* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

«Comunicacón de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del miércoles 23 de enero de 2013, que no alcanzaron a ser abordadas

Se informa a la Comisión Permanente, los turnos dictados a la iniciativa con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 23 de enero de 2013, que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.— Diputado Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que deroga los artículos 294 y 295 del Código Federal de Procedimientos Penales, suscrita por la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

2. Que adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

3. Que reforma la Base Primera del artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 112 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a emitir las declaratorias de emergencia y de desastre para el estado de Sinaloa por las heladas que afectaron los cultivos en aquella entidad en días recientes, suscrita por el diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el Reglamento Interior de la Secretaría de Energía y el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, por ser contrario a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre la materia, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

3. Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal emita la declaratoria de emergencia para los municipios de Comondú y Mulegé del estado de Baja California Sur, así como su intervención mediante programas federales para mitigar la emergencia agrícola, suscrita por el senador Isaías González Cuevas, y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que en coordinación con la Sedena y la Semar destinen mayor número de elementos a la zona metropolitana de La Laguna a fin de reforzar las labores de seguridad en la región, suscrita por los senadores Luis Fernando Salazar Fernández, José Rosas Aispuru Torres, y Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

5. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sedena un informe sobre la seguridad del avión presidencial Boeing 787 y suspender el proceso de compra, suscrita por el senador Mario Martín Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a crear una estrategia de información acerca del control de la hipoglucemia reactiva, suscrita por la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y a los titulares de los poderes ejecutivos estatales y del Distrito Federal, a que suscriban convenios de colaboración técnica con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), suscrita por la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, y demás autoridades federales y locales competentes, a fortalecer las acciones de prevención y tratamiento respecto a las adicciones de drogas ilegales, suscrita por los diputados Rodrigo González Barrios, Uriel Flores Aguayo y Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

9. Con punto de acuerdo, relativo a la relación contractual entre Pemex y la empresa denominada Mexichem, suscrita por la senadora Dolores Padierna Luna y el diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al poder ejecutivo del gobierno del Estado de México, a mantener las actuales tarifas en el transporte público de la entidad, suscrita por los diputados Juana Bonilla Jaime y Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

11. Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal conforme un fideicomiso específico que garantice equidad en las oportunidades de acceso y permanencia a una educación de calidad, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP para que a través del Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial e Integración Educativa, edite las actualizaciones de los libros de texto gratuitos en sistema braille, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.»

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

«Iniciativa que deroga los artículos 294 y 295 del Código Federal de Procedimientos Penales, suscrita por la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Mirna Esmeralda Hernández Morales, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que deroga los artículos 294 y 295 de Código Federal de Procedimientos Penales, en virtud de la siguiente

Exposición de Motivos

Es de sobra conocido, que el juicio de amparo directo o indirecto, constituye un importantísimo medio procesal constitucional del ordenamiento jurídico mexicano, cuyo objeto específico es salvaguardar los derechos humanos establecidos en la Constitución. En suma, es un medio de control jurisdiccional, en adición a la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, pero que en distinción de éstas últimas, es promovido por cualquier particular, constituyendo entraña una verdadera protección para el promovente y una contención entre éste y la autoridad.

El juicio de amparo es un procedimiento judicial, siendo un juicio impugnativo autónomo, es decir, no consiste en un recurso o apelación que meramente constituya otra instancia, sino que implica iniciar un proceso completamente nuevo; no es parte del mismo juicio, sino que es otro juicio; y un juicio de garantías, ya que el juzgador no se limita a resolver si existieron violaciones constitucionales, sino que incluso las puede dejar subsistentes, siempre que se demuestre que nadie resultó afectado en sus derechos fundamentales. Además, puede exigir la suspensión de un acto que a pesar de ser constitucional, viole las garantías individuales o derechos humanos.

Bajo el anterior orden de ideas, resulta de vital importancia atender y escuchar las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, toda vez que la las leyes no son únicas y para siempre, por el contrario siempre son perfectibles y susceptibles de mejora no sólo por la dinámica social en que se inscriben sino porque al ser hechas por el ser humano, nunca estarán exentas de mejoras.

En concordancia con la premisa expuesta, resulta de la mayor envergadura atender el la resolución del amparo en revisión sobre la inconstitucionalidad de los artículos 294 y 295 de Código Federal de Procedimientos Penales.

A mayor abundamiento, es preciso señalar que en noviembre del año pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó la inconstitucionalidad de los artículos 294 y 295 del Código Federal de Procedimientos Penales, mediante los cuales se faculta a los impartidores de justicia verificar la corrección de las conclusiones del Ministerio Público y, en caso de advertir alguna irregularidad, enviarlas a la Procuraduría General de la República para que ahí confirme o modifique la acusación.

Al resolver el amparo en revisión 558/2012 bajo la ponencia de la ministra Olga Sánchez Cordero, se estableció que la inconstitucionalidad de los citados artículos se da al permitir que el juzgador desarrolle una doble función, como juzgador y como auxiliar del órgano ministerial, lo cual trastoca la división constitucional de funciones competenciales, en este caso, las pertenecientes al Poder Ejecutivo y al Judicial.

En la resolución citada, se argumentó que el juzgador, como órgano del Estado que depende del Poder Judicial, no comparte facultades con otro poder estatal, por lo que se revocó la sentencia recurrida y se concedió el amparo a la quejosa para efecto de que el tribunal de apelación sin aplicar los referidos numerales resuelva lo que conforme a derecho proceda.

Es de señalarse que en la resolución en comento, se argumentó que el juzgador, como órgano del Estado que depende del Poder Judicial, no comparte facultades con otro poder estatal sino que “Desempeña la actividad de juzgamiento de un caso concreto, con pleno respeto y vigilancia de la observancia de las directrices que conforman el derecho de debido proceso penal. Se coloca como eje central, ante quien las partes hacen valer sus pretensiones, vigila la instrucción legal del proceso y resuelve el caso a través de las normas aplicables al caso concreto”.

En razón de lo anterior, es que someto a su consideración la presente Iniciativa, con el objeto de evitar la doble función del juzgador y recobrar el equilibrio procesal, lo cual sin duda alguna se traducirá en certeza y seguridad jurídica para todos los ciudadanos, toda vez que es competencia de este Poder, perfeccionar las normas jurídicas, a efecto de regular la vida en sociedad y las relaciones que de ahí se deriven, convirtiéndose en actos y hechos jurídicos que competen al derecho. A mayor abundamiento es preciso señalar que es nuestro deber evitar que existan normas que contravengan lo mandatado por la Constitución, particularmente si ello ha sido ya señalado por el máximo tribunal de justicia del país, con lo que se reivindica no sólo la división de Poderes establecida en la Carta Magna sino que se instrumenta la debida coordinación entre éstos, dando cauce al Estado de derecho.

No queda duda que la función del juzgador debe ser clara, transparente, pulcra y quedar libre de dudas, pues la certeza y seguridad jurídica de los ciudadanos, depende también del grado de legalidad y legitimidad de que gocen los juzgadores, entendiendo por legitimidad el grado de aceptación, confianza y reconocimiento social de la institución y sus funcionarios, por el adecuado ejercicio de sus facultades.

De acuerdo con el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, los principios fundamentales que rigen la labor judicial son independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, por lo que toda modificación al andamiaje jurídico que posibilite la cumplimentación estricta de estos principios, resulta del primer orden de importancia para la vida de la nación.

Por lo expresado, es que pongo a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se derogan los artículos 294 y 295 de Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar de la siguiente manera

Artículo 294. Derogado.

Artículo 295. Derogado.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Nota

1 Burgoa, Ignacio (1999). El juicio de amparo. México, DF, Porrúa. ISBN 970-07-1711-9.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.— Diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para dictamen.

ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL

«Iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema a resolver con la presente iniciativa con proyecto de decreto

Consagrar de manera expresa a los derechos laborales y de seguridad social, como derechos humanos, para su mejor tutela, en beneficio de los trabajadores y sus familias, mediante adición expresa en el artículo 123 constitucional.

Argumentos

La reforma constitucional sobre derechos humanos de junio de 2011, para que adquiera toda su relevancia, debe filtrarse por todo el edificio de derecho de nuestro país, incluido el social; realizando las reformas necesarias que permitan que todo nuestro sistema jurídico tome la dinámica progresista que representa la reforma de cita.

Con esta reforma, los derechos humanos se constituyen en la esencia del todo social. Esto significa, que ninguna sociedad se justifica por sí misma. Que sólo adquiere sentido pleno en la medida en que respeta y busca la facticidad plena de los derechos humanos. La fuerza legal reconocida por nuestra Constitución a los derechos humanos es tal, que podríamos hablar ya no de la supremacía de la Constitución, sino la supremacía de los derechos humanos, frente a los cuales, toda norma debe hacerse maleable y dar paso a su respeto.

De la manera más sencilla, podemos conceptuar a los derechos humanos, como aquellas prerrogativas que tiene el ser humano por su sola calidad de tal, indispensables para satisfacer sus necesidades y permitir su pleno desarrollo.

Ahora, si se opta por un concepto más técnico, podemos construir una definición en la que confluyan la historia y la normativa de la reforma constitucional de cita, así diremos que los derechos humanos: Son derechos subjetivos reconocidos por la Constitución federal y el derecho internacional a toda persona, indispensables para la realización de la libertad y dignidad humanas, tanto individual como social en una armonía, y que se caracterizan por  ser universales, interdependientes, indivisibles y progresivos.

Al ser derechos subjetivos, se traduce en que la persona es titular de un poder jurídico reconocido en la Constitución, en el derecho positivo, oponible al Estado, de manera que se le pueden reclamar  de manera coactiva mediante el ejercicio de la acción legal correspondiente.

Reconocidos: significa que nuestra Constitución opta por la escuela jusnaturalista de los derechos humanos, en virtud de la cual los derechos humanos no son otorgados o constituidos por el Estado en el marco del derecho positivo, sino que los hombres y mujeres ya son titulares de manera ínsita, natural de tales derechos, por su sola calidad humana; en tal virtud el Estado sólo reconoce algo que ya existe.

Luego, la reforma constitucional, rompe el tradicional concepto de soberanía, en el que el Estado define qué derechos humanos respeta y cuáles no, cuándo los respeta y cuándo no, por lo que los derechos humanos se transforman en un patrimonio jurídico mínimo sin fronteras a favor de todos los hombres, en cuyo respeto está interesada toda la humanidad.

