PRI del siglo pasado. Pugnamos por conservar dichos principios como se hizo en los gobiernos emanados de Acción Nacional, con responsabilidad, transparencia y honradez.

Finalmente, quiero precisar que con la falta de claridad en la política de precios de los combustibles de la presente administración, se pone en riesgo la estabilidad económica que se ha logrado en los últimos años, y que no por descuidos en materia de política económica o falta de claridad en la misma, pondremos en riesgo el bienestar de la población.

En Acción Nacional decimos con contundencia: No a las viejas prácticas que atentan contra la economía de los mexicanos, no a políticas enfocadas al alza de los precios de los combustibles que el día de mañana se conviertan en severos incrementos recurrentes como se acostumbraba en el siglo pasado. Esas prácticas las pudimos revertir con los gobiernos emanados de Acción Nacional, sí se puede.

Bajo este contexto, en Acción Nacional estamos ciertos de que debemos garantizar y velar por el bienestar de todos los mexicanos, por lo que someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Primero. Por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que expliquen a esta Soberanía los motivos que propiciaron el incremento en los ajustes mensuales que se habían venido realizando en los precios de los combustibles, así como el impacto en el bienestar de la población derivado del mismo.

Segundo.Por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que explique a todos los mexicanos cómo se cumplirán los compromisos de campaña, específicamente los relacionados con la reducción de los precios de los combustibles.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2013.— Diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Señor presidente, fui aludido.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, lo aludió, nada más permítame concluir con este trámite. Lo aludió y le voy a dar la palabra, en cuanto la asamblea nos autorice discutirlo ahorita.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que el diputado Ricardo Monreal ha sido aludido, tiene el privilegio de pasar a la tribuna, en primer lugar.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Presidente, me da gusto —primero— que se haya aprobado a favor o sometido a discusión. El diputado Francisco Cáceres, ha sido muy puntual en su exposición.

El tema de las gasolinas es un tema que está lacerando a la población y está generando una inflación enorme en todos los sectores, so pretexto del subsidio —que no existe— se han aumentado de manera desproporcionado el precio de los combustibles.

Los ingresos por el petróleo son más del 30 por ciento de la recaudación fiscal federal; la venta de petróleo y sus derivados se grava en México con 12 contribuciones fiscales, 9 derechos diferentes sobre hidrocarburos, más de 3 impuestos: el impuesto al rendimiento del petróleo, el impuesto especial sobre producción y servicios y el IVA.

El régimen fiscal de Pemex es incomparable en el mundo; la empresa paga alrededor del 70 por ciento de contribuciones sobre sus ingresos totales. Se puede afirmar comprobadamente que las gasolinas y todos los derivados petroquímicos están sobregravados en México.

Hace pocos años, el gobierno federal —en efecto, diputado Cáceres— inventó y el Legislativo aprobó, sin reparo, una fórmula de la Ley del IEPS para alegar un supuesto subsidio a las gasolinas; el artículo 24, fracción I de esta Ley, que establece una complejísima fórmula para determinar la cuota mensual de impuesto último a la gasolina y al diesel y compararlo internacionalmente con los precios del petróleo.

Es una fórmula que si usted la lee o un especialista en la materia, difícilmente la va a entender. Esta fórmula señala: se toma un precio de referencia con el promedio mensual del petróleo en Texas y la costa norteamericana del golfo. ¿Entendió algo usted de eso? La Secretaría de Hacienda establece cada mes un precio de venta al público en México, más los costos de transportes y otros; se aplica a este último un factor aritmético referido a las tasas del IVA y se obtiene así la base del IEPS a las gasolinas. Luego se comparan ambas cifras y se concluye, obviamente, que las gasolinas son subsidiadas. Es totalmente falso, totalmente falso, y por eso sí se medró políticamente, en efecto.

Recuerdo los debates acalorados, intensos, que el PRI encabezaba contra el gasolinazo, y ahora, no solo lo aprobaron, lo aumentaron, con el mismo argumento que el PAN venía realizando. Pero finalmente, los dos son incongruentes, porque los dos votaron a favor de la Ley de Ingresos. Nosotros no, nosotros votamos en contra de la Ley de Ingresos y en contra de ese gasolinazo.

Me parece pertinente, porque qué bueno que me mencionó y me aludió el diputado, porque creía que ni siquiera eso iban a pasar; el diputado Cáceres me alude y por eso le pedí el permiso a la Presidencia para tomar la tribuna, hacer uso de la palabra por alusiones. Pero me da pie para decir: es lo mínimo que debemos pedir; es hasta —diputado— hasta suavecito usted.

No, lo que tenemos que hacer es pedir que se frene el gasolinazo, para qué queremos información. Hay que decirles que es un engaño.

¿Quiénes son los que importan la gasolina? ¿Alguien lo sabe? Es un gran negocio de unos pocos; es un gran negocio el transporte; es un gran negocio la refinación; en el extranjero es un gran negocio, la venta de gasolinas del extranjero en nuestro país.

Eso es lo que tenemos que pedir, la información, ¿quién importa? ¿Quién compra? ¿Quién es el dueño del negocio? Ahí nos vamos a topar con muchas sorpresas.

Por eso nosotros vamos a votar a favor de esta propuesta, porque hemos actuado de manera congruente; el único partido que votó en contra de la Ley de Ingresos fue Movimiento Ciudadano, y dijimos con claridad: el gasolinazo es un engaño, no hay tal subsidio a la gasolina, es un negocio, un gran negocio, inmoral, ilegal de unos pocos, en contra de la mayoría de los mexicanos. Y por eso nosotros queremos que se frene el gasolinazo, que se derogue ese artículo, porque no puede seguir padeciendo la población estos aumentos criminales en contra de sus ingresos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Vamos por alusiones, pero vamos a dejarlo al final, porque si no vamos a hacer el debate interminable. Doña Lilia Aguilar Gil.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Con el permiso de la asamblea. Vengo a dar precisamente un voto razonado sobre el apoyo a este punto de acuerdo.

Sin ánimo de hacer esto un tema partidista, iniciaría igual que el diputado que presenta este punto de acuerdo, Juan Francisco Cáceres, diciendo que a mí por otro lado me sorprende un poco que sea precisamente un legislador del PAN quien viene a presentar este acuerdo, y lo felicito por ello.

¿Por qué es un poco extraño? Porque estos deslices del precio de la gasolina, como se les empezó a llamar desde el 2003, que los aplicó una administración panista y que se volvieron muy famosos en la época del secretario Carstens, especialmente cuando en plena crisis económica en 2009, para ser exactos el 8 de septiembre de 2009, Carstens anuncia estos deslices mensuales, el segundo sábado de cada mes, por 8 ó 9 centavos —no tengo exacto el dato en este momento— para aumentar los precios de la gasolina, con el pretexto de que había que llevar el precio de la gasolina al precio del mercado internacional.

Entonces, el secretario Carstens, que en aquella ocasión lo anunció precisamente en una comida en Palacio Nacional frente a legisladores, que muchos de ellos creo están acá, del Partido Acción Nacional, decía que estos deslices del precio de la gasolina no iban a afectar ni la inflación ni obviamente el bolsillo de los mexicanos.

¿Qué es lo que nos hemos topado? Que no tenemos con claridad el efecto real que ha tenido estos deslices o aumentos en la gasolina en el tema de la inflación. Pero lo que sí tenemos con mucha claridad es que los precios y el aumento en el precio de la gasolina aumentan no solamente a los que tienen más dinero o a los que tienen mayores ingresos, como ha dicho el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de esta administración, sino a todos los mexicanos, porque todos los mexicanos consumimos bienes y servicios que son afectados por el precio de la gasolina y del diesel.

Iría un poco atrás, diciendo que antes de que terminara el Guadalupe Reyes, el 5 de enero para ser exactos, se determina que el nuevo precio de las gasolinas, por parte del subsecretario de Ingresos, también sería de 10.92 la Magna, 11.48 la Premium y 11.28 el diesel, que como pueden ustedes observar el precio del diesel que se utiliza en los trabajos agrícolas es mayor al precio de la gasolina Magna.

Entonces, esto nos lleva a la pregunta, y que se le ha hecho en reiteradas ocasiones al subsecretario de Ingresos y al secretario de Hacienda, de que si estos ingresos van a seguir aumentando; es decir, empezamos en 9 centavos, ahora estamos en 11 y cada cuándo se van a aplicar.

La respuesta última que dio en rueda de prensa, el subsecretario de Ingresos es que no lo saben aún, que no tienen determinado si será el primer sábado, el segundo sábado, y si estos ingresos serán constantes, o como ya dijo el diputado Monreal en esta tribuna, obedecerán estos criterios generales de política económica que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que están también en el artículo 24, fracción I, que se refiere al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) y que hablan del costo de oportunidad en el mercado internacional y la inflación doméstica.

No voy a repetir lo que ya se ha dicho en esta tribuna, simplemente, compañeros legisladores, y al iniciador, les diría que podríamos ir un poco más allá, no solamente saber quién es el dueño del negocio y a qué obedece —como ya dijo el diputado Monreal— estos ingresos al tema de la gasolina, sino qué se pretende con estos aumentos.

¿Por qué? Porque en efecto, el ahora presidente, candidato entonces por el Partido Revolucionario Institucional, dijo claramente que no habría aumentos en los precios de las gasolinas o los energéticos; entonces, ¿cuáles son los verdaderos efectos económicos? No vale que nos digan que estos efectos económicos son solamente para aquellos que tienen más ingresos en sus hogares, porque como ya dije, el transporte público, la generación de alimentos, la utilización del diesel en la producción agrícola, nos dice que esto nos afecta a todos los mexicanos y sobre todo a los que menos tienen.

¿Cuáles son los efectos económicos reales? ¿Cuál es el efecto real en la inflación? Sobre todo, ¿qué es lo que se pretende con este aumento?

¿Es que están preparando a los mexicanos para que a finales de este año se diga:? Ya no puede más Pemex, no puede más con esta carga tributaria que se le ha puesto. No puede más con el sistema que tiene, el sistema económico que tiene Pemex, y entonces hay que privatizarla. ¿Ése es el objetivo que se está persiguiendo? Porque a pesar de haber prometido no subir los precios de los energéticos se está haciendo. Eso debería de ser el cuestionamiento que los legisladores deberíamos de estar haciendo a la Secretaría de Hacienda y sobre todo, que sean honestos en sus declaraciones y claros en la política de aumentos de la gasolina. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Tiene el uso de la voz don Fernando Rodríguez Doval.

El diputado Fernando Rodríguez Doval: Muchas gracias, diputado presidente. Muy brevemente haré uso de esta palabra, para dejar claras algunas cuestiones que me parecen muy importantes.

Primero, creo que en temas, como el gasolinazo y en general el subsidio, los subsidios diferentes que existen en nuestra economía, hay que dejar de lado los populismos, y en ese sentido, Acción Nacional cuando fue gobierno federal fue siempre un partido responsable.

Nosotros no nos oponemos a que gradual y paulatinamente se vaya retirando un subsidio, que además es profundamente regresivo, por varias razones; primero, porque desde el punto de vista económico beneficia únicamente a aquel porcentaje de la población más favorecida; segundo, es además un subsidio profundamente agresivo con el medio ambiente.

Por lo tanto —y aquí me permito citar, además, un artículo que nuestro compañero Roberto Gil publicó la semana pasada en el diario Excélsior— la solución no es seguir subsidiando la gasolina; la solución más bien es justamente eliminar las restricciones que hoy en día existen en el mercado de combustibles, y por lo tanto, aumentar su oferta.

Lo que a nosotros nos molesta, por lo tanto, no es el gasolinazo como tal, lo que nos molesta es la incongruencia, porque aquí, en esta tribuna, ya se demostró que durante toda la Legislatura pasada se presentaron decenas de puntos de acuerdo por parte de los legisladores del PRI, justamente solicitando comparecencias de funcionarios de la Secretaría de Hacienda del gobierno federal, para que explicaran estos aumentos en la gasolina.

Hoy, que el PRI es gobierno, está recurriendo exactamente a la misma política. Eso quiere decir que así como Acción Nacional se condujo con responsabilidad cuando fue gobierno federal y nos conducimos con responsabilidad ahora que somos oposición, el PRI no puede decir lo mismo, porque el PRI decía una cosa cuando eran oposición y hacen otra completamente distinta cuando están en el gobierno. Tenemos, por lo tanto, la primera promesa de campaña incumplida del presidente Enrique Peña Nieto.

Por eso lo que estamos pidiendo en este punto de acuerdo es simple y sencillamente que nos vengan a explicar aquí porqué, si decían una cosa cuando eran oposición, ahora cuando son gobierno hacen exactamente lo contrario. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En términos del 122, en estricto sentido, solo son dos oradores; don Ricardo Monreal habló por alusiones personales. Pero le vamos a dar el uso de la voz a don Uriel Flores Aguayo y luego vamos a permitir la participación del proponente.

El diputado Uriel Flores Aguayo: Con el permiso del diputado presidente y de la asamblea. El tema evidentemente es un tema amplio, complejo, que amerita un gran contexto y que obliga a definiciones muy importantes; tiene que ver con la economía, con la historia reciente, con el futuro del país, qué tanto impacta en la vida social y por supuesto, en la vida política.

En primer lugar, diría que no se puede aludir con expresiones —como las del orador que me antecedió— de manera tan fácil, cuando se habla de populismo, por ejemplo; sería importante sustentar de qué estamos hablando cuando hablamos de populismo en el México de hoy. Si bien fue parte de una campaña negativa en su momento, sobre todo en la campaña de 2006 y se quedó ahí como un fantasmín; ahora sí deberíamos de ser un poco más estrictos, más serios, más honestos, más pulcros, para definir de qué exactamente estamos hablando, porque sigue viva la impresión de que cuando se trata de favorecer a los sectores populares, inmediatamente hay un sector que reacciona y dice: eso es populismo, pero cuando se trata de favorecer a las élites, a los grupos privilegiados, eso es rescate, en la banca, en las carreteras, etcétera. Así es que me parece importante que en su oportunidad se hable al respecto.

