Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.

(Lista de asistencia)

¿Falta alguna legisladora o algún legislador de pasar asistencia? Hay una asistencia de 26 legisladores. Hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (a las 11: 15 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se en cuenta publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer receso.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 23 de enero de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con los que remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Con los que remite quince contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.

Por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 24 al 29 de enero de 2013, con el objeto de participar en la Primera Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea (CELAC-UE), en la Primera Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a celebrarse en Santiago, República de Chile, y realizar una visita oficial a la República Oriental de Uruguay.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el C. Plácido Arango Arias, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio, en Grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que la C. Patricia Espinosa Cantellano, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en Grado de Gran Cruz, Primera Clase, que le otorga el Gobierno de la República Federal de Alemania. (Dispensa de trámites, discusión y votación)

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite, en ocho tomos, el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2013, en cumplimiento del artículo 42, fracción VI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Con el que informa que en el mes de diciembre de 2012, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de diciembre de 2012, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de diciembre de 2011.

Oficio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Con el que informa que durante el ejercicio presupuestal 2012, no otorgó ningún tipo de concesión en su categoría de Administradora de Inmuebles Federales.

Oficios de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal

Dos, con los que remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos a la ampliación de la matrícula en el nivel de educación media superior, y a los hechos ocurridos en el Cinépolis de Plaza Ermita.

Oficio del Gobierno del estado de México

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la implementación del programa denominado “Diputada Amiga, Diputado Amigo”.

Oficio del Gobierno del estado de San Luis Potosí

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las acciones de prevención, atención, control y erradicación de la enfermedad del dengue clásico y hemorrágico.

Dictámenes a discusión

De la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo en relación con las afectaciones de obras y vestigios arqueológicos ocasionados por obras de construcción en la Delegación Benito Juárez, del Distrito Federal.

De la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Presidente del Conaculta, a rendir un informe sobre las estrategias de prevención de incendios en recintos patrimoniales de origen y destino religioso.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se cita a comparecer ante el pleno de la Comisión Permanente al titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a respetar los acuerdos y programas emanados del Poder Legislativo Federal.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Sagarpa, se constituya el Sistema Nacional de Donación y Distribución de Alimentos Aprovechables para el Consumo Humano.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Secretaría de Salud informe sobre las políticas públicas en materia de salud mental, especialmente de las morbilidades no discapacitantes, como la depresión.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Secretaría de Salud que informe sobre las estrategias y los programas de atención de enfermedades raras.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre créditos contratados con estados y municipios.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Cofetel a garantizar que los planes tarifarios de las compañías de telefonía celular incluyan la protección antivirus para los equipos que permitan el acceso a Internet.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe del estado que guardan las obras de reparación de la carretera federal 15, México-Nogales.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, adecuar los programas de vivienda rural implementados en el Municipio de Urique, Chihuahua.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregar trimestralmente a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, la información sobre la deuda pública de los estados y municipios.

Dictamen negativo

De la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de los estados, a que aprueben la reforma Constitucional, en materia educativa.

Iniciativas

Que deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, suscrita por las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña y Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Que adiciona un párrafo al artículo 77 de la Ley Federal de Radio y Televisión, suscrita por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para regular la deuda de estados y municipios, suscrita por el senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y 228 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por el diputado José Luis Muñoz Soria y diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 16 de la Ley General de Turismo, suscrita por el diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 212 y 217 del Código Penal Federal, suscrita por la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Trinidad Morales Vargas, Carlos de Jesús Alejandro, y Samuel Gurrión Matías, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 26 de la Ley General de Desarrollo Social y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada Judit Magdalena Guerrero López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 12, 55, 56, 57 y 58 de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que adiciona el artículo 23 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, suscrita por la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que adiciona el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del senador Arturo Zamora Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 136 de la Ley Aduanera, y 2° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 207 del Código Penal Federal, y 194 del Código de Procedimientos Penales, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que deroga los artículos 294 y 295 del Código Federal de Procedimientos Penales, suscrita por la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 28 de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por el senador Juan Carlos Romero Hicks y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que se reforma y adiciona los artículos 180, 184, y 200, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por la senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma la Base Primera del artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 112 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la SHCP instruya al Consejo Nacional de Armonización Contable presente un informe a esta Soberanía sobre los avances de la etapa inicial del mecanismo de diagnóstico y evaluación para la adopción e implementación de la armonización contable, suscrita por la senadora Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT a que intervenga en conjunto con las secretarias respectivas de competencia, para establecer “tarifas diferenciadas” en la ruta del “Ferry” entre Playa del Carmen y la Isla de Cozumel para todos los habitantes residentes de Quintana Roo, suscrita por la senadora Luz María Berinstain Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el cual se exhorta a las legislaturas de los estados a que por medio de las entidades de fiscalización correspondientes realicen auditorías en materia de deuda pública y la contratación de obligaciones de pago por parte de las entidades federativas y los municipios, suscrita por el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a flexibilizar las reglas de operación de los programas sociales en la región Sur-Sureste, suscrita por el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que solicita se realice un análisis y diagnóstico para la remediación y recuperación de la Laguna Carpintero en Tampico, Tamaulipas, suscrita por la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SCT a dar celeridad al proceso de refrendo de diversos permisos de radio otorgados en el estado de Michoacán, así como enviar a la brevedad un informe detallado sobre el estado que guardan, suscrita por la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se solidariza con los productores de caña en sus demandas debido a la baja en el precio del azúcar, a cargo del diputado Abraham Montes Alvarado, y suscrita por la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a emitir las declaratorias de emergencia y de desastre para el estado de Sinaloa por las heladas que afectaron los cultivos en aquella entidad en días recientes, suscrita por el diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que la SCJN declare con efectos generales la invalidez de la reforma laboral publicada en el DOF el 30 de noviembre de 2012, en congruencia con el artículo 107 constitucional, suscrita por el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el Reglamento Interior de la Secretaría de Energía y el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, por ser contrario a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre la materia, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se hace un respetuoso llamado a la SRE para que emita condena al juicio militar por el que un tribunal marroquí juzgará a 23 civiles saharahuis habitantes del Aaiún, capital del Sahara Occidental ocupado, suscrita por la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal emita la declaratoria de emergencia para los municipios de Comondú y Mulegé del estado de Baja California Sur, así como su intervención mediante programas federales para mitigar la emergencia agrícola, suscrita por el senador Isaías González Cuevas, y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución).

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que en coordinación con la Sedena y la Semar destinen mayor número de elementos a la Zona Metropolitana de La Laguna a fin de reforzar las labores de seguridad en la región, suscrita por los senadores Luis Fernando Salazar Fernández, José Rosas Aispuru Torres, y Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Sedena un informe sobre la seguridad del avión presidencial Boeing 787 y suspender el proceso de compra, suscrita por el senador Mario Martin Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo para crear una comisión especial encargada de dar seguimiento a los procesos electorales que habrán de celebrarse durante la presente Legislatura, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a crear una estrategia de información acerca del control de la hipoglucemia reactiva, suscrita por la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que solicita al Poder Ejecutivo incluya en el Pacto por México, temas sustantivos en materia de política exterior, suscrita por los senadores Gabriela Cuevas Barrón y Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo, para que a través de la Sedesol, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, genere acciones y políticas públicas encaminadas a mejorar la alimentación de niños, niñas y adolescentes, suscrita por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña y diputados integrantes del Grupo Parlamentario Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a garantizar la libre participación indígena en la selección y designación de diversos funcionarios públicos de la administración pública federal, suscrita por el diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y a los titulares de los poderes ejecutivos estatales y del Distrito Federal, a que suscriban convenios de colaboración técnica con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), suscrita por la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, y demás autoridades federales y locales competentes, a fortalecer las acciones de prevención y tratamiento respecto a las adicciones de drogas ilegales, suscrita por los diputados Rodrigo González Barrios, Uriel Flores Aguayo y Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo relativo a la relación contractual entre Pemex y la empresa denominada Mexichem, suscrita por la senadora Dolores Padierna Luna y el diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, a mantener las actuales tarifas en el transporte público de la entidad, suscrita por los diputados Juana Bonilla Jaime y Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal conforme un fideicomiso específico que garantice equidad en las oportunidades de acceso y permanencia a una educación de calidad, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP para que a través del Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial e Integración Educativa, edite las actualizaciones de los libros de texto gratuitos en sistema braille, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el cual se exhorta a diversas comisiones ordinarias de ambas Cámaras del Congreso, a instalar una mesa de trabajo con la Sagarpa y la SE, para que atiendan a los productores e ingenios ante la problemática actual del precio de la caña, suscrita por el senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Agenda política

Sobre la situación actual que prevalece en la República Árabe Siria, a cargo de la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Corresponde ahora a la asamblea tomar conocimiento del acta de la sesión anterior. Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en cuenta que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles dieciséis de enero de dos mil trece, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Salón Legisladores de la República sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta y dos legisladores, a las once horas con veintitrés minutos del miércoles dieciséis de enero de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica se dispensa la lectura al Acta de la Sesión Anterior, y no habiendo oradores registrados, de la misma manera se aprueba.

Se da cuenta con las siguientes comunicaciones:

a) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores. Se remiten a la Cámara de Senadores.

• Por la que solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Martha Beatriz Navarro García, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito Civil en Grado de Cruz que le otorga el Gobierno del Reino de España. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

b) De la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente relativo al Proyecto “La Ensenada” en la Isla Holbox, Quintana Roo. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados, y al promovente, para su conocimiento.

c) De la Cámara de Senadores, con la que remite el Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de enero de dos mil trece. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

d) Del Congreso del estado de Guerrero, por la que comunica la creación de la Comisión Especial para la Conmemoración del Bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac, de los Sentimientos de la Nación y de la Declaración de Independencia de la América Septentrional. Se remite a la Comisión Especial de la Conmemoración del Bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

e) De la Dirección Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las necesidades de la población de Isla de Cedros, Baja California. Se remite a la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

f) De Comisión Nacional del Agua, con la que remite el Informe por entidad federativa, correspondiente al cierre del ejercicio fiscal dos mil doce de los recursos devueltos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en el Programa de Devolución de Derechos. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Agua Potable y Saneamiento, de la Cámara de Diputados, y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

g) De los Congresos de los estados de:

• Chihuahua, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción décimo cuarta del artículo veintisiete de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Morelos, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos ciento ocho, y ciento once de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

El siguiente punto del Orden del Día es la primera lectura de cuatro dictámenes con proyectos de decreto de la Primera Comisión de Trabajo, que conceden permisos a los ciudadanos:

• Susana Canales Clariond y Myriam Vachez Plagnol, para que puedan aceptar y desempeñar el cargo de Cónsules Honorarios de la República Francesa en las ciudades de Monterrey, Nuevo León y de Guadalajara, Jalisco, respectivamente.

• Guadalupe Estefanía Ríos Pacheco, Manuel Martínez Rabelero y Leticia Marbella Matías Matías, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América, en su Consulado General en Guadalajara, Jalisco y en su Agencia Consular en Oaxaca, Oaxaca.

• Susana Adame Carreón, Rosa María Jiménez Narváez, Patricia Oliva Romero, Gracia América Elorza Bonifaz Calvo, Álvaro Pacheco Ruvalcaba, Miguel Ángel Reyes Cabrera, Pedro Arellano Alvarado, Mariana Colchado Durán, Els Michiel Ann Mestdagh, María Aydelia Pilar Mayela Gutiérrez Buces, Daniela Linet López García, Mariana Viñas Portilla y Rocío Yaneth Córdova Montijo, para prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América, Bélgica, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en México, y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

• Miguel Ángel Fernández Villar, Gabriela Ilian Ramos Patiño y Ernesto Schreiner Hernández, para aceptar y usar condecoraciones que en diversos grados les confieren los gobiernos del Reino de España, de la República Francesa y de la República del Perú.

Quedan de Primera Lectura. En virtud que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, en votación económica se dispensa la segunda lectura y se someten a discusión y votación de inmediato los anteriores dictámenes de la Primera Comisión, que conceden permisos a diversos ciudadanos. En votación nominal por treinta y dos votos a favor; y una abstención, se aprueban los proyectos de decreto. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Se someten a discusión los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo, y en sendas votaciones económicas se autoriza la lectura de los encabezados:

• De la Primera Comisión de Trabajo:

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, realice un diagnóstico nacional sobre violencia hacia las niñas, niños y adolescentes en México.

– Por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a implementar campañas de difusión a nivel nacional sobre los derechos del consumidor, así como de las sanciones que resultan aplicables a los establecimientos que realicen prácticas en contra de la Ley.

– Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación que emita una declaratoria de emergencia para activar los recursos del Fondo de Desastres Naturales para los municipios del norte del país de elevada marginación y afectados por la tormenta invernal.

– Por los que se exhorta al Instituto Nacional de Migración a reforzar los procesos de certificación y controles de confianza de los servidores públicos del Instituto, así como llevar a cabo las investigaciones y procedimientos correspondientes para sancionar a los servidores públicos que hayan cometido violaciones a los derechos humanos de los migrantes.

En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo. Comuníquense.

• De la Segunda Comisión de Trabajo, por los que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y sus análogas en las entidades federativas, a fin de fomentar la implementación y el acceso al sistema de escritura braille. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

• De la Tercera Comisión de Trabajo:

– Por los que se exhorta a las autoridades ambientales competentes a elaborar propuestas de control, manejo y erradicación de especies invasoras de los mares y aguas interiores de México.

– Por los que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a dar prioridad en el ejercicio presupuestal a la Campaña Fitosanitaria de Prioridad Nacional contra el HLB.

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar y ajustar tarifas en el tramo carretero “Perote-Banderillas” y “Libramiento Xalapa”.

– Por los que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realice un estudio para determinar el impacto ambiental de la empresa Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, Sociedad Anónima de Capital Variable, así mismo se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, implemente programas sociales en beneficio de la comunidad indígena Hñähñu del estado de Hidalgo.

En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Se somete a discusión el dictamen con puntos de acuerdo de la Tercera Comisión de Trabajo, por los que se exhorta a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, para que lleve a cabo una campaña de difusión sobre el aumento del pago mínimo sobre Tarjetas de Crédito. Interviene en pro el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los legisladores:

• Diputados integrantes del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputada Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza, que reforma el artículo ciento dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

Se concede el uso de la tribuna para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los legisladores:

• Diputado Carlos Alberto García González, de Partido Acción Nacional, que reforma los artículos tercero y tercero Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Se turna a la Comisión de Juventud, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

Presidencia de la senadora Hilda Esthela Flores Escalera

• Diputado Abraham Montes Alvarado, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarenta y nueve Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo setenta y siete Bis treinta y dos de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos sexto, cincuenta y dos, y cincuenta y tres de la Ley de Aviación Civil. Se turna a la Comisión de Transportes, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Senadores.

Se recibe iniciativa con proyecto de decreto de la senadora Mariana Gómez Del Campo Gurza, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos doscientos doce y doscientos diecisiete del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión Justicia de la Cámara de Senadores.

Se reciben proposiciones con puntos de acuerdo de los legisladores:

• Senadores Ana Gabriela Guevara Espinoza y David Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, relativo a los ataques y amenazas contra la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputado William Oswaldo Ochoa Gallegos, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, agilice la investigación de los recursos federales otorgados al Gobierno del estado de Chiapas durante la administración dos mil siete-dos mil doce.

Se concede el uso de la tribuna para presentar proposiciones con punto de acuerdo, a los legisladores:

• Diputado Jorge Herrera Delgado, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que impulsen acciones tendientes a fortalecer y ampliar el sistema de becas para estudiantes mexicanos en el extranjero. En votación económica se considera de urgente resolución. Se somete a discusión e interviene en pro el senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

• Diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, explique el incremento adicional que tuvieron los precios de los combustibles en el país. En votación económica se considera de urgente resolución. Se somete a discusión el punto de acuerdo. Interviene para responder alusiones personales el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano. Se concede el uso de la palabra para intervenir en pro a los legisladores: diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, Uriel Flores Aguayo, del Partido de la Revolución Democrática; y diputado Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional. Para responder alusiones personales interviene el diputado Juan Francisco Cásares de la Fuente, del Partido Acción Nacional. En votación económica no se aprueba el punto de acuerdo.

• Diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, a nombre propio y de los diputados y Alfa Eliana González Magallanes, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que evalúen los permisos que se han otorgado para la siembra de maíz transgénico, a las transnacionales, para que se implementen medidas de protección y promoción para la conservación de las semillas nativas. En votación económica se considera de urgente resolución. Se somete a discusión e interviene en contra el senador Francisco Domínguez Servién, del Partido Acción Nacional; y en pro los legisladores: diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Partido Verde Ecologista de México; diputado Abraham Montes Alvarado, del Partido Revolucionario Institucional; y senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

• Diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, en relación a los casinos en México, así como para instalar una Comisión de Investigación Bicamaral para obtener información sobre el tema de otorgamiento de permisos para la operación de casinos. En votación económica se considera de urgente resolución. Se somete a discusión e intervienen los legisladores senador Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional; diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; diputado Luis Ángel Xariel Espinoza Cházaro, del Partido de la Revolución Democrática; y senador José María Martínez Martínez, del Partido Acción Nacional. Para rectificación de hechos el senador Francisco Domínguez Servién, del Partido Acción Nacional, quien hace propuesta de modificación. Desde su curul responde alusiones personales el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano. En votación económica no se admite la propuesta de suprimir el numeral tercero del punto de acuerdo, presentada por el senador Francisco Domínguez Servién. El Presidente informa a la Asamblea de la recepción de la propuesta de un numeral quinto, presentada por el senador Roberto Gil Zuarth. En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan moción de ilustración los legisladores: senador Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional; y senador Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional. En votación económica, se acepta forme parte de los resolutivos la propuesta del numeral quinto. Asimismo, el Presidente informa de la recepción de una propuesta de numeral sexto presentada por el senador Francisco Domínguez Servién, el cual se aprueba con modificaciones mediante votación económica. Por unanimidad, en votación económica, se aprueba el punto de acuerdo con las adiciones aceptadas por la Asamblea. Comuníquese.

• Senador José María Martínez Martínez, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita la comparecencia del Director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que informe sobre las autorizaciones realizadas al Grupo Walmart, para la apertura de tiendas de autoservicio en la zona arqueológica de Teotihuacán.

Presidencia de la senadora Hilda Esthela Flores Escalera

En votación económica se considera de urgente resolución. Se somete a discusión e intervienen pro los legisladores: diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; y senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta una propuesta de modificación al punto de acuerdo, que en votación económica no se acepta. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

• Diputada Lilia Aguilar Gil, a nombre propio y de los diputados Ricardo Cantú Garza y Jaime Bonilla Valdez, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que respete los acuerdos y programas emanados del Poder Legislativo Federal. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

Se reciben proposiciones con puntos de acuerdo de los legisladores:

• Diputado Ricardo Cantú Garza y Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, ejerza su facultad de atracción sobre denuncias presentadas por personas defraudadas por empresas ahorradoras de vivienda en la República Mexicana. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, se constituya el Sistema Nacional de Donación y Distribución de Alimentos Aprovechables para el Consumo Humano, que permita ponerlos al alcance de la población vulnerable y de las comunidades marginadas. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a las autoridades federales y militares, a reforzar la seguridad pública en el estado de Morelos, ante el alza de eventos delictivos; así mismo, se exhorta al Gobernador de dicho estado, para preservar la paz y seguridad de todas las personas, revisar la designación de la titular de la Secretaría de Seguridad Pública e instruir a las dependencias a su cargo para cumplir con la legalidad y protección de los derechos humanos en todos los procedimientos públicos. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que difunda la lista de universidades privadas que han sido sancionadas y a las que se les ha revocado el reconocimiento de validez oficial, por tener programas que no cumplen estándares de calidad educativa. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

• Diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Salud, informe sobre las políticas públicas en materia de salud mental, especialmente en las morbilidades no discapacitantes como la depresión. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, investigue el servicio de banca y crédito que ofrece la sucursal de Banco Azteca en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, a fin de determinar si se realiza acorde con las sanas prácticas bancarias y dentro del marco de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, a adecuar los programas de vivienda rural implementados en el municipio de Urique, estado de Chihuahua. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputado Ricardo Cantú Garza y Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informe el estado que guardan las obras de reparación de la carretera federal quince, México-Nogales. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputado Abraham Montes Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a efecto de garantizar que en los planes tarifarios que ofrecen las compañías de telefonía celular, se incluya la protección antivirus para los equipos que permitan el acceso a Internet. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, elabore un programa estratégico de seguridad eficiente para atender la creciente tasa de homicidios y delitos de alto impacto en la ciudad de México. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Senador Mario Martin Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información sobre créditos contratados con estados y municipios. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Salud, informe sobre las estrategias y programas para la atención de enfermedades raras. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que haga la Declaración General de Inconstitucionalidad, en contra de la reforma laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al Titular de la Procuraduría General de la República, para que a través del Centro Médico Forense, se dé capacitación a las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas en materia de servicios periciales y medicina forense. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se hace un llamado al Gobernador del estado de Tlaxcala, a la legislatura estatal y a los sindicatos involucrados, para que se constituyan una mesa de diálogo a fin de encontrar los caminos de solución al conflicto surgido con motivo de la aprobación de la nueva Ley de Pensiones Civiles en dicho estado. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral, realice las acciones inherentes para actualizar e incorporar al padrón electoral y lista nominal de electores, a las poblaciones de San Miguel Chimalapa y Santa María Chimalapa. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se cita a comparecer ante el Pleno de la Comisión Permanente, al titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Mario Martin Delgado Carrillo y por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los Congresos Estatales de Zacatecas y de Aguascalientes, a retirar las iniciativas que pretenden proteger el derecho a la vida desde la concepción. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

El Presidente clausura la sesión a las quince horas con seis minutos, y cita para la que tendrá lugar el miércoles veintitrés de enero de dos mil trece, a las once horas.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta de la sesión anterior.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría.

MALTRATO INFANTIL

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 6-Il-1-0295 signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/ DGAVS/017/2013 suscrito por la licenciada Blanca Lissett Pineda Barrera, subdirectora de Participación Ciudadana y Seguimiento de Peticiones de la Dirección General Adjunta de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al maltrato infantil.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi distinguida consideración.

México, DF, a 10 de enero de 2013.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia al punto de acuerdo presentado por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, de fecha 13 de diciembre del 2012, mediante el cual la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Salud, de Educación Pública, de Desarrollo Social y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, desarrolle acciones inmediatas con el fin de prevenir, proteger y atender de manera integral el maltrato infantil.

Al respecto, por instrucciones del licenciado Rodrigo Reina Liceaga, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social, me permito enviar oficio DGJEJ.205.000.00/694/2012, suscrito por el maestro David Quezada Bonilla, director general jurídico y de enlace institucional del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 7 de enero de 2013.— Licenciada Blanca Lisset Pineda Barrera (rúbrica). Firma en ausencia del director general adjunto de Vinculación Social con fundamento en el artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, la subdirectora de Participación Ciudadana y Seguimiento de Peticiones.»

«Desarrollo Integral de la Familia.

Licenciado Rodrigo Reina Liceaga, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud.— Presente.

Estimado Licenciado Reina Liceaga:

Se hace referencia al oficio número D.G.P.L. 6-II-1-0296, de fecha 13 de diciembre de 2012, por medio del cual la Diputada Patricia Elena Retamoza Vega comunicó a este Organismo el Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, cuyo texto es el siguiente:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Salud, de Educación Pública, de Desarrollo Social, y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, desarrolle acciones inmediatas con e/fin de prevenir, proteger y atender de manera integral el maltrato infantil.

Al respecto, a continuación se indican las acciones que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) ha instrumentado para prevenir el maltrato infantil y, en su caso, para proteger y atender a las niñas, los niños y los adolescentes víctimas de las acciones de violencia:

I. Elaboración e implementación del Modelo Red DIF para la solución pacífica de conflictos en la familia, cuyo objetivo es la formación de facilitadores, en los Sistemas DIF, que propicien el diálogo, la tolerancia y la unidad familiar y que brinden herramientas a los usuarios para una convivencia armónica en la familia, a fin de incidir en la disminución de la violencia en el hogar y la desintegración de la familia;

II. Elaboración e implementación del modelo nacional de educación familiar, cuyo objetivo es promover el desarrollo de habilidades cognitivas, afectivas y volitivas necesarias en la convivencia y relaciones familiares, a través de acciones formativas integrales orientadas a fomentar la función educativa de la familia;

III. Impartición de un diplomado teórico-práctico avanzado sobre maltrato infantil, cuyo objetivo es brindar herramientas sobre prevención y atención al maltrato infantil al personal que presta sus servicios en los Sistemas DIF de los tres órdenes de gobierno;

IV. Financiamiento de un estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, que tuvo como resultado la elaboración, publicación y distribución de los protocolos que a continuación se describen:

a. Protocolo de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial;

b. Protocolo de atención a niñas, niños y adolescentes, víctimas de explotación sexual comercial, dirigido al Sector Salud.

1 Se anexa copia del oficio mencionado para pronta referencia (Anexo Único)

c. Protocolo de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial dirigido al Sector Educativo; y,

d. Protocolo de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial dirigido a Ministerios Públicos, peritos y policías;

V. Establecimiento de un mecanismo de seguimiento y vigilancia de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, a través de la conformación de Comités Estatales. En este sentido, se han canalizado recursos a los estados para fortalecer e impulsar la instalación y operatividad de los Comités de Seguimiento y Vigilancia a nivel estatal y municipal con el objeto de reunir a los titulares de diversas instituciones gubernamentales, civiles y académicas, para coordinar acciones legislativas, de promoción y difusión, estratégicas y de generación de políticas públicas a favor de la infancia y la adolescencia. Estas acciones están organizadas y orientadas a trabajar conforme lo establece la ‘Convención sobre los Derechos del Niño y los seis grupos de derechos, mientras quejas mesas de trabajo establecidas buscan dar soluciones a situaciones de maltrato y explotación infantil;

VI. Promoción y difusión del contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño, trabajando de manera coordinada con entidades públicas, privadas y sociales, así como con la sociedad en su conjunto, con la finalidad de sensibilizar a la sociedad y visibilizar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y de protección. Asimismo, a través del Manual de Participación Infantil se ha buscado fortalecer los mecanismos de participación de las niñas, niños, adolescentes involucrando a las familias y comunidades en su aplicación. Destacan algunos contenidos lúdicos y pedagógicos relacionados con el análisis, la reflexión y la identificación de situaciones de riesgo y bienestar, conociendo los derechos que abordan las medidas especiales para su protección, por ejemplo, la prevención del trabajo infantil, la explotación sexual infantil y la trata de niñas, niños y adolescentes;

VII. Organización de los concursos mencionados a continuación:

a. Concurso de participación infantil “Ejerciendo mis derechos”, cuya finalidad es generar un espacio genuino de participación y formación de ciudadanía mediante la elaboración de proyectos comunitarios enfocados a resolver asuntos de interés de las niñas, niños y adolescentes en sus comunidades, tomando como base la Convención sobre los Derechos del Niño. Dentro de los proyectos que se han presentado destacan algunos relacionados con bullying, valores y derechos y violencia intrafamiliar; y,

b. Concurso nacional de dibujo “Yo vivo sin violencia”, cuyos principales objetivos son promover en las niñas niños y adolescentes del país la cultura de la prevención y denuncia de abusos y malos tratos, crear una dinámica familiar de participación y generar un espacio adecuado para’ que las niñas, los niños y los adolescentes expresen sus ideas y conozcan la Convención sobre los Derechos del Niño.

VIII. Promoción de las relaciones afirmativas y la convivencia positiva de las niñas, niños y adolescentes con la familia, el grupo de pares, la escuela y la comunidad a través de la estrategia preventiva de promoción del buen trato en las familias. Ello, mediante el fortalecimiento de las habilidades y conductas protectoras de buen trato que prevengan caer en situaciones de riesgo, en el marco de una cultura de respeto a los derechos humanos y de perspectiva de género. La Estrategia tiene como líneas de intervención el fomento de la cultura del buen trato, el fortalecimiento de las habilidades de buen trato en las familias, el desarrollo de herramientas metodológicas, didácticas y educativas, la profesionalización del recurso humano responsable de la atención directa de las familias y el seguimiento y evaluación de resultados e impacto;

IX. Presidencia de la Mesa Interinstitucional de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de Delincuencia Organizada, con la participación de instituciones del gobierno federal, de la sociedad civil y de organismos internacionales. El objetivo de la estrategia es establecer y fortalecer la coordinación interinstitucional necesaria para salvaguardar la integridad física y psicológica, así como la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes víctimas; testigos o involucrados en escenarios de delincuencia organizada. La mesa interinstitucional ha desarrollado protocolos de actuación que permiten visibilizar al niño, niña y adolescente desde el momento en que se inicia un operativo de combate al crimen organizado y durante todo el procedimiento judicial con la finalidad de garantizar sus derechos humanos y velar por su integridad física y psicológica:

X. Promoción de acciones sistémicas, alineadas a un plan de acción nacional para prevenir, atender y erradicar la explotación sexual infantil a través del Programa para la Protección y Desarrollo Integral de la Infancia. El objetivo del programa es generar directrices para la promoción, diseño e instrumentación de modelos, estrategias y acciones integrales de intervención con un enfoque de derechos y género, para la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas y en riesgo de explotación sexual. En este sentido, se promueven acciones para lograr la rehabilitación y reintegración social de niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo, para impulsar la protección jurídica y legal necesarias, así como la defensa y aplicación de los derechos de la infancia y adolescencia, y para fomentar el estudio, investigación y diagnóstico de la explotación sexual infantil en México a partir de un modelo conceptual y la metodología que permita generar políticas públicas en la materia, además de la difusión de los conocimientos generados;

XI. Capacitación a las responsables y asistentes de los centros de cuidado y atención infantil, a través del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras, con el objetivo de fomentar que los niños y niñas que asisten reciban una atención de calidad que impulse su desarrollo. Dentro de las capacitaciones impartidas que tienen como objeto preservar la integridad física y emocional de los niños y niñas se encuentran el taller de “Buen trato” así como el. taller “Crecer juntos”, en los cuales, entre otros temas, se instruyen conocimientos para prevenir el maltrato infantil. Asimismo, a través de la Universidad del Valle de México, el SNDIF impartió el seminario del Modelo de Atención Integral del Programa de Estancias Infantiles, con una duración de 40 horas, a todas las responsables de las estancias infantiles, con el objetivo de brindar herramientas y acciones que impacten en el desarrollo integral de los más de 270 mil niños y niñas inscritos en las instancias;

XII. Implantación de la estrategia “Maltrato Infantil”, dentro del Subprograma “Asistencia Social y Jurídica a Personas Vulnerables” –perteneciente al Programa de Servicios Asistenciales a Personas Vulnerables del Programa Institucional Anual 2012, del SNDIF– con el objetivo de contribuir a la erradicación del maltrato y el abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, a través del desarrollo de acciones de prevención, detección y sistematización, encaminada a la construcción de un modelo replicable para el combate a estas problemáticas y lograr la sensibilización de la población y su participación solidaria en la difusión de una cultura ciudadana de tolerancia, respeto, paz, amor y armonía familiar, con el fin de incidir en la disminución del maltrato y la violencia en las familias. Para el logro de este objetivo, la estrategia contempla las siguientes líneas de acción:

a. Atender reportes de maltrato infantil mediante investigación social, en el lugar donde residen las niñas, niños y adolescentes sujetos de maltrato, a efecto de comprobar o descartar éste;

b. Elaborar estudios psicosociales con el diagnóstico respectivo a fin de determinar el plan de trabajo social a seguir;

c. Implementar el plan de trabajo social a través de visitas domiciliarias para el auxilio y apoyo familiar a efecto de orientar respecto a la solución de las carencias que padezca el menor y el resto de sus familiares directos, mediante el cambio de actitudes y comportamientos, y de ser necesario, canalizar a otras áreas especializadas de apoyo;

d. Brindar terapias psicológicas de apoyo a las niñas, niños y adolescentes maltratados y actores involucrados;

e. Remitir a la Fiscalía Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, los estudios sociales que ameriten el conocimiento e intervención de la referida autoridad ministerial; y,

f. Realizar pláticas con la finalidad de prevenir el maltrato infantil, así como de fomentar una cultura de denuncia del fenómeno social citado en beneficio de las niñas, niños y adolescentes.

Estas pláticas se dirigen a niñas, niños, maestros y padres de familia de escuelas públicas y privadas de educación básica, media y superior; así corno al personal de empresas privadas; mismas que son impartidas por psicólogos, trabajadores sociales y abogados del SNDIF.

Lo anterior se hace de su conocimiento a efecto de que, de no existir inconveniente alguno de su parte, se dé respuesta al exhorto del legislador en términos de lo prescrito par el Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo federal con el Poder Legislativo de la Unión.

Lo que se comunica con fundamento en los artículos 1, 3, fracción I, y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, 14, 59, fracción I, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 172 de la Ley General de Salud; 27, 28, 31 y 37 de la Ley de Asistencia Social; así como 1, 2, 24 y 25 del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 28 de diciembre de 2012.— Maestro David Quezada Bonilla (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

OPERATIVO RAPIDO Y FURIOSO

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-0180 signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPVCI/DV/ 0051/13 suscrito por el maestro Jorge Nader Kuri, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, afectadas por la instrumentación en México del operativo Rápido y Furioso.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 15 de enero de 2013.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio SEL/UEL/311/2888/12, por el que comunica a esta procuraduría el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en sesión de fecha 16 de octubre de 2012, cuyo punto resolutivo único a continuación se transcribe:

“Único: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en términos del párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantice la investigación, sanción y reparación de las violaciones a los derechos humanos, de las víctimas y sus familiares, afectadas por la instrumentación en México del operativo Rápido y Furioso.”

Sobre el particular, comunico a usted que la Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Quejas e Inspección, de esta institución, informó en lo conducente al resolutivo del punto de acuerdo antes citado, que la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, inició la averiguación previa correspondiente “a fin de realizar una exhaustiva investigación de los hechos relacionados con el operativo de referencia, la cual se encuentra actualmente en etapa de integración, sin que se tengan identificadas víctimas o familiares de las mismas que se encuentren vinculadas a indagatorias en las que se hayan asegurados armas de fuego relacionada con el mismo.”

Finalmente, en lo que respecta al contenido de la averiguación previa iniciada, no es posible abundar en virtud de que la información pertinente es de carácter, no sólo confidencial, sino reservado. Lo anterior conforme a lo dispuesto en los artículos 16, del Código Federal de Procedimientos Penales; 13, fracciones I, II IV y V; 14, fracciones I, III y IV, y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como 5, 6 y 63 fracción XII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 40, fracción XXI de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 225, fracción XXVIII del Código Penal Federal; y 97, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 10 de enero de 2013.— Maestro Jorge Nader Kuri (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio D.G.P.L. 62-II-8-0340 signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112/00000133 suscrito por el licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al aumento de abastecimiento de agua potable a la Isla de Cedros, Baja California.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 11 de enero de 2013.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me permito hacer referencia al oficio SEL/UEL/311/3093/12, mediante el cual se hizo del conocimiento de esta unidad administrativa el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 13 de noviembre de 2012, relativo al aumento de abastecimiento de agua potable a la Isla de Cedros, Baja California.

Al respecto, anexo copia del oficio BOO.R02.02.4./389.-2836, suscrito por el licenciado Ismael Grijalva Palomino, director general del Organismo de Cuenca Península de Baja California, mediante el cual, en el ámbito de su competencia, da respuesta a lo solicitado en el punto de acuerdo referido.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 7 de enero de 2013.— Licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.— Presente.

Con relación a la sesión celebrada el 13 de noviembre, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, aprobó los puntos de acuerdo, y en lo referente al punto transcrito a continuación: “Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que, conjuntamente con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, y demás autoridades municipales y estatales de Baja California, que sean competentes, se aumente sustancialmente el abastecimiento de agua potable a la Isla Cedros”, mismo que en seguimiento a su atención fue turnado a la Dirección General de esta comisión mediante oficio 112/00007258 de fecha 20 de noviembre de 2012 por la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que a su vez la Secretaría de Gobernación (Segob), mediante la Secretaría de Enlace Legislativo con oficio número SEL/UEL/311/3093/12 de fecha 14 de noviembre, hace del conocimiento que mediante oficio número DGPL 62-II-8-0340, el diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión comunica el punto de acuerdo que nos ocupa, y sobre el mismo, por este conducto me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

Primeramente, es conveniente mencionar que la compañía Exportadora de Sal, SA (ESSA), es responsable de prestar el servicio de agua potable, situación explicable ya que la mayoría de los residentes de la isla, laboran en esta empresa; y, por otro lado, el servicio alcantarillado sanitario lo reciben de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE); y dentro del contexto del segundo punto de acuerdo, sobre el aumento de abastecimiento de agua potable a la Isla de Cedros, primeramente es importante mencionar que la capacidad de las fuentes disponibles es insuficiente para considerar el aumento mencionado; por lo que tanto este Organismo de Cuenca, la CESPE, la Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEABC), consideran como la opción viable técnicamente llevar a cabo la desalación de agua de mar, coincidiendo en profundizar en este planteamiento, por lo que, de ser el caso, se explorarán los esquemas de financiamiento posibles para la canalización de recursos que en su momento se requieran; tomando en consideración que la problemática se debe abordar íntegramente y en paralelo, tanto en la distribución del agua, el alcantarillado sanitario, el tratamiento de las aguas residuales y su reúso, y de ser posible, que las instancias correspondientes estudien la posibilidad de llevar a cabo proyectos de generación de energía mediante tecnologías limpias.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mexicali, Baja California, a 18 de diciembre de 2012.— Licenciado Ismael Grijalva Palomino (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-0340 signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.2013. DGV.P.002 suscrito por el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a garantizar el abasto de combustible necesario para atender las necesidades de transporte de los pobladores de la Isla de Cedros, asimismo instrumentar e implementar políticas económicas y sociales adecuadas para apoyar a todos los que habitan en dicha isla, en el estado de Baja California.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 15 de enero de 2013.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio SEL/UEL/311/3089/12, del 14 de noviembre de 2012, me permito enviar respuesta al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los siguientes resolutivos:

“ Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a las Secretarías de Economía, de Comunicaciones y Transportes, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor y a Petróleos Mexicanos, a garantizar el abasto de combustible necesario para atender las necesidades de transporte de los pobladores de Isla de Cedros, Baja California; asimismo, para que lleven a cabo revisiones periódicas para combatir los abusos cometidos en contra de los consumidores y se defiendan sus derechos.

Segundo. ...

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, y de Economía, a diseñar, instrumentar e implementar las políticas económicas y sociales adecuadas para apoyar a todos los que habitan en la Isla de Cedros, en especial de aquellos que no cuentan con empleo, dándoles una opción legal y digna para mejorar su nivel de vida y así evitar que se desvíen a las actividades ilícitas, como la piratería de marisco, el robo y narcomenudeo.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social, y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor, a llevar a cabo todas las acciones pertinentes, a fin de garantizar el abasto de alimentos y demás productos de primera necesidad de los isleños, así como verificar que los precios de estos productos sean los justos, sancionando cualquier abuso denunciado”.

En torno al primer resolutivo, la Subsecretaría de Industria y Comercio informa que el abasto de combustible corresponde al ámbito de la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos (Pemex). Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hace de su conocimiento que, con base en los artículos 96 y 24, fracción XIV, de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), está facultada para vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley y, en el ámbito de su competencia, las de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como de las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables. En ese sentido, la Dirección General de Verificación de Combustibles realiza operativos de vigilancia a estaciones de servicio, para constatar el cumplimiento de las leyes y normas oficiales mexicanas en materia de gasolinas y diesel; es decir, coadyuva a que se respete el precio vigente de combustibles y se entregue realmente la calidad y volumen solicitado por el consumidor, aplicando las sanciones y medidas de apremio, que correspondan, para proteger los derechos y la economía de los consumidores, una vez que Pemex Refinación resuelve, previamente, el abasto del combustible en las estaciones de servicio a que haya lugar.

Asimismo, no omito señalar que la Profeco promueve la solución de las diferencias entre consumidores y proveedores y, en su caso, emite dictámenes en donde se cuantifiquen las obligaciones contractuales del proveedor, conforme a los procedimientos establecidos en la ley, buscando en todo momento la defensa eficaz de los derechos del consumidor (Artículo 24, fracción XVI, LFPC), en coordinación con la Dirección General de Quejas y Conciliación.

Bajo esta consideración, y debido a los datos proporcionados por la Subprocuraduría de Servicios, se anexa el comportamiento presentado por el estado de Baja California, en materia de conciliación de quejas presentadas por los consumidores.

Quejas y Conciliación: 2011 2012*

Quejas recibidas: 2740 2409

Porcentaje de conciliación: 76 83

Monto recuperado: 23, 254,104.85 12,287,441**

Lugar que ocupa en

quejas a nivel nacional 14 11

* Cifras al mes de octubre. **Pesos

Respecto al tercer resolutivo, es importante señalar que la Secretaría de Economía, a través de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, canaliza y analiza proyectos a través de los cuales se generan opciones de empleo.

En relación con la materia de verificación y vigilancia, vinculado a lo solicitado en el resolutivo cuarto del acuerdo en mención, es de señalar que dado que los precios de los productos de los alimentos se establecen conforme a su oferta y demanda- a excepción del precio del gas licuado de petróleo y la gasolina-, y considerando la competencia y atribuciones de la Profeco, por conducto de la delegación Baja California, se realizarán acciones de verificación en el marco el Programa Nacional de Verificación y Vigilancia de Establecimientos con Venta de Productos Básicos 2012, focalizadas a establecimientos con venta al menudeo o detalle, mercados públicos y centros de abasto del país. Así, la vigilancia se lleva a cabo con la aplicación de órdenes de verificación mixtas, a partir de las cuales, en un solo acto o visita, se revisa que el comportamiento comercial de los proveedores se ajuste a lo dispuesto por la LFPC, a fin de evitar la comisión de conductas o prácticas comerciales abusivas, tales como no exhibir o no respetar los precios, condicionar o negar la venta de productos básicos, así como, en materia metrológica, que los instrumentos de medición (básculas, por ejemplo) utilizados en las transacciones comerciales cumplan con lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SCFI-1994 Instrumentos de medición-Instrumentos para pesar de funcionamiento no automático-requisitos técnicos y metrológicos, con el propósito de evitar la entrega incompleta de las cantidades por las que pagan los consumidores en perjuicio de su economía, entre otras.

Finalmente, le doy a conocer que la Dirección General de Verificación y Vigilancia ya contactó y solicitó al jefe de departamento del ramo, en Baja California, que realice de manera inmediata las acciones de verificación que estime pertinentes en el marco del Programa Nacional de Verificación y Vigilancia de Establecimientos con Venta de Productos Básicos 2012, en la población de Isla de Cedros, Baja California, por lo que, una vez que dicha unidad administrativa realice las acciones de verificación conducentes, remitirá la información y documentación correspondiente, con la finalidad de hacer de su conocimiento dichos resultados.

Por lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 2 del acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones, le solicito atentamente haga del conocimiento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 8 de enero de 2013.— Maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE ESTOS DELITOS

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta a los oficios números DGPL-1P1A.-1859, signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, y D.G.P.L. 62-II-1-0298, suscrito por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ambos del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGPPVCI/V/0033/13, suscrito por el maestro Jorge Nader Kuri, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde ambos puntos de acuerdo, relativos al Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 11 de enero de 2013.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a sus oficios SEL/UEL/311/3118/12 y SEL/ UEL/311/3376/12, por los que comunica a esta Procuraduría puntos de acuerdo aprobados por el pleno de las Cámaras de Senadores y de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respectivamente, ambos referentes al Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Sobre el particular, informo a usted que la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, a través de su Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad, informó a esta de mi cargo que: "La Segob ha venido encabezando los trabajos para la elaboración del Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos" (sic).

Es en este entorno, en el que se han realizado diversas reuniones de trabajo entre esta institución y esa dependencia y se han emitido las opiniones conducentes. Actualmente, según informa la Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad: "...se está en espera de que la Segob convoque a otra reunión de trabajo a efecto de presentar la versión final del anteproyecto para validación de las áreas involucradas, o en su defecto informe sobre las acciones a seguir" (sic).

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración y particular aprecio.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 8 de enero de 2013.— Maestro Jorge Nader Kuri (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

ESTADO DE SONORA

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio DGPL-1P1A.-3388 signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SOC/000006/2013 suscrito por el ingeniero Manuel Antonio Sauceda García, subdirector de Obras y Contratación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la construcción y equipamiento de un hospital de alta especialidad en la ciudad de Hermosillo, Sonora, así como la rehabilitación y ampliación del Hospital General del ISSSTE “Doctor Fernando Ocaranza”, situado en la capital de ese estado”.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 10 de enero de 2013.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Cámara de Senadores.

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL- 1P1A.- 2407, signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DEP 1658/ 12, suscrito por la licenciada Betina Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 10 de enero de 2013.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Cámara de Senadores.

EDUCACION BASICA

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En alcance de los oficios números SEL/ UEL/ 311/ 886/ 10 y SEL/ UEL/ 311/ 1420/ 10, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 112/ 00000124, suscrito por el licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los bebederos de agua potable en escuelas primarias y secundarias.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 11 de enero de 2013.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Cámara de Senadores.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL- 1P1A.- 3013, signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 112/ 00000125, suscrito por el licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como los anexos que en él se mencionan, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al estado que guarda la autorización de cambio de uso de suelo otorgada para el proyecto Cabo Cortés” de la empresa Hansa Baja Investments.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 11 de enero de 2013.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Cámara de Senadores.

ESTADO DE SONORA

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-2411 signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPVCI/V/ 0034/13 suscrito por el maestro Jorge Nader Kuri, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al asesinato del joven José Antonio Elena Rodríguez por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos de América, en las inmediaciones de la frontera de Nogales, Sonora.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 11 de enero de 2013.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Cámara de Senadores.

SERVICIOS AEREOS

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-2408 signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPVCI/V/ 0035/13 suscrito por el maestro Jorge Nader Kuri, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los presuntos actos de corrupción que involucra a la Dirección General de Servicios Aéreos de esa institución.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 11 de enero de 2013.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Cámara de Senadores.

INVESTIGACION CLINICA

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-3770 signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/ DGAVS/030/2013 suscrito por la licenciada Blanca Lissett Pineda Barrera, subdirectora de Participación Ciudadana y Seguimiento de Peticiones de la Dirección General Adjunta de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los protocolos de investigación clínica.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 14 de enero de 2013.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Cámara de Senadores.

FRIJOL

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL- 1P1A.- 1036, signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.2013.DGVP. 0026, suscrito por el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la necesidad de conferir prioridad a la comercialización del frijol nacional, antes de autorizar su importación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 15 de enero de 2013.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Cámara de Senadores.

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL- 1P1A.- 3910, signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DEP 0044/ 13, suscrito por la licenciada Betina Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al sexagésimo séptimo aniversario de la admisión de México en la Organización de las Naciones Unidas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 16 de enero de 2013.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Cámara de Senadores.

VIOLENCIA CONTRA MUJERES

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-3793 signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva de Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número Inmujeres/SE/ 0020/2013 suscrito por la doctora María Elena Álvarez Bernal, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a un informe sobre los alcances y límites que ha tenido el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 16 de enero de 2013.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Cámara de Senadores.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P1A.-3015 signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112/00000235 suscrito por el licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al dragado y mantenimiento del canal de navegación alterno de puerto San Carlos, Baja California Sur.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 16 de enero de 2013.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Cámara de Senadores.

TURISMO

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL- 1P1A.- 3794 signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 1.3.- 00013/ 2013, suscrito por el maestro Gemi José González López, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a reimpulsar el turismo de cruceros en el país.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 17 de enero de 2013.— Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Cámara de Senadores.

PUEBLOS INDIGENAS

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio, número DGPL-1P1A.-3781 signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 200/SDT/ 006/2013 suscrito por el licenciado Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a un informe sobre las políticas, programas, acciones y seguimiento en materia de inclusión de integrantes de pueblos indígenas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 21 de enero de 2013.— Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Cámara de Senadores.

DESARROLLO REGIONAL

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL- 1P1A.- 2054, signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DGVI/ 091/ 2013, suscrito por la ciudadana Adriana González Maíz Flores, directora general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Social, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a establecer criterios sencillos para las reglas de operación de los fondos y programas sociales y los relativos al desarrollo regional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 21 de enero de 2013.— Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Cámara de Senadores.

PERMISO A PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL PAIS

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacer de su conocimiento que la licenciada Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comunica que el presidente de la república, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 24 al 29 de enero del año en curso, a efecto de atender la invitación del presidente de la República de Chile, señor Sebastián Piñera Echenique, para participar en la primera Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea (CELAC-UE), así como en la primera Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), a celebrarse en Santiago, República de Chile y atender la invitación del presidente de la República Oriental del Uruguay, señor José Alberto Mujica Cordano, para realizar una visita oficial a ese país.

La participación del presidente Enrique Peña Nieto, en la primera Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea (CELAC-UE), así como en la primera Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), reviste especial importancia porque permitirá promover los siguientes objetivos:

• Dar continuidad a la relación birregional formalizada con la Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea (ALCUE) en Río de Janeiro en 1999.

• Fortalecer la integración regional y el desarrollo económico y social.

• Se contempla un encuentro entre el presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo Uruguayo José Alberto Mujica Cordano, a fin de revisar los temas de mayor relevancia en la agenda bilateral y de la agenda regional e internacional.

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración pública Federal, acompaño copia del documento al que me he referido.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle~ la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 17 de enero de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Felipe Solís Acero subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado señor subsecretario,

Por instrucciones del Secretario de Relaciones Exteriores, doctor José Antonio Meade Kuribreña, con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la SRE, en apego a las facultades de la Subsecretaría bajo su digno cargo y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; solicito a usted sea el amable conducto para hacer llegar a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el aviso mediante el cual se informa que el presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 24 al 29 de enero de 2013, a efecto de atender la invitación del presidente de la República de Chile, señor Sebastián Piñera Echenique, para participar en la primera Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea (CELAC-UE) a realizarse los días 26 y 27 de enero, así como en la primera Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la cual tendrá lugar los días 27 y 28 de enero del mismo año, en Santiago, República de Chile. Asimismo, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos atenderá la invitación del presidente de la República Oriental del Uruguay, señor José Alberto Mujica Cordano, para realizar una Visita Oficial a ese país el 28 de enero próximo.

Primera Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) y primera Cumbre de Jefes y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

En respuesta a la invitación realizada por el presidente de la República de Chile, señor Sebastián Piñera Echenique, el presidente Enrique Peña Nieto participará en las Cumbres de CELAC-UE y CELAC, que se llevarán a cabo en la ciudad de Santiago del 26 al 28 de enero de 2013.

Las cumbres de Santiago corresponden a procesos diferenciados. La primera Cumbre CELAC-UE da continuidad a la relación birregional formalizada con la Cumbre América Latina y el Caribe – Unión Europea (ALCUE) en Río de Janeiro en 1999. Se han realizado seis encuentros de Jefes de Estado y de Gobierno, el último en Madrid en 2010, en el que Chile asumió la Presidencia pro temporedel diálogo de América Latina y el Caribe con la UE.

La CELAC se constituyó en la Riviera Maya, México, en febrero de 2010, y se puso en marcha en Caracas, Venezuela, en diciembré.de 2011, durante la tercera Cumbre América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC). Chile asumió la primera presidencia pro temporede la CELAC. Al contar simultáneamente con mandatos de CELAC y de CELAC-UE, el presidente Sebastián Piñera convocó la celebración consecutiva de los dos encuentros, para con ello reforzar la nueva institucionalidad regional.

Esta nueva institucionalidad regional aún debe madurar y consolidarse, por lo que el éxito de las Cumbres de Santiago es fundamental para afianzar y proyectar este mecanismo de concertación política representativo de la región, el cual agrupa por primera vez a todos los países de América Latina y el Caribe.

México ha brindado su más amplio respaldo a la consolidación de la CELAC y a la Presidencia pro temporechilena. Para nuestro país es de gran importancia que como resultado de la I CELAC se reafirme la presencia internacional de América Latina y el Caribe, a fin de que cuente con un mejor posicionamiento en el ámbito multilateral e impulse la agenda latinoamericana y caribeña en foros globales.

La CELAC-UE reunirá a 60 países de Europa y de América Latina y el Caribe, constituyéndose en una de las conferencias más importantes a nivel mundial. El tema central de la Cumbre CELAC-UE, específico, los pronunciamientos políticos, así como los mandatos y compromisos que se adopten, reflejen fielmente la visión y los intereses de nuestro país.

Las cumbres de Santiago constituyen una valiosa oportunidad para, en pleno y absoluto respeto a la pluralidad, revisar los aspectos actuales del entorno político regional e internacional, y profundizar en medidas tendientes al fortalecimiento de la integración regional y el desarrollo económico y social. Con esos objetivos, que habrán de plasmarse en la declaración y plan de acción de cada una de las cumbres, los mandatarios asistentes de ambas regiones ahondarán su compromiso para impulsar la integración, el crecimiento económico y el desarrollo sustentable.

Finalmente, en un componente adicional de las Cumbres, el presidente Enrique Peña Nieto sostendrá reuniones de trabajo con distintos Jefes de Estado y de Gobierno, a fin de analizar e impulsar temas de carácter bilateral.

Visita oficial a la República Oriental del Uruguay

Con esta visita oficial el presidente de México corresponderá a la visita a nuestro país que hizo el presidente de la República Oriental del Uruguay, señor José Alberto Mujica Cordano, del 15 al 18 de noviembre del 2011.

Por ser una visita oficial, se contempla un encuentro entre el presidente Peña Nieto y su homólogo uruguayo, a fin de revisar los temas de mayor relevancia en la agenda bilateral y de la agenda regional e internacional. Además, conocerá el funcionamiento del programa de “Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea” (Plan CEIBAL), el cual dota de una computadora a cada niño y maestro en las escuelas uruguayas.

Dicha visita oficial sería la primera que el presidente Enrique Peña Nieto realiza a un país de América del Sur, con lo cual se enviaría una señal política de la importancia que México otorga a la relación con Uruguay en la actual coyuntura internacional. En el marco de su estrategia de aproximación hacia América del Sur, México ha mantenido una excelente relación con Uruguay, país al que se identifica propuesto por la Presidencia pro temporechilena es “Alianza para un Desarrollo Sostenible: Promoviendo Inversiones de Calidad Social y Ambiental”. En el contexto del tema, se abordará la complementariedad social y ambiental, la responsabilidad social empresarial, la construcción de una economía amistosa con el medio ambiente, la responsabilidad con las comunidades locales, entre otros temas centrales y vinculados estrechamente con los cinco ejes de gobierno definidos por el presidente Enrique Peña Nieto y con objetivos específicos de la política exterior de nuestro país.

México actúa convencido de que la viabilidad y el futuro mismo de nuestra región pasa por una profundización de su integración y, consecuentemente, por el incremento en su capacidad de diálogo con otras regiones.

Para nuestro país es fundamental contribuir a la consolidación de la CELAC y a la ampliación del diálogo con la Unión Europea, especialmente en el actual entorno de crisis económica y financiera, lo que plantea un importante reto a las naciones de ambas regiones Y demanda la profundización de la concertación política y la cooperación.

América Latina y el Caribe y la Unión Europea trabajan en la construcción de una asociación estratégica, impulsándola a través de cumbres birregionales bienales. Un componente central de esta asociación es el desarrollo sustentable y la diversificación de las inversiones entre los países de ambas regiones, a fin de lograr la creación de más y mejores empleos, crecimiento económico amistoso con el medio ambiente y mayor cohesión social.

Por la magnitud de las Cumbres, por su impacto político y su visibilidad, representan un escenario propicio para que el presidente Enrique Peña Nieto destaque las prioridades de su gobierno en los temas centrales que se abordarán por los Jefes de Estado y de Gobierno de ambas regiones.

Mediante su participación en ambas Cumbres, el titular del Ejecutivo refrendará la voluntad de mantener a México como un pilar de la CELAC y permitirá que, acorde a su importancia y su peso como socio estratégico en la región. Uruguay es el único país del MERCOSUR con el que México tiene un Acuerdo de Asociación Estratégica y un Tratado de Libre Comercio. A su vez, al tiempo que México continúa beneficiándose de la apertura, el libre mercado y aprovecha las coincidencias y complementariedades con este país del sur de América. Para Uruguay, nuestro país representa un contrapeso de carácter regional.

Como parte del programa de la visita el presidente Enrique Peña Nieto se entrevistará con el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), licenciado Carlos Alberto Álvarez, con quien sostendrá un intercambio de puntos de vista sobre el proceso de integración en la región.

En los términos del propio artículo 88 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, una vez concluido el viaje del presidente de la República se enviará un informe a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión sobre los resultados del trabajo realizado Agradeciendo de antemano su valioso apoyo y consideración, quedo de usted.

Nota:

1 Los cinco ejes del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto son: 1) Un México en paz; 2) Un México incluyente; 3) Un México con educación de calidad para todos; 4) Un México próspero y 5) Un México como actor con responsabilidad global. Atentamente

México, DF, a 17 de enero de 2013.— Betina C. Chávez Soriano (rúbrica), directora general de Coordinación Política.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número PRO- 00435, el embajador Alfredo Pérez Bravo, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el ciudadano Plácido Arango Arias pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del reino de España.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al Congreso de la Unión para obtener el permiso respectivo y copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 17 de enero de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Primera Comisión de trabajo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número PRO- 00433, el embajador Alfredo Pérez Bravo, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Gran Cruz, primera clase, que le otorga el gobierno de la República Federal de Alemania.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud de la interesada dirigida al Congreso de la Unión para obtener el permiso respectivo y copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 17 de enero de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, ante la inminencia de la entrega de esta presea a la ex canciller, es que me permito sugerir al pleno, en términos del 59 y del 60 del Reglamento, que se autoriza la urgente u obvia resolución, la dispensa de todos los trámites para someter a discusión y votación de inmediato este permiso. Pregunte la Secretaría.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Proceda la Secretaría a dar lectura al proyecto.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Gran Cruz, Primera Clase, que le otorga el gobierno de la República Federal de Alemania.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está a consideración del pleno. No habiendo quien haga uso de la palabra, se ruega a la Secretaría recabar votación nominal.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Se va a proceder, señores legisladores, a recoger la votación nominal. Se pide que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación)

Señor presidente, se emitieron 30 votos a favor y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado el proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Gran Cruz, Primera Clase, que le otorga el gobierno de la República Federal de Alemania. Pasa el Ejecutivo, para los efectos constitucionales.

Continúe la Secretaría.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 42, fracción VI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se entrega en paquete anexo el Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2013, conforme a lo siguiente:

Tomo I. Información Global y Específica

Tomo II. Ramos Autónomos

Tomo III. Ramos Administrativos

Tomo IV. Ramos Generales

Tomo V. Entidades de Control Directo

Tomo VI. Entidades de Control Indirecto

Tomo VII. Programas y Proyectos de Inversión

Tomo VIII. Analítico de Plazas y Remuneraciones

Asimismo, se entrega disco compacto que contiene la información de los Tomos y Anexos y una presentación complementaria a nivel sectorial, información que estará próximamente disponible en la página de la Secretaría, en la siguiente dirección electrónica: www.hacienda.gob.mx.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de enero de 2013.— Fernando Galindo Favela (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, para consulta de los ciudadanos diputados.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Comisión Permanente del Primer receso del primer año de ejercicio Constitucional del Congreso de la Unión.— Presente.

Por medio del presente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera vigente, le informo que el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras, las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior, en diciembre de 2012 destinaron únicamente mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y no transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Entre los bienes destinados por las autoridades aduaneras se encuentran los siguientes:

• Alimentos y bebidas sin alcohol; artículos de limpieza y aseo; pinturas, barnices, solventes y lubricantes; productos agrícolas y agropecuarios; productos farmacéuticos y material de curación; y productos químicos.

El total de bienes destinados en diciembre de 2012 por las autoridades aduaneras fue de 164 mil 502 bienes, contabilizados en unidades de medida como kilogramo, litro, pieza y pares. Se anexa al presente el informe respectivo.

Sin otro asunto por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de enero de 2013.— Licenciado Oliver Arredondo Gálvez (rúbrica), administrador central de destino de bienes.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a diciembre de 2012, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente a diciembre de 2011.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 15 de enero de 2013.— Luis Videgaray Caso (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y a la de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Mauricio Farah Gebara, Secretario General de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto me permito informar a usted que, con relación al padrón de concesión correspondiente al ejercicio presupuestal de 2012, la Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como dependencia administradora de inmuebles federales, no otorgó ningún tipo de concesión, con fundamento en el artículo 72, fracción VII, último párrafo, de la Ley General de Bienes Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 2007.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de enero de 2013.— Licenciado Miguel Ángel Valladolid Laredo (rúbrica), encargado de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales.»

«Sección TerceraDe las Concesiones

Artículo 72. Las dependencias administradoras de inmuebles podrán otorgar a los particulares derechos de uso o aprovechamiento sobre los inmuebles federales, mediante concesión, para la realización de actividades económicas, sociales o culturales, sin perjuicio de leyes específicas que regulen el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones sobre inmuebles federales.

Para el otorgamiento de concesiones, las dependencias administradoras de inmuebles deberán atender lo siguiente:

I. Que el solicitante cumpla los requisitos establecidos en las leyes específicas que regulen inmuebles federales;

II. Evitar el acaparamiento o concentración de concesiones en una sola persona;

III. Que no sea posible o conveniente que la federación emprenda la explotación directa de los inmuebles de que se trate;

IV. No podrán otorgarlas a favor de los servidores públicos que en cualquier forma intervengan en el trámite de las concesiones, ni de sus cónyuges o parientes consanguíneos y por afinidad hasta el cuarto grado o civiles, o de terceros con los que dichos servidores tengan vínculos privados o de negocios. Las concesiones que se otorguen en contravención de lo dispuesto en esta fracción serán causa de responsabilidades y de nulidad;

V. Que no se afecte el interés público;

VI. La información relativa a los inmuebles que serán objeto de concesión será publicada con dos meses de anticipación al inicio de la vigencia de la concesión respectiva en un diario de circulación nacional y en Internet; y

VII. En el caso de concesiones de espacios sobre inmuebles federales que ocupen las dependencias administradoras de inmuebles, que la actividad por desarrollar por el concesionario sea compatible y no interfiera con las actividades propias de dichas dependencias, sujetándose a las disposiciones que las mismas expidan para tal efecto.

Las dependencias administradoras de inmuebles, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, conforme a las condiciones a que se refiere el artículo siguiente, emitirán los lineamientos para el otorgamiento o prórroga de las concesiones sobre los inmuebles federales de su competencia, sin perjuicio de las disposiciones legales aplicables. Asimismo, presentarán un informe anual a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sobre las concesiones otorgadas en el periodo correspondiente.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana de la Cámara de Senadores.

EDUCACION MEDIA SUPERIOR

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe del gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, adjunto oficio SEDF/247/2012, mediante el cual la Secretaría de Educación del Distrito Federal, da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a que considere en sus programas y planes de desarrollo educativo, los elementos necesarios para la ampliación de la matrícula en el nivel de educación media superior, del fortalecimiento de las instituciones, la infraestructura, el personal académico y la elevación de la calidad educativa, para el cumplimiento del mandato constitucional.

Lo anterior, en relación con el oficio D.G.P.L.62-II-8-0148 en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación de un punto de acuerdo, relacionado con el asunto antes citado.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 9 de enero de 2013.— Héctor Serrano Cortés (rúbrica), Secretario de Gobierno del Distrito Federal.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Licenciado Héctor Serrano Cortés, Secretario de Gobierno.— Presente.

En atención al oficio SG/12546/2012, por el cual se informa a esta secretaría que el honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 9 de octubre de 2012, aprobó un punto de acuerdo mediante el cual, solicita:

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo federal, a los Poderes Ejecutivos estatales, al Distrito Federal y a los gobiernos municipales que consideren en sus programas y planes de desarrollo educativo, los elementos necesarios para la ampliación de la matrícula en el nivel de educación media superior, del fortalecimiento de las instituciones, la infraestructura, el personal académico y la elevación de la calidad educativa, para el cumplimiento del mandato constitucional.

Al respecto, le informo las acciones implementadas por esta secretaría para lograr la ampliación de la matrícula en el nivel de educación media superior, el fortalecimiento de las instituciones, la infraestructura, el personal académico y la elevación de la calidad educativa para satisfacer el mandato constitucional:

1. Con fecha 15 de febrero de 2007, surge auspiciado por la Secretaría de Educación del Distrito Federal –bajo el convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, el Programa de Bachillerato a Distancia como opción en educación media superior para disminuir el rezago educativo e impulsar a jóvenes y adultos capitalinos a continuar sus estudios.

El Programa de Bachillerato a Distancia, está dirigido a los habitantes del Distrito Federal, que por diversas circunstancias (económicas, laborales, familiares o de tiempo) no han podido realizar o concluir sus estudios de nivel Medio Superior. Esta modalidad educativa a distancia, ofrece diversas ventajas al alumno, en virtud de que no implica traslados importantes o erogaciones económicas adicionales en materiales, ya que es totalmente gratuito, debido a que todo el material de estudio se encuentra en línea y los estudiantes disponen de él las 24 horas del día.

La primera convocatoria fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en mayo de 2007. El programa inició con 924 alumnos de nueve delegaciones políticas del Distrito Federal en junio de 2007, quienes fueron atendidos por asesores y tutores, durante 10 semanas en la realización de tres cursos propedéuticos. Al finalizar agosto de 2007, se contaba con 331 alumnos inscritos formalmente para cursar el bachillerato a distancia.

Cabe precisar, que este programa tiene como objetivo, garantizar a una mayor cantidad de jóvenes y adultos la oportunidad de terminar sus estudios del nivel medio superior y que tengan la opción de cursar una licenciatura, toda vez que en esta modalidad tienen reconocimiento oficial y se encuentra registrado ante la Secretaría de Educación Pública. El modelo educativo de este programa se basa en el establecido por la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene un enfoque multidisciplinario porque integra conocimientos sobre humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales y matemáticas.

Entre los beneficios que brinda este programa, se encuentra que para ingresar no se requiere promedio mínimo en el certificado de secundaria y tampoco existe un límite de edad, además, los alumnos inscritos pueden solicitar el apoyo del Programa “Prepa Sí” una vez que han acreditado sus tres cursos propedéuticos y formalicen su inscripción a las asignaturas.

Los beneficiarios del programa, pueden realizar sus estudios desde cualquiera de las eduaulas que se encuentran distribuidas estratégicamente en diferentes puntos de la ciudad, o bien, desde su casa o cualquier establecimiento con servicio de internet.

Desde la puesta en marcha de este programa se ha evitado que cientos de jóvenes se queden sin oportunidad de cursar su bachillerato, entregando a la fecha mil 875 certificados de conclusión de estudios de bachillerato, resultando la mejor alternativa para los jóvenes que no pudieron ingresar a una escuela de nivel medio superior de modalidad presencial.

2. Por otro lado, a partir del mes de marzo de 2012, por medio de la Dirección de Educación a Distancia dependiente de la Coordinación General de Educación de esta secretaría se dio a conocer la nueva propuesta educativa denominada Bachillerato Digital de la Ciudad de México, representando una ampliación de la propuesta educativa a distancia en el nivel medio superior y que se suma al Programa de Bachillerato a Distancia del gobierno del Distrito Federal.

El Bachillerato Digital de la Ciudad de México, es una oferta novedosa de educación, impartida por Internet, en donde el estudiante se encuentra acompañado por un tutor docente que le ayuda a generar estrategias de aprendizaje autónomo. Es totalmente desarrollado por especialistas en educación a distancia que trabajan desde hace 5 años en esta Secretaría de Educación, este es un bachillerato propedéutico, que se cursa en dos años, contando el estudiante con la posibilidad de adelantar asignaturas, reduciendo así el tiempo total de estudio. En este modelo educativo el alumno puede estudiar desde cualquier computadora con conexión a Internet, permitiéndole combinar el estudio con su trabajo y otras actividades.

El bachillerato de referencia, ofrece equivalencia de estudios desde este momento para estudiantes del Bachillerato a Distancia del gobierno del Distrito Federal, y para el año 2013 a la población en general. Actualmente se encuentran activos mil 200 estudiantes de la primera generación (20l2-A), en el primer semestre de este plan de estudios, que sumados a los 11 mil 517 estudiantes atendidos y 2 mil 800 aspirantes en propedéuticos en el Bachillerato a Distancia del gobierno del Distrito Federal, dan un total de 15 mil 517 estudiantes atendidos actualmente por la Dirección de Educación a Distancia.

En esa tesitura, se hace de su conocimiento que dentro de los proyectos de esta Secretaría para el próximo año, se encuentra la implementación de un programa de educación continua desarrollando y ofreciendo cursos para satisfacer las necesidades de cada sector de la población de esta ciudad.

Asimismo, se pretende ampliar la cobertura de los programas que actualmente se operan a nivel local, a efecto de que sean implemento dos a nivel nacional e internacional por medio de acuerdos institucionales que permitan tener presencia fuera del Distrito Federal.