Sobre la armonía entre los derechos humanos individuales y sociales. Debemos comenzar señalando, que algunos han pretendido que la reforma constitucional excluye a los derechos humanos sociales, es decir, los que teóricamente se conocen como derechos humanos de segunda generación: trabajo, salario digno, sindicalización, huelga, entre otros.

Esta es una interpretación inadmisible. Si vamos a la letra del artículo 1o. constitucional, se habla en general de los derechos humanos, sin que los circunscriba a los derechos civiles y políticos o de primera generación.

En segundo lugar, la reforma constitucional, no implicó la derogación de los preceptos que consagran los derechos humanos de carácter social: artículos 3o., 4o., 5o., 27 y 123. Lo que exige no la exclusión de unos derechos por otros sino la necesaria armonización de ambos, guiados por el principio de progresividad.

El hombre por esencia es social, lo que no sólo debe entenderse como su existencia y desarrollo en el todo social, sino su derecho a constituir y desarrollarse en microsociedades como las asociaciones, sociedades, sindicatos y demás.

Sería un absurdo, interpretar la generosa reforma constitucional, como un mero triunfo del neoliberalismo, que nos regresa al concepto, absolutamente condenado por la teoría y por la realidad, de que el individuo en su egoísmo y aislamiento es el supremo valor de la sociedad, que reprueba toda asociación de los hombres y toda intervención del Estado.

A semejante absurdo le sirve de base, la denominada igualdad jurídica, en abstracto, que desconociendo las reales y profundas desigualdades, da un trato igual a los desiguales, base de todo tipo de injusticias.

Esto además de opone a las normas de derecho internacional ratificadas por México, incluido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, por su parte, es un claro plan de equidad, que consagra como una unidad indispensable a los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Con mayor razón cuando el Pacto Social que estructura a nuestra Nación, nuestra Constitución federal, fue producto de unos de los más importantes movimientos revolucionarios a nivel mundial, y que por primera vez en la historia consagra a nivel constitucional a los derechos sociales.

El pretender desconocer a los derechos sociales, iría en contra de la naturaleza de los derechos humanos, eminentemente evolutivos y progresivos, deben cambiar conforme a la realidad, yendo hacia delante en su respeto, no hacia atrás.

Tampoco la palabra “persona”, que se usa en el artículo 1o. constitucional, puede ser razón para negar la titularidad de los derechos humanos a los sindicatos, ejidos, cooperativas, entre otras; desde el momento en que la interpretación de una norma debe hacerse de manera sistemática, y tanto en la Constitución, como en general en nuestro orden jurídico, por persona, se comprende tanto a las personas físicas, como morales (sindicatos, empresas, etcétera). Con lo cual coincide la Cámara de Senadores en su dictamen sobre la materia del 8 de marzo de 2011.

Igualmente, no es aceptable la interpretación en el sentido de que las personas morales, no son sino la suma de individuos, por lo que al otorgarles a éstas los derechos humanos, no se causa afectación alguna. Si esto es así, ¿para qué entonces se asocian los individuos? Esto es una interpretación superficial, reprobada por la historia, la teoría y la realidad. Cuando unas personas se unen con un propósito común de diverso tipo, surgen fuerzas que superan a la simple suma cuantitativa de los individuos, es decir, surge un cambio cualitativo, por eso en todos los tiempos se han perseguido por los malos Estado a los oponentes integrados en diversos tipos de asociaciones, pues el rival sabe, que son más que una yuxtaposición simple de los individuos.

En suma, la reforma constitucional, no choca con los derechos sociales, sino los amplia, los fortalece; su existencia y su interpretación jurídica, se debe hacer en una perspectiva armónica con los derechos sociales y políticos. Pero sobre todo, los sindicatos, los trabajadores, no deben permitir que se imponga una interpretación neoliberal de la reforma constitucional. Que el renacer, en parte, del artículo 1o. de la Constitución de 1857, en la redacción del artículo 1o. de la reforma constitucional que abordamos, no busque, el renacer del liberalismo anterior a la Revolución Mexicana de 1910, en sus aspectos negativos.

En forma resumida, no debe permitirse que la reforma constitucional, sea usada como instrumento neoliberal, para destruir logros históricos, indeclinables.

Esto nos lleva a recordar la división de los derechos humanos en tres generaciones: primera generación: derechos civiles y políticos; segunda generación: derechos económicos, sociales y culturales (Estado social de derecho); tercera generación: por medio de la solidaridad internacional se busca el progreso social y de los pueblos y un desarrollo sustentable.

La calidad de derechos humanos de los derechos laborales, se desprende de la naturaleza propia de los mismos en relación con el artículo 1o. constitucional y diversos instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte, así como del artículo 102, Apartado B, párrafo tercero partiendo de una interpretación a contrario sensu:

Texto anterior:

Estos organismos (de protección de los derechos humanos) no serán competentes tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales.

Texto vigente:

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales.

A contrario sensu, en adelante la CNDH podrá conocer de quejas laborales, y como complemento interpretativo inmediato, los derechos laborales adquieren el carácter de derechos humanos.

Siendo esto un gran avance, aún no es suficiente, ya que la falta de su consagración expresa ha dado lugar a interpretaciones insostenibles ya antes comentadas.

Fundamento legal

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a su consideración la presente iniciativa.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan un párrafo segundo, al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Artículo 123. ...

Los derechos contenidos en este artículo, en general los derechos laborales, de seguridad social y demás derechos sociales, se reconocen como derechos humanos, tanto los de naturaleza individual como colectiva.

A. ...

B. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2012.— Diputado Silvano Blanco Deaquino (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para dictamen.

ARTICULO 122 CONSTITUCIONAL - ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - LEY DE COORDINACION FISCAL

«Iniciativa que reforma la Base Primera del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 112 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Fernando Rodríguez Doval, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, en términos de la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en uso de las facultades que confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución, así como los artículos 6 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el inciso b) de la fracción V del la Base Primera del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 112 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y el inciso b) del artículo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

I. Objeto

La iniciativa está dirigida a

• Reformar el inciso b) de la fracción V de la Base Primera del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se eleve a jerarquía constitucional la asignación mínima de 20 por ciento del presupuesto de Egresos del Distrito Federal para las demarcaciones territoriales.

• Reformar el artículo 112 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para que en este ordenamiento se otorgue a las demarcaciones territoriales la asignación mínima de 20 por ciento del presupuesto otorgado al Distrito Federal.

• Reformar el inciso b) del artículo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, para que en esta norma se establezca el cobro de intereses en el supuesto de que el gobierno del Distrito Federal incumpla las fechas señaladas en su Gaceta Oficial para el pago de las ministraciones correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

II. Panorama general

La realidad política de la Ciudad de México, como el conglomerado social, económico y cultural más importante del país, y la sede de los Poderes de la Unión, lleva a que se mantenga en un estado de permanente renovación, lo que se refleja en su devenir histórico.

Como consecuencia, el carácter representativo y democrático de los órganos de gobierno del Distrito Federal ha evolucionado en figuras como la Asamblea Legislativa –antes Asamblea de Representantes–, por lo que se refiere al Poder Legislativo, así como en las figuras de jefes del gobierno y delegacionales, por lo que se refiere a los Poderes Ejecutivos.

El estado actual que guardan las competencias y atribuciones de los órganos de gobierno del Distrito Federal proviene medularmente de las reformas constitucionales del 31 de diciembre de 1994 y 22 de agosto de 1996, entre cuyos principales atributos se encuentra la disminución de las restricciones que tienen el jefe del gobierno y la Asamblea Legislativa respecto al presidente de la República y al Congreso de la Unión, así como la determinación del estatus jurídico de las delegaciones u órganos político-administrativos de la Ciudad de México, que tienen autonomía de gestión, presupuestal y en acciones de gobierno respecto a su ámbito territorial, por lo que no guardan una total subordinación respecto al Ejecutivo local, sino que constituyen un nivel de gobierno, al tener delimitado su ámbito de atribuciones competenciales en la ley, por mandato constitucional. A ello se aúna que los titulares de los referidos órganos político-administrativos son elegidos de forma universal, libre, secreta y directa, y sólo podrán ser removidos por el voto de la mayoría absoluta de los diputados a la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, es importante resaltar que carecen de personalidad jurídica propia, no cuentan con hacienda pública y están imposibilitados legalmente para suscribir convenios o acuerdos con la federación, los estados y los municipios, lo cual se traduce en una subordinación total a la política fiscal y de gasto público que fija el gobierno central. De ahí que el dilema que las delegaciones hayan enfrentado hasta la fecha consista en lograr un equilibrio entre sus aspiraciones de creciente autonomía y la tendencia centralizadora del gobierno del Distrito Federal que, de forma natural, han pretendido acrecentar su sometimiento.

Por ello resulta necesario asegurar a las demarcaciones territoriales

a) La asignación de al menos 20 por ciento del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, lo que garantizará que contarán con un piso mínimo de recursos públicos para el sostenimiento de la hacienda de las delegaciones que garantice la prestación de los servicios públicos y el desempeño de las atribuciones que les confiera la Constitución Política y demás leyes secundarias; y

b) La entrega en tiempo y forma, so pena del cobro de intereses por retraso en el pago, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, toda vez que estos recursos son entregados de manera directa por la federación al gobierno central, de acuerdo con lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal.

Lo anterior no implica un avasallamiento contra las facultades de las autoridades locales del Distrito Federal; por el contrario, se busca generar incentivos para dar certeza en la determinación de los recursos públicos, así como transparencia de su distribución y entrega entre los distintos niveles de gobierno; y en el caso específico de que el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal no se pague en las fechas establecidas en el calendario de ministraciones, se cobren intereses al gobierno central, como medida coercitiva para su cumplimiento.

Por lo expuesto se somete a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Primero. Se reforma el inciso b) de la fracción V de la Base Primera del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con lo siguiente:

Base Primera. Respecto a la Asamblea Legislativa:

I. a IV. ...

V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades:

a)...

b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el Presupuesto.

Las asignaciones presupuestales destinadas a las demarcaciones territoriales no podrán ser inferiores a 20 por ciento del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.

..

..

..

..

...