El problema de nuestro país, en cuanto a la economía y al presupuesto público, es que sigue petrolizado; 30 por ciento del Presupuesto se deriva del ingreso petrolero; por lo tanto, se puede decir que la economía de México está petrolizada.

Lo que se haga y se diga respecto del petróleo impacta de manera severa en la economía del país; es decir, es una especie de problema estructural, tenemos un problema estructural con el manejo del petróleo y no se ha hecho nada para remediarlo. ¿Dónde está la responsabilidad?

Dos sexenios con excedente petrolero, 400 mil millones de dólares para gasto corriente, no para infraestructura, no para productividad, no para deuda, no para soberanía, sino para gasto corriente, para gastarse el dinero en burocracia, en programas equis y no se aprovechó la gran oportunidad de contar en una coyuntura internacional, con la ventaja del excedente petrolero.

Igual pensamos que el subsidio que está a discusión, nos parece hasta un asunto de obviedad, de perogrullo, que se nos quiera justificar. Se hizo antes y se hace ahora, que el subsidio, porque vale más caro en Estados Unidos de América, y se dice oficialmente; bueno, el problema es que la economía de México no es comparable con la de Estados Unidos de América ni el ingreso ni el salario.

Entonces, ese indicador comparativo nos parece erróneo, nos parece equivocado y en algunos casos puede ser hasta una tomadura de pelo.

Si se habla de un subsidio se tiene que justificar plenamente, de manera convincente, con objetividad, con datos, con elementos técnicos, no referirse a la situación de Estados Unidos de América, porque no resiste el más mínimo análisis.

Nos parece que el gasolinazo es meramente recaudatorio, es para que el aparato público tenga más dinero y se lastiman áreas de la economía. No deberían de ser —aquí se acaba de decir por la compañera del PT— un pretexto las debilidades de Pemex, los problemas económicos de Pemex para impulsar e imponer, justificar una reforma fiscal regresiva y antipopular.

El PRD acaba de presentar su propuesta de política energética, donde está incluido el tema y por lo tanto, hay elementos. Desde luego, estaríamos de acuerdo en el exhorto, pero ir más a fondo todavía en este punto. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Finalmente, para contestar alusiones, el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente.

El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente: Muchas gracias, señor presidente. Con el permiso de esta soberanía. Compañeros, nuevamente los exhorto a que votemos esto a favor, porque tenemos que iniciar un proceso donde en este famoso gasolinazo quede claro hacia dónde va a ir ese recurso.

Hacía un análisis, que creo que es importante señalar. Oía al secretario Videgaray, en una entrevista y resulta que nunca puede dar el precio esperado de la gasolina; el precio esperado de la gasolina es el precio internacional, porque lo que está tratando el gobierno federal en este momento es de acabar con el subsidio.

El precio actual de la gasolina en Estados Unidos de América es 12 pesos con 34 centavos; el precio en México es de 10 pesos con 92 centavos. Si le aplicamos estos 11 centavos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que representa al Ejecutivo, le aplicó al gasolinazo del mes de enero, llegaremos a un precio estimado de 12 pesos con 13 centavos; prácticamente se homologa con el precio internacional valor hoy. Las condiciones de diciembre no las sabemos, pero es el objetivo.

Me parece muy lamentable que el secretario de Hacienda no pueda venir a esta soberanía y le pueda decir al pueblo de México que a lo que aspiramos es a que la gasolina valga lo mismo que en Estados Unidos de América, porque nos cuesta 200 mil millones de pesos y creemos que los 200 mil millones de pesos se podrían aplicar en programas sociales, qué sé yo.

Pero vamos dándole transparencia a este asunto. No se trata de que nos descalifiquemos, se trata de que actuemos con responsabilidad y lo menos a lo que podríamos aspirar es a que nos contesten; primero, que se apruebe —les pido respetuosamente que se apruebe— y segundo, que nos conteste el secretario y sería magnífico que viniera y explicara aquí. Lo trataríamos respetuosamente, sin ningunas estridencias ni nada, y que nos explique, porque ahora sí me preocupa, pues con este incremento de los 11 centavos resulta que a lo mejor para finales del periodo hay 50 mil o 100 mil millones sobrantes, que no se van a aplicar al gasolinazo. Que nos dé la estimación sobre en qué se va a ocupar ese dinero, señores.

Les aclaro que subió de nueve centavos a 11, que es un 22 por ciento. Pero cuando lo multiplicamos por los millones de barriles que usan de combustible, evidentemente van a ser miles de millones de pesos. Les recuerdo que es nuestra obligación tratar de fiscalizar los recursos.

Entonces, si quería hacer esto. Me parece que la medida es responsable, pero es nuestra responsabilidad ver que puntualmente estos recursos, que van a exceder, van a ser excedentes con esta medida, se apliquen en programas sociales o en lo que vaya a ser, pero que le quede claro a esta soberanía que representa al pueblo de México. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueba.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se desecha.

El senador Francisco Domínguez Servién(desde curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, senador. Don Francisco Domínguez.

El senador Francisco Domínguez Servién (desde curul): Presidente, con respeto, el vicepresidente estaba pidiendo que se repita la votación legislador por legislador, dado que no quedó claro cómo fue la votación. Le pido que regrese al punto anterior.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, repítase la votación anterior, aunque ya dictamos un trámite, pero es importante para esta Presidencia que la voluntad de la asamblea quede explicitada con toda transparencia; entonces, en lo económico repítase, por favor, la votación. En lo económico.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Estamos contando.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se desecha.

MAIZ TRANSGENICO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Luis Ángel Espinosa Cházaro, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa y de la Semarnat, para que evalúen los permisos que se han otorgado para la siembra de maíz transgénico a las trasnacionales.

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro:Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, presento un punto de acuerdo que es de suma importancia, no solo en el contenido sino en la temporalidad.

Me permitiré leerlo, es un punto muy sucinto, muy concreto, pero de suma importancia. Lo haré, no sin antes comentar que este punto ha sido suscrito por el de la voz y por la diputada Alfa González Magallanes.

El punto de acuerdo trata de exhortar al licenciado Enrique Martínez Martínez, titular de Sagarpa y al ingeniero Juan José Guerra, titular de Semarnat, para primero realizar una evaluación de los permisos que se han otorgado para la siembra de maíz transgénico en nuestro país a empresas trasnacionales, como Monsanto, Pioneer, Idaho AgroSciences (Dow AgroSciences), entre otras, así como diversas empresas y en su caso, revocar y negar aquellos que atenten contra la tierra, la producción, la salud de los mexicanos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 69 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Segundo. Implementar medidas e incentivos a fin de promover estrategias que protejan la diversidad del maíz y preserven las semillas nativas, evitando con ello que se vuelvan dependientes de las transgénicas y, en consecuencia, reducir los riesgos de contaminación que traen consigo para las cosechas, lo cual ha sido constatado por diversos estudios a nivel mundial.

Lo primero que quisiera dejar muy claro es que ha habido tres puntos de acuerdo previos, del 25 de octubre y del 22 de noviembre, de los diputados León Mendívil, del PRD, y de los diputados del PRI, Sergio Torres Félix y la diputada Blanca María Villaseñor, mismos que no han sido atendidos.

Por ello, lo que genera la urgencia de este punto de acuerdo es lo siguiente: el Reglamento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue modificado para eliminar la obligatoriedad de atender las opiniones emitidas por especialistas en el Instituto Nacional de Ecología de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas y por la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad.

Como ya dije, esta medida pretende favorecer algunas empresas —es muy claro— para que siembren transgénicos ya sin ninguna restricción en campos agrícolas de Sinaloa y Tamaulipas. Ambas entidades, por cierto, con un potencial sobresaliente en materia agrícola.

Es cierto, lo hemos ya hablado previamente con distintos legisladores, tanto del PRI como de distintos partidos, el PAN y otros, que el debate de fondo deberá darse en las comisiones respectivas, pero hoy el que se haya retirado la palabra vinculante; es decir, la obligatoriedad del mismo dentro de la normativa, ya abre las puertas a las citadas compañías para poder acaparar el campo mexicano con productos que son lesivos en las parcelas de campesinos mexicanos, además del daño a la salud, que si bien hay quien ostenta no ha sido probado, también es cierto que no ha sido probado en contrario. No hemos tenido el tiempo suficiente de analizar si el consumo de transgénicos daña la salud de la gente o daña a la tierra.

Nos preocupa un tema que tiene que ver con el tiempo. Se hizo pública la denuncia de la modificación a la que me he referido, justo el 29 de noviembre; es decir, dos días antes de terminar el sexenio pasado y es de alta preocupación que esto haya sido otorgado en estas condiciones.

No debemos olvidar que México es uno de los centros de origen y diversificación del maíz más grande, alrededor de 60 especies nativas en el país, donde aparte es nuestra base alimenticia. Pero también es un tema de cultura y tradición, debemos cuidar las razas nativas que no se vayan a contaminar con la transpolinización.

Considero que ésta es la oportunidad del actual gobierno federal para demostrar verdaderamente su preocupación real por el campo mexicano. Éste es un tema sensible, en donde debemos atender y donde podemos ver con hechos concretos el interés que haya.

Sabemos también que no es una atribución del Legislativo hacer estas modificaciones, pero sí hacemos un llamado muy enérgico a los secretarios —como dijimos ya— de Agricultura, como de Semarnat, para que se evalúen estos permisos otorgados de la siembra del maíz transgénico.

Concluiría planteando lo siguiente. En México, el tema del maíz no es un tema solamente de alimento, es un tema de cultura, es un tema de historia, es un tema de nuestros ancestros, que debe ser cuidado. Será tarde si dentro de unos años nos damos cuenta que la contaminación con transgénicos ya mermó al maíz de nuestro país y no podremos recuperar esas especies nativas.

Sería increíble que para un pequeño agricultor, que siembra para subsistir, tuviera luego que estar dependiendo de transnacionales que registren las semillas de nuestro maíz, porque ya se hayan diversificado y luego ellas tengan la patente.

Es importante destacar que es muy distinto hablar de agricultura comercial que de agricultura para consumo, para sustento. No es lo mismo un agricultor que en Sinaloa obtiene 12 toneladas por cada hectárea, a alguien que obtiene 300 kilos en Chiapas.

Por eso hago un llamado respetuoso a todos ustedes, para que votemos a favor de este punto de acuerdo y hagamos un llamado a estas secretarías para tomar cartas en el asunto, de manera impostergable. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa y de la Semarnat a evaluar los permisos otorgados a las transnacionales sobre la siembra de maíz transgénico, a fin de que se implanten medidas de protección y promoción para la conservación de las semillas nativas, suscrita por los diputados Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro y Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta Cámara de Diputados, -y dado que se ha hecho caso omiso a los tres puntos de acuerdo emitidos en esta Legislatura relativos al tema de transgénicos- el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, y suscribe la diputada Alfa Eliana González Magallanes, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Revisando los tres puntos de acuerdo relativos al tema de transgénicos, presentados en este recinto los días 25 de octubre, 20 y 22 de noviembre por los diputados José Antonio León Mendívil (Partido de la Revolución Democrática), Sergio Torres Félix (Partido Revolucionario Institucional) y por la diputada Blanca María Villaseñor Gudiño (Partido Revolucionario Institucional), respectivamente, y que a la fecha, se encuentran en status pendiente en las Comisiones de Agricultura y Sistemas de Riesgo; Medio Ambiente y Recursos Naturales, la diputada Alfa Eliana González Magallanes y yo compartimos la preocupación por la protección del maíz, los campesinos, el ambiente y la salud de los mexicanos.

II. Las empresas Monsanto, Pioneer, Syngenta, Dow Agroscience y Bayer han solicitado permiso para la siembra a escala comercial de maíz transgénico en los estados de Sinaloa y Tamaulipas, las solicitudes abarcan la totalidad del territorio cultivable de dichos estados. Los transgénicos en nuestro país son una realidad, sin embargo, numerosos estudios demuestran que pueden significar un riesgo para la salud y la afectación del medio ambiente.

III. Greenpeace denuncio ante el órgano interno de control de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a los funcionarios Alfonso Flores, actual director de la dirección general de Impacto y Riesgo Ambiental y Mauricio Limón, ex subsecretario de gestión para la protección ambiental, por dejar sin efectos las opiniones de los expertos al firmar los permisos de siembra de soya y maíz genéticamente modificados.

Cabe mencionar que el pasado 29 de noviembre, la entonces secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Elvira Quesada, modificó el artículo 27, fracción XX, del Reglamento Interior de la Institución, cerrando con ello la relación vinculatoria del análisis y la evaluación del riesgo de los cultivos transgénicos y la autorización de los permisos al campo mexicano en detrimento de las investigaciones provenientes del Instituto Nacional de Ecología, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y de la Seguridad Alimentaria.

• Anterior Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

(Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2006).

Artículo 27. La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental tendrá las atribuciones siguientes:

XX. Emitir el dictamen de bioseguridad cuando se trate de los permisos de liberación experimental, de liberación en programa piloto y de liberación comercial de organismos genéticamente modificados, competencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, previa opinión técnica vinculante, análisis y evaluación de riesgo del Instituto Nacional de Ecología, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y, en su caso, opinión de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

• Nuevo Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre de 2012).

Artículo 28. La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental tendrá las atribuciones siguientes:

XVII. Emitir el dictamen de bioseguridad cuando se trate de los permisos de liberación experimental, de liberación en programa piloto y de liberación comercial de organismos genéticamente modificados, competencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, previa opinión técnica, análisis y evaluación de riesgo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y, en su caso, opinión de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Con la desregulación del maíz transgénico para comercialización se incrementará la capacidad de inserción de transgenes en las poblaciones de maíz en México trayendo consigo serias implicaciones económicas, jurídicas, políticas y sociales para la conservación del maíz nativo en los centros de origen, domesticación y diversificación, debido a las patentes involucradas en las secuencias transgénicas.

IV. En varios países del mundo se han prohibido los cultivos transgénicos, debido al severo cuestionamiento sobre la inocuidad de dicha tecnología, su impacto en el ambiente y la salud una vez desarrollados.