3. Aunado a lo anterior, el 3 de septiembre de 2012, la Secretaría a mi cargo suscribió un convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, con la finalidad de ofrecer el programa educativo piloto del Bachillerato a Distancia B@D para ser impartido en la modalidad presencial, apoyado por tecnologías de la información y comunicación en las instalaciones de lo preparatoria José Guadalupe Posada.

Dicho proyecto surge como una opción a la demanda educativa de educación media superior de jóvenes de Tepito. Este programa incluye 4 componentes que se consideran fundamentales para el éxito académico de los estudiantes:

a) Componente académico y tecnológico, que se cubre no sólo a través de la plataforma a distancia, sino con el apoyo de asesores presenciales que dan seguimiento y acompañamiento permanente a los estudiantes.

b) Componente deportivo, que implica la incorporación efectiva y cotidiana a una disciplina de entrenamiento y desarrollo físico que forma parte integral de la conformación biopsíquica y social del estudiantado.

c) El componente cultural y artístico, con el que se pretende, favorecer el desarrollo de las funciones más complejas de la capacidad de innovación creativa de los jóvenes que no sólo le sirven para superar los déficits de formación en áreas básicas causados por la escasa formación lectora y en actividades de concentración y habituación al estudio, así como al desarrollo de sus capacidades para la participación espontánea que les aporte elementos para el disfrute estético y el aprecio cultural.

d) El componente comunitario, a través de cual se pretende generar un puente entre el estudiantado y las familias, así como desarrollar la sensibilidad de la actitud propositiva de los jóvenes respecto de la problemática comunitaria y ciudadana.

4. Por otra parte, por conducto de la Dirección de Educación Media Superior la Coordinación General de Educación de esta secretaría, desarrolló la propuesta curricular para poner en práctica un Bachillerato Pedagógico que es una modalidad semipresencial que permitirá la certificación de competencias laborales para la alfabetización y la educación comunitaria, así como la certificación de un bachillerato propedéutico a personas que fungen, como Figuras Facilitadoras o Asistentes Educativos de los programas sociales, como lo son las Acciones de Inclusión y Equidad Educativa, mismas que se realizan en contextos de alta marginación social y con poblaciones identificadas en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal como poblaciones vulnerables, tales como personas con discapacidad, en situación de calle, indígenas, victimas de trata sexual comercial, en reclusión, adultos mayores, entre otros.

No omito, mencionar que dicho bachillerato se pondrá en operación a partir del 2013, si se cuenta con suficiencia presupuestaria.

En virtud de las manifestaciones realizadas, solicito que con la información proporcionada, se tenga por atendido en tiempo y forma el exhorto realizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 17 de diciembre de 2012.— Doctora Mara Nadiezhda Villaseñor (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

HENDRIK CUACUAS

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida de la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe del gobierno con otros órganos del gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, adjunto oficio INVEADF/CJ/012/2013 y anexo de fecha 4 de enero de 2013, mediante el cual el coordinador Jurídico del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, remite oficio DEL-AZCA/DGJG/01214/2012, a través del cual el director General Jurídico y de gobierno de la delegación Azcapotzalco, da respuesta al oficio D.G.P.L. 62-II-8-0364 y anexo, de fecha 15 de noviembre de 2012, suscrito por el vicepresidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual se hace del conocimiento que en esa fecha fue aprobado un punto de acuerdo, por el que se exhorta para que, en coordinación con las delegaciones políticas, garanticen la seguridad de las niñas, niños y adolescentes que concurran a los diversos espectáculos públicos o cines de la Ciudad de México, solicitando a todos los establecimientos mercantiles de impacto vecinal que cumplan escrupulosamente con la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, colocando videocámaras y equipos de seguridad, con la finalidad de atender eventos de riesgo con reacción inmediata, así como colocar arcos detectores de metales o detectores portátiles para controlar el acceso a sus instalaciones, a fin de evitar otro suceso como aquel en donde perdiera la vida el niño de 10 años Hendrik Cuacuas; asimismo, para que implanten una supervisión en todos los espacios de recreación para verificar que cuentan con las medidas de seguridad requeridas para el desarrollo confiable de sus eventos, a fin de garantizar a las niñas, niños y adolescentes, junto con sus familias, el pleno disfrute de sus tiempos libres.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de enero de 2013.— Héctor Serrano Cortés (rúbrica), Secretario de Gobierno del Distrito Federal.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Licenciado Antonio Martínez Salas, secretario particular de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

Por medio del presente ocurso y en alcance al oficio número INVEADF/CJ/1328/2012 se ésta unidad administrativa, a través del cual se dio contestación a su similar número SG/SP/13697/2012 de fecha 23 de noviembre de 2012, le remito el oficio identificado como DEL-AZCA/DGJG/ 01214/2012 de fecha 26 de diciembre de2012y recibido el 2 de enero en este Organismo, signado por el Lic. Rubén Martínez Rodríguez, director General Jurídico y de Gobierno de la delegación Azcapotzalco.

Lo anterior para los efectos administrativos que estime conducentes.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de enero de 2013.— Maestro Omar Jiménez Cuenca (rúbrica), coordinador jurídico.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Maestro Omar Jiménez Cuenca, coordinador jurídico del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal.— Presente.

Por este medio, y en atención al similar con número INVEADF/CJ/1251/2012, recibido en fecha tres de diciembre del año pasado; mediante el cual hace del conocimiento a esta Dirección General que el jueves 15 de noviembre del año pasado fue aprobado un punto de acuerdo por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el que se exhorta –en coordinación con las delegaciones– a que se garantice la seguridad de las niñas, niños y adolecentes que concurran a los diversos espectáculos públicos o cines del Distrito Federal, solicitando a todos los establecimientos mercantiles de impacto vecinal para que cumplan escrupulosamente con la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, colocando videocámaras y equipos de seguridad, don la finalidad de atender eventos de riesgo con reacción inmediata, así como colocar arcos detectores de metales o detectores portátiles para controlar el acceso a sus instalaciones. De igual manera, se exhorta para que en coordinación con las delegaciones se implemente a la brevedad posible una supervisión en todos los espacios de recreación para verificar que cuentan con las medidas de seguridad requeridas para el desarrollo confiable de sus eventos.

Al respecto, me permito informarle que se solicitará a los establecimientos mercantiles de impacto vecinal cumplir cabalmente con la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. Ahora bien, en cuanto a la colocación de videocámaras y equipos de seguridad, así como, de arcos detectores de metal o detectores portátiles para controlar el acceso a sus instalaciones, esta autoridad llevará a cabo el exhorto correspondiente para que los establecimientos antes referidos que estén en posibilidades implementen, dentro de éstos las medidas antes citadas, toda vez que el artículo 13 de la ley en cita señala lo siguiente:

Artículo 13. Los establecimientos mercantiles de impacto zonal estarán obligados a conectar videocámaras, equipos y sistemas tecnológicos privado el sistema que para tal efecto instale la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, con la finalidad de atender eventos con reacción inmediata, de conformidad con la Ley que regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal.

Las grabaciones obtenidas con videocámaras, equipos y sistemas tecnológicos privados únicamente deberán ser entregadas a la autoridad competente.

Adicionalmente, estos establecimientos tendrán la obligación de instalar arcos detectores de metales o detectores portátiles para controlar el acceso a sus instalaciones de conformidad con la Ley que regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad del Distrito Federal...

Asimismo, esta autoridad solicitará a la Dirección de Protección Civil de esta delegación, lleve a cabo una revisión en materia de protección civil a los establecimientos mercantiles de impacto vecinal con la finalidad de verificar que en todos y cada uno de ellos se cumpla con las medidas de seguridad correspondientes y así coadyuvar a dar cumplimiento al punto de acuerdo anteriormente mencionado.

Sin otro particular, agradezco el apoyo brindado y le envió un cordial saludo.

Atentamente

Azcapotzalco, Distrito Federal, a 26 de diciembre de 2012.— Licenciado Rubén Martínez Rodríguez (rúbrica), director general Jurídico y de Gobierno.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, aprobó los puntos de acuerdo que a continuación se transcriben:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobierno del Distrito Federal, a través de la Procuraduría General de Justicia, a llevar a cabo una investigación exhaustiva para que se consigne y se castigue al o a los responsables de los hechos ocurridos en el Cinépolis en la Plaza Ermita, donde perdió la vida el niño de 10 años Hendrik Cuacuas.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Gobierno, para que, en coordinación con las delegaciones políticas, garanticen la seguridad de las niñas, niños y adolescentes que concurran a los diversos espectáculos públicos o cines de la Ciudad de México, solicitando a todos los establecimientos mercantiles de impacto vecinal que cumplan escrupulosamente con la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, colocando videocámaras y equipos de seguridad, con la finalidad de atender eventos de riesgo con reacción inmediata, así como colocar arcos detectores de metales o detectores portátiles para controlar el acceso a sus instalaciones, a fin de evitar otro suceso como aquel en donde perdiera la vida el niño de 10 años Hendrik Cuacuas.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de, Gobierno, para que, en coordinación con las delegaciones políticas, a la brevedad posible, implementen una supervisión en todos los espacios de recreación para verificar que cuentan con las medidas de seguridad requeridas para el desarrollo confiable de sus eventos, a fin de garantizar a las niñas, niños y adolescentes, junto con sus familias, el pleno disfrute de sus tiempos libres.

Lo que comunicamos a usted, para los efectos a que haya lugar.

México, DF, a 15 noviembre de 2012.— Diputado Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.

Para: Héctor Serrano Cortés

De: Marcela Gómez Zalce

Anexo a la presente para tu conocimiento y atención procedente, punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, referente a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva para que se consigne y castigue a los responsables de los hechos ocurridos el Cinépolis en la Plaza Ermita.

Sin otro particular, te envío un cordial saludo

México, DF, a 20 de noviembre de 2012.— Marcela Gómez Zalce (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a las Comisiones de Justicia y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

PROGRAMA DIPUTADA AMIGA, DIPUTADO AMIGO

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo.— Gobierno del Estado de México.

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura.— Presente.

En atención del oficio citado al rubro, por medio del cual envía a la consejería a mi cargo el oficio mediante el cual informa que en sesión celebrada el 6 de diciembre de 2012 la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó los acuerdos que se refieren, entre otras cosas, a la implantación del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo de manera permanente, así como la instauración de programas alternos que cumplimenten y coadyuven con los objetivos del citado programa, respecto a lo cual me permito manifestar lo siguiente:

La migración es un fenómeno que abarca millones de personas en el mundo e involucra gran número de entidades de la República Mexicana; tiene implicaciones sociales, culturales y económicas; de ahí que en el estado de México nos ocupemos de la protección de los migrantes, como grupo vulnerable.

La política migratoria actual se centra en la promoción y defensa de los derechos humanos de los migrantes como eje central de las políticas públicas, derechos que deben ser respetados independientemente de la calidad migratoria, aun cuando se encuentren en situación irregular.

Derivado de lo anterior, el gobierno del estado de México, a través de la Coordinación de Asuntos Internacionales, brinda asesoría jurídica mediante la Línea Migrante Mexiquense, aunado a la ejecución de sus programas Operativo Migrante Mexiquense, Vinculación de Migrantes Mexiquenses a Sectores Productivos en la Entidad y Empresas Familiares de Migrantes, entre otros.

Asimismo, la Unidad de Derechos Humanos adscrita a esta consejería plantea el establecimiento de un programa de apoyo a los migrantes, a fin de conocer y proteger sus derechos humanos, evitando que sufran violaciones.

En este orden de ideas y pese a los avances alcanzados en materia de protección de migrantes, es necesario realizar una política integral que incluya una armonización de la legislación con los tratados internacionales de que el Estado mexicano forma parte.

En el mismo sentido, a propuesta de la licenciada Caritina Sáenz Vagas, coordinadora de Asuntos Internacionales, se plantea la realización de una reunión con diputados federales y locales, así como autoridades del gobierno del estado de México, a fin de gestionar recursos para implantar los programas que habrán de realizarse a la par del diverso Diputada Amiga, Diputado Amigo.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Toluca de Lerdo, México, a 14 de enero de 2013.— Doctora Luz María Zarza Delgado (rúbrica), consejera jurídica del Gobierno del estado de México.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

DENGUE CLASICO Y HEMORRAGICO

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En alcance a mi oficio número SGG/1442/2012 (adjunto copia), me permito enviar a usted, para su conocimiento, oficio número 00116, signado por el doctor Francisco Javier Posadas Robledo, secretario de Salud en el estado, mediante el cual informa las acciones que se han llevado a cabo en relación con el punto de acuerdo enviado con su oficio número D.G.P.L.62-II-8-0310.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

8 de enero de 2013.— Licenciado Cándido Ochoa Rojas (rúbrica), secretario general de Gobierno.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí.

Licenciado Cándido Ochoa Rojas, secretario general de Gobierno.— Presente

En atención a su similar número SGG/1441/2012, en el cual solicita que se dé atención al diverso número D.G.P.L. 62-II-8-0310, signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mediante el cual exhorta a intensificar las acciones de prevención, atención, control y erradicación de la enfermedad del dengue clásico y del hemorrágico a fin de eliminar la tasa de incidencia y la mortalidad causada por la misma, al respecto informo a usted lo siguiente:

• Durante el periodo enero-noviembre de 2012, se han realizado un total de 1,882,795 visitas a viviendas de las que han sido tratadas el 92.5 por ciento (1,742,383) en las que se han identificado 8,745,752 recipientes con posibilidad de ser criaderos de los que se trataron con larvicida el 44.2 por ciento (3,863,563), y se destruyó el 27.97 por ciento (2,446,714).

• Se han realizado acciones de rociado y nebulización en 199,072 hectáreas de los municipios de las jurisdicciones sanitarias IV Rioverde, V Ciudad Valles y VI Tamazunchale.

• Gestión ante presidencias municipales para regularizar actividades de recolección de basura y dotación de agua potable, así como de fomento ciudadano para mantener las viviendas libres de criaderos.

Es importante señalar que se focalizaron y reforzaron las actividades de control del vector, así como de prevención y promoción en la cabecera del municipio de Tamazunchale, dada la persistencia de casos identificados, realizando las siguientes acciones:

1. Jornada intensiva de nebulización y aplicación de larvicida a viviendas, con énfasis en aquellas identificadas como cerradas, renuentes o deshabitadas;

2. Campañas intensivas de eliminación de criaderos en lotes baldíos, solares y arroyos;

3. Programación de pláticas y talleres comunitarios a titulares y vocales del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades respecto el tema de prevención y control del dengue.

4. Fortalecimiento a las acciones de control del vector mediante la contratación de personas por el Programa de Empleo Temporal de Sedesol.

5. Campaña intensiva en medios de comunicación (radiodifusora local, medios impresos locales, perifoneo, volanteo) para la prevención y control del dengue.

Cabe destacar que la participación de la sociedad y los municipios son la clave para la prevención y control de esta enfermedad.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

San Luis Potosí, SLP, a 7 de enero de 2013.— Doctor Francisco Javier Posadas Robledo (rúbrica), secretario de Salud del Estado.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, el siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes con puntos de acuerdo de la Segunda Comisión. En virtud de que se encuentran publicados, pregunte la Secretaría a la asamblea si solo se da lectura a los encabezados.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Adelante, secretario.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Dictamen de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo sobre las afectaciones de obras y vestigios arqueológicos ocasionadas por trabajos de construcción en Benito Juárez, Distrito Federal

Honorable Asamblea

Con fecha 9 de enero de 2013 a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, primer receso del primer año del ejercicio, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo en relación con las afectaciones de obras y vestigios arqueológicos ocasionados por obras de construcción en la delegación Benito Juárez, del Distrito Federal, suscrita por el diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Los Legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran al presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracciones III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión.

En el apartado denominado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la Proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 9 de enero de 2013 el diputado José Arturo López Portillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presento punto de acuerdo en relación con las afectaciones de construcción en la delegación Benito Juárez.

2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, para su estudio y dictamen correspondiente, con el número de oficio D.G.P.L. 62-II-6-0299 fue recibido con fecha de 10 de enero de 2013.

3. En sesión ordinaria de la Segunda Comisión de fecha de 15 de enero 2013, se entregó a los integrantes de la mencionada comisión el punto de acuerdo en comento para su respectivo estudio.

4. Los miembros de esta Segunda Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El autor de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita de esta soberanía con los siguientes argumentos:

1. Durante 2007, en la parroquia Santa Cruz Jerusalén, situada en la avenida Cuauhtémoc número 1316, en la colonia Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, se han realizado restauraciones y remodelaciones en el edificio parroquial, dicho recinto está protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como monumento nacional.

Dentro de las modificaciones se enlistan las siguientes:

• La modificación del templo donde implica que el atrio sea modificado para convertirse en estacionamiento, provocando la destrucción de los altares y nichos, perforación en los monumentos y obras en la fachada principal.

• Desaparición de lápidas que cubrían los sepulcros que se encontraban en la parte principal, así como la exhumación de los restos humanos sin la existencia de alguna notificación o permiso para realizarlo.

• La modificación del Cristo crucificado hecho de pasta de caña, que data del siglo XVI.

2. Durante 2005 se comenzó con la demolición de un predio ubicado en la calle de Antonio Rodríguez número 35, colindante con la Tercera Privada de la Luz número 6, en la Colonia San Simón Ticumac, delegación Benito Juárez, hallando vestigios arqueológicos debajo de dicho predio.

3. Durante los trabajos de construcción de la línea 7 del metro, fueron halladas piezas arqueológicas de tipo azteca, teotihuacano y coyotlatelco.

Por lo anterior, el proponente concluye con su punto de acuerdo que dice:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de su titular, el Etnólogo Sergio Raúl Arroyo, para que actúe de forma inmediata en la supervisión, dictamen y en su caso sanción a los responsables de las afectaciones a las obras y vestigios arqueológicos siguientes:

a) A la Obra del Cristo Crucificado y de las modificaciones a la estructura de la Parroquia Santa Cruz Jerusalén de la Colonia Sta. Cruz Atoyac en la delegación Benito Juárez.

b) Supervisar las obras de construcción para evitar algún deterioro, corroborar la existencia y en su caso hacer lo procedente para la recuperación de los vestigios arqueológicos encontrados en el predio ubicado en Antonio Rodríguez No. 35 en la Colonia San Simón Ticumac en esta misma demarcación y realizar los estudios correspondientes para determinar antigüedad y cultura a los que pertenecen.

c) Efectuar las investigaciones necesarias para determinar la existencia o no, de hallazgos de vestigios arqueológicos, durante la construcción de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, además de determinar el grado de afectación en su caso.

III. Consideraciones

Ante los argumentos que expone la proposición, esta Comisión Dictaminadora se avocó al estudio de los mismos. En consecuencia, los miembros de esta Comisión se manifiestan a favor del punto de acuerdo con base en:

Antecedentes

Entre las culturas que se desarrollaron en México en la región cultural llamada Mesoamérica están los Olmecas, los mayas, los toltecas, los mexicas o aztecas, que dejaron grandes construcciones que hoy día se pueden apreciar en los sitios arqueológicos que existen en el país.

Como resultado del proceso de colonización a partir de 1521, la Ciudad de México cuenta con uno de los patrimonios culturales más importantes del mundo, buena parte está relacionado con la arquitectura religiosa

Marco Jurídico

México cuenta con un marco jurídico relativo a la conservación de monumentos, zonas arqueológicas, a saber:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3o. establece que

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano, y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y justicia.

Además en su fracción II incisos a, b y c establece el criterio que orientará esa educación:

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

b) Será nacional, en cuanto – sin hostilidades ni exclusivismos – antenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura y;

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción de interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

Para el fomento al respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, el 6 de mayo de 1972 se decreta la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

El artículo 3o. de esta ley establece:

La aplicación de esta Ley corresponde a:

I. El Presidente de la República;

II. El Secretario de Educación Pública;

III. El Secretario de Patrimonio Nacional;

IV. El Instituto Nacional de Antropología e Historia;

V. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y

VI. Las demás autoridades y dependencias federales, en los casos de su competencia.

Artículo 7o. Las autoridades de los Estados, Territorios y Municipios cuando decidan restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia es el organismo del gobierno federal responsable de garantizar la investigación, conservación, protección y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México.

Comentarios

Estamos a favor de que se efectúen las investigaciones necesarias para primero, corroborar la existencia de las obras y vestigios arqueológicos, el grado de afectación, que en su caso sufrieron y de ser así, de forma inmediata se sancione a los responsables de dichas afectaciones.

Si como resultado de las investigaciones se establece que hubieron los daños mencionados por el proponente, esta Soberanía realizará un extrañamiento al INAH y a la delegación Benito Juárez del Distrito Federal, por su omisión y falta de intervención clara y objetiva, como la clara negligencia al encontrar vestigios en esa zona y no intervenir para suspender la obra o sancionar a la constructora responsable.

Dada la relevancia de la proposición del punto de acuerdo, el pleno de la Segunda Comisión de Trabajo –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en su tercera reunión de trabajo con fecha 15 de enero de 2012 consideró que es pertinente que la Comisión del Distrito Federal en la Cámara de Diputados esté enterada y realice el seguimiento correspondiente.

Es también de resaltar que al tratarse de patrimonio arqueológico, arquitectónico y cultural del país, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados debe estar enterada de la propuesta del punto de acuerdo y realizar el seguimiento correspondiente

Por lo anteriormente expuesto, la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– somete a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente Proposición:

IV. Punto de acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de su titular, el Etnólogo Sergio Raúl Arroyo García, para que actúe de forma inmediata en la supervisión y dictamen de las posibles afectaciones a las obras y vestigios arqueológicos siguientes:

a) A la obra del Cristo Crucificado y de las modificaciones a la estructura de la Parroquia Santa Cruz Jerusalén de la Colonia Sta. Cruz Atoyac en la delegación Benito Juárez.

b) Supervisar las obras de construcción para evitar algún deterioro, corroborar la existencia y en su caso hacer lo procedente para la recuperación de los vestigios arqueológicos encontrados en el predio ubicado en Antonio Rodríguez No. 35 en la Colonia San Simón Ticumac en esta misma demarcación y realizar los estudios correspondientes para determinar antigüedad y cultura a los que pertenecen.

c) Efectuar las investigaciones necesarias para determinar la existencia o no, de hallazgos de vestigios arqueológicos, durante la construcción de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, además de determinar el grado de afectación en su caso.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que informe a esta Soberanía los resultados que se obtengan del exhorto formulado con esta fecha.

Tercero. Dada la temporalidad de la Comisión Permanente y sus Comisiones de Trabajo en el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio del H. Congreso de la Unión, se exhorta a las Comisiones del Distrito Federal y Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados para hacer de su conocimiento los resultados que se obtengan del exhorto formulado con esta fecha y realicen el seguimiento correspondiente.

Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2013.

La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Permanente, diputados: María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas, Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), Ricardo Cantú Garza;senadores: Graciela Ortiz González, Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica).»

INCENDIOS EN RECINTOS PATRIMONIALES DE ORIGEN Y DESTINO RELIGIOSO

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Dictamen de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al presidente del Conaculta a rendir un informe sobre las estrategias de prevención de incendios en recintos patrimoniales de origen y destino religiosos

Honorable Asamblea:

Con fecha 9 de enero de 2013, a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, primer receso del primer año del ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo para exhortar al presidente de Conaculta a rendir un informe sobre las estrategias de prevención de incendios en recintos patrimoniales de origen y destino religioso, presentada por el diputado Jorge Herrera Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran al presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracciones III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen en relación con la siguiente

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado denominado “. III Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 9 de enero de 2013 el diputado Jorge Herrera Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento punto de acuerdo para que el Presidente de Conaculta informe sobre las estrategias de prevención de incendios en recintos patrimoniales de origen y destino religioso.

2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, para su estudio y dictamen correspondiente, con el número de oficio D.G.P.L. 62-II-6-292 fue recibido con fecha de 10 de enero de 2013.

3. En sesión ordinaria de la Segunda Comisión de fecha de 15 de enero 2013, se entregó a los integrantes de la mencionada comisión el punto de acuerdo en comento para su respectivo estudio.

4. Los miembros de esta Segunda Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El autor de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita de esta soberanía con los siguientes argumentos:

1. Que el pasado 1 de enero, el templo de Santa Mónica, en Puebla, sufrió un incendio el cual, para fortuna, no causó daños personales, pero sí daños patrimoniales a un bien nacional. El templo de Santa Mónica, anexo al convento agustino del mismo nombre y construido en el siglo XVII, es una joya del arte virreinal con una rica historia cultural, tanto por los hechos ahí acontecidos como por las piezas de valor artístico y religioso que ahí se guardan.

2. Que la intervención expedita del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a cuyo cargo se encuentra la evaluación de los daños a bienes culturales inmuebles edificados y/o bienes muebles creados antes del siglo XX, permitió que de manera rápida se cuantificaran los daños y se procediese a la restauración de un óleo del siglo XVIII, así como de la urna que contiene la imagen de bulto del Señor de las Maravillas, muy venerado en Puebla, y alguno que otro azulejo que quedó dañado.

3. Que inicialmente se especuló que el incendio había sido provocado por una veladora de las muchísimas que dejan encendidas los fieles; sin embargo, el peritaje estableció que el origen fue un corto circuito. De siempre se sabe que los bienes inmuebles patrimoniales históricos de origen y destino religioso están continuamente en riesgo de incendio por la costumbre -sobre todo en los católicos romanos y ortodoxos- de los fieles de encender velas votivas. En algunos templos se ha recurrido a las luminarias que se encienden mediante dispositivos eléctricos -pero esto no es lo común, dada la tradición ancestral y el significado litúrgico de las velas encendidas- y en templos con gran afluencia, como en la Villa de Guadalupe, se ha recurrido a la instalación de sitios ex profeso para encender velas y veladoras, pero esto es mucho más fácil en templos modernos y la gran mayoría de los recintos religiosos son antiguos.

4. Que sin embargo, no sólo son las ceras lo que provoca incendios. La principal fuente de incendios en recintos religiosos de valor artístico y cultural que forman parte del patrimonio nacional son las instalaciones eléctricas, las que naturalmente fueron introducidas muchos después de la construcción de los templos y su adecuación al voltaje y uso actual es bastante dudoso.

Por lo anterior, el proponente concluye con su punto de acuerdo que dice:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a efecto de que informe acerca de las estrategias y programas para la prevención de incendios en recintos patrimoniales de origen y destino religioso, así como también para que desarrolle las siguientes acciones a favor del patrimonio cultural del país:

1. Proceda a la reedición actualizada del Manual de Prevención de Robo en Recintos Religiosos, o en su defecto, elabore un manual destinado a la prevención de incendios en recintos religiosos, que pueda ser accesible vía electrónica o impreso.

2. Establezca un programa específico, en conjunción con la Comisión Federal de Electricidad, para un diagnóstico sobre las instalaciones eléctricas en templos que formen parte del patrimonio cultural de la nación.

3. Solicite a la Comisión Federal de Electricidad la revisión periódica de las instalaciones eléctricas de los recintos religiosos, independientemente de que sean parte del patrimonio federal o propiedad de una determinada asociación religiosa para evitar riesgos de accidentes para los fieles.

4. Informe sobre siniestros en bienes patrimoniales y las estrategias de control y prevención de los mismos.

III. Consideraciones

Ante los argumentos que expone la proposición, esta comisión dictaminadora se avocó al estudio de los mismos. En consecuencia, los miembros de esta Comisión se manifiestan a favor del punto de acuerdo con base en:

1. Como resultado del proceso de colonización a partir de 1521, la Ciudad de México cuenta con uno de los patrimonios culturales más importantes del mundo, buena parte está relacionado con la arquitectura religiosa.

2. México cuenta con un marco jurídico relativo a la conservación de monumentos, zonas arqueológicas, a saber:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 3º. establece que:

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano, y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y justicia.

Además en su fracción II incisos a, b y c establece el criterio que orientará esa educación:

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

b) Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; y

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción de interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

Para el fomento al respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, el 6 de mayo de 1972 se decreta la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

El artículo 3o. de esta ley establece:

La aplicación de esta ley corresponde a

I. El presidente de la República;

II. El secretario de Educación Pública;

III. El secretario de Patrimonio Nacional;

IV. El Instituto Nacional de Antropología e Historia;

V. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; y

VI. Las demás autoridades y dependencias federales, en los casos de su competencia.

Artículo 7o. Las autoridades de los estados, territorios y municipios cuando decidan restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia es el organismo del gobierno federal responsable de garantizar la investigación, conservación, protección y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México.

A lo anteriormente citado, cabe mencionar que la responsabilidad legal de la protección y conservación del patrimonio histórico construido entre los siglos XVI y XIX corresponde al Instituto Nacional de Antropología e Historia —INAH— como es el caso del templo de Santa Mónica en el estado de Puebla, este organismo a partir del año 2002, creo el Centro Nacional para la Prevención de Desastres en materia de Patrimonio Cultural (PREVINAH), cuya finalidad es establecer medidas de prevención del patrimonio cultural afectado por desastres naturales o antropogénicos.

Esta Segunda Comisión acuerda que el exhorto deberá ser dirigido al INAH y no al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes –Conaculta–, cuyas facultades son la promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales, entre otras. Lo anterior es señalado en aplicación al espíritu de la “suplencia o deficiencia de la queja” referente a la corrección de los defectos o imperfecciones en que incurra el recurrente y respetando la esencia de su queja, sustentado como un principio general del derecho.

Esta Segunda Comisión se manifiesta a favor de realizar un exhorto a la autoridad competente responsable de prevenir incendios en recintos patrimoniales de origen y destino religioso, así como el desarrollo de acciones a favor del patrimonio cultural del país.

Por lo anteriormente expuesto, la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

IV. Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia –INAH– a efecto de que informe acerca de las estrategias y programas para la prevención de incendios en recintos patrimoniales de origen y destino religioso, así como también para que desarrolle las siguientes acciones a favor del patrimonio cultural del país:

1. Proceda a la reedición actualizada del Manual de prevención de robo en recintos religiosos, o en su defecto, elabore un manual destinado a la prevención de incendios en recintos religiosos, que pueda ser accesible vía electrónica o impreso.

2. Establezca un programa específico, en conjunción con la Comisión Federal de Electricidad, para un diagnóstico sobre las instalaciones eléctricas en templos que formen parte del patrimonio cultural de la nación.

3. Solicite a la Comisión Federal de Electricidad la revisión periódica de las instalaciones eléctricas de los recintos religiosos, independientemente de que sean parte del patrimonio federal o propiedad de una determinada asociación religiosa para evitar riesgos de accidentes para los fieles.

4. Informe sobre siniestros en bienes patrimoniales y las estrategias de control y prevención de los mismos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia a informar a esta soberanía los resultados que se obtengan del exhorto formulado con esta fecha.

Tercero. Dada la temporalidad de la Comisión Permanente y sus comisiones de trabajo en el primer receso del primer año de ejercicio del honorable Congreso de la Unión, se exhorta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, así como a la Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores, a hacer de su conocimiento los resultados que se obtengan del exhorto formulado con esta fecha y realice el seguimiento correspondiente.

Congreso de la Unión a 22 de enero de 2013.

La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Permanente, diputados: María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas, Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), Ricardo Cantú Garza;senadores: Graciela Ortiz González, Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Están a consideración del pleno. No habiendo quien haga uso de la voz, pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueban.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: En votación económica se pregunta si se aprueban. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados. Comuníquese.

Vamos a hacer un trámite similar para los de la Tercera Comisión, espero que los tengan a la vista; están publicados. Pregunte la Secretaría a la asamblea si autoriza que solo le demos lectura a los encabezados. Si hay alguno que se quiera reservar, con mucho gusto vamos a tomar nota.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Vamos a leer los encabezados y luego ya nos dirán si hay alguno reservado para su discusión y votación en lo particular.

COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se cita a comparecer ante el pleno de la Comisión Permanente al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones

Honorable Asamblea:

Con fecha 16 de enero de 2013, a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– del primer receso del primer año del ejercicio de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, LXII Legislatura, fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer ante el pleno de la Comisión Permanente al titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Tercera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente el presente dictamen, en relación con la siguiente

Metodología

En el apartado I, “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado II, “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproduce el resolutivo a efecto de puntualizar la propuesta en estudio y las principales consideraciones de la proposición.

En el apartado III, “Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 16 de enero de 2013, el diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer ante el pleno de la Comisión Permanente al titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, para estudio y dictamen correspondiente. Al respecto, la comisión recibió el oficio número DGPL 62-II-1-480.

3. Los miembros de la Tercera Comisión, en reunión, procedimos a elaborar el presente dictamen, al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos, integrantes de la comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta del resolutivo contenida en el punto de acuerdo que a la letra señala:

Primero. Se cita a comparecer ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión al ciudadano Mony de Swaan Addati, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que en el ámbito de su respectiva competencia informe con relación a los contratos celebrados por esta comisión el 21 de junio de 2011 y el 7 de mayo de 2012, a los que se refiere el presente punto de acuerdo.

Segundo. Se remite copia de presente punto de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación para su conocimiento y la investigación que proceda.

En el punto de acuerdo se expone la existencia de una denuncia respecto al convenio marco de colaboración y coordinación entre la Comisión Federal de Telecomunicaciones y el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México, que fue celebrado el 21 de junio de 2011.

Se señala que con base en el análisis de contratos celebrados entre esos dos entes, algunos de los servicios que se señalan se duplican entre un contrato y otro, sin justificación. Ejemplo de ello es lo correspondiente al contrato número SCT/ CGOTI/ UAEM- FONDICT- 05- 11, cuyo objeto es la implantación del mapa nacional de ancho de banda y administración de quejas de servicios de telecomunicaciones. Ese contrato ya se había establecido un mes antes con el mismo fondo de la universidad mexiquense y se elevaba el monto aproximadamente tres veces el recurso presupuestal que se destinó inicialmente al primero.

También se expone que la Comisión Federal de Telecomunicaciones firmó un contrato plurianual con Enapsys México el 7 de mayo de 2012, cuyo monto asciende a 52 millones 379 mil pesos, con objeto de desarrollar exactamente las mismas labores que fueron asignadas en 2011 e incluso en 2012.

III. Consideraciones

1. El sector de las telecomunicaciones en México ha experimentado un vigoroso crecimiento en los últimos años y es objeto hoy de fuerte disputa entre los grupos empresariales más fuertes del país.

2. Actualmente, en el sector de telecomunicaciones en México están en juego importantes intereses económicos y comerciales. Para estar en condiciones de aplicar políticas públicas en favor del interés general es necesario contar con una importante fortaleza institucional que permita a la Cofetel cumplir cabal y efectivamente sus funciones.

3. La fortaleza institucional de la Cofetel implica, entre otras cosas, una probada honorabilidad de sus titulares, así como la estricta sujeción a derecho en el desempeño de sus funciones y la asignación de contratos y toda actividad que implique el uso de recursos públicos.

4. Es indispensable para esta soberanía y para la sociedad en general aclarar todas las dudas y los cuestionamientos respecto a los actos signados por los funcionarios de la Cofetel que pudieran atentar contra el interés general de los ciudadanos y que pudieran presentar irregularidades o ilegalidades.

Por lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

IV. Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita al titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones que remita a más tardar el lunes 29 de enero de 2013 a la Tercera Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión LXII Legislatura la información referente a los contratos celebrados por esta comisión el 21 de junio de 2011 y el 7 de mayo de 2012, los cuales se refieren al convenio marco de colaboración y coordinación entre la Comisión Federal de Telecomunicaciones y el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México, así como el contrato plurianual con Enapsys México.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso cita a comparecer ante la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– al ciudadano Mony de Swaan Addati, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que en el ámbito de su competencia informe respecto a los contratos referidos.

La Tercera Comisión realizará los actos preparatorios para dicha comparecencia, establecerá el formato de ésta y, con la intervención del presidente de la Comisión Permanente, determinará la fecha y hará la invitación correspondiente para la realizarla.

Tercero. Se remite copia del presente dictamen con puntos de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación para su conocimiento, investigación y seguimiento.

Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2013.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma, Francisco Domínguez Servién, Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez, Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica);diputados: Uriel Flores Aguayo, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica). Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Marina Dunyaska García Rojas, Ricardo Monreal Ávila (rúbrica por suplencia).»

«Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a respetar los acuerdos y programas emanados del Poder Legislativo federal

Honorable Asamblea:

Con fecha 16 de enero de 2013 fue turnada a esta Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, primer receso del primer año del ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, el punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT a respetar los acuerdos y programas emanados del Poder Legislativo federal, suscrito por los diputados Ricardo Cantú Garza y Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en nombre de los integrantes de la Comisión de Asuntos Frontera Norte de la Cámara de Diputados.

Los integrantes de esta Comisión Permanente realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, en relación con la siguiente

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión.

En el apartado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproduce el resolutivo a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 16 de enero de 2013 los diputados Ricardo Cantú Garza y Jaime Bonilla Valdez presentaron ante el pleno de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT a respetar los acuerdos y programas emanados del Poder Legislativo federal.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta comisión recibió el oficio número D.G.P.L. 62-II-3-364.

3. Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, conforme a la metodología antes mencionada.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta del resolutivo contenida en el punto de acuerdo que a la letra señala:

Primero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a respetar los acuerdos y programas emanados de esta soberanía.

Segundo. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncie de manera enfática en contra de las acciones que atenten contra legisladores y que impidan el desarrollo de los programas aprobados por esta representación social.

Tercero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, para que vigile el actuar de los funcionarios y personal adscrito a las terminales aéreas concesionadas, y que se garantice el desarrollo eficiente de los programas emanados del Poder Legislativo federal.

La proposición con punto de acuerdo señala la importancia del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo el cual tiene como objetivo supervisar y vigilar el trato que se le da a nuestros connacionales en su tránsito hacia sus comunidades y localidades de origen en la temporada de festividades decembrinas.

Señala también que la Junta de Coordinación política aprobó su implementación entre el 12 de diciembre del 2012 y el 6 de enero del 2013; la aplicación de este programa sería en los estados y municipios fronterizos, con alcance en las dependencias del Poder Ejecutivo federal, a todos ellos, se les solicita respetuosamente su colaboración y apoyo mediante las instancias gubernamentales correspondientes, a su vez, se establece en dicho acuerdo, suscribir los acuerdos pertinentes con las instancias gubernamentales y la determinación para la coordinación en la aplicación de este programa.

En las “Consideraciones” se señala también que de manera específica que de la Junta de Coordinación Política exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo federal y estatales, congresos y presidentes municipales de los estados fronterizos del norte y del sur del país, además de los gobiernos de las entidades relacionadas con migración internacional que consideren participar, para que contribuyan a la implementación del programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo, de manera permanente durante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, así como con la instrumentación de programas alternos que se cumplimenten y coadyuven con los objetivos del programa.

No obstante, el punto de acuerdo informa que con fecha 28 de diciembre de 2012, el titular del aeropuerto de la ciudad de Tijuana, impidió tajantemente el desarrollo del programa en comento, al oponerse a la distribución de información básica sobre los derechos de migrantes y paisanos dentro del territorio nacional, dicha información tiene por objetivo evitar abusos y extorsiones por parte de las autoridades y coadyuvar en el funcionamiento del programa Paisano.

Por tanto, según se detalla en el cuerpo del punto de acuerdo, la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte acordó por unanimidad el pasado 9 de enero presentar el citado punto de acuerdo para manifestar el rechazo a las acciones emprendidas por el personal del aeropuerto de la ciudad de Tijuana, al oponerse al desarrollo del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, prohibiendo el acceso al diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, secretario de la Comisión de Asuntos Frontera Norte.

III. Consideraciones

El tema de los migrantes en México es uno de los temas más sensibles e importantes en la agenda nacional de México, así como en la agenda bilateral con los Estados Unidos de América. Esto, tanto por su importancia económica en el envío de remesas a nuestro país como por la deuda en materia de derechos políticos, humanos y sociales en general que tenemos con ellos.

Los recientes cambios en el contexto internacional como la crisis económica desde 2008, el endurecimiento en el cuidado de la frontera de EUA a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la problemática interna respecto al crimen organizado han complicado la problemática que resienten nuestros connacionales en el transito y permanencia en el extranjero, especialmente en los EUA. Ello nos obliga a un acercamiento y una atención más focalizada hacía nuestros connacionales migrantes.

El programa Diputada Amiga, Diputado Amigo responde a este cuerpo de políticas públicas orientadas a respaldar, proteger y apoyar a los migrantes mexicanos que “vuelven a casa” o en general regresan al territorio nacional. Concretamente, el programa tiene el noble objetivo, según se detallan entre los objetivos específicos del programa, de recibir a miles de paisanos en su llegada al territorio nacional, atender y canalizar sus quejas y denuncias hacia autoridades y funcionarios públicos, propiciar un mejor trato hacia los paisanos, velar por la protección y el respeto de los derechos y libertades de nuestros connacionales y generar un mayor sentimiento de seguridad en los migrantes, en su tránsito hacia sus hogares.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

IV. Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso en pleno respeto al ámbito de sus facultades exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que toma las acciones necesarias para garantizar, facilitar y apoyar el cumplimiento de los acuerdos y programas emanados de esta soberanía, orientados a la protección de los migrantes en todos los ámbitos de su competencia.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia en contra de las acciones que atentan e impiden el trabajo y participación de las y los legisladores en favor de la defensa de los derechos de los migrantes. Y reitera que garantizará el pleno respeto a los derechos de los legisladores en el desarrollo de los programas y acuerdos emanados de esta Soberanía.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a orientar, informar y vigilar el trabajo de los funcionarios y personal adscrito a las terminales aéreas concesionadas, de tal forma que este garantice el desarrollo eficiente de los programas en favor de los derechos de los migrantes emanados del Poder Legislativo Federal.

Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2013.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente, senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma, Francisco Domínguez Servién (rúbrica), Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez, Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica);diputados: Uriel Flores Aguayo, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Marina Dunyaska García Rojas, Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

SISTEMA NACIONAL DE DONACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS APROVECHABLES PARA EL CONSUMO HUMANO

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a constituir por la Sedesol y la Sagarpa el sistema nacional de donación y distribución de alimentos aprovechables para el consumo humano

Honorable Asamblea:

Con fecha 16 de enero de 2013 a la Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), se constituya el sistema nacional de donación y distribución de alimentos aprovechables para el consumo humano, que permita ponerlos al alcance de la población vulnerable y de las comunidades marginadas, presentado por el senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproduce los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 15 de enero de 2013, el senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sedesol y de la Sagarpa, se constituya el sistema nacional de donación y distribución de alimentos aprovechables para el consumo humano, que permita ponerlos al alcance de la población vulnerable y de las comunidades marginadas.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta comisión recibió el oficio D.G.P.L. 62-II-6-0313.

3. Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión estiman oportuno puntualizar la propuesta del resolutivo contenido en el punto de acuerdo que a la letra señala:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se constituya el Sistema Nacional de Donación y Distribución de Alimentos Aprovechables para Consumo Humano, que permita ponerlos al alcance de la población vulnerable y de las comunidades marginadas a fin de mitigar el hambre, mejorar la salud y aumentar los niveles nutricionales de millones de personas.

Adicionalmente, la proposición con punto de acuerdo en cuestión, señala que todos los días se desperdician en el país más de 30 mil toneladas de alimentos en buen estado, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos (AMBA).

El punto de acuerdo refiere que en gran parte del país hay bancos de alimentos que buscan apoyar a la población más desprotegida con el abasto de productos básicos de alimentación y salud. Eso se logra mediante la recolección y entrega de donativos en especie a las instituciones inscritas en el programa. Sin embargo, es necesario que desde el gobierno federal se realice mayor esfuerzo para coordinar y potenciar las acciones de los particulares.

El proponente indica que el mayor desperdicio se da en centrales de abasto, tiendas de autoservicio, restaurantes, hoteles, mercados e, incluso, en miles de hogares donde no se planifican de manera correcta compras ni consumos.

Así el senador Juárez, en el desarrollo de la proposición insiste en la necesidad de reforzar los esquemas de colaboración entre la Sedesol, la AMBA y las organizaciones no gubernamentales para rescatar y distribuir la comida que se desecha en buenas condiciones entre las familias que no cuentan con ingresos suficientes para la compra de la canasta básica y que no pueden satisfacer la ingesta de tres comidas al día, con objeto de paliar la pobreza alimentaria en el país.

Se refiere que el desperdicio de alimentos llega también al campo, donde las malas prácticas en conserva, transporte y distribución de productos, el intermediarismo y el desplome de precios derivan en cosechas desperdiciadas. De ahí la necesidad de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) pueda participar de manera decidida en esta sinergia y contribuir al rescate y la distribución de alimentos por el esquema que la Sedesol establezca.

Finalmente el punto de acuerdo menciona que es importante que ambas dependencias federales constituyan un sistema nacional de donación de alimentos que fomente la infraestructura para el almacenamiento y la distribución de alimentos aprovechables para consumo humano, al tiempo de crear mecanismos y convenios de colaboración con el sector público y privado para ponerlos al alcance de la población vulnerable y de las comunidades marginadas, con el propósito de mitigar el hambre, mejorar la salud y aumentar los niveles nutricionales de millones de personas que carecen de alimentos.

III. Consideraciones

1. Ante los argumentos que expone la proposición, esta comisión dictaminadora se abocó al estudio de los mismos y de los resolutivos que le dan pie; procediendo a revisar información relacionada. En consecuencia, es importante mencionar que de conformidad con Antonio Magdaleno Velasco, director general de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos (AMBA), diariamente en México se desperdician alrededor de 31 mil toneladas de alimento. Una cantidad inadmisible de desperdicio en un país con más de 50 millones de pobres, según la última medición de 2010 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

2. Quienes signamos el presente dictamen consideramos que aunque por medio de los Bancos contra el Desperdicio, un millón 300 mil personas en México comen diariamente productos 100 por ciento comestibles, la realidad es contrastante, pues en el país, de 2001 a 2010 fallecieron 85 mil 343 personas por desnutrición, esto de acuerdo con el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

3. En ese sentido es de suma importancia mencionar que la representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Nuria Urquía Fernández, en una visita realizada al estado de Hidalgo en agosto de 2012, señaló que la pobreza alimentaria en el país tuvo un incremento importante al pasar de 2006 al 2012 de un 13.6 a un 18.2 por ciento. Aseguró que la situación alimentaria en México ha sufrido un deterioro importante con este aumento porcentual en los últimos seis años, puesto que si se habla de la pobreza alimentaria, de la cantidad de población que tiene la capacidad de compra de canasta básica, la situación se ha ido deteriorando en los últimos años.

4. Por lo anterior los miembros de esta Tercera Comisión coincidimos con el proponente en la necesidad de que el gobierno federal atienda esta problemática a través de dependencias como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) con la intención de que la misma pueda participar para contribuir en el rescate y la distribución de alimentos por el esquema que la Sedesol establezca, todo ello en coordinación con la AMBA y las organizaciones no gubernamentales para rescatar y distribuir la comida que se desecha en buenas condiciones entre las familias que no cuentan con ingresos suficientes para la compra de la canasta básica.

5. Sin embargo esta comisión también considera que la responsabilidad social debe ser un elemento de la estrategia integral de combate a la pobreza que el gobierno federal diseñe e implemente en el sexenio que inicia, cuyo eje principal debe ser la educación y el empleo digno.

Así los miembros de esta comisión se manifiestan de acuerdo con el resolutivo señalado en el apartado IV y que se plantea con base en las anteriores consideraciones.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

IV. Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se constituya el Sistema Nacional de Donación y Distribución de Alimentos Aprovechables para Consumo Humano, que permita ponerlos al alcance de la población vulnerable y de las comunidades marginadas a fin de mitigar el hambre, mejorar la salud y aumentar los niveles nutricionales de millones de personas.

Congreso de la Unión a 22 de enero de 2013.

Suscriben los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma, Francisco Domínguez Servién (rúbrica), Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez, Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica);diputados: Uriel Flores Aguayo, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Marina Dunyaska García Rojas, Ricardo Monreal Ávila.»

SALUD MENTAL

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Secretaría de Salud que informe sobre las políticas en materia de salud mental, especialmente de las morbilidades no discapacitantes, como la depresión

Honorable Asamblea:

Con fecha 16 de enero de 2013 a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– del primer receso del primer año del ejercicio, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Titular de la Secretaría de Salud, informe sobre las políticas públicas en materia de salud mental, especialmente en las morbilidades no discapacitantes como la depresión.

Los legisladores, integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente

Metodología

En el apartado I, “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado II, “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproduce los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado III, “Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la Comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 15 de enero de 2013, la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Salud informe sobre las políticas públicas en materia de salud mental, especialmente en las morbilidades no discapacitantes, como la depresión.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición, señalada en el proemio del presente documento, fuera turnada a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta comisión recibió el oficio D.G.P.L. 62-II-3-366.

3. Los miembros de la Tercera Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la elaboración del presente dictamen, que se hace al tenor del siguiente

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta de los resolutivos contenidos en el punto de acuerdo que a la letra señalan:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al ciudadano secretario de Salud, a efecto de que informe acerca de las estrategias y programas para la atención de la salud mental, así como la población beneficiada y la prevalencia de morbilidades de tipo neurológico, psiquiátrico, psicológico y emocionales en la población general, sus patrones de distribución en edad y regiones, así como también para que instruya a las áreas competentes para la realización de un censo de enfermedades mentales no discapacitantes con objeto de integrar una política pública de atención a dichas morbilidades.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Salud, a efecto de que instruya a la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental a que rinda a esta soberanía un informe pormenorizado de los logros obtenidos a través del Modelo Hidalgo de Salud Mental, cuáles han sido sus alcances en cuanto objetivos y metas, así como la metodología para la atención de pacientes psiquiátricos y cómo se efectúa el proceso de rehabilitación y reinserción social.

La proposición con punto de acuerdo en cuestión, señala que el aumento de las enfermedades nerviosas, ya sean de origen neurológico o psicosomático, ha sido un fenómeno creciente a nivel mundial. En tiempos de crisis económica, la incidencia de depresión y/o ansiedad, así como de las adicciones, aumenta exponencialmente y eso implica la acción corresponsable del Estado para elevar el bienestar de la población.

Se refiere en la proposición que, actualmente, se calcula que la depresión afecta a uno de cada diez mexicanos, lo que implica que debe haber once millones en total de personas que presentan este trastorno; se trata prácticamente de una epidemia que debe ser atendida a través de políticas públicas diseñadas para prevenir y controlar el trastorno, atender las crisis y establecer estrategias de rehabilitación desde un enfoque médico y otro terapéutico, pues en algunos casos puede haber una largo proceso de terapia psicológica, pero si se carece de un adecuado diagnóstico de tipo neurológico y psiquiátrico o ambos, los resultados serán desalentadores.

A lo anterior, señala la diputada, habría que añadir que las personas que presentan trastornos como depresión, ansiedad o algún tipo de adicciones suelen ser estigmatizadas y no se tiene conciencia entre la población de que son personas enfermas que requieren intervención médica especializad algunas veces, de tratamiento farmacológico además de ayuda terapéutica para salir adelante.

En virtud de lo mencionado, la proponente indica que la atención de las morbilidades psiquiátricas requiere de una mayor atención por parte del sector público. Al momento, especialistas señalan que el gasto público en salud mental en países desarrollados es de 6.59 por ciento del gasto en salud; en México se destina menos del 1 por ciento, a pesar de que 18 por ciento de las enfermedades que afectan a vida productiva de las personas son de origen neurológico o psiquiátrico.

Finalmente, el punto de acuerdo menciona que existen alrededor de 300 trastornos mentales identificados a escala global; sin embargo, en México existen apenas 3 mil especialistas en el tema y que por ello resulta necesario tomar conciencia sobre los trastornos mentales y su atención, precisamente para prevenirlos y tratarlos en sus etapas iniciales, ya que ello implicaría para el gobierno una reducción del gasto en tratamientos de larga estancia y, lo más importante, se devolvería la salud a las personas que pueden reintegrarse a sus tareas productivas y a una vida social, mediante diagnósticos y tratamientos adecuados.

III. Consideraciones

1. Ante los argumentos que expone la proposición, esta comisión dictaminadora se avocó al estudio de los mismos y de los resolutivos que le dan pie, procediendo a revisar información relacionada. Quienes signamos el presente dictamen consideramos oportuna la proposición en análisis, en tanto que creemos prioritario atender a las personas con alguna enfermedad mental debido a la exposición constante a una amplia gama de violaciones a sus derechos humanos.

2. Tenemos conocimiento de que alrededor de 450 millones de personas en todo el mundo padecen alguna enfermedad mental y que este padecimiento constituye el 40 por ciento de las enfermedades crónicas y el hecho de que aún permanece como la primera causa de discapacidad. Tan sólo la Organización Mundial de la Salud, OMS, ya ha reportado que en lugares con un alto nivel de medicina como Estados Unidos, la enfermedad mental es causa de que cuatro de cada diez personas se encuentren incapacitados.

Este problema a nivel mundial, ataca a personas de todas las edades, tanto en la etapa adulta, como durante la adolescencia y los primeros años de vida. Sin el tratamiento adecuado, las consecuencias podrían llegar al desempleo, falta de vivienda, encarcelamiento, hasta cuestiones como el suicidio.

3. Cabe mencionar que a pesar de que la OMS solicitó a los países miembros a aumentar la inversión y cobertura de servicios en salud mental, destinando al menos 10 por ciento del presupuesto, en México la inversión aproximada es del 0.85 por ciento, no es de extrañar que contemos con 10 millones de personas con indicios de depresión ente los 18 y 65 años.

Lo anterior aumenta en problemática si añadimos el hecho de que en México hay 2.7 siquiatras por cada 100 mil habitantes, y que casi 40 por ciento de éstos atienden en la zona centro del país, las zonas remotas del país tienen que atender sin especialistas de ningún tipo. Esto significa que nuestro país la atención por discapacidad siquiátrica en México es prácticamente inaccesible y estamos ante un posible aumento en el costo de la prestación del servicio ante el aumento de las enfermedades, ya que 15 por ciento de las personas con depresión llega a ese extremo.

4. Asimismo preocupa a los miembros de esta Tercera Comisión que las personas que padecen una enfermedad mental sin el conocimiento efectivo, no comienzan a tratarse a tiempo, por lo que pueden pasar a un estado crónico sin que hubiera habido necesidad, tan solo, en el caso de una depresión podría llevar hasta la posibilidad de un suicidio.

Ante esto, hay que tomar en cuenta que el suicidio va en aumento en México, por lo que se ha convertido en uno de los problemas de salud pública más graves, sobre todo entre los jóvenes. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2010 se registraron 5 mil 12 suicidios en el país.

El informe presentado en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, apunta que de 1990 a 2010 la práctica de esta terrible repercusión por falta de información, pasó de 2.3 a 4.5 suicidios por cada 100 mil habitantes. Lo que es más grave, 4 de cada 10 mexicanos que cometieron suicidio tenían de 15 a 29 años, lo que representa la mayor proporción de fallecimientos, mientras que las mujeres que se suicidaron el porcentaje más alto correspondió a las de 15 a 19 años.

5. Las legisladoras y los legisladores que constituyen esta comisión creemos que la salud mental es una herramienta necesaria para contrarrestar estos alarmantes datos y buscar el estado de bienestar emocional y psicológico en el cual un individuo pueda utilizar sus capacidades cognitivas y emocionales, funcionar en sociedad, y resolver las demandas de la vida diaria.

Por esta razón resulta de vital importancia el exhorto de la diputada signante de la proposición de mérito para informar a esta soberanía de manera completa y apropiada sobre los datos más relevantes de control, metodología, índices demográficos y programas sobre las enfermedades de salud mental.

6. Por otra parte, respecto a la información solicitada al Consejo Nacional de Salud Mental sobre el Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental, consideramos apropiado el resolutivo en tanto que el tema se mantiene, por un lado al acceso a la información general del panorama de enfermedades mentales y por otro lado en específico hacia un programa que responde al nuevo modelo de atención en salud mental.

En efecto, creemos que el exhorto debería ir dirigido al Consejo Nacional creado en 2004 y cuya función esencial consiste en impulsar la reforma psiquiátrica iniciada en nuestro país a través del Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental y para favorecer la salud mental a lo largo de la vida así como para llevar a cabo la planeación, supervisión y evaluación de los servicios de salud mental en todo el país.

Desprendido del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2004, al secretariado técnico del Consejo Nacional de Salud Mental le corresponde elaborar y participar en la instrumentación de los programas específicos de prevención, atención y rehabilitación de los trastornos mentales; promover actividades de información, orientación y sensibilización que coadyuven a la prevención de problemas de salud mental; participar, en el ámbito de su competencia, en la definición y desarrollo del Sistema de Protección Social en Salud, en coordinación con las unidades administrativas competentes, entre otros.

7. Ahora bien, respecto al Modelo Miguel Hidalgo de atención en Salud Mental sabemos que fue la Secretaría de Salud del gobierno federal quien solicita la colaboración de la Fundación Mexicana para la Rehabilitación de personas con Enfermedad Mental, IAP, para participar en la propuesta y desarrollo de un nuevo modelo de atención en salud mental.

En el año 2000 este nuevo modelo con el trabajo en conjunto del gobierno del estado de Hidalgo dio como resultado la inauguración de la Villa Ocaranza y dos casas de medio camino en Pachuca, cerrando así definitivamente las puertas del Hospital Psiquiátrico Ocaranza, para dar paso al Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental.

8. En su sitio de Internet, el Consejo Nacional aclara que el nuevo modelo tiene un cambio en el concepto de la atención a personas con enfermedad mental, puesto que contempla la creación de nuevas estructuras y la creación de nuevas instituciones basadas en el respeto a los derechos de los usuarios, de recibir una atención integral médico-psiquiátrica con calidad y calidez.

Entre sus objetivos se señalan que atenderán a las personas con enfermedad mental, apoyándolas para desarrollar sus recursos personales y facilitándoles la provisión de soportes sociales básicos; trabajarán porque los usuarios puedan funcionar y desenvolverse en la comunidad del modo más autónomo posible, facilitando el desempeño de roles sociales y favorecerán que el usuario se integre a las actividades de rehabilitación psicosocial, entre otros.

Asimismo, señalan que la prevención de la enfermedad mental se desarrolla primordialmente por medio de difusión de información sobre salud mental, diagnóstico y tratamiento oportuno: así como actividades recreativas. Especifican los centros de salud con médico capacitado en salud mental, con módulos de salud mental, comunitarios e integrales. También informan acerca de la hospitalización, que se ofrece en las estructuras en donde la atención es integral y con un profundo respeto a los derechos humanos, como son las Villas de transición hospitalaria y las Unidades de psiquiatría en hospital general.

En el rubro de apoyos especiales, dan a conocer que en el estado de Aguascalientes se prestó la ayuda de la adquisición de sillas de ruedas para los usuarios de dicho hospital; 120 camas, colchones y buroes para los usuarios en Yucatán y medicamentos a los hospitales psiquiátricos en el estado de México.

No obstante de lo anterior, en su página no encontramos la información específica que solicita la diputada respecto al nuevo modelo, creemos que la misma no es descartable, sobre todo en lo que respecta a la metodología que se usa para la rehabilitación de los pacientes. Por lo tanto y como lo hemos señalado anteriormente, creemos necesario el segundo resolutivo respecto al envío de información sobre los objetivos y procedimientos con los que se manejan y han avanzado utilizando el Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental.

9. El único cambio respecto al texto original que esta dictaminadora propone es el modificar el resolutivo a fin de exhortar a la Secretaría de Salud y no a la titular, en virtud de las facultades que tiene el Congreso de la Unión.

Así, los miembros de esta comisión se manifiestan de acuerdo con los resolutivos señalados en el apartado IV y que se plantea con base en las anteriores consideraciones. Por lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

IV. Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud, a efecto de que informe acerca de las estrategias y programas para la atención de la salud mental, así como la población beneficiada y la prevalencia de morbilidades de tipo neurológico, psiquiátrico, psicológico y emocionales en la población general, sus patrones de distribución en edad y regiones, así como también para que instruya a las áreas competentes para la realización de un censo de enfermedades mentales no discapacitantes con objeto de integrar una política pública de atención a dichas morbilidades.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud, a efecto de que instruya a la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental a que rinda a esta soberanía un informe pormenorizado de los logros obtenidos a través del Modelo Hidalgo de Salud Mental, cuáles han sido sus alcances en cuanto a objetivos y metas, así como la metodología para la atención de pacientes psiquiátricos y cómo se efectúa el proceso de rehabilitación y reinserción social.

Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2013.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma, Francisco Domínguez Servién (rúbrica), Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez, Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica);diputados: Uriel Flores Aguayo, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Marina Dunyaska García Rojas, Ricardo Monreal Ávila (rúbrica por suplencia).»

ATENCION DE ENFERMEDADES RARAS

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Secretaría de Salud que informe sobre las estrategias y los programas de atención de enfermedades raras

Honorable Asamblea:

Con fecha 16 de enero de 2013 a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, primer receso del primer año del ejercicio, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Salud, informe sobre las estrategias y programas para la atención de enfermedades raras, presentada por la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente Dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproduce los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la Comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 15 de enero de 2013, la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a la Titular de la Secretaría de Salud, informe sobre las estrategias y programas para la atención de enfermedades raras.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta Comisión recibió el oficio D.G.P.L. 62-II-7-346.

3. Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor del siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta de los resolutivos contenidos en el punto de acuerdo que a la letra señalan:

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al ciudadano secretario de Salud que informe acerca de las estrategias y programas para la atención de enfermedades raras, así como las estadísticas de morbilidad y mortalidad relacionadas con éstas.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Salud integre un comité dentro del sector encaminado a la atención integral de este tipo de padecimientos, especialmente en el ámbito del diagnóstico oportuno y sin costo en las instituciones del sector salud.

La proposición con punto de acuerdo en cuestión, señala que las enfermedades raras, también conocidas como enfermedades huérfanas, son aquellas que tienen una baja incidencia en la población. Para ser considerada como rara, una enfermedad específica sólo puede afectar a menos de 5 personas por cada 10 mil habitantes.

De acuerdo con los datos contenidos en la proposición, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen cerca de 7 mil enfermedades raras que afectan a 7 por ciento de la población mundial. La gran mayoría de estos padecimientos son de origen genético, y sitúan a los pacientes en peligro de muerte y/o invalidez crónica. Los efectos pueden aminorarse en algunos casos e incluso revertirse, si se llega a una detección temprana del padecimiento.

Es importante resaltar, como hace mención la proponente en el contenido del Punto de Acuerdo que la rareza de los padecimientos, hace escasa la investigación sobre su origen, lo que obstaculiza la búsqueda de un tratamiento específico. En el caso de enfermedades raras ya conocidas, en la gran mayoría de los casos, el tratamiento es altamente costoso y el diagnóstico requiere de una infraestructura muy específica, pues son indispensables pruebas de tipo genético, a las que poca gente tiene acceso debido a sus altos costos.

Por otro lado, refiere que entre las enfermedades raras encontramos el síndrome de Addison, un padecimiento de tipo hormonal que deteriora a las personas por la destrucción paulatina de las glándulas suprarrenales, lo que causa anorexia, debilidad muscular y, finalmente, la muerte. Otra enfermedad rara es el síndrome de Asperger, que es una forma de autismo leve, que requiere no sólo de tratamiento farmacológico, sino también de una constante intervención terapéutica de tipo psiquiátrico y pedagógico que no todas las familias tienen los recursos para hacer frente a tratamientos que duran de por vida.

También, refiere la diputada, están los casos de enfermedades hematológicas, como la hemofilia, pero existen otras como la ausencia del factor XII, por el cual las personas carecen de factores de coagulación sanguínea, rasgo de Hageman, sin antecedentes familiares de desórdenes hemorrágicos.

Existen algunas enfermedades raras como el síndrome del restaurant chino que es disparado por el glutamato monosódico, un aditivo que se utiliza en grandes cantidades en la gastronomía china, y que también está presente en la mayonesa, aceitunas, mostaza, salsa de tomate, pasteles, etcétera, que produce dolor de cabeza, urticaria, calambres, ataques de asma y palpitaciones.

En el contenido del punto de acuerdo se específica que en España, tres millones de personas padecen algún tipo de enfermedad rara, de un total de 47 millones; en Estados Unidos, la cifra es de 25 millones de personas de un total de 315 millones personas. En México, desde 2008, se celebra el Día de las Enfermedades Raras el último día de febrero. Sin embargo, no hay cifras oficiales conocidas que indiquen la prevalencia de este tipo de enfermedades y mucho menos información de a dónde acudir para recibir un diagnóstico especializado, aunque se calcula que 6 millones de mexicanos padecen alguna enfermedad rara, y muchos ellos desconocen su condición.

La diputada proponente finaliza diciendo que no existe una conciencia fuera de los grupos de interesados para difundir la existencia de este tipo de padecimientos y no se ve una estrategia gubernamental encaminada a la información sobre el tema ni una política pública para la atención de enfermedades raras.

III. Consideraciones

1. Ante los argumentos que expone la proposición, esta comisión dictaminadora se avocó al estudio de los mismos y de los resolutivos que le dan pie, procediendo a revisar información relacionada. En consecuencia, es importante mencionar, en el mundo existen alrededor de siete mil enfermedades raras. Estas enfermedades afectan, en promedio, una persona por cada cinco mil nacimientos en América Latina. Lograr un diagnóstico es complicado y no se diga del tratamiento, el cual, en ocasiones provoca síntomas o trastornos que difícilmente congenian con la vida común.

2. En México, instituciones de salud pública han avanzado poco en atender a quienes padecen una enfermedad rara, lo cual arroja un cálculo de 300 enfermos de este tipo atendidos, información que contrasta con la indicada por la diputada proponente en el sentido que hay un cálculo de 6 millones de mexicanos que padecen alguna enfermedad rara o poco común como también son llamadas.

3. Vale la pena destacar que en el Diario Oficial de la Federación se publicó el pasado 30 de enero de 2012, reformas a la Ley General de Salud para adicionar dos artículos. En ellos se define a los medicamentos huérfanos como aquellos que estén destinados a la prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades raras, las cuales tienen una prevalencia de no más de cinco personas por cada 10 mil habitantes.

Además se establece que la Secretaría de Salud implementará acciones necesarias a efecto de impulsar y fomentar la disponibilidad de los medicamentos huérfanos, haciéndolos asequibles para la población y la misma Secretaría podrá emitir recomendaciones a los Institutos Nacionales de Salud para la investigación y el desarrollo de medicamentos con potencial en su efectividad.

4. A pesar de estos avances y de acuerdo con declaraciones del doctor Sixto Ferrel Acosta, médico epidemiólogo y asistente de la dirección del Hospital General Tláhuac de la Secretaría de Salud del Distrito Federal aún hace falta más inversión en investigación, lograr una mayor conciencia y en materia de leyes, se legisle en favor de estos enfermos.

Ferrel Acosta señala que las enfermedades raras son de baja frecuencia, generalmente de origen genético, graves, crónicas y provocan que el individuo no pueda valerse por sí mismo. Este tipo de enfermedades son altamente mortales y debido a su complejidad no existen estudios, especialistas o programas gubernamentales específicos para su tratamiento. En México y a nivel mundial, dice Ferrel, se conoce poco pues “hemos puesto muy poca atención y no nos hemos dado a la tarea de identificar la verdadera frecuencia y origen de estas enfermedades”.

5. Así, los miembros de esta Comisión se manifiestan de acuerdo con los resolutivos señalados en el apartado IV, que se plantean con base en las anteriores consideraciones.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

IV. Punto de acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud informe acerca de las estrategias y programas para la atención de enfermedades raras, así como las estadísticas de morbilidad y mortalidad relacionadas con éstas.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud integre un comité dentro del sector encaminado a la atención integral de este tipo de padecimientos, especialmente en el ámbito del diagnóstico oportuno y sin costo en las instituciones del sector salud.

Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2013.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma, Francisco Domínguez Servién (rúbrica), Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez, Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica);diputados: Uriel Flores Aguayo, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Marina Dunyaska García Rojas, Ricardo Monreal Ávila (rúbrica por suplencia).»

CREDITOS CONTRATADOS CON ESTADOS Y MUNICIPIOS

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre créditos contratados con estados y municipios

Honorable Asamblea:

Con fecha 16 de enero de 2013 a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, primer receso del primer año del ejercicio, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información sobre créditos contratados con estados y municipios, suscrita por el senador Mario Martín Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente Dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión.

En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales Consideraciones contenidas en la Proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la Comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 16 de enero de 2013, el senador Mario Martín Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente una proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información sobre créditos contratados con estados y municipios.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta Comisión recibió el oficio D.G.P.L. 62-II-3-365.

3. Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta de los resolutivos contenidos en el punto de acuerdo que a la letra señalan:

Primero. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que solicite de forma inmediata a todas las instituciones de crédito autorizadas en el país un informe completo, detallado y actualizado sobre las operaciones crediticias de largo y corto plazo que han realizado con estados y municipios y, en ambos casos, sus organismos descentralizados, qué porcentaje representan esos créditos de sus operaciones totales, qué características de tasa y plazo contienen, garantías, y el nivel de reservas constituidas para cada uno de estos créditos, a fin de que la citada comisión pueda rendir dicho informe al Congreso de la Unión, como plazo máximo el último día de enero de 2013.