Segundo. Se reforma el artículo 112 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, de acuerdo con lo siguiente:

Artículo 112. En la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos, el jefe del gobierno deberá proponer a la Asamblea Legislativa asignaciones presupuestales para que las delegaciones cumplan el ejercicio de las actividades a su cargo, considerando criterios de población, marginación, infraestructura y equipamiento urbano. El monto previsto de estas asignaciones presupuestales no podrá ser inferior a 20 por ciento del Presupuesto de Egresos. Las delegaciones informarán al jefe del gobierno del ejercicio de sus asignaciones presupuestarias para los efectos de la Cuenta Pública, de conformidad con lo que establecen el estatuto y las leyes aplicables.

...

Tercero. Se reforma el inciso b) del artículo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, de acuerdo con lo siguiente:

Artículo 36. ...

a) ...

b) ......

El retraso por el gobierno del Distrito Federal en la entrega de las ministraciones a las demarcaciones territoriales dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones.

Transitorio

Único. El presente decreto de ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.— Diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para dictamen.

ESTADO DE SINALOA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a emitir las declaratorias de emergencia y desastre para Sinaloa por las heladas que afectaron los cultivos en días recientes, suscrita por el diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que confieren el artículo 79, numeral 1, fracción 2, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 116, numeral 1, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo solicitando al gobierno federal a emitir con carácter de urgente las declaratorias de emergencia y desastre para Sinaloa por las heladas que afectaron los cultivos en aquella entidad en días recientes y que se giren las correspondientes instrucciones para agilizar la llegada de los recursos destinados para atender esta emergencia, con base en las siguientes

Consideraciones

Las primeras heladas resentidas en el valle de El Carrizo, en la parte norte de Sinaloa, siniestraron a más de 48 mil hectáreas sembradas de maíz y legumbres. La situación es de riesgo porque ahora no se tiene conocimiento si la cantidad de agua en las presas es suficiente para proyectar la resiembra de emergencia.

Por días consecutivos, los efectos de la tormenta invernal alcanzó al valle de El Carrizo, en donde el termómetro descendió por debajo de los cero grados, por lo que los cultivos como el maíz y legumbres, sufrieron graves daños poniendo en riesgo la fuente de empleo de miles de familias sinaloenses.

Que los descensos extremos y atípicos en la temperatura han provocado daños a la agricultura y han afectado a cerca de 20 mil habitantes, por lo que el gobernador Mario López Valdez solicitó la declaratoria de emergencia para los 18 municipios.

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno federal a emitir con carácter de urgente las declaratorias de emergencia y desastre para el estado de Sinaloa por las heladas que afectaron los cultivos en aquella entidad en días recientes y que se giren las correspondientes instrucciones para agilizar la llegada de los recursos destinados para atender esta emergencia.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que se instrumenten las medidas necesarias para apoyar a toda la población afectada por las heladas atípicas que se han presentado en Sinaloa en fechas recientes.

Tercero. Dado que la emergencia de que se trata es de heladas, el programa aplicable es Cadena, por los que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que se rehabilite, reconstruya y reincorpore a la actividad productiva a los productores afectados mediante apoyos directos y la aplicación de los esquemas de aseguramiento.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que a la brevedad se tomen la medidas necesarias para que técnicamente se corroboren los daños y se active el programa Cadena.

Quinto. Se solicite al gobierno estatal de Sinaloa le informe a esta soberanía la situación que en que se encuentra la población afectada, para que se  atienda y apoye a la brevedad a los productores afectados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 23 días de enero de 2013.— Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela  (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE ENERGIA - REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el Reglamento Interior de la Secretaría de Energía y el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica porque son contrarios a lo establecido sobre la materia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Parecería que se está haciendo costumbre que el titular del gobierno saliente apruebe permisos, solicite recursos y emita decretos en los últimos días de su gestión.

A la par de los permisos que Felipe Calderón otorgó a la industria de los casinos, ahora se conoce sobre “una serie de ordenamientos y modificaciones aprobados a última hora por el anterior gobierno federal (que) le dejan la mesa puesta a la administración de Enrique Peña Nieto en caso de que quiera privatizar el sector energético mexicano, empezando por la electricidad.”

En días recientes la revista Proceso reveló las posibles implicaciones que pueden tener el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Energía y el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, entre otras nuevas disposiciones que pasan por alto el artículo 27 constitucional relativas a la imposibilidad de privatizar algunos organismos.

A mediados del mes de septiembre, y en pleno proceso de transición gubernamental, comenzaron a emitirse varias modificaciones a reglamentos sobre materia energética, las cuales contemplarían “la participación de particulares en el proceso de generación, transmisión, distribución y venta de electricidad.”

Al respecto podemos mencionar lo que dicho artículo constitucional contempla al respecto: “Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.”

Los reglamentos antes mencionados se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre y el 30 de noviembre de 2012, respectivamente, es decir, un día antes de que Enrique Peña Nieto tomara protesta como titular del Ejecutivo.

Resulta evidente la urgencia de modificar la legislación por parte de la administración panista y de los posibles beneficiarios, , tan sólo en el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica se vieron afectados 77 de los 173 artículos que conforman el reglamento.

Entre los artículos modificados destaca el 11: “El suministrador podrá celebrar convenios y contratos con los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, los municipios, las entidades paraestatales o con particulares, para realizar actos relacionados con la prestación del servicio y actividades conexas, con el fin de mejorar el aprovechamiento de sus recursos, así como simplificar y facilitar las labores administrativas relativas al servicio”.

Resultan relevantes los cambios al artículo 72 que “estipula que los particulares podrán generar energía eléctrica con el fin de vendérsela a la Comisión Federal de Electricidad” y el artículo 73 que “autoriza que los particulares realicen transmisión, transformación y entrega de energía eléctrica a los beneficiarios.”

Los cambios en determinados artículos denotan la intención de restar autonomía a la Comisión Federal de Electricidad, a la par de que será la Secretaría de Energía quien decida sobre los puntos clave de las licitaciones así como autorizar todo proyecto de dicho organismo.

Una de las modificaciones que amerita mayor atención es el artículo 5 del mencionado reglamento, en donde se estipulaba que las paraestatales coordinadas por la Secretaría de Energía estaban agrupadas en tres subsectores: el de la electricidad, el de los Hidrocarburos y el de Tecnología Energética. En el “nuevo reglamento desaparecieron los subsectores y no se menciona por su nombre a las paraestatales ni a los institutos”, lo cual claramente deja abierta la puerta a una interpretación del artículo que podría representar intereses del sector privado.

Por último, como ya se evidenció, debemos señalar que los decretos de Felipe Calderón “también permitieron subsanar las irregularidades que cometió al decretar la extinción (de) Luz y Fuerza del Centro en octubre de 2009 y dejan abierta la posibilidad de que el gobierno de Peña Nieto acuda a fórmulas privatizadoras de las paraestatales.”

El artículo 6 del nuevo Reglamento Interno de la Secretaría de Energía, en su fracción XXIII, establece como facultad genérica de los subsecretarios: “Someter a la consideración del secretario los estudios y análisis previos, así como los anteproyectos de instrumentos jurídicos, cuyo objeto sea crear, modificar, disolver, liquidar, extinguir, fusionar, enajenar o transferir entidades paraestatales coordinadas del sector, con la opinión de la Unidad de Asuntos Jurídicos”.

Estamos ante una legislación hecha a modo que, sin lugar a dudas, busca ser la antesala de la Reforma Energética que tanto urge en el país y de la que no permitiremos que intereses de unos cuantos perjudiquen a todo el pueblo.

Por lo antes expuesto y fundado, presentamos a esta Comisión Permanente la siguiente proposición de urgente u obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a derogar el Reglamento Interior de la Secretaría de Energía y el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica por ser contrarios a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre la materia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 22 días del mes de Enero de 2013.— (Rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que emita la declaratoria de emergencia para Comondú y Mulegé, Baja California Sur, e intervenga mediante programas federales a fin de mitigar la urgencia agrícola, suscrita por el senador Isaías González Cuevas e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Isaías González Cuevas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 109; y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, así como en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el estado de Baja California Sur, sus habitantes han luchado ancestralmente por la reivindicación de sus derechos políticos hasta haberlos alcanzado el 8 de octubre de 1974. Después de su incorporación al pacto federativo, así como la reinstalación de la vida municipal que había estado suprimida desde 1928, participa en las acciones y programas que se impulsan desde el gobierno federal.

La vocación de sus habitantes de siempre ha sido pesquera, minera, ganadera, y hasta hace algunos años, agrícola y turística, merced a las bellezas naturales, clima, sanidad ambiental y otros atributos, que aún con su aislamiento geográfico, la colocan en desventaja dentro de las mejores calificaciones en los programas de productividad tanto en el mercado nacional como internacional.

Hoy, Baja California Sur camina de la mano con los programas diseñados desde la federación para que sean impulsadas áreas como las comunicaciones (aéreas, marítimas y terrestres), por la escasa conectividad en zonas como La Paz o Loreto. En lo que respecta a la agricultura, su alto índice de sanidad y calidad hace que sean candidatos para la exportación de productos como el abulón y la langosta. Cabe destacar que ambos rubros no han sido consolidados con programas coordinados ni incorporados como tareas prioritarias para la economía estatal.

Como consecuencia del cambio climático, nuestra entidad ha sufrido severos impactos que perjudican la extracción pesquera, el desarrollo turístico y la agricultura. Por lo que se refiere al último rubro; el agrícola, que ha podido posicionarse y ser rentable para quienes se dedican a esa actividad, han podido sobresalir gracias al empeño de los campesinos y agricultores, empecinados en extraer mayores frutos a la tierra agreste sudcaliforniana.

Hoy, por las inclemencias del clima, que insólita e históricamente había sido benigno en la entidad sudcaliforniana, se sufre de cambios bruscos que han determinado y ocasionado heladas, dejando como consecuencia la pérdida total de cosechas del ciclo otoño-invierno de sorgo, maíz, y la mayor parte de las hortalizas en los valles de Santo Domingo, municipio de Comondú y de Vizcaíno, en el municipio de Mulegé en Baja California Sur.

Es por ello que en mi carácter de senador de la República, y a solicitud de campesinos y agricultores pertenecientes a las diversas asociaciones, me permito presentar y solicitar ante esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que dadas las condiciones climáticas que imperan en el país, se exhorta respetuosamente al gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, sean liberados recursos del Fondo de Desastres Naturales para los municipios de Comondú y Mulegé.