Nuestro país no es sólo la cuna del maíz, segundo cereal más importante a nivel mundial, sino también es uno de los centros de origen y diversificación de semillas, un reservorio de diversidad genética sumamente necesario para mantener su producción frente a nuevas plagas y los extremos del clima, por ello el gobierno, a través de los titulares de las secretarías mencionadas, están obligados a seguir las medidas de seguridad pertinentes a fin de no arriesgar uno de los principales productos de consumo de la población mexicana.

Al introducirse los transgenes patentados en las plantas de maíz, se genera semilla nativa que se convierte en transgénica, por lo que entra en el ámbito de la propiedad intelectual y se sujeta a las reglas de las leyes de propiedad industrial en México. En un escenario de esa magnitud se proyecta que si los transgenes contaminan los maíces nativos de los centros de origen en México, nuestro maíz correrá el riesgo de ser privatizado.

México tiene otras alternativas para enfrentar el déficit en la producción de maíz sin recurrir a plantaciones de maíz transgénico. La verdadera solución ante la crisis del clima y, por ende de alimentos, está en la gran diversidad de razas y variedades de maíces mexicanos. México puede dejar de depender de las importaciones de maíz proveniente de Estados Unidos, sin adquirir una nueva dependencia a las semillas de las empresas transnacionales.

En razón de lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Único. Se exhorta al licenciado Enrique Martínez Martínez, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y al ingeniero Juan José Guerra, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para:

Primero. Realizar una evaluación de los permisos que se han otorgado para la siembra de maíz transgénico en nuestro país a las empresas trasnacionales Monsanto, Pioneer y Dow Agroscience y, en su caso, revocar, negar y evitar aquellos que atenten contra la tierra, la producción y la salud de los mexicanos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Segundo. Implementar medidas e incentivos a fin de promover estrategias que protejan la diversidad del maíz y preserven las semillas nativas, evitando con ello, que se vuelvan dependientes de las transgénicas y, en consecuencia, reducir los riesgos de contaminación que traen consigo para las cosechas, lo cual ha sido constatado por numerosos estudios a nivel mundial.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2013.— Diputados: Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, Alfa Eliana González Magallanes (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea, en términos del 58 y el 59 del viejo Reglamento —que es el que opera para la Comisión Permanente— si se considera de urgente, y aquí sí, urgente u obvia resolución, y para esta votación sí son dos terceras partes.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, se le concede el uso de la voz al senador Francisco Domínguez, porque va en contra.

El senador Francisco Domínguez Servién: Con su permiso, presidente. No quiero empezar este tema —con todo respeto, presidente de esta Mesa Directiva— sin mencionar su irresponsabilidad de no conceder anteriormente una votación a ojos de todos nosotros, para no debatir en el tema, que su partido —del cual usted es miembro— creo que tiene miedo a debatir. Me apena mucho que no haya hecho una votación legislador por legislador. Voy a mi tema.

Por supuesto que estamos a favor de que las semillas que entren a la comercialización de nuestro país, en sus variedades de maíz, sean analizadas y por eso el gobierno del ex presidente Felipe Calderón, en enero de 2010, inauguró el Centro Nacional de Referencia en Detección de Organismos Genéticamente Modificados, comandados por la Senasica.

Comparto con nuestro compañero legislador que hay que cuidar las variedades criollas mexicanas. Pero también no podemos detener, a sabiendas que somos un país importador de maíz y sobre todo, los dos estados, y quisiera abundar algún estado más, no solo Sinaloa ni Tamaulipas, sino también Jalisco, Guanajuato y algunos otros estados, donde producen fuertemente el maíz y no lo vamos a negar, siendo el comercializador que sea, que podamos tener mayor producción y mayor cosecha por hectárea sembrada.

Si nos referimos a la producción promedio nacional de los productores agrícolas mexicanos, estamos levantando tres toneladas por hectárea, y con este tipo de semillas modificadas genéticamente pudiéramos aumentar a 13 toneladas por hectárea.

México lo necesita, los pecuarios lo necesitan, así que vamos con su consideración, compañero legislador, pero para eso se creó el Centro Nacional de Referencia en Detección de Organismos Genéticamente Modificados y que se manden para su estudio.

Sí se liberaron 15 permisos, en la cual dentro de este centro quedó demostrado que cumplen con todos los requisitos de ley. Por cuanto, eso es todo, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En pro, doña Carla Alicia Padilla Ramos, del Partido Verde Ecologista de México, y con esto se cierra la lista de oradores. ¿También usted, en pro? Está bueno.

La diputada Carla Alicia Padilla Ramos:Con su venia, señor presidente. La biotecnología es tan antigua como las civilizaciones; si bien en un principio nuestros ancestros no conocían los fundamentos científicos de los métodos que dieron paso a la mejora de las plantas y otras especies, un sinnúmero de variedades han sido producidas mediante la selección y la fertilización cruzada.

Con la aparición de la biología molecular y la ingeniería genética, la biotecnología se abrió paso a nuevos horizontes. Así, los biotecnólogos se han dedicado a desarrollar y aplicar diferentes técnicas para dar origen a organismos genéticamente modificados. Estas técnicas conforman lo que se ha denominado biotecnología moderna.

Los avances en materia de biotecnología moderna aplicados a la agricultura podrían ser importantes; sin embargo, independientemente del interés en el desarrollo de nuevas tecnologías que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los mexicanos, para mi partido, el Partido Verde, no puede hacer caso omiso a las voces de alerta sobre los riesgos que la liberación de organismos genéticamente modificados pueden implicar para el medio ambiente y la salud del ser humano, particularmente en zonas de origen, como México, sobre todo cuando no se aplica la legislación vigente en la materia y para casos particulares como el del maíz.

Nuestro país cuenta con 16 razas y 300 variedades de este grano; el desarrollo de las mismas es el resultado de siglos de perfeccionamiento de experimentación por parte de nuestros pueblos indígenas.

Además de la riqueza biológica que ello representa, está la riqueza cultural, que gira en torno a este grano básico. Resulta preocupante que los cultivos experimentales con maíz transgénico podrían desarrollarse en cualquier momento, aún cuando estados, como Tlaxcala, han desarrollado legislación propia en contra de los cultivos experimentales del maíz transgénico y con el único objetivo de proteger y salvaguardar la diversidad de nuestra especie.

La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéricamente Modificados entró en vigor el 18 de marzo de 2005; sin embargo, hay que recordar que el proceso de elaboración de la misma fue sumamente debatido, además de que su aprobación fue precipitada.

Por lo anterior, manifestamos nuestro voto a favor de la presente proposición con punto de acuerdo, ya que resulta necesario que la autoridad federal implemente acciones reales de protección y conservación de las especies nativas del maíz.

Asimismo deben evaluarse todas las autorizaciones que han sido otorgadas para los cultivos experimentales con maíz transgénico, a fin de garantizar y salvaguardar las especies nativas y evitar la contaminación de los cultivos.

Compañeros legisladores, mi grupo parlamentario, el Partido Verde, se manifiesta abiertamente en contra de las plantaciones experimentales con organismos genéticamente modificados dentro del territorio nacional, particularmente del maíz, porque la protección y conservación de este grano es fundamental, desde el punto de vista ambiental y cultural. Por su atención muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Abraham Montes, tiene el uso de la voz.

El diputado Abraham Montes Alvarado: Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Señoras legisladoras y señores legisladores, solicité hacer uso de la tribuna para hablar a favor del punto de acuerdo que propone el diputado Cházaro, revisar los permisos otorgados a empresas transnacionales para la utilización de semillas transgénicas en nuestro país.

Por un lado, nadie podemos negar la gran aportación de la transgenia frente a la demanda de alimentos, que se han multiplicado por el rápido crecimiento de la población mundial; por otro lado, los cultivos tradicionales son patrimonio común de la humanidad y su desaparición está ligada a la progresiva implantación de las semillas transgénicas en la agricultura.

Comúnmente se habla de riesgos en la utilización de semillas transgénicas, y los riesgos más comunes que se invocan son: daño a la salud humana, daño al medio ambiente, modificación de prácticas de cultivos y producción de alimentos en los países desarrollados, perturbación de las prácticas y economías tradicionales en los países menos desarrollados.

Pero el riesgo más grave que se puede apreciar es el del control de la producción de alimentos en el mundo en manos de unas pocas empresas multinacionales, las cuales están empezando a manejar y dirigir el mercado mundial de alimentos y cultivos vegetales de interés comercial al margen de la actuación de los gobiernos y en algunos casos, con su consentimiento.

Hoy la capacidad de abasto en México depende más de la capacidad de importación que de la capacidad de producción nacional. Queremos que esa capacidad de abasto dependa sí de la capacidad de producción, pero no pasemos a sustituir la producción nacional con unas cuantas empresas para sustituir a los gobiernos de otros países, que hoy le están vendiendo a México. Es decir, solo sería cambiar de manos de gobiernos, a manos de empresas privadas.

Hace solo tres décadas existían más de 7 mil empresas semilleras, ninguna llegaba al 0.5 por ciento del mercado mundial. Para 2003, las 10 mayores controlaban una tercera parte del mercado y para 2005, la mitad del mercado mundial de semillas. Aunque hoy vemos muchas noticias sobre fusiones corporativas, que muestran que cada vez más hay menos empresas que controlan mayores porcentajes del mercado en todos los rubros.

Hablar de las semillas no es lo mismo que hablar de televisores; hablar de las semillas no es lo mismo que hablar de automóviles o cosméticos; hablar de la semilla es hablar de la llave de toda la cadena alimentaria en el mundo y el corazón de la vida campesina y de la agricultura.

La cuarta parte de la población mundial, los campesinos y campesinas del mundo conservan sus propias semillas para cultivar la comida de todos. En área cultivada a nivel global, las semillas transgénicas de una sola empresa cubrieron 91 por ciento de la soya, 97 por ciento del maíz, 63.5 por ciento del algodón y 57 por ciento de la canola.

Hoy una sola empresa suministra más de 3 mil 500 variedades de semillas a productores de frutas y hortalizas en 150 países; controla esa empresa el 34 por ciento de los chiles, 31 por ciento del frijol, 38 por ciento de los pepinos, 29 por ciento de pimientos, 23 por ciento de jitomates y 25 por ciento de las cebollas, además de otras hortalizas.

En la última década hemos presenciado el desmantelamiento de la investigación pública y de la producción y distribución pública de semillas en México y concomitantemente la privatización de la certificación que define qué semillas estarán en el mercado. Lejos de ser un problema solamente campesino, lo que está en juego es quién definirá lo que comemos todos, quiénes tendrán acceso a la comida, cuándo sí y cuándo no, y a qué precio. Por eso el gobierno mexicano debe retomar la rectoría en el tema de producción semillas y ser parte activa en la generación de tecnologías de transgenia y que los resultados obtenidos sean un bien público que permita controlar y poner orden a los particulares.

Por eso vamos a votar a favor de la propuesta que hace el diputado Cházaro. Pero además, por la importancia del tema, la superficie cultivable y el número de productores impactados, le proponemos al señor proponente: solicitamos se agregue la ampliación del acuerdo para que el tema de uso de las semillas transgénicas en México se turne a la Tercera Comisión de la Permanente, a fin de que ésta realice un análisis más amplio y detallado, a través del cual se consulte a técnicos expertos, organizaciones y productores.

Lo que deseamos es que este proceso salga y se comparta con la gente y que no solamente sea exclusivo del conocimiento de los legisladores. Es cuanto, señor proponente. Es cuanto, señor presidente, gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Finalmente, el senador Demédicis.

El senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, presidente. Compañeros senadores, senadoras; compañeros diputados, compañeras diputadas. El tema sin duda que es de la más alta relevancia.

Coincidimos plenamente con los que han pasado a tomar el uso de la palabra a favor, porque efectivamente las semillas transgénicas son propiedad privada y al margen de cómo lleguen a los campesinos, a los agricultores, la dueña de la patente la ley la faculta para que reclame.

Imagínense lo gravísimo del problema. Miles de campesinos en el país de repente van a ver que donde sembraron semillas nativas, aparecen —sin darse cuenta— plantas de semillas transgénicas, y si compañías como Monsanto se dan cuenta de eso, pues van a ir con ese campesino, que no sabe cómo llegó, pero ya están ahí, y entonces Monsanto presentará las demandas correspondientes y ese campesino estará obligado frente a la ley a pagarle a Monsanto una indemnización por estar utilizando semillas no autorizadas. Así de grave es el problema.

El Congreso mexicano no puede ser cómplice de este tipo de actitudes; el Congreso mexicano tiene que erigirse en el gran defensor de lo nuestro y lo nuestro son las semillas nativas, que han demostrado su eficacia cuando se les cultiva de la manera adecuada, cuando se protege la tierra de abonos químicos que empobrecen a las mismas, cuando se riegan con aguas limpias y por supuesto que la producción por hectárea estaría garantizada si se cumple con estos requisitos.

Pero, ¿qué está sucediendo? Ha habido un abandono criminal de nuestro campo. A veces se pisan cayos, pero es necesario hacerlo, compañeras, compañeros, si realmente queremos que la situación del país cambie. No podemos caer en complicidades vergonzantes, porque nuestro propio futuro está en riesgo.

Decía un campesino tlapaneco, en un evento que tuvimos en el Senado de la República, en esta lucha que estamos dando en contra del hambre: Compañeros senadores, también ustedes se mueren de hambre, también ustedes, funcionarios, se mueren de hambre, y si siguen con esas políticas de no atender de manera urgente y prioritaria al campo, no tardará el día en que los extraterrestres vendrán a dar cuenta de que un día hubo en este planeta, llamado Tierra, una raza llamada humana.

Cuanta razón de ese indígena tlapaneco, que alzó su voz por los sin voz del país, que están siendo vulnerados por este tipo de políticas que permiten los transgénicos.

La dependencia alimentaria es verdaderamente escandalosa; por eso en el Plan Nacional de Desarrollo tenemos que plantear políticas públicas que garanticen el rescate del campo, que garantice el rescate de los minifundios, que garantice la producción social del país con semillas nativas, no con transgénicos que dañan a la tierra y dañan a los seres humanos.

Depende de nosotros, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, que la situación del país cambie, solamente de nosotros.