Segundo. La Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para que dentro de sus atribuciones, con fundamento en los artículos 34, incisos b) y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 119, 120 y 121 del Reglamento del Senado de la República, y con base en el presente Punto de Acuerdo, se sirva proponer al pleno de esa soberanía, la creación de la Comisión especial para el análisis del sobreendeudamiento de estados y municipios y fortalecimiento de sus finanzas públicas, con facultades para investigar, evaluar y proponer acciones urgentes con tal finalidad, cuyos integrantes determine la propia Junta de Coordinación Política.

Adicionalmente, la proposición con Punto de Acuerdo en cuestión señala en las “Consideraciones” que el problema de la deuda de los estados y municipios tiene su origen y explicación multifactorial en:

• La crisis económica y financiera de 2008-2010 que impactó negativamente a la Recaudación Federal Participable (RFP), por lo que fueron necesarios los créditos de corto plazo para hacer frente el gasto corriente.

• La reforma hacendaria de 2007 recortó el acceso a recursos adicionales de las entidades federativas y municipios.

• La epidemia de influenza provocada por el virus A(H1N1) y los desastres naturales que movieron a algunas entidades a endeudarse para hacer frente a la emergencia y la devastación.

• Esquemas pari passu que demandan inversión de recursos por parte de los gobiernos locales para otorgar acceso a los fondos federales.

• Posible irresponsabilidad financiera de los funcionarios de los gobiernos.

Como segundo tema, el documento señala que actualmente, no se cuenta con información pública completa y detallada de la deuda de las entidades federativas y municipios ya que sólo se reporta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la deuda de largo plazo, no así la de corto plazo y de los pasivos pensionarios como los pagos pendientes a proveedores y préstamos quirografarios. El Gobierno Federal estima que el monto de la deuda de corto plazo excede en 10 por ciento sus cálculos de la deuda total.

No obstante que la deuda pública de las entidades federativas y municipios registrada ante la SHCP (deuda de largo plazo) en términos relativos al PIB no es tan alta (3 por ciento a septiembre de 2012), ésta representó 11 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2012.

Con un afán comparativo, el punto de acuerdo señala que la deuda de las entidades federativas y municipios representa más del 76 por ciento del presupuesto educativo en 2012, o bien, representa más de la mitad de los pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que ascendían a 808 mil 265 millones de pesos en septiembre de 2012 (5.14 por ciento del PIB), según datos del instituto, e implica que cada mexicano debe pagar más de tres mil 500 pesos para saldar esa deuda. De igual forma se plantea que para 2008 la deuda representaba 50.7 por ciento de las participaciones y para junio de 2012 ya alcanzaba 80.1 por ciento, según los datos de la SHCP. Con lo expuesto, se hace evidente la falta de incentivos para aumentar la capacidad de tener ingresos públicos y la citada dependencia de las transferencias federales. Este hecho es preocupante porque en los últimos cuatro años las entidades federativas se han enfrentado a una reducción en la recaudación federal participable (RFP). Del saldo total de la deuda pública, 357 mil 133.2 millones de pesos corresponden a las entidades federativas (88 por ciento) y 49 mil 631.1 millones a los municipios (12 por ciento). Las entidades federativas con mayor incremento absoluto en su endeudamiento de 2008 al tercer trimestre de 2012 son Coahuila, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Quintana Roo y Michoacán. La mayor exposición de deuda (porcentaje PIB estatal) está en Coahuila, Nayarit, Quintana Roo, Chiapas y Veracruz.

Aunque la deuda es relativamente pequeña en los municipios (0.3 por ciento de PIB) ésta creció más en los últimos 7 años y está muy concentrada ya que 2.3 por ciento de los municipios endeudados (22) representan 50 por ciento de la deuda total municipal. Los municipios más endeudados al segundo trimestre de 2012 son Guadalajara, Monterrey, Zapopan, Tijuana y Benito Juárez, y la deuda municipal con mayor exposición se sitúa en Tonalá, Cuernavaca, Benito Juárez, Tlaquepaque y Tlajomulco. Destaca también que del total de la deuda (septiembre 2012), 246 mil 103.4 millones de pesos (60 por ciento) es de la banca comercial, 87 mil 953.8 millones de pesos es de la banca de desarrollo (21 por ciento) y 58 mil 612.3 millones de pesos (14 por ciento) de emisiones bursátiles.

Diversas calificadoras han manifestado que el sobreendeudamiento no es aún un problema sistémico, sino focalizado en algunos estados con deudas muy altas. Tanto para Moody’s como para Fitch Ratings, los financiamientos a corto plazo representan el principal riesgo para la capacidad de pago de los gobiernos locales debido a que no están respaldados por transferencias federales y el manejo de los créditos es poco transparente.

En el tercer apartado del documento, se señala que la deuda de los estados puede representar un riesgo real para la estabilidad de los indicadores macroeconómicos nacionales, especialmente si la mayoría de las entidades enfrentan altos porcentajes de endeudamiento. Ante el eventual impago de un estado: (1) existe la posibilidad de que otros estados imiten la medida, provocando una reacción en cadena, lo que comprometería la solvencia de las entidades financieras que prestaron. (2) Existe el riesgo de que el impago de los estados sea interpretado por las calificadoras y los mercados como el preludio de un impago en la deuda nacional, generando presiones adicionales sobre el tipo de cambio y dificultando el financiamiento del Gobierno Federal en los mercados de valores.

En el apartado cuarto de las “Consideraciones” se hace referencia a las recomendaciones de la OCDE sobre endeudamiento, entre ellas: poner límites a los niveles de endeudamiento de los estados y municipios y proporcionar mayor información sobre la deuda y las obligaciones contingentes para contribuir a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas y a vigilar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En el quinto apartado se menciona que en su cuarta sesión ordinaria, celebrada el 23 de junio de 2011, el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF) expuso que el endeudamiento de las entidades se ubicó en 314 mil 428 millones de pesos al cierre de marzo de 2011. En algunos casos el endeudamiento es hasta 3.5 veces superior al manifestado en el registro de los estados. Por lo tanto, en los últimos años, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha mejorado las metodologías para la calificación y reserva de los créditos que otorgan las instituciones financieras en el país, como la incorporación al Buró de Crédito en el criterio de evaluación de riesgo.

Por todo lo anterior, se puede identificar y concluir preliminarmente que la deuda de los estados y municipios presenta los siguientes síntomas, problemas y desafíos:

• Hoy no se conoce con claridad el monto y el tipo de la deuda de corto plazo y los pasivos pensionarios, la calidad de las garantías, el destino de los créditos y con qué instituciones se contratan los créditos. Tampoco se conocen las características de los créditos vigentes, tasa y plazo, los niveles de reservas constituidas para cada uno de esos créditos y la totalidad de las evaluaciones y calificaciones de riesgo para determinar los créditos que otorgan dichas instituciones. Todas estas incógnitas son sintomáticas de la falta de transparencia y rendición de cuentas.

• Dependencia de los gobiernos de las participaciones federales, bajos ingresos propios y poco uso de los mecanismos de bursatilización.

• Falta de corresponsabilidad de los gobiernos estatales en la planeación y seguimiento de la deuda de los municipios.

• Bajo perfil y participación de la banca de desarrollo en el impulso de la inversión público-productiva.

• Ausencia de un régimen legal que regule el otorgamiento de créditos, cadenas productivas y créditos quirografarios.

• Vaguedad en el esquema de sanciones y ambigüedad en la definición de inversión pública productiva.

• El impago de un gobierno local puede amenazar la sostenibilidad del sistema financiero nacional y plantear un riesgo sistémico a las variables macroeconómicas nacionales.

III. Consideraciones

1. Del endeudamiento debe surgir un incremento de la producción y la productividad suficiente para cubrir el costo financiero de las deudas contraídas por los estados y municipios. Si el crecimiento económico no crece una tasa suficiente para pagar intereses y amortizar capital sin tener que recurrir a un nuevo endeudamiento, nuestra economía podría sufrir fuertes desequilibrios. Por lo anterior, además de poner límites al endeudamiento será necesario impulsar una mayor generación de ingresos propios entre los gobiernos locales con la finalidad de disminuir la dependencia de los estados con las participaciones federales.

2. Además, esta Comisión reconoce la necesidad de contar con mayor información sobre el nivel de endeudamiento de estados y municipios en sus distintas modalidades, por lo que ante los argumentos que expone la proposición, esta Comisión Dictaminadora se manifiesta de acuerdo con los resolutivos señalados en el apartado IV .

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas somete a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente Proposición con:

IV. Punto de acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión en pleno respeto al ámbito de sus facultades exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que solicite de forma inmediata a todas las instituciones de crédito autorizadas en el país un informe completo, detallado y actualizado sobre las operaciones crediticias de largo y corto plazo que han realizado con estados y municipios y, en ambos casos, sus organismos descentralizados, qué porcentaje representan esos créditos de sus operaciones totales, qué características de tasa y plazo contienen, garantías, y el nivel de reservas constituidas para cada uno de estos créditos, a fin de que la citada comisión pueda rendir dicho informe al Congreso de la Unión, como plazo máximo el día 6 de febrero de 2013.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del Senado para que dentro de sus atribuciones, con fundamento en los artículos 34, incisos b) y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 119, 120 y 121 del Reglamento del Senado de la República, y con base en el presente Punto de Acuerdo, evalué proponer al pleno de esa soberanía, la creación de la Comisión especial para el análisis del sobreendeudamiento de estados y municipios y fortalecimiento de sus finanzas públicas, cuyas facultades e integrantes determine la propia Junta de Coordinación Política.

Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2013.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma, Francisco Domínguez Servién (rúbrica), Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez, Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica);diputados: Uriel Flores Aguayo, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Marina Dunyaska García Rojas, Ricardo Monreal Ávila (rúbrica por suplencia).»

INTERNET

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Cofetel a garantizar que los planes tarifarios de las compañías de telefonía celular incluyan la protección antivirus para los equipos con acceso a Internet

Honorable Asamblea:

Con fecha 16 de enero de 2013 a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, primer receso del primer año del ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a garantizar que los planes tarifarios de las compañías de telefonía celular incluyan la protección antivirus para los equipos que permitan el acceso a Internet, suscrita por el diputado Abraham Montes Alvarado, del Grupo Parlamentario del PRI.

Los legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen en relación con la siguiente

Metodología

En el apartado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproduce el resolutivo a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 16 de enero de 2013, el diputado Abraham Montes Alvarado presentó ante el pleno de la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a garantizar que los planes tarifarios de las compañías de telefonía celular incluyan la protección antivirus para los equipos que permitan el acceso a Internet.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta comisión recibió el oficio número D.G.P.L. 62-II-5-415.

3. Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta del resolutivo contenida en el punto de acuerdo que a la letra señala:

Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Comunicaciones, a efecto de garantizar que en los planes tarifarios que ofrecen las compañías de telefonía celular, venga incluida la protección antivirus para los equipos de telefonía móvil que permitan el acceso a Internet.

Además, en el cuerpo de las consideraciones del punto de acuerdo el proponente expone los puntos centrales de la evolución de los sistema telefónicos portátiles o “celulares” los cuales se han convertido en instrumentos complejos que permiten no sólo la transmisión y recepción de voz y audio, sino el envio y recepción de datos, aplicaciones y practicamnete cualquier tipo de información codificable digitalmente. Se han convertido en aparatos que nos permiten, a través de la conexión a internet, leer correos electrónicos, recibir y procesar documentos, acceder a una enorme variedad de servicios públicos, comerciales y financieros, funcionar como sistemas globales de navegación, acceso a las redes sociales e innumerables usos más. Demuestra también que el crecimiento de usuarios de este tipo de teléfonos apunta a convertirse en la regla entre los usuaios de telefonía portatil.

Sin embargo, se advierte en la exposición de motivos del creciente riesgo de robo de información personal o incluso robo de identidad que permita acceder y manipular malintencionadamente los datos y permisos disponibles en los equipos “inteligentes” de telefonía. Y aunque si bien, argumenta son menos vulnerables que los equipos de computo, están aumentando “los ataques” de virus a este tipo de equipos.

III. Consideraciones

Es innegable el crecimiento en la complejidad de los equipos de telefonía y los servicios asociados a estos instrumentos de comunicación a partir de internet. Así como la creciente importancia de este tipo de equipos en las comunicaciones, los negocios y el entretenimiento.

La convergencia de la telefonía, la computación y las telecomunicaciones abre un sector dinámico que ofrece un enorme potencial de crecimiento tanto para las industrias que los desarrollan como para los usuarios de estos servicios.

Es innegable la necesidad de establecer políticas públicas que permitan un desarrollo seguro y vigoroso de esta industria. Así como el establecimiento de medidas que garanticen la seguridad de los datos y las transacciones de los usuarios de estos servicios.

Es indispensable que las compañias de prestación de servicios de telefonía y acceso a redes de datos tomen medidas para garantizar la seguridad de las redes y de los datos de los usuarios.

Es fundamental garantizar la libre elección de los usuarios respecto de los servicios que decidan contratar así como evitar el encarecimiento de éstos servicios. Consideramos que la contratación de un antivirus, tanto por el costo que implica como por las restricciones que puede imponer a un equipo de telefonía celular en su desempeño debe ser una decisión final del consumidor y que esta debe darse con información suficiente y clara.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con modificaciones en el resolutivo:

IV. Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso en pleno respeto al ámbito de sus facultades exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Comunicaciones, a efecto de garantizar que en los planes tarifarios que ofrecen las compañías de telefonía celular, venga incluida la protección antivirus para los equipos de telefonía móvil que permitan el acceso a Internet, siempre y cuando no signifique un aumento en la tarifa de los servicios de telefonía.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Comunicaciones, a que vigile y promueva el cumplimiento de estandares de seguridad que garanticen la protección de los datos y transacciones de los usuarios.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso en pleno respeto al ámbito de sus facultades exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Comunicaciones para que informe a los usuarios respecto de los riesgos y medidas tendientes a evitar el robo de datos y el aumento de la seguridad en las transacciones a través de equipos de telefonía celular, así como la disposición, costos y desempeños de los servicios de seguridad informática o antivirus disponibles para dichos equipos.

Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2013.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente, senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma, Francisco Domínguez Servién (rúbrica), Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez, Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica);diputados: Uriel Flores Aguayo, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Marina Dunyaska García Rojas, Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

ESTADO DE SONORA

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que informe del estado que guardan las obras de reparación de la carretera federal 15, México-Nogales

Honorable Asamblea:

Con fecha 16 de enero de 2013, a la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informe el estado que guardan los trabajos de rehabilitación de la carretera federal 15, en Sonora, presentado en el pleno por los diputados Ricardo Cantú Garza y Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en nombre de los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Frontera Norte de la Cámara de Diputados.

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproduce el resolutivo a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 16 de enero de 2013 el diputado Ricardo Cantú Garza y el diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentaron ante el pleno de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe el estado que guardan los trabajos de rehabilitación de la carretera federal 15, en Sonora.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta comisión recibió el oficio D.G.P.L. 62-II-2-316.

3. Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta del resolutivo contenida en el punto de acuerdo que a la letra señala:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe a esta soberanía cuánto tiempo durarán los trabajos de rehabilitación de la carretera federal 15 México-Nogales, específicamente en el tramo cuatro carriles.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes instale, a la brevedad, los señalamientos necesarios que permitan solventar las especificaciones de seguridad requeridas para evitar que se sigan suscitando diversos accidentes en el tramo carretero de referencia.

Además en las consideraciones, los proponentes remarcan la importancia de la infraestructura carretera en Sonora, tanto en su conexión hacia el exterior con las fronteras de los estados de Arizona y Nuevo México, como por su importancia hacía el interior del territorio nacional. En especial se refiere a la importancia del tramo carretero de cuatro carriles de la carretera federal 15 México-Nogales, también conocida como Carretera Internacional, y en la cual, debido a las obras de reparación y la falta de señalamientos en la misma, se han presentado múltiples accidentes que terminaron con la vida de varias personas.

Señala en el cuerpo del punto de acuerdo que además los usuarios de esta vía de comunicación han denunciado la pésima situación de la misma así como los elevados costos que representa el transitar por ella, así como las malas condiciones de la carpeta asfáltica, baches, grietas y la ausencia de acotamientos adecuados, los cuales además de los daños a los vehículos provocan accidentes, la ciudadanía además percibe que las cuotas de peaje no se ven reflejadas en la mejora de la infraestructura o rehabilitación de esta.

III. Consideraciones

1. El cuidado de las condiciones de las carreteras y las comunicaciones en general debe en todo momento privilegiar la seguridad de las personas y los conductores que transitan por ellas.

2. La infraestructura carretera en los estados fronterizos del país y especialmente las carreteras centrales que conectan hacía la región de Estados Unidos de América tienen un impacto muy importante en las condiciones en las que se desarrolla nuestro comercio con el exterior e impacta directamente sobre nuestros niveles de competitividad a través de los costos y tiempos del transporte.

3. En nuestro país se ha destinado una parte muy importante del presupuesto de gastos de la federación al impulso en la creación de infraestructura carretera. Además de esto los costos que pagan los usuarios de éstas son, en muchas ocasiones, superiores a los de otros países que cuentan con infraestructura carretera de calidad equivalente o superior. Por tanto consideramos que dado el precio que pagamos por las carreteras como país es exigible un mantenimiento y calidad al menos adecuada.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

IV. Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe a esta soberanía respecto de la duración programada de los trabajos de rehabilitación de la carretera federal 15 México-Nogales, específicamente en el tramo cuatro carriles.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que emprenda las acciones necesarias y oportunas en cuanto a señalamientos y medidas de seguridad indispensables de tal forma que garanticen la seguridad de los conductores y pasajeros que transitan actualmente por el tramo referido.

Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2013.

Suscriben los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma, Francisco Domínguez Servién (rúbrica), Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez, Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica); diputados: Uriel Flores Aguayo, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Marina Dunyaska García Rojas, Ricardo Monreal Ávila (rúbrica por suplencia).»

ESTADO DE CHIHUAHUA

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Coordinadora Estatal de la Tarahumara a adecuar los programas de vivienda rural implantados en Urique, Chihuahua

Honorable Asamblea:

Con fecha 16 de enero de 2013 a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, del primer receso del primer año del ejercicio, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, a adecuar los programas de vivienda rural implementados en el municipio de Urique, estado de Chihuahua, presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente

Metodología

En el apartado I, “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado II, “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproduce los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado III, “Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 15 de enero de 2013, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, a adecuar los programas de vivienda rural implementados en el municipio de Urique, estado de Chihuahua.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta comisión recibió el oficio D.G.P.L. 62-II-1-479.

3. Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor del siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta del resolutivo contenido en el punto de acuerdo que a la letra señala:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, perteneciente al gobierno del estado de Chihuahua, a adecuar los programas de vivienda rural implementados en el municipio de Urique.

La proposición con punto de acuerdo en cuestión, señala que las condiciones de pobreza extrema en la que viven las y los indígenas tarahumaras o rarámuris, son conocidas internacionalmente, lo alejado que se encuentran las comunidades en las que habitan, provoca que a diario recorran cientos de kilómetros para conseguir agua, alimento, productos básicos y servicios médicos, si es que los hay.

El proponente indica que la anterior problemática se vive en el municipio de Urique, Chihuahua, en donde entre las altas montañas y profundas barrancas, se pueden encontrar familias completas viviendo en cuevas, las cuales no miden más de diez por dos metros, esto en pleno siglo XXI.

Por otro lado, refiere que la mayoría de estas familias no cuentan ni con lo más mínimo para vivir día con día, a pesar de que el municipio es gran productor de oro y que aporta 70 por ciento de lo que se extrae en Chihuahua, las ganancias son para las empresas extranjeras y no para sus habitantes.

Es importante resaltar, como hace mención el proponente en el contenido del Punto de Acuerdo que según datos de la Organización de las Naciones Unidas, Urique está dentro de los diez municipios con menor índice de desarrollo humano (IDH) de la República, lo cual representa tener niveles comparados con países africanos como Namibia o Botsuana.

Esto es claro ejemplo, argumenta el proponente, de que no se ha entendido a los pueblos indígenas, que por la marginación causada por el mismo gobierno, carecen de los servicios más elementales para contar con una vida digna y que son considerados como derechos humanos, reconocidos en tratados internacionales y –en teoría– garantizados por nuestra Constitución.

El punto de acuerdo describe que a pesar de que el gobierno del estado ha implementado algunos programas de vivienda rural como “Haz tu casa”, en los que se les proporciona el material necesario, las familias tienen que recorrer largos y difíciles caminos para transportar lámina, puertas, ventanas y blocks de adobe.

“La Coordinadora Estatal de la Tarahumara apoyó a mil 200 familias indígenas del estado con los implementos necesarios para que edificaran un par de cuartos, y no tuviesen que vivir en cuevas, casas de cartón o en la intemperie.” Algunas personas decidieron construir en los lugares más altos, lo cual resulta inaccesible para vehículos e incluso para animales, por lo que se tienen que cargar los materiales y dar decenas de vueltas.

Se señala en la proposición que quienes pasaron semanas enteras de caminatas y construyendo una “vivienda digna”, recibieron un bono de tres mil pesos para comprar alimentos y víveres, pero siguen sin contar con una cama donde dormir o una mesa donde comer. Quienes no se vieron beneficiados con dicho programa aún duermen y comen a la intemperie, y como la gran mayoría no tienen agua.

Es por ello que el diputado proponente insiste en que corresponde, al gobierno estatal y municipal echar a andar programas de mayor alcance, acordes a las particularidades de cada localidad, de cada comunidad y de esta forma poder incrementar los niveles en la calidad de vida de las y los indígenas.

III. Consideraciones

1. Ante los argumentos que expone la proposición, esta comisión dictaminadora se avocó al estudio de los mismos y de los resolutivos que le dan pie, procediendo a revisar información relacionada. En este sentido es importante mencionar que los miembros de esta comisión coincidimos en las ínfimas condiciones en las que viven los indígenas raráramuris: muertes por enfermedades curables, fallecimientos por desnutrición crónica, hambruna, sequías, heladas, dispersión, aislamiento, miseria y marginación igual o peor que la de los países más atrasados de África.

2. Los miembros de esta Tercera Comisión, consideramos oportuno resaltar que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas, ha desarrollado dos elementos para medir la marginación y miseria de los indígenas: el índice y el grado de rezago social de los pueblos indígenas por región. Se trata de 25 regiones. La Tarahumara ocupa, el peor sitio, el primer lugar, con un grado de atraso “muy alto”.

Esta región, tiene también el primer lugar en rezago educativo y en infraestructura social básica. En cuanto al rezago en las condiciones de vivienda, está en el tercer peor lugar. En relación a los bienes en la vivienda, ocupa el segundo peor lugar.

3. De acuerdo a un documento de la Coordinación Estatal de la Tarahumara del gobierno de Chihuahua, son 23 los municipios que integran la región serrana. La zona está dividida en la Alta Tarahumara, con 14 municipios, donde predominan áreas boscosas y se concentra 76 por ciento de la población, y la Baja Tarahumara, la más marginada, que tiene nueve municipios y 24 por ciento de la población, la cual reside fundamentalmente en barrancas.

En la región hay 6 mil 998 localidades (54 por ciento del total estatal), que presentan una elevada dispersión poblacional: 86 por ciento de esas localidades tiene menos de 50 habitantes, ubicados en “lo más intrincado de la complicada geografía serrana. Ello hace más lenta la integración de las comunidades al desarrollo económico y social”. El grado de marginación de esos municipios es “muy alto” y “alto”, con la excepción de tres, que tienen un grado de marginación “medio (El Tule, Rosario y San Francisco Borja)”, y cuatro con grado de marginación “bajo (Guerrero, Madera, Matachí y Cusihuirichi)”.

Es decir, 16 de los 23 municipios tienen grados de marginación “alto” y “muy alto”. Por ello, se asienta en el documento, 95 por ciento de las viviendas indígenas no cuentan con energía eléctrica y 99 por ciento no tiene drenaje.

4. Esta dictaminadora coincide con el diputado proponente en que el gobierno del estado de Chihuahua ha instrumentado programas de vivienda rural como “Haz tu casa”, sin embargo, se necesita un apoyo de mayor alcance dadas las condiciones en que viven los indígenas, es por ello que apoyamos la proposición de merito, con la finalidad de que se impulsen en la región programas sociales que se adecuen a la realidad de las comunidades indígenas y eleven su nivel de vida.

Así, los miembros de esta comisión se manifiestan de acuerdo con el resolutivo señalado en el apartado IV y que se modifica con base en nuestras facultades y en las anteriores consideraciones.

Por lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

IV. Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a seguir fortaleciendo los programas de vivienda rural implementados en el municipio de Urique, a cargo de la Coordinadora Estatal de la Tarahumara.

Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2013.

Suscriben el dictamen los integrantes de la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma, Francisco Domínguez Servién (rúbrica), Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez, Mario Martín Delgado Carrillo, Luis Armando Melgar Bravo, Martha Palafox Gutiérrez; diputados: Uriel Flores Aguayo, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Marina Dunyaska García Rojas, Ricardo Monreal Ávila (rúbrica por suplencia).»

DEUDA PUBLICA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a entregar trimestralmente a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados la información sobre la deuda pública de los estados y de los municipios

Honorable Asamblea:

Con fecha 3 de enero de 2013, a la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a entregar a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados la información relativa a la deuda pública de los estados y municipios, presentado por la diputada Mariana Dunsyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 3 de enero de 2013, la diputada Mariana Dunsyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a entregar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados la información relativa a la deuda pública de los estados y municipios.

2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta comisión recibió el oficio D.G.P.L. 62-II-2-252.

3. Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta de los resolutivos contenidos en el punto de acuerdo que a la letra señalan:

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que entregue trimestralmente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la información relativa a la deuda pública de los estados y de los municipios, garantizada por participaciones federales.

La proposición con punto de acuerdo en cuestión señala en las “Consideraciones” que la preocupante, y en algunos casos desproporcionada, deuda pública que enfrentan los estados y municipios del país, es resultado de un modelo de coordinación fiscal que no responde a los propósitos de adecuado equilibrio presupuestal entre los distintos órdenes de gobierno, teniendo como resultado inevitable el fomento a la corrupción, la opacidad y la mala conducción de los recursos públicos.

También señala que para las entidades federativas la deuda juega un papel distinto al de la federación. Las funciones propias de un gobierno local son diferentes a las funciones que por mandato constitucional están asignadas al gobierno federal. La función del gobierno local es proporcionar niveles de servicios públicos acordes con las necesidades de las comunidades locales. Y es en la realización de este objetivo donde la deuda pública local puede ser extremadamente útil.

Continúa mencionando que el crecimiento acelerado de la deuda pública, responde a razones políticas, administrativas y económicas, así como a factores financieros derivados de los altos costos de contratación del servicio de deuda pública e intereses bancarios que varían por entidad federativa, oscilando entre 5.3 por ciento y 14.7 por ciento anual, con una tasa promedio de interés nominal al 30 de junio de 2012 de 6.3 por ciento anual y un plazo promedio de vencimiento de obligaciones de 14.9 años.

Las “Consideraciones” de la proposición también mencionan que la contratación y el manejo de la deuda pública de estados y municipios se determina por la regulación que se encuentra plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 117, fracción VIII, el cual establece la prohibición expresa a las entidades federativas de contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. Es preciso señalar que las operaciones que involucran el endeudamiento de los estados y ayuntamientos representan actos soberanos que solamente competen a éstos, por lo que la deuda pública es considerada como deuda directa y de ninguna manera representa deuda contingente para el gobierno federal.

Las consideraciones del punto de acuerdo agregan que las diversas reformas al marco normativo de la deuda pública tanto de las entidades federativas como de los municipios, el Distrito Federal y sus delegaciones han permitido entre otras cuestiones: que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya no aplique la garantía de afectación en participaciones, salvo para los créditos anteriores a la reforma y/o que continúan vigentes y que fueron contratados antes del nuevo esquema de financiamiento; que el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios sea eminentemente declarativo y para fines estadísticos; que la deuda soberana de estados y municipios deba estar debidamente calificada; que las normas de capitalización sean más estrictas e incluyentes; que se permitiera la creación de la figura de fideicomiso maestro como un mecanismo seguro de pago de las obligaciones financieras, en sustitución del esquema de garantía de pago efectuado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se integró una sola ventanilla en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de atención a las entidades federativas, el Distrito Federal y sus delegaciones y los municipios, que incorpora la función de registro de obligaciones y empréstitos de las entidades federativas. Estas, se dieron a la luz de lo que establece el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

También señala que actualmente, el monto de la deuda pública de largo plazo de los estados, el Distrito Federal y los municipios de diciembre de 2008 a junio de 2012, aumentó en 99.1 por ciento, esto es, de 203 mil 070.2 millones de pesos a 404 mil 409.5 millones de pesos. Si se considera como porcentaje de las participaciones, el saldo de la deuda se incrementó de 50.7 por ciento en diciembre de 2008 a 80.1 por ciento en junio de 2012. A la fecha, el endeudamiento como porcentaje del producto interno bruto (PIB) del país asciende a 2.7 por ciento.

Añade que de acuerdo a información proporcionada por las entidades federativas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto a la situación que mantienen las obligaciones financieras inscritas en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios establecido en el Reglamento del citado artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, del monto total de la deuda anteriormente señalada, 322 mil 950.6 millones de pesos han sido contratados por los gobiernos estatales, 30 mil 570.3 millones por los organismos estatales, 44 mil 859.2 millones por los municipios y 6 mil 029.4 millones por los organismos municipales, lo que representa un promedio de deuda pública per cápita de 3,524 pesos, estimada sobre una población calculada al 2012 de 114 millones 725 mil 753 mexicanos.

Finalmente señala que corresponde en forma exclusiva a la honorable Cámara de Diputados la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, incluyendo las participaciones que se entregan a los estados y el Distrito Federal y añade que así las cosas, las obligaciones financieras garantizadas con participaciones federales pueden poner en riesgo las finanzas públicas de los estados y municipios cuando no existe un control adecuado de ellas, transformándose las tasas de interés en volúmenes impagables por el excesivo endeudamiento y por ello, es trascendente que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación cuente con elementos para conocer los montos de endeudamiento actualizados de manera trimestral de los estados y municipios, a fin de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos.

III. Consideraciones

1. La obligación de reportar trimestralmente la deuda pública de las entidades federativas y municipios ya está establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 12 de noviembre de 2012, en una forma más amplia que lo que el proyecto de exhorto propone; es decir, no sólo incluye la información de la deuda garantizada con participaciones federales, sino el total de la deuda pública de las entidades federativas y municipios (artículos 47, 48 y 78).

2. Adicionalmente a la presentación trimestral al Congreso, a que están obligados las entidades federativas y municipios, también están obligados a publicarlos en sus páginas de Internet (Artículo 51).

3. Independientemente de lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es del conocimiento de esta Tercera Comisión que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publica trimestralmente la deuda de las entidades federativas y municipios, que éstos mismos le reportan, así como la registrada cuando se trata de deuda garantizada con las participaciones.

4. Sin embargo en aras de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas con la que deben de conducirse los gobiernos y servidores públicos esta comisión considera adecuado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcione la información sobre la deuda pública de los estados y municipios a la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

IV. Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que trimestralmente remita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, la información sobre la deuda pública de estados y municipios garantizada con las participaciones federales.

Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2013.

Suscriben los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma, Francisco Domínguez Servién (rúbrica), Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez, Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez;diputados: Uriel Flores Aguayo, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Marina Dunyaska García Rojas, Ricardo Monreal Ávila (rúbrica por suplencia).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Lilia Aguilar, ¿va a reservar alguno? El de la deuda de los municipios queda apartado. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueba el resto, los otros 9.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: En votación económica se pregunta si se aprueba...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Diputado.

El diputado Abraham Montes Alvarado (desde la curul): Para precisar el título del punto que se refiere al de adecuar el programa de vivienda en el estado de Chihuahua para la zona indígena.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Urique.

El diputado Abraham Montes Alvarado (desde la curul): Urique. Ahí acordamos que cambiaba este término de adecuar por el de continuar fortaleciendo. Nada más con esa precisión en el título, por favor.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Es que solo estamos dando cuenta con encabezados. Entiendo que la redacción está conforme usted lo dice, quizás lo adecuado sería también que en el encabezado aparezca la redacción que sea.

En este entendido, es que pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueban los 9 dictámenes restantes.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los dictámenes. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados. Comuníquese.

Tiene el uso de la voz doña Lilia Aguilar Gil, para referirse al tema de la deuda de los estados, y luego don Armando Melgar, que también ha pedido el uso de la voz y al que también se la vamos a conceder, don Luis Armando Melgar.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de la asamblea. Seré muy breve, porque obviamente este dictamen se discutió ampliamente el día de ayer en la Tercera Comisión de Trabajo de esta Comisión Permanente.

Simplemente me gustaría traer algunas apreciaciones a esta Comisión Permanente sobre lo que estamos a punto de votar. El día de ayer, entre los argumentos a discusión, se decía o se preguntaba si era ocioso o no el solicitar los montos de la deuda, pero sobre todo, el crear una comisión que analizara y que verificara qué era lo que estaba sucediendo con la deuda de los estados y municipios en este país y la gran crisis que esto podría causar.

Hubo diputados, inclusive, que dijeron en esta discusión que ya se revisaba, que había una Auditoría Superior que ya revisaba estas deudas y cómo se ejercían los gastos de las participaciones y los gastos del dinero de los estados y municipios y que eso debía ser suficiente.

Lo cierto, compañeros legisladores, es que la gran deuda que tienen los estados no es una cosa nueva, y ésa es parte de las preguntas que vengo a dejar en esta Comisión Permanente.

¿Por qué apenas este Poder Legislativo se da cuenta de este gran problema, que aparentemente nos puede llevar a una crisis tan grande, como la que llevó a la necesidad de la creación del Fobaproa?

¿Qué es lo que pasó antes, que el gobierno federal no se dio cuenta y que el secretario de Hacienda nunca dio cuenta tampoco a este Poder Legislativo de qué era lo que estaba sucediendo con los estados y municipios? ¿Por qué nunca pusimos un alto a este tema?

Es claro que el Partido del Trabajo viene a posicionarse a favor de solicitar un informe a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sobre el estado que guarda la deuda de los estados y municipios —como se dijo ya en la discusión muy amplia de este tema— y sobre todo de los estados, porque aquí hay que separar estados y municipios y hay que separar buenas intenciones de las malas intenciones.

No podemos decir que todos los estados y todos los municipios que solicitaron un préstamo o que están endeudados, lo hicieron para cometer actos de corrupción. En eso hay que ser muy claros y hay que ser justos. No podemos tratar a todos los estados y municipios con la misma vara.

Esta comisión que estamos solicitando que se cree en este dictamen, obviamente tendrá una labor titánica para revisar lo que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos dé. Pero lo que —con esto finalizaría— dejo de tarea a esta Comisión Permanente es, ¿qué vamos a hacer con esa información?

Si no va a haber rescate, si no podemos hacer absolutamente nada —como dijo el día de ayer la senadora Dolores Padierna— para evitar que los estados y municipios se sigan endeudando de la manera en que lo han estado haciendo; entonces, ¿de qué sirve informarnos? Pareciera entonces que estamos en el trabajo y estamos en el negocio de la discusión, más que en el negocio de la resolución.

Yo llamaría y congratulo, obviamente, al senador Delgado por esta iniciativa, pero sí creo que nos quedamos cortos en estos resolutivos y que sí tenemos que ir un poco más allá de crear solamente una comisión investigadora, de solicitar solamente la información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y decir qué es lo que va a hacer el Poder Legislativo con esta información y si solamente vamos a terminar, como decía la senadora Graciela Ortiz, con alguna normatividad al respecto, o vamos a poner orden en la casa, con todos los cuestionamientos sobre federalismo que esto trae consigo.

Cerraría diciendo que es, obviamente, ésta, una buena iniciativa, un buen dictamen, pero otra vez me pregunto si este gran problema, que pareciera que ahora se centra en la política de este país, surgió de la nada, y aparentemente a partir del primero de diciembre se volvió un gran tema y antes no pasada nada. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Ya declina don Luis Armando Melgar, en este momento. Le adiviné el pensamiento. Entonces, don Mario Delgado.

El senador Mario Martín Delgado Carrillo: Muchas gracias, presidente. Compañeras, compañeros, para solicitarles su apoyo en este punto, por la urgencia que está viviendo nuestro país, en todas las entidades y municipios, respecto a la deuda.

Sería un grave error que el Congreso de la Unión, que el Senado, que la Cámara de Diputados, subestimara esta situación. Sería un gran error seguir diciendo: como es 3 por ciento del PIB, no hay nada de qué preocuparse.

Hay mucho de qué preocuparse, porque hay muchos municipios y algunos estados en el país que su problema no es el de la deuda, es que no tienen recursos para sacar adelante su gasto, y en algunos casos han tenido que endeudarse.

Creo que hay que tener una visión integral en esta problemática, no satanizar el tema de la deuda y pensar que todos aquellos que tienen deuda la usaron mal, son irresponsables o hubo malversación. Hay que ver el origen de la fragilidad fiscal en la que están estados y municipios, a diferencia de la fortaleza que tenemos a nivel nacional, pero estar muy conscientes de que esa fortaleza nacional no se puede sostener si tenemos a los estados y municipios en una fragilidad tremenda.

En 2008-2009 el gobierno federal nos dijo que aquí no pasaba nada. Mientras Estados Unidos de América y otras partes del mundo se sacudían por una tremenda crisis financiera, aquí nos decían: aquí estamos blindados, aquí no pasa nada. Ahora sabemos que fue una estrategia de simulación, y esa simulación provocó que las finanzas de los estados y de los municipios no tuvieran ajustes oportunos. Lo que estamos viendo ahora es el cómo se fue posponiendo esta insolvencia financiera en la que caímos en 2009.

Déjenme recordar una cuestión. En la crisis de 2005 las participaciones federales cayeron menos de lo que cayeron en 2009 las participaciones; ¿qué se hizo en 2005? ¿Cómo se resolvió? No se dejó solo a los estados y a los municipios, se cambio la Ley de Coordinación Fiscal para que la bolsa de recaudación federal participable a estados y municipios creciera, y los estados pudieran salir adelante. No solo era un problema de liquidez, era un problema de solvencia, como lo tenemos actualmente.

¿Qué se hizo en 2009? Decir: no, aquí no pasa nada. El reconocimiento tardío de que estábamos en recesión ha tenido estos costos. Por eso vale la pena que hagamos un análisis integral de la crisis de deuda y por supuesto, ser muy estrictos con todos aquellos que hayan abusado de esa situación, con todos aquellos que hayan endeudado irresponsablemente a sus gobiernos con otros fines. Ahí tenemos que ser contundentes, pero también debemos tener una visión del porqué algunos estados están teniendo que recurrir a otras prácticas.

También cuando alguien pide prestado es porque alguien está dispuesto a prestarle. Tenemos que revisar qué ha pasado con los bancos, qué criterios han seguido.

Por eso el punto de acuerdo el día de hoy pide que de una vez nos enteremos dónde estamos parados, que de una vez tengamos el informe de todos los créditos de todos los bancos que se tengan con las entidades federativas y con los municipios. ¿A qué plazo? ¿A qué tasa? ¿Qué garantías? Pero también algo muy importante, ¿qué porcentajes de reservas tienen los bancos constituidos para resguardar cada uno de estos créditos? Que de una vez nos enteremos; va a ser muy útil saber realmente cuánto es la deuda subnacional de nuestro país y en qué condiciones se encuentra su posibilidad de pago.

Otro punto que estamos proponiendo aquí es que creemos una comisión especial. Ayer se daba un debate de porqué una comisión especial, precisamente por la diversidad de las situaciones que tenemos; nos vamos a encontrar casos de corrupción, de abuso y de irresponsabilidad y nos vamos a encontrar casos de emergencia —tremendo— que no pueden siquiera pagar la nómina del mes siguiente.

Se dice que no va a haber rescate. Pues con la novedad que ya hubo rescate, porque en diciembre pasado nos enteramos que casi la mayoría de los estados recibieron un adelanto en participaciones, ¿para qué creen que usaron ese adelanto en participaciones? Para completar su gasto operativo y en muchos casos también para pagar deuda, que resulta ya impagable.

Entonces, ¿cerramos los ojos, o le entramos en serio? Por eso es necesario que tengamos una comisión especial en el Senado de la República, que es donde están los representantes de las entidades, para poder analizar con mucha seriedad el tema y que propongamos soluciones.

Me parece que es una postura responsable por parte del Congreso de la Unión y por eso les pido que votemos a favor de este punto. Muchísimas gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Honorable asamblea, en estrictos términos del decimonónico Reglamento, estaríamos cerrando aquí la lista de oradores; sin embargo, tenemos otras solicitudes y esta Presidencia, conforme a las facultades que el propio Reglamento le otorga, accede.

Tiene el uso de la voz, la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Partido Acción Nacional. Luego, don Ricardo Mejía y cierra la lista de oradores la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Con su venia, señor presidente. Venimos a este pleno de la Comisión Permanente, como promovente de este punto de acuerdo, un punto de acuerdo que nace de la responsabilidad, de la responsabilidad necesaria de cumplir con México.

Hoy, encarecidamente solicitamos la congruencia, el compromiso y el respeto que cualquier mexicano debe tener ante el erario público, ante las cuentas públicas, que de una u otra manera son otorgadas por el voto ciudadano a quienes ejercen la función pública. Consideramos fundamental que vayamos de la mano en los hechos y no solamente en el discurso en materia de transparencia.

Ya se aprobó la Ley de Contabilidad Gubernamental, pero hay que ir más allá; el cuestionamiento en materia de deuda y el pedir el informe trimestralmente a la Comisión de Vigilancia tiene que ver con lo que ustedes ya conocen. Nosotros dictaminamos 2011 apenas este marzo. Requerimos tener información pronta y expedita.

Necesitamos poner de nuestra parte, porque así como un mexicano común, como una ciudadana cualquiera, que quiere adquirir una casa, que quiere adquirir un vehículo, toma en cuenta las previsiones y sabe si puede o no pagar los intereses que implica esto; sabe cuánto tiempo va a implicar el pago de él a adquirir este bien o servicio.

Creo que lo único que estamos pidiendo es responsabilidad. A más alto el encargo público, más alta la responsabilidad social y comunitaria, porque obviamente hoy tenemos procesos de bursatilización que han implicado 30 años de deuda. Alguien que fue electo por solo tres años ha comprometido ya a dar de tres generaciones. Creo que hoy debemos demostrar en la Comisión Permanente que estamos de la mano de la transparencia. Tenemos claridad que hay más de una ocasión en que los municipios requieren hacer uso del préstamo y tienen que hacerlo para salir adelante, pero también en ese sentido tenemos que tener la claridad de que de la misma forma en que se hacen responsables tienen que saber cuánto tiempo y por cuánto van a endeudar, porque obviamente el voto les fue otorgado solamente por tres o cuatro años en algunos casos, o seis en materia de los gobiernos del estado y que su responsabilidad debe estar cumplida en ese periodo de tiempo y no por más de lo que fueron electos por el pueblo.

Vamos por transparencia; así como en la casa se administra el recurso, así como no se puede gastar de más teniendo menos, tenemos que ir por transparencia, a favor de todos los ciudadanos que han brindado confianza al munícipe o al gobernador de cualquier partido político.

La transparencia da certidumbre, la transparencia da seguridad, la transparencia genera confianza; por eso como promovente de este punto de acuerdo solicito el respaldo y el apoyo, porque eso va a ser positivo, no solamente para una fracción, no solamente para un alcalde o no solamente para un gobernador, porque cuando hay transición heredan las deudas al que viene detrás.

Esto es benéfico para México, por eso les pido sinceramente congruencia; sí, les pido de corazón que pensemos en los mexicanos, que pensemos en los electores que tenemos hoy y que pensemos en México. México requiere finanzas sanas. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don Ricardo Mejía, tiene el uso de la voz.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañero presidente. El día de ayer se dio un debate muy constructivo al seno de la Tercera Comisión de esta Comisión Permanente sobre el tema de las deudas de los estados y municipios del país.

Nos parece positiva la reconsideración que hubo para atender de una vez el tema y fijar un dictamen para esta sesión, toda vez que originalmente se pensaba, ante el cúmulo de asuntos relacionados con la deuda de los estados y municipios, llevarlos a cabo para la última sesión de esta Comisión Permanente.

Es importante, porque sin duda hoy en día en el país el tema de la inseguridad y el tema de la deuda en estados y municipios son los dos temas fundamentales, son temas que están impactando en la gobernabilidad del país y que están haciendo inviables a muchos gobiernos estatales y municipales, con una crisis económica que se está convirtiendo en una crisis de servicios, en una crisis de bienestar, en una crisis de respuesta para muchos ciudadanos que demandan servicios y respuestas de los gobiernos estatales y de los municipales.

Coincidimos con el senador Mario Delgado, en que detrás de estos endeudamientos no necesariamente siempre hay irresponsabilidad, corrupción o despilfarro de gobiernos, también esto es motivo de baja en las participaciones o de las crecientes demandas que enfrentan hoy en día los gobiernos locales.

Sin embargo, nos parece totalmente procedente que se le pida información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el estatus de los créditos, la naturaleza de los mismos, las condiciones y el volumen que esto impacta para las finanzas estatales y municipales; por eso estamos de acuerdo en esta proposición y también en el tema que en el Senado —que es otra Cámara, nuestra colegisladora— se vea la pertinencia de hacer una comisión.

Comentábamos con algunos diputados que también este ejercicio vamos a impulsarlo en la Cámara de Diputados, porque sin duda, como legisladores, como representantes de la nación y del pueblo de México tenemos que estar muy atentos a este tema.

Quiero decir que el tema de las deudas en los estados y municipios tenemos que llevarlo con un seguimiento detallado, porque hay municipios y estados que viven condiciones muy difíciles.

Precisamente, en uno de los municipios, representa un pasivo descomunal, como es el municipio de Acapulco. Recientemente el alcalde Luis Walton acaba de hacer economías para poder liquidar un crédito por 50 millones de pesos con Bancomer, que se heredó de la pasada administración y que además de la carga financiera —que esto implicaba— estaba en el buró de crédito; entonces, no podía refinanciar las actividades financieras y esto implicaba mayores problemas para esta comuna. Por esa razón, nosotros creemos que no podemos dejar de lado estos temas. Sabemos que viene por ahí una iniciativa de ley de deuda para estados y municipios, pero sí llamar la atención en lo que hemos coincidido con algunos legisladores, en que el Congreso federal tiene que tomar cartas en el asunto en cuanto a la aprobación de deudas.

Coincidimos con el senador Domínguez; él proponía que fuera la Cámara de Senadores. Nosotros ya presentamos una iniciativa de ley de reforma constitucional para que la Cámara de Diputados —en última instancia— apruebe los créditos de carácter local.

¿Por qué esto? Porque los Congresos locales están sometidos a la voluntad de los gobernadores —del color que sean— y esto hace que haya una verdadera orgía financiera, un derroche, un endeudamiento y los bancos, con la sobreoferta de recursos, colocan estos créditos, hacen negocio y tienen asegurado, con las participaciones, el retorno de sus créditos. ¿Quién pierde? Pierden los ciudadanos, pierde el pueblo.

Por eso consideramos que tienen que explorarse estos mecanismos para que no haya más deudas criminales, no más deudas con impunidad, no más deudas que impactan en los bolsillos de los ciudadanos; por esa razón, como primer paso, estamos de acuerdo en este punto de acuerdo y felicitamos al senador Delgado y a todos los miembros de la Tercera Comisión por este esfuerzo. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Ana Lilia Herrera Anzaldo, tiene el uso de la voz.

La senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros, estoy de acuerdo con mi compañero senador Mario Delgado; él viene de ser secretario de Finanzas del Distrito Federal, sabe de la responsabilidad que implica contratar deuda y creo que este será un tema toral —no me cabe la menor duda— en esta Legislatura. Está inscrito en el Pacto por México, con el acuerdo de las diferentes fuerzas políticas mayoritarias en este país.

Creo que la transparencia es un tema que llegó para quedarse y es un tema que, además de representar una exigencia social para toda la clase política, para nosotros como legisladores tiene que implicar una gran responsabilidad.

Estoy de acuerdo, senador Delgado, en la necesidad de saber dónde estamos parados. El Grupo Parlamentario del PRI le apuesta sin lugar a dudas a la transparencia; fue uno de los compromisos de campaña, no solo del Ejecutivo, sino de quienes hoy pertenecemos al Congreso de la Unión.

Creo que es un tema que tiene que analizarse más allá de saber qué cifras, qué números tienen los municipios y las entidades; es un tema también de saber qué capacidad recaudatoria se tiene, de saber si realmente se ha incrementado o no.

Vengo de ser presidenta municipal y puedo decirles que pasamos de una recaudación del 56 por ciento a un 82 por ciento, por ejemplo en predial, ha sido el municipio más transparente del país durante los tres años de mi período constitucional y que entiendo muy bien de los beneficios sociales que esto implica.

Hay que ver si la deuda se adquiere. Creo que es un mecanismo que tampoco debemos estigmatizar y con qué resultados. Será parte —sin duda— del análisis que haremos posteriormente.

Se ha dicho también que el Ejecutivo enviará pronto una iniciativa de ley al respecto. Hay mucho qué platicar.

Solamente quisiera decir; primero, que el Grupo Parlamentario del PRI está, por supuesto, de acuerdo con la transparencia y queremos pedir —senador Mario Delgado— la posibilidad de que haya esta equidad; estamos también dentro del marco del Pacto por México previos a una reforma del Distrito Federal y creo que sería muy interesante que pudiéramos adicionar este punto de acuerdo, en sus dos resolutivos, incluyendo, por supuesto, al Distrito Federal, que diga: realizado con estados, municipios y el Distrito Federal, en ambos casos. Es cuanto, muchas gracias.

El senador Francisco Domínguez Servién (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto?

El senador Francisco Domínguez Servién (desde la curul): Para hechos.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Hechos de quién? Tiene usted que rectificar hechos de un orador en específico, usted lo sabe bien.

El senador Francisco Domínguez Servién (desde la curul): De la senadora.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De la senadora. Tiene usted el uso de la voz.

El senador Mario Martín Delgado Carrillo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, senador Delgado.

El senador Mario Martín Delgado Carrillo (desde la curul): Para alusiones personales.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Digamos que para alusiones personales, inmediatamente después.

El senador Francisco Domínguez Servién: Con su permiso, señor presidente. Ayer hubo un debate bastante amplio y rico en la Tercera Comisión, que tiene dentro de esta Tercera Comisión a Hacienda.

Vengo a exponer la frase que dije ayer en la misma comisión y vuelvo a repetirla el día de hoy, esa frase famosa de no se hagan bolas. No tiene nada que ver el Pacto por México y no tiene que ver nada la Ley de Contabilidad Gubernamental; estamos hablando que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos entregue, nos diga cómo se endeudaron los estados de Coahuila, cómo se endeudó el municipio de Guadalajara, cómo se endeudó el municipio de Morelos y todos los municipios y estados del país.

Igual que usted, compañera senadora, vengo de ser presidente municipal, y heredé una deuda de 800 millones de pesos. Por lo cual, cuando llega un alcalde, lo primero que tiene que hacer es un reingeniería financiera, porque sabe que su municipio tiene problemas. Sabes cuánto tienes —como dijo usted— que recaudar de predial.

En el municipio de Querétaro —también igual— tenemos una recaudación del 95 por ciento.

Una de las problemáticas de los presidentes municipales y de los gobernadores, es que cuando ganan —del partido que sea— invitan a la nómina a sus amigos, a sus cuates o a quienes les ayudaron en campaña, en vez de verificar cuántas son las plazas y con cuánto puede aguantar los salarios de los trabajadores, ya sea del municipio o del estado. Pero no se atreven, no se atreven a recortar la plantilla del municipio o la plantilla del estado, y a recortar también vehículos, a recortar teléfonos celulares, a recortar Nextel para hacerlo con responsabilidad, y eso es lo que está pasando.

Piden deuda, pero no saben ni siquiera cuánto van a tener en su Ley de Ingresos y cuánto están presupuestando para su gasto corriente, para servicios públicos, para seguridad y nos dejan, por un lado, al último la deuda y por otro —como decía mi compañero, el senador Delgado— si hay alguien que necesita dinero, hay alguien que presta y a la hora que solicitan los créditos hay más de dos, tres, cinco o siete u ocho instituciones bancarias dispuestas a prestar, pero es la Secretaría de Finanzas y Adquisiciones quien decide qué banco.

¿Por qué no se lo dejamos a la ciudadanía, del municipio que sea, del gobierno que sea? ¿Por qué no se lo damos, por ejemplo, al Colegio de Contadores, que sea quien abra en sobres cerrados y que gane el banco que dé el plazo mejor, el interés mejor?

Así que invito a que —señor presidente— si es algo que tengamos que debatir, lo hagamos, y no es una cuestión de mencionar si los estados que nos van a salir a relucir, y municipios más endeudados del país, es del PRI, y también ver con contundencia la fecha cuándo piden los préstamos, cuándo piden la deuda. La piden seis meses antes de empezar elecciones.

Que nos digan para qué piden el recurso para entrar a elecciones, y sabremos ahí verdaderamente si no están usándolo para cuestiones electorales o para cuestiones del municipio o del estado.

Así que aplaudo que discutamos, que debatamos y vamos a favor, el Grupo Parlamentario del PAN, para que se nos entregue lo que ha pasado y no lo que vamos a hacer para adelante en el Pacto, que por supuesto que va a haber una iniciativa de ley para ponerles un alto inmediato a los estados y municipios, y tenerles que decir hasta cuánto o por cuánto tiempo se pueden endeudar, y eso por supuesto que estamos de acuerdo con el senador Delgado; primero, crear una comisión y luego, vamos a ir a favor por esta Ley de Endeudamiento de Estados y Municipios. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Mario Delgado, para alusiones personales.

El senador Mario Martín Delgado Carrillo: Gracias, presidente. No, para coincidir nada más con la senadora Ana Lilia Herrera. Por supuesto, estamos de acuerdo en que se incluya el Distrito Federal, expresamente o como entidades federativas. Aprovechando que comenta el Distrito Federal, valdría la pena, porque ese modelo sí ha funcionado, ¿por qué no hay abusos en la Ciudad de México? Porque la respuesta es muy fácil: es la deuda más auditada del país; la audita el órgano de control interno de la ciudad, la audita la Contaduría Mayor de Hacienda —que controla la Asamblea Legislativa— la audita la Auditoría Superior de la Federación. Como se hacen colocaciones en el mercado bursátil, necesitamos dos auditores externos y tener auditadas las finanzas de la Ciudad de México, y tenemos la calificación permanente de dos instancias calificadoras.

Ahora que todos estamos pensando y donde por supuesto el PRD estamos preparando una iniciativa, con una visión integral, para cambiar el modelo de deuda nacional y subnacional, creo que vale la pena aprender de las lecciones que nos ha dejado la deuda en la ciudad. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Graciela Ortiz, tiene usted el uso de la voz. Lo que íbamos a hacer ahorita es preguntarle a la asamblea si admite la modificación propuesta por doña Ana Lilia, pero tiene usted el uso de la voz.

La senadora Graciela Ortiz González: Muchísimas gracias, señor presidente. Una de las enormes ventajas que tiene en este momento el país —me parece— es esta condición de normalidad democrática, en la que todos los partidos, en los distintos órdenes de gobierno, hemos tenido la oportunidad de acreditar ante la ciudadanía nuestras fortalezas en el gobierno o nuestras debilidades.

Hoy, que estamos en una segunda fase de la alternancia, le recibimos a un partido la Presidencia de la República y en los estados se han dado alternancias entre distintos partidos; ha quedado acreditada la forma en que unos y otros gobernamos al país, y me parece que entonces en esa condición valdría la pena que hagamos una revisión exhaustiva de la deuda, como se ha manejado aquí, con mucho interés, con un repentino interés, de la deuda que tienen los estados del país.

Por ejemplo, Jalisco. Jalisco que tiene una deuda de 37 mil millones de pesos, cuando inició debía 3 mil millones de pesos.

Revisemos el Distrito Federal, me agrada mucho que el senador Mario Delgado acepte la revisión del Distrito Federal, que cuyo monto asciende a 56 mil millones de pesos.

Jalisco, que ya lo comentamos; Sonora, que tiene hoy una deuda de 14 mil millones de pesos; el estado de Chiapas, que pasó también a tener una deuda de 14 mil millones de pesos; el gobierno de Morelos deja una deuda con un incremento de 412 por ciento, al pasar de 486 millones de pesos a 2 mil 586.

Hemos insistido en el Grupo Parlamentario del PRI —así lo acreditó mi compañera, así lo acreditamos en los trabajos que llevamos a cabo en la Tercera Comisión— que tenemos un enorme interés de revisar a fondo el porqué no solamente los montos, porque quien venga a pedir aquí los montos obviamente ignora que los montos que están garantizados con participaciones federales. Están en la página de la Secretaría de Hacienda; entonces, no son solamente los montos lo que debemos de conocer.

Me parece muy atinada, en consecuencia, la propuesta que hace el senador Mario Delgado, de que conozcamos la forma en que han sido otorgados los empréstitos, los créditos a estados, municipios.

Sumaría a esta necesidad de información al gobierno federal, para que también se transparente la forma en que se gobernó este país, en dónde se adquirieron créditos, en qué se utilizaron, y entonces todos, en igualdad de condiciones, con una condición de normalidad democrática, verdaderamente transparentemos y dejemos muy claro que a ninguno de los partidos que estamos representados en el Congreso de la Unión nos anima otro espíritu más que el de transparentar, el de conocer, el de resolver problemas de origen.

Creo que ése es un aspecto que debemos revisar con enorme cuidado y el de, a partir del conocimiento, entonces sí, tomar decisiones de orden legislativo que permitan resolver, restaurar y poner orden en el país a todos los órdenes de gobierno que puedan incurrir en irregularidades en la contratación de créditos y por supuesto, evitar el que vayamos a generar una crisis que ponga en riesgo las finanzas públicas nacionales.

Entrémosle con esa decisión, con esa altura de miras, dejemos la inmediatez, dejemos de lado —incluso— sentimientos encontrados por las condiciones político electorales del país y de verdad revisemos; revisemos si en la deuda el origen no es —por ejemplo, podría ser, a lo mejor eso descubrimos en esta comisión, que muchos de los estados y municipios incurrieron en ella— en cierta forma por el retraso que se dio en la entrega de las participaciones federales. Revisemos si no fue ése el caso.

Revisemos si hubo una responsabilidad federal por no entregar a tiempo las participaciones federales; revisemos los programas o el concepto o el modelo pari passu, porque eso obligó a estados y municipios a empatar recursos, recursos que obviamente no tenían posibilidades en la mayoría de las ocasiones para hacer dicho empate y obligaban a los estados y municipios a contraer créditos para poder responder a este modelo.

Ya que tenemos tanto interés, revisemos a fondo lo estructural y por supuesto, la coyuntura para que verdaderamente podamos, como legisladores y como legisladoras comprometidas con México —como aquí bien se dijo— ponerle orden y dar buenos resultados a la ciudadanía. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea...

El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Perdón?

El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (desde la curul): Quiero hacer uso de la tribuna.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En el entendido de que inmediatamente después pasamos a votar. Adelante.

El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente: Buenos días. Con el permiso de esta soberanía y su permiso, señor presidente. Hoy nuevamente tratamos el tema de la deuda; el tema de la deuda es un asunto que históricamente ha agobiado a este país, si nos hacemos referencias históricas podremos ver que hubo momentos desastrosos, donde el gobierno federal cada seis años quedaba quebrado.

Tendremos que recordar los sexenios de: López Portillo, el mismo Salinas de Gortari, que fue verdaderamente un flagelo para los mexicanos la terminación de cada sexenio.

Hoy, afortunadamente, el gobierno federal —en la transición— le entregó al nuevo gobierno un gobierno con finanzas sanas y estamos, en esa parte, tranquilos.

Creo que si lo podemos recordar, porque me llama la atención que en ese recorrido que hizo y mencionó la senadora, de las deudas, solamente mencionó partidos gobernados por el PAN y por el PRD.

Le quiero recordar que el caso Moreira, bueno, es un caso que seguramente será digno de estudio de las universidades, por la manera en que se dio, que fue de forma fraudulenta, de lo que no se debe hacer.

Obviamente —soy del estado de Tabasco— les puedo decir que el gobernador Granier, que desafortunadamente manejó muy mal las finanzas del estado, recibió un estado con 400 millones de pesos de deuda y hoy no sabemos si son 10 mil, 15 mil o 20 mil.

Entonces, obviamente es un problema que no es un problema de los partidos políticos, es un problema que tenemos que legislar y tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para darle certidumbre a este país en ese sentido. Todos estamos en la misma sintonía.

Creo que pareciera que estamos partiendo de cero y no, señores; se han venido tomando ya acciones que nos dan a la postre, nos van a dar resultados. Todos aquí juntos, cada quien en la Cámara y en su instancia, autorizamos la Ley de Contabilidad Gubernamental, que va a ser una herramienta que seguramente nos va a servir.

Le quiero decir que en el estado de Tabasco —que es un ejemplo muy claro— parte del problema es que estas lagunas en la ley, donde solamente era considerado deuda pública la que era bancaria de más de un año, permitió que tuviera un pasivo de corto plazo, que hoy debe de andar en alrededor de 10 mil millones de pesos, pero los estados financieros estuvieron maquillados todo el sexenio, y si revisamos, es un problema recurrente.

Celebro que haya la comisión; creo que el tema no hay que politizarlo, todos somos de diferente partido y todos tenemos interés en que esto se transparente, y que se manejen las cosas de la mejor manera. Tampoco creo que sea conveniente que satanicemos el hecho de que haya financiamiento, ésa es parte de la operación de cualquier gobierno o cualquier ente económico.

Lo que les diría, compañeros, es que vamos a cooperar con la comisión. Obviamente estamos totalmente de acuerdo, pero no perdamos de vista que es interés de los partidos políticos y de la Presidencia de la República —lo digo claramente— que las de la anterior, con las acciones como la Ley de Contabilidad Gubernamental y de la actual con lo que se está planeando hacer en el Pacto con México, transparentar las finanzas públicas y darle a este país más certidumbre y que no estemos en supuestos de quiebras, como lo están nuestros socios del norte o los países de Europa. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si las dos proposiciones de las senadoras, que tienen que ver con agregar al Distrito Federal y al gobierno federal, sean incorporadas al texto del resolutivo.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados. Comuníquense. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueba en su conjunto.

El Secretario diputado Carlos Alberto García González: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

MATERIA EDUCATIVA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen negativo de la Segunda Comisión. Está publicado. Pregunte la Secretaría a la asamblea si solo le damos lectura al encabezado.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza que solo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Dictamen de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales a aprobar la reforma constitucional en materia educativa

Honorable Asamblea:

Con fecha 9 de enero de 2013 a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– del primer receso del primer año de ejercicio, Comisión Permanente del Congreso de la Unión, LXII Legislatura, fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los congresos de los estados a aprobar la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador Mario Martín Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Los integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran al presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracciones III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Segunda Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, en relación con la siguiente

Metodología

En el apartado I, “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado III, “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta en estudio y las principales consideraciones de la proposición.

En el apartado III, “Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 9 de enero de 2013, el senador Mario Martín Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó punto de acuerdo en relación con las afectaciones de construcción en la delegación Benito Juárez.

2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, para estudio y dictamen correspondiente; con el número de oficio DGPL 62-II-6-0305 fue recibido con fecha 10 de enero de 2013.

3. En sesión ordinaria de la Segunda Comisión de fecha 15 de enero 2013 se entregó a los integrantes de la mencionada comisión el punto de acuerdo en comento para su respectivo estudio.

4. Los miembros de la Segunda Comisión, en reunión, procedimos a elaborar el presente dictamen, al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El autor de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita de esta soberanía con los siguientes argumentos:

1. Que el 10 de diciembre de 2012, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos presentó la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, que en términos generales fue aprobada por la Cámara de Diputados como la de origen.

2. Que el 13 de diciembre de 2012, en el Senado de la República se presentó iniciativa de reforma constitucional en materia de calidad educativa, evaluación educativa y servicio profesional docente.

3. Que la propuesta se hizo con el objetivo general de mejorar la educación en México y en especial con los objetivos de

• Asegurar el derecho humano a recibir educación de calidad.

• Crear el sistema nacional de evaluación educativa.

• Crear el sistema profesional docente, que deberá basarse en la mejora constante de las competencias profesionales y el desempeño docente de los maestros.

• Establecer el principio de que aportaciones económicas correspondientes al servicio público de educación se hará con base en la evaluación de los diferentes componentes del sistema nacional de evaluación educativa.

• Proponer que el Congreso de la Unión, con la mayor brevedad, analice y discuta la aprobación de un marco jurídico específico sobre infraestructura educativa a cargo de la federación, las entidades federativas y municipios.

4. Que dicha reforma constitucional tiene que ser aprobada también por la mayoría de las legislaturas de los estados; posteriormente el Ejecutivo podrá publicarla en el Diario Oficial de la Federación.

5. Que las legislaturas de los estados, de acuerdo con lo que establece la Carta Magna, podrán aprobar la reforma y, en reformas posteriores, adecuar sus leyes en la materia a fin de unificar el concepto de educación que en el país debe regir.

Por lo anterior, el proponente concluye con su punto de acuerdo que dice:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos de los estados a que en uso de sus atribuciones constitucionales aprueben la reforma de la Constitución en materia educativa, considerando su importancia para el desarrollo del país.

III. Consideraciones

Ante los argumentos que expone la proposición, la comisión dictaminadora se abocó al estudio de éstos. En consecuencia, los miembros de la comisión se manifiestan en contra del punto de acuerdo, con base en

Antecedentes

Se cuenta con los siguientes antecedentes normativos que señalan las características para las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación:

• El artículo 135 constitucional establece lo siguiente:

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y de la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

Comentarios

El proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa ha registrado las siguientes aprobaciones:

• El 19 de diciembre de 2012 se aprobó en la Cámara de Diputados; se remitió al Senado de la República.

• El 20 de diciembre de 2012 se aprobó en el Senado de la República; se remitió a la Cámara de Diputados.

• El 21 de diciembre de 2012 se aprobó en la Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación, y se pasó a las legislaturas estatales para los efectos constitucionales.

• El 16 de enero de 2013, el pleno de la LXI Legislatura del Congreso de Campeche aprobó por mayoría la reforma educativa. Con esta aprobación, Campeche es la entidad federativa número 17 en aprobarla, con lo que se alcanza el mínimo necesario para realizar la reforma constitucional.

• El 17 de enero de 2013, el Congreso de Jalisco aprobó la reforma en materia educativa; fue el estado número 20 en aprobarla.

Por lo expuesto, la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

IV. Puntos de Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los congresos de los estados a aprobar la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, presentada por el senador Mario Martín Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2013.

Suscriben el dictamen los integrantes dela Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, diputados: María de las Nieves García Fernández (rúbrica), presidenta; Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), secretario; Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas, Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica por ausencia diputada Carla Padilla Ramos), Ricardo Cantú Garza; senadores: Graciela Ortiz González, Gabriela Cuevas Barron (rúbrica p.s. Roberto Gil Zuarth), secretarias; Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si es de aprobarse.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados. Comuníquense.

Honorable asamblea, esta Presidencia informa que la Primera Comisión de Trabajo entregó cinco dictámenes con puntos de acuerdo. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día para su inclusión.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si solo se da lectura a los encabezados, en virtud de que ya están circulando.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras...

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundito; déjeme nada más que la diputada termine, por favor.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Vamos a dar lectura a los encabezados y luego preguntaremos si hay algunos que se reservan.

CENTROS PENITENCIARIOS Y CENTROS DE READAPTACION SOCIAL

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a las autoridades estatales, municipales y del Distrito Federal competentes ejercer un control más riguroso con respecto a los objetos que se ingresan a los centros penitenciarios, así como a la Procuraduría General de la República y a las Procuradurías Generales de los estados, a investigar y sancionar a quienes resulten responsables de las muertes y disturbios ocurridos al interior de los Centros Penitenciarios y de Readaptación Social.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 116, 121, 122, 127 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta primera comisión sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. El día 9 de enero, en sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a las autoridades estatales, municipales y del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, ejerzan un control más riguroso con respecto a los objetos que se ingresan al interior de los centros penitenciarios y centros de readaptación social del país, a fin de evitar la recurrente violencia que se ha padecido al interior de éstos, asimismo se exhorta a la Procuraduría General de la República y a las procuradurías generales de justicia de los estados y del Distrito Federal, a llevar a cabo las investigaciones que correspondan a fin de fincar responsabilidades y sancionar a quienes por acción u omisión hayan sido partícipes de las muertes ocurridas al interior de los penales del país y de los diferentes disturbios que se han presentado.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición se turnara para su estudio y dictaminación correspondiente a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El diputado Fernando Rodríguez Doval hace mención de un comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el que deplora las condiciones en las que viven los internos de los centros de readaptación social mexicanos. Expone que el organismo internacional, en dicho comunicado, expresa su preocupación por la situación de las cárceles del país especialmente por el conflicto ocurrido el día 18 de diciembre de 2012 en el Centro de Readaptación Social (Cereso) múmero 2 de Gómez Palacio, Durango, en el que veinticuatro personas perdieron la vida.