Segundo. Que los programas de las Secretarías de Desarrollo Social; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, atiendan la emergencia agrícola que presentan los valles de Santo Domingo y Mulegé, en los municipios de Comondú y Mulegé respectivamente

Tercero. Que sea declarada como zona de desastre agrícola el valle de Santo Domingo, ubicado en los municipios de Comondú y Mulegé, en el estado de Baja California Sur, solicitando la intervención respetuosamente del titular del Poder Ejecutivo federal, a través de las instancias gubernamentales relacionadas con la atención a este tipo de fenómenos naturales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.— Senador Isaías González Cuevas (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

ZONA DE LA LAGUNA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a destinar con la Sedena y la Semar mayor número de elementos a la zona metropolitana de la Laguna para reforzar las labores de seguridad en la región, suscrita por los senadores Luis Fernando Salazar Fernández, José Rosas Aispuro Torres y Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, Luis Fernando Salazar Fernández y José Rosas Aispuro Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución General de la República, la seguridad es una función a cargo de la federación, los estados y los municipios, tanto en sus respectivos ámbitos de competencia como de forma coordinada cuando así se amerita.

La región Laguna, en especial los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, Durango; y Torreón, Coahuila, presenta un crecimiento abrumador de la violencia y la inseguridad: los homicidios, los secuestros, la violencia brutal contra las mujeres y los delitos del orden común o local, siguen al alza; y lo peor es que los habitantes ya no ven esperanza alguna de que esto pueda por lo menos disminuir en el corto o mediano plazos.

En el caso de Torreón, el gobernador no ha presentado o intentado poner en marcha algún plan de seguridad que sea eficaz, integral, incluyente, medible y verificable. Sólo palabras, promesas, y supuestas “estrategias”, de las cuales nunca se precisan la naturaleza, el contenido, los alcances, los indicadores, los parámetros y, en su caso, las metas que deben cumplirse y cotejarse con el calendario, como debe ser un verdadero plan de seguridad. En cambio, los ciudadanos sólo escuchan demagogia.

En años anteriores se había anunciado de parte de la administración de su hermano, Humberto Moreira, un supuesto plan de seguridad para la Laguna; de éste jamás se tuvo información como la señalada (bases, indicadores, participación ciudadana y otra) ni, mucho menos, resultados.

El 3 de enero del presente, los medios locales de Coahuila dieron cuenta de una declaración del gobernador Rubén Moreira que, en la parte medular, dice: “Coahuila se sumará al plan de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto, pues en la coordinación en los tres órdenes de gobierno seguramente estará el éxito....” A menos que con ello quiera dar a entender Rubén Moreira que antes nunca se había coordinado con el gobierno federal; sólo podemos señalar con precisión que la Laguna se derrumba, ha sido virtualmente secuestrada y sitiada por la violencia y el crimen, y no sólo el organizado sino –también– el común, ese que es competencia exclusiva de las entidades federativas.

Cifras reveladas en el mismo mes por el periódico El Universal señalaban que en el periodo diciembre de 2012-13 de enero de 2013 habían ocurrido 140 homicidios en la región. En su aspecto global, 2012 presentó un incremento de los crímenes violentos superior a 2011.

En Durango, Lerdo y Gómez Palacio son ejemplo de municipios bajo el fuego del crimen, y retratan de modo perfecto la total impotencia o incapacidad de las autoridades locales, estatales y municipales para hacer frente a este flagelo, que ha arrebatado la paz y la tranquilidad a los habitantes. Incapacidad, corrupción, negligencia, falta de profesionalización de sus cuerpos del orden, falta de planes elaborados por profesionales en la materia... pueden ser muchas las razones o al menos varias de éstas las que explicarían el siempre pobre y casi nulo papel de las autoridades estatales y municipales en su función de garantizar la seguridad pública de los ciudadanos.

En Lerdo y Gómez Palacio, la violencia se ha recrudecido, igual que en Torreón; las noticias diarias dan fe de ello.

Ahora las cosas están peor que nunca, y lo peor es que el gobierno federal no ha definido ni, mucho menos, puesto en marcha lo que llama la “nueva estrategia de seguridad”; quizá se trate de un plan o estrategia que llevará mucho tiempo implantar, pero si es éste el caso, debemos anotar que la violencia se empieza a recrudecer en algunas zonas del país, como la mencionada. Los ciudadanos no tienen por qué esperar a que los gobernantes se pongan de acuerdo, y que las autoridades locales sigan adelante con planes de seguridad inexistentes o fallidos. Las personas mueren todos los días, y todos los días hay robos, asaltos, secuestros, extorsiones y demás.

Urge que la zona metropolitana de la Laguna reciba todo el apoyo federal posible ante la incapacidad de sus autoridades locales.

Los ciudadanos demandan seguridad; y si para ello se debe reforzar la región con mayor presencia de las fuerzas militares, debe hacerse, y punto.

Lo mencionado no exime de sus responsabilidades a los gobiernos de Durango y de Coahuila, ni a las autoridades municipales de la región multicitada.

Por lo expuesto solicito a esta soberanía que se aprueben los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta asamblea exhorta al jefe del Ejecutivo federal para que, en coordinación con las Secretarías de la Defensa Nacional, y de Marina, destine en breve mayor número de elementos de ambas dependencias a la zona metropolitana de la Laguna, a fin de que refuercen las labores de seguridad en la región.

Segundo. Asimismo, se exhorta a los gobernadores de Durango y de Coahuila para que, de conformidad con las atribuciones que les confieren las leyes, procedan en breve a elaborar en coordinación con Torreón, Gómez Palacio y Lerdo un plan de seguridad conjunto entre dichos gobiernos estatales para hacer frente y mitigar la violencia y el crimen que azota a la región. Esto, independientemente de la coordinación que al efecto mantengan con el gobierno federal.

México, Distrito Federal, a 23 de enero de 2013.— Senadores: Luis Fernando Salazar Fernández, José Rosas Aispuro Torres (rúbricas).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

AVION PRESIDENCIAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sedena un informe sobre la seguridad del avión presidencial Boeing 787 y que suspenda el proceso de compra, suscrita por el senador Mario Martín Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Mario Delgado Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos sexto y undécimo del acuerdo de la Comisión Permanente por el que se establecen los lineamientos para el desarrollo de las sesiones durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

En el mes de julio de 2012, la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) presentó el proyecto para adquisición de un avión presidencial. En aquel momento, el proyecto de adquisición presentado por el gobierno federal causó controversia considerando el valor presentado en el proyecto de adquisición por 667 millones de dólares más aproximadamente 83 millones de dólares de mantenimiento, que dan un total de 750 millones de dólares; en comparación con el valor comercial del mismo por 206.8 millones de dólares.

El avión que está en proceso de adquisición por parte del gobierno federal forma parte de la línea denominada 787 o Dreamliner, producido por Boeing Commercial Airplanes (Boeing) y se trata del 787 – 8. De conformidad con la información de la empresa, ésta es una nueva línea de aviones de pasajeros de tamaño medio, la cual se lanzó para ofrecer un avión que brinda mayor eficiencia en su operación, debido a la velocidad y al ahorro en el consumo de combustible, ya que le permite utilizar un 20% menos de combustible que cualquier otro avión de su tamaño en trayectos similares. El 787 – 8 y el más largo 787 -9 tiene entre 200 y 300 lugares para pasajeros, dependiendo de la configuración de asientos que se elija.

La nueva línea de aviones 787 realizó su primer vuelo en diciembre de 2009, siendo que el primer avión de la línea fue entregado, en septiembre de 2011, a All Nippon Airway (ANA), aerolínea que realizó el primer pedido por 50 aviones de ésta línea.

Considerando la información publicada por Boeing, en un año, contado a partir de la primera entrega, la empresa duplicó la producción de su nueva línea de aviones 787. Es así que para noviembre de 2012, la producción del Boeing 787 alcanzó un promedio por mes de producción de 5 aviones. Siendo que para esa fecha ya se habían construido aproximadamente 83 aviones de la nueva línea y 35 aviones han sido entregados a 8 aerolíneas. El programa de producción de esta línea tiene más de 800 pedidos por 58 diferentes clientes alrededor del mundo. Para 2013 pretenden tener una producción de 10 aviones por mes.

A mediados del mes de enero de 2013, se dio a conocer que la nueva línea de aviones Boeing 787 Dreamliner ha presentado diversas fallas relacionadas principalmente con las baterías y el combustible, lo que ha puesto en riesgo y alerta a las aerolíneas y a las autoridades federales de aviación de Estados Unidos. Lo anterior es así, considerando que las fallas se han agudizado al presentarse las fallas en diversos casos.

El miércoles 16 de enero de 2013, tras presentarse un aterrizaje de emergencia en Japón,  incidente que se sumó a otros seis registrados en Japón desde el pasado 7 de enero y dos más reportados en aeropuertos de Estados Unidos; las autoridades federales de aviación de Estados Unidos ordenaron mantener en tierra temporalmente los aviones Boeing 787, que vuelan en el espacio norteamericano, mientras se investigan las baterías del avión, aparentemente relacionadas con varios incidentes recientes. Asimismo, autoridades de Europa, India y las aerolíneas ANA y Japan Airlines ordenaron mantener en tierra temporalmente esas aeronaves para su revisión.

La decisión de las aerolíneas japonesas y de la Administración Federal de Aviación (Federal Aviation Administration) de mantener en tierra ese modelo de avión, se realizó por cuestiones de seguridad ante la frecuencia de los sucesos presentados.

Como se mencionó, el avión presidencial que está en proceso de compra pertenece a la nueva línea de aviones Boeing 787 que ha presentado fallas y respecto de la cual se ha ordenado mantener en tierra hasta que las investigaciones concluyan.

No obstante lo anterior, el 17 de enero de 2013, la oficina de comunicación social de la Presidencia aclaró que pese a que la flota internacional del Boeing Dreamliner 787 está en tierra para ser revisada como consecuencia de las fallas que se han observado en los últimos días en varios de esos aviones, la adquisición de esa aeronave por parte del Gobierno se mantiene conforme a lo previsto para que sea usada por el Presidente; por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional continuará con el proceso de adquisición pues el contrato ya está firmado desde noviembre pasado, aunque el avión se entregará años más tarde. Misma postura que adoptó la aerolínea mexicana Aeroméxico que confirmó su decisión de incorporar más de 15 aviones Boeing 787.