En el Plan Nacional de Desarrollo tenemos que ser muy contundentes de las políticas públicas que queremos implementar para el campo en este nuevo gobierno que inicia recién su gestión. Estamos a tiempo de salvar al campo mexicano y estoy convencido de que el Congreso de este país va a hacer su parte para que así sea. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

CASINOS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Ricardo Monreal, de Movimiento Ciudadano, para presentar proposición con punto de acuerdo en relación a los casinos en México, así como para instalar una comisión de investigación bicamaral para obtener información sobre el tema del otorgamiento de permisos para la operación de casinos.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadanos legisladores, ciudadano presidente, vengo a esta tribuna de la Comisión Permanente a presentar un punto de acuerdo que es trascendente para la vida del país, trascendente para combatir la corrupción, trascendente para que los mexicanos obtengan información que sea transparente sobre todo lo que está pasando en el país en relación con este tema.

La información más reciente que han publicado los medios de comunicación sobre el exceso y corrupción, tráfico de influencias, dádivas, sobornos, colusión de servidores públicos y conflicto de intereses, relacionados con el tema de los permisionarios y operadores de casinos, nos obliga a reflexionar sobre las últimas modificaciones efectuadas al Reglamento de la Ley General de Juegos y Sorteos, en octubre del 2012 y que motivaron una controversia constitucional por esta Cámara de Diputados.

Consideramos que los hechos han sido contundentes, han ido demostrando que la forma atropellada, ilegal e inconstitucional con que fue elaborado dicho reglamento fundamenta la sospecha de que tal proceder obedeció a la intención de favorecer indebidamente a un grupo selecto de permisionarios y operadores de casinos.

Esta situación se hizo costumbre como práctica de gobierno en el pasado reciente. El entonces secretario de Gobernación otorgó concesiones para juegos de azar en el 2004, situación llevada al absurdo en el pasado gobierno, con las lesivas reformas por decreto al Reglamento de la Ley General de Juegos y Sorteos, que lesiona el sentido de la prohibición constitucional a los juegos de azar, a las apuestas, creando en los hechos una red de contubernio y complicidad entre casinos, casineros, jueces y funcionarios públicos.

No actuar en contra de este atropello constitucional nos haría y nos hará cómplices de tanta ilegalidad.

Al establecer una salvedad a la prohibición de instalación de máquinas tragamonedas a favor de los casineros —ya que contaron con un permiso— el Ejecutivo, contrariamente a la Constitución, legisló y vulneró la división de poderes, el principio de supremacía de la ley y su obligación constitucional de velar por la estricta observancia de la ley por la administración pública.

Cómo no sospechar de las motivaciones que hubo detrás de ese reglamento, aprobado de última hora, como un regalo para esa red oscura de operadores de casinos. Ahora surgen elementos que ponen al descubierto el rol de diversos ex funcionarios en una red ilícita para el otorgamiento de varios permisos, para la instalación de casinos o casas de apuestas de manera irregular.

Resulta indignante la simple sospecha de que la autoridad encargada para guardar la ley en la materia, la Secretaría de Gobernación, durante el sexenio pasado haya sido el caldo de cultivo y parte de las negociaciones de operaciones contrarias a derecho para favorecer intereses particulares y francamente delictivos.

Se han ventilado acusaciones muy serias en radio y televisión contra funcionarios públicos, ex funcionarios y legisladores importantes, y que deben deslindarse responsabilidades de toda índole, sean civiles, penales o administrativas.

Los vínculos en esa red delictiva con funcionarios públicos se hace cada vez más evidente; desde hace más de un año ya se publicaban acusaciones, se filtraban contra funcionarios de la Secretaría de Gobernación hechos delictivos o conductas probablemente delictivas y que no fueron nunca investigadas por ninguna autoridad.

Ahora estos nombres, muchos nombres salen a deslucir, a relucir, todos ellos vinculados, todos ellos sometidos a un círculo, en los que nosotros creemos deben de investigarse.

Al parecer los personajes aludidos se aprovecharon de la cercanía con el circuito más allegado a la Presidencia de la República para después de separarse de sus funciones en Gobernación como asesores, constituir una empresa dedicada a la gestión irregular de asuntos relacionados con las actividades de los casinos, que desembocó en el desproporcionado enriquecimiento de estos personajes y los convirtió en propietarios de casinos.

Se ha hablado también de la intervención directa de ex funcionarios del gobierno federal a favor de la instalación de casinos y centros de apuesta, donde su operación se va en contra del ordenamiento jurídico, llegando inclusive al ofrecimiento de importantes cantidades de dinero para ello.

Las circunstancias hacen relevante el caso, pues pese a lo complejo del mismo, se establecen relaciones con diversos actos de la administración pasada, como el otorgamiento de los permisos de operación a 94 casinos el día 30 de noviembre de 2012, a minutos de que concluyera la gestión.

Si se demostraran los actos llevados a cabo por funcionarios de la anterior administración, serían no solo simple actos de corrupción, sino un verdadero asalto a la vida democrática nacional.

El Congreso mexicano no puede convertirse en cómplice; por fortuna la Cámara de Diputados ha interpuesto una controversia constitucional contra el Reglamento de Juegos y Sorteos.

Concluyo, presidente. Debemos poner al descubierto, ciudadanos legisladores, esta ruleta de corrupción e impunidad. No podemos admitirla. Estoy planteando cuatro puntos, cuatro puntos que contienen este documento, que son:

Primero. Que la Comisión Permanente de este Congreso mexicano exhorte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el marco del examen sobre la controversia constitucional 123/2012, pueda revisar y resolver con la mayor brevedad y diligencia el expediente, con absoluto respeto a la Constitución. Nosotros creemos que debe de declararse inválido e inconstitucional.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a que se inicien las investigaciones, a fin de esclarecer los hechos sobre la posible existencia de una red de tráfico de influencias, que ya ha sido descrita ampliamente en los medios de comunicación y también en esta intervención.

Tercero. Se exhorta al ministro Pérez Dayán, para que se excuse de conocer a participar en la resolución del caso, por ser notorio y ostensible el conflicto de intereses en que podría estar incurriendo, ya que este ministro resolvió el tema de los permisos unos días antes de ser nombrado ministro de la Corte.

Cuarto. Se instale una comisión plural de diputados para la investigación, para obtener información sobre el tema del otorgamiento de permisos para la operación de casinos y para ser coadyuvante con el Ministerio Público.

Por último, me gustaría mucho que también esta Permanente se pronunciara, porque el reglamento, que está sub iúdice, combatiéndose por la controversia constitucional, se declarara inaplicable; que esta Permanente pudiera exhortar al secretario de Gobernación para que no aplique este reglamento, a todas luces ilegal, inconstitucional y que estamos asistiendo a una verdadera ruleta de oprobio, de corrupción, de impunidad.

Nosotros no vamos a descalificar ni adelantar juicios contra nadie; vamos a esperar la investigación, porque también hemos sido víctimas en otras ocasiones y no queremos pronunciarnos con anticipación. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, respecto a los casinos en México y a la instalación de una comisión bicamaral de investigación sobre el otorgamiento de permisos para operarlos, suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a esta asamblea puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La información más reciente que han publicado los medios de comunicación sobre excesos y corrupción, tráfico de influencias, dádivas, sobornos, colusión de servidores públicos y conflictos de intereses relacionados con el tema de los permisionarios y operadores de casinos nos obliga a reflexionar sobre las últimas modificaciones efectuadas la Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, de 19 de octubre de 2012, que motivaron una controversia constitucional por la Cámara de Diputados.

Consideramos que los hechos han ido demostrando que la forma atropellada, ilegal e inconstitucional con que fue elaborado dicho reglamento fundamenta la sospecha de que tal proceder obedeció a la intención de favorecer indebidamente a permisionarios y operadores de casinos.

Esa situación se hizo costumbre como práctica de gobierno en el pasado reciente. El entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, otorgó concesiones para juegos de azar en 2004. La situación fue llevada al absurdo en el gobierno del presidente Calderón, con las lesivas reformas por decreto del Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, que lesiona el sentido de la prohibición constitucional a los juegos de azar y las apuestas, creando en los hechos una red de contubernio y complicidades entre casinos, jueces y funcionarios públicos.

No actuar contra ese atropello constitucional nos haría cómplices de tanta ilegalidad.

Al establecer una salvedad a la prohibición de instalar máquinas tragamonedas a favor de los casineros ya que contaran con un permiso, el Ejecutivo, contrariamente a la Constitución, legisló y vulneró la división de poderes, el principio de supremacía de la ley suprema y su obligación constitucional de velar por la estricta observancia de la ley por la administración pública.

¿Cómo no sospechar de las motivaciones que hubo detrás de ese reglamento aprobado de última hora como un regalo para esa red oscura de operadores de casinos?

Ahora surgen elementos que ponen al descubierto el papel de diversos ex funcionarios en una red ilícita para otorgar permisos a fin de instalar casinos o casas de apuestas de manera irregular.

Resulta indignante la simple sospecha de que la autoridad encargada de guardar la ley en la materia, la Secretaría de Gobernación, durante el sexenio pasado haya sido el caldo de cultivo y parte de negociaciones y operaciones contrarias a derecho para favorecer intereses particulares y francamente delictivos.

Se han ventilado acusaciones muy serias en radio y televisión contra un funcionario que ocupó cargos en la Secretaría de Gobernación y fungió como secretario particular del presidente Calderón.

Los vínculos en esa red delictiva con funcionarios públicos se hacen cada vez más evidentes. Desde hace más de un año ya se publicaban acusaciones y se filtraba información contra funcionarios de la Segob de ese entonces que presuntamente eran investigados por la PGR por actos de corrupción, y nada se hizo contra ellos.

Ahora estos nombres salen a relucir, todos ellos vinculados a Juan Iván Peña Nader, a quien ahora su ex esposa Thalía Vázquez ha puesto al descubierto en sus actividades delictivas y quien está preso en un penal federal de Matamoros.

Los personajes aludidos se aprovecharon de su cercanía con el circuito más allegado a la Presidencia de la República para, después de separarse de sus funciones en la Segob como asesores del subsecretario de Gobierno, constituir una empresa dedicada a la gestión irregular de asuntos relacionados con el sector casinero, que desembocó en el desproporcionado enriquecimiento de estos personajes y los convirtió en propietarios de casinos.

Asimismo, se ha hablado de la intervención directa de ex funcionarios del gobierno federal en favor de la instalación de casinos y centros de apuestas, cuya operación va contra el orden jurídico, llegando incluso al ofrecimiento de importantes cantidades de dinero para ello.

Las circunstancias hacen relevante el caso, pues pese a lo complejo de éste, se establecen relaciones con diversos actos de la administración calderonista, como el otorgamiento de los permisos de operación a 94 casinos el 30 de noviembre de 2012, a minutos de concluir su gestión.

Los actos llevados a cabo por funcionarios de la anterior administración no son simples actos de corrupción, son un asalto a la vida democrática nacional. La Cámara de Diputados ha actuado diligentemente y en consecuencia, interponiendo una controversia constitucional para señalar este ataque contra las instituciones y los ciudadanos.

Es menester recordar los hechos del 25 de agosto de 2011, recordar el casino Royal en Monterrey, Nuevo León, recordar las 52 víctimas de aquel día, recordar a sus familias, recordar las acusaciones hechas entre funcionarios municipales y federales. Es momento de no eludir la responsabilidad que nos toca y clamar un “ya basta” en nuestro papel de representantes populares y, en consecuencia, con nuestro mandato constitucional.

Es indispensable que esos hechos se investiguen a fondo y sin dilación. Es necesario también conocer el resultado de la controversia interpuesta por la Cámara para tener la certeza de que ese reglamento, autorizado de manera subrepticia e ilegal, no legalice posibles actos basados en la corrupción y el tráfico de influencias.

Es necesario asimismo que el ministro Alberto Gelasio Pérez Dayan se excuse de conocer o participar en la resolución de la controversia constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados debido al conflicto de interés que le afecta al haber aprobado el Séptimo Tribunal Colegiado al que perteneció justo antes de su nombramiento al pleno de la Suprema Corte, los amparos que han permitido la operación de numerosos casinos, con lo que su conducta no podría asumirse cercana a la objetividad y a la justicia.

Por todo lo expuesto se solicita a esta soberanía que sean aprobados de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con absoluto respeto de la división de poderes, hace un atento exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, en el marco del examen sobre la controversia constitucional 123/2012, interpuesta por la Cámara de Diputados, revise y resuelva con la mayor brevedad y diligencia el expediente, con absoluto respeto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar las investigaciones a fin de esclarecer los hechos sobre la probable existencia de una red de tráfico de influencias operada por ex funcionarios de la Secretaría de Gobernación relacionado con los operadores y permisionarios de casinos y casas de apuesta.

Tercero.Se exhorta al ministro Alberto Gelasio Pérez Dayan a excusarse de conocer o de participar en la resolución del caso, por ser notorio y ostensible el conflicto de intereses en que podría estar incurriendo.

Cuarto. Se instale una comisión bicamaral de investigación a fin de obtener información sobre el tema del otorgamiento de permisos para operar casinos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2013.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea, en términos del 58 y 59, si se considera de urgente u obvia resolución.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Ciudadano presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, tiene el uso de la voz don Roberto Gil Zuarth, en pro.

El senador Roberto Gil Zuarth: Con su permiso, señor presidente. Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, vengo a esta tribuna con sentido de honor, no solamente a respaldar la propuesta que ha hecho el diputado Ricardo Monreal, de que se realice una profunda investigación a cargo de una comisión plural de diputados, en torno a las imputaciones que recientemente se han hecho en los medios de comunicación.

Desde temprana hora, desde el primer momento en que esas imputaciones fueron realizadas, todas ellas sin ningún elemento probatorio que me incriminase o me involucrara, he salido a dar la cara, a dar paso a cada una de estas acusaciones, y precisamente por eso vengo hoy a esta tribuna, al Congreso al que pertenezco, no solamente a respaldar esas investigaciones, sino a someterme a las investigaciones que este Congreso determine.