El diputado proponente señala que no es la primera ocasión en la que la CIDH reprueba el estado de los centros penitenciarios de México, pues en los comunicados de presa número 21/2012, 79/2011 y 9/10, ya se alertaba a las autoridades del país sobre la situación expuesta, que ha cobrado la vida de al menos otras 114 personas.

Se destaca que en el comunicado 2/13, la CIDH considera que el desarme de la población reclusa y los controles efectivos del ingreso de armas y de otros objetos ilícitos, son medidas concretas que el Estado debe de adoptar para reducir los brotes de violencia carcelaria.

Finalmente, el diputado autor de la proposición con punto de acuerdo cita el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria” elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el que se reprueba a los centros de readaptación Social del país en el rubro de ausencia de objetos y sustancias ilícitas, con una calificación de 3.9 en una escala del 0 al 10.

Consideraciones

1. Esta primera comisión, atendiendo lo expuesto por el diputado proponente y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considera preocupante el estado de los centros de readaptación social y de los centros penitenciarios de México.

2. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también ha externado su preocupación por el estado que guarda el sistema penitenciario nacional. En el diagnóstico que hace dicho organismo, se señala que los centros penitenciarios no cumplen su misión de reinsertar a los reclusos, sino que, dado el abandono en el que viven los sentenciados, las cárceles se han convertido en espacios de “aprendizaje y especialización superior de la delincuencia”. Por lo anterior, la CNDH considera como urgente e impostergable la participación de los tres órdenes de gobierno en la redefinición de la estrategia de la administración de los penales del país, para recuperar el control absoluto al interior de dichos centros.

3. El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) es un instrumento de la CNDH mediante el cual se evalúan las condiciones de estancia de la población reclusa, a través de visitas periódicas a los centros penitenciarios del país. En su versión más reciente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos encuentra que la crisis del sistema penitenciario mexicano es grave, pues en el 60% de ellos prevalece el llamado “auto gobierno”; esto es, en 6 de cada 10 penales, grupos de internos se desempeñan como la autoridad haciendo uso de la violencia y sometiendo al resto de los reclusos.

Desafortunadamente, el diagnóstico de la CNDH revela que la mayoría de los centros penitenciarios carecen de procedimientos para prevenir y atender los brotes de violencia y que además, en la gran mayoría de los penales visitados se encontraron objetos, en teoría, prohibidos.

4. Las fallas en los relativo al control de objetos y sustancias que ingresan a los centros de readaptación social han tenido como resultado 14 fugas de, en total, 521 presos; 75 riñas, en las que 352 personas perdieron la vida; así como dos motines. Dichas fallas, en muchas ocasiones, se deben no a la incapacidad, sino a la tolerancia y contubernio de las autoridades responsables.

5. El tercer visitador de la CNDH, Andrés Aguirre, destaca la labor que se ha realizado en los penales militares, señalados como modelos ideales en los que se percibe un ambiente de orden entre los reos y con una verdadera capacidad de vigilancia.

6. Actualmente, el país cuenta con 431 cárceles, de las cuales 11 son federales y 420 son responsabilidad de entidades y municipios.

7. El artículo 27, fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal determina que corresponde a la Secretaría de Gobernación la administración del sistema penitenciario federal y de justicia para adolescentes.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y , para los efectos del artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de aAuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un atento exhorto a la Secretaría de Gobernación, y a las autoridades estatales y del Distrito Federal competentes, para que en el ámbito de sus atribuciones, ejerzan un control más riguroso y se revisen de manera integral los protocolos y medidas de seguridad para la prevención, detección oportuna y supervisión de los objetos que se ingresan al interior de los centros penitenciarios y centros de readaptación social del país, a fin de evitar la recurrente violencia que se ha padecido al interior de éstos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la Procuraduría General de la República y a las procuradurías generales de justicia de los estados y del Distrito Federal a llevar a cabo las investigaciones y procedimientos que correspondan para efecto de fincar responsabilidades y sancionar, en su caso, a quienes por acción u omisión resulten responsables de los diferentes disturbios que se presenten al interior de los penales.

Nota:

1 Comisión Nacional de Derechos Humanos. “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011.”

2011. http://dnsp.cndh.org.mx/archivos/DNSP_2011.pdf (último acceso: 16 de enero de 2013).

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 23 de enero de 2013.

La Primera Comisión: Diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; diputada Paulina Alejandra del Moral Vega (rúbrica), secretaria; senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), secretaria; senador Mario Delgado Carrillo (rúbrica), secretario; diputado José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), senador Miguel Romo Medina (rúbrica), senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), senador Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador José María Martínez Martínez (rúbrica), senadora Gabriela Cuevas Barrón, diputado Silvano Aureoles Conejo, diputado Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), senador Luis Armando Melgar y diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), integrantes.»

DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a diseñar un programa estratégico de seguridad pública para la atención y combate de los delitos de alto impacto, a capacitar continuamente a los cuerpos policiacos y a agentes ministeriales, a modernizar los esquemas de readaptación y garantizar la suficiencia del personal de seguridad y custodia en los reclusorios.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 116, 121, 122, 127 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente, celebrada el 16 de enero de 2013, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y el diputado Fernando Rodríguez Doval, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a elaborar un programa estratégico de seguridad eficiente para atender la creciente tasa de homicidios y delitos de alto impacto en la Ciudad de México.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó dicha proposición para su estudio y dictaminación correspondiente a la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales y Justicia.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los legisladores proponentes citan que en un lapso de 72 horas, se cometieron 23 homicidios en el Distrito Federal, lo que es un claro indicador de que no existe seguridad suficiente. Los homicidios ocurrieron en colonias como Las Águilas en Álvaro Obregón, Valentín Gómez Farías en la delegación Venustiano Carranza y Renovación en Iztapalapa.

Por lo anterior, los autores de la proposición con punto de acuerdo consideran de urgente necesidad un replanteamiento de la estrategia de seguridad por parte del gobierno capitalino, que contemple incentivos a los cuerpos policíacos para que tengan un mejor desempeño de sus funciones, programas de capacitación para aquellos responsables de la administración y procuración de justicia, así como centros de readaptación funcionales, que cumplan con su objetivo de reinsertar a la población sentenciada.

Consideraciones

1. La situación de inseguridad que vivió la capital del país el fin de semana del 11 al 13 de enero, referida en el contenido de la proposición que aquí se estudia, aunque calificada como “atípica e inusual” por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), no debe escapar la atención de esta soberanía como un claro indicador de que la vida de los capitalinos no está siendo debidamente salvaguardada por las autoridades responsables.

2. El Informe Estadístico Delictivo en el Distrito Federalelaborado por la PGJDF indica que en el año 2012 el promedio diario de homicidios dolosos fue de 2.1. Sin embargo, en el período de tiempo referido en la proposición con punto de acuerdo (11 al 13 de enero de 2013), el promedio fue de 7.7 homicidios diarios, lo que implica un incremento de casi 400% con respecto al promedio anual 2012.

3. La inseguridad y la violencia en la Ciudad de México representan problemáticas de fondo más que de coyuntura. En gran medida, dichas problemáticas tienen su origen en la falta de efectividad por parte de los cuerpos policíacos en materia de prevención del delito y en la percepción generalizada de impunidad (convictos/incidencia de crímenes).

En el Distrito Federal, el 88.6% de los crímenes no son denunciados debido a la desconfianza de la ciudadanía en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, o por considerarlo una pérdida de tiempo.

La Procuraduría, por lo tanto, debe de fortalecer las áreas de investigación y persecución de delitos para acabar con la impunidad que prevalece en el sistema judicial del Distrito Federal y, de este modo, elevar el costo de delinquir.

4. El estado del sistema carcelario y penitenciario de la capital del país contribuye al problema de inseguridad que la ciudad padece, pues en lugar de conformarse por centro de readaptación para la reincorporación de la población reclusa a la sociedad, el sistema penitenciario del DF está integrado por escuelas de profesionalización delincuencial.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, revela que los cinco reclusorios y centros de readaptación visitados carecen de condiciones de gobernabilidad y, en promedio, fueron calificados con 4.74 en una escala del 0 al 10 en dicho rubro.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y, para los efectos del artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a que diseñe un programa estratégico de seguridad pública para la atención y combate de los delitos de alto impacto.

Segundo. Se exhorta respetuosamente Gobierno del Distrito Federal a que implemente estrategias de profesionalización y dignificación de la policía capitalina, que contemplen incentivos y capacitación continua para atender situaciones de riesgo y combate a delitos de alto impacto como el homicidio, el secuestro, la extorsión y el robo con violencia.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, hace un respetuoso exhorto al Gobierno del Distrito Federal para que en materia de procuración de justicia desarrolle un sistema de capacitación y mejora en la eficiencia de los agentes del ministerio público y de los policías de investigación.

Cuarto. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a que genere un programa de modernización de los esquemas de readaptación social en los reclusorios de la Ciudad de México y a que garantice la suficiencia del personal de seguridad y custodia en éstos.

Nota:

1 Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. «Red Numbers of the Criminal Justice System in México.»•octubre de 2011. http://www.cidac.org/esp/uploads/1/Red_Numbers.pdf (último acceso: 17 de enero de 2013).

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 23 de enero de 2013.

La Primera Comisión: diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Presidente; diputada Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), senador Mario Delgado Carrillo (rúbrica), en contra, secretarios; diputado José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), senador Miguel Romo Medina (rúbrica), senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, senador Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador José María Martínez Martínez (rúbrica), senadora Gabriela Cuevas Barrón, diputado Silvano Aureoles Conejo, diputado Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), senador Luis Armando Melgar (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica).»

SERVICIOS PERICIALES Y MEDICINA FORENSE

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a que a través del Centro Médico Forense establezca bases de colaboración con las autoridades de procuración de justicia estatales y del Distrito Federal, a fin de capacitar al personal responsable de los Servicios Periciales y de Medicina Forense de cada entidad federativa.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 116, 121, 122, 127 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta primera comisión sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día 16 de enero de 2013, el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Procuraduría General de la República implemente, a través del Centro Médico Forense, capacitación a las procuradurías de justicia de las entidades federativas en materia de servicios periciales y medicina forense; así mismo, se exhorta a los gobiernos estatales que adopten estándares nacionales para la operación de los servicios médicos forenses que prestan en sus respectivos territorios.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó dicha proposición a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictaminación correspondiente.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El senador Ángel Benjamín Robles destaca la importancia que tiene la medicina forense para el derecho, especialmente en el área penal. Su importancia radica, principalmente, en que haciendo uso del ADN, permite la estimación del tiempo de muerte, la identificación de cadáveres, de las causas del deceso y de los probables responsables.

El legislador proponente considera que el desarrollo de esta disciplina ha cobrado una mayor importancia por el incremento en el número de homicidios dolosos en el país. A pesar de la relevancia de la medicina forense en el contexto actual, el senador percibe que ésta no ha tenido los avances necesarios a nivel entidad federativa, donde el equipamiento es obsoleto y existe un escaso personal especializado en temas de patología, antropología, dactiloscopia, odontología y fotografía forense.

Con base en lo expuesto, el senador que suscribe la proposición en comento considera importante que la Procuraduría General de la República, a través del Centro Médico Forense, capacite a las procuradurías de justicia estatales en los rubros de servicios periciales y medicina forense. Del mismo modo, el autor de la proposición estima necesario que los gobiernos estatales se adecúen a los estándares federales en la materia.

Consideraciones

1. Una de las principales funciones de la Procuraduría General de la República es la investigación de los delitos, con el apoyo de disciplinas científicas que sirvan a este fin. La investigación del delito es uno de los factores más importantes para definir estrategias para combatir al crimen organizado y para poner fin a la impunidad.

2. La Procuraduría General de la República, de acuerdo con la Ley Orgánica que la rige, artículos 5 y 6, está facultada para celebrar acuerdos, bases de colaboración, convenios y esquemas de coordinación con autoridades de las entidades federativas para la investigación de los delitos.

3. En noviembre de 2012, la Procuraduría General de la República inauguró el Centro Médico Forense Federal (Cemefo) y aulas para la capacitación pericial. El Cemefo tiene como principal objetivo fortalecer al Ministerio Público de la Federación, dotándolo de infraestructura, equipamiento y personal especializado en la investigación del delito.

4. Desde un punto de vista subsidiario, el Centro Médico Forense auxilia a procuradurías y fiscalías de las 32 entidades federativas, en lo relativo a la identificación de cadáveres, necropsias y otros estudios. Es decir, el Centro Médico Forense auxilia a sus pares a nivel local en aquello que éstas no pueden realizar con su propio esfuerzo, sin absorber la totalidad de sus funciones.

5. A pesar de que las procuradurías y fiscalías estatales cuentan con el respaldo de la Procuraduría General de la República, esta comisión que dictamina considera que sería deseable que éstas fueran auto suficientes en lo referente a la investigación y persecución de delitos de orden común. Para ello, se estima pertinente que, tal como lo propone el senador Robles Montoya, la Procuraduría General de la República establezca esquemas de coordinación con las entidades que integran esta federación, para capacitar al personal responsable de la medicina forense en cada una de éstas.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y , para los efectos del artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales y del Distrito Federal a que adopten estándares nacionales para la operación de los servicios médicos forenses que lleven a cabo en sus territorios.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 23 de enero de 2013.

La Primera Comisión: diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; diputada Paulina Alejandra del Moral Vega (rúbrica), secretaria; senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), secretaria; senador Mario Delgado Carrillo (rúbrica), secretario; diputado José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), senador Miguel Romo Medina (rúbrica), senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), senador Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador José María Martínez Martínez (rúbrica), senadora Gabriela Cuevas Barrón, diputado Silvano Aureoles Conejo, diputado Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), senador Luis Armando Melgar y diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), integrantes.»

ESTADO DE MORELOS

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado de Morelos a implementar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en la entidad, así como a proteger los derechos humanos de las víctimas, ofendidos y testigos durante los procesos de procuración de justicia.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 116, 121, 122, 127 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente, celebrada el 16 de enero de 2013, el senador Fidel Demédicis Hidalgo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a las autoridades federales y militares a reforzar la seguridad pública en el estado de Morelos ante el alza de eventos delictivos, y al gobernador constitucional de la entidad, para preservar la paz y seguridad de todas las personas, revisar la designación de la titular de la Secretaría de Seguridad Pública e instruir a las dependencias a su cargo para cumplir con la legalidad y protección de los derechos humanos, en todos los procedimientos públicos, particularmente en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, para su estudio y dictaminación correspondiente.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El senador proponente describe la situación de inseguridad que el estado de Morelos padece, y cita que la cifra de ejecutados es alarmante (211 ejecuciones en 2011; 343 en 2012 y 92 en lo que va de 2013). El senador Demédicis Hidalgo estima que las autoridades de la entidad se encuentran absolutamente rebasadas, particularmente las responsables de la procuración de justicia.

El legislador autor de la proposición que se trata reprueba la manera de proceder de la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos en el caso de un homicidio acaecido en el municipio de Amacuzac. Al respecto, el senador Fidel Demédicis señala que su integridad y la del presidente de dicho municipio fueron puestas en riesgo en el boletín de prensa número 2, en el que su identidad, en calidad de testigos, fue hecha de conocimiento público. Los hechos descritos llevaron a que la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos iniciara de oficio el expediente de queja 001/2013 y solicitara a la Procuraduría General de Justicia de la entidad adoptara medidas precautorias, ya que al no respetarse la secrecía y reserva de la identidad de los testigos, se pone en riesgo su integridad y seguridad, así como los resultados de la propia investigación.

Por todo lo anterior, el senador proponente busca una mayor participación de las fuerzas federales y militares en el estado de Morelos, a fin de que implementen las acciones necesarias para preservar la seguridad de sus habitantes. Asimismo, estima conveniente que el gobernador del estado de Morelos revise la designación de algunos integrantes de su gabinete y garantice la integridad de las víctimas, ofendidos y testigos.

Consideraciones

1. El estado de Morelos ha registrado un incremento en lo relativo a la violencia relacionada con el crimen organizado. Así, como expone el senador Fidel Demédicis Hidalgo en la proposición con punto de acuerdo de mérito, el número de ejecuciones que ocurren en la entidad resulta alarmante. Adicionalmente, el estado de Morelos se ha consolidado como el tercer lugar a nivel nacional en secuestros, sólo por debajo de Tamaulipas y Durango. El gobernador del estado, Graco Ramírez, atribuye el incremento en el número de plagios a que el crimen organizado está buscando fuentes alternativas de financiamiento.

2. La grave situación que vive Morelos derivó, en mayo del año pasado y a petición del gobierno estatal, en el operativo Morelos Seguro. El operativo representó un esfuerzo conjunto del Gobierno Federal y del Gobierno de Morelos, y contempló diez acciones para regresar la seguridad a los morelenses:

I. Creación de una nueva base de operaciones mixtas coordinadas por el Ejército y fortalecimiento del Centro Operativo Lagartos, con un mayor número de agentes federales.

II. Intensificación de patrullajes en Cuernavaca, Cuautla y carreteras federales.

III. Incremento de labores de inteligencia.

IV. Ajustes tácticos para facilitar la acción de la Procuraduría General de la República en la entidad.

V. Reforzamiento de instituciones del propio estado de Morelos.

VI. Aplicación de controles de confianza, especialmente entre los servidores públicos de los municipios de la entidad. Creación del modelo de policía acreditable.

VII. Presupuesto de 344 millones de pesos para la seguridad del estado de Morelos.

VIII. Consolidación de la Unidad Especial de Combate al Secuestro.

IX. Fortalecimiento de las labores de prevención de adicciones.

X. Recuperación de espacios públicos.

3. El Gobierno Federal, en su momento, identificó los municipios más inseguros del estado de Morelos: Cuernavaca, Temixco, Jiutepec, Yautepec, Cuautla, Emiliano Zapata, Xochitepec, Puente de Ixtla, Jojutla y Zacatepec.

4. El gobierno del Estado de Morelos, en boletín de prensa publicado el 20 de enero de 2013, informó que se han tomado acciones para reforzar la presencia de fuerzas federales y estatales en los municipios que mayor índice delictivo registran, conforme a lo establecido en la Estrategia de Paz y Reconciliación.

5. El artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, faculta al Ministerio Público a dirigir la investigación y persecución de posibles delitos, así como a proteger y brindar atención a los testigos.

6. En el artículo 5o. de la citada ley, se establece como responsabilidad del Ministerio Público estatal que durante la investigación y el proceso se respeten los derechos fundamentales de los testigos.

7. Que como la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos señaló, violar la secrecía de identidad de los testigos, no sólo atenta contra la integridad física de éstos, sino que pone en riesgo a la investigación misma, lo cual es considerado como causa de responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, por la Ley Orgánica que rige el actuar de dicha institución, en su artículo 45, fracción II.

Artículo 45. Son causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos de esta institución:

I. (...)

II. No cumplir, retrasar o perjudicar por negligencia y/o causa injustificada, la procuración de justicia;

(...)

8. En lo relativo a la proposición hecha por el senador Fidel Demédicis con respecto a que se emita un exhorto para que el gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, revise las designaciones de miembros de su gabinete, esta Primera Comisión que dictamina, estima que el Congreso de la Unión, a través de la Comisión Permanente, ha, de mantenerse respetuoso de los principios y normas que rigen el federalismo que impera en nuestro sistema jurídico y político nacional, conforme a lo establecido en el artículo 40 de nuestra Constitución Política

Artículo 40- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

La facultad de designación de los titulares de secretarías de despacho, dependencias y entidades, según determina la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, corresponde al gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y , para los efectos del artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que, en coordinación con el gobierno del Estado de Morelos, dé continuidad y refuerce el operativo Morelos Seguro, a fin de que se implementen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos en el estado de Morelos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Morelos a implementar todas las medidas tendientes a garantizar la seguridad en la entidad, así como a instruir a las dependencias a su cargo para cumplir con la legalidad y protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos durante los procesos de pro curación de justicia, conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 23 de enero de 2013.

La Primera Comisión: Diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Presidente; diputada Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), senador Mario Delgado Carrillo (rúbrica), secretarios; diputado José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), senador Miguel Romo Medina (rúbrica), senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), senador Arturo Zamora Jiménez, senador José María Martínez Martínez (rúbrica), senadora Gabriela Cuevas Barrón, diputado Silvano Aureoles Conejo, diputado Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), senador Luis Armando Melgar, Ricardo Cantú Garza (rúbrica).»

VOLUMEN II

INSEGURIDAD

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que diseñe e implemente un plan de acción que sistematice una adecuada coordinación con los demás órdenes de gobierno, con el objeto de reforzar la seguridad en todo el territorio nacional.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 116, 121, 122, 127 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos los integrantes de esta Primera Comisión sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 3 de enero del 2013, los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a llevar a cabo acciones urgentes para terminar con la grave crisis de inseguridad que vive el país.

2. Ese mismo día, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Primera Comisión: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su análisis y dictamen.

3. En sesión ordinaria del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 9-nueve de enero del 2013, los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario deMovimiento Ciudadano, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que por conducto la Secretaría de Gobernación, lleve a cabo las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la tranquilidad y la paz social para los habitantes de la región lagunera de los estados de Coahuila y Durango.

4. Ese mismo día, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Primera Comisión: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su análisis y dictamen.

5. Que como se desprende de las propuestas anteriormente precisadas, es el caso de que en ambas se presenta como contenido de los asuntos en estudio, aspectos tendientes a la seguridad en el país, estableciendo además como destinario material al Secretario de Gobernación, por lo que por razones de simplificación de método y proceso de análisis, resulta conducente se estudien en conjunto las propuestas en comento en el presente dictamen.

Consideraciones

1. En el contenido de la proposición con punto de acuerdo presentada el jueves 3 de enero de 2013 por los diputados Ricardo Mejía y Ricardo Monreal se exhorta al Secretario de Gobernación a llevar a cabo acciones urgentes para terminar con la grave crisis de inseguridad que vive el país; se destaca el papel del Estado como garante de la seguridad de los ciudadanos que lo integran. De igual modo se señala que el Poder Legislativo debe ser un contrapeso efectivo y democrático al Ejecutivo, y así contribuir a la gobernabilidad que el país requiere, evitando con ello que el ejercicio del poder sea vertical y autoritario.

2. Argumentan que una de las razones que dan origen al Estado, es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. En tal virtud, el Legislativo como parte del Estado debe compartir la responsabilidad en el marco de sus facultades, como estar al tanto de la estrategia elegida por el Ejecutivo Federal en materia de seguridad, así como de la manera en la que el presupuesto destinado a dicho rubro se gasta. En razón de ello debe conocer a detalle el proyecto de la gendarmería nacional, sus alcances y propósitos, el destino que se plantea de los 1,500 millones de pesos que se autorizaron para esta nueva estructura policial.

3. Consideran los autores de la proposición que en tanto se aplique la estrategia nacional de seguridad presentada el 17 de diciembre de 2012 por el Presidente de la República ante el Consejo Nacional de Seguridad, el número de muertes y enfrentamiento s en las calles del país continuará en aumento, por lo que se estima conveniente un replanteamiento en la estrategia de seguridad; aunado a lo mencionado, la situación de violencia generalizada y la crisis de inseguridad que se vive en nuestro país, requiere de una atención prioritaria a fin de sentar las bases de convivencia pacífica y armónica entre sus ciudadanos.

4. Que en atención a las últimas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de seguridad pública, pero en especial a raíz de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, es parte de la responsabilidad del Estado en su conjunto garantizar los derechos de las personas, y uno de ellos es el de la seguridad humana, un concepto que debe englobar a la seguridad pública y por tanto es preciso conocer el planteamiento que al respecto tenga la Secretaría de Gobernación. Es de especial interés de este poder, tener información comparativa con respecto al funcionamiento y operación de la gendarmería con estrategias parecidas desarrolladas en otros países el número de efectivos, funciones, recursos destinados para tal fin, y resultados obtenidos. En razón de ello, es preciso implementar acciones de carácter urgente para atender la grave crisis de inseguridad que se vive en el cotidiano de estados y municipios.

5. La proposición con punto de acuerdo del día 9 de enero de 2013, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación, lleve a cabo las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad, la tranquilidad y la paz social para los habitantes de la región lagunera de los estados de Coahuila y Durango, suscrita por los diputados Ricardo Mejía y Ricardo Monreal, precisa la situación en ]a que estas dos entidades viven en materia de seguridad. Destacan que hace algunos años, la Comarca Lagunera era hablar de una tierra de oportunidades, en la que se vivía en paz y armonía, región pujante habitada por gente que con trabajo y tesón prosperaba con una clase naciente de empresarios, comerciantes, trabajadores y clases medias que distinguía a esta región al norte de México, mientras que de unos años para acá la situación de violencia se ha tornado insostenible. Por lo anterior, se requieren estrategias especiales en materia de seguridad pública para atender y erradicar la violencia en esta zona.

6. El pasado 17 de diciembre se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en la que se acordó impulsar un Programa Nacional de Prevención del Delito. Dicho Programa se centrará en la construcción de una ciudadanía responsable, en la promoción de una cultura de la legalidad y corresponsabilidad social y en el mejoramiento, del entorno situacional. Así mismo, se acordó dar continuidad a acciones que anteriormente tuvieron éxito, como recuperar espacios públicos para la prevención del delito, fomentar la cooperación entre los diferentes órdenes de gobierno para atender el problema, implementar la aplicación de exámenes de control de confianza para depurar a las instituciones de gobierno de elementos nocivos para el bien común pero a pesar de esto el Estado mexicano se enfrenta a un entorno adverso en materia de seguridad, por lo que las autoridades no deben de dar un paso atrás en e] combate al crimen organizado.

7. A la Secretaría de Gobernación, según lo establece el artículo 27, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le corresponde formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. La fracción XIII bis del artículo citado también faculta a la Secretaría de Gobernación para proponer acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

8. La existencia del Estado se justifica en tanto éste sea capaz de garantizar la seguridad de quienes lo integran, por lo que en las autoridades de los tres órdenes de gobierno recae la enorme responsabilidad de proteger la vida de los mexicanos.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y, para los efectos del artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Gobernación para que informe el plan de acción y los tiempos de aplicación para una adecuada implementación y coordinación con los demás órdenes de gobierno entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, con el objeto de reforzar la seguridad en todo el territorio nacional.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 23 de enero de 2013.

La Primera Comisión: Diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; diputada Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), secretaria; senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), secretaria; senador Mario Delgado Carrillo, secretario; diputado José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, senador Miguel Romo Medina (rúbrica), senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, senador Arturo Zamora Jiménez, senador José María Martínez Martínez, senadora Gabriela Cuevas Barrón, diputado Silvano Aureoles Conejo, diputado Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), senador Luis Armando Melgar (rúbrica), diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), integrantes.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Cuál va a reservar, diputado Ricardo Mejía?

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): El último que se leyó.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El último que leyó. Salvo el último, pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse. El del DF también. El del Distrito Federal y el último que se refiere, ¿a qué?

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que diseñe e implemente plan de acción que sistematice una adecuada coordinación con los demás órdenes de gobierno.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Perfecto. Salvo esos dos, pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Sí, señor presidente. Salvo esos dos puntos de acuerdo, en votación económica se pregunta si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Todos los demás.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Todos los demás. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados. Comuníquese.

INSEGURIDAD

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Ricardo Mejía, para referirse al que ya anunció, que reservó, e inmediatamente después de votar éste, el senador Mario Delgado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañero presidente. Desde luego que no estamos en contra de lo que aquí está acordando la Primera Comisión, que es un exhorto respetuoso a la Secretaría de Gobernación para que informe el plan de acción y los tiempos de aplicación para una adecuada implementación y coordinación con los demás órdenes de gobierno, entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, con objeto de reforzar la seguridad en todo el territorio nacional.

Estamos a favor, pero sí queremos subrayar, porque el origen de este punto de acuerdo es una proposición que el de la voz, junto con el diputado Ricardo Monreal realizamos, encaminada fundamentalmente a reforzar las acciones de seguridad en la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, y lo hacíamos fundamentalmente porque en esta región, en el cierre del año y en los primeros días de enero, se ha vivido una crisis de inseguridad gravísima, que tiene en estado de psicosis permanente a la población; nos referimos fundamentalmente a Torreón, a Gómez Palacio, a Lerdo y a los municipios conurbados que en total, en la Comarca Lagunera son 16 municipios, 11 de Durango y 5 de Coahuila.

El problema ahí es que las noticias —en los diarios nacionales— es que hoy la región lagunera es la zona de mayor criminalidad y violencia en el país. De esto han dado cuenta periódicos como Reforma, El Universal y recientemente incluso Televisa dio a conocer un amplio reportaje al respecto.

También sabemos que han sido prácticamente desmanteladas las corporaciones policiacas en Gómez Palacio, en Lerdo; también el director de Seguridad Pública de Matamoros, Coahuila, fue sorprendido con armas prohibidas y con drogas. Entonces, es realmente una zona de guerra prácticamente la Comarca Lagunera

Por eso nosotros insistimos en el punto de acuerdo, en que la Secretaría de Gobernación —ahora como responsable de la seguridad en el país— tomara cartas en el asunto de la Comarca Lagunera. Sabemos que cambiaron al comandante de la región militar, que ha habido algunas acciones, pero las consideramos insuficientes; consideramos que hoy, sin lugar a dudas, se tiene que voltear esta región, como en su tiempo se volteó a Ciudad Juárez o a Tijuana, que hoy, sin duda, son regiones más seguras que la Comarca Lagunera, o como se tiene que hacer también en partes del estado de Guerrero, pero hoy por hoy hay un tema grave de inseguridad en la Comarca Lagunera.

Por eso nosotros sí pedimos que el punto de acuerdo fuera reflejado estrictamente para esta región; no estamos en contra de que se refuerce y se informe en todo el territorio nacional, pero nos parece que es una manera de deslavar o matizar lo que está pasando en estos dos estados, en esta región tan particular del país, que había sido una región progresista, pujante y que hoy es un territorio de miedo entre mucha población; por eso nosotros lo planteamos de esa manera.

No fue obsequiado en la Primera Comisión de esa manera, pero queremos aprovechar este espacio, esta tribuna para llamar la atención del gobierno federal y del pueblo de México de lo que está pasando ahí, porque son balaceras en bulevares transitados, son ajusticiamientos, son muertes en lugares de centros de diversión; es decir, es un estado de shock y mucha gente de esa región nos ha pedido que llamemos la atención, porque incluso los medios de comunicación locales están atemorizados y el tema es simplemente un tema de redes sociales, es un tema de prensa nacional, es un tema de comunicación y de psicosis local. Pero es un tema que no se está tocando con la atención debida.

Volvemos a señalar que por eso nuestro punto de acuerdo iba encaminado a esta región. Pero desde luego que qué bueno que, si no se tomó literalmente, cuando menos se esté haciendo un llamado a la Secretaría de Gobernación, como la nueva responsable de la seguridad pública en el país. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse el resolutivo; no hay propuesta.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Mario Delgado, para referirse al que tiene que ver con el Distrito Federal.

El senador Mario Martín Delgado Carrillo: Muchas gracias, presidente. Sorprendido por el texto que propone Acción Nacional respecto de la ciudad; es como si no hubieran vivido en este país los últimos seis años.

Fíjense nada más lo que se atreven a decir: Los ciudadanos están desprotegidos debido a la falta de cobertura y eficiencia de los elementos de seguridad pública. En tal virtud, se hace necesario reflexionar sobre la estrategia de seguridad del gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel Mancera.

Ante tales consideraciones, es preciso que esta soberanía solicite al gobierno de la ciudad que implemente urgentemente medidas que permitan garantizar la paz y el orden público, salvaguardando la seguridad y el normal desarrollo de la vida de los ciudadanos.

¿En qué país han vivido? ¿Restaurar el orden público? Restaurar el orden público en el resto del país, que lo dejaron incendiado, con más de 70 mil muertos y más de 25 mil desaparecidos.

Un fin de semana, como el que tuvimos en la ciudad, es tan atípico, que este fin de semana no hubo homicidios. Ya se les olvidó lo que pasó en julio, que ocupan el tercer lugar, porque la gente aquí en la ciudad reprobó, no solo su estrategia de seguridad pública, sino esta estrategia de seguir defendiendo lo indefendible, una política criminal que fracasó, una política criminal que enlutó a miles de familias en nuestro país.

Afortunadamente aquí se siguió un camino distinto. Se apostó por la prevención, se apostó por invertir en la gente, se apostó por la tecnología, por la profesionalización de los cuerpos policiales, ¿y qué tenemos como resultado, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública?

No invento datos, no son míos ni de la Procuraduría capitalina, que dice qué pasó en la ciudad de México en el sexenio infame de Calderón. Le preocupan los delitos de alto impacto. Tenemos en el DF 250 entre cada 100 mil; es decir, el D.F. ocupa el lugar número 9 de 32, tiene una caída de 2007 a 2012 de 4.5 por ciento; a nivel nacional aumentó 6.2 por ciento.

En materia de homicidios dolosos, ocupa el lugar el Distrito Federal 23 de 32. El número de homicidios por cada 100 mil habitantes en el país es de 15.58 y en el DF de 7.38.

En materia de violaciones, ocupa el lugar 22 de 32, con una caída en estos seis años de 4.1 por ciento, mientras que a nivel nacional se incrementó 0.7 por ciento. En materia de secuestros, ocupa el lugar 21 de 32, por cada 100 mil habitantes es 0.9 en el país, y en el Distrito Federal 0.6. La caída es de menos 2.3 a nivel DF y un crecimiento de 19.5 a nivel nacional.

En el robo de vehículos, es una vergüenza lo que pasó en el sexenio de Calderón. En la Ciudad, sin embargo, cayó en casi 5 por ciento, mientras que se incrementó en el resto del país 6.5 por ciento; la ciudad en su lugar 17 de 32.

Así le puedo seguir leyendo los delitos de alto impacto. De las pocas entidades donde ha caído la delincuencia es en la Ciudad de México; por eso me parece muy pretensioso, por parte de Acción Nacional, que le pida al gobierno de la ciudad que diseñe un programa estratégico de seguridad para la atención en el combate a los delitos y que lo urja a que implemente estrategias de profesionalización. En fin, todas las recomendaciones que hay que dar.

Creo que aquí en el Congreso nos corresponde solicitar información sobre las estrategias de seguridad pública que se están instrumentando por parte de los ejecutivos, no solo de la Ciudad, sino del resto del país. Pero que nosotros nos atrevamos a pedir instrumentación de programas sin conocerlos, me parece un exceso.

En ese mismo sentido van otros puntos de acuerdo que acaba de votar esta soberanía, lo que acaba también de proponer el diputado Ricardo Mejía; es decir, por supuesto que tenemos el derecho a pedir información, pero que pidamos que se instrumenten políticas públicas sin el conocimiento previo de ellas o asumiendo que no existen, pues ahí me parece francamente un exceso.

Propuesta, señora presidenta, que modifiquemos el texto, porque nosotros no tenemos ningún inconveniente de que la ciudad informe sobre los asuntos que aquí preocupan, por ejemplo, programas estratégicos para la atención y combate de delitos de alto impacto o la profesionalización y dignificación de la policía capitalina, o el tema de procuración de justicia, qué se hace en materia de capacitación y mejora en la eficiencia de los agentes del Ministerio Público y de los policías de investigación, o por supuesto también que informe respecto del programa de modernización de los esquemas de readaptación social.

Por supuesto que estamos de acuerdo en que el gobierno de la ciudad comparta esta información, pero hay que ser muy cínicos para venir aquí a hablar de seguridad pública, después de la vergüenza en que dejaron —y el luto— a este país. Muchas gracias.

Presidencia de la senadora Hilda Esthela Flores Escalera

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, senador. Ha pedido también el uso de la voz la senadora Mariana Gómez del Campo. Tiene usted la palabra.

La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Gracias, presidenta. Primero, decir que me parece cínico que el senador del PRD venga a hablar de este punto de acuerdo, cuando no llegó a la votación del mismo en la comisión.

Me hubiera encantado, senador, escuchar sus argumentos y compartirle que el PRD en la comisión, senador —si era tan importante para usted— compartirle además que el PRD votó a favor del mismo dentro de la comisión.

Quisiera, además, destacar aquí que me parece una pena, y esto nos ha venido ocurriendo en la Ciudad de México, parecería que no se pudiera hablar del gobierno del Distrito Federal, parecería que no se le pudiera cuestionar en temas que son cruciales para todos, como lo es el tema de la seguridad pública y de la procuración de justicia.

¿Por qué un exhorto? ¿Después de muchos hechos que hemos estado viendo en la Ciudad de México? Sí, reitero, sin estrategia, o por lo menos los ciudadanos hoy no contamos, no conocemos esa estrategia del gobierno actual, del gobierno de Miguel Ángel Mancera.

También, senador, pareciera que desconoce las cifras que su mismo gobierno, que la misma Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ha dado a conocer y diversas instituciones también.

El índice delictivo hecho por el Centro de Investigación para el Desarrollo, ubica al Distrito Federal como una de las 10 entidades del país donde la inseguridad afecta más gravemente a los habitantes. De ocho delitos considerados de mayor impacto, los capitalinos nos vemos severamente afectados en seis de ellos; robo de vehículo, con y sin violencia; robo a peatón, con y sin violencia; lesiones con arma blanca y extorsión.

El nivel de impunidad en la Ciudad de México. 75 por ciento de los casos de homicidios los culpables quedaron impunes.

México Evalúa elaboró un ranking de homicidios dolosos y cuántos de ellos terminan siendo sancionados; es decir, que los culpables sean juzgados. En 2010 en el Distrito Federal, de mil 61 homicidios, solo en 264 hubo castigo, solamente terminan sancionándose el 1.5 por ciento de los delitos denunciados; el 98.5 por ciento queda impune.

Senador, sin duda alguna usted vive en otro Distrito Federal, en un Distrito Federal que aquí desconocemos los capitalinos, porque pareciera que su realidad es otra.

Feminicidios. Un tema tan delicado y tan doloroso. El homicidio, de 2000 a 2010 en el Distrito Federal ha crecido en 7 por ciento, pero solamente el homicidio en mujeres creció 18.2 por ciento, según datos del Inegi; es decir, más del doble en solo 10 años. Somos la sexta entidad con más feminicidios en este país.

El costo de la inseguridad, según el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, el Distrito Federal anualmente pierde el 40 por ciento de su presupuesto de egresos por la inseguridad, lo que es equivalente al 2.5 por ciento del PIB, o a que cada capitalino pierda al año 5 mil 600. Esa cifra aumentó 10 por ciento en un solo año, de 2008 a 2009.

Pudiéramos hablar también de los reclusorios de la Ciudad de México, reclusorios costosos, plagados de corrupción e inservibles. Por cada recluso, los capitalinos pagamos en su manutención entre 35 y 40 mil pesos al año.

En las cárceles todo se vende —como a veces ocurre en las mismas tribus de su partido— espacios, los pases de lista, la comida, teléfonos, televisiones, las drogas. No existe un esquema de verdadera readaptación. Pudimos constatarlo hace unas semanas en un video que se expuso ante los medios de comunicación, que daban a conocer la triste realidad en la que se vive en las cárceles de la Ciudad de México.

Les pregunto, ¿al día de hoy hemos visto una estrategia para combatir lo que está ocurriendo en las cárceles del Distrito Federal? Senador, sin duda alguna vivimos en realidades muy distintas.

Por eso, nos atrevemos a presentar este exhorto para que el gobierno del Distrito Federal haga un planteamiento en materia de seguridad pública; 23 homicidios en 3 días, por supuesto que nos preocupan y nos ocupan.

El Distrito Federal además es sede de los tres Poderes. Todos los que estamos aquí vivimos en el Distrito Federal, aunque de manera esporádica tengan que acudir a sus estados vivimos en el Distrito Federal, hacemos política en el Distrito Federal, y claro que nos preocupa y nos ocupa que hoy no veamos una estrategia seria por parte del gobierno que encabeza Miguel Ángel Mancera. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra, discúlpenme. Quiere hablar el diputado Ricardo Mejía, lo tenía ya considerado para hacer uso de la palabra. El diputado Rodríguez Doval, por rectificación de hechos, ya me había solicitado la palabra, y en este momento también incluyo al diputado Silvano y al senador Demédicis, ¿cuál es el sentido?

El senador Fidel Demédicis Hidalgo (desde la curul): Por hechos.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Por hechos, en relación a lo que acaba de manifestar la senadora Gómez del Campo.

Tiene la palabra el diputado Rodríguez Doval...

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Discúlpeme, diputado Ricardo Mejía, tengo primero al diputado Rodríguez Doval y enseguida tiene usted el uso...

El diputado Fernando Rodríguez Doval (desde la curul): Presidenta, le cedo mi turno.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Cede el turno, muy bien. Cede su turno el diputado Rodríguez Doval y ya no va a tener intervención o sería posterior. Gracias.

El senador Mario Martín Delgado Carrillo (desde la curul): Yo también quiero la palabra.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Lo tengo registrado. Solicita usted la palabra por alusiones. Inmediatamente después del diputado Mejía Berdeja tiene usted la palabra, senador Mario.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidenta. Hago uso de la palabra, porque me llama la atención el doble rasero que hay en el tratamiento de dos temas similares.

En el caso del punto anterior, de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, ahí no se quiso particularizar. No se quiso que se dijera la grave crisis de inseguridad que vive la región lagunera de Coahuila y Durango y se presenta un punto de acuerdo genérico, donde se le pide al secretario de Gobernación que se implementen acciones de seguridad y se informe sobre lo que se está haciendo en todo el territorio nacional.

Sin embargo, vemos que en este punto de acuerdo, que tiene que ver con el Distrito Federal, lo que se hace es, ya casi se le instruye al gobierno del Distrito Federal a que diseñe un programa estratégico de seguridad para la atención y combate de los delitos de alto impacto.

Hoy por hoy, con todo y lo que ha pasado hace unos días, la región más segura del país, se saca un punto de acuerdo donde se le está prácticamente instruyendo a un gobierno —con nombre y apellido— al gobierno del Distrito Federal y en el anterior punto no se quiso tocar concretamente a los estados de Coahuila y Durango.

¿Qué es lo que pasa? ¿No quiere ofenderse a los gobernadores de Coahuila, como Rubén Moreira, que tiene un desastre en el estado, o a Jorge Herrera Caldera, que ahorita, precisamente, lo visita Peña Nieto, que está por allá? A ellos no se les quiere tocar y por eso se deslava el punto de acuerdo y se dice que para todo el país, cuando hay una problemática específica en una región del país, como antes lo fue en Ciudad Juárez o Tijuana.

Hoy hay un problema gravísimo en la Comarca Lagunera, pero no se quiere poner nombre y apellido, y en cambio, en el Distrito Federal sí, casi se le ordena a un gobierno que haga un programa de seguridad.

También, cuando tratamos el tema de Dragon Mart, también ahí fue una solicitud de información a los gobiernos para no afectar al gobierno de Quintana Roo, que claramente tiene metidas las manos en el tema de Dragon Mart y el hoy senador González Canto está metidísimo en el tema. Ah, pero cuando se trata del gobierno del Distrito Federal, ahí sí hay que ponerle nombre y apellido.

Por eso nosotros queremos subrayar esta incongruencia, este doble tratamiento, este doble rasero, cuando se trata de gobiernos de una característica y gobiernos de otra.

Seamos parejos. Cuando se trate de decir de un gobierno, sea del color que sea, se le señala y se le exhorta. Evidentemente, respetando la autonomía en su régimen constitucional, pero poniéndole nombre y apellido. No hagamos un doble rasero. Me parece que ésa es la incongruencia de fondo y el doble rasero de este punto de acuerdo.

Más allá del fondo, que me parece que es exagerado, dado que el DF ha sido, en estos años, con Marcelo Ebrard y con Miguel Ángel Mancera, bien gobernado, pero más allá del fondo que puede ser debatible está en el doble tratamiento; por eso no queremos dejar de subrayarlo, porque hace unos momentos votamos un asunto donde no se quiso hablar de una región y aquí sí se le pone nombre y apellido. Es cuanto, presidenta. Quiero nada más dejar constancia de lo anterior.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado Mejía. Tiene en este momento el uso de la voz el senador Mario Delgado. Adelante, señor senador.

El senador Mario Martín Delgado Carrillo: Muchas gracias. Cuando uno hace una comparación, comparar significa confrontar una cifra con otra. Lo que ya traje aquí fue una comparación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿de qué?, de la evolución de la incidencia delictiva contra lo que pasa en el promedio nacional.

No vi ninguna comparación en lo que se hizo aquí. Nada más faltó que nos dijeran que la Ciudad de México tiene 8 millones y medio de habitantes. Pues sí, pero comparado con qué. Y si lo comparamos a nivel nacional vemos que estamos mucho mejor que lo que ha ocurrido en nuestro país.

Por eso la insistencia y además la disposición que hay en el jefe de gobierno de informar a esta soberanía sobre las acciones que haya instrumentado en todos los temas que nos preocupan.

Creo que en ese sentido debería ir esta petición, porque si nosotros vamos a pedirles a todos los estados recomendaciones sobre seguridad pública o sobre características de programas de seguridad pública y ordenarles su instrumentación, me parece que nos vamos a tener que dedicar a eso, prácticamente como Cámara de Diputados o Cámara de Senadores.

No así el caso de que pidamos información, como muy bien lo ha dicho ya el diputado Ricardo Mejía, que fue el criterio que se siguió en los otros puntos de acuerdo, donde no hay una puntualización ante preocupaciones, como la que hoy está manifestando Acción Nacional respecto de la capital de la República, sino que hay una generalización respecto de todo el país, pero me parece una gran incongruencia que en el caso de la Ciudad de México se le dé un tratamiento diferente.

Pero miren, les podría repetir más cifras aquí, más datos y más comparaciones, pero me quedo con la calificación de la gente, y la calificación de la gente fue en la elección, y al responsable de la seguridad pública lo eligieron con más del 60 por ciento, y a quienes sostienen otras tesis pues los mandaron al tercer lugar.

Me quedo también con la percepción de los capitalinos, que todos los días —por ejemplo— salen a andar en bicicleta en Reforma o llenan las plazas públicas ante distintos eventos y donde la verdad —y comentarios de muchos compañeros que vienen del resto del país— se respira un clima de seguridad.

Si queremos llamar la atención sobre temas de la ciudad hay muchos otros, por supuesto que hay muchas insuficiencias que tiene la ciudad, las cuales se podrían debatir. Pero, ¿en seguridad pública? Bueno, pues ahí se los dejo. Muchas gracias. Ahí está la propuesta de que modifiquemos la redacción.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Senador, no tengo la propuesta por escrito. Necesito tenerla para poderla someter a votación.

El senador Mario Martín Delgado Carrillo: Se la doy en un minuto.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señor senador. Tiene en este momento la palabra el diputado Fernando Rodríguez Doval.

El diputado Fernando Rodríguez Doval: Con su venia, presidenta. El senador Mario Delgado ha hecho uso aquí de una práctica parlamentaria muy añeja, que consiste en desviar el debate, en meter cortinas de humo y hablar de otra cosa.

Cuando quiera, senador Delgado, hablamos de la estrategia de seguridad del presidente Felipe Calderón, como hace dos semanas lo hicimos en esta misma tribuna con el diputado Monreal. Cuando quiera damos ese debate. No tenemos miedo a darlo y a mostrarle datos y cifras duras. Pero en el momento de hoy estamos hablando acerca de la seguridad pública en el Distrito Federal.

Ya que usted habla tanto de los estudios de opinión, lo invitaría a que revise el estudio que quiera, de la empresa que quiera, que muestra que la principal preocupación de los habitantes del Distrito Federal es la seguridad pública, y eso es algo que a nosotros como legisladores del Distrito Federal —en el caso de usted y mío, y también por supuesto de la senadora proponente, Mariana Gómez del Campo— nos debiera preocupar.

Aquí no estamos para venir a justificar a capa y espada a un gobierno; aquí estamos para buscar lo que es mejor para la federación y por supuesto, también para cada una de nuestras entidades; en ese sentido sin duda los perredistas de la Ciudad de México tienen la piel muy sensible, se oponen a cualquier crítica, por pequeña que sea, al jefe de Gobierno, como si esta ciudad fuera un paraíso, como si todo fuera maravilloso.

Nosotros reconocemos algunos avances que han habido, no tenemos ningún problema en reconocer algunas políticas exitosas. Pero por lo mismo, también es nuestra obligación señalar todo aquello que está en la preocupación, no de nosotros como legisladores, sino de nuestros electores, y por eso venir a esta Comisión Permanente a presentar un punto de acuerdo, en donde se piden simple y sencillamente medidas preventivas, a mí me parece que es algo adecuado, que es algo correcto, que es algo lógico.

Lo que ha pasado en los últimos días en el Distrito Federal es ciertamente atípico, y perdón, senador Delgado, perdón compañeros del PRD, pero no nos satisfacen las explicaciones que han dado. Por ejemplo, en lo personal, al igual que muchos de los habitantes de esta ciudad, no nos creemos esta teoría de los perros asesinos. Perdón, pero no nos suena nada lógica. Nos recuerda más bien a aquellas historias que se inventaban hace años como la del chupacabras, cuando empezaron a ocurrir sucesos misteriosos y se inventa una figura mitológica para explicar algunos eventos que ocurrieron en varios estados del país.

Aquí esto de la jauría de los perros para explicar unas muertes muy misteriosas en Iztapalapa, no nos parece una explicación convincente; por eso mismo creemos que la autoridad tiene la obligación de darnos una explicación, y ése es el sentido de este punto de acuerdo.

No estamos prejuzgando. No estamos atacando. Simplemente estamos pidiendo respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal que implemente un programa estratégico de seguridad pública. ¿Quién se puede oponer a ello? Estamos pidiendo también que se implementen medidas de profesionalización y dignificación de la policía capitalina. ¿Quién se puede oponer a ello?

Por otro lado, nosotros reconocemos que el doctor Mancera triunfó con un margen muy amplio en la elección, pero eso no le da una carta de impunidad para hacer lo que quiera. Al contrario, esa votación tan alta que tuvo el doctor Mancera el pasado mes de julio, lo compromete a trabajar más que nadie en este tipo de problemas, como los que se han estado presentando.

Por último, también le quiero decir al diputado Ricardo Mejía, que no existe tal doble rasero. Le quiero nada más recordar que nosotros en la Primera Comisión —al menos hablo por los legisladores de Acción Nacional— sí estuvimos de acuerdo en que se incluyera también el tema de Durango y Coahuila. No juntamos la mayoría suficiente para que así fuera, pero nosotros no tenemos ningún problema. Más bien nos parece doble rasero pedir en Durango y Coahuila un programa específico y no pedirlo en otras zonas del país, como el Distrito Federal. Eso sí nos parece un doble rasero.

Insisto. Quiero dejar muy claro que no hay en este punto de acuerdo ninguna intencionalidad política, simplemente es atender el tema que ocupa hoy en día el primer lugar en la preocupación de los habitantes del Distrito Federal, que es la seguridad pública.

Por lo tanto, no aceptamos tampoco estos calificativos que se hicieron sobre los legisladores del PAN, que incluso se nos llamó cínicos. Bueno, ya cada quien se hará responsable de los agravios que venga a proferir a esta tribuna. Nosotros por supuesto nos conduciremos siempre con respeto, pero nosotros sí queremos dejar muy claro que éste es un tema que está en las preocupaciones de los capitalinos y por lo tanto, es nuestra obligación atenderlos. Es cuanto.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado. Tiene en este momento el uso de la palabra el diputado Silvano Blanco.

¿Sí, diputada? Gracias, un momentito.

El diputado Silvano Blanco Deaquino: Con su permiso, señora presidenta. Con el permiso de las compañeras legisladoras y de los compañeros legisladores. Soy integrante de la Primera Comisión y quiero puntualizar que no nos espanta a los militantes del PRD el tema de hacer alguna invitación o algún exhorto a alguna autoridad emanada de nuestro partido.

Pero ahí nosotros efectivamente, con el ánimo de no dejar de lado de que pudiese hacerse alguna solicitud de información y este exhorto al gobierno del DF, nosotros puntualizábamos, efectivamente, que en el caso del Distrito Federal, realmente se ha visto con mucha precisión que el tema de la seguridad está mucho mejor que en muchos de los estados del país y que en la mayoría de los estados del país. Digo, eso está clarísimo.

De que hay una intencionalidad de parte del PAN en este sentido, por supuesto que existe, porque la propia senadora propuso la misma redacción para el tema de Morelos y curiosamente un gobernador emanado del PRD. Es decir, la misma redacción. Ni siquiera tuvo la capacidad de hacer una propuesta distinta. Eso no pasó.

En ese sentido, lo digo con puntualidad, que a nosotros también nos preocupa el tema de que haya homicidios en el DF.

Dice ella: hubo 23 homicidios en el Distrito Federal y esto nos preocupa demasiado. Caray y según las cuentas extraoficiales, esos más de 100 mil muertos que provocó su presidente de la República, con una estrategia de seguridad totalmente incorrecta, nunca les preocupó, porque lógicamente que lo hizo con el ánimo de legitimarse. No hubo una estrategia que realmente viniera a solucionar el problema de seguridad del país, sino que lo agravó y es una situación difícil la que estamos viviendo en estos momentos, derivada precisamente de una incapacidad de un gobierno emanado de las filas de la proponente en este sentido. Entonces por supuesto que hay intencionalidad política, claro que sí.

Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que efectivamente el gobierno del DF haga un esfuerzo adicional y por supuesto, que pueda seguir haciendo una estrategia de seguridad, porque en el DF sí la hay, porque ahí están los resultados concretos y que a final de cuentas siga dándoles tranquilidad a la gente que vive en el DF, y a aquellos que estamos ocasionalmente en el DF, derivado de nuestras propias actividades.

En ese sentido, bien valdría la pena, al igual como los legisladores y legisladoras del PRI defendieron que a nivel federal solamente se hablara de que se solicite la información a la Secretaría de Gobernación, a ver qué está haciendo en relación a su estrategia de seguridad, pues igual en ese sentido debería de ser este punto de acuerdo y no un exhorto y con todo el contenido que tiene el propio documento, sino solicitarle al gobierno del DF que nos informe, porque aquí sí hay trabajo, aquí sí hubo capacidad de un gobierno emanado de la izquierda, como fue el caso de Marcelo Ebrard y no hubo irresponsabilidad, como sí la hubo con Felipe Calderón y que en su momento ustedes protegieron y siguen defendiendo algo que no tiene defensa. Es cuanto, muchas gracias.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado Silvano Blanco. Para alusiones, está pidiendo la palabra la senadora Mariana Gómez del Campo; se le concede y enseguida les concedería la palabra al senador Demédicis y a la diputada Lilia Aguilar posteriormente.

La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, presidenta. Solamente compartir algunos datos que me parece importante que tengamos en cuenta:

Primero, que durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, el primer operativo solicitado al gobierno del presidente Calderón fue concretamente solicitado por el gobernador de Michoacán, en su momento Lázaro Cárdenas, porque no podían con el estado.

Lo mismo en el estado de Guerrero —gobierno perredista— han solicitado en reiteradas ocasiones la presencia del Ejército.

Esto lo digo porque pareciera nuevamente que tenemos un doble discurso; por un lado pedíamos ayuda del gobierno federal y por otro los muertos. Desafortunadamente, en los diferentes estados, muchos de ellos —y usted lo sabe diputado— por delitos del fuero común, se los suman a la cuenta del gobierno federal, y esto es lamentable, porque pareciera aquí que queremos dar un debate de cifras.

Lo único que estamos buscando a través de este punto de acuerdo es; primero, hacer un exhorto; que se hagan las modificaciones al resolutivo que crean convenientes, no hay problema. Lo importante es que estamos hablando de un tema que es crucial para los capitalinos y que es el tema de la seguridad pública.

Ya lo decía aquí el diputado Rodríguez Doval: la preocupación en todas las encuestas que se hacen de la Ciudad de México es la seguridad pública, con más del 60 por ciento de los capitalinos que hoy dicen que la seguridad pública es lo que más les inquieta. Y esto no es a partir de los 23 homicidios; esto es en los últimos años en el Distrito Federal.

¿Por qué tener miedo a pensar en la profesionalización y dignificación de nuestra policía?

Quiero compartirles que uno de cada cinco policías de México labora en el Distrito Federal, 958 policías por cada 100 mil habitantes, cuatro veces más que el promedio internacional. Un policía raso en esta ciudad gana alrededor de 6 mil 100 pesos. Un policía federal raso gana alrededor de 12 mil pesos. Un salario digno sin duda es la mejor herramienta para combatir la corrupción.

Quiero mencionarles que en los últimos años también desde la tribuna de la Asamblea Legislativa insistimos en aumentarles el sueldo a los policías de la Ciudad de México para tener policías más eficientes, para combatir de lleno el tema de la corrupción, que va de la mano, por supuesto, de la capacitación y profesionalización de los cuerpos policiacos, cosa que al día de hoy no ha ocurrido en el Distrito Federal.

Por último, cifras que tienen que ver con ministerios públicos, y no quiero dejar de aprovechar esta tribuna para compartirlas. Están reprobados: 4.5 de calificación en encuestas. Sin duda urgen exámenes de control de confianza, tanto a los policías judiciales como a los agentes del Ministerio Público.

Establecer indicadores, porque no es posible que sigan haciendo mal el trabajo. Sí reciben denuncias de apenas el 20 por ciento de los delitos que a diario se cometen, e imperdonable que no se resuelvan ni el 2 por ciento de estos casos.

Lo digo en esta tribuna, porque en la ciudad pareciera que al PRD no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa, pues aquí en la Comisión Permanente sí los podemos tocar, hasta con el pétalo de una rosa, senadores y diputados del PRD.

Me parece crucial que desde esta Comisión Permanente le entremos fuerte al tema de la seguridad pública y no nos esperemos a que sigan ocurriendo más primeros de diciembre; no nos esperemos a que sigan ocurriendo más toma de oficinas de gobierno federal por parte del SME, o de cualquier otro sindicato.

No nos esperemos también a que tengamos más casos de perros exonerados. No nos esperemos a ver perros en las diferentes delegaciones exonerados. Fueron culpables o no los perros en la Ciudad de México.

Qué triste que ese sea el nivel del debate en la Ciudad de México cuando se habla de seguridad pública y de procuración de justicia. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias senadora. Tiene en este momento el uso de la palabra el senador Fidel Demédicis. Adelante, señor senador.

El senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, compañera presidenta. Compañeros y compañeras senadoras y senadores. Compañeras y compañeros diputados y diputadas. Sin duda que el tema de la seguridad es uno de los temas más polémicos que existen en este momento. Sin embargo, cada quien tiene que asumir sus responsabilidades. Ahí está la historia.

¿Qué pasa en 12 años de gobierno de Acción Nacional a nivel federal? ¿Qué pasa en más de 12 años de gobierno del PRD en el Distrito Federal? Veamos la comparación.

Se decía que el PRD pareciera que es el paraíso; pues sí, comparado con otras entidades federativas, el PRD es el paraíso, compañeros de Acción Nacional. No lo decimos los perredistas, lo dicen organizaciones tan serias, como la Organización de las Naciones Unidas, mediante el Programa de la ONU para el Desarrollo, que le da al Distrito Federal el primer lugar en índice de desarrollo humano de todas las entidades del país, en donde se contemplan aspectos como la salud, como la educación y el ingreso per cápita. Hablan de estadísticas, revisen las estadísticas.

¿Qué deja el gobierno de Calderón y de Fox? Deja desesperanza en el pueblo de México, deja una terrible psicosis colectiva en este país, y yo digo: con excepción del Distrito Federal, nadie, absolutamente nadie puede caminar tranquilo por las calles de su entidad federativa.

Se dice que fueron más de 100 mil muertos de la guerra inútil de Calderón, solamente que hay otros muertos que no se cuentan y que son los que se mueren de hambre en este país; según el Inegi y el Coneval, en la última década, de 2000 a 2010 —imagínense— fallecieron 87 mil mexicanas y mexicanos de todas las edades, por hambre.

En esta década, sin contar 2011 y 2012, se murió una persona por hora. Eso es lo que dejaron los programas de Acción Nacional y del gobierno de Fox y de Calderón.

Hoy —como ya no están en el gobierno— pretenden ver la viga en el ojo ajeno, pero son incapaces de mirar el terrible daño que le hicieron al pueblo de México.

Es inaceptable que alguien venga a sacar la cara por un gobierno de oprobio y efectivamente, no lo decimos nosotros los perredistas, lo dice el elector al momento de depositar el voto en la urna.

Escandalosamente perdieron el Distrito Federal, aunque intentaron utilizar la figura de una señora que se dice defensora de los derechos humanos; escandalosamente perdieron el estado de Morelos, porque tuvieron dos gobernadores que lastimaron profundamente a esa entidad federativa. Tercer lugar en las elecciones; no ganaron un solo distrito local de mayoría, perdieron todo, porque el gobierno de Sergio Estrada Cajigal y el gobierno de Marco Antonio Adame Castillo le entregaron malos resultados al pueblo. Ése es el asunto.

Compañeras, compañeros, el tema de la seguridad sin duda que es un asunto de todos y es correcto que se revise, pero que no se pretenda hacer escarnio donde no se puede hacer escarnio. Ahí están las cifras de la ONU, que no son cifras sacadas de la manga y respetuosamente, con toda la cortesía parlamentaria, creo que debemos tratarlos aquí.

Concluyo diciendo lo que planteaba la sesión pasada: cuando el debate ya no da para más, el debate se convierte en denostación. Afortunadamente los perredistas somos muy maduros, estamos acostumbrados al debate, no tenemos la piel sensible y tratándose de la defensa de este país, siempre nos ponemos en primera fila. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, senador. Tiene en este momento la palabra, porque me lo ha solicitado por rectificación de hechos, el diputado Rodríguez Doval y posteriormente la diputada Lilia Aguilar.

El diputado Fernando Rodríguez Doval: Gracias, presidenta. Me veo obligado a subir nuevamente ante lo que acabo de escuchar hace unos minutos. Dice, palabras más, palabras menos, el senador Demédicis, que donde gobierna el PRD —y así lo dijo— es el paraíso.

Bueno, en Morelos gobierna el PRD, de hecho usted, senador, es de ahí, de Morelos, y usted mismo propuso un punto de acuerdo contra su propio gobernador, de su propio partido, reprobando la situación del estado en materia de seguridad.

Usted, por ejemplo, está solicitando, en el punto de acuerdo que acabamos de votar hace unos minutos, una mayor participación de las fuerzas federales y militares en el estado de Morelos. Ésa es la política de Calderón, mi estimado senador, lo mismo que usted está proponiendo, de la misma manera, como en su momento el gobernador perredista de Michoacán, el entonces gobernador Lázaro Cárdenas, solicitó al gobierno federal del presidente Calderón, la intervención de las fuerzas militares y del Ejército, de la misma manera que en su momento —y además en reiteradas ocasiones— el gobernador perredista de Guerrero, Ángel Aguirre, ha solicitado la intervención de las fuerzas federales y le solicitó también al presidente Calderón la intervención del Ejército en el estado de Guerrero, donde, por cierto, estos tres estados, Morelos, Guerrero, Michoacán, gobernados en ese momento cuando pidieron la intervención de las fuerzas federales por el PRD.

Aquí volvemos a lo que ya señalaba la senadora Gómez del Campo: a un doble discurso; venir aquí a esta tribuna o a los medios de comunicación a decir una cosa y hacer otra, completamente distinta, cuando son gobierno, cuando son rebasados completamente por el crimen organizado, como el caso de Guerrero, por cierto, estado del diputado Silvano Blanco.

Guerrero es un estado donde las condiciones de inseguridad son tales, que incluso han surgido grupos armados de autodefensa, que incluso ya generaron algunas muertes en el municipio de Ayutla, precisamente porque la seguridad pública y porque el gobierno estatal está completamente rebasado. Esos son estados gobernados por el PRD, no son precisamente un paraíso, señor senador Demédicis, más bien pareciera que son un infierno. Por eso mismo nos sorprende la incongruencia. Ya que hemos hablado aquí de congruencia, nos sorprende la incongruencia de algunos compañeros del PRD.

A ver, senador Demédicis, ojalá nos pueda responder. De hecho, le quería hacer esta pregunta desde mi curul, ¿por qué usted está solicitando la intervención militar en su estado, en Morelos? ¿Por qué usted está solicitando a esta Comisión Permanente que le pidamos a su gobernador perredista que revise el nombramiento de su secretario de Seguridad Pública? ¿Ése es el paraíso? Repito.

No señores, aquí no vale el populismo ni valen estas políticas de los buenos y los malos; nosotros ya lo hemos dicho muchas veces: cuantas veces sea necesario vamos a subir a esta tribuna a hablar con claridad, y si quieren hablamos de la estrategia de Felipe Calderón, con mucho gusto, pero sin dobles discursos, sin doble moral, reconociendo quiénes fueron los primeros que solicitaron operativos militares y operativos conjuntos al gobierno federal.

Con mucho gusto vamos a hablar, cuantas veces sea necesario, ¿por qué? Porque el tema de la seguridad pública es precisamente un tema que no se debe politizar, que se debe atender con la mayor seriedad. Aquí no se vale que porque el gobierno de mi estado es de un signo partidista voy a tomar una resolución distinta a la que puedo criticar en otros estados.

Nosotros en el PAN hemos sido muy claros. Nos hemos pronunciado porque cada estado —y da igual el partido que lo gobierne— tome las medidas necesarias en materia de seguridad pública. Porque cuando no lo hacen es cuando le van a llorar a la federación y cuando van a pedir las intervenciones de las fuerzas de seguridad del Estado, de las fuerzas federales y de las fuerzas militares, para que ellos sean los malos. Ésa es la historia que en buena medida ustedes han construido en torno al sexenio de Felipe Calderón, pero nunca han hablado de todas las omisiones en las pruebas de control de confianza, de todas las omisiones en las certificaciones de los cuerpos policiacos de los órganos de procuración de justicia de sus estados. Aquí vamos a hablar claro y cuando quieran vamos a dar el debate. Es cuanto.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado. Me ha pedido la palabra, por alusiones, el senador Fidel Demédicis. Adelante, señor senador.

El diputado Silvano Blanco Deaquino (desde la curul): Presidenta. Pido la palabra para hechos.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Claro, señor diputado Blanco, para hechos.

El senador Fidel Demédicis Hidalgo: Decirle a los compañeros que han hecho uso de la palabra, en especial el último compañero, que en el PRD estamos comprometidos únicamente con nuestro pueblo, que no somos paleros ni somos tapaderas absolutamente de nadie, y en ese sentido ejerzo mi libertad de crítica.

Lo he dicho, tratándose del beneficio del pueblo seré el colaborador más comprometido con las causas de este país, aunque el presidente sea Peña Nieto, aunque el gobernador de Morelos sea Graco Ramírez o aunque el gobernador de Guanajuato sea un panista.

Ésa es la diferencia entre ustedes y nosotros, que nosotros tenemos esa libertad de actuación. Jamás tratándose de los intereses del pueblo vamos a solapar absolutamente a nadie y esto lo quiero dejar muy claro, el senador Demédicis no establece complicidades absolutamente con nadie, para que no vengan aquí con cosas del doble discurso.

Por supuesto que estamos y seguiremos solicitando, y ojalá y la comisión ya dictamine pronto ese punto de acuerdo, la comisión respectiva, porque Morelos está que arde. No es un problema del actual gobierno, es un problema de los gobiernos panistas que se vincularon con la delincuencia organizada.

La propia Barbie señala, y ya solicitamos a la PGR, en su momento, con el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Morelos, que vincule al ex gobernador Adame, por las declaraciones que hace La Barbie, de que fueron los más altos mandos de gobierno del estado de Morelos quienes autorizaron su liberación, cuando el hoy encarcelado, ex secretario de Seguridad Pública de Estrada y de Adame, lo liberaron.

Cabeza de Vaca —dice La Barbie— me dio una dádiva de 50 mil dólares, pero cuando mi jefe, El Barbas, le solicitó a los más altos mandos del gobierno de Morelos me dejaron en libertad. Ahí está el asunto, ahí está el asunto.

Por supuesto que seguiremos solicitando —ya se lo pedí personalmente al ciudadano Graco Ramírez Garrido— que revise lo que está sucediendo con algunos nombramientos que hizo. Tengo la libertad de hacerlo, porque no soy palero de Graco.

Ustedes —a diferencia— defienden lo indefendible, como venir a la tribuna más alta del país a defender a quien incluso está denunciado por crímenes de lesa humanidad en las Cortes internacionales. Ahí sí se requiere ser —iba a utilizar un término que pudiera parecer grosero— pero ahí sí se requiere tener valor civil para pararse ante el pueblo de México y decir que tenemos la cara limpia y que por eso lo hacemos.

Compañeros, insisto, el tema de la seguridad es un tema que efectivamente no debe politizarse, es un tema que compete absolutamente a todos al margen de los colores.