De conformidad con la Ley de Seguridad Nacional, por seguridad nacional se?entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la?integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a,?entre otros aspectos, el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno.

Asimismo, de conformidad con el artículo 5o. de la ley en referencia, se consideran amenazas a la seguridad nacional, cualquier acto en contra de la seguridad de la aviación, así como cualquier acto que atente en contra del personal diplomático. Siendo que en el caso que nos ocupa, la continuidad en la contratación de la aeronave que utilizará el presidente de la república, actualiza los supuestos referidos ya que se puede poner en riesgo la integridad física del Presidente siendo el titular del Poder Ejecutivo y el encargado de dirigir la política exterior.

Los hechos recientes en el campo internacional indican que la selección, evaluación y determinación del avión que utilizará el presidente de los Estados Unidos Mexicanos está en riesgo. El avión seleccionado ha presentado diversas fallas que ponen en entredicho el cumplimiento del mandato de seguridad nacional si el avión fuera utilizado.

En consecuencia, se somete a consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con el carácter de urgente u obvia resolución, los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional para que proporcione a la brevedad un informe detallado al H. Congreso de la Unión, en el que explique los siguientes aspectos:

A) Qué proceso de selección, análisis, evaluación e investigación se siguió para elegir el modelo de avión 787-8 de la empresa Boeing Commercial Airplanes para que forme parte de la flota del Estado mexicano y, en particular, para que sea utilizado como avión presidencial, y su determinación como el avión que concreta los máximos estándares en seguridad, y por ende, en cumplimiento al mandato de seguridad nacional.

B) Las ventajas que presenta la elección de esta reciente línea de avión, respecto de otras aeronaves existentes en el mercado, sobre todo en materia de seguridad.

C) Exponga los motivos por los cuales no se ha suspendido y/o cancelado la operación de adquisición a pesar de las fallas presentadas por esa línea de aeronave.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, al ser el encargado de preservar la seguridad nacional en términos del artículo 89, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que instruya a la Secretaría de la Defensa Nacional la suspensión de la contratación de la aeronave 787-8 hasta en tanto culminen las investigaciones y certificaciones correspondientes que acrediten la completa seguridad de la aeronave, a fin de garantizar que su posible operación no ponga en riesgo la seguridad nacional del Estado mexicano.

Notas:

1 Una de las principales compañías aeroespaciales, fundada en 1916 en Washington y es un fabricante de aviones comerciales y militares que se caracteriza por tener clientes o consumidores en 150 países. En 2011 tuvo un ingreso por $68.7 mil millones de dólares, de los cuales el 70% del ingreso obtenido por la venta de aviones comerciales proviene históricamente por clientes fuera de los Estados Unidos. Tiene más de 26,500 contratos con compañías y/o proveedores que le brindan servicios, tecnologías y manufacturación de los bienes y con más de170,000 empleados en 50 ciudades y 70 países. Para 2012, Boeing cuenta con 12,000 aeronaves en servicio a través de diferentes aerolíneas y consumidores.

2 El avión viaja a una velocidad parecida a la de los actuales aviones de fuselaje ancho más rápidos, es decir Mach 0.85 (912 Km. /h). Lo que permite a las aerolíneas  disponer de más ingresos por carga.

Senador Mario Delgado Carrillo (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

HIPOGLUCEMIA REACTIVA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a crear una estrategia de información sobre el control de la hipoglucemia reactiva, suscrita por la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada María de las  Nieves García Fernández del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable Asamblea punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Como es del conocimiento de la gran mayoría de los aquí presentes, la diabetes mellitus o diabetes tipo 2 es la enfermedad crónica con mayor prevalencia en México. Se calcula que existen alrededor de ocho millones de pacientes con este padecimiento en el país, según datos de la Federación Mexicana de Diabetes.

Uno de los puntos más críticos en la vida de un paciente diabético insulinodependiente es la aparición de crisis de hipoglucemia, es decir, cuando los valores de glucosa descienden por debajo de las 60 unidades de glucosa en sangre debido a la presencia de fármacos orales o inyectados que reemplazan la insulina natural, misma que los diabéticos no producen.

Una crisis hipoglicémica puede resultar fatal pues las reservas de glucosa en la sangre no alcanzan para suministrar energía al sistema nervioso central, lo que conduce a estados de shock, pérdida de conocimiento, y en los casos más extremos, daño neurológico permanente.

Pero hay otra clase de hipoglucemia, no relacionada con fármacos, en la que los pacientes producen un exceso de insulina y la liberan al torrente sanguíneo en respuesta a la ingesta de carbohidratos. Esta clase de hipoglucemia, se subdivide, además, en hipoglucemia en ayunas, que se produce después del ayuno, y en hipoglucemia reactiva, que surge como una reacción al ingerir hidratos de carbono. El nivel de glucosa en sangre de una persona hipoglucémica sube después de las comidas y tiene un descenso significativamente más bajo de lo normal al cabo de entre 2 y 5 horas. Los efectos son exactamente los mismos que en los pacientes diabéticos: daño neurológico.

La hipoglucemia reactiva no es detectada con facilidad, ya que muchas veces se le confunde con crisis de ansiedad o desórdenes de tipo psicológico, pues los síntomas de la baja de azúcar son: debilidad, llanto, angustia, visión borrosa, confusión, fatiga, irritabilidad, pánico, nerviosismo, falta de concentración, incoordinación, depresión. Cuando las glándulas suprarrenales responden al exceso de insulina, los síntomas que se presentan son: sudor, sofoco, taquicardia, mareos, nausea, temblores, vértigo, sensación de pánico y miedo, ansiedad, dolores de cabeza, espasmos intestinales, ahogo, sensación de hormigueo.

Estos síntomas suelen ser episódicos, y se relacionan con el tiempo transcurrido y el contenido de la comida previa. Normalmente, mejoran al comer. Pero cuando  se consumen azúcares (azúcar, miel, fructosa etc.) o carbohidratos refinados (harinas refinadas como pan blanco, pasta, bollería etc.), los niveles de glucosa aumentan desproporcionadamente y provocan la liberación de una fuerte cantidad de insulina, con lo que se activa una baja brusca de glucosa, causando el episodio de hipoglucemia.

Con los años, y si la costumbre de comer azúcares y carbohidratos refinados continúa, el organismo produce más y más insulina, hasta generar un agotamiento tanto del páncreas como de las suprarrenales, llegando, también, a afectar la forma en que el cuerpo se enfrenta a cualquier situación de estrés. En el mejor de los casos, la hipoglucemia reactiva se estanca y brota en estados de ansiedad; en el peor, es el estadio previo a la diabetes tipo 2.

Muchas personas con hipoglucemia reactiva se vuelven adictas al tabaco, ya que este aumenta la producción de glucosa. En una investigación sobre el tabaco y la hipoglucemia reactiva llevado a cabo por el doctor Don C. Hemingway, publicado en el Journal of Orthomolecular Medicine en 1989, observó que si a fumadores con hipoglucemia se les hacía fumar un cigarrillo y se les sometía al Test de Tolerancia de la Glucosa, sus niveles de glucosa aumentaban, mostraban una mejoría física inmediata y disminuían sus síntomas de hipoglucemia.

Como puede apreciarse, la hipoglucemia reactiva puede ser un problema de salud pública infravalorado y es una de las causas de diabetes. También se encuentra detrás del tabaquismo.

Por lo anterior expuesto, me permito presentar a ustedes el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la ciudadana secretaria de Salud, doctora Mercedes Juan, a crear una estrategia de información acerca de este padecimiento y a que en las clínicas y hospitales del sector salud se lleven a cabo los análisis pertinentes para su detección.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.— Diputada María de las Nieves García Fernández (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos federal, estatales y del Distrito Federal a suscribir convenios de colaboración técnica con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, suscrita por la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es la agencia encargada de proteger y ayudar a los refugiados en el mundo. Su deber es proveer protección internacional y asegurarse que los refugiados no sean devueltos a un país en donde corran peligro, garantizando que sus derechos básicos sean respetados.

Los refugiado s son personas que huyeron de su país debido a un temor fundado de ser perseguidos por su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular, y que no pueden acogerse a la protección que les brinda su país de origen.

La oficina del ACNUR en México fue establecida en 1982. Además de su oficina central en la Ciudad de México, cuenta con una oficina de terreno en Tapachula, Chiapas. El ACNUR trabaja con el gobierno de México, a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), e implementa diversos tipos de programas con organismos de la sociedad civil.

El trabajo de protección de las personas refugiadas en México de ACNUR se enfoca en rubros como:

1. Asesoría legislativa en materia de refugiados;

2. Capacitación de estudiantes, académicos, funcionarios migratorios, abogados y juristas en materia de protección internacional sobre Derecho Internacional de los Refugiados, dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos; y,

3. Facilitación de la integración de los refugiados a la sociedad.

ACNUR jugó un papel determinante en el diseño de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2011, para establecer un procedimiento efectivo y adecuado para dar cauce a las solicitudes de asilo que se reciben en el país, en concordancia con los convenios internacionales firmados por México.

Y lo sigue haciendo al aportar sus observaciones al proyecto de reformas que actualmente discutimos en el Senado, a través del cual el titular del gobierno anterior propuso modificar la denominación de dicha Ley y adicionar diversas de sus disposiciones y de la Ley de Migración.

Gracias a estas observaciones de ACNUR, pudimos detectar que el proyecto del Ejecutivo anterior no tiene coherencia y no se apega a los estándares internacionales en la materia.

Ahora bien, en el contexto político y económico de nuestro tiempo, los refugiados tienden a utilizar los mismos recursos, rutas y medios que los migrantes indocumentados en su intento por salir de sus países huyendo de la violencia o la persecución.

En un mismo proceso se funden grandes corrientes migratorias e importantes conglomerados humanos víctimas del tráfico y la trata de personas. Es en ese complejo y delicado marco en el que un organismo como ACNUR trabaja con los gobiernos y las agencias nacionales y estatales para que aquellas personas vulnerables en necesidad de protección internacional reciban la atención necesaria.

De igual forma, los refugiados necesitan encontrar una solución permanente a su situación, ser capaces de mantenerse por ellos mismos y asumirse como miembros productivos de la sociedad que los recibió. Algunos pueden tener dificultades para encontrar un empleo e incluso suelen enfrentar las perores manifestaciones de la discriminación.