Precisamente por eso haré entrega —en este momento— al presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de un oficio, una carta de autorización, para que el Congreso, cualquiera de sus comisiones que realice una investigación, tenga pleno acceso a mis cuentas bancarias y que no sea oponible ninguno de los secretos que ampara a una persona ni el secreto fiduciario ni el secretario bancario ni el secreto fiscal.

Pongo a disposición esta autorización, para que la Comisión Permanente acuerde lo conducente. No solamente es necesario que se aclaren esas imputaciones, sino también que se prueben esas imputaciones.

La única manera de que la verdad salga a flote es que las autoridades que tienen facultades para investigar lo hagan. No solamente he planteado una demanda por daño moral contra la persona que me ha acusado sin pruebas, para que acuda ante un juez y las presente y acredite cada uno de sus dichos.

Hoy vengo a solicitar a esta Comisión Permanente, que la comisión de investigación que se quiera formar, tome conocimiento y asuma como objeto las imputaciones que personalmente se me han hecho y no solamente eso, en el momento en el que sea señalado en alguna investigación por una autoridad distinta al Congreso, ministerial o administrativa, no me escudaré en el fuero para enfrentar esas acusaciones.

Pero creo que lo que ha surgido en los últimos días debe llamarnos a una reflexión mayor. Debemos investigar, con total profundidad y claridad, el estado que guarda la industria del juego con azar en nuestro país, no solamente los supuestos permisos que se otorgaron en último momento o los que se generaron en administraciones recientes, es necesario revisar la regularidad jurídica de cada uno de los permisos que hoy están vigentes en nuestro país, los que se otorgaron antes y los que se otorgaron durante las administraciones recientes; saber quiénes son los propietarios, quienes son los operadores, cuáles son las redes de protección política que tengan y también si alguno de esos permisos fue producto de algún acto de corrupción.

Debemos revisar, con total profundidad, desde el Congreso mexicano, cada uno de estos permisos, desde Baja California hasta Quintana Roo, sin ninguna excepción y sin ninguna excusa, y solo a partir de esa investigación tendremos entonces ocasión, como Congreso y también como autoridad del gobierno de la República, para poder modificar y definir las reglas a las que se va a someter esa actividad económica, que por supuesto, por su relevancia e implicaciones, está sujeta a controles públicos.

En consecuencia, la investigación tiene que ser profunda sobre el estado que guarda esa industria desde sus orígenes, su evolución y su estado actual. Todos y cada uno de los permisos tienen que ser revisados con total profundidad.

Difiero en que el único problema que tenemos que resolver y exhortar es que la Suprema Corte de Justicia resuelva la modificación al reglamento realizada en el mes de agosto.

La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados respaldó la interposición de la controversia constitucional, porque no tenemos ningún motivo para evadir que ese juicio constitucional se haga sobre ese reglamento.

Pero la solución de fondo, dado el nivel de preocupación que existe en nuestro país sobre la forma de operación de los casinos y los juegos con azar, la verdadera solución de fondo es que se suspenda la vigencia del Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos. De manera tal, que no haya posibilidad procedimental alguna para que se otorgue un nuevo permiso o se abra un nuevo establecimiento.

El exhorto de la Comisión Permanente debe ser: declarar una moratoria a la vigencia del Reglamento de Juegos y Sorteos hasta determinar el estado actual de esa industria y que el Congreso decida las reglas a las que vamos a someter ese mercado.

Concluyo, señor presidente, diciendo: estoy cierto, confiado porque la verdad saldrá a flote. No me he escondido ni me esconderé nunca frente a ninguna imputación. Puedo ver de frente a mis compañeros y puedo asumir con honor mi responsabilidad de legislador.

En las manos de este Congreso está el resultado de las investigaciones, pero también la exigencia a quienes han hecho imputaciones, sin probarlas, a que demuestren cada uno de sus dichos. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Doña Lilia Aguilar Gil, tiene usted el uso de la voz.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente y muchas gracias a la asamblea. Pareciera que Thalía Vázquez Alatorre abrió la caja de Pandora, o para los que son amantes de la ciencia, hacer la analogía y abrió un gran hoyo negro que nos lleva a una realidad alterna, donde, o no hay actos de corrupción alguna en la asignación de los permisos y la validación de los mismos para el tema de casinos o esto es —y discúlpenme la palabra— un cochinero.

Recuerdo que en 2004 el tema del debate de abrir o no lugares para poder llevar a cabo juegos de azar fue un debate amplio. Aunque era mucho muy joven —más de lo que soy ahora— recuerdo que aquel debate nos llevaba a cuestiones, no solamente éticas y morales, sino que tenían qué ver con la cultura del mexicano y el impacto económico que esto tendría en los bolsillos de quienes nosotros representamos ahora.

Coincido con el diputado Monreal, en que en 2004 hubo este gran debate y se hablaba de las máquinas tragamonedas y si realmente eran juegos de azar o no, pero el sexenio de Calderón esto se volvió, finalmente, un embrollo oscuro de millones y millones de pesos.

El tema de los casinos, finalmente hoy viene y revienta en esta —digamos— lucha que tiene Thalía Vázquez Alatorre contra su ex esposo y creo que remata en días pasados, cuando el ex subsecretario Obdulio Ávila, en unas declaraciones —muy temerarias, diría— afirma que no hubo acto de corrupción alguna en la asignación de los permisos y las validaciones de los casinos; que el escándalo que hoy se presenta es un escándalo entre casineros y que no se autorizaron —como ya bien se dijo en esta tribuna— 94 permisos para operar casinos dos minutos antes de que se cerrara la administración del ex presidente Felipe Calderón, sino que se hizo desde agosto y que se transparentó hasta noviembre, pero que no había nada que esconder.

Argumenta finalmente que él lo que buscaba es que Juan José Rojas, que tiene actualmente el 30 por ciento de los permisos en el tema de casinos, no monopolizara el mercado, y por eso dos minutos antes se quitaron estas 47 concesiones; se validó a Producciones Móviles y a Exciting Games para que operara 47 centros de apuestas que le pertenecían ya —según él— a Juan José Rojas, que ya he mencionado anteriormente supuestamente que monopoliza este mercado.

Les diría que todo esto son dichos, en efecto, todo esto es la historia contada por sus protagonistas. Pero no sabemos realmente qué es lo que sucedió, y es por eso que venimos a posicionarnos en esta tribuna a no solamente a crear esta comisión bicamaral, sino que se investigue a fondo este tema.

Coincido con el senador que me antecedió en la palabra, que se deben de revisar todos y cada uno de los permisos, con lupa y profundidad. Solamente quiero añadir a esto, que ojalá esto se hubiese hecho cuando se dieron estos permisos y cuando se concesionaron estas licencias a los permisionarios; ojalá se hubiese hecho por la administración de Felipe Calderón y ojalá se hubiese hecho por el anterior secretario de Gobernación, y por el anterior subsecretario.

Finalmente, lo que nos queda a nosotros como legisladores es responder no solamente a quienes representamos aquí, sino a todos los mexicanos, que hayan votado o no hayan votado por nosotros, y tratar este tema, que es un tema que aparentemente es de millones y millones de pesos en derrama económica.

Es por eso que venimos a posicionarnos aquí para decir que se detenga —como ya se ha pedido en esta tribuna— la vigencia del reglamento; que se cree la comisión bicamaral, que haría que nosotros los legisladores cumpliéramos con nuestra responsabilidad. Pero sobre todo solicitarle a la PGR que investigue estos temas y a todos aquellos, los implicados, para que —como ya dijo el diputado Monreal y también el senador que me antecedió en la palabra— no solamente se quede esto en acusaciones o en el juego mediático, sino que se deslinden, se investiguen, se limpien nombres, pero también se finquen responsabilidades.

Porque de este tema —eso sí— no podemos ser ingenuos y creer que no pasa nada y que no pasó nada, y que esto es Alicia en el país de las maravillas, y que este hoyo negro nos lleva a una realidad alterna, donde no hubo corrupción en un negocio tan millonario como éste. Es cuanto. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Finalmente, don Luis Espinosa Cházaro, tiene el uso de la voz, y el señor senador José María Martínez también va a hacer uso de la voz.

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro: Gracias, señor presidente. No será necesario quizá ocupar todo el tiempo, porque ya ha sido expuesto con toda claridad, con toda puntualidad por el diputado Monreal, y me parece que con tanta información no habrá que estar repitiendo lo que aquí se expone.

Es preocupante un escándalo más, no es el primero que tenemos en la luz pública, ahora es el tema que se pone en los medios —como ya se dijo aquí— ahora pareciera el tema de moda, pero es evidente y obvio que tenemos un gran hoyo negro, un gran problema.

Para nosotros un tema indispensable en su discusión es esta discrecionalidad y la opacidad que ha habido en el tema de los permisos. Nosotros hemos venido señalando, lo hicimos en la legislatura anterior, lo hizo Jesús Zambrano como miembro de la misma, entregó públicamente al secretario de Gobernación de entonces una lista de casinos ilegales y ahí siguieron, y ahí siguieron operaron y hay algunos que todavía lo hacen. No es un tema nuevo para el PRD.

El PRD históricamente se ha manifestado en contra de esta discrecionalidad, de esta forma de llevar a cabo la entrega de los permisos y pondría hoy en la máxima tribuna de la nación: ¿Qué han dado los casinos a nuestro país?

Se dijo en la discusión inicial que iban a traer más turismo, que iban a acercar a la gente y vemos que son los mexicanos los que están jugando en los casinos; que han traído 54 muertos en el casino Royal de Monterrey, Nuevo León, que estaba en esa lista que el hoy presidente Zambrano entregó; entonces, sería completamente irresponsable seguir solamente en el discurso de que vamos a hacer algo al respecto.

Se han cuestionado a los subsecretarios en la materia. Ahora resulta que nadie sabe nada, que nadie fue.

Reitero, los casinos ahí están, basta dar una vuelta por el país para ver que hay más número de casinos físicamente, que el número de permisos, lo que hoy hemos estado debatiendo aquí.

En el gobierno saliente, se reformó —como ya se dijo— el decreto al reglamento. Queda un espacio jurídico, una laguna jurídica, que hoy tiene motivada a la controversia.

Es indispensable —como ya se ha manejado aquí, y el Grupo Parlamentario del PRD se manifiesta en ese sentido— que evitemos ya que esto siga siendo una laguna legal para que se aproveche con claras intenciones de favorecer algunos.

Y para ahondar en la sospecha se otorgan permisos el 30 de noviembre de 2012, a minutos de concluir la gestión de Felipe Calderón.

Planteo en esta tribuna, como reza el dicho popular: Hacemos cosas buenas, que parecen malas.

El tamaño del problema debe ser puntualizado, debe ser analizado; existe una red de corrupción, en la que necesariamente habrá ex funcionarios que gestionan trámites de los permisos, esto es evidente, y queremos saber desde aquí, si hay o no hay investigaciones, si están abiertas las mismas; si no, que se inicien de inmediato. Porque no puede ser solamente un tema mediático. Ya cobró vidas. Hay funcionarios que tienen necesariamente que tener responsabilidad y ya no puede quedar esto en la opacidad.

Nuestro grupo parlamentario considera indispensable que estos hechos se investiguen a fondo, como ya se dijo aquí, eso es lo que más conviene a todo; que quede claro quiénes fueron los responsables y quiénes no; que tanto la Secretaría de Gobernación como la PGR informen de manera formal y a la brevedad la situación que guardan los casinos y las casas de apuesta en nuestro país, y que el Poder Judicial resuelva sobre la controversia interpuesta por la Cámara, para tener la certeza de que ese reglamento no viole la ley y la Constitución, y que ante la omisión de estas autoridades se generen vacíos propicios para la corrupción.

Lo que queremos dejar muy claro en el Grupo Parlamentario del PRD es no más corrupción, no más opacidad; es necesario que se deslinden responsabilidades; que quede claro cómo se dieron estos permisos. Que aquellos que no cuentan con los permisos correspondientes sean clausurados de inmediato y regularicemos esta cuestión, que está a todas luces y desde su origen, de manera completamente irregular. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. El senador José María Martínez Martínez, del PAN. Con esto cerramos la lista de oradores.

El senador José María Martínez Martínez: Gracias, diputado presidente. Así como lo ha externado nuestro compañero Roberto Gil, la bancada del PAN saluda y ve con beneplácito que hoy decidamos con responsabilidad y con honor el enfrentar un tema de esta naturaleza, que no solo —también lo externó ya el diputado proponente— desde los últimos días, sino ya tiene algún rato en los medios de comunicación, pero no con el nivel que hoy estamos queriendo nosotros darle, que me parece el justo y el adecuado.

A favor sin duda de la investigación; a favor de la visión que ha propuesto el senador Gil, aquí en esta tribuna, para que concluya en la regulación que requiere esta actividad económica en el país. Pero no solo desde el ámbito de la atribución del gobierno federal, sino también desde el ámbito local y hasta municipal, porque ahí es donde concluye el acto de instalación de un giro de esta naturaleza, con la licencia municipal que en muchas de las ocasiones son meros trámites en automático, cuando se está ostentando ya un permiso por parte de la Secretaría de Gobernación.

Vamos a favor también del primer punto que se propone con respecto al exhorto a la Suprema Corte.

Lo que aquí vengo a proponer es que de aquí no se deduzca o no queramos deducir un desprestigio a la alta Corte constitucional de este país; se está poniendo en entredicho a uno de sus integrantes, al ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, en el punto tercero, de quien propone este punto de acuerdo, y no me parece que sea ni lo pertinente ni lo sabio por parte de esta Comisión Permanente, toda vez que la actividad jurisdiccional que realizó el magistrado, en su momento magistrado en el tribunal del que formaba parte, lo hace precisamente en sus atribuciones constitucionales, nunca bajo un interés personal, porque aquí se estaría poniendo en entredicho que sí o no el magistrado pueda tener un interés.

Me parece claro que no lo tiene, me parece claro que debemos eliminar este punto tercero para caminar a lo que verdaderamente importa, el poder deducir de aquí, de esta actividad de la Comisión Permanente, si hay o no irregularidades en esta actividad económica cuyos permisos están cuestionados.