No coincido efectivamente con las cortinas de humo; vamos al grano, porque el pueblo de México requiere la actuación sincera, decidida de sus legisladores para que coadyuven a resolver este problema gravísimo que aqueja a todo el país. Ojalá que así lo hagamos y nos dejemos de situaciones que solamente nos hacen ver mal ante la opinión pública del país. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, senador Demédicis. Han declinado en su participación algunos oradores por alusiones y rectificaciones; entonces, le concedemos el uso de la palabra a la diputada Lilia Aguilar, para que inmediatamente después someter a votación de esta asamblea primero la modificación que ha solicitado el senador Delgado y después proceder.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Pareciera ocioso que después de que el PAN y el PRD han firmado la paz para no seguir diciéndose de cosas en esta tribuna, yo —que soy del Partido del Trabajo, que no soy del Distrito Federal ni de ninguno de los estados en comento—venga a dar una posición. Pero la considero importante, porque la discusión que estamos teniendo el día de hoy aquí no afecta solamente al Distrito Federal ni al PAN ni al PRD.

Finalmente, creo que hay datos que hay que compartir —como bien dijo la senadora Mariana Gómez del Campo— que no necesariamente tienen que ver con el Distrito Federal, y estos son datos oficiales y que todos conocemos, como el hecho de que —según la Presidencia de la República del gobierno saliente— hubo 60 mil muertos oficiales, y voy a decir: por muerte de arma de fuego, de ahorcamiento, de encajuelamiento, etcétera. Esos no son datos que damos los que estamos en contra de esta guerra absurda en la que se nos incluyó.

Hay algunos que dicen que son más de 100 mil muertos, pero hay otros números que son ciertos y que también reportó este gobierno de Felipe Calderón, que fue que los homicidios violentos de 2006 a 2010 subieron 219 por ciento, lo cual significaba 104 asesinatos diarios violentos, y que 65 mil jóvenes ingresaron al crimen organizado, mientras había una tasa de desocupación del 79 por ciento, en el periodo de julio de 2007 a julio de 2012.

¿Por qué estoy dando estos datos? Porque finalmente pareciera aquí que los únicos que tienen una preocupación por el tema de seguridad están en el Distrito Federal.

Le queremos decir a la senadora Mariana Gómez del Campo y al diputado Fernando Rodríguez que no, que estamos en todo el país, que esta discusión la tuvimos el día de hoy en la mañana en la Primera Comisión de esta Comisión Permanente y nosotros dijimos, con mucha claridad, mientras se discutía un tema similar de los diputados del Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía y el diputado coordinador de esta fracción, que no solamente necesitamos que se nos informara sobre las acciones de seguridad, sino que necesitábamos que se implementara en los estados en los que no se están implementando estas medidas de seguridad.

Aquí —creo yo— vale hacer un comentario, que me parece una falta de respeto completa del diputado Fernando Rodríguez, de decir que los gobernadores venían a llorar al Ejecutivo, a pedirle ayuda, cuando fueron ustedes, en este gobierno de Felipe Calderón —y que conste que el PT no tiene ningún diputado y no estoy defendiendo a nadie— cuando fue precisamente el gobierno de Felipe Calderón el que nos metió en esta guerra.

Decir que los gobernadores venían a llorar, cuando lo que en realidad venían a hacer era pedir ayuda para solventar la falta de elementos policíacos, porque estábamos en una guerra cruzada.

Soy de Chihuahua, y le quiero decir que no es nada placentero estar en esta guerra en la que nos metió Felipe Calderón. Me parece una falta de respeto, sea del PRI, del PRD o del PAN, porque no creo que los gobernadores hayan venido a llorar, sino que vinieron a pedir la ayuda que el federalismo y esta República debe de otorgar.

Cerraría diciendo: la seguridad no es un tema político de discusión del Distrito Federal o de Graco Ramírez. Es un tema de discusión, de interés de todos nosotros y necesitamos saber cuál es la nueva estrategia de seguridad de este gobierno federal.

Es lo que nosotros le decíamos hoy en la mañana al presidente de la Primera Comisión de la Comisión Permanente: No pidamos un informe solamente, pidamos un informe, pero además pidamos que se aplique este sistema de seguridad y de coordinación con los organismos estatales donde no los haya, porque si muchos de ustedes no se han dado cuenta hay —como ya se ha dicho en esta tribuna— algunos estados donde el tema de la seguridad se ha —por decir lo menos— vuelto un poco más violento.

Sí creo que hay, no un doble rasero, a la mejor una doble forma de ver las cosas, cuando con este punto de acuerdo que se dictaminó de Ricardo Mejía, en contra para solamente pedir que se informara y no se implementara, podía haber entrado el Distrito Federal, senadora Mariana Gómez del Campo, porque el Distrito Federal también es parte de toda la República, como dijeron sobre Durango y Coahuila.

El haber sacado este dictamen el día de hoy y decir que se implementaron las medidas de seguridad en toda la República —como lo pedía el Movimiento Ciudadano— hubiera solventado este punto de acuerdo que usted ahora está presentando, porque insisto, el DF, como Durango y como Coahuila, es parte de toda la República.

Terminaría diciendo que el Partido del Trabajo apoya el cambio de redacción que ha propuesto el senador Mario Delgado y que dejemos tratar de hacer de esta Comisión Permanente un tema de peleas entre estados y a ver quién es más corrupto o quién es menos corrupto y tratemos de resolver los problemas nacionales de forma nacional. Muchas gracias.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputada. Le pido ahora a la Secretaría que dé lectura a la propuesta hecha por el senador Mario Delgado a la modificación del punto y posteriormente, que se consulte a la asamblea si se acepta esta modificación.

La Secretaria Mirna Esmeralda Hernández Morales: Sí, señora presidenta.

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, a que informe de los programas de seguridad pública para la atención y combate de los delitos de alto impacto, así como sobre las acciones que adoptará para atender la situación que se ha presentado en días recientes.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, a que informe sobre las estrategias de profesionalización y dignificación de la policía capitalina que contemplen incentivos y capacitación continua para atender situaciones de riesgo y combate a delitos de alto impacto, como el homicidio, el secuestro, la extorsión y el robo con violencia.

Tercero. La Comisión Permanente hace un respetuoso exhorto al Gobierno del Distrito Federal, para que en materia de procuración de justicia informe sobre programas o acciones sobre capacitación y mejora en la eficiencia de los agentes del Ministerio Público y de las policías de investigación.

Cuarto. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, a que informe sobre los programas de modernización de los esquemas de readaptación social en los reclusorios de la Ciudad de México y estrategias para garantizar la suficiencia del personal de seguridad y custodia en éstos. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias. Sométalo entonces, por favor, a votación, si se acepta esta modificación.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: En votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señora secretaria. En tal virtud, queda aceptada la modificación. Por tanto, le pido a la Secretaría que ahora consulte a la asamblea si se aprueba este punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Sí, señora presidenta. En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Los legisladoras y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, secretaria. Aprobado. Comuníquese.

A continuación, pasamos al tema de iniciativas y por tanto, le pido a la Secretaría que dé lectura a las iniciativas recibidas.

CODIGO CIVIL FEDERAL

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Iniciativa que deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, suscrita por las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña y Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del PRD

Las suscritas, Verónica Beatriz Juárez Piña y Alfa Eliana González Magallanes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La institución de los esponsales desde hace mucho tiempo se encuentra inoperante, obsoleta e inadecuada a las necesidades reales de la población, en virtud de que ya no responde a las expectativas de la sociedad actual.

Dado que la naturaleza de la institución de los esponsales es una promesa de matrimonio que se hacen los futuros contrayentes, dicha promesa no genera derechos ni obligaciones a futuro, en virtud de que el matrimonio sólo adquiere validez jurídica al llevarse a cabo con las solemnidades y los requerimientos que establece el Código Civil Federal.

Así, tal promesa de matrimonio sólo tiene importancia desde el punto de vista de la costumbre, pero no desde el punto de vista del derecho civil mexicano, por lo que la ley no obliga a contraer matrimonio ni a ejecutar lo que se hubiese convenido entre las partes para el caso de que no se cumpla.

Lo anterior muestra que en la actualidad, debido a la liberalización de costumbres y a la disminución de la importancia social del matrimonio, los esponsales no tienen gran relevancia jurídica, aunque en el plano social perviven bajo la forma de noviazgo.

Al respecto, la “Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios”, en el artículo 1o., inciso 1), prohíbe la institución de los esponsales por considerarlos prácticas reprobatorias de la sociedad, al señalar lo siguiente, cito textual: “No podrá contraerse legalmente matrimonio sin el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes, expresado por éstos en persona, después de la debida publicidad, ante la autoridad competente para formalizar el matrimonio y testigos, de acuerdo con la ley”.

Conforme a esta premisa, en los países desarrollados no se considera la institución de los esponsales por razones amplias. En cambio, en nuestro país pese a que dicha figura jurídica dejó de ser vigente para el derecho positivo mexicano, aún en nuestro Código Civil Federal está prevista, por lo que la presente iniciativa tiene como propósito derogar de dicho ordenamiento la figura jurídica de los esponsales, toda vez que es una práctica que ya no produce consecuencias legales.

Es importante destacar que entidades federativas como Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Jalisco, Distrito Federal, México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y Zacatecas son ejemplos claros de cambios normativos, donde los legisladores han derogado la institución de los esponsales en los Códigos Civiles.

Ahora bien, con estos cambios que se dan en la sociedad es imposible ignorar lo evidente, pues la misma sociedad exige que el derecho evolucione y se mantenga a la vanguardia de otros países e incluso de otras entidades federativas del país. Por ello, el legislador permanente no puede pasar por alto estos cambios en beneficio del pueblo de México.

Si bien es inaceptable que pese a los avances referidos en el derecho internacional y en el nacional aun conservemos en el Código Civil Federal y en otras entidades federativas como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Tlaxcala, Tamaulipas, Tabasco, Sinaloa y Veracruz la institución de los esponsales, por lo cual estimamos necesario derogar del Código Civil Federal todo el capítulo I, “De los esponsales”, del título quinto, “Del matrimonio”.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se derogan los artículos 139 a 145 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Código Civil Federal

Artículo 139. Derogado.

Artículo 140. Derogado.

Artículo 141. Derogado.

Artículo 142. Derogado.

Artículo 143. Derogado.

Artículo 144. Derogado.

Artículo 145. Derogado.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.— Diputadas: Verónica Beatriz Juárez Piña, Alfa Eliana González Magallanes (rúbricas).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para dictamen.

LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Flores Morales: «Iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 77 de la Ley Federal de Radio y Televisión, suscrita por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 77 de la Ley Federal de Radio y Televisión, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México tiene una población de 112 millones 336 mil 538 personas, según datos del Inegi, y es considerado un país cien por ciento futbolero, ya que buena parte de su población es hacia este deporte a donde dirige su preferencia.

Para la mayoría de las personas, no existen mejores fines de semana que en los que disfrutan de un buen partido de futbol soccer, ya sea en el estadio o frente a su televisor, en compañía de la familia o los mejores amigos y amigas. Y no solo eso, el balón pie mexicano se ha perfilado por encima de muchos otros deportes, como generador de cohesión social, esparcimiento y sano desarrollo de la convivencia social.

En México y otros países, diversos autores estudiosos del comportamiento de los seres humanos en sociedad han calificado a tal predominancia del deporte como un “fenómeno cultural que construye identidades y sentido de pertenencia”.

Sin embargo, la participación activa de la afición de cualquier equipo –porras-, de cualquier liga o de cualquier federación, junto con los compromisos de los directivos y dueños de los equipos, han provocado la conjugación de múltiples intereses económicos que no resultan de sencilla solución.

Es así como de manera recurrente conocemos información sobre los conflictos que mueven al fútbol profesional, que más que un deporte de competencia, se ha convertido en un jugoso negocio que mueve la Federación Mexicana de Fútbol, AC, (FMF), no sólo en aspectos como la contratación y transferencia de los futbolistas, sino también lo que se refiere a los aspectos de publicidad y transmisión en medios electrónicos.

Muestra de ello, es el siguiente ejemplo. Los derechos para la transmisión televisiva de algunos encuentros de fútbol del torneo regular, han sido cedidos al sistema de televisión satelital por cable, lo cual permite que se debe estar inscrito pagando una cantidad que oscila entre 169 pesos a 734, de cuota mensual con cobertura mínima de 18 meses (7 mil 2 pesos), y posteriormente contratar el evento. Situación que deja fuera de la posibilidad de acceso visual al evento de un buen número de las y los interesados en el encuentro deportivo.

Hasta hace algunos años todos los partidos del fútbol mexicano se transmitían en vivo por tv abierta, esto incluía los mundiales en donde las televisoras presentaban su mejor cartelera para captar la atención de los aficionados. Sin embargo, desde el 2000 se comenzó a restringir un partido por semana y este sólo se transmitía por sistema de paga.

Es por ello que resulta inaceptable, que en un país donde la afición es mayoritariamente futbolera tengamos que ver los partidos en televisión de paga y el grueso de la población conformada por 112 millones 336 mil 538 personas donde 29 millones 7 mil 139 hogares cuentan con televisión, lo que representa el 94.9 por ciento de la población, mientras que tan sólo 9 millones 849 mil 450 hogares mexicanos cuentan con servicio de televisión de paga. Pero con un ingreso salarial de 62.33 pesos de zona A o de 59.08 pesos en la zona B por día, lo cual es definitivamente imposible el recurrir al pago del espectáculo futbolístico por televisión de paga, si es que quiere seguir y conocer los pormenores del evento.

Por lo anterior, consideramos que la transmisión de los partidos de fútbol del torneo regular por televisión de paga, es una medida excluyente y discriminatoria, que de continuar, en breve convertiría al fútbol en un espectáculo selectivo con acceso exclusivo para aquellos y aquellas que cuenten con recursos económicos suficientes para permitirse su disfrute, dando paso a un evento “elitista”, donde sólo unos cuantos podrán ver el futbol, dejando al aficionado que sólo tenga tres opciones para conocer sobre su equipo preferido, asistir al estadio, enterarse por medios de comunicación (radio, twitter, facebook, etc.) y/o esperar los resúmenes de los programas a nivel nacional. Situación inaceptable cuando se trata de los pocos espectáculos que permiten el esparcimiento del grueso de la población, por lo que deben ser eventos al alcance de todos y de todas las aficionadas.

Sin duda alguna, los partidos por televisión abierta son una tradición en nuestro país en donde siempre contábamos con partidos los viernes, los sábados y los domingos, pero a últimas fechas se ha comenzado a restringir los encuentros para que la gente ya no los disfrute en su hogar, por lo que se ha perdido la tradición futbolera que teníamos desde hace varios años.

Por ello, es importante demandar a los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol y las empresas televisivas, muestren mayor compromiso con el deporte y la afición que los apoya trasmitiendo los partidos de los equipos nacionales de primera división por la televisión abierta como lo hacen otras naciones de gran arraigo futbolístico, como España, Argentina e Inglaterra, donde existe la obligación para las empresas de televisión. De transmitir en Directo y en Señal Abierta los partidos de sus selecciones y sus clubes en torneos oficiales. Esto por supuesto, en los países antes mencionados, fue resuelto por la vía de la legislación.

Somos millones los mexicanos y mexicanas discriminadas por estas restricciones económicas para acceder a los encuentros de futbol de los torneos regulares, que deben estar al alcance de todo público, esto es también una forma de acercarnos a la democracia, ya que el fútbol es el deporte que más se practica y del que más gustan las mexicanas y los mexicanos.

En virtud de lo expuesto, propongo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona un párrafo al artículo 77 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

Artículo 77. Las transmisiones de radio y televisión, como medio de orientación para la población del país, incluirán en su programación diaria información sobre acontecimientos de carácter político, social, cultural, deportivo y otros asuntos de interés general nacionales o internacionales.

En el caso de los partidos de futbol soccer correspondientes a los torneos regulares del campeonato de primera división y los de la selección nacional de este deporte, serán transmitidos por los canales de la televisión abierta nacionales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Dato de la página electrónica del Inegi, consultada el 2 y 3 de diciembre de 2012.

2 Dato; Inegi. Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares. 29 de noviembre de 2012.

3 Dato de la página electrónica del SAT, diciembre 2 de 2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.— Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Túrnese a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, para dictamen.

ARTICULOS 25, 73, 74, 76, 79, 89, 108, 115 Y 122 CONSTITUCIONALES

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para regular la deuda de estados y de municipios, suscrita por el senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, Armando Ríos Piter, Raúl Morón Orozco y Benjamín Robles Montoya integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; y, 164 numeral 3 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para regular la deuda de estados y municipios, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la última década, el fenómeno del endeudamiento de estados y municipios se ha convertido en una de las principales preocupaciones del Congreso de la Unión, su crecimiento y los riesgos inherentes por las características del sistema financiero de las entidades federativas, que dependen en su mayoría, de los recursos de la federación, que encuentran en el uso de este instrumento de política pública, la respuesta a las amplias demandas de la ciudadanía en materia de infraestructura social en el sector educativo y social.

El fenómeno del endeudamiento subnacional, que comprende a estados y municipios, abarca el amplio espectro de partidos que han tenido la oportunidad de gobernar, sin embargo, la experiencia internacional y la actual problemática que vive España con el endeudamiento de sus autonomías, nos obliga a plantear una profunda reforma que ponga orden a las finanzas públicas de los tres niveles de gobierno en México, a fin de evitar toda posibilidad de reincidir en rescates financieros de bancos y de gobiernos estatales o municipales con recursos públicos.

La discusión de la regulación estatal debe ser tomada desde el Senado de la República, con el debido respeto de los avances en materia de federalismo fiscal, y el efecto de que tiene para las finanzas públicas en su conjunto, el deterioro progresivo y acelerado de las finanzas estatales para el sistema de pagos y la percepción de riesgo país.

En los últimos 20 años se han observado rescates públicos como resultado de la liberalización financiera en ausencia de marcos regulatorios prudenciales en las finanzas públicas subnacionales. La recurrencia de crisis fiscales a causa del sobreendeudamiento y el apalancamiento de los estados o regiones con el sector financiero, que provocan en un breve periodo que el costo y el servicio de la deuda supere toda capacidad de pago en el corto plazo y dificulte su refinanciamiento.

Las crisis fiscales y de deuda subnacional se ha experimentado en países como Brasil, Colombia, México, Bolivia, específicamente el caso más dramático fue en Brasil. El 6 de enero de 1999 Itamar Franco, gobernador del estado Minas Gerais, el segundo estado más grande del país (Itamar Franco fue presidente del Brasil entre 1992 y 1994), declaró la moratoria de 90 días para el pago de sus compromisos de deuda, como consecuencia de la decisión del gobierno federal de reducir las contribuciones a los estados y de exigir a éstos mayor equilibrio en sus cuentas. Este compromiso equivalente a 67 millones de dólares era la cuota correspondiente para una deuda que en su totalidad suma 15 mil millones de dólares. Estas cuotas formaban parte de un arreglo que se hizo con 24 estados brasileños para la cancelación de su deuda con la unión mediante mensualidades por un periodo de treinta años. Itanar Franco y otros seis gobernadores estatales, que asumieron el cargo días antes de la moratoria, encontraron las haciendas vacías, en déficit y enormes saldos pendientes por pagar. La rebelión fiscal de siete mandatarios estatales contra el gobierno federal sembró la desconfianza de inversionistas internacionales sobre la estabilidad financiera de Brasil. El golpe fulminante lo dio el gobernador de Río Grande Do Sul el 11 de enero al expresar la incapacidad para cumplir con el pago de su cuota por un monto de 47.5 millones de dólares.

La declaración de moratoria del gobernador de Minas Gerais creció entre los inversionistas el temor de que tal situación se repitiera en los demás estados. La posibilidad de que el gobierno federal tendría que absorber las deudas estatales provocó ventas de pánico tanto de bonos soberanos como del Real, la moneda brasileña. Técnicamente, un estado brasileño no puede declarar moratoria, ya que en ese caso el gobierno federal simplemente frena sus transferencias hasta cubrir el saldo de los pagos no cubiertos. Sin embargo, no funcionó para serenar a los mercados financieros en el corto plazo. Entre enero y marzo de 1999, el Real perdió dos tercios de su valor y se despertó el miedo de que la inestabilidad financiera volviera a causar la pesadilla de la hiperinflación.

En sus memorias el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso sostiene: “Por décadas, las deudas estatales se sufragaron con la impresión de billetes, ahora con esa alternativa cerrada, los estados no se han sujetado a los mismos controles presupuestarios del gobierno federal. Itamar, lo debería tener muy claro, 77 por ciento del presupuesto de Minas Gerais estaba asignado a pagar los salarios de los trabajadores del gobierno”.

La lección de Minas Gerais en materia de deuda subnacional es clave para la fundamentación del presente proyecto de Ley, la hipótesis de convergencia de distintos factores que llevaron a su respectiva crisis financiera en 1999, las causas giran con epicentro alrededor del agotamiento de la credibilidad y su respectivo impacto sobre las expectativas del mercado, al igual que la crisis de los Estados Unidos, once años después, la burbuja inmobiliaria, que aunado con un estancamiento económico y crecimiento del desempleo en 2008, llevo a la quiebra de medio centenar de bancos y entidades financieras. Este colapso arrastró a los valores bursátiles y la capacidad de consumo y ahorro de la población. En septiembre de ese año, los problemas se agravaron con la bancarrota de diversas entidades financieras relacionadas con el mercado de las hipotecas inmobiliarias, como el banco de inversión Lehman Brothers, las compañías hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac o la aseguradora AIG, las consecuencias de la crisis subprime todavía hace sentir sus efectos en la deuda de diversos países en Europa, especialmente en Grecia y España. Existen varias lecciones para las autoridades regulatorias que fundamentan la presentación de este proyecto, que incluso forman parte de los nuevos acuerdos de G-20 sobre las reformas a la arquitectura financiera internacional:

a) Un nuevo tipo de crisis financiera: La crisis 2008-2012 puso a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones regulatorias a nivel mundial ante la presencia de un nuevo tipo de crisis denominada “sistémica”, que se presenta cuando una empresa o un conjunto de ellas se descapitaliza o disminuye su grado de confianza a un punto tal que afecta al resto del sistema financiero, al Sistema de Pagos y, finalmente, al sector productivo. Esto como resultado del incremento del riesgo financiero que se convierte en la pérdida de valor económico o de confianza de los mercados, y genera un aumento en la incertidumbre lo suficientemente grave para generar efectos negativos sobre la economía real.

b) Propagación mundial: La crisis sistémicas es el resultado de la complejidad de la emergencia del mercado de derivados, coberturas y fondos mutuos ( hegdes fund), y su conexión con el sector productivo. Lo que bajo escenarios de corridas financieras e incertidumbre generalizada por la descapitalización de una o varias empresas, sus efectos de propagación pueden superar al sector, afectando el sistema de pagos en un país. Particularmente, en la crisis subprime de 2008 con su epicentro en los Estados Unidos, puso a prueba la capacidad de los bancos centrales para mantener en funcionamiento el sistema financiero mundial.

c) Marco regulatorio insuficiente: La falta de un andamiaje institucional de monitoreo, identificación e intervención ante la descapitalización de instituciones financieras con posibilidad de provocar riesgos sistémicos al sistema de pagos. Sobre todo un mecanismo de intervención de dichas instituciones financieras, por parte de las autoridades para ordenar los procesos de liquidación de activos. La ausencia de este marco normativo elevó los costos del rescate público, específicamente las bancarias en los Estados Unidos en 2008. El gobierno norteamericano intervino inyectando cientos de miles de millones de dólares para salvar algunas de estas entidades, en aras de la preservación del sistema de pagos.

Aunque en los últimos 20 años, la liberalización de los mercados de capitales, ha permitido mayor acceso al crédito, la falta de supervisión macroprudencial, fallas en el cálculo del riesgo financiero, construcción de cortafuegos, redes de seguridad, llevó en última instancia, a una crisis de la proporción o superior a la de 1929.

Con debidas proporciones y características del sistema de finanzas públicas en México, en comparación con otros rescates a nivel internacional, el crecimiento de la deuda subnacional observado en los últimos años, se ha convertido en un factor de riesgo sistémico, hoy esos niveles de endeudamiento que superan el 3 por ciento del PIB, se pueden materializar en un riesgo para la estabilidad macroeconómica.

La complejidad del sistema financiero y los mecanismos de transmisión ante la elevación entre instituciones bancarias (que se incrementa ante la suspensión de pago de un estado o colectivos de municipios) se puede convertir en un riesgo para las finanzas del gobierno federal.

La posibilidad de introducir un marco regulatorio que tenga como propósito prevenir las crisis de la finanzas subnacionales, respondería por una parte al fortalecimiento de estados y municipios, y por otro lado, a prevenir una contaminación desde la deuda soberana de Europa y Estados Unidos, se vuelve imperativo, considerar un nuevo andamiaje institucional que entiendan la retroalimentación de la política monetaria, los equilibrios de los mercados cambiario y financiero, también pueden llegar a depender en gran medida, de la salud financiera de los gobiernos subnacionales, en especial en el caso de las grandes ciudades.

La posibilidad de un desequilibrio de las finanzas subnacionales, puede tener un elevado costo para el gobierno federal (rescate - bailouts), y por ende el bienestar de la sociedad. Por ejemplo, si un déficit considerable y recurrente de los gobiernos subnacionales es financiado con recursos externos o mediante crédito bancario interno, la conducción de la política monetaria puede verse entorpecida, e incluso si no se financia mediante expansión monetaria, puede tener un efecto de “desplazamiento” del sector privado.

Las experiencias internacionales frente a rescates de finanzas subnacionales son amplias: a) Colombia, el Convenio de Desempeño de Colombia, fue un costo de 115.7 millones de dólares; Argentina, la Nacionalización del Sistema Provincial de Pensiones (1994-1996), Préstamos del Gobierno Federal a las Provincias (1992-1994) y el Gobierno de Córdoba (1995-1996) en su conjunto representó un costo financiera de 2,563 millones de dólares.

Los tres rescates de la deuda subnacional por parte del gobierno federal de Brasil en 1989, 1993 y 1997 tuvo un costo de 114.1 millones de dólares, la devaluación de dos terceras partes del valor del real, una contracción de la inversión pública de 5 mil millones de reales anuales en 1995 a sólo 1,500 millones de reales en 2003, aún con la elevación de la carga fiscal en 11 por ciento del PIB entre 1993 y 2003. La importancia del caso brasileño radica en las similitudes de la coordinación fiscal entre el gobierno central y los estados: a) Alta dependencia de transferencias federales, b) Asimetrías en las capacidades institucionales y de recaudación, c) Alta proporción del gasto corriente sobre el gasto de inversión, y d) Falta de transparencia y rendición de cuentas.

Otro paralelismo con el caso mexicano, los salarios y prestaciones de los servidores públicos no tienen un límite. Un estudio del Banco Mundial encontró que 9 por ciento del empleo total, en 1995, estaba vinculado al sector público, lo cual está alineado con los promedios internacionales. Sin embargo, 12 por ciento del PIB está dedicado al pago de nómina, lo cual excede los promedios de la mayoría de los países. De acuerdo con la revista The Economist en 2004, en el artículo Bloated, wasteful, rigid and unfair”, argumenta que Brasil durante los años noventa, en el estado de Minas Gerais los empleados públicos ganaban cerca del doble que las personas que hacen el mismo trabajo en el sector privado.

[...]The system does not foster efficiency. In Minas Gerais, a large central state, public employees are paid on average twice as much as people doing similar jobs in the private sector, says the planning secretary, Antônio Anastasia. A city councilman in Rio de Janeiro state costs 306 000 reais ($100 000) on average. The Brazilian Institute of Tax Planning calculates that a third of public funds are stolen or wasted. [...] The economist (2004)

Otra de las similitudes con el caso mexicano, fue como la alta concentración de deuda en el mercado de bonos, a mediados de los 90, los bonos representaban el 30 por ciento de la deuda no refinanciada y 5.4 por ciento del PIB, la mayoría de este saldo estaba concentrado en cuatro estados, donde la deuda de Minas Gerais representaba 25 por ciento del total.

El marco legal de la deuda de las entidades federativas

El marco jurídico actual de las haciendas estatales y municipales predominan diversos criterios sobre la regulación de la deuda, es objeto de esta reforma establecer un criterio homogéneo para definir los mecanismos y los límites de endeudamiento de los tres niveles de gobierno, a fin de preservar la estabilidad financiera.

Los ordenamientos que norman la deuda pública de los estados y municipios, son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 117, fracción VIII, las Constituciones y las leyes de deuda de las entidades federativas. El artículo 117 establece las normas que deben seguir los estados y municipios en materia de endeudamiento, al establecer lo siguiente:

Artículo 117. Los estados no pueden en ningún caso

XVIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los Ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública.

A partir de lo establecido en la Constitución se desprende lo siguiente:

a) Los estados no pueden contratar deuda pública con extranjeros ni en moneda extranjera, tampoco pueden contratar que el domicilio de pago sea en el extranjero;

b) La deuda pública de los estados y municipios no pueden en principio emplearse para financiar gasto corriente, sino que se debe destinar a la inversión pública productiva;

c) La deuda pública local debe contratarse con las bases que establezcan las legislaturas estatales en una ley, por lo tanto, los congresos locales pueden legislar en materia de deuda pública estatal y municipal;

d) Los montos de deuda pública se deben contemplar en los presupuestos anuales de gobierno, por lo tanto, se deben incluir los montos, los proyectos, los beneficios y toda la información necesaria para que los presupuestos sean autorizados; y

e) Los ejecutivos de los estados y municipios deben informar sobre el ejercicio de la deuda pública al menos anualmente en su informe de gobierno.

A partir de la reforma del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, el 15 de diciembre de 1995, se modificó sustancialmente el mecanismo mediante el cual los estados y municipios adquieren sus financiamientos.

Antes de 1995, el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, en su tercer párrafo, establecía:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público efectuará pagos de las obligaciones garantizadas con la afectación de participaciones siguiendo el orden cronológico de su inscripción.

Mediante esta disposición reglamentaria, la SHCP efectuaba pagos de las obligaciones garantizadas con afectación de las participaciones, este esquema centralizado de las finanzas públicas generaba una serie de problemas como

a) Injerencia de la SHCP en la deuda de estados y municipios;

b) Falta de análisis de riesgo por parte de los acreedores (riesgo moral), porque al ser el gobierno federal el encargado de ejecutar las garantías, los bancos consideraban que el riesgo del crédito que tomaban era el del propio gobierno federal y no de los estados y municipios;

c) Trato de igual a desiguales, siendo las participaciones federales la verdadera garantía para los préstamos, los acreedores centraban su atención el análisis de flujo de participaciones del gobierno federal, sin tomar en cuenta la salud financiera del estado o municipio deudor, lo que ocasionaba que independientemente de la situación contable del ente público, el crédito dependiera más de la capacidad de negociación;

d) Financiamiento limitado para estados y municipios;

e) Dificultad para diversificar los instrumentos de financiamiento; y

f) Falta de transparencia sobre finanzas públicas.

El 15 de diciembre de 1995, se publicó la reforma al artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, el numeral referido actualmente establece lo siguiente:

Las entidades y municipios efectuarán los pagos de las obligaciones garantizadas con la afectación de sus participaciones, de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro establecidos en sus leyes estatales de deuda. En todo caso las entidades federativas deberán contar con un registro único de obligaciones y empréstitos, así como publicar en forma periódica su información con respecto a los registros de su deuda.

Con esta reforma se transfirieron a los estados y municipios decisiones que antes eran exclusivas de la Secretaría de Hacienda y, por lo tanto, los gobiernos subnacionales obtuvieron mayor independencia financiera. Sobresalen tres facultades que benefician a estados y municipios:

a) Obtener financiamiento crediticio sin necesidad de autorización previa, ni de firmar ningún convenio con la SHCP;

b) Negociar directamente con los intermediarios financieros las condiciones de financiamiento para cada uno de sus proyectos;

c) Diversificar las opciones financieras para pagar las obligaciones garantizadas con la afectación de sus Participaciones.

Con la publicación del reglamento del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal el 15 de octubre de 2001, se establecieron los requisitos para el registro de las obligaciones y empréstitos de las entidades federativas y municipios garantizadas con la afectación de sus participaciones, obligando a las entidades federativas tener un registro único de obligaciones y empréstitos, así como publicar en forma periódica su información con respecto a los registros de su deuda.

En 1999, el Congreso de la Unión aprobó una reforma del artículo 115 constitucional, que fortaleció la personalidad jurídica de los municipios, su capacidad reglamentaria y el derecho de iniciativa tributaria, entre otras que fortalece su posición como emisores de deuda pública, con capacidad legal para otorgar en garantía sus recursos presentes y futuros.

Adicionalmente, la reforma de 2001 a la Ley del Mercado de Valores así como la nueva Ley en esta materia publicada en el DOF en 2005, hicieron posible que los estados y municipios pudieran emitir certificados bursátiles, lo que les permite obtener directamente recursos del mercado de valores.

Para acudir al mercado de valores las entidades federativas deben contar con dos calificaciones a su riesgo crediticio, emitidas por una agencia calificadora reconocida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Asimismo, la emisión tiene que ser supervisada por una o dos agencias calificadoras. Igualmente, la emisión debe estar respaldada por la afectación de las Participaciones Federales u otro flujo de ingresos estables que reciba el estado –ejemplo: los ingresos procedentes del impuesto sobre nóminas, a un fideicomiso maestro de administración y pagos. Generalmente se tienen unas reservas para respaldar los primeros cinco o seis meses de pago de intereses, o un seguro contratado con una empresa reconocida que respalde el pago de los intereses y las amortizaciones.

En el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal se establece que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se pueden afectar para garantizar obligaciones financieras que se contraigan con la Federación y las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, siempre que cuenten con autorización de la legislatura local y se inscriban en el registro que coordina la SHCP y en su equivalente del ámbito local.

Artículo 50. Las aportaciones que con cargo a los Fondos a que se refiere el artículo 25, en sus fracciones III y VIII, de esta ley correspondan a las entidades federativas o municipios, podrán afectarse para garantizar obligaciones en caso de incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, siempre que cuenten con autorización de las legislaturas locales y se inscriban a petición de las Entidades Federativas o los Municipios, según corresponda, ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, así como en el registro único de obligaciones y empréstitos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 9o del presente ordenamiento.

...

Las entidades federativas y los municipios que contraigan obligaciones al amparo de este artículo, no podrán destinar más del 25 por ciento de los recursos que anualmente les correspondan por concepto de los fondos a que se refiere el párrafo anterior, para servir dichas obligaciones. Ley de Coordinación Fiscal.

Asimismo, en el artículo 37 de dicha ley se define que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun-DF), se podrán destinar al cumplimiento de sus obligaciones financieras.

Artículo 37. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las Demarcaciones Territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Ley de Coordinación Fiscal.

En el artículo 47, fracción II, de dicha ley se prevé que los recursos del FAFEF se podrán destinar a la amortización de deuda pública que reduzca el saldo registrado al 31 de diciembre del año inmediato anterior, así como a otras medidas de saneamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas.

Artículo 47. Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se destinarán

I....

II. Al saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda pública, expresada como una reducción al saldo registrado al 31 de diciembre del año inmediato anterior. Asimismo, podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero, siempre y cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales...” Ley de Coordinación Fiscal.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el marco institucional que regula deuda subnacional contiene fortalezas como

a) Evolución positiva en el régimen de coordinación fiscal entre la federación y los gobiernos subnacionales.

b) Estabilidad de los ingresos totales de los gobiernos, los cuales se encuentran respaldados una gran parte por el sólido comportamiento de las transferencias federales.

c) Las regulaciones actuales han sentado las bases de un mercado de deuda subnacional incipiente.

d) La posibilidad de diferenciar el riesgo crediticio de los principales estados y municipios mexicanos, a través de las calificaciones otorgadas por las agencias calificadoras. Actualmente, la totalidad de las entidades federativas y alrededor de 100 municipios califican su calidad crediticia o riesgo emisor/quirografario con, al menos, dos agencias calificadoras.

e) los instrumentos de deuda de los gobiernos subnacionales se han venido evaluando de forma específica por las agencias calificadoras permitiendo diferenciar el riesgo entre éstos.

f) Los financiamientos subnacionales calificados tienen como común denominador: la existencia de un fideicomiso de administración y fuente de pago (FAFP), donde el fiduciario ejecuta el pago de servicio de deuda a los acreedores con los fondos que respaldan el financiamiento, antes de que éstos ingresen a las arcas del gobierno subnacional.

Estas reformas son sólo una parte del andamiaje institucional que abrió la posibilidad a los gobiernos estatales y municipales para obtener financiamientos y satisfacer sus requerimientos de liquidez a través de la banca, la Bolsa Mexicana de Valores, como emisores de deuda gubernamental, donde principalmente se registra la deuda subnacional, sin que esté descartada la posibilidad de empréstitos o créditos por parte de personas morales y físicas.

Sin embargo, en la última década, los excedentes petroleros, el incremento de las transferencias federales y una política flexible de otorgamiento de crédito de la banca comercial, sumado con la dispersión de definiciones, criterios, normas prudenciales de las constituciones estatales, códigos financieros y las leyes estatales de deuda pública, han provocado un amplio margen de discresionalidad y opacidad en estados y municipios.

Retos de la regulación de la deuda subnacional

La mayoría de las constituciones estatales recogen los preceptos de la Constitución Federal. Sin embargo, en el análisis de las leyes estatales en materia de deuda, estos ordenamientos son distintos entre estados y respecto a lo establecido en la Carta Magna. Así, algunos incluyen en sus constituciones disposiciones más estrictas a la norma federal, otros estados anexan normas que flexibilizan lo dispuesto en el artículo 117 constitucional, mientras que un tercer grupo cuenta con una regulación igual, similar o que remite al artículo 117. Específicamente en la definición de deuda y de su uso para inversión productiva, se observa que mientras algunos se remiten a su uso productivo, algunos consideran la posibilidad de reestructuración de deuda, pago por servicio de deuda, en el caso particular de Monterrey ni siquiera lo tiene considerado.

A partir del análisis de las normas estatales también se puede observar que los principales problemas de homogenización son la ausencia o dispersión de criterios de normas prudenciales, límites al endeudamiento, reglas en materia de emisión de deuda bursatilizada, avales, garantías, deuda de corto plazo, límites o condicionamiento para destinar recursos al gasto corriente, la información de los procesos de contratación de deuda.

Sobresale del estudio realizado, amplios márgenes de discresionalidad y opacidad de la mayor parte de haciendas públicas en transparencia y rendición de cuentas ante las autoridades federales y frente al ciudadano a lo largo de las distintas etapas de contratación de deuda.

Una de las fallas del artículo 117, fracción VIII, es la falta de claridad en la definición de inversión productiva, por lo que se propone, para los efectos de la presente reforma, la siguiente definición de inversión productiva: son todas las erogaciones realizadas con recursos provenientes de financiamientos destinados a la ejecución de obras, contratación de servicios, adquisición de bienes, y los gastos para rehabilitación de bienes que generen un aumento en la capacidad o vida útil de los mismos, siempre que con la operación de dichos activos se generen directa o indirectamente recursos monetarios suficientes para cubrir los financiamientos respectivos.

Otro aspecto central del debate en torno a la regulación de subnacional, es establecer el principio de responsabilidad fiscal que establezca límites en función de su capacidad de pago, una medida prudente que debe tener toda administración pública en materia de endeudamiento. De las 32 entidades federativas que integran la República Mexicana, 29 tienen su respectiva Ley de Deuda Pública, Chiapas cuenta con un Código de Hacienda, Nuevo León tiene la Ley de Administración Financiera, y el Distrito Federal se rige por la Ley General de Deuda Pública. La totalidad de las leyes estatales reproducen de una forma u otra, y con diferentes redacciones y estilos, los conceptos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 117 fracción VIII, en materia de deuda pública para estados y municipios. En la mayor parte de las leyes locales en materia de deuda, se expresa la preocupación de las legislaturas correspondientes porque exista el equilibrio financiero y que haya capacidad para el pago de las deudas contraídas, lo que se observa es una diversidad de criterios para determinar el endeudamiento.

La falta de transparencia y rendición de cuentas se convierte en uno de los aspectos más obscuros de las administración pública en México, que encuentra su mayor discresional en estados y municipios, de acuerdo a IMCO en su reporte de 2010 los municipios destinan fundamentalmente sus recursos a los pagos de nómina y servicios personales, que han tenido un incremento de 16 a 30 por ciento anual. Otra de las prácticas de los municipios es inventar compensaciones de los funcionarios, primas sabatinas y dominicales, las comisiones municipales de transparencia y retribuciones por el día del empleado municipal. En síntesis, la gestión municipal, de acuerdo con el IMCO, más de 60 por ciento de los municipios presenta opacidad en la ejecución de sus presupuestos, resultado del Índice Municipal de Información Presupuestal de 2010, los municipios tienen una calificación de 3 en materia de transparencia.

De acuerdo con las agencias calificadoras, sólo 4 por ciento de los municipios del país cuentan con calificación crediticia, porque el resto no cuenta con una buena gestión financiera, registran bajos niveles de ingresos propios y un gasto deficiente, pero específicamente, la obligación elevar los requisitos de transparencia y supervisión en el mercado bursátil es lo que limita diversificar sus fuentes de financiamiento en el sector bursátil.

A partir del párrafo anterior, es importante establecer cinco grandes problemas estructurales, no sólo de la contratación de la deuda, sino del ingreso y el ejercicio de recursos públicos en la administración pública, que a continuación sintetizamos:

a) Amplio grado de limitaciones para acceder a la información pública: Hay falta de uniformidad en el contenido y la periodicidad de publicación de los informes financieros de los gobiernos subnacionales.

b) Dispersión y falta de criterios homogéneos de normas prudenciales: La mayoría de las entidades federativas de normas prudenciales que regulen los parámetros de endeudamiento, así como falta de uniformidad en los criterios de clasificación de las obligaciones financieras.

c) Amplia discresionalidad en el gasto corriente: En la revisión de la legislación no existen limitaciones para el gasto operacional (gasto corriente más transferencias realizadas con recursos no etiquetados), lo cual afecta la eficiencia en la prestación de servicios públicos, merma la capacidad para realizar inversión y estrecha el flujo disponible para el cumplimiento de las obligaciones financieras.

d) Supeditación de los órganos autónomos de fiscalización: Los gobiernos subnacionales no están obligados a presentar auditorías externas, en tanto no participen en el mercado bursátil.

e) Ausencia de reglas fiscales:Las legislaciones locales carecen reglas fiscales que corrijan en el tiempo el sobreendeudamiento o el establecimiento de fondos de compensación ante la posibilidad de caída de los ingresos en el tiempo. Sólo se identifican siete estados que establecen límites al financiamiento por deuda pública. Las entidades de Campeche, Guanajuato y Jalisco limitan y establecen un porcentaje de 10 por ciento del Presupuesto de Egresos, Nayarit tiene un tope de 15 por ciento. En un segundo grupo el criterio es limitar sobre ingresos propios y participaciones federales, tal es el caso de Chiapas de 25 por ciento, San Luis Potosí 20 por ciento y Zacatecas a 15 por ciento. El problema de estos criterios es que los límites se establecen sobre el endeudamiento como flujo, no como saldo total. El caso de Baja California y de Michoacán establece límites a los montos destinados a cubrir el servicio financiero.

f) Alta dependencia de recursos federales: Uno de los riesgos inminentes de la actual estructura de los mercados de deuda, que motivan la presente iniciativa, es la limitada autonomía financiera de los gobiernos subnacionales, sus ingresos totales dependen en más del 76 por ciento de las participaciones y aportaciones federales.

g)Discrepancia en la información contable: De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito público la deuda de los estados y municipios se ubica en 406,764 millones de pesos a septiembre de 2012, y de ésta, 246,103 millones de pesos era el monto contratado con la banca comercial, sin embargo, el analisis States and municipalities: (Not) a credit sweet spot”de Nur Cristiani de JP Morgan, evidencian también que el saldo de los créditos otorgados por bancos privados y de desarrollo a los gobiernos estatales y municipales supera en 8.5 por ciento la cifra reportada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La diferencia con los datos oficiales es resultado del vacío legal que todavía existía el año pasado para que las tesorerías subnacionales divulgaran información sobre su situación financiera.

Desde hace años, el fenómeno de la deuda subnacional se ha convertido en un riesgo creciente y de preocupación para las finanzas públicas en su conjunto, ciertamente su monto no supera el 3 por ciento del PIB, sin embargo, como parte de las finanzas públicas locales, se observan tendencias preocupantes que se pueden materializan en un riesgo considerable para la estabilidad del sistema financiero y de las propias finanzas locales.

Desde 2010, el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa advirtió de la necesidad de mejorar el control y la evaluación de la deuda por parte de las autoridades federales, estatales, órganos de control y fiscalización y por la ciudadanía. Actualmente el monto de la deuda subnacional representa un monto de 406 mil 764 millones de pesos (3 por ciento del PIB), de los cuales la mayor parte fue destinada a gasto corriente, aunque en la fracción VIII del artículo 73 se establece que ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos.

Las reformas del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal de 1995 y la facilidad otorgada por las instituciones de crédito permitieron incrementar de forma muy importante el nivel de endeudamiento de estados y municipios, al pasar en 2001 de 0.5 por ciento a 2.5 del PIB en 2010, en este mismo periodo de tiempo, la expansión de los ingresos federales, sobre todo por excedentes petroleros, significó que de 2000 a 2010 los estados han duplicado sus ingresos por transferencia y participaciones federales.

El incremento en 250 por ciento de la deuda subnacional durante 2000 a 2010, sólo representó un incremento de la infraestructura carretera de 26 por ciento, este dato sólo aplica en algunos estados, este incremento no significó una mayor conectividad.

Los informes de la Auditoría Superior de la Federación indican que nueve de 32 entidades se encuentran en una situación crítica, debido a que la suma de su deuda representa 42.4 por ciento del pasivo registrado en 2011, de 390.8 mil millones, que equivale a 79.2 por ciento de las participaciones federales que se les entregaron en 2011 (incluso nueve entidades rebasaron de 100 a 300 por ciento el saldo de su deuda con respecto a las partidas que reciben), así como 2.8 por ciento del producto interno bruto estatal. Cuatro estados se encuentran en una situación límite, ya que el saldo de su deuda equivale a 25.9 por ciento del pasivo de 2011, con tasas de interés promedio anual que se ubican en 6.4 por ciento, aún cuando en 13 casos se registra una situación de riesgo porque superan dicho rango.

Una de las características del fenómeno de la deuda subnacional es la tasa de crecimiento que supera los dos dígitos respecto a los ingresos, de continuar la tendencia para finales de 2013 el pasivo se duplicará en términos reales con respecto al año fiscal de 2008, donde el monto del endeudamiento se ubicó en 203.1 mil millones de pesos. De acuerdo a la ASF demuestra que el endeudamiento subnacional creció aceleradamente entre 2008 y 2011, de 203 mil 70.2 millones de pesos a 390 mil 777.5 millones de pesos, a una tasa nominal de 92.4 por ciento y real de 67.9. Entre las principales causas de dicho aumento, destacan el mayor déficit fiscal resultado de la disminución de los ingresos ordinarios en términos reales, y la insuficiencia de éstos para cubrir el nivel de gasto y el servicio de la deuda.

Al 31 de diciembre de 2011 y de acuerdo con la información publicada por la SHCP con base en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios, el saldo de la deuda subnacional ascendió a 390 mil 777.5 mdp, con un crecimiento nominal de 92.4 por ciento respecto a los 203 mil 70.2 mdp al cierre de 2008, y que en términos reales es de 67.9 por ciento.

De 2008 a 2011, las variaciones reales con los montos más altos se presentaron en 11 entidades: Campeche (2 420.5 por ciento), Coahuila (1 639.2), Tamaulipas (552.9), Morelos (412.9), Zacatecas (406.0), Quintana Roo (312.4), Nayarit (213.7), Yucatán (199.1), Veracruz (165.9), Chihuahua (139.9) y Baja California Sur (114.9). Las entidades que rebasan entre 100 y más de 300 por ciento el saldo de su deuda respecto a las participaciones que reciben de la federación para obras de infraestructura, salud, educación y otros rubros son Coahuila (304.6 por ciento), Quintana Roo (204.2), Nuevo León (165.9), Chihuahua (118.4), Nayarit (111.8), Michoacán (98.7), Sonora (97.6), Distrito Federal (96) y Veracruz (94.5).

Entre el cierre de 2011 y el primer semestre de 2012, la deuda pasó de 390 mil 777.5 mdp a 404 mil 409.5 mdp, con un aumento absoluto de 13 mil 632.0 mdp y 2.7 por ciento real. En la caída de los ingresos federales de 2009 se registró el mayor déficit y endeudamiento en los estados, y para el primer trimestre de 2011 se detectó que la SHCP no había registrado un pasivo por 49 mil millones adicionales (16 por ciento de adeudos no registrados), adquirido por: Coahuila (23.6 mil millones), Chihuahua (5.1 mil millones), estado de México (3 mil millones), Distrito Federal (2.9 mil millones), Chiapas (2.5 mil millones) y Nuevo León (2.2 mil millones).

La historia no es distinta para 947 municipios de los 2 mil 440, que tienen un pasivo por 44.1 mil millones de pesos, repartidos entre la banca comercial, de desarrollo, en emisiones bursátiles y otros intermediarios financieros. El 71.3 por ciento del endeudamiento está concentrado en 184 municipios de carácter metropolitano, turístico y puntos migratorios, como resultado de servicios sociales y a la presión demográfica.

La deuda municipal registró un monto de 44 mil 124.7 mdp al cierre de 2011, lo que significó un aumento de 21 mil 388.9 mdp respecto a los 22 mil 735.8 mdp de 2008 y una variación real de 69.4 por ciento en el periodo. De la deuda subnacional total, por 390 mil 777.5 mdp, en 2011, la de los municipios representó 11.3 por ciento.

Al cierre de 2011, la deuda municipal se concentró principalmente en 566 municipios de 10 entidades federativas, con un monto agregado de 33 mil 58.6 mdp, equivalente a 74.9 por ciento del saldo total municipal, con la distribución siguiente: Jalisco (7 mil 84.9 mdp y 16.1 por ciento), estado de México (5 mil 860.3 mdp y 13.3 por ciento), Nuevo León (5 mil 457.8 mdp y 12.4 por ciento), Baja California (3 mil 761.1 mdp y 8.5 por ciento), Veracruz (2 mil 765.6 mdp y 6.3 por ciento), Sonora (mil 864.0 mdp y 4.2 por ciento), Quintana Roo (mil 851.2 mdp y 4.2 por ciento), Guanajuato (mil 638.6 mdp y 3.7 por ciento), Chiapas (mil 404.8 mdp y 3.2 por ciento) y Tamaulipas (mil 370.4 mdp y 3.1 por ciento). Específicamente, 22 municipios de estas 10 entidades explican los importes más elevados, con un saldo acumulado de 20 mil 351.3 mdp, 46.1 por ciento del saldo total de la deuda municipal, la cual en su mayor proporción fue contratada con la banca comercial (50.4 por ciento).

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que al tercer trimestre de 2011 la cartera total de las entidades federativas y municipios con la banca comercial se incrementó 8.5 por ciento respecto del trimestre anterior, al pasar de 185 mil 77.0 mdp a 200 mil 765.0. Esta deuda equivalía al 8.5 por ciento de la cartera total del sistema financiero (2 355 566.0 mdp) en ese tiempo. Al primer semestre de 2012 dicha cartera registró un monto por 232 139.7 mdp, lo cual significa un aumento real de 8.7 por ciento a lo reportado al cierre de 2011 (211 901,9 mdp), dicha cartera representa 9.0 por ciento de la cartera total (2 583 210.0 mdp).

La deuda contratada por gobiernos estatales y municipales se duplicó, al pasar de 203 mil 100 millones de pesos en 2008, a su saldo al tercer trimestre de 2012 de 404 mil 400 millones. Medida como proporción del producto interno bruto (PIB), es decir, del valor de los bienes y servicios producidos por el conjunto de la economía, creció de 1.7 a 3.0 por ciento en el periodo de referencia. De acuerdo a la calificadora Fitch los gobiernos de estados y municipios han tenido acceso a diversas fuentes de financiamiento, principalmente por parte de la banca comercial y de desarrollo. Incluso, mencionó la calificadora, se ha incrementado de manera importante el crédito de corto plazo, el uso de cadenas productivas y el financiamiento vía proveedores o pasivos no bancarios, los cuales en su mayor parte no están contabilizados en el registro de deuda subnacional. Este comportamiento, ya representa una señal de alerta para el sector, esta aseveración es respaldado por el Comité de Estabilidad Financiera.

El crecimiento de la deuda estatal, junto con la falta transparencia y vacíos legales en la contratación fue tema de análisis del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, en su cuarta sesión, celebrada el 23 de junio de 2011, donde analizó dos temas que pueden impactar en la estabilidad del mercado financiero nacional, el primero es la fragilidad de la economía de Grecia, el segundo, el rápido crecimiento de la deuda de algunas entidades federativas. En lo que se refiere a la situación crediticia de las Entidades Federativas, de los municipios y de sus organismos descentralizados, el Consejo de pronunció de la siguiente manera:

El consejo analizó la evolución de la deuda de las entidades federativas, de los municipios y de sus organismos desconcentrados. Al respecto, y de acuerdo con el Registro de Obligaciones Financieras y Empréstitos de la Secretaría de Hacienda, el endeudamiento de estas entidades se ubicó en 314 428 millones de pesos al cierre de marzo de 2011. Sin embargo, la información preliminar sobre este endeudamiento proporcionado para la misma fecha a las autoridades financieras por los propios intermediarios financieros, y así como la proveniente de la emisión de valores, sitúa dicha cifra en 363 422 millones de pesos. Tratándose del endeudamiento por entidad federativa, en algunos casos éste es hasta 3.5 veces superior al manifestado en el Registro. Lo anterior obedece a que los estados y municipios sólo están obligados a registrar los endeudamientos que generan afectación a sus participaciones. Sobre este tema y después de una amplia consideración, el Consejo propuso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores adoptar diversas medidas para generar incentivos que permitan mejorar la transparencia y propiciar políticas fiscales prudentes en las entidades federativas a través, entre otras, de modificaciones a la regulación bancaria en materia de creación de provisiones y reservas.

Fuente: Cuarta sesión del CESF, 23 de junio de 2011.

El caso particular del Distrito Federal

Un caso particular y diferenciado es la deuda del Distrito Federal, de acuerdo con la fracción VIII del artículo 73 constitucional establece que el Ejecutivo deberá incluir los montos de endeudamiento en la Ley de Ingresos, específicamente la deuda del Distrito Federal. El Ejecutivo federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe del Distrito Federal le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El gobierno del Distrito Federal no cuenta con ninguna libertad en contratación de deuda pública, esta facultad está en manos del gobierno federal y debe contar con la ratificación del Congreso de la Unión, además de la restricción, cuenta en la Ley de Ingresos de la Federación con las mayores disposiciones en materia de transparencia pública y rendición de informes a la SHCP sobre la administración, destino y amortización de la deuda contratada. Aunque la Auditoría Superior de la Federación advierte que el monto de endeudamiento del Distrito Federal es una de las más altas, en comparación con otras entidades del país, al ser una entidad que genera grandes ingresos, no es motivo de preocupación o creación de planes emergencia. La deuda del DF representa 2.1 por ciento de su PIB, cifra por debajo del promedio nacional, que es de 2.9 por ciento. La deuda de la ciudad de México oscila en torno a los 56 mil millones de pesos, pero tiene 142 mil mdp de ingresos; es decir, si comparamos deuda contra ingreso, existe un amplio margen y plazos para su pago sin comprometer la sostenibilidad financiera. De acuerdo con el análisis de Fitch México -empresa subsidiaria de Fitch Ratings del Reino Unido, enfocada esencialmente a prestar servicios de calificación financiera de diverso orden a los participantes del mercado de valores–, arrojó que el Distrito Federal era la entidad mejor posicionada del país, al obtener la calificación máxima (AAA) en marzo de 2012. Incluso la Auditoría Superior de la Federación plantea que a pesar de su alto endeudamiento es controlable como resultado de tener capacidad de pago del servicio de la deuda, fortalecimiento de sus ingresos propios y disponibles frente a contingencias. Lo anterior, porque la discusión del tema de deuda subnacional desde un enfoque federalista debe en todo momento reconocer que se debe abrir un debate que otorgue las mismas condiciones en contratación de deuda al gobierno del Distrito Federal respecto a las demás entidades federativas.

Experiencias internacionales

El fenómeno del crecimiento explosivo de la deuda subnacional no es ajeno a México, existen diferentes experiencias a nivel internacional que han tensado ampliamente los diseños institucionales entre los límites al gobierno federal para garantizar la estabilidad del sistema de pago y la viabilidad de las finanzas públicas en el tiempo, y el establecimiento de límites al endeudamiento al que tienen derecho estados y municipios como parte de su autonomía.

El planteamiento de una reforma constitucional es obligada para establezcer las bases de un sistema prudencial que coordine en los tres niveles de gobierno, la deuda pública a partir de tres principios constitucionales: la responsabilidad fiscal, la capacidad de pago y la prevención de riesgos sistémicos que puedan afectar la estabilidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas. A partir de un estudio de derecho comparado de los países que han experimentado rescate de gobiernos subnacionales observamos tres casos cercanos al México.

a) La regulación de la deuda subnacional en Brasil

El artículo 52 de la Constitución de Brasil concentra en el Senado de la República la facultad para autorizar la contratación de la deuda de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, a partir de este precepto constitucional emana la Ley de Responsabilidad Fiscal limita el gasto corriente de los tres niveles de gobierno (gastos personales de funcionarios), el endeudamiento público, fija metas fiscales anuales, un mecanismo de compensación para gastos de carácter permanente, restringe la contratación de deuda en periodos electorales, así como un mecanismo de corrección ante incrementos de la deuda de corto plazo. Es importante mencionar la existencia de una disposición especial para la entrega-recepción de administraciones estatales y municipales en materia financiera. Sobresale la prohibición para aumentar los gastos personales 180 días antes del final de mandato. El modelo brasileño cuenta con un sistema de monitoreo de los niveles de endeudamiento de los estados y municipios. Las sanciones a las violaciones constantes de los límites de endeudamiento, el gobierno central suspende las transferencias, suspende las garantías federales y los créditos. La legislación brasileña no reconoce como deuda pública las operaciones de créditos irregulares. La legislación brasileña establece claramente el destino de la deuda es sólo para infraestructura productiva, obra social, refinanciamiento y para emergencias.

b) La regulación de la deuda subnacional en Colombia

La Constitución de Colombia establece en el artículo 364 que el endeudamiento interno y externo de la nación y de las entidades territoriales no podrá exceder su capacidad de pago, a diferencia del modelo brasileño, es un modelo intermedio donde se establece un equilibrio entre la soberanía estatal y la federación, a partir de estados y municipios, elaborar planes de ajuste plurianuales; existe una política centralizada de estabilización bajo la responsabilidad del Presidente de la República que propone al Senado el monto total de endeudamiento de la federación, estados y municipios, y al igual que el modelo brasileño cuenta con sistema de semáforos que permite monitorear la deuda subnacional que no supere la proporción de cuarenta por ciento (40 por ciento) del ahorro operacional, en caso de ser superado este límite, las nuevas contrataciones de deuda deben ser autorizadas por el Senado de la República.

c) La regulación de la deuda subnacional en Ecuador

El modelo ecuatoriano establece en su Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal un programa permanente de reducción de la deuda pública total, ésta no deberá superar el 40 por ciento en la relación de la deuda respecto al PIB a nivel federal. En el caso de los gobiernos seccionales la relación porcentual calculada anual entre los pasivos totales y los ingresos totales anuales no deberá ser superior a 100 por ciento; la relación servicio anual de la deuda a ingresos totales deberá ser inferior a 40 por ciento. Para este cálculo el servicio de la deuda incluirá las respectivas amortizaciones, interéses y deuda flotante.

El caso más adaptable al marco jurídico mexicano es el colombiano que establece una facultad general como es la capacidad de pago y procesar en la ley reglamentaria el monto de endeudamiento, el sistema de monitoreo y los indicadores para verificar la sostenibilidad y estabilidad de las finanzas públicas subnacionales.

El incremento sustancial de los montos de deuda de los gobiernos estatales mexicanos ha generado dos preocupaciones para el Congreso de la Unión, el primero: una relacionada con la discrecionalidad de los gobiernos estatales para contraer deuda y para gastarla en rubros no siempre prioritarios; y la segunda, las posibles consecuencias para la estabilidad y márgenes fiscales de la economía nacional, que pueden verse afectados por niveles endeudamiento superiores a la capacidad de pago. La experiencia internacional indica como causa común la falta de control sobre los niveles de deuda subnacional que llevó a varios países en desarrollo a problemas de inestabilidad macroeconómica en la década pasada.

En los últimos años comenzaron a gestarse esas condiciones en México, en principio en un sistema federal, el principal mecanismo de control deberían ser las legislaturas estatales, que tienen la responsabilidad no sólo de autorizar el endeudamiento, sino también de encauzar los destinos del dinero y de vigilar su correcta ejecución. En la práctica la dependencia política respecto al gobernador y el reducido periodo de cada legislatura hacen que este mecanismo de control, no funcione.

Diversos países han emitido en las últimas dos décadas leyes de responsabilidad fiscal que buscan controlar el comportamiento irresponsable en el manejo de deuda y evitar que la ventaja de corto plazo que un estado puede obtener al adquirir deuda lleve a problemas de largo plazo para el país en su conjunto.

Las aportaciones federales y la deuda en una república deben ser instrumentos para el desarrollo de los estados, como es el combate a pobreza a través de educación e infraestructura productiva, su uso fuera de las capacidades de pago no hace más que comprometer el futuro de sus ciudadanos.

Por lo expuesto ponemos a consideración de los trabajos del Senado de la República, a la luz de un problema sistémico en la contratación de deuda y su regulación, una reforma constitucional para sentar las bases de coordinación y responsabilidad compartida entre el Poder Ejecutivo, el Senado de la República y los gobiernos de los estados para la contratación, supervisión y mecanismo de corrección de la contratación de la deuda pública, a fin de evitar que este fenómeno se convierta en un riesgo sistémico para la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas nacionales.

Se propone sentar las bases de un sistema nacional de deuda que respete la posibilidad de las entidades federativas de endeudarse, de manera libre y soberana, y más allá de un límite prudente de endeudamiento, el Senado de la República aprobará esos endeudamientos.

Aspectos relevantes de la iniciativa.

• Establecer una política prudencial para evitar riesgos sistémicos: Asumir como una responsabilidad del Estado mexicano garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y velar por la estabilidad del sistema financiero, para lo cual se dota de facultades al Congreso para expedir leyes que doten de facultades a las autoridades financieras con el objeto de evitar interrupciones sustanciales o alteraciones sistémicas que pongan en riesgo su correcto funcionamiento y, en su caso, intervenir y minimizar el impacto económico cuando éstas tengan lugar.

• Crear el sistema nacional de deuda: De manera paralela al fortalecimiento del sistema nacional de fiscalización, se debe facultar al Congreso de la Unión para reglamentar un registro de toda la información relativa a la contratación y sostenibilidad de la deuda pública en los tres niveles de gobierno, como son las definiciones, normas, límites globales, regulación prudencial y mecanismos de corrección de la deuda pública, bajo el principios rectores de responsabilidad fiscal, equilibrio y sostenibilidad de las finanzas públicas.

• Equilibrar las finanzas públicas: El Presupuesto de Egresos de la Federación deberá estar consecuentemente equilibrado, contará con una partida diferenciada para identificar los recursos destinados al servicio de la deuda pública.

• Control legislativo: El Senado de la República deberá autorizar y supervisar el comportamiento de la deuda pública del gobierno federal, estados, municipios, empresas y fideicomisos con participación pública, incluyendo los organismos autónomos, en función de su capacidad de pago.

• Sistema Nacional de Fiscalización: Se faculta a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar la deuda pública en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización.

• Responsabilidad penal: Los gobernadores de los estados, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales así como por el manejo indebido de fondos, recursos locales, federales y de la contratación de deuda.

• Reglas fiscales: Esta reforma constitucional sienta las bases para implementar una regla fiscal.

Consideramos que la discusión de una reforma constitucional para establecer la regulación de la deuda pública federal, estados y municipios debe respetar en todo momento el equilibrio entre poderes y el respeto al pacto federal, por lo que el presente proyecto sienta las bases para un sistema nacional de deuda pero como una responsabilidad compartida y regulada entre el Poder Ejecutivo federal y el Senado de la República es garante del pacto federal. Y en la ley reglamentaria deberá respetar la capacidad de endeudamiento de los estados en función de su capacidad de pago, y más allá de esta capacidad de pago, debe cumplir un procedimiento de solicitud ante la SHCP y autorizado por el Poder Legislativo, en este caso, el Senado de la República.

Finalmente, la discusión que debemos impulsar entre poderes en el diseño de una Ley General de Responsabilidad Fiscal y Deuda Pública, con una visión progresista y federalista que siente las bases de un sistema nacional de deuda que regule los tres niveles de gobierno en función de su capacidad de pago, responsabilidad fiscal y las debilidades del actual marco de coordinación fiscal, capaz de monitorear, establecer reglas fiscales diferenciadas, cláusulas de escape y regular la intervención de la autoridades en caso de sobreendeudamiento.A continuación delineamos los ejes estratégicos que deben acompañar una discusión paralela a la reforma constitucional, en torno a una Ley General de Responsabilidad Fiscal y Deuda Pública, que considere

• Reglamentar el Sistema Nacional de Deuda: Además del registro centralizado de la deuda pública, deberá contar con sistema de monitoreo y de intervención para corregir el incremento de los pasivos por parte del Ejecutivo Federal, Estados y Municipios, incluso de entidades paraestatales o autónomos. El sistema deberá calcular los indicadores de solvencia y liquidez de los sujetos obligados, reconociendo que la polarización de las haciendas estatales y municipales.

• Autorización de la contratación de deuda por el Senado de la República: El Senado de la República evaluará la autorización de nuevas contrataciones de deuda pública cuando ésta supere el límite de endeudamiento al que tiene derecho la entidad pública en función de su capacidad de pago, para lo cual, el sistema nacional de deuda deberá desarrollar indicadores de solvencia y liquidez.

• Implantación de una regla fiscal: Reglamentar los criterios de endeudamiento en los tres niveles de gobierno a través de una regla fiscal a nivel macro y estatal, los montos de endeudamiento público, plazos para su implantación.

• Cláusulas de escape: Flexibilizar el límite de endeudamiento ante ciertas contingencias -como son desastres naturales, recesión o crisis humanitaria- o cuando existan condiciones de mejorar la estructura de la deuda -refinanciamiento o reestructura en mejores condiciones y un mecanismo de corrección, en caso de desviaciones de meta establecida.

• Coordinación de la regla fiscal y la política monetaria: La implantación de una regla fiscal para las finanzas públicas requiere de un periodo de transición que provea un programa de saneamiento público y coordinación del gasto en los tres niveles de gobierno, pero sobre todo, la coordinación macroeconómica entre la política fiscal y la política monetaria del Banco de México alrededor del ciclo económico de la economía mexicana en el largo plazo.

• Combate de la opacidad y discrecionalidad en el manejo de la contratación de deuda estatal: Acelerar la aprobación e implementación de la segunda generación de reformas en transparencia y acceso a la información pública para supervisar el correcto ejercicio de recursos provenientes de la contratación de deuda. Y elevar las sanciones administrativas y penales a servidores públicos que incurran en la contratación de créditos irregulares.

• Fortalecer los controles legislativos en materia de intervenciones federales: Establecer claramente la coordinación entre poderes que establezca un mecanismo de intervención de autoridades federales en aquellas entidades públicas que requieran un saneamiento o corrección de sus niveles de endeudamientos en un plazo razonable.

De acuerdo con las experiencias internacionales en materia de rediseño institucional sugieren adicionalmente que

a) Integralidad: La contención de la deuda subnacional requiere del fortalecimiento de las capacidades recaudatorias de estados y municipios y la revisión de la eficiencia del gasto público.

b) Evaluación:Un mecanismo de evaluación de la deuda pública sobre indicadores de desempeño.

c) Establecer límites al gasto corriente:En primer lugar, es fundamental regular los salarios y prestaciones de los servidores públicos en los tres niveles de gobierno, no solo por una razón de responsabilidad fiscal, sino porque la tendencia del gasto en México se inclina en los gobiernos estatales y municipales más al gasto corriente que a la inversión física. En segundo lugar, se necesita prohibir en la etapa final de las administraciones públicas elevar los sueldos y prestaciones o la contratación de funcionarios públicos con cargo a la administración entrante.

d) Transparencia:Establecer una norma única, con la supervisión de la SHCP y de auditores ciudadanos, para regular la entrega-recepción en la transferencia de poderes en los tres niveles de gobierno, que privilegie la transparencia y rendición de cuentas en el estado de las finanzas públicas.

e) Sanciones:Mecanismos de sanción administrativa y penal a violaciones constantes a los límites de endeudamiento y un instrumento de sanción del Gobierno Federal contra administraciones irresponsables en materia de gasto público.

f) Fondos preventivos:Crear fondos preventivos para cubrir gastos inherentes al cambio demográfico o el agotamiento de las reservas de petróleo, por ejemplo, en el mediano plazo es el fenómeno de las pensiones y fortalecimiento de los ingresos no petroleros.

g) Limitar la contratación de deuda:Limitar el monto de endeudamiento de corto y largo plazo hasta por un monto que permita márgenes de operación a las siguientes administraciones. Y específicamente el Estado debe prohibir la contratación de deuda: a) Cuando sea destinada de manera directa o indirecta para fines electorales, b) Cuando no este justificada su contratación, aun con aval de la legislatura local, después del proceso electoral y el día de toma de posición de la siguiente administración y c) Cuando dicha contratación no tenga viabilidad de pago o ponga en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Adicionalmente a la implantación de esta ley reglamentaria se deben reformar paralelamente la Ley General de Deuda, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Instituciones de Crédito –a fin de regular a las instituciones de crédito y a las agencias calificadoras–, incluso una nueva Ley de Quiebras Bancarias, entre otras disposiciones normativas.