En este escenario, ACNUR trabaja y colabora con distintos actores para desarrollar y fortalecer programas para facilitar la integración de la población refugiada en México. En México, existen más de mil 600 personas con el estatus de refugiado y más de 600 solicitantes de asilo que están en espera de que se defina su situación.

Por ello, resulta fundamental que sumemos esfuerzos con el objetivo de garantizar que los derechos humanos y el bienestar de quienes han solicitado protección internacional en nuestro país sean efectivamente respetados.

Lo anterior, además de alinear actividades en una misma dirección en beneficio de quienes desafortunadamente se encuentran fuera de su país, sin residencia legal, y perseguidos por circunstancias políticas o personales , permitiría refrendar el compromiso del Estado mexicano a favor de la protección de los derechos de los refugiados y solicitantes de asilo.

Para ello, proponemos la celebración de convenios nacionales y estatales con un organismo internacional como ACNUR, a efecto de explotar al máximo la experiencia y las capacidades técnicas que nos permitan establecer las bases y los mecanismos integrales y transversales de colaboración para la ejecución de actividades dirigidas a la protección e integración local de las personas acogidas a las instituciones de asilo o refugio en nuestro país, y también para combatir las prácticas discriminatorias, el racismo, la xenofobia y la trata de personas.

La reforma de 2011 a nuestra carta magna en materia de derechos humanos, constituyó un importante avance en la materia en la medida en que elevó a rango constitucional el derecho a solicitar asilo o refugio.

Lo anterior, ha puesto al México al día y lo ha comprometido aún más frente a la comunidad de naciones. De esta forma, además de legislar para fortalecer y consolidad el mandato constitucional, estamos obligados a promover y ejecutar todas aquellas prácticas y esquemas que nos permitan cumplir con nuestros compromisos internacionales.

Los gobiernos del estado de Oaxaca y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han avanzado ya en este sentido y nos han puesto la muestra sobre la oportunidad y la utilidad de este tipo de Convenios en materia de protección, difusión de derechos y promoción de la integración económica y social de quienes se encuentran en nuestro país en calidad de refugiados o asilados.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito poner a la consideración de esta representación nacional el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a los titulares de los Poderes Ejecutivos estatales y al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a que suscriban e instrumenten Convenios de Colaboración Técnica con la representación en nuestro país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a efecto de aplicar protocolos de atención, protección, información e integración económica y social de quienes solicitan o se encuentran en nuestro país en calidad de refugiados o asilados.

Salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a los 23 días del mes de enero de 2012.— Senadora Angélica de la Peña Gómez (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

DROGAS ILEGALES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y demás autoridades federales y locales competentes a fortalecer las acciones de prevención y tratamiento de adicciones a drogas ilegales, suscrita por los diputados Rodrigo González Barrios, Uriel Flores Aguayo y Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

Nuestro país transita por una verdadera emergencia nacional en varios rubros de salud, que exige acciones eficaces y coordinadas entre todos los niveles de gobierno y de todos los sectores. Lo que nos lleva a señalar, por otra parte, que no podemos seguir llenando a la Ley General de Salud, de reformas que más que disposiciones jurídicas, parecieran buenas intenciones con fines básicamente políticos.

Como muestra de lo anterior, basta ver la pandemia de la obesidad y otros padecimientos asociados a la misma, y la lenta acción del Estado para su debida atención.

Otro problema de salud pública que se agrava, y que es materia del presente punto de acuerdo, es el relativo a las adicciones a drogas ilegales, para cuya solución se debe excluir la persecución, y por el contrario, su atención exige la prevención y tratamiento oportuno en pleno respeto a los derechos humanos de los usuarios.

El consumo de drogas ilegales, se ha duplicado en diez años entre las personas de 12 a 65 años y, respecto a los adolescentes de 12 a 17 años, se ha incrementado más de un cincuenta por ciento, esto conforme a la Encuesta Nacional de Adicciones 2011. Esta Encuesta es resultado de la coordinación entre la Comisión Nacional Contra las Adicciones y la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, a través del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, con la participación del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”.

Esta Encuesta, comienza señalando, que: “El abuso de substancias psicotrópicas, constituye uno de los problemas de salud pública de nuestra época, que se presenta tanto a nivel nacional como internacional. Este fenómeno de salud afecta, sin distinción de género, incidiendo principalmente en niños y adolescentes, de cualquier estrato social y de todas las regiones de nuestro país.

La Encuesta continúa diciendo, que “Los estudios epidemiológicos, tanto nacionales como mundiales nos demuestran que este fenómeno es cambiante y se presenta con mayor frecuencia en jóvenes y con substancias más dañinas. Se observa además un aumento en el uso de drogas en la mujer, tanto legales como ilegales...”

De acuerdo a la Ley General de Salud, Farmacodependiente es toda persona que presenta algún signo o síntoma de dependencia a estupefacientes o psicotrópicos.

En la lucha por la prevención y debido tratamiento de estas personas, debemos recordar que La Ley General de Salud, establece en su artículo 2o., que el derecho a la protección de la salud, tiene, entre otras finalidades, el lograr el bienestar físico y mental de las personas, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; por su parte el artículo 3o. del mismo ordenamiento, establece como materia de salubridad general, la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el programa contra la fármacodependencia.

Como sabemos, el Consejo Nacional Contra las Adicciones, tiene por objeto promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por las Adicciones, mismo que está integrado por el Secretario de Salud, quien preside, por los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyas atribuciones tengan relación con el objeto del Consejo y por representantes de organizaciones sociales y privadas relacionadas con la salud. Cuando lo estima conveniente, el Secretario de Salud puede invitar a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas a asistir a las sesiones de este Consejo.

Para mejorar la prevención y tratamiento a las adicciones, durante la pasada administración, se crearon la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), así como el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones (CENADIC), siendo el propósito de éste último el propiciar la calidad de los servicios de atención y tratamiento de las Adicciones.”, según la encuesta ya múltiples referida.

La edad promedio para el inicio en el consumo de drogas disminuyó entre 2002 y 2008, en las mujeres son 20 años y entre los varones, los 18 años.

En otro aspecto, la Encuesta refiere, que: “El diseño de las encuestas de 2008 y 2011 permite dividir al país en 8 regiones, analizar sus prevalencias y comparar las tendencias. Los datos muestran que la Región Noroccidental (Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa), es la que tiene las prevalencias más elevadas de consumo de drogas ilegales (2.8%), seguida muy de cerca por la Región Nororiental (Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí) (2.4%). Estas dos regiones tienen cifras de prevalencia anuales significativamente más altas que la media nacional. El tercer lugar lo ocupa la Ciudad de México (1.7%), con cifras muy similares a las de la Región Norcentral (Chihuahua, Coahuila y Durango) (1.6%) y Occidental (Colima, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco) (1.5%); le siguen las Regiones Centro Sur (Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Guerrero) (1.3%), Centro (Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala ) (1.2%) y la Región Sur (Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Yucatán) (0.6%), que tiene las prevalencias más bajas, menos de la mitad de la media nacional (1.5%).”

En suma, urge, tomar, de manera coordinada, las acciones urgentes, para la debida atención de este grave problema de salud pública.

Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente, exhorta al titular de la Secretaría de Salud y, a las demás autoridades federales y locales competentes, y a la sociedad civil en general, a fortalecer las acciones de prevención y tratamiento en materia de adicciones de drogas ilegales, en pleno respeto a los derechos de los usuarios. En este sentido, como instrumento básico de diagnóstico del problema, se valore el reducir la periodicidad para realizar la Encuesta Nacional de Adicciones, que actualmente es de aproximadamente 6 años y, se lleve a cabo a la brevedad, la encuesta nacional de estudiantes sobre consumo de estas substancias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.— Diputados: Rodrigo González Barrios, Uriel Flores Aguayo, Silvano Blanco Deaquino.»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

PETROLEOS MEXICANOS

«Proposición con punto de acuerdo, sobre la relación contractual entre Pemex y la empresa Mexichem, suscrita por la senadora Dolores Padierna Luna y el diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, senadora Dolores Padierna Luna y diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la Republica, respectivamente, someten a consideración de este honorable pleno la proposición con punto de acuerdo al rubro citado para su urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En el sexenio de Vicente Fox Quesada se inicio el proyecto de modernización de la Planta Derivados Cloruros III, la cual consistía en la adición de algunos equipos y la adecuación de la estructura original para incrementar la capacidad de producción de cloruro de vinilo de 200 mil a 405 mil toneladas anuales.

Antes de concluir los trabajos se realizaron pruebas de arranque, que provocaron daños al equipo, cuya reparación implico otros 300 millones de pesos. Posteriormente los directivos recibieron la planta sin las pruebas correspondientes, dando como resultado 180 mil toneladas de producción al año, es decir la producción decreció.

Lo anterior acarreo la baja venta de cloruro de vinilo importándose a un alto precio para satisfacer los compromisos de venta a precio más bajo, dejando cuantiosas pérdidas a Pemex.

2. El 8 de diciembre de 2004, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el honorable Congreso de la Unión solicitó a través de un punto de acuerdo que la Auditoría Superior de la Federación auditará esta fallida obra y emitiera el dictamen correspondiente.

El resultado del punto de acuerdo fue el siguiente: 5 empleados de confianza inhabilitados y 2 mil 500 millones de pesos de daño patrimonial y cuantiosas sumas por pérdida de producción.

3. En concatenación con la anterior los titulares de Pemex argumentaron posteriormente la falta de recursos para invertir en el sector petroquímico, utilizando este pretexto para concesionar y argumentar una coinversión con la iniciativa privada.

Por otra parte la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública de 2010, en la auditoría financiera y de cumplimiento 10-1-18T40-02-0767 DE-187, encontró que el “Complejo Petroquímico Pajaritos” sólo programó una utilización de la capacidad del 55 por ciento, es decir hubo una subutilización de la capacidad instalada de producción del 45 por ciento.

En el reporte de esta misma auditoría en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, informa sobre un subejercicio de 2 mil 317 millones de pesos respecto al presupuesto original de la subsidiaria.

4. En la revisión de la Cuenta Pública de 2011, de acuerdo con la cedula de resultados finales de la auditoría número 179, denominada “Capacidad Productiva y Eficiencia Operativa de las Plantas de Petroquímicos Básicos y Desregulados” realizada a Petróleos Petroquímicos, se puede observar que existió un subejercicio de 1,165 millones de pesos señalando exceso de liquidez.