Por tanto, propongo de manera puntual, diputado presidente, que someta a consideración de esta asamblea, la eliminación del artículo tercero del punto de acuerdo que se propone. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Bueno, don Francisco Domínguez, para rectificar hechos del senador José María Martínez.

El senador Francisco Domínguez Servién: Gracias, presidente. El Grupo Parlamentario del PAN va a votar a favor, excepto el tercer punto, del magistrado, de lo que ha propuesto nuestro compañero el diputado Monreal, porque lo hacemos con toda la cordura.

Estamos totalmente seguros de que cumplimos con la ley y aquí lo único que puedo decir es que agradezco a la señora que ha salido en los medios de comunicación, que dijo que el alcalde de Querétaro fue el único que dijo que no al casino Royal de Querétaro, por lo cual alguien había recibido 800 mil dólares.

Nadie me llamó, nadie me pidió el favor ni un legislador importante ni un ex funcionario de la Secretaría de Gobernación.

Aquí voy a lo que dice mi compañero senador José María Martínez. Hay que ir a fondo, como propuso el senador Roberto Gil; hay que ir municipio por municipio donde está puesto cada casino.

El problema es que los presidentes municipales no conocen la ley y van con los secretarios a pedir el permiso de giro de restaurante con tragamonedas, y el engaño a quien en los municipios no conoce la ley, dan el permiso de restaurante con tragamonedas, pero el tragamonedas son las maquinitas de dulces y juguetes para los niños y el abuso de los casineros a con eso abrir no un restaurante con tragamonedas, sino un casino completo.

Ahí ahora le toca a la autoridad en turno. Un exhorto desde aquí —si me permite añadirlo el diputado Monreal— a que la Secretaría de Gobernación vaya municipio por municipio donde están instalados los casinos. Si me permite que se añada en un sexto punto, diputado, porque la Secretaría de Gobernación es la que tiene que expedir la licencia para abrir un casino o no.

Le puedo asegurar desde esta tribuna que hay un sinnúmero de casinos que solo tienen el permiso de giro de restaurante con tragamonedas y no tienen permiso de Gobernación.

Ahí van a salir seguramente actos de corrupción de diferentes presidentes municipales, no sé de qué partido, pero van a salir de varios partidos, y ahí es donde vamos a subir a decir qué presidente municipal, de qué partido es y por qué otorgó abrir o no, cerró o canceló, como sí lo hicimos en Querétaro.

Ningún día funcionó el casino Royal y todavía fuimos y cerramos el casino Palmas, porque le exigí a la Secretaría de Gobernación que por escrito me informara si tenía permiso el casino Royal, y por escrito me contestó que no y por eso nunca dejamos abrir un casino y no tuve una llamada de ningún compañero de partido ni de ningún ex funcionario de la Secretaría de Gobernación.

Así que estamos con la frente en alto mis compañeros senadores y diputados, y como lo dijo mi compañero senador Roberto Gil, que actúen rápido las autoridades de la Procuraduría.

Les apuro tantito a mis compañeros del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano: entrémosle el primero de febrero a la reforma política para que se nos quite el fuero a diputados y a senadores. No podemos ostentarnos ante los ciudadanos de diferente forma, a hacer lo que tenga que hacer una autoridad judicial. Hagámoslo rápido, porque bajo ningún escándalo vamos a estar separándonos de nuestros cargos mientras la autoridad decide. Quitémonos el fuero para que siendo ciudadanos o siendo legisladores, la ley actúe por igual. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bueno. Le vamos a dar la palabra al diputado Monreal, para alusiones. Adelante.

Esta Presidencia le informa al senador Domínguez, que necesitamos su propuesta por escrito.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Primero, ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, debo expresar que es una actitud correcta de enfrentar las cosas y me parece pertinente que los cuatro puntos planteados puedan subsistir, y le voy a decir al preopinante porqué.

No se juzga, no se prejuzga al ministro Pérez Dayán. Hay elementos que la comisión investigadora —al crearse— los obtendrá, que relatan que el ministro Pérez Dayán, como magistrado, otorgó suspensiones y amparos en esta materia.

No es prejuzgar, incluso el nivel del punto de acuerdo es un exhorto, no es ni siquiera una solicitud de recusación del propio ministro de la Corte a conocer; en un primer momento el ministro Pérez Dayán, recibió la controversia constitucional, no otorgó la suspensión provisional y como consecuencia, creemos que no va a otorgar la suspensión definitiva.

Ahora está en manos, al presentarse un recurso contra esa decisión del ponente Pérez Dayán, el recurso está en manos de otro ministro de la Corte, que es el ministro Fernando Franco; entonces, no estamos prejuzgando. A mí me gustaría mantenerla.

Sí, este nivel del debate ha sido el correcto, y la actitud, incluso, de uno de los involucrados, como es el senador Roberto, me parece correcta.

Nosotros en la oposición no descalificamos por descalificar. Cuando tenemos elementos los hacemos valer, y creo que él tiene el derecho a defenderse y asumir una actitud, y la que ha enfrentado en la Permanente es la correcta.

Es más, le tomo la palabra al senador Roberto Gil, en este quinto punto, quinta proposición, en donde dice no solo eso —dice el senador— sino que la Permanente exhorte a la Secretaría de Gobernación para que no se aplique el Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos —y dice él— y vayamos a fondo.

Porque entonces, si ese punto se plasma como quinto punto, incluso el Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, que está sub iúdice, porque no se ha resuelto por la Corte, dejaría de tener un efecto y dejaría de tener un objetivo, porque de hecho —de hecho, no de derecho— se inaplica. Es la inaplicabilidad de un reglamento que está siendo combatido mediante una controversia constitucional en la Corte y que hay voluntad en los actores políticos.

Me gustaría, incluso, que fuera por unanimidad. Escuchaba al diputado Cházaro, a Lilia, y me parecen posiciones correctas. No estamos en esta Permanente prejuzgando, estamos expresando una voluntad política de que se investigue lo que en los medios de comunicación se han expresado, actores sociales de distinta naturaleza, y me parece correcto que tomemos el toro por los cuernos y digamos: vayamos a constituir la Comisión; vayamos a exhortar a la Procuraduría a que se inicie la averiguación previa correspondiente para que consigne, si es que existen presuntos responsables y se deslinden responsabilidades de todo tipo: penal, civil, administrativo, los que resulten.

Por eso plantearía y conminaría al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de que mantengamos los cuatro puntos, agreguemos el quinto, y estos últimos dos que comentaban de los municipios, estoy de acuerdo; que se indague incluso hasta el nivel de los municipios quiénes otorgaron esos permisos, cómo funcionan esos permisos.

Me parece pertinente, les repito, que este debate se dé de altura, porque el pueblo de México no merece estar inmerso en una ruleta de corrupción e impunidad, de complicidad, de tráfico de influencias.

Todos tenemos el derecho a que el principio de presunción de inocencia se aplique y no generar culpabilidades artificiales.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, vamos a votar de la siguiente manera; primero, pregunte la Secretaría a la asamblea si se desecha el numeral tercero de los resolutivos. El que tiene que ver con la excusa del ministro.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: En votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta que se deseche el numeral tercero del punto de acuerdo presentado por el ciudadano diputado Monreal. Los que estén de acuerdo por favor sírvanse manifestarlo levantando la mano...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Que se elimine.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo:... que se elimine. Los que estén en contra del punto...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, el sentido de la votación es el siguiente. Se ha presentado un listado de varios resolutivos; uno de ellos tiene que ver con la excusa del ministro Pérez Dayán.

El senador José María Martínez solicitó que ese resolutivo en especial no forme parte del cuerpo de los resolutivos. Es lo que estamos votando. Si se vota a favor es que se desecha ese resolutivo. Entonces, pregunte, secretario.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: En votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta, la supresión del numeral tercero. Los que estén de acuerdo por favor levanten la mano. Los que estén en contra. Ciudadano presidente, mayoría porque el punto de acuerdo se mantenga tal cual.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Subsiste. El senador Roberto Gil Zuarth hace llegar a esta Presidencia la propuesta de un numeral quinto, que dice así: Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a que suspenda la vigencia del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, hasta en tanto el Congreso concluya las investigaciones sobre el estado que guarda esa actividad económica y defina las reglas a las que se deberán someter los juegos y sorteos.

Pregunte la Secretaría a la asamblea si esta modificación pasa a ser parte...

Don Arturo Zamora, lo escucho. Lo escuchamos.

El senador Arturo Zamora Jiménez (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Antes de que se someta a votación este punto, que me parece muy importante, de entrada estamos completamente de acuerdo en que no haya reglamento alguno que proteja, tutele el tipo de la relación de casinos que se han estado dando en la República mexicana, con los efectos que se han discutido durante este tarde aquí.

Sin embargo, el punto de acuerdo se tiene que valorar muy bien, los efectos de un punto de acuerdo de esta naturaleza, por sus alcances jurídicos.

Tenemos, por un lado, precisamente una normatividad que se publicó, desde nuestro punto de vista de manera irregular, que ha sido controvertido precisamente por el Poder Legislativo, concretamente por esta Cámara de Diputados.

Luego entonces, ese reglamento en este momento tiene vigencia. Ese reglamento no podría cobrar una suspensión temporal en tanto no se resuelva; es una figura que me parece que no nos puede resolver el tema de fondo.

Pero por otro lado, también en el sentido de los efectos jurídicos que puede tener un reglamento que tuvo vigencia durante un lapso de tiempo, un tiempo determinado, que si ese reglamento se modifica o ese reglamento suspende sus efectos, por la vía que sea, entramos a un problema de los derechos adquiridos o de las expectativas de derecho.

Lo que no quisiera es que en el afán de investigar hechos que tienen que ver con posibilidades de consecuencias jurídicas, no vayamos nosotros a votar un punto de acuerdo con un contenido en el que lejos de brindar certeza jurídica, con el mismo estemos generando un vacío o una situación que se interprete a contrario sensu, para beneficio de quienes sean beneficiados —valga la redundancia— de este tipo de normatividades, que han sido laxas.

Me parece que es un tanto cuanto riesgoso hablar de establecer una imposición de esta naturaleza; creo que lo correcto es que se revise. Estamos completamente de acuerdo en que ese reglamento no debe tener vigencia, tan es así que esta soberanía se manifestó y está en una instancia, en este momento —como ya se dijo hace unos momentos por otro de los oradores— que está sub iúdice.

Por lo tanto, ése es el único punto en el que nosotros sí tenemos dudas, porque estaríamos emitiendo un mandato o una exhortación para un tema que tiene que ver con asuntos, que lejos de cumplir precisamente con el objetivo de lo que se ha discutido esta tarde aquí, vayamos a hacer algo en donde estemos convalidando, jurídicamente hablando, después una serie de irregularidades.

El senador Roberto Gil Zuarth (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, ¿con qué objeto, don Roberto Gil? A ver, desde su curul.

El senador Roberto Gil Zuarth (desde la curul): Gracias, señor presidente. Para hacer una aclaración de lo que acaba de decir el senador Arturo Zamora, intentando comprender la preocupación jurídica que ha expresado.

La modificación del mes de agosto, que está controvertida en la Corte, solo versa sobre aspectos específicos del reglamento. Suponiendo que la Corte resolviese que esa modificación fuese inconstitucional y en consecuencia, determinara su invalidez, se mantendría vigente el resto del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. En consecuencia —para decirlo de manera coloquial— la ventanilla para seguir tramitando permisos o gestionando nuevos establecimientos quedaría abierta.

Lo que estoy planteando es que se determine la suspensión de todo el cuerpo normativo, de todo el reglamento, y es de explorado derecho que el reglamento está subordinado a la ley en ausencia del reglamento. Lo que le correspondería a la Secretaría de Gobernación es aplicar directa y escrupulosamente la ley.

No se genera ningún vacío normativo, sino lo que implica la suspensión de la vigencia del reglamento, en su integridad, es que la ventanilla para la tramitación de permisos o la apertura de nuevos establecimientos quede cerrada temporalmente, hasta en tanto este Congreso termine las investigaciones y hasta en tanto se definen las reglas a las que se va a someter esa actividad económica.

No veo pues la preocupación jurídica, entre otras razones porque los actos procesales los someten a la norma vigente en el momento en el que esos actos procesales se realicen. Gracias, señor presidente.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto, don Ricardo Monreal?

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Denle la palabra al senador Zamora.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, muchas gracias por su auxilio. A ver, senador Zamora.

El senador Arturo Zamora Jiménez (desde la curul): Estoy completamente de acuerdo en esta argumentación. Creo que el punto de acuerdo simple y sencillamente puede pasar, estaríamos de acuerdo, siempre y cuando se establezca también que en tanto la decisión que se tome por la autoridad que va a ser exhortada no lesione o no genere ni vacíos de ley ni tampoco genere una situación de derechos adquiridos indebidamente o expectativas de derechos adquiridos indebidamente. En tanto sea así, estaríamos completamente de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, la manifestación de voluntad de las legisladoras y los legisladores será pronunciada. Pregunte la Secretaría a la asamblea si este numeral quinto pasa a formar parte de los resolutivos.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: En votación económica se pregunta a la asamblea si se adiciona el numeral quinto al cuerpo del punto de acuerdo que se está discutiendo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Ciudadano presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El señor senador Francisco Domínguez Servién propone añadir un numeral sexto. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a efecto de que investigue a todos los municipios de la República Mexicana en donde se encuentren instalados casinos para que verifiquen la legalidad de la expedición de permisos correspondientes por parte de los municipios y de Gobernación, y si los mismos se encuentran ajustados a derecho.

Más allá de la construcción gramatical, pregunte usted a la asamblea si es de aprobarse que pase a formar parte.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: En votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta la incorporación de un numeral sexto al cuerpo del punto de acuerdo discutido. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, permítame un segundo. Senador Zamora.

El senador Arturo Zamora Jiménez (desde la curul): Estamos completamente de acuerdo con los procesos de rendición de cuentas y también de transparencia. También estamos de acuerdo con la propuesta que se hace, con una matización. La Secretaría de Gobernación no tiene facultades de investigación, tiene facultades de supervisión.