El tema de la deuda subnacional es un tema de la mayor complejidad, no solo por lo que representa las traumáticas experiencias de rescates públicos en México y en el resto del mundo de entidades públicas o privadas, sino porque hoy es el debate de la deuda soberana el tema central del Congreso de Estados Unidos y en Europa, específicamente la deuda de las comunidades autónomas en España.

Los integrantes de la LXII Legislatura tenemos que asumir que la deuda subnacional forma parte toral de la agenda de reforma hacendaria desde la agenda internacional, y por otra parte, no menos importante, el debate de deuda subnacional desde lo que representa el pacto federal y el papel Senado de la República como su garante.

Por lo expuesto, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, en cuanto a la facultad de presentar iniciativas, así como 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la facultad específica para reformar el texto constitucional, se someten a consideración de esta asamblea el estudio, la discusión y, en su caso, la aprobación del presente proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 25, las facciones IV y VI del artículo 73, un párrafo segundo a la fracción IV del artículo 74, una fracción XI al artículo 76, una fracción XVII al artículo 89, un párrafo tercero al artículo 108, recorriendo en su numeración los subsecuentes, un cuarto párrafo al artículo 115 recorriendo en su numeración los subsecuentes, un párrafo segundo a la fracción VIII del artículo 117; y se modifican las fracciones VIII, IX y XXVIII del artículo 73; las fracciones IV y VI del artículo 74; la fracción I del artículo 79, y la fracción III del Apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

El Estado procurará y garantizará la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero.

..

..

..

..

..

...

Artículo 73. El Congreso tiene facultad

I. a III. ...

IV. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación y distribución de facultades entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, con objeto de armonizar las definiciones, normas, límites globales, regulación prudencial y mecanismos de corrección de la deuda pública, bajo el principios rectores de responsabilidad fiscal y equilibrio de las finanzas públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de esta Constitución.

V. ...

VI. Para expedir leyes que doten de facultades a las autoridades financieras para supervisar la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, con el objeto de evitar interrupciones sustanciales o alteraciones sistémicas que pongan en riesgo su correcto funcionamiento y, en su caso, intervenir y minimizar el impacto económico cuando éstas tengan lugar.

VII. ...

VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el presidente de la República en los términos del artículo 29. Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el gobierno del Distrito Federal , las entidades de su sector público y, en su caso, estados y municipios, conforme a los requisitos que se establezcan en el Sistema Nacional de Deuda Pública y en las leyes correspondientes en la materia. El Ejecutivo federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el jefe del Distrito Federal le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El jefe del Distrito Federal informará igualmente a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública. Los Ejecutivos de los estados y los de los municipios informarán de acuerdo con las leyes en la materia y con lo establecido en el Sistema Nacional de Deuda.

IX. El endeudamiento interno y externo del gobierno federal, estatales, municipales, y de los organismos públicos, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea alguna de los entes públicos citados, no podrá exceder su capacidad de pago. El Congreso de la Unión emitirá las leyes reglamentarias correspondientes para regular la deuda pública.

IX. a XXIV. ...

XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos , egresos, deuda, así como patrimonial, para la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional;

XXX. ...

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados

I. a III. ...

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto el endeudamiento y erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.

El Presupuesto de Egresos de la Federación deberá estar consecuentemente equilibrado, y contará con una partida destinada al servicio de la deuda pública.

El Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos, Presupuesto, Deuda y Estabilidad Financiera de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos, Presupuesto, Deuda y Estabilidad Financiera de la Federación a más tardar el día 15 del mes de diciembre.

VI. ...

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la entidad de fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos, los egresos, la deuda, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos , en los gastos realizados o el destino o refinanciamiento de la deuda contratada se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha entidad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la ley.

...

...

VII. a VIII. ...

Artículo 75. ...

...

...

Artículo 76.

I. a X. ...

XI. Autorizar y supervisar el comportamiento de la deuda pública del gobierno federal, estados, municipios, empresas y fideicomisos con participación pública, incluyendo los organismos autónomos en función de su capacidad de pago.

XII. a VIII. ...

Sección V De la Fiscalización Superior de la Federación

Artículo 79. ...

...

...

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos , egresos y deuda; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.

...

...

...

...

II. a IV. ...

Capítulo III Del Poder Ejecutivo

Artículo 89. ...

I. a XVI. ...

XVII. Procurar con el Congreso de la Unión por la estabilidad y equilibrio de las finanzas públicas de la nación.

XVIII. a XX. ...

Título CuartoDe las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado

Artículo 108. ...

...

Los gobernadores de los estados, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos, recursos locales, federales y de la contratación de deuda.

...

Artículo 110. ...

Los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos, recursos locales, federales y de la contratación de deuda, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Título Quinto De los Estados de la Federación y del Distrito Federal

Artículo 115. ...

I. a III. ...

IV. ...

a) a c) ...

...

...

Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos y de deuda de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.

...

V. a X. ...

Artículo 117. Los estados no pueden en ningún caso

I. a VII. ...

VIII. ...

La contratación de obligaciones o empréstitos se regirá conforme a lo establecido en los convenios de colaboración con la federación con objeto de salvaguardar la viabilidad y equilibrio financiero de las finanzas públicas en el tiempo.

...

IX. ...

Artículo 122. ...

...

...

...

...

A.

I. y II. ...

III. Legislar en materia de deuda pública del Distrito Federal en igualdad de condiciones que el resto de las entidades federativas.

IV. y V. ...

B. ...

C. ...

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión expedirá la Ley Reglamentaria del Artículo 117, Fracción VIII, en un plazo de seis meses, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Tercero. Dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la entrada en vigor de la ley reglamentaria a que se refiere el artículo anterior, las legislaturas de los estados armonizarán sus legislaciones con el texto constitucional y la ley reglamentaria.

Notas:

1 La caja negra del gasto público, 2010. Índice de Competitividad Estatal 2010, IMCO, página 41.

2 Sitio en internet:http://www.economist.com/node/3156437

3 Las transferencias federales cuentan con un mecanismo de distribución establecido en 1980 a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, antes de la reforma de 2007 el criterio era compensatorio a favor de las entidades fiscalmente más débiles, después de la reforma a la fórmula de distribución del Fondo General de Participaciones el criterio se ha debilitado, en favor del fortalecimiento de la recaudación local.

4 Esto resultado de la obligatoriedad de registrar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los financiamientos contratados por los gobiernos subnacionales cuando éstos cuenten con el respaldo de las participaciones federales, que fungen como activo como garantía y fuente de pago de sus empréstitos y créditos; la limitación constitucional de financiamientos en moneda extranjera.

5 Informes de marzo 2011 y septiembre de 2012 intitulados Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, Auditoria Superior de la Federación.

6 Es fundamental para la operatividad de la implementación de una regla fiscal en México que ésta sea simple, permanente, obligatoria, transparente, y econométricamente consistente con la trayectoria de reducción de deuda pública total y con la tendencia del producto potencial. Su implementación en México requiere de dos etapas, la primera, alta flexibilidad durante el periodo de saneamiento de las finanzas estatales, y en la segunda, fijar una regla fija cuantitativa.

7 El 20 de diciembre de 2012 la Cámara de Senadores aprobó una reforma de segunda generación que fortalece los principios, bases y mecanismos para garantizar el acceso de la ciudanía a la información pública, autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información y la ampliación de competencia y medidas de coerción para coadyuvar en la materia, actualmente está radicada en la colegisladora para dictamen. De su aprobación depende la autonomía constitucional del IFAI y el fortalecimiento de los órganos estatales a efecto de fortalecer el acceso a la información y la rendición de cuentas, en este caso, en el manejo de recursos públicos y la deuda estatal. Para consulta del dictamen, ver Sitio en internet:http://www.senado.gob.mx/ index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38875

Fuentes

“América Latina en la crisis financiera internacional”. Junio de 1999, Sela. Palabras del embajador Carlos J. Moneta, secretario permanente del Sela, en la apertura de la segunda reunión anual del Foro América Latina-Caribe/Asia-Pacífico y Mesa Redonda Internacional, 11 y 12 de enero de 1999.

“América Latina en la crisis financiera internacional”. Junio 1999, Sela. Palabras del embajador Carlos J. Moneta, secretario permanente del Sela, en la apertura de la segunda reunión anual del Foro América Latina-Caribe/Asia-Pacífico y Mesa Redonda Internacional, 11 y 12 de enero de 1999.

Alesina, A. y T. Bayoumi, 1996. The costs and benefits of fiscal rules: Evidence from U.S. States, Cambridge, Massachussetts, NBER, papel de trabajo número 6914.

Alesina, A., R. Hausmann, R. Hommes y E. Stein (1999) Budget institutions and fiscal performance in Latin America, Journal of Development Economics, vol. 59, número 2, páginas 253-273.

Balduino Luis Antonio (2010), “La crisis como oportunidad: reformar la arquitectura financiera mundial”, en revista Economía Exterior número 52, primavera.

Chairman Chris Dodd. Restoring American Financial Stability. Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs”: Group of Ten. 2001. “The G10 Report on Consolidation in the Financial Sector.”

Comparecencia Alan Greenspan ante el Comité de Supervisión Gubernamental y Reforma del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. 23 de octubre de 2008.

Constitución de la República Federativa del Brasil

Constitución política de Colombia

Constitución Política de la Republica de Ecuador

Constitución Política del Perú

Fitch Ratings (2011). Marco Institucional de los Gobiernos Sub-nacionales en México Reporte Especial, septiembre 2012.

Fonseca, Ángel (2012). La regulación de la deuda subnacional. Ideas sobre una reforma fiscal progresista para México. Fundación Rich-Ebert-Stiftung. 2012

Gamboa, Rafael (1997), El rescate financiero de los gobiernos estatales por el gobierno Federal: comparación de los caso de Estados Unidos, Brasil y México.Documento de investigación número 9704 de la Dirección General de Investigación Económica del Banco de México. México, DF.

Greenspan, Alan, . Ed. , 2007.

Hendricks, Darryll. “ Defining Systemic Risk.” The Pew Financial Reform Project, 2009.

Hilsenrath Jon, Whitehopuse. “Los temores de un retroceso de la economía golpean los mercados”en Reforma, 30 de junio de 2010.

Holtz, Eva “América Latina en la Crisis Financiera Internacional”., Revista Centro de Estudios Financieros del Uruguay. Revista No. 56.

Kaufman, George G., and Kenneth E. Scott. 2003. “What is Systemic Risk, and Do Bank Regulators Retard or Contribute to It?” Independent Review 7 (Winter), pp. 371-91.

Kopits, George, 2001, “Reglas fiscales: un marco político útil o un ornamento innecesario?”, Documento de trabajo del FMI 01/145 (Washington: Fondo Monetario Internacional).

Quintanilla, Jaime. Sostenibilidad de las finanzas en gobiernos subnacionales. (2009). Coedición Cemla, DRI, MEFMI

Tanner, Evan, 2004, “Reglas fiscales y política anticíclica: Frank Ramsey y Gramm-Rudman-Hollings se concilian”, Documento de trabajo del FMI 03/220 (Washington: Fondo Monetario Internacional).

Páginas de Internet

Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000 a Marzo 2011. México, DF.Sition en internet: http://www.asf. gob.mx/uploads/61_Publicaciones_tecnicas/AnalisisDeudaPublica_EntidadesFedyMuni c.pdf

Auditoría Superior de la Federación (ASF) (2011), Frágil estructura financiera de los municipios. Sitio en internet: http://www.vanguardia.com.mx/asfbuscaimponermascandadosparaevitaraumentoendeudasestatales-1170423.htm l

Liu, Lili and Webb, Steven B. , Laws for Fiscal Responsibility for Subnational Discipline: International Experience (March 1, 2011). World Bank Policy Research Working Paper Series, Vol. , pp. -, 2011. Sitio en internet: http://ssrn.com/abstract=1792244

Repunta la vulnerabilidad de bancos por deuda estatal en “Divide a EU y Europa plan de recuperación” en Reforma, 26 de junio de 2010.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 23 de enero de 2013.— Senadores: Armando Ríos Piter, Raúl Morón Orozco, Benjamín Robles Montoya (rúbricas).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.

LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION - REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Iniciativa que reforma los artículos 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y 228 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por el diputado José Luis Muñoz Soria e integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

Los suscritos, diputadas y diputados federales de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos que se mencionan en el apartado correspondiente, ponen a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como el numeral 1 del artículo 228 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo anterior, y a efecto de reunir los elementos exigidos por el numeral 1 del artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, la iniciativa se presenta en los siguientes términos:

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y argumentos que sustentan la iniciativa

El 27 de abril de 2011, se publicó en la Gaceta del Senado de la República (número 126) el proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Reforma del Estado y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política.

Este proyecto de dictamen conjuntó 21 iniciativas de diferentes fechas y Senadores de diferentes grupos parlamentarios.

Tras sustanciar el procedimiento de reformas constitucionales, el 9 de agosto de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el siguiente decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

a) Se reforman el párrafo primero y la fracción II del artículo 35; la fracción III del artículo 36; el párrafo segundo del artículo 71; la fracción XXVI del artículo 73; el párrafo cuarto de la fracción VI del artículo 74; la fracción II del artículo 76; las fracciones IV, VI y VII del artículo 78; el artículo 83; los párrafos primero, segundo y tercero ( que pasan a ser cuarto y quinto) del artículo 84; los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 85; las fracciones II, III y IV del artículo 89; y la fracción III de la base primera del apartado C del artículo 122;

b) Se adicionan las fracciones VI, VII, VIII al artículo 35; una fracción IV y un tercer y cuarto párrafos al artículo 71; una fracción XXIX-Q al artículo 73; los párrafos segundo y tercero, recorriéndose en su orden los subsecuentes y un último párrafo al artículo 84; un segundo y tercer párrafos al artículo 87; un octavo párrafo a la fracción II del artículo 116; un inciso o), recorriéndose en su orden el subsecuente a la fracción V de la base primera del apartado C del artículo 122.

La reforma referente al párrafo cuarto de la fracción VI del artículo 74 constitucional consistió en establecer que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe del resultado de la entidad de fiscalización superior de la federación, a que se refiere el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la entidad de fiscalización superior de la federación, seguirá su curso en términos de los dispuesto en dicho artículo.

En el artículo segundo transitorio de dicho decreto, el Constituyente Permanente estableció el plazo de un año para que se realizaran las adecuaciones precedentes a las leyes federales, para armonizar la reforma constitucional, en los siguientes términos:

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en un año contado a partir de la entrada en vigor del mismo.

Por lo anterior, proponemos la reforma al primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación así como el numeral 1 del artículo 228 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que son los numerales que establecen el plazo para la dictaminación de la Cuenta Pública Federal.

II. Fundamento legal de la iniciativa

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, a los suscritos, en su calidad de Diputados Federales de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, le confieren los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

III. Denominación del proyecto de ley

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como el numeral 1 del artículo 228 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

IV. Ordenamientos a modificar

– De la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se reforma el primer párrafo de su artículo 36.

– Del Reglamento de la Cámara de Diputados, se reforma el numeral 1 de su artículo 228.

V. Texto normativo propuesto.

Artículo Primero.Se reforma el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 36. La Comisión de Presupuesto estudiará el Informe de Resultado, el análisis de la Comisión a que se refiere el artículo 34 de esta ley y el contenido de la Cuenta Pública. Asimismo, someterán a votación del pleno el dictamen correspondiente a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública.

La aprobación del dictamen no suspende el trámite de las acciones promovidas por la auditoría Superior de la Federación, mismas que seguirán el procedimiento previsto en esta Ley.

Artículo Segundo. Se reforma el numeral 1 del artículo 228 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 228

1. La revisión de la Cuenta Pública deberá concluir a más tardar, el 31 de octubre del año siguiente a su presentación, por lo que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública deberá aprobar el proyecto de dictamen y presentarlo al pleno, para su votación y aprobación, más tardar en esta fecha.

VI. Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.— Diputados: José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila, Kamel Athie Flores (rúbrica), Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica), Julio César Lorenzini Rangel (rúbrica), Lourdes Eulalia Quiñones Canales (rúbrica), Manuel Añorve Baños, Carlos Sánchez Romero, José Luis Márquez Martínez (rúbrica), Javier López Zavala (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Víctor Manuel Bautista López, Verónica García Reyes (rúbrica), Pedro Porras Pérez (rúbrica), Gerardo Xavier Hernández Tapia (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), José Martín López Cisneros, Heberto Neblina Vega (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Marcos Aguilar Vega, Mariana Dunyaska Gárcia Rojas, Alfredo Anaya Gudiño, Elsa Patricia Araujo de la Torre.»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Túrnese a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACION

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 12 y 55 a 58 de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa por la que se reforman y adicionan los artículos 12, fracción XV; 55, fracción III; párrafo primero del 56; 57, fracción II, y se adiciona un nuevo párrafo al artículo 58, de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La calidad educativa debe entenderse como la capacidad de proporcionar a los alumnos el dominio de los códigos culturales básicos, el desarrollo de la capacidad para resolver problemas y seguir aprendiendo y el desarrollo de valores y actitudes acordes con la sociedad que desea una vida de calidad para todos sus habitantes.

La calidad entendida como eficacia, implica que una educación de calidad es aquella que logra que los alumnos realmente aprendan lo que los programas curriculares plantean al cabo de determinados ciclos y niveles. En esta perspectiva el énfasis está puesto en que, además de asistir, las personas aprendan en su paso por el sistema educativo.

Los requerimientos de calidad y productividad aplicados a un proceso de docencia en el nivel medio superior y superior, implican no sólo identificar y comprender el comportamiento de las variables que inciden en este proceso, sino también determinar el nivel mínimo de calidad y productividad necesarios para garantizar que los alumnos que logran ingresar al bachillerato cuenten con un alto porcentaje de probabilidades de ingresar a una institución de educación superior, eficaz y eficiente, fortaleciendo con ello la continuidad y el desarrollo de su superación personal y profesional.

La calidad educativa aunada a un proyecto de vinculación profesional, garantizará que las y los jóvenes se conviertan en personas productivas para el país, y exitosas a nivel personal.

Una verdadera reforma educativa que tenga al centro todos los aspectos que intervienen en la calidad de la educación, desde las condiciones que permiten el acceso y permanencia al sistema educativo, pero también los planes y programas de estudio con criterios que correspondan a un proyecto nacional educativo, harían de la educación un real motor de desarrollo nacional.

En la actualidad existe una justificada y creciente preocupación en relación con la garantía de la calidad, tanto de las universidades como instituciones, como de sus programas académicos, lo que pasa por la necesidad de evaluarlos conforme a criterios generales que contemplen la revisión y trabajen en la mejora de aspectos como la formación del personal docente, la matrícula estudiantil, las instalaciones y los servicios a estudiantes, la evaluación, la acreditación y la internacionalización de programas educativos.

Recientemente nos encontramos con el hecho de que la educación superior privada, se encuentra rezagada en materia de calidad, sólo el 13.8 por ciento de las instituciones particulares de enseñanza superior cuenta o está en proceso de tener sus programas evaluados.

Este dato cobra relevancia al considerar que el 33.2 por ciento de la matricula nacional de educación superior estudia en universidades privadas, es decir cerca de 1 millón 180 mil jóvenes realizan sus estudios universitarios en instituciones privadas.

De éstos, al menos 150 mil alumnos que cursan su formación universitaria en planteles particulares están inscritos en programas reconocidos por su buena calidad, mientras que en uno de cada tres de ellos que se imparten en sus aulas aplican mecanismos de evaluación y han incursionado con éxito en la acreditación.

Por otro lado, en el documento publicado recientemente por la SEP, titulado RVOES federales y Programa de Fomento a la Calidad de las Instituciones Particulares se señala que en los últimos seis años se sancionó por falta de calidad educativa a 7 mil 84 programas de licenciatura, maestría, doctorado y especialidades, lo que representa el 45.6 por ciento de los programas avalados por la SEP lo que se constituye en un fraude para estudiantes que salen sin los conocimientos que se requieren, y para las y los padres que hacen un esfuerzo para que sus hijos tengan estudios universitarios ante la falta de ofertas públicas.

En el balance que hace la dependencia, se informa que entre 2007 y 2012 se presentaron más de 11 mil solicitudes para revalidación de validez oficial de estudios, con el fin de abrir nuevas opciones educativas a nivel superior, de las cuales fueron autorizadas 8 mil 592, lo que es más de la mitad de la totalidad de los programas vigentes totales autorizados por la SEP.

Lo advierte el último reporte oficial de la SEP sobre este Programa de Fomento a la Calidad en Instituciones Particulares del Tipo Superior con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, muchas de éstas se ven como empresas, más allá del beneficio académico.

Y no es para menos, cuando 90 por ciento de las universidades particulares con RVOE federal, otorgado por la SEP, se ubican en los niveles uno y dos de calidad en una escala de cinco; es decir, que funcionan sólo con los requerimientos que establece la ley, y un 10 por ciento se ubica en los tres niveles superiores de excelencia académica.

Además, de acuerdo a declaraciones del investigador de la UNAM, José Blanco, hay cerca de 921 programas que han sido “cancelados o retirados” entre 2007 y 2012, de los cuales no existe información en la página de internet del Sistema de Revalidación de Validez Oficial de Estudios Superiores (RVOES) de la SEP, y que a pesar de carecer de reconocimiento de validez oficial se siguen ofertando a estudiantes universitarios en diferentes universidades privadas.

Esta situación es claro un ejemplo de lo insuficiente que resultó la “reforma educativa” que dejó sin tocar a las universidades “patito” que defraudan a miles de jóvenes universitarios.

Es importante puntualizar que de acuerdo a la fracción III del artículo 55 de la Ley General de la educación, corresponde a la autoridad educativa, es decir a las secretarías de educación pública federal y estatales, considerar la procedencia de planes y programas de estudio para autorizar los reconocimientos de validez oficial, y de acuerdo a la información difundida por la dependencia de los más de 27 mil programas autorizados en el país, a nivel federal la SEP autorizó más de 15 mil, por lo que el peso mayor recae en la dependencia a nivel federal.

Sin embargo, en el mismo reporte se reconoce la necesidad de homologar los lineamientos de evaluación sobre los cuales se otorga el reconocimiento de validez oficial, a fin de que a nivel nacional los planes y programas de estudio cuenten con estándares básicos de calidad y no dependa de cada autoridad educativa en las entidades federativas. Por lo que se considera pertinente que sea la propia secretaría federal, quien en coordinación con las autoridades estatales, emita los lineamientos generales de evaluación de la calidad educativa de planes y programas de estudio que imparten particulares a nivel medio superior y superior.

Además conforme con lo que marca el artículo 56 de la Ley General de Educación establece que “las autoridades educativas publicarán en el órgano informativo oficial correspondiente una relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

Asimismo la ley establece que se publicarán oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos”.

Sin embargo esta información no está actualizada o no existe, y en cada estado se presenta con diferentes criterios, lo que no permite a los jóvenes y sus padres verificar la calidad de los programas y poder compararlos antes de inscribirse en alguna de las opciones educativas. Además por la falta de información de los programas que carecen de calidad o a los que se les ha revocado el reconocimiento de validez oficial se contribuye a que se continúe defraudando a quienes acceden a esos programas.

En virtud de ello, es urgente que la SEP a nivel federal concentre la información y difunda por todos los medios, cuáles son las instituciones educativas que han sido sancionadas o a las que se les ha revocado el reconocimiento de validez oficial.

Es responsabilidad de este poder legislativo impulsar leyes que contribuyan a mejorar realmente la calidad educativa y le pongan un alto a quienes viendo en la educación un negocio, han lucrado con la necesidad de preparación profesional que enfrentan los jóvenes en nuestro país.

Es un realidad en México que por la falta de inversión en la educación pública a nivel superior, se ha dado paso a la proliferación de universidades “patito” que carecen de calidad educativa, y se han convertido en un negocio fructífero a expensas de jóvenes que salen sin los conocimientos que requieren. Muchas se han convertido en un gran negocio y un gran fraude a costillas de miles de jóvenes y padres de familia.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de

Decreto, por el que se reforman y adicionan los artículos 12, fracción XV; 55, fracción III; párrafo primero del 56; 57, fracción II, y se adiciona un nuevo párrafo al artículo 58, de la Ley General de Educación

Artículo Primero. Se reforman y adicionan los artículos 12, fracción XV; 55, fracción III; párrafo primero del 56; 57, fracción II, y se adiciona un nuevo párrafo al artículo 58, de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. a XIV. ...

XV. Emitir lineamientos generales de evaluación de la calidad educativa para el reconocimiento de validez oficial de planes y programas de estudio a nivel medio superior y superior impartidos por particulares.

Artículo 55. Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:

I. y II. ...

III. Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes y cumplan con los lineamientos generales de evaluación de la calidad educativa emitidos por la Secretaría, en el caso de educación distinta de la preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás para la formación de maestros de educación básica.

Artículo de 56. La Secretaría o autoridad pública federal deberá publicar de manera permanente en su sitio de internet, con la información de las autoridades locales, el listado completo de los planes y programas de estudio que a nivel nacional cuentan con reconocimiento de validez oficial, así como aquellos que han sido sancionados o a los que se les haya revocado o retirado autorización o reconocimiento respectivo.

De igual manera indicarán en dicha publicación, los nombres de los educadores que califiquen de manera idónea, en las evaluaciones contempladas en la fracción VII del artículo 12 de la presente ley.

Los particulares que impartan estudios con autorización o con reconocimiento deberán mencionar en la documentación que expidan y en la publicidad que hagan, una leyenda que indique su calidad de incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo, así como la autoridad que lo otorgó.

Artículo 57. Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:

I. ...

II. Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas competentes hayan determinado o considerado procedentes, de acuerdo a los lineamientos generales de evaluación de la calidad educativa emitidos por la Secretaría;

Artículo 58....

Los particulares podrán presentar a las autoridades educativas documentación relacionada con la visita dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la inspección.

Las autoridades educativas deberán evaluar por lo menos cada tres años en el caso de estudios técnicos, y cada 5 en el caso de estudios superiores, los planes y programas a los que se les otorgó reconocimiento de validez oficial, a fin de determinar si cubren con los lineamientos generales de evaluación de la calidad educativa emitidos por la Secretaría.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, para dictamen.

CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 207 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 207, y su fracción I, del Código Penal Federal, y el artículo 194, inciso 18, del Código de Procedimientos Penales., al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Históricamente el fenómeno de la trata de seres humanos ha estado ligado a distintos factores como la esclavitud, los conflictos bélicos, y la objetivación sexual de las mujeres. El fenómeno tradicionalmente denominado trata de blancas se refería a las mujeres (blancas) trasladadas a países de Europa del este, África y Asia para ser prostituidas.

A pesar de ser una problemática abordada en diversos tratados y acuerdos internacionales a lo largo del siglo XIX y principios del XX (Tratado de París en 1817, y Acuerdo para la Represión de Tráfico de Mujeres Blancas en 1904), no es hasta 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagran una verdadera voluntad internacional en la defensa de los derechos y la dignidad de los seres humanos.

Empero en los últimos 20 años, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual ha capturado la atención y ocupado las agendas políticas nacionales e internacionales dadas las implicaciones de las redes trasnacionales de traficantes, ya que cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señalan que 2.4 millones de personas en el mundo están sujetas a la explotación como resultado de la trata de seres humanos; convirtiéndose en uno de los negocios más lucrativos después del tráfico de armas y el tráfico de estupefacientes, con ganancias que oscilan entre los 8 y 10 mil millones de dólares al año.

En nuestro país, gracias a la denuncia de diversas organizaciones sociales, se visibiliza una de las mayores violaciones de los derechos humanos, una forma de esclavitud moderna y de las caras más amargas de la violencia de género: la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Datos del Observatorio de Trata de Personas, sitúan actualmente a México en el segundo lugar a nivel mundial en la comisión de este delito, sólo superado por Tailandia. Las entidades con mayor índice de este ilícito son Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que están entre los 18 estados del país que concentran 90 por ciento de dicho fenómeno delictivo a nivel nacional, según la Procuraduría General de la Republica (PGR).

El tema de trata de personas es justamente un reflejo muy concreto de cómo nuestro país se debate entre un México que lucha por construir una cultura de derechos humanos y que por otro lado vive una práctica cotidiana de impunidad, que deriva en la ausencia del estado democrático de derecho.

La ubicación geográfica de México, aunado a las condiciones de extrema pobreza, desigualdad, marginación, falta de oportunidades y la presencia del crimen organizado, lo convierten en un país de origen, tránsito y recepción de migrantes, cabe recalcar que las personas victimizadas por este delito no son exclusivamente de sectores tradicionalmente golpeados por todas las manifestaciones de violencia: mujeres, y menores de edad.

Detrás de cada víctima de este delito, en la mayoría de los casos, no sólo está la propia vida de la persona, sino también la de la familia, de los padres, de la madre, de los amigos, de la sociedad entera.

Derivado de lo anterior esta reforma tiene por objetivo recalcar que este delito abarca a todas las personas, sin distinción de género, condición social y edad. No sólo un sector de la población es vulnerable a la trata.

Se pretende reformar la legislación vigente: el Código Penal Federal y el Código de Procedimientos Penales, para fortalecer el estado de derecho en materia de derechos humanos y con esto eliminar las lagunas y contradicciones en dichos ordenamientos legales, con el fin de hacerla operable y poder consignar y sentenciar a los delincuentes que incurren en este delito con la tipificación del mismo.

La trata de personas se presenta en diversas formas, que se podría pensar que es difícil tipificarla como un delito en específico de un mismo cuerpo normativo y de un mismo tipo penal; sin embargo todas sus formas tienen en común ser conductas que se orientan a menoscabar a las personas a la calidad de una cosa o mercancía, sujetas a la oferta y demanda de mercados clandestinos controlados por personas del crimen organizado que, normalmente, transportan a las víctimas dentro y fuera de un país, para luego someterlas a condiciones de explotación de todo tipo, privándolas ilegalmente de su libertad.

En realidad hace falta mucho por hacer, aunque está en vigor la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, no es suficiente para dar solución a esta problemática, por lo cual surge la impostergable necesidad de tipificar el delito dentro del Código Penal Federal.

En el Código Penal Federal, dentro del título octavo, delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, capítulos I, II, III, IV y V, se contemplan los delitos de corrupción de menores, pornografía, turismo sexual, lenocinio y trata de personas, a menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. Sin embargo dentro del capítulo VI lenocinio y trata de personas, únicamente se encuentra tipificado el delito de lenocinio.

Es por ello que Movimiento Ciudadano propone una definición más completa para la tipificación del delito de trata de personas, contemplando la acción de quien comete el delito, las modalidades para cometerlo, y por último las variantes que encierran al mismo.

Es necesaria la tipificación en el Código Penal Federal, que es el sitio donde se debe encuadrar para fines de práctica jurídica y para sancionar el delito; de manera consecutiva realizar el proceso de homologación de las leyes derivado de la importancia de contemplarlo en cada unos de los códigos penales de los estados.

Requerimos políticas públicas que inhabiliten la complicidad y negligencia, que coadyuven en la comisión del delito y que tengan como eje rector la prevención, participación persecución del ilícito y protección a las víctimas; y una legislación que contribuya de manera real y efectiva el combate a este flagelo social.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta Cámara de diputados el siguiente proyecto de

Decreto, por el que se reforma y adiciona el artículo 207 y su fracción I del Código Penal Federal y el artículo 194, inciso 18, del Código de Procedimientos Penales

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 207 y su fracción I del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 207. Comete el delito de trata de personas quien por acción u omisión dolosa de una o varias personas capte, enganche, transporte, retenga, entregue, reciba, aloje, a una o varias personas a través de engaño, amenaza, violencia física o moral, abuso de poder, situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual: prostitución ajena, pornografía, exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual, o cualquier otra actividad sexual remunerada; trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a esta, la servidumbre, la mendicidad forzada; matrimonio forzoso o servil, la explotación laboral; tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, y experimentación biomédica ilícita en seres humanos.

I. La trata de personas se sancionará de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa.

Artículo Segundo. Se reforma y adiciona el artículo 194, inciso 18, del Código de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

1. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1) Homicidio por culpa grave...

2) - 17)

18) Trata de personas, previsto en el artículo 207.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.— (Rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para dictamen.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: En este momento tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Adelante, senadora.

La senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Con el permiso de la Presidencia y por supuesto, de mis compañeras y compañeros legisladores, me permito exponer en esta tribuna los argumentos que motivan la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 3 del artículo 180, se adiciona el inciso h) al artículo 184, se reforman los incisos a), d), h) e i) y se adicionan los incisos j) y k), todos del numeral 1 del artículo 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de acuerdo a lo siguiente:

Uno de los objetivos de la presente iniciativa es la adición de dos elementos; el primero, que se pueda manifestar ser donador de órganos en la credencial de elector, que se pueda manifestar también el tipo de sangre. Esto bajo el libre albedrío. ¿A qué me refiero? Que podamos decir si queremos o no que se contenga en la credencial de elector esa información.

También algo que se pretende es que se pueda suprimir lo relativo al domicilio para que éste quede encriptado en algún medio magnético, toda vez que resulta necesario por razones de seguridad para el elector y protección de datos personales al momento de usar la citada credencial, además que permitiría tener el espacio para incluir los otros dos datos ya mencionados, precisando que este punto relativo a la supresión del domicilio ha sido materia de la iniciativa del senador Arturo Zamora.

Estos dos nuevos elementos —como lo mencionaba anteriormente— están bajo el libre albedrío, no sería de manera forzada; sin embargo, quiero señalar que no se requiere ningún recurso más, porque sería para quien va cambiando su credencial de elector por las razones que ya conocemos: pérdida de la credencial, cambio de domicilio y también para quien va a solicitar por primera vez su credencial.

También decirles que datos mencionados por el Centro Nacional de Trasplantes indican que en nuestro país se estima aproximadamente que existen 18 mil pacientes que requieren de un trasplante; nueve mil de los sujetos inscritos están en lista de espera y se realiza en su mayoría el trasplante de riñón. Sin embargo, solamente se logran hacer cinco mil trasplantes.

Estamos hablando que ante las lamentables pérdidas humanas exista una posibilidad de que se pueda dar una mejor calidad de vida, incluso se le pueda dar vida a seres humanos a partir del fomento de la cultura de donación de órganos.

Hay que decir que la Secretaría de Salud y muchas instancias de salud hacen un gran esfuerzo, pero aprovechando lo que ya se hace en el Instituto Federal Electoral, poder incentivar esto.

El poder fomentar la cultura de la donación de órganos requiere la obtención de donadores y por ello, hago énfasis en reconocer los avances que se han hecho en nuestro país. Actualmente el 70 por ciento de la población dice que sabe de procedimientos médicos y que está dispuesta a ser donador, una vez que se trate de salvar vidas. Esto dicho por el Cenatra.

Para que esta donación se realice se necesita la autorización de las personas; es decir, que cada quien decida si quiere ser donador o no.

También les comento que en una conducta típica en la comunidad mexicana, resulta importante que se determine si la persona quiere ser o no donadora, sobre todo con anticipación, ya que también nos lo dice la gente que está en esta materia: se complica y mucho; se complica mucho cuando alguien está entre la vida y la muerte. El platicar con los familiares y que se decida, tiene que ser a nivel personal, y vuelvo a insistir, bajo el libre albedrio.

Nos encontramos ante un problema de salud. Estas cifras pueden sonar muy distantes en la vida cotidiana, pero quienes hemos estado cercanos a este tipo de situaciones sabemos que puede ser alguien cercano, incluso, podemos ser nosotros mismos, y aquí se trata de que podamos ir fomentando esta cultura.

Es ante ello que debemos garantizar la calidad de vida de la población nacional. Está en nuestras manos el hacer que la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral no sea un documento solamente de acreditación oficial, sino que a su vez se convierta en un instrumento que eleve las expectativas de vida ante un percance. Es por ello que se fomenta la cultura de donación de órganos.

Ya nada más decirles un dato: en México el 2 por ciento más o menos se atiende, según la lista que hay de donadores, mientras hay en otros países, por ejemplo en Europa, en España, que hay un 35 por ciento.

Esperamos que esto se perfeccione y se convierta en un instrumento de exactitud jurídica, ante posibles afectaciones a nuestra esfera jurídica. Así es importante también señalar que el Instituto Federal Electoral ha manifestado ya la intención de modificar y actualizar el formato de la credencial para votar; por lo que es una excelente oportunidad para incluir la información que se propone por medio de esta presente iniciativa. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por la senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos senadores, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Arturo Zamora Jiménez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; 169 y 172 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman el numeral 3 del artículo 180, se adiciona un inciso h) al artículo 184, se reforman los incisos a), d), h) e i) y, se adicionan los incisos j) y k), todos al numeral 1, del artículo 200, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde septiembre de 1992, el Instituto Federal Electoral (IFE) ha sido el encargado de emitir las credenciales para votar de los ciudadanos mexicanos; a la fecha ha emitido tres diferentes modelos de credencial para votar con fotografía.

El primero de ellos se emitió a partir del año 1992 hasta el 2001, misma que contaba en el anverso con los siguientes elementos de información, control y presentación: nombre del elector, domicilio, edad y sexo, folio nacional, clave de elector, identificación geoelectoral, año de registro y número de emisión y, fotografía instantánea. En cuanto a elementos de seguridad, esta credencial contenía imagen del padrón electoral, tramas visibles y escudos nacionales y las siglas IFE en tinta ultravioleta.

En el reverso con los siguientes elementos visibles de información, control y presentación: número identificador de 12 dígitos, leyendas, firma, espacios para el marcado del voto, huella del dedo pulgar, firma del secretario ejecutivo del IFE, código de barras unidimiensional y, en cuanto a elementos de seguridad: filtro infrarrojo en código de barras.

El segundo modelo de credencial para votar, con vigencia a partir del año 2002 a agosto de 2008, en el anverso, en cuanto a elementos de información, control y presentación, contiene los mismos que el primer modelo, con la excepción de que en este modelo la fotografía es digital, dejando de lado la instantánea. Respecto de los elementos de seguridad, se cambia la imagen de seguridad, misma que consistía en la imagen del padrón electoral por el logotipo del IFE; asimismo, se adicionan la microlínea personalizada y el nombre completo del ciudadano en tinta ultravioleta.

En el reverso, en cuanto a los elementos visibles de información, control y presentación, se cambia el número identificador a 13 dígitos; se cambia la huella del dedo pulgar por el dedo índice; se evoluciona a un código de barras bidimensional y, en cuanto a elementos de seguridad, respecto del anterior modelo se adiciona la microlínea personalizada.

El tercer modelo, el cual se empezó a emitir a partir de septiembre de 2008 a la fecha, en el anverso, en cuanto a elementos de información, control y presentación, contiene los mismos que el modelo anterior, con la salvedad que ahora se le adiciona el año de emisión y la vigencia. Respecto de los elementos de seguridad, en cuanto a la imagen de seguridad, se cambia el logotipo del IFE por un kinegrama y, se adicionan respecto del modelo anterior, la fotografía fantasma y la firma digitalizada.

En el reverso, en cuanto a los elementos visibles de información, control y presentación se contienen los mismos que el modelo anterior. Respecto a los elementos de seguridad, se cambia el filtro infrarrojo en código de barras se cambia por un código de barras bidimensional y cifrado, se continúa con la microlínea personalizada y se adiciona la fotografía del ciudadano en tinta ultravioleta.

Como nos podemos dar cuenta, sus características son similares entre sí y representan la evolución en la aplicación de nuevas tecnologías y la incorporación de elementos de mayor seguridad. Todo ello con el fin de garantizar la integridad de datos y evitar su falsificación.

Así, la credencial para votar ha sido un instrumento que no sólo ha servido a los ciudadanos mexicanos ejercer su derecho al voto, sino también es utilizado como un medio de identificación para cualquier trámite donde se requiera acreditar la personalidad con que se actúa; por lo tanto, es de gran utilidad en la vida diaria de las personas.

En este momento, ya sólo los últimos dos modelos de credencial son vigentes y válidos para ejercer el derecho al voto y como instrumento de identificación oficial, tal y como se estableció desde la emisión del primer modelo de credencial para votar con fotografía.

Dado el uso generalizado que se hace de este instrumento legal por los ciudadanos mexicanos, ahora surge la necesidad de que además de los elementos de información con que ahora cuenta la credencial para votar se le adicionen dos más, que consisten en que se indique: la manifestación de ser donador de órganos e incluir el tipo de sangre de la persona, así como suprimir lo relativo al domicilio para que éste quede encriptado en algún medio magnético, esto, toda vez que resulta necesario por razones de seguridad para el elector y protección de datos personales al momento de usar la citada credencial, además de que permitiría el espacio para incluir los otros dos datos que se señalan en este mismo párrafo, precisando que este punto relativo a la supresión del domicilio, ha sido materia de la iniciativa del senador Arturo Zamora Jiménez.

Estos nuevos elementos deberán tener el carácter de facultativos, a efecto de que el ciudadano libremente exprese su voluntad de que en su credencial para votar con fotografía, se incluyan o no los datos que esta iniciativa de reforma pretende adicionar al código de la materia comicial, en este sentido, la manifestación de ser donador de órganos e incluir el tipo de sangre de la persona, que se proponen formen parte de la credencial para votar es con el fin de contar con un modelo de credencial lo más acabado posible e identifique con mayor precisión a la persona; lo que indirectamente beneficiará al ciudadano dado que no necesitará exhibir cada vez que lo necesite análisis de laboratorio para acreditar su tipo de sangre, siendo que ahora sólo bastará con que exhiba su credencial.

Igualmente, respecto de la donación de órganos, al ser ya una conducta típica en la comunidad mexicana, resulta importante que se determine si una persona es donador de órganos o no, esto para fomentar la cultura de la donación de órganos y procurarle a las personas que lo necesitan una esperanza de vida, así como brindarle mayor seguridad a la persona que, de llegar a fallecer, sus órganos no serán indebidamente empleados.

En consecuencia, para lograr el objetivo, es que se propone reformar el artículo 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), donde se adicionen dos nuevos incisos al punto 1, del citado numeral, para que quede establecido en ley que los rubros de donador de órganos y tipo de sangre, formarán parte de la credencial para votar.

Si bien es cierto, que nos encontramos ante un problema de salud pública, y que buscamos garantizar la calidad de vida de la población nacional es menester de nosotros que teniendo en cuenta de las modificaciones ya autorizadas que se le han de realizar a la credencial para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral, sea el momento para que este documento; no sólo sea un documento de acreditación oficial, sino a su vez, se convierta en un instrumento que pueda elevar las expectativas de vida ante un percance, fomente la cultura de donación de órganos y procure la continuidad de otras vidas, como a su vez, se convierta en un instrumento de certitud jurídica ante posibles afectaciones en nuestra esfera jurídica.

Es de destacar, que la presente iniciativa no generará la erogación de recursos extraordinarios, toda vez que se aprovechará la infraestructura ya creada para emisión de la credencial para votar y la sustitución de la misma para con los electores será de manera paulatina, es decir, cuando el ciudadano requiera la renovación de su credencial para votar, se le emitirá con el nuevo formato que se propone, lo que significa que no se generarán gastos adicionales y por el contrario, se fomentará en los mayores de dieciocho años la cultura de la donación de órganos.

Asimismo, es importante señalar que el Instituto Federal Electoral ha manifestado la intención de modificar y actualizar el formato de la credencial para votar, por lo que es una excelente oportunidad para incluir la información que se propone por medio de la presente iniciativa.

Es así, que el Instituto Federal Electoral aprobó el acuerdo general CG732/2012, el 21 de noviembre de 2012, por votación unánime de los consejeros electorales, para modificar el modelo de la credencial para votar, así como el acuerdo general CG733/2012, por el que se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, realice una valoración integral mediante un estudio técnico y jurídico que, entre otros elementos, incluya una encuesta probabilística con representatividad nacional para conocer la opinión de la ciudadanía, así como consultas a las entidades privadas y públicas relevantes, incluyendo aquéllas con las que el instituto haya celebrado convenios en materia registral y/o tengan algún vínculo con la credencial para votar, con el objeto de evaluar la viabilidad para la inclusión impresa o no, de los datos de la calle, número interior y exterior en el cuerpo de la credencial.

Por lo expuesto y fundado, me permito poner a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el numeral 3 del artículo 180, se adiciona un inciso h) al artículo 184, se reforman los incisos A), D), H) E I) y, se adicionan los incisos J) y K), todos del numeral 1, del artículo 200, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 180

...

...

3. En todos los casos, al solicitar un trámite registral, el interesado deberá asentar su firma y huellas dactilares en el formato respectivo. Asimismo, en el supuesto de que el ciudadano elija, conforme a su libre albedrío, que en su credencial para votar con fotografía se incluyan, su decisión de ser donador de órganos así como su tipo de sangre, deberá llevar el resultado clínico que determina el grupo sanguíneo al que pertenece, el resultado en comento, deberá ser realizado por alguna de las dependencias del sector salud.

...

...

...

Artículo 184

...

h) El tipo de sangre, en el supuesto de que el ciudadano elija conforme a su libre elección, será proporcionado por los resultados del análisis clínico realizado por las instituciones de salud al momento de presentar la solicitud para la credencial para votar.

...

...

Artículo 200

1. ...

a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio, encriptado en medio magnético;

b) al c) ...

d) Domicilio, encriptado en medio magnético;

e) al g) ...

h) Clave de registro;

i) Clave Única del Registro de Población;

j) Tipo de sangre conforme a su libre elección; y

k) La manifestación de ser donador de órganos, conforme el ciudadano así lo elija.

2. al 4. ...

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Federal Electoral, contará con un plazo de 90 días naturales contados a partir de la publicación del presente decreto para realizar lo conducente para el cumplimiento del mismo, debiéndose realizar la sustitución de la credencial para votar de manera paulatina, por las circunstancias que la normatividad lo señale.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.— Senadores: Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Arturo Zamora Jiménez (rúbricas).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias senadora Itzel Ríos. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores esta iniciativa.

LEY ADUANERA - LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: En este momento se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Adelante, diputado.

El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente: Con su permiso, senadora presidenta y con el permiso de esta soberanía. Vengo a esta tribuna a proponer algunas modificaciones que impactarán específicamente a los municipios de Balancán y Tenosique, que son la frontera con Guatemala, de Tabasco con Guatemala.

Quiero tratar de sensibilizar a esta soberanía y a los asistentes, de la problemática que viven estos municipios. También creo que es importante hacer un reconocimiento y decir los antecedentes de lo que ha venido pasando.

El 10 de diciembre de 2009, el diputado Nicolás Bellizia Aboaf, perteneciente al Partido Revolucionario Institucional, inscribió una iniciativa en este mismo sentido, porque es un problema que estamos viviendo en el estado de Tabasco y finalmente, no llegó a buen puerto y fue desechada, según el artículo 89 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el 16 de julio de 2012.

Igualmente, la senadora Marcela González, también del Partido Revolucionario Institucional, en el Congreso local, en fecha 21 de septiembre de 2011, presentó una iniciativa en el mismo sentido y la turnó a la Cámara de Diputados, y tampoco ha llegado a buen puerto.

Vengo a presentar esta iniciativa bajo la siguiente exposición de motivos. Creo que era importante hacer estas aclaraciones, que no es un asunto de partidos, es un asunto de justicia para estos municipios del estado de Tabasco.

La frontera sur, señores, el estado de Tabasco tiene 107 kilómetros de limítrofe con Guatemala, de los cuales abarca dos municipios; Balancán y Tenosique. Evidentemente son municipios de alta marginación; evidentemente, señores, son municipios que reciben el impacto de ese desorden que hay en la frontera sur. Reciben cientos de miles de migrantes al año, tienen problemas sociales causados por todo el costo que genera esto, tienen una dinámica que raya en el caos. Yo lo diría así.

No existe la frontera sur como tal; es una línea divisoria imaginaria prácticamente y obviamente definida como tal, pero no hay ningún control. Sin embargo, estos municipios —y por eso venimos a pedir la ayuda y a presentar esta iniciativa y esperemos llegue a buen puerto en esta ocasión— no tienen el beneficio, los beneficios fiscales que tienen la frontera norte y otros municipios de la frontera sur.

Les diría —y por eso ponemos a su consideración— que estos municipios, ambos, tanto Balancán como Tenosique, sean considerados con un IVA del 11 por ciento que le corresponde a esta zona y tenga los beneficios también aduaneros que corresponden, para que pueda haber una importación legal con aranceles del 5 por ciento.

¿Por qué el interés? Señores, la verdad es que el tema de la frontera sur es un tema de seguridad nacional, esto solamente es una de las tantas acciones que tenemos que tomar en conjunto para ir regularizando e ir actualizando el rezago que tienen estos municipios.

Me parece que es de —lo debo reconocer— que me parece que en la administración anterior, aunque venga emanada del mismo partido, no hubo el interés o no hubo la sensibilidad de aceptar esto.

Esperaría, de verdad, contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, para que llevemos esta iniciativa a buen puerto. No es la solución, la frontera, estos municipios, los 107 kilómetros básicamente tienen un paso legal que se llama El Ceibo, pero obviamente no está funcionando como debería ser, pero lo que nosotros y la ciudadanía de esos municipios pretenden o aspiran, es que le demos este primer beneficio y pensamos que puede ser el inicio de un futuro diferente.

Podrá ser motivo de promoción empresarial y desarrollo económico tener estas ventajas seguramente, y obviamente tendremos —insisto— que venir en otras mucho más acciones para emparejar el rezago y también para tener el control por la seguridad de este país. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 136 de la Ley Aduanera y 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 136 de la Ley Aduanera y se reforma el cuarto párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el fin de que los municipios de Balancán y Tenosique de Tabasco, sean considerados región fronteriza.

Antecedentes

1. En sesión del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el jueves 10 de diciembre de 2009, el diputado Nicolás Bellizia Aboaf, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 136 de la Ley Aduanera y 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, siendo returnada el 15 de marzo de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados y obsequiándosele una prórroga para ser dictaminada el 27 de mayo de 2011, con base en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados, siendo desechada según el artículo 89 del Reglamento de la Cámara de Diputados con fecha 16 de julio de 2012.

2. En sesión del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de Tabasco, el miércoles 21 de septiembre de 2011, la diputada Marcela de Jesús González García, presentó propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones a la Ley Aduanera y Ley del Impuesto al Valor Agregado. Dicha propuesta fue turnada a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto para su dictamen. En sesión del pleno del Congreso de Tabasco, el lunes 12 de marzo de 2012 se aprobó dicha propuesta y fue enviada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, turnándose a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el martes 24 de abril de 2012.

Exposición de Motivos

Nuestro país tiene regiones colindantes con Estados Unidos al norte y con Guatemala y Belice al sur, lo que obliga a replantear el esquema bajo el cual debemos insertarnos dentro de los mercados internacionales para mantener las condiciones de competitividad de las actividades económicas, y las bases de largo plazo que permitan el desarrollo y bienestar de la población de la región.

Sin embargo, la frontera sur de Tabasco, ha estado relegada del desarrollo en áreas como la educación, seguridad pública, transferencias de recursos, etc., lo que ha desencadenado pobreza y marginación, contrastando con lo que debería ser el sur del país que dada su situación geográfica, presenta un gran nicho de oportunidades para el impulso de grandes proyectos que detonen el crecimiento económico a través de la inversión y las actividades relacionadas al comercio exterior.

La propuesta que hoy pongo a su consideración, es el que se reconozca a Balancán y Tenosique, municipios de Tabasco como franja fronteriza con Guatemala. Además de ser una exigencia de reconocimiento social, conlleva una verdadera connotación de posicionamiento de la región como zona estratégica que puede desencadenar –a través de la inversión– un gran polo industrial que reactive la economía y genere los miles de empleos que en esta región de Tabasco tanto se necesitan.

Dotar del status de región fronteriza a los municipios de Balancán y Tenosique, significa que los habitantes de esta región y aquellos que realizan ciertas actividades gocen de los beneficios y facilidades fiscales, económicas y administrativas en la compra y venta de productos, en el pago de servicios, y en una participación directa de los beneficios que se generen por la creación de proyectos de comercio exterior con la exención o disminución de cargas fiscales y administrativas entre las que destacan el sólo tener que pagar el 11 por ciento de IVA, poder importar productos e insumos libres de arancel, el establecimiento para algunas mercancías como máximo el 5 por ciento de arancel; subsidio a la gasolina, desarrollo de la infraestructura urbana y la generación de empleos.

Es una gran oportunidad para los habitantes de Balancán y Tenosique principalmente y para todo el Estado, ya que de manera directa pueden integrarse como proveedores o prestadores de servicios, se instalara la infraestructura y/o la modernización de la existente para desarrollar las actividades de comercio exterior necesarias para la importación, exportación, transporte y mantenimiento de las mercancías que ingresan y salen de la zona y sobre todo permitirá un mayor flujo económico y de empleo en la zona.

Esta iniciativa pretende el crecimiento económico de la zona, de las empresas ya constituidas y puede incidir en la instalación de otras al contar con una mejor tasa de IVA (11 por ciento) y beneficios fiscales aduaneros, repercutiendo en bienes y servicios a precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, en productos que se importen en aras de que la población mexicana cuente con una mayor gama o variedad de productos, fortalecimiento del mercado interno, acceso a mejores niveles de vida y al convertirse esta zona en una de las más transitadas de nuestro país, poder ser de las que más aporten a la recaudación federal por concepto de contribuciones.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 136 de la Ley Aduanera y se reforma el cuarto párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con la intención de que los municipios de Balancán y Tenosique sean considerados región fronteriza

Artículo Primero. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 136 de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:

Articulo 136. ..

...

También será considerada como región fronteriza la establecida en el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo Segundo. Se modifica el cuarto párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ..

..

...

Para los efectos de esta ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, y Tenosique y Balancán, Tabasco, así como la región parcial de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de plenos de la Comisión Permanente, a 23 de enero de 2013.— Diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado Cáceres. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Iniciativa que adiciona el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito senador Arturo Zamora Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación ante la Cámara de Diputados, se encuentra determinada en el artículo 74 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como una obligación del Presidente de la República.

Este documento es el lineamiento presentado en forma de anteproyecto a la Cámara de Diputados por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el objeto de programar el gasto de los recursos federales recaudados por medio de impuestos, derechos y aprovechamientos, y que se distribuye a los tres poderes de la Unión en sus tres niveles: federal, estatal y municipal.

En él se encuentran incluidos el conjunto de erogaciones que se proponen para el ejercicio presupuestal, y la Cámara de Diputados tiene la facultad para modificarlo, previo examen y discusión del mismo.

En este Decreto, como lo menciona el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, se encuentran incluidos una serie de programas mediante los cuales se otorgan subsidios, además de, programas que deberán sujetarse a Reglas de Operación.

La Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, señalará los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría define en el artículo 2 fracción XLV a las Reglas de Operación como “las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos.”

En el artículo 77 se establece que: “Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas serán responsables de emitir las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria...”

Una vez concluido el procedimiento establecido en dicho artículo, las dependencias o entidades responsables, publicarán en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de programas nuevos, así como las modificaciones a las reglas de programas vigentes, a más tardar el 31 de diciembre anterior al ejercicio.

Asimismo se establece que las dependencias, o las entidades aún pueden modificar sus reglas de operación durante el ejercicio fiscal sujetándose al mismo procedimiento.

El párrafo final del artículo 77 establece que: “Las reglas de operación deberán ser simples y precisas con el objeto de facilitar la eficiencia y la eficacia en la aplicación de los recursos y en la operación de los programas.”

Es decir, en esta Ley se establece el mecanismo completo de la aprobación de las Reglas de Operación y se excluye, por completo, la intervención de la Cámara de Diputados en el proceso de elaboración de las mismas.

Desafortunadamente la aplicación de estos recursos ha sido complicada, y los únicos perjudicados han sido la población objetivo hacia quienes van dirigidos estos programas, pues muchas veces no se cumple con lo que se encuentra estipulado tanto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación como en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, en lo que se refiere a criterios generales que habrán de contemplar las reglas de operación entre los que se destaca que sean simples y de fácil acceso; reducir al mínimo los gastos administrativos y de operación del programa respectivo, tomar en cuenta las características de las diferentes regiones socioeconómicas del país; considerar las características sociales, económicas y culturales de la población objetivo; que las aportaciones acordadas se realicen oportunamente y sean ejercidas de inmediato; promover una calendarización eficiente para el ejercicio de los recursos federales respectivos, e incluir criterios que aseguren transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de recursos.

Estos criterios, establecidos en el Decreto de Presupuesto, quedan únicamente como buenos propósitos, los cuales debido a los excesivos requerimientos que se incluyen en dichas reglas de operación, no es posible alcanzar la transparencia, eficiencia, oportunidad y, sobre todo, no se alcanza la entrega efectiva y en tiempo de dichos recursos, estos retrasos o ineficiencias resultan sumamente perjudiciales para los beneficiarios quienes dependen, en muchos casos, de la entrega de estos apoyos.

Como conclusión las reglas de operación de dichos programas no son ni simples, ni precisas, como deberían de serlo.

Es debido a estas complicaciones que en la revisión de la ejecución del presupuesto, en muchas ocasiones se observan importantes subejercicios e incumplimientos en los objetivos trazados que afectan principalmente a los beneficiarios de los programas.

Es necesario mencionar que muchos de estos programas son destinados al combate a la pobreza, a la mejora de la competitividad del sector agropecuario, a la educación, etcétera, por lo cual resultan de vital importancia para la mayoría de la población.

Resultado de estas afirmaciones sobre la ineficiencia en la aplicación de los recursos, es la creciente cifra en el número de pobres que ha presentado en la última década nuestro país a pesar de que los recursos aprobados con objeto de disminuirla han ido en aumento.

De manera similar el presupuesto destinado al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, ha tenido, año con año, importantes incrementos al mismo, y los resultados que observamos al día de hoy es un índice de dependencia alimentaria que ha aumentado, lo cual significa que la relación de los alimentos que importamos y que consumimos en nuestra dieta diaria cada vez es mayor, o en otras palabras, la producción nacional ha ido disminuyendo lo cual se refleja en mayores índices de pobreza en la población del sector rural.

Con estos ejemplos, pretendemos señalar la ineficiencia en la aplicación de los recursos presupuestales, lo que en parte podemos explicar por la compleja estructura establecida en las Reglas de Operación.

La Cámara de Diputados, a través de sus comisiones ordinarias, se han constituido como la voz de las diversas organizaciones de ciudadanos, es así que los productores agropecuarios buscan a sus diputados que participan en las comisiones ordinarias que tienen relación con el sector agropecuario, las organizaciones de migrantes interactúan con los diputados de la comisión respectiva, etcétera, esto con objeto de emitir una opinión en lo que respecta a la elaboración de las Reglas de Operación de los diversos programas federales, es por esta razón que la Cámara de Diputados debería de tener una participación activa en la elaboración de las Reglas de Operación de los diversos programas sujetos a éstas.

Actualmente en el artículo 29, fracción II, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 se establece que:

II. La Cámara de Diputados, a través de la comisión ordinaria que en razón de su competencia corresponda, emitirá opinión sobre’ las reglas de operación publicadas por el Ejecutivo Federal en los términos del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Dicha opinión deberá fundarse y motivarse conforme a los criterios a que se refiere el último párrafo de dicho artículo.

En caso de que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados no emitan su opinión a más tardar el31 de marzo, se entenderá como opinión favorable.

El Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia a cargo del programa sujeto a reglas de operación correspondiente, dará respuesta a la Cámara de Diputados en un plazo que no excederá de 30 días naturales posteriores a la recepción de la opinión respectiva, realizando las adecuaciones que procedan, y

...

Con esta disposición las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados participan en la elaboración de dichas reglas, sin embargo, el incluirlos en una Ley otorgaría mayor certidumbre y legitimidad a las mismas, además de hacerlas permanentes.

Esta disposición ha sido adicionada por los Diputados en los últimos dos Decretos de presupuesto de egresos para el año 2012 y 2013, ya que no habían sido incluidas en los proyectos originales presentados por el Ejecutivo, por lo cual se hace necesario incluirlos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarías.

La inclusión de esta disposición en esta ley coadyuvaría a la mayor participación de los beneficiarios de los programas sociales en la elaboración de los reglamentos que operan año con año.

Los diputados, a través de la cercanía y contacto permanente con sus representados y contando con el conocimiento de las condiciones que imperan en cada una de las regiones del país, puede aportar valiosos elementos para un mejor diseño de las reglas de operación para los programas sujetos a éstas.

Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de una mayor vinculación entre el Ejecutivo y Legislativo para coadyuvar a la simplicidad y transparencia de las reglas de operación en aras de facilitar el acceso a los recursos aprobados por la Cámara de Diputados para el impulso de la economía y el combate a la pobreza.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, y se deroga la fracción II del artículo 29 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013

Primero: Se modifica el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, para quedar como sigue:

Artículo 77. Con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación. La Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas.

Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas serán responsables de emitir las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria sujetándose al siguiente procedimiento:

I. Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas deberán presentar a la Cámara de Diputados y a la Secretaría, a más tardar el 21 de noviembre, sus proyectos de reglas de operación, tanto de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente, como las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes.

Dichos proyectos deberán observar los criterios generales establecidos por la Secretaría y la Función Pública.

La Secretaría deberá emitir la autorización presupuestaria correspondiente en un plazo que no deberá exceder de 10 días hábiles contado a partir de la presentación de los proyectos de reglas de operación a que se refiere el párrafo anterior. La Secretaría sólo podrá emitir su autorización respecto al impacto presupuestario.

La Cámara de Diputados emitirá en el mismo periodo de tiempo las observaciones correspondientes, las cuales, en caso de no opinarse se entenderá como opinión favorable al proyecto.

II. ...

Segundo. Se deroga la fracción II) del artículo 29 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senador Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

ARTICULO 102 CONSTITUCIONAL

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Ahora es el turno de la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene la palabra senadora.

La senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señora presidenta. Es importante mencionar que parte de los fundamentos que inscriben esta iniciativa de reforma a la Constitución, Apartado B del 102 constitucional, tiene que ver en el fundamento esencial derivado de las reformas que sufrió nuestra Carta Magna en junio de 2011, para garantizar el principio de convencionalidad.

Es decir, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, inscrita en el 1o. constitucional, que trata sin lugar a dudas de la reforma más importante y trascendente de nuestra historia constitucional.

Por esta reforma, el estatus jurídico de los tratados internacionales en derechos humanos y la interpretación pro persona, significa que se dotará a las y los operadores del sistema de justicia y defensores de los derechos humanos de nuevos instrumentos jurídicos; insisto, uno de ellos, quizá el más trascendental, es el principio, entre otros principios importantes, el de convencionalidad.

La reforma que se inscribió en 2011 ciertamente incorpora los principios del derecho internacional de los derechos humanos, del que forma parte México, y nos obliga a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas.

En el caso de la materia de esta iniciativa que refiere a las atribuciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también ha sido dotada de una gran e importante serie de facultades que le permite investigar violaciones graves a los derechos humanos y además, de aquellos funcionarias o funcionarios o servidores públicos que no den cumplimiento a las recomendaciones de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos y que, en todo caso, funden y motiven de manera pública la negativa a aceptar las recomendaciones del ombudsman nacional.

Como es de observarse, esta reforma, por su dimensión y transcendencia, me refiero a la del 2011, trae aparejada la necesidad de un importante número de cambios que tenemos que emprender, de reformas que tenemos que consolidar para que pueda haber una armonía con el nuevo precepto en el 1o. constitucional y por supuesto, lo que refiere al Consejo Consultivo de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos no queda aparte.

Por eso, el día de hoy estoy presentando esta reforma, que está inscrita para dar certeza, para definir con exactitud cuánto deben durar las consejeras y los consejeros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Me parece, con todo respeto, para la decisión del Constituyente, en 1999, que el haber inscrito este precepto que hoy pretendemos derogar con la presente iniciativa, que solicito sea turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y también a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República para su discusión y trabajo de su dictamen, es necesario darle certidumbre al tiempo que tienen que fungir quienes forman parte de este Consejo Consultivo de la CNDH.

Es decir, no solamente precisar que cuando terminan su tiempo, que estamos definiendo sea de 4 años, pueda, a su vez, también, tener condiciones, cuando así se trate, de tener un periodo más, rescatando este principio que está definido en el 102 constitucional, apartado B, pero dando la certidumbre del tiempo que tienen que durar.

Entonces, hoy tenemos que reformar la propia ley en la materia, pero creo que en el marco de las reformas que tenemos que discutir para perfeccionar esta ley, la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es indispensable que le demos mayor certidumbre con las reformas al 102 constitucional para lograr este perfeccionamiento que necesitamos, a la luz de su propia implementación de todos estos años, pero sobre todo, insisto, para darle certidumbre al funcionamiento de un órgano honorario de una gran trascendencia, como es el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es cuanto, señora presidenta, muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma el Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Angélica de la Peña Gómez, senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Se trata, en la opinión de personas expertas, académicas y defensoras de los derechos humanos, de la reforma más importante y trascendente de nuestra historia constitucional; ya que viene a impactar la concepción y la defensa de los derechos fundamentales. Es sin duda, el cambio constitucional más importante del siglo porque representa un nuevo paradigma en el enfoque de los derechos humanos.

Con esta reforma se fortalece el estatus jurídico de los tratados internacionales en la materia y la interpretación pro persona, lo que sin duda dotará a las operadoras y los operadores del sistema de justicia y defensores de los derechos humanos de nuevos instrumentos jurídicos –uno de ellos, el control de convencionalidad– no sólo en los tribunales mexicanos sino también de aquellos que son de jurisdicción internacional.

La reforma incorpora principios del derecho internacional por lo que ahora todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En ese sentido, se incorpora la protección para los casos de asilo y refugio y se establecen de manera expresa una serie de derechos que de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos no pueden ser suspendidos ni restringidos bajo ninguna circunstancia en casos de excepción o suspensión y adicionalmente, se garantiza el derecho de audiencia de las personas extranjeras en caso de su expulsión del territorio nacional.

Para el caso de las atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, se le otorgan nuevas facultades para realizar investigaciones de violaciones graves a los derechos humanos y la de citar aquellos funcionarios o servidores públicos que no den cumplimiento a las recomendaciones de la CNDH, para que funden, motiven y hagan pública su negativa.

Como es de observarse, esta reforma por su dimensión y trascendencia trae aparejada la necesidad de un número importante de cambios y reformas que deben ser actualizadas y armonizadas para fortalecer la autonomía tanto de la CNDH como de su Consejo Consultivo.

Desde nuestra perspectiva, consideramos que la autonomía que hoy goza la CNDH debe fortalecerse en el propio texto de la Constitución, dado que, en el caso de las personas que integran el Consejo Consultivo aún existen lagunas que deben ser subsanadas. Una de ellas es no saber con certeza y exactitud la duración en su encargo de las y los integrantes del Consejo Consultivo, ya que únicamente se hace referencia que “durante el mes de octubre, serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo”.

Otra de las ausencias es que no existe disposición expresa para los casos de ausencia, renuncia, fallecimiento o cualquier falta absoluta, de las y los integrantes del Consejo Consultivo.

Por tanto, la iniciativa que ponemos a la consideración de esta soberanía propone eliminar la laguna existente de no saber cuánto dura el periodo de una persona integrante del Consejo Consultivo. En este caso se propone una duración específica de cuatro años con posibilidades de ratificación para un segundo periodo y con ello fortalecer la propia autonomía con la que debe actuar dicho Consejo respecto del titular de la CNDH y determinar que será materia de la Ley establecer los mecanismos para los casos de falta absoluta de las y los integrantes del Consejo Consultivo.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman el párrafo sexto del Aparatado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 102.

A. ...

B. ...

...

...

...

...

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara, así como los mecanismos para las sustituciones en los casos de ausencia, renuncia, fallecimiento o cualquier falta absoluta, de las y los integrantes del Consejo Consultivo. El cargo en el Consejo será de cuatro años, con posibilidad de ratificación para un segundo periodo.

...

...

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sede de la Comisión Permanente, a 23 de enero de 2013.— Senadora Angélica de la Peña Gómez (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, senadora De la Peña. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL - LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Es momento ahora de la intervención de la diputada Judit Magdalena Guerrero López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 26 de la Ley General de Desarrollo Social y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Adelante, diputada.

La diputada Judit Magdalena Guerrero López: Gracias, presidenta. Señoras y señores legisladores, efectivamente, vengo a hacer una serie de propuestas que pudieran ayudarnos, a los diputados, sobre todo, a completar el procedimiento general, que tiene que ver con una actividad consustancial, la nuestra, que es la normativa, que es la legislativa, y que luego en ocasiones entra en contradicción con la elaboración de las reglas de operación.