5. Derivado y a consecuencia de todo lo anterior los dueños de la empresa Mexichem (antes Cloro de Tehuantepec) empezaron a buscar la manera de quedarse con la planta de Clorados III que se encuentra en el “Complejo Petroquímico Pajaritos”, bajo el pretexto de que Pemex no puede operarla.

6. En 2011 y 2012 se presento la propuesta de la alianza entre Pemex y Mexichem ante el Consejo de Administración de Pemex, los consejeros del sindicato y el doctor Gasca Nery, no lo autorizaron, usando argumentos legales sobre la violación al artículo 27 constitucional y la Ley Reglamentaria de Petróleos.

7. Sin embargo el miércoles 16 de enero de 2013, el Consejo de Administración de Pemex autorizó una alianza entre las empresas Pemex y Mexichem, escudándose en un permiso otorgado por la Comisión Federal de Competencia, que es un ente dependiente de la Secretaría de Economía, donde planean coinvertir 560 millones de dólares (aludiendo un supuesto rescate), de los cuales Mexichem invertía solamente 200.

8. Por todo lo anteriormente motivado, señalamos que las acciones realizadas, autorizadas y avaladas por el Consejo de Administración de Pemex en la alianza entre las empresas Pemex y Mexichem del 16 de enero de 2013 y también con el consentimiento de la Comisión Federal de Competencia, son completamente violatorios de lo señalado en los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos; el exceso de facultades del Consejo de Administración como lo señala el artículo 19 y por consecuencia violenta completamente lo señalado en el artículo 5 de la Ley de Petróleos Mexicanos en relación con el artículo 4o. del Estatuto de Petróleos Mexicanos; en concatenación con lo anterior es necesario revisar la responsabilidad de los servidores públicos en la multicitada autorización como lo señala el artículo 110 en relación con 134 ambos de nuestra Carta Máxima.

Por lo anteriormente motivado y fundamentado, solicitamos que sea aprobado de urgente y obvia resolución lo siguiente:

Primero. Respetuosamente solicitamos al Presidente del Consejo de Administración del Petróleos Mexicanos, que en un término no mayor a diez hábiles envíe a esta Soberanía todo la información relativa a la alianza y/o contrato firmado entre los representantes y/o apoderados legales de las empresas Pemex y/o “Complejo Petroquímico Pajaritos” y Mexichem, del día miércoles 16 de enero de 2013.

Segundo. Se instale una Comisión Bicamaral de Investigación a fin de obtener información sobre el tema de la alianza y/o contrato firmado entre los representantes y/o apoderados legales de las empresas Pemex y/o “Complejo Petroquímico Pajaritos” y Mexichem, del miércoles 16 de enero de 2013.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 23 de enero de 2013.— Senadora Dolores Padierna Luna (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

ESTADO DE MEXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del estado de México a mantener las actuales tarifas de transporte público en la entidad, suscrita por los diputados Juana Bonilla Jaime y Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Juana Bonilla Jaime, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración del pleno proposición de urgente y obvia resolución con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de México a mantener las actuales tarifas en el transporte público a efecto de no lesionar la economía de los ciudadanos de esta entidad federativa. Al tenor de las siguientes

Consideraciones

Alrededor de seis millones de mexiquenses utilizan diariamente el transporte público de la entidad en sus diversas rutas y ramales, abordando unidades colectivas, como autobuses, microbuses, combis, y aproximadamente más de medio millón de ciudadanos usa taxi para trasladarse a sus destinos en todo el territorio del estado de México.

Las principales rutas del transporte público enlazan la entidad mexiquense con el Distrito Federal y el propio Valle de Toluca, sin embargo la mayor movilidad de trasporte público se da en la zona metropolitana del Valle de México, en donde la población de menores recursos gasta como mínimo diariamente entre 14 y 30 pesos por viaje redondo; cantidades que pulverizan los bajos salarios que percibe la población, en su mayoría obreros y empleados con percepciones no mayores a dos o tres salarios mínimos.

En fechas recientes varios dirigentes de las diferentes concesiones y permisionarios de la entidad, solicitaron un aumento en el precio del pasaje del transporte público, a pesar de que las tarifas del estado de México son de las más altas del país, ya que el recorrido inicial de 4.5 kilómetros cuesta 7 pesos, y existen rutas que cobran hasta 15 y 18 pesos por el trayecto total, entre ellas las que corren de Zumpango al paradero del metro Cuatro Caminos.

Los transportistas exigen un incremento "emergente" de entre 2 a 3 pesos a la tarifa del pasaje en la entidad, con lo cual la tarifa llegaría a los 9 o 10 pesos sólo por un primer tramo de recorrido que abarcaría hasta 4.5 kilómetros como máximo; de ahí, y de acuerdo a la pirámide tarifaria, el precio se incrementaría de acuerdo al avance del recorrido que cada usuario del transporte tenga que hacer, tal como ocurre actualmente mediante lo autorizado por la Secretaría del Transporte del Estado de México.

La petición de los transportistas se basa en el hecho de que los insumos y refacciones para sus unidades se han incrementado en el lapso del año que ha transcurrido; no obstante entidades como Morelos o el Distrito Federal han mantenido las tarifas por un lapso de mas de un año y el servicio sigue operando sin lesionar la economía de los usuarios.

En fecha reciente se instaló la Comisión Tarifaria para estudiar la viabilidad de la solicitud, y no obstante que la Secretaría del Transporte señaló que ello no significa un incremento en la tarifas, resulta pertinente no perder de vista el desarrollo de las actividades que se lleven a cabo en el seno de la comisión para conocer su resultado, deseando que en ello se privilegie el interés general que ve cómo los actuales salarios son insuficientes para cubrir sus satisfactores básicos.

Por lo anteriormente expuesto solicito a esta soberanía aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al licenciado Eruviel Ávila Villegas, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a efecto de mantener las actuales tarifas en el transporte público de la entidad, con el propósito de no lesionar la economía de sus habitantes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.— Diputados: Juana Bonilla Jaime, Trinidad Morales Vargas (rúbricas).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EDUCACION DE CALIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal que forme un fideicomiso específico que garantice equidad en las oportunidades de acceso a una educación de calidad y permanencia en ella, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Ángel Benjamín Robles Montoya, senador integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal conforme un fideicomiso específico que garantice equidad en las oportunidades de acceso y permanencia a una educación de calidad, independientemente de la condición económica, social, étnica o cultural de todos los estudiantes de nivel medio superior y superior de las escuelas públicas del país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el marco de un ejercicio sin precedentes, de atender los reclamos y necesidades de la sociedad mexicana, las diversas fuerzas políticas, poderes y niveles de gobierno hemos decidido conformar una agenda nacional denominada Pacto por México; con ello, nos comprometimos, en primer lugar, a integrar los temas pendientes para la sociedad mexicana y, en segundo término, hacerlos posible.

No obstante esta tarea conjunta, en el Partido de la Revolución Democrática estamos fuertemente convencidos de que un país que no invierte en la educación de su población no tiene ninguna esperanza de desarrollo, en consecuencia, siempre estaremos a favor de fortalecer la educación en todos sus niveles.

No podemos dejar de lado que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como derecho inalienable de todo individuo, el recibir educación. Asimismo, el Estado mexicano tiene la obligación de impartir educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, niveles educativos que hoy conforman la educación básica obligatoria.

En este mismo sentido, el artículo 2 de la Ley General de Educación refrenda el compromiso del estado para garantizar el derecho que tiene todo individuo de recibir educación y acceso al sistema educativo nacional, por ser ésta una herramienta de progreso y el medio fundamental para acrecentar la cultura y obtener una mejor calidad de vida.

Tal y como quedó asentado en la reunión sostenida por dirigentes y legisladores del Partido de la Revolución Democrática con el doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestro compromiso es buscar desde el Congreso de la Unión, elevar a rango constitucional la obligación del Estado mexicano a ofrecer educación gratuita en nivel medio superior y facilitar el acceso de las y los egresados del nivel medio superior al nivel superior.

Así, el Pacto por México refrenda el compromiso que el Partido de la Revolución Democrática tiene con la educación, la cual sin duda es la herramienta necesaria para el desarrollo personal y profesional de las personas y por ende, el desarrollo de nuestro país; convencidos de que una de las principales tareas y objetivos de todo gobierno debe ser impulsar la educación, a través de programas que fortalezcan el índice de absorción de un ciclo escolar a otro y de un nivel escolar a otro, con los que se abatan el índice de deserción escolar y eliminen el rezago de los estudiantes.

Datos de Education at a Glance 2010 señalan que países como Polonia, Bélgica, Eslovenia, República Checa, Irlanda y Holanda alcanzan una taza de cobertura de educación media superior cercana a 90 por ciento, mientras que México sólo alcanza 66.7 por ciento. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el abandono de las aulas es superior a 40 por ciento de la matricula y la eficiencia terminal no alcanza el 50 por ciento.

Dentro de los factores que influyen para que los alumnos abandonen sus estudios, ya sea que no se inscriban al siguiente nivel o dejen inconcluso el ciclo escolar, se encuentran los relacionados con los problemas económicos de sus padres, conflictos familiares severos y/o las adicciones.

Otro de los factores que influyen en la deserción escolar, son los problemas escolares de los adolescentes en el transcurso de su formación académica, en esta categoría encontramos, los referentes a los problemas de conducta y actitud, el fracaso escolar y las bajas calificaciones que se obtienen, así como el reprobar varias asignaturas en el mismo semestre, acompañados de la falta de motivación de la familia y los maestros.

El factor económico es el más recurrente cuando de deserción escolar hablamos, por lo que la falta de apoyos concretos y dirigidos específicamente a este sector de la población da como consecuencia altos índices de deserción y en consecuencia un porcentaje cada vez menor respecto a los índices de absorción de un año escolar a otro o incluso a los subsecuentes niveles académicos.

Sin duda el gobierno federal se ha visto rebasado por este grave problema, por ello es urgente la implementación de acciones que fortalezcan la equidad y contribuyan a la formación integral de los estudiantes, tales como:

• Otorgar un estímulo económico que permita a los estudiantes de escuelas públicas continuar con su formación, en el nivel medio superior y superior.