Tendríamos que cambiar ahí entonces, porque estaríamos, quien tiene facultades de investigación, sobre todo tratándose de hechos delictivos es la Procuraduría de la República; entonces, en este sentido sería hacer la modificación para que ejerza sus facultades de supervisión la Secretaría de Gobernación. Completamente de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Estaría de acuerdo, senador, en que la palabra investigación pase a supervisión? A ver, don Roberto Gil.

El senador Roberto Gil Zuarth (desde la curul): Sí, señor presidente, estamos a favor, si el senador así lo determina.

Solamente quisiera sugerirle al senador Zamora si podemos agregar, y que se informen sus resultados al Congreso de la Unión.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea, en estos términos.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: En la forma en que se ha planteado la incorporación del numeral sexto, se pregunta a la asamblea si acepta la incorporación. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Ciudadano presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahora pregunte si se aprueba todo el conjunto de resolutivos.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición en su conjunto, con las adiciones ya aceptadas por esta asamblea. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Ciudadano presidente, por unanimidad se aprueba.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

ZONA ARQUEOLOGICA DE TEOTIHUACAN

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz el señor senador José María Martínez Martínez, del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que informe sobre las autorizaciones realizadas a Grupo Walmart para la apertura de tiendas de autoservicio en la zona arqueológica de Teotihuacán.

El senador José María Martínez Martínez:Gracias, ciudadano presidente. Me trae a esta tribuna el escandaloso caso de los sobornos de una empresa transnacional a funcionarios públicos mexicanos, con motivo de sendos permisos para la instalación de negocios en todo el territorio nacional, pero en particular me referiré a Teotihuacán.

Si bien la relevancia del acto de corrupción, del acto presuntamente de corrupción que se está cuestionando es lo que motiva este acuerdo, no es necesariamente lo que más deba interesarnos a esta Comisión Permanente. Lo que nos debe interesar es el que se haya trastocado el patrimonio de la humanidad, con la instalación de una bodega Walmart en Teotihuacán, con motivo de un presunto soborno de 45 mil dólares para el director del INAH, en aquel entonces del año 2004; hoy rescatado por el presidente Enrique Peña Nieto, de nueva cuenta en la función de director del INAH, cuando también se presume recibió un regalo personal de 29 mil dólares para ceder en la autorización de la instalación de una bodega de esta empresa transnacional.

El que —después de haber sido tan pública la conducta de este servidor público o tan cuestionada la conducta de este servidor público en el año 2004, y haber salido en el 2005 de la institución— hoy el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto lo incorpore de nueva cuenta en la misma institución, en el mismo cargo, es verdaderamente preocupante, ¿por qué? Porque no solo está siendo cuestionado este permiso en Teotihuacán, sino también de otros centros históricos o de carácter histórico también con valor patrimonial; en Amecameca, en el estado de México; en Cholula, Puebla, y Filobobos, en Veracruz, entre otros centros que están pretendiendo instalar negocios de este tipo.

Por tanto, para no leer el punto de acuerdo, todo lo que implicaría la parte considerativa, simplemente leeré el punto único que se propone.

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita la comparecencia del licenciado Sergio Raúl Arroyo García, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que informe de manera detallada ante esta soberanía sobre las autorizaciones realizadas al Grupo Walmart para la apertura de tiendas de autoservicio en la zona arqueológica de Teotihuacán.

Sin duda alguna, el PRI, con lo que nos acaba de mostrar el punto anterior, que fue votado por unanimidad, habrá de sumarse para que no quede duda de ningún acto de corrupción en ninguna de las dependencias del gobierno del señor Enrique Peña Nieto.

Hoy es importante el que desde aquí se vea la congruencia, se vea la coherencia de los legisladores del PRI votando a favor, no solo el trámite que se está sometiendo a consideración de urgente u obvia resolución, sino también con respecto a que venga a comparecer el director del INAH. Es cuanto. Muchas gracias, senadora presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del director del INAH para que informe sobre las autorizaciones realizadas al Grupo Walmart a fin de abrir tiendas de autoservicio en la zona arqueológica de Teotihuacán, suscrita por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

José María Martínez Martínez, senador en la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 87, numeral 5, 109 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, así como en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El grupo Walmart es actualmente la empresa más grande del mundo. Ocupa el lugar 19 de las 100 mayores economías del planeta, superando a países como Suecia, Noruega y Arabia Saudita. Es la mayor compañía de ventas directas al consumidor en Estados Unidos, Canadá y México. En México, esta empresa tiene 54 por ciento del mercado total, al ser dueña de Bodegas Aurrerá, Superama, Suburbia, los restaurantes Vips, El Portón y Ragazzi, además de los almacenes Sam’s Club y Wal-Mart. Esto le da un alto poder sobre consumidores, proveedores, productores y políticos.

Los legisladores estadunidenses Elijah Cummings y Henry Waxman, responsables de la investigación del caso Walmart en México, enviaron una carta a Michael T. Duke, presidente de la empresa, a quien cuestionaron por promover una serie de sobornos a funcionarios mexicanos, involucrados en casos de corrupción.

Los señalamientos coinciden con lo que había publicado el diario New York Times el año pasado, en donde se señalaron cargos que van desde presidentes municipales hasta el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Uno de los involucrados sería el exalcalde de San Juan Teotihuacán en 2004, cuando se construyó una tienda cerca de las pirámides; Guillermo Rodríguez Céspedes —del Partido de la Revolución Democrática (PRD)—, fue quien encabezó la administración de 2003 al 2006.

Guillermo Rodríguez avaló un nuevo plan de zonificación de Teotihuacán —recibido en la Gaceta del Gobierno el 11 de septiembre de 2003—, para que se pudiera edificar una bodega Aurrerá a menos de dos kilómetros de donde se localiza la zona arqueológica.

El cabildo de Teotihuacán en 2004 votó unánimemente por otorgar los permisos a Walmart para construir su tienda.

En ese entonces, estaba conformado por once personas, además del presidente municipal: el síndico municipal y diez regidores, pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al PRD.

Aunque la jurisdicción local adoptó un mapa de zonificación que podría haber impedido a Walmart la construcción de su tienda, el New York Times informó que “Walmart de México corrompió oficiales para cambiar el mapa” antes de que fuera publicado en un periódico, que fue el último requisito antes de que el mapa de zonificación se convirtió en ley. De acuerdo al New York Times, otros pagos fueron hechos para el alcalde y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). El New York Timesdescribió la tienda Walmart en Teotihuacán como “el más polémico de Walmart en México, un poderoso símbolo del impacto de la globalización sobre la cultura mexicana y el comercio”.

Los sobornos que Walmart presuntamente pagó a congresistas locales del PRI y PRD, por 1.2 millones de pesos, con los que tendría la mayoría del Congreso mexiquense para autorizar cambios de uso de suelo y de 900 mil pesos al INAH; 500 mil pesos por concepto de “donación” y un “regalo personal irregular” de 400 mil pesos para “el director”.

En ese momento el director del INAH era el licenciado Sergio Raúl Arroyo, quien estuvo en el encargo de 2000 a 2005 y que nuevamente ocupa el puesto desde el pasado mes de diciembre en la administración del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, nombrado por el secretario de Educación.

Debido a que las pirámides son patrimonio cultural, toda vez que fue declarado como tal en 1987 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), ya que es considerada la sexta urbe más grande del mundo, sus templos y pirámides siguen siendo importantes para el patrimonio cultural de México, por lo que el trabajo que realiza el INAH para la conservación de estos lugares es de gran relevancia, y su aprobación es necesaria para construir cualquier establecimiento dentro de la zona arqueológica protegida.

A pesar de la importancia de su cultura y de lo que representa; en la actualidad se anteponen los intereses políticos y materiales, al interés legítimo por conservar este patrimonio cultural de los mexicanos; a pesar de que existen investigaciones que aseguran que es un lugar sagrado donde se practicaban ceremonias religiosas, no ha existido ninguna autoridad local o federal que haya intentado impedir la expansión de la empresa transnacional en la zona de los antiguos teotihuacanos.

Este caso, es muestra de la avasallante política de expansionismo del grupo Walmart, que busca instalarse en cada uno de los sitios culturales de nuestro país, sin importarle las excavaciones arqueológicas que se estén realizando en zonas aledañas a la construcción del supermercado.

Es necesario reflexionar sobre la pertinencia de que funcionarios públicos que tienen acusaciones serias sobre corrupción, sigan en su encargo sin la debida investigación o destitución del mismo.

Es de considerarse que a pesar de la polémica que causó en 2004 la construcción de una tienda de la cadena Walmart en la zona arqueológica de Teotihuacán, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha seguido otorgando permisos a la trasnacional para erigir otros complejos comerciales aledaños a sitios históricos y/o prehispánicos, por ejemplo en Amecameca, estado de México; Cholula, Puebla, y Filobobos, Veracruz, entre otros.

Por tal motivo, con base en los acciones que se han cometido y en donde presuntamente se ven involucradas distintas autoridades federales, locales y municipales, se debe investigar de manera exhaustiva, independiente e imparcial, para fincar responsabilidades a las funcionarios públicos que tengan relación con este caso.

Es muy importante, conocer un informe detallado ante esta soberanía, sobre las autorizaciones realizadas al Grupo Walmart para la apertura de tiendas de autoservicio en la zona arqueológica de Teotihuacán.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia del licenciado Sergio Raúl Arroyo García, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que informe de manera detallada a esta soberanía, sobre las autorizaciones realizadas al Grupo Walmart para la apertura de tiendas de autoservicio en la zona arqueológica de Teotihuacán.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

Presidencia de la senadora Hilda Esthela Flores Escalera

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, senador Martínez Martínez. Ha sido solicitado que sea considerado de urgente resolución esta proposición con punto de acuerdo; en tal virtud, pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si es así considerado. Por favor.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa se ruega lo manifiesten. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión esta proposición.

Tenemos ya dos legisladores que han solicitado participar. En este sentido, le damos el uso de la palabra a la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, para que haga uso de la palabra.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Le prometo a la asamblea que serán de mis últimas participaciones. Nosotros hemos querido pronunciarnos sobre este tema, porque aunque pareciera un tema viejo —ya se ha discutido— inclusive hubo movilizaciones de jóvenes en contra de la instalación de un Walmart en el área de Teotihuacán.

Ahora creo que muy acertadamente el senador José María Martínez ha traído el tema a esta tribuna, y lo digo con mucho respeto para los diputados, diputadas, senadores y senadoras del PRI y del PAN, que en este tema me siento ya por segunda vez en medio de este echarse la bolita entre el PRI y el PAN, que durante la administración pasada no lo hicieron, pues ahora que lo hagan, y los del PRI decían y ahora los del PAN.

Nosotros en la oposición simplemente no queremos tomar partido en este tema de decir que obviamente quien ahora ha sido renovado en su título como director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al cual se le acusó de haber recibido —digo se le acusó, no afirmo— una donación para el instituto para que este permiso fuera otorgado, pues fue parte de una administración panista y ahora será parte también de una administración priista.

¿Por qué el Partido del Trabajo —a quien vengo a representar en esta tribuna— considera de importancia este punto de acuerdo y nos queremos sumar a él? No solamente por las revelaciones de corrupción que se han dado, y valga decir que no se dieron en los medios de comunicación, porque hubo alguna denuncia en este país, sino por la denuncia de dos congresistas estadounidenses a cargo de investigar los temas de posibles sobornos de Walmart, no solamente en nuestro país, sino en América Latina, y el peso económico que tiene la empresa Walmart en nuestro país, que se ha convertido a nivel mundial en una de las empresas con un ritmo de crecimiento y expansión envidiable sobre todo en Latinoamérica.

Coincido con el senador proponente que lo que nos debe de interesar aquí, más allá de los actos de corrupción en el tema de Walmart, que también se tendrá que investigar y que también incumbe a esta soberanía, en lo que se refiere a proteger el área que ya ha sido nombrada o declarada patrimonio cultural de la humanidad, por la Unesco y que obliga al INAH a preservar las construcciones y monumentos que conforman dicho centro ceremonial y además, compañeros legisladores, de los nuevos hallazgos que se han hecho en esta área.

Es por eso que no solamente nos sumamos, sino que le decimos y le pedimos a quien se está solicitando venga a comparecer a esta soberanía, que nos diga con claridad cuál es el efecto que habrá, no solamente económico ni de corrupción en el tema de instalar Walmart en Teotihuacán, cuál es el efecto que habrá al patrimonio de la humanidad y al patrimonio de ese país que ya ha sido declarado no por ninguna instancia de esta nación, sino por la propia Unesco.

Nos unimos en el Partido del Trabajo a esa petición, la felicitamos y obviamente esperamos que todos ustedes voten a favor, para que el que es ahora titular nuevamente del Instituto Nacional de Antropología e Historia pueda venir a rendir cuentas a esta soberanía. Muchas gracias, señores congresistas.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputada.

De acuerdo a la lista precisada de oradores, tiene ahora el uso de la palabra el senador Fidel Demédicis. Adelante, señor senador.

El senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, compañera presidenta. Compañeros senadores, senadoras, compañeros diputados y diputadas, sin duda que este tema todavía va a dar mucho de qué hablar.

En Estados Unidos de América sí se sanciona cuando alguien miente. Recordemos el caso de Bill Clinton, por ejemplo, que no fue sancionado porque Mónica Lewinsky fuera su novia, sino porque —como Pedro cuando negó a Cristo— también él negó a Mónica Lewinsky más de tres veces, y las repercusiones ya las conocemos.

Dudo mucho que los ciudadanos senadores Elijah Cummings y Henry Waxman estén haciendo un complot en contra de dos personajes de este país; uno, el que se está mencionando, y el otro, que no se le menciona, pero también se habla en los correos electrónicos, que fue el cabildeador de Walmart para que éste que hoy se señala, que el ciudadano Sergio Raúl Arroyo García haya otorgado los permisos.

¿Qué va a pasar si la sentencia de la investigación arroja que efectivamente hay sanciones qué aplicar? ¿La justicia estadounidense alcanzará a estos dos personajes? Creo que el problema puede convertirse en un problema de México con Estados Unidos de América, y que este Congreso efectivamente no puede ser tapadera.