Si coincidimos que la política social es el instrumento y la herramienta del Estado mexicano y del gobierno para combatir la marginación y la pobreza, para generar desarrollo humano y sin la cual no puede haber gobernabilidad democrática plena, y coincidimos también en que los programas sociales son acciones concretas cuyo objetivo es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población, estos dos supuestos nos llevan a plantearnos la importancia de la forma como se implementen los programas sociales.

Derivado de esta reflexión, y también por considerar que luego existe una discordancia en la legislación actual, puesto que por una parte la Ley de Desarrollo Social considera que el presupuesto federal en materia de desarrollo social no podrá ser menor que el asignado en el periodo inmediato anterior y debido a las reglas de austeridad económica se emiten reglas de operación de los programas sociales que sí contemplan disminuciones en su presupuesto, tal como sucedió en el Programa 70 y Más, que se redujo en el año 2012, al menos 4 por ciento de los gastos indirectos de los programas sujetos a reglas de operación, y estas disminuciones a que afecten solo a los gastos indirectos y no a las transferencias o subsidios, a los beneficiarios sí pueden afectar la operación de los diferentes programas y con ello su eficacia.

Derivado de la importancia de los programas sociales y de los alcances que tienen es que venimos a proponer ante esta tribuna una serie de reformas a diversas leyes, a fin de que las reglas de operación de los programas sociales considerados en el presupuesto sean enviadas a esta Cámara de Diputados junto con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para su revisión, discusión y en su caso, aprobación.

Nos parece que resulta fundamental y es un elemento de simple coherencia jurídica, que la revisión que esta soberanía realiza sobre las reglas de operación, relacionadas con el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos, se haga con anterioridad a la publicación de las mismas.

Estas reformas que proponemos efectivamente, adicionar un segundo párrafo al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, asimismo una reforma a la fracción I del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, abonarían a que las reglas de operación no contravengan lo estipulado en alguna ley y sobre todo que no consideren disminuciones en sus gastos, aunque estos sean indirectos.

Como ya dijimos, estas reducciones pueden afectar la operación de los programas y con ello la entrega de los subsidios y transferencias a los más necesitados. A consideración de esta asamblea. Es cuanto, presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 26 de la Ley General de Desarrollo Social y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada Judit Magdalena Guerrero López, del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita, diputada Judit Magdalena Guerrero López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, 77 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo el artículo 26 diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social y reforma la fracción I del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley General de Desarrollo Social en su artículo 18 establece:

Artículo 18. Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Además la propia Ley General de Desarrollo Social en su artículo 20 agrega:

Artículo 20. El presupuesto federal destinado al gasto social no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior. Este gasto se deberá incrementar cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del producto interno bruto en los Criterios Generales de Política Económica y en congruencia con la disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice el Congreso al Gobierno Federal.

Sin embargo es bien sabido que derivado de las políticas de austeridad se emiten reglas de operación de los programas sociales que contemplan disminuciones es su presupuesto. Por poner un ejemplo, el acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del Programa 70 y Más, para el ejercicio fiscal de 2012 contempla en su artículo cuarto transitorio:

Cuarto. Estas reglas de operación dan cumplimiento al numeral 31 del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario con fecha 12 de marzo de 2010, en el que se señala que para el ejercicio fiscal 2011 y 2012 las dependencias y entidades deberán realizar una reducción de al menos 4 por ciento de los gastos indirectos de los programas sujetos a reglas de operación.

Al igual que el Programa 70 y más, los otros programas sujetos a reglas de operación incorporaron este tipo de medidas para el ejercicio fiscal 2012. Estas disminuciones aunque afecten sólo los gastos indirectos y no las transferencias o subsidios a los beneficiarios, si pueden afectar la operación de los diferentes programas y con ello su eficacia.

Además, en concordancia con el artículo 29, fracción II, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, que a la letra dice:

Artículo 29. ...

I. ...

II. La Cámara de Diputados, a través de la comisión ordinaria que en razón de su competencia corresponda, emitirá opinión sobre las reglas de operación publicadas por el Ejecutivo Federal en los términos del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Dicha opinión deberá fundarse y motivarse conforme a los criterios a que se refiere el último párrafo de dicho artículo.

A su vez el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala:

Artículo 77. Con objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de esta ley, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación. La Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas.

Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas serán responsables de emitir las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria sujetándose al siguiente procedimiento:

I. Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas deberán presentar a la Secretaría, a más tardar el 21 de noviembre, sus proyectos de reglas de operación, tanto de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente, como las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes.

Dichos proyectos deberán observar los criterios generales establecidos por la Secretaría y la Función Pública.

La Secretaría deberá emitir la autorización presupuestaria correspondiente en un plazo que no deberá exceder de 10 días hábiles contado a partir de la presentación de los proyectos de reglas de operación a que se refiere el párrafo anterior. La Secretaría sólo podrá emitir su autorización respecto al impacto presupuestario; y

II. ...

Sin embargo, quien suscribe la presente iniciativa considera que las reglas de operación deben ser revisadas ex ante su publicación y no ex post, con el objeto de que esta Cámara haga las observaciones que considere convenientes y necesarias a dichas reglas antes de que se pongan en operación.

Derivado de estos razonamientos, se propone que los proyectos de reglas de operación o sus modificaciones, sean enviados a la honorable Cámara de Diputados para su revisión junto con el paquete económico y en este tenor de ideas se cuente con el mismo plazo para revisarlas que el que tiene para revisar el paquete económico, de modo tal que se deberá emitir opinión sobre la mismas junto con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Primero. Se adiciona un segundo párrafo al el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 26. ...

Para la publicación de dichas reglas el Ejecutivo federal deberá enviar previamente a la honorable Cámara de Diputados los proyectos de reglas de operación junto con la iniciativa de Ley de Ingresos Proyecto de Egresos de Federación de acuerdo a los plazos establecidos en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera, la honorable Cámara de Diputados tendrá plazo hasta el 15 de noviembre para emitir opinión las indicadas reglas de operación a menos que inicie su encargo el Ejecutivo federal cuando este plazo se extenderá hasta el 31 de diciembre.

Segundo. Se reforma la fracción I del artículo 77de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar de la siguiente manera:

Artículo 77. ...

I. Las dependencias y las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas deberán presentar a la Secretaría, para que esta a su vez remita la honorable Cámara de Diputados a más tardar el 8 de septiembre, sus proyectos de reglas de operación, tanto de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente, como las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes. Dicho plazo se ampliará al 15 de diciembre en el año en que el Ejecutivo federal inicie su encargo.

La honorable Cámara de Diputados tendrá hasta el 15 de noviembre para emitir opinión a cerca de dichas reglas de operación, mismo plazo que deberá ampliarse al 31 de diciembre en el año en que el Ejecutivo Federal inicie su encargo.

...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.— Diputada Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para dictamen.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tiene ahora la palabra la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 23 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial. Adelante, señora senadora.

La senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, una de nuestras principales preocupaciones y responsabilidades es la política en el combate a la desigualdad social. No solo se ha agudizado en los últimos dos lustros, sino que ha polarizado a la sociedad entre aquellos que todo tienen y la mayoría que padecen segregación e injusticia.

Brindar a las familias mexicanas un mejor bienestar, incluido el acceso a medicamentos y los servicios de salud, son los objetivos de este proyecto.

El mercado de los medicamentos en México es cercano a los 156 mil millones de pesos, ubicado entre los principales mercados a nivel mundial, el segundo lugar en Latinoamérica. Es del grupo de mercados emergentes que registran mayor crecimiento, junto con algunos de los llamados BRICS (Brasil, India, China y Sudáfrica).

Casi 96 por ciento de los medicamentos consumidos en México están fuera de patente. Los también llamados innovadores o de patente representan 4.4 por ciento del volumen, pero en valor más de 20 por ciento, algo así como 32 mil millones de pesos. Los genéricos sin marca participan en el mercado con el 34.0 por ciento del volumen, y los genéricos con marca el 20 por ciento.

Otro segmento del mercado de medicamentos lo constituyen los biotecnológicos cuyo volumen es apenas de 0.6 por ciento, pero en valor supera el 5 por ciento.

Con una población que casi llega a los 114 millones de habitantes, con cambios demográficos donde las enfermedades crónico-degenerativas aparecen como una transición epidemiológica con nuevos padecimientos (cardiovasculares, diabetes mellitus, el cáncer, hipertensión, otras como el dengue, el VIH-Sida, entre otros) estamos obligados a replantearnos la política de salud del Estado, revisando nuestro marco jurídico para adecuarlo y modificarlo.

La población que no cuenta con acceso a los servicios de salud, de acuerdo a estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), asciende a poco más de 68 millones de personas. De los casi 52 millones de pobres, 35 de ellos están fuera de algún programa de salud pública o privada.

En México el gasto público en salud representa el 20 por ciento; el 80 por ciento restante es gasto del consumidor, principalmente la población que no cuenta con seguridad social.

En 1991 y posteriormente a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América y Canadá en 1994, el régimen de la propiedad industrial en México cambió; se abrió la posibilidad de patentar productos y procesos farmacéuticos que habían estado exentos de la figura de propiedad industrial.

Esta reforma significó otorgar una patente a los productos farmacéuticos por 20 años. Se ratificó en 1999 en la Asamblea Mundial de la Salud, la resolución: Estrategia Revisada de Medicamentos, en el marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los países miembros recibieron el mandato de monitorear y acompañar las implicaciones para el sector farmacéutico y la salud pública de los acuerdos internacionales, incluidos los comerciales.

En el periodo 2001-2003 hubo resoluciones relacionadas con el acceso a medicamentos, que incluyen cláusulas relativas a las implicaciones de este tipo de acuerdos comerciales, en especial el de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionadas con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

En México y la gran mayoría de los países en desarrollo, la protección de patentes para el sector farmacéutico influye en una serie de distorsiones de este mercado y trae un efecto negativo para el acceso a los nuevos productos desarrollados por la industria farmacéutica y otorga ventajas a las empresas innovadoras, a través del establecimiento de patentes por 20 años, que les permita establecer precios elevados en el lanzamiento de productos; significa que la tendencia actual en la innovación e investigación de nuevos medicamentos llevan a la concentración de sectores altamente lucrativos, sin importar las enfermedades y padecimientos de la mayoría de la población que no les representa una atractiva rentabilidad financiera. Por ello es la nula investigación y desarrollo de nuevos fármacos que combatan enfermedades típicas de los países pobres.

Las enfermedades que en el ámbito internacional se han definido como desatendidas y que en México afectan a la población más pobre, como el paludismo y el dengue y el caso de medicamentos a enfermedades raras de alto costo prevalentes en poblaciones muy reducidas conocidos como medicamentos huérfanos, en esta situación donde la rentabilidad y la ganancia juegan un papel imprescindible para las empresas transnacionales en los productos innovadores o de patente.

La primera instancia no es combatir la enfermedad, sino el negocio. Por ello también se aplican mecanismos para prolongar una patente o descubrir nuevas bondades del medicamento. Esto se ha convertido en una práctica casi cotidiana, por eso las investigaciones innovadoras han disminuido.

La discrecionalidad y la falta de una aplicación estricta de nuestra legislación ha originado inequidad y molestia en la industria farmacéutica nacional, por no ajustarse a los 20 años de patente, utilizándose pretextos o artilugios para prolongarla indefinidamente, por eso es conocido como permutación.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este pleno la adición del artículo 23 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial para quedar como sigue:

Artículo 23 Bis. En el caso de sustancia o mezcla a la que se refiere el artículo 221, fracciones I, II y III de la Ley General de Salud, la patente será hasta por 20 años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la primera prioridad o país, y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

Por ningún motivo la patente podrá extenderse más allá del tiempo establecido en ese artículo.

Gracias, presidenta, terminé y le ruego enviarlo también a la Comisión de Salud. Muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona el artículo 23 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, suscrita por la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República, y 164 y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 Bis a la Ley de la Propiedad Industrial; bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Una de nuestras principales preocupaciones como legisladores y como políticos es el combate a la desigualdad social. Esta no sólo se ha agudizado en los últimos dos lustros, sino que ha polarizado a la sociedad entre aquellos que todo tienen y la mayoría que padecen segregación e injusticia. Combatir estas prácticas y procurar brindar a las familias mexicanas un mejor bienestar, incluido el acceso a medicamentos y los servicios de salud, son los objetivos de este proyecto.

México, desde las décadas de los 40 y 60 del siglo pasado, cuenta con dos instituciones que han sido muy importantes para brindar seguridad social a los trabajadores y sus familias, incluido el servicio y atención médica: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud han sido primordiales para procurar este servicio a toda la población, que la Ley General de Salud garantiza en el artículo 4o. de la Constitución.

Actualmente, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, el mercado de los medicamentos en México es cercano a los 156 mil millones de pesos. Se ubica entre los principales mercados a nivel mundial y en el segundo lugar de Latinoamérica.

Este mercado está orientado básicamente al consumo interno. Es del grupo de mercados emergentes que registran mayor crecimiento, junto con algunos de los llamados BRIC (Brasil, China, India).

Casi 96 por ciento de los medicamentos consumidos en México están fuera de patente. Los también llamados innovadores o de patente representan 4.4 por ciento del volumen, pero en valor más de 20 por ciento, algo así como 32 mil millones de pesos. Los genéricos sin marca participan en el mercado con el 34.0 por ciento del volumen, y los genéricos con marca 20 por ciento; en valor 11.4 por ciento (17.8 mil millones de pesos) y 19.6 por ciento (30.6 mil millones de pesos) respectivamente. Otro segmento del mercado de medicamentos lo constituyen los biotecnológicos cuyo volumen es apenas de 0.6 por ciento, pero en valor supera 5 por ciento (8 mil millones de pesos).

México, con una población que casi llega a los 114 millones de habitantes, con cambios demográficos donde las enfermedades crónico-degenerativas aparecen como una transición epidemiológica con nuevos padecimientos, muchos de ellos propios del aumento de la edad, (cardiovasculares, diabetes mellitus, cáncer, hipertensión, otras como el dengue hemorrágico, el VIH-Sida, influenza, por mencionar algunas), estamos obligados a replantearnos la política de salud del estado, revisando nuestro marco jurídico para adecuarlo y modernizarlo.

México como integrante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ocupa, en los indicadores de educación y salud, uno de los últimos lugares de los países miembros. Con un gasto público en salud de poco más de 6 por ciento del producto interno bruto (PIB), nuestro país es de los más bajos, lo mismo que en términos percápita, con apenas 198 dólares.

La población que no cuenta con acceso a los servicios de salud –de acuerdo a estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)– asciende a poco más de 68 millones de personas. De los casi 52 millones de pobres, 35 millones están fuera de algún programa de salud público o privado. Con estimaciones del Instituto de Salud Pública y la Fundación Mexicana para la Salud, el financiamiento del sistema de salud proviene de los hogares, pero existen tres formas en que se cubren: impuesto federales, seguridad social y gasto de bolsillo. Este último el más significativo.

Como medio de financiamiento el gasto de bolsillo es insuficiente, ineficiente e inequitativo. En México el gasto publico en salud representa 20 por ciento; 80 por ciento restante es gasto del consumidor, principalmente la población que no cuenta con seguridad social.

Desde 1991 y posterior a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en 1994, el régimen de la propiedad industrial en México cambió. Se abrió la posibilidad de patentar productos y procesos farmacéuticos que habían estado exentos de la figura de propiedad industrial.

Esta reforma significó otorgar una patente a los productos farmacéuticos por 20 años. Se ratificó en 1999 en la Asamblea Mundial de la Salud, donde se aprobó la resolución: Estrategia Revisada de Medicamentos, en el marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde los países miembros recibieron el mandato de “monitorear y acompañar las implicaciones para el sector farmacéutico y la salud pública de los acuerdos internacionales, incluidos los acuerdos comerciales”.

En el periodo 2001-2003 hubo resoluciones relacionadas con el acceso a medicamentos, que incluyen cláusulas relativas a las implicaciones de este tipo de acuerdos comerciales, en especial el de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionadas con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

La visión comercial contemplada en ADPIC con relación a los medicamentos, al considerarlos como cualquier otro bien, tuvieron un impacto negativo en los países en desarrollo en el acceso a los medicamentos, por eso, el mismo tratado de ADPIC ahora es flexible, con la intención de que los países adecuen sus marcos jurídicos a las necesidades que les son propias.

En México y la gran mayoría de los países en desarrollo, la protección de patentes para el sector farmacéutico influye en una serie de distorsiones de este mercado; trae un efecto negativo para el acceso a los nuevos productos desarrollados por la industria farmacéutica y otorga ventajas a las empresas innovadoras, a través del establecimiento de patentes por 20 años, que les permite establecer precios elevados en el lanzamiento de productos.

Lo anterior significa que la tendencia actual en la innovación e investigación de nuevos medicamentos llevan a la concentración de sectores altamente lucrativos, sin importar las enfermedades y padecimientos de la mayoría de la población, que no les representa una atractiva rentabilidad financiera. Ejemplo de lo anterior es la nula investigación y desarrollo de nuevos fármacos que combatan enfermedades típicas de los países pobres. En México por ejemplo “existen enfermedades que no representan un mercado rentable para la industria, no obstante que desarrollar un nuevo tratamiento para ellas redundaría en ganancias en salud significativas para los pacientes que la padecen. Las enfermedades que en el ámbito internacional se han definido como desatendidas y que en México afectan a la población más pobre, como el paludismo y el dengue; y el caso de medicamentos dirigidos a enfermedades raras, de alto costo y prevalentes en poblaciones muy reducidas, conocidos como medicamentos “huérfanos”.

Es en esta situación donde la rentabilidad y la ganancia juegan un papel imprescindible para las empresas trasnacionales, en los productos innovadores o de patente. No interesa, en primera instancia, combatir la enfermedad sino el negocio, por ello también se aplican mecanismos para prolongar una patente innecesariamente o descubrir nuevas bondades del medicamento; esto se ha convertido en una práctica casi cotidiana. Por eso las investigaciones en innovadores han disminuido.

Creo que es muy importante impulsar esta reforma a la Ley de la Propiedad Industrial que aseguren y garanticen el acceso de todos los medicamentos a la población. La patente de 20 años que se establece en el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial es inequitativa para la industria farmacéutica nacional, legitima el abuso en la fijación de altos precios para enfermedades que hoy por hoy, como las crónico-degenerativas, significan más de 50 por ciento de los decesos en nuestro país y más de 50 por ciento de la morbilidad hospitalaria.

La discrecionalidad y la falta de una aplicación estricta de nuestra legislación ha originado inequidad y molestia en la industria farmacéutica nacional por no ajustarse a los 20 años de la patente, utilizándose pretextos o artilugios para prologarla indefinidamente. Esto es conocido como “evergreening” (permutación).

Por ello es fundamental para la industria farmacéutica y para la política de salud pública en nuestro país explicitar en la Ley de la Propiedad Industrial que la duración es de 20 años de la patente de medicamentos y fármacos a partir de donde se presenta la primera solicitud. Es incongruente con los propios tratados del ADPIC el que en la práctica, los 20 años se cuenten a partir de que se presente la solicitud de la patente -como sucede en México- independientemente de que en otro país ya se esté explotando.

Por ello, como senadora de esta LXII Legislatura pongo a consideración de esta soberanía este proyecto de decreto para atenuar que se sigan encareciendo más los medicamentos, beneficiando a las trasnacionales farmacéuticas, afectando sensiblemente a la industria farmacéutica mexicana, cuyo producto principal son los denominados “genéricos” que ya han venido ganando mercado, en beneficio de la población más necesitada.

En esta iniciativa que se está proponiendo, se adiciona un nuevo artículo a la Ley de la Propiedad Industrial –el 23 Bis– referido exclusivamente a los medicamentos y fármacos. La finalidad de esta adición es establecer que la patente será de 20 años, contados a partir de donde se dio la primera vez. También se señala claramente que por ningún motivo podrán prolongarse las patentes farmacéuticas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del pleno de esta Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona el artículo 23 Bis de la Ley de la Propiedad Industria para quedar como sigue:

Artículo 23 Bis. En el caso de sustancia o mezcla, a la que se refiere el artículo 221, fracciones I, II y III, de la Ley General de Salud, la patente será hasta por 20 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la primera prioridad o país, y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente. Por ningún motivo la patente podrá extenderse más allá del tiempo establecido en este artículo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2012. p. 29.

2. Bermúdez, Jorge: Salud y Comercio. Propiedad Intelectual y Acceso a Medicamentos. Revista Foreig Affairs (en español) Vol. 6 No. 4 ITAM.

3. Propuesta de Política para el Sector Farmacéutico. Fundación Mexicana para la Salud. Primera edición 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.— Senadora Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, senadora Palafox. Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial y también a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores.

LEY GENERAL DE TURISMO

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tiene la palabra el diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley General de Turismo. Adelante, diputado.

El diputado Manuel Añorve Baños: Con su permiso, presidenta; amigas y amigos legisladores integrantes de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hoy quiero plantearles una reforma que busca reforzar el aspecto social del turismo, generando alternativas para que nuestros destinos turísticos se fortalezcan.

El turismo —como todos sabemos— es uno de los principales motores de la economía nacional. Gracias al turismo hay una derrama económica, no solamente generación de empleos, sino se generan muchísimas oportunidades en este país y no tengo la menor duda que tenemos que pensar siempre en grande y ver cómo podemos innovar para generar rubros y que éstos a su vez, obviamente, como lo he dicho, generen el empleo que se requiere en muchos destinos turísticos.

El turismo —como todos ustedes saben— se caracteriza como un elemento que aparece en el proceso de evolución de la sociedad y a partir de su vinculación con el tiempo libre y la necesidad de esparcimiento, cumple una función de gran importancia en ella; está vinculado con los procesos productivos y como tal, es un agente de cambio social y del desarrollo; diversifica la economía local, integra a las comunidades, crea empleo directo como indirecto, genera capitales para los estados receptores e induce a la planificación regional, entre otras bondades.

Es necesario hacer un planteamiento para reforzar las estrategias en materia de turismo en México y que retome un aspecto importante que es el aspecto social considerando, sobre todo, como he dicho, las variables económicas, políticas y ambientales que se están gestando en el ámbito internacional.

Una nueva orientación de las actividades turísticas que contemple el desarrollo de habilidades intelectuales y físicas, que faciliten la adquisición de conocimientos y la interacción con otras culturas bajo los esquemas de responsabilidad social y trato individualizado con la tendencia a satisfacer las necesidades y gustos especiales de los clientes.

México tiene un enorme patrimonio natural, cultural e histórico, susceptible de ser aprovechado. En ese sentido, se propone puntualmente incluir al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas como una de las entidades encargadas de elaborar y ejecutar de manera coordinada un programa tendiente a fomentar el turismo social, contemplado en el artículo 16 de la Ley Federal de Turismo.

Lo anterior, toda vez que los militares en activo, en situación de retiro, derechohabientes, beneficiarios y pensionistas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), tiene prestaciones, beneficios y servicios que pueden y deben de influir positivamente en el turismo, haciendo del mismo un factor clave del progreso socioeconómico mediante la obtención de ingresos, la creación del empleo y de empresas y la ejecución de infraestructuras. Por ello es indispensable que la Secretaría de Turismo siga impulsando y promoviendo el turismo social.

No tengo duda de que nuestra amiga y paisana Claudia Ruiz Massieu lo tiene entre sus prioridades, pero todos sabemos que esta prioridad comprende todos aquellos instrumentos y medios a través de los cuales se otorgan facilidades con equidad para que las personas viajen con fines recreativos, deportivos, educativos y culturales, en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad.

El fomento de turismo social debe de incluir de hoy en adelante al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, y la Secretaría de Turismo debe de ejecutar de manera coordinada un programa tendiente a fomentar el turismo social. Ése es el propósito de la reforma y el propósito fundamental es la generación de empleos y por supuesto la difusión de los destinos turísticos, además de fomentar la economía interna. Es cuanto, señora presidenta

«Iniciativa que reforma el artículo 16 de la Ley General de Turismo, suscrita por el diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Manuel Añorve Baños, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley General de Turismo, por lo que deberá ser sometida a discusión y a votación del pleno al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El turismo se caracteriza como un elemento que aparece en el proceso de evolución de la sociedad y a partir de su vinculación con el tiempo libre y la necesidad de esparcimiento, cumple una función de gran importancia en ella. Está vinculado con los procesos productivos y como tal, es un agente de cambio social y de desarrollo: diversifica la economía local, integra a las comunidades locales, crea empleo tanto directo como indirecto, genera capitales para los Estados receptores, induce a la planificación regional, entre otras bondades.

Con todo, durante muchos años el modelo empleado para promover el turismo se alejó del aspecto social y se enfocó en la generación de divisas. Por ello muchas veces las políticas públicas se constriñeron a la construcción de infraestructura aeroportuaria, desarrollo urbano y fomento de la hotelería de carácter internacional, sin tomar en cuenta a las comunidades y culturas en las cuales buscaba insertarse.

Esto trajo aparejado un desmedido crecimiento urbano, principalmente en los países que crearon importantes enclaves turísticos en sus capitales. En respuesta a la falta de previsión respecto al impacto social de estos desarrollos, en 1972 la ONU llevó a cabo la I Cumbre Mundial sobre Desarrollo y Medio Ambiente, en la cual se planteó el concepto de ecodesarrollo. En concreto, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PENUMA), como modelo de alternativa para lograr un desarrollo armónico entre el hombre y la naturaleza.

Posteriormente, en 1987 en la segunda Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, se presentó un modelo que sentó las bases de lo que hoy en día conocemos como desarrollo sostenible, el cual se define como “el que hace frente a las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”.

De esta manera, por vez primera se mostró interés en orientar el turismo hacia algo más que las ganancias de grupos hoteleros: el desarrollo sostenible. Sus tres principios, sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica, fundamentaron el compromiso social del sector.

Sin embargo, no fue sino hasta la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, cuando se lograron verdaderos resultados en un compromiso de los Estados hacia el turismo, con decisiones concretas como la Agenda 21, el documento sobre el cambio climático, o la creación del Consejo de la Tierra, entre otras.

México no ha estado exento de esta deficiencia. La idea de la competitividad turística de nuestro país se ha basado más en la cantidad que en la calidad, buscando detonar destinos atractivos para una gran mayoría, pero relegando la atención al cliente y el cuidado personalizado. Se tuvo una visión equivocada de los recursos naturales, tomándolos como un caudal inagotable y no llevando a cabo acciones tendientes a la preservación y mantenimiento de las zonas naturales y el respeto por la cultura. Es momento de cambiar de paradigma.

A finales de noviembre de 2012, la entonces secretaria de Turismo, Gloria Guevara Manzo, en el marco de la cuarta sesión ordinaria 2012 de la Junta de Gobierno del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), destacó que se superó el volumen de turismo nacional e internacional, al pasar de 162 millones de turistas en 2006 a un estimado de 201.7 millones al cierre de 2012, es decir un aumento de 24.5 por ciento, mientras que la derrama económica creció 6.2 por ciento.

En el sexenio 2006-2012, la inversión privada en el sector sumó 20 mil 129 millones de dólares. El crecimiento de turistas procedentes de regiones diferentes a Estados Unidos aumentó 23 por ciento entre 2008 y 2011, lo cual representa más de 800 mil visitantes. En cuanto al turismo nacional, indicó que creció 4.4 por ciento en 2011 y reportó un crecimiento de seis por ciento en 2012, en tanto que la ocupación hotelera creció 7.1 por ciento en el periodo enero-noviembre de 2012 con respecto al mismo periodo de 2009.

Ello denota que el turismo ha experimentado una continua expansión y diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores económicos de mayor envergadura y crecimiento del mundo. Como servicio de intercambio internacional, el turismo receptor ha llegado a ser uno de los principales sectores del comercio mundial. El turismo como exportación supone hasta el 30 por ciento de las exportaciones mundiales de servicios y el 6 por ciento del total de exportaciones de bienes y servicios a nivel mundial. Desde el punto de vista de la exportación, el turismo se sitúa en cuarto lugar detrás de los combustibles, los productos químicos y los productos alimenticios.

Precisamente a escala mundial, la Organización Mundial del Turismo, organismo especializado de las Naciones Unidas, es la principal organización internacional con un papel central y decisivo en la promoción del desarrollo de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. El informe de la OMT titulado Tourism Towards 2030 (El turismo hacia 2030) es un proyecto de investigación de amplio espectro, que toma como punto de partida el trabajo realizado por la OMT en el ámbito de la previsión a largo plazo desde la década de 1990. Ofrece un pronóstico a largo plazo actualizado y una evaluación del desarrollo del turismo para las dos próximas décadas, de 2010 a 2030.

Según este estudio, se calcula que el número de llegadas de turistas internacionales en el mundo crecerá un 3.3 por ciento al año de media entre 2010 y 2030. Este porcentaje representa alrededor de 43 millones más de llegadas de turistas internacionales cada año, lo cual llevaría a alcanzar un total de mil 800 millones de llegadas en 2030.

Esta tendencia representa una oportunidad para los países en desarrollo, ya que en el pasado, los destinos de economías emergentes tuvieron un crecimiento más rápido que los de las economías avanzadas y la tendencia probablemente se mantendrá en el futuro. La previsión apunta a que, entre 2010 y 2030, las llegadas a economías emergentes crezcan a un ritmo del 4.4 por ciento al año, es decir, el doble que el de las economías avanzadas (+2.2 por ciento al año).

Como resultado, la cuota de mercado de las economías emergentes ha aumentado del 30 por ciento en 1980 al 47 por ciento en 2011 y se prevé que alcance el 57 por ciento en 2030, lo que equivale a más de mil millones de llegadas de turistas internacionales.

En las últimas décadas, han surgido nuevos destinos que están poniendo en jaque a los destinos tradicionales de Europa y América del Norte. Para muchos países en desarrollo se trata de una de las principales fuentes de ingreso de divisas y del principal sector de exportación para la necesaria creación de empleo y de oportunidades para el desarrollo.

Por ello, es necesario hacer un planteamiento distinto de las estrategias en materia de turismo en México que retome el aspecto social, considerando las variables económicas, políticas y ambientales que se están gestando en el ámbito internacional.

Una nueva orientación de las actividades turísticas que contemple el desarrollo de habilidades intelectuales y físicas, que faciliten la adquisición de conocimientos y la interacción con otras culturas. Un turismo social y humanista, más preocupado por la calidad que por la cantidad, bajo los esquemas de responsabilidad social y trato individualizado, con la tendencia a satisfacer las necesidades y gustos especiales de los clientes.

México tiene un enorme patrimonio natural, cultural e histórico, susceptible de ser aprovechado, que lo llevó a ocupar el décimo lugar en la lista de los diez países con mayor número de llegadas de turistas internacionales en 2011. Sin embargo, esta posición puede aún mejorar.

En este sentido, se propone incluir al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, como una de las entidades encargadas de elaborar y ejecutar de manera coordinada un programa tendiente a fomentar el turismo social, contemplado en el artículo 16 de la Ley General de Turismo.

Lo anterior, toda vez que los militares en activo, en situación de retiro, derechohabientes, beneficiarios y pensionistas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas ISSFAM, tienen prestaciones, beneficios y servicios que influir positivamente en el turismo, haciendo del mismo un factor clave del progreso socioeconómico mediante la obtención de ingresos, la creación de empleo y de empresas y la ejecución de infraestructuras.

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley General de Turismo

Artículo 16. La Secretaría impulsará y promoverá el turismo social, el cual comprende todos aquellos instrumentos y medios, a través de los cuales se otorgan facilidades con equidad para que las personas viajen con fines recreativos, deportivos, educativos y culturales en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad.

Las dependencias y las entidades de la administración pública federal, coordinarán y promoverán sus esfuerzos entre ellas y con las de los gobiernos locales y municipales, e impulsarán acciones con los sectores social y privado para el fomento del turismo social.

La secretaría, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, elaborarán y ejecutarán de manera coordinada un programa tendiente a fomentar el turismo social.

Artículos Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.— Diputado Manuel Añorve Baños.»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado Añorve. Túrnese esta iniciativa a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, para dictamen.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tiene ahora la palabra el senador Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 28 de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por varios senadores integrantes de su grupo parlamentario. Adelante, señor senador.

El senador Juan Carlos Romero Hicks: Con la venia de la señora presidenta. Muchas gracias. Distinguidos legisladores, la iniciativa que presento a nombre de 11 senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional: Adriana Dávila, Luisa María Calderón, Silvia Guadalupe Garza, Luis Fernando Salazar, Francisco Búrquez, Martín Orozco, Jorge Luis Lavalle, María del Pilar Ortega, Mariana Gómez del Campo, Laura Angélica Rojas y el de la voz, quieren modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Desarrollo Social.

Es una prerrogativa del Ejecutivo federal la designación de sus delegados en entidades federativas. En el tema social en ocasiones surge la tentación de que se nombren personas que fueron candidatos que no tuvieron la fortuna de ganar una elección local o que provienen de cargos de dirigencia nacional estatal o municipal.

Todos queremos los mejores funcionarios y éstos tienen que ser personas profesionalmente probadas y que tengan una neutralidad. Dicho de otra manera, el gobierno debe ser daltónico; se gobierna para todos, para quienes votaron para una fracción, quienes votaron por otra o eventualmente decidieron una no forma de participación mediante su propio abstencionismo.

Así las cosas, lo que queremos es profesionalizar los servicios de carrera y por eso creemos que, sin negar la facultad del Ejecutivo federal, el gobierno debe de cuidar principalmente dos tareas; una, que ningún servidor público se aproveche para beneficiar a persona alguna o a su propia persona, y segundo, garantizar que ningún ciudadano tenga algún condicionamiento para recibir algún bien o servicio público al que tiene derecho.

Por eso todos seguramente coincidimos en que el gobierno, sea cualquiera su origen, debe de tener legalidad, honradez, transparencia, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Por eso estamos proponiendo que en los perfiles para ocupar particularmente las delegaciones que tienen una responsabilidad social se cuente con tres elementos muy específicos; primero, contar con conocimiento y experiencia profesional ligada al sector; segundo, el que la persona no haya desempeñado un cargo ejecutivo de dirección de partido político nacional, estatal o local en los tres años inmediatos a la fecha del nombramiento de la entidad federativa, y tercero, el que no haya desempeñado algún cargo de elección popular ni se haya registrado como candidato a un cargo de elección popular en la circunscripción de la que estamos comentando.

Esta es la intención. Lo que queremos son profesionales honestos e independientes y que sea la ciudadanía la que obtenga el máximo beneficio con resultados, resultados y más resultados. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma los artículos 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 28 de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por el senador Juan Carlos Romero Hicks y diversos senadores del Grupo Parlamentario del PAN

Las y los suscritos, Adriana Dávila Fernández, Luisa María Calderón Hinojosa, Juan Carlos Romero Hicks, Silvia Guadalupe Garza Galván, Luis Fernando Salazar Fernández, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Martín Orozco Sandoval, Jorge Luis Lavalle Maury, María del Pilar Ortega Martínez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, senadoras y senadores de la República pertenecientes a la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso e) a la fracción I del artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y un segundo y tercer párrafo al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. Los conceptos “representativo y democrático” previstos en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como una forma de gobierno de nuestra nación, están íntimamente vinculados entre sí, ya que la democracia es una forma de gobierno que se caracteriza por el hecho de que el pueblo o los ciudadanos pueden participar en la toma de decisiones con su voz y voto, directamente o a través de sus representantes, bajo la regla de la mayoría; mientras que el régimen representativo tiene lugar en virtud de que el gran número de ciudadanos hace imposible su reunión conjunta en una asamblea, por lo que se precisa que el pueblo elija a unos cuantos, cuya voluntad valga por la de ellos.

En tales términos, un aspecto fundamental que deben poseer las instituciones del estado, son condiciones democráticas que permitan gozar de circunstancias que por un lado optimicen la ejecución de aquellos programas previstos para erradicar la brecha económica en la población de escasos recursos, y por otro, eviten el uso de esos programas para fines distintos para los que originalmente fueron diseñados.

De esa manera, la democracia demanda un proceso consolidado basado, entre otras cosas, en un pulcro y eficiente desarrollo de los procesos electorales, en los que los mexicanos manifiesten su total libertad para votar por el partido o coalición que elijan, en un ambiente de seguridad y confianza de que las elecciones son: transparentes, limpias, legitimas y que se ha respetado el voto y éste no ha sido influido de forma anómala.

Lo anterior implica entonces que el funcionario público no debe tener más interés que el cumplir con su función conforme lo marca la ley, y que en su ejercicio se vea comprometido el principio de imparcialidad.

En relación a ello, suele ocurrir que como una “decisión de gobierno”, el titular del ejecutivo federal, local o municipal, nombre como titulares de áreas relacionadas con los fines del desarrollo social a personas que ejercieron un cargo de elección, a ex candidatos que en su momento no les favoreció el voto de los ciudadanos en comicios recientes o simplemente a dirigentes o ex dirigentes de partidos políticos, lo que lógicamente significa dar ese poder e investidura del estado para desarrollar tareas tan sensibles a aquellos que recientemente tuvieron aspiraciones distintas a las que se les encomiendan, y consecuentemente, significan un riesgo para la correcta utilización de recursos dirigidos a fines sociales.

La neutralidad y el profesionalismo de los servidores públicos pueden resultar comprometidos de diferentes maneras:

• Si se nombra o designa a personas con evidentes vínculos partidistas que resulten claramente inaceptables para un gobierno;

• Si se nombra a individuos que tengan compromisos evidentes con tendencias políticas particulares; y

• Si se reemplaza a los servidores públicos, en particular cuando hay un cambio de gobierno, sin existir una buena razón para dudar de su competencia y lealtad, sino simplemente para imponer la autoridad del gobierno.

En tal orden de ideas, resulta indispensable evitar la politización del servicio público, y en especial el ejercicio de recursos y programas públicos.

Ante esta situación, el gobierno tiene una doble responsabilidad. En primer lugar, asegurar que ningún servidor público se aproveche de su cargo para beneficiar o perjudicar a quienes participan como actores políticos en el proceso electoral; y en segundo lugar, garantizar que a ningún ciudadano se le condicione la entrega de los servicios y bienes públicos a los que tiene derecho, por cuestiones relacionadas con sus preferencias políticas, compromisos partidistas, o sus intenciones de voto o sus actividades electorales.

No obstante, esas medidas deben estar provistas de forma transversal a lo largo de la legislación, de tal manera que la misma forme parte de un régimen de condiciones incorporadas en varias de las atribuciones del estado, consecuentemente es recomendable encontrar dispersa a lo largo de la legislación una serie de medidas encaminadas a evitar la falta de mecanismos que, cuya ausencia propicie inequidad y uso de recursos públicos con fines distintos para los que son contemplados, esto a través de la ejecución de programas y la utilización de éstos con sesgos distintos al desarrollo social.

En tal sentido, los servidores públicos en tanto que son ciudadanos, tienen el derecho de ejercer su voto informado y razonado pero también la responsabilidad de cumplir con las obligaciones de la función pública, la cual impone el deber que los programas, las acciones de gobierno, el manejo de los recursos federales y sus funciones las realicen con legalidad, honradez, transparencia, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Con ese objeto, en las últimas legislaturas del Congreso de la Unión, han tenido lugar una serie de reformas relacionadas con el uso de los recursos públicos y la materia electoral, encaminadas entre otras cosas a evitar que los actores políticos y servidores públicos utilicen recursos públicos con el propósito que sean destinados para fines electorales.

Entre las más relevantes, destaca la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, la cual tuvo como intención lograr un sistema electoral más democrático y justo, teniendo como objetivo evitar que intereses ilegales o ilegítimos puedan influir en la vida de los partidos políticos además de impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados a través de los medios de comunicación, y consecuentemente elevar a rango de norma constitucional las regulaciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental, de todo tipo, tanto época de campañas electorales como en periodos no electorales.

Por su parte en la materia de Desarrollo Social, desde los orígenes de la Ley General de Desarrollo Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004, se han establecido una serie de medidas encaminadas a evitar que los programas sociales que la ley refiere sean utilizados de cualquier otra forma a la permitida por la ley, es de esa manera que actualmente el artículo 28 establece la prohibición para el uso distinto al permitido por la Ley.

2. La presente iniciativa tiene como propósito adicionar un inciso e) al artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que actualmente regula el régimen orgánico de las delegaciones pertenecientes a las dependencias y entidades de las Administración Pública Federal en las entidades federativas o en determinadas regiones.

De esa forma prevé los requisitos que deberán reunir los titulares de sus delegaciones, su vinculación a la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, y las condiciones adicionales que deberán realizar tales delegaciones cuando la dependencia o entidad a las que pertenezcan ejecuten programas sujetos a reglas de operación cuyo fin sea la entrega de un beneficio social directamente a la población.

La adición propuesta tiene como objeto establecer como requisito adicional a los vigentes actualmente que cuando se trate aquellas delegaciones que ejecutan programas de índole social, el titular de la misma no debe haber desempeñado algún cargo de elección popular o haber sido candidato a éstos o dirigente de partido político en los tres años anteriores al día de su designación.

A su vez, dicha restricción tiene como propósito ser congruentes con el objeto de las disposiciones establecidas en los incisos c) y d) de la fracción III del mismo artículo 17 Bis, que es evitar el uso para fines distintos a los establecidos en el programa o la manipulación política del mismo.

3. En congruencia con la adición al artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se propone lo propio en el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, con el propósito de establecer aspectos a cumplir en el ejercicio de la política de desarrollo social en los diversos niveles de gobierno, y para ese fin se establece que la persona en quien recaiga la titularidad de las áreas de la administración pública municipal o estatal que desa-rrollen y ejecuten la aplicación de políticas y programas sociales, deberá contar con conocimientos y experiencia profesional en la materia de desarrollo social.

Además, no desempeñar o haber desempeñado cargos de elección ni haber sido registrado como candidato a ocupar alguno de éstos, o haber ocupado uno ejecutivo a nivel nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años anteriores a la fecha de la designación.

En el caso de la federación y por la envergadura de responsabilidades, se prevé que esos requisitos deberán ser cubiertos por los titulares de las delegaciones que se establezcan en las entidades federativas y conforme se propone en el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Tales lineamientos que se plantean, deben ser vistos como un requerimiento del perfil y no como una restricción del acceso de ellos, pues como hemos mencionado, se trata de tener servidores públicos que se mantengan ajenos a intereses políticos, de partidos, o cualquier otro distinto al desarrollo social y la función pública, y en ese sentido, así como es preciso gozar de ciertos conocimientos sobre la materia, en este caso de desarrollo social, por tratarse de la necesidad de garantizar derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, igualmente es necesario que la personas en quien recaiga tal nombramiento sea ajeno de forma inmediata a intereses distintos a los mencionados.

4. Es preciso hacer hincapié que igualmente se plantea un transitorio en el que se prevé que aquellos delegados que se encuadren en la hipótesis normativa materia del presente decreto cuyo nombramiento hubiera tenido lugar con anterioridad a la entrada en vigor del mismo, podrán continuar en sus cargos, lo anterior a efecto de evitar conculcar derechos adquiridos de tales servidores.

5. Esta no es la primera iniciativa que se presenta sobre la materia, pues anteriormente durante la LX legislatura esta soberanía aprobó el 15 de diciembre de 2009, un dictamen que contemplaba en conjunto propuestas que tenían como objeto el establecimiento de requisitos y restricciones para evitar el posible uso parcial de los recursos públicos destinados para el desarrollo social, siendo las siguientes:

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, la Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Federal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, presentada en sesión en sesión ordinaria del 22 de abril de 2008 por el senador Graco Ramírez Garrido Abreu.

• Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, presentada en sesión ordinaria del 4 de febrero de 2009, presentada por el senador Rogelio Rueda Sánchez.

• Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la General de Desarrollo Social, presentada en la sesión del 8 de octubre de 2009 por las senadoras y senadores Beatriz Zavala Peniche, Gabriela Ruíz del Rincón, Sergio Álvarez Mata, Adrián Rivera Pérez y Jaime Rafael Díaz Ochoa, Emma Lucía Larios, Rosalía Peredo Aguilar, Ramón Galindo Noriega, Guillermo Tamborrel Suárez, Alfredo Rodríguez y Pacheco.

Es por lo anterior y la necesidad de anteponer la necesidad de salvaguardar los derechos sociales por encima de los derechos individuales, que someto a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un inciso e) a la fracción I del artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y un segundo y tercer párrafos al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social

Primero. Se adiciona el inciso e) a la fracción I del artículo 17 bis para quedar como sigue:

Artículo 17 Bis. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a lo previsto en los reglamentos interiores o sus ordenamientos legales de creación, respectivamente, podrán contar con delegaciones en las entidades federativas o, en su caso, en regiones geográficas que abarquen más de una entidad federativa, siempre y cuando sea indispensable para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo y cuenten con recursos aprobados para dichos fines en sus respectivos presupuestos y observen lo siguiente:

I. Los titulares de las delegaciones serán designados por el Titular de la respectiva dependencia o entidad y tendrán las atribuciones que señalen sus reglamentos interiores o los ordenamientos legales de creación de las entidades paraestatales. Asimismo, deberán reunir por lo menos los siguientes requisitos:

a) a d) ...

e) Tratándose de aquellas dependencias en las cuales se ejecuten programas sociales conforme a la Ley General de Desarrollo Social, no haber desempeñado algún cargo de elección popular o haber sido candidato a éstos o haber ostentado cargo ejecutivo de dirección nacional, estatal o municipal de partido político alguno en los tres años anteriores al día de la designación.

II. y III...

Segundo. Se adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue:

Artículo 28. La publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberán identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la ley correspondiente e incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

La titularidad de las áreas que desarrollen y ejecuten la aplicación de las políticas y programas a que se refiere la presente ley, deberán cumplir con un perfil que garantice su imparcialidad, y tratándose del nivel federal tal requisito deberá ser observado igualmente en las delegaciones a las que refiere el artículo 17 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Las personas en quien recaiga la titularidad del área aludida en el párrafo anterior, además de lo dispuesto en otras leyes, al momento de ser nombrados deberán cumplir al menos con los siguientes requisitos:

I. Contar con conocimientos y experiencia profesional relacionados con el sector que les permita el desempeño de sus funciones.;

II. No desempeñar ni haber desempeñado cargo ejecutivo de dirección nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los tres años inmediatos anteriores a la fecha del nombramiento en la entidad federativa de que se trate;

III. No haber desempeñado algún cargo de elección popular, ni haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores por la circunscripción de que se trate.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los servidores públicos que a la entrada en vigor del presente Decreto, se encuentren dentro de la hipótesis normativa que él mismo prevé, podrán continuar desempeñando el cargo que ostentan conforme al nombramiento.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, México, Distrito Federal, a 22 de enero de 2013.— Senadores: Adriana Dávila Fernández (rúbrica), Luisa María Calderón Hinojosa (rúbrica), Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica), Silvia Guadalupe Garza Galván, Luis Fernando Salazar Fernández (rúbrica), Francisco de Paula Búrquez Valenzuela (rúbrica), Martín Orozco Sandoval (rúbrica), Jorge Luis Lavalle Maury (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, senador. Túrnese a las Comisiones de Gobernación y de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores.

Hemos concluido con lo referente a las iniciativas. Ahora pasamos a lo relacionado con las proposiciones; le pido a la Secretaría dé lectura a las proposiciones recibidas.

CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SHCP que instruya al Consejo Nacional de Armonización Contable a fin de que presente a esta soberanía un informe sobre los avances de la etapa inicial del mecanismo de diagnóstico y evaluación para adoptar e implantar esa armonización, suscrita por la senadora Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del PRI

Las que suscriben, senadoras Arely Gómez González y María del Rocío Pineda Gochi, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

México ha experimentado a lo largo de la última década importantes y trascendentales cambios orientados a un nuevo diseño de la administración pública federal como parte de una estrategia integral diseñada y dirigida al combate a la corrupción, a la promoción de una nueva cultura de legalidad, a la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio y función del quehacer gubernamental.

Con la publicación en 2008 del decreto que adiciona la fracción XXVIII al artículo 73 de nuestra Carta Magna, el Poder Legislativo quedó facultado para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental. A partir de este año, se inicia un proceso de rediseño institucional acompañado de una serie de reformas legislativas cuyo primer paso es la promulgación, en el Diario Oficial de la Federación, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Esta nueva ley tiene por objeto establecer criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental, pero sobre todo, la emisión de la información financiera de los entes públicos, con el objetivo de lograr una armonización contable en los tres niveles de gobierno (federación, estados y municipios). Con esta disposición se busca armonizar el registro y facilitar la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gasto públicos.

Por otra parte, la ley en comento obliga a los entes públicos emitir información financiera patrimonial, tener un sistema contable armonizado y brindar elementos suficientes para lograr una evaluación del desempeño de los mismos, promoviendo la transparencia de la información pública. Además, prevé que los estados y municipios que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de esta ley, no podrán contratar o emitir deuda e inscribirla en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Para la instrumentación de estas nuevas disposiciones, la presente ley contempló la creación del Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac) como instancia responsable de la coordinación para la armonización gubernamental y cuyas facultades son la emisión de las normas contables y los lineamientos para la generación de información financiera de todos los entes públicos del país, así como los plazos y fechas límite para su funcionamiento establecidos en la ley y en el Acuerdo de Interpretación sobre las Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, emitido por el consejo.

Lo anterior representó una tarea colosal y difícil de alcanzar, ya que la implementación de dicha ley traía consigo cambios importantes en diversos ámbitos de la estructura de los entes públicos, tales como: reformas a su marco jurídico e internamente a sus reglamentos; cambios en sus tecnologías de información; adecuación de procesos administrativos, contables y financieros; y capacitación del personal, entre otros. Dada la complejidad de esta gran empresa, los legisladores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión aprobamos reformas a la LGCG, decreto que fue publicado el 12 de diciembre de 2012, con la finalidad de reforzar las reglas para la armonización y publicación de la información financiera de los entes públicos y ampliar los plazos para la publicación de la información (Entes públicos 31.12.13, en caso de los municipios 31.12.14 y en algunas excepciones hasta el 31.12.15).

En lo que respecta a los mecanismos de evaluación y la publicación de los avances de la armonización contable por parte de la Conac, se adicionó un párrafo al artículo noveno que establece que “El consejo presentará, a más tardar el último día hábil de febrero, el informe anual al Congreso de la Unión, en el que incluirá las recomendaciones que estime pertinentes para el mejor cumplimiento de los objetivos de esta ley”. Por otra parte, el artículo séptimo transitorio “mandata al Conac enviar a las Comisiones de Hacienda del Senado de la República y de la Cámara de Diputados así como a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de la Función Pública de la Cámara de Diputados, en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la publicación del presente decreto, un informe detallado sobre el estado de avance en la implantación de las disposiciones de esta ley...”

Independientemente de estos nuevos plazos para conocer los avances en la materia, es importante destacar, que en apoyo al cumplimiento de lo dispuesto, se estableció en el artículo noveno transitorio, del decreto de 2008, la creación de un fondo concursable en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para que la SHCP otorgara subsidios a las entidades federativas y a los municipios. Por mencionar unos datos, en 2012, dicha secretaría emitió los lineamientos para aplicar los recursos presupuestales destinados a apoyar los objetivos y metas de la armonización contable, para lo cual contemplaba una provisión 51.7 millones de pesos. Además se cuenta con 64.3 millones de pesos a cargo del Instituto Nacional de Administración Pública, para subsidiar la capacitación y profesionalización de las unidades administrativas competentes en la materia de contabilidad gubernamental, así como para la modernización de las tecnologías de la información y comunicación que permitan el cumplimiento de la ley.

Para ser congruentes con la transparencia y la rendición de cuentas, en concordancia con la nueva lógica de la administración pública federal y dado que ya fueron destinados recursos desde el inicio de este proceso, es imprescindible que el Conac envíe a esta soberanía un informe sobre el estado que guarda el avance en la adopción e implementación de la armonización contable de acuerdo al “Calendario de trabajo ajustado de la etapa inicial del mecanismo de diagnóstico y evaluación para la adopción e implementación de la armonización contable” publicado en octubre de 2012, antes de la última reforma a la LGCG.

De esta manera, se dará respuesta a una prioridad compartida por los órdenes de gobierno que, comprometidos con la transparencia y rendición de cuentas, disponemos ya de un pilar constitucional para superar la heterogeneidad conceptual, normativa y técnica prevaleciente en sus sistemas contables y de rendición de cuentas. Es claro que sólo con información comparable, no solamente los ciudadanos podrán evaluar con certeza los resultados que arroje la gestión de sus gobernantes, sino que además tendrán, en la contabilidad gubernamental, un instrumento clave para la toma de decisiones, al sustentarse en reportes compatibles y congruentes, adaptados en su base técnica y a las mejores prácticas nacionales e internacionales de administración financiera.

Por lo anteriormente expuesto y fundado con base en el artículo 93 constitucional sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, instruya al Consejo Nacional de Armonización Contable presente un informe a esta soberanía sobre los avances de la etapa inicial del mecanismo de diagnóstico y evaluación para la adopción e implementación de la armonización contable.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.— Senadoras: Arely Gómez González, María del Rocío Pineda Gochi (rúbricas).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

ESTADO DE QUINTANA ROO

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a intervenir con las secretarías competentes a fin de establecer tarifas diferenciadas en la ruta del ferry Playa del Carmen-Isla de Cozumel para todos los residentes de Quintana Roo, suscrita por la senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Luz María Beristáin Navarrete, senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Un cometido del estado es proporcionar transporte a la población. En el estado de Quintana Roo, el transporte ferry que va de Playa del Carmen a Cozumel tiene un precio de adulto: viaje sencillo de 156 pesos, viaje redondo 312 pesos, donde la tarifa diferencial para los habitantes de Cozumel y de Playa del Carmen es de 88 pesos. Es un precio muy elevado considerando que el salario mínimo es de 61.38 pesos diarios en el estado de Quintana Roo, y que sólo 15 por ciento de los trabajadores perciben más de 5 salarios mínimos en promedio, y 54 por ciento de éstos perciben menos de 3 salarios mínimos.

Cabe mencionar que a través de los años ha ido aumentando el precio, en 2007 el precio de tarifa diferencial era de 50 pesos (viaje sencillo), en 2008 aumento 32 pesos para quedar en 82 pesos, en 2009 aumento 6 pesos y quedo en el precio actual de 88 pesos viaje sencillo, 172 pesos redondo, además de que el transporte de carga (automóviles) con un costo de 380 pesos pasó a 760 pesos, lo que representa un aumento irracional mayor a 100 por ciento en un año.

En virtud de que el estado está obligado a proporcionar vías de comunicación, es necesario establecer en este caso específico un precio justo, razonable, equitativo y proporcional al costo del viaje entre la isla de Cozumel a Playa del Carmen en el estado de Quintana Roo, con la finalidad de que la población pueda satisfacer sus necesidades de transportarte, acorde a su poder adquisitivo.

Hay que recordar que toda tarifa del transporte debe calcularse bajo parámetros razonables de costos y el poder adquisitivo de la población. El viaje del ferry es una necesidad básica para los pobladores de la isla de Cozumel, en materia laboral, educativa y social que obtienen ante la facilidad de desarrollar actividades fuera de la isla. Conviene recordar que 79 por ciento de los trabajadores en Quintana Roo laboran en el sector terciario, donde evidentemente predominan los servicios en la industria turística y el comercio.

En beneficio del interés público, los precios deben ser en razón de la ciudadanía mexicana, tomando en cuenta principalmente el salario mínimo de donde se desempeña el transporte, como bien sabemos un principio general del derecho establece: “que el lugar rige el acto”, es por eso que tenemos que tomar en cuenta las características económicas de los pobladores en mención.

La ruta que va de Playa del Carmen a Cozumel, la cual tiene un precio calculado en el servicio turístico, por lo que se ha convertido en un lujo para la población local realizar esta ruta básica de transporte.

En el México moderno es impensable que una región quede incomunicada por no poder cumplir con el pago de las tarifas requeridas, es menester mencionar que la isla de Cozumel pertenece al estado de Quintana Roo, por lo tanto es obligación del estado atender con suma atención esta situación tan importante.

El artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece el derecho de libre tránsito, el cual plantea que podemos desplazarnos de forma libre por el territorio mexicano. Es el siguiente;

“Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la república, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones.”

El artículo anterior nos establece la libertad de tránsito, si bien es cierto que los ciudadanos que habitan en el estado de Quintana Roo, principalmente de Playa del Carmen y Cozumel no se les veda el uso del ferri, ya que al cumplir con la tarifa, pueden transportarse en él mismo. Sin embargo el elevado costo del servicio y el limitado poder adquisitivo de los salarios, ocasionan la dificultad para el libre tránsito para los habitantes de la zona. Por lo que los ciudadanos de dichas regiones permanecen sin la oportunidad de trasladarse, limitando el ejercicio del derecho de libre tránsito.

La distancia entre Playa del Carmen y Cozumel es de 18 kilómetros, una distancia relativamente corta para tener precios tan elevados, ya que el costo unitario por cada kilómetro recorrido es de 8.60 pesos, mientras que en Canadá es de 2.26 pesos por kilómetro.

Para el análisis del tema, mencionaremos una comparativa del servicio de ferri en Canadá, donde el costo de un viaje de adulto en ferri de la ciudad Vancouver a Victoria, tiene un costo 15 dólares canadienses equivalente a 195 pesos, y la distancia de este viaje es de 86 kilómetros. Esta comparativa denota el excesivo costo del servicio mexicano que cobra cuatro veces más el valor del transporte marítimo por kilómetro, y en referencia a los precios de Canadá, donde basado en los parámetros de costo por kilómetro ya mencionados, el costo del ferri entre Cozumel y Playa del Carmen debería de ser de 40 pesos viaje sencillo, y 80 pesos redondo.

En la ley orgánica de la administración pública encontramos en las fracciones I, XII, XVI, XVIII, XIX, XX, XXIV, XXV, XXVI, XXVII lo siguiente;

“Artículo 36. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país;

XII. Fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes y las tarifas para el cobro de los mismos, así como otorgar concesiones y permisos y fijar las tarifas y reglas de aplicación de todas las maniobras y servicios marítimos, portuarios, auxiliares y conexos relacionados con los transportes o las comunicaciones; y participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el establecimiento de las tarifas de los servicios que presta la administración pública federal de comunicaciones y transportes;

XVI. Regular las comunicaciones y transportes por agua;

XVIII. Construir, reconstruir y conservar las obras marítimas, portuarias y de dragado, instalar el señalamiento marítimo y proporcionar los servicios de información y seguridad para la navegación marítima;

XIX. Adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones por agua; así como coordinar en los puertos marítimos y fluviales las actividades y servicios marítimos y portuarios, los medios de transporte que operen en ellos y los servicios principales, auxiliares y conexos de las vías generales de comunicación para su eficiente operación y funcionamiento, salvo los asignados a la Secretaría de Marina;

XX. Administrar los puertos centralizados y coordinar los de la administración paraestatal, y otorgar concesiones y permisos para la ocupación de las zonas federales dentro de los recintos portuarios;

XXIV. Otorgar concesiones o permisos para construir las obras que le corresponda ejecutar;

XXVI. Promover y, en su caso, organizar la capacitación, investigación y el desarrollo tecnológico en materia de comunicaciones y transportes, y

XXVII. Los demás que expresamente le fijen las leyes y reglamentos.”

Es conveniente que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de acuerdo con lo antes expuesto tome conocimiento de lo expuesto y regule la situación en cuestión sobre el precio del viaje en ferri que va de Playa del Carmen a Cozumel, ya que es un precio que no todos los ciudadanos residentes del área pueden pagar. Los habitantes necesitan una disminución en el costo del viaje de dicho ferry para poder trasladarse en el estado de donde son originarios, impulsando los objetivos de determinado viaje, ya sea para el esparcimiento, para laborar o cualquier otro fin.

En otro orden de ideas, hay que reconocer al turismo como pieza clave del desarrollo económico de México, y ser más competitivos a nivel nacional e internacional. Nuestro país es muy rico en playas, de las mejores del mundo, las cuales requieren un impulso para generar más visitas, en ocasiones para impulsar al sector turístico es mejor disminuir los precios para obtener más visitas que se reflejarían en más consumo de hoteles, restaurantes, zonas arqueológicas, bares, servicios turísticos, etcétera.

Por lo tanto tenemos tres vertientes.

Disminuir el precio del viaje que se les da a los connacionales, entre Playa del Carmen y la isla de Cozumel, para fomentar el turismo en dicha isla, en razón de que los elevados costos perjudican el acceso a la isla.

Disminuir el precio que se les da a las personas locales, entre Playa del Carmen y la isla de Cozumel para trasladarse con más facilidad entre el territorio que habitan, tomando en cuenta el salario mínimo de esa zona, y que su lugar de origen es este mismo, con la diferencia del caso anterior de que sea aún menor la tarifa.

Además de hacer una disminución de tarifa diferenciada en el servicio de transporte de carga, ante su irregular aumento de 100 por ciento.

En atención a lo antes expuesto sometemos a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que intervenga en el tenor de sus facultades para establecer tarifas diferenciadas en la ruta del ferry entre Playa del Carmen y la isla de Cozumel, para todos los habitantes locales del estado, acordes al poder adquisitivo de la población.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que intervenga en el tenor de sus facultades para establecer la tarifa diferenciada, a los ciudadanos mexicanos para impulsar el sector turístico en la isla de Cozumel.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que realice un estudio ante el incremento irregular del precio de transporte de carga en el ferri de la ruta entre Playa del Carmen y la isla de Cozumel, con la finalidad de disminuir la tarifa e implementar tarifas diferenciadas entre los habitantes locales y los ciudadanos mexicanos de la república.

Nota:

1. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012, primer trimestre. Inegi.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.— Senadora Luz María Beristáin Navarrete (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

DEUDA PUBLICA

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las legislaturas locales a realizar por las entidades de fiscalización correspondientes auditorías en materia de deuda pública y contratación de obligaciones de pago por los estados y los municipios, suscrita por el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de lo siguiente:

1. En la opinión pública ha cobrado relevancia un tema que ha crecido en los últimos años y minado las finanzas públicas de los municipios y de las entidades federativas: el sobre endeudamiento, sea por la vía de empréstitos o por la suscripción de obligaciones de pago con particulares que desarrollan obras o prestan servicios a los gobiernos locales, así como por comprometer las participaciones federales en esquemas financieros bursátiles.

Esta crisis tiene elementos graves por haberse identificado casos de abuso y conductas delictivas como ocurrió en Coahuila y por alcanzar niveles muy altos de compromiso de pago que han puesto en riesgo las finanzas locales al asumir una notoria rigidez en el gasto público, pues las obligaciones de pago gravitan sobre los ingresos públicos de forma significativa.

De acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Hacienda, el total de las obligaciones financieras de las entidades en 1994 era de 26 mil 728 millones de pesos y para marzo del 2012 la cifra alcanzó los 396 mil 832 millones de pesos. Para subrayar el peso de esas obligaciones debe decirse que el porcentaje respecto de las participaciones federales pasó de 64.5 por ciento en el año 1994, a 78.6 por ciento en el 2012.

Debe tenerse presente que aun cuando se traten de casos de deuda contratada por empréstitos o que se trate de obligaciones de pago a proveedores de obras y servicios en realidad la consecuencia es la misma: las finanzas públicas locales están obligadas a pagar montos millonarios.

2. En esta circunstancia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha señalado una posición al respecto diciendo que no se procederá rescatar las finanzas de las entidades.

Coincidiendo con el sentido prudencial de la afirmación, no puede dejarse pasar que el Ejecutivo se extralimita.

De acuerdo a las facultades económicas que le corresponden al Congreso de la Unión, así como por las dimensiones nacionales de un programa de rescate de las finanzas locales, de ser el caso en que este fuera necesario, debe ser aprobado por el Poder Legislativo y no debe ser resuelto por una disposición administrativa, ni mucho menos por un intercambio de favores entre el Ejecutivo federal y las entidades.

3. Por otra parte, antes que pensar en si debe o no procederse con un rescate financiero, en primera instancia deben deslindarse las responsabilidades legales de cada caso, para evitar que una eventual intervención por parte de la legislatura federal termine por encubrir conductas ilícitas o abusivas por parte de quienes tuvieron la responsabilidad de manejar y autorizar los endeudamientos o la suscripción de compromisos de pago.

No sería aceptable, desde ningún punto de vista, que si hay casos de corrupción o de incumplimiento a las leyes el “premio” sea que la federación rescate e intervenga con recursos públicos, sin que primero se castigue a los responsables.

Sin auditorías se estaría actuando de manera discrecional, sin conocimiento suficiente y la falta del deslinde de responsabilidades puede hacer que se traten igual casos que son distintos en su origen y peor aún que se acepte pagar la responsabilidad en términos financieros sin que se establezcan las sanciones administrativas o penales que correspondan.

Las auditorías son indispensables en términos de legalidad y transparencia, de manera que sólo sobre esas bases se puede iniciar una intervención por parte de la federación, en la que incluso se pueden desarrollar acciones sancionatorias.

4. Ahora bien, es importante que la necesidad de transparentar y auditar los recursos destinados a deudas o compromisos de pago sea atendida por parte de quien tiene las facultades correspondientes y en cumplimiento de lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En particular debe considerarse lo señalado en el artículo 115 en su fracción III:

Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

Lo anterior hace evidente que el tema debe ser atendido en un enfoque federalista y que los congresos de cada estado son quienes aprueban los ingresos de los municipios y que a los legisladores estatales, con el apoyo de las entidades fiscalizadoras que existen en cada entidad, son los responsables de fiscalizar las cuentas públicas de los municipios.

No es por tanto correcto asumir que la fiscalización de las cuentas públicas de los municipios, le corresponda en principio a la federación o a la Cámara de Diputados, puesto que sólo puede intervenir en cuanto al gasto realizado con recursos federales, por medio de la Auditoría Superior de la Federación.

A mayor abundamiento la contratación de deuda y de otras obligaciones de pago se realiza conforme a lo que señalan leyes locales específicas en esa materia y debe verificarse el destino que tuvieron los recursos.

Aquí es claro que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece límites, de forma que el gasto corriente no sea financiado con deuda u obligaciones de pago. Así, en las prohibiciones que establece el artículo 117 en el segundo párrafo de la fracción VIII se establece textualmente que:

Los estados y los municipio no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los Ejecutivos informarán del ejercicio al rendir la cuenta pública.

Aun cuando pudieran existir disposiciones o autorizaciones en el ámbito local, es indispensable verificar que lo que se haya financiado sean inversiones públicas productivas y no proyectos de otra naturaleza en los que no exista el beneficio para la sociedad sino, pudiera ser, para algunos contratistas, bancos, agentes financieros e incluso servidores públicos.

En razón de lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las entidades federativas a que por medio de las entidades de fiscalización correspondientes realicen auditorías en materia de deuda pública y contratación de obligaciones de pago, tanto por parte de los municipios como por parte de las propias entidades.

Se exhorta a las legislaturas de los estados a que los resultados de dichas auditorías, se hagan del conocimiento público, se remita copia de esta al Congreso de la Unión y a las autoridades correspondientes en materia administrativa y penal.

Sede de la Comisión Permanente, a 23 de enero de 2013.— Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

REGLAS DE OPERACION DE PROGRAMAS SOCIALES

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a flexibilizar las reglas de operación de los programas sociales en la región sur-sureste, suscrita por el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Las reglas de operación de los diferentes programas federales son los que regulan la puesta en práctica de los recursos y su asignación, ahí recae su importancia.

Es necesario subrayar que las condiciones socioeconómicas en nuestro país no son equitativas, y que para lograr una atención oportuna a las diferentes regiones es necesario que se tomen en cuenta además de los puntos ya especificados en el Decreto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013, el nivel de desigualdad de cada región del país, en especial los que se encuentran al Sur Sureste de nuestro país que ocupan los últimos lugares del Índice de Desarrollo Humano.

Es un hecho reconocido que las reglas de operación deben presentarse de manera flexible para permitir una aplicación oportuna de los recursos. En ese sentido, debe señalarse que en el artículo 29, fracción I del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 ha presentado un avance al establecer que es necesario que éstas se sujeten a algunos criterios generales: deberán ser simples y de fácil acceso para los beneficiarios, tomar en cuenta las características de las diferentes regiones socioeconómicas del país, considerar las características sociales, económicas y culturales de la población objetivo, preverán que las aportaciones acordadas se realicen oportunamente y sean ejercidas de inmediato, deberán promover una calendarización eficiente para el ejercicio de los recursos federales respectivos, así como incluir criterios que aseguren transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de recursos.

Otro aspecto que merece subrayarse se refiere a la intervención de los ámbitos de gobierno en la ejecución de los programas, donde puede percibirse un alejamiento a las tendencias centralizadoras, al acordar los diputados lo siguiente, en el inciso b de la fracción I del artículo 29:

“Se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes a los programas federales que por su naturaleza así lo permitan, sea desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo indispensable los gastos administrativos y de operación del programa respectivo; los gobiernos municipales deberán llevar un registro de beneficiarios y realizar el seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar en la evaluación de las acciones”.