• Apoyar a aquellos estudiantes sobresalientes, con el fin de reconocer su esfuerzo y a contribuir, mediante diversas actividades académicas, culturales y deportivas, al desarrollo de liderazgo y competencia desde la infancia.

• Garantizar que todo aquel estudiante, de entre 16 y 24 años, que habiendo sufrido la pérdida del sostén económico (padre, madre o tutor), no abandone su educación por este motivo.

Con la constitución de un fideicomiso específico que garantice la equidad en las oportunidades de acceso y de permanencia a una educación de calidad, independientemente de la condición económica, social, de género, étnica o cultural de todos los estudiantes de nivel medio superior y superior de las escuelas públicas del país, así como la implementación de un programa que se derive de éste, en el que se haga entrega de estímulos económicos de forma mensual a las y los alumnos que se encuentren cursando el bachillerato en la modalidad escolarizada, a distancia o abierta, equivalentes a la cantidad de 800 pesos, 900 pesos y mil pesos, según la estructura de las calificaciones, de uno a doce meses dependiendo de la fecha de inscripción al programa que se derive del programa, así como a los beneficiarios del programa egresados de bachillerato que se encuentren cursando por primera vez el primer año de nivel licenciatura en instituciones de educación superior públicas en el país, independientemente de si los planteles forman parte o no de las Instituciones Participantes de Educación Media Superior (IPEMS). Dicho programa permitirá un enorme paso hacia la equidad de oportunidades de acceso y de permanencia a una educación de calidad, independientemente de la condición económica, social, de género, étnica o cultural de las y los estudiantes de nivel medio superior y superior de las escuelas públicas del país.

Es momento de impulsar el desarrollo educativo en México, porque sin duda un país educado es un país más próspero, justo y exitoso.

Por una nación de profesionales mejor preparados.

¡La Educación nos hará libres!

En consecuencia, someto a consideración de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, el presente

Punto de Acuerdo

Único. La LXII Legislatura del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal conforme un fideicomiso específico que garantice equidad en las oportunidades de acceso y permanencia a una educación de calidad, independientemente de la condición económica, social, étnica o cultural de todos los estudiantes de nivel medio superior y superior de las escuelas públicas del país.

Notas:

1. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales Cifras Ciclo Escolar 2010-2011. Secretaría de Educación Pública.

2. Factores que influyen en la deserción escolar en los estudiantes de educación media superior tecnológica, CECYTEJ # 7 Puerto Vallarta Jalisco. Maestro Carlos Antonio Navarrete Cueto. 2010.

3. Nota: Para el cálculo de los indicadores de atención y cobertura se utilizaron las proyecciones de población Conapo, febrero 2007.

Para los indicadores de eficiencia terminal, deserción y reprobación las cifras son estimadas para el ciclo 2010-2011.

4. http://www.dgpp.sep.gob.mx/Estadi/principales_cifras_2010_2011. pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2012.— Senador Ángel Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

LIBROS DE TEXTO GRATUITOS EN SISTEMA BRAILLE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a editar por el Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial e Integración Educativa las actualizaciones de los libros de texto gratuitos en sistema braille, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Ángel Benjamín Robles Montoya, senador integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal para que a través del Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial e Integración Educativa, edite las actualizaciones de los libros de texto gratuitos en sistema braille, con el propósito de integrar a la educación básica a los 145 mil niños invidentes en México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, presentada por la Organización Mundial de la Salud en 2001, las personas con discapacidad son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Dicha discapacidad los excluye de alguna u otra manera de gozar y hacer vales sus derechos dentro de la sociedad.

En México, la población que tiene algún tipo de discapacidad representa el 5.1 por ciento de la población total, que asciende a más de 112 millones de mexicanos, es decir 5.7 millones de personas. Del total, 1.5 millones tienen discapacidad visual, de los cuales 145 mil son niños.

La Organización Mundial de la Salud distingue a las personas con discapacidad visual en dos tipos: los que padecen ceguera (pérdida total de visión) y los que tienen deficiencias visuales (pérdida parcial). Los 145 mil niños que viven con discapacidad visual en México pertenecen a la primera categoría, es decir, son invidentes. Para comprender la realidad y alcances de esta discapacidad basta saber que a través del sentido de la vista obtenemos el 80 por ciento de la información del mundo exterior.

A diferencia de otro tipo de discapacidades, la ceguera representa un obstáculo meramente físico, que si bien afecta directamente la vida de quien lo padece, no es un problema que implique alguna deficiencia psíquica o psicomotora; en otras palabras, no impide un desarrollo cognitivo de la persona en cuestión y por lo tanto hace más accesible su plena integración a la sociedad, en comparación a personas con discapacidades que afectan otras áreas del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema psicomotor.

Nuestro país cuenta con diversos organismos públicos encargados de velar por los derechos e inclusión de las personas con discapacidad, incluidos los discapacitados visuales. Destacan el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Con el propósito de fortalecer las mencionadas instituciones, en 2012 se promulgó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que adopta los principios y derechos establecidos en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Organización de las Naciones Unidas. Esta ley orientará las políticas públicas en materia de discapacidad y una de sus principales disposiciones será crear el Sistema Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, en el presente año.

Si bien es cierto que estas instituciones trabajan para darle una mejor vida a los mexicanos con capacidades diferentes, entre ellos los discapacitados visuales, también es verdad que nuestros connacionales discapacitados continúan enfrentando múltiples problemas, no sólo por las limitaciones que les impone su condición física, sino por la discriminación, exclusión y pocas oportunidades que padecen.

El reto de las personas que no pueden ver comienza desde la infancia, etapa fundamental en su desarrollo, en la que son precisamente más vulnerables y donde luchan por lograr su inclusión en la sociedad. El intento nace en los primeros años, cuando sueñan con abrirse un espacio en las aulas escolares. Es ahí donde radica quizá el mayor reto de su vida, pues tienen que lidiar con un sistema educativo excluyente e injusto que, por el simple hecho de poseer capacidades distintas a las de la mayoría, no los contempla en sus programas educativos. Esta exclusión resulta enormemente grave, no sólo desde el punto de vista moral y ético, sino también desde el panorama jurídico.

El acceso a la educación en México es un derecho consagrado en el artículo tercero constitucional, incluido también en la Declaración de los Derechos de los Niños y en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Organización de las Naciones Unidas, de la que México forma parte. Paralelamente, con la aprobación de la Declaración de Salamanca sobre niños con necesidades especiales, firmada en 1994, nuestro país emprendió la restructuración de la educación especial para aplicar un modelo de integración e inclusión, pero sin los recursos y la voluntad suficientes. Es así que después de 17 años de esta Declaración, y a pesar de los avances, no se ha logrado la inclusión total de los niños discapacitados a la educación básica impartida por el Estado mexicano, que por definición constitucional debe ser obligatoria, laica y gratuita.

El rezago educativo de los niños con esta discapacidad es apabullante, su promedio de escolaridad es apenas de 4.8 grados, lo que los pone frente a las peores esperanzas de acceso a la educación al mismo tiempo que constituye una grave amenaza para su desarrollo y los priva de una adecuada preparación para su futuro.

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), sólo 2 de cada 100 niños con discapacidad visual asisten a la escuela. Esto nos indica que el 98 por ciento de estos niños no va al colegio, a pesar de que su única limitación es la discapacidad visual, es decir no tienen discapacidad cognitiva alguna. El principal obstáculo para que estos niños asistan a una escuela regular es que los docentes no cuentan con las herramientas necesarias para su enseñanza, dicho material son los libros escritos en sistema braille, los cuales resultan imprescindibles.

A raíz de este problema y decididos a encontrar una solución verdadera, en marzo de 2009, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, órgano de la Secretaría de Educación Pública, y el Senado de la República, en un enorme esfuerzo para llevar a los niños invidentes a las escuelas públicas, firmaron un convenio de colaboración para la edición y producción de libros de texto en sistema braille. En los dos últimos años la elaboración de dichos libros se logró satisfactoriamente, aun así la inclusión a la educación pública de niños invidentes no se ha alcanzado porque el Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial e Integración Educativa, de la Secretaría de Educación Pública no ha editado las actualizaciones de los libros en braille, hecho que imposibilita su uso. Si los niños con discapacidad visual no cuentan con estas herramientas básicas, difícilmente pueden avanzar en su formación.

Es por las razones expuestas que el esfuerzo por elaborar estos libros especiales ha resultado infructuoso, pues como ya se dijo, el programa encargado del área de educación especial de la Secretaría de Educación Pública, no ha realizado cabalmente su labor, que consiste en la edición de las actualizaciones de dicho material.

Cabe mencionar que el Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial e Integración Educativa, tiene entre sus objetivos garantizar una atención educativa de calidad a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a los que presentan discapacidad, mediante el fortalecimiento del proceso de integración educativa y de los servicios de educación especial. A pesar de las buenas intenciones que proclama este Programa, lamentablemente la inclusión de los niños ciegos es todavía una utopía.

Fundados en estos hechos, resulta imprescindible tomar conciencia de que la inclusión en las aulas de niños con discapacidad visual es algo viable e impostergable. Son miles los niños mexicanos que están perdiendo una irremplazable oportunidad de aprender, que tienen derecho como cualquier otro niño a ir a la escuela y ser felices. Es nuestra obligación coadyuvar a que esto sea posible, que ningún niño mexicano, sin importar su condición física, deje de recibir una educación laica y gratuita, pero sobre todo de calidad, lo que representa un derecho inalienable e inmutable de todos los mexicanos.

Si logramos otorgar a estos niños las herramientas que necesitan para su pleno desarrollo educativo, les estaremos dando cultura y enseñanza, pero más allá de todo, estaremos materializando el sueño de las nuevas generaciones de tener acceso total a la educación pública para así forjar un México más justo, prospero e incluyente.

En razón de lo anterior, es que me permito someter a la consideración de este honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal para que a través de su Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial e Integración Educativa, edite las actualizaciones de los libros de texto gratuitos en sistema braille, con el propósito de integrar a la educación básica a los 145 mil niños invidentes en México.

Notas:

1 Censo Nacional de Población. INEGI. 2010.

2 Organización Mundial de la Salud (OMS).

3 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). 2010.

4 Página web del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa. Objetivos. 2010.

Dado en el salón de sesiones, a los veintitrés días del mes de enero de dos mil trece.— Senador Ángel Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.