Muchos le están apostando a eso, que el ciudadano director del INAH está protegido por el manto del actual gobierno, así como fue protegido por el manto del anterior gobierno y que el que no se dice, el gobernador de Morelos, tiene tantas influencias, que va a alcanzar la protección; él dice que va a demandar a un funcionario menor de Walmart, pero no habla de los altos ejecutivos, no se ha atrevido a decir que estos senadores mienten y no se ha atrevido a decirlo, porque se sabe de las repercusiones allá si se dicen mentiras.

Nosotros preguntamos, ¿el Congreso mexicano tendrá la estatura ya para entrarle de a de veras a las investigaciones para que la impunidad deje de cabalgar a lo ancho y largo de la nación?

Hay situaciones que son gravísimas y en este país no pasa nada. Se están discutiendo los endeudamientos de los gobiernos estatales, de los municipales y también del gobierno federal y se dice que ha habido mal uso de recursos públicos y por eso las investigaciones. Pues sí, pero ya sabemos en qué va a parar todo esto; unos se van a tapar con otros y otros con unos y México seguirá navegando en un río, en un mar de impunidad. Ése es el asunto.

¿Qué es lo que está investigando el Senado norteamericano? Que Walmart no enteró a su gobierno de recursos que utilizó de manera indebida para comprar funcionarios de este país que le permitieran obtener permisos para instalar sus tiendas en lugares no autorizados.

Los crímenes contra la nación se siguen cometiendo, y la ciudadana diputada que me antecedió en uso de la palabra tiene razón: pareciera que la intención es acabar con la memoria histórica de este país. Pero los legisladores patriotas por supuesto que nos opondremos, alzaremos nuestra voz hasta donde sea necesario —aunque a algunos no les guste— y haremos los señalamientos, las investigaciones, y los publicaremos y si alguien tiene que pagar, que pague; si alguien tiene cola que le pisen, que se la pisen, para qué se la deja crecer.

El asunto, compañeros, no es un asunto menor, e insisto, es aquí en el Congreso de la Unión, al margen de colores.

El pueblo de México está harto —iba a utilizar la palabra de Sicilia, pero a la mejor se me sanciona por decir palabras disonantes— el pueblo está harto y el pueblo dice: ya basta de impunidad.

Está en nuestras manos, compañeros, está en nuestras manos que ese ciudadano venga y que el otro también venga para que al Congreso le digan, y si se tienen que formar comisiones binacionales, pues que se conformen, pero lleguemos al fondo de este asunto que avergüenza al país, y que ya basta de que el Congreso tolere estas situaciones.

Qué bueno por el punto de acuerdo; por eso nos estamos sumando, con la adición de que también el otro que se menciona en los correos electrónicos sea citado a comparecer. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias señor senador. En virtud de lo expuesto por usted, necesitamos que ese planteamiento, que esa solicitud sea planteada por escrito. De otra forma no podemos incluirla, necesitamos someterla a votación.

Ha sido agotada la lista de oradores. No tenemos... Nos la va a entregar por escrito. Gracias senador Demédicis.

El senador, antes de someter a consideración la proposición, como fue propuesta por el senador José María Martínez, vamos a someter a votación si se acepta la modificación que ha sido propuesta por el senador Fidel Demédicis, donde él solicita se cite a comparecer a los funcionarios involucrados en este escándalo de corrupción, que lastima el prestigio de país.

Lo que pasa es que usted hizo un señalamiento específico y aquí está siendo general; entonces, habrá que incluir el nombre de los funcionarios a los que usted está mencionando, con el nombre y el cargo de ellos. Por favor, señor senador.

Tenemos nuevamente el texto, propuesto por el senador Demédicis: Se cite a comparecer a los funcionarios involucrados en este escándalo, y hace específicamente la alusión al señor Sergio Raúl Arroyo García, director del INAH —que era la propuesta inicial— y Graco Ramírez Garrido Abreu, gobernador del estado de Morelos. Entonces, se cite a comparecer a los funcionarios, tanto el del INAH como el gobernador de Morelos, en este escándalo de corrupción.

Pido por favor a la Secretaría consulte...

El diputado Trinidad Morales quiere hacer uso de la palabra. Desde su curul, por favor.

El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (desde la curul): Gracias, compañera presidenta. No hay atribuciones de esta soberanía para citar a un gobernador ni hay antecedentes.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Vamos por ello a hacer la solicitud a la Secretaría que lo consulte a la asamblea y se decida si se aprueba la proposición.

¿Señor senador, cuál es el sentido de su participación?

El senador Fidel Demédicis Hidalgo: Que se cambie para el ciudadano gobernador el concepto, que se le invite, que se le invite a esta soberanía a explicar, y al otro que se le cite a comparecer.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulte la Secretaría, por favor, a la asamblea, si se aprueba la proposición, en el sentido en el que ha sido aquí expuesto. Por favor.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: En votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el senador Fidel Demédicis. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señora presidenta.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señor secretario. Se desecha entonces la propuesta, la modificación propuesta por el senador Demédicis.

En tal virtud, procederíamos ahora y le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se aprueba la proposición del senador José María Martínez Martínez.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición referida. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladores y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señor secretario. Aprobada. Comuníquese.

PROGRAMA DIPUTADA AMIGA, DIPUTADO AMIGO

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: A continuación, tiene la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a respetar los acuerdos y programas emanados del Poder Legislativo federal, suscrita por los diputados Ricardo Cantú Garza y Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del PT.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de la asamblea. En efecto, vengo a presentar el punto de acuerdo, no solamente de los diputados Jaime Bonilla y Ricardo Cantú, sino también a nombre de los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Frontera Norte, y en representación de los mismos.

Como todos ustedes saben, compañeros legisladores, los antecedentes del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, radican desde el año 2000. Este programa tiene como objetivo el que los diputados puedan coadyuvar y que se pueda coordinar de manera general para poder supervisar y vigilar el trato que se les da a nuestros connacionales cuando llegan, obviamente, para la época decembrina y para la época de las fiestas.

En este año, según lo aprobado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la aplicación de este programa sería en los estados y municipios fronterizos, no solamente en el norte, sino en el sur, con alcance a las dependencias del Poder Ejecutivo federal. A todos ellos se les solicitaba, respetuosamente, por parte de esta soberanía, su colaboración y apoyo mediante las instancias gubernamentales correspondientes, a su vez —se establece en dicho acuerdo— suscribir los acuerdos pertinentes con las instancias gubernamentales y la determinación para la coordinación en la aplicación de este programa.

De manera específica, el segundo resolutivo de este punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política exhorta, respetuosamente, a los titulares del Poder Ejecutivo federal y estatales, Congresos locales y presidencias municipales de los estados fronterizos del norte y del sur, a que apoyen a los legisladores para que puedan llevar este programa a cabo, de manera adecuada.

No obstante lo anterior, con fecha 28 de diciembre del año 2012, el titular del aeropuerto de la ciudad de Tijuana impidió tajantemente el desarrollo del programa en comento y se opuso a la distribución de información básica sobre los derechos de los migrantes y paisanos dentro del territorio nacional.

Dicha información tiene por objeto, obviamente, o tenía por objeto evitar los abusos y extorsiones por parte de las autoridades y coadyuvar en el funcionamiento del programa Paisano.

La presente proposición que estoy ahora presentando —valga la redundancia— es un llamado a las autoridades federales para que coadyuven al llamado de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, en sí del Poder Legislativo, para que se desarrollen eficientemente los programas que desde este Congreso emanan.

Queremos decirles que esta soberanía rechaza categóricamente las acciones emprendidas por el personal del aeropuerto de Tijuana, al oponerse al desarrollo del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, prohibiendo el acceso a nuestro compañero diputado federal Juan Manuel Gastélum Buenrostro, secretario de la Comisión de Asuntos Frontera Norte.

Los integrantes del Poder Legislativo federal debemos de condenar toda acción que vulnere y transgreda los acuerdos de la Junta de Coordinación Política, relativo a los programas que beneficien a la población.

Es por ello que en la pasada reunión de la Comisión de Asuntos Frontera Norte, que son los que respaldan este punto de acuerdo, se acordó por unanimidad presentar este punto de acuerdo, con la finalidad de exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que dentro de sus facultades tome las previsiones correspondientes para la atención a los programas emanados por esta soberanía, y en lo sucesivo evitar que se repitan estas acciones, que perjudican en esencia a la sociedad, a sus representantes y los connacionales que retornan a nuestro país en épocas, como la época decembrina.

Por ello, proponemos y le proponemos a esta asamblea, que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a respetar, no solamente la personalidad, el fuero y el trabajo de los legisladores para llevar a cabo un programa como Diputada Amiga, Diputado Amigo, sino para que respete también los acuerdos y los programas emanados por esta soberanía.

Además, solicitamos en este punto de acuerdo que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncie de manera enfática en contra de las acciones que atentaron contra legisladores e impidieron el desarrollo de los programas aprobados por esta representación social y civil.

El tercer punto, que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, para que vigile el actuar de los funcionarios y personal adscrito a las terminales aéreas concesionadas y que se garantice el desarrollo eficiente de los programas emanados del Poder Legislativo federal.

Esto —como les comento— dado el maltrato que se dio ya a un legislador en éste, el aeropuerto de Tijuana, pero además para la obstrucción que se dio a una decisión y a un acuerdo, no solamente la Junta de Coordinación Política, sino del pleno del Congreso de la Unión. Es cuanto, señora presidenta y muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a respetar los acuerdos y programas emanados del Poder Legislativo federal, suscrita por los diputados Ricardo Cantú Garza y Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado Jaime Bonilla Valdez, presidente de la Comisión Asuntos Frontera Norte de la Cámara de Diputados y en nombre de las y los integrantes de dicha comisión, de la LXII Legislatura y con fundamento en el artículo 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el articulo undécimo de los lineamientos para el desarrollo de las sesiones durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, me permito presentar a la consideración de esta Comisión Permanente, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, para que respete los acuerdos de esta soberanía, al margen del desarrollo del programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los antecedes, del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, radican en el año 2000, durante la LVII Legislatura en donde se implementó este programa y es hasta la LX Legislatura que se aprueba la implementación de manera permanente, en la pasada legislatura la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, coordinó de manera general dicho programa, mismo que ha tenido como objetivo principal supervisar y vigilar el trato que se le da a nuestros connacionales, por parte de las autoridades y funcionarios en su tránsito hacia sus comunidades y localidades de origen durante las temporadas de festividades decembrinas.

En este año, el antecedente de dicho programa surge con la presentación de un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por parte del diputado por el estado de Guanajuato, Raúl Gómez Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, presentado el 22 de noviembre de 2012, mismo que la Junta de Coordinación Política aprobó el 6 de diciembre del mismo año para la implementación entre el 12 de diciembre y el 6 de enero de 2013.

Según lo aprobado por la Junta de Coordinación Política, la aplicación de este programa sería en los estados y municipios fronterizos, con alcance en las dependencias del Poder Ejecutivo federal, a todos ellos, se les solicita respetuosamente su colaboración y apoyo mediante las instancias gubernamentales correspondientes, a su vez, se establece en dicho acuerdo, suscribir los acuerdos pertinentes con las instancias gubernamentales y la determinación para la coordinación en la aplicación de este programa.

De manera específica en el punto segundo del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo federal y estatales, congresos y presidentes municipales de los estados fronterizos del norte y del sur del país, además de los gobiernos de las entidades relacionadas con migración internacional que consideren participar, para que contribuyan a la implementación del programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo, de manera permanente durante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, así como con la instrumentación de programas alternos que se cumplimenten y coadyuven con los objetivos del programa.

No obstante lo anterior, con fecha 28 de diciembre de 2012, el titular del aeropuerto de la ciudad de Tijuana, impidió tajantemente el desarrollo del programa en comento, al oponerse a la distribución de información básica sobre los derechos de migrantes y paisanos dentro del territorio nacional, dicha información tiene por objetivo evitar abusos y extorsiones por parte de las autoridades y coadyuvar en el funcionamiento del programa Paisano.

Esta soberanía rechaza las acciones emprendidas por el personal del aeropuerto de la ciudad de Tijuana, al oponerse al desarrollo del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, prohibiendo el acceso al diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, secretario de la Comisión de Asuntos Frontera Norte.

Los integrantes de esta comisión condenamos toda acción que vulnere y trasgreda los acuerdos que la Junta de Coordinación Política, relativo a los programas que benefician a la población, es por ello, que en la pasada reunión de esta comisión, del 9 de enero de 2013; se acordó por unanimidad presentar el presente punto de acuerdo, con la finalidad de exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que dentro de sus facultades tome las previsiones correspondientes para la atención de los programas emanados de esta soberanía y se le brinden facilidades a los legisladores para el buen desempeño de sus funciones.

Debemos señalar que el aeropuerto de Tijuana se encuentra concesionado al Grupo Aeroportuario del Pacífico, y corresponde a la secretaría en cita.

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de la Comisión de Asuntos Frontera Norte de la Cámara de Diputados, por mi conducto, nos permitimos poner a con sideración de esta honorable Comisión Permanente los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a respetar los acuerdos y programas emanados de esta soberanía.

Segundo. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se pronuncie de manera enfática en contra de las acciones que atenten contra legisladores y que impidan el desarrollo de los programas aprobados por esta representación social.

Tercero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorte respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, para que vigile el actuar de los funcionarios y personal adscrito a las terminales aéreas concesionadas, y que se garantice el desarrollo eficiente de los programas emanados del Poder Legislativo federal.

Dado en el salón Legisladores de la República, de la Cámara de Diputados a los 16 días del mes de enero de 2013.— Diputado Jaime Bonilla Valdez (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias a usted, diputada Aguilar. Túrnese esta proposición a la Tercera Comisión de Trabajo.

* PROPOSICIONES

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Esta Presidencia informa a la asamblea que las proposiciones registradas en el orden del día se turnarán a las comisiones correspondientes, salvo aquellas que los grupos parlamentarios soliciten que se consideren para la próxima sesión.

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera(a las 15:06 horas): Legisladoras y legisladores, se levanta la sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el miércoles 23 de enero de 2013, a las 11 horas. Muchas gracias.

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