Con este antecedente se subraya la pertinencia de que las reglas de operación tengan elementos de flexibilidad a partir de la realidad de las regiones socioeconómicas de México y en ese contexto ya que la región Sur Sureste concentra a las entidades con mayores carencias sociales y de infraestructura del país, es necesario que ese criterio se considerado al momento de redactar las reglas de operación.

Segunda. Por otra parte, en la fracción II del mismo artículo 29 se señala que la Cámara de Diputados, a través de la comisión ordinaria que en razón de su competencia corresponda, emitirá opinión sobre las reglas de operación publicadas por el Ejecutivo Federal, lo que mantiene una lógica de comunicación y colaboración entre los poderes, que también está prevista en el artículo 43 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

De esta manera se tiene que el Ejecutivo dispone de un bimestre para presentar las reglas de operación y que el plazo ultimo para que las comisiones de la Cámara de Diputados emitan opinión vence el último día del mes de marzo.

Ahora bien, considerando la importancia de las opiniones del Poder Legislativo y que esta participación será muy pobre si no se cuenta con el tiempo necesario para analizar a detalle cada una de las reglas de operación, es indispensable que el Ejecutivo presente cuanto antes las reglas mencionadas para que la interacción con el Legislativo sea oportuna, informada y con margen suficiente para las tareas de análisis que soporten la opinión correspondiente.

Tercera. Los programas que deben sujetarse a las reglas de operación son 108 y pertenecen a los ramos de Hacienda y Crédito Público, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comunicaciones y Transportes, Economía, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Reforma Agraria, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Aportaciones a Seguridad Social, Desarrollo Social, y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de acuerdo con el Anexo 24 del Decreto de Egresos de la Federación como se detalla a continuación:

Programas sujetos a reglas de operación

Ramo Número de

programas

06 Hacienda y Crédito Público 20

08 Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca

y Alimentación 6

09 Comunicaciones y Transportes 1

10 Economía 7

11 Educación Pública 25

12 Salud 9

14 Trabajo y Previsión Social 1

15 Reforma Agraria 3

16 Medio Ambiente y

Recursos Naturales 9

19 Aportaciones a

Seguridad Social 1

20 Desarrollo Social 21

38 Consejo Nacional de

Ciencia y Tecnología 5

Total 108

De esta manera es que se propone a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se exhorte al Ejecutivo Federal a que envíe con oportunidad dichas reglas de operación a fin de que el Decreto de Egresos de la Federación se aplique a cabalidad.

Por lo antes expuesto y con el fundamento antes señalado se pone a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a flexibilizar las reglas de operación de los programas sociales en la región sur-sureste y a que presente oportunamente las reglas de operación para que la Cámara de Diputados disponga de tiempo suficiente para cumplir con lo dispuesto en artículo 29 del Decreto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

ESTADO DE TAMAULIPAS

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar que se realicen un análisis y diagnóstico para la remediación y recuperación de la laguna Carpintero, en Tampico, Tamaulipas, suscrita por la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, Lourdes Adriana López Moreno, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea los presentes puntos de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En las últimas décadas México se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos a nivel internacional. El impulso nacional a la diversificación de la oferta turística en el mercado local e internacional, está motivando un incremento del peso relativo de este sector socioeconómico, y se está convirtiendo en uno de los pilares fundamentales de la economía mexicana.

Debemos reconocer que los recursos naturales representan un factor determinante en el atractivo turístico de una región. En el presente documento queremos hacer referencia a la ciudad de Tampico, la cual se encuentra al noroeste del estado de Tamaulipas.

Esta ciudad cuenta con un extraordinario litoral, y es privilegiada en cuanto a su flora y fauna. En un espacio de aproximadamente 150 hectáreas, y en pleno corazón de la misma, emerge un importante cuerpo lagunar llamado la Laguna del Carpintero, la cual constituye un territorio que, no obstante estar sometido a una constante presión urbana, posee una gran variedad de especies animales.

Este punto de acuerdo aborda los problemas de contaminación y los efectos de la saturación de las zonas urbanas y conurbadas, en los litorales de Tampico, y la necesidad de afrontar un cambio en la diversificación, rehabilitación y cualificación turística, en el contexto de una planeación territorial y medioambiental integral, que garantice la utilización racional de los recursos naturales y turísticos de la Laguna del Carpintero.

La principal causa del deterioro y contaminación progresiva de la Laguna del Carpintero, es la acción del hombre; el modelo de crecimiento económico insostenible del país, está acabando con diferentes parajes y entornos naturales con alto valor turístico.

La Laguna del Carpintero, es un espacio natural y turístico, es el área recreativa más importante de Tampico. Dicho espacio lagunario posee un clima subtropical subhúmedo, con una temperatura anual de 24.5º Celsius. Cabe destacar que dicha laguna urbana no está considerada como área natural protegida.

De las aproximadamente 55 especies de árboles de mangle que se conocen en el mundo, México cuenta con cuatro, y la Laguna del Carpintero de Tampico cuenta dos: mangle blanco ( Laguncularia racemosa) y mangle rojo (Rhizophora mangle), ambas listadas dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

Los manglares son ecosistemas muy frágiles, susceptibles al azolve de sedimentos, y a la interrupción del flujo y reflujo de las aguas, al estancamiento, y a los cambios drásticos en la salinidad. Aunado a esto, el crecimiento urbano mal planificado y el cambio de uso del suelo en las zonas donde se establece el manglar, pone en riesgo su sobrevivencia. Los principales problemas detectados en la Laguna del Carpintero, se pueden agrupar en las siguientes categorías:

• Cambio de uso de suelo

Este es el factor principal y más amenazante que afecta a los manglares, que da lugar a una deforestación indiscriminada y que implica un daño irreversible a las especies y al ecosistema de manglar, no obstante este un proceso diferenciado regionalmente.

• Fragmentación de la cobertura de manglar

La fragmentación impacta la estructura y función del ecosistema de manglar, mediante la alteración de sus elementos bióticos y abióticos, entre los cuales destacan: a) microclima dentro y alrededor del fragmento (flujos de radiación, viento, flujos de agua); b) aislamiento con respecto a otras áreas remanentes; c) interrupción de la conectividad y d) modificaciones en el paisaje circundante. Otro de los efectos producido por la fragmentación es la creación de bordes, cuyos efectos se extienden varios cientos de metros hacia el interior del manglar remanente. Esto último da como resultado modificaciones en los patrones naturales de heterogeneidad del paisaje. Como efecto extremo de la fragmentación, se registra la desaparición del hábitat.

• Contaminación

La contaminación es una causa más de afectación a los manglares. Los aportes de agua a este ecosistema, contaminados por fertilizantes, pesticidas, drenajes municipales e industriales, entre otros modifican la composición fisicoquímica del agua afectando al manglar a nivel biológico, tienen efectos en la hidrología y puede a su vez provocar el azolve del sitio, tal y como está sucediendo en la Laguna del Carpintero. La contaminación del agua puede tener un efecto tóxico en las especies vegetales de mangle, y en todas las especies de crustáceos, moluscos, peces y aves que utilizan estos sitios como su hábitat parcial o totalmente durante su ciclo de vida.

Algunas de las especies que habitan los manglares mexicanos son endémicas y en peligro de extinción, además acogen el 17 por ciento de las especies migratorias del continente. La Laguna del Carpintero alberga especies amenazadas como es el mangle blanco (Laguncularia racemosa), y el mangle rojo ( Rhizophora mangle), y especies sujetas a protección especial cocodrilo de río (Crocodylus acutus), cocodrilo de pantano ( Crocodylus moreletii), más el gran número de especies de aves, muchas en alguna categoría de riego en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

Los humedales costeros se caracterizan por tener funciones hidrológicas, de contigüidad, de regulación climática, de estabilización costera, de producción primaria que mantiene la biodiversidad marina y terrestre que depende de ellos.

El manglar y los suelos de los humedales costeros, desempeñan una función importante en la depuración del agua, eliminando las altas concentraciones de nitrógeno y fósforo, así como en algunos casos productos químicos tóxicos.

En términos ecológicos, la diversidad biológica de una zona de manglar no se puede considerar de manera aislada, ya que el manglar es el sitio de forrajeo, caza, refugio, anidación, crecimiento y alimentación para muchas especies de fauna de los ecosistemas con los cuales hace conexión, y de esta manera constituyen corredores biológicos que dan continuidad a los ecosistemas.

Los ecotonos entre manglares y otros tipos de vegetación, son muy importantes para la conservación de la biodiversidad, ya que no sólo incluyen especies de los dos ecosistemas en contacto, sino a veces son el hábitat de especies únicas, endémicas a estas zonas de transición, así como especies migratorias y en peligro de extinción.

El crecimiento demográfico urbano en Tampico, no ha venido acompañado de la adecuada planeación urbana, lo que ha provocado desde hace décadas, la creciente aparición de asentamientos humanos irregulares con graves problemas de vulnerabilidad y contaminación para la población residente y los ecosistemas. La falta de drenaje y pavimentación son graves problemas, revelando las enormes deficiencias del espacio suburbano, agravando el problema de la contaminación del cuerpo de agua (laguna del Carpintero).

De acuerdo a los informes proporcionados por la Administración Portuaria Integral de Tampico (API-Tampico), comprobamos que los análisis físico-químicos y bacteriológicos reflejan la contaminación de la Laguna del Carpintero durante los años 2003 y 2004. En estos análisis de aguas de API-Tampico se desprende el alto grado de concentración de grasas y aceites en el agua, que se encuentran por arriba de los límites permisibles.

Los contaminantes detectados (plomo, zinc, cobre y níquel) son genotóxicos y cancerígenos para la población. A pesar de las advertencias de las autoridades portuarias y de distintos grupos sociales de los peligros de los contaminantes, las autoridades competentes (Semarnat, gobiernos federal, estatal y municipal), han mantenido una actitud permisiva durante años.

Por tal motivo, en el Partido Verde consideramos necesario llevar a cabo un profundo análisis y un diagnostico ambiental sobre la situación que vive actualmente la Laguna del Carpintero, a fin de encontrar una remediación adecuada a su deterioro no natural.

Es por las razones aquí expuestas que me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en coordinación con el titular del gobierno de Tamaulipas, realice un análisis y diagnostico integral ambiental de la Laguna del Carpintero, localizada en Tampico, Tamaulipas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar un programa de restauración para la Laguna del Carpintero, localizada en Tampico, Tamaulipas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.— Diputada Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

ESTADO DE MICHOACAN

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a dar celeridad al proceso de refrendo de permisos de radio otorgados en Michoacán y enviar con la mayor brevedad un informe detallado sobre el estado que guardan, suscrita por la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Luisa María Alcalde Luján, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción III, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las radios comunitarias son emisoras de espectro reducido, operadas por asociaciones civiles o grupos ciudadanos sin fines de lucro, son coadyuvantes en la regeneración del tejido social y por su dimensión local participan en la producción social del hábitat; reflejan realidades locales y promueven con su existencia el inalienable derecho humano a la información.

Actualmente no existe reconocimiento legal de las radios Comunitarias en México, a pesar de que existen operando en el país bajo la figura de permisionarios, 12 por ciento de las 1483 emisoras bajo este régimen están hoy a la intemperie neoliberal que las ha condenado a su extinción por falta de apoyo gubernamental para su financiamiento, además de la falta de una regulación que les permita obtener recursos.

Sin embargo estas emisoras a cargo de asociaciones civiles, cumplen con todas las disposiciones legales para la obtención de sus permisos y el tortuguismo burocrático hace del procedimiento una tortura.

Desde el año 2010 el Consejero Presidente de COFETEL, Mony de Swaan, había advertido sobre el problema de la lentitud en los trámites burocráticos, estableciendo como una prioridad de su agenda el buscar mecanismos para dinamizar los procedimientos administrativos.

Sin dejar de lado la acusación que pesa sobre las políticas de estado para desaparecer la radio comunitaria y acallar cualquier voz independiente. Esta vez buscamos que se dé cumplimiento a un ordenamiento administrativo para brindar con oportunidad y justicia los refrendos de los permisos.

En el periodo comprendido del 30 de abril de 2010 al 06 de mayo de 2011 se presentaron 8 solicitudes de refrendo de permiso ante la instancia responsable de la SCT, se trata de ocho estaciones de Radio Comunitaria que presentaron su solicitud para transmitir en el marco de la Ley Federal de Radio y televisión y su respectivo reglamento.

Resaltamos que todas las solicitudes se presentaron debidamente requisitadas y en el tiempo que establece el artículo 13 del Reglamento de la Ley Federal de radio y televisión. Además de que se encuentran en comunidades rurales de alta marginalidad como el caso de la emisora Jen Poj en la sierra Mixe de Oaxaca.

Es de nuestro conocimiento la necesidad de la opinión favorable de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía que está adscrita a la Secretaría de Gobernación para la realización del trámite de refrendo por tratarse de un servicio público de gran relevancia.

Sin embargo, a la fecha no tenemos conocimiento del estado que guarda el proceso de refrendo, el cual de acuerdo al Registro Federal de Trámites y Servicios de la Cofemer establece un plazo de respuesta de tres meses a partir de que se haya integrado correctamente el expediente.

Nos preocupa esta demora, debido a que las radios a pesar de seguir transmitiendo no cuentan con el respaldo y la seguridad jurídica que representaría el refrendo de su permiso.

En honor a la verdad, podemos sostener que en México y el mundo nadie cumple mejor su función social como lo hacen las Radios Comunitarias, son constructoras de puentes culturales, referentes de la conservación del patrimonio cultural intangible, promotoras de la cohesión social, respetuosas de la Ley y sobre todo la única manifestación de disfrute del pueblo sobre su espectro radioeléctrico.

No entendemos los motivos de la demora en la SCT para el refrendo de los permisos si se ha cumplido a cabalidad con los requisitos que establece la legislación vigente.

Con base en lo anteriormente expuesto proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ciudadano Gerardo Ruiz Esparza, a dar celeridad al proceso de refrendo de los permisos de radio otorgados a: Comunicadores del Desierto, AC, La Voladora Comunicación, AC, Kukoj, AC, Radio Calenda, La Voz del Valle, AC, Uandarhi, AC, Mie Nillu Mazateco, AC, Ecos de Manatlán, AC, así como a la estación Cultural FM, ubicada en el municipio de Tepalcatepec en el estado de Michoacán, así como a enviar a la brevedad un informe detallado sobre el estado que guarda el refrendo de los permisos citados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de enero de 2013.— Diputada Luisa María Alcalde Luján (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo. Gracias, señora secretaria.

PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tiene en este momento la palabra el diputado Abraham Montes Alvarado, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se solidariza con los productores de caña en sus demandas, debido a la baja en el precio del azúcar, y suscrito también por la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Abraham Montes Alvarado: Muchas gracias. Con su permiso, presidenta. Con el permiso de ustedes, señoras senadoras y diputadas, senadores y diputados. Nuevamente tenemos que venir a la tribuna a manifestar la capacidad productiva de los campesinos, y a decirles que cada vez que nos va bien en la cosecha queda de manifiesto que el mercado y la economía no pueden resolver el problema de comercialización de los productos agropecuarios en nuestro país, y que también cada vez que nos va bien queda de manifiesto que los instrumentos públicos para resolver los problemas de comercialización siguen siendo insuficientes.

Es por ello que en este momento los productores de caña tienen manifestaciones pacíficas y sin alterar el orden público en los distintos ingenios azucareros del país.

Quiero mencionar, como ejemplo, que en el estado de Campeche, en el municipio de Champotón, los cañeros tienen tomado allá el ingenio de La Joya, que en ese caso son solamente 2 mil 200 trabajadores de la caña de azúcar de Campeche, que están demandando urgentemente la intervención del gobierno federal para que se busque una justa solución a la problemática que están sufriendo sus familias.

El problema es que los precios del azúcar han caído en un 44 por ciento, esto afecta a la ya de por sí deteriorada economía de las familias campesinas y particularmente a las de los azucareros. El precio estaba en un promedio de 682 pesos un costal de 50 kilos, y yo está en 382 pesos. La baja es altamente significativa, esto significa una pérdida de aproximadamente 8 mil 500 millones de pesos y que podría ser mayor si los precios continúan a la baja.

La baja de precios consideran los productores cañeros que se debió a diversos factores, entre otros el anuncio de posible venta o desincorporación de los ingenios agrupados en el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, el FEESA. Esto derivó en una venta de azúcar a muy bajos precios por parte de esas empresas.

El problema que hoy se vive en este importante sector de la economía nacional consideramos que amerita la intervención urgente y el respaldo de esta Comisión Permanente. Esta crisis del sector azucarero no solo afecta al estado de Campeche, afecta a los 54 ingenios cañeros que se encuentran en 15 estados de la República. Si esto continúa así todavía tendríamos que agregarle 12 millones de personas que viven de los 227 municipios cañeros y que generan alrededor de 2.5 millones de empleos directos e indirectos en el país.

El propósito de devolver la rentabilidad a los productores de caña de azúcar, la que ha disminuido considerablemente en detrimento de todos estos 12 millones de personas que viven de esta cadena productiva.

Los productores de caña de azúcar argumentan que existe un excedente hoy de más de un millón y medio de toneladas en las bodegas a nivel nacional, pero además dicen que en la zafra actual se industrializarán 720 mil hectáreas sembradas de caña de azúcar, se molerán 50 millones de toneladas de caña y se producirán además 5.7 millones de toneladas de azúcar. Si hoy no tenemos capacidad de resolver un problema de 1.5 millones de toneladas, pues todavía hay que agregarle que hay vienen otros 5 millones y medio más.

Por todo ello, estamos solicitando de urgente u obvia resolución que esta soberanía se pronuncie a favor de esta proposición con punto de acuerdo, expresando solidaridad con los productores de caña de todo el país.

Por esta exposición y fundamentos, sometemos a la consideración de ustedes el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se solidarice con todos los productores de caña de azúcar de la República Mexicana y sus justas demandas, debido a la baja del precio del azúcar.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que lleven a cabo las acciones conducentes a la solución de problemática actual de los productores de caña, procurando que a la brevedad posible se devuelva la rentabilidad a la industria azucarera.

Esto ha sido promovido y firmado por la diputada Rocío Adriana Abreu, diputada Landy Margarita Berzunza, diputada Elvia María Pérez Escalante, diputado Rafael Alejandro Moreno y el de la voz, Abraham Montes Alvarado, esperamos contar con su respaldo a favor de los productores de caña del país. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente se solidariza con los productores de caña en sus demandas debido a la baja del azúcar, a cargo del diputado Abraham Montes Alvarado y suscrita por la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Las suscritas diputadas Rocío Adriana Abreu Artiñano, Abraham Montes Alvarado, Landy Margarita Berzunza Novelo, Elvia María Pérez Escalante y Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el estado de Campeche y especialmente en el municipio de Champotón, los integrantes de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar (Ulpa) y de la Asociación de Ejidatarios y Pequeños Propietarios Cañeros, tomaron de manera pacífica y sin violentar el orden, las bodegas del Ingenio Azucarero “La Joya”, con la intención de impedir la salida del Azúcar al mercado nacional, sino solo la correspondiente a la producción destinada a la exportación.

Son dos mil doscientos trabajadores de la caña de azúcar en Campeche, que están demandando la intervención del gobierno federal, para que se busque una justa solución a la problemática que están sufriendo con sus familias.

El problema es que los precios del azúcar han caído en un 44 por ciento y esto afecta gravemente a la ya de por sí, precaria economía de todos los trabajadores y familias que viven de la industria azucarera.

El precio estaba en un promedio de 682 pesos el bulto de 50 kilos azúcar y ahora es, en promedio, de 382 pesos por unidad. La baja es muy significativa, por lo que se prevé una pérdida aproximada de 8 mil 500 millones de pesos, que podría ser mayor si los precios continúan a la baja.

La baja de precios consideran los productores cañeros que se debió a diversos factores, entre estos, el anuncio de posible venta o desincorporación de los ingenios agrupados en el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA); lo que derivó en una venta de azúcar a muy bajos precios por parte de esas empresas.

El problema que hoy se vive en este importante sector de la economía nacional, consideramos que amerita de atención urgente e inmediata.

Esta crisis del sector azucarero no solo afecta al Estado de Campeche sino a todos los 54 ingenios cañeros que se encuentran ubicados en 15 Estados de la República.

El propósito es devolver la rentabilidad a los productores de caña de azúcar, la que ha disminuido considerablemente en detrimento de más de 170 mil cañeros del país.

Los productores de caña argumentan que existe un excedente de 1 millón 600 mil toneladas de azúcar en las bodegas a nivel nacional, lo que es necesario mover para evitar una catástrofe en este sector de la economía nacional.

Por todo ello, estamos solicitando, de urgente y obvia resolución, que esta Soberanía se pronuncie a favor de esta proposición con punto de acuerdo, expresando solidaridad con los productores de caña de todo el país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de ésta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se solidariza con todos los productores de azúcar de caña de la República Mexicana y sus justas demandas, debido a la baja del precio del azúcar.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que lleven a cabo las acciones conducentes a la solución de la problemática actual de los productores de caña, procurando que a la brevedad posible se devuelva la rentabilidad a la industria azucarera.

Ciudad de México, Distrito Federal, a 23 de enero de 2013.— Diputado Abraham Montes Alvarado (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado. En virtud de haberse solicitado de urgente resolución, le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si así se considera.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Sí, señora presidenta. En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, secretaria. En tal virtud, se considera de urgente resolución; por tanto, está a discusión la proposición.

Ha solicitado registrar su participación el senador Demédicis, a favor. Tiene usted la palabra señor senador Fidel Demédicis.

El senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, compañera presidenta. Compañeras y compañeros legisladores y legisladoras, la visión neoliberal de la economía en el sector agrícola prefiere importar los productos de consumo que producir, sin una previsión que implemente otros medios de subsistencia para las personas, que ante la imposibilidad de la competencia abandonan sus actividades económicas, muchas de ellas con una tradición heredada de padres a hijos por muchas generaciones.

La desmedida permisibilidad de la importación de productos, como la fructuosa y azúcar, que se obtienen de la caña dulce, ha puesto a este sector en un grave problema que se ha manifestado en los diversos paros y protestas pacíficas por los productores azucareros que tomaron las bodegas en 15 estados, abastecidas por 54 ingenios.

Los trabajadores exigen la disminución de los cupos de importación de fructuosa, que aseguran se ha convertido en el principal sustituto del azúcar que utilizan varias industrias alimentarias y que agravan más la crisis de este sector.

El precio por tonelada de caña cayó de 250 pesos, es decir, en relación con los precios que alcanzó la vara dulce el año pasado, que se sitúa alrededor de 750 pesos, debido a la sobreproducción que han presentado los 54 ingenios del país, situación que podría empeorarse en caso de que el gobierno federal no instrumente una política de exportación del excedente que permita regular el precio del azúcar en el mercado nacional.

Las organizaciones que se han visto forzadas por las circunstancias, a participar en el cierre pacífico de las bodegas de azúcar, acusaron que los empresarios que se dedican a la producción de este endulzante han preparado una acción especulativa en el mercado, con el fin de ocasionar una quiebra ficticia de los ingenios, para que estos sean vendidos por el gobierno, o de plano sean cerrados.

De cumplirse con estas ambiciones de los empresarios del ramo, se podría ocasionar un derrumbe de las 54 regiones de productores de caña del país, en las cuales este producto es el motor de la economía local, por lo que el principal objetivo es impedir que se cierren los ingenios y que se queden sin empleo miles y miles de trabajadores que viven de este producto.

La competencia desleal en el precio del azúcar, la caída en el precio de la caña, los altos costos de producción, la falta de subsidios a la producción y de una política integral de desarrollo agropecuario a este sector, nos posiciona ante un problema de graves dimensiones que está afectando a miles de familias mexicanas que por generaciones se han dedicado a la producción de la caña de azúcar.

Ponderamos que la solución no es fácil, por lo que debe impulsarse un trabajo serio y comprometido desde el Congreso de la Unión, con las comisiones involucradas en la Cámara de Senadores y de Diputados, con la tarea de atender este problema de manera urgente, con las secretarías del ramo y los diversos sectores, buscando las medidas inmediatas; por lo que se propone se integre a la brevedad una mesa de trabajo para atender la problemática que afecta a más de 15 entidades de la República y a millones de mexicanos de manera directa.

Coincidimos plenamente con el punto de acuerdo presentado por el compañero diputado Abraham Montes Alvarado, y le pedimos respetuosamente nos permita que nos sumemos al punto de acuerdo y hagamos una propuesta de ampliación al mismo, que quedaría de la siguiente manera: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a las Comisiones de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería de la Cámara de Senadores, y a las Comisiones de Agricultura y Sistemas de Riego y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, a instalar una mesa de trabajo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como la de Economía, para que atiendan a los productores e ingenios ante la problemática actual del precio de la caña.

Ésa es la propuesta que estamos proponiendo, ciudadanos legisladores y esperemos —le pido, compañero diputado, que acepte— que se incorpore a su punto de acuerdo. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, senador. Diputado Montes, ¿está usted de acuerdo en el planteamiento del senador Demédicis?

El diputado Abraham Montes Alvarado (desde la curul): Absolutamente, en los términos en que lo leyó, que ésa sea la redacción, que se incorpore como un tercer acuerdo dentro de la propuesta que presentamos. Muchas gracias, señor senador.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado. Gracias. Me ha entregado por escrito su propuesta. En ese sentido, le solicito a la Secretaría que ponga a consideración si se acepta esa adición.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Sí, señora presidenta. En votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señora secretaria. En virtud de que este asunto está ya suficientemente discutido; entonces, ahora pasaríamos directamente a la consulta a la asamblea de si se aprueba tal proposición.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo con la adición antes aprobada. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Aprobado. Comuníquese. Muchas gracias, secretaria.

MATERIA DE POLITICA EXTERIOR

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: A continuación, tiene la palabra el senador Roberto Gil, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita al Poder Ejecutivo que incluya en el Pacto por México temas sustantivos en materia de política exterior, suscrito por el propio senador Roberto Gil y la senadora Gabriela Cuevas, del Grupo Parlamentario del PAN. Adelante, señor senador.

El senador Roberto Gil Zuarth: Con su permiso, senadora presidenta. Honorable Comisión Permanente, señoras legisladoras y señores legisladores, vengo a nombre propio y de la senadora Gabriela Cuevas, a presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incluir dentro del Pacto por México un capítulo que establezca compromisos y agenda en materia de política exterior.

En otros momentos Acción Nacional ha expresado que el Pacto por México, como mecanismo para articular el diálogo político y sobre todo, concretar reformas, debe ser complementado con algunos elementos.

Hemos destacado fundamentalmente la necesidad de una generación de compromisos, en términos de blindaje electoral, para garantizar la neutralidad de los gobiernos federal y estatales en las próximas elecciones, compromisos que nos lleven a evitar justamente que el mecanismo de diálogo, que implica el Pacto por México, entre en compromiso o entredicho a partir de la disputa electoral.

En este momento hoy presentamos una proposición con punto de acuerdo que expone la necesidad de incluir un conjunto determinado de temas de agendas en materia de política exterior, básicamente en tres grandes ejes; un primer eje sería construir una serie de políticas públicas para garantizar un sistema integral de protección a los mexicanos en el exterior.

Hoy está abriéndose el debate en Estados Unidos de América sobre la protección de los derechos de los inmigrantes, y debemos ser corresponsables de esa discusión y generar en nuestro país una propia agenda de derechos, de protecciones y de sistemas que se hagan cargo de los mexicanos que están en el exterior.

Un segundo eje es el de concurrir en el ámbito legislativo y ejecutivo a mejorar la imagen de México en el mundo, con políticas claras que motiven la inversión extranjera en nuestro país, pero que también resulten en mecanismos e incentivos para que nuestro México sea también un espacio, no solamente atractivo para las inversiones, sino también como intercambio cultural y social.

En un tercer eje plantear también, incluir temas que promuevan la cooperación internacional en todos los niveles, y sobre todo en materia energética y de cuidado al medio ambiente.

Con base en lo anteriormente expuesto, la proposición con punto de acuerdo que presentamos de urgente u obvia resolución, pidiéndoles atentamente el voto, sería en el siguiente sentido:

Primero. El Senado de la República exhorta a las distintas fuerzas políticas del país firmantes del Pacto por México, a que se incluyan dentro de sus apartados puntos específicos en materia de política exterior.

Segundo. El Senado sugiere para tal fin la conformación de una comisión integrada por miembros del Senado de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que elaboren una propuesta que pueda ser considerada y eventualmente incluida en el Pacto por México que también sea respaldada por las principales fuerzas políticas del país.

Tercero. Los puntos mínimos, pero no exclusivos que se deberán considerar como parte de la agenda nacional en materia de política exterior dentro del Pacto pudieran ser los siguientes:

1. Creación de políticas públicas que eviten la migración de menores que viajan solos.

2. Introducción de un sistema de protección integral a mexicanos y mexicanas en el extranjero.

3. Implementación de programas institucionales que fomenten inversiones de mexicanos desde el extranjero.

4. Diseño e implementación de políticas de diplomacia públicas efectivas, que lleven a una eficiente promoción de la imagen de México en el extranjero.

5. Construir una agenda nacional y encabezar el establecimiento de una agenda internacional en materia de energía y medio ambiente.

6. Por último, temas de comercio y cooperación internacionales.

Está a su consideración este punto de acuerdo para —insisto— exhortar al Ejecutivo federal a complementar el Pacto con compromisos en materia de política exterior. Muchas gracias, señora presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Poder Ejecutivo que incluya en el Pacto por México temas sustantivos de política exterior, suscrita por los senadores Gabriela Cuevas Barron y Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Gabriela Cuevas Barron y Roberto Gil Zuarth, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 87, numeral 5, 109 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, así como en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Si bien es cierto, que el llamado “Pacto por México” intenta ser el instrumento que logre los acuerdos entre los diferentes actores para tener una Sociedad de Derechos y Libertades, lograr el crecimiento económico, el empleo y la competitividad, la seguridad y la justicia, la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción y la gobernabilidad democrática, también lo es que en el contenido del citado documento, no se encuentran objetivos en materia de política exterior, de vital importancia para el desarrollo político, económico, turístico y cultural de nuestro país. Es claro que no alcanzan a ser de esta materia los compromisos 24 y 30 del citado documento.

Consideramos que la inclusión en el Pacto por México de esta materia, contribuirá a nuestro desarrollo como una nación inserta de lleno en un mundo globalizado.

En la búsqueda de estos objetivos, debemos hacer una profunda reflexión sobre el camino que debe seguir la Política Exterior mexicana. Toda política tiene el mismo punto de partida: las personas. Nuestra tarea es que las personas, las y los mexicanos, tengan un país mejor. Para que podamos alcanzar estos resultados, México debe estar unido, coordinado y articulado frente al mundo.

No concebimos un instrumento de la naturaleza del llamado “Pacto por México” sin detallar una política exterior con propósitos definidos, y que en el marco de nuestras relaciones con socios estratégicos facilite el desarrollo económico y social del país. Este camino no se puede lograr sin la indispensable diversificación de nuestras relaciones con otros países y con una política exterior responsable.

Por lo anterior se propone que sea incluida en el “Pacto por México” la materia de política exterior, para lo cual se esbozan apenas algunos de los temas de esa agenda, que se estiman urgentes:

En primer lugar, la prevención de la migración de menores que viajan solos. El pacto por México propone defender los derechos de los migrantes mexicanos en el exterior, luchando contra su criminalización, ya contemplada en ley, y hacer lo propio con los migrantes extranjeros en nuestro país. Sin embargo, no considera acciones proactivas que prevengan la migración infantil.

Según datos del Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración, en 2000 fue el año en el que más migrantes menores de edad hubo hacia los Estados Unidos, y que fueron repatriados: 116 mil 38. Los años siguientes, la cifra disminuyó hasta los 15 mil 524, en 2011. Si bien la cifra es menor, no podemos estar conformes con ella. La necesidad en un solo menor de edad de dejar su casa, su familia, su escuela, para buscar un sueño que es posible que nunca llegue, es suficiente para que se implementen políticas públicas encaminadas a evitarlo. No sólo se trata de no criminalizar a los migrantes, sino de generar las oportunidades que eviten que migren, sobre todo menores de edad.

Por lo que hace a los mexicanos en el exterior, proponemos introducir un sistema de atención integral. La matrícula consular ya existente puede ser la base para ofrecer a los más de 12 millones de connacionales en el extranjero este enfoque, el cual podría red diplomática.

Algunos aspectos que han sido considerados por expertos que debe comprender la atención integral, incluye la asistencia y asesoría jurídica en cuestiones de diversa índole, tales como defensa de los derechos laborales; acceso a servicios sociales; derecho familiar y regularización migratoria; difusión por Internet de actos culturales de la comunidad mexicana; el manejo de situaciones de emergencia; la atención a eventuales situaciones como las redadas con fines de deportación masiva, entre otros.

Aunado a lo anterior, consideramos que dentro del tema, ya incluido en el “Pacto por México”, de atender a los migrantes nacionales en el extranjero, se debe buscar que su participación no se limite a ser proveedores de remesas, sino que se conviertan en inversionistas, al promover el mejor aprovechamiento de los recursos que envían a México.

México es el primer receptor de remesas en América Latina, tercero a nivel mundial después de la India y la China. Según datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, las remesas en nuestro país equivalen a alrededor del 2% del PIB. Desde 1990 estos flujos han aumentado constantemente teniendo como pico histórico 2007 con 26,076 millones de dólares. Debido a la crisis de 2008, México registró un importante decremento, mayor al que se registró en 2009 a nivel global. Ejemplo de ello fue que la remesa promedio anual se redujo en 8.4% (de 346 dólares en 2008 a 317 dólares en 2009).

No obstante que las remesas representan la segunda fuente de divisas para nuestro país, sólo después de las entradas por venta de petróleo, programas como “3x1 para Migrantes”, que promueve Sedesol; “México emprende para Migrantes” de la Secretaría de Economía; “La Estrategia de Inclusión Financiera para Migrantes” de

México, debe también incluir en el “Pacto por México” el concepto de diplomacia pública, definida como “la acción de un protagonista internacional de gestionar el entorno internacional mediante el compromiso con un público extranjero”.

La revolución de la información ha alcanzado a la diplomacia. La llamada “nueva diplomacia” debe ser eje central de trabajo de cada embajador. Una estrategia conjunta de embajadas, consulados y representaciones diplomáticas (ProMéxico y las secretarías de Turismo, Economía y Relaciones Exteriores) debe iniciarse para comunicar a nuestro país con los habitantes de todo el planeta. Cada embajador, en el país en el que se haya acreditado, debe establecer el plan de trabajo para lograr una efectiva diplomacia pública en dicho país. La coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores debe ser expedita para lograr que este objetivo sea complementario y total en todas las embajadas y consulados de México en el mundo.

En el mundo hay más de 300 ciudades con al menos un millón de habitantes, y diez con más de diez millones. México tiene representación consular en al menos 145 embajadas, consulados y secciones consulares, casi la totalidad están en estas ciudades. El contacto de los representantes diplomáticos mexicanos en el mundo es con al menos doscientos millones de personas, casi el doble de la población mexicana. México debe encontrar la forma de comunicarse con este gran público, para cuestiones de imagen, promoción económica y turística, y atracción de inversiones. Debe establecer contacto con personas, empresas y organizaciones no gubernamentales para estos fines utilizando cualquier medio a su alcance, electrónico y tradicional. La diplomacia pública mexicana debe hacer cada vez más uso de conceptos como marca-país y similares que desarrollen la comunicación en redes.

Aprovechando lo anterior, debemos esforzarnos por mejorar la Imagen de México en el extranjero. Uno de los instrumentos que podemos usar a nuestro favor, está en nuestra cultura, que es símbolo en el exterior de lo que es México. Para ello, se puede integrar un plan de trabajo con la iniciativa privada, cuyo objetivo común sea el impulsar una visión favorable de nuestro país.

El llamado “Pacto por México” debe de incluir, además, temas que promuevan la cooperación internacional en todos los niveles, tales como la transición energética y el cuidado del ambiente, lo cual puede permitir una amplia negociación en estos temas, con diversos estados que compartan las mismas inquietudes y problemáticas, prueba de que esto es posible, es el Plan de Acción Nacional de Eficiencia Energética del Reino Unido (NEEAP por sus siglas en inglés), en donde se establece una meta de ahorro de energía de 18% en 2016. Otro ejemplo es el compromiso establecido por la Unión Europea en donde se busca aumentar en 20% el empleo de fuentes renovables e incrementar la eficiencia energética también en 20% para el año 2020. Países como Japón y Canadá también han establecido metas para incrementar su eficiencia energética en 30% para 2030 y 20% para 2020, respectivamente.

En este sentido, de acuerdo con datos del World Resource Institute, la generación y uso de la energía es el factor predominante en la generación de 66% de las emisiones de C02 equivalente. Dada la alta contribución del sector energético al número de emisiones, se requiere de un cambio importante en cómo se produce y emplea la energía, de ahí que quienes estén involucrados en la toma de decisiones, deben considerar, además de la seguridad energética, los impactos en el cambio climático y el alto crecimiento de las necesidades energéticas.

Todas las anteriores junto con los vastos temas de Comercio y Cooperación Internacionales, de los cuales se obvia la transcripción en el presente por lo amplio de los mismos, son solamente líneas de trabajo que se podrán considerar al incluir dentro de sus apartados temas de política exterior mexicana.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución:

Primero. El Senado de la República exhorta a las distintas fuerzas políticas del país firmantes del Pacto por México a que se incluyan dentro de sus apartados puntos específicos en materia de política exterior.

Segundo. El Senado sugiere para tal fin la conformación de una comisión integrada por miembros del Senado de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que elaboren una propuesta que pueda ser considerada y eventualmente incluida en el Pacto por México, respaldadas así por las principales fuerzas políticas del país.

Tercero. Los puntos mínimos, pero no exclusivos que se deberán de considerar como parte de la agenda nacional en materia de política exterior son:

1. Creación de políticas públicas que eviten la migración de menores que viajan solos.

2. Introducción de un sistema de protección integral a mexicanos y mexicanas en el extranjero.

3. Implementación de programas institucionales que fomenten inversiones de mexicanos desde el extranjero.

4. Diseño e implementación de políticas de diplomacia pública efectivas, que lleven a una eficiente promoción de la imagen de México en el extranjero, y

5. Construir una agenda nacional y encabezar el establecimiento de la agenda internacional en materia de energía y medio ambiente.

6. Temas de Comercio y Cooperación Internacionales

Nota:

1 De acuerdo con información de fas representaciones diplomáticas de México en el exterior, de esa cifra 12’105,176 viven en algún país del Continente Americano (12’000, 000 en Estados Unidos; 61, 272 en Europa; 9,409 en Asia; 2,254 en Oceanía y 1,073 en África).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.— Senadores: Gabriela Cueva Barron, Roberto Gil Zuarth (rúbricas).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, senador Gil. En virtud de que esta proposición ha sido solicitada de urgente resolución, le solicito a la Secretaría que consulte a la asamblea si ésa es la condición.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: En virtud de que no fue considerado de urgente resolución, se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

REFORMA LABORAL

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: A continuación, tiene la palabra el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare con efectos generales la invalidez de la reforma laboral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012. Adelante, diputado.

El diputado Silvano Blanco Deaquino: Con su permiso, señora presidenta. Con el permiso de las compañeras y compañeros legisladores. En este sentido, presento proposición con punto de acuerdo, con el objeto de solicitar respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el marco de la colaboración entre Poderes, que en base a los amparos masivos contra la reforma laboral que han sido interpuestos por más de dos millones de trabajadores y que ya han comenzado a ser admitidos por los jueces de distrito, llegado el momento procesal oportuno y cubiertos los extremos del párrafo tercero de la fracción II del artículo 107 constitucional, haga una declaración general de inconstitucionalidad en contra de la reforma laboral de cita y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de noviembre de 2012.

Sabiamente el Legislativo, que aprobó las reformas en materia de amparo publicada el 6 de junio de 2011, y en materia de derechos humanos del 10 de junio de ese mismo año —que van de la mano— tomó en cuenta que hasta ese momento los únicos caminos para hacer la declaración de invalidez de una norma con efectos generales era la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, que sin embargo la mayoría de las veces no se interponen en vista de intereses de grupo, en claro atentado al Estado de derecho y a la justicia.

Recordar el derecho que tenía la Comisión Nacional de Derechos Humanos precisamente en este tema y que no interpuso el recurso al cual jurídicamente podía haberlo hecho y no lo hizo.

En vista de lo anterior, el Legislativo creó —por así llamarlo— un camino ciudadano para lograr tal nulidad de la norma con efectos generales, por medio de la llamada declaratoria general de inconstitucionalidad.

En relación a los amparos interpuestos contra esas normas generales, instituyéndose con el fin de alcanzar un verdadero respeto de los principios de supremacía constitucional y de igualdad ante la ley y la regularidad del orden jurídico, se modifica el principio de relatividad del juicio de amparo a fin de proteger a personas que no hubiesen participado en el juicio de amparo en el que se determinó la inconstitucionalidad de una norma general, ya que es una injusticia y una verdadera irracionalidad jurídica que una norma ya invalidada, se continúe aplicando en perjuicio de todos aquellos que no se hubieran amparado normalmente por falta de conocimiento de sus derechos o de recursos económicos. Además se favorece el principio de economía procesal, ya que se evita la interposición y conocimiento de amparos innecesarios.

En este sentido, la Constitución Federal, en su artículo 107, fracción II señala: Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora transcurrido el plazo de 90 días naturales.

Sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuera aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.

En ese sentido, de manera muy puntual queremos decir que así como en la Ley del ISSSTE efectivamente los jueces de distrito actuaron con independencia y de manera razonada ampararon a miles de trabajadores en contra de aquella ley, estoy convencido de que también hay jueces de distrito que van a hacer lo propio en este momento y que se va a creer en la jurisprudencia.

Por lo tanto, vamos a estar en ese supuesto jurídico, por eso la Suprema Corte de Justicia en su momento tiene también que estar a la altura de las circunstancias del país y estoy convencido de que se va a ocupar esa mayoría calificada de los ocho ministros, para poder hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad de esta reforma laboral, porque nosotros consideramos que efectivamente hay elementos jurídicos para ello.

No quiero adelantar hechos, en el caso de que la Suprema Corte de Justicia abdique de esta facultad y por cuestiones jurídicas no resuelva en ese sentido.

Ustedes, los legisladores del PRI y del PAN, están en su derecho de seguir votando en contra de estas proposiciones de punto de acuerdo que hacemos nosotros y claro, nosotros tendremos el derecho de seguir yendo a las instancias pertinentes, porque creemos que es la medida adecuada.

Imagínense la situación en la cual estaría el país, si estos más de dos millones de trabajadores hubiesen actuado de una forma irracional, así como lo están haciendo en este momento las instancias que tienen que hacerlo. Sería un caos en nuestro país.

Tomaron la decisión pertinente, irse por la vía jurídica; por lo tanto, en este momento nosotros ya sabemos cuál va a ser el sentido de su voto. Nosotros vamos a continuar luchando en las instancias nacionales, pero también les adelanto, vamos a irnos a las instancias internacionales y estoy convencido de que a nivel internacional se va a evidenciar quién tenía la razón en ese sentido.

Es difícil de pensar que en estos espacios en los cuales se tiene que dar el debate, precisamente en este tema en particular se haya rehuido del debate, porque saben ustedes precisamente de que afectaron gravemente a millones y millones de trabajadores y beneficiaron a los empresarios nacionales e internacionales con esa anti reforma laboral. Es cuanto, señora presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, para que la SCJN declare con efectos generales la invalidez de la reforma laboral publicada en el DOF el 30 de noviembre de 2012, en congruencia con el artículo 107 constitucional, suscrita por el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

A la fecha, según los últimos datos proporcionados por algunos sindicatos, podemos hablar de más de 3 millones de trabajadores amparados, que de esta manera muestran su inconformidad con la reforma integral a la Ley Federal del Trabajo publicada en noviembre del año pasado. El Estado no puede estar sordo este reclamo masivo de justicia.

Sabiamente, el legislativo que aprobó las reformas en materia de amparo (publicada el 6 de junio de 2011) y en materia de derechos humanos (10 de junio de 2011), que van de la mano; tomó en cuenta que, hasta ese momento, los únicos caminos para hacer la declaración de invalidez de una norma con efecto generales, eran la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, que sin embargo, la mayoría de las veces no se interponen, en vista de intereses de grupo, en claro atentado al estado de derecho y a la justicia. En vista de lo anterior, el legislativo creó, por así llamarlo, un camino ciudadano para lograr tal nulidad de la norma con efectos generales, por medio de la llamada “declaratoria general de inconstitucionalidad” (en suma, una especie de declaración de inconstitucionalidad ciudadana).

La declaratoria general de inconstitucionalidad (extensión de la protección del amparo), marca su procedencia, en relación a los amparos interpuestos contra normas generales; instituyéndose, con el fin de alcanzar un verdadero respeto de los principios de supremacía constitucional y de igualdad ante la ley, y la regularidad del orden jurídico, se modifica el principio de relatividad del juicio de amparo, a fin de proteger a personas que no hubiesen participado en el juicio de amparo en que se determinó la inconstitucionalidad de una norma general, ya que es una injusticia y una verdadera esquizofrenia jurídica que una norma ya invalidada se continué aplicando en perjuicio de todos aquellos que no se hubieran amparo, normalmente, por falta de conocimiento de sus derechos y de recursos económicos. Además se favorece el principio de economía procesal, ya que se evita la interposición y conocimiento de amparos innecesarios.

En este sentido la Constitución federal en su artículo 107, fracción II, señala:

Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente.

Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia tributaria.

Fuera de las hipótesis referidas, continuará la aplicación del principio de relatividad (efectos sólo individuales) o “Fórmula Otero”.

La declaratoria general de inconstitucionalidad, no sólo fortalece al Poder Judicial y al juicio de amparo, sino que da una nueva arma al pueblo para luchar por esta declaración general, en la tutela de sus derechos humanos. Presiona a los Poderes Ejecutivos federal y locales y a los Poderes Legislativos a realizar con pulcritud su trabajo, de lo contrario además de que quedará sin validez la norma inconstitucional, deberá absorber el respectivo costo político. Al abonar al equilibrio de poderes, fortalece la democracia en el país.

Partiendo de lo anterior, se ha denunciado, una y otra vez, por los trabajadores, sus sindicatos y especialistas, el carácter abiertamente inconstitucional de la reforma laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de noviembre de 2012. En congruencia con lo anterior, se han interpuesto de manera masiva amparos, representativos de más de un millón de trabajadores inconformes, mismos que ya han comenzado a ser admitidos por las autoridades de amparo; en tal virtud, se abre la posibilidad de que esta injusta e impopular reforma, en su totalidad o en sus partes más lesivas, sea objeto de la ya antes referida “declaración general de inconstitucionalidad” por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en beneficio, no sólo de los que interpongan los amparos, sino de todos los trabajadores del país.

Esto con apoyo, del ya referido párrafo tercero, de la fracción II del artículo 107 constitucional, y que en forma esquemática exige como requisitos, para tal declaración general de inconstitucionalidad:

a) Que se trate de una jurisprudencia por reiteración.

b) En la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general.

c) Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo haya notificado a la autoridad emisora.

d) Que hayan transcurrido 90 días naturales sin que la autoridad emisora haya superado el problema de inconstitucionalidad.

e) Por lo que, ante tal omisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad

f) En la declaratoria general de inconstitucionalidad, se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.

La corte, está en una importante oportunidad, para aplicar a plenitud, esta nueva y trascendente facultad.

Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente, solicita respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el marco del equilibrio entre Poderes; que con base en los amparos masivos contra la reforma laboral que han sido interpuestos por más de 3 millones de trabajadores, que ya han comenzado a ser admitidos y respecto a los cuales se han fijado las primeras fechas para las audiencias constitucionales, en congruencia con el párrafo tercero, de la fracción II del artículo 107 constitucional, haga la “declaración general de inconstitucionalidad” en contra de la reforma laboral publicada el 30 de noviembre del año pasado, restituyendo el respeto a los derechos humanos laborales, como lo ordena el artículo123 y 1o. constitucionales, en relación a diversos instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.— Diputado Silvano Blanco Deaquino (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado. En virtud de que esta proposición ha sido solicitada ser de urgente resolución, solicito a la Secretaría que consulte a la asamblea si se así se considera.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición propuesta. Las legisladores y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: En virtud de que no ha sido considerada de urgente resolución, se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

SAHARA OCCIDENTAL

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tiene ahora el turno la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo al juicio militar por el que un tribunal marroquí juzgará a 23 civiles saharauis, habitantes de Aaiún, capital del Sahara Occidental, ocupado.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de la asamblea, seré muy breve, porque este punto de acuerdo es muy sencillo, aunque no es fácil la situación que viven los 23 ciudadanos saharauis que están ahora siendo sujetos a un juicio militar en el Reino de Marruecos.

Como todos ustedes saben, el Sahara Occidental —y lo comentaré muy breve— es un territorio que está ubicado en el norte de África; es uno de los 16 territorios no autónomos del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas y se encuentra en disputa desde 1975, cuando el Reino de Marruecos determinó que debido a que antes de que España hubiese invadido el Sahara occidental ellos tenían algún derecho de antigüedad.

Sin embargo, el Tribunal de La Haya determinó que este dicho del Reino de Marruecos no era válido; aún el día de hoy, a pesar del dictamen y la resolución de la Organización de las Naciones Unidas, Marruecos sigue ocupando el Sahara Occidental, donde viven los saharauis.

Valga decir que por supuesto esto no es una casualidad. El Sahara Occidental tiene vastos recursos naturales, como minas de fosfato, como indicios de uranio, de petróleo, bancos de pesca y obviamente todos estos son ahora expoliados por el Estado marroquí.

Pero volvamos al tema que tiene que ver con estos 23 civiles. Los habitantes del Sahara Occidental han vivido su vida desde 1975 en dos vertientes, en una situación muy similar a lo que sucede con Israel y Palestina y guardando las proporciones, valga la comparación.

Algunos viven en campamentos de refugiados en la Hamada argelina, que dependen completamente de la ayuda internacional, y otros viven en el territorio marroquí bajo el control de las autoridades marroquíes, tal como sucede con los palestinos y los israelitas.

Aunque organizaciones internacionales han hecho ya señalamientos claros sobre la violación de los derechos de los saharauis, éstas no han sido tomadas en cuenta ni por el Reino de Marruecos ni por la comunidad internacional.

Sin embargo, más allá de lo que se cree y de lo que se sabe sobre la Primavera Árabe y Tunes y todos los acontecimientos que muchos creemos que dieron inicio a la Primavera árabe y a todo este movimiento que se dio en el mundo árabe, Noam Chomsky —que es un filósofo y muy importante activista liberal en Estados Unidos de América— ha dicho que el verdadero acto que inició la Primavera árabe ha sido precisamente un movimiento que iniciaron los saharauis en octubre del 2010, cuando instalaron un campamento de protesta en la capital del Sahara occidental, Aaiún, con una protesta obviamente pacífica solicitando que se respetaran sus derechos humanos, sus derechos civiles y que la comunidad internacional interviniera en el caso del respeto a su territorio.

¿Por qué es este tema importante? Porque veo algunas caras de confusión, y este tema es importante, porque finalmente un mes después, o algunos días después, el campamento de protesta conocido como Gdeim Izik fue terminado por las fuerzas de marruecos con gran violencia, cuando en aquél entonces en este mes ya se encontraban cerca de 20 mil saharauis, el 8 de noviembre de 2010 se encontraban 20 mil saharauis ya en este campamento.

Como resultado de la disolución de este campamento, 23 civiles saharauis fueron detenidos y han sido procesados a través de un código militar en Marruecos. Insisto, 23 civiles saharauis están siendo procesados bajo un código militar, y probablemente serán asesinados por el gobierno de Marruecos, si es que así lo determina este procedimiento militar bajo el que están siendo víctimas estos 23 civiles, y esto será el primero de febrero, cuando finalmente se dicte esta resolución.

Como ustedes deben de saber, compañeros legisladores, México es uno de los pocos estados que ha otorgado el reconocimiento desde 1979 a la República Árabe Saharaui Democrática y que ha establecido relaciones internacionales con esta República.

Esto lo comento, porque este punto de acuerdo pretende respetuosamente solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que nos pronunciemos en nombre del gobierno mexicano para que se realice una condena por el juicio militar. No intervenir en las cuestiones internas, sino decir, tratar a los civiles bajo un juicio civil, porque estos saharauis solamente estaban manifestándose de manera pacífica y están siendo ahora sujetos a un juicio militar.

Lo que estamos pidiendo en este punto de acuerdo es que estos 23 civiles no se les dé este tratamiento como militares, porque obviamente la pena será durísima y puede llegar hasta la muerte.

Lo hacemos porque México ha sido siempre justo en sus relaciones internacionales, pero además ha sido siempre justo en el tema de respeto a derechos humanos, y eso nos ha caracterizado como una nación.

Con esto termino mi intervención. Este el punto de acuerdo que básicamente dice que esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión extiende un respetuoso llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a nombre del gobierno mexicano, para que realice una condena al juicio militar por el que 23 civiles saharauis serán juzgados por el Tribunal Marroquí, violándose sus derechos humanos y contraviniendo la legalidad internacional.

Les agradezco mucho su atención y también su voto a favor, en contra de esta injusticia contra 23 seres humanos, que solamente estaban solicitando que se respetaran sus derechos humanos y civiles. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se hace un respetuoso llamado a la SRE para que emita condena sobre el juicio militar por el que un tribunal marroquí juzgará a 23 civiles saharahuis habitantes del Aaiún, capital del Sahara Occidental ocupado, suscrita por la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguientes

Consideraciones

1. El Sáhara Occidental, es un territorio situado al norte de África, es uno de los 16 territorios no autónomos del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. El cual, se encuentra en disputa desde1975, año en el que el reino de Marruecos lo invadió; alegando que antes de ser colonizado por España, había sido parte de su territorio. Sin embargo, el Tribunal Internacional de La Haya emitió dictamen a este respecto, determinando que nunca ha existido vínculo de soberanía alguno de Marruecos sobre el territorio del entonces, Sáhara Español.

No obstante, el dictamen y las resoluciones emitidas por las Naciones Unidas, el gobierno marroquí, sigue ocupando, de manera ilegal el territorio saharaui. En el cual se pueden encontrar vastos recursos naturales como son las minas de fosfato más importantes de la región, indicios de uranio, de petróleo y los bancos de pesca más grandes de África. Recursos que desde entonces, son expoliados por el Estado Marroquí.

2. Desde su invasión, la vida del pueblo saharaui, se ha dado en dos vertientes, ya que por la población quedó dividida, una parte vive en campamentos de refugiados en la Hamada argelina; dependientes de la ayuda internacional y bajo condiciones climáticas adversas y la otra; vive en su territorio pero bajo la opresión de la gendarmería marroquí, propensos a sufrir todo tipo de vejaciones y sin la posibilidad de ejercer sus derechos humanos, que toda persona merece.

3. Ante el hartazgo que significa vivir bajo el yugo del país ocupante, la población civil saharaui, en octubre de 2010 instaló un campamento de protesta, ubicado a una unos 15 klómetros a las afueras de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental ocupado, el cual, según Noan Chomsky fue el inicio del movimiento social, conocido como Primavera Árabe, que se extendió en el mundo entero.

4. En la madrugada del 8 de noviembre de 2010, las fuerzas de seguridad marroquíes desmantelaron violentamente el campamento de protesta que en ese momento contaba con la participación de más de 20 mil saharauis. En el que demandaban el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, así como el apoyo de la comunidad internacional para exigir que el país ocupante cumpla las resoluciones que las Naciones Unidas han emitido sobre este caso, a fin de llevarse a cabo el referéndum por medio del cual se determine el estatus político del territorio en disputa.

Dicho campamento de protesta, conocido como Gdeim Izik, ha sido uno de los hechos más relevantes de la historia del pueblo saharaui, ya que a él, se trasladaron familias enteras para manifestarle de manera pacífica, ante la vigilancia de las autoridades marroquíes, el descontento por la situación de opresión y la violación sistemática a sus derechos humanos, desde 1975.

5. Uno de los saldos de dicho desmantelamiento fue la detención de 23 civiles saharauis, que bajo tortura, han esperado un juicio con el que puedan demostrar su inocencia. Sin embargo, el 1 de febrero del año en curso, serán juzgados en un tribunal militar marroquí, siendo civiles. Lo cual, evidentemente, es un acto que merece ser condenado por quienes creemos en la legalidad internacional y en el respeto a los derechos humanos, sin importar nacionalidad.

6. Además, México es uno de los más de 80 Estados que le han otorgado reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática desde el año 1979, estableciéndose relaciones diplomáticas entre ambas naciones y una representación en la Ciudad de México, por medio de la cual se han llevado a cabo intercambios culturales, dadas la coincidencias en idioma, cultura e historia colonial común, que nos hacen reforzar nuestros lazos de hermandad y solidaridad.

Por lo expuesto, se somete a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión extiende un respetuoso llamado, para que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno mexicano, realice una condena al juicio militar por el que 23 civiles saharauis serán juzgados por un tribunal marroquí; violándose sus derechos humanos y contraviniendo la legalidad internacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.— Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica).»

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Sí, señor presidente. En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está a la consideración. No habiendo quien haga uso de la...

Tiene usted la palabra señor senador Fidel Demédicis.

El senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, presidente. Una de las facultades del Congreso de la Unión y en especial del Senado mexicano, es precisamente poner atención a este tipo de asuntos internacionales y vigilar la política exterior del Ejecutivo federal.

En ese sentido, sin duda que es importante que la comunidad internacional vea que el Congreso de la Unión de nuestro país no está ajeno ni es indiferente ante las violaciones de derechos humanos y de violaciones de resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas o de tribunales que se han creado, como el de La Haya.

México históricamente practica la política de la no-intervención, practica aquel precepto del benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, cuando decía que Entre los hombres, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Eran momentos difíciles en aquel entonces, con una intervención de Francia sobre México, y desde ese entonces México fija una línea de comportamiento ante la comunidad internacional.

La República Democrática de Saharaui fue declarada así desde 1979, y 90 países de la comunidad internacional le han dado su reconocimiento; sin embargo, el Reino de Marruecos, haciendo caso omiso de las determinaciones de la Organización de las Naciones Unidas y de la opinión de la Corte Internacional de La Haya, donde se solicita la autodeterminación del pueblo saharaui, de manera indebida, violando todos los preceptos del derecho internacional está sometiendo a esta República democrática con la pasividad, y aquí sí es lo grave, de Estados Unidos de América, que sí se entromete en países que le garantizan alguna situación favorable para seguir manteniendo su poder.

El gran vigilante del mundo ha ignorado completamente a esta nación pobre, que efectivamente, como decía la compañera ponente, está en la misma condición que Palestina. Sin embargo, como Israel es un aliado estratégico de Estados Unidos de América, ahí sí mete la mano, sí mete la mano en Irak, sí mete la mano en los países que han decidido levantar la voz en contra del imperio; sin embargo, México, desde nuestro punto de vista, sí tiene que fijar una posición diferente.

¿Qué ha ocasionado la ocupación marroquí y por qué México y en especial el Congreso de la Unión, sí tienen que hacerle este exhorto respetuoso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que a nombre del gobierno de México no solo proteste y condene esta situación de estos 23 ciudadanos de la República Saharaui, de ser juzgados por una Corte militar ni siquiera por una Corte civil, además qué tiene que estar juzgando un país extranjero a ciudadanos que no son de su jurisdicción?

Ha ocasionado un éxodo de miles de inocentes. Ha ocasionado más de 500 saharauis desaparecidos, encarcelados y torturados por hacer campañas para conocer el paradero de sus presos. Violaciones sistemáticas de los derechos humanos en su país de origen por una potencia extranjera. Juicios arbitrarios como éste que se está denunciando por parte de la compañera diputada.

Con todo esto la comunidad internacional, desde nuestro punto de vista, tiene que hacer valer el principio de no intervención, por eso nos sumamos gustosos al punto de acuerdo, pero además queremos hacer una propuesta de ampliación, la leo y ojalá y la ponente la acepte, sería un acuerdo segundo, que dice:

Ante la violación sistemática de los derechos humanos de los ciudadanos de la República Árabe de Saharaui Democrática, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, extiende un respetuoso llamado para que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en nombre del gobierno de nuestro país, solicite a la Organización de las Naciones Unidas intervenga para que se respeten los derechos humanos de la población saharaui.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Sí, señor presidente. En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Finalmente —empezamos a tener conflicto de quórum— tiene la palabra don Rodrigo González, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, genere acciones y políticas públicas encaminadas a mejorar la alimentación de niñas, niños y adolescentes, suscrita por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Rodrigo González Barrios: Muchísimas gracias, diputado presidente. Seré sumamente breve. Solo comentaré que hace algunos días el ciudadano presidente de la República echó a andar en el estado de Chiapas la Cruzada contra el Hambre, y de manera puntual la compañera diputada presidenta de la Comisión de la Niñez, Verónica Juárez y el de la voz, hemos suscrito este punto de acuerdo, y de manera puntual señalaré los siguiente.

En tiempos de guerra y en tiempos de crisis —estamos en una crisis— las niñas y los niños son los que tienen mayores problemas, los que sufren más este tipo de hechos. En tal sentido, lo que estamos planteando es que la Secretaría de Desarrollo Social, la titular de esta Secretaría pueda generar, de manera muy específica, programas para la atención, en el marco de esta cruzada, programas para la atención a las niñas y a los niños.

Si hay alimento caliente, estoy seguro que muchas niñas y niños podrán acudir a las escuelas, pero además, si hay alimento caliente, seguramente podremos tener mejores condiciones para la nutrición de las niñas y de los niños, que más de un millón de ellos están dentro del rango de la pobreza extrema.

Solamente diré lo siguiente, no es solamente en las zonas territoriales donde están estas niñas y niños, sino que también a veces, cuando se salen de su territorio, fundamentalmente los indígenas se los llevan, no van a la escuela.

Por ejemplo, en el caso de los cañeros, hay una serie de albergues, en el caso de los cafetaleros, en el caso también de las zonas tabacaleras hay una serie de albergues que en verdad están en condiciones en las cuales las niñas y los niños no pueden ser atendidos. Entonces, sí ocupamos, obviamente, que el gobierno de la República los pueda atender. Ése es el asunto de manera específica.

Entonces, la proposición de punto de acuerdo dice lo siguiente:

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social y en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, genere acciones y políticas públicas encaminadas a mejorar la alimentación de niños, niñas y adolescentes, observando los principios fundamentales, previsto en la Convención de los Derechos del Niño, como son la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Muchas gracias, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo a generar por la Sedesol, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, acciones y políticas encaminadas a mejorar la alimentación de niños y de adolescentes, suscrita por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como parte de los compromisos del Pacto por México, el pasado 21 de enero del año en curso, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) dio inició a la Cruzada Nacional contra el Hambre en el estado de Chiapas, dicha cruzada pretende abarcar a la población de los 400 municipios más pobres del país. Esta acción gubernamental tiene destinado un presupuesto de más de 30 mil 600 millones de pesos, divididos en el Programa de Apoyo Alimentario, con 4 mil 224 millones de pesos; el seguro de vida para jefas de familia, con un monto de 400 millones pesos; y la pensión para adultos mayores, con 26 mil millones de pesos. Consideramos que dada la magnitud del problema, los recursos destinados inicialmente a la cruzada son reducidos para resolver la situación, pero consideramos acertada la iniciativa de reducir el hambre extrema y la pobreza en nuestro país.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), en su informe de acceso a la alimentación 2011, en México casi 25 por ciento de los más de 112 millones de mexicanos registra carencias de acceso a la alimentación y, de seguir esta tendencia, para el 2013 alrededor de 30 millones de mexicanos necesitarán apoyos alimentarios. Además, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, puso de manifiesto que 70 de cada 100 hogares en nuestro país revela algún grado de inseguridad alimentaria.

El incremento de la pobreza se refleja en la ausencia de una alimentación adecuada y la dificultad de 28 millones de mexicanos para adquirir la canasta básica, lo cual fue el factor que más incidió en el aumento de la pobreza –que llegó a 52 millones– entre 2008 y 2010, a pesar de que para cubrir esta carencia se orientó uno de cada dos pesos que el gobierno federal destinó a los programas de este rubro.

Por ello, la solución de fondo al hambre y en particular a la pobreza, se encuentra invirtiendo en mejorar la nutrición, salud y educación de nuestra población, pero sobre todo en el desarrollo y en la generación de fuentes de empleo. Pero la erradicación de este flagelo social radica fundamentalmente en la modificación de las estructuras sociales y en una adecuada distribución de la riqueza.

Particularmente, preocupa la situación que en este tema vive este grupo social integrado por niñas, niños y adolescente. México tiene una población de alrededor de 112 millones de habitantes, de los cuales 39 millones son niñas, niños y adolescentes; es decir, el 35 por ciento de los mexicanos tiene menos de 18 años de edad.

Entre los compromisos internacionales que son de carácter vinculante para el país, se encuentra la Convención de los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por México desde el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, y que refiere un marco amplio de diversas garantías efectivas hacia las y los niños. Dentro de las consideraciones se cita como referencia la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el cual se proclaman como derechos de la infancia, el cuidado y asistencias especiales que requieren.

Asimismo, se observa el deber para que a la infancia se le brinde el medio natural para lograr su crecimiento y bienestar, incluyendo la protección y asistencia que sean necesarias. De esta forma, se identifican las necesidades que por derecho tienen las y los niños y legitima el reclamo social y las acciones del Estado para hacerlas cumplir.

Por otra parte, no podemos olvidar que los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito y ratificado forman parte de nuestra ley suprema y sus postulados deben prevalecer. Y además observar otros principios fundamentales previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño como son: la no discriminación; la dedicación al interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo; y el respeto por los puntos de vista del niño.

Reconocemos que en México han habido importantes avances en materia de respeto y cumplimiento de los derechos de la infancia, como lo es la reducción en los índices de mortalidad infantil, cobertura casi universal en educación primaria y reformas legislativas que elevan el interés superior del niño a rango constitucional, pero ello es aún insuficiente dadas las condiciones de profunda desigualdad social que vivimos.

Muestra de ello es la desnutrición infantil, sobre el tema se sabe que la prevalencia de desnutrición crónica en el país es de 12.7 por ciento, lo que equivale a 1,200,000 niñas y niños menores de cinco años en esta condición. En las zonas rurales la desnutrición crónica alcanza más del doble, un 25.6 por ciento del total de niños de esta franja de edad.

Además, la mayoría de los casos de desnutrición infantil se encuentran en los municipios más pobres del país. Donde el riesgo de morir está estrechamente ligado a la severidad de la desnutrición. Una niña o niño mal alimentado o desnutrido tiene más riesgo de morir antes de llegar a la edad escolar, por lo tanto, no debe extrañar que haya más niñas y niños que mueran de causas que se hubieran podido evitar.

Más adelante, para cuando han llegado a la escuela, además de calidad en la educación y equidad debemos de atender las necesidades básicas de nuestras niñas y niños de escasos recursos económicos que se encuentran en las zonas más marginadas de este país, dotándoles de todos los apoyos materiales para que tengan la oportunidad de estudiar sin la preocupación de que sus padres no tienen los recursos necesarios para garantizar con los mínimos requerimientos para su asistencia a clases, como son raciones calientes y nutritivas a las que tengan acceso y sea una forma más de contribuir en su ánimo para acudir cotidianamente a sus clases escolares.

Partimos del supuesto de que la pobreza, junto con la alimentación representa un problema multifactorial y que requiere de decisiones de los tres ámbitos de gobierno, así como de políticas públicas y programas que logren los cambios necesarios que combatan el origen estructural de la pobreza extrema y el hambre, y que genere las urgentes soluciones para erradicarlas, sobre todo en los grupos más abandonados.

La Cruzada Nacional contra el Hambre que el gobierno federal está implementando es un buen inicio para atacar este flagelo social, pero debe quedar lejos de ser un asunto mediático y debe haber en su estructuración una coordinación gubernamental e institucional entre los tres ámbitos de gobierno y con la sociedad para que no sea tan sólo una mera acción coyuntural, ya que se requiere del inicio de un sólido programa que tenga como fin terminar con la escasez y la miseria en que viven millones de mexicanos y mexicanas, pero particularmente los niños, niñas y adolescentes del país.

En razón de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, genere acciones y políticas públicas encaminadas a mejorar la alimentación de niños, niñas y adolescentes, observando los principios fundamentales previstos en la Convención de los Derechos del Niño, como son: la no discriminación, el Interés Superior del Niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo y el respeto por los puntos de visto del niño.

Notas:

1 Inegi, Censo General de Población y Vivienda, 2010.

2 UNICEF. Informe anual, 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, enero 23 de 2013.— Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Vamos a turnarla a la Tercera Comisión, para que nos la regrese ya plenamente dictaminada.

* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia informa a la asamblea que las iniciativas y proposiciones registradas en el orden del día se turnarán a las comisiones correspondientes, salvo aquellas que los grupos parlamentarios soliciten que se consideren para la próxima sesión.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (a las 15: 06 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el miércoles 30 de enero de 2013, a las 11 horas.

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